Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 26 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 31

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 29 de Abril de 2013

SUMARIO                                              


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COMUNICACIONES

- Del C. Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite el informe del Foro Regional de Consulta sobre la Ley de Agua Potable y Saneamiento, celebrado el 24 de abril de 2013 en Guanajuato; de la Comisión contra la Trata de Personas, con la que remite el informe de la instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, realizada el 22 de abril de 2013, en el recinto del Senado de la República; del C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de actividades realizadas durante la sesión de la Tercera Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y El Caribe, celebrada 18 de abril del 2013, en la sede del Senado de la República.



CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:

- Minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, devuelto con modificaciones, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal; minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía; minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.






















































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (19:35 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 81 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del lunes 29 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL trece

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos del día jueves veinticinco de abril de dos mil trece, encontrándose presentes sesenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

Los grupos parlamentarios intervinieron para referirse al Aniversario del Natalicio de Belisario Domínguez Palencia.- Hicieron uso de la palabra los Senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD; Roberto Armando Albores Gleason del PRI; y Daniel Avila Ruiz del PAN.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

(Comunicaciones)

Se recibió de los Senadores integrantes de la directiva de la Comisión de Seguridad Pública, oficio por el que solicitan dar por concluidas 2 proposiciones con punto de Acuerdo, en virtud de haber quedado sin materia.- La Presidencia instruyó descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, Acuerdo de las comisiones por el que se repone el procedimiento de ratificación del ciudadano Aldo Saúl Muñoz López.- Quedó de enterado. Se publicó en la Gaceta.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612 y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica la modificación en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.- Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican nueve nombramientos de los ciudadanos:

1) Roberto Rodríguez Hernández, como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América.

2) Francisco Javier Díaz de León, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.

3) José Octavio Tripp Villanueva, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.
4) Carlos Martín Jiménez Macías, como Cónsul General de México en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.

5) Claudia Franco Hijuelos, como Cónsul General de México en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

6) Francisco Eduardo Del Río López, como Cónsul General de México en Montreal, Quebec, Canadá.

7) Francisco Suárez Dávila, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá.

8) Sandra Fuentes-Berain Villenave, como Cónsul General de México en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América.

9) Carlos Manuel Sada Solana, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar el dictamen; Marcela Guerra Castillo, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, para presentar el dictamen; Dolores Padierna Luna, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Gerardo Flores Ramírez del PVEM. Fue aprobado por 95 votos en pro. Los funcionarios diplomáticos rindieron su protesta de ley.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican los nombramientos de los ciudadanos:

1) Norma Bertha Pensado Moreno, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de Estonia.

2) Mariano Palacios Alcocer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Santa Sede.

3) José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Islandia y el Reino de Noruega.

4)Agustín García López Loaeza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Francesa y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Mónaco.
5) Jorge Castro Valle Kuehne, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Confederación Suiza y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Liechtenstein.

Intervino la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 91 votos en pro. Los funcionarios diplomáticos rindieron su protesta de ley.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican los nombramientos de los ciudadanos:

1) Juan José Bremer de Martino, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Cuba y

2) Jaime Manuel del Arenal Fenochio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República del Ecuador.

Intervinieron las Senadoras: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar el dictamen; y Mariana Gómez del Campo Gurza, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 88 votos en pro. Los funcionarios diplomáticos rindieron su protesta de ley.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican los nombramientos de los ciudadanos:

1) Julián Ventura Valero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Popular China y
2) Jaime Enrique Inocencio García Amaral, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Libanesa.

Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar el dictamen; Teófilo Torres Corzo, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, para presentar el dictamen; y Daniel Ávila Ruiz, PAN. Fue aprobado por 98 votos en pro. Los funcionarios diplomáticos rindieron su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Europa y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Luis Alfonso de Alba Góngora, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Austria y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Eslovaca y la República de Eslovenia; así como Representante Permanente de México ante la Academia Internacional Anticorrupción, la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, Austria.- Intervinieron las Senadoras: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar el dictamen; y Laura Angélica Rojas Hernández, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, para presentar el dictamen.

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido favor del ciudadano Jorge Álvarez Fuentes, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Árabe de Egipto y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Reino Hachemita de Jordania, la República Árabe Siria y la República del Sudán.- Intervinieron las Senadoras: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar el dictamen; y Margarita Flores Sánchez, por la Comisión de Relaciones Exteriores, África, para presentar el dictamen.

3) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, como Representante Permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, Francia.- Intervino la Senadora Gabriela  Cuevas Barrón, por las comisiones, para presentar el dictamen.

4) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Emilio Rabasa P. Gamboa, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América.- Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar el dictamen; Zoé Robledo Aburto del PRD; Laura Angélica Rojas Hernández, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, para presentar el dictamen; y Mariana Gómez del Campo Gurza, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, para presentar el dictamen.

Los cuatro anteriores dictámenes fueron aprobados conjuntamente por 95 votos en pro. Los funcionarios diplomáticos rindieron su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con puntos de Acuerdo por los que se aprueban y ratifican nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Sin discusión, fue aprobado por 89 votos en pro. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva para modificar el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado.- Intervino el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto Belisario Domínguez. Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento del Acuerdo aprobado por la Asamblea el pasado 11 de abril correspondiente a la elección de los candidatos a integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, llevó a cabo la votación por cédula correspondiente.- Antes de iniciar la votación, intervinieron los Senadores: Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación; Daniel Amador Gaxiola del PRI; Raúl Morón Orozco del PRD; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Se procedió a la votación por cédula. Resultaron electos los ciudadanos: 1) Margarita María Zorrilla Fierro y Eduardo Backhoff Escudero, para un periodo de cinco años. 2) Teresa Bracho González y Gilberto Ramón Guevara Niebla, para un periodo de seis años. 3) Sylvia Irene Schmelkes del Valle, para un periodo de siete años. La Presidencia determinó convocar a  los electos para que rindan la protesta legal correspondiente en la sesión del martes 30 de abril.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; 235; y se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 6°, 65, 67, 69, 75 y 76; y adiciona los artículos 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º             y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.- La Mesa Directiva informó de las reservas entregadas en la sesión pasada, las cuales la Asamblea autorizó integrar al dictamen, el cual, sin discusión, se sometió a votación. Al no reunirse el quórum necesario, se levantó la sesión.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos y citó a la siguiente el lunes veintinueve de abril a las diecinueve horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Compañeras Senadoras y Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a las intervenciones de los Senadores del estado de Campeche, para referirse al 150 aniversario de la fundación de dicho estado.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.





 

INTERVENCIONES

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna con el orgullo de ser campechano. Pero más aún, porque el día de hoy, 29 de abril, se ajustan 150 años desde que Campeche pasara a formar parte formalmente como estado libre y soberano del Pacto Federal.

150 años desde que el Presidente Benito Juárez, le concediera a Campeche la oportunidad de contribuir con su gente, con su riqueza y con todo lo que en este estado se produce, a la grandeza de México.

Un 29 de abril de 1863 se produjo este hecho, que a nosotros nos deja un profundo compromiso con la patria; un compromiso con México para que a través de sus mujeres y de sus hombres, para que a través de su grandeza, de su historia, para que junto con todo ese entorno, que los pueblos originarios mayas asentados en este estado, le diéramos a México una aportación fundamental para la soberanía y para su grandeza.

Hoy nos sentimos orgullosos que a lo largo de 150 años hemos dado lo mejor de sí, hemos dado la oportunidad de identidad, pero también hemos heredado al mundo cosas muy importantes y, desde luego, dejando constancia sobrada, muestras sobradas de solidaridad, muestras sobradas de aportación y de respeto a todo el Pacto Federal.

Actualmente mi estado representa la entidad que contribuye en gran medida a la riqueza nacional, a través de la extracción del petróleo. Que contribuye al patrimonio mundial, con esa reserva ecológica extraordinaria en sus selvas y en sus ríos, como es Calakmul.

Que se da la oportunidad, también, con la generosidad de las mujeres y de los hombres, de heredar a México y al mundo esa denominación de campechano, que tiene que ver esencialmente con el don de gentes.

Pero ya lo diríamos, también hemos contribuido en la historia, con gentes como al maestro de América, don Justo Sierra Méndez, cuando señalaba: "Más allá de la ley, más allá del honor, más allá de la patria, está la verdad que debe prevalecer por encima de todo".

Esa es la bandera de los liberales, esa es la bandera de los campechanos de ayer y de hoy, esa la bandera de la verdad, de la libertad, de la integridad y de la voluntad y el orgullo de mexicanos y campechanos que trabajan por la unidad y el crecimiento del pacto político, que se llama México.

¡Felicidades Campeche!

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Pozos Lanz.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hoy es un día de especial importancia para el estado de Campeche, pues se celebran 150 años de la incorporación del estado a nuestra República federal.

Si bien, desde el 19 de febrero de 1862, el Presidente Benito Juárez había ya dado reconocimiento a este territorio, fue hasta el 29 de abril de 1863 que se hizo oficial, una vez cumplido el proceso constitucional con la aprobación del Decreto presidencial de reconocimiento por la mayoría de las legislaturas estatales.

Campeche es cuna de la cultura maya, los campechanos enfrentaron la Colonia, los ataques piratas, la intervención francesa y florecieron con la República, sin perder, en ningún momento, sus valiosas tradiciones, que hacen de Campeche un lugar único.

Campeche celebra este día 150 años de caminar con luz propia. Gran parte de su territorio es considerado como patrimonio cultural de la humanidad y como zona protegida por la belleza y valor de sus riquezas naturales; pues atesora en su territorio la segunda reserva ecológica del continente, con más de 700 mil hectáreas.

Durante la época prehispánica, desde este territorio, que hoy ocupa el estado de Campeche, Calakmul se instauró como un gobierno que dominó prácticamente toda la región maya, sometiendo incluso a la tan conocida y poderosa de Tikal, entre el año 600 y 900 de nuestra era.

Asimismo, durante la Colonia, Campeche representó para la Colonia Española un importante centro económico para la explotación de las maderas preciosas, que eran exportadas hacia toda Europa.

Campeche fue también ventana de entrada y salida de la riqueza de nuestro país, y por ello tuvo que enfrentar los ataques de piratas y de más delincuencia marítima que tenían presencia en la región.

La riqueza natural de Campeche no cesó a pesar del paso del tiempo, sino que incluso se renovó y a las maderas preciosas se hubieran de sumar la explotación del árbol de chicle, así como el henequén, este último tan importante para la economía mexicana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que permitieron parte del desarrollo industrial y económico de todo nuestro país.

En la historia reciente, los recursos naturales de Campeche han sido pilar fundamental de la economía nacional. Durante la década de los 70's, se descubrió el mayor yacimiento petrolero en México a esa fecha; y el cual hasta el día de hoy aporta el 40% de la producción total de crudo a nivel nacional, y a su vez ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la producción de hidrocarburos.

En los 80's, en Campeche tuvo lugar un auge pesquero que se tradujo en producciones anuales de más de 86 mil 500 toneladas al año, lo que se conoció en el país como el auge camaronero, asimismo, podemos hablar de la enorme capacidad que tiene nuestro estado para la producción de miel, entre muchas otras riquezas naturales que tenemos en nuestro país.

Más de 300 kilómetros de costa bañan la tierra del estado, compartimos con el mundo el significado de ser campechano con el orgullo que dan las raíces, la independencia, la cultura y la libertad.

Es importante resaltar que los restos de tres campechanos descansan en la rotonda de las personas ilustres, Campeche comparte con el resto de México este aniversario; Campeche comparte con el resto del mundo su cultura, su tranquilidad y su gastronomía, así como su selva, sus ríos, manglares, sus grutas, sus haciendas, sus pueblos coloniales, sus murallas y sus humedales.

Campeche comparte con el país sus recursos naturales, sus yacimientos petroleros, sus pirámides, sus playas y su cultura centenaria. Hoy cuando se cumplen 150 años del estado libre y soberano Campeche camina y avanza para destacar sus raíces.

Para engrandecer nuestra cultura y para dejar asentado que hemos sido testigos de una importante historia, Campeche crece con responsabilidad, los campechanos sabemos lo que falta y sabemos caminar en la dirección correcta. Hoy compartimos con todos este 150 aniversario.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Lavalle Maury.

Pasamos al siguiente asunto.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quería aprovechar el arranque de esta sesión para compartir que estamos indignados por el comportamiento del titular de la PROFECO, recordar en este Senado de la República que nadie puede estar por encima de la ley, y me gustaría, señor Presidente, que se pudiera dar el debate el día de hoy o el día de mañana, porque considero que ante un tema de este tipo no podemos los Senadores de México ser omisos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Le sugeriría que registrara ante la Mesa Directiva la inquietud de realizar el debate político mañana, con respecto a este tema.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Diaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una del Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite el informe del Foro Regional de Consulta sobre la Ley de Agua Potable y Saneamiento, celebrado el 24 de abril en Guanajuato.

Una de la Comisión Contra la Trata de Personas, con la que remite el informe de la instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, realizada el 22 de abril del año en curso, en el recinto del Senado de la República.

Y una del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de actividades realizadas durante la sesión de la Tercera Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y El Caribe, celebrada el 18 de abril pasado, también en la sede del Senado.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

Compañeros Senadores, informo a ustedes que el viernes 26 de abril recibimos en la Mesa Directiva un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la designación del ciudadano Alejandro Ramos Esquivel como Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/441/2013
México, D.F., a 25 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito comunicar a ustedes que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 16 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, el titular del Ejecutivo Federal ha tenido a bien designar al C. Alejandro Ramos Esquivel como Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a efecto de someter dicha designación a la consideración de ese Órgano Legislativo.

Por lo anterior, me permito remitirles, anexo al presente, la comunicación original suscrita por el titular del Ejecutivo Federal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

De conformidad con el artículo 1 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, dicha Agencia, denominada Notimex, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como dotado de autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial.

El artículo 16 de la Ley antes citada dispone que el Director General de la Agencia será designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, y que la Cámara de Senadores podrá objetar dicho nombramiento en un término de treinta días, vencido el cual, sin que ese órgano legislativo emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado.

Por lo anterior, para efectos del ejercicio de la facultad que la Ley otorga a la Cámara de Senadores, comunico a usted que he tenido a bien designar al C. Alejandro Ramos Esquivel, como Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, quien cumple con los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley de la materia.

En efecto, Alejandro Ramos Esquivel es ciudadano mexicano y está en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Es Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como Maestro en Relaciones Institucionales por el Instituto Superior de Estudios Prospectivos (ISEP), y cuenta con un curso de televisión en la 'British Broadcasting Corporation (BBC)'; tiene amplia experiencia en las materias objeto de la Agencia, toda vez que ha sido reportero y corresponsal de Notimex en Londres; fue director de la Agencia Informex, y fundador y director del periódico 'El Financiero', entre otros cargos de alto nivel decisorio.

Adicionalmente, ha desempeñado diversas actividades académicas en el ámbito de la información y la comunicación, entre las que destacan, el haber sido fundador, en asociación con la Universidad de las Américas, de la primera página de internet especializada en información y análisis sobre las oportunidades de negocio en México, denominada 'Mexican Buisiness Web (MBW)', de la que actualmente es director. En el ámbito del periodismo, es colaborador de diversos medios de comunicación y foros de opinión pública, así como columnista en medios impresos.

Estoy convencido de que la designación de Alejandro Ramos Esquivel, como Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, contribuirá al fortalecimiento del derecho a la información bajo los principios de objetividad e independencia editorial.

Reitero a Usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 25 de abril de 2013.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Enrique Peña Nieto”.

Ese mismo día se turnó el expediente a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación para su análisis correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

BANCO DE MEXICO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió del Banco de México la siguiente documentación:

Copia del dictamen de los estados financieros del Banco de México al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

Y el informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión de Activos Fijos y de Inversión en Activo Circulante, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítanse dichos informes a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

Compañeros, les informo también que recibimos de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 constitucionales, en materia de telecomunicaciones, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

ARTICULO UNICO. Se REFORMAN el párrafo primero del artículo 6o.; el artículo 7o.; el párrafo sexto del artículo 27; el párrafo segundo del artículo 28; la fracción XVII del artículo 73; la fracción VII del artículo 78 y el párrafo sexto del artículo 94; y se ADICIONAN los párrafos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual párrafo segundo a ser apartado A del párrafo cuarto, y un apartado B al artículo 6o; los párrafos decimotercero al trigésimo del artículo 28, y un inciso l) a la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. a VII. …

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.

VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Artículo 27.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

Artículo 28. …

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle  varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que  sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que  se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:

I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;

II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;

III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;

IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;

V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;

VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;

VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas;

IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos;

X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución;

XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y

XII. Cada órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado.

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de treinta y cinco años;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

IV. Poseer título profesional;

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda;

VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;

VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.

Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las modalidades conforme a las cuales los Comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los  agentes económicos regulados.

Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación correspondiente, a través del procedimiento previsto en este artículo y a fin de que el sustituto concluya el periodo respectivo.

Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.

Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XVI. …

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

XVIII. a XXX. …

Artículo 78. …

I. a VI. …

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y

VIII. …

Artículo 94. …

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.


Artículo 105…

I. …

a) a i) …

j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

II. y III. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones.

TERCERO. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y deberá:

I. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración;

II. Regular el organismo público a que se refiere el artículo 6o. que se adiciona en virtud del presente Decreto. Pasarán a este organismo público los recursos humanos, financieros y materiales del organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales;

III. Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias e indígenas;

IV. Regular el derecho de réplica;

V. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia;

VI. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente;

VII. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, consistentes con los principios de competencia, para el efecto de que los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Cada concesionario deberá fijar tarifas mínimas, consistentes con los principios de competencia, para la emisión de anuncios, las cuales serán presentadas ante la autoridad para su registro público;

VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, garantizado el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas;

IX. Crear un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrado por miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor en la observancia de los principios establecidos en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, y

X. Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven del presente Decreto.

CUARTO. En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes, siempre que cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que les imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en su caso, las contraprestaciones correspondientes.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que haya determinado los concesionarios que tienen el carácter de agente económico preponderante en términos de la fracción III del artículo Octavo Transitorio de este Decreto, establecerá, dentro de los sesenta días naturales siguientes, mediante lineamientos de carácter general, los requisitos, términos y condiciones que los actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir para que se les autorice la prestación de servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar al modelo de concesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de concesión. La autorización a que se refiere este párrafo podrá otorgarse a los agentes económicos preponderantes sólo cuando se encuentren en cumplimiento de las medidas que se les hayan impuesto conforme a lo previsto en las fracciones III y IV del artículo Octavo Transitorio de este Decreto. El Instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este párrafo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinará las contraprestaciones correspondientes.

QUINTO. A la entrada en vigor del presente Decreto se permitirá la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite.

Se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente.

La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.

SEXTO. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los primeros Comisionados nombrados en cada uno de esos órganos concluirán su encargo el último día de febrero de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará los periodos respectivos.

Para los nombramientos de los primeros Comisionados, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá observarse lo siguiente:

I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución deberá enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto;

II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado de la República dentro de los diez días naturales siguientes;

III. El Senado de la República, una vez reunido, contará  con un plazo de diez días naturales para resolver sobre la propuesta, y

IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos ocasiones la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del comisionado respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución.

SÉPTIMO. En tanto se integran los órganos constitucionales conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, continuarán en sus funciones, conforme al marco jurídico vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, los órganos desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión Federal de Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros y materiales de los órganos desconcentrados referidos pasarán a los órganos constitucionales que se crean por virtud de este Decreto.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos órganos en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en estos procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el presente Decreto mediante juicio de amparo indirecto.

Asimismo, los juicios y recursos en trámite, continuarán hasta su conclusión conforme a la legislación vigente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Si no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jurídico previstas en el artículo Tercero Transitorio a la fecha de la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, éstos ejercerán sus atribuciones conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y, en lo que no se oponga a éste, en las leyes vigentes en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

OCTAVO. Una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, deberá observarse lo siguiente:

I. Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde.

Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional. Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales.

Los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes en los términos de este Decreto, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Estos concesionarios deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa bajo los principios de libre competencia y concurrencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a estos últimos.

Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos. En caso de diferendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos.

II. Para dar cabal cumplimiento al Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicará, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales a partir de su integración, las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, bajo los principios de funcionamiento eficiente de los mercados, máxima cobertura nacional de servicios,  derecho a la información y función social de los medios de comunicación, y atendiendo de manera particular las barreras de entrada y las características existentes en el mercado de televisión abierta. No podrán participar en las licitaciones aquellos concesionarios o grupos relacionados con vínculos de tipo comercial, organizativo, económico o jurídico, que actualmente acumulen concesiones para prestar servicios de radiodifusión de 12 MHz de espectro radioeléctrico o más en cualquier zona de cobertura geográfica.

III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas medidas se emitirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones una vez que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate.

IV. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su integración, establecerá las medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones de manera que otros concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertenecientes a dicho agente. Estas medidas también serán aplicables al agente económico con poder sustancial en el mercado relevante de servicios al usuario final.

Las medidas a que se refiere el párrafo anterior deberán considerar como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red local. En particular, los concesionarios podrán elegir los elementos de la red local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma. Las citadas medidas podrán incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como su calendario de implantación con el objeto de procurar la cobertura universal y el aumento en la penetración de los servicios de telecomunicaciones.

V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones revisará, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su integración, los títulos de concesión vigentes, a efecto de verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones y modalidades.

VI. En un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a su integración, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recabará la información necesaria a fin de constituir el Registro Público de Concesiones a que se refiere el artículo 28 de la Constitución.

NOVENO. En relación con las resoluciones a que se refieren las fracciones III y IV del artículo anterior, se estará a lo siguiente:

I. Se pronunciarán de conformidad con el procedimiento que establezca la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

II. Unicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, tal y como lo establece el artículo 28 de la Constitución, reformado en virtud del presente Decreto. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento y los actos intraprocesales sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida, y

III. No admitirán recurso administrativo alguno y solamente podrán ser impugnadas a través del juicio de amparo indirecto en los términos de la fracción anterior.

El incumplimiento de las medidas contempladas en las citadas resoluciones será sancionado en términos de las disposiciones aplicables. El incumplimiento a la separación contable, funcional o estructural dará lugar a la revocación de los títulos de concesión.

DECIMO. Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

DECIMO PRIMERO. Para que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada, la ley dotará al Instituto Federal de Telecomunicaciones de atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes comerciales.

La ley deberá asegurar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, así como las normas en materia de salud y establecerá lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. El Instituto contará con facultades para supervisar su cumplimiento.

Asimismo, corresponderá al Instituto resolver cualquier desacuerdo en materia de retransmisión de contenidos, con excepción de la materia electoral.

DECIMO SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior.

DECIMO TERCERO. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobará las disposiciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestaria a los órganos reguladores a que se refiere este Decreto para el desempeño de sus funciones, así como las previsiones presupuestarias para el buen funcionamiento del organismo a que se refiere el artículo 6o., Apartado B, fracción V, de la Constitución.

DECIMO CUARTO. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos.

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta característica deberá ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal.

Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno Federal y realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia.

DECIMO QUINTO. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

DECIMO SEXTO. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., Apartado B, fracción II del presente Decreto y las características siguientes:

I. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en operación antes de que concluya el año 2018;

II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida;

III. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de Diputados;

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la red;

V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de la red, así como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y prestación no discriminatoria de servicios;

VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red compartida, y

VII. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y que asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal.

El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, incluirá en los instrumentos programáticos respectivos, las acciones necesarias para el desarrollo de la red a que se refiere este artículo.

DECIMO SEPTIMO. En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones:

I. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio de este Decreto, ya sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar la máxima cobertura de servicios a la población;

II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal;

III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la contraprestación que los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho a que se refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia infraestructura;

IV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello, y

V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera enunciativa y no limitativa, incluirá lo siguiente:

a) Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo, y

b) Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y televisión.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

DECIMO OCTAVO. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley”.

El pasado viernes 26 de abril se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, para su análisis y dictamen.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0881
Exp. 1077

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 25 de abril de 2013.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal
Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 71 A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Artículo Unico.- Se adiciona un artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 71.- Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su subcuenta de vivienda atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto brindará opciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el Consejo de Administración.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 25 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-2-585
Exp. 1516

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 25 de abril de 2013.

Dip. Angel Cedillo Hernández
Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MINERA Y DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 6 y 27, fracción II, y se adicionan los artículos 27 Bis y 27 Ter a la Ley Minera, para quedar como sigue:

Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.

Artículo 27. ...

I. ...

II. Pagar los derechos sobre minería.

III. a XIV. ...

Artículo 27 Bis.- Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la tasa del 5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago.

Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, se determinarán considerando los ingresos acumulables que tenga el concesionario o asignatario minero conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con excepción de los establecidos en las fracciones X, XI y XII del artículo 20 de dicha ley, o las que las sustituyan.

Para la determinación de la base del derecho a que se refiere este artículo, los titulares de concesiones o asignaciones mineras podrán disminuir las deducciones autorizadas conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con excepción de las establecidas en las fracciones IV, IX y X del artículo 29 de dicha ley o las que las sustituyan, así como las contribuciones y aprovechamientos, pagados por dicha actividad.

El derecho a que se refiere el presente artículo, se calculará considerando la totalidad de las concesiones o asignaciones de la que se sea titular.

Los concesionarios y asignatarios mineros que paguen el derecho por el uso, goce o aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral a que se refiere el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, no estarán obligados al pago del derecho a que se refiere este artículo únicamente respecto de dicho gas.

El pago del derecho señalado en este artículo, se efectuará con independencia de los pagos de otros derechos sobre minería que, en su caso, procedan de acuerdo a esta ley y la Ley Federal de Derechos.

Artículo 27 Ter.- Los titulares de concesiones mineras que no lleven a cabo obras y trabajos de exploración o explotación debidamente comprobadas de acuerdo a la Ley Minera, durante dos años continuos dentro de los primeros once años de vigencia, contados a partir de la fecha de la expedición de su respectivo título de concesión minera, pagarán semestralmente el derecho adicional sobre minería conforme al 50% de la cuota señalada en la fracción VI del artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, por hectárea concesionada.

Para el caso de los titulares cuyas concesiones se encuentren en el doceavo año y posteriores de vigencia, que no realicen obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos, el pago del derecho será del 100% de la cuota señalada en la fracción VI del artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, por hectárea concesionada.

El pago del derecho a que se refiere este artículo, se efectuará hasta en tanto no se acredite ante la autoridad minera la realización de obras y trabajos de exploración o explotación durante dos años continuos.

Para los efectos del presente artículo, el pago del derecho adicional sobre minería, se efectuará con independencia de los pagos de otros derechos sobre minería que, en su caso, procedan de acuerdo a esta ley y la Ley Federal de Derechos.

El pago del derecho a que se refiere este artículo deberá efectuarse semestral mente en los meses de enero y julio del año que corresponda.

Para el caso de que la determinación del cumplimiento del plazo de dos años a que se refieren los párrafos primero y segundo de este artículo, se efectúe en el transcurso de un semestre, los concesionarios deberán pagar la parte proporcional del derecho por el período que corresponda, a partir del mes en que se cumplió el plazo de los dos años y hasta el último mes del semestre de que se trate, para tales efectos, el derecho se deberá pagar dentro de los treinta días naturales siguientes a esa fecha.

Artículo Segundo. Se adicionan los artículos 2o.; 25, con una fracción IX y 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2º. …

No se incluirá en la recaudación federal participable, el 70% de la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 27 BIS y 27 TER de la Ley Minera, y se destinará al Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 50% a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 50% restante a la entidad correspondiente, a fin de ser aplicados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.

La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y entre las entidades correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación del Distrito Federal correspondiente respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que corresponda.
Para aplicar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual estará integrado por un representante de la Administración Pública Federal, en este caso, por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del Comité; un representante del Gobierno del Estado o del Gobierno del Distrito Federal en su caso; así como un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, se incluirá un representante de dichas comunidades; así como un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación

Artículo 25. ...

I. a VIII. ...

IX. Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

....

Artículo 47 BIS. El Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se integrará por los recursos por derechos sobre minería a que se refieren los artículos 27 Bis y 27 Ter de la Ley Minera y deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;

II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;

III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;

IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo, reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua;

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir de los noventa días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos del artículo 27 Bis de la Ley Minera, los titulares de concesiones y asignaciones mineras, deberán llevar un formato de reporte de producción por unidad minera, mismo que expedirá la Secretaría de Economía y en el cual se desglose la información contable referente a los ingresos y las deducciones que se utilicen para el cálculo del derecho respectivo.

Se procederá a la cancelación de la concesión minera en los términos de la Ley Minera, a aquellos concesionarios o asignatarios que no presenten la información requerida en términos de esta disposición o que la misma sea falsa.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 25 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Angel Cedillo Hernández, Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Igualmente de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 Constitucional, en lo referente al sector social de la economía.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva acordó que las iniciativas inscritas en nuestra agenda del día, se turnaran a comisiones, a fin de permitir que reciban a la brevedad los asuntos sobre los que habrán de ocuparse para analizar. Los turnos correspondientes se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO IX AL TITULO DECIMO TERCERO DEL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI)

"El suscrito, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable Pleno la presente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, para sancionar conductas indebidas en contra de los sistemas de respuesta a llamadas telefónicas de emergencia, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un elemento de gran impacto en la percepción de la calidad de vida que disfruta un pueblo, es la confianza que este tiene en la rapidez y oportunidad con que el gobierno atiende sus solicitudes de auxilio en casos de urgencias personales.

La rapidez con que se materializa la presencia de las instituciones públicas encargadas de prestar ayuda al ciudadano que ha sido víctima de la criminalidad, de la enfermedad o de diversos siniestros es la expresión más convincente de la eficacia con que opera el gobierno.

En la medida en que los ciudadanos tengan la convicción de que, ante hechos delictivos que afecten directamente a sus familias o su patrimonio, las instancias de seguridad pública actuarán con rapidez y eficiencia en su beneficio, la sociedad gozará de mayor tranquilidad y valorará en mayor grado la calidad de vida de que disfruta.

Por esta razón, los gobiernos que anteponen a los valores materiales la tranquilidad y la serenidad de la vida familiar, han desarrollado los medios para garantizar un acceso rápido al ciudadano afectado por una tragedia personal a la función gubernamental de la seguridad pública.

En nuestro país, desde 1994, proporcionar seguridad pública es una función concurrente entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública, teniendo como instancia superior de coordinación entre los tres órdenes de gobierno el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en su artículo 48 que el Consejo Nacional promoverá que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad sobre las urgencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento. Servicio que tendrá comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás de asistencia pública y privadas.

Bajo este esquema, en 1999 el Consejo Nacional de Seguridad Pública impulsó el despliegue de una red nacional de telecomunicaciones para lograr la articulación de las acciones y procesos de operación de las diversas autoridades del Sistema Nacional.

Se crearon entonces los centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, conocidos como C4 en todas las entidades federativas, con la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para el intercambio de información entre los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios y sus respectivos sistemas de seguridad pública y procuración de justicia. Para su construcción y operación fueron puestos en marcha esquemas de inversión y financiamiento conjunto entre la Federación y las entidades federativas.

Los centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de todo el país convergen en el Centro Nacional de Información y Telecomunicaciones, el cual da cabida a la red de interconexión de redes integrales para la seguridad y al Sistema Nacional de Información, permitiendo el intercambio de la información de la base de datos de manera segura y confiable y el respaldo de la operación de los C4 estatales en caso de contingencias.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública creó además el Servicio Telefónico Nacional de Emergencia 066, que se presta a través del C4 nacional, utilizando la más alta tecnología para la interconexión y operación real de todos los sistemas, bases de datos y redes de las instancias de seguridad pública en todo el país, dando cumplimiento a lo previsto por la ley en este rubro.

A esta red de comunicación se han ido sumando los centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de las entidades federativas para prestar este importante servicio a través de sus redes locales de telecomunicaciones, aunque en algunas ocasiones existan variaciones en los tres dígitos que se usan para identificarlo.

Así, dentro de la diversidad de medios útiles para dar ayuda a los ciudadanos en situaciones de urgencia, la tecnología de estos sistemas telefónicos de respuesta ha sobresalido por su amplia disponibilidad y su facilidad de operación y accesibilidad desde cualquier parte del país.

El Sistema Telefónico Nacional de Emergencia es resultado de un esfuerzo tecnológico relevante y vanguardista, que aprovecha la integridad de la red nacional de telecomunicaciones en materia de seguridad pública, permitiendo que la comunidad reporte urgencias, faltas y delitos de manera directa a las instituciones de seguridad pública, salud y protección civil; y que las instancias encargadas de atenderlas lo hagan de manera rápida y efectiva.

El servicio de llamadas de urgencia a través del número 066 es un punto medular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permite la comunicación directa con las instituciones, garantizando una más rápida respuesta a la demanda de auxilio social.

Tener acceso a este servicio puede llegar a ser vital en muchas ocasiones. Los problemas sociales que enfrenta nuestro país, como la delincuencia, la violencia, el maltrato de menores y las urgencias causadas por desastres naturales, por accidentes o por la negligencia o descuido humanos, hacen imperativo que los mexicanos contemos con este número "universal" al cual podamos llamar en cualquier momento para solicitar servicios de urgencia.

Para responder de manera rápida y efectiva a cada reporte, se desplazan numerosos recursos humanos y materiales y son empleados cuantiosos recursos presupuestarios en la operación de ellos mismos. Pero el mecanismo de respuesta efectiva a las solicitudes de ayuda no reside solamente en la tecnología empleada para generarla; en gran medida, el éxito de esta respuesta se encuentra en las capacidades y actitudes de quienes laboran en las dependencias públicas para atender las urgencias.

Por ello, un esfuerzo humano y tecnológico de estas características debe contar con el apoyo de todas las autoridades y sectores de la sociedad.

No obstante esto, hasta ahora la experiencia demuestra que estamos muy lejos de alcanzar un manejo adecuado y responsable de este tipo de servicios. Los actos de los menores de edad, jóvenes y adultos haciendo llamadas para dar alarmas o avisos falsos y reportar información también falsa bloquean, desvían y afectan la operación eficiente de las dependencias en todo el país.

Desde la aparición, del sistema 066, se ha venido originando un fenómeno cada vez más preocupante: en todos los sistemas telefónicos de respuesta a urgencias del país se reciben diariamente cientos de llamadas en que se dan reportes falsos sobre supuestas urgencias.

Las estadísticas al respecto son contundentes, Por ejemplo,los servicios de ambulancia de seguridad pública o protección civil, consideran que el cincuenta por ciento de las llamadas que reciben son falsas, mientras que el Presidente de la Cruz Roja Mexicana, señaló que de las 5 millones 500 mil llamadas que se reciben anualmente en la Institución, el 70 por ciento son falsas, es decir, 3 millones 850 mil telefonemas, erogando alrededor de 3 mil quinientos pesos por la movilización de cada ambulancia.

En el estado de México, se informó el año pasado, que cada llamada falsa de alarma cuesta hasta diez y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos al erario cuando se requiere la movilización total de la fuerza de emergencia, y si sólo se moviliza una ambulancia o una patrulla, el costo es entre mil quinientos y dos mil pesos. Por hacer estas llamadas para “hacer bromas” se han bloqueado 150 números telefónicos.

En el municipio de Toluca, de las llamadas sin justificación a los números de emergencia, el 80% son para “hacer bromas” y el 20% han resultado falsas.

La Cruz Roja del estado de México, señala que las llamadas de broma se incrementan hasta en un 300% durante los períodos vacacionales, recibiendo 8 llamadas de este tipo en cada 10 que reciben, por lo que cada central recibe al mes hasta 3 mil llamadas falsas.

En el estado de Guerrero, el Subdirector de Emergencias reportó que de las llamadas que se reciben al año en los números 066 y 089, del cincuenta al sesenta por ciento resultan falsas, ejemplificando que en el mes de julio de 2012, se reportaron 145 mil 708 llamadas en los tres centros de emergencia que se encuentran en Acapulco, Iguala y Chilpancingo, de las cuales 51 mil fueron catalogadas como falsas o de broma.

En Aguascalientes, durante el mes de diciembre de 2012, se dispararon las llamadas falsas al 066, pues de las 84 mil 329 llamadas atendidas en el Servicio de Emergencia, el 80 por ciento fueron falsas alarmas. Más aún según las estadísticas del C4 Estatal hay un incremento de 14 mil 174 llamadas recibidas catalogadas como falsas en el comparativo de los meses de diciembre de los años 2011 y 2012. Pues mientras que en el mes de diciembre del año 2011 se tenía un registro de 49 mil 461 llamadas falsas, en el mes de diciembre del año 2012 se recibieron 63 mil 635 telefonemasque han sido catalogados como de broma, de niños jugando o las conocidas como mudas.

En el estado de Quintana Roo, el Coordinador de Emergencias informa que se reciben todos los días entre 1,500 y 2,000 llamadas al número de emergencias, de las que el cincuenta por ciento resultan falsas, esto es, que por cada llamada que realmente necesita de algún servicio, se está realizando otra que sólo significa un desgaste inútil de recursos humanos, materiales y económicos.

Cifras similares a éstas se repiten como patrón en todas las ciudades y municipios del país que cuentan con números telefónicos para solicitar la intervención de las autoridades de seguridad pública en beneficio de la ciudadanía.

Sin duda, tan altos porcentajes de llamadas falsas representan un significativo gasto de recursos materiales, financieros y humanos de manera inútil. La movilización de un gran número de personas y equipo para atender un reporte falso ocasiona que se dejen de atender las verdaderas urgencias, sobre todo en los lugares en que la disponibilidad de personal y recursos materiales es precaria, como acontece en la inmensa mayoría de los casos.

Estos gastos pueden variar de acuerdo con las condiciones económicas, geográficas, de infraestructura urbana y de servicios con que cuente cada municipio, estado o región del país.

Así, por ejemplo, para el administrador general de la Cruz Roja en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el mal uso de la línea de urgencias 065 ocasiona la movilización innecesaria de las ambulancias y representa un gasto de 150 pesos por servicio. El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Oaxaca indica que la movilización de elementos para atender reportes falsos al número 066 genera costos por 700 y hasta mil pesos de manera innecesaria. Por su parte, la ciudad de Aguascalientes reconoce que el municipio de la capital pierde alrededor de 500 mil pesos mensuales por la atención de llamadas falsas realizadas al servicio telefónico municipal 080, por lo que ha solicitado al Poder Legislativo de su estado reformas para aplicar castigos severos a los responsables.

Es claro que el uso irresponsable y doloso de cualquier sistema de atención a la ciudadanía ocasiona el ejercicio ineficiente de los recursos del gobierno y puede tener trágicas consecuencias. La necesidad de acudir con rapidez al lugar de un siniestro o en ayuda de cualquier persona puede generar accidentes de tránsito y crear situaciones aún más riesgosas para los elementos de seguridad pública, el personal de urgencias médicas y la ciudadanía en general.

Por esa situación, proponemos establecer una sanción en el Código Penal Federal por esta afectación al servicio público que prestan las dependencias encargadas de la seguridad pública, en el marco de los sistemas de urgencia telefónica en todo el país.

El propósito es tratar de inhibir la acción dolosa de quienes utilizan este servicio serio y profesional como una opción para hacer bromas, hacer reportes falsos o agredir verbalmente a los operadores de los distintos sistemas telefónicos.

La creación de una medida legal más contundente que las existentes hasta ahora en algunos ordenamientos como la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal o algunos bandos municipales que contienendiversas bases de justificación adicionales a las ya expresadas.

Por un lado, nuestro país necesita, de una vez por todas, desarrollar una verdadera cultura de prevención y atención de riesgos que asocie instituciones, servicios, normas y conductas para una convivencia armónica de la sociedad.

Además, aun cuando cada año se destinan cantidades significativas del Presupuesto al financiamiento conjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública para mantenerlo activo y cumplir sus objetivos, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal han disminuido considerablemente. Ante la disminución de recursos en todos los rubros del presupuesto nacional, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para garantizar el uso adecuado, racional y eficiente de los mismos.

También se justifica la presencia legal de esta conducta como tipo en el Código Penal Federal, por la jerarquía y trascendencia de los diversos ámbitos de gobierno que se vinculan en el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los órganos que lo integran.

Adicionalmente es importante destacar, que en entidades federativas como Baja California, Morelos, Puebla, Guerrero, Colima, Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Chiapas y Durango ya se encuentran reguladas y tipificadas como delito estas conductas, en sus respectivos ordenamientos penales.

En este orden de ideas, proponemos adicionar un Capítulo IX al Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, relativo a la falsedad, para establecer una sanción económica o incluso privativa de la libertad a quien realice llamadas a servicios telefónicos para reportar urgencias falsas o agredir a los operadores.

Finalmente, estamos conscientes de que la inclusión de la referida acción como delito no resolverá todos los problemas, pero nos queda claro que constituirá una señal tangible del propósito transformador de nuestra mentalidad y nuestros valores ciudadanos. De forma paralela, debemos pugnar por el establecimiento de una campaña permanente de concientización de la ciudadanía acerca de la importancia y respeto que merece un servicio como éste.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable Pleno el presente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, para sancionar conductas indebidas en contra de los sistemas de respuesta a llamadas telefónicas de urgencia.

Artículo Unico. Se adiciona el Capítulo IX, "Falsedad y uso indebido de llamadas telefónicas para movilizar los sistemas de respuesta a emergencias", al Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, creándose el artículo 252 bis para sancionar conductas indebidas en contra de los sistemas de respuesta a llamadas telefónicas de urgencia, para quedar como sigue:

Libro Segundo

...

...

Título Décimo Tercero

Falsedad

...

...

Capítulo IX

Falsedad y Uso Indebido de Llamadas Telefónicas para

Movilizar los Sistemas de Respuesta a Emergencias.

Artículo 252 bis. Se impondrán de uno a seis meses de prisión y de cincuenta a trescientos días de salario mínimo vigente de multa, a quien:

I. Por cualquier medio de comunicación realice llamadas falsas o de broma, envíe mensajes de alerta o emergencia en el mismo sentido a los centros de servicios de respuesta de llamadas telefónicas, de emergencia o equivalentes.

II. Por cualquier medio de comunicación envíe mensajes o realice llamadas a los centros de servicios de respuesta de llamadas telefónicas, de emergencia o equivalentes, para burlarse, proferir insultos o distraer al personal a cargo de los servicios.

III. Permita que desde cualquier medio de comunicación bajo su control, se envíen mensajes o se realicen llamadas telefónicas a los centros de servicios de respuesta a llamadas telefónicas, de emergencia o equivalentes, a que se refieren las fracciones anteriores.

Cuando con motivo de las conductas descritas se ocasione la movilización de elementos de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, bomberos, personal médico, agentes de corporaciones policiacas, de las fuerzas armadas o cualquier otro similar, se aumentará la pena en un tercio de la sanción prevista.

Cuando, con motivo de las conductas a que se refiere este artículo, se provoquen daños o pérdidas materiales de cualquier índole, se aplicará a los responsables de seis meses a un año de prisión y de 500 a mil días de salario mínimo vigente de multa.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 25 de abril de 2013.

(Rúbrica)

Sen. Omar Fayad Meneses".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 333, 334, 335, 336 Y 337 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, Senador de la república, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo , fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; y 169 del reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente: Iniciativa con proyecto d Decreto que reforma y adiciona los artículos 333, 334, 335, 336 y 337 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La situación que día a día viven miles de mexicanos y mexicanas que se ocupan como trabajadores domésticos no es alentadora, ya que la falta de garantías para hacer efectivos sus derechos laborales, atenta, incluso, contra su integridad física.

El trabajo doméstico tiene sus orígenes en las necesidades de atención y actividades que requiere una casa para el confort de sus habitantes; asimismo, el trabajador doméstico, históricamente, fue una persona sin derechos, generalmente esclavos que realizaban sus tareas sin más retribución que la comida y un rincón donde mal dormir.

Actualmente, estas condiciones laborales no han cambiado para este tipo de empleados: los trabajadores domésticos vienen de las comunidades más pobres de nuestro país, generalmente pertenecen a pueblos originarios, y ahora como en las épocas oscuras de la humanidad no tiene derechos ni oportunidades de cambiar o mejorar su situación económica.

Del siglo XIX a la fecha, las condiciones de marginación, discriminación y violencia que tiene que tolerar los trabajadores domésticos siguen vigentes, sus derechos se quedaron muy al margen de los avances legislativos en el reconocimiento de los derechos laborales; sin embargo, esta situación, en nuestro país en estos tiempos, resulta intolerabley es vergonzoso para una sociedad, que se dice moderna, como la nuestra, que hoy en día miles de persona; de mexicanos sean víctimas del abuso, la violencia y el menosprecio de sus derechos más elementales, como son sus derechos laborales.

Actualmente, en México es prácticamente imposible que un trabajador, del rubro que se deseé, trabaje sin un contrato de prestación de servicios, sin ser parte de un contrato colectivo de trabajo o estar afiliado a algún sindicato que defienda o ponga atención en las necesidades de bienestar que reconoce la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores mexicanos; en el caso de los trabajadores domésticos estos derechos tan básico son todavía una utopía.

Las principales violaciones de los derechos laborales de los trabajadores domésticos son los siguientes:

a). Falta de un contrato por escrito. Esto, pone en un estado de vulnerabilidad al trabajador de que se trate, ya que no hay un arreglo sobre las condiciones en las que el empleado deberá llevar a cabo las actividades que le sean encomendadas por el patrón; lo cual, es por sí mismo un acto de discriminación contra el empleado.

b). Violencia verbal o física. Las condiciones de trabajo y la convivencia diaria y cercana entre el patrón y el trabajador dan como resultado que se presenten constantes roses y abusos de parte del patrón; asimismo, la violencia sexual, principalmente contra las mujeres, es común.

c). Jornadas laborales ilegales. La Ley Federal del Trabajo establece las jornadas laborales en horas de trabajo, para los tres tipos de jornadas que reconoce, así como los criterios para la el pago de las llamadas horas extras; los empleados domésticos no tiene jornadas laborales apegadas a la Ley, ya que su disponibilidad depende única y exclusivamente de los requerimientos del patrón.

Como en las épocas de la esclavitud, hoy en día los trabajadores domésticos son sometidos a la voluntad unilateral del patrón.

d), Sueldos injustos. Aunque los servicios que prestan los trabajadores domésticos son especializados (aseo del hogar, preparación de alimentos, atención de los niños y adultos mayores, cuando los hay, de la familia, aseo y cuidado de la vestimenta de los miembros de la familia, entre otros), las retribuciones económicas que se les paga por sus servicios son pírricas y en ocasiones se les descuentan los alimentos que consumen o el espacio que se les proporciona para que descansen.

e). No se les otorga días de descanso. A cualquier trabajador, la Ley le reconoce el derecho a disfrutar de días de descanso; sin embargo, los trabajadores domésticos no siempre pueden salir del hogar en el que prestan sus servicios ya que sus días de asueto están sujetos a la dinámica y a las actividades de la familia con la que trabajan.

f). Ausencia de prestaciones salariales. Actualmente los empleados domésticos carecen de servicios tan básicos como el Seguro Social; y por tanto, de todo tipo de prestaciones salariales como: vacaciones, aguinaldo, servicios de salud, créditos, jubilación, entre otros.

Aunque la condición de vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores domésticos no es exclusiva de nuestro país, si es importante que en México hagamos lo necesario por cambiar las condiciones de desventaja social en que se encuentra este sector; se calcula que, actualmente, en México hay alrededor de dos millones de empleados domésticos, cifra que va en aumento gracias a la emancipación y el reconocimiento de los derechos de la mujer para integrarse a las actividades productivas.

Con una franja tan grande de mexicanos en esta condición y en atención al mandato que nuestra Carta Magna establece en el párrafo uno de su artículo primero Constitucional cuando señala que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. Debemos realizar las modificaciones a nuestro marco normativo para garantizar que los empleados domésticos también se beneficien de los derechos aborales que les son reconocidos a todas las personas que trabajan.

Lo anterior, máxime cuando nuestro país ha reconocido a los tratados internacionales como instrumentos normativos con rango equivalente a nuestra Carta Magna, incluso, en el Poder Judicial, sobre sale el criterio para la aplicación de la justicia de “considerar el instrumento más garantista y que proporcione mayor beneficio a la persona que está siendo sometida a juicio; cuando haya que elegir entre la legislación nacional y un tratado internacional”.

México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de derechos laborales, tales como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos; El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, el alcance de éste último, El Protocolo de San Salvador.

Sin embargo, hasta la fecha sigue pendiente la ratificación del Convenio de la OIT Sobre Trabajo Doméstico; el cual, reconoce simplemente al trabajo doméstico como, lo que es, trabajo. La consecuencia lógica es, pues, que siendo un trabajo requiera de la actualización de los derechos laborales para las personas que se dedican a estas actividades.

La presente Iniciativa donde se pretende reconocer el derecho de los trabajadores domésticos a los servicios de salud, un contrato por escrito, una jornada laboral justa, un salario remunerativo y digno, prestaciones salariales, créditos hipotecarios, vacaciones, días de descanso; pero sobre todo, reconocerles su calidad de personas, que lo son, que realizar un trabajo.

Con todo lo anterior, se busca disminuir los abusos y la marginación que padecen muchas de las personas que trabajan en un hogar, abusos que en algunos casos llegan a la Trata de Personas mediante la explotación laboral.

Con base en la anterior exposición de motivos, someto a la Consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 333, 334, 335, 336 y337, todos de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo Unico: Se reforman y adicionan los artículos 333, 334, 335, 336 y 337 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 333. Los trabajadores domésticos gozarán de todos y cada uno de los derechos que se reconocen en esta Ley.

En el caso de los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 334.- La retribución del trabajador doméstico comprende su pago en efectivo, los alimentos y, para el caso de los trabajadores que habitan en el hogar, la alimentación. La alimentación y la habitación correrán a cuenta del patrón y en ningún caso serán motivo de disminución de la percepción en efectivo; se considerarán parte del salario y para los efectos de esta Ley se estimarán para la integración del salario.

Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores; por ninguna causa se fijarán menores a los salarios de los trabajadores de otras actividades.

Artículo 336. Los trabajadores domésticos tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

Las partes, trabajador y empleador, podrán acordar la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.

Por ningún motivo podrán acordarse la acumulación de medios días o días de descanso para que el trabajador los disfrute como parte de sus periodos vacacionales; los cuales, serán otorgados conforme a esta Ley.

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligacionessiguientes:

I. Dar de alta al trabajador en el Seguro Social;

II. Guardar consideración al trabajador doméstico; por ningún motivo podrá infringir maltrato verbal o físico, so pena de hacerse acreedor a la sanción penal correspondiente;

III. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y

IV. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

Dado en el salón de Plenos del Senado de la República, a 25 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. José Rosas Aispuro Torres”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE MINAS

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 6o. DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

SENADOR DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 y 164, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 6O. DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 9 de agosto de 2007, al celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, en mensaje conjunto de Louise Arbour y de Rodolfo Stavenhagen, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, respectivamente, señalaron que “si bien el día Internacional de los pueblos Indígenas del Mundo es una celebración de la diversidad y riqueza de la humanidad, este día debe servir para recordarnos la continua exclusión a la que se enfrentan los pueblos indígenas”1.

La libertad de expresión y el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas constituye un binomio fundamental en materia de derechos humanos. El derecho a la comunicación, como parte integral de la libertad de expresión, puede entenderse también como un derecho colectivo esencial de los pueblos indígenas, como parte de su identidad cultural y como parte de su desarrollo.2

El Estado mexicano ha ratificado instrumentos internacionales en esta materia. Así por ejemplo tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Todas estas disposiciones obligan a nuestro país a adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales, sociales, económicas, políticas y culturales, con el fin de cumplir con el derecho a la libertad de expresión y, además, si la comunicación es un derecho humano –tal y como lo establecen los tratados internacionales- entonces los pueblos indígenas como todos los demás ciudadanos de un país deben tener acceso a los medios de comunicación.

La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2º, apartado B, fracción VI, señala que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, la federación, los Estados y los municipios, tienen la obligación de:

(…)

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen3.

Por su parte, el Artículo 16 de la Declaración de los Pueblos Indígenas señala:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

Como vemos, a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico fundamental reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para operar y administrar sus propios medios de comunicación, esta disposición lamentablemente en la práctica es letra muerta.

El uso de los medios de comunicación en el país, sobre todo la televisión y la radio –no se hable del internet, el periódico, el cine y demás-, están prácticamente restringidos a la esfera privada del país, aún en detrimento de los medios de comunicación a los que el Estado tiene derecho. Son los grandes consorcios empresariales quienes tienen en sus manos la posibilidad de uso y aprovechamiento de los medios de comunicación, y hacen de éstos un negocio muy lucrativo.

Si se analiza la actual Ley Federal de Radio y Televisión, pareciera que está hecha a modo para los particulares en detrimento de los pueblos y comunidades indígenas. De los 107 artículos que componen dicho ordenamiento, ninguno regula el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para administrar y poseer éstos instrumentos.

No es posible que la Ley Federal de Radio y Televisión, siendo una ley federal, no contenga de manera clara y a plenitud la disposición constitucional para que los pueblos indígenas tengan acceso a los medios de comunicación. Además, esta ley contraviene estándares internacionales de libertad de expresión, poniendo por encima del ejercicio de derechos los criterios económicos.

Resulta fundamental sentar las bases para la existencia digna de los medios con fines sociales en el país, pues la legislación actual permite la discrecionalidad y favorece en demasía sólo a una parte del sector lucrativo. La muestra es que únicamente existen en México trece radios comunitarias permisionadas en manos de la ciudadanía, lo cual coloca a México en uno de los últimos lugares en materia de pluralidad informativa en radio y televisión a escala mundial.4

Es necesario reconocer a los medios comunitarios y brindarles la certeza jurídica para su existencia. Los medios de comunicación indígenas y comunitarios nacieron, en parte, como una respuesta a la falta de atención que otros medios de comunicación prestaban a cuestiones de interés para las comunidades indígenas. El papel que juegan es central porque difunden información en las lenguas indígenas respectivas, y dan a conocer al resto de la sociedad mexicana las costumbres, tradiciones, educación, conocimientos y modos de vida de los pueblos indígenas.

Desde luego que hay muchas experiencias dignas de destacar donde los indígenas hacen esfuerzos maravillosos para utilizar los medios de comunicación y ponerlos al servicio de las necesidades de la comunidad. Un ejemplo de este esfuerzo es la Radio Amuzga La Palabra del Agua, que transmite en Guerrero.

No obstante, sabemos que los poderes públicos y grupos de interés, en el ámbito local y nacional, no desean que los indígenas den a conocer su propia visión de las cosas.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas en nuestro país, ha dicho lo siguiente:

En mi calidad de Relator Especial, en las visitas y misiones oficiales que he venido realizando a numerosos países del mundo en donde hay poblaciones indígenas he recibido denuncias de las comunidades contra la prensa, y se refieren a la gran prensa oficial o a los medios de comunicación electrónicos, específicamente la televisión, me dicen: “no entienden nuestra situación”, “distorsionan nuestras posiciones”, a tal grado que en algunos países aún encontramos prejuicios muy arraigados de discriminación, de racismo, de negación de los derechos de los pueblos indígenas por parte de comentaristas, reporteros, y entre personas que participan en la difusión de la información; información que es inventada, sesgada, falseada o que expresa prejuicios que tiene la sociedad o algunos grupos interesados en dar una perspectiva o una visión negativa de los pueblos indígenas. Y eso también lo tenemos en nuestro país, en algunos medios encontramos comentarios de análisis o puntos de vista que reflejan ignorancia, prejuicios, discriminación, actitudes negativas, etc.5

Sólo así se entiende que en nuestro país existan “alrededor de 179 estaciones de radio y televisión indígenas que operan sin concesión o permiso, principalmente en Oaxaca y Chiapas, mientras que en el Distrito Federal existen cuatro y en el estado de México tres”.6

En mucho ello tiene que ver con que a los medios de comunicación indígenas y al contenido que éstos transmiten, por ignorancia de otros sectores, son vistos como atrasados, arcaicos y sin sentido.

Sin embargo, olvidan que justo en esta época de transformación progresiva de las sociedades industriales en otras basadas en el saber, mediante inversiones elevadas en educación, formación, investigación y desarrollo, programas y sistemas de información, permite que el entramado de relaciones socio-culturales, desarrollen una enorme intensidad de innovación. Lo cual constituye una premisa fundamental para los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país y, en general, para la nación mexicana.

¿Por qué?, Porque “nuestra generación vive la era de las innovaciones. Ahora tenemos internet, televisión de bolsillo, teléfono celular, etc. Estas innovaciones tecnológicas rompen las barreras del tiempo y del espacio, pero al mismo tiempo establecen nuevas desigualdades para la población mayoritaria que no tiene acceso a estos nuevos servicios. Pero además, la globalización tiende a destruir un valor importante, nuestra identidad como nación”7. Elemento que necesariamente implica a nuestros pueblos y comunidades indígenas y al derecho de éstos de administrar y poseer medios de comunicación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2º, segundo párrafo, establece que la nación mexicana “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”8.

Así las cosas, a los prejuicios que imperan entorno a no dejar operar a los medios de comunicación indígena, habría que agregar que existen también restricciones jurídicas y legales al uso de los medios masivos de comunicación para los pueblos indígenas. Tal es el caso de la actual Ley Federal de Radio y Televisión.

Debe quedar bien claro, “el Estado cumple con sus obligaciones internacionales no sólo absteniéndose de realizar actos que vulneren el derecho a la libertad de expresión de las personas en lo individual o en lo colectivo, sino que, es necesario que garantice que en su territorio no se comentan violaciones al mismo y promover las acciones necesarias para que todas las personas sujetas a su jurisdicción puedan gozar y ejercer este derecho en igualdad de circunstancias”.9

Las autoridades mexicanas están obligadas a cumplir con su disposición constitucional y asegurarles a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a acceder a los medios de comunicación con plenas garantías jurídicas, pero no sólo eso; nuestro país también tiene la responsabilidad internacional en esta misma materia. El artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece el derecho a los pueblos indígenas a acceder a sus propios medios de comunicación.

El artículo 3 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, señala que los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin distinción alguna. Para ello señala que los Estados partes de dicho instrumento poseen la obligación de asegurar a estos grupos la plena igualdad de oportunidades en su respectiva legislación nacional.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas en México, ha emitido recomendaciones entorno a que no haya restricciones en la legislación y que se garantice el libre acceso a los medios de comunicación a los pueblos y comunidades indígenas.

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado a México en diversas ocasiones que armonice su legislación interna con los estándares internacionales de derechos humanos, a fin de establecer criterios democráticos y equitativos que garanticen el acceso y permanencia de los medios comunitarios.

Como vemos, el Estado mexicano estaría incurriendo en responsabilidad internacional al violar los derechos humanosde las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, que en este caso serían las indígenas, al negarles su derecho a la libertad de expresión y su derecho a poseer medios de comunicación.

No se puede suponer que con poco más de una decena de radios comunitarias oficiales es suficiente para preserva, fomentar y transmitir el legado cultural de los pueblos originarios de nuestra nación. Máxime cuando es mayor el número de emisoras operadas por y para indígenas que aún transmiten en la clandestinidad debido a que no han alcanzado el permiso del gobierno.

Por tal razón y bajo la lógica de que en la madrugada del viernes 19 de abril del 2013 se aprobó la Reforma de Telecomunicaciones, se considera prudente presentar la presente iniciativa con el objeto de que los tres niveles de gobierno tengan la obligación de establecer condiciones jurídicas, económicas y tecnológicas, que permitan a los pueblos y comunidades indígenas adquirir, operar y administrar medios de comunicación.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 6o. DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- En relación con el artículo anterior, el Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías y Departamentos de Estado, los Gobiernos de los Estados, los Ayuntamientos y los organismos públicos, promoverán la transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social, cultural y cívica.

La federación, los estados y los municipios, tienen la obligación de establecer condiciones jurídicas, económicas y tecnológicas, que permitan a los pueblos y comunidades indígenas adquirir, operar y administrar medios de comunicación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de menor o igual rango, que se oponen al presente Decreto.

Dado en el salón legislativo del Senado de la República, a 25 de abril de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.

1 Valiña Liliana. Representante Adjunta en México de la OACNUDH, en “Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas. Abrir comunicación para escuchar diferentes voces”, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos México, 9 de agosto de 2007, pp. 8.

2 Ídem.

3 Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Calleja Aleida. Vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en “Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas. Abrir comunicación para escuchar diferentes voces”, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos México, 9 de agosto de 2007, pp. 14-15.

5 Rodolfo Stavenhagen. Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, en “Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas. Abrir comunicación para escuchar diferentes voces”, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos México, 9 de agosto de 2007, pp. 12.

6 “PVEM ataca a radios comunitarias; pide se desmantelen”, SDP Noticias, 12 de agosto de 2011, disponible en http://sdpnoticias.com/nota/146855/PVEM_ataca_a_radios_comunitarias_pide_se_desmantelen

7 Stavenhagen, Rodolfo. Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, en “Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas. Abrir comunicación para escuchar diferentes voces”, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos México, 9 de agosto de 2007, pp. 13.

8 Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9 Valiña Liliana. Óp. Cit. Pp. 9.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 7o., 50 BIS, 64, 67, 68, 68 BIS 1, 69 Y 94 DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el C. Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI)

“TEOFILO TORRES CORZO, Senador de la República a la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 7o, PARRAFO PRIMERO; 50 BIS, FRACCION IV; 64; 67; 68, FRACCIONES I BIS, IV, VI Y VII; 68 BIS 1; 69; 94 FRACCIONES I, II, III, IV BIS, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, Y SE ADICIONA UNA FRACCION XIV A ESTE ULTIMO, DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 18 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, definiéndose con ella el ámbito de competencia y las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Durante sus casi 15 años de existencia, la CONDUSEF ha realizado más de 7.5 millones de acciones para lograr la protección y defensa de los derechos de los usuarios de los servicios financieros y ha buscado la equidad en las relaciones entre éstos y las instituciones financieras.

De 1999 a 2012, la CONDUSEF ha tenido incrementos sustanciales en el número de consultas, asesorías, conciliaciones y demás trámites para la atención y defensa del público usuario. Por ejemplo, en 1999 inició sus actividades atendiendo 93,160 solicitudes; diez años después llegaría a las 974,411; y al cierre de 2012, esta cifra nuevamente sería superada para alcanzar un gran total de 1, 239, 368 acciones.

Nadie puede negar que su actuar ha contribuido a preservar la seguridad jurídica de las operaciones financieras que se realizan en México y el apoyo a los usuarios. Sin embargo, ante tal volumen de acciones, es apremiante fortalecer su marco normativo, sobre todo en lo que corresponde a la revisión de tiempos de respuesta de las instituciones financieras y las multas que se producen por las acciones u omisión de las mismas.

Un gobierno eficaz, no sólo es el que atiende la totalidad de las gestiones que demanda la población, sino sobre todo, el que lo hace en el menor tiempo posible y bajo condiciones de calidad en el servicio que garantizan a la ciudadanía y los inversionistas nacionales y extranjeros “seguridad y certeza jurídicas”. Estos dos factores son analizados a nivel global para invertir, financiar y comercializar productos en cualquier país.

El México de los años 90, no es nada parecido al México que vivimos en 2013. Su sistema financiero ha cambiado exponencialmente y lo mismo ocurre con el volumen de personas que acuden diariamente a la CONDUSEF para consultas, asesorías, resolución de controversias, dictámenes, arbitraje y defensa legal gratuita. Afortunadamente, los grandes avances tecnológicos y de comunicaciones que hoy tenemos, agilizan de manera sustancial todo tipo de trámites en prácticamente cualquier rincón del país.

Las propias instituciones financieras y la CONDUSEF han dejado atrás el uso del papel, por el correo electrónico y la banca por internet; sus procesos de atención y servicio al cliente llegan a ser en tiempo real, generando mecanismos que difícilmente hubieran sido previstos por el legislador hace 15 años. Hoy la CONDUSEF y las instituciones financieras cuentan con la llamada “gestoría electrónica”, la cual ha permitido reducir el tiempo de espera e incrementar el número de personas atendidas. Sin embargo, la legislación en esta materia no ha sido actualizada y mantiene en su articulado términos procesales muy largos para la resolución de controversias, superiores a la dinámica empresarial y de servicios que exige el público usuario a las instituciones financieras.

La iniciativa que hoy presento busca hacer eficientes los tiempos para la atención del público usuario, desde el momento en que ingresa una solicitud o petición a la CONDUSEF hasta que las instituciones financieras dan respuesta ó se llega a determinado arreglo conciliatorio, así como es preciso actualizar las multas contenidas en la misma legislación para evitar que las instituciones financieras incumplan sus obligaciones y que la CONDUSEF tenga herramientas más efectivas para la debida integración de los expedientes y futuras resoluciones, en particular en aquellos casos en que dichas instituciones se nieguen a proporcionar información o a comparecer en determinados actos procesales que requieren celeridad y un cumplimiento cabal de las obligaciones y acuerdos en pro de los usuarios.

En esta materia propongo un incremento del 100 por ciento a las multas de los supuestos contenidos en el artículo 94 de la Ley. Lo anterior, ya que actualmente las instituciones financieras prefieren pagar una multa a cumplir con determinadas resoluciones de la CONDUSEF. Es decir, les es más redituable asumir el costo de una negativa de información o hacer caso omiso a una petición, que atender y cumplir lo que este órgano público indica. Hay que señalar que la CONDUSEF, en comparación con otras entidades similares que atiende actividades de los diferentes agentes económicos o comerciales, aplica multas muy bajas, por ejemplo, con las que aplica la Comisión Federal de Competencia Económica o la Procuraduría Federal del Consumidor.

Adicionalmente, se busca sancionar las “ventas atadas”, es decir, aquellas prácticas que algunas instituciones financieras realizan con el fin de condicionar el otorgamiento de créditos a la compra o adquisición de otro producto o servicio que el cliente no ha solicitado. Está comprobado que además de ser violatoria de las buenas prácticas financieras, inhibe la adquisición de créditos y merma la imagen de los bancos. Es importante detener estos usos permisivos que las instituciones financieras ocupan para solicitar al usuario la adquisición de diversos seguros o tarjetas de crédito que no requieren o no solicitaron. Este tipo prácticas deben sancionarse enérgicamente.

En cuanto a los términos procesales contenidos en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, podemos decir que son largos y superan por mucho el principio de inmediatez que todo procedimiento de conciliación exige. Por mencionar algunos: 30 días “hábiles” para que la CONDUSEF responda alguna petición (artículo 50 BIS); 10 días “hábiles” a las instituciones financieras para responder cualquier tipo de solicitud de la CONDUSEF (artículo 64); 8 días “hábiles” para correr traslado de alguna resolución (artículo 67); 20 días “hábiles” para que la CONDUSEF cite a las partes a una audiencia de conciliación (artículo 68); 10 días “hábiles” para manifestaciones de las instituciones financieras y aportación de elementos de prueba (artículo 68); y, 60 días “hábiles” para la emisión de dictámenes (artículo 68).

En cambio, nuestro Código de Comercio agiliza más este tipo de controversias al contener términos procesales muy inferiores: Correr traslado de alguna notificación o emplazamiento: 3 días (artículo 1075); una sentencia definitiva se dicta en 15 días (artículo 1077); promociones y autos se deben resolver dentro de los 3 días siguientes a su presentación (artículo 1077); sólo 8 días para recibir pruebas, confesiones, declaraciones (artículo 1079); 9 días para apelación de sentencias definitivas y 6 para sentencias interlocutorias (artículo 1079); 3 días para desahogo de incidentes (artículo 1079).

En cuanto a las notificaciones que hace referencia el artículo 7 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, propongo tomar como legislación supletoria el Código de Comercio, ya que su contenido y tratamiento del tema tiene mayor claridad y precisión y tiempos más acordes con los actos de las instituciones financieras y de la naturaleza jurídica de la CONDUSEF que el Código Fiscal de la Federación. Este último, como se sabe, contiene reglas más complicadas de aplicación que son ajenas a los a los usos y prácticas del comercio.

Debemos tener claro que la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, al contener procedimientos de conciliación y de arbitraje, no puede hacer más largo y tortuoso el camino para la solución de una controversia de este tipo, ni mucho menos debe generar mayores gastos derivados de una larga espera. Por el contrario, debe ser el camino corto para solucionar las diferencias entre los usuarios y las entidades financieras.

Es importante tener presente que los tiempos que marca la actual Ley, tenían varias justificantes en 1999. Por un lado, la CONDUSEF era un órgano de reciente creación, con un número considerable de asuntos y sin el suficiente personal para ello. No contaba ni con la infraestructura tecnológica ni con los recursos necesarios para realizar sus funciones con efectividad y oportunidad. Por otro lado, los bancos estaban rediseñando sus productos y servicios ya que venían de un proceso de estatización que los acotó en lo tecnológico, calidad y diversidad de sus productos y servicios. A casi 15 años de distancia, ambos, CONDUSEF e instituciones financieras, cuentan con los soportes tecnológicos y de personal capacitado, suficientes para reducir tiempos sin sacrificar la calidad en la atención al cliente. Sabemos que una reducción de tiempos en la legislación trae como consecuencia una afectación a los estándares de operación de las instituciones, por ello, el cambio es gradual; es decir, se busca una reducción de los términos procesales a la mitad del tiempo que actualmente da la ley. Los avances tecnológicos que existen, en realidad permiten acotar más los tiempos de respuesta, sin embargo, insistimos en la búsqueda de un cambio gradual, que no afecte la operación cotidiana de las instituciones financieras y de la CONDUSEF.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 7, párrafo primero; 50 Bis, fracción IV; 64; 67; 68, fracciones I Bis, IV, VI y VII; 68 Bis 1; 69; 94 fracciones I, II, III, IV Bis, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, y se adiciona una fracción XIV a este último, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicará supletoriamente, para efectos de las notificaciones, el Código de Comercio.

[…]

Artículo 50 Bis.- Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los Usuarios. Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente:

[…]

IV. Deberá responder por escrito al Usuario dentro de un plazo que no exceda de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción de las consultas o reclamaciones, y

[…]

Artículo 64.- Las autoridades a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, deberán contestar la solicitud que les formule la Comisión Nacional en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud.

[…]

Artículo 67.- La Comisión Nacional correrá traslado a la Institución Financiera acerca de la reclamación presentada en su contra, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la misma, anexando todos los elementos que el Usuario hubiera aportado, y señalando en el mismo acto la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, con apercibimiento de sanción pecuniaria en caso de no asistir.

[…]

Artículo 68.- La Comisión Nacional, deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las siguientes reglas:

[…]

I Bis. La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la reclamación.

[…]

IV. La Comisión Nacional podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de cualquiera de las partes, la audiencia de conciliación hasta en dos ocasiones. En caso de que se suspenda la audiencia, la Comisión Nacional señalará día y hora para su reanudación, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes. La falta de presentación del informe, no podrá ser causa para suspender o diferir la audiencia referida.

[…]

VI. La Comisión Nacional cuando así lo considere o a petición del Usuario, en la audiencia de conciliación correspondiente o dentro de los cinco días hábiles anteriores a la celebración de la misma, podrá requerir información adicional a la Institución Financiera, y en su caso, diferirá la audiencia requiriendo a la Institución Financiera para que en la nueva fecha presente el informe adicional; Asimismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los hechos constitutivos de la reclamación.

VII. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, para tal efecto, el conciliador formulará propuestas de solución y procurará que la audiencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Si las partes no llegan a una conciliación, la Comisión Nacional las invitará a que, de común acuerdo, designen como árbitro para resolver su controversia a la propia Comisión Nacional o a alguno o algunos de los árbitros que ésta les proponga, quedando a elección de las mismas que el juicio arbitral sea en amigable composición o de estricto derecho. El compromiso correspondiente se hará constar en el acta que al efecto se firme ante la Comisión Nacional. En caso de no someterse al arbitraje se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda.

En el evento de que la Institución Financiera no asista a la junta de conciliación se le impondrá sanción pecuniaria en términos del artículo 94 fracciones IV y IV Bis y se emplazará a una segunda audiencia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a cinco días hábiles; en caso de no asistir a ésta se le impondrá una nueva sanción pecuniaria.

La Comisión Nacional entregará al reclamante, contra pago de su costo, copia certificada del dictamen a que se refiere el artículo 68 Bis, a efecto de que lo pueda hacer valer ante los tribunales competentes; La solicitud se hará del conocimiento de la Institución Financiera para que ésta manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos y pruebas que estime convenientes en un plazo que no excederá de cinco días hábiles.

[…]

Artículo 68 Bis 1. El dictamen que puede emitir la Comisión Nacional en términos de los artículos 68 y 68 Bis contendrá una valoración técnica y jurídica elaborada con base en la información, documentación o elementos que existan en el expediente, así como en los elementos adicionales que el organismo se hubiere allegado.

[…]

La Comisión Nacional contará con un término de treinta días hábiles para expedir el dictamen correspondiente. El servidor público que incumpla con dicha obligación, será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 69.- En el caso de que el Usuario no acuda a la audiencia de conciliación y no presente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha fijada para su celebración justificación de su inasistencia, se le tendrá por desistido de la reclamación y no podrá presentar otra ante la Comisión Nacional por los mismos hechos, debiendo levantarse acta en donde se haga constar la inasistencia del Usuario.

[…]

Artículo 94.- La Comisión Nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones:

I. Multa de 400 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que no proporcione la información que le solicite la Comisión Nacional, conforme al artículo 47 de esta Ley;

II. Multa de 400 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que no proporcione la información que le solicite la Comisión Nacional, para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 53, 58 y 92 Bis 1 de esta Ley;

III. Multa de 1000 a 4000 días de salario a la Institución Financiera que no presente:

[…]

IV Bis. Multa de 600 a 3000 días de salario, a la Institución Financiera que no comparezca a la audiencia de conciliación a que se refiere el artículo 68 de esta Ley cuando la reclamación presentada por el Usuario no refiera importe alguno.

V. Multa de 1000 a 4000 días de salario, a la Institución Financiera que no cumpla con lo dispuesto por la fracción IX del artículo 68 de esta Ley;

VI. Multa de 500 a 6000 días de salario, a la Institución Financiera:

[…]

VII. Multa de 200 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que no cumpla el laudo arbitral en el plazo establecido en el artículo 81 de esta Ley;

VIII. Multa de 1000 a 4000 días de salario, a la Institución Financiera que no cumpla con lo previsto en el artículo 50 Bis de esta Ley; y

[…]

XI. Multa de 1000 a 4000 días de salario, a la Institución Financiera que cobre cualquier comisión que no se haya reportado a la Comisión Nacional para su inserción en la Base de Datos de las Comisiones que cobren las Instituciones Financieras, prevista en esta Ley.

XII. Multa de 500 a 4000 días de salario, a la Institución Financiera que envíe directamente o por interpósita persona cualesquiera publicidad relativa a los productos y servicios que ofrezcan las mismas Instituciones Financieras a aquellos Usuarios que expresamente hayan solicitado que no se les envíe dicha publicidad, que asimismo hayan pedido no ser molestados en su domicilio, lugar de trabajo, dirección electrónica o por cualquier otro medio, para ofrecerles bienes, productos o servicios financieros o que estén inscritos en el Registro Público de Usuarios que no Deseen que su Información sea Utilizada para Fines Mercadotécnicos o Publicitarios, previsto en esta Ley.

XIII. Multa de 1000 a 4000 días de salario, a la Institución Financiera que celebre cualquier convenio por el que se prohíba o de cualquier manera se restrinja a los Usuarios celebrar operaciones o contratar con otra Institución Financiera.

XIV. Multa de 2000 a 5000 días de salario, a la Institución Financiera que condicione el otorgamiento de un crédito a la adquisición o contratación de otro producto o servicio que el cliente no haya solicitado.

[...]

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Teófilo Torres Corzo”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION XXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los CC. Senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Javier Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Los suscritos, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO y ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, Senadores de la República del Congreso General de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 3, 169 numeral 1, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente, por su digno conducto, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION XXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Lo anterior,al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 4º tercer párrafo establece que el Estado Mexicano debe garantizar el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; mientras que el artículo 27 fracción XX considera de interés público la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización y que el desarrollo rural integral y sustentable tiene como fin que el Estado Mexicano garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos, ambos bajo el Titulo PrimeroCapitulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Implícitas en sus disposiciones legales, el derecho a la alimentación lo encontramos en la Ley de Desarrollo Social, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Salud y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Incluso en esta última tenemos un Capítulo XVI, denominado “De la Seguridad y Soberanía Alimentaria”, y establece que el Estado debe procurar el abasto de alimentos y productos básicos estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional.

Sin embargo, ninguna de las anteriores legislaciones establece mecanismos para garantizar el derecho a la alimentación ni su exigibilidad al Estado Mexicano, que le corresponde garantizarlo, sino que regulan las facultades de los órganos de gobierno para diseñar políticas públicas, de ahí la necesidad e importancia de la presente reforma constitucional, que de aprobarse por ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estaremos en condiciones de estructurar la Legislación Reglamentaria en este Derecho Humano para todos, pero de urgencia para millones de mexicanas y mexicanos con carencia alimentaria;

El 22 de enero de 2012, Ejecutivo Federal publicó, en el diario oficial de la federación, el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, cuya coordinación corresponde a la Secretaria de Desarrollo Social con la concurrenciade las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las agrupaciones civiles y sociales, para lo cual coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social.

Es decir, la concurrencia queda a discrecionalidad de la Titular de la SEDESOL con losPresidentes Municipales, razón por la cual, cabe la posibilidad de que la incorporación y desincorporación, a veces podrá ser unilateral y otras consensuada. Del carácter discrecional y administrativo gubernamental de este Decreto, da cuenta que para este año 2013, 400de 2 547 municipios y 3 de 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal tienen la posibilidad de firmar su incorporación vía Acuerdoo Convenio.

Dado que el Derecho de toda persona a la Alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, es de rango Constitucional y Derecho Humano, acorde con Tratados Internacionales en la materia, de los que nuestro país es signatario, debemos establecer, en una ley reglamentaria las obligaciones exigibles y las competencias concurrentes para los tres órdenes de gobierno del Estado Mexicano, con el fin de que se coordinen y concurran en los planes, estrategias, prioridades, programas, acciones, supervisión, evaluaciónypresupuesto de gasto suficiente y prioritario para cumplir con el Derecho a la Alimentación para todos, y,

Para otorgarle constitucionalidad a la formulación de la Ley Reglamentaria del Derecho Humano Constitucional a la Alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad para toda persona, se requiere de unaadición a las facultades del Congreso de la Unión para expedirla; y establecer la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, así como las reglas de participación del sector social y privado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Constituyente Permanente la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO. Se ADICIONA la fracción XXIX-R Al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-Q. …

XXIX-R. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de derecho a la alimentación. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado.

XXX. … “

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses de la publicación de este Decreto, expedirá la Ley General a la que el mismo se refiere.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Ernesto J. Cordero Arroyo”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE UN DERECHO MINERO AL VALOR DE LA PRODUCCION

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CODIGO UNICO DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 5o. DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción IX al artículo 5 de la Ley General de Asentamientos Humanos, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La movilidad urbana es un elemento indispensable para una calidad de vida digna de toda persona equiparado a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social y medio ambiente sano.

Ello no implica el que el Estado se concrete y focalice a la planeación, inversión y desarrollo de infraestructura vial para el uso del automóvil, pues éste no es el único medio de transporte. Por el contrario, el abuso en el uso del automóvil ha creado una fractura social y ambiental sin precedentes.

Lo deseable es que una ciudad pueda ofrecer a sus habitantes la posibilidad de contar con múltiples alternativas de transporte, cada una adecuada al tipo de desplazamiento que se requiera, facilitando lo que se ha denominado como un estilo de vida intermodal.

Lamentablemente, se ha apostado tanto al automóvil al grado de relegar al ciclista y al peatón, sin que esa postura haya sido la solución a la movilidad urbana y ahora se sufren esas consecuencias, no obstante los beneficios que ofrecen otros medios de locomoción. Al grado de que el esquema de desarrollo centrado en el automóvil reduce la oportunidad de que los mexicanos disfruten plenamente de su tiempo, dinero y salud, lo que hace necesario voltear a ver otros diseños de movilidad y desarrollo urbano.

Además, de que la movilidad no constituye un asunto aislado, pues está íntimamente relacionado con los temas de salud, económicos, medioambientales, energéticos, sociales y del espacio público, por mencionar algunos.

Esto fortalece la conclusión que indica la urgente necesidad de promover alternativas de transporte más eficientes, económicas y en general, sostenibles para enfrentar una problemática urbana bastante compleja; entre las cuales, es de resaltar el uso de la bicicleta, no en su acepción recreativa, sino como un medio de transporte.

Las ventajas y beneficios que ofrece la bicicleta frente a otros modos de desplazamiento, sobre todo si se compara con el automóvil, son entre otras, las siguientes:

Podemos hablar de beneficios personales

1.- El uso de la bicicleta implica un ejercicio físico saludable, proporcionando una gran protección no sólo ante las enfermedades cardiovasculares, sino también ante las enfermedades del aparato respiratorio y otras asociadas a la obesidad.

2.- La bicicleta es el medio de transporte más económico, tanto por lo que se refiere a su adquisición como a su mantenimiento y no necesita combustible. Desde el punto de vista de la economía "personal" o "familiar" las ventajas de la bicicleta frente al automóvil son evidentes:

El costo de una buena bicicleta es 30 veces inferior al de un coche de la gama media.

El uso de la bicicleta implica una disminución en la parte del presupuesto familiar dedicada al coche.

La utilización diaria de la bicicleta supone la disminución de horas de trabajo, o de desplazamiento, perdidas en embotellamientos.

Por último, también implica la reducción de los gastos en medicinas por la mejora de la salud particular gracias al ejercicio físico.

Su eficacia en cuanto a la velocidad real de desplazamiento; aunque no lo parezca es más rápida que el coche en las distancias cortas y medias (usuales en la ciudad).

Para las distancias cortas y medias de una ciudad, es decir, hasta los 5 kilómetros el tiempo empleado en bicicleta es menor que el necesitado con el automóvil. Hasta los 8 kilómetros la diferencia es tan corta que, con mucho, las otras ventajas hacen preferible el uso de la bicicleta

3.- No presenta problemas de estacionamiento; en cualquier sitio cabe una bicicleta: en una plaza de aparcamiento de un coche, más los espacios accesorios correspondientes, caben una docena de bicicletas.

4.- No provoca estrés ni agresividad; al contrario, favorece la sociabilidad y hace que cada desplazamiento sea un paseo del que se puede disfrutar de sensaciones agradables.

Pero también ofrece beneficios para la colectividad:

5.- Es un medio de transporte no contaminante (no produce gases tóxicos, ni contaminación acústica). Desde el punto de vista ecológico, no hay comparación posible. Si se toma un índice de contaminación 100 para el automóvil, la bicicleta da un índice 0.

6.- Ocupa mucho menos espacio que los automóviles tanto en su desplazamiento como en la superficie que necesita para estacionarse. Por ello ahorraría mucho dinero, incluso en infraestructuras. El automóvil es el medio de transporte más devorador de espacio. Por un espacio de 3' 5 metros de ancho, durante un periodo de una hora, pueden pasar más personas en cualquier medio de transporte diferente al coche que en él, incluida la bicicleta.

7.- Incluso desde el punto de vista del tráfico y la seguridad vial, una disminución en el número de coches que circulan por la ciudad y un aumento del uso de la bicicleta, mejoraría la fluidez del tráfico y se podrían solucionar muchos problemas de embotellamientos.

8.- La bicicleta es un medio de transporte que ha demostrado ser flexible y eficiente en la ciudad, no requiere tarifas, combustible, licencia ni registro; entre otros.

De tal suerte, que es innegable que el fomento del uso de la bicicleta es una opción en la búsqueda de soluciones a la actual crisis de movilidad, concatenada a los factores ambiental, social, económico y de salud de nuestro país. No obstante, su promoción sigue estando alineada con esfuerzos aislados y con un perfil recreativo más que como parte de una política integral de movilidad sostenible.

Por ello, es impostergable el dar un giro a los esquemas promotores del uso de la bicicleta, para consolidarse por fin como un tema importante en la agenda de gobierno.

Dentro de los pasos que ello pudiere implicar es indispensable reconocer la necesidad de un desarrollo urbano incluyente, que incorpore de manera integral en su infraestructura a los medios de transporte no motorizados.

Al tratarse de aspectos que atañen al desarrollo urbano, a la infraestructura, a la ordenación y regulación de los asentamientos humanos y al mejoramiento de los centros de población, cuya materia corresponde a la Ley General de Asentamientos Humanos de conformidad a su artículo 1; es que se considera precisamente a esta legislación como la adecuada para los reconocimientos propuestos.

“ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto:”…

…“II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;”…

La propuesta en concreto es el adicionar una fracción IX al artículo 5 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para disponer y reconocer como de utilidad pública la planeación e implementación de infraestructura que propicie la movilidad urbana y la inclusión integral de los medios de transporte no motorizados en los centros de población.

Propuesta que contiene la sugerencia de conceptos como el de “planeación”, con la finalidad de que el asunto planteado sea considerado a su vez en los planes y programas de desarrollo y de desarrollo urbano mismos; así como el de “implementación de infraestructura” en general, con la finalidad de que abarque las acepciones inherentes a una política pública, a la contemplación presupuestal, técnica y de obra para su cumplimiento.

Finalmente que al adicionarse el texto sugerido en una Ley General, por sus características propias, implicaría la concurrencia y participación de la Federación, entidades federativas y municipios.

Así, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOMEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 5º DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción IX al artículo 5º de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 5o.- Se considera de utilidad pública:

I. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

II. La ejecución de planes o programas de desarrollo urbano;

III. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;

IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población;

V. La edificación o mejoramiento de vivienda de interés social y popular;

VI. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población;

VIII. La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de los centros de población; y

IX. La planeación e implementación de infraestructura que propicie la movilidad urbana y la inclusión integral de los medios de transporte no motorizados en los centros de población.

TRANSITORIO

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 25 de abril de 2013.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PUERTOS

(Presentada por los CC. Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Salvador López Brito y Ricardo Barroso Agramont)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por los CC. Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas y Eviel Pérez Magaña)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Los suscritos, Angel Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas y Eviel Pérez Magaña, así como un grupo plural de Senadoras y Senadores integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que SE REFORMAN, el tercer párrafo del artículo 2º, artículos 3º y 4º, fracciones IV,V, VI, VII,VIII, XIII, XV y XVI del artículo 7º, primer párrafo, fracciones III, IV y V del artículo 8º, artículo 9º, fracción IV del artículo 11, fracciones I, IV, V, VII, X y XII del artículo 12, fracciones II,III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 13, fracciones XI, XII y XIII del artículo 14, artículos 29, 31, 38, 43, 48, 49, primer párrafo del artículo 50, fracciones I, III y VI, del artículo 65, fracciones I, III y V del artículo 66, las fracciones II y III y penúltimo párrafo del artículo 67, el artículo 68, los incisos d), e) y l) del artículo 70, el artículo 71 y el artículo 72; SE DEROGA el inciso b) del artículo 70; y SE ADICIONAN la fracción XIV bis del artículo 7º, fracción VIII del artículo 10, fracción V del artículo 11, fracción X del artículo 13, fracción XIV del artículo 14, un segundo párrafo al artículo 21, los artículos 29 bis y 31 bis, así como las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 33, fracciones VIII y IX del artículo 65, el cuarto párrafo a la fracción V del artículo 67 y el CAPÍTULO IX denominado “DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE”, con los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92, de la Ley General de Educación.

Planteamiento del problema

Considerando que el 10 de diciembre de 2012, el Ejecutivo Federal, sometió a consideración del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV, y la adición la fracción IX al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; misma que después de ser analizada y discutida fue aprobada el 13 y 20 de diciembre de 2012, por las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la unión, respectivamente.

Ante esa situación, en cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva del Senado de La República dio fe de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales y emitió la Declaratoria de Aprobación en la sesión ordinaria del 7 de febrero de 2013; por tal motivo, el 26 de febrero siguiente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia educativa.

Consecuentemente, y con el objeto de contribuir al desarrollo y concretización de esta reforma, el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación efectuamos el análisis de la misma y conformamos una “mesa jurídica” para construir propuestas que contribuyan al mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el Estado considerando los principios y criterios constitucionales que la guían y la obligación que tiene el

Congreso de la Unión de legislar en “un marco de inclusión y diversidad” que tome en cuenta las especificidades y características culturales y sociales de cada entidad federativa, combata cualquier tipo de discriminación, establezca canales de participación para el mejoramiento de la calidad educativa, de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia.

Concretando de esta manera la presente propuesta de iniciativa, misma que se estructura en torno a los siguientes aspectos primordiales:

a. Fines de la educación en México

En concordancia con lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone incluir en la Ley General de Educación, la promoción y respeto por la diversidad cultural, las realidades locales y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y en un marco de respeto y tolerancia incluir los contenidos regionales que retomen y promuevan la valiosa herencia cultural de nuestros pueblos originarios.

En este contexto, además de los ya previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, se propone incluir en esta última, la promoción y respeto por la diversidad cultural, las realidades locales y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en un marco de tolerancia y solidaridad que fortalezca a las comunidades de las entidades federativas, y que tome en cuenta las diferentes capacidades y promoverá los contenidos regionales que retomen la herencia cultural de los pueblos originarios

b. El criterio “diversidad cultural”

Considerando el reconocimiento de la diversidad cultural a nivel constitucional y siendo el estado de Oaxaca, referente por su rica composición étnica y lingüística a nivel nacional, se considera fundamental que sea través de la educación como se transforme la diversidad cultural en un factor de entendimiento mutuo entre los individuos, de pluralismo al interior de la sociedad y no en uno de exclusión y discriminación social.

El respeto y la valoración de la diversidad existente se constituyen como los factores principales para la consolidación de una democracia plural y participativa, que genere cohesión social y gobernabilidad para sus ciudadanos.

c. El criterio “calidad” en la educación

Como la obligación del Estado de dotar al sistema educativo de todos los medios y recursos necesarios para la mejora permanente del sistema educativo nacional, que atienda a las circunstancias personales de los educandos así como el contexto en que se desarrolla el aprendizaje.

d. Organos que integran el Sistema Educativo Nacional

Con motivo de la reforma constitucional, existe la necesidad de ampliar los órganos que integran el sistema educativo nacional, por tal motivo se debe incluir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

e. Competencias federales en materia educativa

Ante la visión del nuevo federalismo impulsado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro de un marco solidario, cooperativo y particularmente eficaz, para generar una transformación del proceso educativo

En consonancia con la idea de federalismo cooperativo propuesto por el titular del ejecutivo federal, se propone que en materia educativa se tiene que poner en marcha una visión compartida, coordinada y corresponsable del desarrollo nacional que se enriquezca con las voces de las distintas entidades federativas.

f. Competencias de las entidades federativas en materia educativa

Con esta nueva visión del federalismo se garantizará la participación efectiva de las entidades federativas en los planes y programas de estudio, así como en todos los aspectos inherentes al proceso educativo.

g. Facultades concurrentes

En el campo de la colaboración y coordinación entre la federación y los estados, se hará posible la transformación educativa del País, siempre dentro de un marco de respeto irrestricto a las facultades exclusivas de cada nivel de gobierno.

h. El Servicio Profesional Docente

Para mejorar y transformación de la educación en el país, en la formación docente debe atenderse a los contextos regionales en que se brinda el servicio educativo, de una manera en que los maestros puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.

i. Instituto Nacional de Evaluación Educativa

En el marco de nuevo federalismo descrito, debe existir de manera efectiva la participación de las entidades federativas en los procesos de evaluación a los docentes en las distintas modalidades en que ésta se presenta.

j. Participación en la determinación de los planes y programas de estudio

Se busca que el Estado promueva, fortalezca y desarrolle mecanismos de participación de padres, alumnos y organizaciones de la sociedad civil en las instancias de diseño, aplicación y fiscalización de la política y la prestación del servicio educativo.

Argumentos

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación expedida en 1993, son los principales instrumentos legales que regulan el sistema educativo y establecen los fundamentos de la educación nacional. Con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional de 26 de febrero de 2013 existe la necesidad de reformar el contenido y alcances de la Ley reglamentaria, para adecuarla a los principios y orientaciones que aquélla ha introducido.

1. Fines de la educación en México

La Constitución de la República establece los fines de la educación: el laicismo, el progreso científico, la democracia, el nacionalismo, la mejor convivencia, el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la igualdad de la persona y la integridad de la familia bajo la convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad y la igualdad de derechos.

Como una forma de desarrollar estos principios, el legislador, de acuerdo a lo establecido en la fracción XXV del artículo 73 de la Carta Magna está obligado a dictar leyes de educación que aseguren “el cumplimiento de sus fines y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad”.

Por tal motivo se propone reformar las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XV y XVI del artículo 7 de la Ley General de Educación para incluir como fines de la educación que imparta el Estado, además de los ya establecidos en la Ley, la promoción y respeto por la diversidad cultural, las realidades locales y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en un marco de tolerancia y solidaridad que fortalezca a las comunidades.

Asimismo, se propone incluir en el citado artículo que la educación será incluyente e intercultural; esto es, que tendrá en cuenta las diferentes capacidades y promoverá los contenidos regionales que retomen la herencia cultural de los pueblos originarios.

2. El criterio “diversidad cultural”

En el marco de la orientación que impone la reforma educativa se estima necesario definir la noción de “diversidad cultural” dentro del artículo 8º de la Ley General de Educación, adecuándola a la fracción II del artículo 3º de la Constitución de la República como criterio que guía y orienta la educación en el país.

La Declaración Universal de la UNESCO (2001), año sobre la diversidad cultural, afirma que el respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y entendimiento mutuos, son los mejores garantes de la paz y la seguridad internacional, estableciendo en su artículo 1°:

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.”

Y en su artículo 2°:

“…resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública”.

En el caso particular de México, el camino hacia el pleno espeto a la diversidad cultural ha sido producto de una larga lucha encabezada por los pueblos originarios, quienes han pugnado por establecer una relación con la sociedad y el Estado, basada en los principios de respeto, equidad, justicia y dignidad.

De esta manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualmente señala en su artículo 3º. -referente al derecho a la educación- que el criterio que orientará la educación que imparta el estado deberá contribuir a:

“… la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos….”

El artículo 4º constitucional, por su parte, determina que:

“…el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones…”

Además, el artículo 2° de la Carta Magna afirma la educación intercultural, promoviendo una relación basada en el respeto a las diferencias, el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional, así como el desarrollo de actitudes y prácticas que tiendan a la búsqueda de la libertad y justicia para todas y todos.

Lo anterior es de la mayor importancia sobre todo si se toma en cuenta que una de las características más destacadas de México es su composición multicultural, que en gran medida se sustenta en la variedad étnica de los pueblos que lo componen. En ese sentido, la Constitución y la Ley General de Educación establecen que la educación que imparta el Estado deberá considerar, de manera prioritaria, la índole pluricultural y multilingüística de los mexicanos.

En ese orden de ideas, la educación intercultural se presenta como un instrumento para luchar contra las desigualdades, el racismo y la discriminación, siendo su meta una mejor educación para todas y todos. Sin embargo, hay que reconocer que el verdadero reto lo constituye garantizar su eficacia y exigibilidad, pues no basta su reconocimiento en el artículo 4º de la Carta Magna, que señala el carácter pluricultural del país y establece el compromiso de la Ley para proteger y promover las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización de los pueblos indígenas.

En tales condiciones, la Ley General de Educación vigente, prevé en su artículo 7º que la enseñanza de la lengua española como lengua nacional se hará sin menoscabo de la promoción y protección del desarrollo de las lenguas indígenas. No obstante, esto resulta insuficiente considerando que Oaxaca es el Estado con la mayor diversidad étnica, lingüística y biológica de México, al contar con el valioso patrimonio cultural que significan los 16 grupos indígenas que se asientan en su territorio, a lo que se suma su extraordinaria biodiversidad reflejada en una alta heterogeneidad ambiental presente en el 69% de su territorio cubierto por bosques y selvas que cuentan con más de 12 500 especies de flora y fauna y una gran riqueza de ecosistemas.

Ello torna indispensable que la Ley General de Educación contemple conceptos tales como comunalidad -entendida como una actitud humana hacia lo común, como la forma de entender que el individuo solo puede ser entendido en el seno de una comunidad con historia pasada, presente y futura que se relaciona respetuosamente con su medio y entorno natural- y pluriculturalidad -concebida como el diálogo respetuoso entre la variedad de manifestaciones culturales que conviven en la sociedad y el territorio oaxaqueño-.

En esa tesitura, la diversidad cultural se plantea como una alternativa para superar los enfoques homogeneizantes y evitar que la formación de nuevas generaciones de ciudadanos se base en la exclusión; pero también como estrategia para transformar las relaciones entre sociedades, culturas y lenguas, desde una perspectiva de equidad que considere los valores, saberes, conocimientos, lenguas y otras expresiones culturales como recursos para transformar la práctica docente.

3. El criterio “calidad” en la educación

La presente iniciativa propone establecer, en el artículo 8º de la Ley General de Educación, el criterio de calidad, como un derecho individual y una obligación del

Estado. La Constitución señala que la educación “será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos” (artículo 3º. fracción II, inciso d) pero no establece su definición ni su relación con otros conceptos.

Se propone señalar que el criterio de calidad implica la obligación del Estado de dotar al sistema educativo de todos los medios y recursos que sean necesarios y ponerlo en relación con otras nociones, como las circunstancias personales de los educandos; el contexto en que se desarrolla el aprendizaje; el contenido de los programas educativos y materiales didácticos; la organización escolar; los métodos de enseñanza; y, los resultados. Todos estos elementos deben estar relacionados con los fines constitucionales y con las obligaciones del Estado para realizarlas.

Esta definición resulta congruente con la definición establecida en el párrafo segundo del artículo 3º de la Constitución, que dice: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

Además, la noción que se propone considera que no es lo mismo preparar para la vida adulta en un entorno rural, relativamente sencillo y estable, que en el entorno complejo y cambiante de una enorme ciudad; ni es lo mismo educar aceptando sin más el modelo actual de sociedad que considerando la posible

En el mismo sentido, el Estado debe promover el cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas, posibilitando la reflexión compartida sobre la propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado; además de incentivar la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan respetados y valorados como personas.

4. Organos que integran el sistema educativo nacional.

El artículo 10 de la Ley General de Educación, establece que el sistema educativo nacional se conforma de:

I.- Los educandos y educadores; II.- Las autoridades educativas;

III.- El Consejo Nacional Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades federativas;

IV.- Los planes, programas, métodos y materiales educativos;

V.- Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados; VI.- Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y

VII.- Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.

Dicho sistema presupone la relación de convivencia entre los alumnos y maestros, y las competencias de las autoridades educativas para establecer, entre otros, los planes y programas de estudio; el calendario escolar; la actualización de los textos gratuitos; los lineamientos generales para el uso del material educativo; la prestación de los servicios de educación; los contenidos regionales que hayan de incluirse en dichos planes y programas de estudio, así como la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de la administración escolar.

De igual manera forma parte del sistema educativo nacional, como órgano de consulta de las autoridades educativas en sus ámbitos de competencias, al Consejo Nacional Técnico de la Educación, entre cuyas funciones primordiales se encuentran las de realizar investigaciones; estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y programas de estudio; contenidos; métodos; materiales de estudio; materiales didácticos y de apoyo al proceso educativo; métodos e instrumentos de evaluación; diseño de espacios; mobiliario y equipos y, en general, de todos los elementos que integran el currículo de la educación básica y los factores que afectan la calidad de los servicios; así como los requisitos académicos de los planes y programas de estudio de los particulares.

De lo anterior, se observa que la función social educativa es una tarea que debe realizar el Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, mediante una estructura

que involucra los planes, programas y métodos educativos, la participación de los educandos, educadores, autoridades educativas, instituciones educativas del Estado y de particulares, así como las instituciones de educación superior a las que la Ley les otorga autonomía, que en su conjunto, constituyen el sistema educativo nacional.

Así, con base en la reforma del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, resulta necesario precisar en la Ley General de Educación los mecanismos y acciones necesarias que permitan a las autoridades educativas federales y locales, una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus fines; asimismo, es preciso que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación forme parte del sistema educativo nacional, ya que uno de sus objetivos es emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad.

5. Competencias federales en materia educativa

En materia educativa, el federalismo supone que las facultades y responsabilidades que derivan de la función educativa se distribuyen entre los distintos órdenes de gobierno mediante un sistema de facultades exclusivas y concurrentes que correspondan al gobierno federal y a los gobiernos de los Estados. De esta manera, se conforma un sistema de asignación de atribuciones públicas entre los diversos órdenes de gobierno que haga realidad el principio de unidad del sistema educativo nacional y atienda de mejor manera la diversidad y las necesidades locales.

De acuerdo al artículo 12 de la Ley General de Educación, la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, concentra prácticamente todo lo relativo a la política educativa, es decir, sus contenidos, planeación, programación y evaluación, esto último, hasta antes de la entrada en vigor de la reforma educativa publicada el 26 de febrero del año en curso.

En ese sentido, debe procurarse cambiar el centralismo político que impera en la materia educativa, que limita las capacidades de innovación y restringe las posibilidades de mejora de la calidad educativa.

En esta tesitura, a las atribuciones de la autoridad educativa federal previstas en el artículo 12 de la Ley General de Educación, es importante incluir la obligación de considerar las opiniones de los maestros y padres de familia, así como de los demás sectores sociales involucrados en la educación, con la finalidad de determinar los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal, en estricto apego al sentido de la reforma constitucional.

Para ello, se propone que dichas atribuciones no sean solo competencias de la Federación, sino atribuciones coincidentes, en las cuales se permita la participación de todos los sectores involucrados en materia.

También se considera importante reformar el contenido de la fracción VII del artículo 12 de la Ley en comento, para eliminar la facultad de la autoridad educativa federal de realizar, en forma periódica y sistemática, exámenes de evaluación para certificar que las y los educadores y autoridades educativas son personas aptas para relacionarse con las y los educandos.

Asimismo, se propone suprimir la segunda parte de la fracción XII del artículo citado, que establece como atribución de la Federación evaluar el sistema educativo nacional “y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar”.

Lo anterior debe efectuarse precisamente atendiendo al sentido de la citada reforma, ya que las atribuciones relacionadas con la evaluación al sistema educativo ahora corresponderán al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no a la autoridad educativa federal.

6. Competencias de las entidades federativas en materia educativa.

Con el fin de cumplir con los objetivos de la reforma educativa, esta iniciativa propone modificar para fortalecer las competencias en la materia de las autoridades locales a partir de tres consideraciones:

I. Establecer la obligación de las autoridades educativas locales de realizar procesos de consulta y consenso con los diversos sectores sociales involucrados en materia educativa, antes de proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

II. Fijar que las autoridades educativas locales podrán participar en la definición de los criterios, términos y condiciones de evaluación que se efectúen para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente.

III. Establecer que las autoridades educativas locales podrán participar en la elaboración y diseño de los componentes, procesos y resultados del sistema educativo y en la definición de los lineamientos que contengan los criterios de evaluación correspondientes.

7. Facultades concurrentes.

Las facultades concurrentes constituyen una posibilidad de que dos poderes públicos distintos puedan ejercer acciones o emitir disposiciones jurídicas sobre una misma materia. En el esquema actual, tanto la Federación como los Estados están en aptitud de emitir o expedir disposiciones sobre una misma materia, pero una vez que la Federación emita las que le corresponden, produce la inobservancia de aquéllas que sobre el mismo tema hubieren emitido las autoridades locales. En otras palabras, podría definirse a las competencias concurrentes como aquellas que pueden ser ejercidas por un nivel de gobierno, mientras el otro no decida ejercerlas. La idea esencial consiste en lo posibilidad del "desplazamiento" de un nivel de gobierno por el otro, en el ejercicio de la competencia legislativa sobre una materia determinada.

La propuesta que se presenta plantea una reconfiguración en las facultades de la Federación y los Estados en materia educativa tendientes a la concurrencia de importantes funciones que hagan realidad la colaboración y coordinación en la materia. Se propone que entre las facultades concurrentes de las autoridades educativas federal y locales (artículo 14 de la Ley General de Educación) se incluya la de llevar a cabo los concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades para el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y la media superior.

8. El Servicio Profesional Docente.

El artículo 73 fracción XXV de la Constitución de la República consagra la obligación del legislador federal de establecer y regular el servicio profesional docente. En el artículo 3º fracción III se señala que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Asimismo, se consagra que será “la ley reglamentaria” la que “fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional”. Esto se hará, sigue diciendo la Constitución, “con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.

En tal sentido, es importante destacar que la Constitución deja la regulación concreta del Servicio Profesional Docente a una Ley secundaria federal que regule de forma específica y detallada esta materia. Señala, además, que dicho servicio estará compuesto por diversos componentes: el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Destaca, en suma, que su objetivo es garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades de quienes pertenezcan a dicho servicio, siempre con pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

En virtud de la preocupación de la Constitución para diseñar un servicio profesional docente y regular los procedimientos que integren dicha carrera, en la propuesta que se presenta se adiciona un capítulo que regula de forma concreta el Servicio Profesional Docente avanzando en el desarrollo de las bases planteadas por la Constitución, estableciendo los principios que guíen la regulación del mismo, aclarando los criterios que deben orientarlo y señalando algunas definiciones sobre los conceptos y mecanismos que lo componen y que fueron introducidos por la norma básica. Todo lo anterior sin desconocer que el desarrollo de este tema tiene que hacerse en una Ley del Servicio Profesional Docente.

Se incluyen en esta propuesta definiciones claras de los mecanismos que integran el servicio docente para que sirvan de guía a la configuración que se debe hacer con más detalle en la Ley secundaria. Se insiste, por ejemplo, en la necesidad de diseñar un sistema de reconocimientos para los maestros en servicio basado en un proceso de medición y evaluación justo y adecuado que considere su contribución al mejoramiento del aprendizaje de los alumnos, se dirija a apoyarlo en lo individual, al equipo de maestros de cada escuela y a la profesión en su conjunto, y que abarque incentivos económicos y otros que muestren el aprecio que la sociedad debe a los maestros.

Es de especial importancia, dentro del servicio profesional docente, regular con precisión el tema de la profesionalización. Para la formación de los docentes, además de ser continua y permanente, debe efectuarse con estricto respeto a los contextos regionales, debe ser constante y orientado al desarrollo personal y social, como presupuesto indispensable para la transformación de los procesos educativos. Por ello, es necesario regular con precisión el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros con el objeto de fomentar e impulsar la profesionalización de la actividad docente, a que alude el artículo 20 de la Ley General de Educación para establecer que el sistema educativo debe otorgar a las maestras y a los maestros los apoyos necesarios para que puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.

9. Instituto Nacional de Evaluación Educativa

La Constitución crea, como órgano autónomo del Estado mexicano, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Esto es de gran importancia porque refleja la prioridad que tiene el derecho a la educación en México y significa que dicho Instituto no formará parte de los poderes del Estado y que tendrá independencia en la realización de sus funciones. A diferencia de la naturaleza jurídica antes de la reforma constitucional, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa no forma parte de la administración pública federal. Esto provoca que tengamos que pensar a dicho órgano de forma diferente a como se planteó anteriormente ya que su naturaleza jurídica es completamente distinta. Ello también exige que todos los que participemos en la materia educativa vigilemos la forma en que se integrará dicho órgano y ejercerá sus importantes funciones.

La presente iniciativa propone avanzar en la regulación de las funciones del Instituto de conformidad con las orientaciones que impone el diseño constitucional.

Por tanto, es indudable que la Constitución ha establecido que este órgano autónomo debe observar una estrecha relación con las entidades federativas, por lo que ha dispuesto, entre otros temas importantes, que los integrantes de su Junta de Gobierno sean electos por la Cámara de Senadores que, como se sabe, es el órgano de representación territorial de la República.

La afirmación anterior se refuerza cuando se aprecia que la Carta Magna ordena que el Instituto realice sus trabajos considerando los criterios que guían y orientan la educación en el país, entre ellos, el de diversidad cultural e igualdad social. En el mismo sentido, la fracción IX inciso c) del artículo 3º constitucional establece que las directrices que emita el Instituto deben “contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social”.

En esta virtud, esta iniciativa pretende concretar los principios de diversidad cultural e igualdad social en el ejercicio de las funciones del Instituto y eliminar cualquier riesgo de que las mismas se realicen bajo criterios homogéneos y estandarizados para todas las entidades federativas y, más aún, a todas las localidades que la conforman. Ello es así en virtud de que dicho órgano autónomo, por exigencia de la propia Constitución, al realizar sus funciones debe atender y considerar necesariamente las peculiaridades sociales, culturales y económicas de cada Estado.

En tales condiciones, habrá que construir criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación que además de permitir una valoración integral del desempeño docente, consideren la complejidad del contexto en que el ejercicio de la función educativa tiene lugar, las características sociales y culturales propias de cada pueblo, las peculiaridades socioculturales, lingüística y económicas de las regiones de México, las condiciones de los centros educativos en que los maestros desempeñan su labor, entre otras, y para ello es preciso escuchar la opinión de las autoridades educativas locales y darles intervención en la determinación y formulación de aquellos. Solo así la evaluación contribuirá a la transformación y mejora de las prácticas educativas y se hará realidad que en el proceso educativo se privilegie y favorezca la reflexión, la crítica y la autocrítica.

Por lo anterior, se propone definir en la Ley General de Educación, la función de evaluación como un proceso dialógico, ético, formativo, reflexivo, sistemático, contextualizado, permanente e integral que incluye a todo el sistema educativo nacional, los elementos del proceso de aprendizaje y las funciones que realizan quienes participan en el mismo. Asimismo, establece como su finalidad, incidir y transformar la realidad de las condiciones que rodean el acto educativo y la práctica profesional docente y de los trabajadores de la educación.

Además, en esta propuesta, se fijan los principios que deben orientar la labor del Instituto y las modalidades de evaluación que debe considerar en el ejercicio de su función. Se estima pertinente, también, reafirmar la necesaria colaboración y coordinación que debe existir en materia de evaluación entre las autoridades educativas federal y locales y establecer que los resultados obtenidos de las evaluaciones que se realicen solo tendrán como objeto transformar, para mejorar, el proceso educativo.

Los detalles de la organización y regulación del Instituto deberán desarrollarse de manera más detalladas en la Ley Orgánica respectiva, como lo ordena el artículo tercero transitorio de la reforma publicada el 26 de febrero en el Diario Oficial de la Federación.

10. Participación en la determinación de los planes y programas de estudio

Finalmente, con el objeto de establecer mecanismos de participación que hagan efectiva la facultad de las autoridades locales y el derecho de diversos sectores sociales, padres de familia y maestros de participar en la determinación de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, resulta necesario que en la Ley General de Educación se establezca la participación de padres, alumnos y organizaciones de la sociedad civil, en el diseño, gestión y fiscalización de la política educativa, así como en la gestión y fiscalización de los servicios educativos.

En este sentido, se propone que el Estado promueva, fortalezca y desarrolle mecanismos de participación de padres, alumnos y organizaciones de la sociedad civil en las instancias de diseño, aplicación y fiscalización de la política y la prestación del servicio educativo.

Fundamento legal

La fundamentación de la iniciativa corresponde a los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de Decreto

Proyecto de decreto por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

Ordenamientos a modificar

SE REFORMAN, el tercer párrafo del artículo 2º, artículos 3º y 4º, fracciones IV,V,VI, VII,VIII, XIII, XV y XVI del artículo 7º, primer párrafo, fracciones III, IV y V del artículo 8º, artículo 9º, fracción IV del artículo 11, fracciones I, IV, V, VII, X y XII del artículo 12, fracciones II,III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 13, fracciones XI, XII y XIII del artículo 14, artículos 29, 31, 38, 43, 48, 49, primer párrafo del artículo 50, fracciones I, III y VI, del artículo 65, fracciones I, III y V del artículo 66, las fracciones II y III y penúltimo párrafo del artículo 67, el artículo 68, los incisos d), e) y l) del artículo 70, el artículo 71 y el artículo 72; SE DEROGA el inciso b) del artículo 70; y SE ADICIONAN la fracción XIV bis del artículo 7º, fracción VIII del artículo 10, fracción V del artículo 11, fracción X del artículo 13, fracción XIV del artículo 14, un segundo párrafo al artículo 21, los artículos 29 bis y 31 bis, así como las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 33, fracciones VIII y IX del artículo 65, el cuarto párrafo a la fracción V del artículo 67 y el CAPÍTULO IX denominado “DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE”, con los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-…

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 7o.-…

I.- a III.-

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento y respeto a la diversidad cultural, así como de las distintas realidades locales y los derechos indígenas, con especial énfasis en la enseñanza de la pluralidad lingüística de cada región.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su lengua materna y español, en un marco de respeto, tolerancia, solidaridad, democracia, diversidad multicultural y respeto de los derechos humanos;

V.- Fomentar el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y sistema de vida, que permite a todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad;

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, de la solidaridad, la autodeterminación y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos;

VII.- Fomentar e impulsar la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;

VIII.- Fomentar e impulsar el desarrollo de las artes y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, privilegiando aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;

IX.- a XII.-

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo y de la comunalidad;

XIV.-

XIV Bis.-Promover y fomentar la lectura;

XV.- Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos;

XVI.- Realizar políticas, programas y acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I.- a II.-

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

IV.- Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos; entendiendo por calidad la transformación del proceso educativo, considerando las circunstancias y el contexto en el que se realiza el aprendizaje de los educandos. Para ello, el Estado garantizará que el sistema educativo cuente con los medios y recursos suficientes.

V.- Será incluyente e intercultural, definirá y desarrollará programas educativos de contenido regional que retome la herencia cultural de sus pueblos, así como el impulso del conocimiento y respeto como forma de vida y razón de ser de los pueblos originarios.

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación; apoyará la investigación científica y tecnológica, y fomentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 10.- …

Constituyen el sistema educativo nacional:

I.- a VII.- …

VIII.- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Artículo 11.- …

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I.- a III.-…

IV.- Autoridad evaluadora, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;

V.- El Consejo Nacional Técnico de la Educación, y los correspondientes en las entidades federativas, son órganos de consulta de las autoridades educativas en sus respectivos ámbitos de competencia.

Las funciones de estos Consejos son:

a.…

b.…

c.…

Artículo 12.-…

I.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;

II.- a III.-…

IV.- Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

V.- Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria, la secundaria y la media superior;

VI.- …

VII.- Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las funciones de evaluación que le correspondan en términos de la Ley respectiva.

VIII.- a IX.-…

X.- Regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Información y Gestión Educativa;

XI.-…

XII.- Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional;

XIII.- a XIV.-

Artículo 13.-…

I.-

II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica; para lo cual los gobiernos de las entidades federativas realizarán los procesos de consenso entre los diversos sectores sociales

involucrados en materia educativa, a fin de que sean considerados al momento de que la autoridad educativa federal determine los planes y programas de estudio señalados en la fracción I del artículo 12 de esta Ley.

III.- Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respeto al calendario fijado por la Secretaría;

IV.- Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica y media superior, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine;

V.-…

VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;

VII.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Estatal de Información y Gestión Educativa coordinado con el Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa;

VIII.- Intervenir en los términos que fije la Ley respectiva, en la definición de los criterios, términos y condiciones de la evaluación, así como en la planeación, formulación y operación de los mecanismos que establezca el servicio profesional docente;

IX.- Intervenir en la elaboración y diseño de los lineamientos que contengan los criterios de evaluación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa;

X.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 14.-…

I.- a X.-

XI.- Aplicar los mecanismos que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades para el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, de conformidad con las leyes respectivas;

XII.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias;

XIII.- Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares; y,

XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 21.-…

El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.

Artículo 29.- Corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación evaluar al sistema educativo nacional.

La evaluación es un proceso dialógico, ético, formativo, reflexivo, sistemático, contextualizado, permanente e integral que incluye: el sistema educativo nacional; todos los elementos del proceso de aprendizaje y las funciones que realizan quienes participan en el mismo. Su finalidad es incidir y transformar la realidad de las condiciones que rodean el acto educativo y la práctica profesional docente y de los trabajadores de la educación.

El Instituto desarrollará sus funciones con base en los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, idoneidad, integralidad, participación, equidad, diversidad cultural e inclusión.

El Instituto considerará en el desarrollo de su función evaluadora, entre otras, las siguientes modalidades: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y metaevaluación.

Artículo 29 bis.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes funciones:

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema. Para la realización de dichos indicadores, el Instituto deberá tomar en cuenta, las diversas circunstancias económicas, sociales y culturales, entre otras, de cada entidad federativa, así como darle intervención a las autoridades educativas locales para proponer criterios técnicos en la materia.

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden. Dichos lineamientos y los instrumentos derivados de los mismos se realizarán de forma conjunta entre las autoridades educativas federales y locales e incluirán elementos que incorporen las diferencias que existen entre los contextos locales.

Al efecto de la aplicación en los Estados de dichos instrumentos se suscribirá convenio con las autoridades educativas locales. En éste se establecerán las actividades de asesoría, apoyo y supervisión que efectuará el Instituto.

c) Generar y difundir información con carácter constructivo y propositivo y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

La Ley reglamentaria del Instituto establecerá las atribuciones de la Junta de Gobierno y las que correspondan al propio Instituto

Artículo 31. Las autoridades educativas y evaluadora socializarán dentro del marco de transparencia a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados del proceso evaluativo que se realice, así como la demás información global que permita conocer el desarrollo y los avances de la educación en cada Entidad Federativa con el fin de transformar el proceso educativo.

Artículo 31 bis.- Para el mejor cumplimiento de las funciones señaladas en esta sección, la Ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan una eficaz colaboración y coordinación entre las autoridades educativas federal y local.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa asegurará que los resultados obtenidos de las evaluaciones que realice sean utilizadas con el fin de transformar el proceso educativo de manera colectiva.

Artículo 33.-…

I.- a XV.-

XVI.- Otorgarán los apoyos necesarios para que los docentes puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades;

XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria;

XVIII.- Fortalecerán la autonomía de gestión de las escuelas ante los órganos de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, adquisición de materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación de alumnos, maestros y padres de familia;

XIX.- Impulsarán la práctica de la actividad física, así como la adquisición de hábitos de higiene y cuidado del cuerpo y su salud;

XX.- Reconocerán y respetaran la diversidad cultural, religiosa y étnica, y las diferencias entre las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres;

...

Artículo 38.- La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales con base en la inclusión, pertinencia, idoneidad, interés y diversidad de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.

Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se prestará a través de servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria y media superior, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7º y 8º de esta Ley.

Para tales efectos la Secretaría considerará las intervenciones de las autoridades educativas locales, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y padres de familia; también intervendrá, en su calidad de órgano consultivo, el Consejo Nacional Técnico de la Educación, con su opinión fundada.

Las autoridades educativas locales, propondrán para consideración de la Secretaría, contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de las entidades federativas y municipios respectivos, que faciliten a los educandos la comprensión de sus orígenes históricos y de su entorno geográfico y ambiental. También intervendrá, en su carácter de órgano consultivo, el Consejo Estatal Técnico de la Educación con su opinión calificada.

La Secretaría realizará revisiones continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo para mantenerlos permanentemente actualizados, propiciando la transformación del proceso educativo, siguiendo los procedimientos señalados en los párrafos precedentes. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años.

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar y formar a los docentes respecto de su contenido y métodos.

Artículo 49.- El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad, además de los que se señalen en la presente Ley, que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en colectivo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

Además, estará sujeto a los fines y criterios dispuestos en los artículos 7º y 8º del presente ordenamiento, para lo cual se brindará capacitación al personal docente para que éste, a su vez, reflexione esta información a los educandos, así como a los padres de familia.

Artículo 50.- La evaluación de los educandos será individualizada, cuantitativa y cualitativa; comprenderá los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.

Artículo 65.-

I. Obtener inscripción en forma gratuita en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

II.-…

III.- Colaborar de manera efectiva y participativa con las autoridades escolares para la superación de los educandos y promover actividades para el mantenimiento y mejoramiento de los establecimientos educativos;

IV.- a V.-…

VI.- Conocer la formación profesional de la planta docente así como el resultado de las evaluaciones realizadas de conformidad con lo dispuesto en artículo 29 de la presente Ley, así como en la Ley de la materia;

VII.-...

VIII.- Exigir de las autoridades educativas la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos presupuestales; y,

IX.- Asistir a recibir asesoría u orientación relacionada con el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos.

Artículo 66.-

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

II.-…

III.- Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen en materia educativa;

IV.-…

V.- Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que vulneren los derechos humanos de los educandos.

Artículo 67.-

I.-

II.- Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como promover actividades para el mantenimiento y mejoramiento de los planteles, previo acuerdo de los padres de familia;

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar, previo acuerdo de los padres de familia;

IV.- a V.-

Las asociaciones de padres de familia podrán emitir opiniones en los aspectos pedagógicos y se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos.

Artículo 68.- Las autoridades educativas promoverán, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos.

Artículo 70.-

a) …

b) Se deroga;

c) …

d) La autorización de apoyos económicos o en especie para la realización de las actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;

e) La aplicación de programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

f) a k)…

l) La obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública y,

m) …

Artículo 71.- En cada entidad federativa funcionará un Consejo Estatal de Participación Social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, y organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores involucrados en la educación de la entidad federativa especialmente interesados en la materia.

Este consejo promoverá y apoyará actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; aportará elementos relativos a las particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación.

Artículo 72.- La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá, a las instancias correspondientes, políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

CAPITULO IX

DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

Artículo 86.- La Ley del Servicio Profesional Docente establecerá las bases para la estructura, organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional Docente, que será obligatorio y permanente y deberá garantizar la debida transparencia y objetividad en la evaluación de los méritos e idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. Entendiendo por idoneidad para los docentes, la formación en un saber pedagógico, multidisciplinario e investigativo que responda y atienda a la realidad social y a la transformación educativa.

Artículo 87.-La Ley del Servicio Profesional Docente garantizará la igualdad de oportunidades laborales; regulará los procesos de ingreso, promoción, profesionalización, evaluación, permanencia y reconocimiento del personal docente. Se entenderá por: a) Ingreso, la incorporación de los profesionales de la educación, con la formación requerida por cada nivel educativo, para su integración al servicio educativo. La Ley garantizará el ingreso:

I. Prioritariamente, a los docentes formados por la Federación y las entidades federativas para el desempeño de la función docente; y,

II. A los aspirantes que reúnan los requisitos como profesionales de la educación y que presenten el examen de oposición correspondiente;

a) Promoción, es el acto mediante el cual se otorga el grado inmediato superior al que se ostenta. Comprende, procedimientos de formación continua, actualización, concursos, escalafón, la aptitud, la antigüedad y capacidades para el desempeño del cargo;

b) Profesionalización, la formación inicial, continua y permanente de los docentes con estricto respeto a los contextos regionales, entendiendo el servicio profesional como un proceso de formación constante que busca el desarrollo personal y social para transformar los procesos educativos;

c) Evaluación, que constituye un proceso dialógico, ético, formativo, reflexivo, sistemático, contextualizado, permanente e integral;

d) Permanencia, es la estabilidad laboral en el servicio profesional docente. Se garantizará en términos de lo señalado por la Constitución de la República y la Ley reglamentaria correspondiente.

e) Reconocimiento, es el mecanismo por el cual se reconoce a los trabajadores de la educación, sus años de servicio, sus contribuciones al servicio educativo a la sociedad. Su objeto será otorgar los apoyos necesarios para que los docentes pueda, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades, y comprende distinciones, apoyos, estímulos, incentivos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su función, en el trabajo colectivo y por las contribuciones que realicen al proceso educativo.

Asimismo, la Ley establecerá los derechos y obligaciones de los docentes, así como los recursos procedentes para inconformarse de los resultados emitidos en los diferentes procesos del servicio profesional docente.

Artículo 88.- Los requisitos y procedimientos señalados en el artículo anterior se regularán en la Ley del Servicio Profesional Docente.

Artículo 89.- Los principios que rigen el Servicio Profesional Docente son: idoneidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, ética, crítica, participación, mérito, dialógico, colectivo, integralidad, equidad, diversidad e inclusión.

Artículo 90.- De conformidad con el artículo 20 de esta Ley, el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional Docente tendrá a su cargo diseñar e implementar planes, programas y criterios de formación permanente para los trabajadores de la educación con el objeto de atender sus diversas necesidades de formación profesional. Se deberá otorgar a los docentes la participación en los diferentes procesos educativos mediante el proceso colectivo.

Artículo 91.- El Servicio Profesional Docente estará regulado por la Ley reglamentaria que emita el órgano legislativo respetando los principios del artículo 3º constitucional y lo establecido en el presente capítulo. La Ley reglamentaria establecerá las atribuciones y los órganos administrativos que lo integren.

Artículo 92.- Las instancias responsables del Servicio Profesional Docente fomentarán la vocación por el servicio en las Instituciones Educativas para satisfacer las expectativas de formación profesional de sus integrantes

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 25 de abril de 2013.

Sen. Benjamín Robles Montoya.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Eviel Pérez Magaña.”





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el C. Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM)

"SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

El que suscribe, Senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES.

Por su ritmo de crecimiento, el turismo se ha convertido en una de las industrias más importantes del mundo. Su importancia económica radica en las divisas, empresas, inversión productiva, infraestructura, servicios y empleos que genera. En el caso de México, representa una fuente importante de recursos económicos, siendo uno de los principales países receptores de turismo a nivel mundial, gracias a su posición geográfica, infraestructura hotelera, el mosaico de culturas y la riqueza de vestigios arqueológicos con que cuenta.

Lo anterior, a razón de que México está entre los 10 destinos turísticos más importantes del mundo, debido a que este sector representa casi el 9% del Producto Interno Bruto siendo de esta forma la tercera fuente de divisas más importante, con 7.5 millones de empleos ymás de 43,000 unidades económicas participantesde las cualesel 80% son pequeñas y medianas empresas1.

México cuenta con más de 37 bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad, ocupando el primer lugar en América y el séptimo lugar mundial . Otro de nuestros principales atractivos turísticos son las ciudades coloniales, que le permiten al turista conocer nuestra historia. Contamos con 62 Pueblos Mágicos y tenemos más de 110 mil monumentos con valor histórico de los siglos XVI al XIX.

Nuestro país le ofrece al visitante más de 40 mil zonas arqueológicas, de las cuales 173 están abiertas al público y permiten conocer la grandeza de nuestros ancestros. Se pueden apreciar vestigios de grandes civilizaciones como la Maya, Azteca, Tolteca, Zapoteca, Purépecha, Olmeca y Mixteca. Además contamos con 112 museos operados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 18 museos operados por el Instituto Nacional de las Bellas Artes y otros muchos museos estatales, municipales, privados y comunitarios en los que se exhiben objetos históricos, artísticos y de uso diario.

Desde el punto de vista paisajístico las 174 áreas naturales protegidas de carácter federal, dan cuenta de una vasta riqueza natural, con inigualables paisajes, extensas costas, selvas, lagunas, cuevas, ríos, sierras que abarcan el 12.85 por ciento del territorio nacional.

Por ser un sector que genera gran movilidad, muchos países han entendido el valor de ofertar productos turísticos competitivos a nivel nacional e internacional, y una forma exitosa de hacerlo es a través de las ferias o tianguis turísticos, en las cuales autoridades y empresarios se dan cita para promocionar destinos y productos.

De acuerdo con el sexto informe de Gobierno de la Administración 2006-2012, durante el año 2010, el turismo continuó reafirmando su importancia en la economía nacional con el 8.6% del producto interno bruto, que calculado a precios constantes de 20032, equivale a 76,619 millones de dólares. De acuerdo con el porcentaje del PIB turístico en el total Nacional, México fue mayor al de países como Austria, Nicaragua y Nueva Zelanda.

Asimismo, cabe destacar que los ingresos generados en el sector entre enero y junio de 2012 fue de 6,632 millones de dólares y los egresos no superaron los 3,731 millones de dólares durante el mismo periodo, observando con ello un superávit de la balanza turística de 2,901 millones de dólares.

2011 fue un año récord para México en cuanto alingreso de turistas nacionales e internacionales, logrando captar 168.1 y 23.4 millones de visitantes respectivamente, colocando a nuestro país entre los 10 principales destinos turísticos por llegada de turistas internacionales según la Organización Mundial del Turismo3.

Como toda actividad social y económica, la turística ha evolucionado para asociarse a perfiles diferentes a la mera recreación. De este modo, han surgido opciones como el turismo de salud, de reuniones de negocios, corporativo, ecológico y educativo, entre otros, que alientan nuevas formas de competencia global y que generan ingresos importantes.

Un ejemplo lo ofrecen naciones como Estados Unidos, India y Colombia en el desarrollo del turismo de salud o Europa y Arabia en el de juegos con apuestas.

Al ser el turismo una fuente importante de ingresos para México, debemos seguir trabajando para fortalecer al sector y aprovechar nuestro potencial para ofrecer nuevas alternativas turísticas. Por ello la presente iniciativa busca incorporar en la Ley General de Turismo el turismo por nichos de mercado, con la finalidad de facultar al Ejecutivo Federal para que establezca la regulación que identifique los diferentes requerimientos de la sociedad en el Sector turístico y aproveche cabalmente su segmentación.

A razón de lo anterior, en la página electrónica de la Secretaria de Turismo en su apartado de perspectiva de género, indica como definición de nicho de mercado la siguiente:

“Un nicho de mercado es un segmento de mercado en el cual los individuos tienen características y necesidades homogéneas que no están siendo satisfechas por la oferta. Hablar de un nicho de mercado, por lo tanto, es hablar de una oportunidad que brinda la economía para desarrollar una cierta actividad comercial o productiva con elevadas posibilidades de éxito ante las condiciones del mercado.”

Ante ello, la variedad de nichos que pueden presentarse en el sector turístico dependerá de las necesidades propias del mercado nacional e internacional. Por ello es indispensable facultar al Ejecutivo Federal a realizar acciones que permitan identificar los diferentes nichos con la finalidad de incrementar la oferta turística de México.

La Ley General de Turismo, aunque no contempla el término de nicho de mercado en el sector turístico, si contempla segmentos como el de turismo sustentable, basado en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentables, que son aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente que, por sus características naturales o culturales constituyen un atractivo turístico.

Sin embargo los nichos de mercado en el turismo, van más allá del turismo sustentable ya que, como se mencionó, existen tantos nichos como el mercado lo exija, como ejemplo podemos destacar, los siguientes:

Turismo cultural: Se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico" 4

Turismo Médico: Viajes en búsqueda de servicios clínicos, ya sea por su calidad o por cuidados a un costo menor, con la finalidad de llevar a cabo un tratamiento de salud o una cirugía cosmética, y al mismo tiempo disfrutar de unas vacaciones en el lugar elegido; práctica que es demandada tanto por mujeres como por hombres.5

Turismo de lujo: buscan experiencias únicas, la mejor calidad posible. El precio es una cuestión secundaria para el viajero. Además presentan un alto grado de fidelidad, ya que acostumbran repetir el destino y alojamiento. El cliente busca exclusividad: quiere un producto a su medida.

Turismo de sol y playa: localidades costeras en las que se encuentranplayas. La mayoría del tiempo las condiciones climáticas son de tiempo soleado ytemperaturas agradables. En estas localidades suele haber gran cantidad dehotelesy actividades paraocioytiempo libre.

Ecoturismo: Destacan los parques nacionales y reservas naturales. Está vinculado a un sentido de laética ya que, más allá del disfrute del viajero,intentapromover el bienestar de las comunidades locales (receptoras delturismo) y la preservación del medio natural. El turismo ecológico también busca incentivar eldesarrollo sostenible(es decir, elcrecimientoactual que no dañe las posibilidades futuras).

Turismo deportivo y de aventura: tiene como objetivo principal practicar alguna actividad vinculada al deporte.Méxicocuenta con circuitos naturales, en casi todo el territorio, para practicar pesca deportiva, golf, carreras de aventura, triatlón, triatlón todo terreno, maratones, buceo, ciclismo, natación, vuelo extremo, turismo náutico, tenis, cinegético, surf.

Cruceros: son una fórmula de vacaciones muy completa, porque ofrecen la posibilidad de visitar varios lugares en un periodo corto de tiempo a bordo de un hotel flotante. Generalmente, son viajes programados.

Turismo de reuniones de negocios: ya sea individual o grupal, cuyo motivo de viaje está vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales con diferentes propósitos. Incluye congresos, convenciones viajes de incentivo, ferias y exposiciones.

Si bien algunos de estos tipos de turismo han sido promovidos por la Secretaría de Turismo, no han sido explotados con el interés particular que cada tema requiere. Ejemplo de ello es el Turismo Médico, que a pesar de que genera gran interés en un sector de la sociedad, sólo se realiza en Puerto Vallarta.

En razón de lo anterior, la iniciativafaculta al Ejecutivo Federal para regular la identificación de nichos económicos en el Sector Turístico y definir el término “nicho de mercado” de acuerdo con la definición que la Secretaria de Turismo presenta en su página electrónica. Para ello, adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley General de Turismo.

Aunado a lo anterior, la iniciativa busca que en la promoción turística nacional e internacional, se incluya a los nichos de mercado del sector, por lo cual se reforman los articulo 37, 38 y 39 de la misma Ley.

En otro orden de ideas, debemos considerar que desde 1975 México conformó una estrategia turística con el objeto de posicionarse entre los gustos y preferencias de viajeros internacionales a través del Tianguis Turístico de Acapulco (ahora Tianguis Turístico México), el cual resultó uno de los eventos turísticos más importantes de Latinoamérica y el séptimo lugar a nivel mundial, junto con la Feria Internacional de Turismo en Madrid (FITUR).

El objetivo del tianguis turístico es impulsar la promoción y comercialización de los destinos, productos y servicios turísticos mexicanos. Durante el evento, compradores Internacionales provenientes de más de 20 países se encuentran con prestadores de servicios turísticos mexicanos, para efectuar las citas de negocios.

A partir del año 2012, el Tianguis Turístico México empezó a celebrarse de manera itinerante en otros destinos turísticos interesados, mediante un sistema de auto postulación y valoración de las capacidades para realizar un evento de esta naturaleza.

Según la información proporcionada por la propia SECTUR, esta decisión de política pública en materia turística ha sido un acierto, toda vez que la primera edición del Tianguis Turístico México llevado a cabo en Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, generó una derrama económica de 140 millones de pesos, 18% más de lo estimado, rebasando todas las expectativas .

En este sentido, el Tianguis Turístico México resulta una fuente de ingresos importante, de captación de negocios y demanda laboral. Por ello,la iniciativa que presento, busca incluir en la Ley General de Turismo, específicamente en el Título -Cuarto denominado “De la Promoción y Fomento Turístico”, que la promoción de turismo de prioridad al establecimiento de tales tianguis .

En el mismo sentido, se busca que los tianguis turísticos no sólo sean integrales, como se han venido realizado, si no que puedan realizarse dos versiones de tianguis turísticos, uno que tenga el enfoque sistémico del turismo, y otro que se especifique como tianguis turístico de nicho de mercado, con la finalidad de promover actividades especificas para cada segmento de mercado.

Por último esta iniciativa no implica mayor impacto presupuestario para la Federación, ni la creación de programas, ya que aunado a la derrama económica que generará la promoción turística a través de los Tianguis Turísticos, se tiene contemplado realizar estas disposiciones con los programas y planes existentes en la Secretaría de Turismo y en forma particular del Consejo de Promoción Turística, así como los programas estatales.

Por los argumentos expuestos, el suscrito se permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.

ARTICULO UNICO. Se adiciona la fracción XXI del artículo 3, una fracción XII recorriendo las subsecuentes del artículo 4 y un segundo párrafo al artículo 37 y se reforman los artículos 37, 38 y 39, todos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XIX. …

XX. Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población,

XXI. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría, y

XXII. Nicho de Mercado Turístico: Segmento de mercado en el cual los individuos tienen características y necesidades homogéneas en el sector y que dan base para la diversificación de la oferta turística.

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría:

I. a XI. …

XII. Establecer la regulación que identifique los diferentes nichos de mercado en el sector turístico y promover programas específicos de promoción turística de acuerdo a ellos.

XIII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República;

Para el ejercicio de esta atribución el Ejecutivo Federal podrá signar convenios de colaboración con los Estados y el Distrito Federal en materia de registro de clasificación, verificación del cumplimiento de la regulación a que se refiere la fracción anterior, y la imposición de las sanciones a que haya lugar;

XIV. Promover y vigilar el cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos y Normas Oficiales Mexicanas que de ella deriven, en el ámbito de su competencia;

XV. Fijar e imponer, de acuerdo a esta Ley y los reglamentos correspondientes, el tipo y monto y de las sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística, y

XVI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 37. Los Estados, los Municipios y el Distrito Federal deberán coordinarse con la Secretaría para el desarrollo de las campañas de promoción turística integral y por nicho de mercado, en territorio nacional y el extranjero.

La promoción a la que se refiere el párrafo anterior dará prioridad al establecimiento de tianguis turísticos integrales y por nichos de mercado, los cuales serán realizados de manera itinerante y de forma anual en el caso del primero y semestral en el caso de los segundos. Se dará prioridad a aquellos Estados de la República que por sus características de mercado requieran mayor fuerza en el sector, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

La Secretaría presentará un diagnóstico anual sobre la evolución internacional de los nichos de mercado turístico y los programas específicos a desarrollar por segmento turístico, sobre la base de los destinos nacionales, acordes a su capacidad instalada,flujos de visitantes y vocación sectorial.

Artículo 38. La Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones en materia de promoción turística integral y por nicho de mercado, nacional e internacional, determinará las políticas que aplicará a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Consejo de Promoción Turística de México.

Artículo 39. El Consejo de Promoción se integrará por representantes de los sectores público y privado, teniendo por objeto diseñar y realizar, las estrategias de promoción turística integral y por nicho de mercado, a nivel nacional e internacional, en coordinación con la Secretaría.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaria de Turismo, para el cumplimiento del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley, tendrá un periodo de 90 días contados a partir de la publicación del presente decreto, para reformar el Reglamento de la Ley General de Turismo.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2013.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo".

1 Secretaria de Turismo, 2011 El Turismo en México. Página electrónica consultada el 15 de abril de 2013 http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/1227/1/images/CONCANACO_2011.pdf

2Sexto Informe de Labores de la Secretaria de Turismo, 2012. El cual indica que en abril del 2012 se presentaron los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM) para el periodo de 2006-2010 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), misma que fue elaborada en el marco del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo (CTEEEST) e incluye los últimos datos disponibles, utilizando la información económica en valores corrientes y a precios constantes de 2003.

3 Secretaria de Turismo 2012, Sexto Informe de Labores.

4SECTUR-CESTUR, Estudio Estratégico de Viabilidad de Turismo Cultural, 2002. Página electrónica consultada 3 de abril de 2013 http://cestur.sectur.gob.mx/pdf/estudioseinvestigacion/segmentosyproductos/productos/Estudiodeturismocultural.pdf

5 Sectur, Turismo médico, nicho de mercado en crecimiento, página consultada el 3 de abril del 2013 http://genero.sectur.gob.mx/BoletinGeneroVer13/Noticias/TurismoMedico





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO DE LA FRACCION XX DEL ARTICULO 32 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

El suscrito, Senador de la República, Félix González Canto, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El turismo es pieza fundamental para el desarrollo económico de México, aporta el 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto, es la tercera fuente de ingresos de divisas del país, genera cerca de 7.5 millones de empleos directos e indirectos, siendo una de las actividades con más alta tasa de participación de mujeres y jóvenes.

Dentro del turismo, la industria restaurantera es de la mayor relevancia, no sólo porque es una de las actividades económicas más importantes del país, sino porque además participa directamente en la difusión y conservación de la gastronomía mexicana, declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, misma que constituye un atractivo importante para los turistas que visitan nuestro país.

Es importante destacar que la industria restaurantera genera un millón trescientos mil empleos directos, y tres millones doscientos cincuenta mil empleos indirectos, por lo que este sector es el segundo mayor empleador a nivel nacional.

Así, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este sector supera en empleo al conjunto de personas ocupadas en los sectores de pesca, minería, electricidad, agua, distribución de gas por ductos, al consumidor final y construcción (en su totalidad).

Los establecimientos de preparación de alimentos y bebidas impactan en 84 ramas económicas, por lo que tienen alto valor para el desarrollo regional, social y económico; son el último eslabón en la cadena de insumos agropecuarios y de otros sectores industriales, comerciales y de servicios.

La importancia de este sector en las diversas ramas económicas se puede apreciar al señalar que de los ingresos obtenidos, los restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados(CANIRAC) reparten el 27 por ciento al pago de la nómina, el 21 por ciento a la compra de alimentos frescos, el 17 por ciento al pago de renta y servicios, el 14 por ciento a compra de insumos, el 13 por ciento a la compra de alimentos procesados y el 7 por ciento a otros costos.

En México, de conformidad con cifras obtenidas en 2010, del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen 428 mil restaurantes a nivel nacional, el 50 por ciento de ellos se encuentran concentrados en el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Michoacán y Guanajuato y generan en su conjunto ingresos anuales por $182,992 millones de pesos.

Estas unidades económicas aportan el 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, el 13 por ciento del Producto Interno Bruto Turístico y son fuente importante de empleo para las mujeres, ya que el 53.1 por ciento del personal que labora en ellas es femenino, siendo el 80 por ciento de estas mujeres jefas de familia.

Es prioritario reconocer la contribución de la industria restaurantera al desarrollo social, toda vez que es altamente generadora de empleos, caracterizándose por ofrecer oportunidades de trabajo a empleados que no requieren un alto índice de especialización, quienes encuentran dificultades para emplearse en industrias donde se requiere de determinado nivel de especialización.

Muchas familias mexicanas ven en la actividad restaurantera su modo de subsistir, es una de las principales alternativas para emprender negocios propios, por lo que el 96 por ciento del sector se encuentra integrado por micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con el INEGI el 59 por ciento de los trabajadores de restaurantes son familiares del dueño; el 53.7 por ciento de los establecimientos de alimentos y bebidas cuenta con dos empleados o menos; el 34.1 por ciento de 3 a 5 empleados; y el 12.2 por ciento tiene más de cinco empleados.

Lamentablemente, este sector productivo, ha venido sufriendo impactos negativos, desde hace algunos años, debido a la crisis económica, las medidas adoptadas para enfrentar el brote de influenza AH1N1 en 2009, el aumento de la inseguridad, la sobre regulación de sector y las reducciones a la deducibilidad de los consumos en restaurantes.

De acuerdo con información reportada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México la contribución de la industria restaurantera y de las bebidas en la generación del Producto Interno Bruto, disminuyó de 1999 a 2010, su aportación pasó del 2.8 por ciento en el año 2000 a 2.0 por ciento en el 2010. Al respecto la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentadosadvierte que en 2006 la industria creció en un 6.6 por ciento, en 2007 cayó a 4.6 por ciento, en 2008 descendió hasta el -2.6 por ciento, en 2009 a caída llegó hasta el -11.7 por ciento; en 2010 se empezó a revertir la degradación a -0.18 por ciento, en 2011 se reportó un incremento del 3.5 por ciento del PIB.

Estas caídas resultan contraproducentes para la economía nacional, dado el impacto que tiene esta industria en los demás sectores, y porque además la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentadosseñala que los restaurantes son el ramo económico en el que menos cuesta la creación de un empleo, calculándose cada uno en $5,000.00 dólares americanos.

Siendo este sector el segundo mayor empleador a nivel nacional, se hace urgente implementar medidas que ayuden a que la industria restaurantera recuperé los índices de crecimiento que tenía antes de 2007.

Una de las demandas más conocidas del sector restaurantero del país es la de incrementar en 100 por ciento la deducibilidad del Impuesto Sobre la Renta sobre los consumos facturados, el sector empresarial considera que con esta medida se espera retomar los niveles de crecimiento que anteriormente tenía la industria, y por ende generar más empleos.

Desde 2007, la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite deducir el 12.5 por ciento de los consumos en restaurantes realizados por los contribuyentes, siempre que el pago se efectúe mediante tarjetas de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Esta deducibilidad era del 25 por ciento en 2003, del 50 por ciento en 2002 y del 100 por ciento en 1989.

Las reducciones a la deducibilidad de los consumos en restaurantes que se dieron en los dos sexenios pasados, pretendían aumentar la recaudación fiscal, no obstante las reformas, el sistema tributario continúo estancado. En los últimos diez años los ingresos tributarios sólo aumentaron en 1.5 por ciento el Producto Interno Bruto; en el caso particular los ingresos por concepto de impuesto sobre la renta, desde 2002, sólo aumentaron el 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto.

En razón de lo anterior se considera que aumentar la deducibilidad de los consumos en restaurantes no dañaría la recaudación federal, sin embargo, impactaría positivamente en la economía nacional por la disminución de la elusión y evasión fiscal, así como por los empleos que se generarían.

Al incentivarse el uso de tarjetas bancarias para pagar los consumos en restaurantes se combate la informalidad y la evasión, debido a que al ser rastreables las operaciones el fisco tendrá un mayor control. Asimismo, genera el que un alto porcentaje de los establecimientos del sector restaurantero que se encuentran en la informalidad, se formalicen ya que al elevar el porcentaje de la deducibilidad un mayor número de contribuyentes solicitará factura, lo que implicará que los restaurantes cumplan con sus obligaciones fiscales, reduciéndose el número de puestos de comida informal que existen a nivel nacional.

La deducibilidad también impactará positivamente en el mercado interno, de acuerdo con el sector, la demanda interna del sector se incrementará en más del 20 por ciento. La medida fiscal aumentaría las ventas del sector en casi 40 mil millones de pesos anuales, lo que permitiría aumentar la demanda de insumos y generaría 240 mil nuevos empleos.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados ha señalado que el permitir una deducibilidad del 100 por ciento, produciría un aumento en la facturación en 16 mil millones de pesos, lo que permitiría un aumento de $2,500 millones en Impuesto al Valor Agregado y $4,400 millones en Impuesto Sobre la Renta, además de una recaudación adicional neta de $1,900 millones de pesos.

Esta iniciativa pretende elevar la deducibilidad de 12.5 por ciento en la que actualmente se encuentra, a un 50 por ciento, y esperar los resultados del ejercicio fiscal siguiente a su aprobación para analizar si se continúa elevando de manera gradual.

Sin duda mejorar el sector restaurantero y dinamizar la actividad aprovechando las oportunidades que brinda la gastronomía es prioritario para el turismo. Los restaurantes generan cuatro de cada diez empleos en el sector y es una industria que con los incentivos legales suficientes puede generar más empleos, lo que redundará en un mayor beneficio para el país.

Con estamodificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta, estaríamos dando un impulso a la industria restaurantera que se ha visto afectada desde 2009 y que no ha podido mantener un crecimiento constante.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa al tenor del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 32 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

ARTICULO UNICO: Se reforma el primer párrafo de la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 32.- …

I. - XIX. …

XX. El 50% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Tampoco serán deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.

XXI. – XXVII. …

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2014.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2013.

Sen. Félix González Canto”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN)

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DE LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Octavio Pedroza GaitAn, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción I del artículo 8, el numeral 1 del artículo 164 y por el artículo 169, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforma el Segundo Párrafo de la Fracción I del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Una de las principales características del federalismo es la repartición de competencias establecidas en la Constitución a favor de los diversos poderes y órdenes de gobierno que ésta contempla. En este andamiaje y delimitación competencial se encuentran las facultades exclusivas de la Federación y las facultades residuales, que reservan a los estados de la Federación las competencias no otorgadas expresamente a la Federación.

También están las competencias concurrentes, las cuales pueden ser ejercidas por cualquiera de los tres órdenes de gobierno y son reglamentadas por una ley general que establece la delimitación formal de las facultades de cada uno, para su ejecución. Dotando, de este modo, a estas competencias de una mayor flexibilidad, ya que la ley secundaria no necesita mayorías agravadas para su modificación. Por otra parte, existen las facultades prohibidas para los estados, las que pueden ser absolutas o relativas.

De igual forma existen las competencias implícitas, las cuales dan la posibilidad de ampliar las competencias expresamente asignadas a la Federación, siempre y cuando ésta se encuentre directamente relacionada con una explícita.

Por otro lado, se debe recordar que nuestro federalismo es diferente a muchos de los que existen actualmente en el mundo, ya que tiene la particularidad de contar con un catálogo de competencias asignadas y aseguradas expresamente al municipio por la Constitución. Situación que no sucede, por ejemplo, en el federalismo norteamericano en donde las competencias municipales se asignan en cada una de las constituciones estatales.

En cualquier sistema federal como el nuestro, con todo el andamiaje de facultades y funciones descrito, es normal que existan conflictos competenciales, derivados de la gran cantidad de leyes, reglamentos, decretos y disposiciones generales que expiden los diversos órdenes de gobierno en un estado federal.

Consciente de este problema, el sistema federal norteamericano desde su inicio tuvo claro que habría conflictos entre el gobierno de la unión y los estados que formaban parte de esta. Por esa razón, desde sus comienzos dieron a su máximo tribunal judicial la posibilidad de resolver los conflictos que se pudieran entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados.

En México, eso no lo avizoramos hasta finales del siglo XX con las reformas constitucionales de diciembre de 1994. Uno de los principales orígenes de ésta fue la imposibilidad jurídica de poder tutelar y armonizar el sistema federal mexicano por medio de un procedimiento constitucional efectivo, ya que anteriormente, el único mecanismo efectivo en la justicia constitucional mexicana era el juicio constitucional de amparo.

El juicio de amparo se establece en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que además de contemplar la protección de las garantías individuales, también regula la posibilidad del juicio de amparo por una invasión de soberanías o esferas competenciales por leyes o actos de autoridad de la Federación que vulnere o restrinja la soberanía de los estados o del Distrito Federal y, a su vez, por leyes o actos de autoridad de los estados y el Distrito Federal que restrinja o vulnere la soberanía de la Federación.1

Sin embargo, en la práctica jurídica, al momento de intentar la acción constitucional referida y hacer efectivo este procedimiento la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal se encontraron limitados por falta legitimación procesal para interponer un amparo de estas características, ya que, por su naturaleza jurídica resulta ocioso estimar que se les vulneren garantías individuales (presupuesto procesal indispensable para la procedencia del juicio de amparo), por lo que este tipo específico de amparos no proceden, aunque existe literalmente en la Constitución. La interpretación y argumentación que la SCJN dio sobre la improcedencia de este amparo fue la siguiente:

INVASION DE ESFERAS DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS Y VICEVERSA, AMPARO POR. El juicio de amparo fue establecido por el Artículo 103 constitucional, no para resguardar todo el cuerpo de la propia Constitución, sino para proteger las garantías individuales; y las fracciones II y III del precepto mencionado, deben entenderse en el sentido de que sólo puede reclamarse una ley federal, cuando invada o restrinja la soberanía de los Estados, o de éstos, si invade la esfera de autoridad federal, cuando exista un particular quejoso, que reclame la violación de garantías individuales, en un caso concreto de ejecución o con motivo de tales invasiones o restricciones de soberanía. Si el legislador constituyente hubiese querido conceder la facultad de pedir amparo para proteger cualquier violación a la Constitución, aunque no se tradujese en una lesión al interés particular, lo hubiese establecido de una manera clara, pero no fue así, pues a través de las constituciones de 1857 y 1917, y de los proyectos constitucionales y actas de reforma que las precedieron, se advierte que los legisladores, conocieron ya los diversos sistemas de control que pueden ponerse para remediar las violaciones a la Constitución, no quisieron dotar al Poder Judicial de la Federal de facultades omnímodas, para oponerse a todas las providencias inconstitucionales, por medio del juicio de amparo, sino que quisieron establecer éste, tan sólo para la protección y goce de las garantías individuales.2

De la anterior tesis de la SCJN observamos que se deja sin legitimación procesal a los tres órdenes de gobierno para acceder directamente al juicio de amparo y solamente les deja la posibilidad de una legitimación indirecta por medio de un individuo a título personal, cuando alguno de los órdenes de gobierno le vulnere a alguien sus derechos fundamentales. Sin embargo, este mecanismo se limita a otorgarle la protección de la justicia de la unión solo a quien promueve el juicio de amparo, a pesar de que la ley haya sido clasificada como contraria a la letra constitucional.

A pesar de lo anterior, la Constitución Mexicana de 1917 en su artículo 105 sí contempló un procedimiento para la resolución de conflictos competenciales entre la Federación y los estados o entre los poderes de un mismo orden jurídico. Dicho procedimiento lo confiaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la idea, la tendencia y la interpretación del constituyente de Querétaro giraron en torno a que este tipo de conflictos se dividiera en dos clases: conflictos políticos y conflictos de carácter constitucional.

La resolución de los conflictos de carácter político entre autoridades locales fue otorgada al Senado. Sin embargo, esta facultad sirvió de instrumento para justificar una gran cantidad de intervenciones del centro a las entidades federativas en detrimento de la soberanía de éstas.

En este contexto, la facultad de resolver conflictos de carácter constitucional, entre los cuales se encontraban los conflictos de competencias, fue otorgada a la SCJN. No obstante, su instrumentación fue escasa debido a la inexistencia de una ley reglamentaria.

Derivado de la presión realizada por los estados, los municipios y las diversas fuerzas políticas para lograr una mayor descentralización política, así como para proteger sus competencias, se realizaron las reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación y al artículo 105 de la CPEUM que reforma y adiciona las tres fracciones en diciembre de 1994.

Estas reformas resultan especialmente fundamentales, porque a partir de ellas la Constitución otorga expresamente legitimación a los municipios y estados para poder acudir ante la SCJN en defensa de sus competencias. De acuerdo con el actual artículo 105, fracción I de la CPEUM la SCJN tiene facultades para resolver las controversias que se suscitan entre:

• Un estado o el Distrito Federal y la Federación.

• La Federación y un municipio.

• El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal.

• Dos o más estados o el Distrito Federal.

• Un municipio y el Distrito Federal.

• Municipios de diferente estado.

• Dos órganos de gobierno de un mismo estado o el Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

• Un municipio de diferente estado y un estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

• El estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Otra consecuencia directa de la reforma de 1994 fue la creación de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1995.

No se puede negar que estas reformas, realizadas hace más de 18 años, fueron muy positivas para el fortalecimiento del federalismo, ya que por primera vez un órgano imparcial y con criterios técnicos pudo resolver los conflictos entre órdenes y órganos de poder. Sin embargo, éstas no fueron suficientes para un fortalecimiento homogéneo de las competencias municipales y estatales. Ya que el poder revisor de la Constitución no dotó, de efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de una norma por medio de las controversias constitucionales.

Lo anterior, fue producto de la concepción de que la declaración de inconstitucionalidad de una ley con efectos generales podría traducirse en el llamado gobierno de los jueces. Así también influyó la tradición decimonónica de la famosa “Fórmula Otero” que limita los efectos de las sentencias judiciales solo entre las partes, Fórmula que va en contra de las actuales tendenciasdel constitucionalismo occidental, de dotar de efectos generales las declaraciones de inconstitucionalidad. Como se observa, por ejemplo, en los países de Europa Occidental, algunos países latinoamericanos y en nuestra propia legislación, la nueva Ley de Amparo, publicada el 2 de Abril del 2013, contempla la posibilidad de dotar de efectos generales a las resoluciones que causen estado, al respecto se hace la transcripción de la exposición de motivos contenida en la iniciativa de la citada ley:

La tercera reforma constitucional importante en materia del juicio de amparo tiene que ver con los efectos de las sentencias del juicio de amparo. La reforma –constitucional del 2011- extendió la protección del amparo a las personas que incluso no hubiesen participado en el litigio en el que una norma general se hubiese declarado inconstitucional, con excepción de las normas tributarias.

En efecto, uno de los principios fundamentales sobre los cuales se encontraba construido el juicio de amparo en México hasta antes de la reforma constitucional, es el de relatividad de las sentencias de amparo. De conformidad con este principio, la sentencia que otorga el amparo se limita a amparar al quejoso sin hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la norma reclamada.

La importancia que ha tenido la vigencia del principio de relatividad para el desarrollo del juicio de amparo en nuestro país, en la actualidad consideramos carece de justificación y por lo mismo se hacía impostergable su modificación, ello en aras de garantizar el principio de supremacía constitucional y la regularidad del orden jurídico mexicano y algo igualmente importante, el principio de igualdad ante la ley, dado que en un país con serias desigualdades económicas y sociales resultaba una injusticia la permanencia de normas inconstitucionales y su obligatoriedad para la inmensa mayoría de los gobernados, solo porque no promovieron un juicio de amparo, a pesar de haber sido declaradas inconstitucionales por nuestro máximo tribunal constitucional.3

Así también, se plasma la parte conducente del artículo 107 Constitucional que, en su fracción segunda, permite la declaración general de inconstitucionalidad para efectos del juicio de amparo:

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

A diferencia de esto, en el caso de lo contenido en el artículo 105 constitucional fracción I, cuando la impugnación de una disposición general federal o estatal la realicen los municipios -en el caso de las controversias-, la sentencia no tiene efecto general sino solo entre las partes. Lo mismo sucede cuando un estado impugna disposiciones federales, con lo cual no se guarda congruencia con lo ya reformado por el constituyente permanente.

Ahora bien, en el entendido de que la figura de la Controversia Constitucional es un equivalente jurídico para los poderes y órganos de gobierno de lo que el juicio de amparo es para los particulares, por tener ambos mecanismos una función de defensa constitucional, resulta obvio que los principios que rigen a uno deben ser análogos para el otro.

A mayor abundamiento, el más alto tribunal del país, de acuerdo con la norma constitucional vigente, ha contemplado los supuestos en que una sentencia proveniente de una Controversia Constitucional tenga efectos entre las partes exclusivamente, cuando dicha controversia se fundamente en los siguientes supuestos:

• Por disposiciones generales de la Federación, impugnadas por los estados, el Distrito Federal o los municipios.

• Por disposiciones generales de los estados impugnadas por sus municipios.

• Por controversias que se susciten entre un estado y otro, así como entre un estado y el Distrito Federal.

• Por controversias entre dos municipios de distintos estado.

• Por controversias entre un municipio y el Distrito Federal.

Como se observa en la siguiente jurisprudencia:

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS EFECTOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, DEPENDEN DE LA CATEGORÍA DE LAS PARTES ACTORA Y DEMANDADA. De conformidad con el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de su ley reglamentaria, en la invalidez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegue a declarar, al menos por mayoría de ocho votos, respecto de normas generales impugnadas en una controversia constitucional, el alcance de sus efectos variarán según la relación de categorías que haya entre el ente actor y el demandado, que es el creador de la norma general impugnada. Así, los efectos serán generales hasta el punto de invalidar en forma total el ordenamiento normativo o la norma correspondiente, si la Federación demanda y obtiene la declaración de inconstitucionalidad de normas generales expedidas por un Estado, por el Distrito Federal o por un Municipio; asimismo, si un Estado demanda y obtiene la declaración de inconstitucionalidad de normas generales expedidas por un Municipio. De no darse alguno de los presupuestos antes señalados, dichos efectos, aunque generales, se limitarán a la esfera competencial de la parte actora, con obligación de la demandada de respetar esa situación; esto sucede cuando un Municipio obtiene la declaración de invalidez de disposiciones expedidas por la Federación o por un Estado; o cuando un Estado o el Distrito Federal obtienen la invalidez de una norma federal.4

Es en estos supuestos donde surge una serie de cuestiones respecto a las disposiciones sujetas a control y también sobre los efectos de la sentencia, al ser desiguales y no cumplir con la función de lograr un verdadero control constitucional y un armónico estado federal.

En primer lugar, por no incluir dentro de los supuestos de declaración de inconstitucionalidad con efectos generales, la impugnación de las disposiciones generales federales realizada por parte de los estados, del Distrito Federal y sus delegaciones y de los municipios, así como por las disposiciones generales estatales impugnados por los municipios.

Esta carencia actual impide lograr, mediante la sentencia, la desaplicación de una norma con efectos generales, ya que el resultado de esta vinculará solo a las partes de la controversia5.

Así también se rompe con el principio de igualdad jurídica, en razón de que los municipios que tengan recursos financieros, humanos y la infraestructura necesaria para interponer una controversia constitucional en contra la Federación o el estado, serán solo los municipios grandes y con mayor posibilidad económica. Dejando a los pequeños municipios sin la posibilidad de que la sentencia también les beneficie, ya que el efecto de la misma solo será entre las partes.

Lo anterior, fomenta un federalismo asimétrico, ya que habrá leyes que no se aplicarán a los estados y municipios que obtuvieron el fallo favorable de una controversia, mientras que al resto se les seguirá aplicando dicha normativa. Con lo cual, algunos estados y municipios tendrán un tratamiento privilegiado –contrario al principio de igualdad-. Así también, no se purifica el sistema normativo de las normas inconstitucionales que contaminan la relación federal y la división de poderes, ya que seguirán aplicando para quienes no interpongan la controversia constitucional.

Por otro lado, si las sentencias de las controversias constitucionales adquirieran efectos generales, esto resultaría en una carga de trabajo disminuida respecto del máximo tribunal federal. Ya que al día de hoy la SCJN resuelve un gran número de conflictos constitucionales debido a que desde la reforma de 1994 su protagonismo ha ido en aumento.

Por esta situación las resoluciones de la Corte son cada vez más tardadas, lo que afecta a la impartición de justicia para todos los integrantes del pacto federal ya que muchos estados y municipios, principalmente, declinan su derecho debido al termino de resolución del proceso de controversia constitucional, desalentando y desincentivando el reclamo de las competencias que la Constitución le asigna a cada una de las partes del estado federal mexicano.

Por todo lo anterior expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Unico. Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105. …

I. …

a) a k) …

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de la Federación, del Distrito Federal y sus delegaciones, de los Estados o de los municipios, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

II y III …

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión contará con tres meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para reformar las leyes que se requieran para la aplicación del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2013.

Sen. César Octavio Pedroza Gaitán”.

1 Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan

la esfera de competencia de la autoridad federal.

2 P.389842.389, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo LXVI, Abril de 1994, p. 2547.

3 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2012/nocionesrefconstitu/Exposici%C3%B3n%20de%20motivos%20proyecto
%20de%20nueva%20Ley%20de%20Amparo.pdf

4 [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IX, Abril de 1999; Pág. 281

5 Tesis P./J. 72/96, Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, t. IV, noviembre de 1996, p. 249: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. Cuando es promovida por un municipio, la sentencia que declara la invalidez de una norma general estatal, sólo tendrá efectos para las partes". En este mismo sentido es importante ver la Tesis P./J. 9/99, Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, t. IX, abril de 1999,establecido lo siguiente: CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS EFECTOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, DEPENDEN DE LA CATEGORÍA DE LAS PARTES ACTORA Y DEMANDADA. De conformidad con el Artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de su ley reglamentaria, en la invalidez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegue a declarar, al menos por mayoría de ocho votos, respecto de normas generales impugnadas en una controversia constitucional, el alcance de sus efectos variará según la relación de categoría que hay entre el actor y el demandado, que es el creador de la norma general impugnada. Así, los efectos serán generales hasta el punto de invalidar en forma total el ordenamiento normativo o la norma correspondiente, si la Federación demanda y obtiene la declaración de inconstitucionalidad de normas generales expedidas por un Estado, por el Distrito Federal o por un municipio; asimismo, si un Estado demanda y obtiene la declaración de inconstitucionalidad de normas generales expedidas por un municipio. De no darse alguno de los de los presupuestos antes señalados, dichos efectos, aunque generales, se limitarán a la esfera competencial de la parte actora, con la obligación de la demandada de respetar esa situación; esto sucede cuando un municipio obtiene la declaración de invalidez de disposiciones expedidas por la Federación o por un Estado; o cuando un Estado o el Distrito Federal obtiene la invalidez de una norma federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 157 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR , Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 157 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), también conocidas como enfermedades de transmisión sexual (ETS), antes enfermedades venéreas, son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio de contacto sexual que se produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales.

Sin embargo, pueden transmitirse también por uso de jeringas contaminadas o por contacto con la sangre, y algunas de ellas pueden transmitirse durante el embarazo o el parto, desde la madre al hijo.

La mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son causadas por dos tipos de gérmenes, bacterias y virus, pero algunas también son causadas por hongos y protozoarios.

Para prevenir las ETS, es fundamental conocer su existencia, los medios de transmisión, optar por una conducta sexual segura, ya sea abstenerse del contacto sexual, tener pareja única o practicar el sexo seguro y, en caso de presentar síntomas, acudir precozmente a la atención sanitaria. También es imprescindible evitar compartir jeringas (para el consumo de sustancias adictivas, por ejemplo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las tasas de incidencia de las ITS siguen siendo altas en la mayor parte del mundo, a pesar de los avances de diagnóstico y terapéuticos que pueden rápidamente hacer que los pacientes con muchas ITS se vuelvan no contagiosos y curar a la mayoría. En muchas culturas, las costumbres sexuales cambiantes y el uso del anticonceptivo oral han eliminado las restricciones sexuales tradicionales, especialmente para las mujeres y, sin embargo, tanto los profesionales de la salud como los pacientes tienen dificultades para tratar abierta y sinceramente los problemas sexuales. Adicionalmente, la difusión mundial de bacterias drogorresistentes (ej., gonococos resistentes a la penicilina) refleja el uso erróneo de antibióticos y la extensión de copias resistentes en las poblaciones móviles. El efecto de los viajes se hace más evidente con la difusión rápida del virus del sida (HIV-1) de África a Europa y al continente americano a finales de la década de 1970.[cita requerida]

Las prevalencias de ITS observadas con frecuencia en las adolescentes sexualmente activas tanto con síntomas del tracto genital bajo como sin ellos incluyen Chlamydia trachomatis (10-25%), gonorreas de Neisseria (3-18%), sífilis (0-3%), Trichomonasvaginalis (8-16%), y el virus del herpes simple (2-12%). Entre muchachos adolescentes sin síntomas de uretritis, las tasas aisladas incluyen C. trachomatis (9-11%) y gonorreas de N. (2-3%).[cita requerida]

En 1996, la OMS estimaba que más de 1 millón de personas se infectaban diariamente. Cerca del 60 por ciento de estas infecciones ocurren entre menores de 25 años, y el 30 por ciento de éstos tienen menos de 20 años. Entre los 14 y los 19 años de edad, las ITS ocurren con más frecuencia en muchachas que muchachos en una proporción casi de 2:1; esto se iguala en ambos sexos hacia los 20 años. Se estima que 340 millones de nuevos casos de sífilis, gonorrea, Chlamydia y de tricomoniasis se dieron en el mundo entero en 1999

Los preservativos o condones proporcionan protección cuando se utilizan correctamente como barrera desde/hacia el área que cubren. Las áreas descubiertas todavía son susceptibles a muchas ETS.

Los condones están diseñados, probados y manufacturados para no fallar nunca si se usan apropiadamente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO: Se modifica el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades de transmisión sexual, para quedar como sigue:

ARTICULO 157 BIS.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de abril, de 2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA

(Presentada por los CC. Senadores Carlos Mendoza Davis, Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán y José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

“Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numeral I55, fracción II, 62, 169, 172 y demás relativos del Reglamento delSenado de la República, el suscrito Senador federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, presento a consideración de esta H. Cámara de Senadores la iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia Alternativa, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente, México enfrenta una realidad económica, social y demográfica que implica un aumento, año con año, de los conflictos y disputas entre la población. Lo anterior trae consigo actitudes y reacciones violentas entre los involucrados o, en el mejor de los casos, la asistencia ante los tribunales del Estado para la resolución del conflicto, saturando así, la capacidad de gestión de los mismos.

En ese sentido, el derecho, como un sistema dinámico debe evolucionar y adaptarse a las necesidades actuales; cuestión que ha motivado el impulso de métodos que alienten a las partes involucradas en un conflicto, a resolver sus diferencias por sí mismas, de una forma pacífica y sin tener que acudir a los tribunales del Estado.

En virtud de ello, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se realizó una trascendente reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer la posibilidad de que los gobernados solucionen sus conflictos de manera autónoma, a través de mecanismos alternativos al proceso jurisdiccional seguido ante tribunales del Estado.

Específicamente, la redacción del artículo 17 constitucional quedó en el tenor siguiente: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.”

Ahora bien, los mecanismos alternativos de solución de controversias son medios diversos al procedimiento jurisdiccional, encaminados a establecer las bases necesarias para que las partes involucradas, por sí mismas o con la ayuda de uno o varios terceros neutrales, resuelvan conflictos.

Dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias se encuentran (I) la negociación, (ii) el arbitraje, (iii) la conciliación y (iv) la mediación; siendo éste último mecanismo alternativo el que se propone implementar a través de la presente iniciativa.

La mediación es un mecanismo alternativo de solución de controversias, mediante el cual un tercero neutral e imparcial, dirige las discusiones entre los participantes en conflicto, para que lleguen a una solución que satisfaga los intereses y necesidades de los participantes.

La solución de controversias a través de la mediación tiene las siguientes ventajas:

(i) Flexibilidad. A diferencia de los procedimientos jurisdiccionales, en los cuales los litigantes pueden entorpecerlos con trámites dilatorios por las formalidades propias de los juicios, la mediación es un mecanismo carente de formalismos -ya que parte de la voluntad de los mediados- que propicia la solución de conflictos de forma más natural y rápida.

(ii) Confidencialidad. La información generada por las partes durante la mediación no podrá ser divulgada.

(iii) Rapidez. En un tribunal tradicional, el procedimiento jurisdiccional en México dura en promedio 38 meses, entre recursos ordinarios, amparo y ejecución de sentencia, aunado al rezago y el volumen desmedido de causas litigiosas en los juzgados; y en la mediación resuelven el mismo conflicto en menos tiempo -ocho días en promedio- según estadísticas de los centros de justicia alternativa en Jalisco y el Distrito Federal- en la medida que son las propias partes quienes dan solución a sus diferencias.

(iv) Disminución en costos. Si bien constitucionalmente la impartición de justicia es gratuita, lo cierto es que en la práctica implica un alto costo para el justiciable toda vez que incurre en gastos tales como asesoría o patrocinio de un abogado, en su caso designación de peritos, copias y diversos egresos no comprobables, además, el considerable tiempo que toma resolver los conflictos también tiene un impacto económico; siendo que la mediación se caracteriza por el bajo costo que el propio mecanismo implica y que se reduce, en su caso, a los honorarios del mediador, tratándose de mediación privada.

(v) Participación de especialistas. En la mediación interviene como mediador un tercero imparcial y neutral, con experiencia profesional en la materia respectiva según sea el caso.

Con la implementación de la mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias se aligeraría la sobrecarga de trabajo de los tribunales y por ende, haría más eficiente la impartición de justicia y el gasto público destinado a ese rubro.

Ahora bien, cabe mencionar que actualmente 27 estados y el Distrito Federal han instituido los mecanismos alternativos de solución de controversias, a través de la expedición de la legislación en materia de justicia alternativa correspondiente, cuyo resultado ha sido satisfactorio. A la fecha de esta iniciativa (noviembre de 2012) solamente faltan Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y la Federación; en ese tenor es claro que la Federación se ha quedado atrás en este renglón y no ha cumplido con el encargo del Constituyente Permanente dado en 2008.

A manera de ejemplo, el Distrito Federal cuenta desde 2003 con el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y fue en enero de 2008 que se publicó la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

El servicio proporcionado por los mediadores adscritos al Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal es público y gratuito. Cuenta actualmente con un equipo de trabajo compuesto por once mediadores (cuatro familiares, cuatro civil-mercantil y tres penales) y cuatro orientadores especializados, todos ellos permanentemente monitoreados para garantizar la eficiencia y calidad del servicio.

Al 30 de septiembre de 2012, la cantidad de asuntos asignados al Centro de Justicia Alternativa para solucionarse a través de la mediación en materia familiar fue de 3,975. De la totalidad de los asuntos asignados 3,096 entraron a sesiones de mediación, de los cuales 2,653 concluyeron en acuerdo o convenio. Es decir, del total de asuntos asignados, en los que sí se llevó a cabo el procedimiento de mediación, el 86% concluyó satisfactoriamente con acuerdo o convenio.

En el mismo periodo, la cantidad de asuntos civiles-mercantiles asignados al referido Centro fue de 4,527. Del total de los asuntos asignados 3,334 asuntos entraron a sesiones de mediación, de los cuales 2,988 concluyeron en acuerdo o convenio. Es decir, de la totalidad de asuntos asignados, en los que sí se llevó a cabo la mediación, el 90% concluyó satisfactoriamente con acuerdo y convenio.

Aunado a lo anterior, y en un nivel nacional, los beneficios de la mediación han alcanzado al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el cual ha recurrido a dicho mecanismo alternativo con el propósito de dar solución a conflictos relacionados con la morosidad de los derechohabientes y que éstos regularicen su crédito.

Al respecto, de 2009 a octubre de 2012 el INFONAVIT ha recurrido a la mediación en 25,782 créditos respecto de los cuales los acreditados enfrentaron problemas para pagar su crédito. Con lo anterior, el INFONAVIT registró en el mes de octubre de 2012 el nivel más bajo de cartera vencida que es de 5.03%.

De la totalidad de los casos atendidos por el INFONAVIT a través de la mediación, el 85% ya realiza sus pagos al amparo del convenio derivado de la mediación, mientras que 15% restante está por formalizar.

Así, los beneficios y ventajas de la mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias resultan significativas tanto para los gobernados frente a la justicia impartida por los tribunales del Estado, como para el propio Estado en la disminución de la carga de trabajo de los tribunales, consecuentemente, se cumple la obligación del Estado de garantizar a los gobernados el acceso efectivo a la justicia y el uso racional de los recursos públicos.

Considerado lo anterior, la presente Iniciativa de Ley Federal de Justicia Alternativa pretende construir una herramienta que modifique la resolución de los conflictos presentando un mecanismo viable, legal y que en los hechos materialice el derecho de resolver conflictos de manera eficiente y efectiva; misma Iniciativa que tiene por objeto:

(i) Crear un ordenamiento que establezca las bases generales para la mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias entre particulares sobre derechos en materia civil y mercantil del ámbito federal, y

(ii) Crear el Instituto Federal de Justicia Alternativa como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, quien tendría a su cargo los procedimientos de mediación y conciliación, así como la certificación y capacitación a particulares para que prestaran servicios en la materia objeto de la ley propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador presento a consideración de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA

UNICO. Se expide la Ley Federal de Justicia Alternativa, en los siguientes términos:

LEY FEDERAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público e interés general, y tienen como propósito reglamentar el párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regular la mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias entre particulares, cuando éstas recaigan sobre las materias civil, mercantil o agraria del ámbito federal.

Artículo 2-.Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acuerdo para mediar: Acuerdo de voluntades que celebran las partes de un conflicto mediante el cual se comprometen a someter sus diferencias presentes o futuras a una mediación.

II. Acuerdo: solución que construyen los mediados para cada uno de los puntos controvertidos de un conflicto, durante el desarrollo de la mediación y con la finalidad de resolverlo satisfactoriamente. El conjunto de acuerdos forman el clausulado del convenio que aquellos suscriben.

III. Autocomposición: reglas que los propios particulares involucrados en una controversia establecen para efecto de encontrar una solución a la misma.

IV. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal.

V. Co–mediación: procedimiento complementario de la mediación, con el cual se enriquece ésta a partir de la intervención de otro u otros mediadores.

VI. Co–mediador: mediador autorizado por el Centro para asistir al mediador asignado a la atención de una determinada controversia, aportando sus experiencias, conocimientos y habilidades.

VII. Instituto: Instituto Federal de Justicia Alternativa.

VIII. Justicia Alternativa: procedimientos distintos a los jurisdiccionales para la solución de controversias entre las partes de una controversia.

IX. Ley: Ley de Federal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

X. Mediación: procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en una controversia, a las cuales se les denomina mediados, buscan y construyen una solución satisfactoria, con la asistencia de un tercero neutral e imparcial denominado mediador.

XI. Mediados: personas físicas o morales que, después de haber establecido una relación de jurídica de cualquier naturaleza, se someten a la mediación, en busca de una solución pacífica y pactada a su controversia.

XII. Mediador: especialista capacitado y registrado ante el Instituto para conducir el procedimiento de mediación e intervenir como facilitador de la comunicación y la negociación entre particulares involucrados en una controversia.

XIII. Pre–mediación: Sesión informativa previa en la que las personas interesadas son orientadas sobre las ventajas, principios y características de la mediación y para valorar si la controversia que se plantea es susceptible de ser solucionada mediante este procedimiento.

XIV. Senado. El Senado de los Estados Unidos Mexicanos.

XV. Registro: Padrón de mediadores públicos y privados certificados por el Instituto.

XVI. Re–mediación: procedimiento posterior a la mediación, que se utiliza cuando el convenio alcanzado en ésta se ha incumplido parcial o totalmente, o cuando surgen nuevas circunstancias que hacen necesario someter el asunto nuevamente a mediación.

Artículo 3.-Las actividades profesionales de mediación podrán desarrollarse por particulares o por personal del Instituto, en los términos previstos en esta Ley.

El Instituto deberá registrar y podrá capacitar, por sí o a través de terceros, a particulares para que presten servicios de medición privada, en los términos del Reglamento Interior o los convenios que para el efecto celebre con las instituciones de justicia alternativa de los Estados o el Distrito Federal. Al efecto, el Instituto podrá celebrar convenios con los institutos o centros de los Estados y el Distrito Federal a efecto de que los mediadores privados certificados por ellos sean reconocidos y registrados ante el Instituto, siempre que los procedimientos de capacitación, evaluación y refrendo de los mismos garanticen la selección de mediadores altamente capacitados tanto técnica como éticamente.

Artículo 4.-La mediación procederá en cualquier momento desde el inicio del procedimiento y hasta antes de la audiencia final de juicio, por de la voluntad mutua de las partes de someterse a ella para solucionar una controversia.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando antes o durante la tramitación del juicio, una de las partes proponga a la otra solucionar su controversia a través de la mediación y ésta lo rechace, será siempre responsable de los gastos y costas generados en el juicio dicha parte que rechazó la oferta de mediación y resultó vencida en juicio, aún desde la primera instancia. La cuantificación de las costas se realizará a razón del 10% tratándose de asuntos de cuantía determinada o determinable. En los negocios sin cuantía o de cuantía indeterminable, la cuantificación de las costas se ajustará al arancel previsto en la ley local del lugar del juicio.

En todo caso, los jueces y magistrados del orden federal podrán, dentro de los procedimientos de primera instancia, ordenar a los particulares a que acudan al Instituto para recibir orientación de cómo solucionar sus controversias a través de la mediación, para lo cual podrán suspender por un plazo máximo de 30 días los juicios, concursos o procedimientos correspondientes.

Artículo 5.-La mediación del orden federal procederá en los siguientes supuestos:

I. En materia civil, respecto a las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.

II. En materia mercantil, cuando se trate de controversias que deriven de cualquier acto de comercio en términos de las leyes mercantiles, o deriven de o tengan relación con cualquiera de las leyes especiales mercantiles.

III. En materia agraria, las controversias que conforme a la Ley tengan ese carácter.

Artículo 6.-La mediación es una vía distinta e independiente a la jurisdicción ordinaria y tiene como propósito auxiliarla, basada en la premisa de la autonomía de las partes.

Los jueces y magistrados del orden federal en materia civil o mixta deberán hacer saber a las partes la existencia de la mediación como forma alternativa de solución.

El ministerio público estará facultado para informar sobre la mediación y orientar a los particulares en cuanto a las ventajas de acudir a la misma para alcanzar una solución económica, rápida y satisfactoria a sus controversias.

Artículo 7.- El término de la prescripción y para la caducidad de la instancia se interrumpirá durante la substanciación de la mediación, hasta por un máximo de tres meses, o el tiempo que dure la mediación si las partes pactan por escrito mantenerse en ésta más de tres meses. Los términos de prescripción y caducidad de la instancia se interrumpirán desde la presentación de la solicitud de mediación ante el Instituto.

Artículo 8.-Son principios rectores de los procedimientos de mediación los siguientes:

I. Voluntariedad: La participación de las partes en la mediación y la continuación en la misma será por propia decisión libre;

II. Autonomía de las partes: Los mediados disponen de manera libre e independiente de sus derechos en la mediación;

III. Confidencialidad: La información generada por las partes durante la mediación no podrá ser divulgada ni utilizada en juicio;

IV. Flexibilidad: La mediación carecerá de toda forma rígida, ya que surge de la voluntad de los mediados;

V. Neutralidad: Los mediadores que conduzcan la mediación deberán mantener a ésta exenta de juicios, opiniones y prejuicios propios, que puedan influir en su actuación;

VI. Imparcialidad: Los mediadores que conduzcan la mediación deberán mantener a ésta libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias personales, que impliquen la concesión de ventajas a alguno de los mediados;

VII. Equidad: Los mediadores propiciarán condiciones de equilibrio entre los mediados;

VIII. Legalidad: La mediación tendrá solamente como límites la voluntad de las partes y el orden público; y

IX. Economía: El procedimiento deberá buscar la mayor eficiencia en el uso del tiempo y recursos de las partes.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Artículo 9.- Se crea el Instituto de Justicia Alternativa como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con autonomía técnica, operativa, presupuestal y académica, el cual tendrá por objeto:

I. El desarrollo y la administración eficaz y eficiente de la mediación en el ámbito federal, como método preferente y alternativo de solución de controversias;

II. Difundir, divulgar e informar al público permanentemente, a través de cualquier medio, sobre los servicios que presta y los métodos alternativos de solución de controversias, con especial énfasis en la mediación; así como de orientación a los mediados durante la substanciación de aquella;

III. La capacitación, por si o a través de terceros, de los mediadores tanto públicos como privados;

IV. La certificación, evaluación, selección, registro y monitoreo de los mediadores públicos y privados, a efecto de garantizar altos índices de competencia profesional;

V. La celebración de todo tipo de convenios con instituciones de mediación y/o de justicia alternativa de los Estados, Distrito Federal o extranjeras, así como instituciones educativas, de investigación, académicas, colegios y demás organizaciones públicas o privadas relacionadas con la administración de justicia y/o los medios alternativos de solución de controversias, con especial énfasis en la mediación;

VI. El fortalecimiento de sus funciones y la ampliación de sus metas, a partir de su experiencia y del intercambio permanente con instituciones públicas, privadas, nacionales y extranjeras;

VII. La realización de estudios sobre eficiencia y costo beneficio de las distintas formas de solucionar controversias;

VIII. La supervisión constante del servicio de los mediadores públicos y de los mediadores privados registrados y su retroalimentación oportuna, para mantenerlo dentro de niveles superiores de calidad;

IX. El apoyo en temas de mecanismos alternativos de soluciones de controversias, con especial énfasis en la mediación, al trabajo jurisdiccional de los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación;

X. El diseño y actualización de su normatividad interna, la cual será aprobada por el Consejo;

XI. La optimación de sus servicios a través de la aplicación de programas de investigación, planeación y modernización científica y tecnológica;

XII. Expedir las constancias y certificaciones propias de su objeto;

XIII. Mantener un registro de los mediadores públicos y privados en el ámbito federal, así como de los convenios de mediación celebrados ante ello; y

XIV. Cumplir con las disposiciones legales aplicables así como con las demás facultades que le atribuya expresamente esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y los acuerdos que emita el Consejo.

El Consejo expedirá el Reglamento Interior y los Manuales de Procedimientos del Instituto, así como demás normas necesarias para su debida integración, organización, sedes y funcionamiento.

Artículo 10.- El Instituto será presidido por un Director General, del cual partirá la estructura necesaria para el desarrollo eficaz y eficiente de sus funciones, así como con la planta de mediadores y personal técnico y administrativo que para ello requiera.

El Director General del Instituto será nombrado por el Senado de entre la terna que le mande el Consejo y durará en su encargo cuatro años. Si el Senado no nombra a ningún miembro de la primera terna enviada por el Consejo, éste deberá enviar una segunda terna; si el Senado no nombra a ningún miembro de la segunda terna, el Consejo nombrará al Director General. En toda terna el Consejo deberá incluir al menos una persona que pertenezca al ámbito académico o de la sociedad civil, y que no sea ni haya sido funcionario público de ninguno de los tres poderes en los últimos 10 años, y que tenga amplia experiencia en temas de medios alternativos de solución de controversias, con especial énfasis en la mediación. El Director General del Instituto recibirá la misma remuneración que un Magistrado Colegiado de Circuito.

Artículo 11.-Para ser Director General del Centro se deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación;

III. Tener título y cédula profesionales de estudios de licenciado en derecho, con experiencia en solución de controversias y medios alternativos de solución de conflictos;

IV. Tener práctica profesional mínima de cinco años, contados a partir de la fecha de expedición del título profesional;

V. Gozar de buena reputación; y

VI. No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 12.-El Director General del Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Representar jurídicamente al Instituto;

II. Tomar las decisiones técnicas y administrativas que competan al Instituto;

III. Nombrar al mediador privado cuando los mediados no se pongan de acuerdo;

IV. Elaborar el presupuesto del Instituto y ejercerlo en los términos que haya sido aprobado por el Consejo;

V. Nombrar al personal administrativo del Instituto así como expedir los nombramientos de los mediadores públicos que hayan aprobado el proceso de selección;

VI. Nombrar al Secretario del Instituto, quien tendrá las funciones y atribuciones que indique el Reglamento Interior;

VII. Expedir las convocatorias que correspondan para la celebración de concursos de selección de mediadores públicos adscritos al Instituto; así como para cursos de capacitación para la certificación y refrendo de certificación de mediadores privados;

VIII. Elaborar los programas de capacitación y educación continua para los mediadores públicos y privados;

IX. Establecer los mecanismos de supervisión continúa de los servicios que presten los mediadores en la aplicación de los procedimientos de mediación, co–mediación y re–mediación;

X. Calificar la procedencia de la causa de excusa planteada por los mediadores o co-mediadores, para inhibirse del conocimiento del caso asignado para mediación, ya sea antes de su inicio o durante el mismo, o cuando se presente una causa superveniente y, en su caso, nombrar al mediador o co-mediador sustituto si las partes pueden nombrarlo de común acuerdo;

XI. Supervisar el desarrollo y trabajo de las áreas de mediación civil, mercantil y agraria;

XII. Elegir los mecanismos de difusión necesarios a efecto de que la sociedad conozcan las funciones y alcances de los servicios del Instituto;

XIII. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la eficacia y eficiencia de los recursos tecnológicos del Instituto, así como el máximo aprovechamiento de los mismos;

XIV. Rendir al Consejo, en el último día hábil del mes de noviembre de cada año, un informe general sobre la administración, funcionamiento, actividades y resultados obtenidos por el Instituto;

XV. Presentar al Consejo, anualmente, el Programa Interno de Trabajo del Instituto, con sus metas y tareas para el siguiente año, presentando oportunamente el Programa Operativo Anual;

XVI. Ejercer fe pública para certificar los actos del Instituto en términos del Reglamento Interior;

XVII. Ejercer la función de mediador público en los términos de esta Ley y de mediador en las controversias entre dos o más Estados o el Distrito Federal, o entre dos o más Municipios de Distintos Estados;

XVIII. Delegar sus funciones en los funcionarios y bajo los términos que indique el Reglamento Interior; y

XIX. Las demás que esta Ley, las disposiciones reglamentarias y acuerdos del Consejo le impongan.

Artículo 13.-El Instituto contará con un Secretario, tres Directores, uno de Mediación Civil, uno de Mediación Mercantil y uno de Mediación Agraria, quienes tendrán las facultades y obligaciones que determine el Reglamento Interior, serán nombrados por el Consejo y durarán en su encargo cuatro años.

Para ser Director de Mediación así como Secretario del Instituto se requerirá cumplir con los mismos requisitos que para ser Juez de Distrito, debiendo contar particularmente con experiencia en cualquiera de las materias competencia del Instituto. Los Directores de Mediación y el Secretario del Instituto recibirán la misma remuneración que un Juez de Distrito.

Artículo 14.-El Instituto contará con una oficina en cada circuito del Poder Judicial de la Federación, al frente de la cual estará un Director de Oficina de Circuito, quien será nombrado por el Director General, quienes tendrán las facultades y obligaciones que determine el Reglamento Interior. Para ser Director de de Oficina de Circuito se requerirá cumplir con los mismos requisitos que para ser Secretario de Acuerdos de Juzgado de Distrito. Los Directores de Oficina de Circuito recibirán la misma remuneración que un Secretario de Acuerdos de Juzgado de Distrito.

Artículo 15.-En cada Oficina de Circuito habrá el número de Orientadores que permita su presupuesto sin que pueda haber menos de uno por Oficina.

Los Orientadores proporcionarán la información a las personas interesadas sobre el valor, las ventajas, los principios y las características de la mediación; resolverán las dudas de las personas interesadas.

Artículo 16.-El Instituto contará con el número de mediadores públicos especializados en materia civil, mercantil o agraria, que permita su presupuesto, los cuales serán adscritos a las Oficinas de Circuito según lo acuerde el Director General.

Artículo 17.-El Instituto estará provisto de sistemas automatizados para la recepción, resguardo, clasificación y el manejo del acervo informativo que genere o del cual sea depositario.

Artículo 18.-El Instituto contará con la infraestructura adecuada para la óptima administración y desarrollo de sus servicios.

CAPITULO TERCERO

DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE MEDIACION

Artículo 19.-El servicio de mediación se prestará tanto por mediadores públicos adscritos al Instituto como por mediadores privados. Instituto contará con un registro de mediadores tanto públicos como privados. Los mediadores públicos y privados contarán con fe pública únicamente para dar fe de la celebración del convenio que ponga fin a la controversia entre los mediados.

Artículo 20.- Para ser mediador se deberá cumplir los siguientes requisitos:

A) Para ser mediador público adscrito al Instituto:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día de la convocatoria;

III. Contar con título y cédula profesionales de Licenciatura en Derecho, así como cinco años de experiencia profesional mínima demostrable, en cualquiera de las materias competencia del Instituto, a partir de la fecha de expedición del título;

IV. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y

V. Concursar y aprobar el proceso de selección correspondiente, sometiéndose a los exámenes y cursos de capacitación y entrenamiento.

Los exámenes serán administrados y calificados por el Consejo. Los resultados de los exámenes son confidenciales y la decisión del Consejo es inapelable.

El cargo de mediador es de confianza y será ratificado cada dos años por el Consejo, previa aprobación de un examen de competencias laborales y a haber cumplido con los requisitos de actualización vigentes.

Los mediadores adscritos al Instituto recibirán la misma remuneración que un Secretario de Acuerdos de Juzgado de Distrito.

El Director General y los Directores de Mediación podrán ser registrados como mediadores si cumplen con los requisitos a que se refiere el presente artículo. Su condición de mediador público deberá ratificarse cada dos años y se perderá al dejar de formar parte del Instituto.

B) Para ser mediador privado:

I. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día de la convocatoria;

II. Contar con título y cédula profesionales de Licenciatura en Derecho, así como cinco años de experiencia profesional mínima demostrable, en cualquiera de las materias competencia del Instituto, a partir de la fecha de expedición del título; y

III. Aprobar los cursos de capacitación para la certificación y registro, así como presentar y aprobar el examen de competencias laborales, o en su caso contar con registro y certificación de alguna institución con la cual el Instituto tenga celebrado convenio en los términos de esta Ley.

Los resultados de los exámenes son confidenciales y la decisión del Consejo será definitiva.

La certificación y el registro que otorgue el Instituto tendrán una vigencia de tres años. Para renovar la certificación y el registro deberá cumplirse con los requisitos que establezca el Reglamento de Mediadores Privados expedido por el Consejo.

Artículo 21.-Los mediadores deberán excusarse para conocer de un asunto cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:

I. Tener interés directo o indirecto en el resultado del conflicto;

II. Ser cónyuge, concubina o concubinario, socio de convivencia, pariente dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil de alguno de los mediados;

III. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de los miembros de los órganos de administración cuando los mediados o alguno de ellos sea una persona moral o, en su caso, de los socios ilimitadamente responsables;

IV. Mantener o haber mantenido, durante los seis meses inmediatos anteriores a su designación, relación laboral con alguno de los mediados, o prestarle o haberle prestado, durante el mismo periodo, servicios profesionales independientes;

V. Ser socio, arrendador o inquilino de alguno de los mediados;

VI. Cuando exista un vínculo de afecto o desafecto con alguno de los mediados, sus parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil;

VII. Haber sido o ser abogado, persona de confianza, apoderado o persona autorizada de cualquiera de los mediados en algún juicio anterior o presente; y

VIII. Cuando por la especial naturaleza o complejidad de la controversia planteada reconozcan que la limitación de sus capacidades puede afectar el procedimiento.

Los mediadores también deberán excusarse cuando durante la mediación llegara a actualizarse cualquiera de los supuestos antes mencionados.

Artículo 22.-Los mediadores que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior y no se excusen, quedarán sujetos a las sanciones administrativas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o a las sanciones que prevé esta Ley, según sean mediadores públicos adscritos al Instituto o mediadores privados.

Artículo 23.- Los mediados que sean atendidos en el Instituto podrán recusar al mediador o al co–mediador designado y solicitar al Director General del Instituto la sustitución de los mismos, mediante petición expresa por escrito, cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 20. Los mediados deberán nombrar al mediador sustituto dentro de los 15 días siguientes; en caso de no hacerlo, el Director General lo nombrará.

Artículo 24.-Serán obligaciones del mediador público,

I. Efectuar en forma clara, ordenada y transparente las actuaciones que les impone la mediación a partir de sus principios rectores;

II. Tratar con respeto y diligencia a los mediados, conduciéndose ante ellos sin posturas ni actitudes discriminatorias;

III. Abstenerse de divulgar y utilizar la información que obtengan en el ejercicio de su función y cumplir con el deber del secreto profesional;

IV. Conducir la mediación con flexibilidad, respondiendo a las necesidades de los mediados, de manera que, al propiciar una buena comunicación y comprensión entre ellos, se facilite la negociación;

V. Cuidar que los mediados participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de influencia alguna, absteniéndose de imponer su voluntad o actuar como autoridad;

VI. Conducir la mediación estimulando la creatividad de los mediados durante la negociación;

VII. Asegurarse de que los acuerdos a los que lleguen los mediados, estén apegados a la legalidad y sobre la base de la buena fe;

VIII. Evitar influir en los mediados para acudir, permanecer o retirarse de la mediación,

IX. Suscribir el escrito de autonomía;

X. Celebrar el convenio de confidencialidad con los mediados;

XI. Solicitar el consentimiento de los mediados para la participación de co–mediadores, peritos u otros especialistas externos a la mediación, cuando resulte evidente que por las características del conflicto, se requiere su intervención;

XII. Dar por concluida la mediación en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando exista falta de respeto a las reglas para conducirse en la mediación, por parte de uno o ambos mediados;

b) Cuando exista falta de colaboración en uno o ambos mediados;

c) Cuando ambos mediados falten a dos sesiones consecutivas sin justificación o, uno de ellos a tres sesiones sucesivas sin causa justificada;

d) Cuando la mediación se vuelva inútil o infructuosa para la finalidad perseguida; y

e) Cuando alguno de los mediados o ambos lo soliciten.

XIII. Dar aviso al Director General del Instituto cuando en el desempeño de sus funciones, tenga indicios de amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de alguno de los mediados o cuando conozca de la concreción de hechos delictivos perseguibles de oficio, tanto para orientarlos y canalizarlos a las instituciones especializadas pertinentes o para, en su caso, hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes;

XIV. Rendir al Director General del Instituto informe, cuando así se lo solicite;

XV. Someterse a los programas de capacitación continua y de actualización;

XVI. Dar fe de la celebración, en su caso, del convenio que ponga fin a la controversia de los mediados e inscribir el mismo en el registro del Instituto; y

XVII. Las demás que el Reglamento Interior les imponga.

Artículo 25.-Serán derechos y obligaciones del mediador privado:

A) Para con el Instituto:

I. Entregar al solicitante del servicio y a la contraparte desde el inicio del procedimiento de mediación una tarjeta informativa con el objeto de que los mediados estén en posibilidad de emitir sus opiniones, quejas o sugerencias respecto del trabajo del propio mediador. Dicha tarjeta deberá contener el nombre del mediador, los principios rectores de la mediación, el domicilio y teléfonos del Instituto;

II. Llevar un registro de cada mediación que conduzca, en el que se asentarán los nombres de los mediados, el escrito de autonomía, el convenio de confidencialidad, el número de sesiones de mediación, y, en su caso, copia del convenio que puso fin a la controversia de los mediados;

III. Proporcionar todas las facilidades para que el Instituto lleve a cabo las visitas de supervisión;

IV. Facilitar el monitoreo de las sesiones de mediación, que realice el Instituto, siempre que los mediados lo acepten de manera libre e informada;

V. En su caso, participar en los programas de capacitación continua y de actualización, que al efecto se ofrezcan por el Instituto;

VI. Cubrir las cuotas y derechos que resulten aplicables; y

VII. Las demás que esta Ley y las disposiciones reglamentarias respectivas.

B) Para con los mediados:

I. Orientar a las personas interesadas sobre el valor, ventajas, principios y características de la mediación y para valorar si la controversia que se plantea es susceptible de ser solucionada mediante este procedimiento o, en caso contrario, sugerir las instancias pertinentes;

II. Entregar a los mediados la tarjeta informativa y efectuar en forma clara, ordenada, transparente, responsable y de buena fe las actuaciones que impone la mediación siguiendo sus principios rectores;

III. Tratar con respeto y diligencia a los mediados;

IV. Abstenerse de divulgar y utilizar la información que obtenga en el ejercicio de su función, cumpliendo con el deber que le impone el secreto profesional, por lo cual no podrá actuar, en forma alguna, en cualquier procedimiento legal relacionado con los asuntos en los que participe en términos del principio de confidencialidad que rige a la mediación;

V. Abstenerse de ofrecer el servicio de mediación cuando haya participado como apoderado, litigante o asesor de alguna de las partes que soliciten sus servicios y excusarse en cualquier otro supuesto previsto en la legislación aplicable;

VI. Conducir la mediación con flexibilidad, respondiendo a las necesidades de los mediados, de manera que, al propiciar una buena comunicación y comprensión entre ellos, se facilite la construcción de acuerdos;

VII. Cuidar que los mediados participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de intimidación alguna;

VIII. Conducir la mediación estimulando la creatividad de los mediados durante la construcción de acuerdos;

IX. Asegurarse que los acuerdos a los que lleguen los mediados no sean contrarios al orden público;

X. Evitar influir en los mediados para permanecer o retirarse de la mediación;

XI. Suscribir el acuerdo para mediar junto con los mediados;

XII. Suscribir el escrito de autonomía cuando sean nombrados por los mediados;

XIII. Celebrar el convenio de confidencialidad con los mediados y recibir el pago de los mismos. El monto de los honorarios será fijado libremente entre las partes y del mediador.

XIV. Recibir el pago de sus honorarios por parte de los mediados en los términos que se acuerde con ellos por escrito;

XV. Solicitar el consentimiento de los mediados para la participación de co–mediadores, peritos u otros especialistas externos a la mediación, cuando resulte evidente que por las características del conflicto, se requiera su intervención;

XVI. Abstenerse de delegar a persona alguna la función de mediador certificado en un procedimiento ya iniciado, salvo en los casos de vencimiento, suspensión o revocación de la certificación;

XVII. Dar fe de los convenios que se celebren ante sí y registrar los mismos ante el Instituto; y

XVIII. Las demás que esta Ley les impongan.

Los mediadores privados contarán con fe pública para dar fe y certificar la celebración del convenio que dé por terminada la mediación.

Los mediadores privados deberán registrar su firma ante el Instituto y mantener un registro de todos los actos respecto de los cuales den fe, manteniendo copia autorizada por ellos de los documentos respectivos.

Artículo 26.- Sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera incurrir el mediador en el ejercicio de su función, comete infracción el mediador que incumpla las obligaciones previstas en el artículo anterior.

El Consejo conocerá de las quejas de los mediados por probables infracciones del mediador así como de los reportes de visita de supervisión y monitoreo que realice el Instituto cuando se haya detectado la posible comisión de una infracción.

La queja y el reporte, según corresponda, se harán constar por escrito y se presentarán ante el Instituto para su debida tramitación, las cuales, en todo caso, deberán contener mención de la probable infracción cometida, nombre, firma y domicilio del quejoso o comisionado del Instituto, y se harán bajo protesta de decir verdad.

Con la queja y el reporte, según corresponda, se presentarán los elementos probatorios de la probable infracción.

El Instituto abrirá el expediente de que se trate y lo turnará al Consejo en un plazo de diez días hábiles, mismo deberá substanciar el expediente relativo, solicitando de los tres siguientes por escrito un informe al mediador denunciado o reportado, quien deberá rendirlo por escrito en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación, en el que podrá ofrecer las pruebas que estime necesarias.

Una vez recibido el informe y las pruebas, el Consejo, dentro del plazo de tres días hábiles, señalará día y hora para la audiencia de desahogo y valoración de las pruebas admitidas, a la que citará al quejoso y al mediador denunciado. La audiencia se realizará dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del informe y las pruebas.

La audiencia habrá de celebrarse en la sede del Instituto y tendrá verificativo concurran o no las partes citadas.

Una vez rendido el informe y desahogadas las pruebas admitidas, el asunto se discutirá y votará en sesión del Consejo.

Los acuerdos tomados serán asentados en el acta respectiva. Las resoluciones deberán ser informadas al Instituto y notificadas al mediador de que se trate y al quejoso, en su caso, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del acuerdo correspondiente.

La resolución del Consejo será definitiva.

En caso de ser necesario, se aplicará de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles por lo hace al procedimiento a que se refiere este artículo.

Artículo 27.- Las sanciones administrativas aplicables a los mediadores privados serán impuestas por el Consejo, órgano que fundará y motivará su resolución tomando en cuenta la gravedad de la infracción; la calidad de reincidente del infractor, entendiendo por reincidencia, que el infractor haya sido sancionado por violaciones a las disposiciones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias respectivas dentro del periodo de vigencia de la certificación y registro.

Las sanciones podrán ser las siguientes:

I. Amonestación escrita con apercibimiento;

II. Suspensión temporal del registro que podrá ser de uno a tres meses, y

III. Cancelación del registro.

Artículo 28.-El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en los términos de esta Ley, dará lugar a que los mediadores públicos adscritos al Instituto sean sometidos al procedimiento disciplinario que corresponda y, en su caso, sancionados por el Consejo.

Artículo 29.-El mediador no podrá actuar como testigo en procedimiento legal alguno relacionado con los asuntos en los que participe, en términos del principio de confidencialidad que rige a la mediación y al deber del secreto profesional que les asiste.

CAPITULO CUARTO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MEDIADOS

Artículo 30.-Los mediados son personas físicas o morales que comparten un conflicto por intereses contrapuestos y optan por la mediación para su solución.

Los mediados, tratándose de personas físicas, deberán actuar directamente en la mediación; si se trata de personas morales, por conducto de sus representantes legales.

Las personas menores de edad o incapaces podrán acudir e intervenir en la mediación, asistidos por sus representantes legales.

Artículo 31.-Los mediados tendrán derecho a:

I. Solicitar la intervención del Instituto para realizar una mediación, en los términos de esta Ley;

II. Nombrar libremente y de común acuerdo al mediador privado si optan por esa modalidad; en caso de que no se pongan de acuerdo, lo nombrará el Director General del Instituto; los mediados podrán nombrar libremente al mediador privado, con excepción de aquellas personas que estén impedidas para realizar dicha función en los términos de esta Ley;

III. Intervenir personal y libremente en la mediación;

IV. Dar por terminada la mediación en cualquier momento, aun sin haber llegado a algún acuerdo;

V. Solicitar, a su costa, peritos y otros especialistas.

VI. Solicitar al Director General del Instituto la recusación o sustitución de los mediadores o co–mediadores cuando se actualice alguno de los supuesto de excusa o exista causa justificada para ello; y

VII. Acordar de manera autónoma la solución a su conflicto; y

VIII. Los demás que determine esta Ley y las disposiciones reglamentarias conducentes.

Artículo 32.- Las obligaciones de los mediados serán las siguientes:

I. Asistir a la primera sesión de mediación;

II. Conducirse con respeto y observar buen comportamiento durante el desarrollo de las sesiones y, en general, en el transcurso de la mediación;

III. Cumplir con las obligaciones de dar, hacer o no hacer establecidas en el convenio que se llegare a celebrar;

IV. Respetar la confidencialidad;

V. Pagar los honorarios del mediador cuando éste sea privado;

VI. Cumplir en sus términos con el convenio que, en su caso, haya puesto fin a la mediación; y

VII. Las demás que se contemplen en la presente Ley y disposiciones reglamentarias conducentes.

CAPITULO QUINTO

DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACION

Artículo 33.-Serán etapas del procedimiento de mediación, las siguientes:

I. Inicial:

a) Encuentro entre el mediador y sus mediados;

b) Recordatorio y firma del acuerdo para mediar, las reglas de la mediación y del convenio de confidencialidad;

c) Indicación de las formas y supuestos de terminación de la mediación;

d) Entrega del mediador a las partes de la manifestación de autonomía; y

e) Narración del conflicto.

II. Análisis del caso y construcción de la agenda:

a) Identificación de los puntos en conflicto;

b) Reconocimiento de la corresponsabilidad;

c) Identificación de los intereses controvertidos y de las necesidades reales generadoras del conflicto;

d) Atención del aspecto emocional de los mediados;

e) Listado de los temas materia de la mediación; y

f) Atención de los temas de la agenda.

III. Construcción de soluciones:

a) Aportación de alternativas;

b) Evaluación y selección de alternativas de solución; y

c) Construcción de acuerdos;

IV. Final:

a) Revisión y consenso de acuerdos, y

b) Elaboración y firma del convenio.

Artículo 34.- Durante el procedimiento de mediación, deberán de conducirse los mediados de la siguiente forma:

I. Mantener la confidencialidad del diálogo que se establezca durante el procedimiento;

II. Conducirse con respeto y tolerancia entre sí y para con el mediador;

III. Dialogar con honestidad y franqueza para mantener una comunicación constructiva;

IV. Procurar que los acontecimientos del pasado no sean un obstáculo para la construcción de una solución y de un futuro diferente;

V. Tener siempre presente que están por voluntad propia en la sesión y que, por lo tanto, su participación para la solución del conflicto debe ser activa;

VI. Permitir que el mediador guíe el procedimiento;

VII. Tener la disposición para efectuar sesiones privadas cuando el mediador las solicite o alguno de los mediados la sugiera;

VIII. Permanecer en la sesión hasta en tanto el mediador no la dé por terminada o concluya de común acuerdo entre las partes;

IX. Respetar la fecha y hora señaladas para todas las sesiones, así como confirmar y asistir puntualmente a las mismas; y

X. En caso de fuerza mayor que le impida asistir, solicitar oportunamente la reprogramación de la sesión.

Artículo 35.- La duración de la mediación será de un plazo máximo de 3 meses o 7 sesiones, lo que suceda primero; sin perjuicio de que las partes convengan un plazo mayor.

Artículo 36.- La mediación concluirá en cualquier momento si se actualiza alguno de los siguientes supuestos:

I. Por decisión de cualquiera de los mediados para retirarse del proceso de mediación;

II. Por convenio en el que se haya resuelto la totalidad o parte de los puntos litigiosos de la controversia;

III. Por el comportamiento irrespetuoso o agresivo de alguna de las partes hacia la otra, el mediador o persona autorizada para intervenir en la mediación, cuya gravedad impida cualquier intento de dialogo posterior;

IV. Por decisión conjunta de las partes;

V. Por inasistencia injustificada de ambas partes a dos sesiones consecutivas, o por inasistencia, sin causa justificada, de alguna de las partes a tres sesiones consecutivas; y

VI. Por decisión del mediador, cuando de la conducta de alguna o de ambas partes, se desprenda que no hay voluntad para llegar a un acuerdo.

El Instituto, atento a las posibles circunstancias especiales que se actualicen en el transcurso de la mediación, recurrirá a todas las medidas pertinentes a su alcance, para que ésta concluya exitosamente, siempre que las mismas no violenten la ley, la moral ni las buenas costumbres.

Artículo 37.-Los acuerdos a los que lleguen los mediados deberán adoptar la forma de convenio por escrito y contener las formalidades y requisitos siguientes:

I. Lugar y fecha de celebración;

II. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de cada uno de los mediados;

III. En el caso de las personas morales se acompañará, como anexo, el documento con el que el apoderado o representante legal del mediado de que se trate, acreditó su personalidad;

IV. Los antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la mediación;

V. Un capítulo de declaraciones, si los mediados lo estiman conveniente;

VI. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren acordado los mediados; así como el lugar, la forma y el tiempo en que estas deberán cumplirse;

VII. Las firmas o huellas dactilares, en su caso, de los mediados; y

VIII. En tratándose de mediaciones conducidas por mediadores públicos, nombre del Director General del Instituto, así como el sello del Instituto. Tratándose de mediaciones privadas, nombre y firma del mediador privado quien dará fe de la celebración del convenio.

El convenio también podrá tomar la forma de solicitud de concurso mercantil con plan de reestructura previa para los efectos del artículo 339 de la Ley de Concursos Mercantiles cuando así lo soliciten las partes y se cumpla con los requisitos establecidos en dicho artículo, en cuyo caso el convenio será obligatorio para las partes de la mediación.

El convenio se redactará al menos por triplicado, en tratándose de mediaciones realizadas en el Instituto, y al menos en cuadruplicado cuando provengan de mediadores privados. Se entregará un ejemplar a cada una de las partes y se conservará uno en el archivo del Instituto. Al mediador privado conservará un ejemplar para su archivo.

Artículo 38.-La información que se genere en los procedimientos de mediación se considerará reservada, en términos de lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

CAPITULO SEXTO

DE LA RE-MEDIACION

Artículo 39.- Ante el incumplimiento parcial o total de un convenio celebrado por los mediados, o ante el cambio de las circunstancias que dieron origen a su celebración, éstos podrán utilizar la re–mediación en el propio Instituto y, con la reapertura del expediente respectivo, elaborar un convenio modificatorio o construir uno nuevo.

La re–mediación se llevará a cabo, en lo conducente, utilizando las mismas reglas que, para la mediación, establece esta Ley.

CAPITULO SEPTIMO

DE LOS EFECTOS DEL CONVENIO ENTRE LAS PARTES

Artículo 40.-El convenio celebrado entre los mediados en términos de esta Ley, ante un mediador público adscrito al Instituto o ante un mediador privado debidamente certificado ante el Instituto, será válido, vinculante y exigible en sus términos.

El convenio podrá ser ejecutado por cualquiera de las partes en la vía de apremio ante los juzgados conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles o Código de Comercio, según se trate de la materia resuelta. La negativa del órgano jurisdiccional para su ejecución será causa de responsabilidad administrativa, excepto cuando el convenio adolezca de alguno de los requisitos señalados en el artículo 37 de la presente ley o alguna de sus cláusulas sea manifiestamente contraria al orden público, en cuyo caso sólo dejará de ejecutar aquellos acuerdos manifiestamente contrarios al orden público y deberá ejecutar todos los demás acuerdos pactados en la mediación.

CAPITULO OCTAVO

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INSTITUTO

Artículo 41.-El Director General, así como todos los funcionarios y empleados públicos del Instituto, son responsables de las faltas y/o delitos que cometan en el ejercicio de sus encargos y quedarán por ello sujetos a los procedimientos y sanciones que determinen la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás leyes aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las disposiciones del presente Decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Director del Instituto deberá ser nombrado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- El Consejo de la Judicatura Federal expedirá el Reglamento Interno del Instituto dentro de los seis meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, y dispondrá mediante Acuerdos Generales las demás normas necesarias para la debida integración, organización y funcionamiento del citado Instituto de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

En el mismo plazo, el Director del Instituto expedirá los formatos que en su caso deberán usar los mediadores públicos y privados, y demás acuerdos administrativos que no sean competencia del Consejo, para el debido funcionamiento del Instituto.

CUARTO.- El Instituto Federal de Justicia Alternativa deberá iniciar funciones de servicio y atención al público, a más tardar a los siete meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

QUINTO.- El Poder Judicial de la Federación deberá hacer las transferencias y garantizar la suficiencia de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la autonomía técnica, operativa, presupuestal y académica del Instituto en los términos de esta Ley.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2013.

Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. José María Martínez Martínez”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXXVI DEL ARTICULO 3 Y SE ADICIONA UN PARRAFO A LA FRACCION I AL ARTICULO 90 DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la mesa directiva
de la Cámara de Senadores
Presente.

El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento a esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXXVI del artículo 3 y se adiciona un párrafo a la fracción I al artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La agricultura es el cultivo de diferentes plantas, semillas y frutos; se caracteriza por ser una de las actividades más nobles debido a que tiene como objetivo proveer de alimentos al ser humano, al ganado y materias primas a la industria; en nuestro país hayamos dos formas de trabajar la tierra, que son: la convencional y la orgánica.

El sistema convencional también denominado de altos insumos, química, altos rendimientos, moderna, industrial o tradicional; se distingue por el uso tecnologías como: mecanización, mejoramiento genético de variedades, desarrollo de insumos agroquímicos, fomenta una producción masiva mediante la disminución de riesgos como plagas, enfermedades, malezas y la baja fertilidad de los suelos, lo que ha permitido la extensión del monocultivo.

De 1943 a la actualidad se pueden distinguir dos sub categorías de este método productivo y son:

• Subsistencia (tradicional o de temporal): es una actividad a pequeña escala, donde el campesino depende de la lluvia para producir, siembra una vez al año, emplea técnicas tradicionales, la cosecha es para autoconsumo y se trabaja en la zona sur de nuestro país.

• Comercial: es el cultivo a gran nivel, utiliza tecnología, maquinaria agrícola, sistemas de riego, semillas mejoradas, productos agroquímicos, mano de obra asalariada para la producción, se cultiva al menos dos veces al año, la cosecha se destina al comercio y se ubica en las entidades del norte de México.

De acuerdo con el último censo agropecuario realizado en el año 2007, en la República se tiene registrado bajo este sistema de cultivo 29, 902,092 hectáreas, cantidad que representa el 26% de la superficie total nacional y que se distribuye en temporal (82%) y riego (18%).

Si bien el área agrícola utilizada, en comparación con el territorio mexicano es mínima, ha causado un gran daño ambiental y ante la falta de resultados positivos, se ha desarrollado una técnica alternativa que es la producción orgánica, también conocida como biológica, sustentable o ecológica.

Por esta forma de labrar la tierra, la Ley de Productos Orgánicos (LPO) en su artículo 3 fracción XVII la reconoce como:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

XVII.- Producción Orgánica: sistema de producción y procesamiento de alimentos, productos y subproductos animales, vegetales u otros satisfactores, con un uso regulado de insumos externos, restringiendo y en su caso prohibiendo la utilización de productos de síntesis química;”

En otras palabras, se puede definir como el modo de producción que no emplea sustancias químicas, busca una sostenibilidad ambiental, económica y social; con lo que se logra mantener y mejorar la salud de los suelos, ecosistemas y personas, basándose en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales.1

Este sistema fue impulsado por organizaciones no gubernamentales (ONG’s) a principios de los años noventa en Oaxaca y Chiapas -lugares que padecen un alto grado de marginación social-, poco apoco se fue expandiendo hacia otros lugares de la República; actualmente, el 99% de los productores suscritos en este régimen son indígenas, quienes se identifican, comprenden y buscan su conservación ya que siempre han tenido ese vínculo con la madre naturaleza.

Desafortunadamente estos medios productivos presentan un desarrollo muy disparejo, ya que mientras este último hace una rotación de cultivos el primero práctica el monocultivo, uno genera empleo y ganancias, mientras la convencional desde hace décadas tiene una balanza comercial negativa, pero si nos concentramos en tres indicadores que guardan estrecha relación con la iniciativa se obtiene el siguiente cuadro comparativo:

Sistema

Superficie

Políticas Públicas

Sistema legal

Convencional

29,902,092 hectáreas (censo agropecuario 2007).

De 1943 a la fecha se han creado diversos programas para impulsar al sector.

En 2005 se promulgó la

Ley de Bioseguridad de

Organismos Genéticamente

Modificados (LBOGM).

Orgánico

De 1996 a 2008 se tienen 378, 693 has.

En 2011 solo 2 programas apoyaron a 552 organizaciones.

En 2006 se publicó la Ley de Producción Orgánica y en 2010 su reglamento.

Comentario

Si bien el área orgánica representa solo el 1.2% del tradicional registra una tasa de crecimiento media anual (TCMA) del 32.37%, mientras el primero desciende.

De los informes presidenciales se observa que el 100% del presupuesto para el campo se enfoca al primer sistema, aislando al segundo.

Aunque la agricultura tradicional siempre ha tenido una base legal, debido a la crisis que padece ha recurrido almejoramiento genético mediante el uso de la biotecnología dando lugar a la LBOGM; en tanto, la agroecológica tardo una década para obtener una ley que la protegiera.

El presente esquema con base en los indicadores analizados nos permite expresar que hay una evidente problemática agrícola, donde no hay condiciones de igualdad para la promoción de dichos procesos toda vez que existe una ausencia de políticas públicas que impulse la producción ecológica y un gran financiamiento para la tradicional, entonces ante este panorama lo menos que se puede hacer es crear una protección legal equitativa, donde se vean plasmado los intereses de el pequeño y el gran productor, tarea que le corresponde al H. Congreso de la Unión.

Uno de esos intereses y que es el objeto de la presente iniciativa es salvaguardar la producción orgánica frente al cultivo de transgénicos, en consecuencia, el análisis se circunscribirá en una reforma a los artículos 3 fracción XXVI y 90 fracción I de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados (LBOGM).

Este ordenamiento legal, sin entrar al estudio de quienes fueron sus promotores y el motivo de creación, tiene por objeto según él:

Artículo 1.-… tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.”

Del precepto enunciado se infiere que la materia de regulación es el organismo genéticamente modificado (OGM) y por este como lo señala la citada ley se debe entender:

“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

XXI. Organismo genéticamente modificado: Cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna que se define en esta Ley, siempre que se utilicen técnicas que se establezcan en esta Ley o en las normas oficiales mexicanas que deriven de la misma.”

Haciendo una interpretación literal de la definición legal y para facilitar su comprensión se infiere que un organismo genéticamente modificado es producto de la investigación de la biotecnología moderna; esta alteración se puede dar cuando al organismo:

• Se le inhibe o potencie la expresión de uno de sus genes.

• Se le introduce genes de otras especies, al resultado se le llama transgénico, por ejemplo al querer que una planta sea más resistente a una plaga se le inyecta el insecticida; sin embargo, el insecto con el paso del tiempo aumenta su resistencia por lo que será más difícil combatirlo.2

Hacer esta distinción es de suma importancia ya que no todo OGM es transgénico, pero si todo transgénico es un OGM, en consecuencia sus efectos son diferentes; siendo el cultivo de transgénicos el que mayor desacuerdo ha producido a nivel mundial y no se diga en nuestro país, en lo concerniente a la siembra dentro del territorio nacional.

Esta oposición se debe al daño que causa al medio ambiente que lo rodea sobre todo a la producción orgánica; además, de que la biotecnología no es una ciencia exacta, su aplicación conlleva riesgos, algo que la regulación legal no puede predecir y como las leyes no son perfectas pero si perfectibles, se busca con esta propuesta de reforma evitar que se siga afectando a este método productivo.

Para evitar dicha contaminación, la ley de BOGM estableció en su Título Cuarto intitulado Zonas Restringidas, Capítulo III denominado Zonas Libres de OGMs un precepto legal que a la letra dice:

ARTICULO 90.- Se podrán establecer zonas libres de OGMs para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de la comunidad solicitante, conforme a los siguientes lineamientos generales:

I. Las zonas libres se establecerán cuando se trate de OGMs de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación;”

De su lectura se desprende que hay un área libre de un OGMs cuando en dicha zona se trabaja esa misma especie bajo el sistema de producción orgánico y que no sea posible la coexistencia, esto nos conlleva a la necesidad de establecer que se entiende por especie, concepto no definido en esta ley.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad la especie es “el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil”3, para determinar la pertenencia o no de un individuo se recurre a la nomenclatura científica que en el caso concreto se aplica el Código Internacional de Plantas Cultivadas.

Con base en el artículo citado y la definición se tiene que la Ley dio por hecho que puede haber coexistencia entre individuo pertenecientes a una misma especie y si son diferentes no hay contaminación; sin embargo, a poco más de 8 años de su promulgación se han presentado innumerables hechos que contradicen lo anterior, donde los afectados no han sido escuchados y al recurrir a las instancias judiciales no se les ha dado una respuesta favorable, mucho menos por parte de la administración pública (federal o local).

Esta contaminación se ha convertido en un grave problema ya que desde el año 2009 México ocupa el segundo lugar con más casos de daño por transgénicos en América y el octavo a nivel mundial; datos quehan obligado a muchos países principalmente europeos prohibir en su territorio el cultivo de transgénicos, así como su importación.4

Posición que es producto de las innumerables autorizaciones que el Poder Ejecutivo ha otorgado a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaria de Salud(SSA).

Con base en la información publicada por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados(CIBIOGEM) se tiene que de 1988 a 2012 se expidieron 1380 permisos, de la cual una cuarta parte corresponde a ensayos y el resto a liberación al medio ambiente, conforme los años transcurrieron en el citado período se incremento el número de permisiones; además, el 99% de estos versaban sobre cultivos transgénicos, entre los que destacan el maíz, tomate, calabaza, soya, trigo, etc. Alimentos esenciales para el ser humano y originarios.

Las zonas de liberación son principalmente las entidades ubicadas en el Norte de la República, pero también destacan Estados del Centro y del Sur como Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Chiapas, Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo.5

Las cifras expresadas muestran que el 75% de los organismos liberados fueron analizados en laboratorios extranjeros lo que conlleva un gran riesgo ya que las condiciones de laboratorio pueden diferir a la del territorio, hecho que se presta para plantear la siguiente interrogante: ¿Por qué las empresas o sujetos que hacen investigación con OGM´s en especial transgénicos solo desarrollan en su país la parte de ensayo experimental y al momento de entrar a la etapa de liberación al medio ambiente acuden al nuestro? La respuesta es sencilla muchos países permiten que se hagan investigaciones en el laboratorio donde las condiciones ambientales están controladas, pero prohíben que liberen en su suelo ante el grado de toxicidad del gen (ingrediente activo).

Por otro lado, encontramos que a pesar de que la LBOGM establece en el ya transcrito artículo 90 la obligación de determinar zonas libres de OGMS, hasta el momento la CIBIOGEM no lo ha hecho, lo que es muy preocupante porque es uno los requisitos que se debe observar al momento de dar una autorización; esto se traduce en una falta de cumplimiento al riguroso procedimiento fijado en la ley y al mismo tiempo explica porque han habido tantos casos de contaminación por parte de los transgénicos, de los cuales por la relevancia que tienen se analizaran tres y son:

• Contaminación al maíz nativo de Chihuahua.

Chihuahua es el primer productor de maíz orgánico a nivel nacional, ya que hasta 2008 encabezaba la listaal tener una superficie de de 2 877, 30 hectáreas, lo que representa el 62% del total; sin embargo, en el año 2003 se detecto que su zona de cultivo estaba contaminada, hecho que se volvió a observar en 2008 en campos menonitas, esto ha provocado que desde hace una década el grano esté dañado y ante lo cual las autoridades no ha emprendido acciones para remediar la situación.6

Pero, ¿Qué provoco este daño si en esa fecha estaba prohibida la siembra de transgénicos?, para esto los expertos han dado tres posibles respuestas:

La primera, es que si antes de 2005 la siembra de cultivos transgénicos no estaba permitido muchos menos existía un procedimiento estricto, pero aun así se expidieron permisos de liberación más en los cuales no se especificó los lugares en los que se realizo este acto, por lo que se presupone que uno de ellos pudo ser Chihuahua; bajo esta premisa el daño se produjo mediante la polinización del maíz transgénico con el nativo, en la que a pesar de que ambos son de la misma especie no pudo haber coexistencia toda vez que el gen transgénico es un gen dominante ( porque no existe un método que controle el viento y evite el contacto con otro no OGM, ni que el polen se traslade).7

Una segunda hipótesis es que el perjuicio fue causado por los ensayos de algodón transgénico (resistente al herbicida glifosato) realizados antes de 2005 en la zona, para lo cual no era necesario que los cultivos colindaran porque una vez que la planta se siembra a campo abierto no se puede controlar el polen y toda vez que son especies diferentes no hubo coexistencia.

Por último, es muy probable que de manera ilegal se sembró maíz transgénico, tal como se hizo en Valle de Cuauhtémoc y que se denunció hasta 2007 por vulnerar el ordenamiento legal que protege las zonas libres de OGMs y ante la falta de respuesta se ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie al respecto y dicte las medidas provisionales,8 esto puede generar un gran precedente y obligar al gobierno a aplicar la ley de manera correcta.

• Producción de miel orgánica vs soya transgénica.

México es el sexto productor y tercer exportador a nivel mundial de miel orgánica, donde los principales mercados se ubican en Europa, Estados Unidos de Norteamérica y Japón; mismo que se cultiva en la región sur-sureste del territorio en la cual Yucatán desde el 2004 se ha convertido en la tercera entidad con mayor producción (tan solo por mencionar en 2010 se produjeron 55 mil 684 toneladas de miel con un valor de casi 1 mil 726 millones de pesos)9.

Desafortunadamente este éxito se ha visto entorpecido porque desde 2005 a 2012 se han autorizado para esa zona 15 permisos para la siembra de soya transgénica, esto en términos de superficie para los 2 últimos años representa un millón 250 mil hectáreas lo que conlleva un riesgo de contaminación a la producción de miel, por ejemplo en 2012 cuando la soya transgénica tolerante a glifosato se encontraba en la etapa de siembra piloto y experimental contamino 40 toneladas de producción, situación que fue descubierta por los laboratorios de Alemania, quienes al detectar residuos del transgénico en el producto orgánico pagaron un precio más bajo al acostumbrado;10 sin tomar en cuenta este hecho se otorgo aun así el permiso para su liberación, por lo tanto, esto provocará una afectación mayor a los apicultores.

Los productores afectados han solicitado el amparo y la protección de la ley para que no se otorguen permisos, pero lo único que obtienen es la suspensión provisional del acto ya que finalmente se emiten bajo el argumento de que “es necesario la permisión para aumentar la producción agrícola y así abastecer de alimentos al país”, solo que hay un pequeño detalle, la autoridad a olvidado que han transcurrido 24 años desde que se permitió realizar experimentos y liberar transgénicos, tiempo más que suficiente para comprender que este sistema de producción ha fallado toda vez que no arrojado los resultados esperados.11

El ejemplo citado anteriormente demuestra que la contaminación de transgénicos se da también entre especies diferentes, ante lo cual no hay una salvaguarda para los pequeños productores afectados por lo que es urgente la reforma propuesta.

• Contaminación de variedades locales de maíz en Oaxaca.

Fue el primer caso que se tuvo conocimiento en nuestro país por contaminación; además causo mucha polémica porque hasta la fecha no se ha otorgado permiso alguno para experimento o liberación al ambiente de transgénicos en el Estado.

Y tuvo lugar en el año 2002 en la región de la montaña donde las variedades de maíz estaban contaminadas, los expertos que se enfocaron a estudiar las causas de este problema concluyeron que la contaminación no se da solo cuando colinda un predio orgánico con otro transgénico;12sino también por el contacto de semillas, siendo esto último el factor contaminante ya que en los mercados de la entidad se habían introducido semillas transgénicas importadas.

Las situaciones explicadas anteriormente demuestran las diferentes vías de contaminación mismos que no se regulan en la LBOGM, lo que impide que el agricultor siga cultivando sus propias semillas y venda su producto como orgánico, provocando así la pérdida de ingresos económico toda vez que tiene mayor valor comercial que un producto convencional.

Todas las ideas expresadas anteriormente dan cuenta que el daño causado por el cultivo de transgénicos y la ausencia de reparación justifica a la presente iniciativa de reforma, en la que es urgente adecuar las disposiciones contenidas en el la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), como a continuación se señala.

Decreto

Unico: Se reforma la fracción XXXVI del artículo 3 y se adiciona un párrafo en la fracción I del artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados, para quedar como sigue:

ARTICULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I a XXXV.- …

XXXVI. Zonas restringidas: Los centros de origen, los centros de diversidad genética, las áreas naturales protegidas y en donde exista un sistema de producción orgánica, dentro de los cuales se restrinja la realización de actividades con organismos genéticamente modificados, en los términos de esta Ley.”

ARTICULO 4.-

ARTICULO 90.- Se podrán establecer zonas libres de OGMs para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de la comunidad solicitante, conforme a los siguientes lineamientos generales:

I. Las zonas libres se establecerán cuando se trate de OGMs de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación;”

Estos lineamientos no se aplicarán cuando se busca proteger una zona de producción orgánica de los cultivos transgénicos, por lo que con el solo hecho de tratarse de un proceso de producción orgánica se establecerá como zona libre.

II a IV.-

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

1 Cfr.http://www.ifoam.org/growing_organic/definitions/sdhw/pdf/DOA_Spanish.pdf.

2 Cfr. http://www.ocu.org/alimentacion/seguridad-alimentaria/informe/ogm-respondemos-a-sus-preguntas500144/2, consultado el 17 de abril de 2013.

3 http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/queson.html, consultado el 17 de abril de 2013.

4 Cfr. Cultivos Transgénicos cero ganancias, reporte green peace, 2010, núm. 7, pág. 2, consultado en http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/report/2010/7/cultivostransgenicos-ceroganancias.pdf, consultado el 16 de abril de 2013.

5 Cfr. http://www.cibiogem.gob.mx

6 Cfr. http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2010/Febrero/contaminaci-n-transgenica-de-m/

7 Cfr. La contaminación de Maíz ecológico en Aragón y Cataluña España en http://www.green

peace.org/espana/Global/espana/report/transgenicos/la-coexistencia-sigue-siendo-i.pdf.

8 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2010/Febrero/contaminaci-n-transgenica.

9 Cfr. http://viaorganica.org/soya-transgenica-contamina-miel-mexicana/, consultado el 16 de abril de 2013.

10 Cfr. http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/71622, consultado el 16 de abril de 2013.

11 Cfr. http://www.laverdadyucatan.com/166765/166765/, consultado el 16 de abril de 2013.

12 Cfr. http://www.grain.org/es/article/entries/717-el-combate-a-la-contaminacion-transgenica-en-todo-el-mundo, consultado el 17 de abril de 2013.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION I DEL ARTICULO 5o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por el C. Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)



Solicito a la Secretaría dé cuenta a los dictámenes de primera lectura enlistados en la agenda del día.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a los dictámenes de primera lectura.

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Sociedades de Inversión, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Federal de Derechos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)



De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XII DEL ARTICULO 6o. DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen de primera lectura)



De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Camisón Nacional de los Derechos Humanos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen de primera lectura)



De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Dictamen de primera lectura)



De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO, UN PARRAFO CUARTO Y UN PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen de primera lectura)



De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 30, 222 Y 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformanlos artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de marzo de 2013, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformanlos artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha Iniciativa propone que del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud realice un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, que éste se realice a través de un Código Bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.

Por ello, pretende que la Secretaría de Salud, lleve un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de las características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos.

Así mismo señala que las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y de Salud, de manera coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos, para que medicamentos con elevado costo estén a la disponibilidad de la población que así lo requiera.

Finalmente, establece una pena de tres a quince años de prisión a quien cometa el delito de comercialización de medicamentos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, y muestras médicas, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Actualmente la falsificación de medicamentos es parte del fenómeno más amplio de la difusión de medicamentos que incumplen las normas establecidas en materia de seguridad, calidad y eficacia. En las etiquetas de esos medicamentos se incluye, de manera deliberada y fraudulenta, información falsa acerca de su identidad o su fabricante.

Esta práctica afecta tanto a productos de marca como genéricos; en algunos casos, la composición es correcta pero el envase o empaque ha sido falsificado, mientras que en otros, la composición es incorrecta o bien no incluye el principio activo o éste es insuficiente.

C. Hasta hace algunos años, en algunos países desarrollados se falsificaban sobre todofármacos nuevos y caros, como las hormonas, los esteroides y los antihistamínicos, mientras que en los países en desarrollo, esta actividad fraudulenta se concentraba en los medicamentos utilizados para combatir enfermedades potencialmente mortales, como la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA, entre muchas más.

D. Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), plasmó que los medicamentos falsificados constituyen una peligrosa epidemia que se extiende en todo el mundo, por lo que pidió a la comunidad internacional que tome medidas concretas e inmediatas para combatirlas.

La falsificación de medicamentos es un fenómeno mundial que representa el 10% del comercio mundial de medicinas. De los casos reportados a la OMS, entre los medicamentos más falsificados se encuentran con un 28% los antibióticos, seguidos de antihistamínicos con un 17%, hormonas en un 12% y esteroides con un 10%, medicamentos para el tratamiento del SIDA, la tuberculosis o la malaria, o parches anticonceptivos que simulan el producto original aunque su efecto es nulo, pudiendo causar embarazos no deseados.

La falsificación de medicamentos mueve alrededor de 35.000 millones de dólares anuales, por lo que comienza a perfilarse como un negocio muy lucrativo para las mafias y redes del crimen organizado, en perjuicio no sólo de los derechos de propiedad intelectual de las multinacionales farmacéuticas, sino también y más importante, creando un grave y serio riesgo para la salud pública a nivel mundial.

E. Cabe mencionar que son muchos los casos y cifras de muertes de pacientes en extrañas circunstancias que se atribuyen al consumo de medicamentos falsificados o manipulados, por ello se enuncian algunos:

Nigeria, 1990: Jarabe para la tos adulterado, 100 fallecimientos de niños.

Haíti, 1996: 9 niños fallecieron, por jarabe para tratar la fiebre.

Camboya, 2000: Al menos 30 muertes, por medicamentos antimalaria falsificados.

China, 2001: Se calcula que mueren más de 100,000 chinos cada año por medicinas falsificadas.

F. Nuestro país no está exento de este mercado negro, sino lo contrario se ha enquistado cada vez más, este crece a pasos agigantados, desgraciadamente ha generado graves consecuencias en nuestro Sector Salud, afectando los recursos financieros, que siempre resultan insuficientes para la creciente demanda de medicinas y atención médica para los mexicanos. Y es que, tan solo durante 2010, la venta ilegal de medicamentos creció 32 por ciento y el robo a camiones con fármacos subió 40 por ciento.

Estamos frente a un gran problemaya que cada vez hay más medicamentos falsificados, en particular los de elevado costo, como los medicamentos contra el cáncer, y los que son objeto de una fuerte demanda, como los antivirales. La ilegal comercialización y falsificación impacta negativamente en los costos asociados, incrementando el riesgo para los pacientes que consumen estas medicinas apócrifas, generando un grave daño físico y patrimonial.

Así mismo su venta ilegal, no sólo viola los derechos de propiedad intelectual, sino también, atenta contra la salud pública, ya que pone en riesgo a la población que los consume.

G. Se estima que a nivel mundial la comercialización de medicamentos falsificados asciende a US$35,000 millones, mientras que en México se estima que va de US$650 a US$1,500 millones anuales, siendo Jalisco, Baja California, Michoacán y Yucatán los estados donde se han realizado los mayores aseguramientos de medicamentos falsificados.

De acuerdo con datos de la autoridad sanitaria se han realizado los siguientes operativos para detectar los medicamentos apócrifos: 2007-4, 2008-11, 2009-5, 2010-5, 2011-2, 2012-3.

H. Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre la ingesta de productos caducos, falsificados o adulterados obliga a los afectados a invertir desde 700 pesos en consultas privadas hasta 60 mil por hospitalizaciones.

Por otro lado, de acuerdo con datos del INEGI en el año 2010, del total de productos confiscados, el 50.6 por ciento fueron muestras médicas; 23.3 por ciento, medicinas caducadas; 18.5 por ciento, fraccionadas; 5.3 por ciento, maltratadas; 1.3 por ciento, desvíos de la cadena pública y 1.10 por ciento eran medicinas falsas o adulteradas.

Es lamentable el hecho de que México ocupe el sexto lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos falsificados y seis de cada 10 de los fármacos que se comercian son de procedencia ilícita; por lo que  8 millones de personas son víctimas potenciales del mercado negro de medicamentos.

I. Sabemos que la falsificación de fármacos es un negocio muy lucrativo debido a la intensa y constante demanda de medicamentos y a los bajos costos de producción. En muchos países, la ausencia de una legislación disuasiva también constituye un incentivo, pues quienes ejercen este tipo de actividades no temen ser detenidos o procesados.

Cuando los precios de los fármacos son elevados y existen productos idénticos con precios diferentes, el consumidor tiene mayor tendencia a adquirir medicamentos fuera del sistema de suministro normal.

J. Se debe enfatizar que la ilegal comercialización de medicamentos puede ser realizada tanto en los establecimientos farmacéuticos (farmacia, boticas, droguerías, etc.), como en establecimientos no farmacéuticos (bodegas, campos feriales, tianguis, mercados, Sistema de Transporte Colectivo, etc.), así como en laboratorios clandestinos, en donde se elaboran medicamentos que atentan contra la vida y la salud de los consumidores. Es por ello, que estas Comisiones dictaminadoras están de acuerdo en que la autoridad sanitaria lleve un control riguroso de los establecimientos que se dedican al expendio de fármacos para que los mismos cumplan su función adecuadamente, ya que actualmente muchos de ellostienen características como:

• No cuentan con la autorización sanitaria para almacenar o comercializar medicamentos.

• Muchas veces el medicamento que es sustraído del sector salud es revendido, inclusive a la misma dependencia y/o instituto.

• Las facturas son apócrifas.

K. Las modalidades más frecuentes de comercio ilegal son las falsificaciones, contrabando, comercialización de muestras médicas, ingreso al país de productos evadiendo los controles aduaneros, receptación de productos y comercio de productos farmacéuticos.

Características de la falsificación:

• El empaque es diferente.

• El cartón de pésima calidad.

• Los frascos son diferentes al original.

• Los colores y relieves son de muy mala calidad.

• Los empaques primarios y secundarios son diferentes.

• Falsificación de marcas en sus empaques usando redes de impresores que abastecen diversos mercados.

• Utilización de medicamentos del sector salud en empaques falsificados.

L. Sí bien es cierto que para la prevención, tratamiento e investigación de los problemas de salud, no es necesario mantener una unidad visual de los medicamentos que conforman el Cuadro Básico, estas Comisiones dictaminadoras coinciden que por ello se requiere de un mecanismo de seguridad eficiente que evite la proliferación del mercado negro y que mediante la utilización de las nuevas tecnologías, se identifique el producto desde su manufactura utilizando un código bidimensional, como mecanismo que permitirá identificar la información del producto desde su manufactura, pues se registrará en una base de datos el número de lote y a qué institución del Sector Salud se distribuyó, entre otras especificaciones.

Con esta acción se garantizará la procedencia lícita de los medicamentos y seeliminaría el riesgo por el uso de medicamentos de dudosa procedencia y que terminan dañando a quien los consume.

M. Por otro lado, se coincide en que se eleve la medida de sanción , y se establezca una pena de tres a quince años de prisión a quien cometa el delito de comercialización de medicamentos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.

N. Finalmente estas Comisiones dictaminadoras, ven loable dicha iniciativa por lo que están a favor con cambios, por considerar lo siguiente:

En cuanto a la propuesta inicial se reforma el artículo 29 y se adiciona un 29 Bis del cual se deriva una regulación para garantizar la eficacia y procedencia de los medicamentos por medio de un código bidimensional que solo tendrán los medicamentos del cuadro básico, por ende, estas Comisiones consideran que deberá ampliarse a todos los medicamentos en circulación como bien marca la propuesta, es por ello que se impacta el artículo 222 de la Ley en comento.

De acuerdo con los artículos 30 y 31 se desprende que en el primero, en su última parte al mencionar que: “será a fin de salvaguardar la salud de la población”, se considera que ese es el fin primordial de la Ley sanitaria, y en el segundo se considera que el propio artículo 31 marca una regularización en los precios de los fármacos por lo que ya está contemplado.

Por lo anterior es que se realiza la siguiente propuesta:

INICIATIVA

PROPUESTA

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes; y establecerá su registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación.

Artículo 29 Bis.- El registro será a través del Código Bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.

La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos.

Para la población, será posible identificar la autenticidad del medicamento a través de etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, además que en la nota de venta aparecerá la autorización por parte de la Secretaría por la adquisición del producto.

Artículo 222.- La Secretaría de Salud sólo concederá la autorización correspondiente a los medicamentos, cuando se demuestre que éstos, sus procesos de producción ylas sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas, que cumple con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones generales, y tomará en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 428 de esta Ley.

La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación. Para el control y autenticidad de los medicamentos se deberá establecer un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, así mismo el registro será a través de un código bidimensional que deberán llevar todos los medicamentos en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote. Además de características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, en su caso, la institución del Sector Salud o farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos, además deberá contener etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, y en la nota de venta aparecerá la autorización, de adquisición del producto, por parte de la Secretaría.

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que adecúen a lo establecido en el artículo anterior. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función, a fin de salvaguardar la salud de la población.

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que se adecúen a lo establecido en el artículo anterior. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función.

Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público. De manera coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos, para que se garantice la disponibilidad de medicamentos con elevado costo, a la población que así los requieran.

SE ELIMINA

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. a II. …

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, muestras médicas, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, código bidimensional, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I a II…

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea con fines comerciales, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, códigos bidimensionales , sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. Se otorgará 1 año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para que las farmacias y la industria farmacéutica puedan integrar en sus medicamentos el código bidimensional que marca el artículo 222 de la Ley General de Salud.

ARTICULO SEGUNDO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Derivado de todo lo anterior es que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 30, 222 Y 464 TER. DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

UNICO: Se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter. de la Ley General de Salud,  para quedar como sigue:

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que se adecuen a lo establecido en el artículo anterior. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función.

Artículo 222.-

La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación. Para el control y autenticidad de los medicamentos se deberá establecer un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, así mismo el registro será a través de un código bidimensional que deberán llevar todos los medicamentos en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote. Además de características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, en su caso, la institución del Sector Salud o farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos, además deberán contener etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, y en la nota de venta aparecerá la autorización, de adquisición del producto, por parte de la Secretaría.

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. a II.- …

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea con fines comerciales, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, códigos bidimensionales, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. Se otorgará 1 año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que las farmacias y la industria farmacéutica puedan integrar en sus medicamentos el código bidimensional que marca el artículo 222 de la Ley General de Salud.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona el artículo 225 Bis a la Ley General de Salud.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 225 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 225 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis. a la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de marzo de 2012, el Diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 225 y adiciona el 225 Bis a la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

3.- Con fecha 19 de febrero de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió por la colegisladora la Minuta en comento.

4.- Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos la minuta para su respectivo estudio y Dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta aprobada por la Colegisladora pretende que en relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos conforme a lo siguiente: cuando se trate de los incluidos en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables a que hace referencia el Reglamento de Insumos para la Salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente con base en la denominación genérica del medicamento que le hubiere sido prescrito.

En el caso de los que no estén incluidos en el catálogo referido, podrá indistintamente expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

Todo ello con la finalidad de garantizar a la población el acceso a los medicamentos de distintos precios, por ende, establece que es necesario modificar las disposiciones legales para que se permita a los pacientes, previa prescripción médica de la sustancia activa, elegir y decidir, con base en su poder adquisitivo, entre las diferentes denominaciones distintivas que reciba el medicamento.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan que se tiene facultad para analizar tan importante tema como lo es la prescripción de medicamentos.

B. Hay que destacar que el Estado tiene como deber diseñar políticas públicas eficientes y eficaces en salud que permitan llevar a cabo una calidad de vida que no afecte a la persona en susalud, su vida laboral, su economía, su vida social etc.

Hoy en día las enfermedades cardiovasculares, hereditarias, entre otras, han tomado relevancia en nuestro país, sabemos que existe una cobertura universal,sin embargo, un tema muy delicado es el acceso a los medicamentos, hoy por hoy sabemos que muchos pacientes no terminan su tratamiento, o bien ni lo comienzan, por ello es que las personas deben tener mayor facilidad en acceder al medicamento que elija al momento de adquirir alguno.

C. Se necesita evitar la automedicación ya que muchas veces es un riesgo para la salud, generalmente ocurre por falta de tiempo o de acceso a un servicio médico o bien al alto costo de algún medicamento.

Por lo dicho es que la mayoría de los mexicanos cuando sufren alguna enfermedad buscan las opciones más económicas tanto de servicio médico como de medicamentos.

D. Los medicamentos, representan el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para recuperar la salud. Muchas veces la calidad de vida de un enfermo depende de poder conseguirlos.

En nuestro país existe una gama de opciones para acceder tanto a medicamentos innovadores como genéricos.

E. Según la OMS, un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación del principio activo que incorpora, siendo bioequivalente a la marca original, es decir, igual en composición y forma farmacéutica y con la misma biodisponibilidad que la misma. Es decir, que son medicamentos con la misma composición, eficacia terapéutica, seguridad y calidad que el de patente.

Así mismo estos han cumplido con las pruebas determinadas por el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, y han comprobado que sus perfiles de disolución o su biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son equivalentes a los del medicamento innovador o producto de referencia.

El medicamento de patente es aquel medicamento que resulta de un proceso de investigación, que está protegido por una patente y es fabricado exclusivamente por el laboratorio farmacéutico que lo desarrolló. Se denominan por el nombre de la sustancia activa y por un nombre o marca comercial.

Cabe mencionar que no existe ninguna diferencia en cuanto a calidad, efectividad, pureza y seguridad entre un medicamento Genérico y uno de Patente. Es sólo en el precio en dónde puede apreciarse alguna diferencia, en este caso hay opción para que el consumidor pueda elegir, de acuerdo a su capacidad económica, entre diversos productos.

F. Hay que hacer énfasis que no hay justificación científica para que, al momento de que se prescriban medicamentos, prevalezca la denominación distintiva de un medicamento sobre la genérica de la sustancia activa, siempre que los medicamentos genéricos cumplan lo establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud. Es por ello que a la letra dispone lo siguiente:

ARTICULO 31. El emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

I. Cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la Denominación Genérica y si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;

II. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva;

G. Por otro lado cabe mencionar que la Iniciativa en análisis contempla que cuando se trate de los medicamentos incluidos en el catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables, a que hace referencia el Reglamento de Insumos para la Salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea,podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia.

De lo anterior se desprende que el mencionar alcatálogo de medicamentos genéricos intercambiables, es inviable ya que existe una reforma del 2 de enero de 2008 en la que el Ejecutivo Federal publicó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud y que en su Transitorio Cuarto estableció que hasta el 24 de febrero de 2010 estaría vigente el Catálogo de Medicamentos Genéricos. Es decir, que el catálogo a que hace referencia la Minuta ya no está vigente.

Por ende se hace la siguiente propuesta:

MINUTA

TEXTO PROPUESTO

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

Cuando se trate de los incluidos en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables a que hace referencia el reglamento de insumos para la salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente con base en la denominación genérica del medicamento que le hubiere sido prescrito.

En el caso de los que no estén incluidos en el catálogo referido el párrafo anterior, podrá indistintamente expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

I. Cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;

II. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente, con excepción de que cuando en la receta se exprese la Denominación Distintiva del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe.

III. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la Denominación Común Internacional, y de manera opcional, la denominación distintiva;

IV. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva;

La venta y suministro de medicamentos biotecnológicos deberá ajustarse a lo prescrito en la receta médica

H. Cabe señalar que la minuta sólo considera la prescripción de medicamentos genéricos y omite el resto de los supuestos con los que hasta ahora cuentan los médicos y los profesionales de la salud para recetar medicamentos que se encuentran establecidos en el Reglamento de Insumos para la Salud. Por ello se considera viable plasmar lo que menciona el reglamento en la Ley Vigente. Darle mayor certeza jurídica a los consumidores.

Con ello Otorga el derecho al paciente para elegir el medicamento genérico de su elección y se plasma que no exista una automedicación.

I. Hay que hacer énfasis que también los legisladores de estas Comisiones señalan que no debe olvidarse de la prescripción de los medicamentos biotecnológicos por ello se inserta en dicha reforma este tipo de medicamentos independientemente que en el artículo 222 Bis es regulado, se pretende establecer dentro del art. 225 bis, su prescripción como lo plasma el artículo 31 del Reglamento de Insumos para la Salud.

J. Es por todo lo anterior que estas Comisiones Dictaminadoras consideran viable con cambios la Minuta en comento con la finalidad de garantizar el acceso a los medicamentos de distintos precios a las personas, es necesario modificar las disposiciones legales para que se permita a los pacientes, previa prescripción médica de la sustancia activa, elegir y decidir, con base en su poder adquisitivo, entre las diferentes denominaciones distintivas que reciba el medicamento que contenga la misma sustancia activa que le hubiere sido recetada.

K. Finalmente los integrantes de la Comisión consideramos el Dictamen a favor con cambios de la Minuta, dada la relevancia del tema que contiene, por lo anteriormente señalado, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 225 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 225 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Unico. Se reforma el párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 225. ...

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

I. Cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;

II. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente, con excepción de que cuando en la receta se exprese la Denominación Distintiva del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe;

III. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la Denominación Común Internacional, y de manera opcional, la denominación distintiva, y

IV. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva;

La venta y suministro de medicamentos biotecnológicos deberá ajustarse a lo prescrito en la receta médica.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2013.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VII DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del Artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de julio de 2011, los Diputados María Cristina Díaz Salazar y Fermín Montes Cavazos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 08 de noviembre de 2011, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Salud, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada. Aprobándose con 368 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta en comento.

3. Con fecha 10 de noviembre de 2011, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, la Minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

4. Con fecha 26 de abril de 2012, la Comisión de Salud del Senado de la República, inscribió el Dictamen de la minuta en comento, con la finalidad de su discusión y votación, no obstante dicho Dictamen quedó de Primera Lectura, en la fecha señalada.

5. La Mesa Directiva después de consultar con los Grupos Parlamentarios, acordó que dicho dictamen se devolviera a las Comisiones correspondientes para que analizaran la viabilidad de su propuesta legislativa y propusieran una resolución al respecto.

Con fecha 5 de febrero de 2013, dicho Dictamen fue devuelto a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El objetivo principal de la minuta, consiste primordialmente en enriquecer y fortificar la masa de maíz nixtamalizada, así como indicar los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse en las porciones específicamente.

Para ello, se faculta a la Secretaría de Salud, para que establezca la fortificación obligatoria de la masa de maíz nixtamalizada, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. En concordancia con el Dictamen de la Colegisladora, en señalar ciertas definiciones clave, para la comprensión de la reforma propuesta,en este sentido, señalamos que:

• Nixtamal, es el nombre que se le da al maíz cocido con cal, con la finalidad de eliminar el hollejo. Es usado principalmente para la elaboración de tortillas. La palabra proviene del náhuatl nextli, o cenizas de cal, y tamalli, masa de maíz cocida.

• Masa de nixtamal, es el producto que se obtiene de la molienda húmeda de granos de maíz nixtamalizado, esta se forma a partir de maíz, cal y agua, se pueden también agregar otros ingredientes para la elaboración de la tortilla y de muchos otros alimentos como tamales, atole, etcétera.

• El proceso de nixtamalización, tiene la finalidad de hacer el grano más digerible así como el de aumentar su valor proteínico, la concentración de calcio aumenta en 20 por ciento, la d fósforo en 15 por ciento y la de hierro en 37 por ciento.

•La fortificación de alimentos, se define generalmente como la adición de uno o más nutrientes a un alimento con la finalidad de mejorar su calidad, y reducir y controlar su carencia de nutrientes.

C. Al respecto, la Colegisladora señala que la desnutrición crónica afecta en México, a 1.8 millones de niños menores de cinco años, de los cuales al menos 170 mil que habitaban las zonas marginadas de las ciudades y el campo, presentan una situación aguda y mueren por enfermedades infecciosas.

En el mismo sentido, señala cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, donde se menciona que entre 168 mil y 170 mil personas, se detectaron con un problema agudo; el resto presentan una desnutrición crónica, de tal manera que el problema es grave.

Derivado de lo anterior, es necesario afrontar la problemática de salud e implementar acciones enfocadas al enriquecimiento nutricional, con la finalidad de satisfacer los cuadros básicos de alimentos, entre las que se pueden mejorar las harinas industrializadas de trigo y maíz, siempre y cuando se indiquen los nutrientes y la cantidad que se debe incluir en éstos.

D. Dicha reforma, tendrá un impacto positivo en la salud de la población, toda vez que la tortilla, producida a partir de masa nixtamalizada, es uno de los alimentos más importantes en la dieta de los mexicanos y procurar que este alimento cumpla con los nutrientes básicos para su alimentación, traerá beneficios al país.

Es en este contexto, de que con la finalidad de que la reforma propuesta tenga una mejor estructura jurídica, es que se propuso una modificación al Decreto, que consiste en:

DECRETO DE LA MINUTA

DECRETO CON MODIFICACIONES

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. a VI. …

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos.

Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como de las de masa de maíz nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. …

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. a VI. …

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos.

Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como la masa de maíz nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. …

E. En este orden de ideas, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, consideramos viable la reforma con modificaciones, por ello que se plantea en los términos.

Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento es de trascendencia para promover la sana alimentación en nuestro país, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. a VI. …

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos.

Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como la masa de maíz nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente, o en su caso, hacer las adecuaciones pertinentes a las ya existentes, a efecto de dar cumplimiento al presente Decreto en un plazo no mayor a 300 días naturales.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2013.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)



De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, relativas a la regulación para la apertura de establecimientos residenciales y semirresidenciales.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 27 de septiembre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura presentó Iniciativa que reforma los artículos3, 13, y 198 todos de la Ley General de Salud. En materia de apertura de establecimientos Residenciales y Semirresidenciales.

2. Con fecha 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En México, el consumo de drogas y alcohol constituye un grave problema de salud pública cada vez más expuesto a factores de riesgo. Los estudios recientes refieren tendencias que apuntan vertientes, tales como que se observa que la edad de inicio en el consumo de sustancias psicotrópicas, incluyendo alcohol y tabaco, ha disminuido. Es por ello la preocupación de la Senadora proponente, para que se regulen en el marco jurídico de los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones, a través de los artículos 3, 13 y 198 de la Ley General de Salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. En 2002, la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) señalaba la existencia de 307 mil personas con problemas de adicción, mientras que en 2008 la misma encuesta mostró que esta cifra se elevó a 465 mil personas con problemas graves de dependencia.

En el consumo de alcohol, la ENA 2008 reportó que la población que representa abuso/dependencia a esta sustancia es muy elevada, con una cifra de más de 4 millones de mexicanos que cumplen los criterios para este trastorno. Actualmente, el abuso y la dependencia de sustancias adictivas constituyen un problema de salud pública con importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad.

C. Derivado de la enfermedad que padecen los pacientes de alguna o varias adicciones, como alcohol, tabaquismo o drogas, y la dificultad que tienen para reconocer su problema, como legisladores se debe procurar el tratamiento de las adicciones a través de servicios de calidad que aseguren metodologías confiables y seguras, así como un trato interpersonal sensible y digno hacia los pacientes.

El respeto de los derechos humanos y la calidad de la atención son elementos que requieren un proceso de mejora continua, en el que participen todos los involucrados en la prestación de los servicios.

D. Es por ello que los centros de tratamiento residencial que actualmente brindan servicios de atención a las adicciones en el país pueden operar con distintos modelos de tratamiento, de acuerdo a diferentes perspectivas, ya sea profesional, ayuda mutua o mixta que se enfoquen en:

• Profesional: Son los servicios de atención que cuentan con programas estructurados para diagnosticar, desintoxicar y rehabilitar. En ellos trabajan profesionales ya sean médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, monitores, personal de enfermería, etcétera. Se brinda el servicio a través de consulta externa, consulta de urgencias y hospitalización.

• Ayuda mutua: Estos grupos son fundados por adictos recuperados y ofrecen espacios para ayudar a otros enfermos y lograr la desintoxicación y rehabilitación, enfatizan la interacción personal y la asunción individual de responsabilidades de sus miembros. Suelen proporcionar ayuda material o emocional y promueven unos valores a través de los que sus miembros pueden reforzar la propia identidad.

• Mixto: Es la mezcla de los modelos de tratamiento profesional y de ayuda mutua, en ellos trabajando profesionales de la salud, así como adictos recuperados.

E. En 2010, a través del Proyecto Capacitación y Profesionalización de Consejeros Terapéuticos en Adicciones Cicad-Conadic, se levantó un censo nacional de establecimientos residenciales especializados en el tratamiento de las adicciones, el cual daba cuenta de la existencia de mil 543 centros, la mayoría de ellos grupos de ayuda mutua dirigidos por adictos recuperados que carecen en general de una formación profesional en materia de atención y tratamiento de las adicciones, pero a través de los cuales es atendido más de un 80 por ciento de las personas que sufren adicción a sustancias psicoactivas en el país.

Actualmente se cuenta con el censo en línea desarrollado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, el cual ha sido retroalimentado por los consejos estatales contra las adicciones (CECA), a partir del cuarto trimestre de 2011, y que da cuenta de mil 732 establecimientos residenciales.

De este universo de establecimientos residenciales que brindan servicios de tratamiento residencial (mil 732), solo 372 cuentan con reconocimiento ante este centro nacional, es decir, se ha constatado que cubren las condiciones de calidad establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, y han sido visitados por los consejos estatales para su verificación. El proceso de reconocimiento de la totalidad de los establecimientos está en marcha.

F. Existen diversos factores que influyen para que algunos de estos establecimientos se oculten o cambien de residencia con facilidad, lo que a su vez conlleva a la clandestinidad y a la operación de prácticas no apropiadas y al evidente riesgo físico, emocional y psicológico de los pacientes que son atendidos en estas circunstancias. Se reconoce la importante labor de la mayoría de los Centros de Tratamiento, pero debe evitarse que se ponga en riesgo la integridad física o psicológica a los usuarios de los servicios.

G. Es por lo anteriormente señalado, que se considera viable la adición y reforma de los Artículos 3º, donde se adiciona una fracción XXI Bis, que establece que es materia de salubridad general, la regulación de los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones; así mismo la adición de la fracción V Bis, al Artículo 198, con lo que se establece que los establecimientos dedicados a brindar servicios residenciales de atención y rehabilitación de las adicciones, requieren de autorización sanitaria, lo anterior con la finalidad de que dichos centros cumplan con los requisitos mínimos para poder brindar la atención oportuna, digna y suficiente a los pacientes que lo necesitan.

Derivado de lo anterior, esque las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Artículo Unico. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XXI....

XXI Bis. Los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones;

XXII. a XXVIII. ...

Artículo 13. ...

A. ...

I. y II. ...

II Bis. Regular los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones.

III. a X. ...

B. ...

I. Organizar, operar, supervisar y regular la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Bis, XXVI Bis, y XXVII Bis del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C. ...

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I. a V. ...

V Bis. Brindar servicios residenciales de atención y rehabilitación de las adicciones;

VI. ...

...

La autorización sanitaria a que se refiere la fracción V Bis de este artículo se otorgará por las autoridades sanitarias de los gobiernos de las entidades federativas conforme a lo que establezcan las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Salud. El control sanitario de este tipo de establecimientos corresponderá a los gobiernos de las entidades federativas.

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los establecimientos residenciales que brinden servicios de atención y rehabilitación de las adicciones que cuenten con un aviso de funcionamiento, a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, tendrán un plazo máximo de 3 años contados a partir de dicha fecha de entrada en vigor para obtener la autorización a que se refiere el artículo 198, fracción V Bis, de esta ley.

Tercero. Hasta que no se obtenga la autorización sanitaria por parte de dichos establecimientos, durante el plazo de tres años previsto en el artículo transitorio que antecede, éstos deberán registrarse ante las autoridades sanitarias correspondientes de las entidades federativas con la finalidad de que puedan continuar sus funciones, dicho registro estará sujeto a los lineamientos que determine la Secretaría de Salud, debiendo emitirlos en un plazo que no exceda de noventa días a partir de la publicación del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2013.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Son todos los dictámenes de primera lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, quedan de primera lectura.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 constitucionales, en materia de telecomunicaciones.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

(Dictamen de primera lectura)



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Queda de primera lectura.

Compañeras Senadoras y Senadores, como ustedes recuerdan, el pasado jueves 25 de abril, diversos Senadores entregaron a esta Mesa Directiva modificaciones a los artículos del proyecto de reformas a la Ley sobre Refugiados. Las propuestas se integraron al dictamen y sin discusión se aceptaron.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ASI COMO LA DENOMINACION DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCION COMPLEMENTARIA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE MIGRACION

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
DE ASUNTOS MIGRATORIOS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y, se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I. METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

II. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 9 de octubre de 2012, el Ejecutivo Federal presentó iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se modifica la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, se reforman y adicionan diversas de sus disposiciones y se reforman algunos artículos de la Ley de Migración.

2.- En esa misma fecha, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera.

3.- En reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Migratorios, efectuada el día 9 de abril del año 2013, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el presente dictamen, y enviado a la comisión de Estudios Legislativos, Primera para su aprobación.

4. En reunión de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, celebrada el día 17 de abril, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el presente Dictamen.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la Iniciativa.

El proponente tiene como finalidad por una parte reformar la denominación de Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, por la Ley Sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo; por la otra, incluir lo relativo al asilo, regulando en un mismo ordenamiento ambas figuras.

Por otra parte señala que el derecho internacional reconoce dos tipos de protección que un individuo puede solicitar un Estado del que no es nacional: asilo y refugio.

Manifiesta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen el derecho de buscar, solicitar y recibir asilo.

América Latina, afirma, la propuesta es una región pionera en la institución del asilo y es precisamente en esta región en la que se han adoptado los únicos tratados internacionales en la materia, siendo nuestro país parte.

Señala además que el asilo político, a diferencia del refugio, es una facultad discrecional del Estado que se entiende como la protección  que se otorga a un extranjero por considerar que, debido a su perfil público, es sujeto de persecución política. Tal protección, continúa afirmando la iniciativa, puede solicitarse en la sede de la misión diplomática de un país o en el territorio de otro al de origen, en los términos de los tratados señalados.

El refugio implica la condición que nuestra Constitución reconoce como derecho humano, en virtud del cual un país otorga protección y un sistema de garantías a una persona cuya vida, libertad o seguridad esté en peligro en su país de origen por causas diversas, como las que establece el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

Se señala que la discrecionalidad para el otorgamiento del asilo encuentra sustento en el artículo 3º de la Convención sobre Asilo Político, de Montevideo, Uruguay, suscrita en 1933, el cual señala que:

“ARTICULO 3º. El asilo político, por su carácter de institución humanitaria, no está sujeto a reciprocidad. Todos los hombres pueden estar bajo su protección, sea cual fuere su nacionalidad, sin perjuicio de las obligaciones que en esta materia tenga contraídos el Estado a que pertenezcan; pero los Estados que no reconozcan el asilo político, sino con ciertas limitaciones o modalidades, no podrán ejercerlo en el extranjero, sino en la manera y dentro de los límites con que lo hubieren reconocido”.

Por tanto, se concluye en un primer momento que los Estados cuentan con discrecionalidad para calificar la naturaleza del delito o motivos de la persecución, ejercerlo de acuerdo con ciertas modalidades o limitaciones y, consecuentemente, para otorgarlo en la medida de dicha calificación, modalidades o limitaciones.

De conformidad con los tratados, el asilo únicamente se concede cuando concurren simultáneamente los siguientes supuestos:

a) Las causas que motivan la persecución del solicitante son eminentemente de índole política directamente relacionadas con el perfil público de la persona (creencias, opiniones, filiación política o actos que puedan ser considerados como delitos políticos, entre otros);

b) Que hagan peligrar su vida, libertad o seguridad; y,

c) Se trate de casos de urgencia, es decir, cuando resulta indudable que el indiviuo se encuentra en peligro inminente de ser privado de su vida o de su libertad por virtud de la persecución política y no pueda ponerse a salvo de otra forma.

El asilo no se encuentra sujeto a las reglas de reciprocidad internacional.

El asilo político es una decisión de política exterior pues el país asilante parecería implícitamente denostar esta situación, afirma el proponente.

El asilo y el refugio, se refieren a personas objeto de persecución, sin embargo, cada una opera en distintas circunstancias y reglas, mientras que el segundo es un derecho humano por virtud del cual un país otorga protección a una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país.

También la iniciativa se sustenta en la reciente publicación y entrada en vigor de las distintas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos en donde se hizo el reconocimiento y ampliación al ámbito de protección de ambos derechos.

Así cumpliendo con el transitorio tercero de dicha reforma, es que el Ejecutivo Federal lleva a cabo la presentación de la presente iniciativa para su dictaminación, discusión y su aprobación ante el Congreso de la Unión.

A mayor abundamiento, la Iniciativa en dictaminación se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.

Adicionalmente señala que el Reglamento de la Ley General de Población, regula el otorgamiento del asilo político; sin embargo, en virtud del artículo transitorio mencionado se presenta la necesidad de regular el tema en una ley secundaria. En el mencionado reglamento se prevé la regulación del asilo político territorial y el asilo político diplomático, atribuyéndose a la Secretaría de Gobernación así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores competencia en la materia.

Por otra parte, entre las principales modificaciones que integran la Iniciativa se encuentran las siguientes:

1. En el artículo 2 de la propuesta, incorporan las definiciones de Asilo, Asilado, Refugio y Representación.

2. En el Titulo Tercero incorporan las competencias que en materia de Asilo, Refugio y Protección Complementaria corresponderían a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación (14 Bis y 14 Ter) respectivamente.

3. En los artículos 21, 25 y 31 de la Iniciativa se sustituye la mención “legal estancia” por la de “situación migratoria regular”, para hacer congruente el contenido con la terminología empleada en la Ley de Migración.

4. En el Título V de la Ley se adiciona el artículo 35 Bis, con lo que se incorpora la figura de “renuncia a la condición de refugiado o a la protección complementaria”, los supuestos que la actualizan, y la facultad de la Secretaría de Gobernación para que, en tales casos, dé por terminada la condición de estancia de la que la persona extranjera gozaba en términos de la Ley de Migración.
La figura de “renuncia” actualmente se encuentra contemplada en el Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, por lo que se estaría atribuyendo un mayor rango a la norma, generando con ello mayor certeza jurídica.

5. En el Titulo Quinto se reforma el párrafo tercero del artículo 38 para adecuar su terminología con la Ley de Migración. En este mismo tenor por se reforma la fracción VII del artículo 44 dentro del Título Sexto.

6. La Iniciativa propone la incorporación de un nuevo Título Séptimo denominado DEL ASILO, con seis capítulos, regulándose las siguientes figuras: Capitulo I Principios; Capítulo II, Del Otorgamiento del Asilo; Capítulo III, Del Procedimiento de Otorgamiento de Asilo; Capítulo IV, Del Retiro y Renuncia de Asilo; Capítulo V, De la Estancia en Territorio Nacional; y, Capítulo VI, De la Asistencia Institucional.

7. Dentro del Título Séptimo, se destacan los principios de no discriminación y la confidencialidad, sobre los cuales se fundamenta y estructura el asilo en la legislación mexicana.

El Capitulo Segundo de dicho Título, señala quienes pueden solicitar asilo, así como la posibilidad de extenderlo a sus familiares.

8. En el Capítulo Tercero, es regulado  de manera general, el procedimiento para el otorgamiento de Asilo en sus dos vertientes, tanto diplomático como territorial; se reconoce la facultad de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para adoptar la decisión que corresponda siempre tomando en consideración la opinión de la Secretaría de Gobernación y se le atribuye a la entrevista un carácter central para adoptar tal decisión, así como los demás elementos e información que pueda allegarse para ello.

9. El Capítulo IV enuncia y regula las causales de retiro del asilo así como la cesación de la protección.

10. En el Capítulo V se refiere a la estancia de los asilados en territorio nacional y señala que se les concederá la condición de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

11. Finalmente, el Capitulo Sexto del mismo Título es regulada la protección a los asilados, homologando su protección con la de los refugiados.

B. Valoración de la Iniciativa

Las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos Primera, consideran válidas y atendibles las razones esgrimidas por el promovente con la aprobación de la iniciativa se regulará en el mismo ordenamiento legal tanto el refugio y la condición de refugiado, como el asilo, lo cual privilegia la certeza jurídica en beneficio de los extranjeros destinatarios, quienes tendrán claridad y seguridad, conforme al ordenamiento jurídico mexicano.

Dotar de certeza jurídica a los destinatarios de la protección que les confieren las figuras de asilo y la condición de refugiado, será uno de los logros del Estado democrático de derecho, y abonará al fortalecimiento de la cultura de la legalidad al interior.

Responde a los tratados internacionales de los cuales México es Parte, como son:

• Convención sobre Asilo, adoptada en la Habana el 20 de febrero de 1928.

• Convención sobre Asilo Político, adoptada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933;

• Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954;

• Convención sobre Asilo Territorial, adoptada en Caracas, Venezuela el 28 de marzo de 1954.

Estos cuatro instrumentos internacionales constituyen el núcleo jurídico regional básico de la figura de ASILO POLITICO, la cual es una figura discrecional del Estado que se entiende como la protección que se otorga a un extranjero por considerar que, debido a su perfil público, es sujeto de persecución política, esta protección puede solicitarse en la sede de la misión diplomática de un país o en el territorio de otro al de origen. Por su parte, el REFUGIO y la CONDICION DE REFUGIADO, nuestra Constitución reconoce como derecho humano, en virtud del cual un país otorga protección y un sistema de garantías a una persona cuya vida, libertad o seguridad están en peligro en su país de origen por causas diversas.

De conformidad con los tratados el asilo únicamente se concede cuando concurren simultáneamente los siguientes supuestos:

A.- Las causas de la persecución al solicitante son eminentemente de índole Política (Creencias, opiniones, filiación política o actos que puedan ser considerados como delitos políticos, entre otros);

B.- Que hagan peligrar su vida, libertad o seguridad; y,

C.- Se trate de casos de urgencia, cuando el individuo se encuentra en peligro inminente de ser privado de su vida o de su libertad y que no pueda ponerse a salvo de otra forma. El asilo no está sujeto a reciprocidad internacional.

De esta manera a través del asilo y el refugio, se amplía el estándar de protección previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de cualquier extranjero cuya vida, libertad o seguridad peligre con motivo de persecución por razones políticas, cada uno opera en distintas circunstancias con connotaciones jurídicas diferentes. El refugio es un derecho humano por el cual un país otorga protección a una persona que debido a fundados temores de ser perseguida ya sea por circunstancias personales o por que ha sido amenazada por la violencia generalizada, la agresión extranjera, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público concede la condición de refugiado. Dichas figuras, se encuentran incluidas en el artículo 11 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El transitorio tercero del decreto de reforma Constitucional textualmente dice: “La Ley Reglamentaria a que se refiere el artículo 11 Constitucional sobre Asilo, debe ser expedida en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto”.

Del Plan Nacional de Desarrollo, se desprende que la política migratoria debe prever un tratamiento idóneo para los solicitantes de asilo o refugio, así como para quienes se vean beneficiados con tales figuras.

Asimismo, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, es un instrumento jurídico que se fundamenta en el principio de no discriminación e inclusión de la perspectiva de igualdad, equidad y género y dispone el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos y personas vulnerables, así como atribuye a la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores la responsabilidad de fomentar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de refugio.

Dadas las diferencias entre asilo y refugio como figuras de protección de la persona se considera pertinente y jurídicamente correcto que la Ley sobre Refugiados y Protección complementaria vigente, sea reformada para evitar la dispersión normativa.

Lo anterior, envía el mensaje a la comunidad internacional de un marco jurídico interior acorde con el derecho internacional público, los derechos humanos, el humanitario y el de las relaciones diplomáticas, y que las políticas exterior e interior están íntimamente entrelazadas en beneficio de la población por lo que México asume su compromiso de proteger a la persona humana como sujeto de derechos que trascienden las fronteras de los países.

Es importante prevenir, que la intención del Legislador en cuanto a la intervención de la Secretaría de Gobernación para los efectos de lo dispuesto por el artículo 70 de la presente ley, debe entenderse que ésta facultad la realizaría a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para ello, se deberá establecer en los Reglamentos respectivos el procedimiento para atender y desahogar dicha solicitud.

Adicionalmente el Reglamento de la Ley de Migración en su artículo 64 establece lo siguiente:

“Artículo 64. La autoridad migratoria deberá informar de inmediato a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados los casos de las personas extranjeras a que hace referencia la fracción III del artículo 62 de este Reglamento.

En caso de que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dé vista a la Secretaría de Relaciones Exteriores por considerar que se trata de un posible caso de asilo político, ésta última iniciará el procedimiento correspondiente en los términos de la legislación aplicable.”

Los supuestos a los que refiere la ley son: ser solicitante de la condición de refugiado, de asilo político o que requiera iniciar un procedimiento de determinación de apátrida.

Por último a fin de armonizar el contenido del presente decreto de reforma con la vigente legislación migratoria, resulta pertinente reformar a su vez el artículo 3 fracción III y 55 segundo párrafo de la Ley de Migración.

C. De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a)Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y,

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos Primera sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES ASI COMO LA DENOMINACION DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCION COMPLEMENTARIA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; los artículos 2; 3; la denominación del Título Tercero; los artículos 21, primer párrafo; 25, segundo párrafo, 31, 38, tercer párrafo, 44 fracción VII, y tercero transitorio; y se adicionan los artículos 14 Bis; 14 Ter; 35 Bis; un Titulo Séptimo, denominado “Del Asilo”; los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 para quedar como sigue:

LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCION COMPLEMENTARIA
Y ASILO POLITICO

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Asilo Político: Protección que el estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por Asilo el Asilo Político.

II. Asilado: El extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en el artículo 61 de la Ley recibe la protección del Estado Mexicano.

III. Fundados Temores: Los actos y hechos que den o hayan dado lugar a una persecución, y que por su naturaleza, carácter reiterado, o bien, por una acumulación de acciones por parte de un tercero, ponen o podrían poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona.

IV. Ley: Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

V. Reglamento: Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

VI. País de Origen: El país de nacionalidad o de residencia habitual del solicitante de refugio o del refugiado, del solicitante de asilo o asilado, así como del extranjero al que se le otorgue protección complementaria.

VII. Protección Complementaria: Protección que la Secretaría de Gobernación otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos de la presente Ley, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

VIII. Refugio: Protección que recibe un extranjero al que se le reconoce la condición de refugiado.

IX. Refugiado: El extranjero que encontrándose en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley es reconocido como tal por la Secretaría de Gobernación.

X. Representación: Las señaladas en el artículo 1 bis, fracción VIII de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

XI. Secretaría: Secretaría de Gobernación.

XII. Solicitante de asilo: El extranjero que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o a la Representación, según corresponda, el otorgamiento de asilo.

XIII. Solicitante de refugio: El extranjero que solicita a la Secretaría el reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de su situación migratoria.

Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las bases para la atención a los solicitantes y asistencia a los asilados y refugiados que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.

TITULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE REFUGIADOS, PROTECCION COMPLEMENTARIA Y ASILO POLITICO

CAPITULO UNICO

ARTICULO 14 BIS. En materia de asilo, compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores:

I. Resolver sobre el otorgamiento de asilo a los extranjeros que encontrándose en la representación o en territorio nacional, presenten su solicitud de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley y su Reglamento. En todos los casos a que se refiere esta fracción recabará previamente la opinión de la Secretaría;

II. Orientar a los solicitantes de asilo y asilados sobre sus derechos y obligaciones;

III. Llevar un registro actualizado de los solicitantes de asilo y asilados;

IV. Resolver sobre el retiro y la renuncia de asilo; 

V. Las demás atribuciones que le confieran el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 14 TER. En materia de asilo, le compete a la Secretaría lo siguiente:

I. De manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de asilados conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;

II. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades competentes en términos del Reglamento, promover soluciones a la problemática que enfrentan los asilados, durante su estancia en territorio nacional, de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley;

III. Formular, coordinar, dar seguimiento, evaluar y difundir criterios y programas encaminados a la atención de asilados, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones, que participen en la atención a asilados, y

V. Atender a los asilados con pleno respeto a sus derechos humanos.

Artículo 21.- Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento.

Artículo 25.

En los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría expedirá el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los términos de las disposiciones aplicables. Si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido en el reglamento; de igual forma el extranjero podrá interponer los medios de defensa que estime pertinentes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 31. Si la Secretaría determina que un extranjero requiere protección complementaria, expedirá el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los términos de las disposiciones aplicables. En caso contrario, éste quedará sujeto a las disposiciones migratorias correspondientes.

Artículo 35 Bis. Los refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria, podrán solicitar que se suspendan en cualquier momento a la condición o protección que reciben, para lo cual será necesario dar aviso a la Secretaría.

En caso de que un refugiado o extranjero que reciba protección complementaria abandone el país y solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, otorgamiento de una condición similar o la residencia permanente en otro país, la Secretaría procederá a la suspensión de la condición de refugiado misma que podría ser  reactivada mediante solicitud y su evaluación en un eventual retorno.

En los casos a que se refiere este artículo, la Secretaría realizará las acciones necesarias para dar por terminados los efectos de su condición de estancia en territorio nacional en los términos previstos por el Reglamento.

Artículo 38…

No obstante, podrán solicitar a la autoridad migratoria les sea otorgada una condición de estancia en el país.

Artículo 44…

I a VI…

VII. Obtener el documento migratorio expedido por la Secretaría, que acreditesu condición de estancia como residente permanente.

TITULO SEPTIMO
DEL ASILO POLITICO

CAPITULO I
PRINCIPIOS

ARTÍCULO 59. La Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les corresponda a otras autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que estén a su alcance para que los asilados no sean objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que tenga como efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 60. La información aportada por los solicitantes de asilo y asilados será tratada con la más estricta confidencialidad, en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cuando alguna autoridad requiera información respecto a los solicitantes de asilo o asilados, deberá solicitarla al a Secretaría de Relaciones Exteriores; en caso de que se le proporcione dicha información, ésta deberá ser tratada de manera confidencial, en términos de la Ley citada.

CAPITULO II
DEL OTORGAMIENTO DE ASILO POLITICO

ARTICULO 61. Todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público, y carezca de la protección de su país, podrá solicitar el otorgamiento de asilo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o la representación, según corresponda.

ARTICULO 62. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá hacer extensivo, por derivación el otorgamiento de asilo al cónyuge, concubinario, concubina, sus hijos y los de su cónyuge, concubinario o concubina, que dependan económicamente del asilado, que se encuentren en su país de origen o en territorio nacional con el solicitante, para lo cual deberá considerar la opinión que emita la Secretaría.

CAPITULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE ASILO POLITICO

ARTICULO 63. El solicitante de asilo deberá presentarse físicamente en la Representación, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal, a efecto de presentar por escrito su solicitud, y proporcionar sus datos de identificación, los motivos en los cuales fundamenta su solicitud de asilo, así como de todos los elementos que disponga para sustentarla.

En el caso de en qué al solicitante no le sea posible presentar la solicitud por escrito, podrá hacerlo verbalmente.

ARTICULO 64. El solicitante de asilo recibirá información clara, oportuna y gratuita sobre el procedimiento de otorgamiento de asilo, así como sobre sus derechos y obligaciones.

ARTICULO 65. Las representaciones solo recibirán solicitudes de asilo de los nacionales de aquellos países ante los que se encuentren acreditadas.

Las representaciones deberán remitir las solicitudes a la Secretaria de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 66. Durante el procedimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la representación de considerarlo pertinente, tomará las medidas a su alcance para proveer protección a los solicitantes de asilo.

ARTICULO 67. La representación podrá entrevistar al solicitante hasta en dos ocasiones, a fin de recabar elementos suficientes para el análisis de la solicitud. Asimismo recabará la mayor información posible sobre la situación prevaleciente en el país de origen.

ARTICULO 68. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores la decisión de conceder o no el asilo, previa opinión de la Secretaría.

ARTICULO 69. La decisión sobre el otorgamiento o no del asilo será comunicada al solicitante del mismo; el Reglamento de esta Ley establecerá el plazo para tales efectos.

En los casos en los cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorgue asilo, ésta y la representación, de manera coordinada, tomarán las medidas necesarias para que, en su caso, el asilado sea trasladado a territorio nacional.

Otorgado el asilo, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará su decisión a la Secretaría a efecto de que esta expida el documento migratorio de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

ARTICULO 70. En caso de que un extranjero se presente en un lugar destinado en México al tránsito internacional de personas y solicite se le conceda asilo, la Secretaría determinará si la solicitud corresponde a un posible caso de refugio o de asilo. En este último supuesto, informará de inmediato a la Secretaría de Relaciones Exteriores de tal situación, debiendo remitir los datos que lo identifiquen, así como las razones que exponga para sustentar su solicitud.

CAPITULO IV
DEL RETIRO Y RENUNCIA DEL ASILO POLITICO

ARTICULO 71. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá retirar el otorgamiento de asilo en los siguientes casos:

I. En los que se acredite que el asilado ocultó o falseó la información proporcionada; Por realizar actos en territorio nacional que constituyan un riesgo o amenaza para la seguridad nacional;

II. Cuando existan razones fundadas para considerar que el asilado ha cometido un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra de los definidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte o del delito de terrorismo, o

III. Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento.

ARTICULO 72. Los asilados podrán renunciar en cualquier momento a la protección que les fue otorgada, para lo cual será necesario dar aviso por escrito a la Secretaría  de Relaciones Exteriores, la que comunicará lo conducente a la Secretaría.

En caso de que un asilado solicite la protección o residencia permanente en otro país, se entenderá que renuncia a la protección que se le otorgó en los Estados Unidos Mexicanos.

En los casos de renuncia a que se refiere el presente artículo, la Secretaría de Relaciones Exteriores realizará las acciones necesarias para dar por terminados los efectos de su condición de estancia en territorio nacional en los términos previstos por el Reglamento.

CAPITULO V
DE LA ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL

ARTICULO 73. Al solicitante de asilo se le concederá la condición de estancia de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

ARTICULO 74. En caso de presentarse una solicitud de extradición de un asilado, la Secretaría de Relaciones Exteriores incluirá la condición de asilado como un elemento al considerar la solicitud de extradición.

CAPITULO VI
DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL

ARTICULO 75. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, adoptará las medidas necesarias para brindar asistencia institucional a los asilados, en los términos que lo establecido en los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley.

CAPITULO VII
DE LOS TRAMITES PREVISTOS EN LA LEY

ARTICULO 76. El detalle de los procedimientos, plazos, requisitos, y criterios de los trámites relacionados con la solicitud de otorgamiento de asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado, y de protección complementaria, se sujetará a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

TRANSITORIOS

TERCERO. Los refugiados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor de la presente Ley podrán solicitar que se les expida el documento migratorio que acredite su condición de legal estancia en el país como residente permanente.

ARTICULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 3, fracción III; y 55, segundo párrafo; de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I y II…

III. Asilado: a todo extranjero que sea reconocido como tal en los términos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político;

IV a XXX…

Artículo 55….

I a V…

Para el ejercicio del derecho consagrado en el presente artículo de las personas que se les otorgue asilo político u obtengan el reconocimiento de la condición de refugiado, se atenderá a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás legislación aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los asilados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor del presente decreto podrán solicitar que se les expida el documento migratorio, que acredite su condición de estancia en el país de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

TERCERO.- La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores realizarán las acciones necesarias para que la implementación de las presentes modificaciones se lleven a cabo con los recursos aprobados en su presupuesto, por lo que no requerirán recursos adicionales para tales efectos y no incrementarán su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

CUARTO. Se deberá establecer en los Reglamentos respectivos el procedimiento por medio del cual la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados atenderá y desahogará la solicitud a la que hace referencia el artículo 70 de la presente Ley.

Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION
COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.



En consecuencia, procede ahora recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 100 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 210, 218 y 235; y se adiciona el artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor.





 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 210, FRACCION I; 218, FRACCION III; 235; Y SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 213 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Dictamen de segunda lectura)

“Comisiones Unidas de Cultura;
y de Estudios Legislativos, Primera

H. ASAMBLEA:

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República proyecto de Decreto que reforma y adicional diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobado por la Cámara de Diputados el 28 de febrero de 2013.

Con fundamento en el primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 10 de diciembre de 2009, el entonces Diputado Armando Jesús Báez Pinal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Cultura de ese órgano legislativo para su estudio y dictamen.

3. La propuesta del entonces Diputado Armando Jesús Báez Pinal fue aprobada con modificaciones por la Comisión de Cultura de la LXI Legislatura el 14 de diciembre de 2011 y, una vez cubiertos los requisitos procedimentales para su inclusión en el Orden del Día, se envió a la Mesa Directiva para ser sometida a votación en el Pleno.

4. Al concluir la LXI Legislatura, el dictamen de la iniciativa del entonces Diputado Báez Pinal no fue discutido por el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, con base en un Acuerdo suscrito por los grupos parlamentarios relativo a los dictámenes en poder de ese cuerpo legislativo, resolvió devolverlo a la Comisión de Cultura y Cinematografía, el 20 de noviembre de 2012, a efecto de que nuevamente fuera discutido y, en su caso, aprobado por los integrantes de la comisión.

5. El 13 de febrero de 2013, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados refrenda el contenido del dictamen de la iniciativa del entonces Diputado Báez Pinal.

6. El 28 de febrero de 2013 es aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor con 425 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. En esa misma fecha es turnado a la Cámara de Senadores para efectos del inciso A del artículo 72 constitucional.

7. El 5 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Cultura de ese órgano legislativo el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor para su estudio y dictamen.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del proyecto de Decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y viabilidad del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de Decreto que se analiza corresponde a una propuesta inicialmente presentada durante la Legislatura LXI por el entonces Diputado Armando Jesús Báez Pinal, cuyo contenido fue simplificado hasta quedar en la reforma a la fracción I. del artículo 210; la adición de un tercer párrafo al artículo 213; la modificación de la fracción III, del artículo 218 y la reforma al artículo 235, todos de la Ley Federal del Derecho de Autor. Los propósitos generales son, por una parte, facultar al Instituto Nacional del Derecho de Autor, Indautor, para realizar visitas de inspección, solicitar información y datos sobre asuntos relacionados con la explotación de las obras a que se refiere la ley y, por otra parte, adicionar una serie de elementos de orden contencioso para agilizar los procedimientos de denuncia de explotación irregular o ilegal de las obras en beneficio de e los autores y de conexos, sus causahabientes, representantes o sociedades de gestión colectiva, según sea el caso.

La modificación del artículo 210 establece las bases para que el Instituto Nacional del Derecho de Autor pueda realizar, en el ámbito de las infracciones administrativas, visitas de inspección y requerir informes y datos. Esta nueva atribución le permite documentar con mayor solidez las resoluciones que emita en ejercicio de sus facultades como autoridad. De hecho esta facultad ya se encuentra estipulada en el Reglamento de la Ley, circunstancia que la hace impugnable por un principio de jerarquía normativa.

La reforma al artículo 213 enriquece el sentido de una modificación hecha en el año de 2003 a la ley autoral. En aquella modificación se estableció la posibilidad de que el autor cuente con una doble vía, ya sean a través de los tribunales locales o, bien, de los tribunales federales, cuando se ventilen controversias entre particulares por presuntas violaciones a los derechos de autor y de conexos. Sin embargo, para potenciar el universo de los derechos de autor, ahora se exime de la obligación de las partes de agotar los procedimientos administrativos antes que optar por la vía judicial ante, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La modificación al artículo 218, fracción III, tiene como propósito eliminar, en los juicios de avenencia, la multa fija para aquellas personas que no se presenten a las juntas cuando fueran citados por la autoridad. Esta decisión se apoya en seguimiento a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las multas fijas propician excesos autoritarios y un tratamiento desproporcionado entre particulares. El monto de la multa se determinará de cien a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Con respecto a la reforma al artículo 235, los diputados se pronunciaron favorablemente para que las infracciones en materia de comercio, que derivan en medidas de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, por presuntas violaciones a los derechos de autor y de conexos, no sólo sean una facultad exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sino también de los tribunales federales, órganos del Poder Judicial que podrán dictar medidas de suspensión, sobre la base de la libre elección de las persona o autores que vean afectados sus derechos en materia de comercio.

La propuesta normativa aprobada por los Diputados contiene las modificaciones siguiente respecto del texto vigente de la Ley Federal del Derecho de Autor:

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Texto original

Proyecto de Decreto

Artículo 210.- El Instituto tiene facultades para:

I. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas;

II. Solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección;

III. Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos;

IV. Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y

V. Las demás que le correspondan en los términos de la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 210.- El Instituto tiene facultades para:

I. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos;

II. a V....

Artículo 213.- Los Tribunales Federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales de los Estados y del Distrito Federal.

Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta Ley y en sus reglamentos, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles ante Tribunales Federales y la legislación común ante los Tribunales del orden común.

Artículo 213. ...

Para el ejercicio de las acciones derivadas de la presente Ley y su Reglamento no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones.

Artículo 218.- El procedimiento administrativo de avenencia lo llevará a cabo el Instituto conforme a lo siguiente:

I. Se iniciará con la queja, que por escrito presente ante el Instituto quien se considere afectado en sus derechos de autor, derechos conexos y otros derechos tutelados por la presente Ley;

II. Con la queja y sus anexos se dará vista a la parte en contra de la que se interpone, para que la conteste dentro de los diez días siguientes a la notificación;

III. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir se les impondrá una multa de cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;

IV. En la junta respectiva el Instituto tratará de avenir a las partes para que lleguen a un arreglo. De aceptarlo ambas partes, la junta de avenencia puede diferirse las veces que sean necesarias a fin de lograr la conciliación. El convenio firmado por las partes y el Instituto tendrá el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo;

V. Durante la junta de avenencia, el Instituto no podrá hacer determinación alguna sobre el fondo del asunto, pero si podrá participar activamente en la conciliación;

VI. En caso de no lograrse la avenencia, el Instituto exhortará a las partes para que se acojan al arbitraje establecido en el Capítulo III de este Título;

Las actuaciones dentro de este procedimiento tendrán el carácter de confidenciales y, por lo tanto, las constancias de las mismas sólo serán enteradas a las partes del conflicto o a las autoridades competentes que las soliciten.

Artículo 218.- El procedimiento administrativo de avenencia lo llevará a cabo el Instituto conforme a lo siguiente:

I. y II....

III. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir, se les impondrá una multa de cien a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;

IV. a VI....

Artículo 235.- En relación con las infracciones en materia de comercio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial queda facultado para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

Artículo 235.- Los Tribunales Federales en cualquier caso y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tratándose de infracciones en materia de comercio, quedan facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

 

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las controversias que se encuentren en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor al momento de la entrada en vigor de este Decreto, continuarán hasta su conclusión conforme a los ordenamientos en vigor existentes al momento de su inicio.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal del Derecho de Autor es una norma reglamentaria del artículo 28 constitucional que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, la protección de los derechos de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como los derechos de los editores, productores y organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas. Asimismo, la ley establece los principios y bases de los derechos morales y patrimoniales de los autores, y establece como uno de los objetos clave de la legislación en la materia la protección a las obras editadas a través de cualquier medio de reproducción.

SEGUNDA.- Asimismo, la ley regula que, salvo los casos contemplados como limitación específica a los derechos patrimoniales, los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos, podrán exigir remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia de las obras literarias o artísticas que se realicen sin su consentimiento, circunstancia que podrán hacer efectiva de manera directa o, bien, a través de sus representantes, causahabientes, apoderados o de las sociedades de gestión colectiva que los represente. De hecho, constituye una infracción a la ley la reproducción y comercialización de las obras literarias y artísticas protegidas sin la autorización del titular de los derechos de autor.

TERCERA.-Para el cumplimiento de los propósitos de la ley, el Estado mexicano ha depositado en el Instituto Federal del Derecho de Autor, autoridad de carácter administrativa en materia de derecho de autor, y en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, específicamente facultado en materia comercial respecto de la explotación de obras artísticas o literarias, la responsabilidad de proteger, procesar las diferencias entre particulares, substanciar procedimientos y emitir resoluciones en relación con los litigios sobre el uso y explotación de los derechos de autor y de conexos de las obras protegidas por la legislación.

CUARTA.- El Proyecto de decreto aprobado por los integrantes de la Cámara de Diputados configura una propuesta sobre la forma de optimizar las vías legales y procedimentales para hacer eficaz la aplicación de la justicia en materia de derecho de autor. Los enunciados no crean ninguna nueva figura jurídica, sino que establecen la ampliación y precisión de facultades de que está dotada la autoridad para brindar mayor certeza a la explotación de los derechos autorales y que los autores, sociedades de gestión colectiva, apoderados o causahabientes, cuenten con opciones diferentes ante quien presentar una demanda cuando una obra artística o literaria sea objeto de alguna infracción prevista en la legislación.

QUINTA.- Los Senadores integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera no pueden sino expresar su adhesión a los contenidos del Proyecto de decreto en análisis en ejercicio de las atribuciones que, como Cámara Revisora, le confiere el artículo 72 constitucional, toda vez que los enunciados propuestos, permiten subsanar desde un diseño normativo sencillo, una serie de prácticas que injustificadamente prolongaban en el tiempo los procedimientos de litigio o no brindaban a la autoridad las herramientas suficientes para hacer de la justicia una acto expedito.

SEXTA.- Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras están convencidos de la ventaja que tiene el que se faculte en la ley al Instituto Nacional del Derecho de Autor, como lo tiene estipulado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos. Si bien, esta previsión está contenida en el artículo 161 del Reglamento de la Ley, por un principio de jerarquía normativa y para efecto de que no sean impugnables los actos de la autoridad en este aspecto, resulta congruente su inclusión en el artículo que establece las funciones del Indautor.

SEPTIMA.- En opinión de quienes concurren al dictamen del Proyecto de decreto, resulta de la mayor pertinencia que autores, sociedades de gestión colectiva, apoderados y causahabientes, cuando consideren que sus derechos han sido violados, puedan optar por la vía judicial en cualquier momento, incluso, antes de agotar una vía administrativa, toda vez que la legislación así lo presuponía. La modificación del artículo 213 prevé este supuesto cuyo procedimiento en materia comercial se desahoga ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y conforme a los títulos sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

OCTAVA.- En relación con el establecimiento de un rango en número de salarios mínimos para la fijación de una multa a quien no acuda a una junta de avenencia, quienes integran las comisiones que concurren al dictamen, encuentran en este mecanismo un acto coactivo al servicio de la autoridad dirigido a quienes incurren en la práctica de omitir su asistencia a las juntas, con el propósito de prolongar de manera injustificada el desahogo de los procedimientos administrativos. Además, con esta disposición se evitan actitudes inequitativas y, muchas veces, autoritarias hacia las personas que infringen la ley y que son castigadas bajo un mismo criterio establecido en la legislación sin la posibilidad de hacer algún tipo de ponderación respecto de la naturaleza y gravedad de la infracción.

NOVENA.- Sin duda, el enunciado jurídico de mayor impacto lo constituye la reforma al artículo 235, pues con esta modificación se amplían las opciones que tiene un autor, una sociedad de gestión colectiva, un representante o un causahabiente, para interponer por distintas vías las denuncias de violación a sus derecho, ya sea a través de los Tribunales Federales, en cualquier caso, o a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para infracciones en materia de comercio respecto de los derechos de autor. En este sentido, nuevamente, las dictaminadoras reconocen el sentido de oportunidad de la propuesta, misma que enriquece el universo de acciones para reducir la explotación ilícita de los derechos de autor y de conexos.

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos de lo dispuesto en el inciso A del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno y, en su caso, a su aprobación, el siguiente Proyecto de decreto:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

Artículo Unico. Se reforman los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; 235; y se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 210.- El Instituto tiene facultades para:

I. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos;

II. a V....

Artículo 213. ...

Para el ejercicio de las acciones derivadas de la presente Ley y su Reglamento no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones.

Artículo 218.- El procedimiento administrativo de avenencia lo llevará a cabo el Instituto conforme a lo siguiente:

I. y II....

III. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir, se les impondrá una multa de cien a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;

IV. a VI....

Artículo 235.- Los Tribunales Federales en cualquier caso y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tratándose de infracciones en materia de comercio, quedan facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las controversias que se encuentren en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor al momento de la entrada en vigor de este Decreto, continuarán hasta su conclusión conforme a los ordenamientos en vigor existentes al momento de su inicio”.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, México, D.F., a 22 de abril de 2013.

COMISION DE CULTURA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión en lo general el proyecto.

Para ello, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, a nombre propio y de las comisiones.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a hacer uso de esta tribuna para fundamentar a nombre de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 28 de febrero del año en curso.

Como ustedes saben, la Ley Federal de Derecho de Autor es una norma reglamentaria del artículo 28 constitucional diseñada para la salvaguarda de los derechos de los autores y de todos aquellos que participan de la difusión de la obra, es decir, de intérprete, de ejecutantes, de editores, de productores, de organismos de radiodifusión, de sociedades de gestión colectiva, apoderados y también causahabientes.

Para el cumplimiento de la ley, se cuenta con el Instituto Nacional de Derecho del Autor, autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, y con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismos facultado en la materia para los asuntos relacionados en la comercialización de las obras literarias.

El proyecto de Decreto aprobado por los integrantes de la Cámara de Diputados, y del cual solicitamos su voto favorable, configura una propuesta sobre la forma de optimizar las vías legales y procedimentales para hacer eficaz la aplicación de la justicia en materia de derecho de autor. Los enunciados no crean ninguna figura jurídica, sino que establecen la ampliación y precisión de facultades de que está dotada la autoridad para brindar mayor certeza a la explotación de los derechos autorales y para que los autores, sociedades de gestión, apoderados o causahabientes, cuenten con diferentes opciones a quien acudir a presentar una demanda por la presunta violación de sus derechos.

Son cuatro los temas que incluye el proyecto de Decreto que hoy sometemos a su consideración:

Primero, facultar al INDAUTOR para que pueda realizar visitas de inspección y solicitar información durante las mismas, facultad ya prevista por el reglamento.

Segundo, establecer un rango en las multas para quienes no asistan a las juntas de avenencia respecto de las controversias que se suscitan en materia de derecho de autor.

Tercero, establecer que los titulares de los derechos de autor y conexos puedan optar por la vía penal o civil sin la necesidad previa de agotar los procedimientos administrativos.

Cuarto, facultar a las autoridades judiciales para que al igual que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial puedan emitir resoluciones de suspensión de libre circulación de mercancías en frontera, en asuntos relacionados con el derecho de autor.

Señoras y señores Senadores, me parece que estas modificaciones tendrán como propósito mejorar las condiciones de hacer exigible y efectivo el derecho de autor.

Agradezco el apoyo de los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos y, sin duda, con la certeza de que estas modificaciones vendrán a beneficiar a quienes hoy forman parte de una de las industrias importantes en nuestro país, como es el tema de la creación y la creatividad.

Gracias, y está a su consideración.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

No habiendo más oradores ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 101 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; 235; y adiciona un último párrafo al artículo 213 de la Ley Federal de los Derechos de Autor. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VERTIMIENTOS EN LAS ZONAS MARINAS MEXICANAS

(Dictamen de segunda lectura)

“Comisiones Unidas de Marina;
y de Estudios Legislativos, Segunda

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda que suscriben, les fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Iniciativa del Ejecutivo Federal que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas.

Los ciudadanos Senadores de las Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar detalladamente el contenido de la citada Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, mismo que se desarrolló bajo la siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de las Comisiones Unidas.

II. En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los motivos y alcance del proyecto de decreto en estudio.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de estas Comisiones Unidas expresan argumentos de valoración del proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen.

IV. En el apartado de “Modificaciones”, se hacen cambios a la propuesta presentada ante esta Soberanía.

I. ANTECEDENTES

1.- En la Sesión celebrada el 25 de octubre de 2012 se recibió del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación el oficio SEL/300/403/12 con el que remite Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

2.-Mediante Oficio número DGPL-1P1A.1308 del 25 de octubre de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, para estudio y dictamen.

3.- Las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, realizaron diversos trabajos con el propósito de analizar el contenido de la Iniciativa que ha quedado precisada, integrando sus observaciones y comentarios en el presente dictamen.

II.-CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El autor de la iniciativa con proyecto de decreto que se encuentra en estudio, menciona en su exposición de motivos que dentro del marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, bajo criterios que dicte el interés público y el beneficio general de los recursos productivos.

Que la Secretaria de Marina a través de la Armada de México, conforme a sus atribuciones, debe garantizar la conservación del medio ambiente marino, a quienes viven de los recursos del mar y se dedican entre otras actividades marítimas a la pesca, el turismo, la investigación y explotación de hidrocarburos, para que lo hagan con seguridad.

Que la Armada de México requiere de instrumentos legales que satisfagan sus reclamos y necesidades que permitan optimizar sus recursos para alcanzar las metas propuestas.

Comenta el autor del proyecto de decreto, que de conformidad con el Convenio sobre la prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 1974, por Acuerdo Presidencial, de fecha 30 de enero de 1978, la Secretaria de Marina fue designada como autoridad competente para el ejercicio de todas y cada una de las funciones contenidas en el citado Convenio, recayendo en dicha Secretaría a través de la Armada de la México.

Que derivado de ese Convenio se expidió el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1979, instrumento jurídico en el que se faculta a la Secretaría de Marina para otorgar permisos de vertimientos, cancelarlos, suspenderlos y sancionar a quienes lo infrinjan.

Que derivado del Protocolo de 1996, relativo al Convenio de Londres, se expidió el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, 1972; mismo que fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 4 de noviembre de 2005, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de enero de 2006 y el propio Decreto Promulgatorio del Protocolo de 1996, publicado el 24 de marzo de 2006, sus disposiciones resultan obligatorias para México.

Continúa argumentando el autor de la iniciativa en su exposición de motivos, que la Auditoría de Desempeño 09-0-13100-07-1094, respecto de los Tratados Internacionales en Materia de Medio Ambiente, practicada a la Secretaría de Marina por la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica, utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, requirió a la citada Secretaría, que realizase las acciones necesarias a fin de promover ante las instancias competentes una Ley en Materia de Vertimientos para aplicar las disposiciones del Protocolo de 1996.

Menciona el autor de la iniciativa, que resulta fundamental la expedición de un ordenamiento con rango legal por parte del Congreso de la Unión en ejercicio de la soberanía a la que se refiere el primer párrafo del artículo 27 constitucional, al establecer que la “…propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación…”, a efecto de actualizar la reglamentación para hacerla acorde al Convenio y protocolo antes referidos, que incluya Directrices de la Organización Marítima Internacional, el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimiento en las zonas marinas mexicanas, que indique las medidas preventivas y de seguridad que podrán ser adoptadas, tendientes a evitar la contaminación o alteración del ambiente marino o afectación de la salud humana, comprendiendo la destrucción o hundimiento del buque o aeronave, incluyendo sus pertrechos.

Considera el autor de la iniciativa que de igual forma es primordial que la nueva legislación otorgue facultades a los inspectores para conducir al infractor y al buque o aeronave al puerto más cercano y que imponga la obligación del interesado de exhibir billete de depósito, para garantizar la reparación de los daños, perjuicios y multaque se le pudieran aplicar, entre otros aspectos.

Finalmente, señala el autor de la Iniciativa que el proyecto de decreto que crea la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, pretende cumplir con los estándares internacionales en materia de medio ambiente.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Marina, y Estudios Legislativos, Segunda, como instancias legislativas del Senado de la República, son competentes para atender la presente Iniciativa que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, en virtud de quela Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 86 y del Reglamento del Senado, en su Artículo 117 párrafo 2, establecen que las Comisiones Ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y conjuntamente con la de Estudios Legislativos, Segunda, el análisis y dictamen de las Iniciativas de Leyes y Decretos.

SEGUNDA. Los océanos cubren las dos terceras partes de la superficie de la Tierra, por lo que su protección es uno de los asuntos de mayor relevancia. La atención de la comunidad internacional se ha centrado en los mares sobre todo promoviendo diversas iniciativas encaminadas a proteger el medio ambiente marino.

Es un hecho que en el mundo actual el aprovechamiento de las aguas marinas para producir energía, extraer recursos minerales e hidrocarburos, para la pesca y acuacultura, la transportación marítima y el turismo, etcétera, se ha incrementado, convirtiendo al mar en un conducto para el desarrollo de la mayoría de los países ribereños e incluso de algunos que no lo son, pero también su explotación ha provocado el incremento de su contaminación.

El vertedero final para una gran parte de nuestros desechos son los océanos del mundo. A ellos se vierten gran parte de los desechos urbanos e industriales. No sólo recibe las aguas residuales, sino que, en muchas ocasiones, se usa para arrojar basura o incluso, residuos radiactivos.

El mar dispersa, diluye y degrada, pero su capacidad tiene un límite. El abuso del mar ha provocado la necesidad de conservarlo, de tener una conciencia colectiva para dar soluciones de prevención a la contaminación de los mares, dado que como cualquier otro ecosistema, posee un delicado equilibrio ecológico que se está alterando debido a las actividades del hombre.

Es hasta hace pocos años que el ser humano comenzó a percatarse que los sistemas biológicos de los océanos resisten la intervención humana hasta un cierto límite, y de esta misma manera los mecanismos internos de defensa no están en condiciones para hacer frente a un volumen gradual de desperdicios vertidos en las aguas marítimas. Por ello se ha hecho necesaria la creación de disposiciones nacionales e internacionales que protejan los mares.

México ha dado innumerables muestras de su convicción por preservar el medio ambiente desarrollando las políticas y promoviendo las reformas a su marco jurídico para su preservación; para el caso particular de protección al medio ambiente marino ha suscrito tratados, convenios y protocolos, adecuando sus normas a la realidad nacional circunscribiéndose en los cánones internacionales.

Las disposiciones que regulan la protección y manejo de los ecosistemas marinos emanan de lo dispuesto en nuestra Carta Magna y se instrumentan en leyes generales y específicas, delimitadas en un campo de competencia prácticamente exclusivo del nivel Federal de gobierno y sólo en circunstancias expresas le quedan conferidas facultades de manejo de estos recursos a los estados y/o los municipios.

TERCERA. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos, según su propia normativa en materia de medio ambiente y la responsabilidad de asegurar que las actividades que se realicen dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio ambiente de otros Estados o al de zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

Nuestro país se obligó a promover el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio marino, comprometiéndose especialmente a adoptar todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina, reducir las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar.

Durante la década de los setenta, se experimentó una transformación profunda en el régimen internacional del mar. En el contexto de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde México participó muy activamente, se logró el Convenio más importante y ambicioso para regular la conducta humana en más de dos terceras partes de la superficie de la tierra. Ahí se reconoció a todo Estado ribereño el derecho de establecer una Zona Económica Exclusiva de 200 millas.

Esto obligó a adecuar el orden jurídico nacional, dando como resultado la Ley Federal del Mar, cuyo objetivo fundamental es contribuir a la ordenación de la legislación en la materia, para poder aprovechar los beneficios que se derivan del mar. Esta ley reglamentaria de los párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo del artículo 27 de la Constitución Federal, rige a las zonas marinas mexicanas. En su artículo 3 determina cuáles son las zonas marinas mexicanas, siendo éstas el mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y las plataformas insulares y cualquier otra permitida por el derecho internacional.

En el artículo 6 fracción V señala que la soberanía de la Nación y sus derechos de soberanía, jurisdicciones y competencias dentro de los límites de las respectivas zonas marinas, conforme a la presente Ley, se ejercerán según lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho internacional y la legislación nacional aplicable, respecto a la protección y preservación del medio marino, inclusive la prevención de su contaminación.

CUARTA. La contaminación del mar, producto de vertimientos, es un tema que ha llamado la atención de la comunidad internacional. En el año 1972, se celebró en Londres la Conferencia Intergubernamental para el Convenio sobre vertimientos de desechos en el mar, el cual entró en vigor a partir del año 1975. Prohíbe el vertimiento de ciertos materiales potencialmente peligrosos, exige un permiso previo especial para el vertimiento de una serie de materiales determinados y un permiso general previo para otros desechos o materias.

Cabe resaltar que este convenio no se aplica cuando se encuentren en juego la seguridad de la vida humana o de los buques en caso de fuerza mayor. En sus anexos se enumeran los desechos que no pueden verterse y otros para los cuales se requiere un permiso especial de vertimiento. Posteriormente se produjeron numerosas enmiendas a este convenio como la de 1978 que se refiere a la incineración de desechos y solución de controversias; la de 1980 que elabora un lista de sustancias sujetas a incineración; la de 1989, las de 1993 que prohíben el vertimiento al mar de desechos radiactivos de baja actividad. Finalmente con el Protocolo de 1996 se introduce un cambio de importancia al plantearse la utilización del mar como depósito para los materiales de desechos.

En el artículo 3° de dicho Protocolo, se introduce el denominado “planteamiento preventivo” según el cual “...se adoptarán las medidas preventivas procedentes cuando haya motivos para creer que los desechos y otras materias introducidas en el medio marino pueden ocasionar daños aun cuando no haya pruebas definitivas que demuestren una relación causal entre los aportes y sus efectos...”.

Con estas disposiciones internacionales, se han disminuido los vertimientos y las actividades de incineración no reglamentadas que empezaron a finales de la década de los sesenta y a principios de la de los setenta, con lo cual se ha prevenido la contaminación del mar derivado de actividades de vertimiento.

QUINTA. En nuestro país, la autoridad que hace la vigilancia de las zonas marinas mexicanas es la Secretaria de Marina, por conducto de la Armada de México.

El artículo 30, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que la Secretaria de Marina es responsable de ejercer la soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio; asimismo, ejercer vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias; y, entre otras misiones, “ejercer la autoridad para garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas, proteger el tráfico marino, y salvaguardar la vida humana en el mar”.

En la fracción XXIV se especifica que la dependencia debe “intervenir, en el ámbito de su responsabilidad, en la protección y conservación del medio ambiente marino” por lo que con ese carácter aplica el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de desechos y otras materias.

Por otra parte, con base en lo dispuesto por el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, en concordancia con lo previsto en el Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se publicó el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de desechos y otras materias, en el que se señala que por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de enero de 1978, fue designada la Secretaría de Marina como autoridad competente, para el ejercicio de todas y cada una de las funciones contenidas en el Convenio Internacional en mención.

SEXTA. Las Comisiones Dictaminadoras advierten claramente que la Iniciativa que se dictamina pretende ajustarse a las referidas normas internacionales de las cuales México forma parte y lo más importante, se crea una norma que establece el deber del Estado de proteger el medio ambiente y en materia de protección de las zonas marinas mexicanas, el procedimiento para prevenir y controlar los factores del deterioro de los mares mexicanos e imponer en su caso, las sanciones correspondientes derivado de la contaminación marina por vertimiento.

En ese contexto, la presente Iniciativa se inscribe en el sentido de regular el vertimiento en las zonas marinas mexicanas, por lo que es de reconocer la preocupación mostrada por la ausencia de una ley que norme el vertimiento, que se precise la autoridad que la habrá de aplicar y el procedimiento correspondiente para que la autoridad autorice el vertimiento en términos de lo dispuesto en la citada ley, así como las sanciones respectivas cuando se incumpla con la normatividad.

Así las cosas, las Comisiones Dictaminadoras coinciden en la necesidad de adoptar las medidas normativas para regular el vertimiento, con la finalidad de asegurar que las actividades involucradas que se realicen en jurisdicción o bajo el control nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Federal y 3° de la Ley Federal del Mar, no resulten nocivas para la vida humana, el medio ambiente marino o los organismos que en él se encuentran, o bien minimizar su impacto previa autorización de la autoridad competente y en los términos que la Ley disponga.

Es así que consideramos conveniente que el vertimiento en las zonas marinas mexicanas deberá estar prohibido salvo en los casos y condiciones establecidas en la Iniciativa que se dictamina, y que su autorización se realice por la autoridad competente previo el cumplimiento de los requisitos que al efecto contempla la Iniciativa en estudio.

Las Comisiones Dictaminadoras observan que la Iniciativa prohíbe verter sin tratamiento, residuos, sólidos, líquidos, gaseosos y otras materias que sean susceptibles de contaminar o de producir otros efectos de deterioro del medio ambiente marino y cuando se realice el vertimiento, se cumpla con los parámetros técnicos establecidos en la propia iniciativa para el vertimiento y la obtención del permiso correspondiente por parte de la autoridad competente.

SEPTIMA. En la Iniciativa que se analiza, se prevé la recuperación de los costos por parte del Estado en materia de inspección y vigilancia, mediante la aplicación del principio de "el que contamina paga", por lo que se contempla un procedimiento de aplicación de las multas que al caso concreto correspondan, otorgándose facultades a la Secretaría de Marina para llevar a cabo tanto el procedimiento como las actividades de vigilancia y de cumplimiento de la normatividad en materia de vertimiento.

OCTAVA. En virtud de lo anterior, es innegable que se deben promover reformas y adiciones que ajusten el marco jurídico a la realidad dominante, para contribuir al fortalecimiento de la actividad de protección al medio ambiente marino y particularmente, a la regulación de los vertimientos en el mar, por lo que estas Comisiones Dictaminadoras comparten la inquietud del Ejecutivo Federal y consideran que a efecto de realizar reformas que resulten congruentes y que no invadan las competencias entre los distintos poderes de la unión, es necesario realizar modificaciones al proyecto de decreto a estudio y que se detallan en el siguiente apartado.

IV. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

Analizado el contenido de la iniciativa y hechas las consideraciones a la misma, las Comisiones que suscriben, concluimos fundada y razonadamente que resulta necesario hacer las siguientes modificaciones a su contenido en los términos que enseguida se expresan:

a) En el artículo 1°, se señala “esta Ley es de orden público y de interés social”.

Al respecto las comisiones Dictaminadoras manifiestan: Aún con la diversidad de opiniones de los juristas para determinar cuándo una ley es de orden público, se puede arribar a la conclusión de que el orden público es una categoría fundamental para un Estado cuando responde al interés general de la sociedad, por oposición a los intereses de carácter privado en los cuales se privilegian los intereses considerados en la particular, por lo tanto, es válido considerar en su artículo 1° que este ley es de orden público, sobre todo que se quiere dejar en claro que sus disposiciones son imperativas.

Respecto al interés social, éste es un concepto que se hace presente en una Ley cuando atiende básicamente a un sector de la sociedad, consecuentemente, en materia ambiental y particularmente a los vertimientos en las zonas marinas mexicanas no es un supuesto suficiente para considerarlo de interés social. En ese contexto, debe eliminarse la oración “interés social” del señalado artículo 1°.

b) En el artículo 2, se incluyen algunas definiciones, emulando al Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias.

La fracción I, define a la Aeronave como cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo.

Al respecto, la Ley de Aviación Civil vigente, en su artículo 2 fracción I, describe a la aeronave como cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo, lo cual nos parece más adecuado, amén de que ya se encuentra definido en una Ley.

En las fracciones II y VIII del artículo 2 en análisis, se definen: “buques” y “plataformas”. Sobre el particular, se destaca que la Ley de Navegación y Comercio Marítimos vigente contiene conceptos más precisos, pues al efecto señala:

Embarcación: Toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías navegables.

Artefacto Naval: Cualquier otra estructura fija o flotante, que sin haber sido diseñada y construida para navegar, sea susceptible de ser desplazada sobre el agua por sí misma o por una embarcación, o bien construida sobre el agua, para el cumplimiento de sus fines operativos.

Consecuentemente, en consideración de las Comisiones Dictaminadoras, deben eliminarse las fracciones II y VIII del artículo 2 de la Iniciativa, con la finalidad de que no exista discrepancia al momento de aplicar una Ley respecto a los conceptos contenidos en más de una norma jurídica.

La definición que se pretende en la fracción VII del mismo artículo 2, respecto a la definición de “otras materias”, no coincide con lo dispuesto en el Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, que señala: “ Por "desechos y otras materias se entienden los materiales y sustancias de cualquier clase, forma o naturaleza”, por lo que es más acertado este concepto, habida cuenta que no es limitativo el concepto “otras materias”, como se pretende en la Iniciativa que se comenta.

c) En el artículo 3 fracción III se elimina la frase final relativa al vertimiento “desde tierra”, dado que lo anterior es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, amén de que nos queda claro que la Secretaria de Marina ejercerá sus atribuciones en las zonas marinas mexicanas, no “desde tierra”.

d) En el artículo 5, se observa que en la actual fracción III están contenidos dos supuestos diferentes, “Realizar investigaciones oceanográficas, actuaciones, emitir dictámenes y resoluciones, así como determinar las responsabilidades e imponer las sanciones establecidas en la presente Ley” por tal razón se separan y se adiciona una fracción recorriendo en su orden las subsecuentes.

Por otra parte, en la actual fracción XIV de la Iniciativa, se precisa que los vertimientos de los que deberá informar anualmente o cuando sea requerido por la Organización Marítima Internacional, serán los que autorice la Secretaría de Marina, lo anterior con el objeto de dar mayor precisión a la norma.

e) En el artículo 8 para el efecto de comprender el sentido sobre los alcances de la norma, independientemente de que la autoridad deberá tener conocimiento del origen, circunstancias y efectos del vertimiento, deberá considerar la justificación que para tal efecto presente el interesado sobre el vertimiento en las zonas marinas mexicanas.

f) En el artículo 26 de la iniciativa, consideramos necesario modificar que la Secretaria de Marina podrá realizar las modificaciones al permiso de vertimiento por sí misma, o bien cuando así lo solicite el interesado previo análisis de la procedencia de la solicitud, en virtud de que esta dependencia está considerada como la autoridad en materia de vertimientos.

g) En la denominación del Capítulo VI, “De las Visitas de Verificación y Vigilancia” se sustituye el concepto “Verificación y Vigilancia” por “Inspección y Vigilancia” por considerar que éstos últimos conceptos son los más acordes a las atribuciones que tiene asignadas esta Secretaría, además de que fortalecen los actos de autoridad que se realicen en materia de vertimientos.

Lo anterior, en virtud de que el objeto de la inspección y vigilancia son el corroborar el debido cumplimiento de las condicionantes bajo las cuales se otorga un permiso de vertimientos y que no se infrinjan las disposiciones de la presente Ley.

Otro de los argumentos que sirve de base, es que en materia ambiental, la inspección y vigilancia también son consideradas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En razón de los cambios en la denominación del Capítulo VI, se modifican los artículos 2 fracción IX, 5 fracción III, 30, 31 y 32 de la iniciativa sustituyendo el concepto de “verificación” por “inspección”.

h) En el primer párrafo del artículo 28 de la iniciativa, a fin de precisar que las visitas de verificación las realizará el personal que esté debidamente acreditado para tal efecto de la Secretaria de Marina, se modifica la redacción, sustituyendo la preposición “por” con “de”, pues aún cuando es evidente que en las zonas marinas mexicanas actuará el personal de la citada Dependencia, es necesario precisar que las visitas no las realizará cualquier persona, sino solamente aquellos que tienen las capacidades técnicas y que están debidamente acreditadas para tal efecto.

Asimismo, se precisa que además de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley, se da observancia a las obligaciones internacionales, señalando que se da cumplimiento al Decreto Promulgatorio del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, 1972.

Por otra parte, de los párrafos segundo y tercero del artículo 28 de la iniciativa, como contienen una de las dos hipótesis para proceder a realizar la inspección, es decir por denuncia o por flagrancia, se adicionan como un nuevo artículo, con el numeral 30. Esto en relación con el inciso K) del presente dictamen.

i) Se adiciona un artículo 29, recorriendo los numerales subsecuentes, para que de forma expresa y clara se contengan los requisitos esenciales para acreditar la personalidad de quienes habrán de efectuar la diligencia de inspección y vigilancia, así como los requisitos del oficio que motivan la misma diligencia.

j) En el Artículo 29 de la iniciativa pasa a ser 31 del presente proyecto de decreto, lo anterior por virtud de la adición del artículo mencionado en el inciso anterior.

Asimismo, se modifica su redacción con el propósito de aportar claridad y técnica legislativa, señalando como elementos para integrar los oficios que ordenan la inspección, aquellos relativos a los actos de molestia que establece el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

k) En la Sección I denominada “De las Medidas Preventivas y de Seguridad” las Comisiones que dictaminan consideran pertinente modificar su denominación eliminándose “y de Seguridad” quedando únicamente “De las Medidas Preventivas”; lo anterior a fin de no generar confusión entre dichos términos. Además de que en la práctica solo se implementan medidas preventivas. Dicha eliminación también se consideró en los artículos 34 y 35 de la iniciativa.

l) Para el caso del artículo 36 de la iniciativa se propone una nueva redacción, a fin de dar mayor claridad a la norma, especificando cuáles serán los requerimientos que podrá hacer la autoridad al interesado en caso de una inspección.

m) Por lo que respecta a la SECCIÓN II De las Infracciones y Sanciones, en el artículo 39 de la iniciativa, en su primer párrafo se sustituyó el enunciado “… Son infracciones a la presente ley y se sancionarán conforme a la misma, los siguientes actos u omisiones:”por “Son infracciones a la presente Ley, las siguientes:”, a fin de que sea entendible y de fácil interpretación, asimismo se replantearon las mismas, precisándose la infracción con su respectiva sanción, con el único propósito de brindar certidumbre jurídica al gobernado y que la Secretaría como autoridad aplique las sanciones que establece este ordenamiento legal.

Se considera reubicar el párrafo último del artículo que se comenta relativo al ser del conocimiento del Ministerio Público Federal los actos a los que alude el artículo 39 para integrarlo al artículo 43 del presente proyecto que se propone por considerar su contenido más acorde a lo previsto en él.

n) El artículo 40 de la iniciativa de esta misma Sección fue modificado en su primer párrafo sustituyendo el enunciado “las sanciones por infracciones a la presente ley, consistirán en:” por“Las sanciones podrán consistir en:” con el objeto de establecer un redacción más clara por lo que respecta a las sanciones.

Asimismo se adicionaron cuatro párrafos que señalan en forma precisa la infracción y su respectiva sanción, con el propósito de brindar certidumbre jurídica al gobernado.

Por otra parte, se eliminó el párrafo segundo debido a que no era congruente la hipótesis prevista en el mismo, además de que creaba confusión al señalar tres diferentes sanciones para una misma infracción.

o) Se adiciona un artículo (numeral 43) para definir la figura de la reincidencia y que la fracción III del artículo 42, tuviera su armonización correspondiente.

p) En el artículo 43 de la iniciativa, se mejoró la redacción para hacerla más entendible y congruente, eliminándose el término “periciales” porque la Secretaría no cuenta con personal de peritos, dejando únicamente dictámenes técnicos, y se sustituye la mención del “Ministerio Público Federal”, por “Ministerio Público de la Federación”, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el nombre correcto.

Los párrafos segundo y tercero, por contener hipótesis distintas al párrafo primero se desplazan para crear un nuevo artículo.

q) En la segunda línea del párrafo segundo, así como en el penúltimo párrafo, penúltima línea del artículo 44 de la iniciativa, se sustituye el concepto “perdido su derecho”, por: “precluidosu derecho” toda vez que la preclusión es un concepto procesal relativo a la pérdida de un derecho por la abstención en su ejercicio, lo cual consideramos más adecuado.

r) En la última línea del artículo 45 de la iniciativa en análisis, se señala que “las resoluciones de la Secretaría sólo podrán impugnarse ante el Poder Judicial de la Federación”.

Esta es una situación de suyo importante, habida cuenta que la Iniciativa opta por no crear un recurso administrativo contra las resoluciones definitivas que pongan fin al procedimiento, sabedora de la expeditez que caracteriza a este tipo de procedimientos en los que se afecta de manera severa al medio ambiente marino y que de existir un recurso generador de otra instancia, tardaría meses o años en resolverse, mientras tanto, se corre el riesgo de que la contaminación afecte las zonas marinas mexicanas.

Aun cuando no se explica lo anterior en la exposición de motivos, es evidente que se eligió un camino más expedito, que, en principio, no se encuentra estructurado de la misma forma para otro tipo de actos administrativos, dado que, se insiste, la regulación del vertimiento y las violaciones a la ley en esta materia, posibilitan la opción de señalar que contra las resoluciones que ponen fin al procedimiento que dicte la Secretaría, no procederá recurso alguno.

Es un procedimiento breve, pero suficiente para dar cumplimiento al derecho fundamental relativo al debido proceso legal, en el cual se notifica al afectado el inicio del procedimiento, mediante oficio en el que se especifican los hechos y las disposiciones legales que se consideren violadas, como lo especifica el artículo 44 de la Iniciativa que se comenta y se le permite manifestar lo que a su derecho convenga y a ofrecer pruebas, contemplándose el Recurso de Revocación en el caso de que no ofrezca prueba alguna sobre los hechos imputados, contemplando además, la emisión de la resolución definitiva.

Ahora bien, se entiende que en el caso de que se lleve a cabo el procedimiento en el que el imputado manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas, se desahoguen las que sean admitidas, la Secretaría dictará resolución en la que se determine si hubo o no violaciones a la ley, no existirá recurso administrativo alguno.

Las Comisiones Dictaminadoras consideramos que con ello se logra un importante equilibrio entre el derecho a tener mares limpios en beneficio de la sociedad e incluso de la misma humanidad, de lo que deriva la calidad de orden público a que se refiere la Iniciativa, y los derechos de carácter individual que se colocan con el acto de verter lo que está prohibido expresamente en las disposiciones internacionales y ahora, con lo que se pretende con la presente iniciativa.

Sin embargo, no parece correcto que en el artículo 45 se redacte que “sólo podrán impugnarse ante el Poder Judicial de la Federación”, sino que deberá quedar de la manera siguiente: “Las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo que emita la Secretaría, no admitirán recurso alguno.

s)En el artículo 51, se señala cuáles serán los casos que se consideran como causas de fuerza mayor, describiendo en la fracción I) el caso fortuito.

Al respecto las Comisiones Dictaminadoras realizan las consideraciones siguientes:

Si bien es cierto que el Código Civil Federal les da un tratamiento similar a las figuras del caso fortuito y las causas defuerza mayor, también lo es que la doctrina coincide en que el caso fortuito es un acontecimiento de la naturaleza, en tanto que la fuerza mayor es un hecho del hombre, sin embargo, lo importante es que ambas figuras, como se emplean en la legislación nacional, producen los mismos efectos y la posible distinción carecería de relevancia, empero, es necesario precisar que en ambos casos el evento no se haya podido prever o que previéndose, no se haya podido resistir y por lo tanto, nadie está obligado al caso fortuito o causa mayor.

Ahora bien, dado que en nuestra legislación no se especifican las hipótesis relativas al caso fortuito o fuerza mayor, las Comisiones Dictaminadoras consideran que tampoco en la Iniciativa que se dictamina se debe detallar, amén de que elaborar la norma de manera casuística, se atenderían los casos únicamente a las que se relacionan en las fracciones contenidas en el artículo 51, por lo tanto, se eliminan las fracciones del reseñado numeral.

Por otra parte, el penúltimo párrafo resulta innecesario, pues es evidente que si se demuestra que existió negligencia de quien haya realizado el vertido, esto es, que no existió ni el caso fortuito ni causa mayor, es inconcuso que quien realizó el vertimiento, incurre en responsabilidad.

Finalmente, las Comisiones Dictaminadoras, destacan la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales respecto al contenido de la Iniciativa, en el sentido de que una vez realizado el estudio de su contenido, estiman que cumple con el propósito de su creación, que corresponde a garantizar la conservación del medio ambiente marino, motivo por el cual se pronuncian a favor de su aprobación; asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, emite opinión coincidente, destacando que el proyecto en estudio, cumple con el objeto de brindar un mejor control y prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda con fundamento en lo previsto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 113, párrafo 2, 117, 177, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de la Asamblea el presente dictamen que contiene proyecto de:

DECRETO

UNICO.- Se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, para quedar como sigue:

CAPITULO I

Objeto y Ámbito de Aplicación

Artículo 1.- La presente Ley es de jurisdicción federal, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas.

La interpretación de estas disposiciones corresponde, para efectos administrativos, al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Marina.

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por:

I. Desecho.- Material o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. En esta definición incluye a todas las categorías de residuos regulados en la legislación nacional;

II. Dragado.- Retiro, movimiento o excavación de suelos cubiertos o saturados por agua, incluyendo la acción de ahondar y limpiar para mantener o incrementar las profundidades de puertos, vías navegables o terrenos saturados por agua; sanear terrenos pantanosos, abriendo zanjas que permitan el libre flujo de las aguas y eliminar los suelos de mala calidad en las zonas donde se proyecta la instalación de estructuras;

III. Incineración.- La destrucción térmica de desechos u otras materias a bordo de un buque, plataforma u otra construcción en el mar para su eliminación deliberada, en las zonas marinas mexicanas, salvo que otra Ley o tratado internacional prohíba dicha eliminación. Esta definición no incluye a los residuos peligrosos, cuya incineración se rige por lo establecido en la legislación aplicable;

IV. Ley.- Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas;

V. Otras materias.- Los materiales y sustancias de cualquier clase, forma o naturaleza;

VI. Secretaría.- La Secretaría de Marina;

VII. Suspensión.- Interrupción de forma temporal de un vertimiento en las zonas marinas mexicanas, por no cumplir con lo establecido en la presente Ley, el permiso autorizado para tal acto o cuando se detecte que se está causando una alteración al ambiente;

VIII. Vigilancia.- Actividad efectuada por la Secretaría para proteger las zonas marinas mexicanas, detectar la realización de actividades ilícitas o el incumplimiento a esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables en la materia;

IX. Visita de Inspección.- Los actos realizados por la Secretaría para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley;

X. Zona de Tiro.- Área determinada geográficamente por la Secretaría para realizar el vertimiento, y

XI. Zonas Marinas Mexicanas.- Las establecidas en la Ley Federal del Mar.

Artículo 3.- Es vertimiento en las zonas marinas mexicanas, cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Toda evacuación, eliminación, introducción o liberación en las zonas marinas mexicanas, deliberada o accidental, de desechos u otras materias incluyendo aguas de lastre alóctonas, provenientes de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones;

II. El hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones, así como las que se deriven de éste;

III. El almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho del mar o en el subsuelo de éste desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones;

IV. El abandono de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones, u otros objetos, incluyendo las artes de pesca, con el único objeto de deshacerse deliberadamente de ellas;

V. La descarga de cualquier tipo de materia orgánica como atrayente de especies biológicas, cuyo fin no sea su pesca;

VI. La colocación de materiales u objetos de cualquier naturaleza, con el objeto de crear arrecifes artificiales, muelles, espigones, escolleras, o cualquier otra estructura, y

VII. La resuspensión de sedimento, consistente en el regreso del sedimento depositado, a un estado de suspensión en el cuerpo de agua, por cualquier método o procedimiento, que traiga como consecuencia su sedimentación.

Artículo 4.- Todo vertimiento se realizará en los términos y condiciones que señala la presente Ley.

Está prohibida la incineración de desechos u otras materias, en las zonas marinas mexicanas, asimismo, está prohibida la importación y exportación de desechos u otras materias para su vertimiento o incineración, por lo que toda contravención será sancionada en términos de la presente Ley.

CAPITULO II

De la Autoridad

Artículo 5.- La Secretaría es la autoridad en materia de vertimientos y tendrá las siguientes facultades:

I. Otorgar y cancelar los permisos de vertimientos y vigilar su cumplimiento; asimismo, suspender cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias que contravenga las disposiciones de la presente Ley;

II. Realizar visitas de inspección y vigilancia;

III. Realizar investigaciones oceanográficas, actuaciones, emitir dictámenes y resoluciones.

IV. Determinar las responsabilidades e imponer las sanciones establecidas en la presente Ley;

V. Fijar las medidas preventivas para evitar el vertimiento de desechos u otras materias que ocasionen daños o alteraciones al ambiente costero o marino;

VI. Integrar la información estadística y llevar el control de los vertimientos realizados en las zonas marinas mexicanas, así como de las infracciones impuestas;

VII. Fijar la cantidad que cubrirá el solicitante, para garantizar la reparación de los daños, perjuicios y multa que se pudieran aplicar, por contravenir las disposiciones de la Ley o del permiso mediante billete de depósito; y en su caso implementar las acciones legales, cuando la garantía no haya sido suficiente para tales efectos;

VIII. Establecer medidas para la prevención, reducción y en su caso, eliminación de los contaminantes contenidos en el material a verter o la contaminación por el vertimiento, así como los criterios para evitar que se transfieran, directa o indirectamente, los daños de una parte del medio ambiente a otra, ni transformen un tipo de contaminante en otro;

IX. Proponer el costo de los servicios que se presten para la contención, prevención y recuperación de vertimientos de hidrocarburos y sus derivados u otras substancias, conforme a las cuotas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

X. Establecer y expedir los criterios respecto de las materias o substancias que podrán ser objeto de solicitudes de vertimientos;

XI. Interpretar y aplicar las disposiciones del Protocolo 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, adoptado en la ciudad de Londres;

XII. Proponer anualmente, ante la Dependencia de la Administración Pública Federal que corresponda, el monto de los derechos que se cobrarán a los titulares de los permisos de vertimiento por el uso de zonas marinas mexicanas;

XIII. Determinar la zona de tiro, o en su caso autorizar la zona propuesta por el interesado;

XIV. Fungir como autoridad responsable ante los organismos internacionales, en materia de prevención de la contaminación de las zonas marinas mexicanas por vertimiento de residuos y otras materias, para lo cual deberá coordinarse, en su caso, con las Dependencias del Ejecutivo Federal que, en el ámbito nacional, tengan competencia sobre materias vinculadas al cumplimiento de los compromisos internacionales correspondientes;

XV. Participar en los foros nacionales e internacionales en materia de vertimientos, así como informar anualmente o cuando sea requerido por la Organización Marítima Internacional de los vertimientos autorizados por la Secretaría;

XVI. Dar intervención a otra Dependencia del Ejecutivo Federal u organismo cuando de los hechos se desprenda la posible infracción a otras disposiciones legales, y

XVII. Emitir y actualizar los formatos necesarios de acuerdo al material que se pretenda verter, considerando los avances de la ciencia y la tecnología; debiendo publicarlos en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 6.- La Autoridad Marítima en materia de Marina Mercante, en términos de lo dispuesto por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que determine el hundimiento de buques, plataformas u otras construcciones en el mar; deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Artículo 7.- La Secretaría, en coordinación con las demás Dependencias de la Administración Pública Federal, instituciones de investigación y de educación superior públicas y privadas, promoverá y facilitará la investigación científica y técnica sobre la prevención, reducción y eliminación de la contaminación por vertimiento de desechos y otras materias. La investigación deberá incluir la observación, medición, evaluación y análisis de la contaminación mediante métodos científicos, así como la difusión y cumplimiento de esta Ley.

CAPITULO III

Evaluación a Considerarse en los Vertimientos

Artículo 8.- La Secretaría evaluará el origen, las circunstancias y efectos del vertimiento considerando la justificación que para tal efecto presente el interesado, en los siguientes términos:

I. La necesidad de efectuar el vertimiento, posterior a que el interesado demuestre que no es posible otra alternativa;

II. El tipo, naturaleza y cantidad de los desechos o materias que pretendan verterse y el peligro que puede representar el vertimiento para la salud humana o el medio ambiente, considerando la biota costera y marina, los recursos minerales marinos, la dinámica costera y marina, las playas y los valores económicos, recreativos, escénicos y los usos legítimos del mar, particularmente en relación con lo siguiente:

a) La transferencia, concentración y dispersión de las sustancias que se pretendan verter y sus metabolitos (bioproductos);

b) Los cambios sustanciales en la diversidad, productividad y estabilidad de los ecosistemas marinos;

c) La permanencia y persistencia de las sustancias vertidas;

d) El tipo, calidad, cantidad y concentración de los desechos a verter;

e) Alternativas en tierra y sus impactos ambientales probables, lugares y métodos para llevarlos a cabo, tomando en cuenta el interés público y la posibilidad de un impacto adverso en las zonas marinas mexicanas, y

f) El efecto que cause en los océanos y su influjo en los estudios científicos, pesca y otras exploraciones de los recursos vivos e inertes del mar.

III. El método, frecuencia y la fecha en que deberá realizarse el vertimiento;

IV. La forma de almacenar, contener, cargar, transportar y descargar la sustancia o material a verter;

V. La ubicación para el vertimiento, la distancia más próxima a la costa, profundidad en el área y técnica proporcionadas por el interesado;

VI. Los sitios predeterminados por la Secretaría para que se realice el vertimiento;

VII. La ruta que de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá seguir el buque o aeronave que transporte la sustancia al sitio de vertimiento;

VIII. Las precauciones especiales que deban ser tomadas respecto de la carga, transporte y vertimiento de la sustancia;

IX. Los pormenores del proceso de producción y de las fuentes de desechos en dicho proceso, y

X. La viabilidad de cada una de las siguientes técnicas para reducir o evitar la producción de desechos:

a) Reformulación del producto;

b) Tecnologías de producción limpias;

c) Modificación del proceso;

d) Sustitución de insumos, y

e) Reutilización en ciclo cerrado en el sitio.

Artículo 9.- La Secretaría para otorgar o negar un permiso de vertimiento, además de la evaluación señalada en el artículo anterior, observará los aspectos siguientes:

I. La caracterización química, física, biológica, geológica y toxicológica de los desechos u otras materias;

II. Las características oceanográficas del sitio de vertimiento;

III. El lapso mínimo de monitoreo requerido para determinar si existieran cambios, con el fin de evitar riesgo en el equilibrio ecológico o afectaciones nocivas imprevistas;

IV. La información técnica necesaria que garantice la conservación de las condiciones iniciales del lugar de vertimiento;

V. Que el material a verter no influya significativamente en los usos actuales y otros posibles en el mar;

VI. Los antecedentes del solicitante en cuanto a cumplimiento de permisos anteriores, normas oficiales y otras disposiciones aplicables, y

VII. Que el desecho o material respecto del cual se solicita el vertimiento se encuentre regulado en alguna disposición jurídica que prohíba la forma y características del vertimiento que se solicita.

Artículo 10.- Efectuada la evaluación, la Secretaría podrá indicar al solicitante, cuando corresponda, que deberá formular e implantar una estrategia para reducir la producción de desechos, auxiliándose con las instancias competentes, en cuyo caso, implementará las inspecciones necesarias a fin de verificar su cumplimiento.

Artículo 11.- El interesado, al presentar la solicitud para el vertimiento de desechos u otras materias, incluyendo los materiales de dragado, materiales orgánicos no contaminados de origen natural, desechos de pescado o materiales resultantes de las operaciones de elaboración del pescado, buques, plataformas, geológicos, hierro, acero, hormigón y fangos cloacales; deberá acreditar que agotó cualquiera de las opciones de manejo integral de desechos que comprenden enunciativa y no limitativamente las siguientes:

I. Reutilización;

II. Reciclaje fuera de las aguas marinas mexicanas;

III. Destrucción de los componentes peligrosos;

IV. Tratamiento para reducir o retirar los componentes peligrosos, y

V. Evacuación en tierra, en la atmósfera y en el mar.

Artículo 12.- No se otorgará el permiso de vertimiento, cuando la Secretaría advierta que existen posibilidades adecuadas de realizar un manejo integral de los residuos, que no impliquen riesgos para la salud humana o daños al ambiente, mayores a los que implicaría el vertimiento solicitado o costos desmesurados.

Para identificar las posibilidades de manejo integral de residuos la Secretaría podrá solicitar la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando se trate de residuos peligrosos, o de las autoridades ambientales competentes, cuando se trate de residuos de manejo especial o sólidos urbanos.

Artículo 13.- La descripción y caracterización tóxica, física, química y biológica de los desechos, es un requisito para determinar la procedencia de verterlos, así como para considerar las alternativas.

La Secretaría no autorizará el vertimiento cuando la caracterización de los desechos sea insuficiente y no pueda evaluarse adecuadamente su posible impacto en la salud y en el ambiente costero y marino.

No se autorizarán vertimientos de desechos u otras materias en áreas naturales protegidas marinas y sus zonas de influencia, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en aquellas áreas que establezca la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo 14.- La Secretaría al evaluar la solicitud de vertimiento de desechos u otras materias en el mar tomará en consideración los siguientes factores:

I. Origen, cantidad total, forma y composición media;

II. Propiedades físicas, químicas, bioquímicas y biológicas;

III. Toxicidad;

IV. Persistencia física, química y biológica, y

V. Acumulación y biotransformación en materiales o sedimentos biológicos.

Artículo 15.- La Secretaría por Acuerdo de su titular, cuando lo considere necesario con la participación de otras Dependencias de la Administración Pública Federal e instituciones de investigación científica, podrá expedir los criterios que deberán observarse respecto de los desechos, materiales o sustancias que podrán ser objeto de solicitud de vertimiento. Acuerdo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Los criterios se definirán a partir de los componentes de los desechos, materiales y sustancias y la información disponible sobre sus posibles efectos sobre la salud humana y el ambiente marino y costero.

En el Acuerdo, se definirán los desechos, materiales o sustancias que no pueden ser objeto de vertimiento. Para esta definición se considerarán, de manera enunciativa y no limitativa:

I. Las sustancias antropogénicas tóxicas, persistentes y bioacumulables, entre otras: plásticos persistentes y demás materiales sintéticos, cadmio, mercurio, organohalógenos, organometálicos, hidrocarburos y sus derivados, cuando proceda, arsénico, plomo, cobre, zinc, berilio, cromo, níquel, vanadio, y sus compuestos de todos estos; compuestos orgánicos de silicio, cianuros, fluoruros, plaguicidas y pesticidas o sus subproductos distintos de los organohalógenos, y

II. Aquellos compuestos respecto de los cuales se disponga de información que demuestre que causan daños a la salud humana o al ambiente marino y costero.

Lo previsto en el presente artículo no constituye una caracterización de los desechos u otras materias, la cual se realizará conforme a la legislación que resulte aplicable.

Artículo 16.- La Secretaría por acuerdo de su titular, establecerá los límites máximo, inferior y superior, de vertimiento de desechos, materiales o sustancias, previa opinión de otras Dependencias de la Administración Pública Federal. Acuerdo que será publicado en elDiario Oficial de la Federación, considerando lo siguiente:

I. Los desechos que contengan determinadas sustancias, o sustancias que causen reacciones biológicas que excedan del límite superior pertinente; no se verterán en el mar, a menos que su vertimiento resulte aceptable después de haberlos sometido a técnicas o procedimientos de degradación de los componentes peligrosos;

II. Los desechos u otras materias que contengan determinadas sustancias que causen reacciones biológicas, que no excedan del límite inferior pertinente, se deberán considerar de escasa incidencia ambiental desde el punto de vista de su vertimiento, y

III. Los desechos que contengan determinadas sustancias que causen reacciones biológicas, que no excedan el límite superior pero excedan el inferior; requerirán una evaluación más detallada, con la finalidad de determinar la aceptabilidad del vertimiento.

Artículo 17.- Cuando se pretenda verter volúmenes menores a tres metros cúbicos de materiales geológicos inertes no contaminados o inorgánico inertes, el interesado presentará ante la Secretaría su proyecto y ésta efectuará el análisis y de considerarlo procedente, lo exentará por una sola ocasión del trámite de permiso.

En caso de que se llegue a verter material en volumen superior al manifestado en el proyecto, se considerará como no autorizado y se hará acreedor a las sanciones previstas en la presente Ley.

CAPITULO IV

De los Permisos

Artículo 18.- La Secretaría otorgará permiso para vertimiento a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjeras, previo el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la presente Ley, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, o en su caso, en función de la evaluación de los resultados de los estudios técnicos e información científica aplicable en la materia, que deberá presentar el interesado.

Artículo 19.- Para efectuar un vertimiento se requiere de permiso otorgado por la Secretaría en los términos y condiciones que establece la presente Ley, debiendo el interesado presentar lo siguiente:

I. Formato de solicitud, debidamente requisitado, firmado por el solicitante y el responsable de la operación del vertimiento;

II. Autorización en materia de impacto ambiental, expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

III. Programa del vertimiento que indique las obras o actividades a realizar;

IV. Resultado de los análisis y de la caracterización toxica, física, química y biológica de estructuras, desechos u otras materias que se pretenden verter, que se realicen conforme a la normatividad aplicable y practicados por laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación;

V. Programas de monitoreos ambientales, estudios batimétricos, hidrodinámicos y de la composición bentónica de la zona de vertimiento, antes, durante y después del mismo;

VI. Propuesta de zona de tiro, debiendo considerar los aspectos oceanográficos, biológicos, la posición geográfica, actividades de esparcimiento, belleza natural, interés cultural o histórico, importancia científica, refugios naturales; zonas de desove, reproducción y repoblación; rutas migratorias; hábitat estacionales y críticos; zonas de pesca; vías de navegación; usos tecnológicos del fondo del mar; zonas de exclusión y otros usos legítimos del mar;

VII. Comprobante de pago de derechos por concepto de trámite, estudio y autorización de vertimiento, conforme se establezca en la Ley Federal de Derechos;

VIII. Triplicado de la documentación y archivo electrónico, y

IX. Según sea el caso, conforme se establezca en el formato correspondiente, la opinión de las siguientes autoridades:

a) La autoridad municipal, respecto a la no existencia de un lugar en tierra para llevar a cabo la disposición de desechos u otras materias, incluyendo el material producto de dragado;

b) La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la afectación al tráfico marítimo en la zona de vertimiento, las operaciones de éste o el vertimiento, y

c) La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, cuando se presuma que los materiales o sustancias a verter contienen materiales radioactivos.

La Secretaría de Salud a petición de la Secretaría, cuando el caso lo requiera, emitirá el dictamen correspondiente respecto a la afectación a la salud humana, como consecuencia del vertimiento de desechos o materias, en los términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que la Secretaría se haya pronunciado, tendrá por efecto que la resolución a la solicitud de vertimiento se considere en sentido negativo.

Artículo 20.- El interesado presentará ante la Secretaría, la solicitud de vertimiento por escrito cuando menos con sesenta días hábiles previos a la fecha en que pretenda realizarlo, por sí o por medio de representante o apoderado legal, designando a persona con conocimientos científicos, técnicos y académicos relacionados con aspectos del medio marino; personalidad que acreditará conforme a las disposiciones legales aplicables, adjuntando la documentación que establece la presente Ley.

La Secretaría revisará que la documentación se encuentre completa y cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley. De advertir que está incompleta o que presente omisiones o irregularidades, se la devolverá al interesado, para que las subsane dentro de un plazo de quince días hábiles. Si transcurrido dicho plazo no las hubiese subsanado, la solicitud de vertimiento se tendrá como no presentada. De cumplirse con los requisitos se integrará el expediente.

Artículo 21.- La Secretaría resolverá la solicitud de vertimiento en un plazo que no podrá exceder de sesenta días hábiles, dentro del cual quedan comprendidas las prevenciones y su desahogo en los términos de la presente Ley.

En caso de que la Secretaría considere procedente la solicitud, previa a la expedición del permiso, le comunicará al interesado la cantidad que deberá cubrir, por concepto de pago de derechos por el uso de la zona marina mexicana.

Artículo 22.- El permiso de vertimiento contendrá lo siguiente:

I. Nombre de la persona física o la denominación o razón social de la persona moral, según corresponda;

II. Volumen de los desechos u otras materias a verter expresadas en metros cúbicos;

III. Descripción de la materia o desecho a verter;

IV. Denominación del Proyecto a desarrollarse;

V. Vigencia del permiso;

VI. Situación geográfica, y profundidad de la zona de tiro autorizada, así como la distancia a la costa más cercana;

VII. La cantidad que garantice la reparación de los daños, perjuicios y multa que se pudieran aplicar, por contravenir las disposiciones de la Ley o del permiso;

VIII. Los términos y condicionantes que establezca la Secretaría para llevar a cabo el vertimiento, y

IX. La obligación del titular del permiso de responder por los daños al medio ambiente que pudiera ocasionar el vertimiento.

Artículo 23.- Los permisos son intransferibles; toda contravención será sancionada, conforme a lo señalado en la presente Ley, tanto a quien los transfiera, como a quien haga o pretenda hacer uso de ellos.

El interesado deberá tener el permiso original, en el lugar, buque, plataforma o aeronave que utilice para el vertimiento. La omisión a esta obligación será sancionada.

Los interesados contarán con un libro de registro denominado bitácora de vertimiento, que contendrá la información siguiente: fecha, hora, situación geográfica, profundidad, material vertido, volumen, método de vertido, embalaje, dirección y velocidad de la corriente, estado de la mar, dirección y velocidad del viento, temperatura y presión atmosférica, humedad relativa, temperatura del agua, nubosidad y cobertura del cielo; debiendo presentarse cuando sea requerido por la Secretaría.

La Secretaría establecerá la vigencia en el permiso, en función del tipo de vertimiento.

Artículo 24.- No se otorgarán prórrogas ni ampliaciones a los permisos, salvo caso de fuerza mayor, situación técnica o financiera que afecte las actividades de vertimiento, debiendo el interesado justificarlas. La Secretaría estará facultada para calificarlas y resolver en cuanto a su procedencia o improcedencia.

El interesado se ajustará a las disposiciones que le sean indicadas. En caso de ampliación la Secretaría analizará la solicitud en función del volumen que motive la ampliación, en cuyo caso le será resuelta en un plazo no mayor de quince días hábiles, debiendo cubrir el interesado el pago de derechos que corresponda de acuerdo con el volumen que pretenda verter y el incremento del depósito a que se refiere la fracción VI del artículo 5 de esta Ley.

Artículo 25.- El trámite, diligencias, expedición de permisos, resoluciones y demás disposiciones que establece la presente Ley, se realizará en días y horas hábiles. Quedan exceptuados de esta disposición los actos de inspección y vigilancia que practique la Secretaría en los términos de la presente Ley, mismos que podrán llevarse a cabo en cualquier día y hora, sin que para ello deba mediar habilitación de días y horas.

Artículo 26.- La Secretaría por si misma o a solicitud del interesado, podrá modificar los términos y condiciones del permiso de vertimiento, cuando varíen las condiciones bajo las cuales le fue expedido o se presenten hechos o circunstancias posteriores, no imputables al interesado, que impliquen modificación de los términos en que fue otorgado el permiso, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley.

CAPITULO V

De las Obligaciones Adicionales en Materia de Vertimientos

Artículo 27.- Adicionalmente a los requisitos que establece la presente Ley, el interesado deberá cumplir con lo siguiente:

I. Entregará los resultados originales de análisis que se hayan determinado conforme al tipo de material que se pretende verter, debiendo anexar cromatogramas, hojas de campo y cadena de custodia de la muestra y en cuatro puntos alrededor del mismo con un radio mínimo de una milla náutica de distancia, o la que determine la Secretaría en función del área en donde se vaya a efectuar el vertimiento, a fin de dar seguimiento a los posibles efectos del vertimiento en la zona de tiro autorizada, elaborados por un laboratorio acreditado, tres días hábiles después de finalizar el vertimiento;

II. Entregar el muestreo y análisis expedidas por el laboratorio responsable, debiendo asentar en el reporte de laboratorio la fecha, hora y coordenadas geográficas del lugar de colecta, indicando si los resultados no excedieron los límites máximos permitidos por la normatividad ambiental vigente, conforme lo señalado en el Capítulo III de la presente Ley;

III. Presentará, cuando se trate de material producto de dragado, previamente a la ejecución del proyecto, la evaluación de los lixiviados de los lodos o sedimentos del dragado que serán vertidos al mar, debiendo tomar la muestra antes de iniciar el vertimiento al mar; asimismo elaborará un estudio de la composición bentónica de la zona autorizada;

IV. Entregará, cuando el caso lo requiera, los estudios batimétricos e hidrodinámicos de la zona de tiro, realizados dentro de los tres días hábiles siguientes al término de las operaciones de vertimiento, o dentro del tiempo que establezca la Secretaría;

V. Entregará, según el caso y por el tiempo que señale la Secretaría, un informe relativo a monitoreos ambientales, con el fin de constatar que no exista un posible daño ambiental causado por las maniobras propias de las actividades a desarrollar, así como mantener la zona en las condiciones ambientales que hasta el momento se tienen establecidas, debiendo anexar cromatogramas, hojas de campo y cadena de custodia, y

VI. Suspenderá las actividades de vertimiento, ante la presencia de un fenómeno meteorológico que por su magnitud e intensidad pudiera causar daños a los ecosistemas, y procederá de la misma forma cuando el vertimiento por sí mismo provoque las mismas consecuencias.

CAPITULO VI

De las Visitas de Inspección y Vigilancia

Artículo 28.- Personal acreditado de la Secretaría, llevará a cabo las visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la presente Ley, así como el Decreto Promulgatorio del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972.

Artículo 29.- Los actos de Inspección y vigilancia,se llevarán a cabo por personalacreditado de la Secretaría debidamente autorizado.

Para tal efecto se expedirá credencial oficial que acredite su personalidad, así como el oficio de comisión debidamente fundado y motivado.

Artículo 30.- En caso de flagrancia o de violaciones a la presente Ley, se llevará a cabo la inspección, haciéndole saber al presunto infractor el motivo de la diligencia, quedando facultado el Personal acreditado, para proceder en los términos de lo dispuesto por la presente Ley.

Los capitanes, patrones de buques, piloto al mando de aeronaves, plataformas o personas que se equiparen, los encargados de la construcción de obras o de cualquier otra actividad que se realice en las zonas marinas mexicanas, tendrán la obligación de dar las facilidades al personal de la Secretaría, a fin de que se lleve a cabo la inspección, proporcionando la documentación e información que le sea requerida para el cumplimiento de esta Ley, así como permitir el acceso a todas las áreas del buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, y exhibir el permiso de vertimiento y demás documentación relacionada con el desarrollo de sus actividades.

Artículo 31.- En caso de denuncia por violaciones a la presente Ley, el personal acreditado deberá contar con el oficio correspondiente, en el que se precise el objeto de la diligencia, domicilio o lugar a verificar, nombre, denominación o razón social de la persona física o moral, a quien se le atribuya la fuente del vertimiento, o cualquier información que se considere necesaria para la práctica de la diligencia.

Artículo 32.- El personal acreditado de la Secretaría tiene facultad para lo siguiente:

I. Inspeccionar cualquier obra, lugar, buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, en que se presuma la existencia de algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidos;

II. Examinar y en su caso tomar muestras de los desechos u otras materias encontrados;

III. Requerir la documentación de embarque del material encontrado a bordo;

IV. Viajar o permanecer en el buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave que transporte los desechos u otras materias que van a ser vertidas en caso de contar con el permiso, para comprobar que se realice en el lugar autorizado;

V. Abordar en cualquier puerto o terminal, un buque o aeronave nacional o extranjera, que se presuma transporta desechos o materias para ser vertidos o abandonados en zonas marinas mexicanas;

VI. Si como resultado de la inspección y vigilancia se advierten infracciones a la presente Ley, el infractor y el buque serán conducidos al puerto más cercano, con el objeto de evitar que se continúe con el vertimiento, imponiéndosele la sanción correspondiente;

VII. Cuando fuera necesario, la Secretaría, solicitará a la Capitanía de Puerto que impida el zarpe del buque, o en su caso, hará lo conducente ante el comandante del aeropuerto cuando se trate de una aeronave;

VIII. Con el objeto de evitar el vertimiento deliberado de los desechos o materias que se encuentren a bordo de un buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, se tomarán las medidas correspondientes, y

IX. Cuando se trate de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en los aeropuertos de la red nacional, el personal de la Secretaría deberá coordinar con el comandante del aeropuerto las facilidades requeridas para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 33.- Durante la inspección y vigilancia el personal acreditado deberá observar lo siguiente:

I. Se identificará con la persona con quien se entienda la diligencia, mostrándole el oficio correspondiente y requiriéndole para que en el acto designe dos testigos;

II. En caso de negativa, o de que los testigos designados no acepten fungir como tales, el personal de la Secretaría los designará, haciendo constar dicha circunstancia en el acta, sin que esto afecte la validez de la inspección;

III. Cuando en el lugar a inspeccionar no se encuentre persona con quien se entienda la diligencia, se deberá asentar en el acta dicha circunstancia;

IV. La Secretaría, en el acta deberá determinar las acciones a implementarse derivadas de infracciones a la presente Ley;

V. La Secretaría, en el acta deberá determinar las medidas urgentes que deberán aplicarse en caso de que el vertimiento represente un riesgo inminente de daño a la salud humana o a los ecosistemas;

VI. Concluida la inspección, se hará saber a la persona con quien se entendió la diligencia su derecho a manifestar lo que a sus intereses convenga, en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta, y para que ofrezca pruebas dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia;

VII. Se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al visitado, y

VIII. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 34.- De todo acto de inspección, se deberá elaborar el acta administrativa correspondiente, en la que se hagan constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. El acta que se levante deberá contener lo siguiente:

I. Lugar, hora y fecha;

II. Nombre de la persona autorizada para llevar a cabo la visita de inspección, así como el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia;

III. Descripción del documento con el que se identificó el personal;

IV. Testigos de asistencia designados por el personal con quien se atendió la diligencia; en caso de negativa a designarlos, lo hará el inspector, haciendo constar dicha circunstancia, sin que lo anterior afecte la validez de la visita de inspección. Asimismo el personal que formule las actuaciones designará a sus testigos de asistencia;

V. Nombre de la persona física, la denominación o razón social de la empresa, artefacto naval, buque, estructura, plataforma, almacén o aeronave;

VI. Motivo de la inspección;

VII. En los casos en que así proceda se asentará el oficio, expedido por la Secretaría, que lo autorice para realizar la inspección en las zonas marinas mexicanas en materia de vertimiento;

VIII. Descripción de la documentación relacionada con sus actividades y en su caso con el vertimiento;

IX. Narración de los hechos de manera clara y concisa;

X. Descripción de los desechos, o materias encontrados;

XI. Infracciones que se hayan cometido a la presente Ley;

XII. Medidas extraordinarias que se hayan adoptado, a fin de evitar se continúe con el vertimiento;

XIII. Manifestación del personal con quien se atendió la diligencia, y

XIV. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.

SECCION I

De las Medidas Preventivas

Artículo 35.- Son medidas preventivas las adoptadas por la Secretaría en las zonas marinas mexicanas, tendentes a evitar la contaminación o alteración del ambiente marino o afectación a la salud humana, a consecuencia de vertimiento de desechos y otras materias, incluyendo la suspensión del vertimiento.

Artículo 36.- La Secretaría, en los casos de emergencia, ordenará o adoptará las medidas preventivas inmediatas que considere necesarias, a fin de que se ocasione el menor daño posible a los ecosistemas a consecuencia de vertimiento de desechos y otras materias, siendo éste el único caso que no se seguirá el procedimiento administrativo establecido en la presente Ley.

Artículo 37.- Las medidas preventivas que podrá implementar la Secretaría entre otras, comprenderán la destrucción o hundimiento del buque o aeronave incluyendo sus pertrechos, debiendo formular el acta correspondiente.

Tratándose de la destrucción o hundimiento de aeronaves, la Secretaría se coordinará con la autoridad aeronáutica, a fin de garantizar el manejo adecuado de las partes, componentes y materiales de las aeronaves que sean objeto de destrucción o hundimiento. Así mismo la Secretaría dará aviso al Registro Aeronáutico Mexicano para efectos de lo dispuesto por los artículos 46, fracción III y 47, fracción III, de la Ley de Aviación Civil.

Artículo 38.- La Secretaría con base en los resultados de la inspección, requerirá la información que sea necesaria que le permita ubicar tuberías, instalaciones, estructuras o construcciones submarinas que por su naturaleza y que por las condiciones en que se encuentran, pudiesen ocasionar vertimientos; en su caso, dictará las medidas preventivas por el tiempo que sea necesario para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo para su realización.

Artículo 39.- Cualquier persona que tenga conocimiento de violaciones a esta Ley, lo informará de inmediato a la Secretaría, para que ésta dentro del ámbito de sus atribuciones, tome las acciones correspondientes.

Artículo 40.- La Secretaría queda facultada para requerir la información que sea necesaria que le permita ubicar tuberías, instalaciones, estructuras o construcciones submarinas que por su naturaleza y que por las condiciones en que se encuentran, pudiesen ocasionar vertimientos.

La información que le sea proporcionada tendrá el carácter que conforme a la normatividad vigente le corresponda.

SECCION II

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 41.- Son infracciones a la presente Ley, las siguientes:

I. Omitir informar de vertimientos realizados por causas de fuerza mayor;

II. Incumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 27;

III. Actualizarse alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 50;

IV. Se incumplan las obligaciones previstas en el artículo 23;

V. No cumplir con los Acuerdos que conforme a esta Ley, expida la Secretaría;

VI. No cumplir con los términos especificados en el permiso de vertimiento;

VII. Abandonar un buque, aeronave, artefacto naval, estructura o plataforma, sin informar a la Secretaría oportunamente;

VIII. Efectuar vertimientos sin la autorización de la Secretaría;

IX. Efectuar vertimientos posteriores a una suspensión;

X. Efectuar vertimientos posteriores a una cancelación, y

XI. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 42.- Las sanciones podrán consistir en:

I. Suspensión del permiso de hasta por 60 días;

II. Cancelación del permiso, y

III. Multa, la cual se determinará tomando como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de haberse cometido la infracción, de doscientos cincuenta hasta cincuenta mil días de salario mínimo, según la infracción y el daño causado.

Se sancionarán con suspensión del permiso hasta por 60 días, las infracciones previstas en las fracciones II, V y VI del artículo anterior.

Procede la cancelación del permiso, cuando el permisionario incurra en las infracciones previstas en las fracciones III y IV del artículo anterior.

Se sancionarán con multa, según la infracción y el daño causado, los supuestos previstos en las fracciones I, y de la VII a la XIdel artículo anterior.

Las sanciones antes señaladas podrán imponerse, en más de una de sus modalidades.

En el caso de que haya transcurrido el plazo de la suspensión, sin que el infractor haya subsanado las irregularidades que dieron origen a la misma, la Secretaría procederá a la cancelación del permiso respectivo.

Artículo 43.- Se considera reincidente, al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el monto originalmente impuesto, así como la cancelación del permiso.

Artículo 44.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a la presente Ley, la Secretaría deberá tomar en consideración las circunstancias siguientes:

I. Los riesgos o daños producidos o que puedan producirse en la salud humana; la generación de desequilibrio ecológico; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad;

II. La acción u omisión;

III. La reincidencia del infractor;

IV. Las condiciones económicas del infractor;

V. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven el vertimiento;

VI. En caso de que el infractor realice medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que se imponga una sanción, la Secretaría deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción, y

VII. Que se hayan cometido diversas infracciones.

Artículo 45.- Las sanciones establecidas en la presente Ley, son independientes de la responsabilidad penal o civil en que se incurra conforme a otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 46.- Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones; en la resolución se precisarán las sanciones que se aplicarán y el concepto de cada una de ellas.

Artículo 47.- Cuando el personal de la Secretaría derivado de los actos de inspección y vigilancia, se percate de actos u omisiones que pudieran constituir delitos ambientales, formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de las atribuciones que a otras Dependencias le corresponden.

Se procederá de igual manera, cuando se presente documentación falsa para obtener una autorización de vertimiento.

La Secretaría proporcionará los dictámenes técnicos, cuando el Ministerio Público o las autoridades judiciales, así lo soliciten.

SECCION III

Del Procedimiento

Artículo 48.- Para imponer una sanción la Secretaría deberá notificar previamente al presunto infractor del inicio del procedimiento, mediante oficio en el que se especificarán los hechos y las disposiciones legales que se consideran violadas, y en su caso las disposiciones que el permisionario debe cumplir para subsanar los daños ocasionados al ecosistema marino; para que éste dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que sea hecha la notificación manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas.

En caso de que el presunto infractor dentro del plazo concedido no realice manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho y la Secretaría procederá a dictar resolución dentro de los quince días hábiles siguientes, haciéndole saber el derecho que tiene para interponer el recurso de revocación, dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que fue hecha la notificación, en el que deberá presentar por escrito sus argumentos y pruebas ante la Secretaría.

En caso de que el infractor interponga el recurso dentro del término señalado, se procederá al análisis y se emitirá resolución dentro de los quince días hábiles siguientes. En caso de no interponer el recurso, se tendrá por precluido su derecho y se procederá a cumplimentar las sanciones que le fueron impuestas.

De ser el caso, la resolución se hará del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Delegación Estatal, para la aplicación de las sanciones económicas, así como para que se haga efectivo el depósito que se haya otorgado para la expedición del permiso.

Artículo 49.- El recurso previsto en el artículo anterior procederá en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo que emita la Secretaría, no admitirán recurso alguno.

Artículo 50.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimiento de informes o documentos y las resoluciones que emita la Secretaría, se realizarán en el domicilio señalado por el imputado y con las personas autorizadas para tales efectos. El notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en la cédula de notificación, sin que ello afecte su validez.

De no encontrarse la persona que debe ser notificada, se dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere al notificador a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más cercano, debiéndose asentar tal circunstancia.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla, o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias que se lleven a cabo, se deberá tomar razón por escrito de cada una de las circunstancias que se presenten.

Artículo 51.- Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas.

Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación.

Artículo 52.- Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de la emisión del acto y deberá contener el texto íntegro del mismo.

SECCION IV

De la Cancelación

Artículo 53.- La Secretaría le notificará al interesado, o a su representante legal, la cancelación del permiso, lo cual no lo exime de las responsabilidades contraídas con terceros o con autoridades Federales, Estatales o Municipales durante la vigencia del mismo. La cancelación del permiso de vertimiento será definitiva para quien no cumpla con esta Ley.

Artículo 54.- Son causas de cancelación del permiso de vertimiento, las siguientes:

I. Dejar de cumplir cualquiera de las condicionantes establecidas en el permiso respectivo;

II. Que las obras o actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en la zona de tiro autorizada, así como en su área de influencia, en cuyo caso el autorizado deberá instrumentar programas de compensación;

III. Cuando de la evaluación de los estudios requeridos antes, durante y después del vertimiento, se determine que estuviera en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones nocivas imprevistas en el ambiente;

IV. Cuando se detecte que la información proporcionada por el solicitante fue falsa o alterada, incluyendo los resultados de laboratorio;

V. No realizar actividad alguna dentro de los tres meses posteriores a su otorgamiento;

VI. Transferir el permiso, y

VII. Incumplir, con cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, así como en materia ambiental.

SECCION V

De las Excepciones

Artículo 55.- No se hará acreedor a ninguna sanción, quien haya realizado vertimiento por caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se justifique la acción implementada a satisfacción de la Secretaría.

Lo anterior, no lo exime de la obligación de reparar, compensar, remediar o restaurar los daños ocasionados por el vertimiento.

Artículo 56.- Quien lleve a cabo un vertimiento por alguna de las causas señaladas en el artículo anterior, deberá rendir un informe detallado a la Secretaría, justificando la realización del mismo. La contravención a lo dispuesto en este artículo, aun tratándose de siniestros, será considerado un vertimiento y se aplicaran las sanciones que establece la presente Ley.

CAPITULO VII

De la Responsabilidad

Artículo 57.- Las personas que realicen un vertimiento en violación a las disposiciones legales aplicables, asumirán la responsabilidad de reparar la afectación o daño ambiental al medio marino, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante las acciones de remediación que resulten aplicables, restituyendo el ambiente marino al estado que guardaba antes del vertimiento o cuando esto no fuere posible, mediante el pago de una indemnización que será cuantificada por la Secretaría en función de la afectación o daño causado al medio marino.

Artículo 58.- Ninguna persona será relevada de su responsabilidad, si la necesidad de efectuar el vertimiento para salvaguardar la vida humana en la mar o la seguridad de cualquier embarcación, artefacto naval, aeronave, plataforma u otro; se debió a negligencia de su parte.

Artículo 59.- La Secretaría en coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, intervendrá para que los responsables del vertimiento cumplan con la remediación que corresponda y ejecuten acciones para prevenir la dispersión del contaminante en el medio marino.

Artículo 60.- En caso de incumplimiento de la obligación de remediación, la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá ejecutar las acciones necesarias con el propósito de llevar a cabo la remediación para la recuperación y restablecimiento del ambiente marino al estado que guardaba antes de producirse el vertimiento con cargo a los obligados, quienes deberán pagar la contraprestación respectiva que tendrá el carácter de crédito fiscal y su recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente.

Para el procedimiento económico coactivo previsto en este artículo se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

Artículo 61.- Sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los responsables del vertimiento por el incumplimiento de las acciones de remediación o del procedimiento económico coactivo previsto en el artículo anterior, la Secretaría ejercerá las acciones que procedan para recuperar los costos de la remedición, así como el pago de daños y perjuicios ocasionados por el vertimiento.

Para las acciones a que se refiere el presente artículo se aplicarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y en lo no previsto en la presente Ley respecto de la responsabilidad por daño o afectación al medio marino y los recursos naturales y ecosistemas que en él se desarrollan, se aplicarán supletoriamente el Código Civil Federal; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Artículo 62.- En el caso de los vertimientos realizados en contravención a la Ley en las zonas marinas mexicanas que causen daños al ambiente marino de otros Estados, los gobiernos extranjeros podrán demandar al responsable del vertimiento el pago de la remediación al medio marino, ante los tribunales mexicanos, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer los afectados ante los organismos internacionales para el pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 63.- Cuando un vertimiento sea realizado en las zonas marinas de otros Estados y se produzca un daño al ambiente marino de las zonas marinas mexicanas, la autoridad facultada para representar al Estado Mexicano ante las instancias internacionales para el reclamo de la remediación ambiental y el pago de los daños, es la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Secretaría, en coadyuvancia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerá la coordinación respectiva para las acciones que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias

TRANSITORIOS

Primero.- La presente Ley entrará en vigor ciento ochenta días, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los permisos otorgados con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente Ley, continuarán en vigor hasta el término de su vigencia.

Tercero.- Las solicitudes de permisos de vertimientos, que se encuentren en trámite al entrar en vigor la presente Ley, podrán ser reguladas por ésta solo en aquellas fases del trámite que no hayan sido desahogadas.

Cuarto.- El impacto presupuestal que implique la puesta en operación de la presente ley, será con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Marina, por lo que no requerirá ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, hasta cubrir los requerimientos de personal, de gasto de operación, infraestructura, mobiliario y equipo.

Quinto.- La presente Ley abroga el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1979, así como todas aquellas disposiciones legales que se le opongan.

Senado de la República, a 29 de abril de 2013.

ComisiOn de Marina

ComisiOn de Estudios Legislativos, Segunda”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión este proyecto.

Para hablar a favor del dictamen, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza de Vaca.

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy subo a tribuna para hablar a favor de este dictamen debido a la importancia del mismo, al incluir las directrices para el control y prevención de la contaminación o alteración por vertimientos en las Zonas Marítimas Mexicanas, provenientes de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones.

Es por todos nosotros sabido que el vertedero final para una gran parte de nuestros desechos son los océanos, a los cuales llegan no sólo aguas residuales, también reciben basura e incluso residuos tóxicos.

Es obligación nuestra legislar para preservar su ecosistema y minimizar las alteraciones de su equilibrio ecológico, así como establecer las medidas preventivas y de seguridad que podrán ser adoptadas para tal fin.

En nuestro país, corresponde a la Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México, la vigilancia en las zonas marinas, así como intervenir en el ámbito de su responsabilidad.

Sin embargo, en esta Ley de Vertimientos se le otorga facultades para llevar a cabo las actividades de vigilancia y cumplimiento de la normatividad en esta materia, por lo cual, esta nueva legislación otorga facultades de actuación a los inspectores a fin de conducir a los infractores, buques o aeronaves, al puerto más cercano y que se les imponga las obligaciones de garantizar la reparación del daño.

Aquí quiero precisar que no se invade la esfera de la competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual es responsable de los vertimientos en la tierra, en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, los cuales quedan fuera del alcance de esta ley.

Este dictamen pretender ajustarse a las normas y convenios internacionales, de los cuales nuestro país forma parte, y de los cuales destaco los siguientes:

Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y otras Materias de 1972, conocido como Convenio de Londres, y uno de los primeros para la protección del medio marino que se encuentra vigente desde 1975.

Protocolo de Londres, con el que se modernizó el anterior convenio y, en su momento, lo sustituyó a su entrada en vigor el 24 de marzo del 2006.

Con su voto a favor de este dictamen, se crea una norma que establece la prohibición de verter sin tratamiento residuos sólidos, líquidos, gaseosos y otras materias que sean susceptible de contaminar o de producir otros efectos de deterioro al medio ambiente marino, o en su caso, se realice un vertimiento que cumpla con las normas técnicas en este misma ley que se estará estableciendo para la obtención de permiso correspondiente por parte de la autoridad competente.

En términos generales, son los aspectos más importantes de este dictamen tan importante.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco García Cabeza de Vaca.

No habiendo más oradores en lo general ni artículos reservados, pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación, en lo general y en lo particular del proyecto que nos ocupa. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 103 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.





 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 18, INCISO A) DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen de segunda lectura)

“Comisiones Unidas de Gobernación;
y de Estudios Legislativos, Segunda

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, devuelto por la Cámara de Diputados con modificaciones, para efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I. METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras de la colegisladora.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido general de la minuta” y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Valoración de la minuta” las Comisiones Dictaminadoras realizamos un análisis de la minuta y expresamos los motivos que sustentan nuestra resolución.

II. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día 13 de septiembre de 2011, los Senadores Julio César Aguirre Méndez, Valentín Guzmán Soto, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea y Antelmo Alvarado García, presentaron proyecto de Decreto por el que se declara el año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación” y se crea la comisión especial de dicha conmemoración; proyecto de Decreto por el que se autoriza la emisión de la Moneda Conmemorativa del Bicentenario del Congreso de Anáhuac; se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que los primeros tres artículos de la iniciativa referida fueran turnados a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, para su dictamen. Y turnó a la Cámara de Diputados el cuarto de los resolutivos del proyecto, que propone inscribir con Letras de Oro la frase “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”, dado que es facultad exclusiva de la Colegisladora.

3.- En sesión ordinaria celebrada por el pleno del Senado de la República, el día 27 de septiembre de 2011, el Congreso del Estado de Guerrero, remitió a la Cámara de Diputados dos proyectos de iniciativas de Ley, el primero de ellos, con proyecto de Decreto para la celebración, por los tres Poderes de la Unión, de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac, y de la Proclamación de los Sentimientos de la Nación, y por el que se declara el año 2013 como “Año del Primer Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación”. El segundo Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y modifica diversos artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para incluir el nombre del ilustre General Don Vicente Guerrero y la de la conmemoración del “Primer Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación”, y modificar el texto de la fecha 6 de noviembre de 1813 relativa a éstos mismos sucesos.

4.- El Senado de la República, en sesión del veintiséis de abril de dos mil doce aprobó el dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta correspondientea la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5.- La minuta correspondiente fue recibida por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del treinta de abril de dos mil doce, siendo turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

6.- El veintinueve de octubre, a raíz del inicio de la LXII Legislatura, y por acuerdo de la mesa directiva, se determinó la vigencia y el inicio de los plazos reglamentarios para dictamen, por lo que comenzó a correr un nuevo término de 90 días, de conformidad con lo establecido por el artículo 95, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

7.- El veintisiete de febrero de dos mil trece, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron el correspondiente dictamen.

8.- Dado el contenido del dictamen de la minuta en estudio ésta fue devuelta a la Cámara de Senadores, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9.- En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 19 de marzo de 2013 se recibió la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, devuelto con modificaciones, para los efectos del inciso e) del Artículo 72 constitucional. La presidencia dispuso que dicho proyecto se turnara a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

10.- En reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, fue aprobado por unanimidad de los presentes, el Dictamen.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la minuta.

1. Señala el dictamen de la Colegisladora que en relación a la adición de la fecha 13 de septiembre “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”, es oportuno señalar que el artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales consagra esa misma como “Conmemoración del Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec en 1847”, ordenando el izamiento, a media asta, de la Bandera Nacional.

2. Por lo anterior, señala el dictamen, que la fecha propuesta en la Minuta del Senado con proyecto de decreto entra en contradicción con la que se encuentra en vigor en el inciso b) del artículo 18, por lo que al estar vigente y no proponerse reforma alguna al inciso señalado, debe eliminarse del proyecto de decreto la adición al inciso a) por la que se pretende la conmemoración del Congreso de Anáhuac de 1813 como Primer Constituyente de la Nación Mexicana.

3. Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados llevaron a cabo modificaciones a la técnica legislativa.

4. Adicionalmente la Colegisladora señala que si bien el proyecto de decreto considera la adición de la fecha del 13 de septiembre, “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana” y la reforma del texto de la fecha de 6 de noviembre, “Conmemoración de la promulgación del Acta de Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813”, señala que el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales no sufre reforma, adición o derogación alguna por lo que se considera ocioso señalar otras fechas que no son objeto del decreto.

5. Menciona que el legislador, con la técnica legislativa actual y contenida en el mencionado artículo 18, ha querido dejar las fechas conmemorativas sin ser consignadas en incisos, numerales o fracciones, con el fin de que futuras adiciones recorrieran las ahí consagradas sólo señalando el día, mes y texto a adicionar recorriendo, evidentemente, las establecidas, sin necesidad de hacer una nueva transcripción lo que, en el proyecto de decreto podría implicar reformas o adiciones que no tienen intención de hacerse.

6. Propone que a fin de depurar la técnica legislativa, en el proyecto de decreto sea consagrada en los siguientes términos:

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fecha 6 de noviembre “Conmemoración de la promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813” del artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18.- …

a) …

6 de noviembre:

Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813.

b) …

B. Valoración de la Minuta.

Las Comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente con los argumentos expuestos por la colegisladora, por lo que se aceptan plenamente las observaciones y modificaciones hechas.

Asimismo, en términos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la aprobación de las modificaciones realizadas por la Colegisladora a la minuta en estudio.

Por tanto las Comisiones dictaminadoras aceptamos las observaciones vertidas por la Colegisladora y aprobamos en sus términos la minuta.

C. De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a) Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y,

Por lo expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda; sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 18, INCISO A) DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

ARTICULO UNICO.-Se reforma la fecha 6 de noviembre “Conmemoración de la promulgación del Acta de Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813” del artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 18.- …

a) …

6 de noviembre:

Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813.

b) …

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 29 de abril 2013.

COMISION DE GOBERNACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no Asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. No habiendo oradores registrados, pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular de este proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 105 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

A continuación tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 6o., 65, 67, 69, 75 y 76 y adiciona los artículos 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 6o., 65, 67, 69, 75 Y 76; Y ADICIONA LOS ARTICULOS 69, 75 Y 76 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISION DE EDUCACION:
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de cuotas escolares.

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86, 94, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El 22 de noviembre de 2011, el Senador Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6 y 67 de la Ley General de Educación y se adiciona una fracción XXV al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por disposición de la Mesa Directiva del Senado de la República, instrumento fue turnado a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.

2. El 14 de diciembre de 2011, el Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y al Código Penal Federal. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera.

3. El 15 de diciembre de 2011, el Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Educación. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera.

4. El 9 de abril de 2013 los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Amador Gaxiola, Raúl Morón Orozco, Javier Corral Jurado, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilda Esthela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo Y Celada, Ismael Hernández Deras, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Raúl Aarón Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Mely Romero Celis Y María Marcela Torres Peimbert presentaron -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, y de Estudios Legislativos.

5. Con fecha 23 de abril de 2013, la Junta Directiva de la Comisión de Educación envió el oficio No. CE/LXII/82/2013, solicitando la rectificación de los instrumentos referidos en los numerales 1, 2 y 3 de este capítulo.

6. El 24 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva autorizó la rectificación de turno solicitada por la Junta Directiva de la Comisión, y las iniciativas fue turnado a las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos.

II. DESCRIPCION DE LAS INICIATIVAS

A. INICIATIVA DEL SENADOR ARTURO HERVIZ REYES

La iniciativa del Senador promovente tiene por objeto establecer que la educación impartida por el Estado no será condicionada a cambio de donaciones o cuotas voluntarias escolares. Señala que el servidor público que condicione el acceso a la educación que imparta el Estado a cambio de dichas contraprestaciones será sancionado en los términos que prevea la ley.

El cuerpo argumentativo de este instrumento enfatiza que la educación pública, laica y gratuita, que se establece en el artículo 3° de la Constitución General de la República, constituye sin duda uno de los fundamentos de la vida democrática del país para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo de todos los mexicanos.Asimismo, fundamenta que el principio de gratuidad de la educación es el producto de la lucha histórica del país, pues deriva de las demandas revolucionarias traducidas en la institucionalización del Estado. No obstante, reconoce el iniciante, los principios reconocidos por la Constitución por la Ley General de Educación han sido violentados mediante la recurrente práctica “de hacer de las cuotas escolares voluntarias- legítimos mecanismos de participación social reconocidos en la Ley, en mecanismos de condicionamiento de los servicios educativos”.De ahí, argumenta el promovente, la importancia de regular esta práctica para dotarla de mecanismos de transparencia, legalidad y control a efecto de evitar los abusos a los padres de familia. La propuesta normativa para tales efectos está planteada en los siguientes términos:

Propuesta normativa

Ley vigente

decreto

Primero.- Se reforman y adicionan los Artículos 6 y 67 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

 

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

No se condicionará el acceso a la educación que imparte el Estado a ninguna persona a cambio de donaciones o cuotas voluntarias escolares. El Reglamento de esta ley establecerá los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas escolares.

El servidor público que condicione el acceso a la educación que imparta el Estado a cambio de donaciones o cuotas escolares, será sancionado en los términos que prevea la ley.

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I a II…

III.- Participar en la aplicación y transparente ejercicio de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar; sujetándose a lo previsto en el artículo 6 de la presente ley

IV…

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:}

I a II…

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar;

IV.-…y V.-…

Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción XXV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

 

Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I a XXIV…

XXV.- Abstenerse de condicionar el acceso a la educación que imparta el Estado a cambio de donaciones o cuotas escolares.

Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I.-..a XXIV.-…

NO EXISTE

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará En vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

B) INICIATIVA DEL SENADOR JORGE LEGORRETA ORDORICA (1)

La iniciativa del Senador Legorreta propone reformar el artículo 6º, y adicionar un párrafo segundo y tercero al mismo artículo; y se adiciona una fracción VIII al artículo 65, todos de la Ley General de Educación, a efecto de establecer que cualquier persona física o moral podrá realizar donaciones destinadas a beneficiar la educación que imparta el Estado Mexicano, las cuales serán siempre de carácter voluntario y en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Por otra parte propone la adición de una fracción XVII y la reforma del párrafo segundo del artículo 215 del Código Penal Federal, para señalar que cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en la conducta que condicione la prestación del servicio público y gratuito de la educación o se viole el derecho a realizar cuotas de forma voluntaria como lo dispone en su artículo 6 la Ley General de Educación.

Con las reformas que se proponen el autor considera que se garantizará que el pago de cuotas, donaciones y otras contribuciones que se solicitan a los padres de familia para inscribir a sus hijos, para la realización de eventos educativos así como para el mantenimiento de las instalaciones, sean plenamente voluntarias y de acuerdo con la capacidad económica de cada padre de familia. Y para efectos de hacer efectivo el derecho a la educación de forma gratuita y que no se vea condicionado de ninguna manera. La propuesta normativa para tales efectos está planteada en los siguientes términos:

Propuesta normativa

Ley vigente

decreto

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el artículo 6º, se adiciona un párrafo segundo y tercero al mismo artículo; y se adiciona una fracción VIII al artículo 65, todos de la Ley General de Educación para queda como sigue:

 

Artículo 6.- La educación que el Estado impartaserá gratuita. Cualquier persona física o moral podrá realizar donaciones destinadas a beneficiar la educación que imparta el Estado Mexicano.

Las donaciones, contribuciones o cuotas que realicen quienes ejercen la patria potestad o la tutela, destinadas a la educación que se imparta en las escuelas en las que cursen estudios sus hijos o tutelados, serán siempre voluntarias y se guardará en todo momento secrecía del aportante y monto de la donación. El Estado garantizará este derecho en beneficio de quienes ejercen la patria potestad o tutela y los educandos.

En ningún caso las donaciones que realicen quienes ejercen la patria potestad o tutela, o personas físicas o morales se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I a VII.- …

VIII.- El donar, contribuir y pagar cuotas a las escuelas en donde cursen estudios sus hijas, hijos o pupilos menores de edad de acuerdo a sus posibilidades económicas, y en plena y absoluta secrecía respecto de quien realiza la misma así como del monto efectivo de la donación, cuota o contribución otorgada.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I a VII.- …

NO EXISTE

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XVII y se reforma el párrafo segundo del artículo 215 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

 

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:

I a XVI.- …

XVII.- Cuando se condicione la prestación del servicio público y gratuito de la educación o se viole el derecho a realizar cuotas de forma voluntaria o en absoluta secrecía como lo dispone en su artículo 6 la Ley General de Educación.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V , X a XII y XVII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII.

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:

I.-.. a XVI.- …

NO EXISTE

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII.

Transitorio

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

C) INICIATIVA DEL SENADOR JORGE LEGORRETA ORDORICA (2)

La iniciativa propone clarificar lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley General de Educación, para que en ningún caso las donaciones que realicen quienes ejerzan la patria potestad o tutela, o personas físicas o morales sean tomadas como contraprestaciones del servicio educativo, tanto en el ámbito público como en el privado. Afirma el autor que la iniciativa no pretende eliminar la posibilidad de cualquier mexicano de realizar las donaciones que así le parezcan en beneficio del sistema educativo nacional. Además se propone al mismo tiempo que el Estado procure el otorgamiento de recursos, no sólo a las instituciones públicas, sino a las instituciones de educación privada, a fin de compensar y equilibrar los ingresos necesarios para llevar a cabo su función educativa.

La reforma al artículo 6 de la Ley General de Educación establece que, en ningún caso, las donaciones que realicen quienes ejercen la patria potestad o tutela, o personas físicas o morales se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. La propuesta normativa para tales efectos está planteada en los siguientes términos:

Propuesta normativa

Ley vigente

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.-Se reforma el artículo 6 de la Ley General de Educación para queda como sigue:

Artículo 6.- La educación que el Estado imparta será gratuita.

En ningún caso las donaciones que realicen quienes ejercen la patria potestad o tutela, o personas físicas o morales se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo, tanto en el ámbito público como en el privado.

El Estado procurará el otorgamiento de recursos a las instituciones de educación pública y privada, a fin de compensar y equilibrar los ingresos necesarios para llevar a cabo su función educativa.

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

NO EXISTE

NO EXISTE

D) DE LOS SENADORES INTEGARNTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACION DE LA LXII LEGISLATURA

La iniciativa tiene por objeto prohibir cualquier acto que condicione la inscripción, permanencia y prestación de los servicios educativos a cargo del Estado al pago de cuotas escolares o cualquier otro tipo de contraprestación, especificando el carácter voluntario de las cooperaciones provenientes de las asociaciones de padres de familia. Asimismo dispone que los Consejos escolares de participación social evaluarán el destino y la aplicación de las cooperaciones que, en su caso, realicen las asociaciones de padres de familia. Para tal fin modifica los artículos 6, 65, 67, 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación. La propuesta normativa está planteada en los siguientes términos:

Propuesta normativa

Ley vigente

decreto

“ARTICULO UNICO.-Se reforman los artículos 6º; 65, fracción I;67, fracción III; 69, inciso n);75, fracciones XV y XVI;76, fracción III; y se adicionan el inciso o) al artículo 69, recorriéndose el subsecuente para quedar como inciso p); la fracción XVII al artículo 75; y un último párrafo al artículo 76, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

 

Artículo 6o.-La educación que el Estado imparta será gratuita. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria. En ningún caso la inscripción, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser condicionadas a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

II.-… a VII.-…

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

II.-… a VII.-…

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I.-…y II.-…

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo;

IV.-…y V.-…

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I.-…y II.-…

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar;

IV.-…y V.-…

Artículo 69.- …

Este Consejo:

a)…a m)…

n) Respaldará las labores cotidianas de la escuela;

o) Conocerá el destino y la aplicación de las cooperaciones a las que refiere el artículo 67, fracción III de la presente ley.

p) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

Artículo 69.- …

Este Consejo:

a)…a m)…

n) Respaldará las labores cotidianas de la escuela, y

o) En general, podrá realizar actividades enbeneficio de la propia escuela.

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I.-…a XIV-. ...

XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y

XVII. Realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado, a cambio de la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I.-…a XIV-. ...

XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes, y

XVI.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos.

NO EXISTE

Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I.- …y II.-…

III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIV y XV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

En cualquier caso, además de las sanciones previstas en este artículo, se estará a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público educativo.

Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I.- …y II.-…

III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIV y XV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

TRANSITORIO

Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

 

IV.- CONSIDERACIONES

A) GENERALES

PRIMERA.- El Derecho a la Educación (DE), amén de ser pilar del catálogo de derechos universales, constituye la base del desarrollo individual y es vehículo de primer orden para el desarrollo de la sociedad, que garantiza el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad, la paz y la democracia. El DE cristaliza el bienestar humano y es, en sí, “el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos” (Comité de los DerechosEconómicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, Observación General 11, párrafo 2). En sentido inverso, la desigualdad en oportunidades educativas, específicamente de escolarización, limita severamente el progreso individual e implanta, al interior de las sociedades, una espiral de exclusión, pobreza y marginación, que restringe la posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida social.

SEGUNDA.- Esta idea integral de la educación como derecho abarca, en principio, tres perspectivas claras: en primer lugar refiere un derecho ala educación, es decir, al derecho a acceder a los servicios educativos. En segundo término refiere a los derechos enla educación, faceta que abarca todos aquellos derechos que deben ser respetados dentro de los procesos educativos, a fin de que las prácticas pedagógicas correspondan a los derechos humanos. En tercer lugar, algunas corrientes distinguen aquellos derechos que se logran a través de la educación. Dentro de esta dimensión, el derecho a la educación es visto como un medio para alcanzar otros derechos, tales como el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libre expresión de las ideas o el mejoramiento de las capacidades productivas, que redunda además en el mejoramiento de los niveles de ingreso. En este contexto, la gratuidad educativa, tema fundamental de esta iniciativa, se sitúa esencialmente en el derecho a la educación, es decir: en la obligación del Estado de asegurar el acceso y la permanencia a y en los procesos educativos, sin menoscabo de la confluencia de las acciones gubernamentales y de otros actoresde la sociedad.

TERCERA.- Ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 el Derecho a la Educación es explícitamente afirmado en su artículo 26, cuyo primer párrafo consigna el derecho de todo individuo a la educación y, de modo general, se refiere a la obligatoriedad y gratuidad de ésta. Durante la segunda mitad del siglo XX, al elaborarse en la ONU -a partir de 1966-, los instrumentos vinculantes con la Declaración Universal, surgieron diversos cuerpos jurídicos que recogieron como parte constitutiva el Derecho a la Educación en estos términos, tales como los pactos internacionales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y de los Derechos Civiles y Políticos, (PIDCyP). En las décadas subsecuentes dichos instrumentos han sido plataforma para la consolidación del Derecho a la Educación entre la comunidad internacional, impulsándolo como un corpus jurídico consistente, que se ha ido incorporando a los ordenamientos normativos de los diversos países. En cualquier caso, los distintos marcos jurídicos derivados de esta plataforma desencadenaron la validación del principio de gratuidad en los servicios educativos, y entre los años 60 y 90 un gran número de naciones fueron capaces de establecer una educación elementalgratuita que eliminó para las familias el pago de cuotas escolares, gastos de infraestructura y aportaciones por otros conceptos vinculados a la educación.

CUARTA.- Bajo el marco descrito, la gratuidad de la educación se sitúa como una obligación suplementaria del principio de accesibilidad, ya que implica garantizar que no existan obstáculos económicos en el acceso y permanencia de las personas en los procesos educativos. La gratuidad parte entonces de una idea básica: si una persona tiene un derecho, es deber del Estado remover todos los obstáculos que se interponen para que pueda gozar de ese derecho.

QUINTA.- En Latinoamérica, la gratuidad en la educación ha sido formalmente garantizada como derecho constitucional desde hace varias décadas. No existe un país en la región que formalmente mandate o reconozca el cobro de cuotas de inscripción; sin embargo, existen evidencias del incumplimiento reiterado de esta premisa, lo que cuestiona a fondo el principio de gratuidad educativa. Las cuotas, aportaciones o dádivas indirectas u ocultas, en forma de cobros por materiales, libros, mantenimiento y otros conceptos en las escuelas, originan gastos familiares directamente asociados a la educación.

SEXTA.- En México, el artículo tercero de la Constitución Política se refiere al DE. El primer párrafo del artículo dispone que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. La fracción IV del mismo artículo añade que: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Y la V indica que: “Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

SEPTIMA.- No es intención de las dictaminadoras revisar de manera exhaustiva las disposiciones constitucionales, pero sí lo es la referencia a cómo éstascorresponden a las obligaciones emanadas del corpus jurídico internacional. Lo mismo sucede con la legislación secundaria en materia educativa: la Ley General de Educación (LGE) de 1993 establece con mayor precisión los alcances del Derecho a la Educación, principalmente en cuanto a la extensión de la enseñanza obligatoria, la gratuidad y laicidad de la educación pública, sus fines y criterios, la igualdad de oportunidades y la equidad. Conviene resaltar que la LGE, además de repetir que “todo individuo tiene derecho a recibir educación”, añade “y, por lo tanto, todos los habitantes delpaís tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables (artículo 2).

OCTAVA.- Por su parte, el artículo 3° de esta Ley refiere explícitamente las obligaciones del Estado, lo que no hace el texto constitucional: “El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley”.

Sobre la gratuidad de la educación, el artículo 6° de la Ley estipula que: “La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dichaeducación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo”. Dicha disposición sedesdobla de esta manera principalmente por una razón: porque el cobro a las familias a través de contraprestaciones de cualquier índole es incompatible con el Derecho a la Educación y pone en riesgo la accesibilidad, al traer consigo el potencial efecto de que algunas familias decidieran no enviar a sus hijos a la escuela, o bien, interrumpir su permanencia en ésta, reduciendo los años de escolaridad o la asistencia promedio al sistema educativo.

NOVENA.- Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de los Acuerdos 96 y 97, por los que se establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias y Secundarias, respectivamente, establece el derecho de los alumnos de ser inscritossin el cobro de cuotas u otros conceptos (artículo 35, fracción VI del Acuerdo 96), y la prohibición expresa al personal escolar de solicitar a la comunidad escolar cuotas o aportaciones de cualquier especie que no hayan sido previamente aprobadas por las autoridades correspondientes (artículo 14, fracción XII del Acuerdo 97). Asimismo, las normas de control escolar para la inscripción, reinscripción, acreditación, regulación y certificación aplicables a la educación básica y media superior, emitidas por la misma Secretaría, establecen los requisitos y procedimientos para el acceso, permanencia y certificación de los servicios, los cuales excluyen, naturalmente, cualquier tipo de contraprestación.

DECIMA.- A pesar de estas categóricas enunciaciones, desde hace décadas, en las escuelas públicas, se suscita una práctica que ha perturbado el principio de gratuidad de la educación consagrado en el orden jurídico mexicano: al inicio de cadaciclo escolar, mediante los órganos directivos o a través de las asociaciones de padres familia, se solicita el pago de aportaciones que, en muchos casos, se convierten en exigencias que condicionan el acceso y la permanencia a y en los servicios educativos. La persistencia de estas prácticas ha sido ampliamente documentada y denunciada en todo el territorio nacional. Tanto padres de familia, como diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos estatales de derechos humanos han evidenciado su recurrencia.

DECIMA PRIMERA.- En México, si bien la participación de la sociedad en el ámbito educativo está reconocida en la misma LGE (Capítulo VII), los casos de condicionamiento de los servicios educativos y, por ende, la violación al principio de gratuidad, ha ido en aumento, en parte -explican los denunciantes-, por la ambigüedad a que ha dado lugar la Ley.

DECIMA SEGUNDA.-De acuerdo con un análisis realizado por la SEP en 2010, el monto de las aportaciones voluntarias en ese año ascendió a más de 6 mil 380 millones de pesos. Asimismo, hasta 2011, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reportaba que, en promedio, los padres de familia de una escuela de educación básica pública, en contexto urbano favorable, pagan anualmente 690 pesos, lo cual sucedía en un 97.7 por ciento de las escuelas. En el estudio La educación preescolar en México. Condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, el INEE establece que en las escuelas públicas de este nivel educativo la principal fuente de recursos económicos son los padres de familia. En la inversión en mobiliario, las “cuotas voluntarias” pagan el 60.5 por ciento del gasto; en infraestructura el 58 por ciento; en equipo el 56.4 por ciento y en servicios el 46.7 por ciento; el resto lo cubren las autoridades estatales, junto a los recursos del Programa Escuelas de Calidad, asociaciones civiles o empresas, entre otros donantes. “En la mayoría de los rubros examinados, los padres de familia son la principal fuente de recursos económicos para financiar los gastos de operación de las escuelas”.1

DECIMA TERCERA.- Si bien diversas fuentes han reconocido la importancia de la participación de la comunidad en el mejoramiento de los centros escolares -en tanto que permite que otros actores se involucren en los procesos educativos y coadyuven en el establecimiento de mecanismos para garantizar la transparencia en la toma de decisiones sobre el uso de recursos escolares-, también han sido contundentes al señalar que las contribuciones a los centros educativos pueden ocasionar que éstos se vuelvan dependientes de los apoyos externos, sin tener la certeza de que en el corto, mediano y largo plazos podrán satisfacer sus necesidades a través de dichas fuentes.2

DECIMA CUARTA.- Estas prácticas se añaden a los obstáculos económicos que impiden el acceso a la educación y que se encuentran estadísticamente verificados. Por ejemplo, de acuerdo con la última edición del Panorama Educativo de México, elaborado por el INEE, al inicio de esta década, 13 millones 332 mil niños en el país vivían en hogares donde el jefe de familia carecía de instrucción o sólo contaba con la primaria o secundaria incompleta. Esta condición, junto con la desigualdad y la pobreza, han impedido que terminen la primaria 51 por ciento de los adolescentes entre 15 y 17 años con un tutor sin escolaridad; 43.2 por ciento de quienes viven en zonas rurales y 42.9 por ciento de los indígenas en ese rango de edad. El Instituto señala, además, que de cada 100 niños de 12 a 14 años, 49 no asistieron a la escuela entre quienes realizan una jornada de trabajo, 15 de cada 100 no fue a un plantel al vivir en pobreza alimentaria y 13 de cada 100 tampoco acudió a un centro escolar en las zonas rurales e indígenas, por lo que existen retos importantes para lograr la universalización de la asistencia escolar.3

DECIMA QUINTA.- El organismo enfatiza que este derecho entre los niños de tres a cinco años y los adolescentes de 12 a 17 años aún no se ejerce totalmente en México y su cumplimiento está asociado a las condiciones étnicas, económicas y de ubicación de residencia de los menores.4

DECIMA SEXTA.- El pasado 26 de febrero fue promulgada la reforma a los artículos 3° y 73 constitucionales, que fue concebida para dar continuidad a la ampliación y reorientación del Sistema Educativo Nacional (SEN). Ampliarlo, para que no sólo se garantice el acceso al Sistema, sino para promover que éste sea de calidad; reorientarlo, para crear los mecanismos que aseguren una mejora continua de los componentes de la dinámica educativa, a través de la evaluación.

DECIMA SEPTIMA.- Con el propósito de consolidar los contenidos de la Reforma, los artículos transitorios establecen, entre otros aspectos, que el Congreso de la Unión deberá promover reformas al marco jurídico para:

Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. [Quinto transitorio, fracción III, inciso a)].

DECIMA OCTAVA.- Durante el curso de las discusiones, en el seno de la opinión pública, diversos actores encontraron dicha disposición como un resquicio para la validación del cobro de cuotas escolares y, en consecuencia, fue calificada como el detonante legal de un proceso privatizador de la educación. En apego a las argumentaciones precedentes, es objeto de quienes presentan este instrumento eliminar la imprecisión de este razonamiento, reiterando que, en efecto, si la educación es entendida como un deber del Estado y como un derecho de la personas, el acceso a este servicio no puede estar condicionado a la capacidad de compra de ese derecho. No pasan inadvertidos los debates en torno a los alcances de la gratuidad y de las responsabilidades del Estado; sin embargo, es propósito de las dictaminadoras, en franco eco de la intención de los promoventes, reiterar el acceso a la educación como un derecho fundamental de toda persona, cumplimiento que no es potestativo, sino obligatorio para el ente recipendario de tal responsabilidad (en este caso el Estado), y que, bajo ninguna circunstancia, puede condicionarse o limitarse, pues ello haría nugatorio el Derecho a la Educación.

B) DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

PRIMERA.- Las reformas a la Ley General de Educación presentadas por los Senadores iniciantes establecen las adecuaciones para cumplir con el mandato constitucional que consagra el principio de gratuidad educativa, en tanto que lo vigoriza e imprime un avance eficaz en la ampliación de la cobertura y la calidad educativas.

SEGUNDA.- Las dictaminadoras comparten los argumentos de los iniciantes que señalan la existencia de barreras económicas que aún obstaculizan el acceso a los servicios educativos. Si a ellas se les suman las prácticas que condicionan dichos servicios a la entrega de cualquier tipo de contraprestación, habría entonces un camino directo al ensanchamiento de la espiral de exclusión, pobreza ymarginación. De allí la certeza de las dictaminadoras de que una de las obligaciones suplementarias del Estado en materia educativa es crear las condiciones para remover los obstáculos, incluidos los económicos, que impidan el ejercicio pleno de este derecho.

TERCERA.- Con base en esta reflexión, los integrantes de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos se pronuncian por establecer la plataforma normativa que refuerce el principio constitucional que establece la gratuidad de la educación. A efecto de acentuar esta premisa, las dictaminadoras estiman viable la adición al artículo 6° de la LGE, referido en todas iniciativas que componen este dictamen, con el objeto de incorporar, de manera explícita, la prohibición de condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación.

CUARTA.- Asimismo, las comisiones coinciden con los argumentos expuestos en los instrumentos A, B. y D, con respecto a la necesidad de vigorizar los principios de igualdad y gratuidad de la educación, consagrados en los artículos 2° y 6° de la Ley y de ampliar el horizonte de los derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela y, mediante la disposición expresa de que bajo ninguna circunstancia podrá ser condicionada la prestación de servicios educativos, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes y la permanencia de sus hijas, hijos o pupilos, a cambio de la entrega de dinero, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. En el caso de las cooperaciones provenientes de las asociaciones de padres de familia, reconocidas en el artículo 67, fracción III de la actual LGE, se propone explicitar el carácter voluntario de las mismas, así como la prohibición de que éstas sean mecanismos para condicionar los servicios educativos.

QUINTA.- En el caso de los Consejos escolares de participación social, implementados para promover mecanismos participativos y de integración de la comunidad escolar (padres de familia, maestros, directivos, ex alumnos y demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la escuela), se propone ensanchar sus atribuciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Para ello, las comisiones estiman la conveniencia de modificar el artículo 69 en los términos de la iniciativa expuesta en el inciso D., a efecto de establecer que estos Consejos deberán conocer el destino y la aplicación de las cooperaciones que, en su caso, realicen las asociaciones de padres de familia. Ello, con el propósito de erradicar las prácticas fraudulentas que han sido identificadas al interior de dichos entes.

SEXTA.- En correspondencia a estas modificaciones, se propone considerar, como una nueva infracción, realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado, a cambio de la entrega de dinero, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

Con base en los elementos expuestos, los integrantes de las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos que suscriben el presente Dictamen, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 6o, 65°, 67, 69, 75 y 76; Y ADICIONA LOS ARTICULO 69, 75 y 76 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 6º; 65, fracción I;67, fracción III; 69, inciso n);75, fracciones XV y XVI;76, fracción III; y se adicionan el inciso o) al artículo 69, recorriéndose el subsecuente para quedar como inciso p); la fracción XVII al artículo 75; y un último párrafo al artículo 76, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 6o.-La educación que el Estado imparta será gratuita. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria y la media superior. En ningún caso la prestación de servicios educativos, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser condicionadas a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

II.-… a VII.-…

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I.-…y II.-…

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo;

IV.-…y V.-…

Artículo 69.- …

Este Consejo:

a)…a m)…

n) Respaldará las labores cotidianas de la escuela;

o) Conocerá el destino y la aplicación de las cooperaciones a las que refiere el artículo 67, fracción III de la presente ley.

p) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I.-…a XIV-. ...

XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y

XVII. Realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado, a cambio de la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I.- …y II.-…

III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIV y XV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

En cualquier caso, además de las sanciones previstas en este artículo, se estará a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público educativo.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Salón de Comisiones del Senado de la República, a 23 de abril de 2013.

COMISION DE EDUCACION
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión en lo general el proyecto de Decreto.

Y para hacer uso de la palabra, en primer término, se le concede al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, para fijar posición.

Sonido en el escaño del Senador Juan Carlos Romero Hicks.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Solicito respetuosamente, si nada más me permite presentar el dictamen en lo general, a grandes líneas, y luego que los grupos hagan su posicionamiento.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero Morales.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Si me apunta en la discusión general, para hablar a favor, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto tomamos nota de ello.

Entonces, en primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para hacer comentarios a nombre de la comisión, en torno a este dictamen que nos ocupa.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Gracias, señor Presidente.

A partir de la reforma constitucional, uno de los rumores infundados que empezó a correr es de que se va a privatizar la educación, ésta es la respuesta del Senado de la República con toda claridad para precisar que no se va a privatizar la educación.

Y por otro lado, también comentar que esto refiere a la necesidad de que se van a requerir mayores recursos fiscales para cualquier reforma educativa.

Y en tercer término, dada la práctica que existe en algunas escuelas públicas, tenemos que reconocer que tenemos que normar este tipo de conductas.

Antecedentes.

Tenemos varias iniciativas previas al respecto, en particular tres:

Una del 22 de noviembre de 2011, de Arturo Herviz Reyes, del PRD; una segunda el 14 de diciembre de 2011, de Jorge Legorreta Ordorica, del PVEM; y una tercera del 15 de diciembre de 2011, de Jorge Legorreta Ordorica.

La reforma del artículo 3o. de la Constitución, de una interpretación dolosa del Quinto Transitorio, ha provocado mucha incertidumbre. Por eso, la Comisión de Educación, donde estamos cinco partidos políticos representados, diseñamos una propuesta que presentamos aquí el 9 de abril del año en curso. Y por eso queremos reiterar y dejar varias cosas en claro.

Primero. No se va a privatizar la educación, los principios constitucionales de una educación pública, laica, gratuita y de calidad siguen siendo irrenunciables.

Segundo. Que el tema educativo rebasa los colores partidistas.

Y por último, queremos precisar que reconocemos que estas conductas existen, sin embargo, le estamos poniendo claridad específica, las cuotas no serán obligatorias, serán voluntarias y no pueden condicionar a la prestación de un servicio educativo su entrega para el ingreso, la permanencia, los exámenes o la retención de documentos a cualquier persona.

Adicionalmente estamos estableciendo con toda precisión que serán voluntarias y serán determinadas por los padres de familia en qué se van a gastar, cómo se van a gastar y la verificación hasta su último detalle.

Estamos poniendo también eventualmente la necesidad de algunas sanciones en el artículo 75, para que esto quede debidamente precisado.

Nosotros hemos venido trabajando, consultando, y quiero agradecer a todos los miembros de la comisión, a los 15, a la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos que dictaminó a favor, a la Senadora Graciela Ortiz, y a continuación los diferentes grupos irán manifestando su precisión al respecto.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Para hablar a favor del dictamen en lo general, se le concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Flores Ramírez.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El dictamen que sometemos a consideración de esta Asamblea refleja el consenso y compromiso de todos los grupos parlamentarios en un tema de gran calado como lo es el de garantizar el derecho constitucionalmente previsto a acceder de manera gratuita a la educación pública que imparte el Estado.

Una vez más se trata de un dictamen que engloba el esfuerzo realizado por cada uno de los legisladores que integramos la Comisión de Educación y que da respuesta a las necesidades y reiteradas demandas sociales en este tema.

La mayor parte de los estudios elaborados en materia educativa revelan los retos que nuestro país tiene por delante, entre ellos, primordialmente satisfacer el acceso de todos los mexicanos a la educación básica y, a partir de 2012, a la medida superior; así como garantizar la inclusión de los estándares suficientes de calidad en la educación obligatoria. De manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Asimismo, es indispensable garantizar la continuidad o permanencia entre los distintos niveles educativos. De otro modo no sólo nos encontraremos en el cumplimiento de un mandato constitucional y social con grandes repercusiones para nuestro país, sino que seremos copartícipes del fracaso y de la falta de bienestar de las futuras generaciones.

Está claro que el acceso a la educación es el primer elemento a cubrir en cualquier sistema social mínimamente desarrollado. En este sentido, los padres de familia con sus aportaciones han sido un pilar de la educación, han contribuido y trabajado a favor de los centros educativos de forma paralela al gobierno y de una manera excepcional a lo largo de muchos años.

Justamente es conveniente aclarar que no es objetivo de esta reforma impedir la participación de los mismos, siempre que ésta sea estrictamente voluntaria y no como ha sucedido en la práctica, que al inicio de cada ciclo escolar, mediante órganos directivos o a través de las propias asociaciones de los padres de familia, se solicita el pago de aportaciones que en muchos casos se convierten en exigencias que condicionan el acceso y la permanencia en los servicios educativos.

Por esta razón, con la aprobación de esta reforma se prohibirá cualquier acto que condicione la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia, la entrega de documentos y, en general, la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, el pago de cuotas escolares o cualquier otro tipo de contraprestación.

De tal manera que el destino y aplicación de las cooperaciones voluntarias que proporcionen los padres de familia serán evaluadas por los consejos escolares de participación social, constituyendo una infracción de quienes prestan servicios educativos el realizar o permitir por sí mismo o a través de terceros cualquier acto de esta índole.

Debemos reiterar que el objeto de esta reforma es esclarecer la gratuidad del servicio educativo que presta el Estado y no así establecer un modelo de privatización como erróneamente se ha pretendido interpretar en la opinión pública.

Nuestra tarea es crear las condiciones para remover los obstáculos, incluidos los económicos, que impidan el ejercicio pleno del derecho a acceder a una educación de calidad de manera gratuita, especialmente cuando los indicadores de deserción, rezago y cobertura educativa evidencian la situación en la que se encuentran muchas niñas y niños debido a la grave situación de desventaja que predomina en ciertos lugares o localidades por la desigualdad en oportunidades educativas, específicamente escolarización que limita severamente el progreso individual e implanta al interior de las sociedades una espiral de exclusión, pobreza y marginación que restringe la posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida social.

Estos aspectos confirman y evidencian que la situación va más allá de la prohibición de las cuotas escolares, de tal manera que el siguiente paso para este Congreso tiene que ser el proporcionar los recursos suficientes para que los planteles educativos cuenten con las herramientas necesarias para prestar sus servicios, tan sólo para el año 2010 se estimó que las aportaciones voluntarias alcanzaron montos cercanos a los 6 mil 400 millones de pesos.

Finalmente, debemos recordar que está claro que nuestro trabajo no ha concluido, el tema educativo aún tiene grandes retos que abatir y grandes vacíos que atender, así como distintas reformas que habrán de aprobarse por este Congreso a la brevedad para complementar el texto constitucional.

Las leyes como la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la Ley General del Servicio Profesional Docente y reformas a la Ley General de Educación, en materia de escuelas de tiempo completo, autonomía de gestión y restricción de venta de alimentos con bajos contenidos nutricionales al interior de las escuelas.

No obstante, también tenemos que estar conscientes de que se ha recorrido un gran camino para llegar hasta aquí, se han presentado diferentes proyectos por parte de los distintos partidos que hoy culminan en reformas como la que hoy se someterá a votación, que beneficiarán a la población estudiantil de las instituciones públicas del país a seguir con sus estudios de manera contínua y con menores presiones económicas.

De esta forma, los legisladores del Partido Verde estamos claros en que nuestra tarea consiste en trabajar por el bienestar de nuestros compatriotas, razón por la que impulsar la prohibición del cobro de cuotas escolares ha sido parte medular de nuestra agenda legislativa y hoy celebramos con beneplácito el amplio consenso que ha existido para dar cabida a la aprobación de estas reformas.

Sin embargo, también tenemos claro que el gran desafío de nuestro sistema educativo consiste en cambiar el paradigma educativo que hoy predomina en México, por lo que estamos comprometidos y asumimos responsablemente nuestra tarea sumándonos a este reto y reiterando nuestro apoyo y trabajo para materializarlo.

No hay que olvidar que para una efectiva transformación educativa se requieren medidas eficaces que garanticen en la realidad todo lo que la legislación prevé, pues pensar de otra manera a estas alturas en un contexto ampliamente competitivo y global sería como consentir que aquellos que no han tenido la oportunidad de incorporarse al sistema educativo continúen sin hacerlo.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de este dictamen, que redunda en la construcción de una sociedad más justa, que pueda ejercer sus derechos en un marco de igualdad, equidad y pleno respeto al texto constitucional y al marco mundial de derechos humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gerardo Flores Ramírez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, para hablar a nombre

del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

La fracción del PT va a votar a favor de estas reformas. Pero queremos dejar claro que en contra de lo que aquí se ha dicho por algunos de los que han participado, estas reformas no expurgan, no expurgan el contenido de la reforma constitucional en materia educativa.

Recordemos que aquí se discutían una manera que nosotros consideramos injusta atribuyendo a mí y a una compañera del PT que habíamos revivido un artículo, cuando habíamos dicho con toda claridad que ese artículo era privatizador.

Recuérdenlo.

El artículo aquél, no me acuerdo qué número es, de esa reforma, establecía que los directores en las escuelas tenían facultades y obligación de obtener recursos en general, lo cual absolutamente era privatizador.

La Senadora Martha Palafox intervino y puso ahí una serie de limitaciones a las facultades que se les daban a los directores de las escuelas para obtener recursos, se estableció en contra del proyecto, como venía, que podían solicitar recursos pero con los niveles de gobierno municipales, estatales y federales, esa sería la gestión que sería legítima de los directores.

Pero el artículo era privatizador y lo dijimos, ¿por qué era privatizador?, porque el proyecto de la OCDE, que es el que se llevó a la Constitución de la República en el artículo 3o., es privatizador. Por eso sí vamos a votar a favor de esto, de cuotas de las escuelas, etcétera y la prohibición de negar la educación por razones de falta de recursos, pero eso no expurga, insisto, no expurga el contenido privatizador de la reforma constitucional, que es una copia clara de lo que la OCDE ha demandado a México y nosotros seguimos, es la OCDE una entidad privatizadora y esto del análisis y la calificación de los maestros y de los alumnos es una posición privatizadora, discriminadora y contraria a los intereses de un país que no necesitan que esté la educación mexicana con la tesis norteamericana que promueve la OCDE, de que la educación es para los mejores, esa es la tesis de la OCDE, y nosotros hemos tenido, tradicionalmente, históricamente desde que se crea la Secretaría de Educación Pública, una filosofía no para darle educación a los mejores, sino para darle educación a todos, y eso es lo que se echa abajo con esta reforma constitucional que han metido al artículo 3o.

Y contra eso estaremos siempre, porque esa evaluación tiene esa filosofía atrás, esa filosofía que cambia de un país como el nuestro que lo que requiere es subir a todo, hacer un enorme esfuerzo para levantar a los que están mal y no sancionarlos y perseguirlos con una filosofía exclusivista, racista y clasista.

Entonces, votamos a favor de esto que se establece aquí, que se prohíbe que los padres de familia tengan que dar, pero no expurga, insisto, la reforma constitucional exclusivista, racista y clasista, que es la evaluación que se ha establecido por la OCDE en el Estado mexicano en contra de los principios de justicia social que son los que deben de regir la educación en un país, que fue creada precisamente para eso y no para establecer por trasmano y con estas reformas una educación para los mejores, sino una educación para todos.

Votaremos a favor, pero insistiremos en contra de la reforma constitucional exclusivista y en contra de la justicia social que se instauró y que se votó para incorporarla malamente en contra de la propia filosofía del artículo 3o. constitucional.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

A nombre del grupo parlamentario del PRD, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a hablar a nombre de mi partido, el de la Revolución Democrática, pero también vengo a hablar en mi calidad de educador.

Decirles, que desde el nacimiento del PRD, el 5 de mayo de 1989, nos propusimos los perredistas a hacer efectivo el derecho a la educación en este país, y se instruyó a los grupos parlamentarios del PRD, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, y al partido mismo, a que iniciáramos una cruzada nacional para que México tuviera educación gratuita desde preescolar hasta la universidad y que esta educación fuera para todos los habitantes del país.

Hemos impulsado y hemos logrado que se incorpore preescolar, como parte de la educación básica. Hemos logrado con el esfuerzo de todos, que bachillerato también sea parte de la educación gratuita en este país. Y hemos hecho ya las propuestas pertinentes en esta Cámara de Senadores, para que la universidad también alcance a todo el pueblo de México y a través de la educación impulsemos de manera definitiva el desarrollo de nuestro país.

Hay un aspecto que lastima profundamente a la educación y que impide que los niños, los adolescentes y los jóvenes de este país puedan estudiar como quisiéramos que fueran absolutamente todos.

El aspecto económico es uno de los aspectos que ayudan para que este país tenga una altísima deserción escolar y tengamos un atraso importante en el aprovechamiento de los estudiantes.

Por eso, en la Comisión de Educación, cuando tratamos el tema de las cuotas escolares, no escuché y eso tengo que decirlo, a un solo Senador de ningún grupo parlamentario que se opusiera a que de una vez por todas este país erradicara las cuotas escolares; a que este país tuviera la educación gratuita como lo marca el artículo 3o. constitucional, y lo señalamos porque es muy importante que el pueblo de México conozca que los Senadores de la República, cuando se trata de los intereses del pueblo, absolutamente todos estamos a favor de que México se desarrolle en un ámbito tan importante, como el ámbito educativo.

Por eso el tema de las cuotas era un tema que era necesario que ya se tratara, para que el pueblo de México tuviera tranquilidad, y cuando inicie el nuevo ciclo escolar, los padres de familia lleguen con esa tranquilidad a la escuela, sabiendo de que la inscripción, de que la aplicación de exámenes, de que la permanencia, de que la entrega de documentos, en fin, de que el servicio educativo no será condicionado a la entrega de cuotas de ningún tipo.

Por eso es muy importante, compañeros Senadores, que la Ley General de Educación contemple ya en el artículo 6o. este mandato para que la educación en México sea, efectivamente, gratuita.

Decirles, compañeros Senadores, que el Senado mexicano da una muestra más de qué lado se encuentra.

El Senado mexicano da una muestra más de que está con el pueblo de México y esa es una situación que nadie nos podrá regatear.

Ahí está la reforma a la Ley General de Educación que vamos aprobar el día de hoy, y lo hacemos pensando en la niñez de México; lo hacemos pensando en el mejoramiento de la educación pública de este país; y lo hacemos convencidos de que solo a través de la educación, lograremos el desarrollo pleno de México.

El PRD votará a favor.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Iniciamos la discusión en lo general, y para ello, en primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Presidente.

La Constitución reconoce a todos los mexicanos el derecho a la educación, y establece que toda aquella que sea impartida por el Estado será gratuita; la educación, por ningún motivo se privatiza. Estudiar no puede ser un privilegio para algunos o para aquellos quienes puedan pagar.

Así, con gran gusto, hoy invito a votar a favor de la propuesta que se presenta, porque los padres, los niños, nuestros jóvenes reclaman, exigen, que no se les pida las cuotas.

Es obligación de todos adoptar las medidas necesarias para mantener e incrementar las matrículas en las escuelas públicas; y una de ellas es garantizar que no se exija ninguna cuota como requisito para inscribirse, para asistir a las aulas, para aplicar exámenes o para recoger alguno de los documentos.

Es un tema de gran importancia para nuestro país, pues muchos padres hacen un gran esfuerzo todos los días para sobrellevar los gastos familiares, cualquier erogación merma considerablemente la economía familiar. Es injusto que los padres sigan pagando estas cuotas.

Por ello, me congratulo del resultado final que se expone en este dictamen, y manifiesto mi reconocimiento a los integrantes de las Comisiones de Educación; y de Estudios Legislativos, en especial al Senador Romero Hicks y a la Senadora Graciela Ortiz, por el trabajo desempeñado.

No podemos dejar pasar la oportunidad de que los niños y jóvenes estén cada día mejor preparados para el desarrollo de nuestro país y eliminemos todos los obstáculos para que ellos puedan estudiar. Es un crimen impedir el acceso a las aulas, basados en la falta de pagos de las cuotas. Nunca más cuotas escolares.

Con la aprobación de esta iniciativa, se deja muy claro en el artículo 6o. de la Ley General de Educación, la prohibición de condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier tipo de prestación en numerario, bienes o servicios.

Nunca más el cobro de cuotas impedirá que nuestros niños, nuestros jóvenes, puedan estudiar.

Con esta reforma, se brindará certeza jurídica a los padres de familia y a los alumnos en su derecho a la educación, dejando a un lado todo tipo de ambigüedad y laguna, para mejor defensa de sus intereses.

Las familias mexicanas, con sus aportaciones, han sido un pilar de la educación; han contribuido y trabajado a favor de los centros educativos de forma paralela al gobierno, y de una manera excepcional a lo largo de los años; nuestro reconocimiento para ellos, pero es momento de que las familias que menos tienen dejen de pagar estas cuotas.

Debemos estar conscientes que se ha recorrido un gran camino para llega hasta aquí, y que falta mucho por recorrer, pero este paso marca la educación en nuestro país. Son las familias mexicanas las beneficiadas de esta reforma porque contribuyen a la formación de más y mejores estudiantes en un sistema de educación público, justo y gratuito.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pablo Escudero Morales.

Sonido en el escaño del Senador Teófilo Torres Corzo.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Si me permite el Senador sumarme a su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Pablo Escudero Morales, ¿acepta la propuesta del Senador Teófilo Torres Corzo, para sumarse a lo que usted ha planteado? Tomamos nota de ello, con todo gusto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente; estimadas compañeras y compañeros Senadores:

Hablo en nombre de las Senadoras y los Senadores que integramos el grupo parlamentario del PRI, para expresar nuestro entero respaldo al dictamen que se presenta hoy, como resultado del trabajo conjunto de los integrantes de las Comisiones de Educación; y de Estudios Legislativos, dictamen que fortalece el marco educativo de nuestra nación, brindando certeza de gratuidad para los servicios que el Estado ofrece a las escuelas, a las que acuden millones de mexicanos.

De forma clara, esta importante reforma a la Ley General de Educación establece que no se podrá condicionar a los alumnos de los beneficios de una educación de calidad, como establece la reforma constitucional aprobada por esta Soberanía, al requerimiento de cuotas, ahora expresadas en el dictamen como voluntarias, y en ningún caso dichas cuotas se entenderán como una contraprestación del servicio.

En el PRI entendemos que el cobro a las familias a través de contraprestaciones de cualquier índole, es incompatible con el derecho a la educación, y pone en riesgo a la accesibilidad al traer consigo el potencial efecto de que algunas familias decidieran no enviar a sus hijos a la escuela, o bien, interrumpir su permanencia en esta reduciendo los años de escolaridad o la asistencia promedio al sistema educativo.

Vale la pena señalar que este ordenamiento no se contrapone a lo establecido a la fracción II del artículo 67 de la misma ley, que señala: "que las asociaciones de padres de familia tienen por objeto colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles"..., reiteramos, no se pretende inhibir la participación de los padres en todo el proceso educativo y en el fortalecimiento de las escuelas. Debemos unirnos todos en aras de lograr mejores condiciones de aprendizaje y de infraestructura para nuestros hijos.

Los retos en materiales didácticos, infraestructura y mantenimiento de las escuelas, deben ser siempre objeto de solidaridad de nuestra sociedad, respetando en todo momento la visión de que el derecho a la educación es pilar de los derechos universales, además de que en el PRI coincidimos en que es la base del desarrollo individual y el principal vehículo para el desarrollo de la sociedad mexicana.

Las y los Senadores del PRI reiteramos nuestro compromiso con la educación de México, por eso vamos a votar a favor de esta reforma.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Pozos Lanz.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox, por el grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy breve, solamente para hacer un comentario en el sentido de que esta ley que hoy vamos a votar, porque seguramente la vamos a votar todos, porque les repito, todos en campaña, de cualquier partido político, tuvimos la misma queja y la misma angustia de las madres de familia en el sentido de las cuotas escolares.

Muchos niños dejaban de estudiar porque en las zonas más pobres no tenían para pagar las cuotas, a veces injustas, y por ello no les dejaban que se volvieran a inscribir para el siguiente ciclo escolar, o bien, les condicionaban la entrega de sus documentos.

Esa es la bondad de lo que hoy vamos a votar, y creo que con esto vamos a sentirnos muy satisfechos de que allá, los padres de familia que nos increparon en campaña, hoy tienen una respuesta, de que no más cuotas escolares a cambio de inscripción o con la amenaza de que no les entregarán sus documentos oficiales.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox.

Por el grupo parlamentario del PRD, se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Como se ha hecho alusión por parte, señor Presidente, de uno de los oradores, efectivamente, cuando se votó la reforma constitucional en materia educativa, hubo varios puntos que se debatieron; uno de ellos fue la autogestión de las escuelas, que el PRD votó en contra, porque desde nuestro punto de vista podría interpretarse que estaban legalizando las cuotas escolares, y por eso nosotros vemos con mucha satisfacción este dictamen elaborado por las Comisiones de Educación; y de Estudios Legislativos, de la cual también forma parte un servidor como Secretario, y en ese sentido quisiera precisar lo siguiente, que efectivamente hacemos uso de la tribuna para resaltar la labor que se hicieron por parte de los integrantes de estas dos comisiones, pero que particularmente para nuestro grupo parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, reconoce el paso que en este momento está dando sin precedentes el Senado, para llevar acabo esta modificación a varios artículos de la Ley General de Educación.

La gratuidad de la educación, como aquí se ha planteado, es un compromiso intrínsicamente ligado a la lucha de la izquierda y, por lo tanto, del PRD, y hoy nos sentimos orgullosos por la forma progresista en que este Senado de la República le está apostando a la educación.

En primer lugar, y fundamental, es la base sólida en la que se fundamenta la educación de nuestras niñas y niños proviene de la familia, yo creo que todos estaremos de acuerdo.

Y la presente reforma constituye un verdadero estímulo no sólo a la economía de los padres de familia, sino también a la moral de los estudiantes, por eso vale la pena que recordemos lo que implica para los padres de familia la excesiva contribución en algunos casos, que significa cubrir dichas cuotas escolares, distrayéndose de alguna contribución necesaria para su hogar, esto sucede en todo el país, pero como lo he dicho en otros momentos en esta máxima tribuna, sucede particularmente en los estados del sur-sureste, así lo hemos discutido con los Senadores de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, que reclaman también tener las mismas condiciones, Sofío Ramírez, Raúl Morón, entre otros hemos estado discutiendo estos temas, y por eso, como ya lo expresó aquí el Senador Fidel Demédicis, el grupo parlamentario del PRD va a votar a favor de este dictamen.

Pero antes de dejar la tribuna quiero acotar algunos datos que sí me parecen importantes, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que señalan, señor Presidente, que tan sólo en el año 2010, la cantidad recaudada por concepto de cuotas escolares en los niveles de preescolar, de primaria y de secundaria, osciló alrededor de los 6 mil 300 millones de pesos.

Y señalaba que todo esto constituye, por eso un paso sin precedente, y que pensamos que esta modificación viene a clarificar la reforma constitucional, porque también uno de los oradores hacía alusión precisamente en qué condiciones se dio el debate de la reforma, y creo que este es un esfuerzo muy importante que impulsaron los integrantes de estas dos comisiones.

En consecuencia, señor Presidente, y para no reiterar los puntos que ya han planteado aquí compañeras y compañeros Senadores, nosotros reiteramos que en un acto de justicia hoy el Senado de la República está dando un paso histórico para clarificar este tema de que no están contempladas legalmente este pago de cuotas escolares.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Sofío Ramírez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: (Desde su escaño) Por las alusiones que hizo el Senador Benjamín Robles y por las características que estamos viviendo en Guerrero, pido si me puede permitir hacer uso de la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez, hasta por cinco minutos

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Es para mí una gran oportunidad y mí responsabilidad como Senador de la República, dados los acontecimientos que se han estado viviendo en los últimos 45 días en el estado de Guerrero, poder compartir frente a todos ustedes el compromiso para seguir trabajando para que el principio de educación siga siendo el pilar de las políticas públicas, de los presupuestos y, sobre todo, del compromiso de todos los integrantes del Congreso de la Unión.

Necesitamos aportar más al servicio educativo. Yo vengo para pedirle a mis compañeros Senadores, que como integrante de la Comisión de Educación, estuvimos participando, y tengo que reconocer esa voluntad, ese gran esfuerzo en presentar esta iniciativa, esta reforma. Y vengo a pedirles, y que ojalá todos por unanimidad podamos dar un voto de confianza, que podamos votar a favor porque es importante decirle al pueblo de México, es importante decirle a los maestros, es importante decirle a los padres de familia que con esta reforma son los principios de lo que será el análisis y el debate, el profundo debate que vamos a hacer en torno a las leyes secundarias de lo que es la reforma educativa.

Es importante decirle a los pueblos más apartados, donde producto de la marginación y la pobreza hay excesos de manipulación, de que la educación no se va a privatizar, de que la educación seguirá siendo pública, laica y gratuita, y de que este es un gran paso que con este dictamen podamos eliminar la carga excesiva, pesada para muchos padres de familia, que son las cuotas.

Las cuotas escolares, desde el inicio de cada ciclo escolar, ha sido la primer bandera que han estado enfrentando los padres de familia, donde les están pidiendo apoyos adicionales. Por eso es que la inscripción, como aquí se señala, la permanencia y la entrega de documentos no debe de estar condicionada a ninguna contraprestación; pero también es importante expresarles y reconocer a los integrantes de la Comisión de Educación que han aceptado, de la reunión de trabajo del pasado jueves, dos puntos más, dos temas, que la Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Estado de Guerrero ha venido impulsando, uno de ellos es que también la prestación de los servicios y la aplicación de exámenes no debe de estar supeditada a ninguna contraprestación, a ninguna cuota escolar.

Por eso, amigas y amigos Senadores, pedimos que en esta votación vayamos todos a favor, y que en lo sucesivo estemos muy atentos. Los estados del sur sureste, Pacífico Sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, constantemente están en los movimientos de las luchas de los maestros.

Y a los mexicanos, pero sobre todo a los guerrerenses, sirva este espacio para refrendar mi compromiso institucional a favor de la educación por los acontecimientos que estamos viviendo. En el estado de Guerrero va un exhorto respetuoso a los maestros para que después de cerca de 45 días que las escuelas están cerradas, a través del diálogo podamos encontrar los mejores acuerdos.

Sí al reconocimiento de sus derechos; sí a lo que es la autonomía en su lucha sindical; sí a una evaluación, una evaluación con las características que tiene la región Pacífico Sur; pero también sí a que es tiempo ya de que regresemos a clases.

Quiero aprovechar también para reconocer la tolerancia, la prudencia, el principio de responsabilidad del gobernador del estado, Angel Aguirre Rivero, que con mucha prudencia, con mucha tolerancia, con mucho diálogo vamos a seguir atendiendo el conflicto que se vive en materia educativa en el estado de Guerrero.

Muchas gracias y buenas tardes.

-El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Sofío Ramírez.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente, si me permite participar en el debate, por favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para hechos?

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Por favor, para hechos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Me parece una reforma muy relevante porque en la letra la educación en nuestro país es gratuita, pero en la práctica enfrenta barreras económicas muy serias. Desde el gasto que hacen las familias por llevar a sus hijos a la escuela, hasta el establecimiento de cuotas voluntarias que hoy se van a prohibir, que impiden muchas veces el acceso a la educación, que impiden la equidad en el derecho a la educación.

Se reconoce que hay una gran diferencia cuando en una familia los padres de familia están involucrados en el rendimiento que alcanzan sus hijos. Sin embargo, en una encuesta que se realizó en 2010 por parte de la Secretaría de Educación de la ciudad de México, se encontró que en promedio apenas el 50% de los padres de familia participan activamente en la educación de sus hijos, y reconocieron, la gran mayoría de ellos, que les gustaría participar más.

¿Cuál es la principal causa que ha alejado a los padres de familia de la escuela, además de la falta de tiempo?, la segunda causa es la existencia de cuotas voluntarias, que cada vez en la práctica son más obligatorias.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, estimó que para 2010 las cuotas de los padres de familia ascendieron a 6 mil 380 millones de pesos, un promedio de 690 pesos al año por familia, en el 97 por ciento de las escuelas de nuestro país.

Pero hagamos una reflexión. ¿Por qué existen las cuotas?

Es una omisión la existencia de cuotas, es la omisión del Estado mexicano en darle mantenimiento a la infraestructura escolar, y esa omisión es sustituida por la coordinación, participación de los padres de familia.

Veámoslo en números. En México, apenas el 8 por ciento del presupuesto total se destina a materiales y a gasto de capital.

En Finlandia, uno de los ejemplos más recurridos de educación, el 35 por ciento del presupuesto total se invierte permanentemente en mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas; el 30 por ciento del presupuesto en Corea o el 28 por ciento del presupuesto de Brasil.

Es decir, si hacemos un cálculo podríamos decir que en México se gastan 200 pesos por alumno en infraestructura al año en todas las escuelas del país.

Y tenemos infraestructura educativa con muchas necesidades. Por mencionarles sólo unos datos.

Aquí, en la ciudad de México, el 45 por ciento de las escuelas tiene más de 40 años y más de 400 escuelas están en zonas de alto riesgo.

Está comprobado el impacto que tiene las condiciones de la infraestructura en el desempeño, en el aprendizaje.

El índice compuesto de eficacia que ha elaborado “Mexicanos Primero”, señala como uno de los resultados más significativos el estado de la infraestructura.

Las instalaciones físicas están correlacionadas positivamente con el aprovechamiento escolar. Por eso es relevante lo que se está haciendo el día de hoy.

El Banco Mundial recomendó, como una de las políticas que podría hacer nuestro país para mejorar el aprendizaje en el corto plazo, es fortalecer la infraestructura.

¿Qué sigue después de esta reforma?

Que mejorar la infraestructura se convierta en una de las prioridades de la política educativa nacional. Eso es lo que tenemos que impulsar a partir de hoy, que tengamos metas de mantenimiento, de equipamiento, porque la falta de mantenimiento genera también desigualdad.

Por tanto, la reforma que hoy se aprueba, además de que tiene una gran legitimidad en que defendamos el principio de gratuidad en la educación en nuestro país, debe acompañarse de una política de inversión en infraestructura para que mejore el rendimiento escolar, porque no olvidemos que las cuotas voluntarias son del tamaño de la omisión que ha tenido el Estado mexicano para darle mantenimiento a la infraestructura escolar.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado.

No habiendo reservas ni adiciones, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de este proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro electrónico de votación, se emitieron 112 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma los artículos 6o., 65, 67, 69, 75 y 76; y adiciona los artículos 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 constitucional, en materia penal.

1 INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2010). La educación preescolar en México. Condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. México, pp. 29-41

2 Cfr.Bracho, T. (1995). Gasto privado en educación. México, 1984-1992. Revista Mexicana de Sociología, pp. 91-119;Bracho, T. & Zamudio, A. (1997). El gasto privado en educación. México, 1992. Revista Mexicana de Investigación Educativa, pp. 323-347; Schmelkes, S., González, R. & Rico, A. (1983). La participación de la comunidad en el gasto educativo. Conclusiones de 24 estudios de caso en México. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 8 (1), pp. 9-47.

3 INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2012). Panorama Educativo de México 2011. Educación Básica y Media Superior. México: Autor.

4ïbidem.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero Morales, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Sí, por la importancia del tema que se va a discutir, le pido que mi intervención quede registrada en el Diario de los Debates, por favor.

Creo que es un tema de gran importancia, que no debiéramos dejar pasar por alto.

(Intervención del C. Senador Pablo Escudero Morales)

"El día de hoy se presenta ante esta soberanía, un dictamen de gran calado que permitirá alinear la justicia penal, con la reforma constitucional y con las necesidades reales de nuestro país en un tema tan transcendente; para hacer efectiva la procuración y administración de justicia y el cumplimiento de los derechos humanos.

Y es que si bien el 18 de junio de 2008 se público en el diario oficial de la federación la reforma constitucional que revolucionó el sistema penal en nuestro país, esta impuso como límite el año 2016 para que se estructurara bajo una perspectiva acusatoria y oral. Un nuevo sistema en el que se respeten los derechos de la víctima y el imputado. No obstante hoy, a un poco más de la mitad del camino, a cinco años de distancia, solamente una cuarta parte de la población del país se encuentra bajo el nuevo modelo acusatorio.

Ante ello y alineado a los principios de estas disposiciones constitucionales, el 2 de octubre pasado, propuse un nuevo código federal de procedimientos penales para instaurar en México un procedimiento, que garantice la justicia y el cumplimiento de los derechos humanos, y con ello erradicar los vicios que actualmente abundan en la justicia penal.

Con el fin de obtener las opiniones, experiencias y voces más calificadas, desde el mes de marzo pasado, las comisiones unidas de justicia, estudios legislativos segunda y anticorrupción y participación ciudadana, dimos inicio a la celebración de audiencias públicas convocadas para la discusión del código federal de procedimientos penales, al que asistieron:

- Especialistas de la academia,

- Especialistas de la Investigación,

- Postulantes, y

- Funcionarios de Procuración y Administración de Justicia.

Quienes ahí participamos, pudimos percibir la preocupación de la mayoría de los ponentes, relativa a la necesidad de elaborar un ordenamiento procesal único que regulara un sistema de justicia de corte acusatorio y oral que se aplique a todos los juicios, procedimientos y asuntos del orden penal un sólo código, que unifique el procesal penal en México, independientemente del tipo penal y su jurisdicción; directrices que incluso están plasmadas en el pacto por México, en el apartado de seguridad y justicia.

No es soslayable que al día de hoy existen al menos 34 legislaciones adjetivo penales, ya que hay, una por de cada uno de los estados, la del distrito federal y la federal, lo que ha derivado en un verdadero galimatías nacional, el entender porqué en un estado puede imponerse o no la prisión preventiva, o el otorgamiento de una caución, cuando en otra entidad no, aun tratándose del mismo delito o acción ilícita. Ello sin duda, obstaculiza la implementación del nuevo sistema acusatorio oral, por lo que otorgar un solo régimen  procedimental penal aplicable en todo el país, impulsará la justicia penal.

Así, después de escuchar el análisis de los especialistas y actores políticos; los datos que la secretaría técnica para la implementación de la reforma penal ha publicado, y conforme a las asertivas experiencias internacionales; llegue a la conclusión de que: la mejor opción para llegar a consolidar un régimen efectivo de justicia y respeto a los derechos humanos en nuestro país, es implementar una legislación procedimental penal única, que en todo nuestra nación garantice tanto a las víctimas como a los imputados, el mismo trato a nivel nacional, que dé certidumbre.

En esta tendencia y bajo una bien estructurada propuesta de reforma como la que hoy se presenta, en consonancia con los elementos considerativos que aludí, es que llego a la convicción de que se debe redireccionar el rumbo y buscar la conformación de una legislación procesal penal única, en donde se atienda con la mayor eficiencia y eficacia las necesidades de la materia, otorgando a la justicia penal, homogeneidad, unicidad, generalidad y seguridad.

Para lograrlo, es indispensable reformar en la constitución política, la facultad concurrente a los estados y a la federación para concebir la legislación adjetiva penal; y con ello estar en aptitud de consolidar un código adjetivo único para toda la república; así, se debe otorgar la facultad exclusiva o reservada al congreso federal para legislar en la materia procedimental penal.

En tales términos, ésta facultad reservada que ahora se propone en la reforma al artículo 73 constitucional, otorga de forma clara y precisa la facultad exclusiva al congreso de la unión, para legislar en materia del debido proceso penal, y para expedir el "código único de procedimientos penales". Teniendo los puente necesarios para arribar en breve a un código único de procedimientos penales, aplicable en todo el territorio nacional como norma adjetiva única en la materia; que logre en todo el territorio la aplicación sin distinción del mismo modelo procedimental para la impartición de justicia de una manera imparcial, ágil, transparente y eficaz."

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto tomamos nota de ello.

¡Claro que sí!

Pido a la Secretaría que, igualmente, las intervenciones de las Senadoras Arely Gómez y María del Pilar Ortega Martínez, queden registradas en el Diario de los Debates, de la discusión de este debate.

(Intervención de la C. Senadora Arely Gómez González)



 (Intervención de la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez)



Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

No tengo posicionamiento por escrito, por eso me atrevo a hacer uso de la voz, únicamente para reconocer, no solamente la iniciativa formulada por la Senadora Pilar Ortega y otros Senadores de grupos parlamentarios, por la Senadora Arely Gómez, por el Senador Pablo Escudero, que han presentado una propuesta de reforma constitucional que es justamente la que es objeto de dictamen el día de hoy.

Es un paso trascendente para la armonización del sistema de justicia penal, pero sobre todo para la implementación en tiempo y forma del nuevo modelo.

Quiero también aprovechar la ocasión para reconocer el trabajo del Senador Manuel Camacho Solís y la Senadora Arely Gómez, que hicieron posible este acuerdo legislativo.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Roberto Gil Zuarth.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de este proyecto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 103 votos a favor y 6 en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que por acuerdo de la Mesa Directiva, las proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy se turnarán directo a comisiones.





 

PROPUESTAS

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de las Instituciones Financieras elaborar un diagnóstico e informar sobre la situación de "cobros no reconocidos", mismo que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE USUARIOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ELABORAR UN DIAGNOSTICO E INFORMAR SOBRE LA SITUACION DE “COBROS NO RECONOCIDOS”

“PATRICIO MARTINEZ GARCIA, SENADOR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 8, FRACCION II Y X DY 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA PRESENTO ANTE ESTA HONORABLE ASAMBLEA EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente documento tiene como finalidad hacer del conocimiento de esta alta asamblea una problemática que desde hace tiempo viene aquejando a la ciudadanía y usuarios de la banca, pero que se hace más aguda en los estados fronterizos como Chihuahua.

Es por todos sabido que la seguridad de las tarjetas de débito y crédito se incrementó a partir de la incorporación del “Chip”, dentro del cual hay llaves criptográficas para realizar operaciones de alta seguridad que se validan con el banco al hacer la transacción. Esta disposición e innovación tecnológica ha sido exigida a todos los bancos que emitan tarjetas de crédito para que evolucionen de la Banda Magnética al Chip, siendo disposición obligatoria con fecha límite al 31 de diciembre del 2013.

Esta medida no ha logrado abatir la “clonación de tarjetas” o cargos no reconocidos por los usuarios, generando entre los ahorradores incertidumbre, pero sobretodo, pérdida de patrimonio.

La acción delictiva en comento fue causa y origen de una reforma mediante la cual, el Poder Legislativo pretendió tipificar como Delincuencia Organizada, la Clonación de Tarjetas de Débito y Crédito en su tipo penal genérico; sin embargo esta pretensión fue objeto de veto por parte del entonces ejecutivo (2006) y revisión de la Cámara de Diputados, en virtud de las implicaciones de impacto presupuestario que conllevaría una reforma de dicha índole. Asimismo las Comisiones Unidas de Justicia y la de Hacienda y Crédito Público justificaron la no tipificación, de la siguiente manera:

• La reforma implicaría una erogación mayor de recursos económicos a cargo de la Procuraduría General de la República, los cuales no se contemplaron en el proceso legislativo que dio origen al proyecto en estudio.

• Lo anterior, a fin de que la unidad administrativa respectiva, en específico la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, pudiera atender el aumento de la carga de trabajo, toda vez que el empleo de las herramientas previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tales como la intervención de comunicaciones, la autorización de agentes infiltrados y la protección de testigos, por citar algunas figuras jurídicas, deben ser operados por personal especializado, por lo que sería necesario habilitar un mayor número de agentes ministeriales y de la policía federal investigadora, así como peritos, sin menoscabo de los recursos materiales necesarios que conlleva el uso de tales herramientas.

• Ello, podría traducirse en la necesidad de crear una unidad especializada, la cual se sumaría a las existentes, y se integraría, al menos, por un titular, dos Coordinaciones Generales, cuatro fiscalías y veinte agentes del Ministerios público de la federación, sin contar con los recursos humanos que significarían los auxiliares (agentes de la policía federal investigadora y peritos) y sin menoscabo del personal administrativo.

• …Por lo que se hace la observación número 1. Régimen de Delincuencia Organizada, en efecto, no se considera conveniente adicionar a la Ley Federal contra Delincuencia Organizada los delitos mencionados en la iniciativa de ley, toda vez que no existen elementos que permitan acreditar que los responsables de tales ilícitos son organizaciones criminales con las características propias de la delincuencia organizada; en esa virtud; se suprimieron las referencias a normar el tema de clonación de tarjetas como delincuencia organizada.

• El principal objetivo de la iniciativa era reestructurar el delito de falsificación y su indebido de tarjetas e instrumentos para el pago de bienes y servicios a nivel federal (clonación de tarjetas), así como tipificarlo como un delito especial en la Ley de Instituciones de Crédito, así como en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y clasificarlo como delito grave en el Código Federal de Procedimientos Penales, con el propósito de que los delincuentes, no gocen del beneficio constitucional de salir libres bajo fianza, lo que no se afecta al prescindir del régimen de delincuencia organizada.

Es de reconocer que el dictamen si consideró en el tratamiento la tipificación del delito a las tarjetas de servicios ya que la redacción original solo hacía mención a las de crédito y débito.

Para quedar comprendidos y tipificados como Delitos Graves en los siguientes numerales y disposiciones: artículo 112 bis, 112 Ter, 112 Quater, Quintus; de la Ley de Instituciones de Crédito; adición de un Titulo Tercero a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito denominado “De los Delitos en Materia de Títulos y Operaciones de Crédito”, compuesto por un Capítulo único que incluye los artículos 432, 433, 434 y 435;la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales en los artículos 194, fracción VIII, adiciónde una VIII Bis y derogación del inciso 17) de la fracción I; en el Código Penal Federal, artículos 85 incisos i),j), k), l) de la fracción I del artículo 85.

Todo lo anterior expuesto, sirve como marco referencial. Sin embargo vemos que más allá de requerir una reforma jurídica, lo que se visualiza es una falta de aplicación de las leyes.

La CONDUSEF organismo protector de los Derechos de los usuarios del Sistema Financiero reconoce el incremento de los casos de Clonación por Consumos no reconocidos en Tarjetas de Crédito y Débito, donde en los primeros bimestres de 2012 y 2013, aumentaron en un 40%.

El porcentaje de casos atendidos por consumos no reconocidos en las Delegaciones de CONDUSEF, pasaron de representar el 29% de las acciones con estos dos medios de disposición en el primer bimestre de 2012, al 35% en el primer bimestre de 2013.

Esto, es solo un mínimo que se denuncia, la gran mayoría queda sin denunciar pero es unreal problema social. De la misma forma se han mostrado importantes incrementos en varias delegaciones, que van del 42% hasta el 156%.

La CONDUSEF actúa como organismo protector e intermediario entre el usuario y la banca, a petición de parte. Entre sus atribuciones cuenta con 2 procedimientos de acción;

1) Conciliatorio, 2) Arbitral en amigable composición ó juicio arbitral de estricto sentido1

Éste último pocas o nulas veces se utiliza ya que las mismas instituciones en el contrato con los usuarios, establecen la cláusula de no sujeción a dicho procedimiento.

Ante esta situación de incertidumbre, a los usuarios no les resta más que agotar en primera instancia la queja ante la propia institución financiera en sus Unidades de Atención Especializada, mismas que establecen que para la determinación de un “Cargo no reconocido” como fraudulento, y en consecuencia, la devolución del dinero, son requisitos indispensables los siguientes:

a) El usuario reporte la situación al banco, dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que se hayan realizado.

b) La tarjeta no tenga chip.

c) El banco no compruebe que la transacción se autorizó a través de los sistemas Verified by Visa o Master Card Secured Code.

Una vez efectuada la reclamación ante el BANCO o Institución Financiera, se debe resolver en un plazo de no más de 4 días.

En caso de improcedencia, la segunda instancia es la CONDUSEF y los 2 procedimientos arriba mencionados con los grados de eficacia y uso asimismo expuestos a continuación.

Según cálculos la tasa de eficacia en la resolución de casos es de casi el 65%. Pero la propia CONDUSEF reconoce que las quejas recibidas, no son un volumen representativo, pues 1 de cada 10 víctimas, denuncia, ya que en muchas ocasiones, los cargos no reconocidos ascienden a un monto considerado “menor” que el usuario no se percata u opta por no someterse a un procedimiento por considerarlo más costoso que la merma en su patrimonio.

Otro factor que afecta para esta situación es la entrega de los plásticos mediante intermediarios como empresas de entrega o repartición externa a la institución bancaria. En años anteriores, los bancos solo hacían entrega personal de las tarjetas, en las mismas instalaciones; pero hoy en día se pierden muchos plásticos de tarjetas de crédito, débito y servicios, en virtud de que hay fallas en las empresas repartidoras, donde contratan como repartidores a elementos que fallan, esto propicia robo de información financiera para efectuar disposiciones de efectivo en tiendas de autoservicio incluso compras, en las ciudades fronterizas de Estados Unidos, caso que se presenta en un alto y alarmantenivel en el Estado Chihuahua, donde las personas más afectadas son amas de casa, jubilados que perciben su pensión mediante depósito de cuenta y empleados, todos usuarios de plásticos por cobro de nómina; victimas de fuertes cargos no reconocidos efectuados en ciudades como El Paso, Presidio, Las Cruces, etc. ascendiendo a más de $500 dólares o el total de sus fondos en tarjetas de débito o máximo en sus tarjetas de crédito.

La realidad nos indica que el usuario no está del todo protegido, ya que las propias instituciones financieras han debilitado la cadena de protección que deben tener para sus propios clientes.

Una de las recomendaciones que la CONDUSEF emite para la pronta detección de “cargos indebidos” es que se opte por la recepción vía correo electrónico, de información, estados de cuenta y todo lo relativo a la cuenta del usuario (como otorgamiento de tarjeta de crédito sin solicitud de parte) por resultar de entrega inmediata sin intermediarios. Pero ésta situación no resulta accesible para todos. De convertirse en la regla general, dejaría a la mayoría de los usuarios fuera de esta posibilidad.

Una vez expuesto lo anterior a manera de análisis y radiografía sobre la grave situación de indefensión en la que se encuentran los usuarios y la poca información de la situación que debilita nuestro Sistema Financiero, pero sobretodo se afecta al sector más sensible y vulnerable como son las amas de casa, fuerza de trabajo y jubilados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición de:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se le solicita a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras para que a la mayor brevedad elabore diagnóstico y rinda informe a esta Representación sobre la situación de “Cobros no Reconocidos” que tanto ha afectado a los usuarios de la banca y ahorradores, en especial en los Estados Fronterizos.

SEGUNDO.- Informe sobre las acciones que ha seguido para perseguir y castigar a los delincuentes y sobre todo, qué relación guarda con la banca toda, pues los usuarios de la misma, sienten la dependencia penosa de una instancia pública y de servicio al usuario, convertida, en oficialía de partes y tolerante comisión ante los robos, problemas y desfalcos a los ahorradores.

Señalo, como voz de miles de usuarios de servicios bancarios, que hay una real indefensión de éstos ante errores, omisiones, y asaltos cibernéticos de los que ni la banca ni autoridad alguna se hace responsable, problema que ya tiene años y debe atenderse. Dejo en claro, para los usuarios de la banca, la CONDUSEF no es una instancia real que les ayude ante sus problemas.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 25 de abril de 2013.

Sen. Patricio Martínez García”.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a rendir un informe y evaluación del impacto ambiental por el daño ocasionado por el gusano descortezador en los bosques de diversos estados de la República Mexicana, mismo que se turma a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A RENDIR UN INFORME Y EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL POR EL DAÑO OCASIONADO POR EL GUSANO DESCORTEZADOR EN LOS BOSQUES DE DIVERSOSESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A RENDIR UN INFORME Y EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL POR EL DAÑO OCASIONADO POR EL GUSANO DESCORTEZADOR EN LOS BOSQUES DE DIVERSOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cambio climático, es uno de los grandes retos que enfrentamos en México durante este siglo, y que consiste, en alteraciones al clima como consecuencia de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estas alteraciones, incluyen cambios en la temperatura promedio, las estaciones y la cantidad anual de lluvia, entre otros. Las repercusiones por parte del cambio climático, son muy preocupantes, ya que al alterarse el ciclo del carbono se desequilibra el clima del planeta, la temperatura promedio de las estaciones del año y la cantidad anual de lluvia. Asimismo, se merman varias regiones del mundo y casi todos los aspectos de la vida humana. Por ejemplo: la disponibilidad de agua dulce, la distribución de tierras productivas y el aumento de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a eventos extremos. Si bien, tratamos de evitar, o a su vez mitigar el cambio climático,tratando de reducir en la industria y en la actividad humana diaria, las emisiones de gases a la atmósfera, y por otro, realizar acciones de adaptación que reduzcan nuestra vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

Tanto en mitigación como en adaptación, los bosques, juegan un papel de gran importancia; los bosques, son por un lado, reservorios importantes de gases de efecto invernadero, cuya destrucción y degradación constituye una de las fuentes más importantes de emisiones de GEI a nivel global, pero que al mismo tiempo, su conservación y manejo sustentable puede contribuir a aumentar la cantidad de carbono almacenada en ellos; los bosques generan diversos bienes y servicios ambientales que contribuyen a los esfuerzos de adaptación. En su crecimiento, los árboles absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierte en carbono que se almacena en su tronco, raíces y hojas.Adicionalmente, queda carbono almacenado en el suelo, en la materia orgánica al ras del suelo (hojarasca) y en los árboles muertos; el dióxido de carbono está catalogado como un Gas Efecto Invernadero.

Este proceso, en el que los bosques capturan carbono de la atmósfera contribuye a la mitigación del cambio climático. Un bosque que crece está catalogado como un sumidero de carbono.

Ahora bien, si se degradan los bosques o se destruyen, el carbono que alguna vez fue almacenado se liberara hacia la atmósfera, dificultando más el problema del cambio climático. Por otro lado, los bosques juegan un papel importante en la adaptación al calentamiento global, ya que nos proveen importantes servicios ambientales; son hábitats y refugios para la biodiversidad, brindan alimento, materias primas y pueden funcionar como barreras contra desastres naturales.

Por lo anteriormente expuesto, los bosques juegan un papel bastante importante en las acciones que México está tomando para mitigar el cambio climático. Por tal razón, es de gran preocupación lo que está ocurriendo desde hace unos años en nuestros bosques que los aqueja y mata. Hoy en día, las enfermedades de los árboles son la causa del mayor porcentaje de destrucción en nuestro país, ya que ocasiona pérdidas económicas, paisaje, patrimonio natural y oxigeno.

Ahora bien, existe una epidemia en algunos Estados de la República Mexicana que esta ocasionando que los árboles de nuestros bosques estén muriendo, esto es, por el gusano descortezador, que ataca amiles y millones de árboles; hacen sus galerías debajo de la corteza y se alimentan de floema de los pinos, y cuando son muy abundantes, las diferentes especies pueden invadir árboles vigorosos, causando su muerte.

En algunos Estado, el gusano descortezador, ha causado la muerte de diferentes tipos de árboles, llegando a afectar miles de hectáreas que para su recuperación tardaran años; ya que al tratar de controlar la plaga, las únicas formas de hacerlo son, la fumigación con el insecticida “Decis” autorizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que no ha resultado tan eficaz; y la más dañina para el ambiente es la que se ha implementado con mayor uso, la tala del árbol; esto ocasionará que si bien, no se controla la plaga con el insecticida, el gusano atacara a otros miles de árboles; y si el insecticida no resulta eficiente, se seguirán cortando otros miles más, provocando la liberación de carbono que se encontraba en sus raíces y en el suelo, la desertificación de las tierras, la humedad de la misma, la regulación del sistema hidrológico, y por supuesto, el gran impacto ambiental que pone en riesgo los diferentes ecosistemas.

Es por estas razones, y por la gran preocupación del impacto ambiental que causará el no controlar la plaga que ya lleva varios meses atacando a los bosques de algunos Estados de la República, y por la tala de los miles y diferentes tipos de árboles, que es sumamente necesario y urgente, que los titulares de las dependencias en cargadas del resguardo de los recursos naturales, entre ellos el bosque, traten de implementar un plan, que funja con las mejores expectativas en el tratamiento de los árboles infestados por el gusano descortezador, para que no sea necesario que se llegue a la tala del mismo, y a su vez, para que se traten de salvar la mayor cantidad de arboles posible.

Por tal motivo, se pone a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 93 Constitucional, se exhorta, al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que realice, y envíe a esta Cámara de Senadores, la evaluación del impacto ambiental que se ocasionó por la tala de árboles y acciones de control de plaga en las miles y millones de hectáreas que están siendo atacadas por el gusano descortezador.

SEGUNDO: Se exhorta, al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que envíe un informe detallado a esta Cámara Alta,de las acciones que se han llevado a cabo por Estado, para tratar de controlar la plaga del gusano descortezador, incluyendo los estudios científicos y el programa de saneamiento de las áreas afectadas.

TERCERO: Se exhorta, al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que envíe un informe detallado, con la finalidad de transparentar y saber el monto de los recursos destinados, por Estado, para esta emergencia.

Es cuánto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 25 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a crear la comisión especial de seguimiento al uso de recursos públicos destinados a programas sociales federales durante los procesos electorales y a las denuncias que por su uso indebido se presenten; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instituir el observatorio ciudadano para el seguimiento y evaluación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el primer resolutivo se turna a la Junta de Coordinación Política y el segundo a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE SENADORES A CREAR LA COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL USO DE RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES Y A LAS DENUNCIAS QUE POR SU USO INDEBIDO SE PRESENTEN; Y EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTITUIR EL OBSERVATORIO CIUDADANO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Los suscritos, Senadoras y Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, pertenecientes, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, fracción 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera. El 17 de abril del año en curso, el dirigente del PAN, Gustavo Madero, y los coordinadores parlamentarios en el Senado, Ernesto Cordero, y en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, anunciaron que demandarían juicio político en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el uso de programas sociales para favorecer a los candidatos del PRI. Lo anterior se sustenta enevidencia de más de 13 horas de audios y videos, misma que ya forma parte de una denuncia ante la Procuraduría General de la República.

Segunda. Ante las insuficientes explicaciones de su titular Lic. Rosario Robles Berlanga sobre los presuntos delitos cometidos por funcionarios de la SEDESOL en beneficio de los intereses electorales del PRI en el estado de Veracruz –y presumiblemente también en entidades como el D.F., Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, entre otras- es imperativo, que para que no haya olvido ni perdón, el Senado de la República investigue y dé seguimiento puntual a los hechos denunciados por el Partido Acción Nacional y, en el caso de ser responsable, exigir la remoción de la funcionaria.

Tercera. La Lic. Robles ordenó el cese o la renuncia de algunos de los funcionarios y empleados federales que participaron directamente en las acciones denunciadas. No obstante, no sucedió lo propio con los funcionarios públicos estatales y municipales de Veracruz que también participaron en los hechos.

Cuarta. Para garantizar que no vuelvan a ocurrir estos delitos, los que suscriben consideran fundamental que esta Soberanía, a través del órgano facultado para ello, acuerde la creación de una Comisión Especial que cumpla con dos objetivos primordiales: primero, que dé seguimiento al uso de recursos públicos destinados a programas sociales federales durante los procesos electorales y, segundo, que dé seguimiento a las denuncias que por el uso indebido de dichos programas se presenten.

Quinta. Asimismo, quienes suscribimos, proponemos que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se instituya el Observatorio Ciudadano para el Seguimiento y Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, con la participación del Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, para que sea considerado de urgente y obvia resolución, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política para que, en el uso de sus facultades legales y reglamentarias, acuerde la creación de una Comisión Especial de seguimiento al uso de recursos públicos destinados a programas sociales federales durante procesos electorales y a las denuncias que por su uso indebido se presenten.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se instituya el Observatorio Ciudadano para el Seguimiento y Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre,con la participación del Congreso de la Unión.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 25 de abril de 2013.

Suscriben

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Fernando Herrera Avila.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto RuffoAppel.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Fernando Yunes Márquez.

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Víctor Manuel Camacho Solís.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Luis Sánchez Jiménez”.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General del Instituto Nacional de Salud a acordar y mantener reuniones frecuentes con las comisiones pertinentes del Senado para que las acciones a desarrollar respecto al control y gobierno de la epidemia de obesidad, se coordinen y coadyuven ejecutiva y legislativamente a controlar e inhibir las causales que propiciaron una epidemia de proporciones históricas, mismo que se turna a la Comisión de Salud.

VER DOCUMENTO





 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se adhiera formalmente al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE ADHIERA FORMALMENTE AL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

“La que suscribe, la Senadora CRISTINA DIAZ SALAZAR, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo Mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos de adhiera formalmente al Programan Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, y establecer estrategias y planes nacionales para la prevención y erradicación del trabajo infantil.

CONSIDERACIONES

Las niñas y los niños deben de vivir una infancia dedicada a su formación, crecimiento y preparación para poder desarrollarse. Deben jugar, estudiar, pasar tiempo con su familia y amigos. Hoy en día no todos viven esta situación, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerca de 215 millones de niños y niñas de 5 a 14 años se encuentran en el ambiente laboral, perdiendo así la oportunidad de ser niños.

Entre 2004 y 2008 el trabajo infantil entre las niñas disminuyó de manera considerable (en un 15 por ciento). Sin embargo, aumentó entre los niños (a 8 millones, en 7 por ciento). Además, el trabajo infantil entre los jóvenes de 15 a 17 años aumentó en un 20 por ciento, de 52 millones a 62 millones.

Más de la mitad de estos niñas y niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, realizando tareas en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en conflictos armados. La situación en la que viven las niñas y los niños que trabajan es preocupante en todo el mundo, no se les debe de privar de la oportunidad de desarrollarse de una manera digna.

La OIT es una agencia de las Naciones Unidas fundada en 1919, a finales de la Primera Guerra Mundial, con la misión de promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel mundial. Busca un ambiente de paz duradera, la prosperidad y el progreso entre los trabajadores y empleados.

Cuenta con un Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), guiado por los principios consagrados en el Convenio número 138 sobre la edad mínima y el Convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. El IPEC fue firmado en 1992; conformado por 92 países, de los cuales sólo 63 han firmado el Memorándum de entendimiento (MOU). Los 29 restantes reciben apoyo sin haber firmado el MOU, entre los cuales se encuentra México. Es importarte que nuestro país firme el MOU para poder contribuir de mejor manera a erradicar el problema de trabajo infantil que aquí se vive.

Adicionalmente, el 21 de marzo de 2013 la OIT llevó a cabo en México el IV Encuentro Internacional Contra el Trabajo Infantil, con el fin de discutir la situación del trabajo infantil en América Latina buscando mejorar la situación de vulnerabilidad en la que viven los niños y niñas en el sector laboral. Uno de los cuatro ejes temáticos del encuentro fue “Estrategias y planes nacionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil” (PETI), estableciendo la necesidad de un país para generar un plan, una estrategia para atender la PETI y poder organizar su política pública estableciendo los actores y acciones a tomar en cuenta para ayudar a los niños y niñas.

Un plan nacional para la PETI debe tomar en cuenta temas relacionados con: derechos de la infancia y adolescencia (basados en la Convención sobre los Derechos del Niño, Convenios de la OIT Nº 138 y 182); educación; empleo; vivienda; salud; protección social, e incluso crecimiento económico. Contar con un plan nacional es importante por estas razones pero igualmente es importante el proceso que se sigue para formularlo, así como el trabajo posterior para llevar a cabo las acciones y evaluar su cumplimiento y alcance.

En la actualidad nuestro país no cuenta con un plan para prevenir y erradicar el problema del trabajo infantil, que atienda a este grupo vulnerable que necesita ser rescatado. Es por eso que suscribo este Punto de Acuerdo con el fin de que México firme el Memorándum de entendimiento del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y cuente con un Programa de Acción que vele por los niños y las niñas que cuentan con un trabajo que los priva de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se adhiera formalmente al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social establezca estrategias y planes nacionales para la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 25 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la enfermedad quística como una enfermedad de gasto catastrófico y se incluya como intervención cubierta por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular para los menores de 18 años, mismo que se turna a la Comisión de salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR LA ENFERMEDAD QUISTICA COMO UNA ENFERMEDAD DE GASTO CATASTROFICO Y SE INCLUYA COMO INTERVENCION CUBIERTA POR EL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS DEL SEGURO POPULAR PARA LOS MENORES DE 18 AÑOS.

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la Enfermedad Quística como una enfermedad de gasto catastrófico y se incluya como intervención cubierta por el Fondo de Protección contra gastos Catastróficos del Seguro Popular para los menores de 18 años, de conformidad con los siguientes;

CONSIDERANDOS

Que la Fibrosis Quística -FQ- es una enfermedad de pronóstico grave para la vida, es producida por una mutación genética que codifica para una proteína,provocando que las secrecionesmucosassean anormales, afecta sobre todo el epitelio glandular mucosecretorde la mucosa del aparato respiratorio y digestivo,y a las glándulas sudoríparas de la piel.

Que la FQ las secreciones son espesas y excesivamente adherentes, dificultando su expulsión, obstruyendo los ductos glandulares y provocando quistes llenos de secreciones, infectadas o no.

Que en el sistema digestivo, el moco espeso y adherente obstruye los conductos secretores biliopancreaticos, provocando que el contenido de enzimas y demás sustancias necesarias para la digestión de los alimentos sea cada vez menor, por lo cual la absorción de los nutrientes es progresivamente deficiente. A mediano y largo plazo el paciente cae en una desnutriciónprogresiva, porque las proteínas y las grasas no se absorben, observándoseevacuaciones oleosas, fibras incompletamente digeridas,entre otros signos.

Que contrario a las glándulas mucoproductoras digestivas y respiratorias, lasglándulas sudoríparas de la piel carecen de capacidad para regular y retener el agua y electrolitos, como el cloruro de sodio, provocando excesiva sudoración, con riesgo de deshidratación y una piel salubre al paladar, así como una intolerancia a climas cálidos.

Que los signos y síntomas se pueden presentar desde el nacimiento, la detección y el diagnostico temprano es importante para el tratamiento durante la infancia, porque se evitarían las complicaciones, sobre todo neumonías recurrentes, bronquiectasias, cirrosis hepática, Pancreatitis, obstrucción intestinal, desnutrición, entre otras.

Que en México la edad promedio de diagnóstico es de 2.8 años, cuando ya existen complicaciones.

Que la prevalencia en el País es de 1 por cada 8,500 nacidos vivos, lo que implica que cada año nacen aproximadamente 400niños con este padecimiento, de los cuales el 85% muere antes de los cuatro años de edad por falta de un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

Que el diagnostico temprano de la FQ, a través de análisis de sudor y el tamiz neonatal, posibilita un tratamiento antes de que se inicien los síntomas, con ello las expectativas y calidad de vida se mejoran espectacularmente. Por ejemplo en países desarrollados la expectativa de vida promedio de enfermos de FQ supera los 40 años, mientras que en nuestro país, según datos de la Asociación Mexicana de FQ, la sobrevida promedio es de apenas 17 años.

Que datos nacionales oficiales de 2012 la FQ tiene una prevalencia de 3,762 casos (3.21 casos por cada 100 mil habitantes), de los cuales se encuentran atendidos por las instituciones del Sistema Nacional de Salud 2,351, aunque otros autores estiman que son 6 mil infantes que no pueden acceder a un tratamiento especializado.

Que ello explica que 85% mueren antes de cumplir los 4 años de edad.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4º Constitucional, es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar el derecho de toda persona a la protección de la salud. Sin embargo, para miles de niños que sufren actualmente de FQ este derecho es incumplido, por lo que es deber del Estado implementar las medidas necesarias para un diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno.

Que con la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud -Seguro Popular- ha significado un avance en la protección de la salud de aquellos mexicanos que carecen de seguridad social.

Que esta enfermedad no se encuentra incluida en el listado de enfermedades cubiertas por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

Que la FQ afecta, preferentemente,a infantes y adolescentes, donde losfamiliares tienen que sufragar los altos costosdel tratamiento para mejorar la expectativa de vida,evitar las complicaciones relacionadas a la enfermedad y una mejor calidad de vida.

Que la carga financiera es alta, ya que incluye una amplia gama de medicamentos inhalados y sistémicos, equipos médicos, alimentación adecuada especializada, fisioterapia y ejercicios diarios, mismos que no están asociados a la gravedad de la enfermedad, sino con la necesidad de evitar complicaciones y un desarrollo adecuado.

En consecuencia por ser la FQ una enfermedad crónica, cuyos tratamientos por su duración y alta especialidad ponen en riesgo a los pacientes y sus familiasde enfrentar gastos catastróficos, exhorto a quese incluya esta enfermedad en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Que adicionalmente a lo anteriores considerandos, pero no menos importante, es atender el principio constitucional de interés superior de la infancia, para incluir a los pacientes menores de 18 años, en la protección de su salud quepadecen esta enfermedad genética, en el Fondo antes referido.

En razón de lo anterior, someto a la consideración de este H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, en atención al principio constitucional del interés superior de la infancia, exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se considere la definición de la Fibrosis Quística como enfermedad que genera gastos catastróficos; y, en su caso, sea incluida como intervención cubierta para los menores de 18 años en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Salud y las instituciones de seguridad social, se realicen acciones de detección temprana de la Fibrosis Quística, así como, para que a partir del tamiz neonatal se realicen las pruebas confirmatorias de esta enfermedad en los recién nacidos.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 



 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para que el nopal y el maguey sean reconocidos como patrimonio de la Nación, mismo que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EL NOPAL Y EL MAGUEY SEAN RECONOCIDOS COMO PATRIMONIO DE LA NACION

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Cultura engloba las concepciones de vida de una sociedad; es decir, relaciones entre los miembros de una comunidad que marcan los patrones de conducta, valores éticos, actitudes, hábitos que se expresan y transmiten mediante símbolos interpretables e ideas que dan una idea del mundo al que se patentiza adhesión.1

Nuestro país cuenta con enormes riquezas naturales, muchas de estas tienen gran valor por ser parte de la amplia y variada cultura de nuestro pueblo. Plantas como el maguey y el nopal, son íconos, símbolos y emblemas de México.

El nopal pertenece a la familia Cactaceae, ésta es endémica del continente Americano, lo que significa que no existía en Europa, África, Asia ni en Australia. Desde que el hombre pobló el actual territorio mexicano, probablemente hace 25 milaños, utilizó el nopal (tunas, nopalitos y pencas) para su alimentación.

Cuando se inició la agricultura en México, hace aproximadamente 4,500 años con la domesticación del maíz, frijol, calabaza, chile y amaranto,conjuntamente los habitantes seleccionaron plantas sobresalientes de su entorno para sembrarlas en la cercanía de su lugar de habitación y a formar los huertos familiares, donde pronto destacó el nopal.2

Se han descrito hasta la fecha 125 géneros y 2,000 especies, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología (INE).3 “La importancia económica y social del cultivo del nopal en México radica sobre todo en la gran superficie ocupada por nopaleras tanto silvestres como cultivadas, en el tipo y número de productores involucrados, en el tipo de regiones en que se cultiva nopal y en la variedad de los productos generados”.4

El maguey fue una de las primeras plantas aprovechables en Mesoamérica. En México, durante siglos, se ha aprovechado como fuente de alimento, bebida, medicina, combustible, cobijo, ornato, fibras duras extraídas de las hojas (ixtle), abono, construcción de viviendas y elaboración de implementos agrícolas, entre otros usos.5

Como podemos apreciar, ambas plantas poseen grandes cualidades medicinales, industriales, nutritivas y, demás, desde el punto de vista económico, son fuente de empleo permanente en el medio rural.

No obstante, estas plantas, por descuido y sobreexplotación, están en peligro de ser patentadas por extranjeros. Recientemente La Unión Nacional de Productores de Maguey y Nopal (UNPMN) mencionó, a través de un informe que se le entregó a la Confederación Nacional Campesina (CNC), que dichas plantas son saqueadas por empresarios foráneos (principalmente de origen chino).6

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 32 Bis, fracción I, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe “Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable”.7

En este tema tan delicado, en la que se están patentando variedades de nopal y de maguey, con sus respectivos derivados, me pregunto ¿Dónde está la autoridad?

Parafraseando al General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de México durante todo el siglo XX, diré que: “gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria”.8

Si permitimos, por omisión, indiferencia y apatía, que se lleven una riqueza cultural y natural, como lo es el maguey y el nopal, estaríamos solapando un saqueo vergonzoso.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para que el nopal y el maguey sean reconocidos como patrimonio de la Nación.

Segundo El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que inicie con un programa emergente que impulse y diversifique el cultivo y preservación del nopal y el maguey.

Dado en el salón legislativo del Senado de la República, a 25 de abril de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.





 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES A REALIZAR LAS GESTIONES DIPLOMATICAS CONDUCENTES CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA QUE SE IMPLEMENTEN POLITICAS Y ACCIONES QUE REDUNDEN EN LA CALIDAD DE ESPACIO Y PROCEDIMIENTOS EN LOS TRAMITES DE INTERNAMIENTO DE VIAJEROS QUE INGRESEN LEGALMENTE A ESE PAIS POR VIA TERRESTRE A TRAVES DE LA FRONTERA CON NUESTRO PAIS, CON EL COMPROMISO DE RECIPROCIDAD

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.
H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores en los términos que de la parte propositiva del presente documento se desprende, lo anterior al tenor de los siguientes antecedentes y:

CONSIDERACIONES

Todos los días, ya por razones de negocio, atención médica, compras, visita a algún familiar o por mera recreación, millones de personas al año cruzan la frontera hacia los Estados Unidos de América.

Desde México, un número bastante considerable de personas realizan su ingreso legal al vecino país por la vía terrestre, a través de los 46 cruces que existen a lo largo de la frontera entre ambas naciones, en Arizona, California, Nuevo México y Texas. Al grado que los puertos fronterizos de San Ysidro y El Paso son considerados los más transitados del mundo.

Definitivamente el flujo de ingreso y egreso al vecino país del norte vía terrestre, es de los que más movimiento registra a nivel mundial. Pues para muestra de ello, basta con decir que se tiene registrado más de 55 millones de cruces fronterizos al año.

Anteriormente, para ingresar legalmente a los Estados Unidos de América, era suficiente contar con visa vigente, a la fecha se informa que los viajeros tienen la obligación de obtener un permiso de internación antes de ingresar a dicho país, adicional a la visa que el gobierno estadounidense les haya expedido, así como poder comprobar que se salió de los Estados Unidos.

El permiso de internación, es una forma migratoria (I-94) que otorga la autoridad de Estados Unidos en sus puertos de entrada y es necesaria únicamente para aquellos que buscan internarse más allá de 25 millas (40 km aprox.) al interior del país. Para la obtención de un permiso I-94 es indispensable contar con un visado vigente de los Estados Unidos.

Este trámite adicional, según se ha dado cuenta por los medios de comunicación y por información proporcionada por personas que lo han vivido directa y recientemente, se realiza en condiciones e instalaciones un tanto incómodas, por así decirlo.

Las personas que tramitan el referido permiso de internación llegan a destinar hasta cuatro horas de tiempo, son atendidas en instalaciones con deficiencias de comodidad, como el estado de los baños o esperas en intemperie. Se informa incluso, de la falta de trato preferencial o acorde a personas adultos mayores; además de poco personal bilingüe que facilite la comunicación cuando se trata de viajeros que poco o nada entienden el idioma inglés.

La situación es de atención indispensable, considerando que se trata de la frontera con mayor número de cruces fronterizos vía terrestre; por ende, las personas beneficiadas con una mejoría en espacios y trámites sería precisamente de millones de viajeros, con los eventuales beneficios a su vez en materia económica que en los asuntos de carácter comercial pudiera generarse por cuestiones de tiempo. Lo cierto es que los beneficios aplican a todos los viajeros.

Es también evidente, que esa situación no depende del gobierno mexicano, pero una gestión diplomática ante el Departamento de Estado del vecino país del norte pudiera dar resultados benéficos. Siendo precisamente este el objetivo de la propuesta que en el presente documento se contiene.

No obstante, como una gestión o solicitud al gobierno de los Estados Unidos de América, implica también una reciprocidad de nuestro país, por lo que también sería conveniente tomar medidas de la misma naturaleza, como es el verificar y garantizar que los espacios y trámites relacionados con el internamiento de viajeros a nuestro país, sean efectuados de la mejor manera, con la agilidad, buen trato y comodidad posible.

De tal suerte, que la propuesta concreta se haría consistir precisamente en ello, una gestión por los cauces diplomáticos, con un compromiso de reciprocidad.

En ese tenor y por las razones dadas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DEACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, a efecto de:

a).- Realizar las gestiones diplomáticas conducentes con el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América, para la implementación de políticas y acciones que redunden en la calidad de espacios y procedimientos en los trámites de internamiento de viajeros que ingresan legalmente a ese país por vía terrestre a través de la frontera con nuestro país; con el compromiso de reciprocidad.

b).- Como consecuencia de lo anterior, a efecto de que se giren las instrucciones necesarias para verificar y hacer lo propio por parte del gobierno mexicano, y que las instancias migratorias de nuestro país garanticen que los espacios y trámites relacionados con el internamiento de viajeros provenientes de los Estados Unidos de América a nuestro país, sean efectuados de la mejor manera, con la agilidad, buen trato y comodidad posible.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2013.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República rechaza categóricamente las expresiones denigrantes vertidas el día 17 de abril de 2013 por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, John Kerry, mismo que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA RECHAZA CATEGORICAMENTE LAS EXPRESIONES DENIGRANTES VERTIDAS EL DIA 17 DE ABRIL DE 2013 POR EL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, JOHN KERRY

“C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, C. Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto deAcuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

ANTECEDENTES

1. El pasado día 17 de abril de 2013, el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, John Kerry,en su discurso ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y siguiendo la vieja Doctrina Monroe, manifestó que: “En un futuro próximo el presidente Barack Obama partirá rumbo a algunos países latinos, que ni si quiera logro recordar los nombres, tras viajar a México…El hemisferio occidental es nuestro patio trasero, es de vital importancia para nosotros. Con mucha frecuencia, muchos países del hemisferio occidental sienten que Estados Unidos no pone suficiente atención en ellos y en ocasiones, probablemente, es verdad. Necesitamos acercarnos vigorosamente, planeamos hacerlo. El presidente viajará pronto a México y después al sur no recuerdo a qué países, pero va a la región” 1

2. Que tradicionalmente América Latina y México como parte de la misma, ha sido expoliada por los países europeos y por los Estados Unidos de América, siendo este país, el primero en decir que América Latina era su patio trasero: “América para los norteamericanos”.

3. Que dicha expresión aparte de humillante y ofensiva, no es más que un recurso del discurso colonialista, pese a que si bien la política exterior de los países latinoamericanos siempre estuvo marcada por sus relaciones con Estados Unidos de América, se esperaba que el presidente estadounidense, Barack Obama, iniciara una nueva etapa en las relaciones diplomáticas y económicas en el continente, es decir, eliminar sanciones contra Cuba, que reconociera el peso político creciente, en especial, de Brasil, pero también de otros grandes países latinoamericanos, y que dejara en claro que América Latina ya no es, como lo fue durante décadas, el patio trasero de los Estados Unidos de América.

4. Que es en extremo lamentable que, aun cuando distintos gobiernos han rechazado categóricamente las expresiones vertidas por el Sr. John Kerry, el gobierno de México no haya emitido pronunciamiento alguno, aun cuando durante la visita del Canciller José Antonio Meade a los EUA,sostuvierauna conferencia de prensa conjunta en la que participó con el Secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry frente a los corresponsales de medios mexicanos en Washington, no hiciera comentario alguno 2

5. Que la única aclaración dada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Eduardo Del Río Holguín, Director de Comunicación Social, fue en el sentido de que dicho encuentro con los medios era informal y fuera de grabación. La aclaración del vocero del Río, refirió que las declaraciones “onthe record” del canciller a los medios mexicanos fueron a petición expresa del corresponsal de Notimex y se limitaron al tema de la reunión de la OEA a la que el Canciller Meade había asistido 3

6. Que el día 19 de abril del año en curso, el Canciller Meade, tuvo una nueva oportunidad de manifestar el rechazo a esas expresiones, la cual desaprovechó, en el marco de la reunión realizó de la visita de trabajoen Washington, DC, en la entrevista sostenida con el Secretario de Estado, John Kerry, y la Secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, en dondese refrendó el compromiso de ambos gobiernos de sostener una amplia cooperación en temas que conforman la amplia agenda bilateral 4

7.- Que dada la vecindad con los Estados Unidos de América y, pese a que el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sostuvo “que la relación con México no puede definirse sólo por temas de seguridad o narcotráfico, sino en el contexto más amplio de las necesidades económicas de ambos países […] y, el Canciller mexicano adelantó que uno de los cambios que se discute con Estados Unidos es hacer "ajustes" a la Iniciativa Mérida para canalizar atención al tema de la prevención del crimen, reiteró el interés de México en participar desde una perspectiva de la región norteamericana, en el próximo acuerdo de comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea” 5

8.- Que es indiscutible la importancia de las relaciones entre nuestro país y los Estado Unidos de América, al margen de compartir la frontera y las relaciones comerciales, también compartimos, aunque de manera poco equitativa, relaciones culturales y políticas y, aunque el desarrollo económico de ambos países son muy diferentes, México debe asumir que, con todo y las diferencias en la relación política, el intercambio comercial e incluso políticas como la migratoria, pueden desarrollarse en un marco de mutuo respeto.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución para ser discutido y en su caso aprobado en esta misma sesión:

PRIMERO.- El Senado de la República rechaza categóricamente las expresiones denigrantes vertidas el día 17 de abril de 2013 por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, John Kerry.

SEGUNDO.- Se hace un exhorto al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Cancillería y, mediante, nota diplomática exprese el rechazo a dichas expresiones, máxime en el marco de la próxima visita anuestro país del presidente Barack Obama.

TERCERO.- El Senado de la República hace un extrañamiento al Canciller José Antonio Meade por su actitud ante los medios de información internacionales, en presencia del Sr. John Kerry, al no haber manifestado su rechazo a expresiones denigrantes para países de América Latina.

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.





 

De las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Elena Sansores San Román y Adriana Dávila Fernández, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar adecuaciones a los acuerdos por los que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y por el que se define la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR ADECUACIONES A LOS ACUERDOS POR LOS QUE SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y POR EL QUE SE DEFINE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Las suscritas, Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román y Adriana Dávila Fernández,integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar adecuaciones a los Acuerdos por el que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y por el que se define la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado miércoles 3 de abril de 2013, tuvo verificativo la 3era Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios, en la cual, las integrantes de ésta, hicieron notar la importancia de reactivar las sesiones tanto del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación como del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, ambos órganos colegiados buscan diseñar políticas públicas en materia migratoria, considerando a México como país de origen, tránsito y destino de migrantes, buscan fomentar una nueva cultura de migración que debe sustentarse en la congruencia de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes.

Lo anterior en virtud de que el Consejo Consultivo de Política Migratoria, cuenta con facultades que pueden abonar ala solución de la problemática migratoria entre las que se encuentran emitir opiniones con relación con la formulación e instrumentación de la política migratoria del país; así como emitir recomendaciones en aquellos asuntos en que la Secretaría, la Subsecretaría o la Unidad soliciten su intervención o apoyo; permite analizar los programas, proyectos y acciones de política migratoria, entre otras.

Por lo que respecta al Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, la permanente función de éste órgano colegiado es de vital importancia, en razón de ser quien emite opiniones sobre la ejecución de la política migratoria; formula propuestas de acciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, entre otras.

En lo concerniente al Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en su artículo 3, se indican a los integrantes del mismo, sin embargo, en la fracción VII, únicamente se menciona a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores, y se considera necesario que la Comisión que conoce de la materia migratoria en la Cámara Alta integre dicho órgano colegiado.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, para que realice adecuaciones al Acuerdo por el que se define la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, con el propósito de integrar a la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República a dicho órgano colegiado.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que se reanuden de manera inmediata la vida de estos órganos colegiados y se siga trabajando en una política migratoria que vele por los derechos humanos de los migrantes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2013.

Suscriben

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Adriana Dávila Fernández”.





 

De los Senadores Ricardo Barroso Agramont, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca y Ernesto Ruffo Appel, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la industria naval, como un subsistema para la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional, mismo que se turna a la Comisión de Marina.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INTEGRAR AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 A LA INDUSTRIA NAVAL, COMO UN SUBSISTEMA PARA LA CREACION DE UN MARCO JURIDICO, PROGRAMAS, RECURSOS Y CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE LO TRANSFORMEN EN UNA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERADORA DE EMPLEOS, INGRESOS, IMPULSO Y DESARROLLO DEL SECTOR MARITIMO NACIONAL

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

De los Senadores Ricardo Barroso Agramont, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca y Ernesto Ruffo Appel, Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se formula respetuosamente exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para que se integre al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la industria naval, como un subsistemapara la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas, que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional.

Lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cambio fundamental que se ha producido en el sistema económico mundial en los últimos años, ha trastocado la percepción tanto teórica como práctica de la realidad económica y social.

Fenómenos como el desarrollo de la informática, la evolución tecnológica, la rapidez de las comunicaciones, la liberalización de los mercados de mercancías y factores de producción, entre otros, han motivado que el concepto de estabilidad, que se consideraba la referencia central de la política económica, haya sido sustituido por los conceptos de cambio continuo y sostenibilidad como perspectivas inspiradoras.

Con el compromiso del presente gobierno de impulsar la economía nacional, basados en la definición de medidas para fomentar el crecimiento y el empleo, se ha considerado a la industria naval.

La actividad económica asociada al sector marítimo genera un efecto multiplicador sobre el resto de la economía nacional, lo cual se traduce en un impacto económico que no se limita sólo a su efecto directo sino que produce también efectos indirectos e inducidos en el conjunto de la actividad relativa a la industria naval.

Las empresas que forman parte de este subsector se dedican a la industria y reparación de barcos, el desguace y la industria y reparación de embarcaciones de recreo y deporte, entre otras actividades.

Como resultado de las interrelaciones sectoriales, la industria naval y la industria auxiliar expande su influencia a lo largo de todos los sectores que componen la economía. En este sentido, su reactivación impacta positivamente a la economía nacional.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta de vital importancia ubicar a la industria naval como un proyecto de Estado y un objetivo prioritario de su política, por lo que es necesario:

1. Considerar a la Industria como un factor de generación de empleo.

2. Que existe capacidad instalada y consecuentemente, se requiere su impulso y desarrollo.

3. Tomar en consideración que la industria naval es un importante aporte a la economía del país.

4. En tal virtud, es fundamental su reactivación mediante lo siguiente:

a. La posibilidad de establecer mecanismos fiscales que permitan al sistema de adquisiciones del sector público, darle el impulso a la industria naval.

b. La creación de mecanismos financieros para la adquisición de embarcaciones construidas en nuestro país.

c. Promover la prioridad de los astilleros mexicanos para la industria de embarcaciones y consecuentemente, la utilización de mano de obra mexicana para la generación de empleos directos e indirectos.

Objetivos y líneas de acción.

Objetivos generales:

Contar con un sistema detransporte marítimo nacional moderno.

Impulsar la Industria Naval en el país para fomentar el desarrollo integral de la marina nacional.

Líneas de Acción:

• Las líneas de acción señalan que el gasto se orientará fundamentalmente a desarrollar los programas que impactan en la consolidación de la infraestructura actual y a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios que se proporcionan en Comunicaciones y Transportes, lo que coadyuvará a una mayor competitividadque el país reclama.

Con este fin, y además de mantener todos los esfuerzos ya existentes en el terreno de la industria naval, el Gobierno establecerá el programa de reactivación en el que se establezca un compromiso que involucre al Estado y las empresas. Para ello, insistimos en la necesidad de una colaboración del Estado para promover la integración del sector marítimo nacional y a la mejora competitiva y de la productividad a través de la renovación y participación de los astilleros mexicanos en los proyectos con claro potencial de generación de sinergias tanto con Petróleos Mexicanos para dar a poyo a los requerimientos de construcción de buques como con la industria auxiliar, como el sector privado. Para ello se considera:

• Dar preferencia a los propietarios o navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas, esto es, procurar dar prioridad a las empresas del sector marítimo nacional a fin de que se les permita a los navieros mexicanos participar en los procedimientos de licitación para obtener los contratos para el traslado de equipos y personal hacia las aguas profundas.

• Llevar a cabo la construcción y contratación de embarcaciones del sector marítimo de nuestro país, en astilleros mexicanos con trabajadores mexicanos.

• Adoptar las medidas necesarias para ofrecer a los armadores nacionales los recursos financieros suficientes para la adquisición de embarcaciones construidas en los astilleros mexicanos.

• Otorgar apoyos a los costos de producción de los astilleros nacionales.

Establecer un Fideicomiso de Fomento que atienda en forma específica el rubro de la industria naval a fin de fortalecer su impulso y desarrollo.

Por lo anterior, nuestra propuesta es exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, con el fin de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que presentará de acuerdo a lo dispuesto en las normas constitucionales, se integre, con el carácter de subsistema estratégico, la industria naval, con visión de largo plazo y a su vez, se promueva un marco jurídico acorde a los requerimientos de desarrollo, así como de programas, presupuestos y acciones que transformen a esta industria en un mercado generador de mayores ingresos, empleos y desarrollo del sector marítimo nacional.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta Soberanía, con carácter de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que se integre al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la industria naval, como un subsistemapara la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas, que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional.

Dado en el Senado de la República, a 29 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Ricardo BarrosozAgramont.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Ernesto RuffoAppel”.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre el cumplimiento del artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, relativo al etiquetado de organismos genéticamente modificados o productos que lo contengan, mismo que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar con equidad e igualdad los trámites para obtener la carta de naturalización, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A REALIZAR CON EQUIDAD E IGUALDAD LOS TRAMITES PARA OBTENER LA CARTA DE NATURALIZACION

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La nacionalidad puede ser originaria y no originaria. La primera es la que el individuo adquiere desde el momento de nacer dentro de un Estado, mientras que la segunda es una nueva nacionalidad adquirida diferente a la originaria, es conocida también como nacionalidad por naturalización.

El proceso de nacionalización o naturalización se puede definir a grosso modo como la concesión de derechos de ciudadanía que adquiere una persona de un Estado diferente al que nació.

Ahora bien, ciudadano es aquel que por su inclusión y pertenencia a una sociedad, son reconocidos y respetados sus derechos humanos, políticos, sociales y civiles.

La naturalización es un acto voluntario de la persona que desea adquirirla y le correspondiendo al Estado establecer los requisitos para conceder o no la Carta de Naturalización.

En México de acuerdo al Apartado B del Artículo 30 de nuestra Constitución Política Federalse establece las bases para concedes la naturalización, señala que:

B) Son mexicanos por naturalización:

I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.

II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que alefecto señale la ley.

Asimismo, el Artículo 19 de la Ley de Nacionalidad, estipula que los extranjeros que pretendan naturalizarse mexicanos deberán entregar ala Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), su solicitud en la que se manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana.

También deben acreditar que no tienen antecedentes penales tanto en México como en su país de origen, hablar español, conocer la historia nacional, estar integrados a la cultura y tener un periodo de al menos cinco años de residencia en el país.

Por tal razón, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la naturalización ó nacionalidad es un vínculo social, jurídico y político que relaciona a una persona con un Estado. Sin embargo, en México por ser unacto político y jurídico, el interesado está condicionado a la decisión que tome el Poder Ejecutivo a través de la SRE.

Al respecto, durante la presente Administración Federal la SRE ha entregado 1,308 Cartas de Naturalización,1 a las personas que tomaron la decisión de que México sea su nueva patria.

Análogamente, desde el primero de enero de 2010 y el pasado viernes 12 de abril de 2013, la SRE ha entregado 9 mil 503 cartas de naturalización a extranjeros,2 esto daría pie a que las cartas que han sido entregadas se dieron por los principios de equidad e igualdad.

No obstante, a simple viste pareciera que existe una preferencia elitista para otorgar las Cartas de Naturalización por residencia; la organización civil Sin Fronteras denunció que el Gobierno mexicano discrimina a personas procedentes de Centroamérica y el Caribe con actividades menos glamurosas.

Además, señaló que las personas que vienen a modelar, jugar futbol, cantar a México obtengan más fácilmente su Carta de Naturalización en comparación con aquellas que vienen al país a laboral como empleada doméstica, de ser cierto esta afirmación que hace la organización civil, la SRE estaría violando el quinto párrafo del Artículo primero de nuestra Constitución Federal, que a la letra dice:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Desde el año 2009, el organismo en cuestión ha colaborado en 17 casos de litigio de extranjeros de América Latina, a quienes la SRE les ha negado verbalmente el procedimiento de naturalización; por tal razón, los casos fueron ingresados al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y diez fueron ganados, lo que obliga a la Secretaría en cuestión a iniciar con el trámite de naturalización.3

El negarle la Carta de Naturalización a las personas solamente valorando su perfil racial es equiparable a los temas más polémicos de la Ley Arizona SB1070, la esencia de esta norma jurídica es la discriminación, y la tangible violación a los derechos humanos.

Por tal razón, si deseamos que nuestros paisanos radicados en Estados Unidos sean tratados con respeto y que les sean venerados sus derechos humanos, debemos empezar por cambiar las conductas que tenemos con los migrantes en nuestro territorio.

Así pues el objeto de la presente proposición es el de solicitarle a la SRE que emita las Cartas de Naturalización bajo lo estipulado en el Artículo primero de nuestra Constitución Política Federal.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que emita las Cartas de Naturalización de manera equitativa sin importar su origen nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, preferencias sexuales, estado civil, a las personas extranjeras que la soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes aplicables.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2013”.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a revisar estricta y minuciosamente la situación que guardan las zonas afectadas del estado de Oaxaca a causa del descenso de temperaturas por las intensas lluvias de los últimos días del mes de abril, mismo que se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR ESTRICTA Y MINUCIOSAMENTE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS ZONAS AFECTADAS DEL ESTADO DE OAXACA A CAUSA DEL DESCENSO DE TEMPERATURAS POR LAS INTENSAS LLUVIAS DE LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE ABRIL

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Derivado de las intensas lluvias acontecidas en los últimos días en la ciudad de Oaxaca y municipios del Estado que han provocado deslaves, desbordamientos de arroyos, cortes de energía eléctrica, incluso han provocado que los pacientes del Hospital Civil sean evacuados a otras clínicas por las inusuales inundaciones.

Datos del Sistema Meteorológico Nacional, el miércoles 24 de abril, el frente frío No. 40 que se localizaba sobre los Estados de Chihuahua y Coahuila, se moverá hacia el sureste estableciéndose en Veracruz y Oaxaca, lo que ocasionará nublados con fuertes e incesantes lluvias.

La finalidad del presente punto de acuerdo es exhortar a la Secretaría de Gobernación perteneciente del Ejecutivo Federal para a través de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, en el ámbito de sus facultades, revise estricta y minuciosamente la situación que guardan las zonas afectadas del Estado de Oaxaca a causa del Descenso de temperaturas por las intensas lluvias de los últimos días, y de ser el caso emita de inmediato la declaratoria de desastre en el Estado de Oaxaca, lo anterior, con el fin de garantizar la seguridad de la población oaxaqueña.

En vista de lo anterior, se presenta ante esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.-La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, para que en el ámbito de su competencia, revise estricta y minuciosamente la situación que guardan las zonas afectadas del Estado de Oaxaca a causa del Descenso de temperaturas por las intensas lluvias de los últimos días del mes de abril, y de ser el caso emita de inmediato la declaratoria de desastre en el Estado, lo anterior, con el fin de garantizar la seguridad de la población oaxaqueña.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2013.

Sen. Benjamín Robles Montoya”.





 

CITA

Se cita a la siguiente sesión que tendrá lugar el día de mañana martes 30 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 21:30 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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