Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 20 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 32

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 30 de Abril de 2013

SUMARIO                                              


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COMUNICACIONES

- De la C. Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el Informe Anual de Actividades del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, correspondiente a 2012; de la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de actividades de la Delegación del Congreso Mexicano que acudió a la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, del 22 al 27 de marzo de 2013, en Quito, Ecuador: de la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura; del C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de la Comisión de Marina respecto a la audiencia pública "Retos y Perspectivas de la Construcción en México", celebrada el 24 de abril del año en curso.


CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:

- Minutas proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el que se reforma el artículo 32, inciso d) de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia; por el que se adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal;por el que se reforman los artículos 2, fracción XVI; 82; y se adiciona la fracción XXVII, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil; por el que se reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones;por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.
















PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia. Intervienen al respecto los CC. Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, Raúl Cervantes Andrade, Javier Corral Jurado, Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil Zuarth, Alejandra Barrales Magdaleno, Graciela Ortiz González y Jorge Luis Preciado Rodríguez. Se remite a los Congresos Estatales para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.













































JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- Se aprueba el Acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones; se aprueba el Acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones especiales; se aprueba el Acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, en relación con el marco jurídico ambiental federal; se aprueba el Acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, por el que se crea e integra la Comisión Especial para darle seguimiento a los Procesos Electorales; se aprueba el Acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, por el que se designa al Senador Roberto Gil Zuarth y a la Senadora Arely Gómez González como representantes del Senado de la República ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.









 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 87 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 30 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL LUNES
VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del día lunes veintinueve de abril de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

Los Senadores del estado de Campeche, hicieron uso de la palabra para referirse al             150 Aniversario de la fundación del estado.- Intervinieron los Senadores: Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI y Jorge Luis Lavalle Maury del PAN.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el Informe del Foro Regional de Consulta sobre la Ley de Agua Potable y Saneamiento, celebrado el 24 de abril de 2013 en Guanajuato.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión contra la Trata de Personas, el Informe de la instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, realizada el 22 de abril de 2013, en el recinto del Senado de la República.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Informe de actividades realizadas durante la sesión de la Tercera Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe, celebrada el 18 de abril del 2013, en la sede del Senado de la República.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la designación del ciudadano Alejandro Ramos Esquivel como Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.- El Presidente de la Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación, el pasado viernes 26 de abril.

 

Se recibió del Banco de México, copia del dictamen de los estados financieros de la institución al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y el Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos y de Inversión en Activo Circulante, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- El Presidente de la Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, el pasado viernes 26 de abril.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno directo a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 333, 334, 335, 336 y 337 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Minas.- Turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se recorren los subsecuentes de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 7, 50 Bis, 64, 67, 68, 68 Bis 1, 69 y 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Javier Cordero Arroyo, con aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción xxix-r al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que establece un Derecho Minero al Valor de la Producción.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se expide el Código único del Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción IX al artículo 5º de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Salvador López Brito y Ricardo Barroso Agramont, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Puertos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas y Eviel Pérez Magaña, con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción i del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Carlos Mendoza Davis, Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán y José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia Alternativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXXVI del artículo 3 y se adiciona un párrafo a la fracción I al artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto, todos del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

El Presidente de la Mesa Directiva puso a votación el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.- Con las modificaciones que había autorizado la Asamblea, fue aprobado el dictamen por 100 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; 235; y se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Intervino la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 101 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.- Intervino el Senador Francisco García Cabeza de Vaca del PAN en pro. Fue aprobado por 103 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Sin discusión, fue aprobado por 105 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 6°, 65, 67, 69, 75 y 76; y adiciona los artículos 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación.- Intervino el Senador Juan Carlos Romero Hicks, por las comisiones, para presentar el dictamen. Para fijar la posición de los grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna los Senadores: Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Manuel Bartlett Díaz del PT; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Para la discusión en lo general intervinieron los Senadores: Pablo Escudero Morales del PVEM, a favor; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor; Sofío Ramírez Hernández del PRD, a favor; y Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor. Fue aprobado por 112 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Los Senadores Pablo Escudero Morales, Arely Gómez González y María del Pilar Ortega Martínez solicitaron insertar sus intervenciones en el Diario de los Debates. Intervino el Senador Roberto Gil Zuarth del PAN. Fue aprobado por 103 votos en pro y 6 en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno directo a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de las Instituciones Financieras elaborar un diagnóstico e informar sobre la situación de "cobros no reconocidos".- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a rendir un informe y evaluación del impacto ambiental por el daño ocasionado por el gusano descortezador en los bosques de diversos  estados de la República Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a crear la comisión especial de seguimiento al uso de recursos públicos destinados a programas sociales federales durante los procesos electorales y a las denuncias que por su uso indebido se presenten; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instituir el observatorio ciudadano para el seguimiento y evaluación dela Cruzada Nacional Contra el Hambre.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política el primer resolutivo y a la Comisión de Desarrollo Social el segundo de ellos.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Nacional de Salud a acordar y mantener reuniones frecuentes  con las comisiones pertinentes del Senado para que las acciones a desarrollar respecto al control y gobierno de la epidemia de obesidad, se coordinen y coadyuven ejecutiva y legislativamente a controlar e inhibir  las causales que propiciaron una epidemia de proporciones históricas.- Se turnó a la Comisión Salud.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se adhiera formalmente al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la enfermedad quística como una enfermedad de gasto catastrófico y se incluya como intervención cubierta por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular para los menores de 18 años.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en torno a la grave afectación social y al medio ambiente, consecuencia de la construcción del proyecto denominado “Marina Turística, Puerto Majahua”.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para que el nopal y el maguey sean reconocidos como patrimonio de la Nación.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones diplomáticas conducentes con el Gobierno de los Estados Unidos de América para que se implementen políticas y acciones que redunden en la calidad de espacio y procedimientos en los trámites de internamiento de viajeros que ingresen legalmente a ese país por vía terrestre a través de la frontera con nuestro país, con el compromiso de reciprocidad.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República rechaza categóricamente las expresiones denigrantes vertidas el día 17 de abril de 2013 por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, John Kerry.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román y Adriana Dávila Fernández, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar adecuaciones a los Acuerdos por los que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y por el que se define la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De los Senadores Ricardo Barroso Agramont, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca y Ernesto Ruffo Appel, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la industria naval, como un subsistema para la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional.- Se turnó a la Comisión de Marina.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre el cumplimiento del artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, relativo al etiquetado de organismos genéticamente modificados o productos que lo contengan.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar con equidad e igualdad los trámites para obtener la carta de naturalización.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a revisar estricta y minuciosamente la situación que guardan las zonas afectadas del estado de Oaxaca a causa del descenso de temperaturas por las intensas lluvias de los últimos días del mes de abril.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veintiún horas con treinta minutos y citó a la siguiente el martes treinta de abril a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprovecho la oportunidad para saludar a funcionarios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que nos acompañan el día de hoy en la galería.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Compañeros Senadores, a partir de la elección del pasado jueves 25 de abril de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, corresponde este día tomarles la protesta de ley a los ciudadanos Margarita María Zorrilla Fierro y Eduardo Backhoff Escudero, quienes ocuparán el cargo por un periodo de cinco años; Teresa Bracho González y Gilberto Ramón Guevara Niebla, quienes estarán en el cargo por un periodo de seis años y Sylvia Irene Schmelkes del Valle, quien ocupará el cargo por un periodo de siete años.

Solicito a los Senadores: Daniel Amador Gaxiola, Juan Carlos Romero Hicks, Raúl Morón Orozco, Gerardo Flores Ramírez, Martha Palafox Gutiérrez, Mely Romero Celis y Miguel Romo Medina, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Favor de ponerse de pie, Honorable Asamblea.

(Todos de pie)





 

PROTESTA DE LEY

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Ciudadanos y ciudadanas: Margarita María Zorrilla Fierro, Eduardo Backhoff Escudero, Teresa Bracho González, Gilberto Ramón Guevara Niebla y Sylvia Irene Schmelkes del Valle: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- Los CC. Margarita Zorrilla Fierro,Eduardo Backhoff Escudero, Teresa Bracho González,Gilberto Ramón Guevara Niebla,Sylvia Irene Schmelkes del Valle: “¡Sí, protesto!”

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Muchas felicidades en nombre del Senado de la República! Les deseo mucho éxito en su encargo.

(Aplausos)

Solicito a la comisión designada acompañe a los señores funcionarios, cuando así lo deseen, para retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el Informe Anual de Actividades del Comité de Garantía del Acceso y Transparencia de la Información, correspondiente a 2012.

(Intervención de la C. Senadora Arely Gómez González)

"LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS
SON PILARES DE LA DEMOCRACIA.

Con su venia Señor Presidente.

Con fundamento en el artículo 295 del Reglamento del Senado de la República y el artículo 18 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en esta Cámara Alta, comparezco para presentar el informe anual de actividades en materia de Transparencia correspondiente al año 2012, a nombre de los integrantes del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información.

El COGATI es el órgano garante, especializado e imparcial, responsable de coordinar y supervisar el adecuado cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental por parte de las áreas legislativas, parlamentarias, técnicas y administrativas de esta Cámara.

Al inicio de la presente Legislatura, la Junta de Coordinación Política, sometió a la aprobación de este Pleno, la integración del COGATI, el cual fue conformado, de acuerdo a la normatividad, por un Senador de cada Grupo Parlamentario.

Agradezco a mis amigas y amigos Senadores Angélica de la Peña Gómez, Salvador Vega Casillas, Martha Palafox Gutiérrez y Juan Gerardo Flores Ramírez, la dedicación y el compromiso con el que hemos colaborado en los trabajos de este Comité.

Durante el primer periodo de sesiones celebramos dos reuniones en las que se aprobaron tres documentos fundamentales para la propuesta en marcha de los trabajos:

1. El Plan de trabajo anual;

2. Los criterios de Clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, y

3. El Acuerdo por el cual se señalan los días inhábiles en que se suspenderán los plazos y términos en materia de transparencia y acceso a la información para este Comité y la Unidad de Enlace.

Como resultado de los trabajos iniciados al inicio de la Legislatura, se firmó la semana pasada un Convenio de Colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que el Senado se incorpore a la plataforma INFOMEX.

Durante el año 2012 se continuó con la modernización de los mecanismos de acceso a la información entre los que se encuentra el portal de transparencia, a través del cual se difunde al público la información obligatoria conforme lo establece la ley en la materia y se reciben las peticiones de información que plantea la ciudadanía.

El portal de transparencia recibió un total de 70,934 (setenta mil novecientos treinta y cuatro) visitas, lo que implica un promedio de casi seis mil vistas mensuales.

En el año 2012 se recibieron un total 558 solicitudes de información, lo que representa un promedio de 46 por mes.

La materia a la que más se refirieron las peticiones fue la administrativa, con 230 requerimientos, seguida de la información en materia parlamentaria con 212 peticiones.

La principal función del COGATI es la de resolver en definitiva los recursos de revisión interpuestos por omisiones, inconformidades o irregularidades en la respuesta dada a los solicitantes de información.

Durante el 2012 se registró el ingreso de 5 Recursos de Revisión de los cuales 4 fueron resueltos antes de finalizar el primer periodo de sesiones.

Toda esta información la pueden consultar a detalle en el ejemplar que se encuentra en sus escaños y en el portal de transparencia del Senado de la República.

Entre las atribuciones del COGATI se encuentra la de vigilar y hacer las recomendaciones para garantizar a toda persona el acceso a la información pública en posesión del Senado de la República, mediante procedimientos sencillos y expeditos.

El año 2013 plantea retos importantes en materia de derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas.

Desde el COGATI buscaremos optimizar la coordinación con las diferentes áreas del Senado encargadas de difundir información, como el Canal del Congreso y la Coordinación de Comunicación Social, con el objetivo de que la ciudadanía comprenda la mejor forma las actividades legislativas, parlamentarias, administrativas y técnicas que desarrolla esta Cámara Alta.

La inminente reforma constitucional en la materia, que dotará de autonomía al IFAI, entre otros importantes cambios, exige que todas las instituciones públicas estemos a la altura de la exigencia ciudadana de un gobierno transparente y de un Parlamento que rinda cuentas.

En el Comité de Garantía de Transparencia y Acceso a la Información estaremos trabajando arduamente para garantizar el derecho humano a la información.

Gracias."

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de actividades de la Delegación del Congreso Mexicano que acudió a la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, del 22 al 27 de marzo de 2013, en Quito, Ecuador.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Y del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de la Comisión de Marina respecto a la audiencia pública "Retos y Perspectivas de la Construcción en México", celebrada el 24 de abril del año en curso.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

BANCO DE MEXICO

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió del Banco de México el informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el segundo semestre de 2012, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III del artículo 51 de la Ley del Banco de México.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



Compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, les informo que las iniciativas inscritas en nuestra agenda del día de hoy se turnarán a comisiones. Los turnos correspondientes se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CODIGO PROCESAL PENAL PARA LA REPUBLICA MEXICANA

(Presentada por los CC. Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero Morales, Angélica de la Peña Gómez, Omar Fayad Meneses, Luis Armando Melgar Bravo, Layda Sansores San Román y Dolores Padierna Luna)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY MINERA, QUE ABROGA LA LEY MINERA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE JUNIO DE 1992

(Presentada por la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD)

“Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Minera, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con objeto de cumplir con los mandatos constitucionales y de los Tratados Internacionales ratificados por el Congreso de la Unión, equiparables en jerarquía con nuestra Carta Magna, lo mismo que armonizar los avances alcanzados con las recientes reformas constitucionales, es jurídica y socialmente necesario actualizar y superar anacronismos remanentes en leyes secundarias como la actual Ley Minera, entre otras.

Es generalizada la percepción social, política y legislativa de que a la par de evidentes anacronismos, existen en la vigente Ley Minera elementos de inconstitucionalidad, carentes de congruencia por el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Razón suficiente para que sea la vía legislativa acción idónea para superar esas deficiencias, además de dar cumplimiento al deber que el propio primer artículo constitucional establece acerca de que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (Artículo 1 Constitucional).

El propósito jurídico de esta Iniciativa es sin lugar a dudas, cumplir con el mandato actualmente vulnerado de ofrecer seguridad jurídica a todos los actores de nuestra sociedad, a los habitantes de las comunidades integradas en los municipios, entidades federativas, regiones y todo el país, así como aquellos organizados para actividades lucrativas.

Mediante la acción legislativa se propone armonizar el marco jurídico de la actividad minera, excluyendo la actividad sobre hidrocarburos y minerales radioactivos, con el marco de garantía plena de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y de otros instrumentos del derecho internacional relacionados con la garantía y ejercicio de los derechos socio-ambientales en los que nuestro país participa en su construcción en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente la convención del Cambio Climático y el Protocolo de Kioto.

Se busca reforzar la capacidad institucional de regulación, inspección y vigilancia sobre la actividad minera a la vez que hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto de las garantías de ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Convenio 169, Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas); adicionalmente, se trata de introducir mandatos preventivos frente al peligroso crecimiento del pasivo ambiental minero, así como de fortalecer compromisos de cooperación ambiental, entre ellos el fortalecer los instrumentos vinculantes de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, derivados de actividades económicas como la minera y otros asociados el Acuerdo Paralelo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El marco jurídico vigente de la minería fue aprobado el 26 de junio de 1992 en el contexto de negociaciones internacionales del tratado de nuestro país con los Estados Unidos y Canadá, y en el imaginario político conceptual de que el retiro del Estado en el ejercicio de sus funciones tradicionales daría paso a una mayor hegemonía del mercado, a una mayor eficiencia económica, y a una auto-regulación de consecuencias positivas para la sociedad.

En ese contexto, la Ley Minera fue parte de un amplio paquete de decenas de reformas legislativas. Se reformó, entre otros ordenamientos, el artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias, como son la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Agraria, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera, cuyo fin fue formalmente otorgar las facilidades necesarias para atraer inversiones de capital extranjero que diera paso al “desarrollo” de la economía.

A 20 años de su vigencia y a 18 de la entrada del Tratado de Libre Comercio TLCAN se han develado numerosos hechos y tendencias que ponen en entredicho los conceptos, propósitos y fines que sustentaron las reformas a la Ley Minera de 1992.

Un anacronismo central que contiene el artículo 6 de la legislación minera vigente es haber dejado el concepto de utilidad pública, perteneciente al pasado donde el actor económico dominante era el Estado y combinarlo con el mandato de que la actividad minería será preferente sobre cualquier uso o aprovechamiento del terreno…”. Actualmente los actores económicos privados trasnacionales son dominantes en la minería (no de hidrocarburos y materiales radioactivos), y es constitucional la primacía del ejercicio de los derechos humanos sobre cualquier otra actividad.

Entre las consecuencias de la letra e interpretación laxa que los funcionarios gubernamentales federales y estatales hacen de los conceptos citados es la peligrosa y carente de control emisión de concesiones mineras que literalmente sobrepasan la superficie nacional que el régimen de la dictadura porfirista “deslindó” de terrenos de comunidades y nacional. Así, la Secretaría de Economía declara la existencia de27.210 títulos mineros que ocupan casi un 30% de muestro territorio nacional. Si bien es cierto que las concesiones mineras no implican la parte superficial del terreno, la actual Ley Minera sí lleva implícita la ocupación de la misma, tan es así, que si la empresa no logra el despojo “pacífico” con los posesionarios de la tierra a base de promesas, presiones, amenazas y trabajo de cabildeo y convencimiento del cual se encarga la Procuraduría Agraria, ysi persiste la resistencia de las comunidades en no ceder sus tierras, los dueños de las concesiones mineras aplican los artículos 7, Frac. VII, 21, 26 frac. II de la actual Ley Minera y 55, 56, 57 y 58, de su reglamento y solicitan a través de la Secretaría de Economía ya sea la expropiación o la ocupación temporal y constitución de servidumbres hasta por 50 años renovables por otro término igual, con lo cual se despoja y deja a los dueños o posesionarios de las tierras en completo estado de indefensión en violación a los más elementales derechos humanos y constitucionales.

La discordancia constitucional de la Ley Minera para con otras leyes, genera conflictos jurídicos que entorpecen la instalación de estas empresas por la vía legal, situación que las ha obligado a crear extensas redes de corrupción dentro de los tres niveles y poderes de gobierno, tampoco escapan las militares, religiosas y académicas, por lo cual el conflicto causado por la actividad minera se ha convertido en un asunto de gobernabilidad y seguridad nacional.

El despojo de la tierra en forma arbitraria va implícito en la Ley Minera, en su artículo 6º estatuye que la exploración y explotación de los minerales es de utilidad pública y es preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Esto ha ocasionado que tan solo la inversión minera se transforme en un poder en casi una tercera parte de nuestro territorio y que el campo mexicano sea un escenario de ruina y desastre provocando la expulsión obligada de cientos de miles de campesinos a emigrar al extranjero, o buscar otras formas de sobrevivencia, el impacto en la producción agrícola, el abandono de la familia, la pérdida del patrimonio, de identidad y costumbres, y es obvio que han coadyuvado en el clima de delincuencia e inseguridad que enfrenta nuestro país. Es así, que el creciente conflicto a nivel nacional causado por la actual actividad minera, insistimos, es indiscutiblemente un asunto de gobernabilidad y de seguridad nacional.

La vigente Ley Minera es contraria al texto del artículo 27 constitucional que pretende reglamentar y carece de toda justificación social, moral y ética.

El artículo 27 de la Constitución, en su segundo párrafo ordena que las expropiaciones solo podrán hacerse por causas de utilidad pública y mediante indemnización. Y en párrafos siguientes precisa que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; asimismo, que corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales.

De ahí que de una interpretación integral y sistemática del contenido de todo este artículo podemos deducir la inconstitucionalidad de la Ley Minera, y muy en especial de su artículo 6º, pues es obvio que las actividades como la minería en manos de unas cuantas empresas privadas de mayoría transnacionales, dedicadas al saqueo de nuestros recursos no renovables hacia otros países, en ejercicio de prácticas especulativas y un diáfano interés particular no implican interés público, y mucho menos utilidad pública, cuando estas empresas para llevar a cabo sus proyectos tienen que despojar a las comunidades de sus tierras, en muchos casos con la desaparición de los poblados y sus servicios públicos; tampoco puede ser del interés y/o utilidad pública los actos de represión que con sus grupos de paramilitares llevan a cabo estas empresas mineras golpeando y asesinando a los que se inconforman con sus actividades y que para actuar al margen de la ley y gozar de impunidad tiene que crear grandes redes de corrupción dentro de los tres niveles y poderes de gobierno.

En este contexto de amplias facilidades a la inversión y las empresas mineras, y de un Estado omiso, es evidente que se ha producido un crecimiento de variables macroeconómicas que inunda el discurso de los promotores de la vieja política, pero veamos los resultados concretos y podremos evidenciar impactos diversos de magnitud alarmante para la viabilidad de amplios territorios, pueblos y ecosistemas de nuestro país.

La actividad extractiva, tanto en su dimensión de valor como de volumen se ha incrementado notablemente, pero hoy queda claro que el aumento de variables estadísticas no necesariamente es reflejo ni de desarrollo nacional, ni de mejora de las condiciones de vida de la población, y si puede entrañar costos graves para la población, el Estado y la Nación.

El análisis detallado y crítico de los datos oficiales muestran por un lado que, la extracción de minerales creció de más de 20 millones de toneladas y 132 millones de pesos (constantes de 1982) en el periodo 1993-2002 a más de 32 millones de toneladas. Y 243 millones de pesos en el siguiente periodo de 2013-2012. Las exportaciones para iguales periodos se multiplicaron por seis en su valor promedio anual 1,282 millones de dólares a 7,950 millones de dólares. Algo menor sucedió con la inversión privada que duplicó su valor, pasando del promedio anual de 619 millones de dólares (constantes de 1993) a 1,326 millones de dólares. En tanto que inversión extranjera directa se septuplicó al pasar del promedio anual de 103 millones de dólares a 742 millones (constantes de 1993). En resumen, la riqueza generada en la explotación de minerales, medida por el Valor Agregado Bruto (de lo extraído) se ha triplicado, pasando de un acumulado de 22,303 millones de dólares en el periodo 1993-2002 a los 64,814 millones de dólares en el periodo 2003-2011.

El discurso empresarial y oficial dejó de brillar como el oro. Pero el panorama y el análisis que las organizaciones ciudadanas preocupadas por el modelo extractivo han realizado de manera más integral demuestra una tendencia que día a día se aleja a los propósitos que la Constitución, y en particular el Artículo 27 Constitucional, fijan para justificar la explotación de los recursos de la Nación.

La evidencia científica, surgida del análisis de los datos oficiales del INEGI muestra que el reparto de la riqueza generada en la extracción cada vez se vuelve más injusto e insostenible en términos jurídicos, económicos, sociales y éticos.

Así, en los últimos 20 años, bajo el marco de la Ley Minera, del TLCAN y la violación reiterada a la Ley Laboral el reparto del pastel minero cada día queda bajo el más absurdo control de las empresas mineras y sus funcionarios en el gobierno. La participación porcentual de la Masa Salarial (“remuneraciones” de los trabajadores según los términos de INEGI) se ha reducido y el Excedente de Explotación (de “operación” INEGI dixit) se ha aumentado, mientras los impuestos indirectos a la producción son prácticamente insignificantes.

De una tajada del 24.6% que constituían los salarios del pastel construido por los trabajadores en el periodo de 1993 a 2002, se redujo a un mísero 13.4%, una caída de 45%; en tanto que la tajada empresarial creció, para iguales periodos de 74.9% a 86%, una de las medidas de desigualdad más brutales del mundo laboral y minero. Para tener una situación de referencia comparativa, en Chile, Perú y Colombia el reparto a la masa salarial minera es cercano al 28%.

Se trata de una tendencia que atenta no únicamente con los propósitos de los artículos 27 y 123 constitucionales, sino del artículo 1 sobre la primacía de los derechos humanos, de la simple y llana justicia.

En términos numéricos constantes y para ilustrar el porqué tenemos multimillonarios mineros en las revistas mundiales, y mineros y comunidades en pie de lucha, el acumulado millonario del excedente de explotación pasó de 613 mil millones (de pesos de 1982) entre 1993-2002 a 1,592,795 millones (pesos de 1982) en el periodo 2003-2011.En tanto que la masa salarial “creció” de 197 mil millones a 209 mil millones (también pesos de 1982).

La situación no únicamente se refleja en los anteriores macro-indicadores registrados por el INEGI, sino en el salario diario de los trabajadores mineros. El salario Mínimo General y de las tres zonas del país perdieron 10 puntos porcentuales de poder de compra a partir de 1993, siendo mayor la pérdida en el primer tramo de 1993-2002. Lo mismo sufrieron los salarios profesionales (reconocidos como los operadores de buldozer, de draga y de traxcabo) de la minería.

El empleo en la extracción minera, la otra dimensión social que frecuentemente ha quedado sepultada por falso discurso empresarial y de sus funcionarios en puestos de gobierno es un indicador más de un modelo extractivo donde los grandes capitales, usan gran tecnología y poca mano de obra. Así que analíticamente no es sorpresa que haya sido insignificante la cantidad de empleo directo creado por la extracción minera.

Desde la reforma a la Ley Minera hasta 2011 (último dato disponible en INEGI), se han creado 8 mil 393 puestos de trabajo. Lo que entraña una tasa media de crecimiento anual de 0.14%. Así, de los 100,409 empleos directos existentes en 1993, se registró una caída del empleo de 9,045 puestos alcanzando su punto más bajo en 2002 con 90,764 puestos, es decir, una pérdida neta de 9,045 empleos en ese periodo. Y en el periodo de 2003 a 2011 se crearon apenas 8,393 empleos directos.

No obstante, las estadísticas oficiales no registran claramente el fenómeno generalizado de “terciarizar” (pasarle las responsabilidades a un tercero) las responsabilidades legales laborales, de salud, riesgo, conflicto y riesgo. Ha crecido el llamado “outsourcing” que las grandes empresas trasnacionales (mexicanas o extranjeras) usan para disminuir costos y pagos fiscales y fomentan la proliferación de “contratistas” y de irresponsabilidades.

Es así, que la actividad minera no regula el beneficio social de los elementos naturales no renovables que son del dominio directo de la nación y claves en el desarrollo del país, ni comparte una distribución social equitativa de sus beneficios. ¿Cómo podría conservar nuestra riqueza pública una actividad que utiliza sistemas altamente agresivos con impactos irreversibles al medio ambiente y, por consecuencia, a la salud de los seres vivos? Y menos cuando los beneficios reales son canalizados hacia otros países.

Es así, que la actividad minera no regula el beneficio social de los elementos naturales no renovables que son del dominio directo de la nación y claves en el desarrollo del país, ni comparte una distribución social equitativa de sus beneficios. ¿Cómo podría conservar nuestra riqueza pública una actividad que utiliza sistemas altamente agresivos con impactos irreversibles al medio ambiente y por consecuencia a la salud de los seres vivos? Y menos cuando los beneficios reales son canalizados hacia otros países.

Los sistemas de explotación minera actual tampoco generan actividad trasformativa en nuestro país, o sea, manufactura de los productos minerales, por lo que no hay crecimiento económico ni creación de empleos y los pocos que genera se manejan por el sistema de outsourcing, (subempleo). Una actividad como la minera que por su naturaleza es temporal, que cuando agota los recursos explotables desaparece y lo único que deja es desempleo, tierras y aguas contaminadas e improductivas, no es una actividad progresiva. Podría entenderse la utilidad pública en la actividad minera, cuando esta industria en sus fases extractivas y transformativas quedarán bajo el dominio pleno y directo de la nación con claros impactos de beneficio social. Como claro ejemplo, la nacionalización del petróleo impulsada en el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas fue sin duda un acto de utilidad pública.

La actual Ley Minera no ofrece algún beneficio social a nivel comunal o nacional, en la práctica la minería nos está dejando un país indigno de vivir. Por un lado, el saqueo indiscriminado de nuestros recursos minerales; por el otro, los irreparables daños que en todos sentidos provoca esta actividad como son los ambientales y sociales, con la complacencia de las diversas autoridades. De esto se aprovechan las empresas para aplicar lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial que consiste en hacer algunas obras como pintar el templo, arreglar algún camino que más bien le beneficia a la empresa, regalar una computadora a la escuela del lugar, una despensa a los obreros, etcétera. Estas acciones son parte de la estrategia de las empresas para legitimarse socialmente, dividir a los habitantes de la comunidad apoyando económicamente a una parte y excluyendo a otra; por otro lado, les otorgan poder y dominio sobre las autoridades municipales al desplazar a estas en sus responsabilidades en cuanto a obra pública hacia las empresas y asegurar las licencias y permisos municipales sin los cuales no puede funcionar este tipo de proyectos.

El aprovechamiento de los recursos naturales no renovables como es el caso de la actividad minera, requiere concepciones de visión de largo plazo y de responsabilidad generacional. Requiere que el Estado cumpla con su obligación jurídico-política y que la comunidad acreciente su papel de actor con derechos y obligaciones. La importancia de la actividad minera es un hecho, pero no podemos soslayar su negativa trascendencia, en la vida económica, social y política de nuestro país delimitada por diversos factores que la condicionan y determinan provocando su necesaria revisión integral que surge por necesidad de los resultados de la vigencia de la actual Ley Minera.

La propuesta en el rubro de responsabilidad social de esta iniciativa incluye el planteamiento de que las empresas asuman compromisos económicos, sociales y ambientales no con carácter filantrópico o caritativo sino de obligatoriedad jurídica como sería la libertad de asociación sindical y sus respectivos contratos colectivos de trabajo con empleos estables y prestaciones sociales.

Por lo tanto, es necesario considerar e incluir en esta iniciativa, propuestas relacionadas con la estabilidad y el futuro laboral de los obreros mineros, sus familias, y habitantes en general de las comunidades afectadas. Que la Ley Minera incluya la figura de la licencia social de las comunidades para el desarrollo de esta actividad, que la Secretaría de Economía no otorgue las concesiones mineras hasta que los afectados mediante la consulta ciudadana sin presiones, previa información cierta y oportuna den su consentimiento, deben contar con un estudio de factibilidad social, jurídica, económica y ambiental, así como del comportamiento y capacidad de las fuentes de agua, priorizando el abasto familiar y de actividades agrícolas y ganaderas, cuidando un desarrollo equilibrado, armónico con la economía y la sustentabilidad ambiental.

El país tiene una historia oficialmente enterrada de impactos socio-ambientales de la actividad extractiva, una historia que, sin embargo, está presente silenciosamente en todos aquellos sitios mineros que acumularon jales sin estabilización y que día a día tienen impacto en suelos, agua, aire y sobre todo la salud pública de las comunidades.

Pero aún más, como le han demostrado las organizaciones de comunidades afectadas por la minería, como REMA y FAO, la magnitud e impacto socio-ambiental de la actividad extractiva de los últimos diez años posee una velocidad y capacidad de daño como nunca en la historia del país habíamos registrado.

Actualmente, y después de muchos esfuerzos ciudadanos, tenemos acceso a los datos que las empresas, incluyendo las mineras, deben obligatoriamente informar periódicamente al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). Un mecanismo público que tiene un creciente registro, iniciado en el 2004, aunque todavía incompleto pues únicamente un estimado de 50 % de las mineras (medianas y grandes) informan de las emisiones y transferencia de substancias contaminantes que emiten o depositan en suelo, agua, aire o sitios específicos.

Un análisis detallado de la información oficial revela que pese a ser incompleto el registro, en el periodo reciente de 2004 a 2010 (último año disponible al público) la cantidad de substancias tóxicas emitidas (muchas de ellas los propios metales pesados usados de alta bio-acumulación, toxicidad y permanencia) alcanzó las 472 mil toneladas. Níquel y plomo son dominantes, pero arsénico, cianuro, mercurio, cadmio o cromo son contaminantes comunes arrojados por las mineras en el país, lo mismo que otras substancias cancerígenas como los bifenilos policlorados o los asbestos.

Está pendiente el mejoramiento del registro de tóxicos contaminantes por las mineras, pero es materia de seguridad nacional adoptar medidas verdaderamente eficaces para detener esta tendencia creciente de mayor contaminación. La reforma o creación de una nueva ley minera puede de manera directa o indirecta influir en la construcción de esa política pública.

Para ilustrar la gravedad del impacto señalaremos el cálculo inicial que REMA ha hecho del costo que significaría remediar las miles de toneladas ya emitidas al ambiente. Si a cada tonelada de substancia contaminante se le multiplica por el costo estándar (conservador) en dólares que entraña limpiar o controlar, la cantidad resultante es mayor en 10% al valor acumulado para el mismo periodo (2004-2010) de la producción minera total o el total del valor de las exportaciones del periodo.

Así, el costo de mitigar las emisiones contaminantes mineras, del periodo 2004-2010, se calcula en 55,910 millones de dólares, mientras que el valor de la producción minera fue de 50,929 millones de dólares.

¿Quiénes pagan la irresponsabilidad de los contaminadores? ¿Quiénes pagan la inacción o complicidad de los funcionarios e instituciones que tienen mandato para actuar? ¿Qué valor pueden tener los certificados de Responsabilidad Social Empresarial o de Industria Limpia que se entregan a sí mismos los organismos empresariales o sus funcionarios que ocupan cargos en las instituciones gubernamentales.

Tomar medidas urgentes al respecto implica, por ejemplo, establecer la obligatoriedad de las empresas de adquirir una fianza de riesgo por la actividad contaminante, y por cierre y rehabilitación de sitio.

No hacer nada para detener y modificar el daño ambiental es actuar en connivencia con aquellos que de manera criminal trasladan los costos a la sociedad y privatizan las ganancias.

La otra cara inmediata que las comunidades aledañas a las empresas mineras sufren es el impacto ambiental de las emisiones y la contaminación del agua.

El impacto que sufren las fuentes de agua superficiales o subterráneas a causa de los sistemas minero metalúrgicos es realmente criminal, no solo por las grandes cantidades de agua que utilizan sino también por el uso que le dan, como ejemplo: En Mazapil, Zacatecas, para el proceso de lixiviación la empresa minera utiliza 94 millones de litros diarios para mezclarla con cianuro de sodio, esta agua contaminada por infiltración hacia el subsuelo, por escurrimiento superficial y por la evaporación que sufre en el proceso lixiviante, contamina todo el ciclo hidrológico; el caso de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, la empresa New Gold-Minera San Xavier utiliza 32 millones de agua al día para el mismo proceso, en los dos casos son zonas desérticas con acuíferos sobreexplotados, el agua que consume Minera San Xavier sería suficiente para dotar de agua a 300,000 gentes con 100 litros diarios, cuando en la ciudad de San Luis carecen cientos de miles de personas sin este vital líquido. No es posible que por el desarrollo de un proyecto minero con una capacidad de actividad-tiempo limitado, que lo único que produce es saqueo, contaminación, desestabilidad social, se sacrifique el consumo humano y se cancelen de por vida actividades perenes, sustentables y de incuestionable utilidad pública como son las agrícolas y ganaderas.

La laxitud de las normas de importación de venenos contaminantes, la discrecionalidad, permisividad e incluso complicidad de funcionarios nos ha llevado a ocupar el deshonroso primer lugar en las listas mundiales de países importadores (y rexportadores) de substancias tóxicas y peligrosas como el Cianuro de Sodio.

En el periodo 2003-2012 se ha importado un volumen de 517 millones de toneladas de tóxicos altamente peligrosos (312 millones de ton de Cianuro de Sodio y 204 millones de ton de Xantatos).

Esta cantidad de importaciones de Cianuro de Sodio para procesos de lixiviado (disolución) y extracción de metales del mineral molido ha colocado a México en el primer lugar de la lista negra mundial de importadores del veneno.

El promedio anual importado en los años recientes ha sido de 51 mil toneladas (31 de cianuro y 20 de xantatos) tiene una capacidad de contaminación de agua imposible de recuperar.

Tan sólo las toneladas de cianuro de sodio importadas entre 2003 y 2012 tienen, el potencial de contaminar 626 millones de metros cúbicos de agua. Cantidad equivalente al 20% de la disponibilidad de aguas del Valle de México, o el 8% de la disponibilidad de aguas de la región hidrológica del Noroeste del país. Reiteramos que es el daño potencial.

Sin embargo, cada día la Red de Afectados por la Minería (REMA) acumula evidencias del tamaño del daño ambiental y social que las empresas mineras, sobre todo metálicas producen en el país. Una ilustración es la cantidad de cianuro empleado y la cantidad de agua contaminada por las principales 16 empresas mineras de oro que en 2011 extrajeron 72 toneladas de oro equivalente al 85% del total de oro extraído.

Proporcional a las 72 toneladas de oro extraído, se usaron un mínimo de 32 mil toneladas de cianuro de sodio y contaminaron un mínimo de 10 millones de metros cúbicos de agua. Se llevaron un aproximado de 4 mil millones de dólares por la venta de las 72 toneladas, y nos dejaran una deuda ecológica mayor al valor de su ganancia.

Los estudios que por años ha estado llevando a cabo Fomento Minero, manifiestan que más del 70 % de nuestro país está mineralizado, por lo tanto se antoja aberrante que las empresas mineras se empeñen en desarrollar sus actividades precisamente en zonas habitadas y agrícolas cuando sobran espacios más adecuados, pero además, según su dicho, tienen que “tumbar” una tonelada de material para sacar casi medio gramo de oro, una condición para la extracción de recursos minerales, podría ser otorgar concesiones mineras solo en lugares donde los impactos característicos de esta actividad no afecten poblaciones, tierras de cultivo y utilizando sistemas de respeto al agua con la eliminación del uso de sustancias químicas nocivas al medio ambiente.

Es importante actuar con objetividad, entender que nuestra propuesta de socializar la Ley minera implica el desafío de recuperar los mandatos constitucionales por encima de intereses privados que han acumulado demasiado poder, pero atentan contra la propia norma de justicia constitucional, lo mismo que con la racionalidad implícita con el funcionamiento real del Estado.

Otro de los grandes obstáculos son las grandes redes de corrupción oficializada, las dependencias involucradas en otorgar autorizaciones, licencias o permisos para las diferentes actividades que requiere esta industria interactúan en forma coordinada para facilitar la actividad seudo-legal de los proyectos. El caso de New Gold-Minera San Xavier en el poblado de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí es el caso más relevante y evidente que deja al descubierto estas grandes redes de corrupción oficializada, por regla general las dependencias otorgan los permisos en forma irresponsable como premeditada.

La autonomía que la vigente Ley Minera que le concede a la Secretaría de Economía, la faculta para disponer a discreción del territorio nacional sin limitaciones legales y/o constitucionales, otorga concesiones mineras sin perjuicio de que la superficie del terreno concesionado goce de alguna protección que pudiera ser ecológica, de preservación, zona de monumentos etc. Es obvio que aunque supuestamente la concesión no implica la parte superficial, la empresa tiene la necesidad de utilizarla, y en la mayoría de los casos hay oposición de los afectados y/o posesionarios, generando por lo tanto controversia jurídica legal. La Secretaría de Economía se justifica afirmando que de ninguna manera concesionó la superficie del terreno, pero, como ya anotamos en párrafos anteriores, la actual legislación de hecho la faculta para cederle a las empresas también la superficie. Por lo anterior es necesario que en la nueva Ley Minera se elimine esa facultad.

Del mismo, establecer en el proyecto de ley la condición de que los pueblos indígenas sean consultados antes de autorizar o emprender cualquier programa de prospección, exploración o explotación de recursos mineros existentes en sus tierras, en cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como también incluir la licencia social de las comunidades no consideradas indígenas.

No es recomendable la creación de las llamadas procuradurías, las cuales con el disfraz de entidades autónomas, no vinculantes, como es la Procuraduría Agraria que en vez de defender el carácter social de la tierra en manos de los campesinos, despliega la actividad de sus funcionarios a convencer a los ejidatarios o comuneros a que vendan o renten sus tierras a las empresas mineras. Así su misión ha consistido en realidad en facilitar el despojo “legal” de las tierras, dado que la Ley Minera en su Reglamento, Artículo 56 estatuye en el caso de ocupaciones temporales o constituciones de servidumbre sobre tierras ejidales o comunales, se estará a lo dispuesto por la Ley Agraria. Resulta que en la Ley Agraria no existen estas figuras de despojo. Es así que las empresas mineras en contubernio con la Secretaría de Economía obtienen ocupaciones y servidumbres, amparándose en los artículos 9, 21, y 26 de la Ley Minera pero violando su reglamento.

Es por ello que el diseño de una nueva legislación minera, resulta imprescindible la objetividad, considerar el grado de corrupción oficializado que padece nuestro país y que de ninguna manera se va a resolver con promesas electorales ni por decreto, es un problema que va para largo y al cual se le debe cerrar el paso en lo posible, debemos reflexionar en las grandes redes de corrupción que han tejido las empresas mineras y que son del dominio público, tienen cooptados los tres niveles y poderes gubernamentales incluyendo instancias académicas, militares, religiosas, partidos políticos y más. Por lo tanto no hay las condiciones para que comités formados por académicos mediante su entender y saber avalen o desechen los proyectos mineros, esta es una estrategia de las empresas mineras, algo que ya se hace desde hace muchos años, las empresas mineras como en el caso de Minera San Xavier en San Luis Potosí, utilizaron a la Universidad Autónoma para que diera el aval técnico a su proyecto cuya intención principal radicaba en ganarse la confianza de la sociedad que ve en las universidades autónomas supuestas entidades honestas al servicio de la sociedad, cuando es sabido que reciben regalías de parte de las empresas mineras, los resultados de este criminal proyecto están a la vista.

Lo mismo sucede con los comités ciudadanos formados para vigilar que las empresas mineras den cabal cumplimiento a las condicionantes que las diversas autoridades les imponen para poder operar; caso similar el de colegios oficialistas de académicos, vulnerables a actos de corrupción, seleccionados ex profeso por autoridades y empresarios interesados en la instalación de proyectos dañinos. Por lo que, además de no ser entes jurídicamente vinculantes, estos mecanismos no pasan de ser trampas engañosas para confundir y dividir la opinión pública.

Es el supuesto también de la mal llamada responsabilidad social corporativa, teoría que apareció hace cerca de cien años y que deposita su aplicación en manos de la delincuencia empresarial organizada como en este caso son las empresas mineras, las cuales la utilizan para darle rostro humano a lo inhumano, estas empresas ni siquiera se responsabilizan por los obreros que llevan a cabo la explotación y beneficio de los minerales, subcontratan el personal a través de otras empresas (outsourcing), y como todos sabemos por este sistema los obreros carecen de seguridad laboral. La responsabilidad social consiste en el hecho de pagarle los gastos funerarios a los obreros que mueren por causas inherentes a su actividad, o dar servicio médico de pésima calidad a los que contraen enfermedades incurables por las mismas causas, pero como la actividad minera es pasajera, por periodos cortos de tiempo, las empresas acaban con el yacimiento mineralizado y se van, luego, ¿quién se hace responsable de las montañas de desechos contaminados ,agua y tierra contaminada y comunidades desamparadas con enfermedades incurables?.

Por esto se incluye en la nueva legislación la aplicación de la “Moratoria” para los casos en los que las mineras ya estén operando o deciden operar cuando enfrentan juicios relacionados con su actividad y se encuentran Subjudice, Juicios que posteriormente pierden las empresas, pero los daños ocasionados por éstas, son ya irremediables. Un caso muy trascendente en este orden, es el caso de la ahora Minera New Gold en Cerro de San Pedro S.L.P., en tres ocasiones el mismo Tribunal ha dictado sentencia definitiva de nulidad del proyecto. No obstante, la empresa sigue operando. De allí, que antes de mover una piedra, se exigencia de inicio de operaciones que la empresa cuente con todas y cada una de las licencias, permisos, autorizaciones y sus similares que el desarrollo de estos proyectos requiere de acuerdo con las diversas normatividades jurídicas y sociales aplicables.

Lo más adecuado para atender el daño y el descontento social, es la aplicación de medidas preventivas, legislar como lo han hecho otros países, el caso más reciente, Costa Rica. Se debe incluir en esta legislación la prohibición de sustancias químicas como son los xantatos y el cianuro entre otros en los procesos minero metalúrgicos, medidas que obliguen a las empresas a la aplicación de sistemas minero metalúrgicos más responsables y respetuosos con el medio ambiente, que reconozcan al ser humano no como objeto, sino como lo que es, un sujeto con derecho al respeto a una vida digna implícita en las garantías individuales y colectivas constitucionales y tratados internacionales firmados por nuestro país.

Estas medidas son de suma importancia, el máximo problema de los actuales sistemas de explotación y beneficio de minerales es la utilización de miles de toneladas de sustancias químicas y el depósito de millones de toneladas de material corrosivo y contaminante en los patios de lixiviación, presas de jales o confinado en las obras de la actual minería subterránea, o la cancelación de los drenajes naturales de abastecimiento de los acuíferos y otros depósitos de agua superficiales o subterráneos cuyo control esta fuera de los alcances técnicos y que las empresas no incluyen en sus planes económicos de cierre de la mina y abandono del sitio, históricamente no se conoce de alguna empresa que restituya o siquiera cumpla con los superficiales compromisos que adquirió en la autorización ambiental para la remediación del sitio. Le sobran a las empresas estrategias para eludir esos compromisos, además de que es imposible remediar lo irreversible.

Las empresas mineras en algunas de sus Manifestaciones de Impacto Ambiental son claras al declarar que los impactos al agua y la tierra son irreversibles y permanentes pero que buscarán formas de mitigación, y mitigar no implica subsanar, es imposible reconstruir una montaña que fue eliminada de la faz de la tierra, o reponer los drenajes naturales subterráneos que alimentan los acuíferos y que son destruidos, desviados o bloqueados por la construcción del tajo o galerías subterráneas, así como es imposible estabilizar la nocividad de las montañas de sulfuros y sus drenajes ácidos, y lo peor, restablecer la salud de las poblaciones con enfermedades incurables causadas por los efectos de este tipo de proyectos. Todos estos impactos van a repercutir indudablemente en las futuras generaciones.

En este orden de ideas, y dada la presencia de cientos de proyectos mineros asentados en nuestro país en vías de explotación que de llevarse a cabo pondrían a nuestro país en real peligro de un colapso ambiental y al borde de la ruina, la forma más efectiva y sencilla de evitarlo es la prohibición de los sistemas hidro-metalúrgicos a base de sustancias químicas, o sea, legislar para que se respete la calidad potable del agua con sustento en las normatividades constitucionales y tratados internacionales considerados en el artículo 1º y 4º constitucional, en este rubro no se puede negar la utilidad pública del elemento agua.

Otro aspecto importante es el aspecto administrativo de las concesiones mineras por parte de la Secretaría de Economía, gran cantidad de empresas de mayoría extranjeras están operando en nuestro país, sin embargo, no aparecen concesiones registradas a su nombre, esto en su momento puede ser una estrategia de las empresas para eludir en su momento responsabilidades y constituye una irresponsabilidad de la Secretaría de Economía cuya principal actividad es promocionar en otros países la entrega incondicional de nuestros recursos minerales, ni siquiera certifica la veracidad de los informes que entregan los concesionarios mineros en cuanto al inventario de reservas probadas en el proceso de exploración, explotación, beneficio de los valores metálicos y de las cantidades que salen del país, sobre todo oro y plata. En sí, la actividad minera goza de una total autonomía y discrecionalidad administrativa y fiscal.

Normalmente en sus estudios resultados de la exploración, las empresas manifiestan cantidades bajísimas en cuanto a recursos y reservas sobre todo en lo que se refiere a oro y plata, muy por debajo de 1 gramo de oro por tonelada de material, lo cual es difícil de creer. Una forma de evitar esto es no otorgarle a las empresas las autorizaciones necesarias para la explotación cuando los resultados de su exploración manifiesten cantidades menores de tres gramos de oro por tonelada, esto por no ser compatible con el costo ambiental.

En esta propuesta de Ley se atiende también a una regulación adecuada de laminería no metálica en especial la dedicada a la elaboración de materiales para construcción, en nuestro país hay miles de canteras dedicadas a esta actividad desde grandes cementeras y caleras hasta pequeñas explotaciones de materiales pétreos como grava y arena. La ley minera actual y su reglamento no hacen consideraciones serias sobre este tipo de minería, que se maneja a tajo a cielo abierto y que como en el caso de las cementeras y caleras, generan graves daños ambientales por la gran polución de polvos que generan, este tipo de industrias se instalan incluso dentro de la mancha urbana por lo cual se debe reglamentar esta actividad de manera sustentable.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una Nueva Ley Minera que abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

ARTICULO PRIMERO. Se expide la Ley Minera, para quedar como sigue:

LEY MINERA

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía.

Artículo 2. Se sujetarán a las disposiciones de esta Ley y de los demás ordenamientos aplicables, la exploración, explotación, y beneficio de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial y de las sales y subproductos de éstas.

Las facultades que no están expresamente concedidas por esta ley, se entienden reservadas a las entidades federativas y los municipios.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

I. Exploración: Las obras y trabajos realizados en el subsuelo con el objeto de identificar depósitos de minerales o sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente aprovechables que contengan;

II. Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo;

III. Exploración, explotación y beneficio: Los trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera mano y refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que de elevar la concentración y pureza de sus contenidos;

IV.- Asignación minera: Título que otorga el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía para actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales descritos en esta Ley, en un lote minero de profundidad indefinida limitado por planos verticales cuya cara superior es la superficie del terreno sobre el cual se determina el perímetro del dicho lote sin que la superficie forme parte de la concesión;

V. Concesión minera: Título que otorga el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía para actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales descritos en esta Ley, en un lote minero de profundidad indefinida limitado por planos verticales cuya cara superior es la superficie del terreno sobre el cual se determina el perímetro del dicho lote sin que la superficie forme parte de la concesión;

VI. Ley: La Ley Minera;

VII. Utilidad Pública: la definida en el artículo 3º de la iniciativa nuestra;

VIII. Desarrollo Sustentable: Proceso evaluable mediante criterios de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;

IX. Recursos naturales: Los elementos naturales susceptibles de ser aprovechados en beneficio del ser humano;

X. Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural;

XI. Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el medio ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del ser humano y demás seres vivos;

XII. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;

XIII. Residuos Peligrosos: Todos aquellos residuos en cualquier estado físico que por sus características, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas representen un peligro para el equilibrio ecológico del ambiente;

XIV. Registro: El Registro Público de Minería;

XV. Secretaría: La Secretaría de Economía;

XVI. Consejo: El Consejo de Recursos Minerales

XVII. Zona de Protección o amortiguamiento: La aja de terreno inmediata a las obras y espacios propios de la actividad minera.

Artículo 4. Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos los siguientes:

I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, bromo, cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, estaño, estroncio, flúor, fósforo, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, iridio, itrio, lantánidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, níquel, oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, rubidio, rutenio, selenio, sodio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y yodo;

II. Minerales o grupos de minerales de uso industrial siguientes: actinolita, alumbre, alunita, amosita, andalucita, anhidrita, antofilita, azufre, barita, bauxita, biotita, bloedita, boemita, boratos, brucita, carnalita, celestita, cianita, cordierita, corindón, crisotilo, crocidolita, cromita, cuarzo, dolomita, epsomita, estaurolita, flogopita, fosfatos, fluorita, glaserita, glauberita, grafito, granates, halita, hidromagnesita, kainita, kieserita, langbeinita, magnesita, micas, mirabilita, mulita, muscovita, nitratina, olivinos, palygorskita, pirofilita, polihalita, sepiolita, silimanita, silvita, talco, taquidrita, tenardita, tremolita, trona, vermiculita, witherita, wollastonita, yeso, zeolitas y zircón;

III. Diatomita;

IV. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, amatista, amazonita, aventurina, berilo, crisoberilo, crocidolita, diamante, dioptasa, epidota, escapolita, esmeralda, espinel, espodumena, jadeita, kuncita, lapislázuli, malaquita, morganita, olivino, ópalo, riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, turmalina, turquesa, vesubianita y zafiro;

V. Sal gema;

VI. Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, como las arcillas en todas su variedades, tales como el caolín y las montmorillonitas, al igual que las arenas de cuarzo, feldespatos y plagioclasas;

VII. Las materias minerales u orgánicas siguientes, susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes: apatita, colófano, fosfosiderita, francolita, variscita, wavelita y guano;

VIII. El carbón mineral en todas sus variedades;

IX. Los demás que determine el Ejecutivo Federal, mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, a su cotización en los mercados internacionales, priorizando la necesidad de promover la explotación racional y la preservación de los recursos no renovables en beneficio de la sociedad.

Quienes estén realizando la exploración o explotación de los minerales o sustancias a que se refiere la fracción IX anterior, con base en las disposiciones del derecho común, tendrán derecho preferente para obtener la concesión minera correspondiente, siempre que la soliciten en los términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 5. Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley:

I.- El petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;

II.- Los minerales radiactivos;

III.- Las sustancias contenidas en suspensión o disolución por aguas subterráneas, siempre que no provengan de un depósito mineral distinto de los componentes de los terrenos;

IV.- Las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen a este fin;

V. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación se realice por medio de trabajos a cielo abierto, y

VI.- La sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorréicas.

Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley se someterán a consulta pública previa, bajo sanción de nulidad absoluta de las concesiones y asignaciones que se otorguen. No se considerarán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, y su autorización estará sujeta y condicionada a lo que establezcan otras leyes para preservar los derechos fundamentales de toda persona a la protección de la salud, a la alimentación, a gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Sólo se considerará de utilidad pública la exploración, explotación, beneficio e industrialización de los minerales amparados en los términos de esta Ley cuando se lleven a cabo directamente por y bajo el dominio directo e integral aprovechamiento de la nación sin la participación de particulares.

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría:

I.- Regular y promover la exploración y explotación, al igual que el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la Nación;

II.- Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y coordinar la elaboración y evaluación, así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social;

III.- Opinar ante las dependencias del Ejecutivo Federal en los asuntos de la competencia de éstas relacionados con la industria minerometalúrgica;

IV.- Participar con las dependencias competentes en la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas, salud ocupacional y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;

V.- Emitir las opiniones técnicas que su propio reglamento interior señale;

VI.- Someter a la consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de decreto para determinar la concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos a la incorporación de zonas de reservas mineras;

VII.- Expedir títulos de concesión y de asignación mineras, al igual que resolver sobre su nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismascuando se demuestre que existe inseguridad jurídica, ambiental o social para el desarrollo de las actividades mineras;

VIII.- Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente Ley y de las disposiciones de los demás ordenamientos jurídicos aplicables sobre las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de terrenos indispensables para llevar a cabo la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley;

IX.- Resolver sobre las controversias que se susciten con respecto a la negativa de las personas que beneficien mineral a recibir el de terceros;

X. Solicitar y recibir, con carácter público, información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, así como sobre los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas;

XI.- Llevar el Registro Público de Minería y la Cartografía Minera y realizar toda clase de levantamientos topográficos y geodésicos con el fin de mantener actualizada esta última;

XII.- Corregir administrativamente los errores que encuentre en un título de concesión o de asignación, previa audiencia al titular y sin perjuicio de tercero;

XIII.- Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente Ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles e imponer las sanciones administrativas derivadas de su inobservancia;

XIV.- En conjunto con la Secretaría de Energía, formular y actualizar las políticas de recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral, para asegurar su aprovechamiento racional y promover su uso eficiente;

XV.- En conjunto con las Secretarías respectivas, establecer los términos y condiciones, así como disposiciones administrativas de carácter técnico, laboral y ambiental para la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral;

XVI.- En conjunto con la Secretaría de Energía, evaluar la factibilidad de los proyectos de recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral y su congruencia con la política de energía;

XVII.- Resolver los recursos que se interpongan conforme a lo previsto por esta Ley, y

XVIII.- Las demás que le confieren expresamente otras leyes.

La Secretaría podrá solicitar la colaboración de otras autoridades federales, estatales y municipales en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente Ley.

Artículo 8.- La Secretaría formulará los programas de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social, señalados en la fracción II del artículo anterior, y coordinará las acciones necesarias para su ejecución.

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos para la instrumentación de los programas y acciones previstos por este artículo y precisará las características del pequeño y mediano minero por mineral o sustancia, con base en sus ingresos por ventas, el tonelaje total que extraigan o su participación en la producción nacional.

Artículo 9. Para promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación, la Secretaría se apoyará en el Servicio Geológico Mexicano, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por dicha dependencia.

El Servicio Geológico Mexicano tendrá su domicilio legal en Pachuca, Hidalgo. Su patrimonio se integrará con las aportaciones del Gobierno Federal, las primas por descubrimiento y las contraprestaciones económicas que provengan de los concursos a que se refiere esta Ley, los ingresos por los servicios que proporcione y los bienes que adquiera por cualquier otro título.

La administración del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un Órgano de Gobierno y de su Director General.

El Organo de Gobierno estará integrado por:

El titular de la Secretaría de Economía, quien lo presidirá;

Dos representantes de la Secretaría de Economía;

Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social;

Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Un representante de la Secretaría de Energía;

Un representante del Fideicomiso de Fomento Minero;

Asimismo, asistirán como invitados, con voz pero sin voto y previa invitación nominativa del Presidente del Órgano de Gobierno, hasta tres representantes de organizaciones del sector privado minero mexicano, un representante de los sindicatos del sector minero y un representante de organizaciones de la minería social.

Para la validez de sus reuniones se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de asistentes sean representantes de la administración pública federal. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

El Director General será designado por el Presidente de la República, a través del titular de la Secretaría, debiendo recaer en persona que reúna los requisitos indicados en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno y las del Director General de la dependencia serán las establecidas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, así como las indicadas en el Reglamento de esta Ley y el Estatuto Orgánico del organismo.

La vigilancia del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Órgano de Gobierno; las atribuciones del Comisario serán las indicadas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Las bases de la organización del organismo así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas del mismo se regirán por su Estatuto Orgánico.

Las relaciones laborales de los servidores públicos del Servicio Geológico Mexicano se regirán por el apartado A) del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias.

Para el cumplimiento de su objeto señalado en el párrafo primero de este Artículo, el Servicio Geológico Mexicano tendrá las siguientes funciones:

I. Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para el mejor aprovechamiento de los recursos minerales del país;

II. Identificar y estimar los recursos minerales potenciales del país;

III. Inventariar los depósitos minerales del país;

IV. Proporcionar el servicio público de información geológica, geofísica, geoquímica y minera del país;

V. Elaborar y mantener actualizada la Carta Geológica de México, en las escalas requeridas;

VI. Proveer la información geoquímica del territorio nacional obtenida de acuerdo a normas internacionales y establecer las características geofísicas del subsuelo, proveer información geohidrológica del comportamiento, disponibilidad y calidad del agua de las fuentes superficiales y subterráneas que podrían ser afectadas por un determinado proyecto minero, y proporcionar su interpretación;

VII. Dar a la pequeña y mediana minería, y al sector social, asesoría técnica en materia de evaluación de depósitos minerales, procesos metalúrgicos y análisis físico-químicos de muestras de minerales, para su aprovechamiento;

VIII. Proporcionar el servicio de laboratorio y el estudio e interpretación de análisis químicos, físico-químicos, metalúrgicos y geológicos de muestras en estado sólido, líquido o gaseoso;

IX. Participar en fondos de inversión de riesgo compartido para exploración;

X. Aportar elementos de juicio a la Secretaría, con relación a la determinación de los minerales y sustancias concesibles y la incorporación de zonas a reservas mineras;

XI. Coordinarse con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen investigaciones geocientíficas;

XII. Prestar a clientes externos los servicios descritos en este artículo, dentro del territorio nacional o en el extranjero, mediante contratos con personas físicas o morales, instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras;

XIII. Brindar asistencia técnica en materia de planeación de uso del suelo, aportando estudios de: riesgo geológico, ecológicos, territoriales, geohidrológicos y geotécnicos, que se requieran para este fin;

XIV. Obtener y conservar la información de ciencias de la tierra, para incrementar el acervo del servicio público de información geológica, geohidrológica, geofísica, geoquímica y minera del país;

XV. Participar en las reuniones geocientíficas nacionales e internacionales;

XVI. Formar parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conforme al artículo 56 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento;

XVII. Proporcionar la información geológica, geoquímica, geofísica y geohidrológica y asesoría técnica sobre el uso y aprovechamiento, actuales y potenciales, de los recursos minerales, que les deberá ser requerida en los términos del artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

XVIII. Identificar y promover ante la Secretaría la ejecución de obras de infraestructura que propicien el desarrollo de distritos mineros;

XIX. Desarrollar, introducir y adaptar nuevas tecnologías, a fin de mejorar la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de la Nación de forma sustentable y respeto a la biodiversidad y evitando el uso de sustancias químicas en los procesos de beneficio de los valores metálicos;

XX. Auxiliar a la Secretaría en los concursos a que se refiere esta Ley;

XXI. Actuar como órgano de consulta y verificación de la Secretaría, a solicitud de la misma, en los peritajes y visitas de inspección en que ésta intervenga;

XXII. Certificar reservas minerales a petición del interesado;

XXIII. Celebrar contratos mediante licitación pública para llevar a cabo obras y trabajos dentro de los lotes que amparen las asignaciones mineras expedidas en su favor, en los términos previstos al efecto por el Reglamento de la presente Ley;

XXIV. Fijar y ajustar los precios de los servicios que preste, con excepción de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal;

XXV. Coordinarse con las autoridades estatales y municipales para impulsar y difundir el conocimiento de la actividad geológica, a través de la historia minera y metalúrgica, sus diferentes impactos económicos, ambientales y sociales, mediante la promoción del establecimiento de museos de minería, proveyendo para ello, de conformidad con las disposiciones aplicables, las asignaciones presupuestales que se contemplen en los convenios que se celebren para el efecto con los gobiernos de las entidades federativas.

XXVI. Realizar las actividades que le confieren expresamente otras leyes, sujetándose estrictamente a las facultades que le otorgan.

CAPITULO SEGUNDO

De las Concesiones, Asignaciones y Reservas Mineras.

Artículo 10. La exploración y explotación de los minerales o sustancias a que se refiere el artículo 4, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial, y de las sales y subproductos de éstas, sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2o. Constitucional reconocidos como tales por las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría.

La exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la Nación se llevará a cabo por el Servicio Geológico Mexicano, por medio de asignaciones mineras que serán expedidas únicamente a favor de este organismo por la Secretaría y cuyo título deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Por causas de utilidad pública o para la satisfacción de necesidades futuras del país podrán establecerse zonas de reservas mineras, mediante decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sobre las zonas incorporadas a dichas reservas no se otorgarán concesiones ni asignaciones mineras.

Los títulos de concesión y de asignación mineras y los decretos de incorporación de zonas a reservas mineras se expedirán, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos por esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de tercero.

Artículo 11.- Se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras las sociedades constituidas y obligadas conforme a las leyes mexicanas:

I.- Cuyo objeto social se refiera a la exploración o explotación de los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley o de otros ordenamientos aplicables;

II.- Que tengan su domicilio legal en la República Mexicana, y

III.- En las que la participación de inversionistas extranjeros, en su caso, se ajuste a las disposiciones de la ley de la materia.

Artículo 12.- Toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras deberá referirse a un lote minero, sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es la superficie del terreno, que no queda incluida en la concesión, pero sobre la cual se determina el perímetro que comprende.

Los lados que integran el perímetro del lote deberán estar orientados astronómicamente Norte-Sur y Este-Oeste y la longitud de cada lado será de cien o múltiplos de cien metros, excepto cuando estas condiciones no puedan cumplirse por colindar con otros lotes mineros.

La localización del lote minero se determinará con base en un punto fijo en el terreno, denominado punto de partida, ligado con el perímetro de dicho lote o ubicado sobre el mismo.

La liga del punto de partida será perpendicular preferentemente a cualquiera de los lados Norte-Sur o Este-Oeste del perímetro del lote.

Artículo 13.- El terreno libre que se encuentre rodeado por terrenos amparados por concesiones o asignaciones mineras y que tenga una superficie máxima de 10 hectáreas constituirá un lote minero denominado hueco, cuya concesión podrá ser solicitada con arreglo a lo siguiente:

El titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco, tendrá derecho preferente para que se le otorgue la concesión correspondiente sobre el mismo.

En caso de que el titular antes señalado no ejerza su derecho, la preferencia pasará al siguiente titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco y así sucesivamente.

Cuando existan titulares de concesiones o asignaciones mineras cuyos lotes tengan igual perímetro colindante con el hueco, la preferencia se definirá mediante un sorteo entre ellos.

En caso de que una persona distinta al titular señalado en el segundo párrafo de este artículo solicite la concesión minera sobre el hueco, la Secretaría notificará, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de los trabajos periciales, a los titulares de las concesiones o asignaciones mineras que colinden con el hueco para que ejerzan su derecho preferente con arreglo a las disposiciones anteriores. Los interesados contarán con un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que surtan efectos tales notificaciones para presentar la solicitud de concesión correspondiente.

Si no se presenta solicitud alguna para ejercer el derecho preferente sobre el hueco dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la Secretaría expedirá el título en favor del solicitante original, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Artículo 14. Las concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.

Cuando por surtir efecto la publicación de una declaratoria de libertad de terreno de un lote minero, se presenten de manera simultánea una o más solicitudes de concesión minera y una o más solicitudes de asignación minera, tendrán preferencia para su admisión y trámite las solicitudes de concesión sobre las de asignación.

Por ningún motivo se asignaran concesiones para actividades minero metalúrgicas en áreas ocupadas por asentamientos humanos; áreas naturales protegidas identificadas en el artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, zonas históricas de monumentos y arqueológicas así como las zonas y/o áreas de amortiguamiento o protección de las mismas establecidas en esta Ley y su Reglamento.

En el caso de asignaciones que se cancelen o de las zonas de reservas mineras cuya desincorporación se decrete, las concesiones mineras se podrán otorgar mediante concurso, antes de que se declare la libertad de terreno.

Solamente podrán incorporarse a reservas mineras zonas cuya exploración haya sido realizada previamente por el Servicio Geológico Mexicano mediante asignación, se justifique su incorporación con base en el potencial minero de la zona, determinado mediante obras y trabajos de exploración a semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado.

Artículo 15.- Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas, ambientales y sociales para el Estado, y se realizarán conforme a lo siguiente:

I.- La Secretaría publicará la convocatoria por lo menos en el Diario Oficial de la Federación;

II.- Las bases del concurso incluirán, como mínimo:

a) La descripción de los terrenos o zonas de que se trate, los estudios realizados sobre los mismos, así como los planos de su localización, geológicos y de muestreo;

b) Los requisitos con los que los participantes acreditarán su capacidad jurídica, técnica y económica, y

c) La modalidad para la presentación de las propuestas de contraprestación económica y prima por descubrimiento, que podrá ser en sobre cerrado o alguna otra que se determine, y

d) el clausulado del contrato que, en su caso, deberá otorgarse para garantizar el cumplimiento de la contraprestación económica y la prima por descubrimiento que se ofrezca.

III.- Las concesiones se otorgarán a quien acredite el cumplimiento de los requisitos que se prevean en las bases y presente la mejor propuesta económica, para lo que se tomará en consideración, exclusivamente, la contraprestación económica y prima por descubrimiento ofrecidas, así como las condiciones laborales a los trabajadores, de mitigación de impactos sociales y de conservación del medio ambiente.

Artículo 16.- Se considera terreno libre el comprendido dentro del territorio nacional, con excepción del ubicado en o amparado por:

I.- Zonas incorporadas a reservas mineras;

II.- Concesiones y asignaciones mineras vigentes;

III.- Solicitudes de concesiones y asignaciones mineras en trámite;

IV.- Concesiones mineras otorgadas mediante concurso y las derivadas de éstas que hayan sido canceladas;

V.- Los lotes respecto de los cuales no se hubieran otorgado concesiones mineras por haberse declarado desierto el concurso respectivo.

En los supuestos de las fracción V, la Secretaría dispondrá de un plazo de noventa días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la cancelación de la concesión o la resolución que declaró desierto el concurso, para publicar en el Diario Oficial de la Federación, la resolución que determine la celebración de un nuevo concurso en la totalidad o en parte de los terrenos, o la declaratoria de libertad de los mismos.

En los demás casos en que se cancelen concesiones, así como cuando se desaprueben o sean objeto de desistimiento solicitudes de concesiones o asignaciones, la Secretaría, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, publicará en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad del terreno correspondiente.

Los terrenos serán libres a los treinta días naturales de que se publique la declaratoria de libertad de los mismos.

Cuando se cancelen concesiones y asignaciones por sustitución, solamente se liberará, en su caso, la porción del terreno que se abandone.

Artículo 17.- No se concederán concesiones, asignaciones o reservas mineras:

I.- En las áreas naturales protegidas clasificadas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente;

II.- En las áreas de protección y/o amortiguamiento alrededor de las obras mineras como tajos, patios de lixiviación, los tiraderos conocidos como escombreras o tepetateras, presas o diques de jales y otras similares cuyas distancias se sujetarán a las especificadas en el reglamento de esta Ley y de las disposiciones relativas de otras leyes aplicables;

III.- En distancias menores de 25 kilómetros de zonas de recarga de acuíferos, zonas de monumentos públicos, históricos, arqueológicos, santuarios de la naturaleza, zonas de preservación ecológica o poblaciones mayores de mil habitantes;

IV.- Para ampliación de concesión eso de un proyecto minero metalúrgico si el actual no ha sido concluido en todas sus etapas, incluyendo la de cierre y remediación del sitio, así como con todos los compromisos y condicionantes que le fueron impuestas para el desarrollo del mismo.

V.- En regiones con veda hídrica determinada por la ley respectiva, y

VI.- En áreas destinadas a cultivos básicos para la alimentación de la población.

Artículo 18.- Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley.

Las concesiones mineras tendrán una duración igual a la expresada y demostrada por la empresa minera en su proyecto de explotación y beneficio de minerales que presentará para la adquisición de las diversas autorizaciones, licencias, permisos y similares requeridos por las diferentes dependencias e instancias de la administración pública que deban intervenir de conformidad con sus atribuciones. En todo caso, el plazo de duración de las concesiones mineras no excederá de 20 años.

Artículo 19.- Las asignaciones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley y tendrán una duración improrrogable de seis años, contados a partir de la fecha de publicación del título respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

El Servicio Geológico Mexicano, antes del término de la vigencia de cada asignación, deberá rendir a la Secretaría un informe escrito sobre los resultados obtenidos con motivo de los trabajos llevados a cabo para que ésta proceda a declarar:

I.- La cancelación de la asignación y la consiguiente libertad del terreno;

II. La cancelación de la asignación y la celebración de uno o más concursos para el otorgamiento de concesiones mineras sobre la totalidad o parte del terreno, así como la libertad del terreno que en su caso se abandone, o

III.- La cancelación de la asignación y la incorporación a reservas mineras de la totalidad o parte del terreno amparado, al igual que la libertad del que en su caso se abandone.

Las anteriores resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. De no publicarse cualquiera de ellas antes del término de vigencia de la asignación de que se trate, la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación su cancelación y la consiguiente libertad del terreno que ampare, dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento de su vigencia.

Artículo 20.- Cuando por utilidad pública cambien los supuestos que motivaron la incorporación de una zona a reservas mineras, el Ejecutivo Federal dispondrá su desincorporación mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que la Secretaría proceda a:

I.- Declarar la libertad del terreno amparado, o

II. Convocar a concurso para el otorgamiento de una o más concesiones mineras y declarar la libertad del terreno que en su caso se abandone.

De no publicarse en el Diario Oficial de la Federación cualquiera de las resoluciones previstas por las fracciones anteriores dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de publicación del decreto de desincorporación, el terreno amparado por la referida zona se considerará libre al día siguiente del vencimiento del plazo señalado.

Artículo 21.- Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados en un título de concesión o de asignación mineras son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo comunicará a su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.

La Secretaría dictará resolución con base en la contestación del interesado y las constancias del expediente y, de proceder, ordenará la corrección del título, así como su inscripción en el Registro Público de Minería.

No se concederá ampliación de concesiones o de un proyecto minero metalúrgico si el actual no ha sido concluido en todas sus etapas, incluyendo la de cierre y remediación del sitio, así como con todos los compromisos y condicionantes que le fueron impuestas para el desarrollo del mismo.

CAPITULO TERCERO

De la Explotación Minera y de los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 22.- Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho a usar y aprovechar los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios, incluido el uso cultural, ceremonial y espiritual que en ellos se realicen.

De igual manera, tienen derecho a participar y beneficiarse del aprovechamiento de los recursos minerales existentes en sus tierras y territorios, así como a que no se destruyan a causa de esa actividad y se preserve su hábitat.

Para el caso de que por alguna causa se destruya, tienen derecho a una reparación justa, que correrá a cargo del responsable y en su caso del Estado.

Artículo 23.- Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho preferente para obtener las concesiones mineras cuando el mineral sobre el que recaigan se encuentre en sus tierras o territorios. Cuando manifiesten su voluntad de obtenerlas, el Estado, a través de la Dependencias o Entidades correspondientes, deberá brindarles el apoyo y la asesoría técnica necesaria para el ejercicio de este derecho.

Artículo 24.- El Ejecutivo Federal no podrá otorgar ninguna concesión sobre tierras o territorios indígenas sin contar con el consentimiento previo, libre e informado, otorgado por los pueblos o comunidades indígenas que pudieran verse afectados con motivo de dicho otorgamiento.

Artículo 25.- El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior deberá ser otorgado por los pueblos indígenas o sus comunidades, según el caso, por medio de consultas que se lleven a cabo a través de las autoridades representativas de dichos pueblos indígenas o sus comunidades y mediante los procedimientos que acostumbran utilizar para discutir y tomar acuerdos sobre los problemas de su interés.

Artículo 26.- Es responsabilidad de la Secretaría la realización de la consulta, cuando pretenda obtener el consentimiento previo al otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas. Para llevarla a cabo deberá proporcionarles toda la información necesaria para que tomen una decisión razonada sobre su pretensión y acordar con ellos el mecanismo de consulta, así como los objetivos específicos de ella.

Artículo 27.- En el caso de que los pueblos indígenas o sus comunidades, según el caso, otorguen su consentimiento, antes de autorizar las concesiones, el estado deberá asegurarse que las actividades de exploración, explotación y beneficio que se pretenden realizar no pongan en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades. Se entiende que se pone en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades, cuando se pueden presentar los siguientes casos.

I.- Impliquen el desplazamiento de los pueblos;

II.- Se afecten sus fuentes de obtención de alimentos para la población, o provoque daños de gravedad a la salud;

III.- Disminuya la capacidad de captación de agua para el consumo humano o la producción de alimentos;

IV.- Se destruyan o modifiquen sustancialmente sus lugares sagrados, espirituales y de la reproducción cultural;

V:- La actividad minera represente una causa preponderante de migración de los miembros de los pueblos indígenas o sus comunidades.

Artículo 28.- Cumplidos los requisitos anteriores el Ejecutivo Federal podrá otorgar las concesiones mineras, pero antes de comenzar las actividades de exploración o explotación que amparen, las empresas deberán pactar con los pueblos indígenas o sus comunidades, y con la participación del estado, mínimamente los siguientes:

I.- Las condiciones en que se desarrollarán las actividades de exploración, explotación y beneficio de los valores metálicos;

II.- Las medidas para evitar la contaminación o destrucción de sus tierras, territorios, los recursos naturales, el medio ambiente, incluidos sus lugares sagrados, espirituales o culturales;

III.- Las formas de remediar los daños anteriores que pudieran causarse, a pesar de las medidas tomadas y en forma de garantizar que se lleven a cabo, y;

IV.- Los beneficios que los pueblos y comunidades indígenas obtendrán de la explotación minera, entre los cuales se consideran:

a).- Por lo menos un 5% del valor de los minerales extraídos, para destinarlos a proyectos, obras o actividades de desarrollo comunitario;

b).- Las posibilidades de asociación de los pueblos o comunidades indígenas con la empresa concesionaria, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 29.- Será nulo de pleno derecho, todo acto que se realice en contravención de lo dispuesto en este capítulo.

CAPITULO CUARTO

De los Derechos que Confieren las Concesiones y Asignaciones Mineras

Artículo 30. Las concesiones mineras confieren derecho a:

I.- Tramitar en los términos del artículo 32 de esta ley la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas de paso a través de lotes mineros;

II.- Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;

III.- Lo establecido en las fracciones IV y V, estarán sujetas a lo señalado en el artículo 4º constitucional y en los términos de la ley en la materia;

IV.- Reducir, dividir e identificar la superficie de los lotes que amparen, o unificarla con la de otras concesiones colindantes;

V.- Desistirse de las mismas y de los derechos que de ellas deriven;

VI.- Agrupar dos o más de ellas para efectos de comprobar obras y trabajos previstos por esta Ley y de rendir informes estadísticos y técnicos;

VII.- Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos;

VIII.- Solicitar la prórroga en las concesiones minera por igual término de vigencia, de acuerdo con lo previsto por esta Ley, siempre y cuando la empresa haya dado cabal cumplimiento a las condicionantes exigidas por las diferentes dependencias y entidades que otorgaron las diversas autorizaciones, licencias, permisos y sus similares, incluyendo la etapa de cierre y remediación del sitio.

Artículo 31.- Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, la que solicitará opinión a la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas a que deben sujetarse los mismos.

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, en las áreas naturales protegidas, así como las que se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 32.- La ocupación temporal, las servidumbres y las expropiaciones para uso minero deberán ser resueltas por los ejidatarios, comuneros, pobladores, y demás propietarios y poseedores de los predios, previa consulta libre, veraz e informada sin presión o engaño. En caso contrario, estos actos serán nulos de pleno derecho y los servidores públicos y demás persona involucradas deberán reparar los daños y perjuicios ocasionados, con independencia de las demás sanciones aplicables.

Tratándose de expropiaciones, cuando se trate de tierras ejidales y comunales, se repondrá a los afectados la misma cantidad de terreno, de la misma calidad productiva y lo más cerca de la parte expropiada.

Las ocupaciones temporales y servidumbres en bienes ejidales y comunales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación agraria.

La omisión de las obligaciones a que se refieren los párrafos anteriores, será causa para la cancelación de la concesión.

Artículo 33. Las solicitudes de reducción, división, identificación o unificación de superficies procederán cuando el nuevo lote o lotes estén comprendidos dentro de la superficie amparada por la concesión o concesiones de que deriven y no se afecten derechos de terceros inscritos en el Registro Público de Minería.

Declarada procedente la solicitud, la Secretaría expedirá el o los nuevos títulos que correspondan en sustitución del o de los que deriven, con iguales derechos y obligaciones. En los casos de unificación, los títulos se expedirán por la vigencia restante del más antiguo.

Artículo 34.- La transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven surtirá sus efectos legales ante terceros y la Secretaría a partir de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Cuando se transmita la titularidad de una concesión el adquirente se subrogará en los derechos y obligaciones de la misma. Será responsabilidad del adquirente cerciorarse que la concesión se encuentra vigente y que su titular está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. La Secretaría podrá expedir, a petición y costa de parte interesada, constancia de lo anterior.

Los contratos y convenios por los que el adquirente de derechos derivados de una concesión asuma obligaciones cuyo incumplimiento se sancione con la cancelación de la misma, no relevan a su titular de la responsabilidad de cumplirlas, si el primero no lo hace.

Los actos, contratos y convenios relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, al igual que las controversias que se susciten con motivo de los mismos, se sujetarán en lo no previsto por la presente Ley a las disposiciones de la legislación mercantil.

Artículo 35.- La trasmisión de las concesiones se realizara de acuerdo a la presente ley.

Artículo 36.- Los desistimientos debidamente formulados sobre la titularidad de concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven surtirán sus efectos a partir de la fecha de presentación en la Secretaría del escrito correspondiente, cuando no se afecten derechos de tercero inscritos en el Registro Público de Minería.

Artículo 37.- El agrupamiento de concesiones mineras procederá cuando los lotes sean colindantes o constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo, conforme al artículo 23 de esta Ley y su Reglamento y sus titulares no hayan incurrido en las causales de cancelación establecidas por la misma.

Artículo 38.- Las asignaciones mineras confieren derecho a:

I.- Realizar obras y trabajos de exploración dentro del lote minero que amparen, sujeto a lo previsto por el artículo 20 de la presente Ley;

II.- Obtener la ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de esta ley;

III.- Reducir e identificar la superficie que amparen, y

IV.- Desistirse de las mismas o de los derechos que de ellas deriven;

Las asignaciones serán intransmisibles y no podrán ser objeto de gravamen alguno.

CAPITULO QUINTO

De las Obligaciones que Imponen las Concesiones y Asignaciones Mineras y el Beneficio de Minerales

Artículo 39. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:

I. Ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley y las demás que condicionan la actividad minero metalúrgica en los términos y condiciones que establecen las mismas y su Reglamento;

II.- Pagar los derechos, impuestos y regalías sobre minería y el producto del beneficio de los minerales según lo establezca la ley;

IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;

V.- No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;

VI.- Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado la mojonera o señal que precise la ubicación del punto de partida;

VII.-Durante la explotación se llevarán registros e inventarios actualizados de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio y si fuere del caso, a las de transformación. Estos registros e inventarios se suministrarán, con la periodicidad que señale la autoridad, al Registro Público de Minería;

VII.- Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señale el Reglamento de la presente Ley;

VIII.- Permitir al personal comisionado por la Secretarías y organismos públicos la práctica de visitas de inspección cuantas veces sea necesario;

IX.- Rendir a la Secretaría un informe geológico-minero cuando la concesión minera correspondiente se cancele por terminación de su vigencia, desistimiento, sustitución por reducción, infracción o resolución judicial. El informe describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero, o en la superficie que se abandona, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley;

La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicho informe para que sea incorporado en el sistema público de información del propio Servicio;

X.- Rendir al Servicio Geológico Mexicano, en el caso de concesiones otorgadas mediante concurso, un informe semestral en los meses de enero y julio de cada año, de los trabajos realizados y de la producción obtenida en el lote amparado por la concesión minera, para efectos de control del pago de la prima por descubrimiento o cualquier otra contraprestación económica contemplada a favor de dicho organismo;

XI.- Dar aviso a la Secretaría de Energía sobre el inicio y suspensión de las actividades relacionadas con la recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, que se realice al amparo de su concesión minera;

XII. Acumular, registrar y proporcionar periódicamente información geológica a la Secretaría de Energía relacionada con la recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;

XIII.- Avisar a la Secretaría de Energía sobre el descubrimiento de gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral, como producto de las concesiones que amparan la exploración y explotación de yacimientos de carbón mineral, y;

XIV.- Entregar el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral en el punto de conexión que indique Petróleos Mexicanos, en caso de que no se destine al autoconsumo;

XV.-Al celebrarse el contrato de concesión de exploración, explotación y beneficio de minerales, el concesionario deberá constituir una póliza de garantía, que ampare el cumplimiento de todas las obligaciones mineras y ambientales adquiridas por el mismo, así como el pago de las multas;

En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía.

El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios:

a)Para la etapa de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración para la respectiva anualidad;

b) Para la etapa de construcción y montaje el 5% de la inversión anual por dicho concepto;

c) Para la etapa de explotación equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el Gobierno;

Dicha póliza, que habrá de ser aprobada por la autoridad concedente, deberá mantenerse vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3) años más. El monto asegurado deberá siempre corresponder a los porcentajes establecidos en el presente artículo.

Los titulares de concesiones mineras otorgadas mediante concurso o de aquellas que las sustituyan estarán obligados a cubrir, adicionalmente, la prima por descubrimiento y las contraprestaciones económicas ofrecidas.

Cuando se transmitan los derechos derivados de una concesión, las obligaciones a las que se hace mención en este artículo estarán a cargo del adquiriente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 34 de esta Ley.

Artículo 40. La ejecución de obras y trabajos se comprobará por medio de la realización de inversiones en el lote que ampare la concesión minera o mediante la obtención de minerales económicamente aprovechables. El Reglamento de la presente Ley fijará los montos mínimos de la inversión por realizar y del valor de los productos minerales por obtener.

La obligación de ejecutar las referidas obras y trabajos iniciará 90 días naturales después de la fecha de inscripción de la concesión en el Registro Público de Minería.

Los informes de comprobación deberán presentarse a la Secretaría durante el mes de mayo de cada año y se referirán a las obras y trabajos desarrollados en el período de enero a diciembre del año inmediato anterior, aun en los casos de sustitución de concesiones por cualquiera de las causas previstas por esta Ley. Los informes se publicaran en la página web de la secretaría.

En un plazo máximo de 60 días la secretaría emitirá dictamen respecto a la veracidad de los informes de comprobación, documentos que serán públicos.

Artículo 41. La comprobación de obras y trabajos mediante la realización de inversiones se aceptará indistintamente en los rubros que a continuación se indican:

I.- Obras mineras directas, tales como zanjas, pozos, tajos, socavones y todas aquéllas que contribuyan al conocimiento geológico del lote minero o a la cubicación de reservas;

II.- Perforaciones;

III.- Levantamientos topográficos, fotogramétricos y geodésicos;

IV.- Levantamientos geológicos, geofísicos y geoquímicos;

V.- Análisis físico-químicos;

VI.- Pruebas de experimentación metalúrgica;

VII.- Desarrollo y rehabilitación de obras mineras;

VIII.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos para perforación y desarrollo de obras mineras;

IX.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos de laboratorio físico-químicos y de investigación metalúrgica;

X.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de vehículos de trabajo y para la transportación del personal;

XI.- Obras y equipos destinados a la seguridad en el trabajo y a la prevención de la contaminación o la recuperación del medio ambiente;

XII.- Instalaciones de almacenes, oficinas, talleres, campamentos, casas habitación y servicios a los trabajadores;

XIII.- Adquisición, arrendamiento, construcción y mantenimiento de obras y equipos relacionados con vías de acceso, generación y conducción de energía eléctrica, extracción, conducción y almacenamiento de agua e infraestructura en general;

XIV.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipo para minado, acarreo y servicios generales en la mina, y;

XV.- Adquisición, arrendamiento, instalación y mantenimiento de equipo para operaciones de beneficio y presas de jales.

Las inversiones se aplicarán de acuerdo con los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 42. La comprobación de las obras y trabajos previstos por esta Ley por medio de la obtención de minerales económicamente aprovechables se hará con base en el valor de facturación o liquidación de los mismos.

Artículo 43. Se tendrá por suspendida temporalmente la obligación de ejecutar las obras y trabajos previstos por esta Ley cuando se acredite a la Secretaría, al efectuarse la comprobación anual, que fue imposible la realización de éstos por causas técnicas, económicas, laborales, judiciales o de fuerza mayor.

La suspensión temporal por causas técnicas y económicas podrá acreditarse por una sola vez hasta un máximo de tres años consecutivos, dentro de un período de diez años.

Artículo 44.- Cuando la cotización o demanda de un mineral sufra disminuciones que ocasionen la incosteabilidad temporal de las explotaciones en forma generalizada, la Secretaría podrá reducir los montos mínimos de la inversión por realizar o del valor de los productos minerales por obtener, o conceder prórrogas para su cumplimiento. Para tal fin, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se precisarán los requisitos necesarios para acogerse al mismo, las sustancias y tipos de yacimientos afectados, las cotizaciones con base en las cuales surtirá efecto y su vigencia.

Artículo 45.- La superficie que se pretenda liberar o abandonar con motivo del desistimiento o reducción de una concesión no causará los derechos sobre minería a partir de la fecha de presentación del escrito correspondiente, siempre y cuando dichas solicitudes sean resueltas favorablemente por la Secretaría. En caso de ser desaprobadas, se deberán cubrir los derechos omitidos, con la actualización y recargos que determinen las disposiciones fiscales.

La Secretaría dispondrá de veinte días naturales para desaprobar el desistimiento o solicitud de reducción, cuando no se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 46. Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los demás casos.

El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la concesión de explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos.

Artículo 47. El informe a que se refiere el artículo 39, fracción IX de esta Ley, describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero o en la superficie que se abandone, conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley, y deberá ser presentado junto con la solicitud de desistimiento o reducción, o dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación de la vigencia de la concesión minera o a la notificación de su cancelación por infracción o resolución judicial. La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicho informe en un término de sesenta días naturales a partir de que lo reciba para que éste lo incorpore en su sistema público de información dentro de los sesenta días naturales de que a su vez lo reciba.

Artículo 48. El Servicio Geológico Mexicano, como titular de asignaciones mineras, e independientemente de la fecha de expedición de éstas, estará obligado a rendir a la Secretaría un informe escrito anual de carácter público sobre los resultados obtenidos con motivo de las obras y trabajos llevados a cabo, así como dar cumplimiento a las obligaciones que señalan los artículos 39, fracciones II, en lo conducente, IV, V, VI y VIII de esta Ley.

Artículo 49.- Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley están obligadas a:

I.- Dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;

II. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad y del equilibrio ecológico y protección al ambiente;

III.- Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley;

IV.- Contar con todas y cada una de las respectivas autorizaciones, licencias, permisos y sus similares, incluyendo licencia social;

V.- Procesar el mineral de pequeños y medianos mineros y del sector social en condiciones competitivas hasta por un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio instalada, cuando ésta sea superior a cien toneladas en veinticuatro horas, y;

VI.- Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de inspección en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente Ley.

Artículo 50.- Las personas a que alude el artículo anterior no estarán obligadas a recibir minerales de terceros cuando:

I.- Los minerales que se pretendan introducir no se adapten al sistema de beneficio o afecten su operación normal;

II.- Comprueben estar recibiendo minerales de pequeños y medianos mineros y del sector social por un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio instalada, o;

III.- Los lotes de mineral que se presenten para tratamiento sean inferiores a diez toneladas;

A solicitud escrita del interesado, el responsable de la operación de beneficio estará obligado a manifestar también por escrito la explicación fundada de su negativa a recibir mineral. De existir controversia, la Secretaría resolverá lo conducente.

Artículo 51.- En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán dar cabal cumplimiento al cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia.

CAPITULO SEXTO

De la Nulidad, Cancelación, Suspensión e Insubsistencia de Derechos

Artículo 52.- Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando:

I.- Se pretenda amparar con las mismas desde su otorgamiento la obtención de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de esta Ley

II.- Se expidan en favor de persona no capacitada por la presente Ley para obtenerlas; o

III.- El lote minero objeto de la concesión o asignación abarque total o parcialmente terreno no libre al momento de presentación de la solicitud respectiva, aunque con posterioridad sea publicada la declaratoria de libertad de dicho terreno, excepto cuando se trate de concesiones otorgadas mediante concurso;

IV.- Si no cumple con lo establecido en el artículo 49 fracción IV;

Si el lote minero objeto de la concesión o asignación comprende parcialmente terreno no libre únicamente será nula por dicha porción, en cuyo caso la Secretaría expedirá un nuevo título en sustitución del que derive por la superficie que legalmente ampare, con iguales derechos y obligaciones.

Artículo 53. Serán nulas las trasmisiones de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven cuando se pacten a favor de persona no capacitada legalmente para obtenerlas.

No procederá la nulidad cuando se trate de adjudicación en pago de créditos o por herencia y los derechos correspondientes se trasmitan a persona legalmente capacitada dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha de su adjudicación.

Artículo 54.- Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por:

I.- Terminación de su vigencia;

II.- Desistimiento debidamente formulado por su titular;

III. Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la reducción, división, identificación o unificación de superficie amparada por concesiones mineras;

IV.- Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 67 de esta Ley;

V.- Resolución judicial, o lo establecido en el artículo 49 fracción IV de esta ley;

VI.-comprobar quela capacidad del acuífero de donde la empresa va a extraer el agua para sus actividades tiene problemas de sobreexplotación.

Artículo 55.- El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá cuando éstos:

I.- Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, en observancia al principio precautorio;

II.- Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, a un servicio público o de propiedad privada, o no se cumpla con lo establecido en el artículo 17 de esta ley;

III.- Si carece de uno o más permisos, licencias, autorizaciones o sus similares, requeridos por las diferentes dependencias públicas y privadas y lo establecido en el artículo 49 fracción IV;

Si la visita de inspección que se practique solicitada por posibles afectados, revela peligro o daño inminente, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos.

Artículo 56.- Procederá la reversión de los bienes expropiados y la declaración de insubsistencia de las resoluciones de ocupación temporal o constitución de servidumbre, cuando:

I.- Las obras o trabajos por desarrollar no se inicien dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha de inscripción de la resolución respectiva en el Registro Público de Minería, sin que medie causa de fuerza mayor;

II.- Las obras o trabajos por ejecutar se suspendan por el término de un año, salvo en los casos a que alude el artículo 31 de la presente Ley;

III.- El terreno objeto de las mismas sea destinado a un uso distinto de aquél que justificó la afectación;

IV.- El terreno Objeto de las mismas ya esté destinado o sea posteriormente destinado por decreto a un uso distinto al de la actividad minera;

V.- Se incumpla el pago de la indemnización;

VI.- Se declare nula o cancele la concesión con base en la cual se ejerció el derecho a obtenerla, excepto por las causas previstas por los artículos 52, párrafo final, y 54, fracción III, de esta Ley, o

VII.- Judicialmente así se ordene, por lo establecido en esta ley;

En los casos de expropiación, la reversión de los bienes en favor del afectado procederá cuando su causa ocurra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de notificación del decreto respectivo.

Artículo 57.- Las nulidades señaladas por el artículo 52, fracciones I y III, así como la suspensión o insubsistencia a que se refieren los artículos 55 y 56, fracciones I a V, se resolverán a petición de parte afectada mediante el procedimiento que determine el Reglamento de la presente Ley.

Las nulidades, las cancelaciones a que alude el artículo 54, fracción IV, las suspensiones e insubsistencia, se declararán por la Secretaría, previo respeto de la garantía de audiencia a la parte afectada dentro de un plazo de 60 días naturales, transcurrido el cual dictará resolución.

CAPITULO SEPTIMO

Del Registro Público de Minería y la Cartografía Minera

Artículo 58.- La Secretaría llevará el Registro Público de Minería en el que deberán inscribirse los actos y contratos que a continuación se mencionan:

I.-Los títulos de concesión minera, sus prórrogas y las declaratorias de su nulidad o cancelación;

II.- Los títulos de asignación minera y las declaratorias de nulidad o cancelación de las mismas;

III.- Los decretos que establezcan reservas mineras o que desincorporen zonas de éstas;

IV.- Las resoluciones de ocupación temporal y constitución de servidumbre, al igual que las que se emitan sobre su insubsistencia;

V.- Las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que afecten concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven;

VI. Los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, los de promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones contractuales que se constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten;

VII. Las sociedades a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, al igual que su disolución, liquidación y las modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma;

VIII.- Los avisos notariales preventivos con motivo de la celebración de contratos;

IX.- Las anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, rectificación modificación, nulidad o cancelación de inscripciones, y

X.- Las anotaciones preventivas para interrumpir la cancelación de inscripciones de contratos y convenios sujetos a temporalidad;

En relación con lo dispuesto por esta Ley, los actos y contratos previstos en las fracciones V al X anteriores surtirán efectos contra terceros desde la fecha y hora de presentación en la Secretaría de la promoción respectiva; los correspondientes a las fracciones I y IV a partir de su fecha de inscripción, y los relativos a las fracciones II y III el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 59.- Los actos a que aluden las fracciones I a IV del artículo anterior se inscribirán de oficio y los relativos a las restantes fracciones a petición de parte interesada, por orden de presentación y cuando se satisfagan los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 60.- Toda persona podrá consultar el Registro Público de Minería y solicitar a su costa certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, así como sobre la inexistencia de un registro o de inscripciones posteriores en relación con una determinada.

Artículo 61.- Los derechos que confieren las concesiones mineras y los actos, contratos y convenios que las afecten se acreditarán por medio de la constancia de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Artículo 62.- Para proceder al remate de una concesión minera y de los derechos que de ella deriven será requisito la expedición por parte del Registro Público de Minería de una certificación sobre los antecedentes y afectaciones que obren inscritos en relación con la misma. Dicha certificación deberá agregarse a las actas de las diligencias de adjudicación o en las escrituras respectivas.

Artículo 63.- La Secretaría, por conducto del Registro Público de Minería, podrá rectificar o modificar una inscripción cuando sea solicitada por el afectado, se acredite la existencia de la omisión o error y no se perjudiquen derechos de tercero o medie consentimiento de parte legítima en forma auténtica. Asimismo, procederá a la cancelación de la inscripción de un contrato o convenio cuando conste fehacientemente la voluntad de las partes.

Se tendrá por cancelada la inscripción de los contratos y convenios sujetos a temporalidad 90 días naturales después del término de su vigencia, si no obra constancia en contrario.

Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación o cancelación de inscripciones que perjudiquen derechos de tercero, así como las que se refieran a la nulidad de éstas, deberán tramitarse judicialmente.

Artículo 64.- La Secretaría llevará la Cartografía Minera para constatar el carácter libre de los lotes que sean objeto de solicitudes de concesión y asignación mineras. En dicha Cartografía se representarán gráficamente la ubicación y el perímetro de los lotes amparados por concesiones, asignaciones y reservas mineras vigentes, al igual que por solicitudes de concesión y asignación mineras en trámite.

Toda persona podrá examinar la Cartografía Minera y solicitar a su costa planos de la misma.

CAPITULO OCTAVO

De las Inspecciones, Sanciones y Recursos

Artículo 65.- Las Secretarías y organismos públicos, en ejercicio de las facultades que les confiere la Ley, podrá practicar visitas de inspección con arreglo a las disposiciones siguientes:

I.- Designará uno o más inspectores, a los que comunicará su nombramiento y la orden de visita;

II.- Notificará a la persona a quien deba practicarse la inspección: el nombre del inspector; el objeto de la misma; los elementos, datos o documentos que deberá proporcionar; así como el lugar, fecha y hora de su verificación para que concurra por sí o debidamente representada;

III.- El inspector, una vez que se identifique, practicará la visita en el lugar y fecha señalados, ante la persona notificada o su representante debidamente acreditado. Si el lugar o domicilio no corresponden al visitado o éste se niega a proporcionar los elementos, datos o documentos que se le requieran, el inspector levantará acta donde hará constar lo anterior, firmada por dos testigos. En este último caso, se presumirá que el visitado incurrió en el incumplimiento de la obligación por verificar, salvo prueba en contrario;

IV.- Desahogada la inspección, el inspector levantará acta pormenorizada que deberá contener relación de los hechos y las manifestaciones del visitado, y será firmada por los asistentes al acto; si alguno se niega a firmarla se hará constar en ella, sin que tal circunstancia afecte el valor probatorio del documento. De dicha acta se entregará copia a quienes la suscriban;

V.- El inspector deberá rendir a la Secretaría un informe sobre el resultado de la inspección, dentro de un plazo máximo de 15 días naturales siguientes a su desahogo. Si los elementos de juicio que aporte el informe son insuficientes, la Secretaría ordenará se practique nueva inspección;

VI.- La Secretaría, con base en el informe y las pruebas documentales que se ofrezcan, fundamentará, motivará y dictará resolución;

VII.- En casos de urgencia las visitas de inspección podrán ejecutarse en cualquier momento;

VII.- En caso de obstaculización a las visitas de inspección, el inspector podrá hacer uso de medidas de apremio efectivas, incluyendo el auxilio de la fuerza pública;

Artículo 66.- Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley se sancionarán con la cancelación de la concesión o asignación minera o multa;

Las infracciones serán sancionadas administrativamente por la Secretaría.

Artículo 67.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I.- Efectuar al amparo de la misma la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la presente Ley;

II. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que señalan la misma y su Reglamento;

III.- Dejar de cubrir los derechos sobre minería;

IV. No tener en regla todas las licencias, permisos o autorizaciones que la actividad minera requiere para su funcionamiento;

V. No cumplir con los pagos por concepto de la prima por descubrimiento o de la contraprestación económica que en su caso corresponda cubrir, así como no rendir al Servicio Geológico Mexicano los informes semestrales a que se refiere el artículo 39, fracción X, de esta Ley;

VI. No sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación de carbón en todas sus variedades en terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la Secretaría;

VII. Realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley sin las autorizaciones que señala el artículo 61 fracciones II, III, y IV de la presente Ley;

VIII.- Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo;

IX.- Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral, sin la autorización a que se refiere el artículo 19, fracción XIII, de esta Ley;

X.- Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral a que se refiere el artículo 30, fracción XIII, de esta Ley, simulando sin realizar las actividades para las que fue otorgada la concesión;

XI.- Enajenar el gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral;

XII.- Omitir información respecto al gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral descubierto en las fases de exploración y explotación de los yacimientos de dicho mineral, o

XIII.- Perder la capacidad para ser titular de concesiones.

XIV. La autoridad de aplicación tendrá amplias facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios que deriven del régimen establecido por esta ley e imponer las sanciones pertinentes. A los fines de la presente ley constituyen incumplimiento las siguientes infracciones: 

a) Falsedad de las informaciones presentadas bajo declaración jurada; 

b) Omitir la presentación de las declaraciones juradas, vencido el plazo legal establecido y aquel que fijare la intimación que curse la autoridad de aplicación; 

c) Omitir información, entrega de documentación u otras obligaciones que le fueran requeridas por la autoridad de aplicación, en virtud de las disposiciones establecidas en la presente ley, su reglamentación o de las normas complementarias y/o aclaratorias que ésta dice vencidos los plazos legales establecidos o aquellos que fijare la intimación que curse la autoridad de aplicación; 

d) Reticencia en exhibir libros, información, documentación y/o comprobantes que le fueran requeridos por la autoridad de aplicación, en virtud de las disposiciones establecidas en la presente ley, su reglamentación o de las normas complementarias y/o aclaratorias que ésta dicte, vencidos los plazos legales;

e) Desafectar los bienes de capital, partes, accesorios e insumos introducidos al amparo de la liberación de los derechos y gravámenes establecida por el artículo 21 de la presente ley, para destinarlo a actividades no mineras, sin haber dado cumplimiento a los requisitos de desafectación establecidos por la presente ley

Se sancionará con la cancelación de la asignación minera que corresponda cualquiera de las infracciones previstas por las fracciones II, III, VI o VII anteriores, en lo conducente.

Artículo 68.- No procederá la cancelación por infracción cuando, dentro de un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se notifique al interesado el inicio del procedimiento correspondiente, se acredite en relación con las causas señaladas en la fracciones II, III, V del artículo 69, respectivamente:

I. La presentación del o de los informes omitidos de comprobación a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, así como el pago de la multa que determina el artículo 69, fracción XI de la misma;

II.- El pago de los derechos sobre minería omitida y demás accesorios originados por el incumplimiento, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables;

III.- El pago actualizado de la prima por descubrimiento, conforme lo determine el Reglamento de la presente Ley, y

IV.- Que está sujeta a resolución administrativa o judicial la negativa de autorización por parte de la autoridad que tenga a su cargo los bienes, zona o áreas a que alude el artículo 20, párrafo segundo, de esta Ley.

Artículo 69.- Se sancionarán con multa equivalente de diez a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, las infracciones siguientes:

I.- Extraer minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley sin ser titular de la concesión minera o de los derechos correspondientes;

II.- Impedir sin derecho la realización de las obras y trabajos previstos por la presente Ley y su Reglamento a persona legalmente autorizada para efectuarlos;

III.- Retirar o destruir las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;

IV.- Impedir u obstaculizar las visitas de inspección que practique el personal comisionado por la Secretaría;

V.- No concurrir por sí o debidamente representado a las visitas de inspección que practique la Secretaría, sin que medie causa justificada;

VI.- No designar al ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas o encomendarle actividades que le impidan el desarrollo de sus funciones propias;

VII.- Omitir la notificación prevista en el artículo 46, párrafo segundo, de esta Ley, sobre las medidas necesarias para prevenir accidentes que no se adopten, cuando pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o bien, no tomar las medidas procedentes, en caso de haberse recibido tal notificación;

VIII.- No dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;

IX.- Negarse a beneficiar el mineral de pequeños y medianos mineros y del sector social en condiciones competitivas, sin acreditar causa que lo justifique, de acuerdo con lo establecido por el artículo 49, fracción V, de esta Ley;

X.- Modificar la ubicación o dañar a la mojonera o señal que sirva para identificar al punto de partida de un lote minero;

XI. Comprobar extemporáneamente la ejecución en tiempo de las obras y trabajos previstos por esta Ley, a fin de dejar sin efecto el procedimiento de cancelación de una concesión minera, y

XII.- No rendir oportuna y verazmente los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que fije el Reglamento de la presente Ley;

De existir reincidencia se podrá imponer hasta dos tantos del importe de la multa y cuando se trate de la infracción a que se refiere la fracción I hasta cien tantos del importe de dicha multa.

Para la imposición de la multa, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios que haya causado, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y capacidad económica del infractor.

La aplicación de las multas establecidas en el presente artículo será sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere resultar.

Artículo 70. Corresponde al titular de la concesión minera, al causahabiente de éste o al titular de la asignación minera, reclamar ante la autoridad judicial competente la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles comprendidas dentro del lote minero amparado por la concesión o asignación minera.

Corresponde a la Secretaría reclamar ante las autoridades judiciales competentes la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles, únicamente cuando se realice en terrenos libres, zonas de reservas mineras, áreas correspondientes a concesiones otorgadas mediante concurso y que posteriormente hayan sido canceladas, y lotes respecto de las cuales se hayan declarado desiertos los concursos respectivos.

Artículo 71.- La facultad de la Secretaría para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone esta Ley, así como para sancionar su inobservancia, se extinguirá en un plazo de diez años contados a partir de la fecha del incumplimiento o, si éste es de carácter continuo, a partir del día en que cese. La relativa al pago de los derechos sobre minería prescribirá de acuerdo con lo previsto por las disposiciones de la materia.

Artículo 72. Las resoluciones que dicte la Secretaría con motivo de la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, podrán ser recurridas conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor 30 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-Se abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de la presente Ley en un plazo máximo de 90 días, en tanto, en lo que no se oponga a la misma, se aplicará el Reglamento de la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

CUARTO.-Las asignaciones y concesiones mineras expedidas a favor de particulares pierden por naturaleza su carácter inalienable e imprescriptible, así como el dominio directo del Estado en las actividades de la explotación y beneficio de minerales, en esas condiciones, al no reunir los requisitos obligados por el artículo 27 constitucional, renuncian al carácter de utilidad pública.

QUINTO.- Los trámites de cualquier naturaleza pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se desahogarán ostentarán conforme a las disposiciones que la misma establece.

SEXTO.- Se respetarán Los tiempos de duración de las concesiones otorgadas con anterioridad al inicio de vigencia de esta Ley, en los espacios con evidente actividad minera.

Sede del Senado de la República, a 30 de abril de 2013.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, María Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El trabajo infantil, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es positivo siempre y cuando la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en un trabajo no atente contra su salud y su desarrollo personal, ni interfiera con su escolarización. Usualmente este término es utilizado para definir todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

Las causas que lo originan y la búsqueda de mecanismos para erradicarlo, son temasque han generado un gran interés en la sociedad en general. En realidad el trabajo de los niños es una grave violación a los derechos elementales de la infancia ya que en México, según los últimos resultados publicados, hay 3,647,067 trabajadores de entre 5 y 17 años de edad, de un total de 29,203,394 niñas y niños en este mismo rango de edad. Esto significa que el 12,5 por ciento de la población infantil de 5 a 17 años está trabajando; más de la décima parte.

La problemática del trabajo infantil está estrechamente vinculada con el entorno social, cultural y económico de nuestro país, por lo que sus causas son muy diversas.

Una grieta en la legislación actual permite el trabajo desde los 14 años de edad sin importar qué tipo de trabajo realiza el menor y sin limitación alguna para laborar, edad que no es recomendada por la OIT, la cual es un factor determinante, ya que provoca que los niños que no han acabado su educación básica entren a trabajar, y tal vez nunca dejen de hacerlo, renunciando a su derecho a la educación básica.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) afirma que la educación de las niñas, niños y adolescentes resulta altamente rentable individual y socialmente. Es recomendable la dedicación de la niñez al estudio por lo menos de 10 a 12 años, y preferentemente llegar a un nivel de educación secundaria completa. Se estima que esto se traduciría en 80 por ciento de probabilidad de no caer en la pobreza.

Para poder interpretar de manera adecuada el problema del trabajo infantil, hay que tener en cuenta ciertas cifras y datos. Según la definición de trabajo infantil adoptada en el Módulo de Trabajo Infantil 2007 realizado por la OIT y UNICEF, son clasificados como trabajadores aquellos niñas y niños que han llevado a cabo una actividad económica, por lo que en los más de 3,6 millones de trabajadores infantiles del país no están incluidos quienes trataron de obtener algún ingreso cuidando automóviles en las calles, limpiando parabrisas en los cruceros, cantando en el transporte público u ofreciendo diversos tipos de entretenimiento como las niñas y los niños “traga fuego”, los que se acuestan sobre cristales rotos o los ”payasitos”, lo cual aumenta la cifra oficial de manera considerable, haciéndonos notar que puede ser que más de 5 por ciento de toda la población en México sean niños trabajando, evidenciando una gran deficiencia en el sector laboral.

La mayor parte de las niñas y los niños que trabajan ha cumplido los 14 años, específicamente 69 por ciento; pero 31 de cada 100 tienen entre 5 y 13 años; es decir, 31 por ciento de todos los trabajadores infantiles de México, casila tercera parte, no tiene la edad mínima establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo para incorporarse a las actividades laborales.

El tipo de actividad que llevan a cabo las niñas y los niños que trabajan y el tiempo que dedican a su trabajo son dos de los aspectos más importantes en la definición internacional del trabajo infantil, por el impacto negativo que ambos pueden tener en el desarrollo durante la niñez. El conocimiento de las circunstancias específicas en que se produce el trabajo permite identificar las condiciones adversas y la exposición a riesgos. La duración de la jornada laboral puede representar también una clara amenaza para el pleno goce de los derechos de los niños y las niñas cuando interfiere en el proceso de aprendizaje –asistencia a la escuela y desempeño escolar–, o cuando impide elejercicio de otras actividades, como el juego y esparcimiento.

Una aproximación a la magnitud del problema es analizar la distribución de las niñas y los niños según el tiempo que invierten en su trabajo. El 35.5 por ciento de los trabajadores entre 5 y 17 años dedica un mínimo de 35 horas a la semana al trabajo, lo que significa un promedio de 5 horas diarias trabajando todos los días de la semana, ó 7 horas si lo hacen de lunes a viernes; a esto se le agrega que 14 de cada 100 niños y niñas que trabajan no tienen un horario regular.

Una de las consecuencias más reprobables del trabajo infantil se manifiesta en las dificultades que presentan las niñas y los niños que trabajan para asistir a la escuela; y, cuando sí asisten, las adversidades para lograr un desempeño adecuado.

En su expresión más aguda, el trabajo infantil tiene un efecto pernicioso en el proceso de formación escolar, interfiriendo en el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de la niñez. Aunque existen varias razones por las que las niñas y los niños pueden no asistir a la escuela –no todas ellas vinculadas siempre con el trabajo– es importante conocer en qué medida la condición de estar en actividades laborales impide la asistencia escolar, afectando a este segmento de la población.

En México, la tasa de escolarización para el total de la población entre 5 y 17 años es de 89.5 por ciento, lo quesignifica que 10.5 por ciento de los niños y las niñas de este mismo rango de edad no asiste a la escuela. Este porcentaje se traduce, en términos absolutos, en 3,074,874 niños y niñas, de los cuales 52 por ciento son niños y 48 por ciento niñas. Asimismo, la incidencia de la inasistencia escolar está distribuida de manera similar en ambos grupos, dado que no concurren a un centro escolar el 10.9 por ciento de los niños y el 10.1 por ciento de las niñas.

Esto muestra que en México un alto porcentaje de las niñas y los niños que trabajan no están dedicando el tiempo necesario a la escuela para lograr una preparación adecuada y así poder tener en un futuro un trabajo bien remunerado.

Según las investigaciones de la CEPAL, cada año menos de educación básica se refleja en un 10 por ciento menos de ingresos en la vida adulta; y si trabajan y no asisten a la escuela, pueden percibir hasta seis veces menos ingresos que los que sí asistieron. Todo ello justifica plenamente que la infancia en edad escolar, entendida como la etapa de vida anterior a los quince años, se dedique exclusivamente a la escuela.

Un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha puesto de manifiesto que la erradicación del trabajo infantil en las economías en transición y en desarrollo puede generar beneficios económicos casi siete veces superiores a los costos, que están asociados con las inversiones en mejores tasas de escolaridad y en mejores servicios sociales.

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños y que, potencialmente, les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida. Se ha demostrado en diversos estudios que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y que éste perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos de las familias con menores ingresos fuera de la escuela y limitando así sus posibilidades de ascender en la escala social.

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; considerando que el niño debe estar plenamentepreparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad; esta iniciativa tiene como objeto hacer valer todos estos derechos, empezando desde lo más básico al establecer en Ley la edad mínima para trabajar recomendada por la Organización Internacional del Trabajo.

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, es menester reformar la legislación vigente para que se cumplan los tratados internacionales en la materia, proporcionando a las niñas y niños mexicanos un mejor desarrollo.

Debemos recalcar que estaproblemática repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora, disminuyendo o anulando sus posibilidades de desarrollo –en una violación evidente de los derechos de la infancia–, sino que igualmente incide en el destino de México como nación.

Es por lo anterior que, a falta de la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual especifica que la edad mínima para empezar a laborar es de quince años, se propone establecer en la legislación vigente que la edad mínima para trabajar sea la pactada por la OIT, porque como se hace notar en la información anterior, nuestro país tiene que emprender una lucha en contra del trabajo infantil, garantizando los derechos fundamentales de los niños, procurando que las y los niños mexicanos asistan a la escuela como mínimo hasta cumplir la edad recomendada, completando los estudios de educación básica antes de emprender una vida laboral.

En medio de la creciente preocupación sobre el impacto de la desaceleración económica, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en un informe que los esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil están perdiendo fuerza, y exhortó a “revitalizar” la campaña mundial para erradicar esta práctica.

Adicionalmente, en su Informe global sobre trabajo infantil dice que el número mundial de niños trabajadores ha disminuido de 222 millones a 215 millones durante el período 2004-2008, es decir un 3 por ciento, lo cual representa “una desaceleración en el ritmo de reducción a nivel mundial”. El informe también menciona la preocupación de que la crisis económica mundial pueda “frenar” el avance hacia el objetivo de eliminar las peores formas de trabajo infantil para el año 2016.

Las peores formas de trabajo infantil, según el Artículo 3 del Convenio número 182 de la OIT, son aquellas que ponen en peligro el desarrollo, físico, mental o moral del niño, sea par su naturaleza o por las condiciones en las que se efectúa.

a) “todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”

En el informe de la OIT, “Intensificar la lucha contra el trabajo infantil”, se presentan estimaciones detalladas sobre esta práctica. El más alto mejoramiento se ha registrado entre las niñas y los niños de 5 a 14 año, en este grupo, la incidencia disminuyó en un 10 por ciento. Entre las niñas disminuyó de manera considerable en un 15 por ciento; sin embargo, aumentó entre los niños en un 7 por ciento. Además, el trabajo infantil entre los jóvenes de 15 a 17 años aumentó en un 20 por ciento, de 52 millones a 62 millones.

Dando seguimiento a la discusión sobre el Informe Global durante la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2010, el Consejo de Administración de la OIT, integrado por representantes de Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Federación de Rusia, países con mayor importancia industrial, aprobó, en noviembre de ese mismo año, el Plan de Acción Mundial para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil para 2016 -el ambicioso objetivo que se propuso por primera vez en el Informe global sobre trabajo infantil de 2006. El Plan de Acción Mundial de 2010 presenta un programa estratégico y un plan de acción para la OIT y, en particular, para el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), que se aplicará durante los próximos años hacia el logro de su objetivo en 2016. El Plan de Acción incorpora y hace referencia específicamente a la Hoja de Ruta adoptada durante la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, llevada a cabo en La Haya, en mayo de 2010

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico: se adicionan los artículos 23 bis, 23 ter, 23 quarter y 173 bis, 173 ter y 173 quarter a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 23 Bis.- Queda estrictamente prohibido el trabajo de menores de 14 años en todo el territorio nacional.

Artículo 23 Ter.- A los efectos del presente ordenamiento, el término "niño" designa a toda persona menor de 14 años.

Artículo 23 Quarter.- La definición de peores formas de trabajo infantil, abarca, entre otros:

a. todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

b. la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c. la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y

d. el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Artículo 173 Bis.- La autoridad competente tendrá la obligación de realizar inspecciones periódicas con el fin de localizar dónde se practican los tipos de trabajo infantil y proceder a su denuncia ante el ministerio público.

Deberá examinar periódicamente y, en caso necesario, revisar la lista de los tipos de trabajo determinados al tenor de lo establecido en el artículo 23 quarter,

Artículo 173 Ter.- Las autoridades competentes tales como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría General de la República y aquellas que se consideren pertinentes deberán establecer o designar mecanismos apropiados para vigilar la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente ordenamiento.

Artículo 173 Quarter.- Las autoridades competentes mencionadas deberán elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, como medida prioritaria, el trabajo infantil.

Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en consideración las opiniones de otros grupos interesados, según proceda.

Asimismo, se deberán adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de:

a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;

b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social;

c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional;

d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos, y

e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.

El titular del Ejecutivo deberá designar a la autoridad competente encargada de la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente ordenamiento.

Artículo transitorio: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5o. Y 31 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ABOLICION DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL

(Presentada por el C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

“MARIO DELGADO CARRILLO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XIV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, numeral 1, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa, misma que se presenta en conjunto con la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ABROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE ABOLICION DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, como reglamentación secundaria de las disposiciones superiores que resultan de la presente, de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

Las obligaciones constitucionales toman su sentido propio con la historia. Se contextualizan y, en la mayoría de los casos, alcanzan nuevos sentidos a partir de su evolución histórica.

Entre derecho e historia hay un lazo común, pues a cada etapa de la historia corresponde un derecho, y el derecho es también expresión normativa de la realidad social.

El Servicio Militar Mexicano puede definirse como el mandato constitucional que los jóvenes en edad militar están obligados a cumplir encuadrados o a disponibilidad en los diversos centros de adiestramiento militar. Dicha instrucción militar obligatoria, se lleva a cabo para todos los ciudadanos mexicanos de sexo masculino, entre los 18 y los 40 años.

La importancia del Servicio Militar Nacional radica en disponer de reservas para coadyuvar en la seguridad y defensa de la Nación, contribuir al auxilio de la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres naturales, así como para fortalecer los valores, el respeto por los símbolos patrios y mantener el sentimiento de unidad nacional y amor a la Patria.

Sin embargo, hoy en día el Servicio Militar en México ha evolucionado de su sentido original, tanto por razones históricas, económicas, sociales y culturales.

El enrolamiento voluntario forma a los contingentes armados, que después, organizados debidamente, se institucionalizan para servir a la Patria, en el Ejército y Fuerza Armada actuales.

Con la historia como su justificación, el sistema de reclutamiento hubo de expandir sus horizontes. Las necesidades de la Defensa Nacional así lo determinaron; en 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue necesaria la reorganización del Ejército y Fuerza Armada Mexicanos, mediante el reclutamiento extenso de civiles, lo cual implicó su entrenamiento inminente para afrontar el servicio. Estas consideraciones, hicieron indispensable recurrir al sistema de alistamiento para el reclutamiento del personal del Ejército.

En tal virtud, se juzgó conveniente resolver los aspectos de la Defensa Nacional, relacionados con la Instrucción Militar y al Servicio Militar Nacional obligatorio, para lo cual fue necesario fortalecer los efectivos del Ejército con reservas capaces de responder con éxito a las exigencias militares.

De tal suerte, para resolver los problemas que enfrentaba la Defensa de la Nación, se adoptó el sistema del Servicio Militar obligatorio a fin de poner en las reservas del Ejército a todos los habitantes útiles del país y hacer posible, llegado el caso, la movilización de cuantos contingentes necesitara la Patria para enfrentarse a cualquier peligro exterior.

Adicionalmente, para solventar tal situación se crearon leyes y se implementaron programas para adiestrar y alojar a soldados del Servicio Militar Nacional.

En este contexto, el 19 de agosto de 1940, se reguló el Servicio Militar Nacional, con la promulgación de su Ley y Reglamento específicos, iniciándose la materialización de este servicio con los jóvenes varones en edad militar.

Así, con base en la legislación en la materia, el servicio de las armas se debe prestar de manera obligatoria, por un año en el Ejército activo, por parte de los ciudadanos masculinos que tengan 18 años de edad.

En un principio, el Servicio Militar Nacional se cumplía acuartelado bajo banderas; así, dependiendo de los resultados de los sorteos, se encuadraba el personal que resultaba agraciado.

En ese tenor, a partir de 1949, durante 30 años, el Servicio Militar Nacional se llevó a cabo mediante sesiones dominicales de 5 horas de duración; fungiendo como instructores de los centros de adiestramiento, en su minoría personal de Jefes, Oficiales y Tropa del Activo; en su mayoría, Generales, Jefes, Oficiales y Tropa Retirados; Oficiales de Complemento (surgidos de los mismos conscriptos) por lo regular Subtenientes Profesores de Educación Física y Deportes; así como Maestros de Escuela.

Ahora bien, a partir de 1979, se llevó a cabo la reestructuración del Servicio Militar Nacional, disponiendo que fuese impartido en las unidades, escuelas, dependencias y unidades del Servicio Militar Voluntario del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, únicamente el personal que estuviera en capacidad de adiestrarse, organización que prevaleció hasta el año de 1996.

En 1997, se reorientó el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, a efecto de que los conscriptos coadyuvarán con el desarrollo del país aplicando 5 programas de beneficio social, a saber: educativo, deportivo, rescate del acervo cultural, marcha contra las adicciones y de labor social; dicha estructura, prevaleció hasta el año de 2005 y a partir de 2006 únicamente se desarrolló el programa de adiestramiento militar.

Desde entonces, el personal excedente, después de haber cubierto las cuotas asignadas a los centros de adiestramiento, cumple en situación de disponibilidad.

Como puede notarse, el Servicio Militar Nacional ha ido evolucionando según las relaciones internacionales, la institucionalización del país, y las condiciones sociales de un México con mayor población, pero también con necesidades básicas y de justicia social que enfrentar.

No obstante lo anterior, en la actualidad, por lo que hace a la práctica del Servicio Militar obligatorio, los encuadrados realizan labores de trabajo social, mediante las cuales desempeñan actividades relacionadas con la cultura cívica y el desarrollo social del país, como por ejemplo: entrenamiento físico (marchar, correr, saltar obstáculos y bardas); clases de primeros auxilios; servicio a la comunidad (alfabetización, educación física en parques, poda de árboles, pinta de guarniciones y banquetas, limpia de parques, barrancas y calles), principalmente.

En virtud de lo anterior, proponemos de manera respetuosa se analice la viabilidad de abolir el Servicio Militar Nacional obligatorio, toda vez que el servicio militar encuentra su debida protección en el enrolamiento voluntario, conforme a las leyes que lo rigen, allende que los jóvenes y la población en general ejercitan con mayor empuje los actuales derechos humanos de la paz, de la solidaridad y de la cultura, entre otros, todos de tercera generación de derechos, y por lo tanto, los compromisos morales de solidaridad con los más necesitados pueden ser cumplidos a través de otros campos de acción y otras vías institucionales.

En ese tenor, el de los derechos de asumir plenamente la libertad individual y el compromiso con la justicia para todos, el Servicio Militar Nacional debe evolucionar, manteniendo la obligación de servir a la Patria, hacia una decisión directa y personal.

México es un país que busca la paz, la solución pacífica de los conflictos, y para garantizar su seguridad interior y exterior, cuenta con profesional cuerpo de Seguridad Nacional, como son el Ejército, la Fuerza Área y la Marina.

Es importante mencionar, que el objeto del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Mexicanos, tal y como lo señalan sus leyes orgánicas, es brindar el Servicio de las Armas.

México está agradecido con su Ejército, Fuerza Aérea y Armada. El pasado 19 de febrero de 2013, se conmemoró el centenario de la creación del Ejército Mexicano, donde se reconocieron las acciones de una de las instituciones que más confianza genera en la población: el personal militar.

En este sentido, es incuestionable la labor encomiable del Ejército y la Armada de México en los asuntos de la Defensa Nacional.

La Defensa Nacional está garantizada. En el Sexto Informe de Gobierno se reporta que hasta junio de 2012, el número de efectivos ascendió a 263,930 elementos. Del total, 209,716 (79.5%) fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 54,214 (20.5%) de la Secretaría de la Marina-Armada de México (SEMAR), lo que representó un incremento del 1.8% y 1.1%, respectivamente, en relación con 2011.

Es preciso también reconocer que hoy en día, la realidad global y local es muy distinta a la del siglo pasado. De una situación de conflicto bélico latente o presente, hemos de dar paso decidido a un México en paz.

La actualización del marco jurídico en las materias fundamentales, requiere apreciar el paso de la historia, y mucho más cuando se trata de las obligaciones de los mexicanos y de los ciudadanos.

Ayer la obligatoriedad del Servicio Militar Nacional en un contexto de conflicto, hoy una libertad y una responsabilidad social libremente asumida en un contexto de paz.

En síntesis, mantener la obligatoriedad para que los ciudadanos en edad castrense cumplan con el Servicio Militar Nacional, hoy resulta alejada de la esfera del tiempo.

Hoy la historia propone una abolición y toca a los legisladores hacer una valoración para ampliar los márgenes de libertades públicas y de ejercicios sociales que beneficien a los que menos tienen, en un acto de justicia social.

Un tiempo de libertades, un tiempo para la paz.

Por las razones, antecedentes y elementos de información señalados, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5o. y 31 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ABOLICION DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.

ARTICULO PRIMERO: Se reforman los artículos 5o. y 31 de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS para quedar como sigue:

Artículo 5.

...

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

...

...

...

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, en los términos que establezca la ley.

II. Asistir, en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

III ...

IV…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal para su debida observancia.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de abril de 2013.

Sen. Mario Delgado Carrillo”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO, DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR Y SE ABROGA LA LEY DEL SERVICIO MILITAR

(Presentada por el C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

“MARIO DELGADO CARRILLO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XIV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, numeral 1, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa, misma que se presenta en conjunto con la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE ABOLICION DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, como reglamentación secundaria de las disposiciones superiores que resultan de la presente, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa reglamenta las disposiciones constitucionales contenidas en la diversa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE ABOLICION DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.

Por medio de ambas propuestas, se pretende la abolición del Servicio Militar Nacional toda vez que, dada la fecha histórica en la que se concibió la obligatoriedad del Servicio Militar Nacional, fue forzoso constituir las reservas militares necesarias para la Defensa de la Nación de manera circunstancial; no obstante, en la actualidad las previsiones legales no han evolucionado a la par de la historia.

El Servicio Militar Mexicano puede definirse como el mandato constitucional que los jóvenes en edad militar están obligados a cumplir encuadrados o a disponibilidad en los diversos centros de adiestramiento militar. Dicha instrucción militar obligatoria, se lleva a cabo para todos los ciudadanos mexicanos de sexo masculino, entre los 18 y los 40 años.

La importancia del Servicio Militar Nacional radica en disponer de reservas para coadyuvar en la seguridad y defensa de la Nación, contribuir al auxilio de la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres naturales, así como para fortalecer los valores, el respeto por los símbolos patrios y mantener el sentimiento de unidad nacional y amor a la Patria.

Sin embargo, hoy en día el Servicio Militar en México ha evolucionado de su sentido original, tanto por razones históricas, económicas, sociales y culturales.

A diferencia del año de creación del Servicio Militar Nacional, en la actualidad, México no se encuentra inmerso ni cercano a un conflicto bélico.

Esta divergencia entre evolución histórica y expresión legal, se hace patente cuando se revisan los diversos instrumentos legales que le dieron fundamento y razón de ser.

La Ley Orgánica de la Armada de México dispone que la Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Carta Magna, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.

Por otro lado, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, establece que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Asimismo, la Ley del Servicio Militar y su Reglamento declaran obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.

Concatenando lo anterior, se advierte que los elementos que integran tanto la Armada como el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados, adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de sus misiones, y para ello están en capacidad legal para realizar el servicio de manera voluntaria.

En este contexto, a lo largo de la historia de nuestro país el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Mexicanos han demostrado la legalidad, el profesionalismo y la lealtad a la Patria.

En esa tesitura, cabe reiterar, que esta iniciativa de ley valora las siguientes precisiones:

1. La inadecuación de las normas jurídicas del Servicio Militar Nacional con la realidad actual.

2. La inserción en el Servicio de las Armas debería ser una decisión libre y personal en lugar de ser una obligación legal.

3. El Servicio de las Armas requiere convicción, vocación, conocimiento, experiencia y profesionalismo.

4. Actualmente, de hecho y jurídicamente, el Servicio Militar Nacional no corresponde con su génesis histórica ni a los actuales tiempos de derechos de la paz, la solidaridad y la cultura, propios de la tercera generación de derechos.

Ahora bien, por lo que refiere a la propuesta de eliminar la obligatoriedad del Servicio de las Armas, se debe considerar que México es un país que apuesta por la paz, que el personal de las armas se alista de manera voluntaria, tal y como lo prevé la normatividad actual, que el Ejército, la Fuerza Aérea y Armada Mexicanos deben seguir prestando sus servicios leales a la Patria realizando actividades que estén vinculadas inherentemente al Servicio de las Armas.

Por los elementos expuestos, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 29 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 5/o, 149, 180 Y 181 DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS; 48, 50, 72 Y 88 DE LA LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO Y 275 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR, SE DEROGA EL ARTICULO 7o. DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS, Y SE ABROGA LA LEY DEL SERVICIO MILITAR.

ARTICULO PRIMERO: Se reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- ...

II.- Se deroga.

III a la XX. ...

ARTICULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 5/o, 7/o, 149, 180 y 181 de la LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS para quedar como sigue:

ARTICULO 5/o. Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por norma Constitucional pertenecen al Servicio Militar.

ARTICULO 7/o. Se deroga.

ARTICULO 149. El Reclutamiento del personal de tropa del Ejército y Fuerza Aérea, se llevará a cabo por enganche voluntario, seleccionando a los individuos que lo soliciten, bajo las condiciones estipuladas en los contratos de enganche correspondientes.

ARTICULO 180. La primera reserva se integra con:

I.…

II. Los Cabos y Soldados del Servicio Militar que cumplan su tiempo de enganche en el activo, quienes permanecerán en esta reserva, hasta los 36 años de edad;

III. Se deroga.

IV. Se deroga.

V …

VI...

ARTICULO 181.

I. Los Cabos y Soldados del Servicio Militar hasta los 45 años de edad;

II. Se deroga; y

III. Los demás mexicanos a que se refiere la fracción V del Artículo anterior hasta los 40 años de edad.

ARTICULO TERCERO: Se reforman los artículos 48, 50, 72 y 88 de la LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO para quedar como sigue:

Artículo 48.- El reclutamiento del personal de marinería se efectuará por contrato de enganche voluntario, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el mismo.

Artículo 50.- El personal de la milicia auxiliar se reclutará por contrato de enganche voluntario, según las condiciones y términos establecidos en el mismo. Podrá reengancharse o causar baja de acuerdo a lo contenido en la presente Ley y los reglamentos correspondientes.

Artículo 72.- El personal se encuentra en servicio activo cuando está:

I. Prestando sus servicios en unidades y establecimientos navales;

II a la V …

Artículo 88.- La primera reserva se integra con personal físicamente apto de:

I. …

II…

III. Oficiales, clases y marinería hasta las edades de treinta y seis, treinta y tres y treinta años, respectivamente;

IV a la VIII …

ARTICULO CUARTO: Se reforma el artículo 275 del CODIGO DE JUSTICIA MILITAR, para quedar como sigue:

Artículo 275.- Lo que por causas legítima se hubieren dispersado del cuerpo de tropas o buque a que pertenezcan, serán castigados como desertores, según las circunstancias que hayan intervenido en su separación, si tan luego como les fuera posible, no se presentarena su mismo cuerpo de tropas o buque o a otras fuerzas o buques de guerra nacionales o a la autoridad militar, marítima o consular más próxima.

Las mismas reglas se observarán respecto de los militares que habiendo caído prisioneros de guerra, no se presenten oportunamente a quien corresponda después de recobrar su libertad.

Se impondrá la pena de un mes de prisión al miembro de las reservas del Ejército o de la Guardia Nacional, que, sin impedimento justificado, no se presente al lugar que se le designe en el llamamiento, dentro del plazo correspondiente.

Se deroga.

Se deroga.

ARTICULO QUINTO: Se abroga la LEY DEL SERVICIO MILITAR.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal para su debida observancia.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.

CUARTO.- Todos los recursos financieros presupuestados para dar cumplimiento a las disposiciones del Servicio Militar nacional que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto no hayan sido ejercidos por las autoridades militares o navales correspondientes, o cualquier otra autoridad federal, deberán ser reintegrados dentro de los 30 días naturales siguientes a la Tesorería de la Federación. La Secretaría de Educación Pública deberá realizar las adecuaciones presupuestales correspondientes para que dichos recursos sean destinados a los programas de estímulos a la educación media superior.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de abril de 2013.

Sen. Mario Delgado Carrillo”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE JORNALEROS AGRICOLAS

(Presentada por los CC. Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Ascención Orihuela Bárcenas y Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

“H. CAMARA DE SENADORES
DE LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

Los suscritos Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Ascención Orihuela Bárcenas y Manuel Humberto Cota Jiménez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social en materia de Jornaleros Agrícolas, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la promulgación de la Constitución Política de 1917, el Estado mexicano se distinguió por ser la primera en reconocer a nivel constitucional las garantías y los derechos de las clases trabajadora y campesina, constituyéndose de esta forma en el primer Estado Social de Derecho, el cual enarbola como valores fundamentales la igualdad y la justicia social.

En efecto, nuestra Constitución, en su artículo 123 y, posteriormente, la Ley Federal del Trabajo, establecieron los derechos fundamentales de los trabajadores con el objeto de lograr el equilibrio entre los factores de la producción y una distribución más justa de la riqueza. Además, con la finalidad de garantizar el bienestar de la clase trabajadora y sus familias, se estableció su derecho a gozar de seguridad social, creándose para tal efecto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, a más de un siglo de nuestra gesta Revolucionaria, el derecho al trabajo y los beneficios de la seguridad social no han llegado a todos los trabajadores, ya que han quedado excluidos los trabajadores más desprotegidos y vulnerables del país, los trabajadores del campo.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo levantada en el año 2012 por el INEGI, revela que en nuestro país existen 6.5 millones de trabajadores en el sector agropecuario, localizados en zonas no urbanas. De este universo, 1 millón 727.349 personas trabajan por su cuenta explotando su parcela, es decir, practican la agricultura de subsistencia, y 2 millones 653,711 personas declararon haber percibido un ingreso por un trabajo remunerado con un patrón, cifra mayor en aproximadamente 400,000 personas respecto de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2007.

Sin embargo, según datos de la encuesta de 2007, el 84 por ciento de los trabajadores del sector declaró haber trabajado menos de 48 horas a la semana, mientras que el otro 16 por ciento, declaró haber laborado semanas completas, lo que es un claro indicador de que en el sector agropecuario el trabajo no es permanente y la demanda de fuerza laboral se da en forma estacional.

Esto está determinado porque en las actividades agropecuarias el trabajo va en relación a la duración de los ciclos productivos, que no se extienden, en promedio, más allá de 27 semanas al año. El trabajo, por tanto, es intermitente y está sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas, por lo que es de una alta demanda laboral al final del ciclo (con la recolección de las cosechas), pero el resto del año no hay labores que desempeñar. Asimismo, existe una alta rotación patronal, ya que los trabajadores llegan a prestar su fuerza laboral a diversos patrones en un mismo periodo de 27 semanas, incluso a diversos patrones en una misma semana.

Este tipo de trabajo, es prestado por trabajadores conocidos como “jornaleros agrícolas”, quienes se caracterizan por ser personas con un alto grado de marginación que, ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen, se ven obligados a trasladarse a los Estados en los que se encuentra concentrada la producción agrícola, para laborar en los campos.

Datos del “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” (en adelante “PAJA”) de la Secretaría de Desarrollo Social muestran que se trata de un universo de, al menos, 3.3 millones de personas, de los cuales al menos 1.2 millones son migrantes.

Esta población está conformada en un 42.6 por ciento por mujeres, un 57.4 por ciento por hombres, y cerca del 40 por ciento de la población total son menores de 15 años. Asimismo, el 40 por ciento de esta población pertenece a algún grupo indígena; por su número, destacan mixtecos (42.7 por ciento), nahuas (23.6 por ciento) y zapotecos (12.4 por ciento), el resto se distribuye en 16 grupos diferentes.

Cabe señalar además, que el 29 por ciento de los jornaleros de 15 años y más es analfabeto. Poco más de la mitad de los jornaleros (55.6 por ciento) migra en grupos familiares y cerca del 61.1 por ciento de los hijos de familias jornaleras de entre 4 y 14 años de edad no asiste a la escuela; 12 por ciento no cuenta con acta de nacimiento y casi el 90 por ciento no tiene cartilla militar. Las mujeres jornaleras reciben mínima atención médica durante su embarazo, y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.

Estos datos, sumados al hecho de que en muchos casos se ven involucrados en relaciones laborales informales, prestaciones de seguridad social inexistentes en muchas regiones del país, y la incorporación de los menores al trabajo, la mayoría de las veces con la anuencia de los padres, para obtener un mayor ingreso familiar, son una muestra del grado de marginalidad y pobreza de este sector de la sociedad.

Cabe mencionar que los programas de gobierno que se han desarrollado para atenderlos son apenas un paliativo, ya que para el desarrollo de muchos de estos programas no se toman en cuenta ni las diferencias regionales del país ni la diversidad cultural del campesinado mexicano, ni la característica propia de las actividades agropecuarias que son de carácter aleatorias. Asimismo, no representan una solución de fondo a las necesidades de esta clase de trabajadores, la cual únicamente podrá provenir de las reformas legislativas que garanticen el goce de los derechos que en estos momentos sólo tienen en papel.

En efecto, hasta ahora el Estado ha mostrado su incapacidad para hacer efectiva la garantía constitucional inherente al derecho al trabajo durante todo el año para los trabajadores estacionales del campo. Para ellos, que tienen trabajo cuando mucho durante 27 semanas, el resto del año esta garantía se convierte en letra muerta, y con ello también el derecho a la seguridad social.

Es importante señalar que en esta Legislatura ya dimos los primeros pasos para la protección de los jornaleros agrícolas al discutir y aprobar la reforma laboral. Efectivamente, a la iniciativa de reforma laboral que presentó el anterior Presidente de la República el pasado 1º de septiembre de 2012, con carácter de iniciativa preferente, los diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional propusimos y aprobamos modificaciones a fin de reconocer a los trabajadores estaciones del campo en los siguientes términos:

Ley Federal del Trabajo

“Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón.

Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales.”

“Artículo 279 Ter. Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural.”

Sin embargo, aún queda pendiente modificar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de ajustar sus disposiciones a la reforma de la Ley Federal del Trabajo y garantizar el derecho a la seguridad social de los trabajadores estacionales del campo.

Al respecto, cabe mencionar que, en el año 2006 del total de la población ocupada en el sector agropecuario los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante “IMSS”) sumaban únicamente 456 mil trabajadores. Es decir, el 93 por ciento de los 6.5 millones de trabajadores del campo estaban excluidos de la cobertura de la seguridad social.

En el caso de los jornaleros agrícolas afiliados las cifras son aún más alarmantes, ya que para el año 2006, los trabajadores eventuales del campo afiliados sumaban apenas 140,000 personas. Cifra que no ha aumentado significativamente en los últimos años, toda vez que el IMSS reportó que para el año 2011 el número de afiliados era de apenas 147,909. Si se toma en cuenta que el número de jornaleros agrícolas puede llegar a los 3.3 millones de personas, están excluidos de la seguridad social más del 97 por ciento de estos trabajadores.

Cabe señalar que la seguridad social en el campo está concentrada principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, que aportan el 89% de las cuotas de origen agrícola al IMSS. El otro 11% proviene de la agricultura del resto de los 28 estados del país, a pesar de que en el Noroeste sólo se cultiva el 9% de los 22 millones de hectáreas; trabajan apenas el 12% de los jornaleros y se genera el 14.5% del PIB agrícola nacional. En tanto que en las otras regiones del país, donde reciben sus salarios 2 millones de trabajadores del campo, importantes sectores de la agricultura no contribuyen a la seguridad social.

Esto pone de manifiesto que son los trabajadores del campo una de las clases más desprotegidas del país, los cuales, junto con sus familias, alcanzan la cantidad aproximada de 10.5 millones de mexicanos a los que la seguridad social, con sus limitantes, no ha podido otorgarles los beneficios que les corresponden, principalmente en los Estados del Sureste.

La falta de afiliación en el IMSS es ocasionada por una gran diversidad de factores, dentro de los que cabe mencionar el alto costo que representa para los patrones del campo cubrir las aportaciones de seguridad social de sus trabajadores, la alta rotación de los trabajadores y el enorme burocratismo que impone el Instituto para que las patrones agrícolas puedan cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, un factor esencial es la naturaleza estacional del trabajo del campo lo que, aunado a los costos de inscripción en el IMSS, hacen incosteable para los empleadores la afiliación de sus trabajadores a dicho Instituto. En efecto, como lo señala la propia encuesta, el trabajo en el sector agropecuario es predominantemente estacional, con una proporción muy baja de trabajadores de planta. El trabajo, por tanto, es intermitente, volátil y siempre sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas.

Esto queda de manifiesto en los propios datos publicados por el IMSS, los cuales muestran el comportamiento marcadamente estacional del trabajo del campo, toda vez que el mayor número de trabajadores no permanentes se alcanza en el mes de marzo y el menor registro se presenta alrededor del mes de julio de cada año.

El alto costo que representa la seguridad social para el campo y la complejidad administrativa que impone la ley vigente, son los principales obstáculos para que un mayor número de patrones se registren y un mayor número de jornaleros sean afiliados. En los últimos 10 años, el costo de la seguridad social al campo se ha incrementado 10 veces, afectando seriamente la economía de los productores que ya cotizan, lo que ha desincentivado la afiliación de más trabajadores. Las propias cifras del IMSS confirman que a mayor costo, menor afiliación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es una extraordinaria institución, pero su accionar es fundamentalmente urbano. En efecto, en las familias con un solo cotizante el IMSS se obliga a prestar atención a toda la familia hasta que los hijos terminan su educación universitaria y se incorporan a la fuerza de trabajo. En cambio, en el campo la incorporación de la familia a la fuerza de trabajo ocurre desde los 16 años y en una sola familia puede haber más de 3 cotizantes.

A diferencia de las ciudades, en el campo la actividad es estacional y por tanto el tiempo de exposición al riesgo no supera las 27 semanas al año. Más del 80% de las actividades son manuales y el contacto con máquinas y herramientas es mínimo en comparación con la industria y los servicios. Las altas primas por riesgos de trabajo, con que son tasadas las actividades agropecuarias, inciden en el costo de la seguridad social lo que en los hechos termina ahuyentando la afiliación.

Asimismo, los trabajadores afiliados en ningún momento logran laborar el número de semanas consecutivas suficientes para recibir la protección de la seguridad social. Por ejemplo, el artículo 102 vigente de la Ley del Seguro Social, establece que la trabajadora, para obtener el derecho a recibir su seguro por maternidad, debe cotizar al menos 30 semanas durante los últimos doce meses, cuando las trabajadoras jornaleras laboran, a lo sumo, 27 semanas al año.

Sin embargo, el caso más dramático es el de los seguros del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, en donde se establece que un asegurado para poder obtener el derecho a recibir una pensión, debe acreditar haber laborado al menos 1,250 semanas. Si un trabajador urbano, que labora las 52 semanas al año, le toma 24 años en obtener su derecho a recibir una pensión, a un trabajador estacional del campo, que labora 27 semanas al año, le toma al menos 46 años en cumplir con el número de semanas solicitados.

Por ello resulta inaceptable que el actual modelo de la Ley del Seguro Social y el IMSS, pretendan trasladar el modelo urbano de altos costos de seguridad social a los trabajadores estacionales del campo, ya que en las ciudades los obreros trabajan todo el año y en el campo cuando mucho seis meses. De ahí que sea inequitativo pretender cobrar las mismas contribuciones que pagan los patrones y trabajadores de las ciudades a los que hacen producir la tierra, así como exigir que los jornaleros cubran el mismo número de semanas para obtener el derecho a recibir las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social.

La iniciativa que se propone, parte del principio indiscutible de que para que los trabajadores estacionales del campo tengan acceso a todos los beneficios de la seguridad social, primero tienen que estar afiliados.

Lo anterior sólo podrá lograrse si se toma en consideración que la actividad económica del sector primario está condicionada por múltiples factores tanto ambientales, como sociológicos y económicos, por lo que la actividad del campo no puede estar gravada en la misma forma que lo está la actividad urbana.

La forma de cotizar debe ser diferenciada en tanto que el trabajador del campo sólo puede laborar durante medio año en el mejor de los casos. Sin embargo, las necesidades de salud, cuidado de sus hijos, jubilación y retiro para los trabajadores eventuales y estacionales del campo son las mismas que para los trabajadores urbanos. Un sistema de cotización justo debe considerar esta circunstancia para garantizar el acceso de los trabajadores del campo a los seguros y beneficios de la seguridad social.

Por otra parte, la infraestructura de Guarderías y Clínicas para la atención de jornaleros y madres trabajadoras en el campo, es insuficiente para los incrementos en la demanda estacional que generan los jornaleros.

Apenas el 1% de las guarderías del IMSS están en el campo, y los esquemas de subrogación establecidos en las reglas de operación aprobadas por el Consejo Técnico, no fomentan el interés de los patrones en este esquema ya que el establecimiento del pago por los costos en los que incurrieron brindando estancia infantil a los hijos e hijas de los trabajadores, queda a la discrecionalidad del Instituto.

La capacidad del IMSS para prestar los servicios médicos en general, se ha deteriorado. Los indicadores de camas y consultorios por cada mil derechohabientes han caído más del 30% en los últimos 15 años, en tanto que la población asegurada, esencialmente urbana, ha crecido un 26%.

La expectativa de que la demanda de servicios de los trabajadores estacionales del campo afiliados y sus familias, sea cubierta apropiadamente por el IMSS, está cada día más lejana y esa carga está siendo subsanada gradualmente por algunos patrones bajo su propio costo.

En razón de lo anterior, para garantizar la seguridad social en el campo, la participación del gobierno es indispensable e irremplazable, pero debe ser soportada por la participación activa de los patrones del campo, sin que el gobierno delegue sus obligaciones constitucionales. En ese sentido, se debe garantizar la reversión del costo institucional de los servicios prestados por el patrón en subrogación de las obligaciones del Estado.

Por ello, resulta impostergable modificar diversos artículos de la Ley del Seguro Social, a fin de que se reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores estacionales en el campo, ampliando sus formas de acceso a la seguridad social.

Es el momento de hacer del campo mexicano el detonante del crecimiento y soporte del país y, para ello, se deben garantizar las mejores condiciones a sus principales recursos humanos, que son los trabajadores estacionales.

En ese sentido, como lo muestran las cifras del INEGI, si bien el sector agropecuario había sido el único que había mostrado un crecimiento constante desde la crisis económica de 2008 (ya que en el año 2009 el Producto Interno Agropecuario creció 1.8 por ciento mientras el Producto Interno Bruto Nacional sufrió una caída del 6.5 por ciento, en el año 2010 el PIB Agropecuario subió 5.7 mientras que el PIB Nacional creció 5.5 por ciento), en el año 2011 el PIB Agropecuario sufrió una caída del 0.6 por ciento, a pesar de que el PIB Nacional creció 3.9 por ciento.

Por ello es necesario adoptar las medidas legislativas necesarias para fortalecer dicho sector y garantizar la creación y mantenimiento de las plazas laborales existentes.

La Iniciativa que ahora se propone busca no solo proteger los empleos, sino promover la mejora en las condiciones de cada trabajador estacional en el campo, fortaleciendo la seguridad social, y promoviendo la inversión privada.

La iniciativa que ahora se propone logra dicho objetivo, considerando que:

1. Se incrementa la demanda laboral en el cada vez más abandonado campo mexicano al mejorarse, radicalmente y de forma sostenible:

a. La determinación de las aportaciones de cuotas obrero-patronales con un factor benéfico para el trabajador y accesible al patrón, y

b. La vigencia del derecho a la seguridad social, aún en las temporadas en que no se encuentre laborando.

2. Se promueve la reinversión del capital privado en las actividades primarias al establecer un régimen de aportación y corresponsabilidad de los patrones y el Estado, sin que éste último delegue su obligación de prestar servicios de salud a toda la población y, en particular, a la de las zonas de mayor marginación en nuestro país.

Para lograr lo anterior, es necesario establecer los mecanismos que garanticen:

•El acceso a la seguridad social al mayor número de trabajadores estacionales del campo.

•La distinción entre trabajador estacional y eventual del campo, y de estos con los trabajadores eventuales de las zonas urbanas, tal como se logró con la reforma laboral.

•Un registro del trabajador estacional del campo, a fin de garantizar su protección desde el inicio de sus labores.

•La atención médica durante todo el año a pesar de haber laborado de forma intermitente durante el mismo.

•El cumplimiento del pago de las cuotas obrero-patronales, en la justa proporción que requiere una actividad intermitente como la que realizan los trabajadores estacionales del campo.

•La corresponsabilidad del Estado y los patrones en el otorgamiento material y humano de la seguridad social en aquellos lugares en que el Instituto Mexicano del Seguro Social no pueda garantizar una inversión permanente ante una demanda volátil.

•La retribución justa por concepto de reversión del costo institucional a los patrones que cumplan con su obligación solidaria de otorgar seguridad social.

• La disminución del número de semanas que un trabajador debe cotizar para poder acceder a los seguros y beneficios de la seguridad social.

El régimen vigente para los trabajadores del campo no contempla las peculiaridades que tiene un trabajador estacional, por lo que es necesario modificar el marco normativo actual, para brindar la seguridad social que requieren, además de la creación de un sistema de participación rentable, compartida y de amplio espectro para los jornaleros y patrones.

El nuevo régimen debe considerar la cobertura de los servicios y demandas aun cuando no se encuentren laborando en determinado periodo del año, pero se encuentren inscritos y hayan cotizado como trabajadores estacionales. Esto beneficiaría además a sus dependientes económicos. De ahí la necesidad de que la clase trabajadora estacional del campo tenga los mismos derechos que el resto de los trabajadores del campo.

Por otra parte, para solucionar el problema de la falta de atención médica, es necesario reconocer una nueva modalidad del trabajo en el campo, que refleje las características especiales del tipo de trabajo desarrollado.

La seguridad social es una corresponsabilidad entre Estado, patrones y trabajadores; sin embargo, esta responsabilidad debe ser regulada por un sistema de normas que garantice la sustentabilidad de la seguridad social a lo largo del tiempo.

A los trabajadores estacionales se les brindarían los beneficios de los seguros que presta el IMSS para el resto de los trabajadores, pero con un diseño tal que tanto Estado como patrones puedan sufragar en forma responsable y duradera, con la modificación de los factores para determinar las cuotas obrero-patronales.

Ahora bien, es una realidad que el IMSS, debido a su restricción presupuestal, tiene una cobertura limitada a nivel nacional de todos los seguros que ofrece, y esto es más notorio en el campo. A pesar del crecimiento en infraestructura para la prestación de servicios relativos a los seguros de ley, la misma se procura llevar a cabo donde existe una demanda más constante, regular o creciente, concentrándose de esta manera en zonas urbanas.

Para modificar esta situación, se propone rediseñar el esquema de subrogación. De esta forma, en beneficio de los trabajadores que laboran en áreas en las que no se prestan los servicios básicos de seguridad social, se pretende establecer un régimen de incentivos a los patrones para la creación de servicios básicos de seguridad social: atención médica, maternidad y guarderías.

En todo caso, el régimen de subrogación establece que el patrón deberá recibir por concepto de reversión o contraprestación, al menos, el costo institucional que al IMSS hubiera representado la prestación del servicio a fin de garantizar la participación y la no simulación de los patrones.

Por otra parte, en la presente iniciativa se propone que, en materia de riesgos de trabajo, se establezca la cobertura al patrón y una fórmula de cálculo de la prima que redunda en la posibilidad del empleador de aportar al fondo de este seguro la tasa de la Clase I de 0.54355 del salario base de cotización, considerando que los riesgos en las actividades agropecuarias son mínimos, dada la alta proporción de actividades manuales y que la exposición al riesgo va en función del ciclo productivo que dura en promedio 27 semanas al año.

Cabe señalar que hoy día la agricultura está clasificada entre las actividades de la Clase III y la prima media de riesgos de trabajo que le corresponde es la de 2.59840 por ciento. Esta prima es comparable a la que tienen actividades como la fabricación de substancias químicas e industriales, resinas sintéticas, elaboración de pinturas, jabones, detergentes, fabricación de lavadoras, estufas, refrigeradores, alambres y cables de energía eléctrica, azulejos, por mencionar sólo algunas. Todas ellas son actividades en donde predomina el trabajo de planta y donde las fórmulas actuariales de los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento, consideran un periodo de exposición al riesgo de 300 días laborables al año, por lo que no son actividades equiparables o equivalentes a las labores propias del campo.

Por ello, esta es una de las principales causas que provocan el bajo índice de afiliación de los trabajadores del campo al IMSS. En ese sentido, al ser mayor el costo de una prima en este nivel de riesgo, se desalienta la inscripción de los trabajadores que, en el caso de la agricultura, están expuestos a un grado de riesgo que es mucho menor al que están expuestos trabajadores del sector de la transformación. Por tanto, en atención a que las labores del campo son actividades predominantemente manuales, en las que la exposición a máquinas y herramientas es menor que en ciertas áreas de la industria, y en las que la exposición al riesgo no es permanente, sino estacional y dura en promedio 27 semanas al año (equivalente a 155 días laborables en promedio, considerando el factor de 5.76 días laborables por semana al año), no se justifica la clase que actualmente tienen asignada conforme al artículo 73 de la ley vigente y por tanto, se propone que la prima de riesgos de trabajo para las actividades primarias sea la que le corresponde a la Clase I, de cero punto cinco por ciento sobre el Salario Base de Cotización.

Por otra parte, con la finalidad de facilitar el pago de las cuotas obrero-patronales, se propone el establecimiento de un salario de referencia, que brindará seguridad tanto a patrones como a trabajadores. Al respecto, es de señalarse que el salario de referencia que se propone, es el mismo que el Ejecutivo determinó y estableció en el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, y cuya vigencia se ha extendido mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de enero de 2008, 30 de diciembre de 2008, 28 de Diciembre de 2010 y finalmente por el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto el 20 de diciembre de 2012.

Al respecto, es de señalarse que no se propone que el Estado destine recursos demagógica e irresponsablemente con medidas paternalistas que no dan una solución de fondo, sino que garantice sólidamente el cumplimiento de su obligación constitucional de otorgar seguridad social a los más desprotegidos.

Finalmente, la presente iniciativa propone la creación de Formatos de Autorización para la Atención Médica, los cuales serán expedidos por el IMSS y entregados por los patrones a sus trabajadores, con la finalidad de evitar que se les niegue atención médica por no encontrarse actualizados los registros de afiliación del propio Instituto.

Son muchas las razones que se han considerado para plantear la propuesta que ahora se somete a la consideración de esta Soberanía, sin embargo, todas parten del hecho de que el Estado mexicano no ha podido garantizar a los trabajadores estacionales del campo el derecho constitucional inherente a la seguridad social y a la estabilidad laboral.

La Iniciativa que proponemos busca replantear los modelos que ya se quisieron instrumentar en esta materia, pero que han probado su ineficiencia. Es necesario, simplificar el cumplimiento de las obligaciones patronales, favorecer la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano, reconocer las condiciones del trabajo en el campo para la determinación de las cuotas obrero-patronales; y permitir a los jornaleros el goce de una pensión al finalizar sus actividades laborales por el tiempo equivalente de cualquier otro trabajador.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Artículo Único. Se reforman los artículos 5-A en sus fracciones XVIII y XIX, 12 en su fracción I, 15 en su fracción I, 102 en su fracción I, 122, 154 en su párrafo segundo, 162 en su primer párrafo, 237, 237-A, 237-B en sus fracciones II y III, 237-C, 237-D y 287; y se adicionan una fracción XX al artículo 5-A, un tercer párrafo al artículo 9 recorriéndose el vigente, un párrafo a los artículos 16, 28 y 73, un párrafo tercero al artículo 154 recorriéndose los subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 162 recorriéndose el subsecuente, un segundo párrafo al artículo 212, un segundo párrafo al artículo 240, y los artículos 237-E y 237-F en su totalidad, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: ….

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal. Para efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la ley;

XIX. Trabajador estacional del campo: personas física que es contratada para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

El trabajador estacional del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a veintisiete semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser considerado trabajador permanente.

Los trabajadores estacionales del campo accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la presente Ley. Los criterios de cotización, el cálculo de las semanas laboradas y la forma de registro, presentación de movimientos y pago de cuotas correspondientes, se ajustarán a lo previsto en esta Ley y el reglamento respectivo.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural; y,

XX. Salario de referencia: El importe estimado como ingreso promedio diario de los trabajadores estacionales del campo, el cual se calcula de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-D de la presente Ley.

Artículo 9.….

Por lo que se refiere a empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas y, en general, a los patrones de trabajadores del campo, se estará específicamente a lo señalado en el Código Civil Federal para lo relacionado con siniestros, caso fortuito y fuerza mayor, así como a la regulación relativa a desastres naturales; éstos supuestos son una excluyente para el pago de las cuotas de los trabajadores permanente, eventuales y estacionales del campo, de conformidad con las reglas generales del Instituto y le corresponde al Consejo Técnico aplicar estas reglas.

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente, eventual o estacional, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;

Artículo 15. Los Patrones están obligados a:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles, salvo tratándose de patrones de trabajadores estacionales del campo, en cuyo caso los plazos serán los establecidos en el artículo 237, fracción IV, de esta Ley.

II a IX ...

Artículo 16.

I. ...

II. ...

Para los efectos del párrafo primero del presente artículo, no se contabilizarán los trabajadores estacionales del campo.

Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

El salario base de cotización de los trabajadores estacionales del campo, se ajustará a las disposiciones del Capítulo X del Título Segundo de la presente Ley y los reglamentos correspondientes.

Artículo 73. …

……(Tabla)

……

La prima de riesgos de trabajo para los patrones con actividades agropecuarias que contraten trabajadores estacionales del campo, será la correspondiente a la Clase I de 0.54355 por ciento sobre el Salario Base de Cotización y no estará sujeta a lo que señala el artículo 74.

Artículo 102.…

I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio, salvo que se trate de una trabajadora eventual del campo, caso en el cual deberán estar cubiertas por lo menos doce semanas de cotización en ese mismo periodo;

II. …

Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acreditado el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización, a menos que el asegurado siempre se hubiese desempeñado como trabajador estacional del campo, caso en el que bastará que tenga acreditado el pago de setenta y cinco semanas de cotización.

En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez, sólo se requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta semanas de cotización, salvo que se trate de un trabajador estacional del campo, caso en el cual bastará tener cubiertas setenta y cinco semanas de cotización.

Artículo 154.……

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. Cuando el asegurado se haya desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, solo requerirá haber cubierto, al menos, seiscientas veinticinco semanas de cotización para gozar de las prestaciones correspondientes a este ramo.

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

….

….

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. En caso que el asegurado se hubiere desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, para gozar de las prestaciones del seguro de vejez deberá haber cumplido sesenta y cinco años de edad y tener reconocidas seiscientas veinticinco semanas de cotización por lo menos.

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.

Tratándose de los patrones de trabajadores del campo, la obligación establecida en la fracción XIII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, se cumplirá mediante el pago de la prima establecida en el artículo 211 de la presente Ley.

Artículo 237. Los trabajadores asalariados de carácter permanente, eventual y estacional en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan la presente ley y los reglamentos que correspondan.

Los trabajadores estacionales del campo y sus patrones se sujetarán a las siguientes modalidades:

I. El Estado cubrirá las prestaciones en dinero y en especie, así como los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad.

II. Los patrones cubrirán en términos de la presente Ley las cuotas para los seguros de Riesgo de Trabajo, Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

III. Las cuotas patronales se calcularán con base en el salario de referencia establecido en los artículos 5-A, fracción XX, y 237-D de la presente Ley.

IV. Para el registro, presentación de movimientos, pago de cuotas y obtención de beneficios fiscales, los patrones deberán:

a) Registrarse en el Instituto dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de sus actividades.

b) Presentar mensualmente ante el Instituto la relación de movimientos afiliatorios en un plazo no mayor a ocho días hábiles posteriores al mes de que se trate.

El Instituto brindará la atención correspondiente a los trabajadores que aún no hubiesen sido registrados, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, previa acreditación de los mismos de su calidad de trabajadores estacionales del campo mediante el Formato de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC) emitido por el Instituto y expedido por el patrón de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-F de la presente Ley.

c) Pagar las cuotas correspondientes dentro de los diecisiete días hábiles del mes siguiente al de la presentación de la relación de trabajadores a que se refiere el inciso anterior.

V. Las demás que establezcan los reglamentos que correspondan.

Artículo 237-A. En aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, éstas sean insuficientes en función de la oferta y la demanda estacional de servicios o no pueda atender a los trabajadores del campo por razones de distancia, especialidad médica u oportunidad para prestar los servicios de salud y guarderías que tiene encomendados, eximirá al patrón y a los trabajadores del campo de las contraprestaciones correspondientes; sin embargo, cuando los patrones, así como las organizaciones de los trabajadores, otorguen por su cuenta las prestaciones de enfermedades y maternidad, así como las de guarderías que le corresponden al Instituto, estos podrán celebrar convenios con el Instituto en el que se incluya la compensación por los costos incurridos en la prestación de tales servicios.

Dichos convenios se celebrarán de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico, pero el pago por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, no podrán ser inferiores al costo por servicio equivalente que represente al Instituto, brindar la atención en la unidad más próxima.

En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este artículo estarán obligados a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio Instituto, en los términos de las reglas de carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico. Dichas instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia deberán ser acordes a las circunstancias en que desarrolle su actividad el patrón del campo, dentro del medio rural en que se desenvuelve en virtud de que, de no poder dar el servicio el Instituto, éste no podrá exigir más de lo que pueda otorgar.

Artículo 237-B.-

I. ...

II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores así como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los términos y dentro de los plazos que establece la presente Ley y el reglamento correspondiente; y,

III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan la presente Ley y los reglamentos respectivos.

Artículo 237-C.- Los patrones del campo podrán excluir, independientemente de lo establecido en el artículo 27 de esta Ley como integrante del salario base de cotización o de referencia, según el caso, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad, hasta por el veinte por ciento del salario base de cotización o de referencia, según el caso, observando lo dispuesto en el artículo 29, fracción III de esta Ley. Para que el concepto de productividad mencionado en este artículo, se excluya como integrante del salario base de cotización, deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón.

Artículo 237-D. Los patrones del campo que contraten trabajadores estacionales del campo, podrán efectuar la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales con el salario que resulte de aplicar el factor de 1.68, sobre el salario mínimo diario general vigente del área geográfica que corresponda, siempre y cuando el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y pago de las cuotas obrero patronales, se hará con base en el salario real percibido por el trabajador.

El salario resultante de aplicar el factor de 1.68 al salario mínimo diario general vigente, se actualizará anualmente en base a los incrementos porcentuales que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para cada una de las zonas económicas determinadas.

Artículo 237-E. Para el cumplimiento de los servicios de salud, el Instituto expedirá los formatos de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC), mismos que obtendrá el patrón del campo sin costo alguno al inicio de cada ciclo agrícola o al principio del año, según prefiera.

Cuando alguno de los trabajadores del campo requiera servicios médicos, deberá de obtener del patrón uno de los formatos firmados, conservando el patrón del campo el talón del mismo para futuras revisiones del Instituto. El derechohabiente entregará el formato AMTC en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS Régimen Obligatorio o en la Unidad de Medicina Rural del IMSS Oportunidades que corresponda, a fin de acceder a los servicios médicos. Los formatos serán de vigencia anual, intransferibles, inalienables y personales.

El patrón que requiera más formatos durante el ciclo agrícola que corresponda o durante el año, deberá solicitarlo por escrito a la Subdelegación que le corresponda, a fin de que ésta pueda proporcionarle formatos adicionales, previa comprobación del uso total de los que se le hubieren entregado, conforme a los informes mensuales proporcionados por el mismo patrón del campo.

Los formatos que no hayan sido utilizados al término del año calendario, deberán ser devueltos al Instituto y podrán ser canjeados por los del siguiente año calendario.

El patrón del campo y los trabajadores estacionales del campo a quienes se les otorguen, serán responsables del correcto uso de los formatos AMTC que hayan recibido.

En caso de que se propicie u obtenga algún beneficio indebido, con motivo de la utilización del formato AMTC, el patrón o trabajador estacional del campo, estarán sujetos a lo establecido en el artículo 314 de la Ley.

Los patrones del campo deberán informar, después de cada ciclo agrícola o anualmente para los dedicados a actividades ganaderas, al Instituto en la subdelegación correspondiente, por escrito y bajo protesta de decir verdad, sobre los formatos usados en el año anterior, indicando el nombre del trabajador a quien se le haya proporcionado cada formato, el número de folio del formato y la fecha de entrega del formato. Asimismo, deberá indicar sobre los formatos usados, si corresponden a una enfermedad o a un accidente de trabajo.

Artículo 237-F. Es obligación de las personas físicas o morales que adquieran cultivos en pie, así como explotaciones ganaderas, acuícolas o forestales, respecto a los cuales se requiera el empleo de trabajadores estacionales o eventuales del campo para culminar el ciclo productivo, registrarse y registrar a sus trabajadores ante el Instituto a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha en que tales actos ocurran.

El instituto deberá proveer de los medios técnicos para facilitar y vigilar el cumplimiento expedito de la presente obligación.

Artículo 240. ……

Los trabajadores estacionales del campo y sus familias disfrutarán de manera gratuita de las prestaciones aludidas en el párrafo anterior en los períodos en que permanezcan desempleados, siempre y cuando acrediten que en los doce meses anteriores, cubrieron ante el Instituto por lo menos veintisiete semanas de cotización como asegurados, en los términos del reglamento respectivo.

Artículo 287. Las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de esta Ley, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, tienen el carácter de crédito fiscal. Quedan exceptuados de ser embargados, así como ser sustraídos, o inmovilizados los bienes materiales de producción agropecuaria, las cuentas bancarias destinadas a tales operaciones y los predios y terrenos en que se realicen o empaquen los cultivos o produzcan los animales; se exceptúa lo anterior si los adeudos al Instituto superan el setenta por ciento del valor de avalúo del predio o predios rústicos donde se llevan a cabo tales labores.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los patrones de trabajadores estacionales del campo que a la entrada en vigor del presente Decreto no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto, podrán hacerlo en la forma y términos establecidos en el artículo 237, fracción IV, inciso a), de la Ley del Seguro Social, sobre la base de 1.05 salarios mínimos como Salario Base de Cotización y con las actualizaciones y recargos que correspondan. No se impondrán multas o algún otro tipo de sanción a los patrones que se acojan a lo dispuesto en el presente Artículo Transitorio.

Tercero. El Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y los titulares de las direcciones, secretarías, unidades, órganos y coordinaciones, así como de sus delegaciones estatales, serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones en el otorgamiento de los servicios y prestaciones que deberán proporcionar a los trabajadores estacionales del campo en los términos del presente Decreto, y conforme lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Atentamente

Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Gerardo Sánchez García”.

[1] La “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012”, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que el número de trabajadores del sector agropecuario asciende a 6,580,206.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, PARA CREAR EL PROGRAMA PREPA SI A NIVEL NACIONAL Y EVITAR LA DESERCION ESCOLAR

(Presentada por el C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción IX al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a los siguientes antecedentes y:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 16 de octubre de 2012, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se aprobó la constitución de 7 comisiones especiales con carácter transitorio, en los términos de los dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 119 del Reglamento del Senado de la República Las comisiones de mérito fueron las siguientes:

• Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano;

• Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas;

• Comisión Especial de Cambio Climático;

• Comisión Especial para los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia;

• Comisión Especial Sur-Sureste;

• Comisión Especial para el Desarrollo de la Cuenca del Río Balsas; y

• Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación.

Por lo que respecta a la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, se tomaron en cuenta para su constitución, los motivos y consideraciones que en su propuesta se vertieron, a saber…

“Conforme la ley orgánica que rige este poder, las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que las Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cumplan sus atribuciones constitucionales y legales.

La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones, las que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, serán:

a. Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia;

b. Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos;

c. De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final del artículo 93 constitucional.

Dispositivo legal, de cuyo inciso a, se puede inferir que solamente aquellas comisiones ordinarias son las que cuentan con facultades de análisis y dictaminación de las iniciativas de ley o decreto que le sean turnadas.

Luego, el artículo 90 de la referida Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, señala cuáles serán aquellas comisiones ordinarias, por lo que respecta a la Cámara de Senadores, mientras que el diverso numeral 39, lo hace por las que a la Cámara de Diputados compete.

Así, de una lectura a ambos dispositivos legales, podemos evidenciar, en lo que al caso que en este documento me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, que a diferencia de la Cámara de Diputados, la de Senadores no cuenta con una Comisión de Desarrollo Metropolitano.

En ese orden de ideas, considero que la importancia de contar con una comisión exprofeso para la materia del Desarrollo Metropolitano, es tanto como la metropolización misma lo dicta.

Las áreas o zonas metropolitanas en nuestro país, han sido tradicionalmente consideradas como un grupo de municipios que interactúan entre sí, usualmente alrededor de una ciudad principal. Mas sin embargo, el concepto va más allá, pues además de estas zonas podemos encontrar conurbaciones interestatales, en las que la zona trasciende los límites de uno o más estados, como es el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (D.F., México e Hidalgo); incluso trasnacionales o binacionales, como aquellas que se forman con algunas ciudades de nuestro país con otras de los Estados Unidos de Norteamérica, ejemplo de estas últimas, Tijuana/San Diego, Ciudad Juárez/El Paso y Nuevo Laredo/Laredo.

En la República Mexicana, existen cuando menos así reconocidas, 56 zonas metropolitanas, en cuya aglutinación poblacional habitan poco más de la mitad de los mexicanos en territorio nacional, conforme el último censo. Aproximadamente cerca de 58 millones de personas.

La afinidad al grado de conurbación de una zona, a su vez, se encuentra relacionado al concepto de región, en el que algunos tratadistas coinciden en sintetizarlo como un espacio territorial, que se encuentra delimitado por factores geográficos, culturales, económico e, incluso, administrativos; aunque desde esta perspectiva, de región, se prestará mayor relevancia a los aspectos sociales que la determinan. No obstante, para los efectos del tema de desarrollo, ambos elementos son igualmente importantes.

Esto, porque resulta indispensable que los gobiernos con injerencia en una zona metropolitana, sin perder su autonomía, mantengan directrices similares en cuanto al crecimiento, infraestructura y equipamiento urbano, desarrollo económico, y otros aspectos primordiales para impulsar el progreso.

Luego, como ya se dijo, ante las premisas consistentes en la existencia de zonas metropolitanas transnacionales y que a la Cámara de Senadores corresponde la revisión de la política exterior, cabe concluir válidamente la mayor relevancia y necesidad de que esta honorable Cámara de Senadores cuente con una comisión ordinaria de Desarrollo Metropolitano.

Para mayor abundamiento en el ámbito legislativo, de la necesidad de contar con una comisión como lo es la ordinaria de Desarrollo Humano, es de mencionar el auge e impulso legislativo que se ha venido dando sobre la materia, en la que por ejemplo, el 11 de febrero de 2010, esta Cámara de Senadores aprobó un punto de acuerdo por el que se convocó a ambas Cámaras de la pasada Legislatura a instalar una Mesa Interparlamentaria de análisis normativo del desarrollo metropolitano, con la participación de legisladores federales, locales, opiniones de expertos y actores sociales relevantes, con la finalidad de cristalizar una Ley de Desarrollo Metropolitano; cuyos trabajos requieren continuidad de parte de esta Legislatura.

Asimismo, en el ámbito local, varios estados se han dado a la tarea de diseñar normas que, respetando la autonomía de los órdenes de gobierno, sí generen instrumentos de coordinación y asociación que posibilite la implementación de nuevas estructuras institucionales para la planeación, administración, participación, información y dotación de servicios en las metrópolis (comisiones, institutos, fondos metropolitanos, observatorios, corporaciones de desarrollo económico, empresas mixtas, fideicomisos para desarrollos urbanos integrales y sustentables etc.) a través de normas jurídicas innovadoras y modernas que ayudan en la mejora de la calidad de vida en las metrópolis reforzando principalmente la autoridad de sus gobiernos municipales.

Dichas innovaciones locales, en el marco del Apartado G del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que respecta al Distrito Federal y artículo 115para los Estados y Municipios.

No obstante, es de invocar el contenido de la fracción VI del invocado artículo 115, que a la letra dice:

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

De donde se evidencia que no obstante los trabajos que realizan las legislaturas locales y los ayuntamientos, en esta legislatura se hace necesario, por mandato constitucional, continuar los trabajos para concretar la ley federal en materia de desarrollo metropolitano.

Considerando que las Comisiones ordinarias del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 y 117 del Reglamento del Senado de la República, son órganos legislativos de carácter ordinario y permanente, creados para el despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, que “pueden ser creados por mandato de ley” o por acuerdo del Pleno, se hace indispensable contar con una Comisión Ordinaria de Desarrollo Metropolitano, que permita atender de manera más expedita y especializada, los temas relacionados con la conurbación, la declaratoria de zonas metropolitanas intermunicipales, interestatales, la coordinación y asociación en la prestación de los servicios públicos, en su crecimiento, infraestructura, desarrollo económico, ya entre municipios, como entre éstos y el Estado o bien, entre dos o más Estados de la República; así como, la revisión de la política exterior, cuando se involucre con una zona metropolitana transnacional.

Esta propuesta pretende coadyuvar y retomar el trabajo que se ha realizado, tanto en el gobierno federal, como en los otros órdenes de gobierno, para la construcción de mecanismos que permitan garantizar el desarrollo sustentable de las regiones del país, bajo la perspectiva de las zonas metropolitanas.”

Dada la importancia de la comisión, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la misma, procedió debidamente a su instalación el pasado 26 de noviembre, informando a esta Honorable Asamblea formalmente que había quedado instalada la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano.

Al respecto, es de celebrar y reconocer la atingencia de este Pleno y de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en la constitución de las comisiones especiales de referencia, pero también considero pertinente hacer notar las siguientes reflexiones:

• Las Comisiones son de carácter transitorio se extinguirán al término de la LXIII Legislatura, o antes si el Pleno considera que han cumplido su objetivo de manera anticipada.

• No tienen facultades para dictaminar.

• Sus atribuciones se concretan a la investigación y a conocer de la materia o de un encargo en lo particular.

En ese tenor, las expectativas tenidas de la referida comisión pueden verse coartadas contra las que pudiera dar si tuviese además las facultades de dictaminación y su vigencia no se sujetara a la temporalidad, puesto que en este último aspecto, los trabajos tendrían continuidad con las instancias homólogas en su materia, como pueden ser la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la colegisladora, la que sí cuenta con una comisión permanente.

Capacidad de dictaminación y permanencia que sólo puede otorgarle la calidad de comisión ordinaria en los términos previstos por el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Luego, la trascendencia de los trabajos de la Comisión para el Desarrollo Metropolitano han quedado por demás en evidente con los motivos y consideraciones de su propuesta de constitución, mismas que han quedado transcritas en el presente documento, las cuales fueron compartidas por los honorables integrantes de la Junta de Coordinación Política y el Pleno mismo de esta soberanía, de ahí que a efecto de dotar de todas las características de las comisiones de esta Cámara de Senadores y dar plenitud de permanencia y capacidad de dictaminación a dicha comisión, se hace necesario y así se propone, sea incorporada como comisión ordinaria en el texto del artículo 90 de la Ley Orgánica que rige este Poder.

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…y

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOMEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción IX, recorriéndose la actual y el resto en su orden, al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 90.

1. (….)

I a la VIII. (….)

IX. Desarrollo Metropolitano;

X. Desarrollo Social;

XI. Distrito Federal;

XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;

XIII. Energía;

XIV. Equidad y Género;

XV. Estudios Legislativos;

XVI. Federalismo y Desarrollo Municipal;

XVII. Gobernación;

XVIII. Hacienda y Crédito Público;

XIX. Jurisdiccional;

XX. Justicia;

XXI. Marina;

XXII. Medalla Belisario Domínguez;

XXIII. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

XXIV. Puntos Constitucionales;

XXV. Reforma Agraria;

XXVI. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;

XXVII. Relaciones Exteriores;

XXVIII. Salud y Seguridad Social;

XXIX. Seguridad Pública;

XXX. Trabajo y Previsión Social, y

XXXI. Turismo.

TRANSITORIO

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO XVIII AL ARTICULO 3 Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7, 9-A Y 50 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Presentada por el C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

“SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ, Senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I; 164 numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE adiciona el inciso XVIII al artIculo 3, y se reforman los artIculos 7, 9-A, y 50, de la Ley Federal de Telecomunicaciones al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los aspectos que no están incluidos en la legislación, representada fundamentalmente por la Ley Federal de Telecomunicaciones –LFT- (vigente desde 1995 y con ningún cambio en este tópico) es el servicio universal de telecomunicaciones que, por el contrario, sí ha sido regulado en la mayoría de los países alrededor del mundo.

El servicio universal de telecomunicaciones debe tener un contenido mínimo, compuesto por tres elementos esenciales: acceso, calidad y precio. Esto es, acceso a los servicios de telecomunicaciones (originalmente sólo se trataba de acceso telefónico, pero con el paso del tiempo se han incluido el acceso a Internet, a otros servicios avanzados y otras prerrogativas), con una calidad mínima que permita un consumo adecuado y pertinente, con la característica de la asequibilidad. No es muy funcional un acceso que es caro o que no tiene la calidad suficiente para que realmente, con el uso de las telecomunicaciones y las TIC, se vaya minimizando la brecha digital.

Además, el acceso a la información, a la comunicación y a la difusión de libre de las ideas son derechos consagrados por los artículos 6o y 7o de nuestra Constitución, así como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

De la misma manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 declara que:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmentepor escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

El servicio universal es aquella prestación consistente en que todos los hogares deben tener servicio telefónico. Éste debe implicar, por lo menos, la oportunidad de instalación de un teléfono en cualquier hogar que lo solicite, por su parte, el acceso universal tiene que ver con la prestación de servicios de telecomunicaciones a la comunidad o a las comunidades de forma general. Vale decir, que éste se cumple con la instalación de centros o nodos de acceso al servicio telefónico fijo e Internet. A través del acceso universal también se pueden desarrollar otros servicios como el de telemedicina para los hospitales públicos, conectividad en banda ancha para instituciones educativas públicas o conectividad a centros de gestión empresarial, que son puntales para el desarrollo económico y social de cualquier país.

Garantizando y promoviendo el desarrollo del acceso universal se acatan las normas internacionales que definen las obligaciones de los Estados en cuanto a la protección de los derechos económicos y sociales, la preservación de los derechos culturales y, por supuesto, la libertad de expresión y comunicación.

En países desarrollados, el concepto de acceso universal ha sido superado y, por ello, sólo se tiene en cuenta el de servicio universal, toda vez que las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones más apartadas han sido cubiertas por los diferentes operadores y por el mismo Estado, según el modelo que se tenga. En países como México, el acceso universal es un elemento fundamental para cubrir ciertos servicios que por diversas razones, no son atractivos para los operadores de telecomunicaciones.

Son embargo, no podemos seguir sin promover políticas que garanticen los derechos fundamentales de cualquier mexicano. Con estas políticas se cierra tanto la brecha de acceso como la brecha de eficiencia en el mercado.

Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), debe proporcionarse acceso universal a los servicios de telecomunicaciones en las comunidades rurales y remotas, mediante la instalación de varias líneas a través de medios técnicos apropiados en un punto central conveniente, administradas y orientadas de manera comercial, facilitando a precios basados en el costo, líneas y conectividad a las instituciones del sector público y de servicios públicos, al igual que las empresas comerciales y los abonados privados.

De hecho, el acceder a ciertos territorios lejanos implica no sólo pensar en términos de desarrollo a través de redes alámbricas, bien sea de fibra óptica o de cobre con la tecnología sino en telecomunicaciones a través de redes inalámbricas que, en el caso de países como Colombia, son satelitales.

En cuanto a la relación entre esta planeación y el servicio universal de telecomunicaciones, tal vez sea interesante mencionar también que en diversos países se han hecho planes, programas y estrategias para el impulso y desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), en donde uno de los núcleos básicos es precisamente el acceso y servicio universal, como elementos sine qua non para transitar hacia dicha SIC y garantizar y proteger otros derechos conexos.

Uno de esos, ya lo hemos dicho, es el derecho a la información en sentido amplio. Ambos, derecho a la información y servicio universal, forman parte de esas nuevas generaciones de derechos que se han ido garantizando paulatinamente en los textos constitucionales alrededor del mundo. Los dos tienen una relación muy directa con las telecomunicaciones y se ven potenciados por las mismas y por el proceso de convergencia, además de tener un fundamento teórico y de análisis en los postulados del Derecho de la Información.

Al cierre del 2011 se contaba con 94 millones 565 mil suscripciones a teléfonos celulares móviles, de las cuales 45% se ubican en las doce principales ciudades del país, las suscripciones de acceso a Internet de Banda Ancha Fija y Móvil crecieron a una tasa de 40.4 por ciento anual. En 2011, las suscripciones de acceso a Internet de banda ancha fija y móvil ascendieron a 20 millones 70 mil, de las cuales el 58.4 por ciento corresponden a Banda Ancha Fija alámbrica y 41.6 por ciento a banda ancha inalámbrica (Fija y Móvil).

Es por eso que en estas reformas que se están impulsando, no podemos olvidar ni dejar de garantizar el acceso y servicios universales en telecomunicaciones, si en verdad queremos que todos los mexicanos contemos con oportunidades reales de desarrollo y equidad en las mismas. No es posible que actualmente todavía los más de 10 millones de mexicanos, principalmente indígenas que viven en pequeñas comunidades, no cuenten con estos servicios fundamentales.

En 2012 años apenas se alcanzó una penetración de 87% en telefonía móvil, con la mayoría de las áreas rurales sin cobertura

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno, el siguiente:

PROYECTO DEDECRETO

UNICO.- Se adiciona el inciso XVIII al artículo 3, y se reforman los artículos 7, 9-A, y 50, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I a XVII…

XVIII. Acceso y servicio universal en telecomunicaciones

Se entiende por acceso y servicio universal de telecomunicaciones a un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad determinada y ser accesibles, a un precio asequible, a todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica. En relación con la calidad en la prestación del servicio universal y con la accesibilidad y el carácter asequible del precio

Para la consecución de los objetivos de cohesión económica y social y de igualdad territorial, dentro del servicio universal de telecomunicaciones se deberá garantizar, inicialmente:

a) Que todos los ciudadanos, en todo el territorio nacional, puedan conectarse a la red telefónica pública fija y móvil, acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público. La conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y de recibir servicios nacionales e internacionales de voz, fax y datos.

b) Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago situados en el dominio público de uso común, en todo el territorio nacional.

c) Que las personas discapacitadas o con necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio telefónico fijo disponible para el público, en condiciones que les equiparen al resto de los usuarios.

La imposición de obligaciones de servicio universal no deberá discriminar una tecnología determinada.

Artículo 7. La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de garantizar el acceso y servicio universal en telecomunicaciones.

Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la y servicio universal en telecomunicaciones en México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión el ejercicio de las siguientes atribuciones:

Sección II

Del acceso y servicio universal en telecomunicaciones

Artículo 50. La Secretaría procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones para la atención de servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general.

Tomando en cuenta las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas, de los concesionarios de redes públicas de telecomunicación y otras partes interesadas, la Secretaría elaborará los programas de acceso y servicio universal en telecomunicaciones correspondientes, los cuales podrán ser ejecutados por cualquier concesionario para garantizar el acceso y servicio universal a todas las comunidades descritas en el artículo 3 inciso XVIII.

La Secretaría asegurará la disponibilidad de bandas de frecuencias en los casos en que un proyecto de acceso y servicio universal en telecomunicaciones así lo requiera, a cuyo efecto podrá negociar con los concesionarios la utilización de las bandas de frecuencias que no estén aprovechando, o bien otorgar nuevas bandas de frecuencias.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948)

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/4.DECLARACION%20AMERICANA.pdf

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Barbosa Delgado, Francisco Roberto. El servicio y acceso universal en el derecho de las telecomunicaciones y su aplicación en la libertad de expresión

Arellano Toledo, Wilma. El servicio universal de telecomunicaciones en México y en la experiencia comparada.

http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-informativa/colaboradores/item/18619-el-servicio-universal-de-telecomunicaciones-en-mexico-





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD)

“Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión
Presente.

La suscrita, Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 8 numeral 1, fracción I,164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DEDECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a la alimentación está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. En ese contexto, el derecho a recibir alimentos forma parte de la protección necesaria para obtener los medios que garanticen el desarrollo y sustento de la vida humana.

Como parte de su evolución, el derecho de familia se ha considerado bajo una serie de principios y valores que han sido entendidos bajo un plano legal a partir de su reconocimiento constitucional y también su protección en diversos tratados internacionales. La finalidad de esta realidad legal ha sido la de proteger la estabilidad de la familia, la regulación de las conductas de sus integrantes entre sí, pero también para delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, resaltando la protección indispensable respecto de los menores, los incapacitados, la mujer y los adultos mayores, teniendo incluso una consideración de orden público e interés social. 1

Jurídicamente se establece que las relaciones familiares constituyen una fuente variada de derechos y obligaciones, dentro de éstas se encuentra la de proporcionar alimentos, que surge en diferentes supuestos: por el parentesco consanguíneo, por la concertación formal del matrimonio o concubinato y, en algunos casos, como consecuencia del divorcio necesario.2

La Suprema Corte de Justicia de la Nacional ha definido al derecho de alimentos como:

La facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; por lo que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca.3

Es oportuno mencionar que el motivo por el cual se considera a la obligación de proporcionar alimentos como una sanción, responde a que la disolución del vínculo matrimonial mediante un divorcio necesario o contencioso, a diferencia del voluntario, se da por existir una causal determinada, es decir, responde a la violación de alguno de los deberes u obligaciones conyugales o filiales. Por tanto, si la conducta de alguno de los cónyuges encuadra en cualquiera de las causas de divorcio, genera un acto ilícito, ya que es contrario a las normas de orden público que regulan el matrimonio, de ahí que se le obligue a proporcionar los alimentos al cónyuge inocente.4

Respecto de las relaciones de concubinato, la obligación alimentaria existe en tanto dicho vínculo subiste.5 Esto es, a diferencia de lo que ocurre con el matrimonio, el concubinato es la relación que se crea entre un hombre y una mujer por el hecho de vivir como marido y esposa durante un tiempo determinado por la ley, la que no puede dejar de reconocer que también mediante este tipo de relación se constituyen lazos familiares de afecto y ayuda mutua, sobre todo si se procrean hijos. Por tanto, el derecho a recibir alimentos, sólo procede si esa relación subsiste al momento de solicitarlos.6

De lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede concluir que para que se genere el derecho a solicitar alimentos deben darse las siguientes condiciones: 1) la existencia de una relación jurídica que genere la obligación alimentaria, la cual surge a consecuencia del matrimonio, concubinato o parentesco consanguíneo o civil, y 2) la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad del deudor para suministrar alimentos.7

Interés superior del niño

En México, con la reforma del año 2000, se elevaron a rango constitucional los derechos de niñas, niños y adolescentes al establecer su derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Además, se hicieron las modificaciones siguientes: se incorpora el concepto de “niño” en la pretensión de sustituir paulatinamente el término “menor”; se establece la obligación del Estado de proveer lo necesario para el respeto a la dignidad de la niñez y la efectividad en el ejercicio de sus derechos, y se considera el deber de los padres, tutores y custodios de preservar tales derechos.8

El principio del interés superior del niño ha tenido una importante evolución histórica y jurídica, no solo como un componente para su desarrollo --a grado tal de tener un reconocimiento y evolución en gran parte de las legislaciones del orbe--, sino también como un principio de la debida protección de los derechos de la infancia revelándose una característica uniforme: el reconocimiento de los derechos de las y los niños como un proceso gradual que parte de un reconocimiento como personas sujetos de derecho y que solamente se protegían jurídicamente las facultades, generalmente muy discrecionales, de los padres.

Por ello, la legislación internacional observa un aumento en la preocupación por los niños y se empiezan a reconocer aquellos intereses jurídicamente protegidos. En América Latina esta evolución es más evidente en el derecho de familia, para presentarse con mucha claridad a partir de la legislación de protección dictada a comienzos de este siglo. 9

La evolución de los instrumentos internacionales de los derechos de los niños revela la presencia de la noción de interés superior del niño, tales son los casos de la Declaración de Ginebra, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño e incluso la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Artículos 5 y 16).

El derecho de la infancia se funda en que los derechos del niño derivan de su condición de persona; en consecuencia, se establece que los dispositivos de protección de los derechos de la infancia son complementarios -nunca sustitutivos- de los mecanismos generales deprotección de derechos reconocidos a todas las personas. Los niños gozan de una supraprotección o protección complementaria de sus derechos que no es autónoma, sino fundada en la protección jurídica general.10

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar, y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. Sostiene que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia y que todos los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen igual derecho a la protección social.

En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño determina el derecho de los infantes a la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, considerando los derechos y deberes de los padres, tutores o personas responsables de su desarrollo y cuidado; en ello, se tomarán las medidas legislativas administrativas adecuadas.

Por su parte, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad del derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptando, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos.

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos octavo, noveno y décimo garantizan que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, la cual se sitúa en un plano de concordancia con la protección del derecho a la familia, como una realidad dinámica y evolutiva. Que en ello, las y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Estadísticas nacionales

En el 2011, a nivel nacional se registraron 91 mil 285 divorcios por un total de 570 mil 954 matrimonios.11En promedio, en México los hombres se casan a los 29.2 años de edad, mientras que las mujeres lo hacen a los 26.3 años. En cuanto a divorcios los hombres promedian 39.0 años al momento de separarse, mientras que las mujeres promedian 36.4 años. De esta referencia, se infiere que en promedio las parejas en México que se separan, tras 10 años de matrimonio.

La separación mediante juicio de divorcio es una práctica que ha aumentado de manera significativa en nuestro país. Actualmente, se presentan 16 divorcios por cada 100 matrimonios; esta cifra contrasta con lo arrojado en 2008 cuando por cada 100 matrimonios hubo casi 14 divorcios; hace poco más de 30 años, en 1980, por cada 100 se registraban apenas 4 divorcios.

El Distrito Federal ocupa el primer lugar en número de divorcios, registrándose 32.4 divorcios por cada 100 matrimonios, representando así un total de 11 mil 385 separaciones por un total de 35 mil 086 matrimonios. Chihuahua, que ocupó el segundo sitio,tuvo 5 mil 694 divorcios por un total de 16 mil 295 matrimonios, es decir 34.2 divorcios por cada 100 habitantes.

Los datos oficiales señalan que con frecuencia, las mujeres que se divorcian no vuelven a unirse, significa que 14.4% de las mujeres de 30 a 59 años está separada, divorciada o viuda. Esta condición aumenta a 46% en las mujeres de 60 años y más. Mientras que del total de los hombres de edad entre 30 y 59 años solo el 6.1% está divorciado, separado o viudo; las mujeres de ese mismo rango de edad representan 14.4%, es decir más del doble respecto de los varones.

Del total de divorcios 91 mil 285, las mujeres que presentaron actividad laboral, es decir, que trabajaban fue de 49 mil 887; mientras que las que no trabajaban fue de 26 mil 340, de este total 24 mil 460 se dedicaron al hogar, 964 como estudiantes, 401 pensionadas o jubiladas, 6 rentistas, 15 incapacitadas y 494 en búsqueda de trabajado.

Del total de divorcios, en 46 mil 990 casos se asigna la custodia de los hijos a la madre, el padre únicamente en 2 mil 041 casos, en 3 mil 579 casos se les otorgó a ambos. En 91 mil 285 casos totales de divorcio, en 23 mil 641 no hubo ningún hijo en custodia, en 25 mil 474 casos hubo un hijo, en 19 mil 115 hubo dos hijos, en 6 mil 282 tres; en mil 035 cuatro hijos, en 142 casos con cinco hijos, y en 548 con nueve hijos.

Del total de divorcios en 2011, existieron 25 mil 474 hijos únicos menores de edad; ningún hijo 23 mil 641; en 19 mil 115 casos se presentaron con dos hijos menores de edad; en 6 mil 282 con tres, mil 035 con cuatro; 142 con cinco, 29 con cinco, 10 con siete; 3 con ocho; 554 con nueve; 4 con diez.12

En México, aproximadamente 67.3% de las mujeres madres solteras no reciben pensión alimenticia. La pensión alimenticia es la suma de dinero pagada periódicamente al acreedor alimentario determinado por el juez después de realizado el divorcio; en los divorcios judiciales con hijos menores de edad, en 91% de los casos el acreedor son los hijos, 8.1% son la esposa y los hijos, y en 0.9% son los hijos y el esposo.13

En 2011, del universo de divorcios nacionales, respecto de la pensión a alimenticia en 47 mil 914 casos se le asignó a los hijos, solo en 4 mil 247 se asignó a esposa e hijos, y solo en 845 casos únicamente a la esposa; respecto del DF de los 8 mil 292 divorcios totales, en 5 mil 004 casos se resolvió la pensión alimenticia a favor de los hijos.

La Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encargada de laCoordinación del Programa para Asuntos de la Familia, la Niñez, Personas Adultas Mayores y Discapacidad revela que uno en cada 3 hogares es sostenido por mujeres y que3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben la pensión alimenticia.

Contenido de la iniciativa

Al tenor de lo referido en los apartados anteriores la presente iniciativa parte de una realidad que gira en torno al cumplimiento de la obligación alimentaria derivada de la relación o parentesco familiar, ya sea derivadas del matrimonio, concubinato o incluso de una relación de convivencia jurídica.

De esta manera se propone como objetivo fundamental la creación de un Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos que esté a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia , con la intención de tener un registro a nivel nacional de aquellas o aquellos que teniendo la obligación de ministrar alimentos se nieguen o incumplan. Con lo anterior se establece un mecanismo institucional de cooperación entre el gobierno Federal, de las Entidades Federativos, del Distrito Federal, y de los Municipios, en sus respectivas competencias, previsto ya en la Ley de Asistencia Social, como una herramienta para hacer efectivo este derecho.

El objetivo de la asistencia social, según la Ley, es que todos los integrantes de una sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades. La obligatoriedad alimentaria debe entenderse como una parte del conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de las personas en estado de necesidad, en este caso los niños, las niñas y los adolescentes.

La asistencia social comprende acciones de protección, previsión, prevención, protección y rehabilitación. La inclusión del Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos como parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, queda plenamente justificado en el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social que establece que “tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a)… c)

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos;…”

Por lo que respecta al Código Civil Federal, se incluye la definición de deudor alimentario moroso, teniendo como carácter normativo el que deje de cumplir con dicha obligación por tres meses o más, a partir de ese incumplimiento. De esta manera se propone contar con un mecanismo institucional a nivel nacional, el cual servirá bajo una premisa de coordinación con las entidades federativas, y en el respeto absoluto a su ámbito jurisdiccional, como herramienta para primero, establecer una base de información sobre aquellas o aquellos deudores alimentarios incumplidos, con lo cual al mismo tiempo se podrá utilizar como herramienta para coadyuvar en el cumplimiento de esa obligación independientemente del lugar en el que se encuentre la persona; ya que se propone que sea de acceso coordinado para la autoridad local que en primer lugar verifique el cumplimiento de dicha obligación.

El mecanismo inicial que se prevé es que la autoridad local, sea por medio de los jueces o tribunales que conozcan de la causa de origen, y a petición de parte con interés jurídico, den aviso inmediatamente al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Este aviso surtirá los efectos antes mencionados.

Se propone así que esa información sea a partir de la coordinación entre la autoridad local y la autoridad a nivel federal encargada de la integración de los datos, esto se postula en concordancia y respeto al federalismo, así como las facultades locales que derivan de esa autonomía. Sin embargo también es de reconocerse, que ante un aspecto que rebasa muchas veces las condiciones locales, y la inexistencia de herramientas de coordinación, como lo es una base de registro de todos los deudores a nivel nacional, se deriva en un aspecto material para que el obligado se eluda con facilidad de la autoridad.

Bajo esta idea, os datos que se envíen serán de manera coordinada y actualizada, integrándose en el nombre y domicilio del deudor, el número de acreedores alimentarios, la cantidad de cuotas adeudadas y la referencia de la causa jurisdiccional de origen.

Es importante señalar el carácter público de los mismos, afecto de ponderar un derecho de protección que sea también oponible a terceros que pudieran ser afectados por el desconocimiento de la condición jurídica del obligado alimentario.

No es óbice resaltar que dentro de esta reforma se dejan salvos los derechos de aquel que cumpla con su obligación, pues en caso de que pague los adeudos generados por este concepto, podrá solicitar ante el juez de conocimiento la cancelación en el Registro.

Se dispone que el Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos quede a cargo de Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para ello se propone modificar la Ley de Asistencia Social, estableciendo también conforme a los objetos de la misma, la paternidad responsable la de ministrar alimentos. De ahí que se proponga que dicho registro también esté coordinado con las entidades federativas.

Otra propuesta que se incluye en la presente iniciativa, es la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla que los patrones tengan la posibilidad y responsabilidad de verificar la identidad del trabajador en el Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos, con la intención de que en caso de encontrar algún registro, pueda dar aviso a la autoridad jurisdiccional competente.

Otro aspecto dentro de este mismo aspecto que a dicha autoridad le sea permitida la inspección en los registros de trabajo a fin de evitar alguna evasión respecto de la obligación de ministrar alimentos.

Una herramienta de consideración es el hecho de que el patrón en caso de que no se cerciore de la identidad del deudor en el Registro y que por dicha omisión o que por simulación o protección no de parte a la autoridad, en su caso, sea responsable solidario de las obligaciones alimentarías de aquel.

Dentro de esta iniciativa se incluyen una modificación a la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que en el momento de otorgar o renovar un crédito, préstamo o financiamiento sea negado en caso de que el solicitante se encuentre inscrito en el Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos le sea negado por parte de la institución crediticia.

Otro ordenamiento que se incluye en la propuesta de conocimiento, es en la Ley parala Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, estableciéndose el principios de coordinación entre la autoridad Federal a cargo del Registro y las entidades federativas como parte de la protección al derecho de alimentos de estos menores y adolescentes; estableciendo así un engarce de protección y garantía de la autoridad para la protección de ese derecho.

Como parte de los objetivos que asume esta ley se establece que las autoridades locales, respetando atribuciones estatales, establezcan los medios, mecanismos o instrumentos necesarios para cumplir con el derecho alimentario de las niñas y niños, así como adolescentes, por lo que también se propone otorgarles la facultad, derivado de esta ley para que puedan conformar a nivel local los registros de los deudores alimentarios para que a su vez puedan coordinarse con el Registro Nacional.

En razón de lo expuesto y fundado, presento la siguiente iniciativa que contiene el siguiente:

PROYECTO DEDECRETO

PRIMERO.- Se agrega un segundo párrafo al artículo 309; un párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 321; un párrafo segundo y las fracciones I, II, III, IV y V al artículo 323, del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 309.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo, a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos.

Deudor alimentario moroso es aquel que teniendo la obligación de proporcionar alimentos deje de ministrarlos o que derivado de controversias de orden familiar se niegue a su cumplimiento, ya sea por pensión alimenticia provisional o definitiva, adeudando en ello tres meses o más desde el momento en que se registra el primer adeudo.

Artículo 321.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción.

Los jueces y tribunales de lo familiar conforme sus facultades y a solicitud de parte interesada darán aviso en tiempo al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, de aquellas personas que incumplan con su obligación de ministrar pensión alimenticia, independientemente de la causa que la origine.

Los datos a que se refiere el párrafo anterior se enviarán en su caso de forma coordinada y actualizada para el ingreso y publicación en el Registro.

La cancelación en el Registro se hará a solicitud del obligado por la vía incidental ante el juez o tribunal de origen, y una vez cumplida con la obligación originaria con todos sus intereses generados a la fecha.

Artículo 323.- El cónyuge que se haya separado del otro, sigue obligado a cumplir con los gastos a que se refiere el artículo 164. En tal virtud, el que no haya dado lugar a ese hecho, podrá pedir al Juez de lo familiar de su residencia, que obligue al otro a que le ministre los gastos por el tiempo que dure la separación en la misma proporción en que lo venía haciendo hasta antes de aquella, así como también satisfaga los adeudos contraídos en los términos del artículo anterior. Si dicha proporción no se pudiera determinar, el juez, según las circunstancias del caso, fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para asegurar su entrega y de lo que ha dejado de cubrir desde que se separó.

El Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos llevará un registro que tendrá carácter público, mismo que contendrá:

I. Nombre y en su caso domicilio del deudor alimentario.

II. Número de acreedores alimentarios.

III. Cantidad de cuotas no cubiertas por concepto de pensión provisional o definitiva, así como el monto de la obligación pendiente hasta la fecha;

IV. Referencia de expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción; y

V. Organo jurisdiccional de la entidad que ordena el registro.

SEGUNDO.- Se adiciona a la fracción IV del artículo 12; y el inciso e del artículo 28, ambos de la Ley de Asistencia Social para quedar como sigue:

Artículo 12. …

I. … a III. …

IV. El fomento de acciones de paternidad responsablecomo la obligatoriedad alimentaria a fin de propiciarla preservación de los derechos de la niñez a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental.

Artículo 28. El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:

a)... d)

e) Coordinar con los Estados y el Distrito Federal un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, a efecto de hacer público los datos de identificación para coadyuvar en el cumplimiento de la obligación entendido como un servicio de asistencia social. Dicho Registro se integrará con el nombre y domicilio del deudor, número de acreedores y cantidad adeudada, así como la autoridad que conoce de origen el adeudo.

f) Poner a disposición del Ministerio Público, los elementos a su alcance para la protección de los derechos familiares.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- Se modifica la fracción XXIII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

XXIII Bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias previstas enla fracción V del artículo 110. Bajo su más estricta responsabilidad verificará la identidad del trabajador en Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos a efecto de colaborar con la autoridad jurisdiccional competente, permitiendo también la inspección de los registros en el trabajo. En caso de omisióno simulación este será deudor solidario respecto de las obligaciones alimentarias de aquel.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO.-Se agrega el artículo 48 Bis 6 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 48 Bis 6. Las instituciones están obligadas a verificar previamente alotorgamiento o en su caso para la renovación de créditos, préstamos o financiamientos, que el solicitante no se encuentre inscrito en elRegistro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos a efecto de negarlo y dejar salvos los derechos alimentarios.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO.- Se agrega un tercer párrafo del apartado A, y se modifica el segundo y tercer párrafo del apartado B, ambos del artículo 11; y se modifica el apartado I del artículo 49, todos la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, de lapara quedar de la siguiente manera:

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, lasociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

La Federación a través de la autoridad facultada establecerá en coordinación con los Estados y el Distrito Federal un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, a efecto hacer público los datos de identificación para coadyuvar en el cumplimiento de la obligación. Dicho Registro se integrará con el nombre y domicilio del deudor, numero de acreedores y cantidad adeudada, así como la autoridad que conoce de origen el adeudo.

B.

Las normas dispondrán los medios, instrumentos y mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen. De igual manera velaran en todo momento por los medios, instrumentos y mecanismos necesarios el efectivo cumplimiento de las obligaciones alimentarías.

Artículo 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes:

A. … a H. …

I. Integrar un Registro con aquellos datos que permitan identificar a los padres, madres o quienes incumplan con su deber de proporcionar alimentos, coordinándose para conformar una base de datos a nivel nacional con la autoridad facultada a efecto de procurar el mejor cumplimiento de la obligación.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBE

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 30 de abril de 2013.

Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno”.

1 Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Jurisprudencia civil. [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Marzo de 2011; Pág. 2133 

2 Pérez Contrera, María Monserrat coord. (2008). Supuestos de Procedencia del Derecho de la Ex Cónyuge inocente a recibir alimentos, Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

3 Véase la ejecutoria de la contradicción de tesis 49/2007-PS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXVII, febrero de 2008, p. 59; IUS: 20729.

4 Véase la ejecutoria de la contradicción de tesis 86/2001-ps, publicada en el Semanario…op. cit. Novena Época, Tomo XVI, noviembre de 2002, p. 6; IUS: 1728.

5Ibidem, Tomo XXI, junio de 2005, p. 757, tesis XXI, 2° C.T.27 C: IUS 178248.

6Seminario…, op cit. Novena Época. Tomo VII, junio de 1998, p. 626, tesis I 4°. C.20c; IUS: 196108.

7Ibidem, Tomo XXIII, marzo de 2006, p. 17, tesis 1ª./J. 472006; IUS 175690

8 González Contró, Mónica, Mauricio Padrón y Daniel Márquez Gómez (2012), Propuesta teórico-metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2012

9 Cillero, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Disponible en: http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/el_interes_superior.pdf

10 Ibídem.

11 Datos del INEGI a 2011. Disponibles en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/vitales/nupcialidad/2011/Est_mat_div_2011.pdf

12Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=12238

13 Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/matrimonios0.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL PARA LA SALUD ALIMENTARIA Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA OBESIDAD, EL SOBREPESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

(Presentada por la C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA

(Presentada por los CC. Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los progresos de la biología y la medicina en torno a la reproducción humana asistida en los últimos años plantean la necesidad de regular las técnicas de reproducción asistida, a fin de asegurar en todo momento el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos. El acceso a las diferentes técnicas de reproducción asistida implica el ejercicio de una serie de derechos, reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como en los tratados internacionales que México ha ratificado y que de acuerdo con el artículo 1º constitucional son parte integrante de la Constitución, entre ellos el derecho a fundar una familia, a la igualdad y no discriminación, a la autonomía reproductiva, a la salud y a beneficiarse del progreso científico.

Por un lado, la CPEUM consagra en su artículo 4º el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de las hijas y los hijos. Ese derecho a la libre decisión reproductiva se traduce en el hecho de que las decisiones que las personas adopten no pueden ni deben ser condicionadas, bajo ninguna circunstancia, por acciones del gobierno; por el contrario, las políticas de salud reproductiva deben ser absolutamente respetuosas de la libertad y la dignidad de las personas, y tendientes a facilitar la toma de decisiones informadas en esa materia con las características establecidas en la propia Constitución.

La libre decisión reproductiva no implica exclusivamente la garantía de acceso a esquemas anticonceptivos, tema en el cual nuestro país ha avanzado sustancialmente, sino que también comprende la obligación del Estado de promover lo conducente para que todas las personas tengan acceso a los mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la libre decisión reproductiva, el cual incluye el acceso a las técnicas de reproducción asistida.

Ahora bien, en el ámbito internacional,la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo y otras (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica, recientemente determinó que el Estado debe garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida sin discriminación respetando los derechos humanos de las personas a la integridad personal,la libertad personal, la vida privada y familiar, en relación con la autonomía personal, la salud sexual y reproductiva y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.

En este sentido, la Corte estableció que el derecho a la vida privada incluye la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico, siendo la posibilidad de procrear parte del derecho a fundar una familia. Además, señaló que el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva, y el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho.1

El contenido y alcance de los derechos humanos antes mencionados ha sido desarrollado a lo largo de los más de treinta y cinco años del nacimiento de Louise Joy Brown, la primer “bebé de probeta” en el mundo. A partir de entonces, la fertilización in vitro (FIV) abrió una nueva perspectiva en salud reproductiva que ha permitido dar solución puntual a los problemas relacionados con la infertilidad. Al día de hoy, más de 3 millones de nacimientos han sido producto de esas técnicas en el mundo. Anualmente se realizan 600 mil ciclos de FIV en 52 países, dando como resultado cerca de 122 mil personas recién nacidas.

La infertilidad se define como la incapacidad para lograr un embarazo, después de un año de búsqueda intencionada sin el uso de algún método anticonceptivo. La Organización Mundial de la Salud señala a la infertilidad como una enfermedad creciente y sostiene que en más del 90% de los casos que se presentan existe solución con la aplicación de la tecnología reproductiva actual.

La infertilidad es un problema de Salud Pública que afecta a 80 millones de personasen el mundo. En México, cifras presentadas por el Consejo Nacional de Población indican que el 17% de las y los mexicanas en edad reproductiva cursa con algún trastorno relacionado con la infertilidad, lo que evidencia la creciente necesidad de servicios de salud para atender esa problemática.

En las últimas décadas se ha evidenciado una disminución progresiva en la capacidad reproductiva tanto de hombres como de mujeres. Los estilos de vida, los agentes mutágenos y teratógenos en la alimentación, el estrés cotidiano, el consumo de tabaco, las infecciones de transmisión sexual y la exposición a procedimientos quirúrgicos en órganos reproductivos son algunos de los factores que han contribuido a esta problemática.

Avances recientes en la fisiología humana han demostrado un papel fundamental del factor masculino en la problemática reproductiva, evidenciando que el 50% o más de las causas de infertilidad son debidas a éste en forma aislada o en asociación con algún trastorno reproductivo en la mujer.

Desafortunadamente, para finales del siglo XX el conocimiento en materia reproductiva no sólo era poco entendido, sino que se le rodeaba de creencias y mitos que, más que dar una solución objetiva a los problemas de infertilidad, ponían en riesgo la salud integral de hombres y mujeres. Esto contribuyó a generar una situación de desesperanza para las personas y una estigmatización social por la incapacidad para lograr un embarazo.

El costo moral, psicológico, físico y económico de la infertilidad se convirtió en la tónica acompasada de un total desconocimiento en la materia y del uso de herramientas diagnósticas y tecnológicas en extremo limitadas para su tiempo.

La reproducción humana asistida ya ha sido materia de legislación en otros países, entre los cuales destacan Inglaterra, Francia, Estados Unidos y España. Esas leyes coinciden en el objetivo de garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas que, tal y como sucede hoy en México, antes se llevaban a cabo sin el suficiente control y vigilancia.

En nuestro país, ante el incremento del número de mujeres y hombres que se ven afectados por la infertilidad, se ha convertido en una imperiosa necesidad que el Estado Mexicano de certeza para que las personas que acuden a las técnicas de reproducción asistida cuenten con seguridad jurídica, obligando a los hospitales, clínicas y establecimientos de salud en los que se llevan a cabo estas prácticas a que cumplan con las especificaciones y requerimientos necesarios que permitan garantizar que los servicios que se presten sean de calidad y se obtengan los mejores resultados posibles.

Es también imperativo legislar en materia de reproducción asistida atendiendo a los avances de la ciencia y pleno respeto a los derechos humanos, ya que la omisión de regulación específica impide el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad reproductiva y a la protección de la salud que tienen todos los hombres y las mujeres de nuestro país, así como el derecho a la no discriminación y a fundar una familia, reconocidos todos en los diferentes tratados internacionales en la materia suscritos por nuestro país.

En ese sentido, y ante la ausencia de regulación específica en la materia, la presente iniciativa busca legislar sobre los aspectos fundamentales de la reproducción humana asistida y brindar seguridad jurídica tanto a quienes necesitan auxiliarse de la misma para procrear, como a quienes los asisten para lograr ese objetivo.

Por tal motivo, esta iniciativa contempla todos los aspectos científicos contenidos en iniciativas anteriores:

• La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Reproducción Humana Asistida y se reforman distintos artículos de la Ley General de Salud, de los Senadores Fernando Castro Trenti y Ernesto Saro Boardman, presentada el 28 de abril de 2008;

• La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de Reproducción Asistida, de los Senadores María del Socorro García Quiroz, María de los Ángeles Moreno y Ramiro Hernández García, presentada el 26 de agosto de 2009;

• La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular y controlar la aplicación de técnicas de reproducción asistida, de la Diputada María Cristina Díaz Salazar, presentada el 8 de abril de 2010;

• La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de reproducción asistida, de la Diputada María del Pilar Torre Canales, presentada el 22 de abril de 2010;

• La iniciativa que crea la Ley Federal de Subrogación Gestacional y adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Diputada Leticia Quezada Contreras, presentada el 28 de julio de 2010;

• La iniciativa del Senador Julio Aguirre Méndez presentada el 14 de diciembre de 2010, que reforma la Ley General de Salud en materia de reproducción asistida; la iniciativa de la Senadora Cristina Díaz presentada el 23 de octubre de 2012, que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Reproducción Humana Medicamente Asistida;

• La iniciativa de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez y legisladores de diversos grupos parlamentarios, presentada el 20 de diciembre de 2012, que crea la Ley de Reproducción Humana Asistida y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud; y,

• La iniciativa de la Senadora Cristina Díaz y otros legisladores por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada el 28 de febrero de 2013.

El objeto coincidente de las iniciativas referidas en los antecedentes previos es legislar sobre los aspectos fundamentales de la reproducción humana asistida y brindar certeza y seguridad jurídica en el tema, razón por la cual las comisiones dictaminadoras debieran considerar las diferentes iniciativas existentes y desechar aquellas que son violatorias de derechos humanos y adolecen de inconstitucionalidad.

La reproducción humana asistida es un tema eminentemente sanitario. En ese sentido, la presente iniciativa plantea la adición de un Capítulo VI Bis, al que se le denominará Reproducción Asistida, dentro del Título Tercero de la Ley General de Salud. Dicho Capítulo constaría de 25 artículos cuyo contenido se describe a continuación.

En el artículo 71 Bis se definen una serie de conceptos que resultan fundamentales en materia de reproducción humana asistida. Entre las definiciones contempladas destaca aquella que delimita el objeto mismo de la iniciativa: las técnicas de reproducción humana asistida, las cuales deben entenderse como las técnicas biomédicas que facilitan la interacción entre las células germinales femeninas y masculinas en los procesos de fertilización.

El artículo 71 Bis 1 señala como personas beneficiarias de las técnicas de reproducción asistida a todos las personasmayores de edad y en pleno uso de sus facultades, previo otorgamiento del consentimiento informado. Esta disposición reconoce que en la actualidad existe una diversidad en las formas en las cuales se pueden integrar las familias, además de ser congruente con el derecho a la no-discriminación reconocido en el artículo 1º Constitucional.

En el caso de que las personas solicitantes sean casadas, el artículo 71 Bis 1 señala que se debe contar, además, con el consentimiento informado preferentemente de ambos cónyuges.

A través del artículo 71 bis 2 se faculta a la Secretaría de Salud a emitir las normas a las que deberá sujetarse el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, así como las relativas a la obtención, conservación, traslado, manejo y disposición de las células germinales y óvulos fertilizados.

Dentro del artículo 71 bis 3 se obliga a los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida a obtener una licencia sanitaria, previo cumplimiento de los requisitos siguientes, mismos que están incluidos en el artículo 71 bis 12:

I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;

II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;

III. Contar con un responsable sanitario especialista en biología de la reproducción humana;

IV. Contar con las instalaciones, equipo, instrumental e insumos suficientes y adecuados según lo que establezcan la Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables, y

V. Los demás requisitos previstos en la Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables.

Por su parte, para obtener la autorización de la Secretaría, los bancos donde se lleve a cabo la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados deberán cumplir, de acuerdo con el artículo 71 bis 7, los siguientes requisitos:

I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;

II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;

III. Contar con un responsable sanitario especialista en biología de la reproducción humana;

IV. Contar con instalaciones, equipo, instrumental e insumos suficientes y adecuados conforme a lo que establezcan esta Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables, y

V. Los demás requisitos previstos en la Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables.

En el caso de los bancos, la Secretaría de Salud, al otorgar la autorización respectiva, deberá especificar si el banco puede crioconservar células germinales, óvulos fertilizados, tejidos o todos ellos.

Los establecimientos autorizados para llevar a cabo técnicas de reproducción asistida podrán también crioconservar células germinales, óvulos fertilizados y tejidos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos al efecto en la iniciativa.

De acuerdo con el artículo 71bis11, las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrán llevarse a cabo en los establecimientos que, además de estar autorizados por la Secretaría de Salud, estén certificados por el Consejo de Salubridad General.

Ese mismo artículo establece que la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrá realizarla personal médico especialista y que las técnicas de reproducción humana asistida autorizadas serán aquellas que reúnan las condiciones de acreditación científica y clínicamente indicadas, conforme a la medicina basada en evidencia y las mejores prácticas, de acuerdo con lo que establezcan las normas.

Mediante las disposiciones mencionadas se obliga a los establecimientos y bancos a contar con personas profesionales y técnicas de la salud capacitadas adecuadamente, así como a proporcionar un servicio que sea confiable y, sobre todo, seguro para que se proteja en todo momento la vida de las personas que se someten a ese tipo de tratamientos.

En el artículo 71 bis 8 se establecen las obligaciones de los Bancos de Células Germinales, entre las que destacan:

I. Solicitar y conservar en custodia el consentimiento expreso por escrito de las personasdonantes y receptoras, los cuales deberán tener el carácter de confidenciales;

II. Conservar un tanto original de todos los contratos de depósito hasta cinco años después de la terminación de su vigencia. Para efectos de este capítulo, los contratos de depósito son aquellos mediante los cuales las personasreceptoras dejan en custodia y para crioconservación en el Banco células germinales u óvulos fertilizados;

III. Solicitar al Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida información, según sea el caso, respecto de la persona receptora, donadora y la mujer héterogestante;

IV. Rechazar la donación cuando las condiciones psicofísicas y médicas de las personasdonantes no sean las adecuadas;

V. Guardar estricta confidencialidad respecto a las identidades y demás datos de las personas donantes y las receptoras, mismos que sólo se revelarán a las personas y en los casos que establezcan las disposiciones aplicables o lo ordenen las autoridades judiciales, y

VI. Rendir informes anuales respecto a sus actividades a la Secretaría de Salud.

El artículo 71 bis 4 prohíbe expresamente una serie de conductas que son contrarias a la dignidad humana, tales como:

I. La comercialización de células germinales y óvulos fertilizados;

II. Las transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies con fines reproductivos;

III. La clonación con fines reproductivos, y

IV. La producción de híbridos o quimeras con fines reproductivos.

Por otra parte, la iniciativa autoriza mediante el artículo 71 bis 5 la realización de diagnóstico genético preimplantacional como parte del procedimiento, siempre y cuando su único propósito sea detectar y, en su caso, prevenir enfermedades genéticas o cromosómicas.

En el artículo 71 bis 6 de la iniciativa se pretende obligar a mantener los óvulos fertilizados en condiciones adecuadas de desarrollo en beneficio de las personas receptoras, de acuerdo con las normas que emita la Secretaría de Salud. Asimismo, se establece que los óvulos fertilizados que no sean utilizados inmediatamente para su transferencia serán crioconservados durante un periodo máximo de cinco años a partir de su formación, excepto cuando no hayan sido transferidos porque el estado de salud de la mujer lo impida momentáneamente, en cuyo caso, podrán ser crioconservados por un plazo equivalente a la vida fértil de la mujer, con el objeto de que se le puedan transferir una vez que su salud haya mejorado y si ella así lo desea.

Las personas podrán donar en todo momento, de acuerdo con el propio artículo 71 bis 6, los óvulos fertilizados formados y crioconservados. Cuando se trate de personas casadas o en concubinato, si se produce un divorcio, la cesación de los efectos civiles o la anulación del matrimonio, los óvulos fertilizados podrán ser donados, previo otorgamiento del consentimiento informado de ambos miembros de la pareja.

El artículo 71 bis 9 señala que los destinos que podrán darse a las células germinales y óvulos fertilizados crioconservados son:

I. La fertilización homóloga, que es la realizada con células germinales provenientes de la pareja que se someterá a una técnica de reproducción humana asistida;

II. La fertilización heteróloga, que es la fecundación asistida realizada con células germinales de un miembro de la pareja y/o de personas donantes anónimas;

III. La investigación, y

IV. El destino final, que en el caso de los óvulos fertilizados es el conjunto de procesos biológicos mediante los cuales el óvulo fertilizado se inactiva y autolimita, y que se inicia con un proceso de lisis, continúa con la autofagocitación, seguida de un proceso de fragmentación y concluye con su disolución.

El artículo 71 bis 10 establece las reglas a las cuales debe sujetarse la utilización de células germinales, siendo éstas las siguientes:

I. Las personas mayores de dieciocho años de edad podrán donar en todo momento sus células germinales a un banco en el marco de esta Ley;

II. Las células germinales crioconservadas de las personas donantes podrán conservarse durante el tiempo que se señale en esta Ley y las normas y, en el caso de que la persona receptora sea la depositante, se podrán conservar durante toda su vida;

III. Las células germinales crioconservadas de una persona donante podrán ser utilizadas con fines de reproducción asistida sin que se exceda un máximo de seis personas nacidas vivas;

IV. Las personas podrán ser receptoras de células germinales u óvulos fertilizados en términos de esta Ley, siempre que sean mayores de dieciocho años de edad y hayan prestado su consentimiento por escrito de manera libre, consciente y expresa; y,

V. La utilización en técnicas de reproducción asistida de células germinales de una persona fallecida está prohibida, salvo en aquellos casos en que ésta las haya donado expresamente para tales efectos, en términos de lo que señala el artículo 322 de esta Ley e incluyendo los elementos a los que se refiere este capítulo. Tratándose de cónyuges o personas en concubinato, en caso de fallecimiento de alguna de las partes se requiere de previo consentimiento escrito de ésta para que sus células germinales puedan ser utilizadas por la parte supérstite.

En el artículo 71 bis 13 se obliga a las personasprofesionales de la salud a que, previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida, lleven a cabo una evaluación completa del estado de salud de cada persona, con el propósito de brindar la mejor opción terapéutica en materia de reproducción asistida, así como la consejería genética necesaria en caso de enfermedades cromosómicas o de transmisión hereditaria.

Se obliga también a los establecimientos autorizados a conceder a las personas una entrevista con el personal médico responsable, en la que se les provea con información completa, adecuada y comprensible sobre todos los aspectos relevantes de la técnica de reproducción asistida elegida, en la que se incluya lo relativo a las posibilidades de obtener un resultado favorable y los riesgos que ésta implique. Las entrevistas informativas deberán efectuarse con las personas y, en su caso, sus parejas, garantizando en todo momento su derecho a la intimidad y a la confidencialidad.

Si los establecimientos autorizados agotan o descartan la posibilidad de proceder a la fertilización asistida de una persona, se le deberá suministrar información detallada de los motivos, debidamente sustentada en la ciencia actual. En este caso, a las personas solicitantes se les deben señalar las alternativas con las que cuenten.

Por virtud del artículo 71 bis 14 se pretende evitar, en la medida de lo posible, la gestación múltiple, la generación de óvulos fertilizados supernumerarios y la práctica de la reducción embrionaria. Para estos efectos, se obliga a utilizar esquemas de inducción ovulatoria que permitan un adecuado reclutamiento ovocitario y a transferir un máximo de tres óvulos fertilizados por cada tratamiento, tomando en consideración la edad y condiciones de salud de la mujer conforme a lo recomendado por las mejores prácticas, la medicina basada en evidencia y las normas que emita la Secretaría de Salud.

En el artículo 71 bis 15 se establece específicamente que la donación de células germinales y óvulos fertilizados deberá ser en todo momento altruista. Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza a fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a las personas donantes por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación. Se señala que dicha compensación nunca podrá ser menor a cinco veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate por cada día en que se desplace para efectos de la donación.

En congruencia, se señala que cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de los bancos que incentive la donación de óvulos o espermatozoides deberá respetar el carácter altruista de aquélla.

El artículo 71 bis 16 define los requisitos que deberán cumplir las personas donantes, mientras que el 71 bis 17 establece los supuestos específicos en los cuales se podrán utilizar células germinales de una persona donante.

Asimismo, con la iniciativa se busca garantizar que los datos de identidad de las personas donantes se manejen confidencialmente, salvo en aquellos casos en que seotorgue expresamente autorización para que se difundan.

Mediante el artículo 71 bis 18 se autoriza solicitar la colaboración de una mujer en aquellos casos en que la mujer que desea procrear carece de útero funcional por causas genéticas o quirúrgicas, por elección, o por ausencia de una pareja femenina. A la mujer que colabora en estos casos se le denomina en la iniciativa mujer héterogestante y se señalan los requisitos que ésta deberá reunir, así como las condiciones específicas bajo las cuales podrá permitir el uso de su útero.

En el artículo 71 bis 19 se otorga a las mujeres héterogestantes el derecho a recibir, desde la realización de los estudios médicos previos y hasta un año después del nacimiento del producto de la gestación, atención médica de parte de las personasque hayan solicitado su colaboración. Sin perjuicio de lo anterior, también se podrá fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a las mujeres héterogestantes por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de alimentación, vestido, medicamentos, desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la colaboración.

Las formalidades que deberán observarse en todos los actos contemplados en el capítulo que se pretende adicionar a la Ley General de Salud se enumeran en el artículo 71 bis 20 y son las siguientes:

I. Para la donación de células germinales u óvulos fertilizados se requiere consentimiento expreso por escrito que deberá ser otorgado en términos del artículo 322 de la Ley General de Salud, incluyendo los elementos a los que se refiere el presente capítulo;

II. Para el depósito de células germinales u óvulos fertilizados de las personas receptoras se suscribirá un contrato para la crioconservación de acuerdo con lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

III. Para la transferencia de células germinales u óvulos fertilizados a las personas receptoras se requiere del consentimiento informado de éstas, y

IV. Para obtener la colaboración de una mujer héterogestante se requiere rendir consentimiento expreso, absoluto y pleno ante fedatario público, de conformidad con las disposiciones civiles aplicables, además del consentimiento informado para las intervenciones médicas que se le practiquen.

Los consentimientos podrán ser revocados por la persona donadora, receptora y la mujer héterogestante, según corresponda, hasta antes de la captura ovular o del proceso de transferencia.

La donación será revocable cuando los donantes requieran para sí las células germinales donadas, siempre que en la fecha de la revocación aquéllas aún estén disponibles.

Los artículos 71 bis 21 y 71 bis 22 establecen cuáles son los datos que, como mínimo, deberán contener el consentimiento expreso para la donación de células germinales y óvulos fertilizados y el consentimiento informado que las personas receptoras deberán signar ante los establecimientos autorizados, respectivamente.

En el artículo 71 bis 23 se crea el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida y se atribuye a la Secretaría de Salud la facultad de coordinarlo. Dicho registro se encargaría de:

I. Integrar y actualizar los datos de las personas receptoras, donantes, mujeres héterogestantes y las fechas de los procedimientos respectivos;

II. Proporcionar a los bancos la información relativa a las personas receptoras, donantes y mujeres héterogestantes para los efectos de lo establecido en la fracción I del artículo 71 bis 22;

III. Compilar los datos estadísticos de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción humana asistida para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 71 bis 10;

IV. Integrar y actualizar la relación de los establecimientos autorizados conforme a este capítulo, y

V. Integrar y actualizar la relación de la cantidad de óvulos fertilizados crioconservados en cada establecimiento.

Por otra parte, en el artículo 71 bis 24 se responsabiliza a los bancos de células germinales de la comprobación fehaciente de la identidad y los antecedentes de las personas donantes. Esa comprobación podrá hacerse mediante consulta de la inscripción correspondiente en el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida. Asimismo, se obliga a los bancos a llevar un registro interno de las actividades que realicen; dicha información se entregará al Registro Nacional con la periodicidad que se señale en las normas.

Por lo que se refiere a la investigación, el artículo 71 bis 25 señala que las células germinales femeninas y masculinas podrán utilizarse de manera independiente con fines de investigación. No obstante, se prohíbe la transferencia a una mujer de células germinales previamente destinadas a la investigación, así como su uso para originar óvulos fertilizados con fines de procreación.

En esa misma línea, el artículo 71 bis 26 establece que para autorizar la investigación con óvulos fertilizados se deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Que se trate de óvulos fertilizados donados de acuerdo con lo que señala el propio capítulo;

II. Que el óvulo fertilizado no se haya desarrollado in vitro más allá de 14 días después de la fecundación del óvulo, descontando el tiempo en el que pueda haber estado crioconservado, y

III. Los demás que establecen la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Por tratarse de un tema que es materia civil, el artículo 71 bis 27 refiere a la legislación aplicable en esa materia para los aspectos de filiación de las hijas e hijos nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida.

En correspondencia con lo anterior, en el artículo 71 bis 28 se establece que en los casos no contemplados en la Ley se dirimirán en los juzgados civiles, familiares o penales, según corresponda.

La presente iniciativa también pretende adicionar una fracción V bis al artículo 198, una I bis al artículo 313, una II bis al artículo 315 y una VI bis al artículo 375, todos ellos de la Ley General de Salud. Mediante esas modificaciones se busca:

1. Incluir a los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida entre aquellos que requieren autorización sanitaria;

2. Facultar a la Secretaría de Salud para que, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ejerza el control sanitario de los bancos dedicados a la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados, así como de los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida;

3. Sujetar a la obtención de un permiso la internación en el territorio nacional o la salida de células germinales o de óvulos fertilizados, y

4. Derogar la fracción I del artículo 314 de la Ley General de Salud, ya que la definición de células germinales que ahí se encuentra se reubicaría en el nuevo capítulo.

En correspondencia a lo anterior se deroga la fracción I del artículo 314.

A efecto de establecer sanciones para la violación de los preceptos contemplados en el capítulo que se adiciona, se reforman los artículos 421, 421 Bis y 466 y se adiciona un artículo 466 Bis. Este último señala que se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate a quien realice transferencias de óvulos fertilizados entre especies o lleve a cabo experimentos con el propósito de crear seres humanos por clonación o de producir híbridos o quimeras con fines reproductivos.

En cuanto al régimen transitorio de la iniciativa, éste consta de tres artículos. El primero de ellos señala que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El segundo compromete a la Secretaría de Salud a emitir las normas oficiales mexicanas a las que se alude en el articulado de la iniciativa en un plazo que no excederá los 260 días a partir de la entrada en vigor del Decreto de reformas respectivo y el tercero da un plazo de 120 días para instalar el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCION ASISITIDA.

ARTICULO UNICO. Se adiciona un Capítulo VI Bis al Título Tercero; se adicionan los artículos 71 Bis al 71 Bis 28; se adicionan una fracción V Bis al artículo 198; una I Bis al artículo 313; se deroga la fracción I del artículo 314; se deroga la fracción I del artículo 314; se adiciona una fracción II Bis al artículo 315 y una VI Bis al artículo 375; se reforman los artículos 421 y 421 bis; se deroga el artículo 466; y, se adiciona un artículo 466 Bis; todos ellos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

CAPITULO VI Bis

Reproducción Asistida

Artículo 71 bis. Para efectos de este capítulo, se entiende por:

I. Bancos: A los establecimientos autorizados por la Secretaría de Salud en términos de esta Ley para la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados;

II. Células germinales: A las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar origen a un óvulo fertilizado;

III. Fertilización: A la penetración de la célula germinal femenina por la masculina con la consiguiente fusión de material genético;

IV. Crioconservación: A la técnica de preservación de tejidos, células germinales y óvulos fertilizados a bajas temperaturas;

V. Destino final de los óvulos fertilizados: Al conjunto de procesos biológicos mediante los cuales el óvulo fertilizado se inactiva y autolimita; se inicia con un proceso de lisis, continúa con la autofagocitación, seguida de un proceso de fragmentación y concluye con su disolución;

VI. Persona donante: A la mujer o el hombre, mayores de dieciocho años de edad que autoriza la utilización de sus células germinales, así como a las parejas que autorizan la utilización de sus óvulos fertilizados en términos de esta Ley;

VII. Fertilización homóloga: A la realizada con células germinales provenientes de la pareja que se someterá a una técnica de reproducción humana asistida;

VIII. Fertilización heteróloga: A la realizada con células germinales de la persona que se someterá a una técnica de reproducción asistida y/o de personas donantes anónimas;

IX. Infertilidad: A la incapacidad para lograr un embarazo después de un año de búsqueda intencionada sin el uso de algún método anticonceptivo;

X. Mujer Héterogestante: A la mujer que presta su útero de manera altruista, para el desarrollo del óvulo fertilizado hasta el nacimiento del producto, en términos de lo señalado en este capítulo;

XI. Registro Nacional: Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida;

XII. Persona receptora: La persona que recibe células germinales u óvulos fertilizados para someterse a un tratamiento de reproducción humana asistida, y

XIII. Técnicas de reproducción humana asistida: A las técnicas biomédicas que facilitan la interacción entre las células germinales femeninas y las masculinas en los procesos de fertilización; éstas pueden clasificarse en dos grupos: las de baja complejidad, que incluyen la inseminación intrauterina; y las de alta complejidad, que incluyen la fertilización in vitro.

Artículo 71 bis 1. Podrán beneficiarse de las técnicas de reproducción asistida todas las personas mayores de dieciocho años de edad y en pleno uso de sus facultades, previo otorgamiento del consentimiento informado, de acuerdo con lo que establecen la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

En el caso de que las personas solicitantes sean casadas, se deberá contar, preferentemente, con el consentimiento informado de ambos cónyuges.

Artículo 71 bis 2. La Secretaría de Salud emitirá las normas a las que deberá sujetarse el uso de las técnicas a que se refiere este capítulo, así como las relativas a la obtención, conservación, traslado, manejo y disposición de las células germinales y óvulos fertilizados conforme a lo que señala la presente Ley.

Artículo 71 bis 3. Los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán contar con licencia sanitaria en términos de los artículos 198 y 315 de esta Ley, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo.

Artículo 71 bis 4. Se prohíbe:

I. La comercialización de células germinales y óvulos fertilizados;

II. Las transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies con fines reproductivos;

III. La clonación con fines reproductivos, y

IV. La producción de híbridos o quimeras con fines reproductivos.

Artículo 71 bis 5. Cuando la técnica de reproducción asistida lo permita, se deberá realizar diagnóstico genético preimplantacional para detectar y, en su caso, prevenir enfermedades genéticas o cromosómicas.

Artículo 71 bis 6. Los óvulos fertilizados deberán mantenerse en condiciones adecuadas de desarrollo en beneficio de las personas receptoras, de acuerdo con las normas que emita la Secretaría.

Los óvulos fertilizados que no sean utilizados inmediatamente para su transferencia podrán ser crioconservados durante un periodo máximo de cinco años a partir de su formación, excepto cuando no hayan sido transferidos porque el estado de salud de la mujer que se someterá a la técnica de reproducción asistida lo impida momentáneamente, en cuyo caso, podrán ser crioconservados hasta por todo el tiempo en el que la mujer se encuentre en su etapa de vida fértil, con el objeto de que pueda serle transfieran una vez que su salud haya mejorado, si ella así lo desea.

Las personas podrán donar en todo momento los óvulos fertilizados y crioconservados en el marco de esta Ley. Tratándose de cónyuges o personas en concubinato, si dentro del plazo al que se refiere el párrafo previo se produce un divorcio, la cesación de los efectos civiles o la anulación del matrimonio, los óvulos fertilizados podrán ser donados, previo otorgamiento del consentimiento informado de ambas partes otorgado con arreglo a la presente Ley, sus reglamentos y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 71 bis 7. Para obtener la autorización de la Secretaría, los bancos a los que se refiere el artículo 71 bis fracción I, deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;

II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;

III. Contar con un responsable sanitario especialista en biología de la reproducción humana;

IV. Contar con las instalaciones, equipo, instrumental e insumos que establezcan esta Ley, sus reglamentos y las normas aplicables, y

V. Los demás requisitos previstos en la presente Ley, sus reglamentos y las normas aplicables.

La Secretaría, al otorgar la autorización a que se refiere este artículo, deberá especificar si el banco puede crioconservar células germinales, óvulos fertilizados, tejidos o todos ellos.

Los establecimientos autorizados para llevar a cabo técnicas de reproducción asistida en términos de esta Ley podrán también crioconservar células germinales, óvulos fertilizados y tejidos, siempre que cumplan con lo que establece el presente capítulo para el caso de los bancos.

Artículo 71 bis 8. Los bancos a los que se refiere el artículo 71 bis fracción I deberán:

I. Solicitar y conservar en custodia el consentimiento expreso por escrito de las personas donantes y receptoras, los cuales deberán tener el carácter de confidenciales;

II. Conservar un tanto original de todos los contratos de depósito hasta cinco años después de la terminación de su vigencia. Para efectos de este capítulo, se consideran contratos de depósito aquellos mediante los cuales la persona receptora deja en custodia y para crioconservación en el banco células germinales u óvulos fertilizados;

III. Solicitar al Registro Nacional información, según sea el caso, respecto de la persona receptora, donante y de la mujer heterogestante;

IV. Rechazar la donación cuando las condiciones psicofísicas y médicas de la persona donante no sean las adecuadas;

V. Guardar estricta confidencialidad respecto a las identidades y demás datos de las personas receptoras y donantes, mismos que sólo se revelarán a las personas y en los casos que establezcan las disposiciones aplicables o en los casos en que las autoridades judiciales los ordenen;

VI. Rendir, de acuerdo con lo que establecen el presente capítulo y el Título Sexto de esta Ley, informes anuales respecto a sus actividades a la Secretaría de Salud, y

VII. Las demás obligaciones que les señalen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

71 bis 9. Los destinos que podrán darse a las células germinales y óvulos fertilizados crioconservados conforme a lo que establece el presente capítulo serán:

I. Fertilización homóloga;

II. Fertilización heteróloga;

III. Investigación, y

IV. Destino final. En el caso de los óvulos fertilizados, se estará a lo que establece la fracción V del artículo 71 bis.

Artículo 71 bis 10. La utilización de células germinales se sujetará a las siguientes reglas:

I. Las personas mayores de dieciocho años de edad podrán donar en todo momento sus células germinales a un banco en el marco de esta Ley;

II. Las células germinales crioconservadas de las personas donantes podrán conservarse durante el tiempo que se señale en esta Ley y las normas y, en el caso de que la persona receptora sea la depositante, se podrán conservar durante toda su vida;

III. Las células germinales crioconservadas de una persona donante podrán ser utilizadas con fines de reproducción asistida sin que se exceda un máximo de seis personas nacidas vivas;

IV. Las personas podrán ser receptoras de células germinales u óvulos fertilizados en términos de esta Ley, siempre que sean mayores de dieciocho años de edad y hayan prestado su consentimiento por escrito de manera libre, consciente y expresa; y,

V. La utilización en técnicas de reproducción asistida de células germinales de una persona fallecida está prohibida, salvo en aquellos casos en que ésta las haya donado expresamente para tales efectos, en términos de lo que señala el artículo 322 de esta Ley e incluyendo los elementos a los que se refiere este capítulo. Tratándose de cónyuges o personas en concubinato, en caso de fallecimiento de alguna de las partes se requiere de previo consentimiento escrito de ésta para que sus células germinales puedan ser utilizadas por la parte supérstite.

Artículo 71 bis 11. Las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrán llevarse a cabo en los establecimientos autorizados por la Secretaría de Salud y certificados por el Consejo de Salubridad General.

La aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrá realizarla personal médico certificado en la materia.

Las técnicas de reproducción humana asistida autorizadas serán aquellas que reúnen las condiciones de acreditación científica y clínicamente indicadas, conforme a la medicina basada en evidencia y las mejores prácticas, y de acuerdo con lo que establezcan las normas que emita la Secretaría.

Artículo 71 bis 12. Para obtener la autorización de la Secretaría, los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;

II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;

III. Contar con un responsable sanitario especialista en biología de la reproducción humana;

IV. Contar con las instalaciones, equipo, instrumental e insumos que establezcan esta Ley, sus reglamentos y las normas aplicables, y

V. Los demás requisitos previstos en la presente Ley, sus reglamentos y las normas aplicables.

Artículo 71 bis 13. Previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida, se deberá llevar a cabo una evaluación completa del estado de salud de la persona receptora, y en su caso, donante involucradas en el procedimiento, con el propósito de brindarles la mejor opción terapéutica, así como la consejería genética necesaria en caso de enfermedades cromosómicas o de transmisión hereditaria.

Los establecimientos autorizados deberán ofrecer a las personas a las que se refiere el párrafo anterior una entrevista con los médicos responsables en la que se les provea con información completa, adecuada y comprensible sobre todos los aspectos relevantes de la técnica de reproducción asistida elegida, y se incluyan datos relativos a las posibilidades de obtener un resultado favorable y los riesgos que ésta implique.

Las entrevistas informativas deberán efectuarse con las personas solicitantes y, en su caso, sus parejas, garantizando en todo momento su derecho a la intimidad y a la confidencialidad.

Si los establecimientos autorizados agotan o descartan la posibilidad de proceder a la fertilización asistida de una persona, se le deberá brindar información detallada de los motivos, debidamente sustentada en la evidencia científica reciente. En este caso, a las personas solicitantes se les deberán señalar las alternativas con las que cuenten.

Artículo 71 bis 14. Se deberán utilizar esquemas de inducción ovulatoria que permitan un adecuado reclutamiento ovocitario y se transferirá un máximo de tres óvulos fertilizados por cada tratamiento, tomando en consideración la edad y condiciones de salud conforme a lo recomendado por las mejores prácticas y la medicina basada en evidencia y de acuerdo con lo que establezcan las normas.

Artículo 71 bis 15. La donación de células germinales y óvulos fertilizados será en todo momento altruista. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a las personas donantes por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación. Dicha compensación nunca podrá ser menor a cinco veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate por cada día en que se desplace para efectos de la donación.

Cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de los bancos que incentive la donación de óvulos o espermatozoides deberá respetar el carácter altruista de aquélla.

Los datos de identidad de la persona donante deberán ser manejados confidencialmente, salvo en aquellos casos en que ésta otorgue expresamente su autorización para que se difundan o en aquellos casos en que las autoridades jurisdiccionales así lo ordenen.

Artículo 71 bis 16. Las personas donantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser mayores de dieciocho años de edad y estar en pleno uso de sus facultades;

II. Rendir consentimiento expreso de donación absoluta para lo cual se deberá cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 322 de la Ley General de Salud;

III. Estar en buen estado de salud física y mental, y

IV. Cumplir con las exigencias de un protocolo obligatorio de tamizaje que incluirá enfermedades infectocontagiosas, enfermedades no transmisibles, perfil bioquímico y metabólico, análisis toxicológico, así como la evaluación de las condiciones psicológicas de idoneidad para ser persona donante, de conformidad con las normas.

Artículo 71 bis 17. Se podrán utilizar células germinales de personas donantes para fertilización homóloga o heteróloga a solicitud de una persona o pareja cuando se hayancumplido los requisitos establecidos en la presente Ley.

Artículo 71 bis 18. Cuando se solicite la colaboración de una mujer heterogestante, ésta deberá cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser mayor de dieciocho años de edad y estar en pleno uso de sus facultades;

II. Rendir consentimiento expreso, absoluto y pleno ante fedatario público, de conformidad con las disposiciones civiles aplicables;

III. Estar en buen estado de salud física y mental, y

IV. Cumplir con las exigencias de un protocolo obligatorio de tamizaje que incluirá enfermedades infectocontagiosas, enfermedades no transmisibles, perfil bioquímico y metabólico, análisis toxicológico, así como la evaluación de las condiciones psicológicas de idoneidad para ser mujer héterogestante, de conformidad con las normas.

La mujer héterogestante únicamente podrá permitir y autorizar el uso de su útero en un máximo de dos ocasiones hasta lograr la viabilidad del producto o tres en caso de que se produzca un aborto natural.

La mujer héterogestante deberá preservar en todo momento las condiciones de salud que permitan el sano desarrollo del producto.

Artículo 71 bis 19. La mujer héterogestante recibirá, desde la realización del protocolo al que se refiere este artículo, y hasta un año después del nacimiento del producto de la gestación, atención médica con cargo a la o las personas que hayan solicitado su colaboración.

Sin perjuicio de lo anterior, también se podrá fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a la mujer héterogestante por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de alimentación, vestido, medicamentos, desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la colaboración.

Artículo 71 bis 20. Los actos contemplados en el presente capítulo deberán observar las formalidades siguientes:

I. Para la donación de células germinales u óvulos fertilizados se requiere consentimiento expreso por escrito que deberá ser otorgado en términos del artículo 322 de la Ley General de Salud, incluyendo los elementos a los que se refiere el presente capítulo;

II. Para el depósito de células germinales u óvulos fertilizados de las personas receptoras se suscribirá un contrato para la crioconservación de acuerdo con lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

III. Para la transferencia de células germinales u óvulos fertilizados a las personas receptoras se requiere del consentimiento informado de éstas, y

IV. Para obtener la colaboración de una mujer héterogestante se requiere rendir consentimiento expreso, absoluto y pleno ante fedatario público, de conformidad con las disposiciones civiles aplicables, además del consentimiento informado para las intervenciones médicas que se le practiquen.

Los consentimientos otorgados conforme a las fracciones III y IV de este artículo podrán ser revocados por la persona donadora, receptora o por la mujer héterogestante, según corresponda, hasta antes de la captura germinal o del proceso de transferencia.

La donación a la que se refiere la fracción I de este artículo será revocable cuando las personas donantes requieran para sí las células germinales donadas, siempre que en la fecha de la revocación aquéllas aún estén disponibles.

Artículo 71 bis 21. El consentimiento expreso para la donación de células germinales y óvulos fertilizados deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos:

I. Datos generales de la persona donante;

II. Datos generales del Banco;

III. Cláusula de estricta confidencialidad;

IV. Cláusula en la que la persona donante renuncia expresamente a conocer el destino de la donación que dichas células germinales tengan, y en su caso también de los óvulos fertilizados, y

V. Demás requisitos que la presente Ley, sus reglamentos y las normas establezcan al respecto.

Artículo 71 bis 22. El consentimiento informado que la persona receptora signará ante los establecimientos autorizados deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos:

I. Datos generales de la persona receptora;

II. Datos generales del establecimiento autorizado;

III. Cláusula de estricta confidencialidad;

IV. Cláusula en la que la persona receptora renuncia expresamente a conocer el origen de las células germinales u óvulos fertilizados aceptados; y,

V. Los demás requisitos que la presente Ley y la legislación aplicable establezcan al respecto.

Artículo 71 bis 23. La Secretaría de Salud coordinará el Registro Nacional, mismo que se encargará de:

I. Integrar y actualizar los datos de las personas receptoras, donantes, mujeres héterogestantes y las fechas de los procedimientos respectivos;

II. Proporcionar a los bancos la información relativa a las personas receptoras, donantes y mujeres héterogestantes para los efectos de lo establecido en la fracción I del artículo 71 bis 22;

III. Compilar los datos estadísticos de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción humana asistida para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 71 bis 10;

IV. Integrar y actualizar la relación de los establecimientos autorizados conforme a este capítulo; y,

V. Integrar y actualizar la relación de la cantidad de óvulos fertilizados crioconservados en cada establecimiento.

Artículo 71 bis 24. Serán responsabilidades del Banco:

I. Comprobar de manera fehaciente la identidad y los antecedentes de las personas donantes. La comprobación de los antecedentes podrá hacerse mediante consulta en el Registro Nacional;

II. Obtener información sobre la salud de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida durante su primer año de vida, siempre que se hayan utilizado para su procreación células germinales de personas donantes anónimas, con el fin de que en el caso de que las o los nacidos vivos tengan alguna enfermedad genética o cromosómica, se evite la fertilización mediante la utilización de las células germinales de la persona donante, en tanto se compruebe que dicha enfermedad no fue transmitida por la persona donante.

En caso contrario, las células germinales que en su caso hayan sido obtenidas de dicha persona donante podrán destinarse únicamente a los fines descritos en las fracciones III y IV del artículo 71 BIS 9 de esta Ley;

III. Llevar un registro interno de las actividades que realicen. Las normas definirán la información que deberá contener ese registro interno, así como la periodicidad con la que se entregará al Registro Nacional.

Artículo 71 bis 25. Las células germinales femeninas y masculinas podrán utilizarse de manera independiente con fines de investigación.

Se prohíbe la transferencia a una mujer de células germinales previamente destinadas a la investigación, así como su uso para originar óvulos fertilizados con fines de procreación.

Artículo 71 bis 26. Para autorizar la investigación con óvulos fertilizados se deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Que se trate de óvulos fertilizados donados de acuerdo con lo que señala el presente capítulo;

II. Que el óvulo fertilizado no se haya desarrollado in vitro más allá de 14 días después de la fecundación del óvulo, descontando el tiempo en el que pueda haber estado crioconservado; y,

III. Los demás que establecen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 71 bis 27. La filiación de los hijos e hijas nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida se ajustará a lo que al efecto disponga la legislación civil.

Artículo 71 bis 28. Los casos no contemplados enla presente Ley se dirimirán en los juzgados civiles, familiares o penales, según corresponda.

Artículo 198. Únicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I.…

II. …;

III. .…;

IV. …;

V. …;

VI. bis. Practicar técnicas de reproducción asistida, y

VII. ….

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:

I….

I bis. El control sanitario de los bancos dedicados a la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados, así como de los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y

II….

Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por:

I. Se deroga.

Del I Bis al XXVII. …

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los dedicados a:

I….;

II….;

II bis. La obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados;

III….

IV…

Artículo 375. Requieren de permiso:

I. …;

II. …;

III. …;

IV. …;

V…;

VI. ..;

VI bis. La internación en el territorio nacional o la salida de él, de células germinales y óvulos fertilizados;

VII….;

VIII….;

IX…., y

X. …

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 71 BIS 3, 71 BIS 6, 71 BIS 8, 71 BIS 12, 71 BIS 14, 71 BIS 20, 71 BIS 21, 71 BIS 22, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238,240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley.

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 71 BIS 9, 71 BIS 10, 71 BIS 11, 71 BIS 15, 71 BIS 16, 71 BIS 18, 71 BIS 19, 71 BIS 25, 71 BIS 26, 100, 122, 126, 146, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley.

Artículo 466. Se deroga

Artículo 466 Bis. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate al que realice transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies, así como aquellos que lleven a cabo experimentos con el propósito de crear seres humanos mediante clonación o de producir híbridos o quimeras con fines reproductivos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a las que se alude en el presente Decreto en un plazo que no excederá los 260 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. La Secretaría de Salud instalará el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida en un plazo que no excederá los 120 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de los dictámenes de primera lectura enlistados en la agenda del día.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a los dictámenes de primera lectura para este día.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Energía, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Corea para la Cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, firmado en Los Cabos, México, el 17 de junio de 2012.

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012.





 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COREA PARA LA COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS DE LA ENERGIA NUCLEAR, FIRMADO EN LOS CABOS, MEXICO, EL 17 DE JUNIO DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,ASIA-PACIFICO;
Y ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Energía, les fue turnado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado el Los Cabos, México, el diecisiete de junio de dos mil doce.

Las comisiones dictaminadoras con fundamento en el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes generales

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, mediante oficio No. SEL/300/320/12, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remitió a los secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado en Los Cabos, México, el diecisiete de junio de dos mil doce.

2. En sesión celebrada el 28 de agosto de 2012, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante oficio CP2R3A.–2727, turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Energía, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión de trabajo ordinaria, los senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen:

II. Objetivo y descripción del Instrumento

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, tiene por objetivo fomentar y promover la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear.

El Acuerdo contiene 16 artículos tal como se enlista a continuación:

Artículo 1.- Propósito

Artículo 2.- Definiciones

Artículo 3.- Áreas de Cooperación

Artículo 4.- Formas de Cooperación

Artículo 5.- Arreglos para la Implementación y Comité Conjunto

Artículo 6.- Información

Artículo 7.- Transferencias y Retransferencias

Artículo 8.- Enriquecimiento y Reprocesamiento

Artículo 9.- Prohibición de Explosivos o Aplicaciones Militares

Artículo 10.- Salvaguardias

Artículo 11.- Protección Física

Artículo 12.- Seguridad Nuclear, Protección Ambiental y Responsabilidad

Artículo 13.- Duración de la Aplicación

Artículo 14.- Cese de la Cooperación

Artículo 15.- Solución de Controversias

Artículo 16.- Entrada en Vigor, Duración y Terminación

De conformidad con el artículo 1, las Partes deberán fomentar y promover la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear.

El Artículo 2 define, para el caso de la aplicación del Acuerdo, los términos: directrices, equipo, material, material nuclear, persona y tecnología, de conformidad con el Estatuto y las Directrices del Grupo de Suministradores Nucleares para Transferencias Nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) del sistema de Naciones Unidas.

El Artículo 3 establece las áreas de cooperación susceptibles de aplicación en el marco de este Acuerdo, entre las que destacan la investigación y desarrollo para usos pacíficos de la energía nuclear; diseño, construcción, mantenimiento y capacitación en operación de plantas nucleares, reactores nucleares o reactores de investigación; elaboración y suministro de combustible nuclear para uso en plantas nucleares; manejo de desechos radioactivos; y seguridad nuclear, protección radiológica y del medio ambiente y preparación de respuesta a emergencias.

El Artículo 4 estipula a través de qué tipo de acciones puede darse la cooperación entre las Partes de conformidad con el Artículo 3 del presente Acuerdo, a saber: intercambio y capacitación de personal científico y técnico; intercambio de información y datos científicos y tecnológicos; transferencia de material nuclear, material, equipo y tecnología; prestación de consultorías; investigación conjunta y otras formas convenidas por las Partes.

El Artículo 5 faculta a las Partes o a sus autoridades competentes para celebrar acuerdos específicos para la implementación de las actividades de cooperación. Para el caso de asegurar la coordinación de dichas actividades de cooperación, se dispone la creación de un Comité Conjunto compuesto por representantes designados por las Partes y que podrán reunirse en fechas mutuamente convenientes.

El Artículo 6 indica que la información que se brinde al amparo del Acuerdo puede ser utilizada libremente, a menos que se indique expresamente lo contrario por la Parte que proveyó dicha información. Además, se adoptarán todas las medidas apropiadas de conformidad con las respectivas leyes y reglamentos de las Partes para preservar las restricciones y/o reservas, respecto de la utilización y difusión de información para proteger los derechos de propiedad intelectual.

El Artículo 7 dispone que la transferencia de información, de material nuclear, material, equipo y tecnología, podrá llevarse a cabo únicamente entre las Partes o a través de las personas autorizadas por las mismas Partes. No se permitirá la transferencia de información, de material nuclear, material, equipo o tecnología a una persona no autorizada, ni tampoco más allá de la jurisdicción de la Parte receptora, a menos que los firmantes acuerden por escrito lo contrario.

El Artículo 8 señala que el uranio transferido no será enriquecido a veinte por ciento o más en el isótopo U-235; el equipo o la tecnología transferidos tampoco se utilizarán para la producción de uranio enriquecido a veinte por ciento; y queda prohibido el reprocesamiento del material nuclear utilizado o el equipo transferido al amparo del Acuerdo, a menos que las Partes acuerden una condición distinta.

El Artículo 9 establece que el material nuclear, material, equipo y tecnología transferida así como el material fisionable, no se utilizarán para la investigación, desarrollo o fabricación de armas nucleares, o cualquier dispositivo nuclear explosivo o para cualquier propósito militar.

Este artículo es congruente con el Artículo II del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares del que tanto México como la República de Corea son parte; así como con el Artículo 1 del Tratado de la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe, del que México es proponente y Parte.

El Artículo 10 especifica que la prohibición contenida en el Artículo 9 del Acuerdo, se verificará con arreglo al acuerdo de salvaguardias entre cada parte y el OIEA, que para el caso de México es el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica relativo a la Aplicación de Salvaguardias, según el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina; y para el caso de la República de Corea, de conformidad con el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Corea y el Organismo Internacional de Energía Atómica relativo a la Aplicación de Salvaguardias, según el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares.

El Artículo 11 ordena que se adoptarán medidas apropiadas a fin de ofrecer al material nuclear, material, equipo transferido y material fisionable, un nivel de protección física no menor al establecido en la Convención sobre la Protección Física de los Materiales y las Instalaciones Nucleares del OIEA (INFCIRC/225/Rev.4).

El Artículo 12 indica que las Partes se consultarán para identificar las implicaciones de seguridad y ambientales internacionales, derivadas de las actividades de cooperación que instrumenten en el marco del Acuerdo. Se estipulan con precisión aquellas convenciones multilaterales que también deberán observarse en la aplicación del Acuerdo.

El Artículo 13 establece que el material nuclear, el material y el quipo estarán sujetos al Acuerdo hasta que tales artículos hayan sido transferidos fuera de la jurisdicción de la Parte receptora; o en caso de que el material nuclear se haya determinado que no es utilizable ni recuperable a través de procesamiento.

El Artículo 14 decreta que la cooperación al amparo del Acuerdo concluirá, si una de las Partes no cumple con lo dispuesto por los Artículos 7, 8, 9, 10 u 11; o por violar un acuerdo de salvaguardias con el OIEA.

El Artículo 15 determina que cualquier controversia será resuelta entre las Partes de manera amistosa, mediante negociaciones o consultas. En caso de no resolverse por medio de negociaciones mutuas o consultas, podrá presentarse ante un tribunal arbitral constituido ad hoc, a propuesta de las Partes, para encontrar la solución.

El Artículo 16 dispone que la entrada en vigor del Acuerdo ocurrirá 30 días después de que las Partes se comuniquen la conclusión del procedimiento legal interno para su entrada en vigor y que el Acuerdo permanecerá en vigor por diez años, prorrogable automáticamente por periodos adicionales de 5 años, a menos que cualquiera de las Partes notifique su intención de darlo por terminado por escrito.

III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración del Acuerdo

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Energía, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Energía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo y la importancia de que sea aprobado en sus términos.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República.

Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

IV. Consideraciones de orden general

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 89 fracción X y 76 fracción I, 15, y 117 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…-IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…-XX…

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II…–XII…

Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso:

I Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras;

II…–IX…

V. Consideraciones de orden específico

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y Energía que suscriben este dictamen, reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el Acuerdo bajo análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señalan que la energía nuclear es una fuente de suministro sostenible, limpia y una alternativa viable a los combustibles fósiles, por cuanto a su aportación a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del fenómeno del cambio climático.

Advierten que en México la energía nuclear es utilizada para usos pacíficos, particularmente en la generación de energía nucleoeléctrica, aplicaciones médicas, industriales y de investigación.

Las dictaminadoras manifiestan que gracias a los diversos ámbitos de aplicación de la energía nuclear en México, la cooperación con países, organismos e instituciones internacionales que promueven su uso pacífico, es deseable en la medida en que contribuya a promover la ciencia y el desarrollo tecnológico, para un aprovechamiento más eficaz y eficiente de las capacidades nucleares disponibles.

Coinciden en la importancia mayúscula que tiene adoptar todas las medidas oportunas para que el uso de la energía nuclear se realice con un alto grado de seguridad, reglamentación, supervisión y además, que sea amigable con el medio ambiente.

Las comisiones dictaminadoras reciben con beneplácito el hecho de que el Acuerdo bajo análisis, sea congruente con el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) del Sistema de Naciones Unidas, que es el ente intergubernamental encargado de fomentar y facilitar la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía nuclear con fines pacíficos.

Los senadores integrantes de ambas comisiones dictaminadoras también señalan que tanto México como la República de Corea, tienen una gran responsabilidad en materia de seguridad nuclear, puesto que ambos países cuentan con reactores que utilizan material fisionable para la generación de energía y el desarrollo de investigación científica. En tal virtud, la cooperación entre ambos países es pertinente.

Asimismo, la República de Corea es el quinto país con mayor número de reactores nucleares operacionales, por lo que cuenta con vasta experiencia en el uso y seguridad en materia de recursos nucleares, además de contar con un programa de formación de recursos humanos destacado, ambas características de las que el Estado mexicano puede beneficiarse por virtud del Artículo 4 del Acuerdo.

Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, enfatizan que el Acuerdo contiene en su Artículo 9, la prohibición expresa del uso de material nuclear o equipo para desarrollar aplicaciones con fines militares, principio que es congruente con los principios que regulan la política exterior del Estado mexicano.

Ambas comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en el Acuerdo, son coherentes con el marco jurídico internacional vigente en la materia y con las convenciones multilaterales de las cuales México es Parte, a saber: el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares de la América Latina y El Caribe; el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares; el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina; la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares; y el Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.

El Acuerdo también cumple con los objetivos y disposiciones del Grupo de Suministradores Nucleares (NSG) del cual tanto México como la República de Corea son Parte.

Las dictaminadoras destacan que el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, se suma a la red de tratados que México tiene celebrados en la materia con Australia, Canadá y Argentina.

Asimismo, ambas comisiones legislativas manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que, la suscripción del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego a lo dispuesto en la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Energía, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COREA PARA LA COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS DE LA ENERGIA NUCLEAR, firmado en Los Cabos, México, el diecisiete de junio de dos mil doce.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 24 de abril de 2013.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico: Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente.-Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz, Secretario, Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, Secretaria.-Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Sen. Manuel Cavazos Lerma, Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.

Comisión de Energía: Sen. David Penchyna Grub, Presidente.- Sen. Salvador Vega Casillas, Secretario.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Secretario.- Sen. Carlos Romero Deschamps, Secretario.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. Héctor Yunes Landa.- Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Ninfa Salinas Sada.- Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Título Quinto, Capítulo Unico a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TITULO QUINTO, CAPITULO UNICO A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 70, 71, 72, 73, 108, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 y 220 del Reglamento del Senado de la República.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 70, 71, 72, 73, 108, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 Y 220 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes de primera lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y están disponibles en el monitor de sus escaños, quedan de primera lectura.

Aprovecho para saludar la visita de los alumnos de la escuela preparatoria Nobel de Morelia del estado de Michoacán, invitados por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

¡Sean bienvenidos!

(Aplausos)

Ahora tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales, en materia de telecomunicaciones.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

(Dictamen de segunda lectura)



Son todos los dictámenes de primera lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y están disponibles en el monitor de sus escaños, quedan de primera lectura.

Aprovecho para saludar la visita de los alumnos de la escuela preparatoria Nobel de Morelia del estado de Michoacán, invitados por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

¡Sean bienvenidos!

(Aplausos)

Ahora tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales, en materia de telecomunicaciones.

Mucho se ha hablado en los últimos en torno a eventuales modificaciones a la minuta que nos envió la Cámara de Diputados, pero quiero dejar muy en claro que el presente dictamen es una clara muestra de la responsabilidad y compromiso con la que los Senadores hemos asumido nuestra labor, teniendo siempre como premisa fundamental el desarrollo y el progreso de nuestro país.

El presente dictamen que someten a nuestra consideración 4 comisiones dictaminadoras es el primer gran paso por devolverle a la sociedad el poder que había cedido con los años y que el Gobierno durante décadas no había querido intervenir. Me refiero por supuesto a la materia de la comunicación concesionada, al espectro radiofónico, televisivo y también al electrónico y/o digital. Es en verdad motivo de orgullo la voluntad política mostrada por todas las fuerzas que integran este Senado, hoy hemos logrado un documento sólido.

Permítanme decir que, como senadores, así como para los expertos que tuvimos el privilegio de escuchar en la semana que la Comisión de Puntos Constitucionales permitió un foro critico de discusión, la presente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia representa una oportunidad envidiable para mejorar mercados con problemas estructurales. Las modificaciones que realizaron las Comisiones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados permitirá dotar a la Constitución de poderosas herramientas para modificar estructuras de mercado oligopólicas o en las que ya existen operadores dominantes; se dota de un órgano capaz de ordenar medidas que eliminen barreras a la competencia, regular acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos de agentes económicos dominantes que eliminen efectos no competitivos ó anticompetitivos.

Desde hace muchos años, los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión han luchado por una reforma estructural en el sector de las telecomunicaciones, por ello celebramos el dictamen que hoy discutimos, pues en él se incorporan las propuestas y postulados que hemos enarbolado en nuestra agenda legislativa.

Y es motivo de celebración, toda vez que al garantizar el acceso de la población a los medios de comunicación y a las tecnologías de la información, se perfecciona el derecho a la información y por ende el acceso al conocimiento, derechos humanos que a partir de este momento cobrarán verdadera vigencia en nuestro Estado de Derecho.

Así pues, enhorabuena para todos nosotros, compañeras senadoras, compañeros senadores, enhorabuena para la sociedad mexicana.

Muchas gracias."

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quiénes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que a partir de la modificación que aplicó la Colegisladora a este proyecto de Decreto, discutiremos únicamente la parte relativa al artículo 28, por lo que está a discusión sólo dicho artículo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Cervantes Andrade, por la Comisión de Puntos Constitucionales, para presentar el dictamen.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

En representación de las cuatro comisiones dictaminadoras y de las dos de opinión, su servidor, el Senador Raúl Cervantes Andrade, como Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, queremos dejar claro desde el punto de vista legislativo, de técnica constitucional y de alcance del litigio del control constitucional, lo que se refirió la minuta de la Cámara de Diputados.

Ellos hicieron un cambio al artículo 28 constitucional sobre las resoluciones a cambiar, y nos mandaron la minuta.

Le pediría al Presidente del Senado, si me puede obsequiar el trámite de que se agregue al Diario de los Debates del Senado de la República, el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados en este tema.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se obsequia, Senador Raúl Cervantes.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: Se lo agradezco mucho, porque si después ustedes van y lo leen, no hay una sola argumentación en la Cámara de Diputados.

Se le dispensaron todos los trámites, están en su derecho y se los permite su ley, pero no hay razonamientos, ni en la minuta, ni en el Diario de los Debates, ni siquiera el Diputado que presentó la reserva lo razonó.

Qué fue lo que hicieron las cuatro comisiones viendo que el sentido de, las y estas, no cambiaba la intención de la descripción del tema, primero, de la suspensión; segundo, del acceso a la justicia, el equilibrio del derecho humano y la recomendación que había venido a hacer la OCDE y los diferentes grupos parlamentarios en el tema de la prohibición de la suspensión como venía en la Cámara de Diputados.

De la página 88 a la página 145 del dictamen del 19 de abril, que esta Cámara de Diputados, primero en comisiones y después el Pleno aprobó, viene un razonamiento inextenso, claramente razonando el por qué nosotros nos allanábamos la prohibición de la figura de la suspensión por el exceso que se había dado en la materia de competencia económica.

Pero al mismo tiempo hacíamos una ponderación constitucional sobre la importancia que tiene el derecho humano de acceso a la justicia y al debido proceso, y equilibrando esa ponderación, en prima facie, que es responsabilidad de los congresos y sobre todo cuando ejercen su facultad de poder renovador de la Constitución, se dio el alcance de la ponderación, de la ejecución o inejecución de dos casos exclusivamente, explicados, insisto, en el dictamen: multas y venta de activos, inscribiéndose en las mejores prácticas internacionales y sustentándose en la jurisprudencia de la Corte.

Le pediría a la Secretaría si le puede dar lectura a estas dos jurisprudencias de la Corte, por favor.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Con todo gusto, Senador Cervantes Andrade.

Solicito a la Secretaría dar lectura al documento.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)

“Suspensión provisional, es procedente contra la ejecución de las multas administrativas impuestas por la Comisión Federal de Competencia para sancionar las conductas señaladas en el artículo 10, fracción VII, de la Ley Federal de Competencia Económica, en relación con el artículo 7o., fracción V de su Reglamento.

En contra de la ejecución de las multas administrativas impuestas por la Comisión Federal de Competencia como sanción a las prácticas monopólicas señaladas en los artículos mencionados, procede conceder la suspensión provisional por implicar actos autoritarios de naturaleza positiva encaminados a hacer efectivo su cobro y que por su naturaleza son suspendibles, máxime que la paralización provisional de la ejecución de las multas administrativas no contraviene el orden público ni afecta el interés social, en virtud de que con ella no se priva a la colectividad de un beneficio otorgado por las leyes ni se le infiere daño; en cambio, la ejecución de las multas indicadas causan a los sujetos pasivos perjuicios de difícil reparación, en virtud de que las autoridades responsables no indemnizan los daños causados a los gobernados con la ejecución de los actos reclamados. Además, la concesión de la suspensión provisional de la ejecución de las multas de mérito es congruente con lo preceptuado en el artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, del cual se advierte la voluntad del legislador federal en el sentido de que la interposición del recurso administrativo de reconsideración suspenda la ejecución de las resoluciones impugnadas; luego, si la propia ley de la materia establece la suspensión de los efectos de las resoluciones relativas, el mismo criterio debe normar la suspensión en materia de amparo, porque sería absurdo que puedan suspenderse los efectos de las resoluciones dictadas por la Comisión Federal de Competencia en el recurso de mérito, pero no puedan suspenderse en el juicio de garantías.

  •  Contradicción de tesis 142/2002-SS. -Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Octavo Circuito. -31 de enero de 2003. -cinco votos. -Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. -Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
  •  Tesis de Jurisprudencia 11/2003. -Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de febrero de dos mil tres.

 

Revisión en amparo. Los resolutivos no combatidos deben declararse firmes. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe de declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.

  •  Amparo en Revisión 1818/90. Jorge Eugenio de la Torre Rodríguez. 21 de enero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.

 

  •  Amparo en revisión 1815/90. Aurora Martínez Carrillo. 28 de enero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.
  •  Amparo en revisión 1819/90. Palma Chica, S. A. DE C. V. 28 de enero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.

 

Amparo en revisión 1873/90. Superservicio Taxqueña, S. A. DE C. V. 28 de enero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.

Amparo en revisión 2000/90. Rosa Lilia Valdés Banqueiro. 28 de enero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.

Tesis de Jurisprudencia 7/91 aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el once de febrero de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros Presidente: Salvador Rocha Díaz; Mariano Azuela Güitrón; Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y José Antonio Llanos Duarte”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Continúe, Senador Cervantes.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señor Presidente.

Le pido una disculpa a mis compañeras Senadoras y compañeros Senadores, por haber pedido que se diera lectura a la jurisprudencia de manera completa, pero yo siempre he estado convencido que la jurisprudencia así se cita.

Y este elemento es en defensa, no de las cuatro comisiones dictaminadoras, sino del Pleno del Senado de la República.

El tema que subyace a lo que no se dice en el Diario de Debates, a lo que no se dice en la reserva, a lo que no dice la minuta de la Cámara de Diputados, pero que consecuentes las comisiones dicen: “como va en el mismo sentido, se consecuente el cambio”.

La duda fuera del debate de la Cámara de Diputados, se dijo tres cosas: uno, que las resoluciones permitían que otros más elementos de la resolución pudieran ser no ejecutables, porque ya no existe suspensión, y que entonces estaba abriendo la puerta además de las multas y la venta de activos, la palabra “las”.
La segunda jurisprudencia que se leyó, claramente dice, y es de 1991, no es algo nuevo, los que habíamos litigado en la materia administrativa, vía el control constitucional: “cada uno de los resolutivos se litiga por separado”. Tan es así que la primera jurisprudencia que estaba en el dictamen entre la 133 y 145, y ahora en el nuevo dictamen que se propone hacer consecuente el cambio de la Cámara de Diputados de la página 6 a la página 9, lo que se refiere es que si se litigan por separado, y la jurisprudencia de la Corte se pronunció en que las multas son suspendibles y el argumento de algunos abogados de la Comisión Federal de Competencia Económica, dicen que las resoluciones se litigan en conjunto y que por lo tanto si no se aclaraba, las y estas, había confusión y se abría la puerta, me preguntaría, cómo subsiste la jurisprudencia citada en el dictamen en el que claramente se dice que es suspendible sólo la multa, y en el resolutivo anterior de ese mismo amparo estaba la práctica prohibiéndose.

Cómo en la materia de suspensión durante los últimos años, que la Corte dio luz sobre por qué era suspendible la materia de las multas, no se estaba suspendiendo la práctica.

Por un análisis del tema de alguien en el litigio que piensa que se litiga por separado, las dictaminadoras en la clarificación, siempre será bienvenido el debate entre las Cámaras, siempre será bienvenido el respeto a la Colegisladora y siempre será bienvenida la rectificación, la corrección o la alimentación de los conceptos en la creación de leyes, y máxime en la modificación constitucional.

Por eso se consciente la clarificación, pero nunca hubo duda entre lo que hizo la dictaminadora, dice el dictamen, insisto, entre la página 88 y 145, y lo que dice hoy el dictamen entre la página 6 y 9, y en ambas citadas las jurisprudencias antes dichas son la consecuencia en el litigio hoy, en la práctica todavía no está vigente si alguien fuera multado en la COFECO sólo procedería la suspensión, aunque viniera en la misma resolución el tema de multas en términos de la Corte.

Y segundo, hoy estaría clarísimo que el litigio de los resolutivos incluidos en la misma resolución, son litigios, argumentación y conceptos de violación por separado.

Después del análisis de los cuatro presidentes de las mesas directivas y los miembros de las comisiones que dictaminamos y las que dieron su opinión también, concedimos el cambio de "las" a "estas", pero queremos quedar firmes desde esta tribuna, y mandatado por los cuatro presidentes, que nunca fue la intención, y ahí está el dictamen en específico, porque había en técnica jurídica el entender el tema de "las" y "estas".

Es cuanto, Senadoras y Senadores.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Cervantes Andrade.

Para hechos, se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al Senador Javier Corral Jurado.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente.

Antes de iniciar mi intervención, ruego usted ordene a la Secretaría, conforme al Reglamento y para efectos de ilustrar el tema, se dé lectura a la opinión que el presidente en funciones de la Comisión Federal de Competencia remitió al Diputado Francisco Arroyo Vieyra en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Después de la lectura refutaré varias de las cosas que tanto el Senador Cervantes, como otros compañeros Senadores, ayer en las comisiones unidas dijeron sobre esta reforma y la manera en que la han calificado. Me referiré a las intervenciones del Senador Cordero Arroyo y del Senador Lozano Alarcón, porque no comparto la manera en que han descalificado esta enmienda de la Cámara de Diputados.

Es todo, señor Presidente.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Javier Corral, continúe usted en el uso de la palabra.

- El C. Senador Corral Jurado: Muchas gracias, compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Durante la discusión de la minuta en reforma de telecomunicaciones, la madrugada del viernes de la semana pasada, aquí yo advertí de la ambigüedad de esa redacción que flexibilizó la materia de suspensión con relación a la demanda de amparo que los titulares pueden presentar.

Señalé con toda claridad que estaba de acuerdo en que se libraran de la suspensión en términos de ejecución tanto las multas como la desagregación de activos, la desincorporación de activos, incluso señalé, precisamente como referente, los antecedentes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había generado en el tema.

Pero advertí que la redacción que quedaba en el dictamen del Senado, iba a permitir continuar con la litigiosidad con la que los agentes económicos en este sector enfrentan las distintas decisiones del Estado y de la autoridad.

Pero como esa madrugada no hubo posibilidad alguna de escuchar argumentos e incluso una tras otra se estuvieron rechazando admitirlas a discusión, en realidad nunca hubo un contrapunto, ni siquiera hubo una contraparte que refutara los argumentos.

Lo importante es que la Cámara de Diputados en su función de Colegisladora y revisora también, ya de nuestro dictamen corrigió, aclaró y precisó, y lo único que eliminó es lo que le estaba haciendo no solamente ruido, sino dando pie a la confusión y, por supuesto, generando la posibilidad de nuevos litigios.

Porque la redacción terminaba diciendo que las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia, y al final de cuentas lo que decía la exposición de motivos del dictamen del Senado versaba solamente sobre multas y desincorporación de activos.

He escuchado que se le ha llamado exquisitez a lo que hizo la Cámara de Diputados; nuestro coordinador parlamentario le llamó exquisitez.

Ayer el Senador Javier Lozano, en las comisiones unidas, dijo que le daba vergüenza lo que habían hecho los Diputados del PAN, que habían impulsado esta reforma.

Yo celebro que los Diputados hayan atendido, en primer lugar, la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, pero en segundo lugar, que cierren la posibilidad a que continúe la alta litigiosidad con la que se resisten las decisiones del Estado en esta materia.

Yo discrepo de esos calificativos, y señalo con toda claridad que la reforma, que la modificación podrá ser de dos palabras, pero como lo dijo Jorge Alcocer en un extraordinario artículo, son dos palabras que tienen consecuencias fundamentales frente a los intereses que busca regular la reforma de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica. Y por eso creo que los Diputados del PAN hicieron lo correcto.

Aquí es donde no nos prestigian varios de los cambios que se hicieron a la iniciativa y a la minuta de la Cámara de Diputados en esta reforma, eso sí nos debería de dar vergüenza, las cosas que le aminoraron en materia de transparencia, captura regulatoria, de conflicto de interés, de sesiones públicas, del “IFETEL”, de requisitos a los comisionados porque lamentablemente en el balance de los cambios positivos y negativos que le hizo el Senado de la República, lamentablemente aquí la minuta de la Cámara de Diputados perdió más de lo que ganó, porque se le introdujeron retrocesos en materia, sobre todo de transparencia y para evitar el fenómeno de captura regulatoria.
Yo entiendo en qué circunstancia y en qué marco se dan estas declaraciones cuando se sabe que no solamente el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados pidió estas modificaciones, sino también el propio Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y miembro del Consejo Rector del Pacto por México, Gustavo Madero, había solicitado que se clarificara esta redacción para cumplir realmente el objetivo enunciado en el Pacto por México, y de esto también, por supuesto, que podemos y debemos discutir entre nosotros.

Yo celebro lo que los Diputados han realizado y no me parece que deba ser calificado como insustancial, irrelevante y descalificada de esa manera lo que es una atribución soberana de la Cámara de los Diputados

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Gracias, Senador Corral Jurado, como siempre, le agradecemos sus comentarios.

¿Con qué objeto, Senador Roberto Gil?

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Para hechos.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Lozano Alarcón.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Si me permite, señor Presidente, para alusiones personales, ¿puedo hacer un comentario?

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Adelante, Senador Lozano Alarcón.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Para no perder más tiempo yo no dije que me daba vergüenza lo que habían propuesto nuestros colegisladores de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, dije que me daba pena, que no es lo mismo, reitero, que esta es una necedad, es una nimiedad, es un cambio ocioso el que nos ocupa el día de hoy; pero hay que darle entrada, hay que salir de esto cuanto antes, porque no cambia en nada, ni en el espíritu pareciera que no se escuchó lo que se leyó y lo que dijo el Senador Raúl Cervantes, yo diría que francamente esto está suficientemente discutido, es un cambio inocuo, no dice absolutamente nada, es exactamente en el mismo sentido que nosotros aprobamos aquí, reitero, todo lo que dije ayer en comisiones unidas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Tiene el uso de la palabra el Senador Roberto Gil Zuarth, para hechos.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su venia, señor Presidente.

Ya antes en esta tribuna se ha discutido sobre los riesgos de que el Senado, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados legisle por consigna; hoy también tenemos que señalar el riesgo de que legisle por agudos personalismos.
Quien antes me antecedió en el uso de la voz ha planteado el tema político detrás de esta discusión, todo parece indicar que hay algunos que querían enmendarle la plana al Senado, como una vendetta, una revancha política.

Coincido con el Senador Raúl Cervantes en el sentido de que esta modificación es absolutamente ociosa, sólo quien fue a la Facultad de Derecho y entiende que las resoluciones son los mamotretos en los que se comunica una sentencia, puede coincidir con esa interpretación.

Yo aprendí en la Facultad de Derecho que las resoluciones sólo constituyen el sentido material de una decisión y, por lo tanto, son divisibles, y en consecuencia también los mecanismos de impugnación se definen en función de la materia, no de mamotreto, generado por el juez o por el órgano resolutor, eso yo aprendí en la Facultad de Derecho.

Sería tal como aceptar que en materia penal si un juez determina una orden de aprehensión y una serie de medidas de seguridad adicionales, sólo proceden los recursos de impugnación de unos con respecto a otros, es absolutamente falso y déjeme decirlo, señores Senadores, hasta ridículo.

Lo que hizo el Senado de la República en la modificación a la fracción VII del artículo 28 fue establecer una medida de sensatez, porque sí es cierto que se ha abusado de la litigiosidad en materia de telecomunicaciones, y buena parte de la función reguladora de estos órganos ha quedado limitado, condicionado precisamente por esas estrategias litigiosas, pero resulta que estábamos haciendo una reforma constitucional no sólo en materia de telecomunicaciones, sino también en materia de competencia, es decir, estableciendo el régimen al cual se someten todos los mercados del país de todas las actividades económicas para todos los propósitos económicos de México.

Y justamente lo que pretendía la Cámara de Diputados en la minuta que se envió a este Senado, es que la misma regla se aplicara para todas las actividades económicas, y dejar en estado de indefensión a quienes, por ejemplo, son productores de aguacate y que son también sujetos de la regulación de órganos reguladores de la competencia.

Y esta medida de sensatez no está peleada bajo ninguna circunstancia ni con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni mucho menos con las mejores prácticas internacionales, es absolutamente falso, absolutamente falso que el mundo tenga como práctica la limitación absoluta, la prohibición absoluta a los mecanismos de defensa frente a los órganos reguladores, eso es absolutamente falso.

Ningún estado de derecho puede subsistir ni generar mecanismos de vigencia plena de sus disposiciones, si el justiciable no tiene la posibilidad de acceder a las instituciones para hacer valer sus derechos, por más indignante que haya sido la actuación de ciertos actores económicos frente a la regulación de los órganos reguladores.

Eso es justamente lo que discutió el Senado de la República, una medida de sensatez en la fracción VII del artículo 28, y es una buena noticia que en este Senado de la República se haya modificado y corregido una regla que era absolutamente desproporcionada y absolutamente indebida para efectos de la defensa de los derechos.

El tamaño de la ambigüedad que hoy se señala, es un pronombre, las y estas, ha quedado claro en la opinión de la Comisión que el Presidente en funciones de la Comisión de Competencia, que la exposición de motivos deja claramente establecidas las finalidades, los términos y los alcances de la redacción, en la exposición de motivos, como lo reconoce la opinión y se ha reconocido aquí, no hay margen alguno para interpretar que a partir de las resoluciones se podrá abrir todos los mecanismos de defensa, específicamente suspensión en materia de amparo, a todas las resoluciones que emita la Comisión Federal de Competencia, precisamente porque la disposición constitucional es clara, lo que está limitando es la procedencia de los mecanismos de impugnación, no es la decisión como tal de la Comisión Federal de Competencia, sino el sentido material de esas resoluciones. Insisto, no el mamotreto, en el que se comunica una sentencia, sino el sentido final de la decisión de un órgano.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gil Zuarth.

¿Con qué objeto, Senador Corral Jurado?

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Conforme al Reglamento, para alusiones personales, y tengo el turno inmediato.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Corral Jurado, para alusiones personales.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Yo sí voy a aludir, a decir por su nombre porque nosotros estamos acostumbrados a este debate como práctica de nuestro grupo parlamentario con más frecuencia de las que ustedes se imaginan, y yo puedo decir, sin descalificar su capacidad jurídica o su conocimiento en materia de derecho, que el Senador Roberto Gil es muy brillante, hay que agregar, qué lástima porque luego esos conocimientos que deberían de volcarse al interés público se vuelcan a veces para defender los intereses particulares, y debo decir con toda claridad que no estamos hablando de, estas y las, estamos hablando de estas y las resoluciones, que es una cosa totalmente distinta, porque la redacción del artículo 28,en la fracción VII, ¿saben qué?, en realidad tenía una redacción tramposa, una redacción que efectivamente decía en la exposición de motivos: “Que iba a conceder la suspensión en materia de multas y de desincorporación de activos, y hasta el final del juicio de amparo se ejecutaría la sentencia”.

Pero luego tenía una coma en donde decía: “Las resoluciones”, y esa es la ambigüedad que los Senadores que han venido a minimizar la modificación de la Cámara de Diputados, no quieren reconocer ni siquiera en la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Pues, si lo dijo el propio órgano; lo dijo el propio Presidente en funciones de la COFECO.

Lo que el Senado dice en su exposición de motivos no está debidamente redactado en el artículo, y eso dice la COFECO, no solamente genera ambigüedad, le vuelve a abrir la puerta a la alta litigiocidad que ha caracterizado este sector y que era uno de los objetivos del pacto a eliminar.

Señoras Senadoras; señores Senadores, dentro de los 7 compromisos del Pacto por México en materia de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, estuvo siempre ponerle fin a los largos litigios, con los que los agentes económicos resisten las decisiones del Estado.

Y sí, aquí se habló de una medida de sensatez, se dijo, incluso: “En nombre de las libertades económicas”.

Y no dijeron: “De las libertades económicas de unos cuantos en detrimento de millones de consumidores”, porque ese es el fondo.

Aquí se relajaron varias de las medidas del modelo regulatorio que traía la reforma desde la iniciativa, aquí, y se relajó en materia de competencia económica y se introdujo sólo la materia de suspensión en términos del amparo para multas y desincorporación de activos.

Ahora se dice: “Que la ridiculización que se ha hecho desde ayer y hoy, y en estos días, en los periódicos responde a un interés político que está detrás del cambio”.
Realmente es de asombrar, que sabiendo que Acción Nacional, el Presidente de su Comité Ejecutivo, los Diputados del PAN que presentaron y pidieron la opinión de la Comisión Federal de Competencia, ahora resulta: nimiedad, necedad. Así se ha calificado.

Y aunque sea el único que aquí venga a defender la institucionalidad del partido y de su bancada en la Cámara de Diputados, rechazaré esas descalificaciones.

Lo único que exhiben es la manera en que se está desafiando desde esta bancada la institucionalidad también partidaria, que es parte también de la vida congresional, y eso, por supuesto que también está en el fondo de la discusión.

Rechazo, por lo tanto, que el cambio sea nimio, inocuo o menor. El cambio es una aclaración pertinente para poner fin a la litigiosidad en un sector donde actúan poderosos intereses económicos. Eso es lo que está en el fondo de este debate.

(Aplausos)

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Señor Presidente, para alusiones personales.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, pido la palabra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente. Es una moción de orden con el propósito de regular el debate, o el procedimiento, de regular el procedimiento.

Escuchamos al Senador Raúl Cervantes, como Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien presentó el dictamen. Lo que seguía era que los presidentes de las comisiones dictaminadoras, si lo hubieran solicitado, haber desahogado también esa presentación.

La rectificación de hechos no existe, más que durante la discusión. Pero ya se agotó, y bienvenida la discusión, ya se agotó y se agotaron los planteamientos y los escuchamos.

Yo propondré algo para que podamos concluir este debate. Si algún presidente de las comisiones dictaminadoras desea hacer uso de la palabra, que lo haga, y una vez concluido eso, que se cierre el debate para que podamos votar.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Por favor, sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El dictamen que estamos a punto de votar ha llegado a este Pleno por unanimidad.

El debate que están sostenido los compañeros del PAN es interesante, pero tenemos muchos otros dictámenes, y yo le pediría que en su momento procesal pudiera someter al Pleno, ¿si ha quedado suficientemente discutido?

Es cuanto, señor Presidente.
- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Escudero Morales.

Aprecio los comentarios que se han vertido.

Creo, Senador Barbosa, sin embargo, que el artículo 76 es muy claro, y establece que los Senadores hacen uso de la palabra en tribuna, previa autorización del Presidente, de acuerdo con el Orden del Día para los siguientes efectos y sujetándose a los tiempos que para cada caso se indica.

Y el artículo 79 habla que: “La rectificación de hechos se limita exclusivamente a enunciar los que, habiendo sido referidos, se estiman incorrectos y a exponer clara y concisamente las razones que se tienen para ello”.

Y el artículo 76 también le da el uso de la palabra a los Senadores para rectificación de hechos.

De manera que, entiendo perfectamente, yo creo que tiene razón el Senador Escudero, pero también tienen razón los que han sido aludidos personalmente y de manera muy clara, a tomar el uso de la tribuna, como lo tiene cualquier Senador de la República al cual se le aluda personalmente.

Yo les pido paciencia, yo espero que los Senadores respondan a las alusiones personales y podamos continuar con la presentación del dictamen por parte de los presidentes de comisiones restantes.

Tiene el uso de la palabra el Senador Roberto Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente, por darme la oportunidad de contestar a alusiones personales que se han formulado en mi contra.

Mis exposiciones en política no se explican por cooptación, pero tampoco se explican por frustración.

Vengo a hacer un ejercicio de razón pública sobre lo que estamos deliberando y sobre lo que estamos debatiendo, sobre lo que estamos decidiendo.

Así como en la Facultad de Derecho aprendí que las resoluciones constituyen el sentido material de una decisión, de la facultad de ética aprendí que los maniqueísmos, dividir el mundo entre buenos y malos, en esos maniqueísmos se siembra la semilla de la intolerancia. Y es justamente lo que estamos discutiendo aquí.

Señoras Senadoras, señores Senadores, les acaban de decir a ustedes, que en razón de haber aprobado esa redacción, están ustedes cooptados por los intereses fácticos.

El hecho de haber razonado sobre la necesidad y procedencia de un recurso de defensa frente a ciertas decisiones, ustedes han hecho los servicios a los poderes fácticos, es lo que nos acaban de decir hace un momento.

No hay nada más reprochable que esa categorización de absolutos, dogmática entre buenos y malos, porque en consecuencia todos y cada uno de los expertos que vinieron a este Senado de la República a explicar por qué era necesario un mecanismo de defensa frente a ciertas decisiones de la competencia económica, sirven a los intereses de los poderes fácticos. Es lo que se nos está diciendo en este momento.

Y justamente cuando el mundo se divide entre buenos y malos, cuando aplica esa dogmática maniquea, la razón se apaga. No existe posibilidad de trascender en el ejercicio de razones y de argumentos.
Cuando decimos que la modificación hecha por la Cámara de Diputados es absolutamente nimia, es por 3 razones fundamentales:

La primera.- Es porque la exposición de motivos queda claramente razonada que no es la intención de abrir la procedencia del mecanismo de defensa a todas las resoluciones de la Comisión de Competencia Económica, es absolutamente falso que esa haya sido la intención.

Segundo.- Que el propio texto queda claro que la limitación del recurso de defensa está basada en la materia, no en quien emite el órgano.

Tercero. Que es la parte más importante y fundamental del argumento. No hay razón, ni motivo alguno para no haber corregido esta minuta a través de la exposición de motivos en la Cámara de Diputados. Lo único que se hizo fue un acto político, de corrección a este Senado de la República con un pequeño deslizamiento político. Se nos dijo cooptado por los intereses fácticos.

Se nos quiso decir a este Senado de la República, que le hicimos un servicio a quienes han impedido el desarrollo de la competencia en el país, para mí eso es indigno y es justamente lo que vengo a contestar, como alusión.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Lozano Alarcón, por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para presentar el dictamen.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente.

Miren, no solamente creo que hicimos lo correcto al introducir el artículo 28 constitucional en esta discusión, en esta reforma, medios de defensa contra decisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica, en tratándose de imposición de multas y desincorporación de activos, partes sociales o bienes.

Creo que hicimos lo correcto. Fue lo que nos recomendaron los expertos, por considerar las mejores prácticas internacionales.

Y no solamente hicimos lo correcto, honradamente creo que nos quedamos cortos. Y les voy a explicar por qué o voy a tratar de explicar por qué.

Porque primero se le están trasladando todas las facultades en materia de competencia económica de la Comisión Federal de Competencia al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Es decir, ambas instituciones, ambos nuevos órganos autónomos de Estado, van a tener las mismas atribuciones en materia de competencia económica, pero para sectores de la actividad económica diferentes.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, para la radiodifusión y las telecomunicaciones; y la Comisión Federal de Competencia Económica, para el resto de los sectores de la economía.

Cómo podemos explicar que en el artículo 28, únicamente estamos concediendo el que las resoluciones, concretamente, en cuanto imposición de sanciones o desincorporación de activos,          no se ejecuten hasta que se resuelva el fondo de un amparo y no se dé exactamente el mismo tratamiento para las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Ambas instituciones tendrán exactamente las mismas atribuciones sobre la misma materia y, sin embargo, únicamente se limitó el artículo 28, en la adecuación que aquí le hicimos, fue ya muy a fuerza que entrara esta adecuación, tan sólo para la Comisión Federal de Competencia, mas no para el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Hace un momento decía Roberto Gil, que no estamos aquí regulando por autoridad, sino por materia; no, desafortunadamente, aquí sí estamos haciendo el régimen de excepción, por la autoridad que dicta las resoluciones, lo cual considero inadecuado. Es vulnerable, es una gran inequidad.

Por qué si una autoridad puede imponer una multa, se considera confiscatoria, y entonces se ampara el quejoso, y entonces esa multa no se va a imponer, no se va a aplicar hasta que no se desahogue el amparo. ¿Por qué eso sí ocurre o puede ocurrir en el resto de la economía y no en las telecomunicaciones o la radiodifusión?.

Yo creo que cometimos ahí un error. Hicimos bien una parte al introducir medios de defensa, por cuanto hace a los actos de autoridad de la Comisión Federal de Competencia, pero nos quedamos cortos en cuanto a lo que dispone el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Y esa vulnerabilidad, me temo, que es probable que la hagan valer quienes adviertan esta inequidad.

Ahora, por cuanto hace al dictamen que nos ocupa, yo ya dije hace un momento, les ruego que lo votemos a favor, que vayamos adelante, porque es una necedad, porque no cambia en lo absoluto lo que aquí aprobamos.

Porque bastaba con conocer esa jurisprudencia que leyó hace un momento Raúl Cervantes. Con que bastaba en leer en nuestra exposición de motivos y la literalidad, hombre, del mismo artículo 28 constitucional.

Pero, bueno, ya nos estamos acostumbrando a ciertos protagonismos, y por eso, a nombre de muchos, la verdad es que lamento este bochornoso episodio, pero espero que pronto quede atrás y avancemos con otras cosas de nuestra agenda.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Aprovecho para saludar a los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México, Campus Lago de Guadalupe, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

A los alumnos del octavo semestre de la licenciatura de la Universidad La Salle de Cuernavaca, Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

Y a estudiantes del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para presentar el dictamen.
- La C. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Muchas gracias, muy buenas tardes; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, queremos respaldar, queremos convocar a apoyar el dictamen del que se ha dado cuenta ya hace algunos momentos, y compartir con ustedes el gusto, el beneplácito, de que el día de hoy estemos cerrando este periodo ordinario de sesiones, y que lo estemos cerrando de forma positiva, porque no tenemos duda que las Senadoras y los Senadores podemos concluir este periodo con la tranquilidad que nos debe dar saber que realizamos la tarea prometida.

Estamos trabajando como nos comprometimos a hacerlo.

Con este dictamen, con esta reforma, que estoy segura vamos a aprobar, el Senado está siendo lo que se veía imposible; estamos haciendo realidad un trabajo que se buscó durante más de 20 años y que no había sido posible lograr el acuerdo, lograr el consenso y llegar a una verdadera reforma en una materia que es prioritaria para el desarrollo de nuestro país.

Y yo he dicho y lo he dicho con respeto cuando hablamos de este tema, no hablamos solamente de un asunto de cables, no hablamos solamente de un asunto de más canales de radio y televisión; hablamos de una reforma que nos ha permitido devolverle al Estado su fortaleza, devolverle al Estado la rectoría en un sector que es prioritario.

Una reforma que nos ha permitido darle fortaleza y darle confianza a las instituciones. Estamos creando en esta reforma, órganos reguladores, órganos que van a tener bajo su responsabilidad dar certeza, dar transparencia.

Y algo muy importante, el Senado de la República está tocando lo que se creía durante mucho tiempo intocables los monopolios.

Estamos dotando de fortaleza a estos órganos reguladores, para que verdaderamente puedan garantizar y atemperar aquellas prácticas que se perciban como monopólicas o aquellas prácticas que apunten a la concentración.

Como acabamos de dar cuenta, compañeras y compañeros, lograr el acuerdo no ha sido una tarea fácil, no ha sido una tarea sencilla, y por eso tenemos que reconocer que en esta reforma se nos ha dado la oportunidad, también, de dignificar la forma de hacer política en nuestro país.

Porque quien diga que aquí hemos actuado por consigna o que hemos actuado con algún otro interés que no sea el anteponer el interés de la gente, no tiene claro y no sabe realmente para qué fuimos llamados a formar parte de este Senado de la República.

No podemos lastimar la inteligencia de los ciudadanos, de quienes conformamos hoy este Senado, y por eso quiero hacer una invitación, amigas y amigos Senadores, a que le demos vuelta a la página, a que ya no veamos hacia atrás.

Y esta minuta que nos llega de la Cámara de Diputados con estas modificaciones, trascendentes o intrascendentes, para algunos, modificaciones que obedecen más a un asunto de ego, a un asunto de protagonismo; algunos más han dicho que obedecen a un asunto de consigna, que no nos detengamos en esto.

Que veamos hacia adelante porque el trabajo no ha terminado. No podemos echar las campanas al vuelo, aún y cuando estoy segura que dejando atrás todas estas diferencias vamos a votar, me atrevería a decirlo, casi por unanimidad a favor de estas reformas, lo cual destaca la responsabilidad con lo que estamos actuando, no es el fin de esta etapa.
Esta reforma apenas va a iniciar su recorrido por todos los estados de la República y queremos aprovechar para hacer un llamado a los estados de la República, a los congresos locales para que respalden también estas modificaciones y que podamos contar con la mayoría que nos garantice que esta reforma se pueda materializar.

Y después, compañeras, compañeros, viene una etapa también que es muy importante, que es la construcción de la ley secundaria, es una parte donde vendrá otro debate, donde tendremos que entrarle al tejido fino, al acuerdo. Pero que estoy convencida también vamos a estar a la altura de este reto.

Y finalmente tenemos un reto muy importante, vienen los nombramientos a los que hemos convocado para conformar estos nuevos órganos reguladores, nombramientos en los que tenemos que pasar la prueba del ácido, donde tendremos que colocar a nuestros mejores hombres y a nuestras mejores mujeres para que puedan cumplir con esta encomienda.

Yo estoy convencida que este Senado está a la altura, que vamos a tener el tamaño que se requiere para poder cumplirle a México como orgullosamente el día de hoy, el Senado de la República le está cumpliendo a nuestro país.

Muchas gracias y les convoco a que apoyemos este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Barrales Magdaleno.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, por la Comisión de Estudios Legislativos, para presentar el dictamen.

Sonido en el escaño de la Senadora Ortiz González.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En virtud de que me parece que han sido suficientemente discutidos y expuestos los puntos que esta Comisión de Estudios Legislativos acepta como válidos en el sentido de aprobar la iniciativa con la modificación hecha por la Cámara de Diputados, declino mi participación y solicito, al igual que mis compañeros, votemos en sentido positivo el dictamen.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Ortiz González.

Sonido en el escaño del Senador Jorge Luis Preciado.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Que me registre a favor en lo general, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: No habiendo otro orador registrado, tiene la palabra el Senador Jorge Luis Preciado, a favor.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Decía un poeta: “Así como la luz, sin dejar de ser luz, se descompone en varios colores”. La verdad, sin dejar de ser verdad, se descompone en varios criterios.
Yo soy uno de los convencidos de que esta modificación pequeña, mínima, única, es importante. Y es importante porque nos ha permitido venir a esa tribuna a debatir. Y debatir un tema tan trascendente como es el tema de comunicaciones, porque no ha habido debate y esa es la verdad. No hubo debate en comisiones, el dictamen de 450 hojas se nos entregó en ese momento y a los pocos minutos se nos dijo que el debate iba a ser en el Pleno. Y en el Pleno lo que sucedió fue un monólogo entre el Senador Encinas, el Senador Corral y su servidor, y una aplastante mayoría rechazando cada una de las propuestas de modificación que aquí hacíamos.

Entendemos que por sueño, por cansancio. Pero, bueno, todavía es 30 de abril y nos queda hasta las 12:00 de la noche para poder cerrar este periodo.

Yo sí creo que la Cámara de Diputados hizo una aportación importante en uno de los temas. Y no creo, como se ha mencionado, que ésto sea una venganza, una vendetta o algo que se le parezca por parte de los Diputados federales del PAN, porque en primer lugar fue aprobada por todos los Diputados de todos los partidos en la Cámara.

En segundo lugar, si se tratara de una venganza, pues hubieran entrado a temas de fondo, al tema de propiedad cruzada que no se quiso que regresara como venía la redacción original en el pacto. Hubiéramos entrado a los criterios de dominancia para las televisoras y la radiodifusoras por sus ingresos en publicidad, por su producción y por su distribución.

Hubiéramos entrado al tema de los requisitos que le bajamos a los comisionados para poder entrar a ser parte del IFETEL y de la COFECO, a un año para aquellos que hayan sido Diputados, Senadores, gobernadores, procuradores, cuando era clara la intención de que este tipo de personajes no entrara, se le pedía 5 años antes.

Hubiéramos entrado a temas como el hecho que no se logró, que era el tema de la captura regulatoria. Coincidimos en el fondo con lo planteado aquí por los legisladores, porque así lo aprobamos, que a las empresas no se les dañe cuando haya una multa ruinosa o haya desincorporación de activos. Lo que no nos quedaba claro era la redacción y creo que esta redacción cumple con ese objetivo. Por eso hay que votar a favor.

En segundo lugar, sí creo, amigos y amigas Senadoras, que debemos de entrarle a estos temas y debemos debatir aquí en tribuna. No como se hizo la ocasión anterior en los que muchos ni alcanzamos a leer el dictamen, tuvimos media hora para leerlo y unas cuantas para aprobarlo. Creo que por eso el sólo hecho de que haya incidido en que estemos debatiendo estos temas, respetando todos los puntos de vista, es totalmente válido.

Y por último, amigas y amigos, yo sí respaldo la posición del Presidente Nacional del Partido Acción Nacional en solicitar este cambio a los Diputados.

Y respaldo a los Diputados del PAN que hicieron la solicitud a los demás compañeros en la Cámara federal para que pudiera votarse por unanimidad.

Y les voy a dar una de las razones.

De los diez hombres más ricos de este país, seis tienen concesiones del Estado. El Estado los ha hecho millonarios. Y es responsabilidad de este Senado defender a 80 millones de usuarios y no solamente a 17 empresarios.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Preciado Rodríguez.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del artículo 28 del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presiente, informo a usted que conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 112 en pro, 3 en contra y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está aprobado el artículo 28 del proyecto de Decreto. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en esta Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en relación con la integración de la Comisión Permanente.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)

VER DOCUMENTO

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para recoger la votación nominal de la propuesta para integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación de dicho Acuerdo.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al registro electrónico de votación, se cuentan 109 votos en pro, ninguno en contra y ninguna abstención.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: En consecuencia, el Senado de la República nombra a los siguientes Senadores como integrantes de la Comisión Permanente para el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Titulares: Senador Emilio Gamboa Patrón, Senador Raúl Cervantes Andrade, Senador Gerardo Sánchez García, Senadora María Cristina Díaz Salazar, Senador David Penchyna Grub, Senadora Graciela Ortiz González, Senador Ernesto Gándara Camou, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Sustitutos: Senador Miguel Romo Medina, Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Senador Isaías González Cuevas, Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Senador Eviel Pérez Magaña, Senador José Ascención Orihuela Bárcenas y Senadora María Verónica Martínez Espinoza.

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:

Titulares: Senador Ernesto Cordero Arroyo, Senador Héctor Larios Córdova, Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senadora María del Pilar Ortega Martínez, Senador Fernando Herrera Avila.

Sustitutos: Senador Francisco Domínguez Servién, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Senador Roberto Gil Zuarth, Senadora Adriana Dávila Fernández, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Titulares: Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, Senadora Dolores Padierna Luna, Senador Armando Ríos Piter.

Sustitutos: Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Senador Angel Benjamín Robles Montoya.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

Titular: Gerardo Flores Ramírez.

Sustituto: Senador Carlos Alberto Puente Salas.

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo:

Titular: Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Sustituto: Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

Comuníquense.

- La C. Senadora Arely Gómez González: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Arely Gómez.

- La C. Senadora Arely Gómez González: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

En relación con la iniciativa que se turnó directamente a comisiones, de los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero Morales, Angélica de la Peña Gómez, Omar Fayad, Luis Armando Melgar Bravo, Dolores Padierna Luna y Layda Sansores, la que contiene proyecto de Decreto por el que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana.

Por la importancia del tema le pido que mi intervención, que le voy hacer llegar, quede registrada en el Diario de los Debates, por favor.

Asimismo, también quiero saludar y agradecer la presencia de los expertos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajaron en esta iniciativa y la han apoyado totalmente.

Se encuentran los integrantes de México SOS, México Unidos Contra la Delincuencia, Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, Observatorio Ciudadano de León, Convivencia sin Violencia, Observatorio Nacional Ciudadano, Appleseed de México, Fundación Nemi, A. C., SIDA, Red Nacional de Juicios Orales, Instituto Mexicano del Juicio Oral, Centro de Estudios para la Gobernabilidad e Instituciones del IPADE Fitness School.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Tomamos nota, Senadora Gómez González.

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el carácter rotativo de la Presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: (Leyendo)

VER DOCUMENTO

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.
- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo que establece el carácter rotativo de la Presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se autoriza la constitución del fideicomiso de apoyo a la educación, la capacitación para el trabajo y la certificación del conocimiento de los jóvenes de México.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: (Leyendo)

VER DOCUMENTO

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la constitución del fideicomiso de apoyo a la educación, la capacitación para el trabajo y la certificación del conocimiento de los jóvenes de México. Comuníquese.

Aprovecho para saludar a los estudiantes del Colegio Tlahuica, de la ciudad de Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres.

ç

(Aplausos)

Y al Capítulo Universitario del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, invitados por la Senadora Hilda Flores Escalera.

¡Bienvenidos colegas!

(Aplausos)

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. constitucional, en materia de Registro y Actas de Nacimiento.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

“Con la venia de la Mesa Directiva, con la venia mis compañeras y compañeros Legisladores:

El presente dictamen debe ser aprobado sin mayor complicación alguna, pues a la par que aporta certeza jurídica e identidad, permite que se implementen actualizaciones en las bases de datos del registro de nacimiento; acción que apoyará al Estado en el fortalecimiento e integración de indicadores que serán benéficos para realizar planeación y programación presupuestal  en ese rubro.

Amén de ser la obligación del Estado de dotar de certeza jurídica a la población ya que todo individuo tiene derecho a ser registrado de manera gratuita e inmediata después de nacer; por lo tanto, es propio agregar al artículo 4 Constitucional que: Todo individuo al momento de nacer, tiene derecho a ser reconocido por el Estado obteniendo su identidad personal por medio del registro pronto y expedito.

Lo que quiere decir que en términos administrativos: la primera copia del Acta de Nacimiento deberá ser expedida de manera gratuita por los gobiernos de los Estados, Municipios y el Distrito Federal respectivamente. Y con el registro de nacimiento de las personas se protege el derecho a la identidad de cada persona.

Subrayo lo dicho anteriormente, la significancia de la expedición de un certificado de nacimiento, protege hasta en la prevención de diversos problemas que enfrentamos como el traslado ilícito y robo de infantes. Como bien lo manifiesta el proyecto de dictamen: El derecho de identidad permite el goce de diversos derechos que lo componen desde el momento en que se inscribe a la persona viva, lo cual puede ser desde su nacimiento o incluso de manera posterior.

Sin la oportunidad de que el Estado Mexicano brinde la expedición de un  registro de nacimiento, la “invisibilidad” de los niños no registrados civilmente, aumenta las probabilidades de discriminación. Es prácticamente inevitable que los niños no registrados sean, por lo general, los hijos de los pobres y excluidos.

Sin embargo, la importancia del registro de nacimiento (o de la falta del mismo) va más allá de las cuestiones individuales. Sin sistemas sólidos de registro civil, es virtualmente imposible planificar o poner en práctica estrategias eficaces de desarrollo. Los niños no registrados, que no aparecen en los datos recogidos, suelen ser pasados por alto en la planificación del desarrollo social. Son completamente invisibles a la hora de tomar importantes decisiones políticas y presupuestarias.

Y sin un adecuado registro de nacimientos, un país no puede siquiera estar seguro de cuál es su índice de natalidad o de mortalidad.

Por lo tanto, este órgano legislativo debe procurar el derecho de identidad como un derecho fundamental que se encuentra protegido en las Convenciones internacionales y a nivel constitucional. Votemos la propuesta del presente dictamen en virtud de que el Estado vele por el  principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la identidad, a ser registrados de manera gratuita e inmediata al momento de nacer.

Es cuanto."

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Se omite la lectura de este proyecto.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Tengo registrados a la Senadora Ivonne Alvarez García, por la comisión, para presentar el dictamen y, desde luego, quienes deseen hacer uso de la palabra en lo general de este proyecto tomaremos nota de ello para registrarlos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ivonne Alvarez García, para presentar el dictamen.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: Muchas gracias, con su permiso, señor Presidente.

México como integrante de la Organización de las Naciones Unidas ratificó en el año de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene como finalidad proteger y garantizar entre las naciones los derechos de todos niños del mundo.

En el artículo 7 de esta Convención, de manera clara y específica establece lo siguiente:

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

El mismo sentido, México ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos que prevé el reconocimiento a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la vida y a la integridad personal; derechos que se adquieren por medio del registro oportuno.

De los 112 millones de habitantes de nuestro país, el 35 por ciento tiene menos de 18 años de edad, lo que equivale a 39 millones de mexicanos, según cifras del INEGI se reportan 4 nacimientos cada minuto en el país, pero muchos de éstos no son registrados, y hoy, compañeros, en el país hay casi diez millones de mexicanos que no cuentan con su acta de nacimiento, la pobreza, la falta de difusión, los trámites burocráticos y la cultura de falta de registro, heredada por generaciones anteriores, son sólo algunos de muchos obstáculos por los cuales no lleva a cabo el registro oportuno de menores.

Con la finalidad de esta problemática, diversos estados de la República han venido realizando campañas de registro y de expedición de actas de manera gratuita, sin embargo, no son acciones hoy suficientes ya que aún persiste un gran rezago en el registro de los recién nacidos.

Como legisladores nos ocupamos de proponer una alternativa universal que propone reformar el artículo 4o. constitucional, a fin de que todo individuo tenga el derecho a ser registrado de manera gratuita e inmediata, atendiendo así el interés superior de la niñez consagrado en nuestra Carta Magna.

El objetivo del presente dictamen es lograr que ningún niño de México quede sin gozar de sus derechos al momento de nacer. De aprobarse, compañeros Senadores, este dictamen, a todo recién nacido se le garantizará el derecho de ser registrado y obtener su acta de nacimiento de manera gratuita al momento de nacer.

Con el registro y el acta de nacimiento se reconoce la personalidad y existencia a los menores para toda su vida, garantizamos sus derechos a la salud, a la educación, a la familia, al hogar, a la alimentación, entre muchos otros más.

El dictamen señala que los gobiernos de los estados, municipios y el Distrito Federal deberán expedir de manera gratuita el acta de nacimiento de un menor de edad al momento de nacer así como ser registrados.

Por ello, a nombre propio y de mi grupo parlamentario del PRI, este dictamen lo votaremos a favor, a favor del interés superior de cada niño, a favor de su primer derecho, pero lo más importante, a favor de que existan, de que tengan nombre, de que tengan personalidad, de que tengan una identidad y no como hoy que hay muchos niños de cuatro, cinco, seis años de edad que aún no cuentan con su acta de nacimiento, no existen y no tienen voz en nuestro país.

Hoy quiero agradecer especialmente al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Senador Raúl Cervantes; al Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Senador Alejandro Encinas, por su voluntad, por su gran apoyo, por la disposición, pero lo más importante por darle la importancia a este tema para que hoy 30 de abril los Senadores de la República estemos entregándole a nuestros niños recién nacidos, mexicanos, el mejor regalo, el regalo a existir a tener una identidad y a tener su acta de nacimiento de manera gratuita.

Por eso les pedimos a todos ustedes su voto a favor.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ivonne Alvarez García.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar una propuesta de modificación.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

Una felicitación sincera a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, coincido con la Senadora que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, por este regalo a favor de los niños de México.

Sin duda, lo más hermoso que tiene un país son sus niños, y cuando el Estado se desatiende es necesario hacer las correcciones necesarias, como en este caso las está haciendo el Senado de la República para rectificar, para corregir situaciones que lastiman a los niños concretamente de este país.

Desde 1990, México signó la Convención sobre los Derechos del Niño, a 23 años de distancia el Senado de la República interviene para que los derechos superiores de la niñez de México sean reconocidos en la Carta Magna de nuestro país.

El artículo 4o. en su párrafo octavo, señala con mucha claridad cuáles son los derechos fundamentales de los niños, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un sano esparcimiento para su desarrollo integral; y hoy las comisiones ya citadas plantean que en un acto de justicia los niños de México tienen derecho a tener una identidad, es decir, tienen derecho a un nombre y tienen derecho a un apellido.

Tienen derecho a tener una nacionalidad porque no podemos permitir que un solo infante de este país sea un apátrida, coincidimos con quien aquí lo ha planteado; y el Estado mexicano tiene la obligación de revisar este tipo de asuntos y la Cámara de Senadores, que bueno que lo está haciendo el día de hoy 30 de abril Día del Niño.

Pero también es importante que el niño conozca su filiación y conozca su origen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha planteado en un amparo directo en revisión 2750/2010, que el derecho a la identidad personal, el conocimiento del origen biológico de la persona tiene trascendencia psicológica y jurídica para el individuo.

Por eso estamos planteando respetuosamente a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, que nos permitan incorporar dos palabras en el texto de la adición que están haciendo al párrafo octavo del artículo 4o., para que la redacción quede de la manera siguiente:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, los niños y las niñas tienen derecho a conocer su identidad, su filiación y su origen, a ser registrados de manera gratuita, inmediata, al momento de nacer, a la satisfacción de su felicidad, de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Es decir, estamos planteando que se incorpore la palabra “filiación y origen”, con los argumentos ya señalados, y también el Senado de la República tiene que estar pendiente de que el Estado mexicano impulse políticas públicas que garanticen este derecho, porque no tiene sentido que nuestra Constitución sea letra muerta.

Por ejemplo, para garantizar el derecho a la educación es necesario que absolutamente todos los infantes de este país tengan garantizado su derecho a la alimentación.

Ayer discutíamos el tema de las cuotas escolares, y decíamos con mucha puntualidad: “Que era necesario que los desayunos escolares estuvieran garantizados para todos los niños de país”.

Si realmente queremos que México sea un potencia, en materia de desarrollo infantil, entonces, tenemos que cumplir este requisito.

Por la prevalencia del interés superior de los niños y las niñas de México a favor de la reforma constitucional al artículo 4o.,estoy solicitándoles el respaldo para la inclusión de estos 2 conceptos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Pido a la Secretaria que dé lectura a la propuesta de modificación que ha presentado el Senador Fidel Demédicis, para que inmediatamente consulte a la Asamblea si se admite a discusión o no la misma.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta.

“Artículo 4o.- En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a conocer su identidad, filiación y origen; a ser registrados de manera gratuita e inmediata al momento de nacer; a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se desecha la propuesta.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Salvador López Brito, para hablar en pro del dictamen.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Quiero hacer un reconocimiento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, por su sensibilidad, por su aprobación de las iniciativas presentadas en esta materia de trabajar en un decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un registro oficial de nacimientos vivos universal, gratuito, para toda la niñez mexicana, y cumplir con su derecho de identidad otorgándole gratuitamente el Acta de Nacimiento por única vez en el primer año de su nacimiento.

Quiero compartir con ustedes mi reconocimiento a las Senadoras y los Senadores que presentaron, en el mes de abril, una iniciativa, me refiero a las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara y otras Senadoras y Senadores, y desde luego, que se emparejaron con la iniciativa presentada por su servidor y por otros Senadores y Senadoras del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el mes de febrero, en el sentido y en el tema y con los objetivos antes ya señalados.

Con esta adición al párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución General de la República, avanzaremos en el tema del subregistro de miles y miles de niñas y niños mexicanos que ahorita permanecen en forma silenciosa, y no tienen los derechos reconocidos que el Estado está obligado a darles y a concederles.

En un estudio del INEGI y de la UNICEF del año 2012, se detecta un rezago de alrededor de 156 mil niñas y niños mexicanos, que en forma anual forman parte de este subregistro, de este rezago, y que al irse acumulando, forman ya cifras que sobrepasan del millón de niñas y niños que no se encuentran debidamente registrados.

Es muy importante el tomar en cuenta alguna de las situaciones que originan esto.

Factores como son los culturales, derivados de falta de orientación, de falta de conocimiento público acerca de los beneficios del registro civil; barreras lingüísticas en muchos pueblos nativos de nuestra nación que conforman más de 17 millones de habitantes; factores de problemas de accesibilidad geográfica derivada de las distancias, de las condiciones de muchos estados de la República, y a estos se agregan factores económicos de los costos que representa el Registro Civil, el Acta de Nacimiento, porque no es únicamente la posibilidad de acudir a las oficinas, sino para muchos padres de familia el faltar, ausentarse de su trabajo, y en aquellos casos en que caen en extemporaneidad, hasta sanciones económicas para ella.

Por esto es muy importante esta decisión en lo positivo, para que el día de hoy podamos aprobar en los términos que queda este dictamen, donde en el párrafo octavo del artículo 4o. vendrá a quedar como sigue:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho de la identidad, que es lo que se agrega, a ser registrados de manera gratuita e inmediata al momento de nacer, y continúa, a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, etcétera”.

Y el otro agregado es: “Los gobiernos de los estados, municipios y Distrito Federal deberán de expedir de manera gratuita la primera copia del acta relativa el registro de nacimiento”.

Con la aprobación de este dictamen permitiremos que miles y miles de niñas y niños mexicanos tengan abierta la posibilidad de no estar en el subregistro.

Coincido que es un buen regalo por parte del Senado de la República, en este 30 de abril, día en que se celebra “El Día del Niño”.

Y que también en un punto de Acuerdo que he presentado a esta Soberanía, estoy proponiendo un exhorto al Ejecutivo Federal, que la enfermedad hidroquística forme parte de los gastos catastróficos que cubre el Seguro Popular.

Muchas gracias.

¡Felicidades para todos!

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Salvador López Brito, ¿nos deja la propuesta de modificación?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: ¡No, señor Presidente, es tal cual!

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿No? Gracias, Senador López Brito.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para solicitarle, como le dije yo al inicio de la sesión, que me obsequiara el hecho de que los posicionamientos que he registrado, según nuestro Reglamento, puedan incorporarse al Diario de los Debates.

No quiero hacer uso de la tribuna en función de los muchos dictámenes, a pesar de los temas tan importantes, pero sí rogarle que queden inscritos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Claro que sí.

Hemos recibido oportunamente cada uno de los posicionamientos.

Le agradecemos el interés de usted y, desde luego, que quedará asentado en el Diario de los Debates de cada una de las discusiones de los diferentes dictámenes que nos han ocupado durante este día.

- El C. Senador Fidel Démedicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Solamente para hacer una corrección a mi participación.

Conté mal aquí los párrafos, y dije: párrafo nueve, y lo acaba de corregir el Senador Brito, es el párrafo octavo del artículo 4o.

Para que se haga la rectificación, en mi participación.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tomamos nota de ello, para que se hagan las correcciones correspondientes.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger en lo general y en lo particular la votación sobre este proyecto de Decreto.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, invitadas por nuestras compañeras la Senadora Lucero Saldaña Pérez y la Senadora Blanca Alcalá.

¡Bienvenidas!

(Aplausos)

Asimismo, saludamos la presencia de jóvenes de la Secundaria Técnica No. 42, Luis Enrique Erro, que fueron invitados por nuestra compañera, Senadora Mariana Gómez del Campo.

¡Bienvenidos, jóvenes estudiantes!

Asimismo, saludamos la presencia de jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, invitados por nuestro compañero Senador Roberto Albores Gleason.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)

Asimismo, saludamos también la presencia de estudiantes de Ingeniería e Informática del Instituto Tecnológico de Fresnillo del estado de Zacatecas, invitados por nuestro compañero Senador David Monreal Avila.

¡Bienvenidos, jóvenes estudiantes!

(Aplausos)

Informo a las Senadoras y Senadores que al término de esta sesión, se habrá de tomar la fotografía de la conclusión de este primer periodo de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, por lo que les pedimos al final de la misma, estemos atentos, para que en las escalinata de la entrada principal al Senado de la República podamos tomarnos la foto de la conclusión, tanto del segundo periodo ordinario, como de la conclusión del primer año de ejercicio de esta legislatura.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo con el sistema electrónico de votación, tenemos 104 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma y se adiciona el artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Remítase a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-U al artículo 73 constitucional, en materia de Registros Públicos Patrimoniales y Catastros.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXIX-U AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que habremos de discutirlo en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Senador Raúl Cervantes Andrade, como Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, hizo llegar a esta Mesa Directiva sus comentarios, para presentar dicho dictamen, por lo cual le agradecemos y, desde luego, se agregará al Diario de los Debates de esta discusión.

(Intervención del C. Senador Raúl Cervantes Andrade)



- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Voy a intervenir para un comentario.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra al Senador Bartlett Díaz.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quisiera hacer un comentario sobre esta nueva adición al artículo 73 constitucional.

En primer lugar, quiero comentar que este Senado como tiene una gran uniformidad entre las fracciones que aquí están, se ha permitido hacer una reforma constitucional tras otra.

Y entonces estamos viviendo una transformación de la Constitución de la República. Y eso no es correcto, aunque tengan los votos. Aunque tengan los votos para reformar la Constitución, como lo han hecho, no es correcto.

Hay que entender lo que es la Constitución de la República. La Constitución de la República no es una olla para que todo mundo meta las manos. La Constitución de la República es un pacto que une a todos los mexicanos y no se debe estar manoseando.

Ya ha habido una serie de comentarios de tiempo atrás, en el sentido de que, pues ya está parchada la Constitución tanto que qué les parece si la desechamos y hacemos otra.

Lo cual sería verdaderamente imposible crear un pacto nacional con la autoridad que puede tener, el que ha surgido de una revolución, algunos lo han olvidado y de un Congreso Constituyente del que todo presumimos.

Pero sí por tener aquí, gracias a ese maravilloso Pacto por México, tienen asegurado los votos para estar modificando la Constitución a cada rato, pues van acabar con la Constitución de la República.

Y eso es lo que les quiero comentar. No tiene sentido estar manipulando, manoseando la Constitución de la República.

Ya tuvimos uno para actas de nacimiento, en fin. Ayer uno para unificar el derecho del procesal penal y hoy se trata nada más de armonizar los catastros del país.

Nadie estaría en desacuerdo con armonizar los catastros del país, pero tenemos que reformar la Constitución para armonizar los catastros del país.

Miren, la historia del artículo 73 constitucional es la historia de la centralización política de este país. Ha empezado a través de artículo 73, dándole facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia que corresponde a los estados, uno tras otro, tras otro. Y así llegamos al presidencialismo mexicano que tanto han criticado algunos de los partidos que aquí están, a base de reformas, añadidos y pegotes al artículo 73 constitucional.

Hoy tenemos otro y éste es para armonizar los catastros del país, y nada más deben de armonizarse todos los catastros.

La exposición de motivos y los comentarios que se hacen entorno de esta reforma, esta nueva reforma, otro pegote al artículo 73 constitucional, es que no se ha podido armonizarlos. Inclusive organismos internacionales, Moody’s, ahora es Moody’s también, ya no sólo la OCDE, que se les olvida que es la representante de los intereses económicos de Europa, ahora nos cita todo, Moody’s ahora nos dice: “Arreglen sus catastros”. Y entonces hay una serie de recomendaciones en una reforma que es absolutamente antifederalista.

Y les quiero recordar que además del pacto en su conjunto es un pacto antifederalista al que están todos ustedes sirviendo. Y está muy mal, está muy mal porque están acabando con las instituciones de este país.

Vamos a meterle todo lo que se les ocurra, porque así va a ser más fácil.

¿Quién les dice que con golpes a la Constitución se resuelven los catastros de los estados y de los municipios?

A ver, una indicación, la Constitución ordena que se reformen y que sean modernos y que tengan sistemas de computación. Si no tienen dinero, hombre, se necesitaría hacer otra cosa para estar dando estos consejos que no sirven para nada, que alteran la Constitución, que centralizan todo y no lo resuelven. Es que dicen, es que ya se han reunido, ha habido muchas reuniones de los gobernadores y no se resuelve el asunto, son facultades de los estados. Una y otra vez quitémosle facultades a los estados.

Es lo que están haciendo todos los días y percátense de lo grave que es dañar a la más importante institución de la República que es la Constitución.

Ahora ya no se acostumbra si no hacerlo todo por la Constitución. Y las leyes secundarias, bueno, pues esas ya tocan a quién, a esas ya las veremos. Pero los parches a la Constitución en este periodo son verdaderamente escandalosos.

Para suposiciones plausibles sí está muy bien que todos sean modernos en los municipios que ustedes conocen, porque son Senadores de la República y conocen la República, y al menos sus estados. Ustedes creen que se va a armonizar en los municipios para que todos tengan sistemas de computación y hagan todas esas cosas que nos recomienda Moody’s. Esa es una tropelía contra la Federación que no tiene ningún sentido.

Entonces, yo quise intervenir porque esa Cámara es la Cámara de la Federación, es la Cámara que representa los intereses de los estados, es la Cámara que tiene que cuidar las normas para preservar el federalismo que están todos los días zapándolo.

¿Por qué?

Porque la Cámara termina en el pacto y en otras actitudes, termina al servicio del Presidente de la República, en lugar de estar al servicio de sus entidades. Es un despropósito, es acabar con la Constitución. Van a destruir lo único que nos mantiene en el caos este de pobreza y de invasión de poderes extranjeros que se ha dado en este país, que daba a la Constitución. Síganla reformando para que no quede nada y sobre todo los Senadores de la República que representan a los estados terminan representando los intereses de Peña Nieto, que es lo único que los moviliza en estos últimos meses.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) ¿Puedo pasar a la tribuna?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí.

Para hacer uso de la palabra sobre este asunto, se le concede el uso de la tribuna el Senador Patricio Martínez García.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Gracias, señor Presidente.

Me llama de manera especial la atención, la intervención que ha hecho el maestro Bartlett. Ciertamente coincido y he coincido con él en muchos de sus puntos de vista y exposiciones. Hoy podría coincidir con él. No lo hago por una razón, porque a cambio de esa objeción qué tenemos. Los estados y los municipios han gozado de su soberanía y de su condición de municipio libre para hacer las adecuaciones a sus catastros. No obstante, los cambios al artículo 115 constitucional encontramos un círculo vicioso, son pobres porque no hacen adecuaciones a su catastro y no hacen adecuaciones a su catastro porque son pobres.

¿Quién los va a sacar de ese círculo vicioso?

Me parece que sí es necesario reforzar al municipio libre en este país. Sí es necesario que se ejerzan las facultades del municipio para fines recaudatorios y que por lo tanto se ponga orden en su catastro que es un desastre nacional y en donde los municipios no han logrado salir de esa condición de pobreza administrativa.

No obstante, cuando estamos viendo ésta situación de paternalismo en el que han caído los municipios, en donde no hacen nada porque no tienen recursos y esperan que el papá gobierno federal se los suministre, mientras se contempla la riqueza inmobiliaria de las grandes empresas que no contribuyen adecuadamente al erario municipal.

Yo creo que en esto la solución que se está planteando con esta modificación constitucional puede no ser la mejor, pero creo que es la menos mala para que de alguna manera, ciertamente central, pero buscando una solución a un problema nacional, se salga de éste círculo vicioso en el que hemos caído.

Me parece que tendremos que seguir trabajando para mejorar las condiciones de los municipios y mejorar su condición administrativa. Y ésta puede ser una de las soluciones.

No obstante, podremos seguir trabajando para mejorar ésta que no siendo la mejor es la menos mala.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Patricio Martínez.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Solicito la palabra para hechos, de lo que se está discutiendo en este momento.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, se le concede el uso de la palabra al Senador Bartlett Díaz, hasta por cinco minutos, para hechos.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo agradezco a mi amigo que casi está de acuerdo conmigo. Ya es una ganancia, porque aquí todos están totalmente de acuerdo con el pacto y fuera de eso en nada están de acuerdo, ¿verdad?

Pero nuevamente no coincido, es la manera más fácil y falsa reformar la Constitución. De dónde van a sacar, como dicen este sí, este sí es correcto, pero de dónde van a sacar recursos los municipios si no tienen, ¡hombre!, para modernizar sus catastros. Eso es una vacilada, perdón. Lo que se necesita es revisar el financiamiento.
Los que han sido gobernadores aquí y hay muchos que pretenden serlo. Entonces paren las orejas, no tienen recursos los municipios.

Tiene razón el gobernador, tiene razón en que no han hecho las reformas catastrales, pero tampoco les llegan recursos de la distribución ésta que tiene el artículo 73, que se fue quedando con todos los recursos, todas las fuentes de ingreso del país las tiene el Presidente de la República y su poderoso Secretario de Hacienda.

Se necesita revisar todo y es algo que ya platicamos.

Se necesita ir a fondo, los municipios se mueren de hambre, ¡hombre! Y les encargan las policías, luego se las quitan. No hay una distribución equitativa de los recursos en este país, están concentrados vía artículo 73 desde hace muchos años para concentrar los recursos en manos del Presidente de la República, que sabe muy bien utilizarlos, ¿eh?

Entonces, yo creo que hay que recapacitar, están destruyendo, para cualquier ocurrencia, la Constitución de la República, ahora leía yo la exposición de motivos muy sensata, es que no están bien los catastros, no está bien nada, los municipios están abandonados, los gobiernos de los estados están teniendo que pedirle permiso al Presidente de la República y al poderoso Secretario de Hacienda, tampoco tienen recursos, mientras no se distribuya el dinero no dejaremos de tener un presidencialismo que ya vemos a qué alturas está llegando ahora.

De manera que yo no creo que esta solución de que los catastros queden bajo una Ley Federal que no va a resolver nada, pero eso sí, va a quedar bajo el poder del gobierno federal los catastros de todo el país, lo cual es una batea de babas, con todo respeto, para estas sesudas exposiciones de motivos una tras otra, no me refiero nada más a esta, hemos reformado la Constitución para llenarla de parches.

Muchas gracias, señor Presidente, por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, para hechos.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que en el fondo lo que busca esta reforma es correcto, que haya un criterio único en el tema catastral y Registro Público de la Propiedad.

Pero yo no comparto la forma en cómo se está planteando en el texto constitucional, que se podría interpretar de manera diferente, y también preguntarnos si es necesario modificar la Constitución para mejorar lo que se busca, lo que se explica en la exposición de motivos.

Por qué los catastros no están actualizados o por qué los registros públicos no están actualizados, cuando es de gran conveniencia que estuvieran actualizados, modernizados y conectados.

Me parece que hay que tener claro el diagnóstico, ¿por qué en la ciudad de México sí se recauda predial?, ¿por qué en la ciudad de México se recauda más del 60 por ciento del predial en todo el país?, ¿por qué el resto del país no? Por una sencilla razón, porque al ser la naturaleza jurídica de la ciudad, hacer una especie de estado y municipio al mismo tiempo, a tener el gobierno central la facultad de cobrar el predial no se enfrenta al conflicto político trianual de que un presidente municipal tiene la facultad de cobrar predial, pero es imposible que actualice su predial en tres años y, por lo tanto, no ve el beneficio.

Creo que la solución a esto es modificar la naturaleza de este impuesto para que sea un impuesto federal cien por ciento participable, es decir, que sea un impuesto a nivel federal, pero que lo puedan recaudar los municipios y se queden con el 100 por ciento de su recaudación.

Y me preocupa que en el artículo 73, pues estemos disponiendo de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales, lo cual podría tener una participación no deseada. Creo que hay que armonizar sí los registros públicos y los catastros, pero que se legisle su funcionamiento a nivel central, puede resultar en un exceso.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Cervantes Andrade, para hechos.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Esta iniciativa no sólo busca un tema recaudatorio, esta iniciativa sí tiene una revisión del tema federalista en los términos constitucionales. Hoy todas las facultades concurrentes constitucionales funcionan mal.

Sí es cierto que estamos en una “regresión” federalista, por eso este Senado de la República y esta legislatura, ese criterio jurídico que está llevando la iniciativa es el mismo de contabilidad gubernamental en donde hay un reclamo de la ciudadanía en temas de deuda y de registro de contabilidad que sea idéntico en todas las entidades federativas, si no es vía la Constitución, el procesal constitucional lo declara inconstitucional por invasión de esferas.

Lo que se ha vivido en el desarrollo institucional, y lo tenemos en transparencia que se votó aquí, en contabilidad gubernamental que se votó aquí, en el tema de deuda que se votó aquí, se llegó al criterio, nada más hay dos caminos, o se hace una Ley Federal o se hace una Ley General.

Lo que se lleva es un desarrollo homogéneo del desarrollo del federalismo y del tema constitucional, tan es así, que Senadores de la comisión de puntos constitucionales, cuando hemos sesionado de manera conjunta se llegó a determinar, después de haber escuchado a las organizaciones de todas las fuerzas políticas y la Constitucional de los Presidentes Municipales, así como la organización que tienen los gobernadores, se hizo evidente y se tomó un acuerdo político de hacer una revisión del municipio en México. No es sólo un recurso, si les diéramos recursos y en el sureste tuvieran un criterio de forma registral y en el norte otro, no habría certeza jurídica y al que estamos dañando es al mexicano, hoy no tiene, y si no pregúntenle al INEGI en todo lo que es la geoestadística, una certeza jurídica de la propiedad, que es el principal valor después de la vida que tienen los mexicanos.

Segundo, se genera para un sistema de planeación, no podríamos mentir que en México hay un mal sistema de planeación territorial o un mal reordenamiento porque no se tienen los instrumentos, lo que se busca es homogeneizar, lo que se busca en pleno respeto es que se mantenga su facultad recaudatoria.

Y yo les haría una comparación, la única facultad concurrente constitucional que funciona se hizo a través de una Ley de Coordinación Fiscal, diciendo los estados: renuncio a mi facultad de ejercicio, se la otorgo a la Federación y me lo da como participando.

Me parece que no es coordinación, es una ausencia de ejercicio de su facultad constitucional, entiendo las visiones, pero el federalismo mexicano no puede ser el pretexto del no desarrollo, el crecimiento económico, la certeza a los mexicanos, la protección de su patrimonio y que México esté mejor.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Cervantes Andrade.

Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para lamentar que este tema lo estemos tratando el último día del periodo legislativo e invitar a todos los que han participado en este tema toral, fundamental para el país, como es la vigencia plena del municipalismo y su capacidad para darle el servicio diario a la comunidad en todo lo que implica el ayuntamiento y el municipio, invitarlos a que nos pongamos a trabajar para que en el siguiente periodo legislativo tengamos a fondo un trabajo que le dé otra presencia, otra actividad, otra capacidad al municipio que ha ido quedando lastrado por las más variadas razones, ciertamente se muere de hambre, pero no muchos, porque muchos tienen un gran potencial recaudatorio que no lo han ejercido y no lo ejercen porque cobrar impuestos es ser, de alguna manera, verdugo y los verdugos no son elegidos en las siguientes elecciones.

Hay una serie de aspectos que necesitamos discutirlos, me parece que las intervenciones que hemos escuchado hoy son doctrinales, son magistrales y tienen mucho de pragmatismo, pero necesitamos aglutinarlas alimentando el debate a favor del municipio que es uno de los más graves problemas que tiene el país en su organización.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Patricio Martínez García.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz, para hechos.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Me parece que el comentario que hace Patricio Martínez, siempre sensato, a quien mucho respeto, es correcto, yo diría que le tomemos la palabra, dice Patricio Martínez: qué lástima que sea el último día y las últimas horas, pues aplácenlo, vamos a aprobar algo que podría mejorarse, aplácenlo, cuál es la prisa, de manera que vuelvo a insistir, los argumentos del promotor de esta iniciativa, el Senador Cervantes, son los que he dicho. Hay que hacer homogéneo el federalismo, vamos a homogenizar. Bueno, pues vamos a Chiapas con Sonora, ¿no les gusta? Vamos hacer homogéneo Oaxaca con el Distrito Federal o con el Estado de México.

Ese es un absurdo, este país no es homogéneo, este país tiene graves desigualdades, tienen condiciones diferentes cada entidad, ese es un asunto de los congresos locales, es un asunto de responsabilidad de los gobernadores que se la van quitando una y otra vez, ¿por qué vamos a intervenir aquí, qué somos muy sabios en esta Cámara del antifederalismo para resolver todos los problemas? Para atender a “Moody’s”, que nos recomienda que arreglemos esto, no.

El federalismo es una existencia real, ya ven con su reforma educativa, ésta que ayer trataban de darle una dulcificada. Se hace una reforma de evaluación para todo mundo en la reforma constitucional. ¿Y se puede hacer una evaluación en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, igual que la de aquí? No, ese es el problema.

No se resuelven los problemas a base de imposiciones, de golpes en la Constitución. Vamos a respetar el federalismo, y no, la única manera de mejorar todo esto, pues es que lo hagan los gobernadores y los congresos, y no que nosotros desde aquí les estemos dictando todo lo que tienen que hacer, ese es un absurdo.

Aquí se menciona el sistema de la Ley de Coordinación Fiscal, que se nos dice que renunciaron los gobernadores al derecho de sus recursos, renunciaron, ahora tienen que ir a mendigar al Secretario de Hacienda que se los den, y no se los dan, más que cuando quieren y se portan bien.

Esa Ley de Coordinación Fiscal sale precisamente, hay que conocer la historia de la Ley de Coordinación Fiscal, ¿saben de dónde sale? Sale del inicio de las reformas al artículo 73 que empiezan a quitarles hasta la cerveza, por ahí se dijo: esta bebida es nacional, hay que homogenizarla, como dirían ahora, y vamos a hacer el impuso a la cerveza federal, vamos a hacer todo federal.

Y entonces cuando fueron avanzando y sometiendo al centro a los estados, bueno, nos dijeron: “Pero no te preocupes, mira, te voy a quitar el impuesto tal, pero te voy a dar una participación”.

Entonces, la Ley de Coordinación Fiscal, le dicen: “bueno, pues de lo perdido lo que aparezca”, esa es la Ley de Coordinación Fiscal. Los recursos pertenecen a los estados, pero generosamente en la Federación les dicen: “bueno, te voy a dar una participación”, participación que siempre está en entredicho y siempre es un conflicto para los gobiernos de los estados.

Esa Ley de Coordinación Fiscal es parte del sometimiento de los gobernadores de los estados al Presidente de la República. Entonces vamos a modernizarnos sometiéndolos más para desde aquí dictarles, y haciendo caso omiso a los gobernadores y a los congresos de los estados, cómo deben de tener sus catastros.

Maravillosa solución, vamos a homogenizar el federalismo y la nación mexicana, decretemos, “todos somos iguales”. El estado de Oaxaca es igual al Distrito Federal en economía, en recursos, en condiciones, y ya se resolvió el problema; pero los oaxaqueños van a seguir igual, y los guerrerenses igual, y no se va a reformar con la homogenización del federalismo, sino con la vivencia del federalismo, que es la función que tenemos los Senadores de respetar y de apoyar.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Para hechos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, se le concede hasta por cinco minutos el uso de la palabra, señor Senador.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Me parece inexacta la comparación que hace el Senador Raúl Cervantes con el tema de armonización contable.

En armonización contable justamente lo que se hace es establecer metodologías, criterios, estándares técnicos, reportes, indicadores, pero nunca nos metemos al tema de la organización y funcionamiento de las haciendas municipales. Quiero imaginar, como dice aquí en la propuesta del artículo 73, que el catastro de la ciudad de México, que por cierto, según la OCDE en el libro “Mejores prácticas registrales y catastrales en México”, reconoce que el D.F. es el referente nacional, lo mismo que el Instituto Mexicano de Competitividad, ahora la organización y funcionamiento de la Tesorería del Distrito Federal va a estar determinada por una ley general.

Insisto, comparto la idea de que desde el punto de vista metodológico hay una armonización en todo el país, sin duda que eso es deseable; pero no es deseable que en la Constitución se establezca que la organización, el funcionamiento de los catastros y registros públicos de la propiedad van a estar determinado, por una ley general.

Es decir, la comparación con armonización en contabilidad, el equivalente sería a que en esa ley también determináramos cómo están organizadas las haciendas municipales, y eso no lo hicimos en contabilidad gubernamental. Entonces, si esa es la idea, si ese es el objetivo creo que debería de estar muy claro, y no, insisto, debería dar lugar a otras interpretaciones donde claramente, como lo señala el Senador Manuel Bartlett, se atentaría contra el federalismo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para el mismo asunto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Adelante.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Avalo la posición del licenciado Manuel Bartlett, creo que el Congreso debería ser el firme guardián de la Constitución en nuestro país, y nunca, como ahora en este periodo, hemos visto cómo se le manosea, ¿para qué? Para después violarla.

Y creo que no deberíamos aceptar que nos traigan aquí reformas constitucionales, una tras otra, si no vienen acompañados de la propuesta de la ley secundaria. ¿De cuáles van a ser las políticas públicas para implementarlo?, ¿de cuál va a ser su soporte presupuestal?

Hasta ahora esto es simulación, así lo veo. Viste muy bien al señor Peña Nieto. Confunde a la ciudadanía, pero son solamente fuegos de artificio, tenemos que actuar con responsabilidad, el federalismo debe ser el gran tema de este Senado y no puede hacerse a última hora cuando estamos ya con un pie en la convivencia.

Creo que deberíamos de actuar con seriedad para no engañar a la ciudadanía.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Layda Sansores.

Agotada la lista de oradores, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación tanto en lo general como en lo particular de este proyecto de Decreto.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de estudiantes de la Facultad de Economía del ITAM, invitados por nuestra compañera Senadora Claudia Pavlovich.

¡Bienvenidos, compañeros, jóvenes estudiantes!

(Aplausos)

Igualmente saludamos la presencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Hidalgo, invitados por nuestro compañero Senador Omar Fayad Meneses.

¡Bienvenidos, compañeros del estado de Hidalgo!

(Aplausos)

 

 



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al conteo electrónico, tenemos un total de 90 votos en pro, 14 en contra y 3 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 constitucional, en materia de leyes para protección de jóvenes.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 4o. Y SE REFORMA LA FRACCION XXIX-P DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. Ha solicitado oportunamente hacer uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto en el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

La necesidad de establecer desde el ámbito legislativo las bases para que pueda desarrollarse una política pública a favor de la juventud en nuestro país, donde participan de manera coordinada los diversos órdenes de gobierno, resulta una acción impostergable, considerando que la proporción de la población joven en las distintas entidades federativas se encuentra distribuida de manera casi equilibrada en una variación que oscila entre el 24.9 y el 29.8 por ciento, según se desprende de los datos arrojados por el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.

Si bien la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, establece las condiciones normativas para garantizar a los habitantes de nuestro país la protección más amplia en materia de derechos humanos, ello de ninguna manera hace innecesaria la reforma que se propone, pues al contrario, busca dotar de sustento constitucional al derecho que tienen las y los jóvenes de nuestro país para lograr su desarrollo integral. Situación que sólo es posible alcanzar mediante la protección de sus derechos humanos y las garantías reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atendiendo a las particularidades de este sector de nuestra población, lo cual es congruente con los diversos compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos; el Pacto de San José, de Costa Rica, entre otros.

En este sentido, aun cuando se comparten las razones de la Colegisladora para realizar la reforma constitucional que se propone, se discrepa del proyecto de Decreto contenido en la minuta en análisis, en cuanto a que sea en la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consigna la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes y donde se establezca la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de juventud.

En este sentido, es necesario incorporar en dicho precepto la facultad del Poder Legislativo Federal para legislar en materia de juventud.

Con lo anterior, se propone que sea en la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se inserte la facultad del Congreso de la Unión para expedir la ley donde se establezca la concurrencia entre los diversos órdenes en materia de juventud.

Por otra parte, siendo de particular importancia que la ley que expida el Congreso de la Unión para sentar las bases que fijen la concurrencia entre la Federación, estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de juventud, se considera que sea en un año contado a partir de la entrada en vigor del Decreto de reforma constitucional, cuando el Congreso de la Unión expida la ley, donde se establezcan las bases que sienten la participación concurrente de los diversos órdenes de gobierno en materia de juventud, y que a partir de éste, entra en vigor.

Por lo anterior, en el proyecto que se somete a consideración de esta Soberanía, se propone adicionar el último párrafo al artículo 4o. y reformar la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud, para lograr los siguientes objetivos:

1.- Garantizar a las y los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, señalando que tal objetivo podrá lograrse mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la Constitución y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México.

2.- Se propone otorgar facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud con el fin de que pueda establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente en dicha materia entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Se le concede el uso de la palabra, para la discusión en lo general, al Senador Daniel Avila Ruiz.

- El C. Senador Daniel Avila Ruiz: Senadoras y Senadores, muy buenas tardes:

En Acción Nacional estamos conscientes del papel estratégico que juegan los jóvenes para la consecución del desarrollo humano y social, así como del crecimiento económico de nuestra nación; al mismo tiempo, con profunda inquietud y compromiso reconocemos el injusto rezago social en el que se encuentran y la precaria protección que en la práctica se garantiza sus derechos más elementales como el acceso a la educación y al empleo, a la cultura, al esparcimiento, al goce de la protección y la vinculación familiar y a la participación en todos los terrenos de las decisiones y acciones estratégicas para el bienestar de la nación.

En suma, sabemos que los jóvenes no gozan de la total garantía a sus derechos, y que los desafíos son mucho mayores cuando se analizan las acciones, beneficios y apoyos que en conjunto promueven su desarrollo integral.

La fracción parlamentaria de Acción Nacional sabe que la juventud adolece de esas condiciones de plenitud que dan sentido de vida al ser humano.

Por todo lo anterior, durante los últimos años hemos impulsado reformas a la legislación destinada a la juventud, un claro ejemplo, la iniciativa que dio origen al dictamen que en estos momentos está a nuestra consideración.

Esta iniciativa tiene origen en abril de 2010, cuando los entonces Diputados y Diputadas de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura Federal analizamos a profundidad y con detalle una propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para mejorar las garantías que incluye para los jóvenes.

Y aquí yo quiero reconocer que esa minuta, en Cámara de Diputados salió aprobada por unanimidad y que hoy hay muchas Senadoras y Senadores aquí, en el Senado, que fueron Diputados en esa legislatura, y que aprobamos, y quiero señalarlos: a Gabriela Cuevas, a Roberto Gil, a Javier Corral, a Octavio Pedroza, a Sonia Martínez, Rosa Adriana Díaz, David Penchyna, Omar Fayad, Marcela Guerra, Diva Gastélum, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas, Pablo Escudero, Marcela Torres, entre otros Senadores que estuvimos en esa legislatura.

Por su trascendencia quiero reiterar en qué consiste la reforma: con una visión humanista y social, en el artículo 4o. constitucional se incorpora expresamente el derecho de las y los jóvenes a su desarrollo integral.

Asimismo, en el artículo 73, fracción XXIX-P, se establece con toda claridad la facultad del Congreso de la Unión para legislar ampliamente en la materia, primordialmente para establecer las obligaciones de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias.

Estas modificaciones obligarán a las instituciones de los tres órdenes de gobierno a dar solución a las necesidades de la juventud mexicana. Sin lugar a dudas, esta reforma no es la única respuesta en las carencias y desafíos presentes y futuros de nuestra juventud, pero sí es la más importante desde el ámbito jurídico, con esta reforma consolidamos el marco constitucional y sentamos las bases para crear una ley de juventud, que de manera amplia establezca las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, fortalezca el sistema de juventud y dé cumplimiento cabal al mandato de la Ley Suprema para garantizar los derechos de los jóvenes: promover e impulsar su desarrollo integral.

Una ley en la que, por cierto, ya estamos trabajando aquí en la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, esta reforma representa el cimiento para la construcción de una verdadera política de juventud del Estado mexicano, la cual hoy más que nunca es una exigencia social, pues no sólo atañe de manera directa a la tercera parte de nuestra población, conformada por jóvenes, sino también a sus familias.

Con estas adecuaciones constitucionales los jóvenes podrán exigir a las instituciones de gobierno la protección de sus derechos en sus entornos cultural, económico, político, psicológico y social, es decir, podrán exigir el ejercicio de cualquiera de las garantías previstas en nuestra Ley Suprema y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, para salvaguardar su desarrollo integral.

La reforma que llegue del momento en el que México cuenta con el mayor número de jóvenes en su historia, poco más de 35 millones, que representan una tercera parte del total nacional, y lo hemos dicho varias veces, no podemos fallarles ni desperdiciar ese bono, ellos representan una oportunidad sin precedentes para el bienestar de México, los legisladores estamos moral y jurídicamente obligados a crear las bases jurídicas que garanticen el desarrollo integral de esos millones de seres humanos jóvenes, jóvenes sensibles, nobles, solidarios, visionarios, emprendedores.

Se trata de nuestro más amplio capital para mejorar el presente y garantizar el futuro, en ellos yace el empuje, la creatividad y la fuerza para enfrentar los retos del presente. De ellos emana la semilla de la esperanza, en ellos radica el ímpetu y la vitalidad para vivir con plenitud.

Por todas estas razones, los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, votaremos a favor de este dictamen. Compañeras y compañeros Senadores, los invito a que vayamos juntos por la aprobación de esta y todas las reformas que necesita nuestro sistema jurídico, para que cada joven tenga asegurado un lugar en la escuela, una educación de calidad, un empleo digno, el servicio de salud que necesita, una vivienda digna y que cuente con un esquema de participación en todos los asuntos de nuestra nación.

Asimismo, hago un atento llamado al Presidente Enrique Peña Nieto, para que nombre a la brevedad al Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, que a la fecha se encuentra olvidado, sin titular, sin rumbo y sin participación alguna en la toma de decisiones que marcarán el rumbo de nuestro país en este sexenio.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Daniel Avila Ruiz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente; señoras Senadoras y Senadores:

Podía yo repetir lo mismo que dije hace un rato, pero he pedido el uso de la tribuna porque esta otra reforma es un ejemplo de lo que estamos diciendo, esta “obra” a la juventud, verdad, ¿una ley federal con una reforma constitucional va a resolver el problema?

Ustedes creen que los gobernadores y los presidentes municipales y los poderes de los estados no tienen facultades en materia de juventud, que no tienen facultades en materia de actividades en las escuelas, que no tienen facultades. Claro que las tienen, no necesitan una reforma constitucional que les venga a decir que con base en los derechos constitucionales, con base en los tratados internacionales vamos a darle a la juventud lo que necesita, eso no es la solución, ¡hombre!

Otra vez este es el clásico ejemplo. Todos los que están aquí están impresionados de todo lo que va a hacer esta reforma, pero si meditan por favor un poquito, que es necesario a veces cuando se está analizando la reforma a la Constitución, bueno, ¿es cierto todo esto que dice?, ¿vamos a resolver el problema del cupo en las universidades?

De la educación pública que ha venido cayendo la inversión año con año, ¿vamos a resolver el problema del empleo?, ¿esto nos dice que va a resolver el problema del empleo? Eso no es cierto, ¡hombre!

Vamos a ser serios, necesitamos toda una política económica para que haya empleo, aquí los famosos ninis no tienen empleo, no tienen escuela, y eso es producto de una política general, no una reforma que obligue a los tres niveles de gobierno a salvar a la juventud, darles empleo, darles escuela a todos, se necesita una política económica que no tiene este gobierno, y que no han tenido los gobiernos pasados, y por eso la mitad de la población está en la pobreza, por eso no caben en las universidades porque no invierten en ellas, por eso no hay empleo.

No hay empleo, necesitan ese empleo, no reformas a la Constitución para repetir lo mismo. Y por eso intervengo otra vez, ¿esta reforma para qué sirve? ¡Ah! pero ya está en la Constitución, y a partir de hoy, con esa aprobación que vamos a hacer de esta maravillosa reforma, vamos a darles empleo, vamos a darles escuela, vamos a resolver, todo eso es una mentira; estamos echando a perder la Constitución, exijamos que cada quien haga su labor, que el gobierno Peña Nieto genere empleo, que el gobierno genere los recursos necesarios para que haya escuelas, que quepan los estudiantes mexicanos en las universidades que los rechaza todo el tiempo.

Bueno, eso es lo que se necesita, una política económica que desarrolle con justicia social este país, no una política neoliberal que no se resuelve con una reforma constitucional, absolutamente innecesaria, inútil, nada más para hacer un gran cuento en esta obra a la juventud, que nos deja totalmente conmovidos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar sobre el mismo asunto, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; y el permiso de nuestras compañeras Senadoras y Senadores:

En el grupo parlamentario del PRD sostenemos que el Estado mexicano debe procurar, proteger e impulsar a la juventud, y por eso hemos solicitado el uso de la palabra.

Y también para decir, por lo tanto, que rechazamos que se continúe con toda política discriminatoria hacia la juventud.

Nos parece, y lo decimos con respeto, pero con firmeza, que el gobierno de nuestro país debe tener como prioridad, dentro de las acciones y políticas públicas, la protección y defensa de la niñez y de la juventud.

Ciertamente, señor Presidente; compañeras y compañeros, en una sociedad inteligente y responsable se mandata al Estado para diseñar e instrumentar una política dirigida a fomentar la formación e inclusión social, también a fomentar la formación económica, política, cultural y en lo que se refiere al desarrollo integral de los jóvenes.

Por eso decimos que las políticas públicas de apertura y de promoción de oportunidades para los jóvenes, son una responsabilidad de nosotros mismos.

Es apropiado, por lo tanto, impulsar una política que garantice los derechos constitucionales de la juventud.

México, como todos lo sabemos, mantiene un bono demográfico irrepetible.

La población joven es la de mayor dinamismo en la población, pero también la economía no les brinda mayores oportunidades, por lo que los jóvenes tienden a tener que ir buscando forzosamente cómo salir adelante.

Para nosotros, toda esta situación que viven los jóvenes, pues pudiese representar algo así como un suicidio, pues estamos desterrando la verdadera riqueza económica que tenemos, repito, que es nuestra juventud.

Por lo tanto, reitero, debemos impulsar la definición de una agenda política de la juventud que comprometa, como aquí se ha planteado, a los órganos de gobierno, a los congresos de todos los estados, al Congreso de la Unión, a la definición de una agenda programática para los jóvenes.

Y una de las principales acciones o la acción que a este órgano le compete, es precisamente legislar apropiadamente y apoyar la propuesta de proyecto de dictamen que se presenta con el objeto de adicionar un último párrafo al artículo 4o. de nuestra Constitución y reformar la fracción XXIX-P del artículo 73 de nuestra propia Carta Magna, la que se refiere a la juventud, para así garantizar a ella el derecho a su desarrollo integral.

Apoyemos, a eso los quiero exhortar respetuosamente, a dar sustento constitucional al derecho que tienen las y los jóvenes de nuestro país, a lograr ese desarrollo integral, situación que sólo es posible alcanzar mediante la protección de sus derechos humanos y las garantías reconocidas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo las particularidades de este sector de nuestra población, lo cual es congruente, también como aquí ya se ha expresado, con lo expuesto en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, citada en la minuta de este dictamen.

Por lo que no me resta más que exhortar, con mucho respeto, señor Presidente, a todas mis compañeras y compañeros, a efecto de que aprobemos este dictamen y que recordemos que la juventud tiene derecho a su desarrollo integral, el cual únicamente se alcanzará mediante la protección de los derechos humanos y garantías reconocidas en la Constitución.

Muchísimas gracias.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

Finalmente, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros Senadores:

El hecho de plasmar en la Constitución de la República postulados como el que estamos discutiendo en este momento en donde la juventud tiene derecho a su desarrollo integral, el cual se alcanzará mediante la protección de los derechos humanos y las garantías reconocidas en esta Constitución a fin de lograr este objetivo, la ley establecerá los instrumentos correspondientes y la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, sin duda que es un avance, un paso necesario para poder reglamentar estos derechos.

No podemos hablar del desarrollo, por ejemplo, en materia educativa, si la lucha que dieron los maestros de México para que en el artículo 3o. constitucional quedara preescolar como obligatorio en la educación básica, no se hubiera consolidado si no se plasma en la Constitución de la República.

Lo que ha venido impulsando el Partido de la Revolución Democrática desde su nacimiento, es que la educación sea obligatoria desde preescolar hasta la universidad.

Tampoco se hubiese logrado si no se plasma que el bachillerato sea obligatorio y gratuito en la Constitución de la República.

Por eso es muy importante la reforma o la adición que se está haciendo al 4o. constitucional, para garantizar el derecho de los jóvenes a un desarrollo integral.

Coincidimos con la Senadora Layda Sansores y con el Senador Manuel Bartlett, en el hecho de que junto a esto debe de plantearse con mucha claridad la ley reglamentaria para que se aterrice lo aquí planteado, y en la ley reglamentaria plantear con mucha claridad las políticas públicas que obliguen al Estado mexicano a garantizar estos derechos.

Si nos quedamos en el nivel constitucional y no obligamos al gobierno de la República a que impulse políticas públicas para garantizar este derecho, compañeros, sólo será demagogia, sólo serán buenas intenciones, y la delincuencia organizada no sabe de buenas intenciones, por eso está buscando cómo sigue captando jóvenes para que engrosen sus filas.

Revisemos los antecedentes, las estadísticas y vamos a encontrar que un porcentaje altísimo de los ejecutados en este país son jóvenes menores de 25 años.

Casos dramáticos de adolescentes, como el que vivimos en Morelos, en donde un joven, un adolescente de 13 años, el famoso “Ponchis”, era jefe de una banda de sicarios.

Algunos pensaban que había que endurecer las penas contra los jóvenes. Los que somos maestros, por supuesto que nos oponemos y nos seguiremos oponiendo a eso, porque cuando un joven se hace delincuente, tenemos que decirlo con todas sus palabras, es fracaso pedagógico, y es fracaso del Estado mexicano por no darle atención a este grupo vulnerable frente al acoso de la delincuencia.

No podemos hablar de un Estado eficaz, cuando no resuelve este tipo de problemas, cuando no encuentran los jóvenes empleo cuando no encuentran posibilidades de seguir estudiando por el rechazo amplísimo que se tiene en la educación media-superior y en la educación superior.

Coincidimos plenamente con la adición que se está haciendo al artículo 4o. constitucional.

Pero también es nuestra obligación alzar la voz para pedirle al Estado mexicano, que hoy encabeza Enrique Peña Nieto, para que, con carácter de urgente, diseñe políticas públicas que atiendan la orfandad en que se encuentran los jóvenes de este país.

Hablar de los jóvenes y echarles loas y decirles que es lo más hermoso que tiene este país, es bonito, pero es más bonito que se implementen las políticas públicas para atender su problemática.

Decirlo en discursos y no aterrizarlo en propuestas concretas y políticas públicas, es demagogia, compañeros, y creo que es lo que menos debemos de impulsar en este Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Agotada la lista de oradores y no habiendo reservas de artículos en lo particular, pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al registro del sistema electrónico, tenemos un total de 100 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 constitucional. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que a petición de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, se retiró del Orden del Día el dictamen que reforma diversas leyes en materia de miscelánea mercantil.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de derechos humanos en reclusorios.





 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XII DEL ARTICULO 6o. DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

“Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Estoy convencido, seguramente al igual que muchos de ustedes, que el tema del sistema penitenciario nacional es un foco rojo sobre el que urge que comencemos a trabajar.

Recordarán ustedes que la reforma constitucional de 2008 sustituyó el concepto “readaptación social” por el de “reinserción social”, sin embargo hasta ahora los hechos nos muestran que la sustitución fue meramente conceptual porque en los hechos, los centros penitenciarios no son solamente escuelas del crimen, sino auténticas tierras sin ley en las que prevalece la corrupción, la violencia y los autogobiernos.

Apenas en septiembre del año pasado, el Presidente de la CNDH señaló que el 60% de las prisiones del país tienen un autogobierno y que grupos de la delincuencia organizada se han apoderado del control de cárceles estatales y municipales.

Señaló también que prácticamente todas las prisiones del país presentan problemas, incluidas las federales.

Pero el autogobierno no es el único gran problema que presentan los centros penitenciarios, los datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria son claros y contundentes: hacinamiento, carencia de personal médico, carencia de procedimientos para la prevención y atención de incidentes violentos, falta de registros de casos de tortura y maltratos, malas condiciones de higiene en áreas de dormitorios, cocinas y comedores, son sólo algunos ejemplos de lo que podemos encontrar en cualquier centro penitenciario del país.

Como pueden ver se trata de un problema tan grave como desatendido, y en un contexto semejante resulta extraordinariamente valioso un ejercicio como el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos públicos de derechos humanos han venido realizando con la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que nos muestra y nos recuerda la magnitud de un problema que ojalá pronto comencemos a atender.

Me parece positivo que la elaboración de este diagnóstico sea una obligación establecida expresamente en la Ley de la CNDH, pero creo que lo más importante de este dictamen es la generación de efectos a partir del diagnóstico; que sus datos sean tomados en cuenta para la elaboración de políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Por ello el voto del grupo parlamentario del PRD será a favor del dictamen y no quisiera concluir sin antes recordar que entre los pendientes de esta Legislatura se encuentra la elaboración del dictamen de una iniciativa de Ley General para la Protección de los Derechos Humanos en la Ejecución de Sanciones y Medidas Penales.

Ojalá esta Legislatura siga por el mismo camino cuando llegue el momento de legislar sobre el tema penitenciario

Muchas gracias."

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se abre el registro de oradores. Se ha inscrito oportunamente la Senadora Mariana Gómez del Campo e inscribimos a la Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la comisión.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Quiero hacer uso de la tribuna para hacer algunas observaciones sobre este dictamen que se discutió en Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

En primer lugar, destacar la relevancia de contar con un diagnóstico que refleje la situación que guarda el sistema penitenciario mexicano.

Esta información, lo que va a permitir es que año con año se evalúe el funcionamiento y las acciones emprendidas por parte de las autoridades, no nada más en el ámbito federal, sino que también en el ámbito local.

Coincidimos además con la perspectiva que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en que esta evaluación debe contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio, divulgación y respeto irrestricto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.

Este diagnóstico, lo que va a aportar, además de datos estadísticos, que hoy no se encuentran homogeneizados, va a aportar información muy valiosa para conocer la incidencia de los casos de homicidios, riñas, desórdenes, abusos y quejas que acontezcan en los centros de reclusión.

No podemos seguir contando simplemente con la información que se sube a las redes sociales por los mismos reclusos y terminamos enterándonos de mucho de lo que pasa no nada más en las cárceles del Distrito Federal, sino de todo el país por testimonios de los que ahí se encuentran y demás con el riesgo de poder perder la vida.

Ahora bien, el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan organismos especializados para atender quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, violatorios de derechos humanos, por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.

En dicho artículo se establece como ámbito de competencia de los poderes legislativos, establecer organismos especializados que conozcan, atiendan y den seguimiento en materia de violación a los derechos humanos por parte de cualquier autoridad o servidor público.

Sin embargo, la reforma plantea que este diagnóstico únicamente se haga de las dependencias federales y locales competentes en la materia.

Ya en el debate que tuvimos en el seno de la comisión, tanto la Senadora Adriana Dávila Fernández como la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, y la de la voz, consideramos que esta reforma se encuentra inacabada.

Es preciso también que tanto los órganos legislativos locales, como los órganos legislativos federales, conozcan de este informe para que derivado del mismo se puedan tomar acciones legislativas.

Es oportuno que estén informados de la situación que guardan las cárceles de nuestro país en los congresos locales y por supuesto también el Congreso de la Unión, para tomar acciones muy determinantes en materia legislativa y promover, proteger, vigilar y defender los derechos humanos en los centros de reinserción social.

Este es un avance, Senadoras y Senadores, pero hay todavía mucho por hacer, además de este diagnóstico.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, para el mismo asunto, desde su escaño.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Bueno, creo que por el tiempo tenemos que reducir, tomando en consideración de que es la última sesión y de que tenemos compromisos ya contraídos como Senado, es importante señalar que apoyamos la intervención de la Senadora Mariana Gómez del Campo y refrendar nuestro compromiso signado en la sesión de la minuta a la que hicimos referencia, que vamos a votar enseguida, respecto de que vamos a seguir el proceso de perfeccionamiento de la ley. De tal forma que las inquietudes planteadas por las señoras Senadoras, efectivamente sean tomadas en consideración.

Yo quiero llamar la atención de que estamos frente a una minuta de la Cámara de Diputados, de nuestra Colegisladora y en particular de la Comisión de Derechos Humanos. De tal forma que acordamos apoyarla en sus términos para que entre en vigor.

Bueno, eso es en cuanto a este dictamen.

Quiero además anticipar que los siguientes tres dictámenes que también son competencia de la Comisión de Derechos Humanos, me permito inscribir mi intervención por escrito para que sea inscrita en el Diario de Debates, de tal forma que en consideración a los tiempos de las señoras y señores Senadores, pasemos rápidamente a los otros asuntos que tenemos en cartera.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias Senadora Angélica de la Peña.

Tomamos nota de su propuesta, indudablemente se tomarán en cuenta sus participaciones que se está entregando por escrito y quedará así asentado en el Diario de los Debates.

No habiendo ya más oradores sobre este tema, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para informar de la votación nominal de las Senadoras y Senadores.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico de votación, tenemos un total de 99 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de métodos sencillos para discapacitados en la presentación de quejas.





 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

“Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

He querido venir a hablar a favor del dictamen puesto a discusión, porque me parece que persigue una finalidad noble y sumamente garantista.

Se trata de una reforma mediante la cual se amplían los mecanismos para presentar quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, propuesta que sin duda es en beneficio de las personas, ya que podrán acceder con mayor facilidad y menos formalismos a esta institución en defensa de sus derechos.

Pero la perspectiva de esta reforma va un poco más allá, pues facilita el acceso a la Comisión para las personas con capacidades distintas.

En este punto quisiera señalar que según datos de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México el 5.1% de la población tiene capacidades distintas, lo que los ubica como uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, debido en gran medida a la visión médica o asistencial asumida por el gobierno hacia este sector de la población.  

Por ello esta reforma al primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la CNDH resulta sumamente oportuna.

Como bien lo señala el dictamen, se trata de una propuesta que abona a la igualdad y a la no discriminación de las personas con capacidades distintas, así como a garantizar para ellos el pleno acceso a mecanismos que les permitan defender y hacer valer sus derechos.

Mecanismos que no deben ser sólo por escrito ya que no todas las personas pueden hacerlo de esa manera, por lo que me parece correcto que las quejas puedan realizarse por vía oral, o por lenguaje de señas, y a través de cualquier medio de comunicación que permita a las personas dar a conocer sus demandas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

Coincido plenamente con el criterio de la Comisión de Derechos Humanos, en el sentido de que el texto actual del artículo 27 establece una limitación al acceso a la CNDH al exigir la presentación de quejas por escrito, y yo agregaría además que se trata de un formalismo absolutamente innecesario que, efectivamente, limita el ejercicio de los derechos de algunas personas.

Por ello, tal y como señalé al principio de mi intervención, me parece que esta reforma es sumamente garantista y estoy convencido de que supondrá una mayor accesibilidad para todas las personas a esta institución y a este mecanismo de protección de los derechos humanos.

Y no me cabe la menor duda de que ello también abonará al fortalecimiento de la CNDH como el máximo garante de los derechos humanos en nuestro país.

Por ello nuestro voto será a favor del dictamen.

Es cuanto."

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto, no habiendo oradores en este dictamen, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico, se tiene un total de 91 votos en pro.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.





 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El presente dictamen contiene una reforma ciertamente muy sencilla, pero que me parece sumamente positiva, en tanto que contiene una perspectiva de protección a los derechos de un sector vulnerable.

El problema de la discriminación en México no es un asunto menor, y a veces pareciera que no le hemos dado la importancia que tiene.

En su portal de internet, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señala que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo.

En ese sentido, la presente reforma plantea introducir a la talla pequeña como una causa de discriminación.

Pero en el fondo, lo que este dictamen plantea es en sí un reconocimiento de que las personas de talla pequeña son objeto de discriminación; una discriminación que no solamente implica desigualdad frente a las demás personas, sino también escarnio por su estatura.

Y ello constituye sin duda una inaceptable vulneración a su dignidad inherente.

Desde mi personal punto de vista, ésta es precisamente la principal vulneración que cotidianamente tienen que afrontar las personas de talla pequeña, la vulneración de su dignidad.

Por ello considero que esta reforma es positiva, sobre todo teniendo en cuenta que México asumió compromisos en el plano internacional, a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Y esta reforma da un nuevo paso hacia adelante en el cumplimiento de dichos compromisos.

Estoy convencido de que con ella estamos legislando no solamente con la intención de proteger los derechos de un determinado grupo, sino con el afán de reivindicar su dignidad individual.

No podemos aspirar a que haya igualdad de oportunidades para las personas con algún padecimiento relacionado a la talla pequeña, si primero no garantizamos el pleno respeto a su elemental dignidad humana.

Por ello mi voto será a favor del dictamen, y desde luego los conmino a apoyarlo también con su voto aprobatorio.

Es cuanto."

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se tienen un total de 94 votos a favor.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Continuamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de relevos en el Consejo Consultivo.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO, UN PARRAFO CUARTO Y UN PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Compañeras Senadoras, compañeros senadores:

El presente dictamen surge de la necesidad de legislar sobre una hipótesis que no se encuentra expresamente definida en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que ya se presentó en la práctica. Me refiero al caso de falta absoluta de un integrante del Consejo Consultivo de dicho organismo.

El texto vigente de esta Ley establece que anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos Consejeros de mayor antigüedad en el cargo, sin embargo no se prevé el caso de falta absoluta de uno de ellos, lo que genera una laguna con relación al periodo para el cual el Senado de la República o la Comisión Permanente deberá designar a un sustituto; si es para un periodo completo, o únicamente para completar el periodo del Consejero sustituido.

Y como lo mencioné hace un momento, la necesidad de regular esta hipótesis en la ley es real porque ya se presentó un caso, precisamente en esta Legislatura.

Como ustedes recordarán, en junio del año pasado falleció la Dra. Graciela Rodríguez Ortega, a quien le faltaba un año para concluir su encargo como Consejera y se tuvo que realizar un proceso extraordinario de designación, en el que surgió la duda acerca del período para el que debería ser nombrado un nuevo Consejero.

Por ello la pertinencia de esta reforma, en la que además se establece un plazo perentorio de 90 días para la realización del procedimiento, que me parece adecuado para evitar dilaciones innecesarias, pero sobre todo para evitar vacíos en el Consejo Consultivo, cuyo papel cobró peso y relevancia a partir de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

Me parece igualmente correcto establecer que en el caso de que se realice más de un procedimiento de selección en un mismo año, un candidato pueda participar en todos ellos siempre que cubra los requisitos.

Y me parece correcto porque comparto el criterio de la Comisión de Derechos Humanos que quedó asentado en el presente dictamen, en el sentido de que en los procesos de selección, participan una gran cantidad de mujeres y hombres con perfiles, conocimientos y trayectorias destacadas, pero desafortunadamente es mayor el número de personas que de vacantes y ello nos obliga a dejar de lado a personas que indudablemente podrían abonar al fortalecimiento del Consejo Consultivo.

Por ello celebro que se introduzca un incentivo para participar en los procesos de selección, pues abrimos la posibilidad de que lleguen al Consejo los mejores perfiles, algo que sin duda redundará en el fortalecimiento y consolidación de la CNDH como el máximo garante de los derechos humanos en nuestro país.

En hora buena por este dictamen y pido a ustedes compañeras, compañeros, su voto a favor.

Es cuanto."

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión. En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al conteo del sistema electrónico, se tienen un total de 92 votos a favor.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se adiciona una párrafo tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen debidamente firmado de las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 Constitucional, en lo referente al sector social de la economía.





 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

Dictamen de primera lectura)



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. Queda de primera lectura.

Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Está a discusión. No habiendo oradores registrados ni artículos reservados para su discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 94 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Continuamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud, en materia de medidas contra la falsificación de medicamentos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 30, 222 Y 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformanlos artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de marzo de 2013, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformanlos artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha Iniciativa propone que del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud realice un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, que éste se realice a través de un Código Bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.

Por ello, pretende que la Secretaría de Salud, lleve un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de las características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos.

Así mismo señala que las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y de Salud, de manera coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos, para que medicamentos con elevado costo estén a la disponibilidad de la población que así lo requiera.

Finalmente, establece una pena de tres a quince años de prisión a quien cometa el delito de comercialización de medicamentos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, y muestras médicas, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Actualmente la falsificación de medicamentos es parte del fenómeno más amplio de la difusión de medicamentos que incumplen las normas establecidas en materia de seguridad, calidad y eficacia. En las etiquetas de esos medicamentos se incluye, de manera deliberada y fraudulenta, información falsa acerca de su identidad o su fabricante.

Esta práctica afecta tanto a productos de marca como genéricos; en algunos casos, la composición es correcta pero el envase o empaque ha sido falsificado, mientras que en otros, la composición es incorrecta o bien no incluye el principio activo o éste es insuficiente.

C. Hasta hace algunos años, en algunos países desarrollados se falsificaban sobre todofármacos nuevos y caros, como las hormonas, los esteroides y los antihistamínicos, mientras que en los países en desarrollo, esta actividad fraudulenta se concentraba en los medicamentos utilizados para combatir enfermedades potencialmente mortales, como la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA, entre muchas más.

D. Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), plasmó que los medicamentos falsificados constituyen una peligrosa epidemia que se extiende en todo el mundo, por lo que pidió a la comunidad internacional que tome medidas concretas e inmediatas para combatirlas.

La falsificación de medicamentos es un fenómeno mundial que representa el 10% del comercio mundial de medicinas. De los casos reportados a la OMS, entre los medicamentos más falsificados se encuentran con un 28% los antibióticos, seguidos de antihistamínicos con un 17%, hormonas en un 12% y esteroides con un 10%, medicamentos para el tratamiento del SIDA, la tuberculosis o la malaria, o parches anticonceptivos que simulan el producto original aunque su efecto es nulo, pudiendo causar embarazos no deseados.

La falsificación de medicamentos mueve alrededor de 35.000 millones de dólares anuales, por lo que comienza a perfilarse como un negocio muy lucrativo para las mafias y redes del crimen organizado, en perjuicio no sólo de los derechos de propiedad intelectual de las multinacionales farmacéuticas, sino también y más importante, creando un grave y serio riesgo para la salud pública a nivel mundial.

E. Cabe mencionar que son muchos los casos y cifras de muertes de pacientes en extrañas circunstancias que se atribuyen al consumo de medicamentos falsificados o manipulados, por ello se enuncian algunos:

Nigeria, 1990: Jarabe para la tos adulterado, 100 fallecimientos de niños.

Haíti, 1996: 9 niños fallecieron, por jarabe para tratar la fiebre.

Camboya, 2000: Al menos 30 muertes, por medicamentos antimalaria falsificados.

China, 2001: Se calcula que mueren más de 100,000 chinos cada año por medicinas falsificadas.

F. Nuestro país no está exento de este mercado negro, sino lo contrario se ha enquistado cada vez más, este crece a pasos agigantados, desgraciadamente ha generado graves consecuencias en nuestro Sector Salud, afectando los recursos financieros, que siempre resultan insuficientes para la creciente demanda de medicinas y atención médica para los mexicanos. Y es que, tan solo durante 2010, la venta ilegal de medicamentos creció 32 por ciento y el robo a camiones con fármacos subió 40 por ciento.

Estamos frente a un gran problemaya que cada vez hay más medicamentos falsificados, en particular los de elevado costo, como los medicamentos contra el cáncer, y los que son objeto de una fuerte demanda, como los antivirales. La ilegal comercialización y falsificación impacta negativamente en los costos asociados, incrementando el riesgo para los pacientes que consumen estas medicinas apócrifas, generando un grave daño físico y patrimonial.

Así mismo su venta ilegal, no sólo viola los derechos de propiedad intelectual, sino también, atenta contra la salud pública, ya que pone en riesgo a la población que los consume.

G. Se estima que a nivel mundial la comercialización de medicamentos falsificados asciende a US$35,000 millones, mientras que en México se estima que va de US$650 a US$1,500 millones anuales, siendo Jalisco, Baja California, Michoacán y Yucatán los estados donde se han realizado los mayores aseguramientos de medicamentos falsificados.

De acuerdo con datos de la autoridad sanitaria se han realizado los siguientes operativos para detectar los medicamentos apócrifos: 2007-4, 2008-11, 2009-5, 2010-5, 2011-2, 2012-3.

H. Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre la ingesta de productos caducos, falsificados o adulterados obliga a los afectados a invertir desde 700 pesos en consultas privadas hasta 60 mil por hospitalizaciones.

Por otro lado, de acuerdo con datos del INEGI en el año 2010, del total de productos confiscados, el 50.6 por ciento fueron muestras médicas; 23.3 por ciento, medicinas caducadas; 18.5 por ciento, fraccionadas; 5.3 por ciento, maltratadas; 1.3 por ciento, desvíos de la cadena pública y 1.10 por ciento eran medicinas falsas o adulteradas.

Es lamentable el hecho de que México ocupe el sexto lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos falsificados y seis de cada 10 de los fármacos que se comercian son de procedencia ilícita; por lo que 8 millones de personas son víctimas potenciales del mercado negro de medicamentos.

I. Sabemos que la falsificación de fármacos es un negocio muy lucrativo debido a la intensa y constante demanda de medicamentos y a los bajos costos de producción. En muchos países, la ausencia de una legislación disuasiva también constituye un incentivo, pues quienes ejercen este tipo de actividades no temen ser detenidos o procesados.

Cuando los precios de los fármacos son elevados y existen productos idénticos con precios diferentes, el consumidor tiene mayor tendencia a adquirir medicamentos fuera del sistema de suministro normal.

J. Se debe enfatizar que la ilegal comercialización de medicamentos puede ser realizada tanto en los establecimientos farmacéuticos (farmacia, boticas, droguerías, etc.), como en establecimientos no farmacéuticos (bodegas, campos feriales, tianguis, mercados, Sistema de Transporte Colectivo, etc.), así como en laboratorios clandestinos, en donde se elaboran medicamentos que atentan contra la vida y la salud de los consumidores. Es por ello, que estas Comisiones dictaminadoras están de acuerdo en que la autoridad sanitaria lleve un control riguroso de los establecimientos que se dedican al expendio de fármacos para que los mismos cumplan su función adecuadamente, ya que actualmente muchos de ellostienen características como:

• No cuentan con la autorización sanitaria para almacenar o comercializar medicamentos.

• Muchas veces el medicamento que es sustraído del sector salud es revendido, inclusive a la misma dependencia y/o instituto.

• Las facturas son apócrifas.

K. Las modalidades más frecuentes de comercio ilegal son las falsificaciones, contrabando, comercialización de muestras médicas, ingreso al país de productos evadiendo los controles aduaneros, receptación de productos y comercio de productos farmacéuticos.

Características de la falsificación:

• El empaque es diferente.

• El cartón de pésima calidad.

• Los frascos son diferentes al original.

• Los colores y relieves son de muy mala calidad.

• Los empaques primarios y secundarios son diferentes.

• Falsificación de marcas en sus empaques usando redes de impresores que abastecen diversos mercados.

• Utilización de medicamentos del sector salud en empaques falsificados.

L. Sí bien es cierto que para la prevención, tratamiento e investigación de los problemas de salud, no es necesario mantener una unidad visual de los medicamentos que conforman el Cuadro Básico, estas Comisiones dictaminadoras coinciden que por ello se requiere de un mecanismo de seguridad eficiente que evite la proliferación del mercado negro y que mediante la utilización de las nuevas tecnologías, se identifique el producto desde su manufactura utilizando un código bidimensional, como mecanismo que permitirá identificar la información del producto desde su manufactura, pues se registrará en una base de datos el número de lote y a qué institución del Sector Salud se distribuyó, entre otras especificaciones.

Con esta acción se garantizará la procedencia lícita de los medicamentos y seeliminaría el riesgo por el uso de medicamentos de dudosa procedencia y que terminan dañando a quien los consume.

M. Por otro lado, se coincide en que se eleve la medida de sanción , y se establezca una pena de tres a quince años de prisión a quien cometa el delito de comercialización de medicamentos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.

N. Finalmente estas Comisiones dictaminadoras, ven loable dicha iniciativa por lo que están a favor con cambios, por considerar lo siguiente:

En cuanto a la propuesta inicial se reforma el artículo 29 y se adiciona un 29 Bis del cual se deriva una regulación para garantizar la eficacia y procedencia de los medicamentos por medio de un código bidimensional que solo tendrán los medicamentos del cuadro básico, por ende, estas Comisiones consideran que deberá ampliarse a todos los medicamentos en circulación como bien marca la propuesta, es por ello que se impacta el artículo 222 de la Ley en comento.

De acuerdo con los artículos 30 y 31 se desprende que en el primero, en su última parte al mencionar que: “será a fin de salvaguardar la salud de la población”, se considera que ese es el fin primordial de la Ley sanitaria, y en el segundo se considera que el propio artículo 31 marca una regularización en los precios de los fármacos por lo que ya está contemplado.

Por lo anterior es que se realiza la siguiente propuesta:

INICIATIVA

PROPUESTA

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes; y establecerá su registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación.

Artículo 29 Bis.- El registro será a través del Código Bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.

La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos.

Para la población, será posible identificar la autenticidad del medicamento a través de etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, además que en la nota de venta aparecerá la autorización por parte de la Secretaría por la adquisición del producto.

Artículo 222.- La Secretaría de Salud sólo concederá la autorización correspondiente a los medicamentos, cuando se demuestre que éstos, sus procesos de producción y las sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas, que cumple con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones generales, y tomará en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 428 de esta Ley.

La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación. Para el control y autenticidad de los medicamentos se deberá establecer un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, así mismo el registro será a través de un código bidimensional que deberán llevar todos los medicamentos en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote. Además de características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, en su caso, la institución del Sector Salud o farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos, además deberá contener etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, y en la nota de venta aparecerá la autorización, de adquisición del producto, por parte de la Secretaría.

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumospara su elaboración, a fin de que adecúen a lo establecido en el artículo anterior. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función, a fin de salvaguardar la salud de la población.

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que se adecúen a lo establecido en el artículo anterior. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función.

Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurarála adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público. De manera coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos, para que se garantice la disponibilidad de medicamentos con elevado costo, a la población que así los requieran.

SE ELIMINA

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. a II. …

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, muestras médicas, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, código bidimensional, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I a II…

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea con fines comerciales, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, códigos bidimensionales , sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. Se otorgará 1 año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para que las farmacias y la industria farmacéutica puedan integrar en sus medicamentos el código bidimensional que marca el artículo 222 de la Ley General de Salud.

ARTICULO SEGUNDO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Derivado de todo lo anterior es que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 30, 222 Y 464 TER. DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

UNICO: Se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter. de la Ley General de Salud,  para quedar como sigue:

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que se adecuen a lo establecido en el artículo anterior. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función.

Artículo 222.-

La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación. Para el control y autenticidad de los medicamentos se deberá establecer un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, así mismo el registro será a través de un código bidimensional que deberán llevar todos los medicamentos en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote. Además de características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, en su caso, la institución del Sector Salud o farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos, además deberán contener etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, y en la nota de venta aparecerá la autorización, de adquisición del producto, por parte de la Secretaría.

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. a II.- …

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea con fines comerciales, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, códigos bidimensionales, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. Se otorgará 1 año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que las farmacias y la industria farmacéutica puedan integrar en sus medicamentos el código bidimensional que marca el artículo 222 de la Ley General de Salud.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Con su venia Senador presidente,

Hace algunos años era inimaginable la falsificación de medicamentos, hoy desgraciadamente es una realidad, tanto en México como a nivel internacional la falsificación de medicamentos es parte del fenómeno de la llamada piratería y es ya moneda de uso corriente.

Las medicinas pirata, de etiquetado engañoso, falsificadas o de imitación son aquellas en cuyas etiquetas se incluye, de manera deliberada y fraudulenta, información falsa acerca de su identidad o procedencia. Asimismo, la falsificación afecta tanto a medicamentos de marca registrada como genéricos.

Las consecuencias del uso de este tipo de medicamentos pueden ser el fracaso terapéutico o, incluso en casos más extremos, la muerte de quien los consume, ya que pueden contener desde mezclas aleatorias de sustancias tóxicas peligrosas hasta preparaciones inactivas e ineficaces.

Además de afectar directamente la salud y la integridad del consumidor, la circulación de medicamentos falsificados afecta significativamente la confianza del público en los sistemas de salud que ofrece el Estado.

Por otra parte, es entendible que un mexicano que gana el salario mínimo y que con mucho trabajo logra cubrir apenas las necesidades básicas de su hogar, busque comprar medicamentos más baratos, puesto que el gasto en medicinas puede consumir una parte significativa de sus ingresos individuales o familiares. Esto no sólo agrava el problema sino que favorece y alimenta la falsificación de medicamentos, convirtiéndolo en un círculo vicioso que si no atendemos indiscutiblemente se convertirá en uno de los mayores problemas de salud pública.

Por esta razón cobra mayor relevancia e importancia la iniciativa en comento, ya que de concretarse nos permitiría dar la pauta para impedir la comercialización de estos nocivos productos, que no sólo se encuentran en tianguis y otros lugares del comercio informal, sino que incluso existe evidencia de que han llegado a venderse en locales establecidos como farmacias o boticas.

En México tan solo durante 2010 la venta ilegal de medicamentos creció 32 por ciento y el robo a camiones con fármacos subió 40 por ciento, lo que nos da una idea del rápido avance que está teniendo este mercado negro.

Considero urgente que de acuerdo a nuestras facultades actuemos en consecuencia, estamos justo a tiempo para tomar medidas que frenen el avance de la falsificación y robo de medicamentos en nuestro país, debemos hacerlo mientras esté en nuestras manos y no esperar a que se convierta en un problema irreversible, en una emergencia nacional que por sus proporciones afectaría a millones de familias mexicanas y sus costos humanos y económicos serían incalculables.

Es cuanto Senador presidente."

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Perdón, ¿para qué asunto?, bueno, después de que presenten el dictamen, por favor. Y para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra la Senadora Maki Esther Domínguez, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

Actualmente la falsificación de medicamentos es parte del fenómeno más amplio de la difusión de medicamentos que incumplen las normas establecidas en materia de seguridad, calidad y eficacia. Hasta hace algunos años en algunos países desarrollados se falsificaban, sobre todo, fármacos nuevos y caros.

Esta utilidad fraudulenta se concentraba en los medicamentos utilizados para combatir enfermedades potencialmente mortales como la malaria, la tuberculosis, el VIH/SIDA, entre muchas más.

Sin embargo, ha ido creciendo, por ello hay que enfatizar que la falsificación de medicamentos es un fenómeno global que representa el 10 por ciento del comercio mundial de medicinas. De los casos reportados a la OMS, entre los medicamentos más falsificados se encuentran, con un 28 por ciento los antibióticos, seguidos de los antihistamínicos con un 17 por ciento, las hormonas con un 12 por ciento y esteroides con un 10 por ciento, medicamentos para el tratamiento del SIDA, la tuberculosis o la malaria, o parches anticonceptivos, que simulan el producto original aunque su efecto es nulo, pudiendo causar embarazos no deseados.

La falsificación de medicamentos mueve alrededor de 35,000 millones de dólares anuales, por lo que comienza a perfilarse como un negocio muy lucrativo para las redes del crimen organizado en perjuicio no solamente de los derechos de propiedad intelectual, sino de las personas creando un grave y serio riesgo para la salud pública a nivel mundial.

Cabe mencionar que son muchos los casos y cifras de muertes de pacientes en extrañas circunstancias que se atribuyen al consumo de medicamentos falsificados o manipulados, ejemplo de ellos son en Nigeria, en 1990, el jarabe para la tos adulterado, que trajo 100 fallecimientos de niños.

En Haití, en 1996, 9 niños fallecieron por jarabe para tratar la fiebre.

En Cambodia, en 2000, al menos 30 muertes por medicamentos antimalaria, falsificados.

En China, en 2001, más de 100,000 chinos cada año por medicinas falsificadas.

Sólo por mencionar algunos ejemplos.

Nuestro país no está exento de este mercado negro, sino lo contrario, se ha enquistado cada vez más y crece a pasos agigantados. Desgraciadamente ha generado graves consecuencias en nuestro sector salud, afectando los recursos financieros destinados a la creciente demanda de medicinas y atención médica de los mexicanos. Tan solo durante 2010, la venta ilegal de medicamentos creció 32 por ciento y el robo a camiones de fármacos subió 40 por ciento.

Estamos frente a un gran problema, ya que cada vez hay más medicamentos falsificados, en particular los de elevado costo como los medicamentos contra el cáncer y los que son objeto de una fuerte demanda como los antivirales.

En este tenor, es lamentable saber que México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la venta de fármacos apócrifos.

Es por ello que estas comisiones dictaminadoras están de acuerdo en que la autoridad sanitaria lleve un control riguroso de los establecimientos que se dedican al expendio de fármacos para que los mismos cumplan su función adecuadamente, ya que actualmente muchos de ellos tienen características, como no contar con la autorización sanitaria para almacenar o comercializar medicamentos, muchas veces el medicamento que es sustraído del sector salud es revendido, inclusive en la misma dependencia o instituto las facturas son apócrifas, las modalidades más frecuentes de comercio ilegal son las falsificaciones, el contrabando, la comercialización de muestras médicas, el ingreso al país de productos evadiendo los controles aduaneros y el comercio de productos farmacéuticos apócrifos.

También se debe señalar que las características de la falsificación están representadas en empaque, puesto que es diferente; el cartón es de pésima calidad, los frascos son diferentes al original, los colores y relieves de muy mala calidad, los empaques primarios y secundarios también son diferentes.

Si bien es cierto que para la prevención, tratamiento e investigación de los problemas de salud no es necesario mantener una unidad visual de los medicamentos que conforman el cuadro básico, estas comisiones dictaminadoras coinciden que por ello se requiere de un mecanismo de seguridad eficiente, que evite el crecimiento del mercado negro y que mediante la utilización de nuevas tecnologías se identifique al producto desde su manufactura utilizando un código bidimensional como mecanismo que permitirá identificar la información del producto desde su manufactura, con ello se garantizará la procedencia lícita de los medicamentos y se eliminaría el riesgo por el uso de medicamentos de dudosa procedencia y que terminan dañando a quien los consume.

En este tenor, los exhorto a que aprobemos este dictamen en el sentido que viene, para combatir este gran problema de salud pública como lo es la falsificación de medicamentos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Burgos García: Muchas gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Para razonar su voto, tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Mayans, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En los últimos 10 años, el mercado negro de medicamentos se ha incrementado de manera alarmante, generando graves consecuencias en el sector salud, afectando no sólo los recursos financieros del Estado, sino la salud y la economía de todos los mexicanos.

La Organización Mundial de la Salud estima que los medicamentos falsificados constituyen un peligro que se extiende en todo el mundo, por lo que resulta oportuno tomar medidas concretas e inmediatas para combatirlo. Se estima que a nivel mundial la comercialización de medicamentos falsificados asciende a 35,000 millones de dólares, y mientras en México se estima que van de los 650,000 a los 1,500 millones de dólares anuales.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ingesta de productos caducos, falsificados o adulterados obliga a los afectados a invertir desde 700 pesos en consultas privadas, hasta 60,000 pesos por hospitalización.

La Comisión de Salud consideró la importancia de combatir este complejo problema que hace evidente que los datos del INEGI, que en 2010 reportan que del total de los productos confiscados, un 50.6 por ciento fueron muestras médicas; 23.3 por ciento medicinas caducas; 18.5 por ciento medicinas fraccionadas; el 5.3 por ciento medicinas maltratadas; 1.3 por ciento desvío de las cadenas públicas de los robos al IMSS, al ISSSTE, a Salubridad; y 1.1 por ciento eran medicinas falsas, caducadas, adulteradas.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, CANIFARMA, de 2012 indica que el comercio ilegal de medicamentos alcanzó los 11,500 millones de pesos, concentrándose dicha actividad en el Distrito Federal, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Michoacán, y en el resto de los estados de la República.

Lo anterior, Senadoras y Senadores, ha generado una gran preocupación por la Comisión de Salud de este Senado, por ello el día de hoy venimos a invitar a esta Soberanía a votar a favor de este dictamen, el cual pretende implementar un control y un registro electrónico de los medicamentos que se encuentran en circulación, mediante un código bidimensional que deberán tener todos los medicamentos en su contenedor.

Asimismo, el presente dictamen pretende incrementar las sanciones de 3 a 15 años de prisión, y de 50 a 100 mil días de salario mínimo a la persona que falsifique dichos códigos bidimensionales, lo anterior con la finalidad de erradicar el mercado negro de medicamentos que tanto daño hace a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestro país.

Muchas gracias por su atención, esperando que el voto sea a favor de este dictamen.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Mayans Canabal.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar del resultado de la votación.



- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico de votación, se emitieron 98 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Continuamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, en materia de prescripción de medicamentos sin recetas.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 225 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 225 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de marzo de 2012, el Diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 225 y adiciona el 225 Bis a la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

3.- Con fecha 19 de febrero de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió por la colegisladora la minuta en comento.

4.- Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos la minuta para su respectivo estudio y Dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta aprobada por la Colegisladora pretende que en relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos conforme a lo siguiente: cuando se trate de los incluidos en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables a que hace referencia el Reglamento de Insumos para la Salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente con base en la denominación genérica del medicamento que le hubiere sido prescrito.

En el caso de los que no estén incluidos en el catálogo referido, podrá indistintamente expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

Todo ello con la finalidad de garantizar a la población el acceso a los medicamentos de distintos precios, por ende, establece que es necesario modificar las disposiciones legales para que se permita a los pacientes, previa prescripción médica de la sustancia activa, elegir y decidir, con base en su poder adquisitivo, entre las diferentes denominaciones distintivas que reciba el medicamento.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan que se tiene facultad para analizar tan importante tema como lo es la prescripción de medicamentos.

B. Hay que destacar que el Estado tiene como deber diseñar políticas públicas eficientes y eficaces en salud que permitan llevar a cabo una calidad de vida que no afecte a la persona en susalud, su vida laboral, su economía, su vida social etc.

Hoy en día las enfermedades cardiovasculares, hereditarias, entre otras, han tomado relevancia en nuestro país, sabemos que existe una cobertura universal, sin embargo, un tema muy delicado es el acceso a los medicamentos, hoy por hoy sabemos que muchos pacientes no terminan su tratamiento, o bien ni lo comienzan, por ello es que las personas deben tener mayor facilidad en acceder al medicamento que elija al momento de adquirir alguno.

C. Se necesita evitar la automedicación ya que muchas veces es un riesgo para la salud, generalmente ocurre por falta de tiempo o de acceso a un servicio médico o bien al alto costo de algún medicamento.

Por lo dicho es que la mayoría de los mexicanos cuando sufren alguna enfermedad buscan las opciones más económicas tanto de servicio médico como de medicamentos.

D. Los medicamentos, representan el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para recuperar la salud. Muchas veces la calidad de vida de un enfermo depende de poder conseguirlos.

En nuestro país existe una gama de opciones para acceder tanto a medicamentos innovadores como genéricos.

E. Según la OMS, un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación del principio activo que incorpora, siendo bioequivalente a la marca original, es decir, igual en composición y forma farmacéutica y con la misma biodisponibilidad que la misma. Es decir, que son medicamentos con la misma composición, eficacia terapéutica, seguridad y calidad que el de patente.

Así mismo estos han cumplido con las pruebas determinadas por el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, y han comprobado que sus perfiles de disolución o su biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son equivalentes a los del medicamento innovador o producto de referencia.

El medicamento de patente es aquel medicamento que resulta de un proceso de investigación, que está protegido por una patente y es fabricado exclusivamente por el laboratorio farmacéutico que lo desarrolló. Se denominan por el nombre de la sustancia activa y por un nombre o marca comercial.

Cabe mencionar que no existe ninguna diferencia en cuanto a calidad, efectividad, pureza y seguridad entre un medicamento Genérico y uno de Patente. Es sólo en el precio en dónde puede apreciarse alguna diferencia, en este caso hay opción para que el consumidor pueda elegir, de acuerdo a su capacidad económica, entre diversos productos.

F. Hay que hacer énfasis que no hay justificación científica para que, al momento de que se prescriban medicamentos, prevalezca la denominación distintiva de un medicamento sobre la genérica de la sustancia activa, siempre que los medicamentos genéricos cumplan lo establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud. Es por ello que a la letra dispone lo siguiente:

ARTICULO 31. El emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

I. Cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la Denominación Genérica y si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;

II. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva;

G. Por otro lado cabe mencionar que la Iniciativa en análisis contempla que cuando se trate de los medicamentos incluidos en el catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables, a que hace referencia el Reglamento de Insumos para la Salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea,podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia.

De lo anterior se desprende que el mencionar alcatálogo de medicamentos genéricos intercambiables, es inviable ya que existe una reforma del 2 de enero de 2008 en la que el Ejecutivo Federal publicó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud y que en su Transitorio Cuarto estableció que hasta el 24 de febrero de 2010 estaría vigente el Catálogo de Medicamentos Genéricos. Es decir, que el catálogo a que hace referencia la Minuta ya no está vigente.

Por ende se hace la siguiente propuesta:

MINUTA

TEXTO PROPUESTO

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

Cuando se trate de los incluidos en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables a que hace referencia el reglamento de insumos para la salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente con base en la denominación genérica del medicamento que le hubiere sido prescrito.

En el caso de los que no estén incluidos en el catálogo referido el párrafo anterior, podrá indistintamente expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

I. Cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;

II. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente, con excepción de que cuando en la receta se exprese la Denominación Distintiva del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe.

III. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la Denominación Común Internacional, y de manera opcional, la denominación distintiva;

IV. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva;

La venta y suministro de medicamentos biotecnológicos deberá ajustarse a lo prescrito en la receta médica

H. Cabe señalar que la minuta sólo considera la prescripción de medicamentos genéricos y omite el resto de los supuestos con los que hasta ahora cuentan los médicos y los profesionales de la salud para recetar medicamentos que se encuentran establecidos en el Reglamento de Insumos para la Salud. Por ello se considera viable plasmar lo que menciona el reglamento en la Ley Vigente. Darle mayor certeza jurídica a los consumidores.

Con ello Otorga el derecho al paciente para elegir el medicamento genérico de su elección y se plasma que no exista una automedicación.

I. Hay que hacer énfasis que también los legisladores de estas Comisiones señalan que no debe olvidarse de la prescripción de los medicamentos biotecnológicos por ello se inserta en dicha reforma este tipo de medicamentos independientemente que en el artículo 222 Bis es regulado, se pretende establecer dentro del art. 225 bis, su prescripción como lo plasma el artículo 31 del Reglamento de Insumos para la Salud.

J. Es por todo lo anterior que estas Comisiones Dictaminadoras consideran viable con cambios la Minuta en comento con la finalidad de garantizar el acceso a los medicamentos de distintos precios a las personas, es necesario modificar las disposiciones legales para que se permita a los pacientes, previa prescripción médica de la sustancia activa, elegir y decidir, con base en su poder adquisitivo, entre las diferentes denominaciones distintivas que reciba el medicamento que contenga la misma sustancia activa que le hubiere sido recetada.

K. Finalmente los integrantes de la Comisión consideramos el Dictamen a favor con cambios de la Minuta, dada la relevancia del tema que contiene, por lo anteriormente señalado, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTICULO 225 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 225 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 225. ...

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

I. Cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;

II. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente, con excepción de que cuando en la receta se exprese la Denominación Distintiva del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe;

III. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la Denominación Común Internacional, y de manera opcional, la denominación distintiva, y

IV. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva;

La venta y suministro de medicamentos biotecnológicos deberá ajustarse a lo prescrito en la receta médica.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 30 de abril de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Con su venia señor presidente:

La salud pública es uno de los temas más relevantes para el desarrollo de cualquier sociedad, hoy en día las enfermedades virales, cardiovasculares, bacterianas e incluso las hereditarias han cobrado gran relevancia en nuestro país. Los esfuerzos hechos en el rubro de salud han permitido grandes avances en cuanto a la cobertura, sin embargo un tema pendiente y que considero de suma delicadeza es el acceso a los medicamentos.

Por no tener acceso a una consulta médica es que muchos mexicanos optan por la automedicación, que pone en riesgo su salud y en muchas ocasiones impide su pronta recuperación.

De cualquier manera, la mayoría de los mexicanos cuando sufren alguna enfermedad buscan las opciones más económicas tanto de servicio médico como de medicamentos, mismos que representan el recurso más frecuentemente utilizado para recuperar la salud, lo que lleva a que la calidad de vida de un enfermo dependa de poder conseguirlos.

Afortunadamente en nuestro país existe una amplia gama de opciones para acceder tanto a medicamentos de patente como genéricos.

Según la Organización Mundial de la Salud, un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación del principio activo que incorpora, siendo bioequivalente a la marca original, es decir, igual en composición y forma farmacéutica. En otras palabras son medicamentos con la misma composición, eficacia terapéutica, seguridad y calidad que los de patente. Asimismo han cumplido con las pruebas determinadas por la Secretaría de Salud.

Por su parte el medicamento de patente es aquel que resulta de un proceso de investigación, que como su nombre lo indica está protegido por una patente y es fabricado exclusivamente por el laboratorio farmacéutico que lo desarrolló. Par su comercialización se les da el nombre de la sustancia activa o de la marca.

Aquí me gustaría hacer hincapié pues considero que es clave en esta discusión, y es que no existe ninguna diferencia en cuanto a calidad, efectividad, pureza y seguridad entre un medicamento genérico y uno de patente. Es sólo en el precio donde puede apreciarse alguna diferencia, puesto que los medicamentos de patente resultan considerablemente más caros que aquellos que son genéricos, lo que abre la opción para que el consumidor pueda elegir, de acuerdo a su capacidad económica, entre diversos productos.

Es por todo lo anterior que mi voto será a favor del dictamen, puesto que a todas luces busca garantizar y hacer más viable el acceso a los medicamentos de distintos precios para todas y todos los mexicanos.

Es cuanto señor presidente."

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Si se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la tribuna la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, en los términos del artículo 196 del Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

Hoy en días las enfermedades cardiovasculares, hereditarias, entre otras, han tomado relevancia en nuestro país. Sabemos que existe una cobertura universal, sin embargo un tema muy delicado es el acceso a los medicamentos.

Actualmente muchos pacientes no terminan su tratamiento bien, o lo comienzan, por ello es que las personas deben tener mayor facilidad de acceder al medicamento que se elija al momento de adquirir alguno.

Cabe enfatizar que se necesita evitar la automedicación, ya que muchas veces es un riesgo para la salud, generalmente ocurre por falta de tiempo o acceso a un servicio médico, o bien al alto costo de algún medicamento.

Por lo dicho, es que la mayoría de los mexicanos cuando sufren alguna enfermedad buscan las opciones más económicas tanto de servicio médico como de medicamentos, ya que estos representan el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para recuperar su salud.

Muchas veces la calidad de vida de un enfermo depende de poder conseguirlos. En nuestro país existe una gama de opciones para acceder tanto a medicamentos innovadores como genéricos. Cabe mencionar que entre estos no existe diferencia en cuanto a calidad, efectividad, pureza y seguridad, más que en el precio.

En este caso, la opción para que el consumidor pueda elegir de acuerdo a su capacidad económica entre diversos productos, es de vital importancia. Es por ello que estas comisiones dictaminadoras coincidimos con la minuta que aprueba dicho dictamen, sin embargo, dicho dictamen trae cambios a la minuta por considerar que son inviables, ya que la misma habla de los medicamentos incluidos en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables, y se debe mencionar que dicho catálogo ya no existe, derivado de una reforma del 2 de enero de 2008, en la que se publicó reformas al Reglamento de Insumos para la Salud, y que en su transitorio cuarto estableció que hasta el 24 de febrero de 2010 estaría vigente el catálogo mencionado.

También cabe señalar que la minuta sólo considera la prescripción de medicamentos genéricos y omite el resto de los supuestos, con los que hasta ahora cuentan los médicos y los profesionales de la salud, para recetar medicamentos y que se encuentran establecidos en el Reglamento de Insumos para la Salud.

Por ello, se considera viable plasmar lo que menciona el reglamento en la ley vigente, para darles mayor certeza jurídica a los consumidores.

Es por lo anterior que estas comisiones dictaminadoras consideran viable este dictamen con la finalidad de garantizar el acceso a los medicamentos, y la elección del paciente a decidir, con base en su poder adquisitivo, entre los diferentes medicamentos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Maki Ortiz.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar del resultado de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico de votación, se tienen un total de 88 votos.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Continuamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, en materia de harinas industrializadas de trigo y de maíz.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VII DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del Artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de julio de 2011, los Diputados María Cristina Díaz Salazar y Fermín Montes Cavazos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 8 de noviembre de 2011, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Salud, respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada. Aprobándose con 368 votos a favor, 0 en contra y1 abstención.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta en comento.

3. Con fecha 10 de noviembre de 2011, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, la Minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

4. Con fecha 26 de abril de 2012, la Comisión de Salud del Senado de la República, inscribió el Dictamen de la minuta en comento, con la finalidad de su discusión y votación, no obstante dicho Dictamen quedó de Primera Lectura, en la fecha señalada.

5. La Mesa Directiva después de consultar con los Grupos Parlamentarios, acordó que dicho dictamen se devolviera a las Comisiones correspondientes para que analizaran la viabilidad de su propuesta legislativa y propusieran una resolución al respecto.

Con fecha 5 de febrero de 2013, dicho Dictamen fue devuelto a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El objetivo principal de la minuta, consiste primordialmente en enriquecer y fortificar la masa de maíz nixtamalizada, así como indicar los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse en las porciones específicamente.

Para ello, se faculta a la Secretaría de Salud, para que establezca la fortificación obligatoria de la masa de maíz nixtamalizada, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. En concordancia con el Dictamen de la Colegisladora, en señalar ciertas definiciones clave, para la comprensión de la reforma propuesta, en este sentido, señalamos que:

• Nixtamal, es el nombre que se le da al maíz cocido con cal, con la finalidad de eliminar el hollejo. Es usado principalmente para la elaboración de tortillas. La palabra proviene del náhuatl nextli, o cenizas de cal, y tamalli, masa de maíz cocida.

• Masa de nixtamal, es el producto que se obtiene de la molienda húmeda de granos de maíz nixtamalizado, esta se forma a partir de maíz, cal y agua, se pueden también agregar otros ingredientes para la elaboración de la tortilla y de muchos otros alimentos como tamales, atole, etcétera.

• El proceso de nixtamalización, tiene la finalidad de hacer el grano más digerible así como el de aumentar su valor proteínico, la concentración de calcio aumenta en 20 por ciento, la d fósforo en 15 por ciento y la de hierro en 37 por ciento.

•La fortificación de alimentos, se define generalmente como la adición de uno o más nutrientes a un alimento con la finalidad de mejorar su calidad, y reducir y controlar su carencia de nutrientes.

C. Al respecto, la Colegisladora señala que la desnutrición crónica afecta en México, a 1.8 millones de niños menores de cinco años, de los cuales al menos 170 mil que habitaban las zonas marginadas de las ciudades y el campo, presentan una situación aguda y mueren por enfermedades infecciosas.

En el mismo sentido, señala cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, donde se menciona que entre 168 mil y 170 mil personas, se detectaron con un problema agudo; el resto presentan una desnutrición crónica, de tal manera que el problema es grave.

Derivado de lo anterior, es necesario afrontar la problemática de salud e implementar acciones enfocadas al enriquecimiento nutricional, con la finalidad de satisfacer los cuadros básicos de alimentos, entre las que se pueden mejorar las harinas industrializadas de trigo y maíz, siempre y cuando se indiquen los nutrientes y la cantidad que se debe incluir en éstos.

D. Dicha reforma, tendrá un impacto positivo en la salud de la población, toda vez que la tortilla, producida a partir de masa nixtamalizada, es uno de los alimentos más importantes en la dieta de los mexicanos y procurar que este alimento cumpla con los nutrientes básicos para su alimentación, traerá beneficios al país.

Es en este contexto, de que con la finalidad de que la reforma propuesta tenga una mejor estructura jurídica, es que se propuso una modificación al Decreto, que consiste en:

DECRETO DE LA MINUTA

DECRETO CON MODIFICACIONES

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. a VI. …

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos.

Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como de las de masa de maíz nixtamalizado o nixtamal,se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. …

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. a VI. …

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos.

Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como la masa de maíz nixtamalizado o nixtamal,se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. …

E. En este orden de ideas, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, consideramos viable la reforma con modificaciones, por ello que se plantea en los términos.

Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento es de trascendencia para promover la sana alimentación en nuestro país, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. a VI. …

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos.

Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como la masa de maíz nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente, o en su caso, hacer las adecuaciones pertinentes a las ya existentes, a efecto de dar cumplimiento al presente Decreto en un plazo no mayor a 300 días naturales.

Senado de la República, a 30 de abril de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Compañeros y compañeras:

De todos es sabido que la desnutrición en México afecta a millones de nuestros compatriotas, y particularmente a millones de nuestros niños, lo que sin duda torna la situación aún más grave.

Son muchos los mexicanos a los que les es imposible cumplir con una ingesta básica de alimentos diariamente, situándolos en una situación de gran fragilidad que atenta incluso contra su propia sobrevivencia.

En este sentido tenemos, según las cifras manejadas por la colegisladora, que hoy en México la desnutrición crónica afecta a 1.8 millones de niños menores de cinco años, de los cuales al menos 170 mil, que habitan las zonas marginadas de las ciudades y el campo, presentan una situación aguda y mueren por enfermedades infecciosas.

A nadie le escapa lo delicado de esta situación, las ominosas implicaciones que tiene, así como la urgencia de tomar medidas contundentes que de manera efectiva contribuyan a su solución.

Es necesario, pues, afrontar esta problemática de salud implementando acciones enfocadas al enriquecimiento nutricional con la finalidad de satisfacer los cuadros básicos de alimentos, mejorando las harinas industrializadas de trigo y maíz, indicando los nutrientes y la cantidad que se debe incluir en éstos.

Esta reforma, me da mucho gusto decirlo, va en ese sentido

Con esta modificación a la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, se tendrá un impacto positivo en la salud de la población, toda vez que la tortilla, producida a partir de masa nixtamalizada, es uno de los alimentos más importantes en la dieta de los mexicanos;procurar que este alimento cumpla con los nutrientes básicos para su alimentación traerá grandes beneficios a un ancho espectro de la sociedad mexicana.

Es para mí un honor poder decir, en esta tribuna, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos estiman que la materia del dictamen en comento es de trascendencia para promover la sana alimentación en nuestro país, estipulando en la fracción VII del artículo 115 la Ley General de Salud que la Secretaría de salud tendrá a su cargo:

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos.

Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como la masa de maíz nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

Es cuanto, muchas gracias."

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Para fundamentar el dictamen, tiene la palabra la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

El objetivo principal del dictamen en comento, consiste primordialmente en enriquecer y fortificar la masa en maíz nixtamalizada, así como la obligación de indicar los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse en las porciones específicamente.

Para ello se faculta a la Secretaría de Salud para que establezca la fortificación obligatoria de la masa de maíz nixtamalizada indicándose los nutrientes y las cantidades que deben incluirse.

Como bien sabemos, la desnutrición crónica afecta en México a 1.8 millones de niños menores de 5 años, de los cuales, al menos 170 mil que habitaban en las zonas marginadas de las ciudades y el campo presentan una situación aguda y mueren por enfermedades infecciosas.

En el mismo sentido, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, sabemos que entre 168 y 170 mil personas se detectaron con un problema agudo, el resto presenta una desnutrición crónica, de tal manera que el problema es grave.

Es por ello que las comisiones dictaminadoras consideramos necesario afrontar la problemática de salud e implementar acciones enfocadas al enriquecimiento nutricional con la finalidad de satisfacer los cuadros básicos de alimentos, entre los que se pueden mejorar las harinas industrializadas de trigo y maíz, siempre y cuando se indiquen los nutrientes y la cantidad que se debe incluir en estos.

Aunado a ello, si consideramos que toda vez que la tortilla producida a partir de masa nixtamalizada es uno de los alimentos más importantes en la dieta de los mexicanos, debemos procurar que este alimento cumpla con los nutrientes básicos para su alimentación, lo cual traerá beneficios significativos y directos en la población de nuestro país.

No obstante lo anterior, y con la finalidad de que la propuesta señalada establezca en la Ley General de Salud el espíritu de la misma, se propuso una modificación al Decreto, que consiste únicamente en realizar una mejor redacción.

Es en este orden de ideas que los integrantes de las comisiones dictaminadoras solicitamos su voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

En virtud de que no hay más oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico de votación, se tienen un total de 87 votos en pro, 2 en contra y 3 abstenciones.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Con qué propósito?, Senador Pedraza Chávez.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño)A ver si podemos agilizar el procedimiento de votación.

Mire, estoy observando que estamos agarrando muchos artículos solitos de la Ley de Salud.

Si es un paquete de artículos, pongámoslos todos a consideración y votémoslos, porque es una votación muy lenta y son temas muy específicos que pueden votarse, yo digo, en un paquete de asuntos a resolver.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Pedraza Chávez, le comento, es atendible su comentario, pero lo que ocurre es que vienen dictámenes, uno por uno de comisiones, y por lo tanto tienen que votarse uno por uno.

Tiene razón pero, pues bueno, el Reglamento.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud, en materia de cuotas de recuperación por servicios médicos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Compañeras y compañeros:

Seré muy breve en mi defensa de esta dictamen, no porque su naturaleza no sea trascendente, que los es, sin duda, sino porque la reforma es relativamente simple.

Que quede claro, la adecuación que  propone este dictamen al párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud, es por demás pertinente.

Y es que la anterior redacción del artículo se prestaba a graves confusiones, pues llevaba a considerar, de su literalidad, que se estaría eximiendo del cobro de cuotas de recuperación a la población con mayor nivel de ingreso, además de que de la lectura de dicho precepto pareciera desprenderse que la Secretaría de Salud hace la determinación de dichos deciles de ingreso, cuando es el INEGI quien realiza los estudios pertinentes para hacer dicha determinación.

Es decir, la confusa redacción del artículo no garantizaba que la exención del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud, fuera para los ciudadanos ubicados en los deciles de menor ingreso.

Felicitamos pues a estas Comisionas Dictaminadoras, ya que con esta nueva redacción del artículo 36 de la Ley General de Salud, se clarifica que sean las familias mexicanas con menores ingresos quienes puedan gozar de estas consideraciones de ley, estipulando que:

“Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia del menor se encuentre dentro de los tres primeros deciles de ingreso que determinen las autoridades competentes, con independencia de que la Secretaría de Salud podrá eximir, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, del pago de cuotas de recuperación al menor que forme parte de una familia ubicada en otros deciles de ingreso.”

Por supuesto que poyo este dictamen y hago votos porque así lo consideren ustedes también, es cuanto.

Muchas gracias."

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la tribuna la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, en los términos del artículo 196 del Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

La Ley General de Salud contempla la protección social en salud como un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de la utilización y sin discriminación a los servicios médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

Para comprender el objetivo que involucra la aprobación del presente dictamen, es necesario señalar que la distribución del ingreso se mide tradicionalmente a través del Indice Gini, en el cual se establecen niveles de ingreso, tomando como referencia en una distribución de la población en segmentos del 10%, que son conocidos como deciles.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, realiza una Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el ENIGH, por medio de la cual se calcula el ingreso para cada uno de los deciles de la población, y señala el decil uno, como el que menores ingresos tiene y el decil diez como el grupo de personas de mayores ingresos.

Ahora bien, en este sentido, el artículo 36 de la Ley General de Salud vigente, establece que las cuotas de recuperación, que en su caso se recaude por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de colaboración que celebren en materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas.

Asimismo, establece que se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento hasta los cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud.

Finalmente señala que para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre entre un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

En este orden de ideas, por lo tanto, resulta evidente que el texto vigente lleva a interpretar que se exime del cobro de cuotas de recuperación a la población de mayor nivel de ingreso.

Derivado de lo anterior, se origina una mala interpretación al respecto, aunado a ello, estas comisiones dictaminadoras decidieron realizar modificaciones, para que se consideren los primeros cinco deciles y no solo los primeros tres, y conforme a la disponibilidad presupuestal, una mayor parte de la población con bajos ingresos puedan acceder a los servicios de salud.

Es por lo anteriormente señalado que, a nombre de las comisiones dictaminadoras, solicito su voto, a favor del presente del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

No habiendo más oradores registrados, ábrase el sistema de votación electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos correspondientes en los términos del artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico de votación, se emitieron 100 votos a favor.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de establecimientos para rehabilitación de adicciones.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, relativas a la regulación para la apertura de establecimientos residenciales y semirresidenciales.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 27 de septiembre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura presentó iniciativa que reforma los artículos 3, 13, y 198 todos de la Ley General de Salud. En materia de apertura de establecimientos Residenciales y Semirresidenciales.

2. Con fecha 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En México, el consumo de drogas y alcohol constituye un grave problema de salud pública cada vez más expuesto a factores de riesgo. Los estudios recientes refieren tendencias que apuntan vertientes, tales como que se observa que la edad de inicio en el consumo de sustancias psicotrópicas, incluyendo alcohol y tabaco, ha disminuido. Es por ello la preocupación de la Senadora proponente, para que se regulen en el marco jurídico de los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones, a través de los artículos 3, 13 y 198 de la Ley General de Salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4o de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. En 2002, la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) señalaba la existencia de 307 mil personas con problemas de adicción, mientras que en 2008 la misma encuesta mostró que esta cifra se elevó a 465 mil personas con problemas graves de dependencia.

En el consumo de alcohol, la ENA 2008 reportó que la población que representa abuso/dependencia a esta sustancia es muy elevada, con una cifra de más de 4 millones de mexicanos que cumplen los criterios para este trastorno. Actualmente, el abuso y la dependencia de sustancias adictivas constituyen un problema de salud pública con importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad.

C. Derivado de la enfermedad que padecen los pacientes de alguna o varias adicciones, como alcohol, tabaquismo o drogas, y la dificultad que tienen para reconocer su problema, como legisladores se debe procurar el tratamiento de las adicciones a través de servicios de calidad que aseguren metodologías confiables y seguras, así como un trato interpersonal sensible y digno hacia los pacientes.

El respeto de los derechos humanos y la calidad de la atención son elementos que requieren un proceso de mejora continua, en el que participen todos los involucrados en la prestación de los servicios.

D. Es por ello que los centros de tratamiento residencial que actualmente brindan servicios de atención a las adicciones en el país pueden operar con distintos modelos de tratamiento, de acuerdo a diferentes perspectivas, ya sea profesional, ayuda mutua o mixta que se enfoquen en:

• Profesional: Son los servicios de atención que cuentan con programas estructurados para diagnosticar, desintoxicar y rehabilitar. En ellos trabajan profesionales ya sean médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, monitores, personal de enfermería, etcétera. Se brinda el servicio a través de consulta externa, consulta de urgencias y hospitalización.

• Ayuda mutua: Estos grupos son fundados por adictos recuperados y ofrecen espacios para ayudar a otros enfermos y lograr la desintoxicación y rehabilitación, enfatizan la interacción personal y la asunción individual de responsabilidades de sus miembros. Suelen proporcionar ayuda material o emocional y promueven unos valores a través de los que sus miembros pueden reforzar la propia identidad.

• Mixto: Es la mezcla de los modelos de tratamiento profesional y de ayuda mutua, en ellos trabajando profesionales de la salud, así como adictos recuperados.

E. En 2010, a través del Proyecto Capacitación y Profesionalización de Consejeros Terapéuticos en Adicciones Cicad-Conadic, se levantó un censo nacional de establecimientos residenciales especializados en el tratamiento de las adicciones, el cual daba cuenta de la existencia de mil 543 centros, la mayoría de ellos grupos de ayuda mutua dirigidos por adictos recuperados que carecen en general de una formación profesional en materia de atención y tratamiento de las adicciones, pero a través de los cuales es atendido más de un 80 por ciento de las personas que sufren adicción a sustancias psicoactivas en el país.

Actualmente se cuenta con el censo en línea desarrollado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, el cual ha sido retroalimentado por los consejos estatales contra las adicciones (CECA), a partir del cuarto trimestre de 2011, y que da cuenta de mil 732 establecimientos residenciales.

De este universo de establecimientos residenciales que brindan servicios de tratamiento residencial (mil 732), solo 372 cuentan con reconocimiento ante este centro nacional, es decir, se ha constatado que cubren las condiciones de calidad establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, y han sido visitados por los consejos estatales para su verificación. El proceso de reconocimiento de la totalidad de los establecimientos está en marcha.

F. Existen diversos factores que influyen para que algunos de estos establecimientos se oculten o cambien de residencia con facilidad, lo que a su vez conlleva a la clandestinidad y a la operación de prácticas no apropiadas y al evidente riesgo físico, emocional y psicológico de los pacientes que son atendidos en estas circunstancias. Se reconoce la importante labor de la mayoría de los Centros de Tratamiento, pero debe evitarse que se ponga en riesgo la integridad física o psicológica a los usuarios de los servicios.

G. Es por lo anteriormente señalado, que se considera viable la adición y reforma de los Artículos 3º, donde se adiciona una fracción XXI Bis, que establece que es materia de salubridad general, la regulación de los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones; así mismo la adición de la fracción V Bis, al Artículo 198, con lo que se establece que los establecimientos dedicados a brindar servicios residenciales de atención y rehabilitación de las adicciones, requieren de autorización sanitaria, lo anterior con la finalidad de que dichos centros cumplan con los requisitos mínimos para poder brindar la atención oportuna, digna y suficiente a los pacientes que lo necesitan.

Derivado de lo anterior, esque las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Artículo Unico. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XXI....

XXI Bis. Los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones;

XXII. a XXVIII. ...

Artículo 13. ...

A. ...

I. y II. ...

II Bis. Regular los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones.

III. a X. ...

B. ...

I. Organizar, operar, supervisar y regular la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Bis, XXVI Bis, y XXVII Bis del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C. ...

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I. a V. ...

V Bis. Brindar servicios residenciales de atención y rehabilitación de las adicciones;

VI. ...

...

La autorización sanitaria a que se refiere la fracción V Bis de este artículo se otorgará por las autoridades sanitarias de los gobiernos de las entidades federativas conforme a lo que establezcan las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Salud. El control sanitario de este tipo de establecimientos corresponderá a los gobiernos de las entidades federativas.

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los establecimientos residenciales que brinden servicios de atención y rehabilitación de las adicciones que cuenten con un aviso de funcionamiento, a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, tendrán un plazo máximo de 3 años contados a partir de dicha fecha de entrada en vigor para obtener la autorización a que se refiere el artículo 198, fracción V Bis, de esta ley.

Tercero. Hasta que no se obtenga la autorización sanitaria por parte de dichos establecimientos, durante el plazo de tres años previsto en el artículo transitorio que antecede, éstos deberán registrarse ante las autoridades sanitarias correspondientes de las entidades federativas con la finalidad de que puedan continuar sus funciones, dicho registro estará sujeto a los lineamientos que determine la Secretaría de Salud, debiendo emitirlos en un plazo que no exceda de noventa días a partir de la publicación del presente Decreto.

Senado de la República, a 30 de abril de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la tribuna la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, en los términos del artículo 196 del Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

En 2002 la Encuesta Nacional de Adicciones, ENA, señalaba la existencia de 307 mil personas con problemas de adicción. Mientras que en 2008, la misma encuesta mostró que esta cifra se elevó a 465 mil personas con problemas graves de dependencia.

Actualmente el abuso y dependencia de sustancias adictivas constituye un problema de salud pública con importantes consecuencias negativas, que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad.

Derivado de la enfermedad que padecen los pacientes de algunas o varias adicciones, como alcohol, tabaquismo o drogas, y la dificultad que tienen para reconocer su problema.

Como legisladores debemos procurar el tratamiento de las adicciones a través de servicios de calidad que aseguren metodologías confiables y seguras, así como un trato interpersonal, sensible y digno hacia los pacientes.

El respeto de los derechos humanos y la calidad de la atención, son elementos que requieren un proceso de mejora continua en el que participen todos los involucrados en la prestación de los servicios.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, al observar el tipo de tratamiento que han recibido los usuarios de alcohol y quienes cumplen con el criterio de posible dependencia, reportan que el tratamiento ambulatorio es el que más ha crecido.

En general, los datos indican que quienes asisten al tratamiento, lo hacen principalmente con especialistas o en grupos de autoayuda mutua.

Los datos de dicha encuesta señalan que una proporción baja de la población asiste a tratamiento, apenas el 6.8% de los usuarios identificados con posible dependencia, lo que debe llevar a vincular mejorar estos servicios con las personas que lo requieren.

Del total de usuarios de alcohol con posible dependencia en 2008, el 21.4% recibió tratamiento residencial; mientras que en 2012 se redujo a 12.9% las cifras de las personas que recibieron este tipo de tratamiento.

Es por ello que como legisladores debemos seguir promoviendo las condiciones necesarias que mejoren los tipos de tratamiento para personas que sufren alguna adicción, con la finalidad de que los centros de rehabilitación residenciales o semirresidenciales cumplan con las medidas sanitarias necesarias que protejan la salud y la dignidad de los pacientes y sea de esa manera que los ayuden a superar su adicción.

Aunado a ello, en 2010, a través del Proyecto Capacitación y Profesionalización de Consejeros Terapéuticos en Adicciones, CICAR-CONADIC, se levantó un censo nacional de establecimientos residenciales especializados en el tratamiento de las adicciones, el cual reportó la existencia de 1,543 centros, la mayoría de ellos grupos de ayuda mutua dirigidos por adictos recuperados que carecen en general de una formación profesional en materia de atención y tratamiento de las adicciones.

Pero a través de los cuales son atendida a más de un 80 por ciento de las personas que sufren adicción a sustancias sicoactivas en el país.

Actualmente se cuenta con el censo en línea, desarrollado por el Centro Nacional para la Prevención y Control de Adicciones, el cual ha sido retroalimentado por los consejos estatales contra las adicciones a partir del cuarto trimestre del 2011, y que da cuenta de 1,732 establecimientos residenciales de los cuales sólo 372 cuentan con reconocimiento ante este centro nacional. Es decir, se ha constatado que cubren las condiciones de calidad establecidas en la Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento y control de adicciones, y han sido visitados por los consejos estatales para su verificación.

El proceso de reconocimiento de la totalidad de los establecimientos sigue en marcha. Es por ello que a nombre de las comisiones dictaminadoras solicito su voto a favor del presente dictamen, con la finalidad de que la problemática de salud que se deriva del incremento de las personas con adicciones pueda ser contrarrestado a través de la presente reforma y con ello se puedan empezar a realizar las acciones necesarias que fomenten y generen la disminución de este problema social.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias.

No habiendo más oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron un total de 97 votos a favor.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Continuamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Energía, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.





 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COREA PARA LA COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS DE LA ENERGIA NUCLEAR, FIRMADO EN LOS CABOS, MEXICO, EL 17 DE JUNIO DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,ASIA-PACIFICO;
Y DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Energía, les fue turnado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado en Los Cabos, México, el diecisiete de junio de dos mil doce.

Las comisiones dictaminadoras con fundamento en el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes Generales

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, mediante oficio No. SEL/300/320/12, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remitió a los secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado en Los Cabos, México, el diecisiete de junio de dos mil doce.

2. En sesión celebrada el 28 de agosto de 2012, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante oficio CP2R3A.–2727, turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Energía, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión de trabajo ordinaria, los senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen:

II. Objetivo y descripción del Instrumento

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, tiene por objetivo fomentar y promover la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear.

El Acuerdo contiene 16 artículos tal como se enlista a continuación:

Artículo 1.- Propósito

Artículo 2.- Definiciones

Artículo 3.- Áreas de Cooperación

Artículo 4.- Formas de Cooperación

Artículo 5.- Arreglos para la Implementación y Comité Conjunto

Artículo 6.- Información

Artículo 7.- Transferencias y Retransferencias

Artículo 8.- Enriquecimiento y Reprocesamiento

Artículo 9.- Prohibición de Explosivos o Aplicaciones Militares

Artículo 10.- Salvaguardias

Artículo 11.- Protección Física

Artículo 12.- Seguridad Nuclear, Protección Ambiental y Responsabilidad

Artículo 13.- Duración de la Aplicación

Artículo 14.- Cese de la Cooperación

Artículo 15.- Solución de Controversias

Artículo 16.- Entrada en Vigor, Duración y Terminación

De conformidad con el artículo 1, las Partes deberán fomentar y promover la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear.

El Artículo 2 define, para el caso de la aplicación del Acuerdo, los términos: directrices, equipo, material, material nuclear, persona y tecnología, de conformidad con el Estatuto y las Directrices del Grupo de Suministradores Nucleares para Transferencias Nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) del sistema de Naciones Unidas.

El Artículo 3 establece las áreas de cooperación susceptibles de aplicación en el marco de este Acuerdo, entre las que destacan la investigación y desarrollo para usos pacíficos de la energía nuclear; diseño, construcción, mantenimiento y capacitación en operación de plantas nucleares, reactores nucleares o reactores de investigación; elaboración y suministro de combustible nuclear para uso en plantas nucleares; manejo de desechos radioactivos; y seguridad nuclear, protección radiológica y del medio ambiente y preparación de respuesta a emergencias.

El Artículo 4 estipula a través de qué tipo de acciones puede darse la cooperación entre las Partes de conformidad con el Artículo 3 del presente Acuerdo, a saber: intercambio y capacitación de personal científico y técnico; intercambio de información y datos científicos y tecnológicos; transferencia de material nuclear, material, equipo y tecnología; prestación de consultorías; investigación conjunta y otras formas convenidas por las Partes.

El Artículo 5 faculta a las Partes o a sus autoridades competentes para celebrar acuerdos específicos para la implementación de las actividades de cooperación. Para el caso de asegurar la coordinación de dichas actividades de cooperación, se dispone la creación de un Comité Conjunto compuesto por representantes designados por las Partes y que podrán reunirse en fechas mutuamente convenientes.

El Artículo 6 indica que la información que se brinde al amparo del Acuerdo puede ser utilizada libremente, a menos que se indique expresamente lo contrario por la Parte que proveyó dicha información. Además, se adoptarán todas las medidas apropiadas de conformidad con las respectivas leyes y reglamentos de las Partes para preservar las restricciones y/o reservas, respecto de la utilización y difusión de información para proteger los derechos de propiedad intelectual.

El Artículo 7 dispone que la transferencia de información, de material nuclear, material, equipo y tecnología, podrá llevarse a cabo únicamente entre las Partes o a través de las personas autorizadas por las mismas Partes. No se permitirá la transferencia de información, de material nuclear, material, equipo o tecnología a una persona no autorizada, ni tampoco más allá de la jurisdicción de la Parte receptora, a menos que los firmantes acuerden por escrito lo contrario.

El Artículo 8 señala que el uranio transferido no será enriquecido a veinte por ciento o más en el isótopo U-235; el equipo o la tecnología transferidos tampoco se utilizarán para la producción de uranio enriquecido a veinte por ciento; y queda prohibido el reprocesamiento del material nuclear utilizado o el equipo transferido al amparo del Acuerdo, a menos que las Partes acuerden una condición distinta.

El Artículo 9 establece que el material nuclear, material, equipo y tecnología transferida así como el material fisionable, no se utilizarán para la investigación, desarrollo o fabricación de armas nucleares, o cualquier dispositivo nuclear explosivo o para cualquier propósito militar.

Este artículo es congruente con el Artículo II del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares del que tanto México como la República de Corea son parte; así como con el Artículo 1 del Tratado de la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe, del que México es proponente y Parte.

El Artículo 10 especifica que la prohibición contenida en el Artículo 9 del Acuerdo, se verificará con arreglo al acuerdo de salvaguardias entre cada parte y el OIEA, que para el caso de México es el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica relativo a la Aplicación de Salvaguardias, según el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina; y para el caso de la República de Corea, de conformidad con el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Corea y el Organismo Internacional de Energía Atómica relativo a la Aplicación de Salvaguardias, según el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares.

El Artículo 11 ordena que se adoptarán medidas apropiadas a fin de ofrecer al material nuclear, material, equipo transferido y material fisionable, un nivel de protección física no menor al establecido en la Convención sobre la Protección Física de los Materiales y las Instalaciones Nucleares del OIEA (INFCIRC/225/Rev.4).

El Artículo 12 indica que las Partes se consultarán para identificar las implicaciones de seguridad y ambientales internacionales, derivadas de las actividades de cooperación que instrumenten en el marco del Acuerdo. Se estipulan con precisión aquellas convenciones multilaterales que también deberán observarse en la aplicación del Acuerdo.

El Artículo 13 establece que el material nuclear, el material y el quipo estarán sujetos al Acuerdo hasta que tales artículos hayan sido transferidos fuera de la jurisdicción de la Parte receptora; o en caso de que el material nuclear se haya determinado que no es utilizable ni recuperable a través de procesamiento.

El Artículo 14 decreta que la cooperación al amparo del Acuerdo concluirá, si una de las Partes no cumple con lo dispuesto por los Artículos 7, 8, 9, 10 u 11; o por violar un acuerdo de salvaguardias con el OIEA.

El Artículo 15 determina que cualquier controversia será resuelta entre las Partes de manera amistosa, mediante negociaciones o consultas. En caso de no resolverse por medio de negociaciones mutuas o consultas, podrá presentarse ante un tribunal arbitral constituido ad hoc, a propuesta de las Partes, para encontrar la solución.

El Artículo 16 dispone que la entrada en vigor del Acuerdo ocurrirá 30 días después de que las Partes se comuniquen la conclusión del procedimiento legal interno para su entrada en vigor y que el Acuerdo permanecerá en vigor por diez años, prorrogable automáticamente por periodos adicionales de 5 años, a menos que cualquiera de las Partes notifique su intención de darlo por terminado por escrito.

III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración del Acuerdo

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Energía, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Energía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo y la importancia de que sea aprobado en sus términos.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República.

Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

IV. Consideraciones de orden general

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 89 fracción X y 76 fracción I, 15, y 117 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…-IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…-XX…

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II…–XII…

Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso:

I Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras;

II…–IX…

V. Consideraciones de orden específico

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y Energía que suscriben este dictamen, reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el Acuerdo bajo análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señalan que la energía nuclear es una fuente de suministro sostenible, limpia y una alternativa viable a los combustibles fósiles, por cuanto a su aportación a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del fenómeno del cambio climático.

Advierten que en México la energía nuclear es utilizada para usos pacíficos, particularmente en la generación de energía nucleoeléctrica, aplicaciones médicas, industriales y de investigación.

Las dictaminadoras manifiestan que gracias a los diversos ámbitos de aplicación de la energía nuclear en México, la cooperación con países, organismos e instituciones internacionales que promueven su uso pacífico, es deseable en la medida en que contribuya a promover la ciencia y el desarrollo tecnológico, para un aprovechamiento más eficaz y eficiente de las capacidades nucleares disponibles.

Coinciden en la importancia mayúscula que tiene adoptar todas las medidas oportunas para que el uso de la energía nuclear se realice con un alto grado de seguridad, reglamentación, supervisión y además, que sea amigable con el medio ambiente.

Las comisiones dictaminadoras reciben con beneplácito el hecho de que el Acuerdo bajo análisis, sea congruente con el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) del Sistema de Naciones Unidas, que es el ente intergubernamental encargado de fomentar y facilitar la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía nuclear con fines pacíficos.

Los senadores integrantes de ambas comisiones dictaminadoras también señalan que tanto México como la República de Corea, tienen una gran responsabilidad en materia de seguridad nuclear, puesto que ambos países cuentan con reactores que utilizan material fisionable para la generación de energía y el desarrollo de investigación científica. En tal virtud, la cooperación entre ambos países es pertinente.

Asimismo, la República de Corea es el quinto país con mayor número de reactores nucleares operacionales, por lo que cuenta con vasta experiencia en el uso y seguridad en materia de recursos nucleares, además de contar con un programa de formación de recursos humanos destacado, ambas características de las que el Estado mexicano puede beneficiarse por virtud del Artículo 4 del Acuerdo.

Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, enfatizan que el Acuerdo contiene en su Artículo 9, la prohibición expresa del uso de material nuclear o equipo para desarrollar aplicaciones con fines militares, principio que es congruente con los principios que regulan la política exterior del Estado mexicano.

Ambas comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en el Acuerdo, son coherentes con el marco jurídico internacional vigente en la materia y con las convenciones multilaterales de las cuales México es Parte, a saber: el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares de la América Latina y El Caribe; el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares; el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina; la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares; y el Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.

El Acuerdo también cumple con los objetivos y disposiciones del Grupo de Suministradores Nucleares (NSG) del cual tanto México como la República de Corea son Parte.

Las dictaminadoras destacan que el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, se suma a la red de tratados que México tiene celebrados en la materia con Australia, Canadá y Argentina.

Asimismo, ambas comisiones legislativas manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que, la suscripción del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego a lo dispuesto en la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Energía, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COREA PARA LA COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS DE LA ENERGIA NUCLEAR, firmado en Los Cabos, México, el diecisiete de junio de dos mil doce.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 24 de abril de 2013.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico: Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente.-Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz, Secretario.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, Secretaria.-Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Manuel Cavazos Lerma.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.

Comisión de Energía: Sen. David Penchyna Grub, Presidente.- Sen. Salvador Vega Casillas, Secretario.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Secretario.- Sen. Carlos Romero Deschamps, Secretario.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. Héctor Yunes Landa.- Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Adán Augusto López Hernández.-Sen. Ninfa Salinas Sada.- Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. Está a discusión. Tiene el uso de la tribuna el Senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la comisión.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

En nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, vengo a esta tribuna a referirme al Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.

Dicho Acuerdo tiene por objetivo fomentar y promover la cooperación de los usos pacíficos de la energía nuclear con un país como la República de Corea, que es el quinto a nivel mundial en la posesión de reactores nucleares operacionales.

Este Acuerdo está construido para fomentar las formas de cooperación entre ambos gobiernos a través de intercambios, capacitación para la transferencia material, nuclear, equipo y tecnología, para la presentación de consultorías y servicios tecnológicos.

Destaco que en la negociación, el Estado mexicano cuidó de este Acuerdo que de ninguna manera pudiera desvirtuarse para el uso contrario de la vocación pacifista de nuestro país.

Por otro lado, este Acuerdo es congruente con el estatuto orgánico del Organismo Internacional de Energía Atómica del Sistema de las Naciones Unidas.

Tanto México como la República de Corea tienen una gran responsabilidad en materia de seguridad nuclear, puesto que ambos países cuentan con reactores que utilizan material para la generación de energía.

Las disposiciones contenidas en el acuerdo también son coherentes con el marco jurídico internacional vigente en la materia.

Agradezco a la dictaminadora, los integrantes de la Comisión de Energía y a su junta directiva, encabezada por el Senador David Penchyna, el Senador Salvador Vega, el Senador Rabindranath Salazar, el Senador Carlos Romero, por su decidido apoyo para la conformación de este dictamen; y por supuesto, mi sincero reconocimiento a todos y cada uno de los distinguidos compañeros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, quienes con su sensibilidad y participación han enriquecido el proceso de aprobación de este Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Torres Corzo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Daniel Avila, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

El posicionamiento que vengo a fijar como parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en torno al convenio del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea, se sustenta en su aprobación a partir de las siguientes razones:

Consideramos que para México es importante tener un acuerdo de cooperación en el ámbito nuclear con la República de Corea, toda vez que ese país ha logrado en los últimos años un avance significativo en la construcción de reactores de potencia. El 40 por ciento de la generación eléctrica de Corea proviene de plantas nucleares, tienen en proceso de construcción 4 plantas más y es considerado como el sexto país con mayor generación nuclear.

El avance de la República de Corea en el desarrollo de temas nucleares le ha permitido especializarse en diversos aspectos de los cuales México puede beneficiarse, como es el caso de su programa de Formación de Recursos Humanos, que es uno de los más completos a nivel mundial.

El Acuerdo que hoy aprobamos, tiene como objetivo fomentar y promover la cooperación entre ambos Estados en los usos pacíficos de la energía nuclear sobe la base de igualdad y beneficio mutuo y de conformidad con sus legislaciones nacionales.

Sabemos que el gobierno mexicano no ha definido si se extenderá el parque nuclear para la generación de electricidad, por lo que aún no se tiene la definición de si México va a adquirir nuevos reactores nucleares, pero también sabemos que el Acuerdo que hoy ratificamos es un requisito indispensable para que los proveedores interesados participen en una posible licitación.

En el grupo parlamentario de Acción Nacional no vamos a obstaculizar que México defina su futuro energético, por ello aprobamos el convenio entre ambas naciones.

Pero urgimos al definir al Ejecutivo Federal si México extenderá el parque nuclear para la generación de la electricidad y consecuentemente se informe a esta Soberanía con oportunidad y completa transparencia si México va o no a adquirir nuevos reactores, consideramos que ya son necesarias las definiciones de políticas en ese caso de política energética.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Avila Ruiz.

Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos correspondientes en los términos del artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico, tenemos un total de 98 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado en Los Cabos, México, el 17 de junio de 2012. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Continuamos con la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, con punto de Acuerdo para dejar sin efectos el dictamen aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores el 26 de abril de 2012, sobre la no ratificación del ciudadano José Lima Cobos, como Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario, para posteriormente reponer el procedimiento.





 

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA; Y DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)



Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día para su conocimiento. En consecuencia, está a discusión. En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Continuamos con la discusión de seis dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos.

En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta. Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del PROCAMPO.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE  PROCAMPO

(Dictamen a discusión)



De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV, V Y VI Y ADICIONAN LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTICULO 3 DE LA LEY SOBRE LA APROBACION DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONOMICA

(Dictamen a discusión)



De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 76 BIS, FRACCIONES IV Y VII DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)



De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1406 y se reforma el artículo 1410 del Código de Comercio.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 1406 Y SE REFORMA EL ARTICULO 1410 DEL CODIGO DE COMERCIO

(Dictamen a discusión)



De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Para Incrementar la Competitividad Internacional de México.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV, V Y VI Y ADICIONAN LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTICULO 3 DE LA LEY SOBRE LA APROBACION DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONOMICA

(Dictamen a discusión)



De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 76 BIS, FRACCIONES IV Y VII DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)



De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1406 y se reforma el artículo 1410 del Código de Comercio.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 31, 43, 115 Y 123 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAD DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reformaban los Artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de noviembre de 2011, la Diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 7 de febrero de 2012, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Salud, respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud. Aprobándose con 292 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud.

3. Con fecha 9 de febrero de 2012, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, la Minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La finalidad de la minuta en comento, es fundamentalmente la de actualizar la denominación de la “Secretaría de Comercio y Fomento Industrial” por la de Secretaría de Economía, en diversas disposiciones la Ley General de Salud.

Los Artículos 31, 43, 115, fracción VIII y 123 de la Ley General de Salud, establecían el término “Secretaría de Comercio y Fomento Industrial” y la Diputada proponente, suscribió la Iniciativa con la finalidad de actualizar las disposiciones de dicha legislación y establecer la Secretaría de Economía, como la autoridad competente en la materia de dichas disposiciones.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. En concordancia con el Dictamen de la Colegisladora, el 22 de abril de 1853, a través de las Bases para la Administración de la República, se creó la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, antecedente de la Secretaría de Economía.

C. Mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 2000, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cambió su denominación a la de “Secretaría de Economía”.

E. Actualmente, la Secretaría de Economía, tiene su fundamento legal en el Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión cuenta con diversas dependencias, entre otras la Secretaría de Economía.

Aunado a ello, dicha Ley establece algunas de las facultades de dicha dependencia, en el Artículo 34 respectivamente.

F. No obstante lo anterior, existen legislaciones en nuestro país, que refieren a la Secretaría de Economía una serie de facultades a su cargo, tal es el caso de los artículos que se pretenden reformar con la Minuta. Sin embargo, ya no es necesario actualizar la denominación de la Secretaría de Economía en dichas disposiciones, toda vez que la Ley General de Salud vigente, ya contiene la denominación correcta de la Secretaría de Economía.

De lo anterior, los artículos que se pretendían reformar con la finalidad de actualizar la denominación de la Secretaría de Economía, aparecen en la Ley General de Salud vigente, de la siguiente manera:

LEY GENERAL VIGENTE

Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público.

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la importación de insumos para la salud.

Artículo 43.- Los servicios de salud de carácter social y privado, con excepción del servicio personal independiente, estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud.

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. a VII. (…)

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

Artículo 123.- La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Economía y, en general, a las demás autoridades competentes, los requisitos técnicos sanitarios para que el almacenamiento, distribución, uso y manejo del gas natural, del gas licuado de petróleo y otros productos industriales gaseosos que sean de alta peligrosidad, no afecten la salud de las personas, los que serán de observancia obligatoria, y en su caso, deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas.

G. Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento ya se encuentra superada, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Artículo Unico. Se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reformaban los Artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud, toda vez que el objetivo del mismo se encuentra ya superado en la Ley vigente de la materia, misma que ya contiene la denominación correcta de la Secretaría de Economía.

Senado de la República, a 30 de abril de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 163 de la Ley General de Salud, en materia de auto-asientos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 163 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE AUTO-ASIENTOS

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud, en materia de autoasientos.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de abril de 2012, los Diputados Rodrigo Reina Liceaga (PRI), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD), Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), María Cristina Díaz Salazar (PRI), Marco Antonio García Ayala (PRI), Antonio Benítez Lucho (PRI), Perla López Loyo (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), María del Pilar Torre Canales (NA), presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud, en materia de auto-asientos.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 19 de febrero de 2013, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Salud, respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud. Aprobándose con 431 votos a favor, 0 en contra y0 abstenciones.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud, en materia de auto-asientos.

3. Con fecha 21 de febrero de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 163, de la Ley General de Salud, en materia de autoasientos.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, la minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La finalidad de la minuta en comento, es establecer en la Ley General de Salud, la adopción de medidas para prevenir accidentes, como el uso de autoasientos infantiles.

Al respecto señala que los asientos infantiles proveen protección a los niños no sólo en accidentes frontales y posteriores, sino también en volcaduras. Incluso muchos asientos infantiles cuentan con diseños y materiales que protegen en impactos laterales. Aquellos asientos certificados que están a la venta hoy en día, para asegurar una correcta instalación, cada vez son más fáciles de operar e instalar. Incluso los auto-asientos infantiles utilizan materiales cada vez más sofisticados y, en muchos casos, desarrollados con tecnología espacial. El estudio de la anatomía infantil y la cinemática de trauma han permitido incorporar sistemas de sujeción y protección cuyos desarrollos han sido compartidos entre la industria automotriz y los fabricantes de auto-asientos infantiles.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. En concordancia con el Dictamen de la Colegisladora, de acuerdo con laOrganización de las Naciones Unidas (ONU) “la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales; o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas”.

C. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2011 en México, la población total fue de 113 millones 724 mil 226 de personas; en donde 28.2 por ciento, es decir, 32 millones 110 mil 156 es la población que va de 0 a 14 años de edad. La tasa de mortalidad en los pacientes de 0 a 5 años principalmente se da por tres razones: infecciones en general, malformaciones congénitas cardíacas y accidentes por vehículo motor.

Durante 2010, en México murieron mil 341 niños por accidentes viales y/o por accidentes por vehículo motor. Según estadísticas elaboradas por la Unidad de Análisis Estadístico del secretario técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Stconapra), los auto-asientos infantiles (sillitas para niños) previenen entre 50 y 90 por ciento de todas las lesiones infantiles graves y mortales.

D. Con los datos anteriormente descritos, los Senadores integrantes de la Comisión, coincidimos con la Colegisladora que es urgente que se ponga en práctica la ejecución de acciones encaminadas a disminuir la tasa de mortalidad infantil que se reporta al respecto.

Señalan que se deben eliminar las posibles referencias al peligro de llevar niños en brazos de adultos, en un vehículo por motor, finalmente con ello generar una adecuada cultura y crear conciencia de los beneficios de prevención para así disminuir notablemente la mortalidad infantil y aumentar la calidad de vida de los mexicanos desde la infancia.

G. No obstante lo anterior, la fracción II del Artículo 163 de la Ley General de Salud, establece que la acción en materia de prevención y control de accidentes comprende la adopción de medidas para prevenir accidentes, de lo cual se debe inferir que dicha disposición otorga la facultad a las autoridades competentes para que adopten las alternativas pertinentes para prevenir accidentes de este tipo, de acuerdo con su entorno social, derivado de ello el texto propuesto en la minuta en comento podría resultar limitativo en comparación con otras medidas que también pueden resultar útiles para tales efectos, obligando al conductor a la adopción de una medida establecida enla ley que puede ser inoperable económicamente para muchas personas dentro de la República Mexicana.

Aunado a ello, la medida de prevención propuesta por la Colegisladora, es susceptible de impugnación, toda vez que la materia sobre la que versa la misma se podría considerar como competencia que se regula a través de los reglamentos de vialidad, emitidos por cada entidad federativa.

Es por lo anteriormente señalado que, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran pertinente desechar la Minuta en comento, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Unico.- El H. Senado de la República, desecha la minuta con proyecto de Decreto por la que se reformaba la fracción II, del Artículo 163, de la Ley General de Salud, en materia de auto-asientos, por los argumentos vertidos en el dictamen.

Senado de la República, a 30 de abril de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Están a discusión. No habiendo registro de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación.



- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico de votación, se registraron 105 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos:

El proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud; y el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 163 de la Ley General de Salud, en materia de auto-asientos. Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.

Continuamos con la discusión de diversos dictámenes emitidos por las comisiones, que contienen puntos de Acuerdo.

Informo a la Asamblea que el dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con punto de Acuerdo relativo al organismo de pensiones civiles del estado de Tlaxcala, se retiró de la discusión por no haberse entregado debidamente requisitado.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes que se someterán a su consideración.





 

COMISION DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Vivienda.

“COMISION DE VIVIENDA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo en relación al pleno acceso al derecho constitucional a la vivienda.

Una vez recibida la misma por la Comisión, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se hace constar el trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno del mencionado Punto de Acuerdo para su Dictamen y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II.- En el capítulo de “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se sintetiza el alcance de la proposición de mérito, y

III.- En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración y los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores Escalera y Lilia Guadalupe Merodio Reza, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron propuesta con punto de Acuerdo a efecto de que el pleno de la Cámara de Senadores instruya a las comisiones de Puntos Constitucionales, Vivienda y Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, para que, en cumplimiento de sus responsabilidades y teniendo en consideración las facultades legislativas, constituyentes y parlamentarias del Senado de la República, generen y sometan a la resolución de esta Honorable Cámara, en un plazo no mayor de doce meses, los instrumentos legales necesarios para garantizar el pleno acceso al derecho constitucional a la vivienda a la totalidad de los habitantes del territorio nacional.

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda el Punto de Acuerdo de mérito para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

1. Señalan las legisladoras que en México sorprende la paradójica convivencia de una enorme abundancia material con uno de los desarrollos más desiguales del orbe y que incluso los insostenibles niveles de pobreza que hoy observamos encuentran su explicación no en las carencias económicas del país, sino en la desigualdad de oportunidades que obstaculizan y hasta obstruyen las posibilidades de desarrollo social, humano y personal.

2. Que una de las expresiones más evidentes y de más amplios efectos de esta desigualdad es la imposibilidad material que hoy enfrentan alrededor de 10 millones de familias de hacer suyo el derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa. Derecho consagrado desde 1983 en el artículo 4o de nuestra Carta Magna.

3. Continúan su argumentación al expresar que vivir en condiciones de precariedad material, de inseguridad personal o de incertidumbre emocional afecta a las personas de manera profunda y estructural, ya en su desarrollo biológico, ya en sus oportunidades educacionales, ya en sus capacidades de relación con problemas como el hacinamiento, la falta de privacidad, la carencia de instalaciones hidráulicas, higiénicas o eléctricas adecuadas, entre otros de no menor importancia y que tienen efectos directos e inmediatos en la salud, la productividad, la formación académica, las habilidades sociales y, en general, en la posibilidad de que cada mexicano logre el pleno desenvolvimiento de sus capacidades.

4. Manifiestan también que las distintas fuerzas sociales que los partidos políticos representamos en esta Cámara han reconocido de tiempo atrás, con todas las diferencias de las que justamente se nutre la pluralidad democrática, la pertinencia de la acción del Estado como articulador del esfuerzo social por alcanzar mejores condiciones de vida para el conjunto de la población.

5. Y que en los seis años que por mandato del voto popular habremos de desempeñarnos como senadores de la República, podemos tomar acciones, lograr acuerdos e imponernos tareas que lleven a un cambio radical y definitivo en la política de vivienda del Estado mexicano.

6. Concluyen con una referencia a que en nuestro marco normativo, a las comisiones de trabajo se les ubica como órganos técnicos que cumplen un papel importante en el proceso legislativo en materia de análisis y dictamen de las iniciativas de ley o Decreto, así como de los asuntos del ramo o área de su competencia bajo el principio de una división de trabajo especializado en la Cámara.

Estas comisiones dictaminadoras estiman pertinentes las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

I. De acuerdo a cifras del censo de población y vivienda 2010, México ocupa el lugar número 11 de población a nivel mundial con 112 336 538 millones de habitantes.

El rezago habitacional (RH) totaliza 9´037,690 hogares y representa 31.1% de las viviendas particulares habitadas del país. Por componente se registra como sigue: el hacinamiento concentra 561,294 hogares, por su parte las viviendas con materiales en deterioro y regulares agrupan 1´140,839 y 7´255,082 viviendas, respectivamente. El número de personas en RH asciende a 35´752,705, población equivalente a la de los estados de México, Distrito Federal, Veracruz y Oaxaca, considerados de manera conjunta.

Para el año 2012, se tuvo un déficit de 9 millones de vivienda para las familias mexicanas y día a día aumentan en número. De ese déficit, 6 millones no son beneficiarios de algún instituto de seguridad social.

Las proyecciones estimadas de crecimiento demográfico, varían en función de la fecundidad, la mortalidad y la migración internacional; sin embargo, tomando como base las proyecciones elaboradas por el Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO) en 2006, se estima que la demanda de vivienda para 2050 será de 51 millones de personas.

Lo anterior, hace necesario que se atienda tanto la demanda de vivienda nuevaconsecuencia de la dinámica demográfica, como la sustitución de las viviendas que se deterioran por su antigüedad; estimándose para ello la construcción de un promedio de 650, 000 viviendas por año.

II. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla en el párrafo séptimo de su artículo 4o que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Lo anterior, impone una obligación al legislador de desarrollar los instrumentos legales necesarios para que ese derecho sea una realidad. También, representa un mandato para que el Poder Ejecutivo desarrolle y aplique las políticas públicas necesarias para hacer accesible este derecho.

III. Es menester también recordar que esta Soberanía aprobó el 19 de febrero de 2013, un punto de acuerdo de urgente resolución por el que el Senado de la República se suma a la Política Nacional de Vivienda presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, como un esfuerzo por un crecimiento urbano ordenado que permita a los mexicanos acceder a una vivienda digna y decorosa.

La Política Nacional en materia de vivienda se sustenta en cuatro estrategias:

1. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. La alineación de programas y acciones en materia de tierra, financiamiento y vivienda, como elemento esencial para el éxito y viabilidad del sector.

2. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente.

3. Reducir de manera responsable el rezago existente que el día de hoy es de nueve millones de casas aproximadamente.

4. Procurar vivienda digna para todos los mexicanos, impulsando mayores acciones de crédito y subsidio para su mejoramiento y ampliación, tanto en el medio urbano como en el rural.

IV. Las tareas referidas en la proposición aprobada por este órgano legislativo el 19 de febrero de 2013, implican que un grupo disciplinario revise y analice el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales que pudieran haber sido rebasadas por la acción de la dinámica social, con el objetivo de establecer propuestas que coadyuven al acceso de los mexicanos a la vivienda y allanen el camino para implementar las políticas públicas y acciones de gobierno que lo puedan hacer posible.

V. Este es un ejercicio que no ha sido ajeno al Poder Legislativo, ya que el 11 de febrero de 2011, la LXI Legislatura de este Senado de la República aprobó un punto de acuerdo que permitió la constitución de una Mesa Interparlamentaria para la creación de la Ley de Desarrollo Metropolitano, para lo cual fueron convocadas cinco comisiones del Senado de la República.

VI. Dentro de las atribuciones de las comisiones, en tanto órganos colegiados, se encuentran entre otras, las de acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo y de realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, relacionadas con las materias de su competencia.

VII. Esta comisión dictaminadora considera que lograr el acceso de los mexicanos al derecho constitucional a la vivienda es un esfuerzo que debe unir a todas las fuerzas políticas representadas en el H. Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Vivienda y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, que en uso de sus facultades, realicen una revisión integral de los instrumentos legales de sus respectivas materias, con el objeto de analizar e identificar las modificaciones necesarias para atender los objetivos establecidos en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 23 de abril de 2013.

COMISION DE VIVIENDA”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Con la venia de la Mesa Directiva; con la venia de mis compañeras y compañeros Legisladores

En el Grupo Parlamentario del PRD, consideramos que la protección al medio ambiente es una prioridad para conducir el bienestar de la población mexicana y que en cuanto al tema de la vivienda, esta debe estar sujeta en entorno de la naturaleza.

Por lo tanto, iniciar los procesos de construcción de unidades habitacionales de interés social en base a diseños que aprovechen las bondades bioclimáticas de las diferentes regiones del país que permitan que las familias gocen de instalaciones cómodas y con mínimos gastos energéticos, respetando la naturaleza, es un beneficio que debemos generar para heredarle a las futuras generacionesuna educación y un entorno ambiental saludable.

No existe en México, una política integral de suelo urbano y reservas territoriales que eviten la especulación de inmuebles, sabemos bien que el componente del desarrollo regional es fundamental para planificar el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano, así como para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios básicos necesarios que deben acompañar a las viviendas, así como regular un mercado que presenta acaparamiento y especulación.

Debemos fortalecer y vincular la planeación del desarrollo urbano y la promoción de la vivienda rural, vinculando los esfuerzos federales con los locales y los municipales, a fin de coordinar acciones que permitan el apoyo mutuo y la interdependencia presupuestal para el impulso del desarrollo regional. Lo anterior, mediante políticas públicas bien establecidas en los programas de los tres niveles de gobierno en donde se plasmen ejes de viviendacomo las nuevas características técnicas y de espacio con que deben contar las unidades de vivienda, así como los servicios públicos necesarios, que serán necesarios para fortalecer y detonar el desarrollo regional.

Por lo tanto, con esta propuesta de dictamen, se busca lograr una mejor coordinación interinstitucional, transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, reducir el rezago de vivienda y procurar un lugar digno para los mexicanos.

Se debe establecer una verdadera política de vivienda y asentamiento urbano, con el objeto de con reglamentar lo concerniente a la tenencia de la tierra a través delfortalecimiento, mediante créditos hipotecarios que aseguren viviendas ubicadas en áreas que cuenten con todos los servicios básicos de desarrollo urbano, como: agua, luz, drenaje, pavimentación, transporte, áreas verdes, comercios e instituciones primarias de seguridad, educación y salud.

Por lo tanto, es importante apoyar la aprobación del presente dictamen para impulsar la consolidación de una política de apoyos del Gobierno Federal que facilite a la población de menores ingresos acceder al financiamiento de vivienda, y que fomente el desarrollo habitacional sustentable.

Es cuanto."





 

COMISION DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Cultura.

“COMISION DE CULTURA

H. ASAMBLEA

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar el Tercer congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI, presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 12 de marzo de 2013 por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 12 de marzo de 2013, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón presentó, ante el Pleno de la Cámara de Senadores, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar el Tercer congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI.

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, fracción II del numeral 1; 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República.

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Cultura del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. La Presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón emite un exhorto al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a fin de que se realice y se dé continuidad al Tercer foro internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI, evento que se llevó a cabo en los años de 2011 y 2012 consecutivamente y que, a decir de la proponente, constituyó un espacio de reflexión crítica sobre la contribución que las mujeres en diferentes ámbitos de vida intelectual de cara al siglo XXI.

Dichos fueron celebrados en el contexto del día internacional de la mujer y gracias a la participación de destacadas personalidades de distintos países hispanoamericanos del mundo artístico, intelectual y administrativo, fue posible realizar un encuentro en el que las ideas, propuestas y críticas, permitieron hacer un balance para situar el papel de la mujer en el mundo.

En palabras de quien solicita la emisión del exhorto, esta iniciativa mexicana, con un claro enfoque regional, propició un gran coloquio entre mujeres de distintos niveles de la sociedad, contribuyendo así con un mejor posicionamiento del rol femenino en la cultura mexicana.

En los congresos celebrados en 2011 y 2012 destacó la participación de intelectuales, artistas y productoras de gran trayectoria como Isabel Allende, Rosana, Ángeles Simon, Michi Straisfeld, Georgina Kessel, Juliette Handal de Castillo, Noemí Frenkel, Magali Lara, Nina Zambrano y María Cristina García Cepeda, todas ellas de indudable profesionalismo en la actividad a que están dedicadas.

En palabras de la proponente, a la fecha, el tercer congreso, que normalmente se realizaba para conmemorar el día internacional de la mujer, no se realizó y lamentamos que este tipo de iniciativas no sean continuadas, especialmente en un tema tan sensible y de tanta relevancia y en especial donde el país había logrado sentar precedente al realizar una actividad de tan alto nivel de contenido, abierta para todos los públicos y que seguramente muchos estábamos esperando.

De ahí que la solicitud de la proposición con Punto de acuerdo sea que el Senado de la República exhorte respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para que se lleve a cabo el Tercer Congreso Internacional La Experiencia Intelectual de las Mujeres En El Siglo XXI y se dé continuidad anual a esta importante iniciativa.

Tomado en consideración el contenido de la resolución con punto de Acuerdo presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, los integrantes de la Comisión de Cultura hacen las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Característica esencial del régimen político de nuestro país es la conformación en una República en la cual, el supremo Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y cuya naturaleza se sustenta en la separación de funciones y atribuciones para efectos de un razonable equilibrio de poderes, que supone el mutuo control, la fiscalización y la colaboración para el logro de los fines políticos y sociales del Estado. La separación de poderes es garantía de la desconcentración del poder para una ordenada actuación gubernamental en las tareas del interés público.

SEGUNDA.- El artículo 4° constitucional establece que todas las personas tienen derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales y corresponde al Estado, promoverá el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Desde esta perspectiva corresponde a las instituciones del Estado, en este caso del orden Federal, llevar a cabo las acciones necesarias de política pública para dar cumplimiento con lo dispuesto por este precepto.

TERCERA.- El Decreto presidencial que da origen al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes establece como sus atribuciones las siguiente:

I.- Promover y difundir la cultura y las artes;

II.- Ejercer, conforme a las disposiciones legales aplicables, las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes;

III.- Coordinar, conforme a las disposiciones legales aplicables, las acciones de las unidades administrativas e instituciones públicas que desempeñan funciones en las materias señaladas en la fracción anterior, inclusive a través de medios audiovisuales de comunicación;

IV.- Dar congruencia al funcionamiento y asegurar la coordinación de las entidades paraestatales que realicen funciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, inclusive a través de medios audiovisuales de comunicación, agrupadas o que se agrupen en el subsector de cultura de la Secretaría de Educación Pública;

V.- Organizar la educación artística, bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, y otros eventos de interés cultural;

VI.- Establecer criterios culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial;

VII.- Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con los países extranjeros, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y decidir, o en su caso opinar sobre el otorgamiento de becas para realizar investigaciones o estudios en estas materias;

VIII.- Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas en las lenguas y culturas indígenas; fomentar la investigación en estas áreas y promover las tradiciones y el arte popular;

IX.- Diseñar y promover la política editorial del subsector de cultura y proponer directrices en relación con las Publicaciones y programas educativos y culturales para televisión; y

X.- Las demás que determine el Ejecutivo Federal y las que le confiera el Secretario Educación Pública.

CUARTA.- El Congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI tiene como propósito esencial ampliar la comprensión sobre el papel de las mujeres en las sociedades contemporáneas, acercamiento al trabajo creativo y al pensamiento crítico construido por las mujeres de habla hispana mediante un diálogo colectivo y constructivo entre quienes han alimentado una visión con perspectiva de género en el conocimiento y en las expresiones artísticas con sus aportación, acciones y propuestas. Desde la promulgación de la igualdad del varón y la mujer ante la ley, las mexicanas y mexicanos han promovido y transitado paulatinamente a un universo jurídico de reconocimiento de derechos sustantivos que tiene como centro a la mujer, con la finalidad de estructurar un entramado normativo cuyo propósito es dotar de sentido el contenido del artículo 4° constitucional, a través de conferir y reconocer a las mexicanas, respecto de los hombres, una igualdad que vaya más allá de la sola legalidad.

QUINTA.- El 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que crea el Instituto Nacional de las Mujeres cuyo objeto general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de: Transversalidad, federalismo y colaboración de poderes. El tema de la igualdad de género, la equidad en el trato, la participación de las mismas oportunidades en la vida pública y privada y el acceso a un ingreso parejo por un trabajo equivalente, constituyen elementos sobre la desigualdad entre hombres y mujeres que ha permeado el debate sobre las formas de una democracia efectiva y la concepción propia de la justicia.

SEXTA.- EL decreto establece en las fracciones XVII y XIX del artículo 7° como atribuciones del instituto promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como para la difusión a nivel nacional e internacional de las actividades que las benefician y, asimismo, participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e información tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas de las mujeres. De hecho, una actividad de gran relevancia para el Inmujeres ha sido, desde su fundación, la celebración del día internacional de la mujer a través de diferentes actividades.

SEPTIMA.- Desde esta perspectiva, en opinión de los integrantes de la Comisión de Cultura, el Senado de la República no está facultado para que, de manera vinculante, solicite la realización de una actividad si no forma parte de sus propósitos esenciales de política pública. Tampoco tiene atribuciones para orientar las acciones que la Administración Pública Federal deba emprender en materia de visibilidad de la mujer ni tampoco para incidir en la decisión de qué entidad u órgano debe llevarla a cabo si no es por mandato expreso de ley. No obstante, la figura del exhorto a través de las resoluciones del Congreso de la Unión por la vía de los puntos de acuerdo, contribuye a encontrar una fórmula para expresar las inquietudes de personas, grupos sociales u organizaciones que no siempre son escuchados de manera directa por las instituciones del Ejecutivo.

OCTAVA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura consideran que la propuesta de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón se enmarca en el contexto de las proposiciones de orden no legislativo cuya consecuencia jurídica no es vinculatoria para los actores e instituciones a los que se dirige, no obstante reconocen el noble propósito de la propuesta al tratar de ofrecer una alternativa a un evento que, en su oportunidad, reunió a personalidades de una amplia trayectoria de diferentes disciplinas, tales como, literatura, ciencia, filosofía, historia, política, medio ambiente, artes plásticas, economía, producción artística, producción editorial y administradoras públicas, entre otras actividades.

NOVENA.- Sobre la base de reconocer las diferentes atribuciones que tiene tanto el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como el Instituto nacional de las Mujeres, los integrantes de la Comisión de Cultura son de la opinión de que es viable hacer un exhorto respetuoso a los responsables de las políticas públicas en materia de la cultura y las artes y de la promoción de la igualdad de géneros, a fin de que se valore la pertinencia de llevar a cabo un tercer congreso con carácter internacional con el tema la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI.

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Cultura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse en los siguientes términos la proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón el 12 de marzo de 2013, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la resolución con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a que, con base en su disponibilidad presupuestal, evalúe la posibilidad de llevar a cabo el Tercer congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI.

SEGUNDO.- El Senado de la República convoca respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres a valorar la pertinencia de involucrarse en la eventual realización del Tercer congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI.

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 22 de abril de 2013.

Comisión de Cultura”





 

COMISION DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Cultura.

“COMISION DE CULTURA

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo sobre el daño a la zona arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de Temixco, estado de Morelos, con motivo de la explotación minera que se realiza en el lugar, presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 4 de abril de 2013 por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 4 de abril de 2013, el Senador Rabindranath Salazar Solorio presentó, ante el Pleno de la Cámara de Senadores, proposición con punto de Acuerdo sobre el daño a la zona arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de Temixco, estado de Morelos, con motivo de la explotación minera que se realiza en el lugar.

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República.

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Cultura del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. La Presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta del Senador Rabindranath Salazar Solorio tiene como propósito conocer los dictámenes o estudios realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia respecto de las edificaciones de carácter arqueológico del cerro del Jumil, municipio de Temixco, Estado de Morelos y las situaciones de riesgo a que podrían estar sujetas con motivo de la explotación minera a realizar por la compañía Esperanza Resources Corporation. Asimismo, también solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental que supondría las actividades mineras programadas y la realización de una consulta pública en términos de los tratados internacionales firmados por México, sobre la base de que la zona de explotación minera se llevará a cabo en una zona que comprende una amplia región indígena náhuatl de Tletama.

En la exposición de motivos que presenta el punto de Acuerdo, el Senador señala que la laxitud de la legislación para el desarrollo de la minería en México ha propiciado experiencias nocivas para el entorno social y ambiental de algunas comunidades del país. Esta circunstancia ha repercutido en la salud de las personas que residen en las regiones dedicadas a la minería, por su exposición a la inhalación de minerales y por el deterioro del ambiente que, en muchas ocasiones, daña los mantos acuíferos o contamina los circuitos de riego de la región.

La concesión hecha a Esperanza Resources Corporation es de 437 hectáreas, superficie que coincide con tierras de propiedad de la comunidad indígena de Tetlama, quienes serían los primeros perjudicados por la concesión. Asimismo, en esa zona también se encuentran diferentes vestigios arqueológicos que incluyen plataformas, una muralla de piedra caliza y un juego de pelota. Resalta el hecho de que la zona está vinculada desde la perspectiva de su arquitectura, con la zona arqueológica de Xochicalco, misma que sólo pueden entenderse en el contexto arquitectónico de la región.

Precisamente por ese hecho, el proponente señala que existe un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia del año de 2008 que es “desfavorable a la minera”y en el año de 2011 en propio instituto habría establecido un área de 15 hectáreas en la cima del cerro para resguardar los vestigios arqueológicos.

Las concesiones con las que cuenta Esperanza Resources Corporation fueron concedidas en los años de 2002 y 2009 y contienen una superficie aproximada de 15 mil 25 hectáreas para la explotación de oro y plata, metales cuya extracción resulta altamente contaminante, circunstancia que causaría un grave daño para la salud de las personas de la región, así como para la fauna, flora, recursos hídricos y el patrimonio cultural. De hecho, el Senador Salazar Solorio señala que, por ser una zona indígena debe llevarse a cabo una consulta a los integrantes de esa comunidad, no obstante que la SEMARNAT convocó a una en febrero de este año, la cual, en opinión del proponente, se llevó a cabo bajo procedimientos que limitaron la participación de los representantes indígenas bajo condiciones que pareciera cubrieran sólo el aspecto formal de la consulta.

Tomado en consideración el contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los integrantes de la Comisión de Cultura hacen las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La conservación del ambiente y la preservación de nuestro legado cultural constituyen elementos de primer orden para una sociedad democrática cuya racionalidad se basa en valores y no en criterios instrumentales que coloquen por encima del bienestar social, actitudes utilitaristas para beneficio de grupos de interés económico y sectores privilegiados. Sin duda, el desarrollo económico y social de los mexicanos constituye uno de los objetivos primordiales de la función del Estado y el gobierno, sin embargo, todas las acciones que se emprendan en ese sentido, deben contener un principio de sustentabilidad y sostenibilidad en nombre de las futuras generaciones.

SEGUNDA.- De manera específica, la preservación del legado histórico y cultural en México, cuenta con diferentes mecanismos e instrumentos para garantizar su salvaguarda, favorecer su preservación y fomentar su investigación, actividades que se consideran de utilidad pública. Cabe destacar que el legado cultural tangible de nuestro país que está plenamente identificado se integra por 42,614 sitios arqueológicos registrados; 176 zonas arqueológicas abiertas al público; 47 zonas de monumentos arqueológicos; 101,578 monumentos históricos con registro; 79 monumentos históricos abiertos al público; 57 zonas de monumentos históricos y 31 sitios con la categoría reconocida por la UNESCO de Patrimonio cultural de la Humanidad.

TERCERA.- En materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos se estima que el universo de vestigios podría alcanzar los 200 mil sitios, cuya protección sólo es posible lograr con la participación ordenada de las autoridades y la sociedad. De hecho, la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFZMAAH) establece que los bienes muebles e inmuebles elaborados previo a la instalación de la hispánica son monumentos arqueológicos, los cuales, por ministerio de ley, tienen la condición jurídica de ser propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles. Esta representa, tal vez, la conquista jurídica más importante del siglo pasado en materia de patrimonio cultural y constituye un ejemplo de la aplicación de los principios de la utilidad pública e interés social que caracterizan a las políticas del Estado mexicano en relación con el acervo histórico y cultural.

TERCERA.- Desde esta perspectiva, las edificaciones arquitectónicas que cumplan con la hipótesis de haber sido elaboradas previo a la instalación de la hispánica, como lo establece el artículo 28 de la LFZMAAH, cuentan con un régimen deprotección descrito en la ley cuya destrucción, alteración, remoción o saqueo son sancionadascon penas corporales hasta por 12 años. Asimismo, debe señalarse que la ley establece que cualquier actividad que se realice con monumentos arqueológicos o en sitios arqueológicos, debe ser previamente autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a fin de que emita la autorización correspondiente, ordene las labores de salvamento que correspondan o, en su caso, inicie los trabajos de investigación y preservación de manera directa o a través de instituciones académicas previamente acreditadas.

CUARTA.- La autoridad en materia de preservación e investigación de los monumentos arqueológicos cuenta con los instrumentos legales para ordenar, incluso, la suspensión de obras cuando se considere que estas representan un riesgo para los bienes arqueológicos, ya sea de manera definitiva o, bien, para intervenir bajo la figura de salvamento por un periodo determinado, dependiendo de la relevancia que determine la investigación sobre los mismos.

QUINTA.- Las estructuras arquitectónicas localizadas en el Cerro El Jumil, corresponden a una muralla de piedra caliza, que supone la existencia de una fortaleza Xochicalca que data del periodo Epiclásico (650-900 d.C.), y en cuyo interior hay alrededor de 50 plataformas, un basamento piramidal principal y un juego de pelota. Dichas estructuras arquitectónicas están asociadas a la zona arqueológica de Xochicalco, sitio de gran relevancia y clasificado como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año de 1999. Sin duda, se trata de bienes cuyo valor cultural e histórico no está puesto en duda, por lo que resulta procedente la solicitud del Senador Rabindranath Salazar Solorio en cuanto a la solicitud de información al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

SEXTA.- En relación con los aspectos de protección del ambiente a los que eventualmente podría estar expuesta la región con motivo de la explotación de minerales de oro y plata, es conveniente señalar que minería a cielo abierto es una actividad que por sus técnicas provoca, muchas veces, daños irreversibles al medio ambiente, pues implica la remoción superficial de las capas terrestres de manera paulatina para acceder a los yacimientos de minerales. Bajo las técnicas actuales, es posible modificar incluso el paisaje visual con una mina a cielo abierto, pues implica la desaparición completa de montañas y cerros.

SÉPTIMA.- Cabe destacar que uno de los mayores riesgos lo constituyen la contaminación de los mantos freáticos y fuentes de agua que, en el Estado de Morelos, han sido motivo de un amplio debate por la escasez de este recurso vital, con independencia de que la falta de cuidado o negligencia, fácilmente puede conducir a la contaminación del agua con metales pesados, causa importante de enfermedades que se han presentado en otras regiones del país. Asimismo, los deshechos que generan las explotaciones a cielo abierto, dicen los ecologistas, generalmente son depositados en las regiones aledañas a la mina, materia de naturaleza estéril y que no es aprovechable bajo ninguna circunstancia.

OCTAVA.- De ahí la preocupación del proponente y su solicitud para que la SEMARNAT proporciones a la Cámara de Senadores los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental que supondría las actividades mineras programadas, además de reponer la consulta pública a la comunidad indígena que habita la zona, en términos de lo establecido en las fracción IX y XVI de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con base en los tratados internacionales suscritos por nuestro país en la materia, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en relación con el aspecto de la consulta previa, aplicable a medidas legislativas y administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, o a aquellas relacionadas con la exploración o explotación de recursos minerales o del subsuelo en los territorios donde habitan.

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Cultura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse en los siguientes términos la proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio el 4 de abril de 2013, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que informe a esta soberanía, sobre el eventual riesgo a que pudieran estar sujetas las estructuras arquitectónicas localizadas en el Cerro Del Jumil, Temixco, Estado de Morelos, con motivo de la explotación minera a cargo de la compañía Esperanza Resources Corporation.

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que proporcione a esta soberanía los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental del proyecto minero de la Esperanza Resources Corporation en el Cerro Del Jumil, Temixco, Estado de Morelos

TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalesinformar sobre la consulta con la comunidad indígena en los términos de los instrumentos internacionales firmados por nuestro país, con motivo de la autorización de la explotación minera a cargo de la Esperanza Resources Corporation en el Cerro Del Jumil, Temixco, Estado de Morelos.

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 22 de abril de 2013.

Comisión de Cultura”.





 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

“Con la venia de la Mesa Directiva,

Con la venia de mis compañeras y compañeros legisladores:

En el grupo parlamentario del PRD estamos comprometidos con la paz en las regiones de América Latina. Como bien recordamos, en octubre de 1962 fuimos testigos de la “Crisis de los Misiles”. Tras este incidente hubo la necesidad de que el continente analizara garantizar fraternalmente entre los países, la preponderancia de la paz y la seguridad internacional.

Fue bajo este contexto que surgió el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, conocido como el Tratado de Tlatelolco.

El Tratado de Tlatelolco: es considerado el precursor de otras zonas libres de armas nucleares e influyó en la creación del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Sabemos que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas se afirma que la consolidación de la primera zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada, a través del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) y sus Protocolos, constituye una contribución sustancial a la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales;

En la consolidación de la Zona Libre de Armas Nucleares consagrada en el Tratado de Tlatelolco constituye una firme demostración del indeclinable compromiso de América Latina y el Caribe con la causa del desarme nuclear completo y verificable y la no proliferación de las armas nucleares, de conformidad con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas;

El Tratado de Tlatelolco se ha constituido en el modelo para el establecimiento de otras zonas libres de armas nucleares en diferentes regiones del mundo, tales como la delPacífico Sur (Tratado de Rarotonga), la del Sudeste Asiático (Tratado de Bangkok), la de África (Tratado de Pelindaba) y la de Asia Central (Tratado de Semipalatinsk), las cuales una vez en vigor cubren más de la mitad de los países del mundo y todos los territorios del Hemisferio Sur;

Por lo tanto debemos:

Congratularnos por este acontecimiento y como Estado parte debemos continuar instando a los Estados Miembros del OPANAL a dar continuidad a las actividades y los esfuerzos que realiza el Organismo a fin de aplicar los acuerdos alcanzados en la primera y la segunda conferencias de los Estados Partes y signatarios de los tratados que establecen zonas libres de armas nucleares. Así mismo, México debe seguir contribuyendo al compromiso de continuar promoviendo la búsqueda de un régimen universal, genuino y no discriminatorio de desarme y no proliferación en todos sus aspectos.

Es cuanto."





 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Con la venia de la Mesa Directiva; con la venia de mis compañeras y compañeros Legisladores:

Como lo manifesté en esta tribuna en el pasado mes de diciembre, la importancia de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es dado que es un tratado internacional de derechos humanos. Dicha convención es un acuerdo de carácter vinculante que establece el compromiso de los Estados Parte a garantizar a las personas jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, sin discriminación alguna, el cumplimiento de los derechos humanos recogidos en el articulado.

En dicho tratado se establece que los Estados Parte se abstendrán de interferir en el goce de los derechos dentro de su jurisdicción; impedir la violación de los mismos por parte de individuos, grupos, instituciones, corporaciones, etc.; y tomar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, -entre otras-, para lograr la plena realización de los derechos de la juventud.

México firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en octubre de 2005 y a la fecha, México se encuentra en proceso de ratificación de dicha Convención, es decir, han pasado ya 7 años yeste instrumento legal que podría ser el primer mecanismo de alcance nacional que garantice derechos a la juventud, previa ratificación.

Por lo tanto, este órgano legislativo debe exhortar de la manera más atenta al Ejecutivo Federal a efecto de que ratifique la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, con el objeto de afirmar la importancia del gobierno actual a la población joven de México.

Por lo tanto, compañeras y compañeros Senadores, solicito respetuosamente el apoyo de su voto en sentido positivo, con el objeto de que se apruebe exhortar al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que remita a esta soberanía, de inmediato, el memorándum de antecedentes relativo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización Iberoamericana de los Jóvenes el 11 de octubre de 2005, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea aprobada por esta Soberanía y ratificada lo antes posible.

Es cuanto."





 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Con la venia de la Mesa Directiva; con la venia de mis compañeras y compañeros Legisladores:

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas constituye un tratado adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) mediante Resolución 61/177 del 20 de diciembre de 2006.

El eje de acción de la Convención resguarda al individuo de conductas que pudieran atentar sobre derechos inderogables como la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el debido proceso o de cualquier tipo de acto que pudiera poner en riesgo el derecho a la vida.

La desaparición forzada es una conducta que se inicia con la privación de libertad, cualquiera que sea la forma, y que luego es negada u ocultada la información sobre la persona aprehendida, de modo que no le será posible acceder a los mecanismos procesales o institucionales disponibles.

El Estado Mexicano practica la política de suscribir y ratificar los principales tratados de derechos humanos en las últimas décadas. Así, posibilita garantías para prevenir las violaciones de derechos humanos y permite el acceso a los mecanismos de protección internacional creados por tales instrumentos, cuando la jurisdicción nacional resulte insuficiente o no se brinde resguardo a las personas.

En ese contexto, sorprende que el Estado Mexicano no haya realizado acciones para vincularse en cuanto al reconocimiento jurídico a este tratado, más aun si de acuerdo a lo expresado, existen sólidas razones que deberían convocar a las nuevas autoridades estatales a suscribir y ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, con el reconocimiento expreso de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, en el más breve plazo.

Recordemos que los delitos contra la humanidad, en sentido coloquial, son las conductas que agravian directamente la esencia del ser humano, las que afectan su dignidad como ninguna otra acción u omisión. También son denominados como delitos de Lesa Humanidad. Tales son los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las detenciones arbitrarias, entre otras.Así mismo, la tortura se conoce como otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Por lo tanto, es de relevancia que este órgano legislativo exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal a declarar el reconocimiento del Estado Mexicano de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas pues dicha convención regula un sistema de deberes internacionales de los Estados Parte y le constriñe a tomar medidas en el ámbito interno o doméstico y en el ámbito propiamente internacional. Así, todo Estado Parte se compromete a prevenir la comisión de la tortura (art. 2 de la Convención) y a investigar toda denuncia (art. 12 de la Convención) y dar curso a cualquier queja al respecto (art. 13 de la Convención); a identificar y sancionar a los responsables.

Por lo tanto, nuestro país, en su tradición de impulsor a la protección de los derechos humanos debe declarar el reconocimiento del estado mexicano de la competencia del comité contra la desaparición forzada de la organización de las naciones unidas, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la erradicación de dicha práctica.

Es cuanto."





 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Con la venia de la Mesa Directiva;

Con la venia de mis compañeras y compañeros Legisladores:

En el grupo parlamentario del PRD consideramos que la elaboración de este Convenio, refuerza a otras iniciativas como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención "Belém do Pará" (1994).

El texto del Convenio europeo es fruto del compromiso entre dos visiones de la violencia en el ámbito doméstico: la de los que consideran que el término se refiere exclusivamente a aquella violencia en la que la mujer es la víctima, ya que este fenómeno la afecta desproporcionadamente, y la de los que juzgan que es aplicable a cualquier miembro de la familia que la padezca.

El nuevo Convenio del Consejo de Europa para la lucha contra la violencia doméstica y hacia la mujer y su prevención es el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos.

México debe ser uno de los Estados Parte que suscriban este convenio a efecto de continuar en el fortalecimiento de la prevención de la violencia, protección a las víctimas y entablar acciones judiciales contra los agresores son los fundamentos del Convenio.

También tiene por objeto crear conciencia y cambiar la mentalidad de las personas, al hacer un llamamiento a todos los miembros de la sociedad, en particular los hombres y niños, para que cambien de actitud.

En esencia, es un nuevo llamamiento para que exista una mayor igualdad entre mujeres y hombres, dado que la violencia contra la mujer está profundamente arraigada en la desigualdad de género en la sociedad y se ha perpetuado a través de una cultura de tolerancia y negación.

Es el primer tratado internacional que contiene una definición del concepto de género e introduce una serie de nuevos delitos penales, tales como la práctica de la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Por lo tanto, el Estado Mexicano debe suscribir dicho convenio en virtud de continuar fortaleciendo una sociedad fuerte a través de sus instituciones y normas, a efecto de cambiar actitudes, las funciones asignadas en función del género y los estereotipos que dan lugar a que la violencia contra la mujer sea aceptable;

Por lo tanto, el presente dictamen debe ser aprobado en positivo por este Pleno, ya que México debe reafirmar su compromiso de asegurar que las excusas para cometer cualquier acto de violencia sean inaceptables; y se establezca la protección a las mujeres y niñas de cualquier origen, independientemente de su edad, raza, religión, origen social, condición de inmigrante u orientación sexual, entre otros factores.

Es cuanto."





 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Con la venia de la Mesa Directiva;

Con la venia de mis compañeras y compañeros Legisladores:

La infancia es la garantía del futuro en todo el mundo. Protegerla y procurarla es un deber humano. Por lo tanto, en el Grupo Parlamentario del PRD estamos seguros de que el Estado Mexicano debe suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, pues constituye un avance en la prevención de delitos sexuales contra menores, la persecución penal de sus autores y la protección de los niños víctimas de aquéllos.

La protección del menor es el núcleo esencial de este convenio, que se centra principalmente en el respeto de los derechos del menor, asegurando su bienestar, teniendo en cuenta sus opiniones, necesidades e inquietudes, y actuando en todo momento a favor del interés superior del menor.

Suscribiendo este convenio, México fortalecerá mediante medidas preventivas, medidas de protección, de educación, de derecho penal, de procedimientos judiciales, entre otras, la plena protección a la infancia.

Como bien sabemos, el Convenio tipifica la conducta constitutiva de explotación y abuso sexual, es la primera vez que un tratado internacional ha identificado y tipificado el delito de abuso sexual. Diversas investigaciones han demostrado que el abuso sexual de menores por parte de personas que los conocen y los frecuentan es una de las formas de violencia sexual más traumática desde un punto de vista psicológico cuyas consecuencias para la víctima son duraderas. El convenio tipifica como delito los casos en los que un adulto mantiene relaciones sexuales con un niño, en particular cuando se hace uso de la fuerza o la amenaza.

Así mismo, tipifica también los delitos relativos a la prostitución infantil. Lamentablemente la demanda de prostitución infantil ha aumentado notoriamente, y a menudo está relacionada con la trata de personas y la delincuencia organizada. El convenio vincula la demanda y la oferta de prostitución infantil exigiendo sanciones penales tanto para los que “reclutan” menores con fines de prostitución como para los “usuarios”.

Por primera vez, se ha incluido el ciber-acoso infantil (‘grooming’) en un tratado internacional, reflejando la creciente preocupación por el fenómeno de los abusos sexuales sobre menores que se citan con adultos con los que han contactado previamente en el ciber-espacio, especialmente en chats de Internet o en páginas de juegos en línea. El término ‘grooming’ significa realizar proposiciones a un menor con el fin de abusar de él y obtener una gratificación sexual.

Por lo tanto, el Senado de la República debe exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal para que suscriba el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote.

Es cuanto."





 

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Energía.



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Compañeras y compañeros:

Este punto de acuerdo, que hoy se quiere desechar,fue presentado por un servidor el 25 de septiembre del año en pasado, tan sólo una semana después de la tragedia acaecida en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción, en Reynosa Tamaulipas, donde fallecieron 30 trabajadores.

El objetivo de este punto de acuerdo era citar al Director General de PEMEX a comparecer ante esta soberanía con la finalidad de dar un informe detallado sobre las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de emergencias, en las instalaciones de la empresa.

Y es que ciudadanos mexicanos, ya sean trabajadores de PEMEX o de alguna subcontratadora, o inclusociviles que viven cerca de instalaciones de la empresa, están muriendo por decenas.

Mencionaba entonces que de 2006 a la fecha, es decir, a lo largo de 6 años, más de 90 mexicanos habían resultado muertos en accidentes ocurridos en instalaciones de PEMEX.

Hoy, y lo digo con gran pesar, la cifra de muertos ha aumentado. Ha aumentado porque el pasado día 31 de enero del año en curso, en una explosión de grandes magnitudes, ocurrida en el edificio B2 de la Torre de Pemex, aquí en la Ciudad de México,

Ha aumentado por que a este tema no se le presta la atención debida, porqueel gobierno recalcitrantemente se rehúsa a asumirsu responsabilidad, sin abocarse todavía a la prevención de estos accidentes.

Ha aumentado porque PEMEX no cuenta, aunque este cuerpo dictaminador así lo quiera asegurar, con estándares internacionales en materia de seguridad.

Dice este dictamen que “Petróleos Mexicanos ha impulsado el fortalecimiento de seguridad industrial en las instalaciones a través de la implantación de las mejores prácticas internacionales en los tres segmentos de la seguridad de los procesos: personal, instalaciones y tecnología”.

Dice además que “la Dirección General de Petróleos Mexicanos en los últimos años, ha realizado esfuerzos encaminados al reforzamiento de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección.”

Pues bien, compañeros y compañeras, resulta curioso atestiguar como esta dictaminadora se ha transformado envocería de Petróleos Mexicanos, arrogándose la responsabilidad de defender lo indefendible.

No se necesitaba contar con el don de la clarividencia, aquel 25 de septiembre, cuando presenté este punto de acuerdo, para augurar lo peor; para esperar que, dado las malas condiciones en las instalaciones de la empresa, y a la luz de todos los accidentes que ya con pasmosa regularidad se acontecían, accidentes incluso peores pudieran suceder.

El hecho de que el Director de PEMEX acuda a esta Soberanía, las veces que sea necesario, para entablar interlocución y trabajar de manera conjunta con todos los Senadores, no debe ser visto como un castigo, o como algo que se debe evitar.

Reflexionemos compañeras y compañeros, no asumamos una postura indolente ante la tragedia que estos accidentes significan, ante la posibilidad que tenemos de caminar por la senda de la prevención, por la vía de la construcción de mejores condiciones físicas y de seguridad de todas y cada una de las instalaciones petroleras del país.

Muchas Gracias."





 

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Energía.







 

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Justicia.







 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Salud.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades locales que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos, a causa del consumo del alcohol, para que implementen el llamado “alcoholímetro” de forma permanente.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de marzo de 2013, el Senador Jorge Emilio González Martínez, Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de Acuerdo, que exhorta a las autoridades locales que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos, a causa del consumo del alcohol, para que implementen el llamado “Alcoholímetro” de forma permanente.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador proponente, señala la problemática derivada de los accidentes automovilísticos y las consecuencias que con ello se generan. Aunado a ello, destaca que entre las causas más cotidianas que provocan los accidentes automovilísticos, se encuentra la ingesta de alcohol previo a conducir un automóvil o bien durante su conducción.

III. CONSIDERACIONES

A. En la actualidad y a partir del detrimento de los valores en la sociedad y la falta de responsabilidad y compromiso de las personas con su entorno social, los accidentes automovilísticos se han convertido en un grave problema para la sociedad mexicana, debido a su incidencia y las consecuencias que genera. De esta forma, se ha vuelto necesario, que los gobiernos generen e impulsen a partir de su realidad, estrategias de prevención con la finalidad de evitar accidentes o incluso y el objetivo primordial evitar la pérdida de una vida o personas que quedan discapacitados a partir de un accidente de este tipo, donde no siempre ellos son los culpables.

Como bien señala el Senador proponente, entre las causas de accidentes automovilísticos destacan las relacionadas con la ingesta de alcohol previo o durante la conducción de un automóvil. De ahí que una de las estrategias implementadas a nivel local, particularmente en la Ciudad de México con el “Programa Conduce sin Alcohol”, sea relacionada con sancionar a las personas que conduzcan bajo el influjo del alcohol, evitando así que la misma pueda ocasionar un accidente que no solo lo involucra a él, sino que también puede involucrar y cambiar la vida de otras personas que no conducían bajo el influjo del alcohol.

En este caso, dicha estrategias se enfocó en el diagnóstico a través del detector conocido como “alcoholímetro”, instrumento que fue perfeccionado en 1947, por el británico Tom Parry Jones1, país del en el que se impuso dicha medida a partir de tan lamentables tragedias.

B. A partir del Programa ejecutado en el Distrito Federal, podemos señalar con datos de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, SSPDF, que desde su inicio a la fecha, este programa ha contribuido a reducir en 30% el índice de accidentes fatales asociados con el consumo de alcohol, principalmente entre jóvenes. De manera integral, algunas de las medidas que conforman el Programa Conduce sin Alcohol son:

• Pláticas en escuelas, centros comerciales y ferias de prevención.

• Revisión a sectores, personal detenido en delegaciones y a petición.

• Puntos informativos sin sanción ni remisión.

• Capacitación a meseros y prestadores de servicios.

• Puntos de revisión a vehículos de carga y pasaje.

• Puntos de revisión a conductores particulares.

Aunado a ello, en lo que corresponde a septiembre del 2012, durante 21 jornadas nocturnas realizadas, se entrevistó a 49 mil 581 conductores particulares, de los cuales a 4 mil 375 se les realizaron pruebas de alcoholemia, en las que mil 274 dieron positivo y fueron remitidos al Juzgado Cívico y 801 vehículos remitidos a los diferentes depósitos vehiculares.

Para dar transparencia y evitar posibles actos de corrupción se han tomado las siguientes acciones:

• Cancelación de la licencia.

• Aplicación de sanciones de acuerdo a la ley.

• Capacitación del personal.

• Combatir la venta de amparos.

• Se realizaron más de 2 millones de entrevistas (desde el inicio del programa en 2003, a la fecha).

• Se aplicaron 324 mil pruebas de alcoholemia.

• Se han presentado al Juez Cívico alrededor de 88 mil personas con resultado positivo del examen.

- Mayores de 25 años: 84%

- Menores de 25: 23.2%

- Menores de edad: 03%

• Se han remitido 60 mil vehículos.

Los resultados de este programa han sido muy positivos a grado tal que en la actualidad se ha requerido a la SSPDF para asesorar en la materia y realizar su réplica en otras entidades de la federación.

C. En el mismo sentido, el alcohol se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país y que va en incremento, donde el 65 por ciento de la población de entre 17 a 65 años de edad ha consumido o consume de manera habitual bebidas embriagantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el alcohol es el principal problema de adicción en México, pues mientras que en el año 2008,en la población total de entre 12 a 65 años de edad, el 61.3% aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; para el año 2011 la cifra incrementó a 71.3%, así mismo, de 2008 a 2011 la dependencia de alcohol aumentó un 1.2%. En los jóvenes aumentó significativamente la tasa de consumo de alcoholismo pues la dependencia se elevó 2.6%.

D. Se debe subrayar que las entidades federativas en las que se presentó, en el último año, mayor dependencia al alcohol y por encima del promedio nacional son: Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, en estas regiones son los jóvenes los más afectados y quienes se encuentran considerados dentro del 12.6% de hombres y mujeres que inician su adicción entre los 16 y 19 años, de acuerdo con datos de la ya referida Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

Diversas causas pueden originar en el contexto social que se vive actualmente, la ingesta de alcohol pero una de las principales, ha sido como se señaló en un principio del presente dictamen, el deterioro de los valores en el núcleo familiar, la falta de comunicación entre sus integrantes, la falta de cuidado de los niños y los jóvenes compete a la madre y el padre, entre muchas otras.

Es por ello que se debe poner énfasis en ir contrarrestando este gran problema de salud pública con acciones y estrategias que conlleven a dar información, no sólo para concientizar a los jóvenes y adultos sobre el gran problema que conlleva el uso nocivo del alcohol, sino para que se comprometan como miembros de una población, donde las acciones de cada uno, puede tener un gran impacto en otras personas tanto conocidas, en el caso de sus familiares, como desconocidas en el caso de los que se han visto afectados en los diversos accidentes por esta causa.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las entidades federativas en coordinación con los municipios, que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol, para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen el llamado “alcoholímetro” de forma permanente.

COMISION DE SALUD”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Con la venia de la Mesa Directiva; con la venia de mis compañeros Legisladores

Como lo establece el Artículo 4º Constitucional en su párrafo cuarto, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y como bien se establece en la minuta de dictamen, de acuerdo al artículo 73 del mismo ordenamiento constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultades para dictar leyes sobre salud general; por lo tanto, es menester de este órgano legislativo, iniciar los procesos respectivos para abordar temas de salud pública como lo es el alcoholismo y sus acciones de prevención.

Ahora bien, el consumo de sustancias adictivas está condicionado por diversas políticas públicas.

Desde el punto de vista preventivo, las acciones se han centrado en los programas de educación en el medio escolar.

Sin embargo, hay un interés creciente desde la medicina y la salud pública por comprender los mecanismos que favorecen la adopción de políticas que fomentan la salud y por integrar la abogacía en su abanico de actividades, incluyendo el problema del alcohol.

Recientemente, fenómenos como las concentraciones de los jóvenes para beber en vías públicas y los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol deben situar este problema dentro de la agenda política.

En México muere cada 40 minutos, al menos una persona por padecimientos hepáticos directamente asociados al consumo de alcohol; en promedio, la mortandad es de 13,164 casos anuales. Las entidades con mayores tasas de mortalidad por la causa señalada son: Yucatán, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Morelos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la edad promedio de las personas que fallecen por esta causa es de 59.2 años, lo que evidencia que son las y los jóvenes quienes más caro están pagando las consecuencias.

Por lo tanto, es acertado el argumento que se presenta en el presente dictamen con el objeto de votar en positivo los resolutivos que se presentan:

El Senado de la República exhorta a las entidades federativas, para que dentro del ámbito de su competencia, informen a esta Soberanía sobre las medidas adoptadas para reducir el consumo y abuso del alcohol y prevenir enfermedades y accidentes de tránsito. Así mismo,el Senado de la República, exhorta respetuosamente a las entidades federativas en coordinación con los municipios, que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol, para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen el llamado “alcoholímetro” de forma permanente.

Es cuanto."





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Salud.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de salud y educación tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de marzo de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al Jefe del Ejecutivo a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de salud y educación tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente, enfatiza en la dimensión que ha cobrado la problemática por la obesidad en nuestro país, principalmente en las generaciones infantiles y adolescentes, que comienzan a manifestar consecuencias como la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, por lo que la legisladora insta la importancia de emprender un proyecto desde el Poder Ejecutivo Federal, con la finalidad de disminuir la tendencia de la obesidad en edades tempranas.

III. CONSIDERACIONES

A. En la actualidad, en exceso de peso corporal, de acuerdo con la Secretaría de Salud, representa no sólo un reto para la Salud Pública del país, sino del mundo entero, dada la rapidez con la que se está extendiendo y los efectos negativos que tiene para las personas como individuos y para la un país como miembros de su población.

B. De acuerdo con las Bases técnicas del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, el nivel de salud de la población de cualquier nación es el resultado de la participación informada, ordenada y corresponsable de todos los actores de su vida pública, social y privada, lo que se traduce de igual manera en el grado de organización de sus instituciones y de la propia sociedad.

Se pretende que el actuar de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto sea congruente con las políticas y estrategias nacionales de corto, mediano y largo plazo que se determinen, y marquen el rumbo para el desempeño de los sectores y los diversos actores de la vida pública frente a los principales problemas de salud de la nación, en consonancia del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En el cual se considera como eje central al desarrollo humano sustentable con visión al 2030. En el mismo se define que “el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras” y señala que “el desarrollo humano ha de apoyarse en políticas que de manera transversal contribuyan a la fortaleza de las familias en el orden de la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, la cultura y el deporte”.

C. A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se aspiró a que todos los mexicanos tuvieran igualdad de oportunidades, plasmado en su cuarto objetivo que disponía: mejorar las condiciones de salud de los mexicanos. En este contexto y ante la necesidad de lograr este objetivo toral del PND, es muy importante reconocer que la sociedad de nuestro país al igual que las de otras naciones, enfrenta uno de los problemas de salud pública de mayor impacto negativo sobre la salud, la productividad y la competitividad. Derivado de las enfermedades crónicas, en especial la diabetes, la hipertensión, las cardiovasculares y todas las complicaciones derivadas del síndrome metabólico, con una importante asociación directa con la obesidad y el sobrepeso de la población. La elevada prevalencia de estas enfermedades ha condicionado una creciente demanda de servicios de salud.

El Programa Sectorial de Salud 2007-2012 PROSESA, involucró los compromisos de todo el sector salud en concordancia con lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se establecen las prioridades sectoriales de las instituciones del sector: Secretaría de Salud; Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Secretaria de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos.

D. Teniendo como marco de formulación el Plan, el PROSESA se vincula desde su inicio con el principio rector del PND: “El Desarrollo Humano Sustentable” que constituye la visión transformadora de México a la vez que significa asegurar a los mexicanos la satisfacción de sus necesidades esenciales como la salud.

E. En el PROSESA se plantearon cinco objetivos para la atención de los retos en salud, cada uno de ellos está asociado a metas estratégicas que debieron de cumplirse al 2012 y que corresponden a las prioridades del sector salud:

1. Mejorar las condiciones de salud de la población.

2. Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.

3. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad

4. Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y

5. Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.

F. Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y en aras de seguir fomentando el cuidado a la salud, que con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se integren al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las políticas públicas de salud y educación, tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país".

COMISION DE SALUD”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Con la venia de la Mesa Directiva; con la venia de mis compañeras y compañeros Legisladores:

El costo de la obesidad ha sido estimado en 67 mil millones de pesos del 2008 y se calcula que para 2017 fluctúe entre 151 mil millones y 202 mil millones en pesos del 2008.

En un análisis sobre la carga de enfermedad en México, utilizando los datos de 2004, 75% de todas las muertes ocurridas en el país estuvieron causadas por ECNTs. Las principales causas de mortalidad fueron diabetes mellitus, enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cerebro vascular.

Datos de la OCDE colocan a México en segundo lugar de los países con mayor índice de obesidad en su población con el 30%. Superado únicamente por Estados Unidos de América con el 33.8%

• La obesidad infantil es actualmente un problema de salud en México. Hay más de 4 millones de niños que sufren de sobrepeso y obesidad.

• 1 de cada 5 niños tiene problemas de sobrepeso.

• México ocupa el 4to lugar en Obesidad Infantil sólo superado por: Grecia, Italia y Estados Unidos.

Al 2012, México ocupa el cuarto lugar en obesidad infantil, superado por Grecia, Estados Unidos e Italia. El 70% de la población adulta en nuestro país sufre de sobrepeso. En México la obesidad ha afectado más a las mujeres ya que el 34% sufre de sobrepeso a comparación con los hombres que son un 24.2% de la población. Hoy en día nos encontramos en segundo lugar de los países con mayor índice de obesidad en su población con el 30%. Superado de nuevo por Estados Unidos de América con el 33.8%, según datos dados a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por lo tanto, es menester de esta H. Asamblea Legislativa apoyar en positivo el proyecto de resolutivo presentado por la Comisión Dictaminadora: en la cual se formula que el Senado de la República, exhorte respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se integren al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las políticas públicas de salud y educación, tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país.

Es cuanto."





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Salud.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Director del Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos que muchas instituciones y organismos no gubernamentales mexicanos e internacionales desarrollan en favor de transformar las condiciones que propician que las generaciones infantiles consuman alimentos eminentemente nocivos para su salud.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de marzo de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Director del Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos que muchas instituciones y organismos no gubernamentales mexicanos e internacionales desarrollan en favor de transformar las condiciones que propician que las generaciones infantiles consuman alimentos eminentemente nocivos para su salud.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente, señala que el sistema da la facilidad de producir, publicitar y vender alimentos que son nocivos por el abuso en su consumo, no obstante, aclara que no pretende la desaparición de dichos productos con alto contenido calórico, más allá plantea una transición en su fórmula, con la finalidad de que integren nutrientes, que reduzcan su cualidad calórica, que favorezcan la reducción de deficiencias crónicas de la salud pública, que integren ingredientes como el amaranto, proteínas, y que se caractericen por ser productos socialmente responsables.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1980, las cifras de personas con obesidad se ha duplicado, señala que en 2008, 1400 millones de adultos mayores de 20 años, tenían sobrepeso. En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso.

Derivado de ello, se tienen cifras de la propia Organización, que indican que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en todo el mundo, a partir de ello, cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Aunado a ello y como consecuencias del sobrepeso y la obesidad, el 44% padece diabetes; el 23% son cardiópatas isquémicos y entre el 7% y el 41% padecen algún cáncer atribuible a la misma causa, el sobrepeso o la obesidad.

En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.

B. Como bien se ha señalado algunas de las consecuencias más comunes derivadas del sobrepeso y la obesidad, para la salud son:

• Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción;

• La diabetes;

• Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y

• Algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).

C. México es uno de los países donde hay más casos de obesidad en infantes y en la edad adulta, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La obesidad afecta a 29% de la población adulta y, en conjunto con el sobrepeso, la prevalencia nacional es de alrededor de 70% para ambos géneros: 71.9% en mujeres y 66.7% en hombres, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. El 31.85% de los adolescentes entre 12 y 19 años y 26.35% de los niños de 5 a 11 años padece obesidad o sobrepeso.Alrededor del 40% de los niños y adolescentes no realizan actividad física. El 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 se atribuyen al exceso de peso. Otros padecimientos asociados a la obesidad son hipertensión arterial, dislipidemia (niveles alterados de lípidos en sangre), cáncer (principalmente de mama y de colon), alteraciones respiratorias y gastrointestinales.

D. Campañas como la Lucha Libre Contra la Obesidad, del Seguro Popular; Niños y Niñas por un México sin obesidad, libros distribuidos a cargo de la Secretaría de Salud; el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia para el Sobrepeso y la Obesidad, convocado desde la presidencia y firmado por quince dependencias públicas, instituciones académicas y organismos empresariales nacionales que tienen que ver con los alimentos y bebidas no alcohóllicas, etcétera, entre otras diversas campañas y programas a cargo del sector público y privado para trabajar en pro de la disminución del problema que hoy aqueja a la sociedad mexicana.

E. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta al Director del Instituto Nacional de Salud Pública, a sumarse a los trabajos de instituciones y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, en favor de transformar las condiciones necesarias que propicien que las generaciones infantiles de nuestro país, reduzcan el consumo de alimentos con alto contenido calórico que ocasionan el sobrepeso y la obesidad.

COMISION DE SALUD”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Con la venia de la Mesa Directiva; con la venia de mis compañeras y compañeros Legisladores:

En el Grupo Parlamentario del PRD creemos que el derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, a una alimentación adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.

El contenido esencial del derecho a la alimentación adecuada comprende: la disponibilidad, la accesibilidad, el consumo y el aprovechamiento; estas dimensiones son constitutivas de la seguridad tanto alimentaria como nutricional.

Lamentablemente en México, conocido es el círculo vicioso entre malnutrición y enfermedad que, con frecuencia, termina en la muerte.

En los menores de cinco años, la desnutrición se asocia con enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, que responden por buena parte de la mortalidad observada entre menores de un año. En los adultos, el sobrepeso y la obesidad tienen vastos efectos en enfermedades crónicas como las enfermedades cardio-cerebro-vasculares, la diabetes y la hipertensión, las cuales figuran entre las primeras diez primeras causas de mortalidad de la población entre 45 y 59 años de edad, y entre las primeras cinco causas, en los adultos de 60 o más años.

En pocas palabras, estamos atravesando un proceso de transición nutricional que conjuga una doble carga de sobre-nutrición y desnutrición, con enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas, no transmisibles.

Múltiple y complejo es el encadenamiento de sucesos y tendencias que llevan a la malnutrición, en el cual se pueden distinguir, por lo menos, tres núcleos distintos de causalidad. Las causas más inmediatas se vinculan con la calidad del consumo real o la ingesta y con los cuidados que reciben los niños y las madres. Un segundo núcleo de causas se deriva de la realización de derechos conexos con el derecho a la alimentación y, en particular, con la calidad del hábitat. Y el tercer núcleo de causalidad está dado por las capacidades y oportunidades para el ejercicio del derecho a la alimentación.

Por lo tanto, es deber de nosotros, como legisladores, ocuparnos por el tema al respecto y aprobar en positivo el presente proyecto de dictamen: Que exhorta al Director del Instituto Nacional de Salud Pública, a sumarse a los trabajos de instituciones y organismos nogubernamentales nacionales e internacionales, en favor de transformar las condiciones que propicien que las generaciones infantiles reduzcan el consumo de alimentos con alto contenido calórico que ocasionan el sobrepeso y la obesidad.

Es cuanto."





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Comisión de Salud.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativo a exhortar a la Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo un informe detallado de sus funciones.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de marzo de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo un informe detallado de sus funciones.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Dada la importancia que tiene la Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo dentro de nuestro país y que para los temas de la salud pública que aquejan o se presentan día a día en nuestra sociedad es que la proponente hace mención que derivado del último informe de actividades de la Comisión en comento es que el Consejo omite un informe de tallado específicamente de sus actividades es por ello que se pide dicho informe de sus funciones, focalizadas a la última gestión.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud.

B. El término Bioética es la disciplina qu