Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 20 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 3


Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 15 de Mayo de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:15 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Se va a proceder a pasar lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 26 legisladores. Por lo tanto, hay quórum para sesionar.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 15 de mayo de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor, pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
OCHO DE MAYO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con catorce minutos del miércoles ocho de mayo de dos mil trece, con una asistencia de treinta y cinco legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de las personas que fallecieron en el accidente del día de ayer en el Autopista México-Pachuca, a la altura de Santa Clara y Xalostoc, municipio de Ecatepec, estado de México.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión de Instalación celebrada el martes treinta de abril de dos mil trece.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de las actividades del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en su visita oficial a la República Popular China, así como de su visita oficial de trabajo a Japón, del 4 al 10 de abril de 2013.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de las actividades del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en su visita de trabajo a la República del Perú, el 23 y 24 de abril de 2013.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la V Cumbre de Jefes de Estado y/o Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en Puerto Príncipe, Haití, el 26 de abril de 2013.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de Economía, con el que envía el informe del estado que guarda el proceso de contratación de las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones externas establecidas en el Programa Anual de Evaluación 2013, a cargo de esa dependencia.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, veintinueve oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para desempeñar cargos de cónsules honorarios y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; e informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos.- Se turnaron a la Primera Comisión las solicitudes de permiso y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales, junto con la metodología respectiva para el cálculo de los requerimientos financieros, en la que se incluyen de manera integral las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales, en cumplimiento al artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 y el artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2013; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2012; y, la información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.- Se remitieron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones, correspondiente al cuarto trimestre de 2012.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Informe anual de actividades 2012.- Se remitió a las Comisiones de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, oficio suscrito por el Diputado José Luis Muñoz Soria, Presidente de la Comisión, Informe semestral del estado que guarda la solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con corte al 31 de marzo de 2013, de la Auditoria Superior de la Federación.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, oficio por el que solicita retirar la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 34 del Código Penal Federal y 188 del Código Federal de Procedimientos Penales, que presentara el 20 de diciembre de 2012.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador José María Martínez Martínez, Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales, oficio por el que informa de la instalación de dicha comisión el martes 7 de mayo de 2013.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, relativo a la reproducción humana médicamente asistida.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Adriana González Carrillo, a nombre propio y de las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea el Instituto Cultural Octavio Paz.- Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3 y 4 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y del Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea el Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el país.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Diputados Mirna Esmeralda Hernández Morales y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 61 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 52 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Carmen Lucía Pérez Camarena, Lucila Garfias Gutiérrez, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Gerardo Villanueva Albarrán y Alberto Anaya Gutiérrez, integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41, 115, 116 y 122 y se derogan los dos últimos párrafos de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Martha Leticia Sosa Govea y Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 20 y 44 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Adán David Ruiz Gutiérrez, José Luis Flores Méndez, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez y Ricardo Medina Fierro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona un inciso f) a la fracción VIII del artículo 43 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Memoriales de particulares)

Se recibió un oficio suscrito por el ciudadano Humberto Hernández Menchaca, por el que solicita el permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Comunicación)

Se recibió del Senador Miguel Barbosa Huerta y del Diputado Silvano Aureoles Conejo, Coordinadores del grupo parlamentario del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente, oficio por el que solicitan la sustitución de la Senadora Dolores Padierna Luna por el Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz en la Secretaría de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.- La comunicación quedó de enterado.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva para designar al Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz como Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio en sustitución de la Senadora Dolores Padierna Luna.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

La Diputada María de las Nieves García Fernández, a nombre propio y de la Diputada Francisca Elena Corrales Corrales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales a revisar y modificar los códigos electorales estatales para cumplir con la cuota de género que establece la ley en la postulación de candidatos propietarios y suplentes.- Considerado de urgente resolución y puesto a discusión. Intervinieron los legisladores: Diputada Cristina González Cruz del PRI, a favor; Diputada Beatriz Zavala Peniche del PAN, a favor; Diputada Lizbeth Rosas Montero del PRD, a favor; Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC, para razonar su voto; y Diputado Luis Antonio González Roldán de NA, a favor.- Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

 

El Senador Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que cite a declarar al gobernador del estado de Veracruz con relación al desvío de recursos económicos provenientes de programas sociales para beneficiar electoralmente al Partido Revolucionario Institucional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal la realización de diversas acciones dirigidas a garantizar eficazmente el derecho a la alimentación.- Considerado de urgente resolución y puesto a discusión. Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Avila de MC, a favor; Senador Armando Ríos Piter del PRD, a favor; Diputada Beatriz Zavala Peniche del PAN, a favor; Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, a favor; Sen. David Penchyna Grub del PRI, a favor; Diputado Silvano Aureoles Conejo del PRD; y Senadora Ana Gabriela Guevara del PT. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las oficinas consulares mexicanas instaladas en los Estados Unidos de América a informar, tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados, respecto de los presuntos traslados clandestinos en los cuales se deportan a enfermos inmigrantes mexicanos desde hospitales estadounidenses con el fin de desarrollar procedimientos parlamentarios pertinentes.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Avila de MC, a favor; Diputado Silvano Aureoles Conejo del PRD, quien presentó propuesta de modificación; Senador Ernesto Gándara Camou del PRI, a favor; Diputada Adriana González Carrillo del PAN, a favor; y Diputado Leobardo Alcalá Padilla del PRI, a favor. La propuesta del Diputado Aureoles fue aceptada. El punto de Acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y del Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de Acuerdo sobre la compra de acciones de repsol.- Considerado de urgente resolución y puesto a discusión. Intervino el Senador Miguel Romo Medina del PRI, quien presentó propuestas de adición. Las propuestas del Senador Romo se aceptaron. El punto de Acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se integran las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a suspender el incremento en el alza de las tarifas eléctricas en el municipio de Reynosa.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza enérgicamente los actos que atentan contra la integridad de los migrantes que transitan por nuestro país y solicita al gobierno del estado de Veracruz que colabore con el Instituto Nacional de Migración y demás instancias federales a fin de realizar una investigación exhaustiva que permita a la brevedad fincar las responsabilidades conducentes por  los hechos ocurridos el pasado 1º de mayo de 2013, en Cosoleacaque, Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre el daño ambiental ocasionado por el incendio en el volcán Ajusco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jaime Bonilla Valdez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a dignificar el servicio militar nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre el estado financiero y físico de la carretera 15 de Sonora “Cuatro Carriles”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a ampliar el plazo para cumplir con la presentación de la declaración anual, tanto de personas físicas como morales al último día del mes de mayo de 2013, dada la complejidad y el alto costo que representa para los contribuyentes en nuestro país cumplir con sus obligaciones fiscales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez y Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Tamaulipas a esclarecer el secuestro del ciudadano Francisco Elizondo Salazar.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para citar a comparecer al Procurador Federal del Consumidor, por los hechos ocurridos el pasado 26 de abril.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Colima a llevar a cabo las acciones correspondientes para instrumentar, coordinar, evaluar y, en su caso, fortalecer de manera prioritaria los planes y programas necesarios para erradicar el elevado número de menores de edad que prestan actividades laborales remunerativas en esa entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe de los planes de trabajo y Acuerdos realizados con el gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la visita del Presidente Barack Obama a México los días 2 y 3 de mayo de 2013.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados a garantizar unas elecciones libres y auténticas y abran la investigación correspondiente al caso de los comités de política popular y acción social, en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a establecer legislaciones locales y comisiones legislativas en materia de participación ciudadana.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluya la ejecución del Programa Integral de Inversión del Noroeste.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Aleida Alavez Ruiz, a nombre de la Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a instruir a los titulares de la SAGARPA, de la CONAGUA, de la SEMARNAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional de Protección Civil a solucionar de inmediato el problema de azolvamiento de la boca barra de Cerro Hermoso, Tututepec, Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre el aumento de precios en los bienes de consumo diario.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas acaecidas por la explosión de la pipa de gas en la carretera México-Pachuca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas María del Rocío García Olmedo y Laura Guadalupe Vargas Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, así como al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado que se pronuncien y remitan a la brevedad un informe detallado, las medidas aplicadas y las de carácter preventivo respecto a la creciente cifra en delitos de feminicidio cometidos en el estado de Puebla; y se les exhorta a considerar, desarrollar y ejecutar la creación de un programa estatal de prevención y atención especializada en esta misma dirección.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Crystal Tovar Aragón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Chihuahua a discutir y, en su caso, aprobar la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Chihuahua presentada el 17 de mayo de 2011.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que la lxii Legislatura manifiesta su beneplácito ante la discusión y pronta aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos de América y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a  informar sobre las gestiones que ha hecho para garantizar la plena implementación de la declaración conjunta México-Estados Unidos sobre prevención de la violencia en la región fronteriza y los protocolos para la prevención de la violencia fronteriza.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Leticia Calderón Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar la aplicación de la normatividad regulatoria en materia de prestación de servicios de telefonía celular y de radiocomunicaciones e investigar y, en su caso, sancionar a la empresa Nextel por los deficientes servicios en telefonía celular y de radiocomunicación, por el perjuicio causado a los usuarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Silvano Aureoles Conejo, Miguel Alonso Raya, Fernando Cuéllar, Lizbeth Rosas Montero y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Procuraduría General de la República a investigar irregularidades cometidas por funcionarios del ife denunciadas por el Instituto Estatal Electoral de Campeche en el proceso electoral local de Quintana Roo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias con el objetivo de construir un banco de alimentos para contribuir a erradicar el hambre en México y garantizar el derecho a la alimentación de todos los mexicanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Dip. Ossiel Omar Niaves López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal y la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Jalisco a informar sobre el ejercicio de los recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Rentabilidad Agrícola de los Productores de Maíz del estado de Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar una exhaustiva revisión en los establecimientos comerciales a fin de evitar la especulación y el abuso de los precios en los productos básicos, principalmente el huevo, así como en los precios de las gasolinas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Ricardo Barroso Agramont, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca y Ernesto Ruffo Appel, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la industria naval, como un subsistema para la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas, que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se remitió efeméride para referirse a la conmemoración del Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse a la conmemoración del 1 de Mayo: Día del Trabajo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride para referirse a la conmemoración del 151 aniversario de la Heroica Batalla de Puebla.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse a la conmemoración del 5 de Mayo: Batalla de Puebla.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride para referirse a la conmemoración del Día de las Madres.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con cincuenta y ocho minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles quince de mayo, a las once horas".

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, aprobada el acta.






MESA DIRECTIVA

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Compañeros legisladores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva ha suscrito un Acuerdo para recibir este día, en sesión solemne, a la señora Valentina Matviyenko, Presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.



Dicho Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños, para su conocimiento. En esa virtud, está a discusión. Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, aprobado el Acuerdo.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo para realizar sesión solemne este día. Informo a ustedes que en el transcurso de esta sesión, abriremos un receso para realizar la sesión solemne.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativas:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE UNIONES DE CREDITO.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XIII BIS DEL APARTADO B, DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DE NACIONAL FINANCIERA, DE LA LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE LA LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, DE LA LEY ORGANICA DEL BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, DE LA LEY ORGANICA DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, DE LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL Y DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO, DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Y DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO Y DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO Y DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA, DE LA LEY DEL BANCO DE MEXICO, DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CREDITO GARANTIZADO.



Se informa a la Asamblea, que todas las iniciativas se acompañan del correspondiente dictamen de impacto presupuestario.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Túrnense las tres iniciativas descritas a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Diputado Secretario Roberto Reyes Gámiz: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 22 y 23 de mayo de 2013, a efecto de atender la invitación del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, para participar en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, a celebrarse en la ciudad de Cali, Colombia.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/574/2013
México, D.F., a 14 de mayo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0854/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual comunica que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 22 y 23 de mayo de 2013, a efecto de atender la invitación del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, para participar en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, a celebrarse en la ciudad de Cali, Colombia.

En el marco de la agenda que se tiene prevista, se darán a conocer los avances en el cumplimiento de los mandatos emitidos en cumbres anteriores y se discutirán los procedimientos para la adhesión de nuevos miembros.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Diputado Reyes Gámiz: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibieron dos oficios con solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/553/2013
México, D.F., a 9 de mayo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-05468, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. José Ramón Otero Portillo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/554/2013
México, D.F., a 9 de mayo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-05467, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Roberto Delgado Gallart, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Primera Comisión para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MEXICO

- El C. Secretario Diputado Reyes Gámiz: Se recibió del Banco de México, el informe sobre la inflación, correspondiente al periodo enero-marzo de 2013.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURAS

- El C. Secretario Diputado Reyes Gámiz: Se recibieron comunicaciones de diversos congresos estatales por las que informan su aprobación al proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26 constitucionales, para incorporar el principio de competitividad en la planeación del desarrollo nacional.



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Solicito a la Secretaría, realice el escrutinio correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que aprueban el proyecto de Decreto.

- El C. Secretario Diputado Reyes Gámiz: Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas al proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como los párrafos primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 19 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Les solicito a los compañeros legisladores y asistentes a esta sesión, ponerse de pie para la declaratoria de la aprobación correspondiente.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el Decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como los párrafos primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente respectivo.

Gracias, favor de tomar asiento.

A fin de referirse a este tema y conforme al Acuerdo aprobado por la propia Mesa Directiva el día de hoy en su reunión previa a esta sesión plenaria y conforme al propio Reglamento o reglamentillo aprobado en el Acuerdo correspondiente de la sesión anterior.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del PRD, para hacer mención de la declaratoria en comento, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Sin duda alguna, el tema que nos ocupa, esta modificación constitucional a los artículos 26 y 25, sin duda alguna, es importante y trascendente para definir conceptos, visiones sobre lo que tiene que ser la economía nacional.

Cuando hablamos de competitividad y especialmente de que quede inscrito una vez que las legislaturas de los estados han aprobado lo que este Congreso planteó y formuló, que quede inscrita la visión de competitividad como uno de los principios que tienen que regir a nuestra economía, debe de llevarnos no solamente a reflexionar lo positivo que la Carta Magna esté planteado como una visión de horizonte, de largo plazo, sino de manera importante reflexionar cuáles son las propuestas de cambio que tenemos que hacer a una economía que ha ido perdiendo progresivamente competitividad.

Cuando uno revisa cualquiera de los indicadores internacionales de los últimos 10 años, México ha sido desplazado por otras economías.

En el 2000 México se ubicaba o se le consideraba la décima economía del mundo. Hoy, desafortunadamente nos peleamos o competimos por ser entre la décima tercera o décima quinta economía del mundo, un país con más de 110 millones de mexicanos, pero un país con un enorme territorio.

Me parece, compañeras y compañeros, que este tema es trascendente especialmente por el tipo de debate que estamos dando en este momento en el Congreso.

Hemos incluido el concepto de competitividad, pero la pregunta que yo quisiera hacerle a los legisladores es, qué tanto estamos dispuestos de salirnos de la lógica de instituciones extractivas que han predominado en este país, de la lógica de instituciones de compadrazgo, de ayuda a unos cuantos amigos sin pasar a lo que verdaderamente requiere este país, un país que requiere para crecer que no sean unos cuantos empresarios los dueños de las concesiones, que no sean unos cuantos banqueros, por ejemplo. Hoy estamos recibiendo, compañeras y compañeros, un importante paquete legislativo, la pregunta que yo les quiero hacer a mis compañeras Senadoras, a mis compañeros Senadores es, ¿qué tanto estamos dispuestos, verdaderamente, a que lo que hoy ha quedado inscrito en la Constitución, se convierta en un cambio de fondo, por ejemplo en el tema financiero?

Hoy tenemos siete bancos que concentran el 80 por ciento de la actividad financiera, siete bancos que concentran en una economía del tamaño de México la actividad financiera de la cual dependen millones de empresas, de la cual depende la generación de empleo, de la cual depende la posibilidad de que esa competitividad que hoy estamos confirmando en la Carta Magna, verdaderamente se traduzca en mejores condiciones para el crecimiento de la economía, para generar empleo, y al final del día, para garantizar mejores condiciones para la economía.

Entonces la pregunta que yo les quiero hacer, compañeros y compañeras, congratulándonos de que estemos haciendo esta confirmación, este cambio que le estamos haciendo a la Constitución: ¿Qué tanto este Congreso de la Unión está dispuesto a hacer las transformaciones de fondo que se requieren en el país o si solamente vamos a ver cómo un planteamiento financiero como el que nos ha presentado la Secretaría de Hacienda, se queda solamente para mantener el statu quo?

Se queda solamente para mantener que siete bancos tengan concentrado el 80 por ciento de la actividad e impidan que el resto de la actividad financiera progrese y evolucione como debe de evolucionar.

Solamente se los dejo como una pregunta que deberemos de resolver y que especialmente en las comisiones que tienen que ver con el Fomento del Desarrollo Industrial tendremos que atender.

Si hoy el 15 por ciento de la micro, pequeña y mediana empresa no reciben más que el 15 por ciento del crédito que se da en el país, y esa micro, pequeña y mediana empresa son las que generan el 70 por ciento del empleo en el país, la pregunta es: ¿Sí la Reforma Financiera que hemos recibido no atiende ese tipo de retos, entonces de qué serviría, compañeras y compañeros, que pongamos la palabra competitividad en la Constitución y no seamos consecuentes en la transformación legislativa que se requiere para que lo que hoy estamos incorporando en la Carta Magna se convierta verdaderamente en resultados positivos para la gente?

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Ríos Piter.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para fijar su posicionamiento con relación a la declaratoria de publicidad de reforma constitucional.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia.

Lo que estamos haciendo ahorita es simplemente formalizar que la mayor parte de los congresos estatales se hace mayoría. Aprobaron la Reforma Constitucional a dos párrafos del artículo 25.

El artículo 25 establece que le corresponde al Estado la rectoría económica y establece el concepto de competitividad.

Me parece que lo que importa es hacer una reflexión, que es muy pertinente en este momento, en donde hemos realizado algunas reformas importantes en la Constitución, como el artículo 3o., como hemos realizado las reformas a competencia económica en el artículo 28, a telecomunicaciones, en el 6o. constitucional, pero que no han aterrizado todavía en leyes secundarias.

Creo que el Congreso tiene la grave tentación de quedarse en reformas constitucionales y no aterrizarlas en los instrumentos jurídicos que hacen que las cosas se den.

En el país se habla con muchísimo entusiasmo de que se ha realizado una reforma educativa. La verdad de las cosas, que no hemos hecho una reforma educativa, hicimos el arranque de una reforma educativa, modificando el artículo 3o. constitucional. Y el gran reto está en la ley secundaria.

Se habla de que hemos hecho una reforma en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia económica, en realidad lo que hemos hecho es modificar la Constitución; ahorita formalizamos el acto de promulgación de la reforma constitucional al artículo 25, pero no porque modifiquemos el artículo 25 y definamos competitividad, como lo define ahora la Constitución: "El conjunto de condiciones que permite que exista crecimiento económico y del empleo", no porque hagamos este cambio en la Constitución, la realidad en el país va a cambiar.

La realidad en el país va a cambiar si hacemos cambios, por ejemplo, en materia de la industria petrolera, cambios de fondo que permitan la inversión, eso sería hacerle caso al precepto que acabamos de modificar en la Constitución, si hacemos cambios en materia de competencia económica, en materia financiera en el paquete de 38 leyes que ha enviado el Ejecutivo y que ahorita se turnan a la Cámara de Diputados. Si hacemos cambios en muchísimos temas en donde conceptos verdaderamente arcaicos en este país se han quedado, y que impiden que este país tenga competitividad.

Finalmente, hacer una precisión, ciertamente otros países que tienen mucha más población ahora son economías más grandes que la mexicana, con poquito que suba el nivel de vida en China o en India, que tienen muchísimos más habitantes que nosotros, desde luego que nos desplazan, lo importante no es ocupar un espacio en ser la economía más grande del mundo, la segunda, la tercera o la treceava, lo importante es que los mexicanos tengan un mejor nivel de vida, lo que nos debe de preocupar es el ingreso per cápita y la distribución de este ingreso; eso es, me parece, que lo central, más que hacer comparativos de tipo internacional.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Larios Córdova.

Le concedemos el uso de la palabra al Diputado Alberto Rodríguez Calderón, del grupo parlamentario del PRI, para que fije un posicionamiento con relación a la declaratoria en comento.

- El C. Diputado José Alberto Rodríguez Calderón: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La inclusión del concepto de competitividad en nuestro máximo ordenamiento, introduce un criterio económico indispensable para el diseño y la instrumentación de políticas públicas de Estado que promuevan el crecimiento económico sostenido, la creación del empleo, el bienestar social y la seguridad pública.

Se trata de una reforma constitucional de gran relevancia, porque genera certeza jurídica en los actores económicos sobre la determinación del Estado mexicano de formular políticas de índole económica, social y política, así como acciones legislativas orientadas a impulsar la competitividad y promover el desarrollo del país.

Asumimos que existe un amplio consenso entre las fuerzas políticas y los actores productivos y sociales, sobre la necesidad impostergable de promover procesos tendientes a la transformación de la participación del Estado en la economía nacional, para adecuarnos a la dinámica del cambio tecnológico y la fuerte competencia en los mercados globales.

Se trata de recuperar y avanzar en los índices de competitividad mundial para ampliar las oportunidades de empleo y bienestar para toda nuestra población. Elevar también los ingresos reales de los trabajadores.

El día de hoy la competitividad se mide en términos de productividad, la cual garantiza estándares de vida dignos y decorosos para los ciudadanos, solidez económica y cambiaria, así como potencial para atraer y retener las inversiones y los capitales.

Es así que la competitividad requiere para su construcción de políticas públicas encaminadas a garantizar el crecimiento económico y la prosperidad, la formación del capital humano, la innovación y el desarrollo tecnológico, así como la promoción de incentivos al dinamismo del mercado laboral.

La aprobación de esta reforma, sin lugar a dudas, dotará al Estado mexicano de herramientas para generar políticas públicas que abarquen todos los rubros del desarrollo económico, con un aprovechamiento racional, sustentable y eficaz de sus recursos humanos, materiales y naturales.

Con la reforma ahora aprobada por el constituyente permanente, México tendrá la posibilidad de generar un ambiente que tenga como norte el desempeño económico, la eficiencia de las instituciones de gobierno, la vigencia del estado de derecho y, en general, la promoción de condiciones para hacer negocios y el desarrollo de infraestructura física moderna.

En el Partido Revolucionario Institucional estamos ciertos de la solidez de los resultados que se obtendrán al aprobarse la presente propuesta, porque las decisiones de la esfera pública estarán centradas en la adecuación y modernización de la regulación económica y el diseño de una política industrial moderna y de amplio consenso entre los actores productivos.

Esta reforma constitucional es además consistente con las responsabilidades que hemos adquirido como representantes populares, en primer lugar, y como parte del Pacto por México, donde las fuerzas políticas más importantes del país nos hemos comprometido de forma particular en el segundo acuerdo a generar acciones tendientes al crecimiento económico, el empleo y la competitividad.

También en relación con lo anterior, el Presidente Enrique Peña Nieto estableció como cuarto eje de su gobierno lograr un México próspero a través del crecimiento sólido y sostenido, así como la promoción de las inversiones e infraestructuras para activar el mercado interno e incrementar nuestra participación en los mercados globales.

Es en razón de lo antes expuesto, compañeras y compañeros, que de manera conciente, y además totalmente responsable, los que integramos el Partido Revolucionario Institucional dimos nuestro voto aprobatorio a la presente reforma, cuya declaratoria ahora celebramos, pues estamos convencidos de la necesidad imperiosa de promover un crecimiento económico competitivo en donde se facilite la inversión para el desarrollo y el empleo, y se generen condiciones para el abatimiento de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país.

Gracias, señor Presidente. Es cuanto.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Rodríguez Calderón.






COMUNICACION

Informo a la Asamblea que en la sesión anterior se designó a los legisladores Diputado Miguel Alonso Raya, Senador Héctor Larios Córdova y Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas para atender a una comisión de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Los legisladores que cumplieron con esta comisión entregan el informe correspondiente, mismo que se recibe para su publicación en el Diario de Debates.



Esta Presidencia tiene la petición del Diputado Ricardo Monreal Avila, para participar en el pronunciamiento sobre la declaratoria que acaba de concluir el Diputado Rodríguez Calderón su participación. En opinión de esta Presidencia se le debe de conceder el uso de la palabra.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal Avila.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Debo de hacer antes un reclamo porque ayer inscribimos iniciativas y puntos de Acuerdo, señor Presidente, y llegaron, en efecto, una hora tarde, a las siete de la tarde me informa el Doctor Garita, pero me parece que esto se puede subsanar y no debe la directiva cerrarse a presentar iniciativas y puntos de Acuerdo, me parece absurdo que se haya rechazado el que se inscriban iniciativas, porque se arguye que simplemente llegaron una hora tarde, y lamentablemente, quien se opuso fue el PRD, el PAN ya había aceptado; pero ahora es impresionante que los compañeros de la izquierda nos obstaculicen.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Respetuosamente se le solicita al orador atenerse al tema que nos ocupa.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Entonces, si querían ahorrarse tiempo, ahora se aguantan, vamos a participar en todos los puntos, porque me parece absurdo que se niegue la posibilidad de presentar puntos de Acuerdo e iniciativas.

Pero el tema que nos ocupa es el relativo a esta reforma en materia constitucional que modifica los artículos 25 y 26 en ésta tan cacareada expresión “competitividad”. En este caso se ha acelerado al Congreso porque esta fracción modificada del 25 y 26, fue aprobada el 13 de diciembre, y a través de los congresos ahora ya tenemos la declaratoria del cómputo de la mayoría de legisladores de los estados.

Pero nosotros insistimos, nada va a cambiar, México sigue postrado a un proyecto neoliberal, a un proyecto desnacionalizado, a un proyecto entreguista. En materia económica, mientras el gobierno persista en su obcecación de seguir aplicando el mismo proyecto económico, no va a cambiar la situación del país, seguirá empeorando y seguirán las calles tomadas, como ahora, por los maestros que están indignados por el trato excluyente que este Congreso les otorgó.

Tendremos las calles repletas de inconformidad social. Dense cuenta, legisladores, el proyecto económico del país que se ha aplicado en los últimos 30 años es repudiado por la población, y no será la lucha pacífica en las curules, se los aseguro, porque las mayorías mecánicas se imponen frente a la población. Lo mismo sucedió en la ley laboral, la educativa, lo mismo sucedió en la de telecomunicación, y lo mismo sucederá en la financiera, aunque la apruebe la mayoría habrá enojo e irritación social.

Por eso no cacareen tanto la expresión "competitividad", realmente no representa nada, el país está en una situación de caos, de crisis económica. Los indicadores económicos todavía están peor cada día, la carestía, el aumento de los precios, el aumento de la gasolina, el aumento de la energía eléctrica, las tarifas del sector público aunado a la inseguridad, la violencia, el desempleo.

O sea, no hay pues que celebrar aún con esta declaratoria y que podrá ser vigente la modificación a la Constitución para agregar el término competitividad, ¿por qué tanto escándalo y celebración por eso? No, el país está reclamando un debate de mayor profundidad, y obviamente las prisas los llevan a presionar a los Congresos locales para que salgan estas reformas que no representan nada y que no son la panacea, es una expresión que incluso para muchos de nosotros es tautológica; sin embargo ya es la conclusión de un procedimiento constitucional por el Constituyente Permanente.

Simple y sencillamente llamo la atención de que esta representación del Congreso de la Unión debe ser más sensible, y lástima que los compañeros de la izquierda no sean solidarios con nuestra petición, particularmente el PRD, su representante.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Monreal Avila.

Esta Presidencia aprovecha para hacer una puntualización. La Mesa Directiva, hasta este momento, todos los acuerdos han sido tomados por unanimidad, no ha habido ningún acuerdo tomado por mayoría, y no ha habido propuestas específicas de algún grupo parlamentario.

Segundo, nos estamos apegando en su totalidad al Acuerdo aprobado por unanimidad en la sesión plenaria anterior; es decir, de esta Mesa Directiva y de esta Presidencia tengan la certeza que siempre vamos a actuar en el marco de la Constitución, de la Ley y del Reglamento del Congreso General, que es precisamente el que rige los acuerdos y debates de esta sesión plenaria.

No obstante lo anterior, y comentándolo aquí con mis compañeros de la propia Mesa Directiva, yo consultaría al Diputado Monreal Avila si los asuntos que no alcanzaron a ser inscritos para la Agenda de hoy, dado que fueron entregados a esta Mesa Directiva con posterioridad al horario que prevé el propio Acuerdo al que he hecho mención, se reciben para turnarlos a las comisiones correspondientes, no había ninguna situación, o se conservan para ser incluidos en la siguiente sesión del miércoles 22 de mayo.

Esta Presidencia, comentándolo con los compañeros de Mesa Directiva le hacemos esta propuesta para que tanto las iniciativas como las proposiciones con punto de Acuerdo que haya presentado puedan ser turnados de manera directa a las comisiones correspondientes.

- El C. Diputado Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, primero, nada se perdería con haberlo incluido, me parece que la aplicación rígida de un Reglamento que puede ser flexible, habla mal de nuestra función, sin embargo, en atención a su comentario, voy a aceptar que se turnen a comisiones para que no esperen una semana más los puntos de Acuerdo que propongo, y las iniciativas que propongo; lo único que hago es defender mi derecho.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se instruye a la Secretaría para que los temas tanto iniciativas como proposiciones con punto de Acuerdo presentadas por el grupo parlamentario Movimiento Ciudadano sean turnadas a las comisiones correspondientes.

Continuando con el Orden del Día, pasamos al apartado de iniciativas, en tal virtud, se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Flores Méndez, a nombre propio y de la Diputada Maricela Velásquez Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 115 de nuestra Constitución.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y SE RECORRE UN INCISO A LA FRACCION III DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado José Luis Flores Méndez, a nombre propio y de la C. Diputada Maricela Velázquez Sánchez, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Diputado José Luis Flores Méndez: Gracias, señor Presidente; con su venia. Señoras legisladoras, compañeros legisladores:

La reforma del artículo en comento es adicional y recorrer un inciso de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta iniciativa la suscribimos la Diputada Maricela Velásquez Sánchez y su servidor.

Hay una política educativa en marcha, creo que es muy importante que los ciudadanos mexicanos estemos convencidos de que hay un elemento que juega en este proceso, que es lo que tiene que ver con el funcionamiento y la responsabilidad del funcionamiento de las bibliotecas públicas en este país, para todos es conocido que una biblioteca pública es un instrumento, es una herramienta de trabajo para estudiantes, profesionistas y gente en general que requiere de información, de lectura, de capacitación, de investigación, y algunas otras actividades que tienen que ver con su formación o con su actividad diaria.

Esta iniciativa tiene el objetivo que todos los municipios cuenten, por lo menos, con una biblioteca para sus habitantes, esto, desde luego, tomando en cuenta la capacidad que tenga cada municipalidad en sus finanzas.

Considerando un dato fundamental que ya está inserto en la iniciativa y que pido a la Presidencia sea incluido de manera integral en el Diario de los Debates, los gobiernos municipales de las casi 8,000 bibliotecas que funcionan en este país, el 88.2 % las atienden los municipios; el .2% el gobierno federal; el 3.5 % el gobierno del Distrito Federal; el 3.8 % los gobiernos estatales y el 4.3 % diversas instituciones; es decir, los gobiernos municipales se hacen cargo de esta actividad en el país.

Ahora bien, la municipalización del servicio público de bibliotecas se justifica por las siguientes razones:

Su infraestructura se ubica en los municipios, su construcción, su reparación, mantenimiento casi corre a cargo al cien por ciento por presupuesto municipal.

Los usuarios son de ese origen.

Y afortunadamente en nuestro país, 2,281 municipios ya cuentan con una biblioteca pública. Significa que tenemos cubierto en nuestra nación casi el 94 por ciento en este servicio, en esta materia y por este orden de gobierno.

Impulsar esta iniciativa, legisladoras y legisladores, significaría en sus resultados que tendríamos el cien por ciento de los municipios, contando con un servicio de biblioteca cuando menos con una de ellas.

Si la infraestructura, el universo de usuarios, el mantenimiento de las bibliotecas, sueldos y servicios, son en su mayoría del municipio, así como también que el 94 % de los ayuntamientos ya cuentan por lo menos con una biblioteca, y el impacto financiero sería casi nulo por el orden del gobierno municipal. Su municipalización sería un acto de justicia. Por lo tanto, debiera ser un servicio municipal propiamente dicho, y figurar en el catálogo de la fracción III del artículo 115 constitucional.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo Unico.- Se recorre el texto del inciso i) al inciso j) y se adiciona un nuevo texto al inciso i) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 115...

III...

i) Bibliotecas.

j) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Señor Presidente, es cuanto.

Le solicito que esta presentación quede inserta íntegramente en el Diario de los Debates.

Gracias.

Iniciativa

“Los que suscriben, Diputados Maricela Velázquez Sánchez y José Luis Flores Méndez integrantes del grupo parlamentario del PRI de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6 , numeral 1, fracción I,77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y se recorre un inciso a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Un gran número de personas tenemos la necesidad de leer libros con propósitos de información, estudio, aprendizaje, investigación, cultura general, esparcimiento, u otros, sin que tengamos los recursos requeridos para la compra de todos los que pretendemos leer o consultar; se trata pues, de un servicio público de carácter general, en la que cada quien puede identificar su propia necesidad individual, cuya satisfacción requiere del desarrollo de una actividad técnica sujeta a un régimen jurídico especial; hablamos, pues, del servicio público de bibliotecas, que en términos generales se conocecomo la actividad técnica destinada a satisfacer la necesidad de carácter general de leer y consultar libros, revistas e impresos, cuyo cumplimiento, debe ser asegurado, regulado y controlado por el Estado, con sujeción a un régimen jurídico exorbitante del derecho.

Así mismo, es un auxiliar importantepara la educación en México, y su crecimiento académico, pues en este servicio se garantiza que el estudiante tenga a la mano una herramienta eficaz de apoyo en la realización de sus investigaciones y sus tareas escolares, para el profesor es un apoyo para la planeación de sus clases frente al grupo, o su programa escolar, mientras que para la comunidad es un servicio eficaz en la recreación de la lectura familiar.

Si bien es cierto que el inciso i) de la fracción III del artículo en mención, prevé la posibilidad de ampliar el catálogo de los servicios públicos municipales, que las legislaturas locales determinen, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera de cada Municipalidad, también escierto que el servicio público de bibliotecas satisface una necesidad de carácter general, por lo que esta iniciativa tiene el objetivo que todos los municipios cuenten por lo menos con una biblioteca para sus habitantes, esto, desde luego, tomando en cuentala capacidad que tenga cada municipalidad con sus finanzas.

Cabe también hacer mención que la Ley General de Bibliotecas no se contrapone en sus objetivos con esta iniciativa, sino todo lo contrario, ya que éstos se reforzarían de manera clara y se propiciaría una reforma integral paradelimitar funciones entre los órdenes de Gobierno. Por otro ladoen este ordenamiento jurídico menciona que le corresponde a la entidad federativa nombrary remunerar al personal destinado a la operación de sus bibliotecas públicas; así como su remodelación física, cuando en la realidad sabemos que el 88% de las Bibliotecasestán a cargodel presupuesto municipal y no de los estados. En algunas entidades federativas ya han regulado este servicio a cargo de los Ayuntamientos tal es el caso de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, del 25 de julio de 1997, que incluye dentro de dicho catálogo de servicios públicos municipales, al de bibliotecas públicas (artículo 141, fracción XII),

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, del 28 de noviembre de 1989, implícitamente reconoce como servicio público, al de bibliotecas, puesto que sin sujetar su prestación expresamente a régimen de servicio público, dispone:

Artículo 64. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de educación, cultura, recreación, espectáculos y juventud, los siguientes: (…..) II. Organizar, con la colaboración ciudadana, bibliotecas municipales, casas de cultura, museos y galerías artísticas; (…)

Por otra parte, la fracción VI del artículo 14 de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 13 de julio de 1993, establece que adicionalmente a las atribuciones exclusivas conferidas a las autoridades educativas federal y locales en los artículos 12 y 13, se le asignan, de manera concurrente, entre otras facultades, la de prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a efecto de apoyar el sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística; servicios bibliotecarios que, el párrafo inicial del artículo 15 de dicho ordenamiento legal, faculta al Municipio a prestarlo, en concurrencia con las autoridades federales y estatales.

Justificación para reformar el artículo 115 de nuestra Carta Magna e incluir el del servicio público de bibliotecas.

Entendida la municipalización de servicio público como la asignación al Municipio de la prestación de un servicio público dado, se justifica la del servicio público de biblioteca, por las siguientes razones:

- Su infraestructura pertenece a uno de los tres elementos que componen el municipio como lo es su territorio, cuya construcción, reparación, conservación y mantenimiento corre a cargo en su mayoría del presupuesto municipal.

-El universo de usuarios del servicio público de biblioteca está integrado en su mayoría por vecinos del Municipio.

- La administración municipal cuenta con todos los elementos administrativos para poder atender a las bibliotecas.- la Dirección General de Bibliotecas en México, en su inventario reciente nos dice que de todos los municipios que existen en el territorio nacional, 2,281 cuentan con al menos una biblioteca pública, quedando por atender 180 municipios: (1 en Chiapas, 2 en Guerrero, 1 en el Estado de México y 176 en Oaxaca), lo que significa que un 94% de municipios que ya cuentan con este servicio. Con esta reforma se estaría impulsando alcanzar que el 100% de los municipios cuenten por lo menos con una biblioteca.

- Financieramente no representa ninguna carga significativa para el municipio pues en su gran mayoría las bibliotecas son respaldadas por recursos municipales y atendidas por personal adscrito a sus nóminas como a continuación se detalla

Porcentaje de participación para el sostenimiento de las bibliotecas públicas en México. Se incluye pagos de servicios y nómina (luz, agua, predial y conectividad entre otros).

Porcentaje

Tipos de bibliotecas

88.2%

Gobierno municipal

4.3%

Diversas instituciones (Academia de policía, Cooperativas, Compañías mineras, etc.).

3.8%

Gobiernos estatales (31 centrales estatales y 255 bibliotecas que operan con apoyo de los gobiernos de los estados como los institutos de Cultura, ISSSTE local, etc.)

3.5%

Gobierno del DF (16 centrales delegacionales y bibliotecas delegacionales)

.2%

Gobierno federal (Conaculta, Ceferesos, Sedena, etc),

100%

7,633 bibliotecas públicas en operación

Fuente: Dirección General de Bibliotecas de las Secretaria de Educación Publica

- Si la infraestructura, el universo de usuarios, el mantenimiento de las bibliotecas, sueldos y servicios, son en su mayoría del municipio, así como también que el 94% de los ayuntamientos ya cuentan por lo menos con una biblioteca, y el impacto financiero sería casi nulo para el orden de gobierno municipal. Su municipalización sería un acto de justicia fortaleciendo así la autonomía del Municipio. Por lo tanto, debiera ser un servicio público municipal propiamente dicho, y figurar en el catálogo de la fracción III del artículo 115 Constitucional.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se recorre el texto del inciso i) al inciso j) y se adición un nuevo texto al inciso i) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Articulo 115[...]

Fracción III […]

a) [….]

h) […]

i) Bibliotecas

j) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Dip. Maricela Velázquez Sánchez.- Dip. José Luis Flores Méndez”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Flores Méndez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora la palabra el Diputado Jorge VillalobosSeáñez, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y Fernando Herrera Avila y del Diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales..






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez, a nombre propio y de los CC. Senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y Fernando Herrera Avila y del C. Diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea:

Hoy México está cambiando. En la actual legislatura hemos logrado consensos históricos que se han traducido en reformas estructurales de gran trascendencia.

Respetando nuestras diferencias, hemos sabido privilegiar en consenso poniendo por encima el interés de los mexicanos. Los Diputados y Senadores del PAN entendemos que nuestro régimen político necesita de una revisión permanente para consolidar la democracia a la que todos aspiramos.

Vivimos un momento político-histórico donde requerimos de decisiones responsables.

La democracia es una de las victorias ciudadanas que hace de la política un bien perfectible, y es deber de esta Soberanía cuidar que cada vez sean más democráticos los procesos electorales de nuestro país.

En la elección federal pasada, y en algunas elecciones locales evidenciamos deficiencias orgánicas que se han convertido en una gran amenaza para la democracia, el fraude electoral, los mecanismos alternos de financiamiento, la inequidad, la manipulación de padrones electorales y sociales y reglas electorales en el terreno local son aún prácticas que en muchos estados de la República siguen hoy siendo una realidad.

La democratización a nivel local exige que se hagan cambios de fondo para acabar con ellas de tajo.

La reforma que hoy presentamos responde a estos problemas, responde también a demandas históricas de nuestro partido, y responde así mismo al llamado de los ciudadanos para evitar una violación a sus derechos políticos más fundamentales, como es elegir a sus gobernantes.

La reforma busca cumplir con dos propósitos fundamentales: Eliminar la discrecionalidad que existe en los procesos a nivel local, y sentar las bases de una nueva forma de conducir los comicios en nuestro país.

Para ello, se proponen las siguientes modificaciones:

Modificar el artículo 41 constitucional a fin de cambiar la denominación, integración y atribuciones del Instituto Federal Electoral para convertirlo en el Instituto Nacional Electoral.

Este Instituto Nacional Electoral se convertirá en el único encargado de organizar y dirigir las elecciones en los 3 órdenes de gobierno.

Se propone, así mismo, una fórmula para el financiamiento de los partidos políticos nacionales y estatales, atendiendo ya el número de votantes en la elección pasada, y no al padrón electoral en su totalidad, logrando con ello una reducción considerable de sus costos.

Se establece la facultad expresa en el artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión a que emita las siguientes leyes:

Una que regule los partidos políticos; otra que regule la organización y el desarrollo de las elecciones y una más que establezca los delitos electorales.

Del mismo modo, el marco normativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propone modificaciones para que pueda atender las controversias derivadas de las elecciones locales, y se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales con autonomía, encargada de la investigación de los delitos electorales.

Compañeras y compañeros legisladores, el México de la certidumbre electoral, por vía del autoritarismo acabó, con la creación del Instituto Federal Electoral.

Hoy es necesario darle un segundo respiro a nuestra democracia porque todavía estamos lejos de contar con procesos totalmente libres de anomalías.

El PAN siempre ha creído en el México de las instituciones. Por ello, el IFAI y el propio Instituto Federal Electoral fueron órganos que contaron con el impulso de Acción Nacional para que se consolidaran a lo largo del tiempo y que hoy estamos replanteando su funcionamiento.

Este apoyo no significó que fuesen perfectibles, o que no requieran visión en su funcionamiento.

Hoy proponemos cambios al IFE porque deseamos una actualización en la forma de cómo organizamos los procesos electorales.

Proponemos la creación del Instituto Nacional Electoral para mejorar su organización y hacerlo más eficiente y transparente.

Esta reforma da un primer y sólido paso hacia la construcción de un régimen político más justo y democrático, que privilegie, no únicamente la simple alternancia en las renovaciones de los poderes ejecutivos en los 3 órdenes de gobierno, sino que generen los ciudadanos en uno de sus derechos más fundamentales que es elegir a sus gobernantes.

Acción Nacional, congruente con su vocación democrática, respalda su compromiso de otorgar plena autonomía a las instituciones encargadas de procuración de justicia, por ello, proponemos brindar de una autonomía real a la FEPADE como organismo encargado de perseguir los delitos electorales, ya que con esto se mejorará el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las mismas, y que no esté condicionada a los titulares, a un subordinado de la PGR, lo cual no cuenta todavía con autonomía constitucional.

En la LXII Legislatura hemos aprobado reformas de gran trascendencia para México, y hoy presentamos la reforma del empoderamiento y la participación ciudadana.

Dar pasos certeros en la reforma electoral, es colocar al ciudadano en el centro de las decisiones políticas y evitar las simulaciones a nivel estatal.

Atendamos al llamado de los ciudadanos para tener una democracia participativa, confiable, transparente y menos costosa.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los que suscriben, los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 26, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de iniciativa de grupo parlamentario, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Panorama General

El más reciente proceso electoral, a través del cual los mexicanos elegimos a quien ocuparía la Presidencia de la República, pero también a legisladores federales, y en algunos casos, a representantes locales, sentó un mal precedente. Las elecciones de 2012, así como muchos procesos electorales locales previos, evidenciaron algunas deficiencias del marco normativo que rige actualmente; deficiencias que erosionaron la confianza de los votantes en la democracia misma.

Diversos sucesos representaron focos rojos, llamadas de atención que deben de ser atendidas para perfeccionar la democracia mexicana, todavía inestable, vulnerable y, en ocasiones, manipulable.

Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Existe la creencia generalizada de que la democracia en México llegó para quedarse a partir de la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal en el año 2000, y de la creciente conquista de espacios por los partidos políticos que por décadas fungieron como oposición. Tal creencia se ha fortalecido con la celebración de comicios más confiables a nivel federal, en los que las viejas prácticas fraudulentas han sido erradicadas, gracias a la consolidación de autoridades electorales que gozan de autonomía.

El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instituciones responsables de organizar y calificar las elecciones federales, a pesar de ser perfectibles en muchos sentidos, han mostrado un desempeño independiente del poder político y de carácter primordialmente técnico. Dicho fenómeno, en cambio, no ha sido observado en las instituciones homólogas que existen en las entidades federativas.

Andreas Schedler, ha identificado un “menú de manipulación electoral”que reconoce una diversidad de tácticas utilizadas por grupos que buscan perpetuarse en el poder: el fraude electoral, la represión, la inequidad en la contienda y la manipulación de actores y reglas clave en el juego democrático. De dicho menú, Schedler ha encontrado que en México, en muchas entidades federativas, se ha recurrido a la manipulación de actores, en concreto, señala que algunos gobernadores han “colonizado las instituciones electorales” y han “explotado recursos del Estado con fines partidistas” para reducir la incertidumbre que conlleva una elección y garantizar el triunfo de su partido político.

En este sentido, es importante considerar diversos hechos sucedidos en fechas recientes respecto al uso partidista que diversas dependencias del Gobierno de la Repúblico han hecho de los programas sociales con fines político-electorales, particularmente, en aquellas entidades federativas con procesos electorales en desarrollo.

A mayor abundamiento, por sus características propias, los organismos electorales en los estados presentan un panorama muy diverso de mecanismos para garantizar la calidad de las elecciones y la proyección de los resultados, no logrando siempre la eficiencia que requiere el perfeccionamiento de la democracia a nivel nacional. Tales son los casos, por ejemplo del funcionamiento oportuno y riguroso de los sistemas de resultados preliminares, o de la difusión de los cómputos finales a la sociedad, para garantizar la transparencia en la administración de los comicios.

Así pues, la democratización a nivel local aún enfrenta muchos retos, uno de los cuales se refiere a procesos electorales organizados y calificados por autoridades imparciales, que no se encuentren subordinadas a caciques influencias de grupos de poder locales, de cualquier género. La experiencia en los estados revela un sistemático uso faccioso de las autoridades en materia electoral, que pone en riesgo la razón de ser de dichos organismos e imposibilita la llegada de una democracia plena en el país.

En virtud de lo anterior, y en congruencia con las demandas históricas por elecciones libres y equitativas del Partido Acción Nacional, se propone la creación del Instituto Nacional Electoral (INE). El INE – que sustituiría al Instituto Federal Electoral (IFE) y a los 32 institutos equivalentes en cada entidad – gozaría igualmente de autonomía constitucional, su máximo órgano de gobierno se integraría por diez consejeros y un presidente, con derecho a voz y voto, además de las representaciones partidistas y del Poder Legislativo, solo con derecho a voz. El INE sería la autoridad responsable de organizar la celebración de los comicios para elegir tanto a representantes a nivel federal, como a representantes a nivel local. De este modo, el Partido Acción Nacional, con una visión subsidiaria, busca la creación de instituciones sólidas que funcionen como contrapesos reales, que operen con los principios rectores que hoy rigen la actuación del IFE, en los estados de la República y en el Distrito Federal. El objetivo es claro: evitar que cualquier grupo de influencia política o económica, sea cual fuere su origen, y su fuente de poder, estén imposibilitados para meter las manos de todas las las elecciones que se realizan en el país. Lo que se pretende es una auténtica competencia con piso parejo para todas las fuerzas políticas, en la pluralidad de circunstancias que caracterizan a las diversas regiones de México.

En el mismo sentido, y bajo los mismos argumentos, se estima pertinente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sea la autoridad responsable de resolver las controversias que se susciten a partir de las decisiones que tome el Instituto Nacional Electoral. Es decir, el TEPJF resolvería las impugnaciones que se hicieren tanto para procesos electorales a nivel federal, como a nivel estatal y del Distrito Federal. Esta medida representaría una garantía de que las impugnaciones sean resueltas con base en criterios técnicos, ajenos a cualquier presión política.

Un árbitro del proceso electoral autónomo es una condición estrictamente necesaria, para una democracia acabada, fuerte y estable. De otra manera, las entidades federativas se encontrarán en un permanente proceso de transición democrática, en el que el grupo en el poder se enfrentará a la ciudadanía a través de elecciones viciadas, manipuladas e inequitativas. Es decir, las elecciones, en algunos casos, seguirán siendo un medio de legitimación de cacicazgos y no un ejercicio de libertad política para elegir auténticos representantes populares.

Es cierto que el desempeño de las autoridades electorales federales no ha sido intachable y que existen cuestiones que deben de ser revisadas a profundidad para evitar futuros cuestionamientos a sus decisiones. Sin embargo, dada la visibilidad que tienen estos órganos, su actuar es más transparente, lo que les obliga a regirse conforme a los principios de legalidad e imparcialidad.

Mejor fiscalización de los recursos de los partidos políticos

Las deficiencias a que se hace referencia, particularmente en lo que respecta a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, serían atendidas y corregidas en el diseño del nuevo Instituto Nacional Electoral que se plantea. En ese sentido, Acción Nacional le apuesta a un Instituto renovado y fuerte, capaz de fiscalizar la procedencia y el destino de todo tipo de recursos de que hagan uso los partidos políticos: de origen público, privado e incluso de los recursos obtenidos de forma ilícita o por fuera de la ley.

La facultad de fiscalización, dada su relevancia y la alta responsabilidad que ésta implica, se regresaría al máximo órgano de dirección al interior del INE: el Consejo General. Así, quienes diseñen las estrategias de fiscalización, supervisen su correcta aplicación y resuelvan en consecuencia, tendrán nombre y apellido; en particular resulta conveniente que además de resolver los dictámenes sobre la materia, el Consejo General esté en condiciones de conocer desde el principio, todo el procedimiento de fiscalización para que sus decisiones puedan ser cabalmente fundadas y motivadas. Con esto se aseguraría que las decisiones, independientemente de su trascendencia, no se diluirán en el anonimato. Además, el Consejo General podrá conocer con anticipación los reportes de gastos de los partidos y contar con más elementos para pronunciarse sobre la legalidad en el origen y destino de los recursos de los partidos.

Es importante destacar que se propone una nueva fórmula para el financiamiento que reciben los partidos políticos nacionales para las actividades que realizan en las diversas entidades federativas con el objeto de ahorrar recursos públicos que se utilizan para financiar sus respectivas actividades ordinarias y de campaña en las elecciones locales.

En este sentido, la propuesta se fortalece si se considera que el objetivo es, bajo el principio de eficiencia del uso de los recurso públicos, destinar a las actividades de los partidos políticos nacionales en las entidades federativas únicamente lo proporcional para la realización de las actividades señaladas con respecto a la consideración que las mismas ahora serán reguladas únicamente por sólo un Instituto electoral a nivel nacional, al cual serán asignadas las prerrogativas correspondientes para su correspondiente reparto.

Con estas propuestas, Acción Nacional pretende que nunca se presenten casos de financiamiento paralelo de las campañas políticas, en el cual, tal como se discutió en acusaciones presentadas durante el proceso electoral federal pasado, se diseñaron esquemas de triangulación de recursos, para que éstos se mantuvieran exentos de una debida fiscalización y contar con las señaladas fuentes de financiamiento paralelo por parte de diversos partidos políticos. En todo caso, es importante señalar que la autoridad requiere de mejores instrumentos de fiscalización para conducir las investigaciones, con el objeto de evitar que a través de dichos esquemas de financiamiento paralelo, se violenten tanto las restricciones constitucionales, como las establecidas en la legislación secundaria en lo relativo al origen del financiamiento partidista yel respeto a los topes de gastos de campaña.

Rebase de topes de gasto de campaña

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) señalan expresamente, no sólo las fuentes a las que pueden acceder los partidos políticos para financiar las actividades ordinarias permanentes y las destinadas a la obtención del voto, sino que establecen claros topes a los recursos que pueden ejercer.

Como se ha señalado, los casos de financiamiento paralelo no sólo representaron un medio para evadir la fiscalización por parte de la autoridad electoral, sino que los recursos aportados por la asociación civil y la empresa, respectivamente, se tradujeron en rebases a los montos máximos establecidos por la ley. Lo anterior, significa, además de una clara violación al marco legal, una evidente violación al principio de equidad en la contienda.

El dinero que se le invierte a las campañas tiene incidencia tanto en los niveles de participación ciudadana, como en el resultado de las elecciones. La evidencia empírica indica que, caeterisparibus, a mayor gasto en la campaña de un determinado candidato, mayor es la probabilidad de que éste gane. Por ello, el hecho de que alguno de los contendientes no respete los límites que la legislación señala, implica, al menos, que las partes están compitiendo en condiciones de desigualdad y que sus actuaciones tendrán implicaciones en el resultado electoral. La magnitud del efecto de rebasar el tope de gastos varía e irá en función de diversos factores. Sin embargo, es claro que el nivel de gasto que un partido hace con respecto a otro, puede ser determinante en cuál de ellos resulta ganador.

Por lo anterior, el Partido Acción Nacional considera que violentar lo dispuesto por la Carta Magna y la legislación electoral en materia de topes de gasto de campaña, representa una falta grave. Una falta de esta naturaleza no debe ser pasada por alto y debe de ser señalada, explícitamente, como causal de nulidad del proceso electoral de que se trate, en caso de que se acredite el excesivo ejercicio de recursos por parte del candidato que ganó, haya resultado decisivo para su triunfo.

Establecer una pena como la anterior, aunada a una mejor fiscalización, desincentivará el uso excesivo de gastos en las campañas federales y locales por parte de los partidos políticos.

Ley electoral y ley de partidos políticos

Como se indicó al inicio de esta exposición de motivos, el desarrollo democrático de las entidades federativas y del país en general se ha dado a ritmos e intensidades diferentes. Ello, en virtud del variado diseño de las instituciones ligadas al sistema electoral de cada entidad, pero también de las reglas que regulan a los actores y las acciones del juego democrático.

Resulta inadmisible que al interior de un mismo país existan ciudadanos que gozan de menos libertades políticas, que tienen acceso a una peor democracia o que no cuenten con las mismas garantías para elegir a sus representantes. Resulta inadmisible que exista un México más democrático para unos que para otros.

Para erradicar las diferencias, Acción Nacional considera urgente que el Congreso de la Unión esté facultado para expedir una legislación electoral y una legislación de partidos políticos que aplique tanto para la federación como para las entidades. Esto permitiría el establecimiento de pautas generales en las materias señaladas para toda la nación y un esquema democrático homologado para todas las partes que integran la federación.

Otorgar dicha facultad al Poder Legislativo Federal, en ningún momento violará el Pacto Federal, pues regulará aspectos generales del proceso electoral y del esquema de partidos políticos, mientras que cada entidad, en su Constitución – o en el caso del Distrito Federal a través de su respectiva legislación secundaria– se encargará de atender las particularidades de cada uno de los territorios. Además, de aprobarse la modificación al texto constitucional para este objeto, se habrá contado con el consentimiento de parte de la mayoría de las legislaturas locales, que son parte del Constituyente Permanente. La presente reforma, como se ha expuesto, busca erradicar, muchos de los vicios y errores del marco normativo vigente, que se vio superado en los últimos procesos electorales. No obstante, existen temas que aún deben de ser motivo de reflexión debido a su complejidad.

Finalmente, es importante considerar, que con la presente reforma electoral del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se fortalece el marco normativo que rige los procesos electorales y que influye positivamente en las condiciones de equidad, fiscalización y transparencia bajo las que se desenvuelve la competencia electoral y que resulta determinante en las probabilidades de que uno u otro de los contendientes gane.

II. Contenido de la reforma

Para Acción Nacional es un compromiso seguir perfeccionando el marco jurídico electoral, y ante la experiencia del proceso electoral de 2012, estamos obligados a garantizar mayores condiciones de equidad en las contiendas políticas que permitan una participación justa y equilibrada de todas las fuerzas y expresiones políticas, asimismo debemos impulsar aquellas instituciones electorales que ponen en primer plano al ciudadano.

Esta reforma electoral, constituye un impulso a la democracia en nuestro país, bajo la consideración de que la democracia debe incluir la participación activa de todas las mexicanas y mexicanos.

Es necesario que los cambios a la legislación electoral innoven al sistema político mexicano, creando instituciones que fomenten el dialogo y la participación política bajo un sistema electoral que nos permita votar libre y auténticamente por quien a juicio de cada quien se estime resulte la mejor opción de gobierno; Ello sólo puede ser posible con un instituciones electorales robustas y confiables así como un irrestricto convencimiento de cumplir con la ley.

El reto en consecuencia es lograr mayor legitimidad en las elecciones, ya que el convencimiento de que estamos eligiendo a las mejores mujeres y hombres para que nos gobiernen se traduce en un constante mejoramiento de las leyes y e instituciones electorales a fin de fortalecer los procesos democráticos.

De igual forma, manifestamos que en Acción Nacional tenemos la convicción de que un pilar para lograr una mayor legitimidad de las elecciones es la libertad de expresión de todos los actores políticos, de las organizaciones de la sociedad civil pero principalmente de los ciudadanos, sólo si los ciudadanos participan, se expresan y se informan verazmente habrá decisiones más razonadas y responsables.

Otro gran pendiente para lograr elecciones auténticas, es lo relativo al uso de recursos en las elecciones, ya sea que se trate de recursos públicos o privados, y que se complemente con un principio de transparencia en el gasto de los partidos políticos, así como en la toma de las decisiones a su interior, por tanto debemos desterrar el gasto, el derroche y el uso de recursos ilícitos en las elecciones.

Entrando en materia, se propone una reforma constitucional para crear un Instituto Nacional de Elecciones, bajo la idea de que el Estado Mexicano se adscribe a un modelo federalista donde existen autoridades federales y autoridades locales, sin embargo por la importancia del tema se hace necesario que se concentre la función o poder electoral en un solo órgano constitucional.

No pasa por alto señalar, que actualmente existe una autoridad federal electoral (Instituto Federal Electoral) prevista en la fracción V del artículo 41 constitucional cuyo ámbito de competencia es la elección del Ejecutivo Federal, Diputados Federales y Senadores, y que cada Entidad Federativa cuenta con autoridades electorales que se encargan de las elecciones locales sentándose las bases de tal esquema en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Asimismo, cabe referir que actualmente la Constitución en el inciso d) de la fracción IV del artículo 116 constitucional, permite la posibilidad de un modelo de cooperación entre la autoridad federal electoral y las autoridades electorales locales, ya que éstas últimas pueden convenir con el Instituto Federal Electoral para que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.

En consecuencia, se aspira a optimizar el diseño para crear una autoridad electoral única que tenga a su cargo tanto las elecciones locales como federales, por lo que proponemos los preceptos constitucionales correspondientes.

Cabe señalar que convertir al Instituto Federal Electoral en una autoridad electoral nacional única, implicarían un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a la autoridad administrativa que organiza las elecciones, ahora en doble orden, tanto en lo federal como en lo local. Lo anterior, debido a que se aprovecharían las estructuras y áreas existentes en el citado Instituto Federal para atender lo relativo a las elecciones locales, así como, se adoptaría la infraestructura y el capital humano existente en los institutos electorales estatales, lo cual implica, de manera inmediata un ahorro para las finanzas públicas y, con ello, un uso eficiente de los recursos públicos que aportan los ciudadanos, a través de las contribuciones, para la organización de las elecciones.

Este nuevo órgano constitucional electoral será un eje troncal para la configuración del modelo de Estado establecido por la Constitución, y cumplirá cabalmente con la participación en la dirección política del Estado, en la formación de la voluntad estatal, en la dirección del poder supremo del Estado, en las funciones de dirección y estructuración políticas.

Un antecedente más que podemos señalar, es que en el año de 1993, en el artículo 41 constitucional, se estableció el Instituto Federal Electoral como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones de los otros poderes. Y los principios rectores que deben regir éste órgano son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad en los procesos electorales, lo que fue una gran coyuntura que ahora se debe repensar y relanzar una nueva autoridad electoral.

En suma: la estructura medular de este proyecto legislativo es la existencia de un nuevo órgano constitucional, facultado para organizar las elecciones a nivel federal y local.

Las propuestas específicamente serían las siguientes:

1. REFORMAS AL ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL

• Se propone modificar el nombre del Instituto Federal Electoral por el de Instituto Nacional Electoral, bajo la premisa de que se tratará de un nuevo órgano con nuevas facultades.

• Se modifica la conformación del número de integrantes del máximo órgano de gobierno del Instituto.

• Se propone nueva fórmula para el financiamiento de los partidos políticos nacionales y locales para actividades en los estados.

• Se incorporan los supuestos de las elecciones locales que serán organizados ahora por el Instituto Nacional Electoral, eliminando a su vez las disposiciones que establecen los esquemas de coordinación con las autoridades locales (fiscalización).

2. REFORMAS AL ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

Se establece la facultad expresa en el artículo 73 para que el Congreso de la Unión emita las leyes siguientes:

• Que regule a los partidos políticos;

• Que regule la organización y desarrollo de las elecciones y que regirá en el ámbito federal y de las entidades federativas;

• Que establezca los delitos electorales;

3. REFORMAS AL ARTICULO 99 CONSTITUCIONAL

• Se modifica el artículo 99 para que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el competente para dirimir las controversias derivadas de las elecciones locales.

4. REFORMAS AL ARTICULO 102 y 21 CONSTITUCIONALES

Se crea con base constitucional la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, como fiscalía autónoma encargada de la investigación y persecución de los delitos electorales. Se propone que el nombramiento del titular de este órgano lo realice el Senado de la República.

5. REFORMAS AL ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL

• Se modifica lo conducente para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, tomando en consideración que ya no habrá leyes electorales locales. Se conserva la facultad de que los estados regulen en sus constituciones locales lo que no se contenga en la ley general (fechas de la jornada, fórmulas de representación proporcional, voto de mexicanos en el extranjero).

6. REFORMAS AL ARTICULO 116 CONSTITUCIONAL

• Se hacen las adecuaciones respectivas al artículo 116 para ajustar los principios que deberán observarse en el desarrollo de las elecciones de los estados.

7. REFORMAS AL ARTICULO 122 CONSTITUCIONAL

• El artículo 122 (regulación del Distrito Federal) se modifica para establecer la facultad del Congreso de la Unión de legislar sobre la materia electoral, es especial, sobre lo que no se contenga en la nueva legislación federal electoral, previendo para tal efecto, que la legislación electoral del Distrito Federal deberá ser aprobada por una mayoría calificada del órgano legislativo local.

De igual manera, es necesario reconocer que la transformación de las instituciones públicas y la modernización de la legislación vigente en el país son tareas inacabadas, sobre todo cuando se trata de reformas estructurales de hondo calado y trascendencia, deben realizarse con enorme cuidado y teniendo en cuenta la opinión de todos los sectores de la sociedad.

De tal manera, la pretensión de este proyecto es establecer un nuevo sistema electoral que genere una nueva relación entre representantes y representados, en ese sentido, se debe modernizar el sistema de partidos y que de paso a una nueva relación de equilibrios en el Congreso, es pues la oportunidad de continuar el diálogo democrático que representan las instituciones electorales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

DECRETO

UNICO.- Se reforman los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, al Fiscal para la Atención de Delitos Electorales y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y al Fiscal para la Atención de Delitos Electorales, en el ámbito de su competencia. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

El Ministerio Público y la Fiscalía para Delitos Electorales podrán considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público, la Fiscalía para Delitos Electorales, y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

Artículo 41. …

I. Los partidos políticos nacionales y locales son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos locales podrán participar exclusivamente en las elecciones de las entidades para las que la ley les otorgue el registro correspondiente.

Los partidos políticos nacionales y locales tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, estatal y del Distrito Federal, según corresponda, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Los partidos políticos nacionales y locales podrán participar en las elecciones mediante coaliciones y candidaturas comunes, en los términos que se señale la ley. Para tal efecto, los ciudadanos tendrán derecho a elegir al partido político de su preferencia de manera individual.

II. La legislación garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos, sus precampañas y campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

a) El financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos que hayan emitido su voto en las elecciones próximas pasadas, por el setenta por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior

El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los particos políticos nacionales en los estados de la República y de los partidos locales, se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos que hayan emitido su voto en las elecciones próximas pasadas en la entidad federativa por el setenta por ciento del salario mínimo diario vigente que corresponda. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección local de diputados correspondiente inmediata anterior.

En el caso elecciones locales, el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año que se elija Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, será de la cantidad que resulte de el financiamiento correspondiente a una elección presidencial entre 300, multiplicado por el número de distritos electorales federales que contenga el estado en que se celebrarán las elecciones; cuando sólo se elijan alcaldías y jefes delegacionales, diputados y asambleístas del Distrito Federal, el cálculo del financiamiento público para la obtención del voto se realizará de la misma manera, tomando como base el financiamiento que corresponda a una elección federal en la que solo se elijan diputados federales.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Para el caso de que la autoridad competente determine que el partido político, coalición o el candidato que haya obtenido el mayor número de votos en la elección de que se trate, rebasó los límites a las erogaciones permitidas para las campañas electorales se sancionará conforme a los términos previstos en la legislación.

III. Los partidos políticos nacionales y locales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

La ley establecerá el mecanismo para garantizar a los partidos políticos locales su acceso permanente a los medios de comunicación social.

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las instituciones, a los propios partidos o a las personas.

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto NacionalElectoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión que resulten violatorias de la ley.

V. La organización de las elecciones federales y de las entidades federativas es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un comisionado Presidente y diez comisionados electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los comisionados del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales.

El comisionado Presidente durará en su cargo seis años. Los comisionados electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.

De darse la falta absoluta del comisionado Presidente o de cualquiera de los comisionados electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

El comisionado Presidente y los comisionados electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización superior de la Federación.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el comisionado presidente y los comisionados electorales tanto del Consejo General como de los Consejos Locales, del Distrito Federal y Distritales del Instituto Nacional Electoral, el Contralor General y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; y quienes encabecen los órganos desconcentrados del Instituto, no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.

Los comisionados del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Comisionado por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de los integrantes de los ayuntamientos y Jefes Delegacionales, de diputados a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputados federales senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales y locales estará a cargo del Consejo General del Instituto General Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones. En cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal y podrá realizar funciones de fiscalización de recursos públicos que se hayan destinado indebidamente a partidos políticos, precampañas o compañas electorales.

Se deroga

Se deroga

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos en la elecciónde Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los integrantes de los ayuntamientos, a los Jefes Delegacionales, así como a las fórmulas de candidatos de diputados a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputados federales y senadores. Asimismo, hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley; la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley, así como la asignación de los diputados de las entidades federativas y miembros integrantes de los ayuntamientos por el principio de representación proporcional conforme a las Constituciones locales y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XX …

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada y delitos en materia electoral.

XXII a XXIX-Q…

XXIX-R. Para expedir las leyes que regularán a los partidos políticos; así como la organización y desarrollo de las elecciones en el ámbito federal y de las entidades federativas, de conformidad con las reglas y principios establecidos esta Constitución;

XXX. …

Artículo 76. …

I. a IV…

V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado y la ley electoral que emita el Congreso de la Unión. El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo Gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere.

Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso.

VI a XII. …

Artículo 99. …

I a III. …

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de la autoridad electoral.

Respecto de las controversias derivadas de la calificación de los comicios, esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V. a IX. …

Artículo 102.

A.…

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, con excepción de los que sean competencia de la Fiscalía para Delitos Electorales; y, por lo mismo, les corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

C) La Ley organizará la Fiscalía General Para la Atención de Delitos Electorales que contará con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. La Fiscalía está encargada de la investigación y persecución de los delitos en materia electoral, conforme a lo que determine la ley.

Para el ejercicio de sus funciones, tendrá las mismas atribuciones que las del Ministerio Público, y por tanto la obligación de observancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución.

La Fiscalía General para la Atención de Delitos Electorales estará presidida por un Fiscal designado por el Senado de la República con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Durará en su cargo siete años improrrogables y sólo podrá ser removido de sus funciones en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser Fiscal General se deberán cumplir los mismos requisitos que para ser Procurador General de la República.

Artículo 105…

f) Los partidos políticos, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales emitidas por el Congreso de la Unión, la Constitución de los Estados o la ley que emita el Gobierno del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de esta Constitución; mientras que los partidos políticos con registro local, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de la Constitución estatal o a ley que emita el Gobierno del Distrito Federal, según corresponda conforme a su registro.

Las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Artículo 116. …

IV. Las Constituciones de los Estados de la República establecerán la duración de las campañas para todos los puestos de elección popular, sin que puedan exceder de noventa días para la elección de gobernador ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las campañas en ningún caso podrán durar menos de cuarenta y cinco días. Las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda.

Lo establecido en el párrafo anterior será regulado conforme a la ley que expida el Congreso de la Unión con fundamento en la fracción XXIX-R del artículo 73 de esta Constitución, garantizando para tal efecto que:

Se deroga

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

a) Los partidos políticos reciban en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establecerá el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes.

b) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias;

c) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;

d) Se fijen las reglas generales para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan.

Se deroga.

e) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; y

f) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos; y

g) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones.

Lo no previsto por la ley referida, se regulará en las Constituciones de los Estados.

VI. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

BASE PRIMERA.- …

V….

a) a e)…

f) Expedir la ley que establezca la duración de campañas, la fórmula de asignación de diputados plurinominales y demás disposiciones pertinentes, acorde a ley que emita el Congreso de la Unión conforme a la fracción XXIX-R del artículo 73 de esta Constitución.

La ley a que se refiere el párrafo anterior deberá de ser aprobada por dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El Congreso de la Unión deberá emitir la ley general que regulará a los partidos políticos, así como la organización y desarrollo de las elecciones en el ámbito federal y de las entidades federativas, y los demás casos a que hace referencia el artículo 73 fracciones XXI y XXIX-R del presente Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir de su entrada en vigor.

Artículo Tercero.- El Congreso de la Unión, conforme a la ley general a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto deberá disponer lo necesario para la creación del Instituto Nacional Electoral, sujetándose a lo siguiente:

a) La Cámara de Diputados, una vez que entre en vigor la ley general a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, deberá llevar a cabo, en un plazo que no podrá exceder de ciento veinte días naturales, la convocatoria y elección, por las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha Cámara, de los comisionados electorales que habrán de integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

b) En la convocatoria a que hace referencia el numeral anterior se deberá hacer mención de la conformación escalonada del Instituto Nacional Electoral, para lo cual, por única ocasión, los comisionados que habrán de integrar dicho instituto serán designados de la siguiente manera:

i) Elegirá como comisionados electorales a los consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de este Decreto, que concluirían su período el 30 de octubre de 2016, para el mismo plazo.

ii)Elegirá como comisionados electorales a los consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de este Decreto, que concluirían su período el 14 de diciembre de 2020, para el mismo plazo.

iii) Elegirá a tres comisionados electorales que terminarán su mandato el 15 de diciembre de 2018.

iv) Elegirá a tres comisionados para un período de nueve años.

c) Los actuales consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en sus cargos hasta en tanto la Cámara de Diputados dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

d) En tanto se integra el Instituto Nacional Electoral que se crea en virtud del presente Decreto, conforme a lo dispuesto en este artículo, continuará en funcionamiento el Instituto Federal Electoral, con las atribuciones que le otorga el Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo Cuarto.-Con la entrada en vigor de la ley general a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, quedará abrogado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el Instituto Federal Electoral se transformará en Instituto Nacional Electoral, para lo cual todos los recursos financieros, materiales y patrimoniales, así como los trabajadores adscritos a dicho Instituto pasarán a formar parte del nuevo Instituto Nacional Electoral.

El personal del Instituto Federal Electoral que con motivo del presente Decreto deba ser objeto de cambios en su adscripción de trabajo, conservará sus derechos laborales.

Artículo Quinto.-Los procesos electorales federales o locales que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

Artículo Sexto.-El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regule el funcionamiento y organización de la Fiscalía General para la Atención de Delitos Electorales, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, y una vez que haya entrado en vigor la ley respectiva, el Senado de la República deberá designar al Fiscal.

Artículo Séptimo.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de noventa días naturales, posteriores a la expedición de la ley general a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto para reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y adecuarlo a las disposiciones contenidas en la citada ley.

Artículo Octavo.- Los Congresos de los estados deberán reformar sus respectivas constituciones, a fin de adecuarlas a las disposiciones contenidas en la ley general que para tal efecto emitirá el Congreso de la Unión, en un plazo que no deberá exceder de noventa días naturales posteriores a su entrada en vigor.

Artículo Noveno.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá expedir la legislación secundaria o reformar la ya existente para adecuarla a lo que disponga la ley general que expida el Congreso de la Unión, así como al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en un plazo que no deberá exceder de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la citada ley.

Artículo Décimo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

México, Distrito Federal, a 15 de mayo de 2013.

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. Luis Alberto Villarreal García”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Villalobos Seañez. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Se le concede el uso de la tribuna la Diputada Aleida Alavez Ruiz, a nombre propio y de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

1Schedler, Andreas. «The Nested Game of Democratization by Elections.» International Political Science Review, 2002: 103-122.

2Einsenstadt, Todd A. «Thinking Outside the (Ballot) Box: Informal Electoral Institutions and Mexico's Political Opening.» Latin American Politics and Society, 2003: 25-54.

3Epstein, Gil S., y Raphaël Franck. «Campaign Resources and Electoral Success: Evidence from the 2002 French Parliament Elections.» Public Choice, 2007: 469-489.

4Partin, Randall. «Assessing the Impact of Campaign Spending in Governor's Races.» Political Research Quarterly, 2002: 213-233.

5Stratmann, Thomas. «How Prices Matter in Politics: the Returns to Campaign Advertising.» Public Choice , 2009: 357-377.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION VII Y ADICIONA UN ANTEPENULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Presentada por la C. Diputada Aleida Alavez Ruiz, a nombre propio y de la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, señor Presidente.

El Congreso de la Unión solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 23 de enero de 2013, mediante un punto de Acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, un informe completo, detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado estados y municipios y la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue que este órgano desconcentrado se encuentra impedido legalmente para complementar el requerimiento realizado por la Comisión Permanente, en los términos formulados.

Ante ello, que es una obstrucción al Congreso de la Unión en el ejercicio de sus funciones y compromiso de cara a la nación, para ejercer un adecuado diagnóstico real de las condiciones de la deuda pública, se requiere establecer los mecanismos adecuados para garantizar la transparencia y defensa del interés público.

Con esta herramienta se contará con un insumo fundamental que permitirá fincar, en su caso, responsabilidades de los gobiernos de las entidades federativas, municipios, de los integrantes del sistema financiero, así como de las calificadoras crediticias por sus malos manejos y la comisión de probables delitos que comentar en perjuicio del erario.

En ese sentido, se hace imperioso plantear un cambio en el acceso a las solicitudes de información en materia de empréstitos federales y locales, para que el Congreso de la Unión tenga la capacidad de un poder vigoroso y respetado.

El derecho a la privacidad, manifestado a través del secreto financiero o bancario está protegido por la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16, primer párrafo, de la Carta Magna, en su vertiente de derecho a la privacidad o intimidad, sin embargo, este derecho se encuentra delimitado por la protección que debe darse a otros bienes o derechos constitucionalmente resguardados, como de interés colectivo.

Históricamente el Congreso y las Legislaturas locales, han estado impedidas para acceder a información de la Deuda Pública, como fue en el famoso FOBAPROA, creado en 1990 y por el cual a finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana. Entre otras reacciones, la crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores.En medio de un ambiente de crispación el Congreso, al analizar las operaciones realizadas en el FOBAPROA, tuvo la graciosa concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los legisladores acordaran citar a esos funcionarios y ex funcionarios públicos, empresarios y banqueros para esclarecer supuestos fraudes antes y durante el rescate bancario.

En este tenor, es urgente que el Congreso no tenga impedimentos legales para que se conozca el monto real de la deuda de estados y municipios, pues es un problema que se ha desatendido, pese a que puede poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero mexicano. El Banco de México ha reconocido que hay algunos bancos pequeños expuestos por deudas de estados y municipios, lo que puede generar un riesgo sistémico. Por eso se debe obligar a los bancos a informar al Poder Legislativo, con quién contrata deuda y en qué condiciones.

Con esta reforma se podrá continuar el proceso de fortalecimiento de la función legislativa en materia de rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno, se permitirá avanzar en la modernización de las instituciones para fortalecer la democracia y el desarrollo de México.

Si aspiramos a un Estado plenamente legal, fiscal y administrativamente eficiente y adoptar el camino de la modernidad se deben enfrentar viejas limitaciones de la decisión y gestión gubernamental. Dejar atrás la tentación patrimonialista, las tendencias centralistas, el descuido del recurso y bienes públicos, construyendo nuevas políticas públicas que fortalecen las instituciones democráticas del país y vigorizar así la función del Poder Legislativo.

No puede haber reforma financiera, ni fiscal, sin plena transparencia del manejo de los recursos públicos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“C. SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La Diputada Aleida Alavez Ruiz y la Senadora Dolores Padierna Luna,integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII y adiciona un antepen Ultimo párrafo al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para eliminar el secreto bancario en las deudas federales, estatales y municipales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Planteamiento del problema

El Congreso de la Unión solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 23 de enero de 2013, mediante un punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, “un informe completo, detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado con estados y municipios, y en ambos casos sus organismos descentralizados, qué porcentaje representan esos créditos de sus operaciones totales, qué características de tasa y plazo contienen, garantías, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos, a fin de que la citada Comisión pueda rendir dicho informe al Congreso de la Unión, como plazo máximo el día 6 de febrero de 2013”. Y la contestación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el día 6 de febrero del 2013, fue que “este Órgano Desconcentrado se encuentra impedido legalmente para cumplimentar el requerimiento realizado por la Comisión Permanente, en los términos formulados”.

Ante dicho impedimento legal, que imposibilita al Congreso de la Unión el ejercicio de sus funciones y compromiso de cara a la nación, para ejercer un adecuado diagnóstico que genere las leyes que necesita este país, además de rendirle cuentas a sus electores, pero sobre todo para evitar la simulación y la impunidad a fin de establecer los incentivos adecuados para que se responsabilice a las entidades federativas, municipios, integrantes del sistema financiero y calificadoras crediticias a que asuman los costos de sus inadecuadas decisiones e incluso de las faltas que cometan, es que se hace imperioso plantear un cambio en el acceso a las solicitudes de información en materia de empréstitos federales y locales, para que el Congreso de la Unión tenga la capacidad de ser un Poder vigoroso y respetado en el país.

II. ARGUMENTOS

En las actividades mercantiles se ha buscado la reserva, el sigilo, la cautela y siempre garantizando los derechos privados de los actores económicos. Hay en la regulación mercantil, normas que reflejan la necesidad del secreto en actividades comerciales, como lo es el denominado secreto comercial, artículos 42 y 43 del Código de Comercio.

Su fundamento constitucional no es manifiesto explícitamente, pero se infiere de la fracción II del artículo 6 y del 16 Constitucional, al tratarse de derechos humanos:

“CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Título Primero

Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios ybases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. al

VII……………………………………………………………………………………………

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

…………………………………………………………………………………………………

Asimismo la Corte se ha pronunciado en ese sentido, pero también ha puesto límites a esa secrecía:

“[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Agosto de 2008; Pág. 57

SECRETO FINANCIERO O BANCARIO. COMO DERECHO A LA PRIVACIDAD ESTA PROTEGIDO POR EL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PERO CON LAS LIMITACIONES DERIVADAS DE LA NECESIDAD DE SALVAGUARDAR OTROS BIENES O DERECHOS QUE LA MISMA CONSTITUCION ESTABLECE.

Las garantías individuales encuentran sus límites en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de modo directo y de manera indirecta o mediata en la legislación ordinaria, por la necesidad de preservar otros derechos o bienes protegidos constitucionalmente. De acuerdo con ello, si bien el secreto financiero o bancario está protegido por la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16, primer párrafo, de la Carta Magna, en su vertiente de derecho a la privacidad o intimidad, se encuentra delimitado por la protección que debe darse a otros bienes o derechos constitucionalmente resguardados, como es el de los bancos o instituciones de crédito, de los usuarios o de las sociedades de información, a tener conocimiento del historial crediticio de sus clientes o deudores a fin de realizar las operaciones propias de su objeto.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 134/2008. Marco Antonio Pérez Escalera. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez”.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, el secreto bancario es necesario para preservar la privacidad de las personas, pero tiene excepciones de actos administrativos que se deben razonar y fundamentar, como se muestra a continuación:

TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Julio de 2011; Pág. 310

SECRETO BANCARIO. EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO NO VIOLA LA GARANTIA DE PRIVACIDAD.

El citado precepto si bien regula el secreto bancario, también establece excepciones, lo cual muestra que no es absoluto, por más que sea parte del derecho a la vida privada del cliente o deudor, habida cuenta que el supuesto de excepción está acotado a que: a) la petición provenga de autoridades hacendarias federales; b) ello se haga por intermedio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y, c) sea para "fines fiscales", expresión que debe entenderse en el sentido de que la información esté vinculada con la investigación, fiscalización o comprobación de las obligaciones fiscales del titular, cliente o deudor de las entidades bancarias en su condición de contribuyente, a lo cual debe sumarse que la petición, por así exigirlo los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, debe cumplir con las garantías de legalidad y debida fundamentación y motivación, además de estar avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ese sentido, el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, al establecer como excepción la petición de información de las autoridades hacendarias federales por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales, no viola la garantía de privacidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se trata de una facultad arbitraria, sino de un acto administrativo que debe razonar y fundamentar que es para "fines fiscales".

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 860/2011. Carlos Juan Villanueva Virgen. 8 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

Históricamente el Congreso y las Legislaturas locales, han tenido impedimento para acceder a información de la Deuda Pública, como fue en el famoso FOBAPROA, creado en 1990 y por el cual “a finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana. Entre otras reacciones, la crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores. Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos y los ahorradores no hubieran podido disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva, por lo que el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna”. Sin que el Congreso pudiera ejercer sus funciones de control y en el que la revelación de nombres de los principales beneficiarios del Fobaproa provocó acusaciones de violación al secreto bancario por parte de la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Gobernación. Siendo "inconstitucional" que se pretendiera transformar en deuda pública los débitos de empresarios y banqueros. Y el Congreso al analizar las operaciones realizadas en el Fobaproa, tuvo que tener la graciosa concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los legisladores acordaran citar a altos funcionarios y ex funcionarios públicos, empresarios y banqueros para esclarecer supuestos fraudes antes y durante el rescate bancario. Con el documento "Fobaproa: El gran atentado contra la economía. Alternativas para impedirlo", el Partido de la Revolución Democrática reafirmó su negativa a convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa, exigiendo castigo a funcionarios y empresarios que incurrieron en malos manejos, apoyar sólo a pequeños y medianos ahorradores, restringir inversión extranjera y fijar un mecanismo permanente de supervisión a los bancos.

Se necesita que el Congreso no tenga impedimentos legales para que se conozca el monto real de la deuda de estados y municipios, pues es un problema que se ha desatendido, pese a que puede poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero mexicano. El Banco de México ha reconocido que hay algunos bancos pequeños expuestos por deudas de estados y municipios, lo que puede generar un riesgo sistémico. Por eso se debe obligar a los bancos a informar al PoderLegislativo, con quién contrata deuda y en qué condiciones.

Si aspiramos a un estado plenamente legal, fiscal y administrativamente eficiente y adoptar el camino de la modernidad se deben enfrentar viejas limitaciones de la decisión y gestión gubernamental. Dejar atrás la tentación patrimonialista, las tendencias centralistas, el descuido del recurso y bienes públicos, construyendo nuevas políticas públicas que fortalezcan las instituciones democráticas del país y vigorice la función del Poder Legislativo, evitando la desilusión de los ciudadanos y el demérito y golpeteo de los poderes fácticos a los representantes del pueblo y de los estados, que minan la democracia de México.

Para ello, se propone reformar la fracción VII y adicionar un antepenúltimo párrafo al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que se elimine el secreto bancario en las deudas federal, estatal y municipal.

Con esta reforma se podrá continuar el proceso de fortalecimiento de la función legislativa en materia de rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno, se permitirá avanzar en la modernización de las instituciones para fortalecer la democracia y el desarrollo de México.

Por lo anterior, y con fundamento enel artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos la iniciativa con proyecto de Decreto para expedir reformas y adiciones a diversas disposiciones al tenor del siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo Unico. Se reforma la fracción VII y se adiciona un antepenúltimo párrafo al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

TITULO SEXTO

De la Protección de los Intereses del Público

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 117.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades:

I a Vl………………………………………………………………………………........…………

…………………………………………….........………………………………………………….

VII. El Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente, sus Mesas Directivas, Juntas de Coordinación Política y Comisiones Ordinarias de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados y Cámarade Senadores; las Legislaturas de los Estados, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de sus órganos de gobierno, respecto del endeudamiento de la federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal, los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, y de los organismos públicos, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea alguna de los entes públicos citados. Y la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales;

VIII. al IX……………………........……………………………………………………………….

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Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.

Las restricciones contenidas en el párrafo anterior no serán aplicables, respecto a la información que se proporcione al Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en materia de deuda pública de lafederación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y de los organismos públicos, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea alguno de los entes públicos citados, la cual por su naturaleza pública, podrá ser publicitada.

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TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones jurídicas que contravengan o se opongan a la presente reforma quedan derogadas.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Suscriben

Dip. Aleida Alavez Ruiz.- Sen. Dolores Padierna Luna”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada Alavez Ruiz. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Se le concede el uso de la tribuna el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 39 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor Presidente; compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

La iniciativa va en el sentido de poder ampliar los periodos de sesiones del Distrito Federal.

Como saben, el periodo de sesiones ordinarias, es el nombre que recibe el lapso fijado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los reglamentos del Congreso, para que los órganos legislativos sesionen a partir de cumplir con las funciones parlamentarias.

En el ámbito parlamentario, tradicionalmente se presenta la existencia de dos periodos ordinarios de sesiones; es el caso de nuestro país y de otras naciones como Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela.

En otros Estados únicamente existe un periodo ordinario de sesiones; no obstante su duración es, en muchos casos, superior a las de nuestro país o los países que mencionamos. En otros, hay un periodo de sesiones, como es en Argentina, Paraguay y Uruguay, pero que en promedio dura nueve meses.

En el caso de los países europeos, los periodos ordinarios son igualmente amplios, muchos de ellos exceden el lapso promedio de los países latinoamericanos, en el cual llega a ser hasta de 11 meses, como es el caso de Inglaterra.

Ahora bien, en lo que respecta al Distrito Federal, la Constitución Política señala que será el Estatuto de Gobierno quien establezca la duración de los dos periodos de sesiones de la Asamblea Legislativa, en este sentido, el artículo 39 indica, que iniciará un primer periodo de sesiones del 17 de septiembre al 30 de diciembre, y otro segundo, del 15 de marzo al 30 de abril.

El lapso descrito de los periodos ha estado sujeto a diversas críticas, entre una de las más importantes reformas que necesita el Distrito Federal para transformar la ciudad de México en una entidad federativa eficiente y con una vida política y ciudadana más vigorosa, es precisamente la extensión de los periodos legislativos.

La teoría del derecho parlamentario determina que un órgano legislativo con periodos de sesiones breves, obliga a sus integrantes a discutir de forma acelerada y bajo presión sus trabajos, debilitando así, en muchas ocasiones, el marco normativo que generan.

En México, en virtud de lo dispuesto originalmente por la Constitución Política de 1917, hasta hace no muchos años, era uno de los países con los periodos ordinarios más cortos, resultando evidente que esta duración es insuficiente para hacerle frente a los retos exigidos en el mundo moderno que plantea temas tan dinámicos como la migración, la seguridad, la protección de los derechos humanos, la integración económica, entre muchos otros que aquí conocen perfectamente bien.

En el contexto de la ciudad de México, es una necesidad impostergable un lapso mayor para el debate político, de las ideas que tiendan a mejorar la realidad de la población del Distrito Federal, por lo cual debemos, todos los integrantes del Congreso de la Unión, hacer uso de las facultades conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto los relativos a los artículos 70, 71, 72 y 122 para hacer más extensos los periodos de sesiones del órgano legislativo de esta ciudad.

En este sentido, proponemos que se reforme el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que la Asamblea Legislativo amplíe sus periodos de sesiones, donde el primero de ellos inicie el 5 de septiembre y concluya el 20 de diciembre, excepto cuando el Jefe de Gobierno inicie su encargo, en cuyo caso sesionará hasta el 31 del mismo mes; y el segundo, comience el 1 de febrero y concluya el 30 de abril.

Con ello, las sesiones ordinarias del órgano legislativo local se extenderían cada año a un total de seis meses y medio en sustitución de los cinco meses que dura el año legislativo ordinario en la actualidad. Es decir, un mes y medio más.

Resulta evidente que la Asamblea Legislativa debe asumir un papel muy más activo, ya que solo en su seno es posible armonizar la pluralidad política y social del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito, Ernesto Núñez Aguilar, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO que rEFORMA eL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El período de sesiones ordinarias, es el nombre que recibe el lapso fijado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los Reglamentos del Congreso, para que los órganos legislativos sesionen a fin de cumplir con las funciones parlamentarias.

Los legisladores deben reunirse en los tiempos indicados por la ley, en este sentido, siempre que lo hagan en esos términos se considerará periodo ordinario, cuando las reuniones tengan lugar fuera de las fechas establecidas en las normas, se denominará periodo extraordinario.

Durante los periodos de sesiones, los parlamentarios deben ocuparse del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten, y de la resolución de los demás asuntos de su competencia conforme a las atribuciones precisadas en las Leyes y la Constitución Federal, cuyo objeto sea regular la función legislativa.

En el ámbito parlamentario tradicionalmente se presenta la existencia de dos períodos ordinarios de sesiones; es el caso de nuestro país y de otras naciones como Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela.

En otros Estados únicamente existe un periodo ordinario de sesiones; no obstante su duración es, en muchos casos, superior a la de los países en los que se consideran dos periodos de sesiones. En Argentina, Paraguay y Uruguay, existe un solo periodo de sesiones pero en promedio se sesiona durante nueve meses.

En el caso de los países europeos, los períodos ordinarios son igualmente amplios, muchos de ellos exceden el lapso promedio de los países latinoamericanos, por ejemplo, la duración conjunta de los períodos de sesiones en España, alcanza los nueve meses, mientras que en Inglaterra el Parlamento sesiona casi durante todo el año.

Los primeros antecedentes de los períodos de sesiones ordinarias en México, fueron los descritos en los artículos 104 y 106 de la Constitución de Cádiz de 1812; ya que el primero disponía que las reuniones de las Cortes serían todos los años en la capital del reino y, el segundo, señalaba el inicio y duración del período de sesiones del 1º de marzo al 31 de mayo.

Posteriormente, ya en el México independiente, la Constitución de 1824, en sus artículos 67 y 71, contempló un período ordinario de sesiones, del 1º de enero de cada año al 15 de abril, con la posibilidad de ser prorrogado hasta por 30 días, esto en caso de juzgarlo necesario el Congreso General o a petición del Presidente de la Federación.

La Constitución Política de 1857, en su artículo 62, fue la primera en establecer dos períodos ordinarios de sesiones, el primero, del 16 de septiembre al 15 de diciembre, sin la posibilidad de prorrogarse y, el segundo período, del 1º de abril al 31 de mayo1.

No obstante, el texto original de la Constitución de 1917 contempló un solo período ordinario de sesiones (Art. 65 y 66), que daría inicio el 1º de septiembre y duraría el tiempo que fuera requerido para tratar los asuntos concernientes a la revisión de la cuenta pública, el examen, discusión y aprobación del presupuesto, así como de los impuestos necesarios para cubrirlos y, por último, para conocer de las iniciativas de ley que se le presentaran. Dicho período ordinario de sesiones tenía como fecha límite el 31 de diciembre del mismo año.

En el año de 1977 se modificaron los referidos artículos 65 y 66 constitucionales. Las transformaciones consistieron en asignarle una competencia genérica al Congreso, en lugar de una detallada respecto a su régimen de sesiones.

En septiembre de 1993 se presentó una nueva reforma, la cual estableció dos períodos ordinarios de sesiones, el primero del uno de septiembre al 15 de diciembre y excepcionalmente al 31 de diciembre cuando el Presidente de la República iniciará su encargo y; el segundo, del 15 de marzo al 30 de abril.

Posteriormente, en el año de 2004 se aprobó constitucionalmente, ampliar el segundo período ordinario de sesiones para que éste diera inicio en el mes de febrero.

Ahora bien, en lo que respecta al Distrito Federal, la Constitución Política señala que será el Estatuto de Gobierno quien establezca la duración de los periodos de sesiones de la Asamblea Legislativa, en este sentido, el artículo 39 indica que iniciará un primer periodo del día 17 de septiembre al 30 de diciembre, y otro segundo, del 15 de marzo al 30 de abril.

El lapso descrito de los períodos ha estado sujeto a diversas críticas, concluyendo que una de las más importantes reformas que necesita el Distrito Federal para transformar a la Ciudad de México en una entidad federativa eficiente y con una vida política y ciudadana más vigorosa, es la extensión de los períodos legislativos.

La teoría del Derecho parlamentario determina que un órgano legislativo con periodos de sesiones breves, obliga a sus integrantes a discutir de forma acelerada y bajo presión sus trabajos, debilitando, en muchas ocasiones, el marco normativo que generan.

México, en virtud de lo dispuesto originalmente por la Constitución Política de 1917, hasta hace no muchos años, era uno de los países con los períodos ordinarios más cortos, resultando evidente que esta duración es insuficiente para hacerle frente a los retos exigidos en el mundo moderno que plantea temas tan dinámicos como la migración, la seguridad, la protección de los derechos humanos, la integración económica, entre otros.

En el contexto de la ciudad de México, es una necesidad impostergable un lapso mayor para el debate político, de las ideas que tiendan a mejorar la realidad de la población del Distrito Federal, por lo cual, debemos, todos los integrantes del Congreso de la Unión, hacer uso de las facultades conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto los relativos a los artículos 70, 71, 72 y 122 para hacer más extensos los periodos de sesiones del órgano legislativo de la Ciudad.

En este sentido, proponemos que se reforme el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que la Asamblea Legislativa amplíe sus periodos de sesiones, donde el primero de ellos inicie el día 5 de septiembre, y concluya el 20 de diciembre, excepto cuando el Jefe de Gobierno inicie su encargo, en cuyo caso se sesionaría hasta el día 31 del mismo mes; y el segundo, comience el día 1º de febrero y concluya el día 30 de abril.

Con ello, las sesiones ordinarias del órgano legislativo local se extenderían cada año a un total de seis meses y medio en sustitución de los 5 meses que dura el año legislativo ordinario en la actualidad.

Resulta evidente que la Asamblea Legislativa debe asumir un papel más activo, ya que sólo en su seno es posible armonizar la pluralidad política y social del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma EL Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

UNICO.- Se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar como a continuación:

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Artículo 39.- La Asamblea se reunirá a partir del 5 de septiembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 20 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Jefe de Gobierno del Distrito Federal inicie su encargo, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año y a partir del 1° de febrero de cada año, para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su Publicación Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Posterior a la aprobación de la presente reforma y a la entrada en vigor del presente Decreto, se promoverán las reformas a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de realizar las modificaciones correspondientes.

Dado en la Cámara de Senadores sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Suscribe

Dip. Ernesto Núñez Aguilar”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Nuñez Aguilar. Se turna a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

1Con la reforma de 1874 a esta Constitución, el primer período ordinario de sesiones se podría prorrogar hasta por 15 días.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara: Señor Presidente, le pedimos que haga la inscripción, del conjunto de la iniciativa, en el Diario de los Debates.

Esta iniciativa, compañeros de la Permanente, la suscribe el Diputado Alberto Anaya y un servidor.

Y qué nos motiva presentarla: Sin duda, el derecho de proteger la vida, el patrimonio nacional y el medio ambiente, enfocándonos particularmente en el cuidado de la seguridad vial en las carreteras del país.

Años atrás ya, los mexicanos y mexicanas han sido víctimas de un sinnúmero de accidentes de traileres con doble remolque que transportan cargas que exceden el peso y dimensiones autorizados por los estándares internacionales, los mismos que en México son legales y de uso obligatorio.

Ya inclusive la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte ha elaborado estudios sobre los accidentes de traileres en general y la conclusión ha sido la suspensión de unidades doblemente articuladas al ser 32 veces más peligroso que un trailer de un solo remolque.

En los últimos 40 años, la red carretera del país ha crecido tan solo en un 30% y el parque vehicular se ha incrementado en el orden de 700 u 800%, convirtiendo a las vías generales de comunicación en grandes estacionamientos y carreteras con mucho riesgo.

Podríamos seguir ampliando la motivación de esta iniciativa, pero intentamos subrayar, el motivo de que México cuenta con una Policía Federal deficiente en materia de transportes, que escudándose tras la tutela de extorsión no controlan velocidad, peso, dimensiones, operadores con ingesta de alcohol o drogas, etcétera.

En caso de emergencia, un tráiler con 80 toneladas de peso requiere más del triple de distancia para detenerse, a diferencia de si cargara un peso de 25 toneladas.

Los accidentes fatales donde cinco estudiantes y un catedrático de la UNAM, perdieron la vida en la carretera federal México-Toluca y el accidente en donde murieron 44 personas, entre ellas cinco menores de edad, jornaleros que viajaban con sus familias a trabajar a otra entidad ocuparon los estelares de los medios de comunicación por varios días, tal fue la preocupación y el sentimiento de culpabilidad que la propia SCT modificó la Norma 012, beneficiando la seguridad vial.

En días recientes el titular del Ejecutivo Federal ha dado instrucciones a las autoridades en la materia, a esclarecer los hechos relacionados a la explosión de una pipa de gas del día 7 de mayo del presente año, en la carretera México-Pachuca, en Xalostoc, a la altura del kilómetro 14, donde finalmente, todavía las noticias de hoy, nos narran un muerto más, 25 personas fallecidas a causa de este gravísimo accidente.

El exceso de velocidad y el peso de la unidad que transportaba el combustible, fueron las causas principales de este fatal accidente.

Irónicamente, compañeros y compañeras Diputados, Senadores, después de este incidente el gobierno del Estado de México urge modificar la Norma 012 que regula las dimensiones del transporte de carga en carreteras.

Una vez más, "después de ahogado el niño, quieren tapar el pozo".

Por todos es conocido ya el descontento de la sociedad, por la circulación de este tipo de vehículos.

Y cabe destacar que no existe una fracción que puntualice la prohibición de la circulación de los camiones con doble remolque en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en cuyo artículo 50 contempla los permisos para el autotransporte de carga.

Es por eso, que estamos promoviendo en esta iniciativa, que en el proyecto de Decreto, en el artículo 50, se enfatice, concretamente, que:

Quede estrictamente prohibida la circulación de camiones con doble remolque o que sobrepasen un máximo de 22 toneladas de peso en su carga. En el caso de los camiones, el peso de la carga no podrá exceder de un máximo de 22 toneladas y la longitud de dichas unidades no deberá exceder los 22 metros.

Nosotros queremos subrayar, que ya esta iniciativa la presentó el PT, y la Cámara de Diputados, la Comisión de Transporte, la desechó lamentablemente.

Y se argumenta, que es un tema técnico, y que las actuales disposiciones reglamentarias y normativas que las definen, las caractericen pesos, dimensiones y tipo de figuraciones, deben cumplir y hacer cumplir los vehículos de carga ya se encuentran contemplados en la Ley.

Culmino diciendo que nosotros consideramos que esto no es así, no podemos interferir en la construcción de normas reglamentarias sancionadas por el Ejecutivo, en efecto, pero no obstante en el objeto, en la presente iniciativa no se pone a discusión el que se trate de modificar el reglamento o norma oficial, sino más bien de incluir a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal la obligatoriedad por la que debe sujetarse el autotransporte con las características señaladas en la modificación legal.

Es todo, y muchas gracias.

Iniciativa

“El suscrito, Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A través de esta iniciativa, se propone proteger el derecho fundamental de más envergadura para el ser humano, que es la vida, así como proteger el patrimonio nacional y el medio ambiente, enfocándose particularmente en el cuidado de la seguridad vial en las carreteras del país.

Años atrás, las mexicanas y los mexicanos han sido víctimas de un sinnúmero de accidentes de tráileres con doble remolque que transportan cargas que exceden el peso y dimensiones autorizadas por los estándares internacionales, los mismos que en México son legales y de uso obligatorio.

Se tiene que reconocer que el sector industrial, a través de la producción en las fábricas, cementeras, fundiciones y diversos comercios ha logrado que se impulse el sector transporte y con ello lograr que ambos campos puedan cumplir sus objetivos y producir mayor riqueza, más no es justificable que se lo haga a costa de la vida de miles de mexicanos, que se convierten en víctimas de atropellos por parte de vehículos que en las carreteras exceden el peso en toneladas permitido.

El 90 por ciento del autotransporte de carga transporta bienes e insumos conforme a lo estipulado en la norma 012 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, sin embargo hay quienes no han entendido el daño que se produce a la Nación al cargar más de lo permitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) o al solicitar al transportista el uso del doble remolque.

La Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte ha elaborado estudios sobre los accidentes de tráileres en general y la conclusión ha sido la suspensión de unidades doblemente articuladas al ser 32 veces más peligroso que un tráiler con un solo remolque.

En los últimos 40 años, la red carretera del país ha crecido tan sólo en un 30 por ciento y el parque vehicular se ha incrementado en el orden de 700 u 800 por ciento, convirtiendo a las vías generales de comunicación en grandes estacionamientos.

Al transportar más peso del permitido el tracto camión circula a una velocidad de 10 o 20 kilómetros por hora en subidas pesadas, esto representa un peligro constante, ya que un automóvil o un autobús que viaja a 110 kilómetros por hora no alcanza a detenerse en un alcance en curva, además por su sobrepeso causa el deterioro de las vialidades urbanas y rurales que son destrozadas.

Se presentan casos muy concretos en las carreteras de México-Puebla, México-Toluca, México-Cuernavaca, que incluso son autopistas, es común observar dos o tres unidades de camiones con doble remolque y exceso de peso. Esto incide en que exista una larga fila de unidades que no puedan rebasarlos, peor aún cuando hablamos de carreteras de dos carriles y siete metros de ancho.

Poza Rica-Tulancingo es otra de las carreteras donde es imposible rebasar los tráileres con doble remolque que indebidamente circulan por esa carretera, provocando que el recorrido de un automovilista, autobús o tráiler con un solo remolque se incremente hasta en una o dos horas, consumiendo el doble de combustible y en caso de accidente llegan a romper tuberías y drenajes que con la fuga y desperdicio de agua empieza a humedecer el pavimento y por tanto a romperse fácilmente.

El calentamiento global es un problema real y actual, cuyo principal detonante es la contaminación; en México lamentablemente no se ha resuelto nada para contrarrestarlo, mientras que en otros países los pesos y dimensiones se respetan y se manejan los estándares internacionales que ayudan a mejorar la viabilidad y reducir la contaminación.

Una expedición ecologista rusa que llegó a México denunció en mayo del presente año la severa contaminación en las carreteras de México. El líder de la expedición, Dimitri Merkulov, destacó que en su recorrido de 15.000 kilómetros encontró una gran diferencia entre la viabilidad de las carreteras canadienses y estadounidenses con las de México, en las cuales encontraron una gran cantidad de tráfico vehicular y accidentes en las autopistas.

En la administración de Vicente Fox se hizo el estudio sobre la problemática del transporte y en especial de los puntos críticos. La Universidad del Transporte de Texas elaboró dicho estudio a un costo millonario, que en sus conclusiones subrayó la inhabilidad del exceso de peso y más aún del doble remolque.

En la Semana de la Seguridad Vial que se celebró en México del 9 al 13 de mayo de 2011, en la cual participaron 170 países de Iberoamérica, el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, dio a conocer que México ha gastado en servicios de salud para reparar miles de accidentes en ciudades y carreteras más de 130 mil millones de pesos al año, cifra que duplica el presupuesto federal asignado a la SCT.

Además México cuenta con una Policía Federal deficiente en materia de transportes, que escudándose tras la tutela de extorsión no controla velocidad, peso, dimensiones, operador de alcohol.

En un caso de emergencia por alguna de las causas ya citadas, un tráiler con 80 toneladas de peso requiere más del triple de distancia para detenerse, a diferencia de si cargara un peso de 25 toneladas; si la maniobra requiere de un movimiento brusco existe el riesgo de que el remolque de la parte de atrás en la coleada jale la unidad y que el operador no la controle, lo que termina desencadenando una volcadura o el arrastre a su paso de los vehículos pequeños, acto que ocurre con frecuencia.

Los accidentes fatales donde cinco estudiantes y un catedrático de la UNAM perdieron la vida en la carretera federal México-Toluca y el accidente donde murieron 44 personas entre ellas 5 menores de edad- jornaleros que viajaban con sus familias a trabajar a otra entidad ocuparon los estelares de los medios de comunicación por varios días, tal fue la preocupación y el sentimiento de culpabilidad que la propia SCT modificó la norma 012, beneficiando la seguridad vial.

En 2010 el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, decidió frenar la circulación del transporte de doble remolque, materiales y residuos peligrosos que circulaban por las principales vías de la ciudad y municipios conurbados, de inmediato sufrió el acoso de la Asociación Nacional del Transporte Privado y algunas empresas socias de esta entidad que trataron de manipularlo, el gobernador priorizando la seguridad vial y la protección a la vida, fue firme en su determinación y el resultado ha sido desde entonces la reducción considerable de accidentes y la pérdida de vidas, además de un ahorro considerable cerca de los 50 millones de pesos en el mantenimiento carretero.

Por si fuera poco, en días recientes el Jefe del Ejecutivo Federal ha dado instrucciones a las autoridades en la materia, a esclarecer los hechos relacionados a la explosión de una pipa de gas del día 7 de mayo del presente año, en la carretera México-Pachuca a la altura del kilómetro 14, donde finalmente se reportaron 24 personas fallecidas a causa de este gravísimo accidente.

El exceso de velocidad y del peso de la unidad que transportaba el combustible, fueron las causas principales de este fatal accidente.

Irónicamente, compañeras y compañeros diputados, después de este incidente el Gobierno del Estado de México urge a modificar la norma 012 que regula las dimensiones del transporte de carga en carreteras.

Una vez más, “después de ahogado el niño quieren tapar el pozo”.

Por todos es conocido el descontento de la sociedad por la circulación de tráileres con doble remolque y la manipulación a las autoridades por los grandes industriales agrupados en asociaciones de transporte privado. Es importante hacer un alto a pequeños grupos de industriales que pretenden frenar la seguridad vial, utilizando a la industria y comercio del país con la desmedida búsqueda de ganancias en un corto plazo.

Cabe destacar que no existe una fracción que puntualice la prohibición de la circulación de los camiones con doble remolque en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en cuyo artículo 50 contempla los permisos para el autotransporte de carga y que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 50. El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal.

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo general. Los términos y condiciones a los que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere el permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta ley y los reglamentos respectivos.

Respecto del contenido de la presente iniciativa, es pertinente comentar que la misma ya fue presentada por nuestro Grupo Parlamentario, posteriormente discutida y dictaminada por la Comisión de Transportes donde lamentablemente se desechó por considerar, por un lado, que no es competencia de la Cámara de Diputados dictaminar sobre disposiciones que forman parte de las facultades reglamentarias del Ejecutivo Federal.

Por otra parte, se argumenta que por tratarse de un aspecto técnico, las actuales disposiciones reglamentarias y normativas que las definen, con la especialidad que se requiere, además de los aspectos técnicos, las características de peso, dimensiones y tipo de configuraciones que deben cumplir los vehículos de carga, ya se encuentran contempladas.

Correctamente consideramos que las disposiciones que se propongan desde cualquier cede del Poder Legislativo, no puede interferir en la construcción de las normas reglamentarias sancionadas por el Ejecutivo, no obstante, en el objeto de la presente iniciativa no se pone a discusión el que se trate de modificar el reglamento o norma oficial directamente, sino más bien de incluir en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la obligatoriedad por la que debe sujetarse el autotransporte con las características señaladas en la modificación legal.

Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de Decreto, para quedar como sigue:

Artículo Unico.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 50. ...

...

Queda estrictamente prohibida la circulación de camiones con doble remolque o que sobrepasen un máximo de 22 toneladas de peso en su carga. En el caso de los camiones, el peso de la carga no podrá exceder de un máximo de 22 toneladas y la longitud de dichas unidades no deberá exceder los 22 metros.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Huerta Ladrón de Guevara. Se turna a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse conforme a la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta correspondiente.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Presentada por el C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La experiencia internacional revela que es difícil que un país mantenga un proceso continuo de desarrollo y de reducción de la pobreza si no se basa en una ampliación de sus capacidades productivas. A su vez, si se quiere avanzar en ese proceso es necesario crear las condiciones para que parte de las iniciativas creativas de la sociedad se transformen en emprendimientos productivos y empresariales, aptos para poner en uso los potenciales productivos del país, generar riqueza y empleo, aportando valor a la sociedad. El crecimiento económico se revela, por tanto, como una condición necesaria para avanzar de forma efectiva en la lucha contra la pobreza.

En tal sentido, adquiere importancia, la comparación entre economías avanzadas y de América Latina al arrojar un nítido contraste en materia del costo de entrada al mercado de nuevas empresas. La experiencia de los países más desarrollados indica que la fortaleza institucional, los programas de fomento al sector productivo, el sistema educativo y de ciencia y tecnología, las condiciones macroeconómicas, el tamaño del mercado y el acceso y calidad del financiamiento, entre otros elementos, inciden significativamente sobre las características y capacidades de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) (Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Lazonick, 2008).

Es así, como la interrelación virtuosa entre estos factores facilita la existencia de PyME con capacidades para generar innovaciones radicales, que contribuyan al dinamismo de la economía. Aunque en los países de menor desarrollo relativo también se encuentra este tipo de empresas, su presencia es más esporádica, y en su remplazo suele surgir una actividad empresarial que se caracteriza por su escaso dinamismo y pocas innovaciones. Estas tienen mayores dificultades para contribuir a cerrar las brechas tecnológicas y de competitividad.

Porque, en la mayoría de los países, las PyME, representan casi la totalidadde las empresas, y constituyen una parte sustancial del Producto Interno Bruto (PIB) y de la fuerza laboral. Sin embargo, las PyME generalmente se quedan atrás frente a las empresas más grandes en muchas dimensiones del desempeño. Principalmente, se cree que esto resulta de las restricciones que confrontan las PyME, incluyendo el acceso al financiamiento, una débil capacidad gerencial y laboral, la falta de capacidad para aprovechar economías de escala en la producción y una mala información sobre oportunidades del mercado, nuevas tecnologías y métodos de organización del trabajo.

En muchos casos también son afectadas por tipos de cambio reales no competitivos, procedimientos burocráticos muy complicados para establecer, operar y hacer crecer un negocio, y por restricciones en el clima de inversiones que son más pesadas para ellos que para sus contrapartes más grandes. Consecuentemente, muchas PyME siguen siendo pequeñas, no pueden exportar y tienen costos de transacción más altos y mayores tasas de fracaso en sus emprendimientos (Banco Mundial 2007).

La relación entre crecimiento y reducción de la pobreza es de doble dirección, ya que no sólo la ampliación de las capacidades productivas, a través de un denso tejido económico y empresarial, puede contribuir a una más sostenible e intensa reducción de la pobreza, sino también la apertura de oportunidades de progreso material a los sectores más pobres y vulnerables, a través de una política redistributiva de ingresos y activos, puede amplificar las posibilidades de crecimiento. Al incrementar el número de sectores sociales que se implican en la promoción de emprendimientos productivos o que participan en la producción a través de un empleo digno, se estará haciendo un uso más pleno e integral de las potencialidades productivas de un país, alentando su crecimiento y bienestar social.

Por otra parte, los resultados de la encuesta Evolución del Financiamiento a las Empresas durante el Trimestre Octubre – Diciembre de 2012 publicados por el Banco de México indican que las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas fueron proveedores y banca comercial.

En particular, el financiamiento sigue siendo una de las principales problemáticas para las PyME, y las principales fuentes de financiamiento calificadas por oferente reportadas a Banco de México por las empresas fueron: proveedores con 83.2 por ciento de las empresas, banca comercial con 36.2 por ciento de las empresas, otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz con 27.3 por ciento del conjunto, bancos domiciliados en el extranjero con 6.5 por ciento de las empresas encuestadas, emisión de deuda con 2.3 por ciento de las empresas, y bancos de desarrollo con 4.8 por ciento de las mismas (la suma de los porcentajes es superior al 100%, debido a que una empresa recurre a diferentes fuentes de financiamiento).

Cadenas Productivas es un programa a cargo de NAFIN y creado para apoyar las necesidades de financiamiento de las PyMEs proveedoras de grandes empresas (EPO´s), entidades del Gobierno Federal o Estatal, permitiendo reducir costos de transacción, una participación masiva de la PyMEs y favoreciendo la competencia entre bancos. Se fundamenta en el financiamiento a través de factoraje. Entre el 2007 y 2010, Cadenas productivas representó más del 28% del total del saldo de crédito al sector privado, sin embargo es insuficiente dada la necesidad real de las PyMEs.

Así pues,la relevancia de la calidad del gasto público por sus efectos sobre el desarrollo económico y social viene remarcada por el importante peso cuantitativo que tiene hoy el sector público en la economía, interfiriendo, correctamente o no, los procesos de creación y distribución de la riqueza, y uno de los grandes retos que existe para las políticas de competitividad es realmente evaluar el impacto que han tenido los diversos programas del gobierno federal sobre las empresas atendidas.

Finalmente, la evaluación permitirá: i) Incrementar el bienestar social permitiendo un mejor balance de las políticas económicas y sociales, ii) propiciar el crecimiento económico y bienestar de los consumidores al alentar la competencia y la innovación, iii) reducir o eliminar los costos innecesarios derivados de las regulaciones, iv) mejorar la eficiencia y eficacia de los tres órdenes de gobierno a través de reformas administrativas, v) organizar y clarificar los marcos legales y regulatorios, vi) la conveniencia de fortalecer, eliminar o modificar programas.

ARGUMENTACION

El desempeño económico de México durante los últimos 20 años no ha estado a la altura de sus posibilidades, si se compara con el dinamismo de otras economías emergentes. Si México no consigue elevar de forma considerable su tasa de crecimiento a largo plazo, llevará varias generaciones lograr una convergencia con los niveles de vida de otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Las PyME pueden transformarse en agentes importantes del cambio estructural y del aumento de la productividad. Un esfuerzo de esta naturaleza requiere de un cambio de enfoque en las políticas públicas hacia las mismas, y para que sean efectivas, se necesita una mayor coherencia, articulación y coordinación entre las políticas de infraestructura, la provisión de servicios y las políticas sectoriales. En particular, las políticas en los ámbitos de financiamiento, competencias y formación, sistemas de innovación y difusión tecnológica, y las políticas de articulación productiva pueden ayudar a las PyME a superar sus barreras.

Para que un país tenga éxito en su desempeño competitivo en la economía global, requiere empresas y sectores que sean capaces de contender favorablemente en ella. En parte, el éxito de éstas deriva del clima de negocios que priva en la economía (leyes y regulaciones, las ventajas comparativas, la disponibilidad de insumos a costos competitivos, la estructura económica y de competencia dentro de los sectores, etcétera.), pero también deriva, de la escala, tecnología y destrezas de las mismas empresas y su capacidad para generar valor económico en los mercados en que participan. En suma, para definir el éxito de las empresas, cuentan tanto las condiciones del entorno como las capacidades de las empresas.

Como mencioné, el financiamiento sigue siendo una de las principales problemáticas para las PyMEs, y propiciar un menor financiamiento (proveedores con 83.2 por ciento) y mejorar el flujo de las PyME es indispensable para permitir la generación de mayor rentabilidad, proyectos y mejores empleos. En ese sentido considero conveniente crear un programa de reconocimiento a aquellas empresas públicas y privadas que cubran sus compromisos con proveedores PyME en un lapso de 30 días naturales como máximo, en donde por lo menos el 30% de sus proveedores también sean PyMEs.

Los emprendimientos dinámicos generan más y mejores empleos y aportan al crecimiento del PIB. Se trata de empresas nuevas de alto impacto para la economía, generalmente innovadoras, que necesitan junto a un ambiente de negocios apropiado, servicios financieros particulares. Éstos son aún incipientes en nuestro país. Tanto el sector público como el privado tienen que evolucionar constantemente para que los esfuerzos constituyan una verdadera diferencia que transforme vía el emprendimiento el panorama de nuestra sociedad.

En esa diferenciación de servicios financieros particulares, el buró de crédito integra y proporciona información previa al otorgamiento de crédito y durante la vigencia del financiamiento. De esa manera, da a conocer la capacidad y oportunidad de pago de personas y empresas, es decir, el historial crediticio positivo o negativo, y considero conveniente seguir fortaleciendo y mejorando el acceso al crédito por parte de las empresas, diferenciando el riesgo conforme al perfil de los mismos y su historial crediticio en las Sociedades de Información Crediticia, pues el riesgo de crédito y de contraparte se puede analizar en forma diferente y esta fuente de información serviría de base en el otorgamiento de una tasa de interés más cercana a la particularidad del riesgo implicado, exceptuando la generalidad.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto  por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Artículo Unico.- Se reforman los incisos c) y e) de la fracción II del artículo 4, el artículo 7, las fracciones V y IX del artículo 10, el último párrafo del artículo 11, la fracción X del artículo 22; y se adicionan un inciso j) a la fracción II del artículo 4, un segundo y tercer párrafos a la fracción IX del artículo 10, un párrafo segundo a la fracción VI y las fracciones XI y XII del artículo 12, las fracciones XI y XII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 22 de la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, para quedar como sigue:

Artículo 4.-…:

I. …:

Incisos a) al d) …

II. …

Incisos a) y b)…

c) El acceso al financiamiento para las MIPYMES considerando mecanismos diferenciadores en tasa para su beneficio al tomar como referencia el buen historial crediticio en las sociedades de información crediticia, la capitalización de las empresas, incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes;

d) …

e) La compra de productos y servicios nacionales competitivos de las MIPYMES por parte del Sector Público, los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, así como el pago oportuno a estos proveedores MIPYMES, en el marco de la normativa aplicable;

Incisos f) al i) …

j) Mecanismos de gobierno electrónico, simplificación administrativa y fiscal que propicien la reducción de costos para las MIPYMES.

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, considerando diferenciadores en tasa en su beneficio al tomar como referencia el buen historial crediticio en las sociedades de información crediticia.

Artículo 10.- …

Fracciones I a IV …

V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en específico mecanismos de gobierno electrónico, simplificación administrativa y fiscal que propicien la reducción de costos para las mismas.

Fracciones VI a VIII …

IX. …

Se deberá promover también el pago oportuno a proveedores MIPYMES, considerando como tiempo oportuno 30 días naturales y para reconocer el cumplimiento, la Secretaría deberá extender certificado para la utilización de un sello con la leyenda “A FAVOR DE LAS MIPYMES”.

Para la utilización del sello, los beneficiarios, en sus procesos de auditoría, deberán solicitar a los auditores, certifiquen que efectúan sus pagos oportunos a las MIPYMES a 30 días naturales y que también por lo menos el 30% de sus proveedores son MIPYMES.

Artículo 11.- …

Fracciones I a VIII …

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES, considerando mecanismos diferenciadores en tasa en su beneficio, al tomar como referencia el buen historial crediticio en las sociedades de información crediticia.

Artículo 12.-…

Fracciones I a V …

VI.- …

Para tal efecto, deberá presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un apartado específico sobre la evaluación de los programas, para que sea considerado como un apartado específico dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal;

Fracciones VII a X …

XI.- Considerar mecanismos diferenciadores en tasa en beneficio de las MYPIMES, al tomar como referencia el buen historial crediticio en las sociedades de información crediticia.

XII.- Fomentar el pago oportuno a proveedores MIPYMES.

Artículo 22.-….:

Fracciones I a IX …

X. Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de las MIPYMES, considerando mecanismos diferenciadores en tasa en beneficio de las MYPIMES, tomando como referencia el buen historial crediticio en las sociedades de información crediticia.

XI.- Promover el pago oportuno a proveedores MYPIMES.

XII.- Promover la mejora y simplificación normativa en materia de desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en específico mecanismos de gobierno electrónico, simplificación administrativa y fiscal que propicien la reducción de costos para las mismas.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- La Secretaría expedirá la Norma Oficial Mexicana correspondiente sobre los requisitos y condiciones respecto de la expedición del certificado para la utilización de un sello con la leyenda “A FAVOR DE LAS MIPYMES”, para aquellas empresas que tengan como proveedores MYPIMES cuando menos un 30% y cubran sus compromisos de pago en un lapso no mayor a 30 días.

Segundo.-El presente Decreto entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Dip. Luis Antonio González Roldán”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 17 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del PRD)

“Carol Antonio Altamirano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 , fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al tenor de lo siguiente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La alternancia democrática ha dado como resultado que distintas fuerzas políticas hayan accedido a las principales responsabilidades federales.

Con independencia de los resultados de cada gestión, puede identificarse un fenómeno recurrente, sea cual sea el partido político que lo señale o el que esté en el gobierno.

Los principales señalamientos giran respecto de la actuación políticade los delegados federales y por otra parte, sobre deficiencias de los programas federales en cuanto a su opacidad, falta de mecanismos de queja ciudadana e incumplimiento de las limitantes establecidas en las legislaciones electorales estatales.

En ese contexto debe subrayarse la reiterada falta de imparcialidad de los delegados federales, que son cuestionados frecuentemente por intervenir con motivos políticos.

Así podemos identificar que en el 2010, los legisladores del PRI, que actuaban como fuerza opositora, reclamaron con energía la falta de perfil profesional y el conflicto de intereses políticos que se generaba con el nombramiento de personas que tenían vínculos e intereses partidistas, en las entidades donde representaban a la Federación.

Esa queja es la esencia de lo que en la actualidad se señala en el caso de Veracruz. Los funcionarios federales no se limitan a desarrollar sus funciones administrativas sino que usan los recursos a su alcance para tratar de influir en los procesos electorales.

De manera que para dar una solución de mayorprofundidad se requiere, no sólo del cese de los responsables o de la conclusión de las responsabilidades de cada caso sino, ir más allá para tomar medidas que modifiquen el fondo del problema.

ARGUMENTACION

Se propone modernizar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federalcon la intención de mejorar los requisitos que deben reunir las personas que sean designadas como delegados federales y establecer mejores condiciones generales para la operación transparente de los programas.

Las redacciones actuales de la Ley son imprecisas en cuanto a los requisitos profesionales, ambiguas respecto de la experiencia administrativa, y omisas en cuanto al distanciamiento de los cargos partidarios y los puestos de elección popular.

De esta manera, el reto es pasar de un esquema de nombramientos discrecionales a uno acotado por la ley, mejorar los requisitos, tanto para elevar el nivel de profesionalización y especialización, como para tomar distancia de los intereses políticos locales.

Además, se propone crearcondiciones de transparencia en la operación de los programas sociales, mejorando la oportunidad y calidad de la información pública, así como crear mecanismos de queja por parte de la ciudadanía.

Fundamentación legal

Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Denominación del Decreto

Decreto que reformael artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federalpara quedar como sigue:

Ordenamiento a modificar

Artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Texto normativo propuesto

Artículo 17 Bis.

I.

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Contar con antigüedad de al menos tres años al día de su designación, título y cédula profesional en materias correspondientes a las atribuciones que correspondan a la delegación respectiva;

c) Haberse desempeñado, al menos durante tres años, como mando medio o superior en la administración pública federal, estatal o municipal, en responsabilidades afines a las de la delegación correspondiente;

d)

e) No haber sido electo o designado como dirigente de un partido político federal o estatal en la entidad donde se desarrollará la actividad de la delegación objeto del nombramiento, al menos ocho años previos al día de la designación. De igual modo, no haber sido candidato a puesto de elección popular por un partido político local o federal en una circunscripción, distrito o municipio coincidente con la actividad de la delegación federal.

II. ….

III.

a)

b)

i) La integración y las variaciones en su padrón activo, así como los resultados de su evaluación;

ii)

iii) El número de beneficiarios, incluyendo estadísticas generales de la población objetivo, desagregada por entidad federativa, municipio, localidad, edad y género;

iv) El calendario de entrega de apoyos por entidad federativa, municipio y localidad;

v)

c)

d)

e) Establecer y promover ampliamente un mecanismo de atención confidencial, oportuna y accesible para que la ciudadanía pueda denunciar casos de violación a las reglas de operación u otras anomalías que afecten o condicionen su acceso a los programas.

f) Ajustar las actividades de promoción y operación de los programas sociales a las limitantes que establezca la legislación electoral estatal.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo adecuará y publicará las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el cumplimiento del presente Decreto, en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de su publicación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Dip. Carol Antonio Altamirano”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Diputada Loretta Ortiz Ahlf, del grupo parlamentario del PT)

“LORETTA ORTIZ AHLF, DIPUTADA FEDERAL DE LA LXII LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 6, NUMERAL 1, 77 Y 78 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde el Constituyente de 1856- 1857 no se han modificado en lo fundamental las normas constitucionales en materia de celebración de tratados,las normas sobre la materia fueron adoptadas siguiendo el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. Hoy ya no cabe sostener como antaño que el problema delas relaciones entre el derecho interno y el internacional es esencialmente teórico. Los textos constitucionales se han ido abriendo a la enumeración, definición yamparo de los derechos y libertades individuales,o colectivos,subrayando su carácter normativo y la aplicabilidad directa de dichos preceptos. También los procesos de integración y el derecho comercial internacional exigen un replanteamiento del tema y por tanto modificación de las normas constitucionales.

Dentro de este tenor ubicamos que el artículo 89, fracción X, de la Constitución reguló como facultad y deber del Presidente de la República celebrar los tratados, el haber optado por un sistema presidencialista necesariamente llevó a depositar esa función en él. Por lo tanto, conforme al régimen actual dicha facultad es indelegable mediante ley, decreto, acuerdo, orden o poder. Sin embargo, una revisión de los tratados celebrados evidencia que en la práctica son pocos los tratados que son firmados por el Presidente de la República sin existir mucho control del ejercicio de esta facultad que puede poner en riego incluso la soberanía nacional.

Frente a la anterior situación se propone modificar el texto del artículo 89, fracción X, para permitir el ejercicio de dicha facultad mediante el otorgamiento de plenos poderes del Presidente de la República a los funcionarios que deseé que lo representen, en el ejercicio de esta función, sin eximirlo de la responsabilidad que conlleva la celebración de los instrumentos internacionales mencionados.

Aunado a lo anterior se ha privado al Senado de la República de la facultad de que goza de aprobar los tratados de conformidad con el artículo 76, fracción I, con la recienteLey General sobre la Celebración de los Tratados aprobada en la anterior Legislatura, al regular dicha ley a los acuerdos interinstitucionales y los ejecutivos, cuya naturaleza material corresponde a la de tratados por cuanto constituyen instrumentos internacionales regulados por el derecho internacional conforme a misma ley.

Cabe precisar, que con los llamados acuerdos interinstitucionales o ejecutivos se puedan violar disposiciones constitucionales al no quedar sujeta su celebración a la aprobación del Senado. Además como efecto directo, esimposible su incorporación a nuestro sistema jurídico, por cuanto no constituyen ley suprema de toda la Unión de conformidad con el artículo 133, con lo cual,no están obligados a darle cumplimiento en el ámbito interno ninguna autoridad federal o local, ycon ello se puede generar responsabilidad internacional por su inaplicabilidad en territorio nacional y elincumplimiento de obligaciones internacionales vigentes.

Por las razones, antes expresadas, y ante el riego de que resulte inaplicable en nuestro sistema jurídico un tratado conforme a la Convención de Viena sobre del Derecho de los Tratados denominado acuerdo interinstitucional o ejecutivo en la legislación, se propone modificar el texto del artículo 76, fracción I, para sujetar a la aprobación del Senado de la República todo instrumento internacional sin importar la denominación que se le dé a dichos instrumentos, Tratado, Protocolo, Convención, Estatuto o Acuerdo.

Aunada a la problemática de la incorporación de los tratados a nuestro sistema jurídico se encuentra la relacionada con su aplicación y recepción.Debiendoregularse de forma clara las cuestiones vinculadas con los ámbitos de validez de las normas contenidas en los tratados. Dentro de estas cuestiones ubicamos: la entrada en vigor de las normas contenidas en los tratados, las normas de interpretación que le son aplicables y la publicación de dichos instrumentos.

Para lo cual, se sugiere modificar Título Octavo de laConstitución y denominarlo “De los tratados Internacionales”. Título en el que se definiría el término de tratados, la entrada en vigor de dichos instrumentos, las normas de interpretación que le son aplicables y la forma de publicarlos.

Finalmente vinculado con el tema de la supremacía de la Constitución ubicamos la problemática del control constitucional de los tratados, que actualmentees posterior a su celebración, pudiendo dar origen este proceso a la no aplicación del tratado en el ámbito interno y con ello, la correspondiente responsabilidad internacional por la no aplicación del instrumento internacional. Varios países para evitar la celebración de tratados inconstitucionales han adoptado un sistema de control de constitucionalidad previo, dentro de ellos cabe citar a España, Chile, Guatemala, Portugal, Venezuela y Colombia.

Si bien es cierto que el control de la constitucionalidad previsto en el Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es adecuado,resulta necesario completar el sistema, mediante la revisión previa de la constitucionalidad de los tratados celebrados por el Presidente de la República, con anterioridad incluso a la aprobación del Senado. Este recurso tiene por finalidad no incorporar en elorden jurídico interno cualquier norma jurídica contenida en un tratado que sea incompatible con la Constitución.

Por tal motivo, se sugiere una adición, mediante una nueva fracción IV, al artículo 105, con la finalidad de darle competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir una opinión sobre la posible contradicción constitucional de los tratados.La solicitud de opinión a la Suprema Corte se propone que la pueda realizar el treinta y tres por ciento de la Cámara de Senadores.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

PRIMERO. Se reforma el párrafo segundo de la Fracción I del Artículo 76, se reforma la Fracción X del Artículo 89, se reforma la denominación del Título Octavo y el actual Artículo 135, recorriéndose en su orden el actual Título Octavo para pasar a ser Título Noveno que incluye el actual Artículo 135 que pasa a ser Artículo 136 y el actual Título Noveno pasar a ser Título Décimo que incluye el actual Artículo 136 que pasa a ser Artículo 137 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I.…

Además, aprobar los tratados internacionales sin importar la denominación que se les de a dichos instrumentos, como convenciones, estatuto, protocolo o acuerdos, que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar o retirar reservas;

II. aXII. …

Artículo 89.Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a IX. …

X. Dirigir la política exterior y celebrar, terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas, personalmente o a través del representante que el designe, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI.a XX. …

Título Octavo

De los tratados internacionales

135. Tratado es todo instrumento celebrado entre sujetos de derecho internacional y regido por el derecho internacional,sin importar la denominación que se le otorgue.

I. Los tratados entrarán en vigor en la forma y términos que determine el propio instrumento. Las disposiciones de dicho tratado no pueden ser derogadas, modificadas, o suspendidas más que en la forma prevista en los mismos o de acuerdo con las normas internacionales.

II. Los tratados se publicarán en castellano enel Diario Oficial de la Federación después de su entrada en vigor,si el instrumento internacional no seautentica en el idioma castellano, se publicaráademásuna versión auténtica del mismo.

La publicación del tratado hará la mención de los Estados Parte y de las reservas formuladas por los mismos. Una vez publicados oficialmente en México los tratados formaran parte del ordenamiento jurídico, siempre y cuando sean acordes con esta Constitución.

III. Los tratados se interpretarán de buena fe, conforme al sentido corriente de sus términos y dentro de un contexto, que abarca el preámbulo, el texto del tratado, los anexos y los tratados posteriores.

Para interpretar un tratado se utilizará la versión autentica del mismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en caso de dudas sobre la interpretación de un término cuyo texto fue autenticado en varios idiomas se interpretará conforme al sentido corriente de sus términos y habida cuenta del objeto y fin del tratado. Los tratados de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con el artículo 1ºde la Constitución.

Título Noveno

De las Reformas de la Constitución

Artículo 136. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Título Décimo

De la Inviolabilidad de la Constitución

Artículo 137. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.

SEGUNDO. Se adiciona la fracción IV al Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos, para quedar como sigue:

Artículo 105.La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. a III. …

IV. De la opinión de contradicción constitucional de los tratados, cuando así lo requiera el equivalente al treinta y tres por ciento de la Cámara de Senadores, previo a su aprobación por el Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre la constitucionalidad de dichos instrumentos internacionales.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abrogan la Ley sobre la Celebración de Trabados publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992 y la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004.

Dado en la Cámara de Senadores sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Dip. Loretta Ortiz Ahlf”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION XVIII BIS AL ARTICULO 5 DE LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(Presentada por el C. Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe, Diputado Federal Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1 fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a esta soberanía la siguiente iniciativa de Decreto que adiciona una fracción XVIII bis al artículo 5 de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La participación de la ciudadanía en las tareas de gobierno, es un signo distintivo de toda nación democrática, que busca avanzar en una relación más equilibrada entre gobernantes y gobernados, y con ello en el tema de la rendición de cuentas.

En nuestro país, se han hecho esfuerzos para impulsar esta participación ciudadana en muy distintos rubros, y bajo muy distintos intereses y objetivos de la sociedad civil organizada.

En la actualidad, el logro legislativo más claro es la vigencia de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2004.

De acuerdo con su articulado, la Ley busca:

• Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social es señalado en la misma Ley.

• Establecer las facultades de las autoridades que encargadas de aplicar la Ley, así como de losórganos gubernamentales que coadyuvan en ello.

• Determinar las bases sobre las cuales la Administración Pública Federal fomentará las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

• Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con los requisitos legales para ser objeto del fomento a sus actividades.

• Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias, en lo relativo a sus actividades.

De acuerdo con la Ley, entre otros, los derechos de las organizaciones de la sociedad civil, son:

• Inscribirse en el Registro de Organizaciones.

• Participar, conforme a la Ley de Planeación y demás disposiciones jurídicas aplicables, como instancias de participación y consulta.

• Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la Administración Pública Federal, en las áreas vinculadas con sus actividades.

• Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para fomento de las actividades previstas en el artículo 5 de esta ley, establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

• Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, que establezcan las disposiciones jurídicas en la materia.

• Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables.

• Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los convenios o tratados internacionales y que estén relacionados con las actividades y finalidades previstas en esta ley, en los términos de dichos instrumentos.

• Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de su objeto y actividades, en el marco de los programas que al efecto formulen dichas dependencias y entidades.

• Participar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias y entidades, en relación con sus actividades.

Las organizacionescuyo propósito social es objeto de fomento por la Ley son:

• Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud.

• Apoyo a la alimentación popular.

• Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.

• Asistencia jurídica.

• Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

• Promoción de la equidad de género.

• Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad.

• Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural.

• Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.

• Promoción del deporte.

• Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias.

• Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales.

• Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.

• Fomento de acciones para mejorar la economía popular.

• Participación en acciones de protección civil.

• Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley.

• Promoción y defensa de los derechos de los consumidores.

• Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana.

A partir de esta nueva regulación, se ha formalizado el impulso a las actividades que realizan numerosas organizaciones civiles en todo el país, fundamentalmente a través de la asignación de recursos públicos para la realización de las actividades propias de su objeto social, y con el aval del cumplimiento de una serie de requisitos sobre su constitución legal, sobre la realización de sus actividades, la rendición de cuentas, entre otras.

De forma trascendente, los recursos a los que pueden acceder las organizaciones de la sociedad civil al amparo de esta ley, se han incrementado considerablemente. Por ejemplo, a través del rubro fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, en 2006 fueron de 212 millones de pesos y para el 2012 alcanzaron 390 millones de pesos y a través del Programa de Coinversión Social, este año las organizaciones accederán a 1 mil 995.6 millones de pesos para el apoyo a proyectos, actividades y fortalecimiento institucional. El Instituto Nacional de Desarrollo Social, estima que con ello, se beneficia a 6.8 millones de personas en el país.

En este sentido, la presente iniciativa pretende incluir en el catálogo de organizaciones objeto de la Ley, a aquellas organizaciones dedicadas a la captación, búsqueda, localización y recuperación de menores sustraídos o extraviados y de personas desaparecidas.

Lo anterior, ya que este fenómeno se ha vendió recrudeciendo en los últimos años, y hoy constituye un verdadero problema social, que afecta a miles de familias en todo el territorio.

En el rubro de menores de edad, aun cuando no hay solo una única y uniforme fuente de datos, organizaciones civiles enfocadas a este problema, el robo, el secuestro y sustracción ilegal de menores se ha convertido en un problema de gran impacto social.

Dichas organizaciones mencionan que, cada año son robados en México cerca de 20 mil niños, cuyo destino, según estiman autoridades de seguridad y procuración de justicia,puede ser la pornografía, el tráfico de órganos o, en el mejor de los casos, la adopción ilegal.

La dificultad de contar con un solo registro oficial, permite que haya grandes divergencias en cuanto al número real de casos, algunas organizaciones indican que la cifra podría llegar hasta a 500 mil niños robados en 5 años.

La Procuraduría General de la República, informó en 2011, que desaparecen un promedio de 45 mil menores de edad al año. Las edades de los niños desaparecidos son clasificadas de 4 a 12 años y jóvenes de 13 a 18 años. También señaló que la cifra acumulada de 5 años alcanzaba 75 mil niños hasta 2011.

Si bien es cierto, de acuerdo con las mismas organizaciones, el 70% de los casos es por disputas entre familiares por la tutela, existen casos de extravío, y los más crueles, por robo, tráfico de menores con objetivos de explotación sexual, para fines laborales, adopciones ilegales, entre otros.

Por lo que respecta a personas mayores de edad desaparecidas, la Secretaría de Gobernación dio a conocer recientemente, que la cifra de desaparecidos ascendía a 26 mil 121 casos.

De tal suerte, el número de seres humanos extraviados, sustraídos, desaparecidos, secuestrados, no identificados o que han sido víctimas de desaparición forzada en nuestro país se ha incrementado dramáticamente en los últimos años y se ha convertido en uno de los temas a atender más apremiantes de la actualidad.

Si bien es cierto tanto a nivel federal como a nivel estatal existe una red de instituciones públicas y protocolos de investigación y resolución de los casos, también lo es que el número cada vez mayor de incidencias, llevará a una saturación de parte de estas instancias en la pronta y debida atención.

Por lo que la participación organizada de la sociedad en la atención de este creciente fenómeno, es sin duda invaluable y merecer ser reconocido y fortalecido desde todos los puntos de vista.

En este tenor, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ha incluso señalado, que en las investigaciones de desapariciones se solicitará el apoyo de familiares de las víctimas y de Organizaciones No Gubernamentales, toda vez quedada su labor de investigación, incluso tienen información más valiosa que la policía.

De tal suerte con esta inclusión de las organizaciones no gubernamentales cuyo propósito es la atención de casos de menores sustraídos o extraviados y a personas desaparecidas, así como el apoyo a los familiares y hasta la cooperación con las autoridades en la realización de protocolos y procesos legales de búsqueda, como objeto de fortalecimiento dentro de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, estamos ciertos que estaremos contribuyendo al fortalecimiento de estas organizaciones, a su reconocimiento legal y social y fundamentalmente abonaremos a que puedan acceder a mayores beneficios que significa la regulación de esta normativa, incluidos los recursos que cada año pueden recibir del gobierno federal para realizar su trabajo.

Lo anterior, ya que las víctimas de estas circunstancias constituyen un grupo de alta vulnerabilidad, que ve afectados sus derechos, ve mermados sus recursos o su patrimonio al dedicarse a una búsqueda, y ve comprometido su desarrollo personal o familiar ante esta tragedia.

La labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para el Estado mexicano en su conjunto, y dentro de ellas, aquellas que atienden el reclamo de las familias para dar con el paradero de personas desaparecidas, especialmente de niños y jóvenes, debe recibir todo el apoyo de las instituciones del gobierno y de la sociedad en general.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Pleno el presente:

DECRETO

Artículo Unico. Se adicionan una fracción XVIII bis a del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5. …

I.- a XVIII.- …

XVIII bis.- Atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad desaparecidas.

XIX.- …

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Dip. Fed. Víctor Hugo Velasco Orozco”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCION X DEL ARTICULO 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por el C. Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del grupo parlamentario del PAN)

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE.

El suscrito, Diputado Federal Carlos Fernando Angulo Parra, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa que adiciona la fracción X del artículo 9 de La Ley del Impuesto al Valor Agregado, con base en la siguiente:

Objeto: Exentar del pago del IVA de mercancía que es enajenada bajo el régimen de depósito fiscal.

Exposicion de Motivos

El sector manufacturero exportador es un eje fundamental en la estrategia de recuperación y crecimiento de la economía mexicana. Se trata de un sector altamente generador de divisas, un polo atractivo de atracción de IED y un poderoso sector en lo que a generación de empleos se refiere.

Es de vital importancia fortalecer las capacidades de este sector para que ascienda a actividades de mayor valor agregado que garanticen una mayor estabilidad y un crecimiento que dependa en mayor medida de la dinámica económica nacional y, al mismo tiempo, sostengan mejores niveles de competitividad internacional.

Es necesario promover un marco que facilite y agilice el comercio internacional en el sector manufacturero exportador y un sistema fiscal que, en el mismo sentido, simplifique los trámites y facilite el pago de impuestos.

Así, el sector exportador en México ha representado no sólo una importante fuente de empleo, sino un importante sector generador de divisas que han permitido la compra de bienes de capital de alta tecnología necesarios para el fortalecimiento de la producción nacional en diversos sectores.

Asimismo, el sector externo nacional ha favorecido el crecimiento económico del país mediante la creciente demanda internacional de productos locales.

En este tenor, se han promovido una serie de medidas para simplificar y armonizar los trámites que se agrupan bajo el nombre de facilitación comercial. En el caso de los depósitos fiscales el 30 de diciembre de 1996 se incluyó en la Ley Aduanera la posibilidad de que residentes en el extranjero, ya sea personas físicas o morales, promovieran el régimen de depósito fiscal como uno de los pilares sobre el que se ha sustentado el desarrollo del esquema exportador.

Sin embargo, el esquema no ha evolucionado de forma adecuada y actualmente existe una doble tributación; que, además de entorpecer, encarecer y establecer una serie de sobrerregulaciones que dificultan la actividad comercial y desincentivan la inversión, resultan ilegales como se hace patente en diversas resoluciones y argumentos en las tesis ofrecidas por distintos Tribunales Federales de Justicia Fiscal y Administrativa. Entre los cuales destaca que la Ley del IVA considera como actos gravables entre otros a la: (i) enajenación de bienes y a la (ii) importación de bienes o servicios (en términos de lo dispuesto por el artículo 1-A, fracción III de la Ley del IVA). En este sentido, si bien es cierto que la referida Ley considera a estos dos actos como diferentes y por lo tanto gravables para este impuesto, también lo es el que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través de las tesis que a continuación se citan, mismas que si bien no son jurisprudencias, ha tomado una postura diferente:

VI-TASR-IX-16 2

“Ley del Impuesto al Valor Agregado. No se actualiza una enajenación en territorio nacional para efectos de dicha ley respecto de mercancías que se encuentran bajo el régimen de depósito fiscal en el almacén general autorizado para ello. Tratándose de mercancía que se encuentra en un almacén general de depósito bajo el régimen referido, se tiene que la misma no ha sido introducida al país en términos de la Ley Aduanera y de la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que no se actualiza una enajenación en territorio nacional. Lo anterior, ya que de los artículos 119 y 120 de la Ley Aduanera se colige que en el caso de mercancías destinadas al depósito fiscal las mismas deben cumplir en la aduana en que se despachen con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a dicho régimen, acompañar el pedimento con la carta de cupo y determinar los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias, sin embargo, dichos impuestos y cuotas, así como los demás impuestos aplicables a la importación definitiva serán causados hasta que la mercancía sea extraída del almacén respectivo con esa finalidad; lo que se relaciona con el artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado del que se desprende que dicho impuesto, respecto de la importación de mercancía que se encontraba en un almacén general de depósito en el régimen de depósito fiscal, se causa cuando la mercancía se extrae del almacén para ser importada, por ser hasta ese momento, que la mercancía se entiende introducida al país; por tanto, si para efecto de enterar el impuesto al valor agregado con motivo de la importación, se estima que tal acto se perfecciona hasta que la mercancía ingresa al país, y para el caso específico de la mercancía que se encuentra en depósito fiscal se estima que la mercancía ha ingresado al país hasta que la misma es extraída del almacén general de depósito, resulta evidente que la introducción de la mercancía al territorio nacional no se perfecciona mientras la mercancía se encuentra en el almacén general de depósito, de modo que es ilegal que en el caso en estudio la autoridad sostenga que dentro del almacén en cuestión se actualizó una enajenación en territorio nacional por la cual el proveedor extranjero que envió las mercancías al almacén debía trasladar impuesto al valor agregado a la actora y que ésta debía retenerlo por disposición del artículo 1-A, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues para efectos de la ley en cita, la mercancía no había sido introducida aún al país de modo que no pudo haber una enajenación en territorio nacional, que es el acto gravado en la fracción I del artículo 1 de la ley referida. En otras palabras, resultaría incongruente que el impuesto al valor agregado por importación se causara hasta que se extrae la mercancía del almacén, por ser ese el momento en que la misma se introduce al territorio nacional, y que se sostuviera que antes de ello, mientras estuvo en el almacén general de depósito, se generó una enajenación en territorio nacional.”1

VI-TASR-IX-17 3

“Ley del Impuesto al Valor Agregado. Objeto del impuesto en la operación jurídica de importación. Legislación vigente en 2003 y 2004. La intención del legislador al crear el impuesto al valor agregado fue la de abolir el impuesto en cascada que se derogó con su promulgación (Impuesto sobre Ingresos Mercantiles) y, además a la naturaleza o ventajas que implicó la introducción de este nuevo impuesto a las ventas, es decir, su neutralidad interior y exterior. Principio de neutralidad que como es de explorado derecho se traduce en evitar las distorsiones que pueden producirse tratándose de mecanismos de impuestos a las ventas que den lugar a múltiple imposición en los consumos, tal como se operaba en el antiguo impuesto sobre ingresos mercantiles, cuando un bien o un producto pagaba varias veces el impuesto con motivo de la transferencia sucesiva. Por ello, el impuesto al valor agregado constituyó una fórmula para privilegiar la neutralidad y la equidad tributaria, porque iguala la carga fiscal de bienes o productos, independientemente del número de etapas por las que haya pasado en su proceso de producción, distribución o comercialización. En el mismo sentido, desde el punto de vista al comercio internacional (importaciones y exportaciones) el impuesto al valor agregado igualmente elimina los efectos de distorsión en la carga fiscal de los bienes y servicios, ya que por un lado se permite liberar totalmente de carga fiscal las exportaciones aplicando la tasa del 0% y, en contrapartida, someter las importaciones a la misma carga que los productos o servicios nacionales, obteniéndose de esta manera una neutralidad en el ámbito de los impuestos indirectos aceptable tanto en el ámbito internacional, como dentro del mercado nacional, entre los productos extranjeros y nacionales. Por ello, si en una operación internacional de importación la autoridad pretende que la importadora retenga el impuesto al valor agregado por la enajenación de la mercancía que se importa, tal determinación resulta ilegal. Lo anterior es así, porque el enajenante-exportador y adquirente-importador, son dos aspectos de un mismo acto jurídico, esto es, por un lado el vendedor o enajenante consistente en el proveedor extranjero de la mercancía (con domicilio en los Estados Unidos de América), y, por otro lado, el comprador o adquiriente, (actora en el juicio), por lo que únicamente debe pagarse el impuesto al valor agregado por la importación de mercancía.”2

Por lo anterior, acorde con las necesidades y retos que se presentan en el ámbito económico y jurídico del país, y atendiendo a la importancia que representan los Almacenes Generales de Depósito como vínculo dentro de la cadena de suministro, facilitando con ello las operaciones de comercio exterior a través del régimen de depósito fiscal, hoy en día se presenta la necesidad de adicionar una fracción X al artículo noveno de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) para preservar la operación que permite la enajenación de bienes declarados bajo el régimen de Depósito Fiscal, por un proveedor en el extranjero a través de los beneficios que otorga dicho régimen.

Es importante señalar que el régimen de depósito fiscal tiene por objeto que: tanto los residentes en el extranjero, como los contribuyentes en territorio nacional, introduzcan sus productos a través de un Almacén General de Depósito autorizado, para utilizarlo como un medio logístico y así mantener suspendido el pago de impuestos hasta la extracción de las mercancías del almacén, lo que ha facilitado y fomentado el comercio exterior en nuestro país.

Asimismo, debe enfatizarse que a través de este esquema, los productores, fabricantes o comercializadores nacionales pueden disponer de las mercancías que se encuentran en el Almacén General de Depósito bajo un régimen suspensivo de forma inmediata, evitando retrasos en sus procesos por falta de materias primas o productos terminados, beneficiando también la estabilización del nivel de empleo y per se de la economía nacional.

Los Almacenes Generales de Depósito, reciben en depósito fiscal mercancía de personas físicas o morales residentes en el extranjero, comúnmente denominado proveedor extranjero, que buscan distribuir sus productos en México, o bien, reexpedir las mercancías a otros países, sin necesidad de establecer un domicilio en territorio nacional, de hecho, la enajenación se realiza en el extranjero y la mercancía se surte en territorio nacional, lo cual contribuye a la promoción de nuestro país como plataforma logística.

Bajo este procedimiento es que las empresas importadoras mexicanas extraen la mercancía destinada al régimen de depósito fiscal del Almacén General de Depósito pagando los impuestos generados por la operación de comercio exterior, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que corresponde a dicha importación, así como el derecho de trámite aduanero que genera la operación señalada.

Como se mencionó anteriormente, la compraventa de la mercancía se realiza en el extranjero ya que aunque la mercancía se encuentra físicamente en el Almacén General de Depósito, la factura es expedida por el residente en el extranjero concretándose así la enajenación y no en territorio nacional, obteniéndose de esta forma los beneficios del régimen de depósito fiscal, el cual se dispuso como un régimen destinado a facilitar el comercio, creando una plataforma logística para la importación o exportación definitiva.

Este régimen es considerado como un régimen de diferimiento en el pago de impuestos, constituido para que antes de realizar la operación definitiva se emplee la plataforma logística y con ello lograr un esquema que incentive las actividades productivas vinculadas al comercio exterior.

Sin embargo, por interpretaciones de las autoridades fiscales se ha pretendido cobrar un doble impuesto al valor agregado, que se observa de la siguiente forma:

1. El generado por la importación, el cual es pagado debidamente en todos y cada uno de los pedimentos de extracción que derivan del pedimento de depósito fiscal.

2. El generado por la enajenación que debe retenerse por el importador; lo que a todas luces resulta improcedente ya que, como se ha venido señalando, la compraventa no se realiza en territorio mexicano por lo que en ese sentido no se actualiza el supuesto para el cobro del IVA y por ende no existe obligación de trasladarlo y retenerlo.

Cabe aclarar que desde los inicios de esta operación, la autoridad no había determinado créditos fiscales y no es, sino hasta el año de 2007 cuando los determina afectando a los importadores nacionales y agravando el riesgo de que México deje de ser la plataforma logística que ha venido construyendo.

En términos generales, el esquema de esta figura permite que el proveedor extranjero venda y facture la mercancía en su domicilio en el extranjero con el objeto de exportar sus productos a bajo costo y así, distribuirlos en territorio mexicano, con ello se favorecen las operaciones de comercio exterior y se facilitan las relaciones comerciales internacionales. Con este esquema se acercan las fronteras de manera virtual, y se evita de este modo que las inversiones mexicanas se lleven a cabo en los Estados Unidos de Norte América como anteriormente sucedía.

Es importante señalar la importancia que posee esta plataforma logística para el desarrollo económico de nuestra nación, más en un contexto como el que ha quedado de manifiesto al inicio de esta exposición de motivos.

Según antecedentes de esta operación de 2004 a 2008 se realizaron poco más de 50,000 operaciones a través de las cuales el proveedor en el extranjero enajenó mercancías utilizando el régimen de depósito fiscal con un valor en aduana de $42,799´760,620.00 (Cuarenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Nueve Millones Setecientos Sesenta Mil Seiscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.), por lo que el importador mexicano ha enterado al fisco federal por concepto de impuestos $2,982,659.00 (Dos Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)

En resumen, la operación pretende que los residentes en el extranjero efectúen la enajenación de sus mercancías desde su lugar de origen introduciendo sus productos en el territorio nacional a través del Almacén General de Depósito y utilizando a éste como un medio logístico para su distribución e internación, suspendiendo con ello el pago de impuestos hasta la extracción del almacén, lo que ha facilitado y fomentado el comercio exterior en nuestro país.

Como se mencionó anteriormente ante la interpretación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la autoridad en uso de sus facultades de comprobación ha determinado a partir de 2007 créditos fiscales al importador mexicano bajo el criterio de que la enajenación de las mercancías se realiza en territorio nacional, lo cual además de afectar a la operación que se comenta, afecta al importador en virtud de que al ser éste únicamente retenedor y no causante del impuesto, le impide su acreditación.

Al respecto debe reflexionarse a cerca de nuestras leyes fundamentales, pues estructuran el sistema fiscal mexicano sobre los principios de justicia, equidad y proporcionalidad, de las contribuciones, evitando que se cause doblemente el IVA, en las mercancías que se encuentran destinadas al régimen de depósito fiscal, tanto cuando son vendidas por quien las declaró a este régimen como por quien las extrae del mismo para su importación definitiva.

Además, debe considerarse como fundamento de la adición que se plantea, lo establecido por la fracción V del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que no se constituye establecimiento permanente cuando un residente en el extranjero destina bienes o mercancías al régimen de depósito fiscal en un almacén general de depósito, o hace entrega de estas, para su importación al país.

En ese sentido, atendiendo a que el principio de equidad debe de interpretarse como la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo impuesto; los que en tales condiciones, deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a las hipótesis de causación, excepción, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pagos etc.; es que procede aplicar el no pago del Impuesto al Valor Agregado por la enajenación de mercancías extranjeras en depósito fiscal ya que de otra forma la Ley tributaria únicamente favorece a los sujetos que se ubican en el supuesto a que se refiere el artículo noveno, fracción IX y último párrafo del citado ordenamiento legal, rompiéndose con ello el principio de equidad.

Ello es así en razón de que el precepto legal invocado prevé la exención del Impuesto al Valor Agregado en la enajenación de bienes únicamente para la industria automotriz y programas de maquila autorizados bajo el régimen temporal o de depósito fiscal, así como para el recinto fiscalizado estratégico, existiendo en ese sentido una evidente discriminación al esquema de depósito fiscal en Almacén General de Depósito.

También resulta necesario prever las repercusiones económicas en caso de que se elimine el esquema logístico que ofrece el régimen de depósito fiscal, ya que primeramente desaparecerán: los Almacenes Generales de Depósito autorizados para recibir las mercancías a dicho régimen, la pérdida de empleos que se crean a su amparo, los ingresos y egresos de importadores y almacenes en territorio nacional que lo utilizan y el pago de impuestos que se realiza por la adquisición y compra de mercancías.

Bajo este supuesto, la inversión extranjera nuevamente se concentrará en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de Norte América, en virtud de que en ese país no se causa el IVA y podría darse un efecto en la pérdida de empleos en el territorio nacional.

Ante la realidad de una enajenación que de hecho se realiza en el lugar de residencia del proveedor extranjero es necesario prever que existen altas posibilidades de que el esquema logístico que ofrece el régimen de depósito fiscal quede en desuso, o bien, se elimine ante la interpretación que realizan las autoridades fiscales.

Por lo anterior, es necesario adicionar al artículo 9° de la Ley de IVA la exención del pago del impuesto al valor agregado de mercancía que es enajenada bajo el régimen de depósito fiscal en un Almacén General de Depósito, para con esto brindar seguridad jurídica a los usuarios del régimen y crear un ambiente confiable que facilite la relaciones comerciales internacionales; de lo contrario, se estará provocando como ya quedó asentado, la extinción del régimen de depósito fiscal al destruir el esquema de distribución de mercancías que los residentes en el extranjero han utilizado durante varios años.

Asimismo, es importante reiterar que para el caso concreto no se cumple con el principio de equidad, ya que el citado precepto artículo 9° de la Ley del IVA prevé la exención del Impuesto al Valor Agregado en la enajenación de bienes únicamente para la industria automotriz y programas de maquila autorizados bajo el régimen temporal o de depósito fiscal, así como para el recinto fiscalizado estratégico, existiendo en ese sentido una evidente discriminación al el esquema de depósito fiscal en Almacén General de Depósito.

En consecuencia proponemos la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción X del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado Artículo Único. Se adicional la fracción X del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Capítulo II De la enajenación

Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

IX. ...

Fracción X. En la enajenación de mercancías extranjeras, que se encuentren declaradas y depositadas bajo régimen de depósito fiscal por un residente en el extranjero en un almacén general de depósito”.

TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

C. Dip. Fed. Carlos Fernando Angulo Parra”.

1 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3229/08-06-01-1. Resulto por la Primera Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de abril de 2009, por unanimidad de votos. Magistrado Instructor: Francisco Cárdenas Elizondo. Secretaria: Licenciada Daniela Méndez Chávez”. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Noticias Fiscales. Número 4. Diciembre 2009.

2 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3229/08-06-01-7. Resuelto por la Primera Sala Regional de Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de abril de 2009, por unanimidad de votos. Magistrado Instructor: Francisco Cárdenas Elizondo. Secretaria: Licenciada Daniela Méndez Chávez”. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Noticias Fiscales. Número 4. Diciembre 2009.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PROMOVER LA IGUALDAD Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE DIVERSAS ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

“Sen. Ernesto Cordero Arroyo
C. Presidente de la Mesa Directiva
H. Camara de Senadores
Presente.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PROMOVER LA IGUALDAD Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIVERSAS ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esta famosa frase de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada hace más de sesenta años marca el origen de una nueva era en los derechos humanos. Un tiempo en el que las personas, por el simple hecho de serlo, tienen el reconocimiento sus derechos fundamentales, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivo alguno.

¡Qué lejos parece el tiempo en el que esa frase se dijo por primera vez y qué triste que la afirmación anterior no sea aun una realidad!

Existen abundantes evidencias de que muchas personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales sufren discriminación por razón de su orientación sexual o identidad de género. Se trata además, de una cuestión global, a escala planetaria. Esta discriminación supone una traba en el desarrollo adecuado de sus derechos humanos. Colocar el problema en estos términos le otorga visibilidad y constituye un instrumento potencialmente útil para tratar de luchar contra este fenómeno y sus devastadoras consecuencias.

En este contexto, la orientación sexual y la identidad de género plantean cuestiones jurídicas clásicas en materia de derechos humanos, como la no discriminación, la igualdad ante la ley y el derecho al respeto de la vida privada, entre otras. Sin embargo, las cuestiones de la orientación sexual y la identidad de género no se limitan a estas cuestiones jurídicas. De hecho, se podrían plantear en relación con todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La experiencia nos enseña que, en determinados contextos, las personas con una orientación sexual diferente no han sido plenamente reconocidas como personas conforme a la ley, un derecho universal y fundamental. En este contexto, las personas se enfrentan a múltiples obstáculos que menoscaban, en razón de su orientación sexual o identidad de género, el derecho a su reconocimiento jurídico, al trabajo, a formar una familia, a la protección social, a la educación, a una vivienda adecuada, entre otros derechos.

A pesar de que en la última década la cuestión de la orientación sexual y la identidad de género ha suscitado un mayor grado de atención y recibido más respuestas jurídicas por parte del derecho y la jurisprudencia internacionales en materia de derechos humanos, determinados aspectos siguen estando insuficientemente desarrollados.

Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos explica:

El argumento en favor de extender a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (personas LGBT) los mismos derechos que gozan todas las demás personas no es radical ni complicado. Se basa en dos principios fundamentales que sustentan las normas internacionales de derechos humanos: igualdad y no discriminación.

Las palabras inicial es de la Declaración Universal de Derechos Humanos son inequívocas: “Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Sin embargo, las actitudes homofóbicas sumamente arraigadas, a menudo combinadas con la falta de protección jurídica adecuada contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, exponen a muchas personas LGBT de todas las edades y en todas las regiones del mundo a violaciones flagrantes de sus derechos humanos. Se discrimina contra ellas en el mercado laboral, en las escuelas y en los hospitales y en ciertos casos hasta son maltratadas y desheredadas por sus propias familias. En las calles de aldeas y ciudades de todo el mundo son víctimas selectivas de ataques físicos: palizas, golpes, abuso sexual, tortura y asesinato. Y en más de 75 países las leyes discriminatorias tipifican penalmente las relaciones privadas y consentidas entre personas del mismo sexo, exponiéndolas a ser arrestadas, enjuiciadas y encarceladas.

Poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas debido a su orientación sexual e identidad de género es un gran reto en materia de derechos humanos. …

Pese a todas las dificultades, vivimos en una época de esperanza, ya que un número cada vez mayor de Estados reconoce ahora la gravedad del problema y la necesidad de adoptar medidas al respecto. Mediante el compromiso y los esfuerzos conjuntos de los Estados y de la sociedad civil, confío en que veremos los principios de igualdad y no discriminación traducidos en realidad para los millones de personas LGBT de todo el mundo.

No obstante, los instrumentos de derechos humanos existentes resultan insuficientes para evitar la discriminación que sufren las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Como concluye Cristina Amich (2007: 216) las personas homosexuales (y otras minorías sexuales) siguen siendo contempladas como una amenaza a modelos vitales y sociales, y la única forma de conseguir el reconocimiento de derechos humanos de estos grupos -no ya de derechos humanos específicos, sino la universalización efectiva de los ya existentes- es trabajando por la mudanza de las mentalidades.

La iniciativa que hoy presento abona al reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Si bien en su mayoría los derechos enunciados en esta son derechos reconocidos por diversos ordenamientos jurídicos, la necesidad de plantearlos en un ordenamiento específico deriva de la falta de mecanismos y garantías que logren su ejercicio pleno por parte de estas personas. Responde, asimismo, a que la heteronormatividad ha planteado más problemas que soluciones para las personas que no encajan en los estándares regularestrazados en dicha legislación.

A nivel internacional, la reivindicación del principio de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género y el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTTI se ha incorporado al discurso de Naciones Unidas, aunque no ha logrado consenso debido a que hay todavía una cantidad importante de países que tipifica la homosexualidad como un delito.

En principio, las herramientas internacionales de derechos humanos protegen a todo el mundo sin discriminación. Aunque ni la identidad de género, ni la orientación sexual suelen mencionarse explícitamente como razones de discriminación en los tratados internacionales, estos tratados son aplicables a todas las personas gracias a la amplitud de las cláusulas contra la discriminación. En caso del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, esto ha sido recientemente confirmado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que declaró que “se reconoce la identidad de género dentro de las razones prohibidas de discriminación, por ejemplo, aquellas personas que son transgénero, transexuales o intersexuales afrontan a menudo graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso en la escuela o en el lugar de trabajo.”1

El reconocimiento de la orientación y la identidad de género como una de las razones de discriminación universalmente protegidas, también ha sido expresado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 20062:

“Ni la existencia de leyes nacionales, ni la prevalencia de la costumbre pueden justificar en ningún caso el abuso, los ataques, la tortura e incluso los asesinatos de los que personas gays, lesbianas, bisexuales y trans son objeto debido a quiénes son o cómo se percibe que son. Debido al estigma asociado a las cuestiones relacionadas con la orientación sexual e identidad de género, la violencia contra las personas LGBT a menudo no se denuncia, quedando indocumentada y finalmente sin castigo. Raras veces provoca debate público o escándalo. Este vergonzoso silencio es el rechazo final del principio fundamental de universalidad de los derechos humanos.”

Los procedimientos especiales y órganos de tratados de las Naciones Unidas también han aplicado este enfoque a su trabajo. El Relator Especial de las Naciones Unidas de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha puesto de relieve varios casos de asesinatos de personas trans, y el Relator Especial sobre tortura ha documentado abusos graves contra personas trans en los informes de diferentes países. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha enfocado específicamente en el tema de los abusos contra activistas trans. Además, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados ha señalado los problemas que las personas trans encuentran para solicitar asilo político, o para ser reconocidas como refugiadas, por ejemplo en las ocasiones en que las autoridades solicitan a un individuo trans que muestre sus documentos de identidad, y su apariencia física no se corresponde con el sexo indicado en los documentos.3

En un esfuerzo internacional a gran escala para promocionar unos estándares internacionales respecto a orientación sexual e identidad de género, un grupo de personas distinguidas expertas en legislación internacional de derechos humanos, publicó en 2007 Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género. Aunque no se han adoptado oficialmente como un estándar internacional, tanto los cuerpos de la ONU, como varias cortes nacionales y muchos gobiernos ya citan estos principios y los han convertido en una guía para definir sus políticas en la materia. En este sentido, esta iniciativa retoma dichos principios en los que se enuncian una diversidad de derechos, considerándolos como una importante herramienta para identificar la obligación de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todas las personas, sea cual sea su identidad de género.

En 2008, los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos aprobaron de forma unánime una declaración en la que se extendía la protección de los derechos humanos a la identidad de género y la orientación sexual. Tras los encuentros realizados entre la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de Francia, Rama Yade, y el representante de la IDAHO, Louis George Tin, a principios de 2008, Yade anunció su llamamiento en la ONU a favor de la despenalización de la homosexualidad, que fue recibido como una preocupación internacional. Copatrocinada por Francia, que ocupaba en esos momentos la presidencia rotativa de la UE, y Holanda en nombre de la UE, la declaración fue inicialmente propuesta como una resolución, pero al no alcanzar el quórum necesario se decidió utilizar el formato de declaración. La declaración fue leída por el embajador de la Argentina, Jorge Argüello el 18 de diciembre de 2008, siendo esta la primera declaración sobre derechos homosexuales leída en la Asamblea General. Entre los 66 firmantes de la misma se encuentra México.

El 4 de junio de 2012, fue aprobada en la segunda sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU la Declaración AG/RES. 2721 (XLII-O/12) Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género cuyos puntos resolutivos dicen:

1. Condenar la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas a eliminar, allí donde existan, las barreras que enfrentan las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el acceso a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada.

2. Alentar a los Estados Miembros a que, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a causa de orientación sexual e identidad de género.

3. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados Miembros a que fortalezcan sus instituciones nacionales con el fin de prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad, y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.

4. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia, discriminación y violaciones de los derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género.

5. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que preste particular atención a su plan de trabajo titulado “Derechos de las personas LGTBI”, y que prepare el informe hemisférico en la materia, de conformidad con la práctica establecida por la propia CIDH e instar a los Estados Miembros a que apoyen los trabajos de la Comisión en esta materia.

6. Solicitar a la CIDH un estudio sobre las leyes y disposiciones vigentes en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que limiten los derechos humanos de las personas como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género y que, con base en ese estudio, elabore una guía con miras a estimular la despenalización de la homosexualidad.

7. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren, según sea el caso, la firma, ratificación o adhesión de los instrumentos interamericanos en materia de protección de derechos humanos.

8. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

Por su parte, en el año 2008, la Asamblea General de la OEA adoptó, por primera vez en su historia y en el marco del 38º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, una resolución dedicada a los derechos humanos y su vinculación con la orientación sexual e identidad de género, a saber, la [AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08)] “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”. Entre otros puntos, mediante esta resolución los Estados miembros manifestaban su preocupación por los actos de violencia y violaciones de derechos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su orientación e identidad de género. De esta forma, la OEA se anticipó la iniciativa similar en el marco de la ONU.

Entre otros puntos, esta declaración recibía con beneplácito la adopción de la resolución [AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08)] sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género” por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Desde la adopción de la primera resolución dedicada al tema por parte del órgano supremo de la Organización, otras resoluciones sobre la misma materia han sido adoptadas de manera consecutiva en cada periodo ordinario de la Asamblea General. Así, tenemos las resoluciones [AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09)]; [AG/RES. 2600 (XL-O/10)]; y finalmente, la resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11) “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”, adoptada en el último periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, llevado a cabo en San Salvador, El Salvador.

Entre sus puntos resolutivos, destacan los siguientes:

• Condenar la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminación.

• Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad y de género, e instar a los Estados a prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.

• Instar a los Estados para que aseguren una protección adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia, discriminación y violaciones de los derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género.

• Solicitar a la CIDH y al Comité Jurídico Interamericano sendos estudios sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a orientación sexual, identidad de género y expresión de género, y encomendar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que incluya en su agenda la consideración del resultado de los estudios solicitados, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil interesadas, antes del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

En el marco nacional, el 14 de agosto de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional para incluir en el párrafo tercero del artículo primero la prohibición de la discriminación en los siguientes términos:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La definición entre preferencia sexual u orientación sexual es un debate todavía inacabado, sin embargo, los instrumentos internacionales se han decantado por el término orientación sexual –el cual es más correcto de acuerdo con la sexología-. Es por esto que esta iniciativa se presenta en los términos “orientación sexual e identidad de género”. En este sentido y para entender el concepto de identidad de género, es importante distinguir entre la noción de “sexo” y “género”. Mientras “sexo” se refiere, en primer lugar, a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, “género” también incluye el aspecto social de la diferencia entre los géneros en adición al elemento biológico.

La noción de “identidad de género” ofrece la oportunidad de entender que el sexo asignado al nacer puede no concordar con la identidad de género innata que las niñas y los niños desarrollan cuando crecen. Hace referencia a la experiencia de género interna e individual de cada persona, sentida a un nivel profundo, que puede o no corresponderse con el sexo asignado al nacer, e incluye el sentido personal del cuerpo y de otras expresiones de género como la forma de vestir, el habla y los gestos.4

La mayoría de las personas definidas legalmente como hombre o mujer tendrán una identidad de género masculina o femenina acorde. Sin embargo, las personas trans no desarrollan esta identidad de género correspondiente y pueden desear cambiar su estatus legal, social y físico –o partes del mismo- para que concuerde con su identidad de género. Modificaciones de la apariencia o función corporal mediante la vestimenta, medidas médicas, quirúrgicas o de otras formas, suelen formar parte de la experiencia personal del género de las personas trans.

Tanto la noción de género como las formas de expresión de género usadas en la vida cotidiana son elementos importantes para entender los problemas de derechos humanos a los que se enfrentan las personas trans.

En el contexto de las modificaciones Constitucionales al artículo primero, el 11 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma a este artículo que evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, como la de la no discriminación por ningún motivo, incluido el de la orientación sexual.

Asimismo, las reformas constitucionales antes referidas generan la impostergable necesidad de profundizar en el estudio de los tratados internacionales en los que se reconocen derechos humanos y en que el Estado mexicano es parte; por lo cual se ha estimado indispensable hacer del conocimiento público un listado enunciativo, no limitativo, de los instrumentos internacionales de esa naturaleza, clasificados por la materia en que inciden.

La Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas con Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género es un instrumento que recoge los principios constitucionales, pero también que atiende a los más altos estándares internacionales.

Se compone de 53 artículos divididos en cuatro capítulos:

1. El Capítulo Primero denominado “Disposiciones Generales” dispone el objeto, el ámbito de aplicación de la ley, las bases de coordinación y los principios rectores.

2. El Capítulo Segundo denominado “De los Derechos”, de manera enunciativa y no limitativa, ubica los derechos de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género con base, como se ha mencionado en los Principios de Yogyakarta. Estos son: El derecho al disfrute universal de los Derechos Humanos; a la igualdad y a la no discriminación; al reconocimiento de la Personalidad jurídica; a la vida; a la seguridad personal; a la privacidad; a no ser detenida arbitrariamente; a un juicio justo; a ser tratada humanamente cuando se encuentre privada de su libertad; a no ser sometida a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la protección contra todas las formas de explotación y trata de personas; al trabajo; a la seguridad y a otras medidas de protección social; a un nivel de vida adecuado; a una vivienda adecuada; a la educación de calidad; al disfrute del más alto nivel posible de salud; a la Protección contra abusos médicos; a la libertad de opinión y de expresión; a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; a la libertad de movimiento; a solicitar asilo; a formar una familia; a participar en la vida pública; a participar en la vida cultural; a promover los Derechos Humanos; a recursos y resarcimientos efectivos; y, al reconocimiento de la responsabilidad penal por actos de discriminación.

3. El Capítulo Tercero denominado “De la Discriminación, las Formas y Modalidades de Violencia” enuncia la discriminación así como las formas y modalidades de violencia que sufren las personas derivadas de su orientación sexual e identidad de género.

4. El Capítulo Cuarto denominado “De la Distribución de Competencias en Materia de Prevención, Atención y Erradicación de la Discriminación y la Violencia Motivadas por la Orientación Sexual o Identidad de Género de las Personas” dispone las atribuciones y facultades de los diversos ámbitos, ordenes de gobierno y en el ámbito del poder ejecutivo federal, la distribución de competencias a las diferentesinstancias y organismos de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al Pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PROMOVER LA IGUALDAD Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIVERSAS ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO.

Artículo Unico. Se expide la Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas con Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género en los siguientes términos:

LEY GENERAL PARA PROMOVER LA IGUALDAD Y LA PROTECCION

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIVERSAS

ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.

El objeto de la misma es promover en igualdad de oportunidades y de trato la protección de los derechos de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género; así como, prevenir y eliminar todas las formas de discriminación o violencia que se ejerzan contra cualquier persona derivada de su orientación sexual o identidad de género en los términos del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 2.- La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con diversas orientaciones sexuales o identidades de género.

Artículo 3.- La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios y las delegaciones políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a tomar todas las medidas legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales, sociales y culturales o de cualquier otra índole, indispensables, para garantizar el ejercicio pleno de todos y cada uno de los derechos de las personas sin discriminación derivada de su orientación sexual o identidad de género o de un ningún otro tipo.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Diversas Orientaciones Sexuales e identidades de Género.- Las diversas preferencias sexuales, orientaciones, identidades de género, expresiones de rol y demás expresiones entre las que se encuentran el lesbianismo, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, el travestismo, el transgenéro y la intersexualidad;

Persona de diversa orientación sexual e identidad de género.- La persona que exprese tener una orientación sexual o identidad de género diferente a la heterosexual y bastará con la sola admisión de dicha condición para que sea considerado como tal.

Artículo 5.- Todas las acciones afirmativas que se deriven de la presente ley, tenderán a la prevención, la atención y la erradicación de todos los tipos de discriminación y violencia que se ejercen o pudieran ejercerse contra las personas motivados por su orientación sexual o identidad de género durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas los ámbitos de la vida.

Artículo 6.- Los principios rectores para garantizar el respeto de los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones que deberán ser observados en todas las acciones de gobierno y en el diseño e implementación de las políticas públicas federales y locales son los siguientes:

I. La igualdad jurídica entre todas las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género;

II. El respeto a la dignidad humana y la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, de todas las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género;

III. La no discriminación; y,

IV. La libertad de autodeterminación de todas las personas, inclusive en lo que respecta asu orientación sexual o identidad de género.

V. La justicia social;

VI. La igualdad de oportunidades;

VII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la diversidad como una condición humana;

VII. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

IX. La transversalidad; y,

X. Los demás que resulten aplicables.

CAPITULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS

Artículo 7.- Las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica, de discapacidad o de salud, religión, opiniones, estado civil, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.

De manera enunciativa y no limitativa, todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben garantizar en igualdad de condiciones y sin discriminación, a todas las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género, los derechos enunciados en el presente Capítulo.

Artículo 8.- Derecho al disfrute universal de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos.

Artículo 9.- Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección por parte de ésta, de manera que se garantice que no sufrirá de ninguna tipo de discriminación.

Artículo 10.- Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Todo ser humano tiene derecho, en todo el territorio, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida.

La indefinición de la identidad de género, deberá estar contemplada por las legislaciones civiles federal y de las entidades federativas y no se podrá negar la inscripción del registro de nacimiento por esta razón o alguna otra.

La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad.

Todas las legislaciones civiles federal y de las entidades federativas deben contemplar el levantamiento de una nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-genérica, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia, cuando se cumplan las formalidades exigidas por los ordenamientos jurídicos aplicables.

Ningún ordenamiento que regule el levantamiento de una nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-genérica podrá solicitar como requisito la realización de dictámenes médicos o psicológicos.

Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos o psicológicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán facilitar a las personas que hayan obtenido el levantamiento de una nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-genérica, las modificaciones correspondientes en los documentos oficiales solicitadas por éstas.

Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona.

Ninguna persona será sometida a presiones de ningún tipo, para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.

Artículo 11.- Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona podrá ser privada de la vida por ningún motivo, incluyendo la referencia a consideraciones acerca de su orientación sexual o identidad de género.

Artículo 12.- Derecho a la seguridad personal. Toda persona, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tiene derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado frente a todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal que sea cometido por cualquier persona, servidor público, grupo o institución.

Artículo 13.- Derecho a la privacidad. Todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho al goce de la privacidad, sin injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, y el derecho a la protección contra ataques ilegales a su honra o a su reputación. El derecho a la privacidad incluye el derecho a optar por revelar o no información relacionada con la propia orientación sexual o identidad de género, así como las decisiones y elecciones relativas al propio cuerpo y a las relaciones sexuales o de otra índole, siempre que estas sean consensuadas entre personas mayores de dieciocho años de edad.

Artículo 14.- Derecho a no ser detenida arbitrariamente. Ninguna persona deberá ser detenida o privada de su libertad en forma arbitraria. Para estos efectos se considera arbitraria la detención por motivos de orientación sexual o identidad de género, ya sea en cumplimiento de una orden judicial o por cualquier otra razón. Con base en la igualdad, todas las personas que estén en alguna modalidad de detención, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho a ser informadas, en el momento en el que ésta suceda, de las razones de la misma y notificadas del carácter de las acusaciones formuladas en su contra; asimismo, tienen el derecho a ser llevadas sin demora ante el ministerio público o juez competentes; así como a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida, a la brevedad posible sobre la legalidad de su detención.

Artículo 15.- Derecho al debido proceso. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad y con las debidas garantías, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en su contra, sin prejuicios ni discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Artículo 16.- Derecho a que se respeten sus derechos humanos en caso de que se encuentre privada de su libertad. Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. La orientación sexual y la identidad de género son fundamentales para la dignidad de toda persona, por lo que todas las autoridades involucradas en el proceso asegurarán que la detención evite una mayor marginación de las personas con base en su orientación sexual o identidad de género o las exponga al riesgo de sufrir violencia, malos tratos o abusos físicos, mentales, sexuales o de cualquier otro tipo.

Artículo 17.- Derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que el Estado adoptará todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de prevenir, sancionar y erradicar las torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por motivos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, así como la incitación a cometer tales actos, y les brindarán protección contra estos;

Artículo 18.- Derecho a la protección contra todas las formas de explotación y trata de personas. Toda persona tiene derecho a la protección contra la trata, venta y cualquier forma de explotación, incluyendo la explotación sexual, motivadas por su orientación sexual o identidad de género. Las medidas diseñadas para prevenir la trata deberán asegurarse de tener en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas, entre ellos, las diversas formas de desigualdad y de discriminación con base en la orientación sexual o identidad de género, o en la expresión de estas u otras identidades. Tales medidas deberán ser compatibles con los derechos humanos de las personas que se encuentran en riesgo de trata.

Artículo 19.- Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, estable y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración económica.

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias adoptarán las medidas tendientes a erradicar toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y la superación de ésta en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los ámbitos y órdenes de gobierno, por lo que se deberán implementar todos los programas apropiados de capacitación y sensibilización y prevención, a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias.

Artículo 20.- Derecho a la seguridad social. Todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social y a otras medidas de protección social, incluyendo beneficios laborales, licencia por maternidad o paternidad, beneficios por desempleo, seguro, cuidados o beneficios de salud, incluidas todas las necesarias para la reasignación de la identidad para la concordancia sexo-genérica, seguros sociales, beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges o parejas como resultado de enfermedad o muerte.

Asimismo, deben asegurar que no se someta a niñas, niños o adolescentes a ninguna forma de trato discriminatorio dentro del sistema de seguridad social o en la provisión de programas sociales o de bienestar social con base en la orientación sexual o identidad de género de cualquier miembro de su familia.

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de garantizar el acceso a políticas públicas y programas de reducción de la pobreza, y de cualquier otra índole, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;

Artículo 21.- Derecho a un nivel de vida digna. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida digna, lo cual incluye alimentación nutritiva y adecuada, agua potable, servicios sanitarios y vestimenta adecuada, así como a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de garantizar, entre otros, el acceso de las personas a la alimentación, al agua potable, a los servicios sanitarios y a la vestimenta adecuada, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Artículo 22.- Derecho a una vivienda digna. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, lo que incluye la protección contra el desalojo por motivos de orientación sexual o identidad de género de las personas. Todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de garantizar la seguridad de la tenencia y el acceso a una vivienda digna, habitable, accesible, apropiada y segura, incluyendo albergues y otros alojamientos de emergencia, sin discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o estado civil.

Artículo 23.- Derecho a la educación de calidad. Toda persona tiene derecho a la educación de calidad, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual e identidad de género, y con el debido respeto hacia estas.

Todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de las y los estudiantes, personal de coordinación, de supervisión, de apoyo, docentes y directivos dentro del Sistema Nacional Educativo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Asimismo, garantizarán que la educación esté encaminada al desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de cada estudiante hasta el máximo de sus posibilidades y que responda a las necesidades de las y los estudiantes de todas las orientaciones sexuales e identidades de género.

De igual manera, velarán por que la educación esté encaminada a inculcar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el respeto a las madres, los padres y a la conformación de los diferentes tipos de familias de cada niña, niño o adolescente, a su propia identidad cultural, su idioma y sus valores, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad entre los sexos, teniendo en cuenta y respetando las diversas orientaciones sexuales e identidades de género;

Artículo 24.- Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Todas las personas tienen el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Asimismo, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que todas las personas tengan acceso los servicios de salud, incluidos, entre otros, los relacionados con la salud sexual y reproductiva, el acceso a métodos eficaces de prevención de infecciones de transmisión sexual y a los medicamentos, tratamientos y terapias antirretrovirales necesarios para combatir y mitigar los síntomas del VIH/Sida, tratamiento de enfermedades oportunistas, así como a tener acceso a sus propios historiales médicos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Artículo 25.- Derecho a la protección contra abusos médicos. Ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un centro médico, con base en su orientación sexual o identidad de género. El Estado Mexicano reconoce que la orientación sexual y la identidad de género de una persona no son condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar la plena protección contra prácticas médicas tendientes a definir a la orientación sexual o la identidad de género como una enfermedad, incluso en estereotipos, ya sea derivados de la cultura o de otra fuente, en cuanto a la conducta, la apariencia física o las que se perciben como normas en cuanto al género;

Asimismo, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que el cuerpo de ninguna niña, niño o adolescente sea alterado irreversiblemente por medio de procedimientos médicos que persigan imponer una identidad de género sin su consentimiento pleno, libre e informado, de acuerdo a su edad y madurez y guiado por el principio del Interés Superior de la Niñez.

De igual manera, garantizarán la protección de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género contra procedimientos o estudios médicos carentes de ética o no consentidos, incluidos los relacionados con vacunas, tratamientos o microbicidas para el VIH/SIDA u otras enfermedades;

Artículo 26.- Derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Esto incluye la expresión de la identidad o la personalidad mediante el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección de nombre o por cualquier otro medio, como también la libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas de todos los tipos, incluso la concerniente a los derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de género, a través de cualquier medio.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de garantizar el pleno goce de la libertad de opinión y de expresión, respetando los derechos y libertades de otras personas, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, incluyendo la recepción y entrega de información e ideas relativas a la orientación sexual y la identidad de género, además de las relacionadas con la promoción y defensa de los derechos legales, la publicación de materiales, la difusión, la organización de conferencias o participación en estas, así como la diseminación de información sobre relaciones sexuales más seguras.

Asimismo, se asegurarán que los medios de comunicación regulados por el Estado sean pluralistas y no discriminatorios en lo que respecta a asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.

De igual manera, velarán por que las nociones de orden público, moralidad pública, salud pública y seguridad pública no sean utilizadas para restringir, en una forma discriminatoria, ningún ejercicio de la libertad de opinión y de expresión de las personas de diversas orientaciones sexuales o identidades de género.

De igual manera, garantizarán que en el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión no se violen los derechos y libertades de las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género;

Todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán que todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, gocen de acceso, en igualdad de condiciones, a la información y las ideas, así como a la participación en debates públicos;

Artículo 27.- Derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, incluso para los propósitos de manifestación política, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Las personas pueden reunirse en asociaciones, sin discriminación basada en su orientación sexual o la identidad de género, así como formar asociaciones que distribuyan información a, o sobre personas de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género, y que faciliten la comunicación entre estas personas y aboguen por sus derechos.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias, a fin de asegurar los derechos a la organización, asociación, reunión y defensa pacíficas en torno a asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, así como el derecho a obtener reconocimiento legal para tales asociaciones y grupos, sin discriminación por ningún motivo;

Bajo ninguna circunstancia se impedirá el ejercicio de los derechos a la reunión y asociación pacíficas por motivos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género y se asegurará que a las personas que ejerzan tales derechos se les brinde una adecuada protección contra la violencia y el hostigamiento, cuando exista riesgo fundado de que estas conductas puedan suceder.

Artículo 28.- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Estos derechos no pueden ser invocados por el Estado para justificar leyes, políticas o prácticas que nieguen el derecho a igual protección de la ley o que discriminen por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho de las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, a profesar y practicar creencias religiosas y no religiosas, ya sea a solas o en asociación con otras personas, a que no haya injerencias en sus creencias y a no sufrir coerción o imposición de creencias.

Asimismo, velarán por que la expresión, práctica y promoción de diferentes opiniones, convicciones y creencias concernientes a asuntos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género no se lleven a cabo en una manera que sea incompatible con los derechos humanos.

Artículo 29.- Derecho a la libertad de movimiento. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. La orientación sexual y la identidad de género nunca podrán ser invocadas para limitar o impedir el ingreso de una persona a un Estado, su salida de éste o su retorno al mismo.

Todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que se garantice el derecho a la libertad de movimiento y de residencia, con independencia de la orientación sexual o la identidad de género;

Artículo 30.- Derecho a solicitar asilo. En caso de persecución, incluida la relacionada con la orientación sexual o la identidad de género, toda persona tiene derecho a solicitar asilo, y a obtenerlo en el país. El Estado Mexicano no podrá remover, expulsar o extraditar a una persona a ningún otro Estado en el que esa persona pudiera verse sujeta a temores fundados de sufrir tortura, persecución o cualquier otra forma de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes con base en la orientación sexual o identidad de género.

El Estado Mexicano promulgará leyes a fin de garantizar que cuando haya temor fundado de que una persona sea perseguida por motivos de orientación sexual o identidad de género, le sea reconocida su condición de persona refugiada y tenga derecho al asilo. Asimismo, se asegurará que ninguna política o práctica discrimine a solicitantes de asilo por su orientación sexual o identidad de género. De igual manera, el Estado velará por que ninguna persona sea removida, expulsada o extraditada a ningún Estado en el que pudiera verse sujeta a temores fundados de sufrir tortura, persecución o cualquier otra forma de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes con base en su orientación sexual o identidad de género;

Artículo 31.- Derecho a formar una familia. Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. El Estado reconocerá que existen diversas configuraciones de familias y que ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho de todas las personas a formar una familia, incluso a través del acceso a adopción o a técnicas de reproducción asistida, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Asimismo, garantizarán que ninguna familia sea sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes, incluso en lo que respecta a los servicios de seguridad social y otros beneficios relacionados con la familia, al empleo y otros derechos económicos, sociales y culturales.

De igual manera, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que en todas las medidas o decisiones concernientes a niñas, niños y adolescentes que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de asistencia social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos sean tomadas con base en el Interés Superior de la Niñez y el reconocimiento de que la orientación sexual o identidad de género del adolescente o la de cualquier miembro de la familia u otra persona no puede ser considerada incompatible con este Interés Superior.

Igualmente adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que cualquier derecho, obligación o beneficio que las leyes y demás ordenamientos otorgan a personas de sexo diferente que hayan contraído matrimonio o concubinato estén disponible en igualdad de condiciones para personas del mismo sexo casadas o en concubinato;

Artículo 32.- Derecho a participar en la vida pública. Todas las personas gozarán del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, en los términos dispuestos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, incluido el derecho a postularse a cargos públicos, a participar en la formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a todos los niveles de las funciones públicas de su país y al empleo en funciones públicas, incluyendo los órganos de decisión de los partidos políticos, el servicio en las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prejuicios referidos a la orientación sexual y la identidad de género que impidan o restrinjan la participación en la vida pública;

Asimismo, garantizarán el derecho de cada persona a participar en la formulación de políticas públicas que afecten su bienestar, sin discriminación basada en su orientación sexual e identidad de género y con pleno respeto por estas;

Artículo 33.- Derecho a participar en la vida cultural. Toda persona, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad y a expresar la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género a través de la participación cultural.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurarles a todas las personas oportunidades para participar en la vida cultural, con independencia de sus orientaciones sexuales e identidades de género y con pleno respeto por estas;

Artículo 34.- Derecho a promover los derechos humanos. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los ámbitos nacional e internacional, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Esto incluye las actividades encaminadas a promover y proteger los derechos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, así como el derecho a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a procurar la aceptación de los mismos.

Artículo 35.- Derecho a recursos y resarcimientos efectivos. Toda víctima de una violación de los derechos humanos motivada por su orientación sexual o la identidad de género, debe tener derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados, en igualdad de condiciones y conforme a las leyes en la materia.

Artículo 36.- Derecho al reconocimiento de la responsabilidad penal por actos de discriminación. Toda persona cuyos derechos humanos sean violados, incluyendo los derechos a los que hace referencia esta Ley, tiene derecho a que a los servidores públicos directa o indirectamente responsables de dicha violación, se les responsabilice penalmente por sus actos u omisiones de manera proporcional a la gravedad de la violación. No deberá haber impunidad para autores de violaciones a los derechos humanos relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género.

CAPITULO TERCERO

DE LA DISCRIMINACION, LAS FORMAS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA

Artículo 37.- Se entiende por discriminación todo acto u omisión tendiente o capaz de establecer alguna exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción motivada por la orientación sexual o identidad de género de las personas que tenga por efecto la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por parte de ésta, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género generalmente confluye con diversas causales de discriminación como género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y condición económica, entre otras, agravando la situación de la víctima por discriminación múltiple.

Artículo 38.-Se entiende por violencia todo acto u omisión tendiente o capaz de dañar o afectar a las personas motivada por su orientación sexual o identidad de género y que se manifiesta en los siguientes tipos:

I.La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: insultos, humillaciones, devaluación, marginación, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación, imposición de aceptar una orientación diferente a la de su elección o amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II.La violencia física. Es cualquier acto u omisión intencional capaz de producir cualquier alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa;

III.La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física;

IV.La violencia homicida. Es la forma extrema de violencia que consiste en cualquier acto u omisión intencional tendiente o capaz de privar de la vida a una persona motivada por la orientación sexual o identidad de género de la víctima; y,

V.Cualesquiera otras formas análogas. Las que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad, libertad o vida de las personas, motivadas por la orientación sexual o identidad de género de la víctima.

Artículo 39.- De la violencia familiar. Es el acto u omisión intencional en abuso de poder dirigido a dominar, someter, controlar, excluir, rechazar, marginar, expulsar del domicilio familiar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las personas, motivado por su orientación sexual o identidad de género, dentro o fuera del domicilio familiar.

Artículo 40.- Violencia Laboral y Docente. Es el acto u omisión intencional en abuso de poder tendiente o capaz de dañar la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo, atenta contra la igualdad y dignidad humana, motivado por su orientación sexual o identidad de género. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica.

Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación motivado por su orientación sexual o identidad de género.

Constituyen violencia docente o escolar: aquellas conductas que dañen la autoestima de la víctima con actos de discriminación o violencia, motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, que se ejerzan por personal docente, directivo, de supervisión, de coordinación, de apoyo, compañeras o compañeros, en ámbitos escolares.

Artículo 41.- Violencia en la Comunidad. Son los actos u omisiones, individuales o colectivos, que transgreden derechos fundamentales de las personas, motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y que propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

Artículo 42.- Violencia Institucional. Son los actos u omisiones intencionales de las y los servidores públicos, de cualquier orden de gobierno, motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, tendientes o capaces de discriminar o aquellos que tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las víctimas, en igualdad de condiciones; así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

CAPITULO CUARTO

DE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCION, ATENCION Y ERRADICACION DE LA DISCRIMINACION Y LA VIOLENCIA MOTIVADAS POR LA ORIENTACION SEXUAL O IDENTIDAD DE GENERO DE LAS PERSONAS

Artículo 43.- La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

Artículo 44.- Son facultades y obligaciones de la Federación:

I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las todas las personas a una vida libre de discriminación y violencia con independencia de su orientación sexual o identidad de género;

II. Formular y conducir la política nacional integral desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las personas motivadas por su orientación sexual o su identidad de género;

III. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicables;

IV. Educar en el respeto de los derechos humanos de todas las personas y especialmente en el respeto a la diversidad;

V. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las personas con diversas orientaciones sexuales o identidades de género;

VI. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia y discriminación que se ejerce contra las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género;

VII. Realizar a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, en el conocimiento de las leyes; las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;

VIII. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas;

IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

X. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;

XI. Ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción para la prevención, atención y erradicación de la discriminación y violencia contra las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género en todos los ámbitos, en un marco de igualdad, integralidad y promoción de los derechos humanos;

XII. Promover y realizar investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la discriminación y violencia contra las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género;

XIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, y eliminen patrones de conducta generadores de discriminación y violencia;

XIV. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, y

XV. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables.

Artículo 45.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. Diseñar la política integral con perspectiva de respeto a los derechos humanos para promover la cultura de no discriminación de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género;

II. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la discriminación y violencia motivada por su orientación sexual e identidad de género;

III. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la discriminación y violencia motivada por su orientación sexual e identidad de género;

IV. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

V. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas;

VI. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia todas las personas, evitando la discriminación y violencia motivada por la orientación sexual o identidad de género;

VII. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

VIII. Realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios de manera periódica sobre todas las formas de discriminación y violencia contra las personas motivadas por su orientación sexual o identidad de género, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de las mismas.

IX. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de discriminación y violencia contra las personas motivadas por la orientación sexual e identidad de género de las víctimas;

X. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

XI. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Personas Motivadas por la Orientación Sexual e Identidad de Género de las Víctimas;

XII. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las personas motivadas por la orientación sexual e identidad de género de las víctimas, en los ámbitos público y privado;

XIII. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor;

XIV. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género;

XV. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las personas motivadas por la orientación sexual e identidad de género de las víctimas;

XVI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XVII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 46.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación:

I. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las personas motivadas por su orientación sexual e identidad de género, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación, y la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las personas a las que se refiere esta Ley en las entidades federativas, el Distrito Federal o municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la discriminación y la violencia;

II. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia contra las personas, motivada por su orientación sexual o su identidad de género;

III. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas a las personas de diversas orientaciones sexuales e su identidades de género, sea proporcionada sin prejuicios ni discriminación alguna;

IV. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas con independencia de su orientación sexual e identidad de género;

V. Promover que las instancias de procuración de justicia garanticen la integridad física de quienes denuncian;

IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley.

Artículo 47.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las personas, a fin de promover la erradicación de la discriminación y violencia motivada por la orientación sexual e identidad de género de las persona;

II. Coadyuvar en la promoción de los Derechos Humanos de las personas, a fin de promover la erradicación de la discriminación y violencia motivada por la orientación sexual e identidad de género de las persona;

III. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre las personas, a fin de promover la erradicación de la discriminación y violencia motivada por la orientación sexual e identidad de género de las personas;

IV. Promover políticas de prevención y atención de la discriminación y violencia motivada por la orientación sexual e identidad de género de las personas;

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 48.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos y de la no discriminación por motivos de la orientación sexual o identidad de género de las personas;

II. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles obligatorios de escolaridad, que fomenten la cultura de no discriminación y de respeto a la dignidad de las personas; así como la comprensión adecuada de las diversas conformaciones de las familias y del respeto a todas las personas que las integran; asimismo se promoverá que en las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía se desarrollen estos mismos programas;

III. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de discriminación y violencia motivada por la orientación sexual o identidad de género en los centros educativos;

IV. Capacitar al personal docente en derechos humanos de las personas y de las diversas conformaciones de las familias y del respeto a todas las personas que las integran;

V. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de todas las personas, con independencia de la orientación sexual o identidad de género de éstas, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios en contra de estas personas;

VI. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género en sus familias o en los mismos centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a quienes sufren algún tipo de discriminación o violencia motivada por su orientación sexual o su identidad de género y su posterior derivación a las instituciones correspondientes;

VII. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la discriminación y la violencia motivada por la orientación sexual o identidad de género de las personas;

VIII. Proporcionar acciones formativas y de sensibilización a todo el personal de los centros educativos, en materia de derechos humanos que fomenten la cultura de no discriminación y de respeto a la dignidad de las personas; así como la comprensión adecuada de las diversas conformaciones de las familias y del respeto a todas las personas que las integran;

IX. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género o contribuyan a la promoción de estereotipos que las discriminen y fomenten la violencia;

X. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos motivados por la orientación sexual e identidad de género de las víctimas;

XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 49.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Diseñar la política de prevención, atención y erradicación de la discriminación y violencia de las personas motivada por su orientación sexual e identidad de género dentro del Sistema Nacional de Salud;

II. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica a las víctimas de violencia motivada por su orientación sexual o identidad de género;

III. Crear programas de capacitación para el personal del Sistema Nacional de Salud a fin de que se garantice la atención a las víctimas de la violencia motivada por su orientación sexual o identidad de género;

IV. Establecer programas y servicios profesionales y eficaces, con horario de veinticuatro horas en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia motivada por su orientación sexual o identidad de género de las víctimas;

V. Difundir en las instituciones del sector salud, material referente a la prevención y atención de la violencia contra las personas motivada por su orientación sexual o identidad de género;

VI. Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y protección a las personas que han sufrido algún tipo de violencia motivada por su orientación sexual o identidad de género;

VII. Mejorar la calidad de la atención, que se preste a las víctimas a las que se refiere el presente artículo;

VIII. Asegurar que en la prestación de los servicios del Sistema Nacional de Salud sean respetados los derechos humanos de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género;

IX. Capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de que detecten la violencia contra las personas motivada por su orientación sexual o identidad de género;

X. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de discriminación y violencia contra las personas motivada por su orientación sexual o identidad de género, proporcionando la siguiente información:

a) La relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios;

b) La referente a las situaciones de violencia que sufren las personas a las que se refiere el presente artículo;

c) El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima;

d) Los efectos causados por la violencia, y

e) Los recursos erogados en la atención de las víctimas.

XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 50. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

I. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas motivada por su orientación sexual o su identidad de género en materia de trabajo y previsión social;

II. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral contra las personas, motivada por su orientación sexual o su identidad de género;

III. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las todas las personas en el ámbito laboral, con independencia de su orientación sexual e identidad de género;

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las personas, motivada por su orientación sexual o su identidad de género en los centros de trabajo;

V. Orientar a las víctimas de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y protección a las personas, motivada por su orientación sexual o su identidad de género;

VI. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

VII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y,

VIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 51.- Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en:

a) Derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género;

b) La debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación y violencia motivada por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas; y,

c) Eliminación de estereotipos sobre las personas de diversas orientaciones sexuales o identidades de género, entre otros.

II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

III. Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba atención médica de emergencia;

IV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;

V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;

VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;

VII. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género y garantizar la seguridad de quienes denuncian;

VIII. Elaborar y aplicar protocolos especializados de investigación de los delitos cometidos en contra de las personas motivados por su orientación sexual o identidad de género;

IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

X. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de las personas motivadas por su orientación sexual e identidad de género, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia; y,

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 52.- Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las personas, motivada por su orientación sexual o su identidad de género;

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley;

III. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

IV. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las personas y de la no discriminación y no violencia contra las personas, motivada por su orientación sexual o su identidad de género;

V. Promover programas de información a la población en la materia;

VI. Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores;

VII. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta ley;

VIII. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la discriminación y violencia contra las personas, motivadas por su orientación sexual o su identidad de género;

IX. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior;

X. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, en la ejecución de los programas estatales;

XI. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra las personas, motivada por su orientación sexual o su identidad de género, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación;

XII. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;

XIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra las personas, motivada por su orientación sexual o su identidad de género;

XIV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XV. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en:

a) Derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género;

b) La debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación y violencia motivada por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas; y,

c) Eliminación de estereotipos sobre las personas de diversas orientaciones sexuales o identidades de género, entre otros.

XVII. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de las personas, motivada por su orientación sexual o su identidad de género, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

XVIII. Elaborar y aplicar protocolos especializados de investigación de los delitos cometidos en contra de las personas motivados por su orientación sexual o identidad de género, y

XIX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros ordenamientos legales.

Las autoridades federales, harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación, para considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra las personas motivados por su orientación sexual o identidad de género.

Artículo 53.- Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la discriminación y la violencia contra las personas motivados por su orientación sexual o identidad de género;

II. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

III. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;

IV. Promover programas educativos sobre derechos humanos para eliminar la discriminación y violencia contra las personas motivados por su orientación sexual o identidad de género;

V. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la discriminación y la violencia contra las personas motivados por su orientación sexual o identidad de género;

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

VII. La atención de los demás asuntos que en materia de discriminación y violencia contra las personas motivada por la orientación sexual o identidad de género que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente ley, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo Federal, Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, estados y municipios, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma.

ARTICULO TERCERO.- El Diagnóstico Nacional a que se refiere la fracción VIII del artículo 44 de la ley deberá realizarse dentro de los 365 días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

ARTICULO CUARTO.- El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Personas Motivadas por la Orientación Sexual e Identidad de Género de las Víctimas a que refiere la fracción III del artículo 46 deberá integrarse dentro de los 365 días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

ARTICULO QUINTO.- En un marco de coordinación, las Legislaturas de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la Legislación Local, previstas en la fracción XIII del artículo 52, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 15 de mayo de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

1 Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 20 sobre No Discriminación

2 Declaración de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la Conferencia Internacional de Derechos Humanos LGBT, Montreal, 26 de julio de 2006, disponible en

www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/B91AE52651D33F0DC12571BE002F172C

3 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNHCR Guidance Note onRefugeeClaimsRelatingto Sexual Orientation and GenderIdentity, de 21 de noviembre 2008, disponible en: www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html

4 Definición tomada de los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, disponible en: www.yogyakartaprinciples.org.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION III, ACTUALMENTE DEROGADA, AL ARTICULO 74 Y SE ADICIONA LA FRACCION XVII, ACTUALMENTE DEROGADA, AL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Diputada Loretta Ortiz Ahlf, del grupo parlamentario del PT)

“Loretta Ortiz Ahlf, Diputada Federal de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el queseadiciona la fracción III, actualmente derogada, al Artículo 74 y se adiciona la fracción XVII, actualmente derogada, al Artículo 89 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La inmunidad jurisdiccional y de ejecución del Estado puede definirse como el atributo de todo Estado soberano, que impide que otros Estados ejerzan jurisdicción o actos de ejecución, en relación a los actos que realice un Estado en ejercicio de su potestad soberna, o bien sobre los bienes de los cuales es titular o utiliza en ejercicio de dicha potestad soberana.

La práctica mexicana se caracteriza por reconocer dicha inmunidadde que gozan los Estados extranjeros, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Público en la materia. Esta inmunidad se concede por todos los actos que realice un Estado extranjero en el ejercicio de su potestad estatal, además de comprender los bienes de los cuales dichos Estados son titulares y utilicen en ejercicio de tal potestad.

El Estado Mexicano no concede la inmunidad jurisdiccional en los siguientes casos:

1. Demandas en que el Estado extranjero demandado, voluntaria y expresamente acepte o haya aceptado la jurisdicción del tribunal nacional que conozca la causa.

2. Demandas en que el Estado extranjero no invoque expresamente su inmunidad.

3. Demandas entabladas por el Estado extranjero ante un tribunal nacional.

4. Demandas que no se refieren a actividades desempeñadas por el Estado extranjero en el ejercicio de su potestad soberna, sino aquellos propios de una persona privada; por ejemplo, actividades esencialmente mercantiles o civiles, demandadas en el territorio nacional, etc.

5. No se concede la inmunidad a los Estados extranjeros que en litigios presentados ante sus tribunales, no reconozcan en reciprocidad la inmunidad jurisdiccional del Estado mexicano.

Como puede observarse, la postura adoptada por México es restrictiva, por cuanto establece excepciones a la regla general de inmunidad y además requiere, para ser reconocida, que al Estado Mexicano se le haya dado un trato recíproco.

La falta de regulación internacional sobre el tema de inmunidad jurisdiccional del Estado ha ocasionado que varios países regulen el tema en el ámbito interno, en el caso de México no sólo carecemos de una ley sobre la materia, sino lo que es peor aún, no se ha regulado la renuncia de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución que corresponde al Estado Mexicano, dicha falta de regulación ha permitido que organismos descentralizados o autónomos como PEMEX y el Banco de México celebren contratos o acuerdos en virtud de los cuales se somete el Estado mexicano a tribunales extranjeros en caso de incumplimiento de los mismos y queden afectos a procedimientos de ejecución bienes pertenecientes a la Nación, los cuales pueden ser objeto de embargo y medidas de ejecución.

En razón de los riesgos que conlleva el acto de renuncia de inmunidad de jurisdicción y de ejecución, se requierepor lo menos de la intervención personal del Presidente de la República y dela aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

Cabe señalar que en varias ocasiones el gobierno del México ha renunciado o renuncia a la inmunidad que le corresponde al Estado en los contratos y tratados en materia de deuda externa, aceptando someterse a la jurisdicción de tribunales extranjeros y la ejecución de dichas sentencias sobre las reservas monetarias o bienes pertenecientes al Estado Mexicano. De igual forma, en diversos instrumentos formalizados por Petróleos Mexicanos se incluyen clausulas en virtud de las cuales no sólo se somete al Estado Mexicano a tribunales extranjeros, sino que también se acepta la ejecución de las sentencias que dicten dichos tribunales sobre bienes pertenecientes a la Nación.

Por las consideraciones antes expresadas y con fundamentoen lo dispuesto por los Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

PRIMERO: Seadiciona la fracción III, actualmente derogada, al Artículo 74 y se adiciona la fracción XVII, actualmente derogada, al Artículo 89 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

DECRETO

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. aII. …

III. Aprobar por las dos terceras partes de los Diputados presentesla renuncia a la inmunidad de jurisdicción o ejecución que corresponde a los Estados Unidos Mexicanos.

IV. a VIII. …

Artículo 89: Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I. aXVI. …

XVII.Renunciar a la inmunidad de jurisdicción y ejecución que corresponde a los Estados Unidos Mexicanos, previa aprobación de las dos terceras partes de los presentes de la Cámara de Diputados de conformidad con el Artículo 74, fracción III de esta Constitución.

XVIII. a XX. …

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Dip. Loretta Ortiz Ahlf”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Diputada Loretta Ortiz Ahlf, del grupo parlamentario del PT)

“LORETTA ORTIZ AHLF, DIPUTADA FEDERAL DE LA LXII LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 71, FRACCION II, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 6, NUMERAL 1, 77 Y 78 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, SOMETO A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

Exposición de Motivos

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, marcó un antes y un después en materia de derechos humanos para nuestro país. El Poder Judicial de la Federación ha realizado importantes avances en el cumplimiento de las obligaciones a que fue condenado el Estado Mexicano. Sin embargo corresponde al Poder Legislativo atender específicamente los puntos resolutivos 10 y 11 de dicha sentencia que señalan:

10. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente Sentencia.

11. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente Sentencia.1

Sin embargo a más de 3 años el Congreso Mexicano no ha sido capaz de cumplir con responsabilidad la sentencia y continúa desacatando resoluciones internacionales plenamente vinculantes para nuestro país. Particularmente lo relacionado con el fuero militar resulta preocupante, en un país que ha militarizado las funciones policíacas. Siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos a manos de miembros del ejército y el legislador federal no ha sido capaz de poner orden en el marco jurídico nacional para acotar de una vez y para siempre el fuero militar.

Los esfuerzos para suprimir el fuero militar tienen antiguos antecedentes en el Derecho Mexicano, particularmente desde el pensamiento liberal:

“He manifestado que el Constituyente mexicano ha mostrado escepticismo hacia el fuero militar, a pesar de que lo aprobó por las dos terceras partes del Congreso Constituyente de Querétaro (122 votos contra 61), porque algunos de los constituyentes más célebres como Francisco J. Múgica, Esteban Baca Calderón e Hilario Medina, dos militares y un abogado, cuestionaron el fuero militar y propusieron, bien restringirlo en tiempo de guerra exclusivamente o, de plano, eliminarlo y transferirlo al Poder Judicial.”2

Importantes constitucionalistas han planteado la necesidad de poner fin al fuero militar y que sus competencias pasen a formar parte del Poder Judicial de la Federación. Manuel González Oropeza propone concretamente:

“La solución ideal sería la absorción de los tribunales militares en el Poder Judicial Federal y la reducción a consejos de guerra en el caso de una guerra o una situación formalmente declarada de emergencia. Los delitos deben ser encausados por los tribunales ordinarios como todos los servidores públicos y demás habitantes del país están sometidos; todo ello para respetar el ideal de la igualdad ante la ley, base del liberalismo mexicano.”3

Otras académicas han criticado la regresiva iniciativa presentada por Felipe Calderón señalando claramente que algunas de sus propuestas resultan violatorias de la Constitución:

“Además, el militar que cometa alguno de los tres delitos (violación, desaparición forzada de personas y tortura) estará en una prisión militar y no civil. Se pretende también que la Policía Ministerial Militar tenga facultades para entrevistar a testigos útiles para descubrir la verdad; realizar todo tipo de detenciones, inspecciones personales y recoger objetos que tenga en su poder, situaciones que hoy las pueden hacer siempre y cuando los militares se encuentren acompañados por autoridades civiles y a solicitud de estos últimos. También se le pretende facultar a dicha Policía Ministerial para catear a civiles sólo con autorización de un juez militar y si no lo hubiere acudirá al de orden federal o común. De todo ello, se puede considerar que diversos artículos de la referida iniciativa son inconstitucionales, ya que el artículo 13 de la Constitución señala que “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.4

Por eso resulta necesaria una iniciativa realmente comprometida con los derechos humanos para reinterpretar el marco constitucional en materia de fuero militar. Sería un grave error y un atentado a los derechos humanos que el Congreso dictaminará favorablemente la iniciativa presidencial de Felipe Calderón que ha sido criticada por los teóricos del Derecho, como hemos visto, pero incluso también por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente señaló en sentencias condenatorias contra el Estado Mexicano:

198. En resumen, es jurisprudencia constante de esta Corte que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. Esta conclusión aplica no solo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos.5

Queda evidenciado que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que en caso de aprobarse la iniciativa de Felipe Calderón, únicamente transfiere al fuero civil los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, con lo cual el Estado Mexicano continuaría violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 57, fracción II, inciso A, del Código de Justicia Militar resulta anticonstitucional. Ninguna propuesta en la materia puede ignorar esta decisión, pero sí puede ampliar la protección a los derechos humanos. Si bien el propósito de la SCJN y de la CIDH es juzgar en el fuero civil a los soldados que cometan actos ilícitos contra civiles, esto puede lograrse también, a través de la desaparición del fuero militar.

Esta institución en México ha tenido una larga tradición de violación a derechos humanos, no sólo en contra de civiles que se ven sujetos indebidamente a un proceso en tribunales militares, sino que el fuero militar ha demostrado reiteradamente que carece de imparcialidad y profesionalismo al violar incluso el derecho a un debido proceso en perjuicio de los propios militares. El caso del General Gallardo es probablemente el más paradigmático al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir en 1996 precisamente debido a la indebida manipulación de que es objeto la llamada “justicia” militar y señaló:

VIII. CONCLUSIONES

115. Que a través de la detención y sometimiento del General José Francisco Gallardo a 16 investigaciones y 8 causas penales de manera continuada y sin propósito razonable lógico y justificable, el Estado mexicano ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, y protección judicial del mencionado General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, de conformidad con los artículos 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana, por los reiterados hechos ocurridos en México desde 1988.

116. Que en virtud de los hechos denunciados el Estado mexicano no ha cumplido con las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantías impuestas por el artículo 1.1 de la Convención Americana.

IX. RECOMENDACIONES

Por todo lo expuesto,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

ACUERDA:

117. Se libere inmediatamente al General Brigadier José Francisco Gallardo,

118. Se tomen todas las medidas necesarias para que cese la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en contra del General Brigadier José Francisco Gallardo.

119. Se investigue y sancione a los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en contra del General Brigadier José Francisco Gallardo.

120. Adopte las medidas necesarias para que se decidan lo antes posible las causas pendientes.

121. Se le pague una justa indemnización al General José Francisco Gallardo como reparación por las violaciones de las cuales ha sido víctima.6

Como se observa, los organismos internacionales protectores de Derechos Humanos han tenido que intervenir una y otra vez porque el Estado Mexicano continúa violando las libertades más básicas de los ciudadanos debido a la obstinación de conservar el fuero militar.

Así las cosas, resulta indispensable poner fin a las sistemáticas violaciones a Derechos Humanos que derivan de la existencia de un fuero que rompe con la igualdad que debe prevalecer entre todos los mexicanos.

La iniciativa no ignora que en ciertas situaciones, debe salvaguardarse la disciplina castrense. Pero dichas situaciones deben limitarse a los casos en los que la propia Constitución permite la actuación del ejército fuera de los cuarteles militares. Por lo tanto, no parece razonable -ni proporcional- mantener la disciplina militar a través de sanciones penales en tiempos de paz.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

UNICO. Se reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 13

Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Queda abolido el fuero militar. Únicamente durante periodos de guerra declarada por el Presidente de la República con la autorización del Congreso de la Unión, podrán funcionar tribunales integrados por militares para juzgar delitos y faltas directamente relacionados con la disciplina militar de conformidad con el código de justicia militar. Dichos tribunales en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, sin importar que se trate del sujeto activo o pasivo del delito. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Queda derogado el Código de Justicia Militar. El nuevo Código de Justicia Militar que tendrá aplicabilidad únicamente en periodos de guerra, deberá emitirse dentro del año siguiente a la entrada en vigor de este decreto.

TERCERO. En tanto que, de conformidad con el transitorio anterior, se expide el nuevo Código de Justicia Militar, queda vigente el catálogo de delitos previstos en el Código de Justicia Militar y serán los jueces penales federales los encargados de conocer y resolver sobre la comisión de dichos delitos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente; a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Dip. Loretta Ortiz Ahlf”.

1 CASO RADILLA PACHECO VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SENTENCIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

2 Manuel González Oropeza, “El fuero Militar en México: la injusticia en las fuerzas armadas” en “Estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano. Estudios de Derecho Público y Política”, David Cienfuegos Salgado, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2006, México D.F. p. 190

3 Ibid. P. 195.

4 Susana Thalía Pedroza de la Llave, “La reinterpretación constitucional del fuero de guerra o militar en el marco del Estado democrático” Cuestiones Constitucionales, número 25, julio diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, año 2011.

5 CASO CABRERA GARCIA Y MONTIEL FLORES VS. MEXICO. Párrafo 198.

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, INFORME Nº 43/96 CASO 11.430 MEXICO 15 de octubre de 1996






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE SUSPENSION DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTIAS

(Presentada por la C. Diputada Loretta Ortiz Ahlf, del grupo parlamentario del PT)

“Loretta Ortiz Ahlf, Diputada Federal de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo cuarto transitorio del “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 estableció la obligación de emitir una Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías. Esta obligación no ha sido atendida hasta la fecha.

Esta omisión legislativa debe ser subsanada a la brevedad, pues el artículo transitorio que hemos citado establecía un plazo de un año, mismo que venció el 1 de junio de 2012. En este tiempo, en la Cámara de Diputados se ha presentado solamente una iniciativa “Que expide la Ley Federal de Paz Pública y Suspensión de Derechos y Garantías, Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT.

Sin embargo dicha iniciativa puede mejorarse en algunos aspectos clave que hacen plausible la presentación de una iniciativa adicional que pudiera ser dictaminada de forma conjunta con la anterior.

La suspensión de garantías tiene una serie de consecuencias reconocidas por la jurisprudencia mexicana que han sido resumidas por algunos académicos.1 Puede implicar facultades extraordinarias para legislar a favor del Presidente de la República.2 En esta situación la actuación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada no está sujeta a la solicitud de las autoridades civiles.3

El Ejecutivo puede ser facultado para expedir leyes hacendarias y crear impuestos para enfrentar la emergencia,4 incluso cuando el Congreso no delegue expresamente esta facultad.5

La suspensión de garantías puede implicar el aumento en penas para algunos delitos.6 La intervención al patrimonio de las personas, sin que exista la posibilidad de acudir al amparo para reclamarlas,7 ni durante el periodo de suspensión de garantías ni posteriormente.8 Las leyes de emergencia pueden prever delitos, y las sentencias que se emitan en cumplimiento de dichas leyes –en el pasado- no pudieron ser impugnadas vía el juicio de amparo (incluso cuando concluyó la emergencia)9 ni mediante algún otro recurso.10 Este tipo de suspensión de derechos y garantías no es compatible con la actual interpretación de los tribunales internacionales en relación con los Estados de excepción, pues concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en sus opiniones consultivas que no puede suspenderse el derecho a acudir a los tribunales a través del amparo y del habeas corpus.11

Resulta enormemente trascendente definir mediante una Ley, los alcances que puede tener el Estado de Excepción previsto en el artículo 29 Constitucional. De otra forma se carece de certeza jurídica ante eventuales conflictos o catástrofes. Para ello es pertinente revisar también la legislación de otras naciones en torno a los Estados de Excepción y los alcances que tiene el control parlamentario en estas situaciones.

El control parlamentario sobre misiones militares en el Derecho Comparado.

a. España

De acuerdo con el catedrático Francesc de Carreras, la única posibilidad de que las fuerzas armadas actúen en el territorio español es el supuesto excepcional de estado de sitio.12

El artículo 116 de la Constitución Española otorga cobertura a una gama de situaciones de emergencia que se han clasificado en estados de alarma, excepción y sitio regulados mediante la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio (en adelante LOEAES). El estado de alarma es el de menor intensidad de todos ellos y el de sitio el que mayores restricciones a las libertades y derechos de los gobernados puede generar.

El ordenamiento español prevé un acto de autorización parlamentaria en cada caso, consistente en:

• Prórroga del estado de alarma (para poder ampliarlo después de los 15 días iniciales) conforme al artículo 6.2 de la LOEAES.

• Autorización de la declaración del estado de excepción conforme al artículo 13.2 de la LOEAES o de la prórroga de la declaración conforme al artículo 15.3 de la LOEAES.

•Declaración de estado de sitio efectuada por el Congreso de los Diputados (mediante mayoría absoluta) a propuesta del Gobierno conforme al artículo 32.1 de la LOEAES.

Ninguno de estos actos parlamentarios pueden ser combatidos mediante el recurso de amparo promovido por individuos (previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), pues el Tribunal Constitucional de España ha sostenido que no podrían considerarse decisiones o actos sin valor de ley:

“En definitiva, se trata de decisiones o actos parlamentarios que, aunque no dictados en el ejercicio de la potestad legislativa de la Cámara ni revestidos, en consecuencia, de la forma de ley, configuran el régimen jurídico del estado de emergencia en cada caso declarado, repercutiendo en el régimen de aplicabilidad de determinadas normas jurídicas, incluidas las provistas de rango de ley, normas a las que, como ya hemos señalado, pueden, con taxativas condiciones, suspender o desplazar durante el período de vigencia del estado de emergencia de que se trate.”13

Por lo anterior, solamente procede su impugnación mediante el recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad.

Como podrá verificarse en el apartado siguiente, los controles parlamentarios sobre misiones militares al interior de España, constituyen uno de los más altos estándares en el mundo, pues para el despliegue masivo de tropas se exige un control parlamentario previo. Ello significa que si el Congreso de los Diputados no se encuentra de acuerdo con el despliegue de tropas, previamente a que ocurra, no podrían operar dentro de España.

b. Breve resumen sobre otros países Europeos

Resulta interesante analizar la forma en que en otros países se ejerce el control parlamentario en las decisiones sobre el uso de fuerzas militares, porque puede llevarnos a proponer posibles reformas al marco jurídico mexicano si es que se consideran insuficientes los instrumentos actuales.

En Alemania el Canciller necesita de la autorización parlamentaria para el uso del ejército, como un requisito indispensable y previo al despliegue militar.14 Un nivel igual o similar de control parlamentario se observa en Dinamarca,Finlandia, Irlanda, Eslovaquia, Suecia y Suiza. En todos estos países se puede considerar que el control parlamentario resulta efectivo y fuerte sobre la decisión de desplegar a las fuerzas armadas, pues se requiere una autorización previa del parlamento en su conjunto.15

En naciones como Austria, la República Checa, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda y Noruega existen controles parlamentarios diferentes a la autorización previa. Evidentemente ello genera que la capacidad de control del legislativo sea menor que en el primer grupo. Por ejemplo existe la obligación de consultarle al parlamento la decisión del despliegue de tropas o de recabar la autorización previa pero solamente por parte de una comisión del Congreso.16

Finalmente en países como Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido y los Estados Unidos el control parlamentario es bajo pues no existe obligación del gobierno de recabar autorización o informar al parlamento. Sin embargo aún en estos países el Ejecutivo suele buscar la aprobación del parlamento para legitimar sus decisiones, aunque esto se debe a definiciones gubernamentales discrecionales.17

El principio de control democrático sobre las fuerzas armadas y de seguridad en general se ha convertido incluso en un requisito básico para formar parte de las organizaciones internacionales de Estados democráticos. Este control democrático sobre las fuerzas armadas debe contemplarse en el uso interno y externo de las mismas.18

Tratados internacionales

En el artículo 4o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece:

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6o., 7o., 8o. (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes en el presente Pacto, por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.

Del texto transcrito se desprende que los artículos 6o. (respeto a la vida), 7o. (prohibición de tortura o penas crueles), 8o. (prohibición de esclavitud y servidumbre), 11 (prohibición de encarcelamiento por deudas de carácter civil), 15 (Prohibición de retroactividad de normas penales), 16 (reconocimiento de la personalidad jurídica) y 18 (libertad de pensamiento y religión) del mismo ordenamiento jurídico, no serán susceptibles de suspenderse bajo ninguna circunstancia.19

El artículo 27 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece:

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3o. (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4o. (derecho a la vida); 5o. (derecho a la integridad personal); 6o. (prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9o. (principio de legalidad y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17 (protección a la familia); 18 (derecho al nombre); 19 (derechos del niño); 20 (derecho a la nacionalidad), y 23 (derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes en la presente Convención, por conducto del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías.

Artículo Unico.Se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, para quedar como sigue:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y tiene por objeto regular la restricción o suspensión en todo el país o en lugar determinado del ejercicio de los derechos humanos y las garantías otorgadas en la Constitución y en los tratados internacionales, con motivo de un Estado de Excepción.

Artículo 2. En todo caso durante un Estado de Excepción, se respetarán las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Artículo 3. Durante los Estados de Excepción no podrán suspenderse:

I. El derecho a la vida y a la integridad personal;

II. El derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

III. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;

IV. El derecho al nombre y a la nacionalidad

V. La prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos;

VI. La prohibición de las penas de muerte, destierro, prisión perpetua y confiscación;

VII. La libertad de pensamiento y de conciencia;

VIII. La libertad de religión;

IX. El principio de legalidad, de interpretación pro persona y de irretroactividad de la ley penal;

X. El derecho a votar y ser elegido para los cargos públicos así como el resto de derechos políticos;

XI. El derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia

XII. Los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado;

XIII. El derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles;

XIV. El derecho de Amparo; y

XV. Tampoco podrán ser suspendidas el resto de garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Artículo 4. Los derechos a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, a formar parte de ellas, a participar en sus actividades legítimas, podrán ser ejercidos libremente dentro del respeto a la Constitución y sin recurrir a ninguna forma de violencia.

Artículo 5. Esta ley no podrá ser, en ningún caso, suspendida o derogada por un decreto del legislativo ni del Ejecutivo dictado durante un Estado de Excepción. Sólo podrá ser modificada por los procedimientos ordinarios previstos en la Constitución en tiempos de paz.

Capítulo II

De la aprobación del Estado de Excepción

Artículo 6. La solicitud para suspender los derechos humanos y garantías individuales, realizado por el Ejecutivo Federal se presentará ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o en su defecto, ante la Comisión Permanente y deberá:

I. Detallar el caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o el acto que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

III. Expresar claramente si se trata de restricción o suspensión, o en su caso de una solicitud para emitir ambos tipos de medidas.

IV. Mencionar expresamente cuál o cuáles serán los derechos humanos o garantías individuales a restringir y/o suspender, fundando y motivando cada una de estas medidas.

V. Expresar el tiempo por el cual solicita la restricción o suspensión de derechos humanos y garantías individuales, el cual no podrá exceder de seis meses contados a partir de que se publique el decreto respectivo.

VI. Manifestar con precisión si la restricción o suspensión de derechos humanos y garantías individuales será en todo el territorio nacional o en algunas entidades federativas.

VII. Anexar una iniciativa de Ley de carácter general, abstracto e impersonal para regular el Estado de Excepción. Esta iniciativa tendrá el carácter de preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIII. Contener nombre y firma del Presidente, Secretarios de Estado y Procurador General de la República.

Artículo 7. Una vez realizada la solicitud de restricción o suspensión de garantías, la misma se presentará ante la Cámara de Diputados, si se encuentra reunida, quien actuara como cámara de origen, la cual tendrá un plazo máximo de setenta y dos horas, para resolver sobre la autorización o no, y en caso de ser afirmativa, la remitirá a la Cámara de Senadores.

Artículo 8. La Cámara de Senadores actuará como cámara revisora, teniendo un plazo máximo de setenta y dos horas, para resolver sobre la autorización o no del Decreto, y en caso de aprobarlo, lo remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 9. En caso de que la Cámara de origen, la Cámara revisora o la Comisión Permanente, no aprueben el Decreto de Estado de Excepción que fundamenta la restricción o suspensión de garantías, la misma solicitud no podrá volver a presentarse salvo que se motive en hechos supervenientes.

Artículo 10. Durante los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente contará con un plazo de setenta y dos horas a efecto de resolver sobre la autorización o no del Estado de Excepción. Si la misma es procedente se enviará de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 11. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el término de cuatro días se pronunciará sobre la constitucionalidad, convencionalidad y validez del Decreto que autorice el Estado de Excepción. En caso de que el mismo sea aprobado, se remitirá al Presidente de la República a efecto de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 12. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara lainconstitucionalidad del Decreto, se le comunicará al Congreso o la Comisión Permanente en su defecto, así como al Presidente de la República. En estos casos el Decreto que autorice el Estado de Excepción no producirá efecto alguno y solamente podrá ser presentada una nueva solicitud por el Ejecutivo con motivo de hechos supervenientes.

Artículo 13. La autorización para restringir o suspender derechos humanos o garantías individuales, deberá de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 14. Una vez autorizado el decreto de restricción o suspensión de derechos humanos y garantías individuales, el Presidente podrá hacer uso de la totalidad de las fuerzas armadas para hacer frente a la invasión, perturbación u acto que altere la paz pública o ponga en peligro a la sociedad. Así mismo podrá ser investido con facultades extraordinarias para legislar mediante la expedición de una ley que regule el Estado de Excepción.

Artículo 15. De acuerdo con el artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 4o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al día siguiente de la declaratoria del Estado de Excepción, el Ejecutivo Federal enviará al Secretario General de la Organización de Estados Americanos y al Secretario General de las Naciones Unidas, una comunicación en que dé aviso a los Estados Partes de los tratados citados, de la declaratoria del Estado de Excepción, y de los motivos que condujeron a ella. Los decretos legislativos que limiten el ejercicio de derechos, deberán ser puestos en conocimiento de dichas autoridades. Igual comunicación deberá enviarse cuando sea levantado el Estado de Excepción.

Capítulo III

De la ley para regular el Estado de Excepción emitida por el Congreso

Artículo 16. La ley que regule el Estado de Excepción, deberá ser emitida invariablemente por el Congreso de la Unión. Dicha Ley podrá otorgar al Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para legislar.

Artículo 17. En caso de que el Congreso de la Unión no estuviere reunido al momento de aprobarse el Decreto que autoriza el Estado de Excepción, el mismo deberá ser convocado en cuanto hubiere sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 18. La iniciativa de Ley para regular el Estado de Excepción se tramitará con carácter preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 19. Las medidas adoptadas durante un Estado de Excepción, no pueden entrañar discriminación alguna, fundada en razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Capítulo IV

De los Decretos del Ejecutivo en ejercicio de facultades extraordinarias para legislar

Artículo 20. Todas las medidas que emita el Ejecutivo Federal, deberán encontrar fundamento en la Ley para regular el Estado de Excepción. Dichas medidas deberán ser proporcionales y estar sujetas al principio de publicidad. Ningún Decreto del Ejecutivo resultará obligatorio para los gobernados si no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 21. Los bienes inmuebles podrán ser temporalmente ocupados para atender las necesidades de la guerra o para destinar a ella sus productos.

El Decreto que autorice este tipo de medida deberá señalar el procedimiento para fijar el monto de la indemnización ocasionada por motivo de la expropiación y establecerá la manera de asegurar la responsabilidad del Estado. En todo caso y a petición de parte la decisión será revisada por los tribunales administrativos.

Artículo 22. Cuando mediante la radio, la televisión, o por proyecciones cinematográficas, se pueda afectar en forma grave e inminente el eficaz desarrollo de las operaciones de guerra, o se divulgue propaganda en beneficio del enemigo o se haga su apología, el Ejecutivo Federal, podrá suspender las emisiones o proyecciones y sancionar a los infractores, en los términos de los decretos que al efecto emita.

El Ejecutivo Federal podrá utilizar los canales de televisión o las frecuencias de radio cuando lo considere necesario.

Artículo 23. El Ejecutivo Federal podrá suspender temporalmente los servicios de radiocomunicaciones de redes públicas o privadas.

Artículo 24. En ningún caso se podrá con estas medidas, crear procedimientos que generen censura previa.

Artículo 25. Con el objeto de proteger la vida de los habitantes el Ejecutivo Federal podrá restringir la circulación o residencia de personas en áreas del territorio nacional.

Así mismo, podrá establecer zonas especiales de circulación y residencia, tan sólo para asegurar la protección de la población que pudiera resultar afectada por las acciones propias del conflicto o perturbación.

En este caso el Gobierno deberá proveer los recursos necesarios para garantizar las condiciones de alojamiento, transporte y manutención de las personas afectadas.

Artículo 26. Ningún mexicano podrá ser conducido por la fuerza a cuarteles militares, ni obligado a permanecer en ellos.

Artículo 27. El Ejecutivo Federal podrá modificar transitoriamente las normas ordinarias que regulan el servicio militar obligatorio.

Artículo 28. En el territorio que sea afectado por el Decreto de Estado de Excepción podrá también imponerse el toque de queda.

Artículo 29. No podrá en ningún caso ordenarse el desarraigo ni el exilio interno.

Artículo 30. El Ejecutivo Federal podrá utilizar temporalmente bienes e imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales. Esta facultad sólo, podrá ser aplicada cuando no existan bienes y servicios oficiales, ni medio alternativo alguno para proteger los derechos fundamentales o cuando sea urgente garantizar la vida y la salud de las personas. En todo caso el Estado responderá por los daños causados a los bienes utilizados mediante indemnización plena. Cuando la utilización afecte bienes indispensables para la supervivencia de las personas, la autoridad simultáneamente deberá proveer las medidas necesarias para compensar los efectos nocivos de la utilización.

Artículo 31. No podrán imponerse trabajos forzados con motivo del Estado de Excepción.

Artículo 32. No se podrá prohibir a organizaciones o individuos la divulgación de información sobre violaciones de los derechos humanos.

Artículo 33. El Ejecutivo Federal podrá restringir el derecho de huelga en los servicios públicos. E impartirá las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción.

Artículo 34. El Ejecutivo Federal podrá subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.

En ningún caso, los extranjeros residentes en México podrán ser declarados responsables ni obligados a responder con su patrimonio, por los actos del Gobierno de su país.

Artículo 35. Si el Congreso de la Unión lo autoriza expresamente en la Ley para regular el Estado de Excepción, el Ejecutivo Federal podrá imponer contribuciones fiscales o parafiscales para una sola vigencia fiscal, o durante la vigencia de la conmoción, percibir contribuciones o impuestos que no figuren en la Ley de Ingresos y hacer erogaciones que no se hallen incluidas en el Presupuesto de Egresos.

Artículo 36. Durante el Estado de Excepción los civiles no podrán ser investigados o juzgados por Tribunales Militares.

Artículo 37. Durante el Estado de Excepción, se podrán tipificar penalmente conductas, aumentar y reducir penas, así como modificar las disposiciones de procedimiento penal y de policía y autorizar el cambio de radicación de procesos, si esto ha sido autorizado por el Congreso en la Ley para regular el Estado de Excepción.

En ningún caso un decreto dictado con ocasión del Estado de Excepción Interior, podrá modificar los procedimientos penales para suprimir la intervención del Ministerio Público en las actuaciones correspondientes.

Capítulo V

Del control parlamentario

ARTICULO 38. Mientras subsista el Estado de Excepción, el Ejecutivo Federal deberá rendir periódicamente, informes motivados al Congreso sobre las medidas legislativas adoptadas, su aplicación y la evolución de los acontecimientos. En todo caso tendrá que hacerlo por lo menos cada treinta días.

ARTICULO 39. El Congreso podrá reformar o derogar, en cualquier tiempo, los decretos que dicte el Ejecutivo Federal durante el Estado de Excepción, con el voto favorable de los dos terceras partes de ambas Cámaras.

Durante los debates, el Congreso podrá invitar al Ejecutivo Federal y éste podrá presentarse o enviar un mensaje para explicar la necesidad de las medidas adoptadas que se pretende derogar o reformar.

En ningún caso, las disposiciones derogadas por el Congreso podrán ser reproducidas posteriormente por el Ejecutivo Federal.

Capítulo VI

Del control jurisdiccional

Artículo 40. La Ley para regular el Estado de Excepción será analizada vía Acción de Inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, sin menoscabo de sus facultades dentro del proceso de aprobación del Decreto de aprobación del Estado de Excepción.

Las restricciones y suspensiones de derechos y libertades serán sujetas a un examen de proporcionalidad previo a su entrada en vigor, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 41. Todos los decretos y normas generales expedidas durante el Estado de Excepción deberán guardar proporcionalidad con la gravedad del conflicto que buscan solucionar.

Artículo 42. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa o en ejercicio de facultades extraordinarias y como desarrollo de la Ley para regular el Estado de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades federativas o del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa si emanaren de Ejecutivo Federal.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su expedición.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Dip. Loretta Ortiz Ahlf”.

1 Ver Netzaí Sandoval Ballesteros, “El control parlamentario sobre las operaciones militares: especial énfasis en los casos de México y España”, Trabajo del Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Técnica Legislativa, Universidad Complutense de Madrid. 2012. En proceso de publicación.

2 Registro No. 205502

3Registro No. 192080

4Registro No. 232757, Registro No. 233037 y Registro No. 818154

5 Registro No. 258607

6 Registro No. 278000

7 Registro No. 317526

8 Registro No. 296680

9 Registro No. 296892

10 Registro No. 297062

11 Héctor Fix Zamudio, “Los Estados de excepción y la defensa de la Constitución.” Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVII, núm. 111, septiembre- diciembre de 2004, Págs. 833 y 834.

12 Francesc de Carreras, El ejército en la Constitución. La Vanguardia, 12/01/06.

13 Auto 7/2012, de 13 de enero de 2012. Fundamento jurídico 4. Pleno del Tribunal Constitucional.

14 Ver Georg Nolte, “Germany: ensuring political legitimacy for the use of military forces by requiring constitutional accountability”, en Democratic Accountability and the Use of Force in International Law, Charlotte Ku y Harold K. Jacobson (editoras); 2003, Cambridge University Press, páginas 231-254.

15 Wolfgang Wagner, Parliamentary Control of Military Missions: Accounting for Pluralism, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Occasional Paper nº 12, agosto de 2006, Ginebra, págs. 4 y 5.

16 Ibid. págs. 5 y 6

17 Ibid. pág. 5

18 Heiner Hänggi, The Use of Force under International Auspices: Parliamentary Accountability and ‘Democratic Deficits’, en 'The Double Democratic Deficit', Ashgate 2004, pág. 4.

19 Gustavo de Silva Gutiérrez, Op. Cit.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONAEL ARTICULO 14 TER A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL RAMO PETROLEO

(Presentada por los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7, FRACCION X, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y SE ADICIONA EL INCISO E) AL ARTICULO 22 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Avila y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)



Pasando al siguiente punto de la Orden del Día de nuestra agenda, es la presentación de proposiciones con punto de Acuerdo, en tal virtud, tiene el uso de la tribuna el Diputado Javier López Zavala, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de Acuerdo por el que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores a reforzar las acciones para ayudar a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.






PROPUESTAS

- El C. Diputado Javier López Zavala: Muchas gracias, con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores y Diputados:

Vengo a exponer a esta tribuna la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución por lo que se exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores y a los estados de la República, de conformidad a sus ámbitos de competencia para reforzar las acciones para ayudar a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

Y de manera particular, en los Estados Unidos de Norteamérica para la obtención de documentos personales y de identidad como son actas de nacimiento, CURP, credencial de elector, cédula de identidad, a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En la reciente visita del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, se tocó entre otros temas el de la reforma migratoria, asunto de agenda común y que requiere acciones en ambos lados de la frontera de nuestro país.

México por su condición de país vecino de ellos, tiene un flujo migratorio fuerte, según datos periodísticos, más de tres millones de personas de centro y Sudamérica, intentan cada año emigrar clandestinamente a Estados Unidos a través de la frontera sur, uno de los problemas que sufren nuestros connacionales al llegar al país es la falta de acceso a sus documentos personales y de identidad.

Según cifras de organizaciones de la sociedad civil, durante el quinquenio 2005-2010, un total de 1.4 millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos. Los expertos señalaron como característica principal de flujo procedente de México que un 51 por ciento de los migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos no tienen la debida documentación.

Se estima que la población nacida en nuestro país que vive en Estados Unidos alcanza el 11. 9 millones de personas, es decir, aproximadamente 6 millones 100 mil mexicanos radicados en radicados en la Unión Americana, no cuentan con documentos que acreditan su estancia en ese país, lo que los coloca en doble vulnerabilidad, porque son una especie de fantasmas que no cuentan con absolutamente ningún servicio y ninguna protección de carácter civil y de seguridad. Se requiere entonces realizar trámites para la regularización de su situación migratoria.

Por eso esta cifra no menor, obliga a México a reflexionar sobre mecanismos ágiles que les ayuden a nuestros connacionales a buscar mecanismos para protegerlos, facilitando la obtención de documentos personales.

Este tema ha sido en la administración pasada, incluso mediante puntos de Acuerdo en otras legislaturas; sin embargo, no los tomaron en cuenta como temas prioritarios.

Por eso es necesario retomarlos. Según datos del INEGI, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca son de los estados que más expulsión de migrantes tienen. Por eso es necesario reforzar las políticas públicas para dar seguridad a nuestros connacionales.

Actualmente México cuenta con 48 consulados en los Estados Unidos de América, cada uno de ellos realiza tradicionalmente la labor de protección consular de connacionales en el extranjero.

Actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las oficinas consulares en los Estados Unidos, ha establecido programas dirigidos a nuestros compatriotas con el fin de obtener sus documentos personales, y por eso se propone que a través del RENAPO, los registros civiles de los estados, el Instituto Federal Electoral y demás dependencias encargas de proveer o reponer los documentos personales que requiere nuestros connacionales en el exterior, se puedan dar solución a esta petición.

Existe una gran cantidad de organizaciones binacionales, de la sociedad civil reconocidas y respetadas en el trabajo con migrantes, que puedan ayudar en el proceso de vinculación y entrega de estos documentos.

Es necesario trabajar en la colaboración de la sociedad civil, gobierno federal, estatales a través de los consulados y de las organizaciones que trabajan con fines migratorios en ambos lados de la frontera para que ayuden a reducir el número de personas que no cuentan con documentos oficiales y puedan obtenerlos.

En ese orden de ideas los suscritos Diputados sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores se refuercen los trabajos para facilitar a las y a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, y de manera particular en los Estados Unidos de Norteamérica, la tramitación y obtención con las organizaciones de la sociedad civil, así como las casas de representación que trabajan en el tema migratorio a fin de lograr dicho objetivo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, a colaborar de conformidad en sus ámbitos de competencia y a través de sus representaciones en el extranjero, con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el mejor cumplimiento del resolutivo anterior.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES A REFORZAR LAS ACCIONES PARA AYUDAR A LOS CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y, DE MANERA PARTICULAR, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, PARA LA OBTENCION DE SUS DOCUMENTOS PERSONALES Y DE IDENTIDAD

“El suscrito, Diputado Javier LOpez Zavala y los integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En la reciente visita del Presidente de Los Estados Unidos de Norte América, se tocó entre otros temas, el de la reforma migratoria, asunto de agenda común y que requiere acciones en ambos lados de la frontera.

2. México por sus condiciones de país vecino de Estados Unidos de América, tiene un flujo migratorio bastante fuerte, según datos periodísticos, más de tres millones de personas de centro y sur América, intentan cada año emigrar clandestinamente a Estados Unidos a través de su frontera sur, uno de los problemas que sufren nuestros connacionales al llegar al país vecino es la falta de acceso a sus documentos personales y de identidad.

3. Según cifras de organizaciones de la sociedad civil, durante el quinquenio 2005-2010, un total de 1.4 millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos, Los expertos señalaron como característica principal del flujo procedente de México el que un 51% de los inmigrantes mexicanos residen en Estados Unidos sin la debida documentación.

4. Se estima que la población nacida en nuestro país que vive en los Estados Unidos alcanza 11.9 millones de personas. Es decir aproximadamente 6 millones cien mil mexicanos radicados en Estados Unidos de Norte América, no cuentan con documentos que acrediten su existencia en ese país, lo que los coloca en doble vulnerabilidad, porque son una especie de fantasmas que no cuentan con absolutamente ningún servicio, ni ninguna protección. Si requieren realizar sus trámites para regularizar su situación migratoria, se ven imposibilitados porque no cuentan con documentos oficiales y en casos graves como algún accidente o fallecimiento, no puedan ser repatriados porque simplemente no se conoce su identidad.

5. Esta cifra no menor, obliga a México a reflexionar sobre mecanismos ágiles que le ayuden a nuestros connacionales a buscar mecanismos para protegerlos, facilitando la obtención de sus documentos personales.

6. La necesidad de facilitar la obtención de sus documentos a los mexicanos radicados en el extranjero, ha sido tocado en las administraciones pasadas, sin embargo no lo han considerado como un tema prioritario incluso mediante puntos de acuerdo en otras legislaturas. Por ello se vuelve indispensable, visibilizarlo y ponerlo a consideración de esta soberanía.

7. En la sesión del 20 de junio de 2012, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió una propuesta con punto de Acuerdo, de los Diputados Federales Arturo García Portillo y Jesús Ramírez Rangel, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, que solicitaba acciones similares a las que se proponen el día de hoy en el presente documento, sin embargo el Ejecutivo Federal hizo caso omiso, por lo que en este nuevo sexenio y en el marco de las políticas migratorias que se están realizando entre ambos países, consideramos oportuno este planteamiento.

8. Actualmente México tiene 48 consulados en los Estados Unidos de América, cada uno de ellos realiza tradicionalmente la labor de protección consular de connacionales en el extranjero, con estricto apego a las convenciones consulares vigentes y en el marco de los principios del derecho internacional público que norman esta actividad.

9. Actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las oficinas consulares en los Estados Unidos, ha establecido programas dirigidos a los connacionales con el fin de obtener sus documentos personales, y tienen el objetivo de entrar en una vinculación más cercana con los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Entre los programas se pueden destacar los siguientes:

a) Programa de Consulados Móviles;

b) Instituto de los Mexicanos en el Extranjero;

c) Jornadas Sabatinas, y

d) Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME)

Al respecto, es de destacarse quelos Consulados de México en Estados Unidos cuentan con un programa denominado Consulado Móvil, que se desarrollan a través de visitas generalmente realizadas durante los fines de semana a las comunidades mexicanas que se encuentran en zonas alejadas de la sede consular.

Entre los servicios consulares que realizan los consulados, destacan:

• Expedición de certificados de matrícula consular de alta seguridad;

• Expedición de pasaportes;

• Atención de casos de protección, y

• Promoción de las campañas de protección preventiva.

10. Existe una gran cantidad de organizaciones binacionales, de la sociedad civil reconocidas y respetadas en el trabajo con migrantes, que pueden ayudar en el proceso de vinculación y entrega de los documentos oficiales que soliciten nuestros compañeros migrantes.

11. Es necesario trabajar en colaboración entre el Ejecutivo Federal, a través de los consulados y las organizaciones que trabajan con migrantes en ambos lados de la frontera para que ayuden a reducir el número de personas que no cuentan con documentos oficiales y puedan obtenerlos.

En ese orden de ideas, los suscritos Diputados sometemos a consideración de esa Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores se refuercen los trabajos para facilitar a las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, y de manera particular en los Estados Unidos de Norteamérica, la tramitación y obtención de sus documentos personales y de identidad, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, así como las casas de representación que trabajan en el tema migratorio a fin de lograr dicho objetivo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo en las Entidades Federativas, a colaborar, de conformidad a sus ámbitos de competencia y a través de sus representaciones en el extranjero, con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el mejor cumplimiento del resolutivo anterior.

Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Dip. Javier López Zavala”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado López Zavala.

En los términos previstos en el artículo 14 de nuestro Acuerdo, y como ha sido solicitado por parte del Diputado promovente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se considera de urgente y obvia resolución.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En tal virtud se dispensan los trámites.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, quienes van a ser los oradores a participar conforme al propio acuerdo, primeramente aquellos que estén en contra para hacer el listado correspondiente y posteriormente a favor.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a las legisladoras y legisladores, quienes quieran hacer uso de la palabra y estén en contra, sírvanse de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes quieran hacer uso de la palabra y estén a favor, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Señor Presidente, en contra ningún legislador, y a favor dos Senadores y un Diputado.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Quisiera preguntar a esta Asamblea, el Acuerdo me permite sólo dos oradores para posteriormente preguntar a la Asamblea si están de acuerdo en que se continúe con las intervenciones correspondientes.

Dado que hay sólo oradores a favor, me gustaría, si este pleno lo autoriza, que se consulte de una vez a la Asamblea para autorizar la participación de los tres oradores que solicitaron el uso de la palabra a favor.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, si se autoriza la intervención de tres oradores en este apartado, en pro del asunto que se ha tratado. Quienes estén por la afirmativa, por favor exprésenlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, por favor exprésenlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En tal virtud, esta Presidencia le concede el uso de la palabra para hablar en pro a la Senadora Dolores Padierna, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Este punto que sometió a consideración de este Pleno el Diputado, es de fundamental importancia a la luz de que en Estados Unidos se está discutiendo la Reforma Migratoria, y de ser procedente esta Reforma, sería la segunda más importante en magnitud en la historia.

La primera se publicó por Ronald Reagan, que permitió la regularización de tres millones de indocumentados. Ahora Obama haría posible que once millones de residentes en Estados Unidos que no cuentan con documentos, tendrían un estatus migratorio que les permita vivir, trabajar y estudiar en ese país.

De esos once millones de personas, siete millones son mexicanas y mexicanos y por eso es tan importante este tema, este punto.

La Reforma Migratoria en sí, como está en este momento presentada por los ocho Senadores, tiene una parte muy adversa y una parte muy positiva.

La adversa está estableciendo que en un plazo de diez años se pretende reducir al 90 por ciento la inmigración en la frontera norte, para lo cual destinarían 3 mil 500 millones de dólares para robustecer todo un plan de seguridad fronteriza. Es poner muros, vallas en México y una guardia nacional para vigilar la frontera, construir garitas, capacitación a los policías en los moros de control, etcétera.

Pero la parte positiva es la regularización de los inmigrantes indocumentados a lo que se refirió el Diputado que trajo a colación este punto.

Y como él lo comento, para poder alcanzar esta regularización se tienen que presentar documentos que él ya mencionó.

Para poderse regularizar en ese país, de acuerdo a la propuesta que han hecho los ocho Senadores, se les daría un permiso temporal revocable cada seis años si demuestran que entraron antes del 31 de diciembre de 2011 y que han mantenido una presencia continua.

Quién si no nuestros consulados. Quién si no nuestro embajador debe de ayudar a las y los migrantes mexicanos para que tengan estos comprobantes.

El permiso temporal revocable les permitirá trabajar en Estados Unidos y entrar y salir de su país. Es algo muy importante porque pueden venir a visitar a sus familiares y reintegrarse en la familia constantemente.

También para obtener ese permiso temporal revocable, tendrán que pagar una multa de 500 dólares, estar al día en el pago de sus impuestos y pagar otra multa en cada renovación del PTR.

Hay que ver si nuestros migrantes tienen condiciones de pago y si no qué debemos hacer. Nuestros cónsules son los que deben de estar haciendo este diagnóstico para hacer todo un plan de apoyo a nuestros connacionales.

Los estudiantes que llegaron cuando eran menores de edad, pues quedan exentos del pago de esta multa. Y los indocumentados que fueron deportados por razones no criminales, antes del 31 de diciembre de 2011, podrán solicitar su ingreso a Estados Unidos sólo si son cónyuges o padres de una o un ciudadano estadounidense o de una o un residente permanente; o bien si entraron al país cuando eran menores de edad.

Estos requisitos requieren documentos, demostraciones y es México quien tiene que ayudar en el alcance de la reunión de estos documentos.

Para ganarse esta residencia permanente en un plazo de diez años, los indocumentados deberán pagar también una multa de mil dólares, demostrar que han trabajado con regularidad, hablar inglés y practicar educación cívica. Esto requiere de comprobantes, documentos adicionales a los que mencionó el Diputado.

Hay también un programa que se llama “La Reforma al Sistema de Visas”, es muy extenso. Pero, por ejemplo, se destina 40 por ciento de visas por vínculos laborales a personas que tengan estudios: licenciaturas, maestrías, postgrados en áreas de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, etcétera. Todo esto son documentos, documentos, documentos para poder hacer accesible a nuestros connacionales, sean beneficiarios de los permisos temporales y entren a esta Reforma Migratoria.

Se establecen visas para emprendedores extranjeros que pueden ser los mexicanos.

Se establece un límite de 120 mil visas anuales cuando hay un mérito del solicitante, 5 años después de la entrada en vigor de la Reforma Migratoria.

Si el desempleo, hay varias condicionantes, si el desempleo es muy alto en Estados Unidos va a disminuir el monto de las visas. Si cede, el desempleo va a aumentar el número de visas, etcétera.

Yo lo que quiero decir es que nos sumamos a este punto de Acuerdo porque si bien la propuesta migratoria representa, y hay que subrayarlo, una gran esperanza para millones de personas que han permanecido en las sombras expuestos a toda clase de violaciones de sus derechos humanos y abusos contra ellos, esta propuesta migratoria tiene un enfoque de seguridad nacional; no de un enfoque de la seguridad humana que tendríamos que analizar y discutir.

Aún cuando se reconoce la soberanía de Estados Unidos para decidir sus políticas, debe México adentrarse al conocimiento profundo de esta norma para hacerla accesible a nuestros connacionales. Y ojalá las Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores, podamos hacer una visita a Estados Unidos y cabildear a favor de nuestros connacionales allá en Estados Unidos.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

Nosotros votaremos a favor de este punto de Acuerdo al que se le ha otorgado el trámite de obvia y urgente resolución. Y es que en efecto sí la tiene porque frente a los problemas de inseguridad y violencia que vive el país, frente a la crisis sistémica que el régimen vive, en donde está aunada la crisis de legitimidad de los gobernantes y de la clase política, la migración documentada e indocumentada ha crecido de manera exponencial.

Me causa mucha tristeza cuando escucho que es una migración ilegal. La única que acude a los Estados Unidos por la falta de oportunidades y por la falta de empleo. ¿No es así?

Primero, es una migración indocumentada, no ilegal. Pero ya no sólo aquellos grupos de campesinos o de personas que habitan poblaciones urbanas, las que acuden a la búsqueda de empleo en los Estados Unidos de Norteamérica.

La expectativa de la reforma migratoria ha potencializado la migración nacional. En los estados vecinos fronterizos están llegando miles de ciudadanos mexicanos para quedarse a vivir temporalmente con su familia, e incluso sus negocios los mantienen en México, pero muchos empresarios, deportistas, artistas, actores, viven en Estados Unidos.

Trabajan en México o tienen sus negocios en México, pero frente al problema de la violencia y la inseguridad viven en los Estados Unidos. Hay colonias completas de vecinos nacionales viviendo temporalmente en ese país, y en los últimos meses, en los últimos años, se ha incrementado el número de personas documentadas.

Por eso me parece pertinente, sin embargo me parece pertinente el punto de Acuerdo planteado, por eso nosotros votaremos a favor, sin embargo, no está completo, Diputado López Zavala, porque la gran carga de la responsabilidad le corresponde a la política exterior mexicana, le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en efecto, a los consulados y a las embajadas de nuestro país en el vecino país del Norte.

Pero no es suficiente con este exhorto, porque los exhortos que el Congreso realiza semana con semana normalmente no son atendidos. En ocasiones son atendidos solamente por la prensa, pero no tiene ninguna consecuencia jurídica, ni política; es decir, no tienen lo que en materia jurídica llamamos vinculación, no son vinculatorios y no obligan a ninguna de las partes a cumplir o hacer caso del exhorto.

Es más, yo le podría decir que más de la mitad de los exhortos no son atendidos, son ignorados por las autoridades a las que se les envíe, por eso yo voy más allá. Yo le plantearía al Diputado Zavala que incluso hiciéramos una Comisión de la Permanente para que con la Secretaria o con el Secretario de Relaciones Exteriores viésemos un documento más formal, de mayor peso jurídico que obligara a que los consulados, las embajadas observaran este procedimiento que puede ser dentro del derecho consular y dentro del ámbito de facultades de la Cancillería.

Pero también con el Secretario de Gobernación, para que el Secretario de Gobernación, a través de los órganos que se encargan de la coordinación con los municipios, tuviese fuerza para que expidieran estos documentos que serán necesarios para poder regularizar la calidad migratoria en los próximos meses.

Mire, yo procedo de un estado que tristemente ha sido distinguido por expulsar a mexicanos al extranjero. Le puedo decir que la mitad de mis paisanos viven en los Estados Unidos, la mitad, y han logrado en dos recientes legalizaciones, ellos les dicen una expresión muy local, han logrado documentarse.

Pero hay una cantidad impresionante de mexicanos radicados en el extranjero sin documentación. Por eso su planteamiento es correcto, pero creo que deberíamos elevarlo porque no quedará más que en una llamada a misa. Se lo digo porque además los neopriístas éstos que gobiernan, malgobiernan, desprecian al Congreso, y lo desprecian a usted, y los desprecian a todos, no nos hacen caso.

Entonces tenemos que someter la fuerza del Congreso a que podamos tener consecuencias jurídicas de vinculación, de lo contrario no saldrá más que en prensa. Quizás sus paisanos de Puebla que están en Nueva York se lo agradezcan, pero le dirán: “Sí ganamos".

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Monreal Avila.

Le concedemos el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, hasta por cinco minutos, rogándole respetuosamente nos apeguemos al tiempo, dado que en breve estamos por iniciar la sesión solemne previamente acordada.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Cuando el grupo parlamentario de Acción Nacional me dio el honor de hablar de este tema, la verdad es que es un tema que a mí me emociona mucho en lo personal, y por supuesto pronunciarme a favor sería más que una obligación, una responsabilidad, por lo cual apoyaríamos el punto de Acuerdo que ha presentado el Diputado López Zavala.

¿Pero por qué me emociona tanto? Porque aceptando la invitación de la Senadora Dolores Padierna de ir a Estados Unidos, a los consulados, que se lo acepto desde este momento, si es que me dan la visa porque todavía no la tengo, sería la primera vez que iría de manera legal a los Estados Unidos. Las otras dos ocasiones, pues una fue caminando 36 horas por el desierto, y cuando cumplí los 20 años pues 10 horas en la cajuela de un carro, Nogales- Tucson, Tucson- Phoenix, y esas son las formas en que a mí me tocó vivir allá de ilegal durante 7 años.

Entonces este tema es un tema sensible para su servidor, es un tema sensible porque hemos vivido en los Estados Unidos lo que es ser un fantasma, trabajar en el campo, en el field, le dicen allá, con una Green Card, por supuesto, porque no consigue uno los de a de veras, con 150 dólares se llevaba uno la Green Card con un seguro social de alguien de por ahí, y así trabajamos.

Y creo que el que este Senado, junto con la Cámara de Diputados, solicite a los consulados, a las embajadas que apoyemos, que facilitemos los trámites a quienes en ese momento están allá, y entre los cuales cuento no solamente a la mitad de la población de Zacatecas o el millón y medio de Michoacán, o el casi millón de mexicanos de Jalisco, o casi 100 mil de Colima, o los casi 7 millones de mexicanos que están allá, pues les facilitaría la posibilidad de hacer cualquier trámite para obtener algunos de los beneficios que se supone se pueden alcanzar si es que existe la Reforma Migratoria que se ha planteado, en primer lugar.

En segundo lugar, creo que no solamente son los 7 millones de mexicanos. Estados Unidos debe de valorar la posición estratégica que tiene nuestro país al compartir una de las fronteras más grandes del mundo, y debe convertirse el tema de México en un tema de seguridad nacional para ellos, y eso implica la posibilidad de que muchos mexicanos que sólo van a trabajar a Estados Unidos, y algunos a estudiar, pues puedan tener esa facilidad en trabajos que obviamente ellos en muchas ocasiones no están dispuestos a hacer.

Por ello, compañeros, me pronuncio a favor, creo que sí va a ser importante que los 48 consulados se pongan a trabajar apoyando a nuestros connacionales en aquel país. Creo que sí va a ser muy importante que hagamos el tipo de reunión que menciona el Diputado Monreal, tanto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, como con el Embajador en Washington con la intención de que podamos incidir en mejorar la vida de quienes por alguna razón, ya sea por falta de trabajo, ya sea por la inseguridad que está privando en nuestro país se fueron a vivir a los Estados Unidos.

Creo que es un tema pendiente que tenemos con ellos, todos los días subimos puntos de Acuerdo o porque deportaron personas enfermas para no hacerles válido el Seguro Social o porque deportaron padres de familia dejando, en este momento hay 8,000 niños en Estados Unidos, hijos de mexicanos que están siendo atendidos por el Estado, y muchos de ellos dados en adopción, en virtud de que sus padres no pueden regresar a Estados Unidos, en este momento, y como tal le pasó a varios compañeros que se fueron conmigo de mojados, les hacen trabajar un mes, les dicen que les van a pagar el siguiente, y cuando llega el segundo mes, llaman a la migra y te sacan, y bueno, se ahorran por lo menos bastantes quincenas.

Creo que hay un compromiso con los mexicanos en Estados Unidos, creo que como Comisión Permanente estamos obligados a trabajar, me sumo, y felicito al Diputado López Zavala por este exhorto, y creo que de alguna manera todos estamos obligados a votar a favor para que de alguna manera los derechos de nuestros connacionales en aquél país sean respetados por el gobierno americano y apoyados por nuestro gobierno.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Preciado Rodríguez.

Esta Presidencia recibe la solicitud del Diputado López Zavala para retirar la parte rectificación de hechos en virtud de la sesión solemne que está en breve.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta que ha realizado el Diputado López Zavala. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, se acepta la propuesta.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Y como les fue anunciado abriremos un receso para recibir, en sesión solemne, a la señora Valentina Matvienko, Presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

(Receso)

(Se reanuda la sesión)

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO

RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: (15:41 horas)Señoras y señores legisladores, se reanuda la sesión.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, para presentar a nombre propio y de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar si existe una investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de algún sindicato.

- El C. Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández: Gracias, señor Presidente.

Como ya se ha referido, acudo a esta tribuna para presentar el punto de Acuerdo suscrito por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, al que, por supuesto, nos hemos sumado todos los Diputados y Senadores del Partido Acción Nacional.

El punto de Acuerdo justamente busca exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe a esta Soberanía si existe una investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de algún sindicato, y al Procurador General de la República para investigar la probable comisión de delitos respecto al aumento inexplicable del patrimonio de líderes sindicales.

El sindicalismo tiene un fin muy noble, justamente el de proteger eficazmente los derechos de los trabajadores ante las posibles injusticias que cometan los patrones.

El origen de esta lucha justamente buscaba exigir condiciones salariales más justas, jornadas de trabajo adecuadas y, por supuesto, establecer condiciones laborales y sociales más equitativas.

Sin embargo, este fin puede viciarse, pervertirse, incluso degenerar en el uso inadecuado de la fuerza gremial para a veces presionar de manera indiscriminada a los patrones y, en ocasiones, muy lamentablemente para lucrar en beneficios particulares por encima de los intereses colectivos.

Para el caso mexicano, el sindicalismo se ha basado en una alianza entre estos sindicatos y un gobierno emanado de un partido hegemónico que en muchas ocasiones ha traído resultados muy negativos para el país.

El corporativismo, líderes a perpetuidad, mal uso de recursos, son vicios que afectan al sindicalismo, que lastiman la democracia, la transparencia y al propio Estado mexicano, y que no pocas ocasiones derivan en la ineficaz defensa de los intereses de sus agremiados.

Son muchos los problemas que debemos atender como nación en este rubro.

Sin embargo, uno que lastima particularmente es el uso ilegal, indebido de recursos por parte de dirigentes sindicales que han lucrado con las cuotas de sus pares y que han hecho mal uso también de recursos públicos que reciben por diversos conceptos.

Este problema se origina justo por la opacidad, la falta de rendición de cuentas y el uso particular de los recursos que deben ser de todos los agremiados, e incluso de todos los mexicanos, y que se agrava de manera particular cuando se conecta con la comisión de delitos graves.

El ejemplo más nítido y reciente que tiene a la vista la opinión pública es justamente la detención de la maestra Elba Esther Gordillo, lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acusada por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este caso particular, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda inició una serie de investigaciones que derivaron en encontrar una serie de operaciones financieras de procedencia ilícita entre el 2008 y 2012, que justamente contrastaban con una declaración de ingresos muy inferior a los depósitos y operaciones que se realizaron en ese mismo lapso.

Con estos y otros elementos, la Unidad de Inteligencia Financiera determinó acusar a la lideresa sindical y se consignó su caso ante un juez, y está justamente el proceso penal en marcha; sin embargo, mal haríamos en creer que el problema se limita a este caso concreto. Ante la opinión pública quedan claros múltiples casos en que se evidencia el modo ofensivo con la que se conducen algunos líderes sindicales, un modo de vida absolutamente ostentoso que contrasta lastimosamente con el modo de vida que llevan sus agremiados.

En aras de la transparencia, la legalidad y los derechos de los agremiados, deben esclarecerse a plenitud de origen del patrimonio de estos líderes, y por supuesto si existe una incongruencia entre los ingresos y sus egresos. Debemos velar, como Congreso de la Unión, porque exista una total transparencia en los sindicatos, y en caso de la comisión de probables delitos se investigue y se deslinden las responsabilidades.

Como ya se dijo, en el caso concreto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que inició las investigaciones. Esta unidad tiene como tareas justamente el de prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera la comisión de delitos como: operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional y su financiamiento y terrorismo internacional.

Sin embargo, pudiera darse el caso que algunas de las irregularidades que están a la vista de todos pudieran implicar la comisión de otro tipo de conductas ilícitas, diferentes a las que investiga la Unidad de Inteligencia Financiera referida, que por su importancia deben ser investigadas a plenitud y, en su caso, consignadas por la Procuraduría General de la República.

No es la intención, ni del Partido Acción Nacional, ni de nuestros grupos parlamentarios, el utilizar estos casos lamentables para golpear particularmente a una persona. El objetivo debe ser, como lo hemos venido señalando, avanzar a una cultura de auténtica rendición de cuentas, de transparencia en todos los ámbitos de la vida pública de México.

Por lo anteriormente argumentado, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con solicitud de trámite de urgente resolución:

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que informe a esta Soberanía si la Unidad de Inteligencia Financiera analiza, investiga o ha recibido reportes de operaciones financieras, económicas o cualquier información relacionada a actos que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de delitos previstos en el Código Federal Penal sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita, por parte de sindicatos regulados en los Apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pudieran situarse en dicho supuesto.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Procurador General de la República para que, respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común, investigue y en su caso persiga la probable comisión de delitos respecto al aumento inexplicable del patrimonio de algunos líderes sindicales.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO A INFORMAR SI EXISTE UNA INVESTIGACION SOBRE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA POR PARTE DE ALGUN SINDICATO

“LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, para exhortar respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que informe si existe una investigación sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por parte de algún sindicato y, al Procurador General de la República para que investigue la probable comisión de delitos, respecto al aumento inexplicable del patrimonio de algunos líderes sindicales, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La explotación laboral, derivada de la industrialización, sumada a la ambición de lucro excesivo de ciertos patrones, fueron las raíces del movimiento asociacionista de los trabajadores, que buscaron homologar fuerzas respecto de los patrones por medio de la aglutinación de individualidades de la clase obrera, para exigir condiciones salariales más justas, jornadas de trabajo adecuadas y, por supuesto, establecer condiciones laborales y sociales más equitativas.

El sindicalismo tiene el noble fin de proteger eficazmente a los trabajadores ante posibles injusticias cometidas por el patronato. Sin embargo, dicho fin puede viciarse y degenerar en el uso inadecuado de la fuerza gremial, para presionar excesivamente al patrón y también para el beneficio particular de algunos líderes en perjuicio de sus pares y de su lugar de trabajo.

La compleja historia del sindicalismo mexicano de la era posrevolucionaria, se ha basado en una alianza entre sindicatos y el gobierno emanado de un partido hegemónico, en muchas ocasiones con resultados sumamente negativos para el país.

El corporativismo, los líderes a perpetuidad, el mal uso de los recursos, entre otros, son vicios que afectan a nuestros sindicatos y cuyos alcances lastiman la democracia, la transparencia y al propio Estado mexicano.

De estos problemas, debemos atender con urgencia el uso indebido de los recursos por parte de dirigentes sindicales, que han mal obrado con las cuotas de sus pares, y también con recursos públicos que reciben por diversos conceptos.

Este problema implica la opacidad, falta de rendición de cuentas, y el uso particular de recursos que debieran ser de todos los agremiados o incluso de todos los mexicanos, pero se agrava aún más cuando tienen conexión con delitos graves como puede ser el lavado de dinero.

Por ejemplificar lo anterior, el 26 de febrero de 2013 fue detenida por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, acusada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Una operación bancaria por 2 millones 600 mil pesos realizada por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez detonó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigara y encontrara una ristra de operaciones financieras realizadas entre 2008 y 2012 por más de 2 mil millones de pesos provenientes de dos cuentas registradas a nombre del SNTE.

De dicha investigación, derivó que la Unidad de Inteligencia encontrara que Ugarte Ramírez realizó entre 2009 y 2012 un total de 22 transferencias por un monto de 2 millones 100 mil dólares (27 millones 267 mil pesos) a la tienda departamental estadounidense Neiman Marcus.

En el periodo de 2009 a 2012, la dirigente del SNTE declaró al fisco ingresos por un total de un millón 100 mil pesos, “cantidad muy inferior a los depósitos y operaciones realizadas en el lapso referido”.

Con éstos y otros elementos, la Unidad de Inteligencia Financiera determinó denunciar formalmente a la lideresa sindical, cuyo expediente fue consignado ante un juez y actualmente enfrenta un proceso penal para determinar su inocencia o culpabilidad.

No obstante, los medios de comunicación y la opinión pública han dado cuenta de otros casos en los que se evidencia el modo ostentoso de vida que llevan algunos líderes sindicales y sus familias, lo que contrasta con el modo de vida de sus agremiados. En aras de la transparencia, la legalidad y los derechos sindicales, debe esclarecerse el origen del patrimonio de los líderes sindicales, y si existe incongruencia entre los ingresos y egresos. Por ello, el Congreso de la Unión tiene la obligación de dar seguimiento a estos asuntos y velar porque exista total transparencia en los sindicatos y, en caso de la probable comisión de delitos, se investigue y deslinden las responsabilidades consecuentes.

En el caso de los manejos inadecuados que implicaron la tipificación de delitos por parte de la maestra Gordillo, fueron denunciados ante la PGR, por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -comúnmente conocido como Lavado de Dinero- y de Terrorismo y su financiamiento.

Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:

• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)

• Terrorismo nacional y su financiamiento (artículo 139) y

• Terrorismo Internacional y su financiamiento (148 bis) Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a:

• Impedir la realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento;

• Castigar a aquellos que las realicen; y

• Sustraer la mayor cantidad de los recursos involucrados a favor del Estado.1

No obstante, pudiera darse el caso de que las probables irregularidades, en caso de ser ciertas, pudieran implicar la comisión de otro tipo de conductas ilícitas, diferentes a las que investiga la Unidad de Inteligencia, que por su importancia, y por el presunto manejo de recursos públicos, deben ser investigadas y, en su caso consignadas por la PGR ante la autoridad competente.

Con la intención dar seguimiento debemos solicitar respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, informe si hay en curso investigaciones o análisis de sindicatos, derivadas de que sus operaciones financieras pudieran constituir un acto ilícito y a la PGR solicitarle que investigue éstos y cualquier otro delito que pudiera haberse cometido en el ámbito sindical referido.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que informe a esta Soberanía si la Unidad de Inteligencia Financiera analiza, investiga o ha recibido reportes de operaciones financieras, económicas o cualquier información relacionada a actos que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal, sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por parte de Sindicatos regulados en los apartados A) y B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pudieran situarse en dicho supuesto.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Procurador General de la República para que respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común, investigue y, en su caso, persiga la probable comisión de delitos, respecto al aumento inexplicable del patrimonio de algunos líderes sindicales.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 15 de mayo de 2013.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Rivadeneyra Hernández.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Túrnese a la Tercera Comisión.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo en relación a la reforma educativa.

- El C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Buenas tardes, compañeras y compañeros, miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Vengo a presentar un punto de Acuerdo que está relacionado con el asunto de la reforma a los artículos 3o. y 73 de la Constitución, mal llamado reforma educativa, porque eso implica la reformulación de planes y programas de estudio, de revisión del mapa curricular, etcétera, y eso será, ojalá y sea consecuencia de todo esto, que es lo que se pretende, pero por lo pronto vale la pena precisar algunas cosas.

La reforma a los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, ha generado un movimiento de inconformidad por parte de trabajadores de la educación en diversos estados de la República.

Esta Comisión Permanente debe ser sensible y receptiva ante estos cuestionamientos, pero también de fijar una posición de manera clara y enfática. Compartimos el diagnóstico de que nuestro sistema educativo sufre inercias, rezagos e inequidades; reconocemos que frente a estas carencias son responsables muchos actores, instituciones y autoridades, no sólo docentes y mucho menos la mayoría de éstos.

Por eso consideramos que esta Asamblea debe de ser enfática en señalar los propósitos y el potencial de esta reforma.

La reforma tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación, para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Se reivindica la escuela pública y la rectoría del Estado a través de acciones dirigidas para elevar la calidad del proceso educativo.

Estos propósitos no se contraponen a una educación pública y gratuita, menos aún al respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, ni a una evaluación del sistema educativo.

Cuando la reforma establece la autonomía de gestión en las escuelas ante los órdenes de gobierno, busca que sean padres de familia, alumnos y directivos, a través de su participación, quienes decidan en qué invertir los recursos destinados a la infraestructura y materiales educativos, así como resolver problemas de operación y propiciar la participación de la comunidad escolar bajo la coordinación del director.

La reforma no establece cuotas obligatorias ni condiciona el pago de éstas a la inscripción de alumnos, la entrega de documentos o el acceso a su plantel, incluso ambas Cámaras del Congreso de la Unión han empezado a legislar por separado para evitar cualquier condicionamiento en este sentido.

Los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación están reconocidos de manera expresa en el Decreto de la reforma constitucional. Son derechos humanos, y como tales, son imprescriptibles e inalienables. No pueden suspenderse ni conculcarse mediante disposiciones legales o administrativas.

No se puede estar en contra de un servicio profesional docente que determine el acceso y la promoción de los trabajadores de la educación a cargos de dirección y supervisión que fije criterios de mérito y de calidad de su desempeño.

La permanencia de los maestros en su puesto de trabajo ya está normada en diferentes disposiciones, el problema es que existen prácticas de corrupción, simulación o encubrimiento que lamentablemente existe en el sistema educativo.

Los trabajadores que desempeñan sus funciones de manera regular y responsable no tienen por qué sentirse amenazados por una norma que les da certidumbre y que reconoce el empeño con que realizan sus labores, y la legislación que el Congreso debe expedir tampoco tiene por qué atentar contra estos derechos.

Por esta razón, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por un instituto constitucionalmente autónomo, no debe tener carácter punitivo. Como la propia Constitución establece, la evaluación se regirá por principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. La evaluación educativa debe tomar en cuenta las necesidades locales, regionales y culturales que contextualizan el proceso educativo y no reducirse a mediciones estandarizadas ajenas a las particularidades en que se realice la labor educativa en cada escuela y entidad.

Los propios integrantes de la junta de gobierno del instituto han establecido los principios que van a orientar su acción, partiendo del reconocimiento de la educación como un derecho fundamental; de que el propósito fundamental de la evaluación es mejorar el proceso de resultados educacionales, de reconocer que aunque existan propósitos educativos comunes, los hay propios de los diferentes sectores poblacionales y de los diversos grupos culturales y lingüísticos que deberán ser considerados en las acciones de evaluación y que las definiciones de los referentes de cada evaluación se construyan con los actores involucrados.

La evaluación no se puede reducir a medidas disciplinarias que pongan en riesgo la estabilidad laboral. La evaluación debe usarse para dar mayor pertinencia y capacidades a la formación, actualización, capacitación y superación profesional docente.

Este proceso legislativo debe ser participativo, para esto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados está realizando una amplia consulta nacional con autoridades educativas, especialistas, maestros, padres de familia y todos los interesados en mejorar la calidad de la educación pública y gratuita, así como dar certidumbre y reconocimiento a la labor docente.

Honorable Asamblea:

Proponemos que la legislación que se derive de la reforma constitucional observe de manera estricta el apego a los derechos humanos laborales de los trabajadores de la educación, se apegue estrictamente al principio constitucional de la gratuidad de la educación pública y prevea un sistema de evaluación educativa objetiva, integral, incluyente, participativa, sin fines punitivos y cuyo principal objetivo sea alcanzar el máximo logro del objetivo de los educandos.

La reforma educativa debe fortalecer nuestras escuelas, darle dignidad a la labor docente, hacer realidad el derecho de la educación de calidad como un derecho fundamental y usar la evaluación para mejorar el sistema en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, los suscritos, Diputados y Senadores de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución relativo a la reforma educativa:

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia para que la reforma a la legislación secundaria derivada del Decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, observe el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores de la educación, el apego al principio constitucional de la gratuidad de la educación pública y prevea un sistema de evaluación educativa objetivo, integral, incluyente, participativo, sin fines punitivos y cuyo fin principal sea alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Gracias por su atención, compañeras y compañeros.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA REFORMA EDUCATIVA

“Los suscritos, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Soberanía con el carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo relativa a la reforma educativa, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma a los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 2013, ha generado un movimiento de inconformidad por parte de los trabajadores de la educación en diversos estados de la República.

Esta Comisión Permanente debe ser sensible y receptiva ante estos cuestionamientos pero también debe fijar su posición, de manera clara y enfática. Compartimos el diagnóstico de que nuestro sistema educativo sufre inercias, rezagos e inequidades; reconocemos que frente a estas carencias son responsables muchos actores, instituciones y autoridades, no sólo los docentes y mucho menos la mayoría de éstos.

Por eso consideramos que esta Asamblea debe ser enfática en señalar los propósitos y el potencial de esta reforma.

La reforma tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación, para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Se reivindica la escuela pública y la rectoría del estado a través de acciones dirigidas para elevar la calidad del proceso educativo.

Estos propósitos no se contraponen a una educación pública y gratuita, a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, ni a una evaluación del sistema educativo.

Cuando la reforma establece la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno, busca que sean padres de familia, alumnos y directivos, a través de su participación, quienes decidan en qué invertir los recursos destinados a infraestructura y materiales educativos, así como resolver problemas de operación y propiciar la participación de la comunidad escolar bajo el liderazgo del director.

La reforma no establece cuotas obligatorias ni condiciona el pago de éstas a la inscripción del alumno, la entrega de documentos o el acceso a su plantel. Incluso, ambas Cámaras del Congreso de la Unión han legislado por separado para erradicar este condicionamiento.

Los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación están reconocidos de manera expresa en el Decreto de reforma constitucional. Son derechos humanos y como tales, son imprescriptibles e inalienables. No pueden suspenderse ni conculcarse mediante disposiciones legales o administrativas.

No se puede estar en contra de un servicio profesional docente que determine el acceso y la promoción de los trabajadores de la educación a cargos de dirección y supervisión, que fije criterios de mérito y de calidad de su desempeño.

La permanencia de los maestros en su puesto de trabajo ya está normada en diferentes disposiciones; el problema es que existen prácticas de corrupción, simulación o encubrimiento que lamentablemente privan en el sector magisterial.

Los trabajadores que desempeñan sus funciones de manera regular y responsable no tienen por qué sentirse amenazados por una norma que les da certidumbre y que reconoce el empeño con que realizan sus labores, y la legislación que el Congreso debe expedir tampoco tiene por qué atentar contra estos derechos

Por esa razón, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por un instituto constitucionalmente autónomo, no debe tener carácter punitivo. Como la propia Constitución establece, la evaluación se regirá por principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. La evaluación educativa debe tomar en cuenta las necesidades locales, regionales, culturales que contextualizan el proceso educativo y no reducirse a mediciones estandarizadas ajenas a las particularidades en que se realice la labor educativa.

Los propios integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto han establecido los principios que van a orientar su acción, partiendo del reconocimiento de la educación como un derecho fundamental; de que el propósito fundamental de la evaluación es mejorar procesos y resultados educacionales; de reconocer que aunque existen propósitos educativos comunes, los hay propios de los diferentes sectores poblacionales y de los diversos grupos culturales y lingüísticos, que deberán ser considerados en las acciones de evaluación y que las definiciones de los referentes de cada evaluación, se construyan con los actores involucrados.

La evaluación no se puede reducir a medidas disciplinarias que pongan en riesgo la estabilidad laboral. La evaluación debe usarse para dar mayor pertinencia y capacidades a la formación, actualización, capacitación y superación profesional docente.

Este proceso legislativo debe ser participativo, para esto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados está realizando una amplia consulta nacional con autoridades educativas, especialistas, maestros, padres de familia, y todos los interesados en mejorar la calidad de la escuela pública y gratuita, así como en dar certidumbre y reconocimiento a la labor docente.

Honorable Asamblea:

Proponemos que la legislación que se derive de la reforma constitucional observe de manera estricta el respeto a los derechos humanos laborales de los trabajadores de la educación, se apegue estrictamente al principio constitucional de la gratuidad de la educación pública; y prevea un sistema de evaluación educativa objetiva, integral, incluyente, participativa, sin fines punitivos y cuyo fin principal sea alcanzar el máximo logro educativo de los educandos.

La reforma educativa debe fortalecer nuestras escuelas, darle dignidad a la labor docente, hacer realidad el derecho a la educación de calidad como un derecho fundamental y usar la evaluación para mejorar al sistema en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia para que la reforma a la legislación secundaria, derivada del decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, observe el respeto a los derechos humanos laborales de los trabajadores de la educación; el apego al principio constitucional de la gratuidad de la educación pública; y prevea un sistema de evaluación educativa objetivo, integral, incluyente, participativo, sin fines punitivos y cuyo fin principal sea alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya.- Dip. Silvano Aureoles Conejo.- Dip. Aleida Alavez Ruiz.- Dip. Carlos Reyes Gámiz”.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Alonso Raya. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa, sí se considera de urgente resolución.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, está a discusión. Tengo registradas a la Senadora Lucero Saldaña, a la Senadora María del Pilar Ortega, a la Senadora Dolores Padierna y al Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?

Como ustedes saben, el acuerdo que regula las sesiones de esta Comisión Permanente exige la autorización del Pleno para que puedan ser más de dos los oradores que participen; tenemos registrados un total de seis oradoras y oradores, voy a solicitar a la Secretaría someta a consideración del Pleno el que puedan participar los seis.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si están de acuerdo que puedan participar seis oradores en este asunto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Secretaria. Tiene el uso de la voz el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, señor Presidente.

Es conocido por todos que en tiempos de la líder sindical Elba Esther Gordillo, en la Secretaría de Educación Pública nada se movía si la maestra no estaba de acuerdo.

Coincidimos y apoyamos el punto de Acuerdo que presenta el grupo parlamentario del PRD, subrayando que para efecto de elevar la calidad educativa de nuestros niños y niñas es necesario modificar las condiciones laborales de los trabajadores del sistema educativo nacional.

Las que pasan por contar con mayor libertad sindical, que inciden en el sistema de promoción de los mismos.

Después de la detención de Elba Esther las estructuras sindicales siguen inamovibles. El gobierno federal enfrentó a un presunto delincuente solitario, que no justifica el desvío de recursos millonarios de los fondos sindicales, fondos que son propiedad del magisterio.

Una reforma educativa sin eliminar los controles burocráticos y corporativos del sindicato en la estructura administrativa y laboral de la educación pública no tiene razón de ser, porque se sigue en la inercia de la opacidad y la complicidad que resta condiciones de igualdad en el desarrollo profesional de los maestros.

En el proceso de reforma a la ley secundaria, no debe incurrirse en los errores de la reforma constitucional, se debe legitimar no con el pacto contra México, como yo lo llamo; se debe legitimar con la participación abierta de los maestros y maestras, se debe de tomar en cuenta su experiencia educativa y social, sus vínculos con los padres de familia y alumnos en la integración curricular y en los programas de evaluación que incentiven la labor educativa y social que desempeñan. Sólo así se podrán sentar las bases para un desarrollo nacional.

Es bueno el inicio del diálogo con los maestros en lucha, no queremos discursos provocadores, como el que todavía leemos en la mañana, que no habrá ningún pacto atrás en la reforma educativa, sino queremos comprender que necesitamos que el cauce para el diálogo, los maestros pasen de las calles a las mesas de discusión para la discusión y elaboración de la reforma educativa, si no, compañeros, seguirán legislando en contra de la voluntad del pueblo de México.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Diputado Ladrón de Guevara.

Tiene el uso de la voz el Diputado Ricardo Monreal Avila, del Partido Movimiento Ciudadano.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

Los maestros tienen razón.

Los maestros que ahora se han inconformado tienen toda la razón al expresar su enojo social.

Nosotros respaldamos su expresión pacífica porque fue este Congreso el que les negó la posibilidad de discutir, de presentar propuestas, de participar en la elaboración de la norma constitucional.

Tanta razón tienen los maestros, que ahora quienes votaron a favor de la reforma constitucional, les recordamos que Movimiento Ciudadano votó en contra, intentan corregir porque saben que fueron excluidos los maestros y la inconformidad social está en la calle, no en las Cámaras ni en las curules.

En esta lucha pacífica se pueden desprender dos cosas:

La primera, que a mí me parece muy importante resaltar, es que después de muchos años de lucha, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hoy han logrado, por vez primera, que el gobierno les reconozca como auténticos y legítimos interlocutores, representantes de los maestros del país.

Los movilizados y los inconformes son la mayoría de los maestros del país, aunque quienes han salido a la calle son los representantes de la coordinadora, quienes durante muchos años han sido reprimidos, aislados, ignorados, y ayer el Secretario de Gobernación, directamente platicando y dialogando con el interlocutor denominado: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

El sindicato formal firma lo que le presenten. Acepta un ridículo, un vergonzoso aumento salarial, mientras en la calle los maestros siguen protestando por el trato que reciben en sus pueblos y en sus ciudades.

Movimiento Ciudadano está a favor de una mejor educación en el país, de una educación que desarrolle armónicamente todas las facultades del ser humano y a la vez fomente en las personas el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional, la mejor convivencia humana, los valores democráticos de libertad y justicia y prepare a nuestro jóvenes y adultos para insertarse en un mundo y en una economía en constante cambio, competencia y transformación.

El actual sistema educativo del país no garantiza esos objetivos.

Sí se requiere de una reforma integral que comprenda y abarque todos los aspectos del sistema educativo, desde los planes de estudio hasta el contenido pedagógico; desde la relación maestro-alumno, hasta la relación de las escuelas con los padres de familia; desde la relación estados-sindicatos, hasta la relación de las escuelas con su entorno social.

La llamada reforma educativa que el gobierno de la República ha puesto en marcha, sólo abarca uno de los aspectos: la relación entre el gobierno y los maestros, así como el sistema de evaluación de los mismos, por lo que es insuficiente, limitada, parcial y hostigadora de los maestros.

Esta es la razón por la que nosotros no respaldamos la reforma constitucional, votamos en contra y hemos actuado en consecuencia.

Sin embargo, aún ese aspecto parcial y limitado, la reforma educativa en marcha adolece de dos grandes defectos en su instrumentación: se ha diseñado a espalda de los maestros y se busca imponer a la fuerza.

Esta imposición es lo que está movilizando a los maestros, no solamente del estado de Guerrero, de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, sino ya de otras entidades federativas.

Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor de que se instalen las mesas de diálogo en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales para que los maestros inconformes sean escuchados en sus planteamientos y demandas; que se establezca esta agenda con este calendario para que de manera concreta desahoguemos y resolvamos las propuestas y exigencias de los maestros.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe el diálogo, al contrario, lo establece como una vía indispensable para promover reformas constitucionales.

Lo que expresa y prohíbe la Constitución es la imposición, la cerrazón y la fuerza, y es de muy mala educación tratar de imponer una reforma educativa a toletazo puro.

Aún hay tiempo y espacio para escuchar a los maestros inconformes, antes de que la sordera política termine despertando a su extremo contrario la rebeldía magisterial. Ni una ni otra son el camino de la educación en el país.

¡Felicitamos a los maestros en su día!

Qué triste celebración, con una reforma constitucional que les ha generado retrocesos; que les ha generado el que se eliminen sus conquistas.

Qué manera de celebrar a los maestros con tanta demagogia, con tanta retórica, con tanta simulación.

Qué manera de celebrar a los maestros persiguiéndolos, teniéndolos en la calle con su inconformidad social. Eso es lo lamentable en el “Día del Maestro”.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Monreal Avila.

Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna Luna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

El tema de hoy es la educación, no debe de ser otro.

La educación, hay que reconocerlo, ha permanecido en el olvido por muchas décadas.

Entonces, ¿cómo va a estar bien la educación si ha habido, prácticamente, un olvido hacia ella?

Hay una caída constante de su presupuesto.

Tenemos un convenio de descentralización educativa caduco.

Tenemos la privatización constante de la educación superior, por ejemplo, y donde han prevalecido por años los valores del mercado por encima de los valores educativos.

¿A qué obedecen, hay que preguntarnos, los altos índices de decepción, de reprobación, de rezago educativo, la reducción de la cobertura educativa, la marginación de la población, la profundización de la pobreza?

Según la UNESCO, 34 millones de mexicanas y mexicanos están en rezago educativo; 7 millones son analfabetas; 1.4 millones de niñas y niños no asisten a la escuela; más de un millón 324 mil tienen menos de 4 años de estudio y hay un número inestimable de analfabetas funcionales.

En secundaria, el 79.7% de los adolescentes tienen niveles insuficientes o elementales en materia de matemáticas. En español, 79.3% se ubicó en los últimos niveles de desempeño, esto es, casi 8 de cada 10 jóvenes no tienen conocimientos básicos.

Las poblaciones pobres reciben una educación pobre y muchas ni la reciben.

Defender la educación que desarrolla la niñez, es el principal objetivo.

Construir el aprendizaje para la vida plena, la educación para la libertad, educar para la transformación, que tengamos una educación humanista, ecologista, democrática, para que la escuela sea emancipadora, para que formen seres pensantes, seres críticos, analíticos, para contribuir a un proyecto de soberanía, de dignidad, de justicia.

Comprender el fenómeno del rezago educativo implica también ver cómo están las condiciones de los planteles. 30% de las escuelas no tiene drenaje; 25% de las escuelas no tiene electricidad; el 80% no tiene sanitarios en condiciones adecuadas; el 44% de las aulas son multigradas y el 60% de estas aulas están en zonas indígenas.

Y hay muchas escuelas en condiciones de marginación, de pobreza, de exclusión.

Esto debiera dar vergüenza, es inadmisible en pleno siglo XXI.

¿Y quién evalúa estas cosas? ¿Quién evalúa el recorte del presupuesto? ¿Cuánto pesa en la educación estas condiciones desoladoras en las que se califica?

Culpar a los maestros de la baja o nula calidad en la educación, haciendo abstracción de las autoridades educativas, de la falta de presupuesto, del olvido de las autoridades, es sumamente injusta.

Responsabilizarlos del abandono presupuestal o despedir a maestros, no va a resolver el problema de la educación en México.

La responsabilidad principal de las condiciones de la educación corresponde al Estado, y deben las autoridades revertir este abandono en que se ha dejado a la educación; inyectarle recursos a todo el proceso educativo, a la infraestructura escolar, a los alumnos en su nutrición, en sus becas, en sus útiles escolares; a los maestros en su profesionalización, en mejores salarios; a los padres y madres de familia en sus ingresos, en sus empleos, en la alfabetización.

Primero, que el Estado ponga las condiciones adecuadas para desarrollar el proceso de la educación, donde los alumnos estén en condiciones de aprender y los maestros en condiciones de enseñar, sin preocuparse por otras cosas.

Todo lo demás, en efecto, como decía el Diputado, sería demagogia.

¿Qué motiva a los maestros a dejar el aula y marchar en las calles?

Pues su interés de ver cómo está esta educación en México, y tratar de modificar esas circunstancias y también modificar este modelo que se viene imponiendo desde hace décadas.

También están haciendo crítica de décadas y décadas de charrismo sindical, que les robó por años sus cuotas, que los empobreció por años, que les evitó el ascenso por años, que les quitó la posibilidad de una doble plaza, simplemente por no estar con la señora Elba Esther Gordillo.

Ahora parecen promesas falsas, pero la solución, desde nuestro punto de vista, debe ser una solución democrática, mediante el diálogo, que el Estado asuma su responsabilidad, ha estado viendo pasar el cadáver de la educación pública sin inmutarse, y ahora solo abona a una confrontación y no a la solución de los problemas.

México vive una tragedia educativa que tiene que ser estudiada, documentada y resuelta, Justo Sierra, Vasconcelos, Torres Bodet, son figuras enormes de la educación por su compromiso con el saber, por su cultivo de las conciencias, por su atención a la ciencia.

Pregunto si hoy la Secretaría de Educación Pública está a la altura de estos que entonces fueron Secretarios de Educación Pública.

En la educación hay un compromiso con la historia. Con la educación hay expectativas sociales por cumplir. Con la educación hay un proyecto que construir.

Evitar con todas nuestras fuerzas que la educación se comercialice, que sea un mero negocio, en vez de ser lo que debe ser una educación, liberadora para el progreso de nuestro país.

Salir del pozo no va a ser fácil, debemos darle un giro, entender que en la educación está el futuro de la República, comprender que en la pobreza no puede blindarse la educación; asumir que la educación debe tener una raíz republicana, patriota, nacionalista, para que sea enaltecedora y fructifique nuestra nación.

La educación es un bien público, fortaleza mayor de una nación, grandeza de una sociedad, elevación del alma y del espíritu, compromiso y honestidad intelectual. Y eso es lo que hoy está a prueba.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Senadora Dolores Padierna.

Tiene el uso de la voz el Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz.

- El C. Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Compañeras y compañeros:

Si hay una reforma deseable y posible que todas y todos deberíamos de encarar, es precisamente la reforma educativa.

Porque es claro que a pesar de donde estemos políticamente colocados, nadie de los que estamos aquí ahora presentes sería capaz de avalar, de reconocer que la situación que guarda la educación en nuestro país es absolutamente de atraso y de inconveniencia para el desarrollo de la República.

Por eso es que en el marco de esta conmemoración del Día del Maestro, más allá de hacer una serie de oraciones y frases elaboradas de palabras vanas, deberíamos de asumir a cabalidad la oportunidad de crear una convergencia política que apuntara en ese camino.

Por comisión o por omisión todos somos responsables del desastre en el que se encuentra la educación.

Y vaya, ya lo señaló la Senadora Dolores Padierna, y quien antes le antecedió en el uso de la palabra, lo relevante que juega el papel de la educación en nuestro país.

El estado de cosas que guarda, es lo que nos debe de ocupar.

No se está atendiendo a fondo la democratización de la vida interna de los impartidores de la educación. Y ése, compañeras y compañeros, es un problema. Pero tampoco se está avanzando con claridad en los mecanismos de evaluación que se están dispensando, ciertamente para los profesores, pero también para las autoridades educativas que son el complemento del conveniente quehacer del saber.

No tenemos claro cuál es el fin de los importantes recursos públicos, que a ese efecto se destinan, no sólo para la educación, sino para la propia promoción de la investigación.

No hay claridad, en la reforma, de los contenidos. No basta que las niñas y niños mexicanos estén aprendiéndose de memoria los elementos y bases educativas; necesitarían verdaderamente formarse un criterio juicioso, de capacidad analítica.

Y qué decir, desde luego, de las condiciones con las que las y los estudiantes enfrentan el saber, en muchas zonas rurales y también en zonas urbanas, acuden a la escuela sin haber probado un alimento, y eso es absolutamente insostenible.

Yo diría, compañeras y compañeros, que este 15 de mayo en vez de hacer reflexiones que polaricen las visiones sobre el problema de la educación, en vez de impulsar palabras vanas, huecas, para simple y llanamente darle trámite a la ocasión, deberíamos nosotros converger e impulsar una reforma trascendental.

Se dice que en el Pacto por México está contenida esa voluntad, el hecho de que el día de ayer se hubiese abierto una mesa de negociación que atienda las demandas, las especificidades que un sector relevante del magisterio ha señalado con su protesta oficial, a mí me parece pertinente.

Pero no basta, no basta porque podemos incurrir en el camino de la simulación, ojalá los representantes populares no quedemos renegados de una toma de decisiones a propósito de la reforma educativa, ojalá con nuestra indignación, que seguramente todas y todos ustedes comparten, hagamos algo por la educación, se lo merecen nuestros hijos, los niños y niñas de México, se lo merece este país que debe avanzar.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Reyes Gámiz.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

En Acción Nacional somos los primeros en reconocer los derechos laborales de todos los trabajadores mexicanos, y por consecuencia también los de los trabajadores de la educación, pero antes que éstos, también el de los derechos de todas las niñas y niños mexicanos para tener 200 días que marca el calendario escolar de educación efectiva y de educación de calidad.

Por fortuna ambos derechos no son incompatibles.

Habrá que señalar que la reforma constitucional garantiza a cabalidad la gratuidad de la educación, la cual nunca estará en juego, de igual forma no está en riesgo su privatización y los derechos laborales están garantizados en nuestra Constitución.

Sin duda alguna, la reforma legal tendrá que abordar estos aspectos fundamentales, y reitero, derechos fundamentales que no están peleados entre sí, por un lado el derecho a la educación de calidad y por el otro lado los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Se ha señalado aquí el objetivo de esta reforma que entre otras cosas plantea la evaluación docente, se ha reiterado, y lo hemos reiterado así, que esta evaluación no será un instrumento para afectar derechos laborales.

El enfoque de la reforma educativa está en la parte formativa y no debe ser punitiva, como bien se ha dicho en esta tribuna.

De igual manera, se estima que la evaluación de los maestros debe ser tomada en cuenta atendiendo a los factores como infraestructura, características del sistema, condiciones laborales, atendiendo a cada una de las regiones del país.

Nosotros consideramos que, si bien es cierto hay muchísimos temas que deben de abordarse en la reforma educativa, es decir, no es una reforma cavada, pero sí es una reforma que tiene aspectos benéficos en materia de educación.

Con esta reforma se ha logrado considerar la opinión de los padres de familia en la determinación de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, se ha logrado o se logrará que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sea un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, al que le corresponderá evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

También se ha logrado incorporar los principios de igualdad y transparencia en los criterios para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio docente.

Consideramos que la reforma es importante porque se establecieron criterios específicos apegados a principios de profesionalización para la evaluación de los docentes.

Se establece el principio de calidad en la impartición de la educación.

Beneficia esta reforma de manera general a todo el país, porque estudiantes mejor preparados generarán un cambio cualitativo en la vida económica y social de nuestro país y de manera directa a millones de estudiantes, desde nivel preescolar hasta la normal.

En el grupo parlamentario de Acción Nacional impulsamos la incorporación de la evaluación de la educación con la finalidad de que las nuevas generaciones de mexicanos tengan profesores mejor calificados para transmitirles adecuadamente los conocimientos necesarios para enfrentarse a la vida.

En Acción Nacional estamos convencidos de que vamos por el camino correcto y que, sí es cierto, falta mucho por hacer y todavía hay que hacer reformas muy importantes en materia de educación.

También lo mencionamos en su momento en el debate en torno a la reforma, hay varios temas que consideramos están también pendientes en nuestra agenda legislativa, por ejemplo, tenemos todavía que reformar el Apartado B del artículo 123 constitucional para introducir los principios de democracia, transparencia y rendición de cuentas en el ámbito sindical.

Tenemos también que tomar medidas legislativas en el tema de los paros ilegales, porque no podemos seguir dañando sistemáticamente los derechos de nuestros niños y niñas a presidir este derecho fundamental de la educación, entre otros temas.

En Acción Nacional nos manifestaremos a favor de este punto de Acuerdo, que además, debo señalar que ya se está incorporando en las mesas de trabajo que discuten la reforma secundaria.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senadora Ortega Martínez.

Tiene el uso de la voz la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del PRI comparte ampliamente el propósito que anima a esta proposición en cuanto a la ratificación de los principios rectores de la reciente reforma constitucional en materia educativa.

Nos referimos a la garantía de respeto a los derechos laborales del magisterio, la preservación del carácter gratuito y laico de la educación y una evaluación orientada a garantizar la tan referida y necesaria calidad en la educación, observando la diversidad de condiciones sociales y educativas del país, así como la función del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en su calidad de órgano público-autónomo y facultado para emitir lineamientos y directrices tendientes a la mejora en la calidad educativa y su equidad.

Desde esta tribuna nos permitimos anudar la exitosa negociación salarial que se ha anunciado en este día tan especial para las y los maestros de México y el SNTE, así como de insistir en privilegiar el diálogo que se ha establecido entre los partidos políticos, integrantes del Pacto por México, el gobierno federal y la representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Saludamos que prevalezca la negociación y el diálogo institucional y que se beneficie en todo momento el bienestar y los derechos no solamente de quienes trabajan en este sistema educativo, sino también y particularmente de las y los niños, adolescentes, incluyendo a las madres y padres de familia.

Es momento de impulsar, como aquí se ha dicho, un sistema educativo reformista con carácter y suficiencia en calidad, en la prestación del servicio profesional de nuestros maestros y en el aprovechamiento de nuestros estudiantes.

Sí es el tiempo de brindar oportunidades y no desdeñar aquello que siguen siendo debilidades.

En este día 15 de mayo, Día del Maestro y la Maestra, cabe reiterar de manera puntual que la reforma constitucional no amenaza la estabilidad laboral del personal del profesorado contratado.

Ciertamente, la fracción III del artículo 3o. constitucional, establece que la ley reglamentaria será la que fijará los criterios, los términos y las condiciones de la evaluación obligatoria con pleno respeto a los derechos constitucionales de quienes trabajan en la educación.

Amén de que la Constitución también establece en el artículo 14, ahí se señala que: " A ninguna ley se dará, efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna"

También nos permitimos destacar que a lo largo de estos días posteriores a la aprobación de la reforma constitucional, ha quedado claro que la evaluación no debe operar como un instrumento homogenizador ni punitivo, sino a partir de un reconocimiento de la diversidad social y educativa y como una evaluación fundamental normativa.

A este respecto, cabe enfatizar que en el artículo 3o. constitucional, la reciente reforma dispuso que el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, y cito: “considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, así como los maestros, madres y padres de familia”.

Como puede observarse, los términos de la reforma garantizan estos derechos laborales de los trabajadores, del sector educativo, como la consideración en el proceso de evaluación de las condiciones que prevalecen en las distintas regiones del país y la opinión de los diversos actores.

Estamos seguros de que la ley reglamentaria que actualmente se prepara, habrá de considerar los aspectos anteriores, y es válida la preocupación.

Y que debe ser fruto de un diálogo político entre todos los actores involucrados y de la deliberación parlamentaria plural, como es el Congreso de la Unión.

Sin duda esto es lo que las y los mexicanos hoy quieren escuchar, que estemos de acuerdo en preservar las condiciones y la calidad educativa.

Así que, garantizados constitucionalmente estos derechos de los maestros y maestras, ratificamos que la educación en México seguirá siendo gratuita, laica, obligatoria y de calidad.

Y que a través del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, no solamente se evaluará a maestros y a alumnos, sino también lo que aquí se ha señalado, la infraestructura de las escuelas, la gestión escolar, la participación incluso de padres y madres en el proceso de enseñanza, incluso los niveles de violencia escolar y los temas de equidad e igualdad.

Estos aspectos son tan relevantes, que nos corresponde ahora garantizar que siga esta reforma educativa creciendo en su contenido y que podamos decir que en el 2014 este instituto será una instancia reconocida socialmente por la calidad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Me ha solicitado el uso de la voz, para rectificar hechos, el Diputado González Roldán, tiene el uso de la voz.

- El C. Diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor Presidente.

Hablar de la educación y de todos los fenómenos y enfoques que se han dado en los últimos años, es regresar al sobrediagnóstico que se ha realizado.

El Congreso de la Unión en ambas Cámaras ha aprobado recientemente una reforma constitucional que tiene ejes precisos, claros y unas directrices que podrían marcar un rumbo.

Hago uso de esta tribuna en nombre de Nueva Alianza para señalar que es falso que no exista diálogo entre el Ejecutivo Federal y todo aquel que se sienta con derecho o que tenga representación gremial para escuchar las inquietudes y tratar de hacer la mejor reforma posible, tratar de llegar a alcanzar los mejores niveles con relación al tema que nos ocupa.

Comentaba que el sobrediagnóstico que he escuchado en esta tribuna todos lo conocemos, para nadie de los que estamos aquí presentes es nuevo. Sin embargo, habría que señalar, claro que la profesionalización, claro que vamos con los ejes rectores de la educación, claro que vamos con este punto de Acuerdo.

Y por qué no ir con este punto de Acuerdo que vincula el artículo 3o. con el artículo 1o. de la Constitución. Pero no nada más puede ser en cuanto a los derechos de los trabajadores, sino en cuanto a la educación pública, a la gratuidad y laicidad. Esos son temas que también deben de considerarse.

Los derechos humanos deben ser un rasero que trastoque todos los aspectos de la vida social, máxime en tratándose de la educación.

Todos los actores tenemos la responsabilidad, porque así lo hemos hecho en Nueva Alianza. Porque los temas que aquí se tocan, porque la propuesta y el punto de Acuerdo que el proponente Diputado Alonso Raya trae a esta tribuna, han sido la postura que desde origen en la discusión de esta reforma trascendental, mi grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y la Senadora en esta sede de los Senadores, hemos puesto. Todos estamos de acuerdo en transformar la educación.

Sabemos que no hay avance, que no hay condiciones de futuro si la educación en este país no se transforma. Si no sacamos a los niños con la mejor preparación para un mundo competitivo.

Por eso, claro y obvio es que tenemos que ir con este punto de Acuerdo.

Pero lo que es inadmisible es que se hable que aquí las voces no se escuchan.

El gobierno federal ha hecho su esfuerzo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está haciendo su esfuerzo.

La propia Coordinadora ha instalado ya mesas de diálogo.

Dejemos que avancen.

Dejemos que se lleguen a los acuerdos concretos y hagamos, reitero, la reforma posible.

Aprovecho estos últimos minutos para felicitar, a nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza, a todas las maestras y maestros de México.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado González Rondán. Concluida la ronda de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, aprobada la propuesta.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobada. Comuníquese.






Informo a esta Asamblea que las Senadoras Angélica de la Peña y Dolores Padierna, entregaron un punto de Acuerdo en relación con las madres que se encuentran en huelga de hambre.

Aceptada la presentación del asunto por los grupos parlamentarios y por la propia Mesa, solicito a la Secretaría dé lectura al punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al punto de Acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER PERSONALMENTE LAS SOLICITUDES DE LAS MADRES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, QUIENES SE ENCUENTRAN EN HUELGA DE HAMBRE AFUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA COMISION PERMANENTE

DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

Las suscritas, DOLORES PADIERNA LUNA y ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadoras de la República a la LXII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, proponemos a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO “DE URGENTE RESOLUCION”, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ATIENDA PERSONALMENTE LAS SOLICITUDES DE LAS MADRES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, QUIENES SE ENCUENTRAN EN HUELGA DE HAMBRE AFUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde hace seis días un grupo de madres y familiares de personas desaparecidas se encuentran en huelga de hambre, desde el día 9 de mayo, a las afueras de la Procuraduría General de la República en demanda de poder ser recibidas por el titular del Ejecutivo Federal.

Se trata de un grupo de madres y familiares cuya demanda es escuchar del Presidente de la República el compromiso de buscar a sus hijas e hijos víctimas de desaparición forzada, y conocer del Procurador Jesús Murillo, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del Comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, el por qué, no se han realizado hasta la fechalas acciones necesarias para localizar a sus seres queridos, realizando las investigaciones criminales correspondientes derivadas de dichas desapariciones.

Las personas que se encuentran en huelga de hambre son: Alicia Trejo, Margarita López, Atanacio Rodríguez, Ana María Maldonado, Dolores Rodríguez, Erika Montes, Nancy Rosete, Olga Reyes y Jaime Olivares. Todas estas personas con historias de familiares desaparecidos, realizando acciones propias para la búsqueda, localizacióne investigación ante la inacción o negligencia de las autoridades. Es la desesperación de una falta de respuesta integral y efectiva a sus demandas lo que les lleva a emprender la huelga de hambre.

Ante la situación tan delicada que se enfrenta en el país, el Gobierno Federal ha reconocido que, después de depurar los datos de la lista dada a conocer en noviembre de 2012, la cifra oficial de personas desaparecidas es de 26 mil 121 casos.

Entre las recomendaciones que se han hecho al gobierno mexicano, por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, se encuentran las pertinentes a establecer los mecanismos y los protocolos para la búsqueda y localización de las personas extraviadas o desparecidas; así como las acciones necesarias para sancionar a los responsables de las mismas. En este sentido, la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2012, establece una herramienta que debe ser puesta en funcionamiento inmediata.

Asimismo la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, establece los protocolos en lo referente a los mecanismos y herramientas científicas que deben ser instrumentadas para la búsqueda de personas desaparecidas y un conjunto de acciones para su búsqueda efectiva.

Sin embargo, la sola existencia del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desparecidas, aunque implica una herramienta valiosa, no es suficiente. Es necesario que el gobierno federal emprenda acciones contundentes y decididas a dar respuesta a las familias de las 26 mil 121 personasque se encuentra desparecidas.

Entre las solicitudes que hacen las madres y familiares de personas que se encuentran en huelga de hambre, es poderle plantear al titular del Ejecutivo la necesidad de que gire las instrucciones pertinentes para la creación de una Fiscalía Especializada que investigue exclusivamente los casos de personas desaparecidas; así como la formación de un grupo de policía federal de investigaciónque se coordine en las acciones de búsqueda y localización con dicha fiscalía.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que, en el uso de sus atribuciones, gire instrucciones para dar audiencia y atender personalmente las solicitudes de las madres de personas desaparecidas, como es su petición, quienes se encuentran en huelga de hambre, desde el día 9 de mayo, afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

Dado en el Senado de la República sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Sen. Angélica De la Peña Gómez.- Sen. Dolores Padierna Luna”.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa, sí se considera de urgente resolución.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, aprobada la propuesta.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobada. Comuníquese.

Esta Presidencia destaca la presencia de familiares de las madres que se encuentran en huelga de hambre afuera del inmueble de la Procuraduría General de la República, están aquí presentes la señora Alicia Rodríguez, Ana María Maldonado y el señor Jaime Olivares, quienes han escuchado el punto de Acuerdo aprobado por esta Comisión Permanente.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, para presentar a nombre propio y del Diputado Silvano Aureoles Conejo, un punto de Acuerdo que exhorta el Ejecutivo Federal a impulsar una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico y social en el estado de Michoacán.

- El C. Diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Los que suscribimos, el Diputado Silvano Aureoles Conejo, del PRD, además lo felicito por esta actitud hacia Michoacán, la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del PRI; el Diputado Eligio Cuitláhuac, del PRI, y un servidor, de la fracción del PVEM, que somos legisladores de esta legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes consideraciones:

El pueblo michoacano a lo largo de su historia se ha distinguido siempre por su hospitalidad, su honestidad, su invaluable cultura, su fortaleza por haber enfrentado grandes adversidades; por ello el lugar que justamente le corresponde, por ser un pueblo respetado, noble, digno y con enormes valores, es decir, la grandeza de su historia no lo limita, ni se doblega para enfrentar los problemas de hoy y sí ve hacia el futuro superando estos retos y un mejor bienestar que tanto merecen todos y cada uno de las y los michoacanos.

Los legisladores de diferentes partidos políticos quienes suscribimos el presente punto de Acuerdo, atentos al cumplimiento de nuestra responsabilidad de escuchar y encauzar las demandas de la ciudadanía a la cual nos debemos y representamos, vemos con enorme preocupación los serios problemas que ha venido presentando el estado de Michoacán, entre otros, la inseguridad, que ha vulnerado la tranquilidad y las paz social a la que aspiramos todas y todos los michoacanos, y aunado a ello se han agudizado rezagos y la falta de apoyos para educación, salud, empleo, y que al ser revisados los indicadores de dichos rubros, nos encontramos que existe un atraso real que se traduce negativamente en el desarrollo económico de la entidad, y justamente es en ese último aspecto donde se percibe la necesidad y urgencia de ofrecer mayor atención y respuesta.

Si bien es cierto que a nivel mundial las economías se encuentran en condiciones desfavorables y con severos problemas que han ocasionado inestabilidad en los mercados financieros internacionales, y que desde luego nuestro país no es ajeno a dicha situación, nos encontramos en un proceso difícil de crecimiento económico y que impacta en todas las entidades federativas y el Distrito Federal.

Es importante tomar en cuenta que anteriormente Michoacán tenía mejores condiciones de ingreso e inversión, vemos que la aportación como porcentaje del Producto Interno Bruto ha venido disminuyendo su participación, según datos del INEGI, los cuales nos señalan que tan sólo en 2010 el estado aportaba el 5.6 por ciento del Producto Interno Bruto total del país y que ahora en el año 2011 disminuyó al 2.4 por ciento, es decir, mucho más de la mitad.

Ahora bien, se debe considerar la importancia de recibir más apoyo federal a través de diversos programas estratégicos, como son: Fondo Pyme, Programa de Incubadoras, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales, Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología, Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Mujeres, entre muchos otros y que representarán una oportunidad para detonar con mayor competitividad y un mejor bienestar a la economía de la región y del estado.

De igual modo, es necesario continuar estimulando la llegada de otros ingresos que permitan fortalecer las condiciones económicas en el estado, ya que según cifras oficiales del Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, señalan que al cierre del 2012, el estado de Michoacán reportó una inversión extranjera directa por 20 millones de dólares, lo que significa un 47 por ciento menos al 2011, cuando se cerró ese ciclo con alrededor de 38 millones de dólares, y dos años antes con 28.5 millones de dólares, lo anterior, debido a la ausencia de políticas de apoyo, estímulos e incentivos a la inversión productiva industrial por parte de la Federación en la última década.

Desde el Congreso hemos hecho esfuerzos significativos para incrementar los recursos económicos destinados a las entidades por parte de la Federación, y aunado a los importantes montos que recaudan los estados y municipios, que si bien no son los suficientes, éstos han tenido el propósito de cumplir y atender las necesidades más apremiantes de la población, sobre todo en los rubros de carácter social, buscando así dar certidumbre y apoyo a las regiones con mayores índices de pobreza y marginación.

Por ello, la importancia en el diseño de mejores políticas públicas, de un mejor ejercicio del presupuesto y de ser garantes y vigilantes en la transparencia y destino de dicho presupuesto que se asigna para beneficio de todas y todos los michoacanos, de ahí el compromiso de nuestros gobernantes para que se conduzcan con ética, honestidad, responsabilidad, compromiso, eficiencia y eficacia, y aquí nos incluye a todos, por supuesto.

Los michoacanos estamos viviendo una situación compleja ante los entornos que hemos enfrentado en los aspectos político, económico y social, y es con la suma de esfuerzos y voluntades que mediante el diálogo y los consensos podremos avanzar a erradicar la inseguridad y los demás problemas nacionales, como ha sido evidente en el marco de los acuerdos alcanzados en los meses recientes con las reformas aprobadas por este Congreso de la Unión.

Esta propuesta que ponemos a su consideración busca establecer medidas y acciones emergentes ante la situación en la que se encuentra el estado, que si bien es cierto el origen de los problemas no está al alcance de las voluntades de los actores y partidos políticos, estas se encuentran agravadas por imponderables que se suman a los rezagos históricos que afectan directamente a las y los michoacanos, de ahí la necesidad de atender con mucha responsabilidad la desigualdad y la injusticia social, mismas que se traducen en la falta de empleo, de oportunidades y en general de mejores condiciones de desarrollo y de bienestar.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal promueva, ante los gobiernos estatales y municipales Michoacán, para que de manera corresponsable, a través de diferentes dependencias, en el ámbito de sus atribuciones, con la participación de todos los sectores de la sociedad: empresarios, instituciones académicas, sociedad civil, implementen una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico y social con el fin de superar la situación difícil que atraviesa dicha entidad.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR UNA ESTRATEGIA ORIENTADA A FORTALECER EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN, A EFECTO DE SUPERAR LA DIFÍCIL SITUACION POR LA QUE ATRAVIESA DICHA ENTIDAD

“Los que suscriben, legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presentamos a esta Asamblea con el carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pueblo michoacano a lo largo de su historia se ha distinguido siempre por su hospitalidad, su honestidad, su invaluable cultura, su fortaleza por haber enfrentado grandesadversidades;por ello el lugar que justamente le corresponde, por ser un pueblo respetado, noble, digno, y con enormes valores, es decir, la grandeza de su historia no limita, ni se doblega para enfrentar los problemas de hoy y si ve hacia al futuro superando estos retos y un mejor bienestar que tanto merecen todos y cada uno de las y los michoacanos.

Los legisladores de diferentes partidos políticos quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, atentos al cumplimiento denuestraresponsabilidad de escuchar y encauzarlas demandas de la ciudadanía a la cual nos debemos y representamos, vemos con enorme preocupación los serios problemas que ha venido presentando el estado de Michoacán, entre otros, la inseguridad, que ha vulnerado la tranquilidad y las paz social a la que aspiramos todas y todos los michoacanos, y aunado a ello se han agudizado rezagos y falta de apoyos para educación, salud,empleo, yque al ser revisados los indicadores de dichos rubros, nos encontramos que existe un atraso real que se traduce negativamente en el desarrollo económico de la entidad, y justamente es en este último aspecto donde se percibe la necesidad y urgencia de ofrecer mayor atención y respuesta.

Si bien es cierto que a nivel mundial las economías se encuentran en condiciones desfavorables y con severos problemas que han ocasionado inestabilidad de los mercados financieros internacionales,y que desde luego nuestro país no es ajeno a dicha situación, nos encontramosen un proceso difícil de crecimiento económico y que impacta en todas las entidades federativas y el Distrito Federal.

Es importante tomar en cuenta que anteriormente Michoacán tenía mejores condiciones de ingreso e inversión, vemos que la aportación como porcentaje del Producto Interno Bruto ha venido disminuyendo su participación, datos del INEGI señalan que tan sólo en 2010 el estado aportaba el 5.6por ciento del PIB total del país y que para el año 2011 disminuyó al 2.4 por ciento.

Ahora bien, se debe considerar la importancia de recibir másapoyo federal a través de diversos programas estratégicos como son: Fondo Pyme, Programa de Incubadoras, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT), Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Mujeres, entre muchos otros yque representaran una oportunidad para detonar una mayor competitividad y un mejor bienestar a la economía de la región.

De igual modo, es necesario continuar estimulandola llegada de otros ingresos que permitan fortalecerlas condiciones económicas en el estado, ya que según cifras oficiales del Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE) de la Secretaría de Economía, señalan que al cierre del 2012, el estado de Michoacán reportó una inversión extranjera directa por 20 millones de dólares, lo que significa un 47 por ciento menos al 2011, cuando se cerró ese ciclo con alrededor de 38 millones de pesos, y dos años antes con 28.5 millones de dólares; lo anterior, debido a la ausencia de políticas de apoyo, estímulos e incentivos a la inversión productiva industrial, por parte de la federación y del propio estado.

Desde el Congreso hemos hecho esfuerzos significativos paraincrementar los recursos económicos destinados a las entidades por parte de la federación, y aunado a los importantes montos que recaudan los estados y municipios, que si bien no son los suficientes, éstos han tenido el propósito de cumplir y atender las necesidades más apremiantes de la población, sobre todo en los rubros de carácter social, buscando así dar certidumbre y apoyo a las regiones con mayores índices de pobreza y marginación.

Por ello, la importancia en el diseño de mejores políticas públicas, de un mejor ejercicio del presupuesto y de ser garantes y vigilantes en la transparencia y destino de dicho presupuesto que se asigna para beneficio de todas y todos los michoacanos, de ahí el compromiso de nuestros gobernantes para que se conduzcan con ética, honestidad, responsabilidad, compromiso, eficiencia y eficacia.

Los michoacanos estamos viviendo una situación compleja ante los entornos que hemos enfrentado en los aspectos político, económico y social,y es con la suma de esfuerzos y voluntades que mediante eldiálogo y los consensos podremos avanzar a erradicar la inseguridady los demás problemas nacionales como ha sido evidente en el marco de los acuerdos alcanzados en los meses recientes con las reformas aprobadas por este Congreso de la Unión.

Esta propuesta que ponemos a su consideración busca establecer medidas y acciones emergentes ante lasituación en la que se encuentra el estado, que si bien es cierto el origen de los problemas no están al alcance de las voluntades de los actores y partidos políticos, estas se encuentran agravadas por imponderables que se suman a los rezagos históricos que afectan directamente a las y los michoacanos, de ahí la necesidad de atender con responsabilidad la desigualdad y la injusticia social, mismas quese traducen en falta de empleo, de oportunidades y en general en mejores condicionesde bienestar y desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que impulse a través de sus diferentes dependencias, desde el ámbito de sus atribuciones, con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y abriendo la participación de todos los sectores de la sociedad: empresarios, instituciones académicas, sociedad civil; una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico y social en el estado de Michoacán, a efecto de superar la difícil situación por la que atraviesa dicha entidad.

Dado en elsalón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Suscriben

Dip. Silvano Aureoles Conejo.- Dip. Ernesto Núñez Aguilar”.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Núñez Aguilar. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se considera de urgente resolución.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Se han registrado a favor los Senadores Gerardo Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, Jorge Luis Preciado, del grupo parlamentario del PAN, el Diputado Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD y el Diputado Ricardo Monreal; consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la participación de más de dos oradores.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se acepta de conformidad que existan más de dos oradores en este tema. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Tiene el uso de la voz el Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Ciudadanos legisladores; señor Presidente:

Me temo que hoy como que la Asamblea no quiere discutir, no quiere deliberar, porque, miren, vi el Orden del Día hoy, y de los temas que a mí me interesaba participar, llegar a acuerdos entre los grupos, y total, no nos dan una explicación, por qué sacan los temas de la agenda del día.

El primer tema era el de solicitarle a la Procuraduría General de la República, si mal no recuerdo, las investigaciones en torno a César Nava y el saqueo que PEMEX ha sufrido, y de manera precipitada toca el tema López Zavala de otro punto de Acuerdo, que está como en el octavo lugar, y ahora me topo con la sorpresa, yo no vi este punto de Acuerdo, pero además, no creo que haya alguien que se quiera oponer al acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico y social del estado de Michoacán.

¿Quién se opone a eso?

Si es una verdad de Perogrullo, o sea, quién se va a oponer a exhortar al Ejecutivo que apoye a Michoacán. Y, yo les digo, como interés de esta Cámara, ¿y por qué no a Zacatecas?, ¿y por qué no a Sinaloa?, ¿por qué no a Coahuila?, y ¿por qué no a Guanajuato?, y por qué no a, bueno, estamos perdiendo el tiempo, pues es obvio que la Asamblea está como los sabios de Bizancio, los sabios de Bizancio discutían si los ángeles tenían o no ombligo, si eran o no seres sobrenaturales, y la discusión se centraba en eso; mientras que los bárbaros incendiaban Constantinopla.

Y es lo que pasa aquí, o sea, los temas torales no quieren tocarlos. Y por eso, yo digo, me inscribí para decir, pues nadie se va a oponer a esto, y yo propongo que se incorporen otros estados del país, ¿por qué sólo Michoacán?

O sea, lo que se intenta pues es simplemente dar bolita, métele un tema ahí, para no sacar los temas polémicos: la comparecencia del Procurador General de la República; la explicación de César Nava.

¿No merece el pueblo de México una explicación sobre la corrupción desmedida que ha sufrido PEMEX?

¿No merece el pueblo de México que venga el Procurador General de la República a explicarnos a la Comisión Permanente qué es lo que está pasando en el país en materia de inseguridad pública y criminalidad?

Y entonces nos vamos a temas triviales, para mí, importantes, pero no tan fundamentales como los que debería estar tomando, discutiendo, deliberando y aprobando esta Comisión Permanente.

De veras, es un tema éste, el que la Comisión Permanente se convierta en un auténtico instrumento de desahogo solamente o de resolución, yo me inclino porque sea un órgano de resolución, porque el país está atravesando por una de las etapas más severas de su historia, y yo he insistido en que el abismo entre el Poder Legislativo formal y la representación popular que se está manifestando en la calle es enorme, y todos los días crece el abismo, porque nosotros creemos que la lucha pacífica se va a dar entre escaños y entre curules, no, eso ya está resuelto.

La reforma energética y la reforma fiscal la va aprobar la mayoría en razón del pacto. Allá en la calle quién sabe qué vaya a pasar, y por eso crece el abismo.

Deberíamos estar discutiendo los 14 estados del país, vean cómo está Coahuila; ya entregaron miles de tinacos, miles de despensas, y nosotros aquí, callados; vean lo que está pasando en Zacatecas; vean lo que está pasando en Puebla; vean lo que está pasando en el país, en las 14 entidades federativas; y entonces, en lugar de estar discutiendo el tema que nos ocupa, de gravedad, actos de corrupción en el país, elecciones en los estados donde los gobernadores se han convertido en los todopoderosos, creamos dos comisiones, pero desprecian nuestras comisiones y al Congreso, y miren, en dónde estamos enfocados, ¿cuánto nos vamos a tardar en este exhorto?, 40, 50 minutos, y ya, y pues no, ya es hora de comer y vámonos, y Manuel que tiene un punto bueno, pues ya no va ni a aprobarse, se lo adelanto, para que ni te desgañites, porque aquí ya la mayoría ya decidió que los temas fundamentales no se toquen, y se ponen de acuerdo, hasta nos eliminan, porque quieren oposiciones bien portadas, como un personaje que leí en la semana, que sí estaba muy contento de la oposición, o sea, quieren oposiciones domesticadas; no quieren oposiciones altisonantes, no, no, esas son incómodas, a esos hay que eliminarlos; no, no, tipo una gente ahí de la derecha, dice, no, sí como no, estamos contentos; yo ni lo conocía y estoy emocionado con conocerlo.

¡Pobre oposición!

¿Es lo que quieren que hagamos?

En Movimiento Ciudadano nos negamos, y por eso vamos a debatir, aunque sean temas como este. Véanlo.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Monreal Avila.

Tiene el uso de la voz el Diputado Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor.

- El C. Diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor Presidente. Queridas compañeras y compañeros:

Aprovecho para desde esta tribuna felicitar a las maestras y a los maestros hoy en su día. Reconocerles esa noble labor que realizan a diario a favor de las niñas, los niños de México y, por supuesto, de México.

No quisiera polemizar el tema con mi querido amigo Ricardo, pero no comparto que él considere que hablar de un problema de un estado o de la problemática de Michoacán sea una trivialidad, simplemente expreso que no comparto su apreciación.

La garantía del Pacto Federal, que es uno de los soportes fundamentales de nuestro sistema jurídico y político, tiene dentro de sus varias expresiones el derecho de los estados y el deber de la Federación de salvaguardar su integridad.

Ninguna entidad, ningún estado de los que compone nuestra República federal, debe verse como un territorio aparte. Lo que acontece en cualquiera de ellos, repercute de manera general en la vida económica, política y social de nuestro país.

Sin embargo, nos hemos acostumbrado, y a veces nos conformamos con ser simples espectadores de los problemas locales, suponiendo que lo malo que acontece o sucede ahí sólo les ocurre a otros y que ese mal no nos alcanzará a nosotros.

Sin duda que todos los presentes estamos concientes de los problemas que amenazan la estabilidad del país, y efectivamente, como se dijo aquí, no son privativos de Michoacán, sino que pueden suceder, y suceden, en cualquier rincón de nuestra patria.

Pero no hay manera de admitir que ante la gravedad de los sucesos debamos permanecer ajenos, porque sería una grave irresponsabilidad de nuestra parte no hacer uso de las atribuciones que el pueblo nos ha conferido para juntos buscar las soluciones pertinentes.

La percepción de los problemas que está enfrentando hoy en día Michoacán, cada día escala a niveles preocupantes, casi fuera de control.

Ya para nadie es un secreto el hecho de que vastas regiones de nuestro estado, empezando por la tierra caliente, se encuentren prácticamente sitiados por grupos que operan al margen de la ley confrontados con las llamadas guardias comunitarias.

Este fenómeno se ha extendido de manera preocupante a otros puntos de la entidad, en donde ya de por sí están presentes otras formas de criminalidad que desalientan la inversión con las consecuencias negativas para su población.

Hace unos días el gobernador del estado, Fausto Vallejo, se ausentó por razones de problemas de salud, ante lo cual el congreso del estado designó a un interino para cubrir la falta temporal. Pero en esa circunstancia, vale decir y expresar, que no se han podido encausar de manera adecuada las cosas, y no hay condiciones para que se atiendan los problemas que hoy aquejan a nuestro estado, y esta ausencia temporal del gobernador, sin duda que se agrega a las complejas condiciones que vive el estado, porque generan incertidumbre y zozobra.

Por ello es importante resaltar que no es solamente un asunto coyuntural, sino que también obedece a rezagos y a dificultades añejas e históricas que por diversas circunstancias han tenido que vivirlas los michoacanos.

No hay la suficiente capacidad de interlocución con los actores políticos, económicos y sociales que permita la conducción legítima y eficaz del gobierno del estado, lo cual intensifica la dinámica de los conflictos: inseguridad, manifestaciones, acciones ahora de inconformidad de los normalistas, empresas saliendo del estado, falta de inversión, huelgas en la universidad, carencia de empleos.

Solamente el IMSS reporta que en los últimos 3 meses se perdieron 10 mil empleos formales, dificultades para la inversión y el desarrollo, son signos de una depresión profunda de la vida en nuestro estado en todos los aspectos.

Sin embargo, estoy plenamente convencido de que es posible generar una sinergia política que nos ponga por delante, que pongamos por delante el esfuerzo, el gran esfuerzo que están haciendo las y los michoacanos por superar las dificultades que enfrentan todos los días.

No se trata solamente de un problema de policías; no es solamente un problema de inseguridad; no debemos pensar que interviniendo el Estado con más Ejército y Policía Federal habrán de acabarse o resolverse los problemas.

Está demostrado que cuando el problema de la inseguridad se convierte en una obsesión, todos los demás problemas se subordinan y las acciones se encaminan erróneamente en la lucha contra el crimen, sin entender que el crimen es consecuencia y no origen.

La premisa, entonces, de la que partimos es que en Michoacán, como quizás en muchas partes del país, se requiere de una visión integral de la problemática que aqueja a la población.

Por eso la importancia de la participación de todos los actores y la corresponsabilidad de todas las instancias.

Considero necesario que la Federación se ponga al frente, y que con el peso de las atribuciones a su cargo, con toda la voluntad política podamos unirnos en el compromiso de impulsar juntos una estrategia que surja del diálogo, del consenso, de un análisis responsable y profundo de la problemática, y que dejemos al lado visiones y posturas personales, o que sólo se consideren oportunas en virtud de la coyuntura que vivimos.

Compañeras y compañeros:

Yo agradezco mucho el respaldo que ustedes nos den a este punto de Acuerdo que hemos construido junto con el compañero Ernesto Núñez y otros compañeros, buscando, por alguna de las vías, encontrar una salida a la crisis que vive el estado.

Es inédito que ayer 200 hombres armados hayan tomado el municipio de Los Reyes, y hoy por la mañana 150 hayan tomado el municipio de Coalcomán.

Que aten a los policías en la plaza pública, baleen las instalaciones de los gobiernos municipales, que se bloqueen las vías de comunicación, que se limite el tránsito con gente encapuchada en los cruceros y en las carreteras; que todos los días haya una empresa, como hoy lo hace una empresa, la empresa Bimbo, que retira o deja de operar y llevar alimentos a zonas que hoy tienen problema de desabasto de medicinas y alimentos, de lo básico para subsistir y que no estemos haciendo la parte que nos corresponda.

Entiendo la problemática que se vive en todo el país, lo entendemos bien.

No es una isla Michoacán, y no son sólo los problemas en Michoacán, pero hoy Michoacán demanda una participación responsable, decidida, federalista, solidaria para que juntos, sin ir a los extremos, porque aquí: “El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra”, sin irnos a los extremos, como hoy se anunció, que hay que desaparecer los poderes, sin llegar a estos extremos, juntos podamos construir una solución para las michoacanas, los michoacanos, el pueblo de Michoacán que mucho lo agradecerán.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Silvano Aureoles.

Tiene el uso de la voz el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, también para hablar a favor.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Yo coincido con quien me antecedió en el uso de la palabra, no se puede estar en contra cuando se está planteando algo bueno; y cuando se está planteando algo bueno para un estado como es el vecino estado de Michoacán, que colinda con el mío, y decirlo de la siguiente manera:

Efectivamente, yo creo que los programas preventivos, como se está plateando, pueden resolver en parte la situación que se está presentando.

A mí lo que me preocupa, y hay que decirlo, es que hace 6 meses el gobierno federal anunció el programa contra el hambre, como un aspecto preventivo para prever el tema de la inseguridad.

El detalle es que ya pasaron 6 meses y todavía seguimos debatiendo, si el programa realmente es utilizado para combatir el hambre o es utilizado para captar votos que se pueden comprar con hambre. Entonces, ahí es un primer tema.

Pero en el tema de Michoacán, la cosa es más grave, porque aún esos programas ni siquiera se han podido implementar, porque simple y sencillamente no dejan entrar a los operadores de la SEDESOL para que lleguen a las comunidades, y ya se mencionaron algunas: Coalcomán, Tepalcatepec; pero falta mencionar Buenavista, falta mencionar Chinicuila, Aguililla, Apatzingán, La Ruana, Tomatlán.

Falta mencionar que en estas comunidades se está dando un fenómeno muy delicado, por un lado, las guardias comunitarias se están armando y se están defendiendo contra un flagelo que es la delincuencia organizada, que esa sí está muy organizada, frente a un gobierno muy desorganizado.

Y esa delincuencia organizada lo que ha hecho es combatirlos, y han logrado algo, las guardias comunitarias han logrado algo importante para ellos, los han expulsado de sus comunidades, pero entonces los grupos organizados lo que hacen es ponerse a la salida de la comunidad y no dejar ni entrar ni salir a nadie. Ese es el tema más delicado.

Es el tema el cual se está yendo Bimbo. Hoy anunció Danone que también se va. Anunció una de las farmacéuticas más importantes que se van de Michoacán. Anuncia Sabritas que se va de Michoacán.

Entonces, realmente lo que estamos tratando de hacer es resolver el problema de una manera diferente.

Sin embargo, creo que el tema de fondo es el tema de la inseguridad, y creo que ahí es donde tenemos que hacer algo como gobierno o como parte del gobierno federal, para resolverlo de una vez por todas.

El tema es delicado. Un gobernador, que lamentablemente no está en condiciones de seguir gobernando, pero tampoco renuncia para que se haga la convocatoria a elecciones generales. Y a lo que le está apostando el Partido Revolucionario Institucional, pues a que prolongue los dos años que establece la Constitución para nombrar un gobernador sustituto y termine el periodo.

Yo creo que hay que actuar con responsabilidad en Michoacán. Y si el gobernador físicamente ya no está en condiciones de continuar, ni siquiera con la licencia, pues que renuncie al cargo y se convoque a elecciones generales para que se normalice la situación que se está presentando en Michoacán.

Hay tres factores muy delicados.

Uno, el factor de la ingobernabilidad.

Dos, el factor de la falta de dinero por el sobreendeudamiento que le dejó la administración anterior y la que ejerció la administración actual, en el caso de Michoacán.

Y tres, el tema de la descomposición social, en el tema de que nadie es capaz de meter orden ni a los maestros ni a ninguno de los grupos que llegan a cerrar las carreteras en Michoacán y tomar las casetas.

Y en cuarto lugar y el más delicado, es el tema de la inseguridad, porque el tema de la inseguridad, y miren, Michoacán tiene dos polos importantes en su economía.

Uno, el aguacate, por eso el que hayan tomado Los Reyes es delicadísimo, porque todos los aguacateros ya administran ahora sí a través de las herramientas de largo alcance sus huertas en Michoacán, porque el riesgo de ser secuestrados es altísimo.

Y en segundo lugar, nos quitaron a Colima el primer lugar en la exportación y en producción de limón. Y nada más hace 18 días, mataron a 18 productores de limón en el municipio de Apatzingán.

Entonces, el tema sí es muy delicado. Creo que aunado a este punto de Acuerdo deberíamos, como Senado, exhortar al gobierno federal a que nos diga, ¿cuál es la estrategia que anunció hoy el Secretario de Seguridad?, ¿cuál es la estrategia que se tiene en materia de seguridad para Michoacán?

Qué está haciendo la Secretaría de Gobernación para resolver el tema que se está presentando en 44 comunidades indígenas, donde hay grupos armados, como guardias comunitarias.

Creo que vamos a votar a favor de este punto de Acuerdo, aunque consideramos que no es suficiente para resolver el problema de fondo que tienen los michoacanos en este momento.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senador Preciado Rodríguez.

Para concluir esta ronda de oradores, tiene el uso de la voz el Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor.

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Sin duda alguna, el punto de Acuerdo que hoy se plantea es de suma importancia, no solamente para Michoacán, sino también para el país.

Después de escuchar los planteamientos de los diferentes legisladores en torno al diagnóstico que existe en Michoacán, es un tema, que sin duda alguna, debe de tocarse en la Comisión Permanente.

En la Comisión Permanente se salvaguarda el Pacto Federal y la representación popular. Y como tal, debemos de asumir la responsabilidad para mandar señales de solidaridad con el pueblo de Michoacán.

Los que conocemos Michoacán, los que estamos cerca de Michoacán y que nos damos cuenta de la crisis que está viviendo, y que aquí se ha hecho de manifiesto, sin duda alguna, que requiere de la participación de la voluntad política de la Comisión Permanente y de la solidaridad del gobierno de la República.

Nosotros estamos obligados, como lo dijo el Diputado Silvano Aureoles, salvaguardar el Pacto Federal. Y por supuesto, que ante la crisis por la cual en este momento atraviesa Michoacán, debemos de mandar señales de estímulo y de aliento a los michoacanos.

Al escuchar que están migrando las empresas que generan los empleos en Michoacán, y que es, desde luego, en detrimento del crecimiento de la economía; al escuchar que está decreciendo el Producto Interno Bruto, que se están perdiendo los empleos, que hay crisis no solamente en la inseguridad, hay crisis en el empleo, hay crisis en la desarticulación del tejido social de Michoacán.

Es un tema mayor que sin duda alguna tenemos que tocar en la Comisión Permanente.

Por supuesto que el grupo parlamentario del PRI tiene y le brinda la plena solidaridad a los michoacanos y a los diversos grupos parlamentarios representados aquí en la Comisión Permanente.

Necesitamos en paralelo, también, buscar cómo construir un estado eficaz, y para hacerlo, se requiere también de la suma de voluntades.

Yo aplaudo la participación del Diputado Silvano Aureoles, porque desde su modesta participación, independientemente de haber sido candidato del Partido de la Revolución Democrática a gobernador, hoy con una enorme madurez, pretende contribuir para que se superen los problemas que están viviendo los michoacanos.

Y eso es lo que requiere el país y eso es lo que requiere Michoacán.

(Aplausos)

Por eso nosotros en la Comisión Permanente no le podemos apostar a agravar los problemas; no le podemos apostar a la no participación o la indiferencia, por el contrario, tenemos que hacer un pronunciamiento decidido, en donde los michoacanos sepan que cuentan con la solidaridad de todo el pueblo de México, más aún, en esta crisis por la que atraviesan.

El estado de Michoacán tiene una serie de virtudes, sin duda alguna.

Tiene bosques, tiene mar, tiene varios microclimas y la verdad es un estado que pudiera generar un potencial importante, y que también en su momento fue un estado bonanza que contribuyó al desarrollo nacional.

Y en este momento, Michoacán requiere que estemos con ellos.

Por supuesto que lo vamos a estar, que sepan todos los municipios, desde Huetamo hasta Tepalcatepec, desde Cuitzeo a Zihuatanejo, en fin, que sepan todos los municipios, por muy alejados que estén, del estado de Michoacán, que tienen la solidaridad y que exhortamos, con mucho gusto, al gobierno de la República para construir un estado próspero y para superar la crisis que hoy está viviendo.

Creo que hoy también tenemos que buscar a toda costa honrar a grandes hombres que han contribuido a nuestro país.

Ahí tenemos a Lázaro Cárdenas, ahí tenemos a Francisco J. Mújica, que fueron grandes pensadores, grandes estadistas y que, por supuesto, contribuyeron al desarrollo nacional.

Coincidiendo plenamente con las demás posiciones que se han vertido aquí y, por supuesto, con el apoyo solidario del grupo parlamentario, para que este Acuerdo que se exhorta en la Comisión Permanente, en su cabalidad se cuente con la solidaridad del grupo parlamentario del PRI.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senador Sánchez García.

Concluida la ronda de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, aprobada la propuesta.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobada. Comuníquese.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a hacer público los motivos y fundamentos legales para condonar parcialmente créditos fiscales a grupo Televisa por la cantidad de 3 mil 334 millones de pesos.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, señor Presidente.

Antes que nada, evidentemente la intervención del Diputado Monreal Avila, la suscribo, la que hizo en el punto anterior y lo único que celebro es que no haya sido profético Ricardo y pueda plantear este tema, porque sí comparto que es un tema total de la agenda política el que me atrevo a presentar a ustedes.

Los medios de información han dado cuenta que el Grupo Televisa obtuvo beneficios a través de la condonación de un crédito fiscal por la cantidad de más de 3 mil millones de pesos, de igualmente los mismos medios de comunicación, el titular del SAT ha declarado que dicha condonación se fundamenta en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

En el comunicado de prensa de fecha 12 de mayo del presente, el SAT da cuenta que el programa “Ponte al Corriente”, es un programa general y abierto a todos los contribuyentes, y precisa lo que cito textualmente:

“A través de este programa los deudores pueden acceder a la condonación total o parcial de adeudos fiscales causados antes del 1º de enero de 2007, derivados de contribuciones federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios, así como multas por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago -subrayo y repito- distintas a las de pago, cuya administración corresponda al SAT, para adeudos de 2007 a 2012, también se ofrece la condonación de hasta el 100 por ciento, pero sólo los accesorios y tratados en ciertas contribuciones".

Toda vez que en medios de comunicación se ha señalado que el SAT determinó en 2011 un crédito fiscal contra Grupo Televisa de más de 3 mil millones de pesos por deducciones erróneas de pérdidas en el pago de Impuesto Sobre la Renta, reitero, pérdidas en el pago de Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2005, se puede presumir que la condonación en cuestión no se cumple con el supuesto normativo contenido en el Artículo Tercero Transitorio que cita a la autoridad responsable como justificación.

Claramente el citado artículo dice, “La condonación será acordada por la autoridad fiscal previa solicitud del contribuyente bajo los siguientes parámetros” y en el inciso a) habla: “tratándose de créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas de incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago."

Habla ya de las fechas, los montos, cómo se va a instrumentar este mecanismo.

Del precepto anterior, se desprende que existe un acuerdo emitido por la autoridad fiscal por el que se determina la deducción que se comenta, misma que debe estar debidamente fundada y motivada, además especifica que la condonación recaerá sobre contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago.

Nuestra Constitución Federal en el artículo 28 indica que no se puede exentar del pago de impuestos, cito el artículo: "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones o títulos de protección a la industria".

En el derecho privado el acreedor puede renunciar al cobro de estos créditos, salvo casos de excepción justificados por la ley, pero como la voluntad del Estado es la ley, éste en cumplimiento del principio de legalidad debe hacer lo que la misma le ordena, la ley ordinaria reitera que en ningún caso las autoridades fiscales pueden liberar del pago de los créditos fiscales salvo las excepciones establecidas en la misma ley.

Los medios de comunicación señalan que los créditos fiscales impuestos al Grupo Televisa, derivan, subrayo, por deducciones erróneas de pérdidas en el pago de Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2005 y dice que la deducción de dichas pérdidas provino de la liquidación anticipada de ciertos instrumentos financieros adquiridos por Televisa como resultado de la compra de la empresa Comtelvi en noviembre del 2005.

Para efecto de transparentar la información sobre el caso que se ha difundido en los medios de comunicación y que han generado suspicacia o mala fe en la actuación de los legisladores por cuanto hace a la aplicación del Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, es necesario conocer con certeza si la autoridad fiscal cumplió estrictamente con lo dispuesto en la fracción I del citado artículo.

Por ello proponemos con carácter de urgente resolución el siguiente Acuerdo:

UNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga público -y válgase la redundancia- el acuerdo del SAT por el que determina los motivos y fundamentos legales por los que resuelve condonar parcialmente créditos fiscales al Grupo Televisa, por la cantidad de 3 mil 334 millones de pesos e informen las empresas que se han beneficiado con el programa de condonación de créditos fiscales con montos superiores a los 50 millones de pesos.

Miren, quiero culminar y agradecer al señor Presidente, pero parece que la profecía de Ricardo Monreal en este punto sí se va a cumplir, porque obviamente no van a querer entrar a debatir este tema. Es evidente nada más de ver el interés que los legisladores ponen, vemos…

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: ¿Con qué objeto? señor Diputado.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Me ha aludido dos ocasiones, le pido de favor que...

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Concluida la intervención del orador, preguntaré a la Asamblea si se abre a discusión, de no abrirse a discusión no procederán las mociones.

Continúe el orador.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Bueno, yo quiero culminar, señor Presidente, y decirle a los legisladores del PRI y del PAN aparte de que pongan atención a este debate y no profeticen lo que dice Ricardo Monreal, que van a votar en contra, yo les pido que recuperen la dignidad del Poder Legislativo, si ustedes votaron a favor de esta Ley de Ingresos, porque parece que la mayoría, sobre todo el PRI y el PAN votaron a favor de esta ley, es una oportunidad ahorita para que, tal vez no era su intención que Televisa hiciera lo que hizo, verdad.

Pues ahorita súbanse, voten, discutamos este tema, este tema es vital para la nación, en el pueblo está este debate, no puede ser que los cautivos les hundan el diente con los impuestos y a los que ustedes saben, los más poderosos les exenten esas cantidades que son arbitrarias, entonces tienen la oportunidad el día de hoy con sólo votar que se discuta este punto, obviamente de preferencia después de discutirlo que lo aprobemos, y si no votan y no lo quieren aclarar, pues entonces van a hacer realidad ese dicho popular de que lo que se sabe no se pregunta, y obviamente el pueblo de México pues ya tiene una opinión muy negativa del Congreso, yo siempre he dicho que los que mandan en el país los hacen hacer estas leyes y luego los denostan públicamente como ocurre ahora con el Poder Ejecutivo, que está diciendo: “no es que fueron los Diputados y Senadores”. Y bueno, pues la verdad algunos votamos en contra, evidentemente esa ley; evidentemente no hemos votado a favor de las leyes que lamento que lastimen a mi pueblo, pero pues tienen la oportunidad el día de hoy de aclarar las cosas, y si no, evidentemente darán la razón a lo que el pueblo de México está diciendo en las calles, que aquí hubo contubernio, sobre todo del PRI y del PAN, con el Grupo Televisa, aclárenlo y súbanse a esta tribuna y voten que discutamos en punto de Acuerdo, Diputados y Senadores.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, A TRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FEDERAL, HAGA PUBLICOS LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES POR LOS QUE DETERMINO CONDONAR PARCIALMENTE CREDITOS FISCALES A GRUPO TELEVISA POR LA CANTIDAD DE 3 MIL 334 MILLONES DE PESOS, E INFORME DE EMPRESAS QUE SE HAN BENEFICIADO CON EL PROGRAMA DE CONDONACION DE CREDITOS FISCALES EN EL EJERCICIO 2013

"Quien suscribe, Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIILegislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los medios de información han dado cuenta que el Grupo Televisa obtuvo beneficios fiscales a través de la condonación de un crédito fiscal por la cantidad de 3 mil 334 millones de pesos. De igual forma en los mismos medios de comunicación el Titular del Servicio de Administración Tributaria hadeclarado que dicha condonación se fundamenta en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

En el Comunicado de Prensa 014/2013 de fecha 11 de mayo de 2013, el Sistema de Administración Tributaria señaló lo siguiente:

A través de este programa los deudores pueden acceder a la condonación total o parcial de adeudos fiscales causados del 1 de enero de 2007, derivados de contribuciones federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios, así como multas por el incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las del pago cuya administración corresponda al SAT. Para adeudos de 2007 a 2012, también se ofrece la condonación de hasta el 100 por ciento pero solo de los accesorios y tratándose de ciertas contribuciones”.

Toda vez que en medios de comunicación se ha señalado que el Servicio de Administración Tributaria determino en 2011 un crédito fiscal contra Grupo Televisa por 3 mil 334 millones 960 mil pesos, por deducciones erróneas de pérdidas en el pago del ISR del ejercicio fiscal de 2005, se puede presumir que la condonación en cuestión no se cumple con el supuesto normativo contenido en el artículo Tercero Transitorio que cita la autoridad responsable como justificación.

Claramente el artículo Tercero Transitorio dispone en la fracción I, lo siguiente:

I. La condonación será acordada por la autoridad fiscal previa solicitud del contribuyente bajo los siguientes parámetros:

a) Tratándose de créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, causadas antes del 1o. de enero de 2007, la condonación será del 80 por ciento de la contribución, cuota compensatoria y multa por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, actualizadas, y el 100 por ciento de recargos, recargos por prórroga en términos del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación, multas y gastos de ejecución que deriven de ellos. Para gozar de esta condonación, la parte no condonada del crédito fiscal deberá ser pagada totalmente en una sola exhibición.

De lo que se desprende que existe un acuerdo de la autoridad fiscal para determinar la deducción que se comenta, misma que debe estar debidamente fundada y motivada, además de que se especifica que la condonación recaerá sobre contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago. Supuesto en el que no se contempla la razón que dan cuenta los medios, esto es “deducciones erróneas de pérdidas en el pago del ISR del ejercicio 2005”.

Para efecto de transparentar la información que sobre el caso que se ha difundidoen los medios de comunicación y que han generado suspicacia o mala fe en la actuación de los legisladores en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2013, se presenta con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- SEEXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO HAGA PUBLICO EL ACUERDO DEL SERVICIO DE ADMNISTRACION TRIBUTARIA POR EL QUE DETERMINA LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES POR LOS QUE RESUELVE CONDONAR PARCIALMENTE CREDITOS FISCALES A GRUPO TELEVISA, POR LA CANTIDAD DE 3 MIL 334 MILLONES DE PESOS, E INFORME DE LAS EMPRESAS QUE SE HAN BENEFICIADO CON EL PROGRAMA DE CONDONACION DE CREDITOS FISCALES, CON MONTOS SUPERIORES A LOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS.

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 13 de mayo de 2013.

Atentamente”.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Ladrón de Guevara.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar a la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Túrnese a la Tercera Comisión.

No proceden las mociones porque el asunto no fue abierto a discusión, de acuerdo al artículo 14 del Reglamento que hemos aprobado.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION DE ADMINISTRACION DE LA CAMARA DE SENADORES

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos para el mes de mayo de 2013.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Está a discusión el Proyecto de Presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de mayo del año 2013. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el informe del presupuesto ejercido en el mes de marzo de 2013.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Secretaria. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeros legisladores, informo a ustedes que las demás proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.






PROPUESTAS

De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que solicita al Director General de Petróleos Mexicanos y al encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública un informe pormenorizado sobre los presuntos actos de corrupción realizados por César Nava Vázquez, ex Director Jurídico de Petróleos Mexicanos de 2001 a 2003, en contra de la paraestatal, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS MEXICANOS Y AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION REALIZADOS POR CESAR NAVA VAZQUEZ, EX DIRECTOR JURIDICO DE PETROLEOS MEXICANOS DE 2001 A 2003, EN CONTRA DE LA PARAESTATAL

“Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, a propósito de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es del dominio público que el día de ayer 14 de mayo, el periódico Reforma dio a conocer que Petróleos Mexicanos, presentó una demanda ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York en contra de César Nava Vázquez, quien se desempeñó como Director Jurídico de la paraestatal de 2001 a 2003.

A Nava Vázquez se le imputa haber participado en una conspiración criminal, en colusión con las empresas Siemens y SK Engineering, para defraudar a PEMEX durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta. Cabe destacar que la paraestatal mexicana había presentado desde el 8 de mayo la demanda que sería ampliada el día de ayer aportando estos nuevos elementos.

En esta ampliación de demanda se mencionan por primera vez, los nombres de César Nava Vázquez y de Luis Enrique Bouchot, quien era director jurídico de Pemex Refinación.

En dicha querella se menciona lo siguiente1:

1. Las empresas Siemens y SK Engineering obtuvieron 182.4 millones de dólares mediante siete facturas fraudulentas cobradas entre agosto de 2000 y enero de 2002, como parte de una conspiración criminal para inflar los costos de la reconfiguración de Cadereyta.

2. Además de Siemens y SK, Pemex señaló como responsables de los actos de corrupción a tres personas, cuyos nombres ya antes se han mencionado en este caso: el empresario Jaime Camil Garza, quien habría recibido 2.6 millones de dólares en 2004 por su "asesoría" para el fraude y ha rechazado haber participado en los hechos, así como Eduardo Vergara Cabrera y Máximo Téllez Rosas, ejecutivos de Pemex mismos que ya fueron inhabilitados 20 años para el servicio público y autorizaron el pago de las facturas.

3. Asimismo, se ignoró la recomendación del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN de rechazar los reclamos por sobrecostos presentados por Conproca (integrado por Siemens AG y la coreana SK Engineering), y firmó tres convenios con el consorcio para extender el plazo de las obras y pagar las deudas, mismos que no fueron sometidos al Consejo de Administración de Pemex Refinación.

4. Los siete pagos fraudulentos, según la demanda, fueron hechos desde las cuentas en The Bank of New York del Pemex Project Funding Master Trust, que se usa para financiar los Pidiregas, y depositados en la cuenta de Conproca en Citibank Nueva York.

5. Del mismo modo, se incluye en esta demanda las instrucciones que en mayo de 2002, César Nava indicó a una subordinada con el fin de no cobrar dos cartas de crédito por 102.8 millones de dólares, que servirían para compensar violaciones contractuales. Lo anterior fue afirmado por Pemex Refinación en un documento con el que amplió una demanda por 500 millones de dólares que presentó en diciembre pasado.

En lo que se refiere a los testimonios que contiene esta demanda, se encuentran las del Señor Peter Paul Muller, ex director Jurídico de Siemens en México, quien declaró a fiscales de la PGR, que la multinacional alemana sobornó a personal de Pemex para cubrir sobrecostos en la refinería de Cadereyta y que el empresario Jaime Camil Garza, colaboró en una simulación para ocultar un pago de 2.6 millones de dólares a funcionarios de la paraestatal.

En esta demanda, Pemex exhibe en esta red de corrupción al empresario Jaime Camil ya Luis Enrique Bouchot, ex director jurídico de Pemex Refinación.

Los hechos descritos hasta el momento indican que César Nava Vázquez, habría participado en un acto de corrupción que derivó en una afectación patrimonial y financiera contra una empresa de todos los mexicanos.

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reprobamos enérgicamente cualquier acto de corrupción gubernamental, sobre todo cuando si son cometidos por funcionarios de alto nivel, quienes deben comportarse de manera ejemplarmente honesta.

Por lo tanto, nos manifestamos por una investigación seria y profunda, que derive en una sanción ejemplar en contra de quienes resulten responsables, sin importar los cargos públicos o partidistas que hayan ocupado.

En días pasados, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un punto de acuerdo sobre las millonarias pérdidas de PEMEX derivadas de su malograda participación accionaria con la compañía petrolera española Repsol, realizada por el entonces director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel en el año 2011.

Hoy nos enteramos que la corrupción en Pemex tiene una antigüedad mayor e involucra a otros actores.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y al encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, un informe pormenorizado sobre los presuntos actos de corrupción realizados por César Nava Vázquez, ex director jurídico de Petróleos Mexicanos en el periodo de 2001 a 2003, en contra de la paraestatal.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 15 de mayo de 2013.

Sen. Miguel Romo Medina”.






De los CC. Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a investigar posibles violaciones a la normatividad electoral federal en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A INVESTIGAR POSIBLES VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL FEDERAL EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, YUCATÁN Y CAMPECHE

“H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Jorge Luis Lavalle Maury, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Durante este año 2013 habrá elecciones en 14 de los 31 estados y el Distrito Federal, a saber; Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En once de ellos se renovarán los Ayuntamientos y Congresos Locales, salvo en Hidalgo, donde sólo se renovará el Congreso Local y Coahuila donde sólo se renovarán los Ayuntamientos, mientras que en Baja California habrá elección para renovar Ayuntamientos, Congreso Local y Gobernador.

Lo anterior actualiza el compromiso de los Institutos Electorales Estatales de preparar los comicios respetando los principios constitucionales y legales en materia electoral, a fin de garantizar un proceso democrático y transparente. En estos ejercicios el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene la responsabilidad de prestar todo el apoyo que necesiten los entes electorales estatales, además de velar por el respeto a la normatividad electoral, empezando por los principios a los que nos hemos referido.

Lamentablemente el respeto a los principios que rigen nuestra vida democrática y la normatividad electoral se han vulnerado recientemente en algunas entidades federativas.

Particularmente, en los Estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche se han registrado prácticas antidemocráticas e ilegales con la pretensión de algún partido político de influir a través de sus militantes de forma ilegal y tendenciosa en el proceso electoral ordinario a celebrarse durante el presente año en el Estado de Quintana Roo. Acciones que además de violentar el estado democrático pueden ser tipificadas como constitutivas de delitos electorales.

Es el caso que, durante los últimos meses se han hecho públicos a través de diversos medios de comunicación tanto locales como nacionales, diversas irregularidades en el proceso electoral del Estado de Quintana Roo.

Así, durante los últimos meses hemos tenido conocimiento sobre cambios de domicilio de electores de manera atípica de municipios del Estado de Yucatán y de Campeche hacia Quintana Roo, bajo la presunción de que esos cambios obedecen a pretensiones de algún partido político de influir a través de sus militantes en la jornada electoral del próximo 7 de julio de 2013, en Quintana Roo.

Así por ejemplo, se han documentado hechos como los siguientes:

1. El jueves 14 de marzo del año en curso unos 150 ciudadanos con domicilio en el municipio de Valladolid, Yucatán, de militancia priista, viajaron a Cancún Quintana Roo, para cambiar su credencial de elector y registrarse con domicilio en ese lugar, siendo que sus domicilios habituales están ubicados en el municipio de Valladolid, Yucatán.

2. El mismo jueves 14 de marzo, el señor Miguel Pat Xuluc, quien trabaja en Cancún, Quintana Roo, señaló que una mujer de escasos recursos le dijo que por necesidad aceptó viajar de Valladolid, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo para cambiar su credencial, porque “hace dos días no tiene dinero para comer” y que a cambio le darían mil pesos.

3. El viernes 15 de marzo, la Dirección Municipal de Tránsito de Benito Juárez, Cancún, detuvo tres camiones de pasajeros procedentes de Yucatán, con ciudadanos de Tizimín y Valladolid, que presumiblemente pretendían inscribirse en el listado nominal de electores, de Benito Juárez Cancún, para participar en la jornada electoral que tendrá lugar este año en el Estado de Quintana Roo.

4. Con esa misma fecha el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Quintana Roo, Julio Lara Martínez, denunció el acarreo de habitantes yucatecos para registrarlos en el padrón electoral de Cancún, financiado por el PRI-Gobierno, con la intención de violentar el proceso electoral que se desarrolla en el Estado de Quintana Roo.

Por otro lado, el día 2 de mayo de 2013 el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra funcionarios del Instituto Federal Electoral en Quintana Roo, que deliberadamente convocaron a la ciudadanía ubicada en 16 comunidades de Campeche ubicadas en la franja territorial con Quintana Roo, y los inscribieron como ciudadanos del Estado de Quintana Roo, entidad donde insistimos, este año habrá elecciones.

Otra acción más promovida en contra de estas violaciones electorales fue la del licenciado Víctor Hugo Lozano Poveda, representante del Partido Acción Nacional ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en Yucatán, quien el pasado 6 de mayo, denunció formalmente ante el presidente consejero de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, atípicos cambios de domicilio de electores de Municipios del Oriente del Estado de Yucatán, hacia el Estado de Quintana Roo, lo que puede deberse a una pretensión de algún partido político de influir a través de sus militantes de forma ilegal y tendenciosa en el Proceso Electoral Ordinario a celebrarse en este año en Quintana Roo.

Todos estos hechos, acciones y acontecimientos suscitados dentro del proceso electoral que vive el Estado de Quintana Roo, hacen urgente la intervención inmediata de las autoridades electorales federales, con la finalidad de investigar las posibles violaciones a la normatividad electoral federal en los Estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, y en su caso proceder conforme a derecho en contra de quienes resulten responsables y tomar las medidas pertinentes para que los principios constitucionales en materia electoral, así como los que deben observarse en todo proceso democrático actualicen su vigencia y no se permitan prácticas que intenten vulnerarlos.

Lamentablemente estos casos no son aislados, recientemente encontramos antecedentes de este mismo tipo de irregularidades en la península de Yucatán.

Así por ejemplo, de acuerdo con el Informe de Dictámenes Jurídicos emitidos por la Secretaría Técnica Normativa del IFE, en mayo de 2010 esta Institución detectó incrementos “atípicos” en el padrón electoral de Yucatán, y comprobó 67 casos de ciudadanos provenientes del Estado de Quintana Roo que proporcionaron datos falsos de su domicilio, con el fin de que fueran afiliados al padrón electoral de Yucatán, previo a los comicios del 16 de mayo de 2010.

En ese entonces la Comisión de Registro Federal de Electores del IFE ordenó cancelar en todos los casos el cambio de domicilio e inscripción al padrón electoral de Yucatán y los reincorporó al domicilio anterior y procedió a solicitar la presentación de la denuncia correspondiente a la Dirección Jurídica del IFE.

Finalmente en un acto de congruencia, el pasado 8 de mayo los suscritos senadores presentamos una denuncia ante el IFE para hacer de su conocimiento todas estas irregularidades en materia lectoral y solicitamos una investigación que lleve, en su caso, a la confirmación de violaciones a la normatividad electoral, en cuyo caso solicitamos se proceda conforme a derecho contra quienes resulten responsables, y se tomen la medidas pertinentes para que los principios que deben regir por mandato constitucional el actuar del IFE, así como los que deben observarse en todo proceso democrático, actualicen su vigencia y no se permitan prácticas que intenten vulnerarlos.

No obstante, con la finalidad de tener acciones inmediatas y contundentes por parte del IFE, creemos fundamental la intervención de este Congreso de la Unión, principal promotor del estado democrático mexicano.

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral para que investigue posibles violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al Código Penal Federal y, en su caso, proceda conforme a derecho en contra de quienes resulten responsables, y tome las medidas pertinentes para que los principios constitucionales en materia electoral, así como los que deben observarse en todo proceso democrático actualicen su vigencia y no se permitan prácticas que intenten vulnerarlos.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral para que una vez concluida la investigación a la que se refiere el punto anterior, de a conocer los resultados a esta Soberanía, con la finalidad de realizar acciones, dentro del marco de sus responsabilidades, tendientes a prevenir futuras violaciones en materia electoral.

Senado de la República, a 15 de mayo de 2013.

Sen.- Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen.- Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen.-Jorge Luis Lavalle Maury”.






Del C. Diputado Ernesto Núñez Aguilar, a nombre del C. Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se insta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a desistirse de todas y cada una de las fases tendientes a desincorporar cualquier calle o avenida sita en la demarcación territorial de su jurisdicción, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE INSTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A DESISTIRSE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS FASES TENDIENTES A DESINCORPORAR CUALQUIER CALLE O AVENIDA SITA EN LA DEMARCACION TERRITORIAL DE SU JURISDICCION

“PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA

PRESENTE.

Quien presenta, Ernesto Nuñez Aguilar, a nombre de Ricardo Astudillo Suárez, Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro del patrimonio de la nación se hallan los bienes del dominio público, dentro de este género encontramos las especies denominadas, respectivamente, dominio directo, uso común y aquellos destinados a la prestación de un servicio público o que tienen como propósito satisfacer alguna necesidad de la población.

Los bienes de dominio público, sobre los cuales nos centraremos a partir de este momento, son los de uso común, regulados en la Ley General de Bienes Nacionales, concretamente en su artículo 7. Este tipo de bienes poseen carácter público porque pueden ser utilizados de manera indiscriminada, y sin límite alguno por todas las personas, su propia naturaleza hace que los mismos sean inalienables, imprescriptibles e inembargables, en este sentido se genera sobre éstos un régimen especial de propiedad que implica no poder disponer de ellos salvo en el caso de una afectación o desincorporación administrativa del régimen de propiedad pública del Estado.

Así pues, como es sabido, todas las veredas, los caminos y, desde luego, las avenidas y calles1, se encuentran bajo un régimen de inafectación a menos que el titular de la administración las desincorpore2, circunstancia o hecho que pretendió actualizar el anterior Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, con la venta de la calle Juárez, en el tramo localizado entre las calles de Parroquia y Las Flores, en la colonia Santa Cruz Atoyac de la Delegación Benito Juárez.3

Lo anterior se ha convertido ya en una práctica, abusiva y mezquina por cierto, que se ha llevado a cabo de manera reiterada por parte de los gobiernos del Distrito Federal, que pretenden incrementar el patrimonio monetario de la Ciudad a costa del patrimonio inmobiliario de la misma afectando con ello a la sociedad.

Acciones de este tipo, no pueden justificarse aludiendo a preceptos como el orden público y el interés general, pues al transferir una calle del dominio público al privado se gesta menos espacio de tránsito y se afecta el patrimonio colectivo.

En épocas recientes, las administraciones del PRD en la capital de la República, han dado muestra de su voracidad, pues el caso pretendido no es un hecho aislado puesto que anteriormente se han presentado ejemplos sobre situaciones similares. De manera tal que aquello que era una anécdota se está convirtiendo ya en ley.

Para muestra basta un botón:

• En abril del año 2011, el Gobierno del Distrito Federal vendió a una tienda de autoservicio la calle Enrique Rebsámen en la colonia del Valle, el mismo día por cierto se autorizó la desincorporación del patrimonio de la Ciudad de un predio de 2 mil metros cuadrados y 8 mil de construcción en la colonia Narvarte.

• Ese mismo mes, se hizo público que el Gobierno del Distrito Federal estaba en negociaciones para vender a una televisora la calle Dr. Manuel Gutiérrez Zavala en la colonia Doctores, que de hecho era utilizada como estacionamiento por trabajadores de la empresa.

En este sentido, consideramos que la concreción del hecho infame de haber cedido, a propiedad privada, espacios públicos, se debió a la poca difusión deesos actos, característica de la opacidad con la cual opera, en muchos casos, el Gobierno del Distrito Federal. La desinformación propició entonces que ante situaciones de este tipo, la sociedad capitalina no haya podido efectuar los reclamos respectivos a tiempo. En el Partido Verde, estamos resueltos a no permitir, ni a nivel federal ni local, una sola desapropiación a la nación más.

Por lo cual, al ser un acto administrativo el único medio para trasladar la propiedad4 y en atención a la ley y al derecho, solicitaremos a la administración capitalina recule sobre la decisión de desincorporar, del régimen de propiedad pública, la calle Juárez, o bien en caso de no poder hacerlo efectúe el Jefe de Gobierno la revocación administrativa correspondiente.

A nuestro juicio, el Jefe de Gobierno tiene la obligación moral de dar marcha atrás a la venta de espacios públicos, pues cabe recordar que como candidato, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se comprometió en campaña a impulsar el rescate y transformación del espacio público en la capital del país previa consulta a los ciudadanos a quienes en este caso se les afecta su derecho a disfrutar de la ciudad ya bastante mermado por los altos índices de violencia e inseguridad registrados en el Distrito Federal, obligando a sus habitantes a recluirse cada vez más en sus domicilios.

En el Partido Verde estamos comprometidos con la construcción de espacios y lugares inclusivos para todos y todas, facilitando así la apropiación de las ciudades por parte de los ciudadanos, y nos manifestamos en contra de lo que suponga un obstáculo para ello, por lo anterior proponemos a esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión insta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a desistirse de todas y cada una de las fases tendientes a desincorporar cualquier calle o avenida sita en la demarcación territorial de su jurisdicción.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión insta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revocar los actos administrativos cuya finalidad sea o haya sido la transmisión a particulares de calles o avenidas sitas en la demarcación territorial de su jurisdicción.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión insta a todos los titulares de los estados de la República a no desincorporar bienes del dominio público en perjuicio del derecho de las personas a disfrutar del espacio público.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Dip. Ernesto Núñez Aguilar.- Dip. Ricardo Astudillo Suárez”.






Del C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a utilizar los recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos, en el Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES QUE SE ACUMULEN EN EL FONDO SECTORIAL CONACYT-SECRETARIA DE ENERGIA-HIDROCARBUROS HASTA POR UN MONTO DE 5 MIL MILLONES DE PESOS, EN EL RAMO 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

El suscrito, LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, Diputado integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes.

CONSIDERACIONES

En los países industrializados como Japón, Alemania y Estados Unidos, la eficacia y calidad de la ciencia y la tecnología, depende fundamentalmente de las articulaciones que han establecido entre sí, la sociedad, el sector educativo y de investigación y el sector productivo. En Latinoamérica, sin embargo, esta vinculación se dificulta debido al marcado carácter académico y la escasa cultura empresarial dentro de las universidades, situación que ha generado ciertos prejuicios y desconfianza por la iniciativa privada.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2010, la proporción de gasto que se hace en investigación y desarrollo en el país es de aproximadamente de 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y no sólo es la más baja entre los países miembros sino que se encuentra por debajo del gasto que hacen otros países emergentes como China, el cual dedica 1.5 por ciento del PIB; Brasil y Sudáfrica dedican 1 por ciento, más del doble que nosotros. Y según información provista por la OCDE, hay el compromiso explícito de estos gobiernos por seguir incrementando los recursos públicos y los privados.

Como resultado, estos países obtienen actualmente un mejor desempeño económico que el nuestro. Durante la década pasada, el crecimiento anual de la economía mexicana promedió apenas 2.3 por ciento. Ello, pese a que el manejo macroeconómico fue adecuado. Si se concretan las principales reformas estructurales pendientes, el país podría alcanzar un crecimiento promedio anual de la economía de entre 4 y 4.5 por ciento.

Mediante los diversos programas que coordina el CONACYT, así como los que operan los centros de investigación, se trata de fomentar la realización de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación por parte de las instituciones de educación superior y centros de investigación en vinculación con las empresas instaladas en México que impacten en la competitividad nacional y esto redunde en un mayor bienestar para la sociedad.

De manera complementaria, se trata de garantizar la inserción de científicos en la industria que coadyuve a la vinculación de ésta con las instituciones de educación superior y los centros de investigación. La ciencia, la tecnología y la innovación son temas estratégicos para el desarrollo del país.

Con fecha 17 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos Para el Ejercicio Fiscal 2013, en la cual en su artículo 1º párrafo noveno, estipula que:

Artículo 1o.

(…)

Párrafo Noveno:

Se autoriza al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a utilizar los recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos que se ejercerán en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. El remanente se aplicará de conformidad con las disposiciones vigentes aplicables.

El grupo parlamentario Nueva Alianza,en coincidencia con la propuesta del ejecutivo federal de asegurar el financiamiento a los programas y proyectos del presupuesto de egresos 2013, estuvo de acuerdo en poder hacer uso de los recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos; sin embargo,el grupo parlamentario defendió, que esto no debe hacerse de forma discrecional.

En atención a lo anterior, a través de la participación del grupo parlamentario al interior de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se estableció que se dispusieran de los recursos de dicho fondo, pero única y exclusivamente, orientarlos a programas y proyectos en materia del ramo 38. Con lo anterior, el Ejecutivo Federal de considerarlo pertinente podrá hacer uso del fondo hasta por un monto de 5 mil millones de pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

El artículo 25, de la Ley General de Educación, dispone que el monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.

El Ejecutivo Federal aseguró que para cuando finalice su mandato el presupuesto asignado a Ciencia y Tecnología corresponderá al 1% del Producto Interno Bruto. Para 2013, los recursos fiscales del Presupuesto del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ascienden a 25,102.8 millones de pesos (mdp), asignación 10.9% superior en términos reales a la de 2012. Del anterior monto, 20,102.8 mdp se destinan a los programas que administra el CONACYT, cifra 11.2% mayor en términos reales a la del año previo, mientras que a los 25 centros públicos de investigación apoyados presupuestalmente por el Consejo les corresponde un monto de 5,000.0 mdp. Esta cifra representa un incremento en términos reales de 9.6% respecto a la de 2012.

Al respecto, el grupo parlamentario Nueva Alianza, reconoce que se trata de un notable avance en comparación de los sexenios pasados, pero aún es insuficiente.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se somete a la consideración de este Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a utilizar los recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos que se ejercerán en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Dip. Luis Antonio González Roldán”.






De los CC. Senadores Fernando Herrera Avila y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a comparecer ante esta Soberanía y a dar cuentas del avance en las investigaciones que realiza la Procuraduría en relación con la participación de funcionarios públicos federales y estatales en el desvío de recursos públicos con el objeto de beneficiar electoralmente al Partido Revolucionario Institucional, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANIA Y A DAR CUENTAS DEL AVANCE EN LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA PROCURADURÍA EN RELACION CON LA PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS FEDERALES Y ESTATALES EN EL DESVIO DE RECURSOS PUBLICOS CON EL OBJETO DE BENEFICIAR ELECTORALMENTE AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

“C. SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE

PRESENTE.

Fernando Herrera Avila y Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senadores de la República de la LXII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; por los artículos 8, 108, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, y solicitando que, por la gravedad del mismo se considere de urgente resolución, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam para que comparezca ante esta Soberanía y dé cuenta del avance en las investigaciones que realiza la Procuraduría a su cargo relacionadas con la participación de funcionarios públicos federales y estatales en el desvío de recursos públicos con el objeto de beneficiar electoralmente al Partido Revolucionario Institucional; para que cite a declarar al ciudadano y ex gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, para que explique el destino de recursos presupuestados para obras públicas en la entidad y que no se realizaron o presentan retrasos significativos así como para que aclare su posible participación en el desvío de recursos económicos provenientes de programas sociales para beneficiar electoralmente al Partido Revolucionario Institucional, y para que con base en lo dispuesto por el artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales, inicie de oficio averiguación previa con relación al señalamiento hecho ante una Corte de Austin, Texas por el C. José Carlos Hinojosa, quien afirmó que como contador del Cartel del Golfo, envió 12 millones de dólares al candidato del PRI a Gobernador del Estado de Veracruz en el año 2004, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El pasado 17 de abril, el Partido Acción Nacional aportó elementos en los que se evidencia fehacientemente la participación de diversos servidores públicos de la SEDESOL en el desvío de recursos públicos federales para favorecer a candidatos electorales del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Veracruz.

A través del audio y video todos los mexicanos pudimos constatar que funcionarios del gobierno de Veracruz definían una estrategia para condicionar los programas “Oportunidades”, “Seguro Popular”, “Cruzada Nacional contra el Hambre” y “65 y más” a cambio de votos a favor del PRI en la entidad.

2. También quedó claramente identificada la identidad de los funcionarios estatales y federales que participaron en este acto delictivo y en la planeación de la estrategia para desviar recursos públicos con el objetivo de favorecer al PRI en las próximas elecciones locales, entre los que destacan Pablo Anaya Rivera, secretario de Salud de Veracruz; Salvador Manzur Díaz, secretario de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz; Pablo Anaya Rivera, delegado del PRI en Boca del Río, y Anselmo Estandía Colom, alcalde de Boca del Río.

3. Ante tan lamentables sucesos, con base en la proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, el Pleno del Senado aprobó citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Lic. Rosario Robles Berlanga para que explicara el desvío de recursos públicos federales dirigidos a atender a la población más necesitada.

La comparecencia tuvo lugar el pasado 23 de abril y a pesar de que varios de los funcionarios fueron separados de sus cargos, en nada contribuyó a aclarar la participación facciosa de servidores públicos locales y federales en la articulación de la red de corrupción que se ha instaurado con fines electorales al menos en los estados de Veracruz y Coahuila.

4. Senadores y diputados de Acción Nacional hemos exigido reiteradamente que se concreten las investigaciones y que se apliquen las sanciones que correspondan a todos aquellos servidores públicos involucrados, que con sus actividades ilícitas han comprometido la certeza del proceso electoral en Veracruz y que han puesto en riesgo la continuidad del Pacto por México. En este sentido, el 17 de abril pasado el diputado federal panista Humberto Alonso Morelli, presentó denuncia ante la Fiscalía dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual inició la averiguación previa por la probable comisión de delitos electorales relacionados con el uso ilícito de recursos, padrones y programas públicos para fines electorales.

5. Adicionalmente, el pasado lunes, el periódico Reforma publicó información por demás preocupante, que pone de manifiesto que el desvío de recursos en el estado de Veracruz se ha institucionalizado desde anteriores administraciones del PRI como un mecanismo para el desvío de recursos públicos a fines distintos a los que se habían presupuestado.

El periódico Reforma informa que de las 15 grandes obras de infraestructura proyectadas en el Estado de Veracruz durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, ninguna está concluida, que en ocho de ellas los trabajos ni siquiera han iniciado, y que siete se encuentran aún en proceso. En conjunto, el costo asociado a este conjunto de proyectos de inversión es de casi 20 mil millones de pesos.

En ese mismo sentido, Reforma señala que durante 2008, Fidel Herrera colocó la primera piedra de la Torre Pediátrica en el puerto de Veracruz y anunció que estaría lista en 18 meses siendo que en realidad han transcurrido cinco años y la obra aún no se concluye. En 2011, fue detenida por falta de recursos pese a que el Gobierno federal aportó, en 2010, 177 millones de los 193 millones de pesos que iba a costar dicha obra. Hoy, el costo se calcula en 275 millones de pesos.

Otro ejemplo. La construcción de la autopista Córdoba-Xalapa es otro caso de obra inconclusa. Herrera Beltrán la prometió en su sexenio y la incluyó en su Plan de Desarrollo 2005-2010. Hace tres años, dijo que ya estaba a punto de iniciar, sin embargo fue hasta diciembre de 2012, ya con Duarte al frente del Gobierno, que se firmó una adjudicación directa por 2 mil 300 millones de pesos para construirla.

6. El manejo irregular de recursos en el estado de Veracruz se suma a las evidencias periodísticas que señalan que cuando Fidel Herrera Beltrán compitió como candidato del PRI a la Gubernatura de Veracruz, recibió 12 millones de dólares provenientes del Cartel del Golfo para financiar su campaña, en el año 2004.

El narcotráfico y la violencia asociada al mismo constituyen uno de los más graves problemas que enfrenta México. Sus perniciosos efectos sobre la vida nacional están presentes no sólo en el número de crímenes que diariamente se cometen, sino también – y muchas veces lo olvidamos- en la cantidad de jóvenes que son inducidos al consumo de drogas causándoles daños irreparables.

El poder económico del narcotráfico ha penetrado la estructura económica y social de México y ya en varias ocasiones se han encendido señales de alerta frente al objetivo de la delincuencia organizada de penetrar también nuestra estructura política, ya sea por la presión y amenaza contra algunos candidatos o mediante el financiamiento de campañas políticas.

La delincuencia organizada busca control territorial y protección de las autoridades, por ello ha tratado de usar su dinero sucio para financiar campañas y si los candidatos obtienen el triunfo cobrarles el apoyo a través del control del territorio donde ejerzan el poder.

Veracruz es una de las entidades más afectadas por este problema. En los últimos 10 años la entidad se convirtió en una zona de abierta operación de los carteles de la droga, y a pesar de los enormes esfuerzos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal el problema continúa siendo muy grave.

Diversos medios de comunicación han señalado desde hace varios años que la incorporación de Veracruz como espacio de libre actividad de bandas delictivas, obedeció a la complicidad del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Sin embargo estos señalamientos siempre se minimizaron y a pesar de existir algunas evidencias las autoridades no procedieron a investigar a fondo esta presunta vinculación.

No obstante lo anterior, en los últimos meses lo que fue una sospecha pareciera confirmarse y los presuntos vínculos del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán con cárteles de la droga, aparecen ya oficialmente confirmados en un juicio que se sigue en Austin, Texas, contra un grupo de personas vinculadas al narcotráfico.

En efecto, en días pasados,José CarlosHinojosa, contador del Cartel del Golfo, afirmó ante el juez Sam Sparks y ante el Fiscal Douglas Gardner en la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas, ubicada en Austin, que esa organización entregó a Fidel Herrera Beltrán doce millones de dólares para financiar su campaña como candidato del PRI a Gobernador del Estado de Veracruz, y que una vez que Herrera llegó al poder esa organización delictiva y su brazo armado “los zetas” controlaron “esa plaza”.

Dicha Corte ya concluyó que José Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, alias “Z40” y “Z42” respectivamente, es responsable de lavado de dinero y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas. Igualmente encontró culpable de los mismos delitos a Francisco Colorado, veracruzano estrechamente ligado a Herrera Beltrán, quien se hacía pasar como empresario para lavar dinero de esa organización delictiva.

Ante un señalamiento tan grave como éste, formulado ante autoridades judiciales de un país con el que tenemos relaciones diplomáticas y acuerdos concretos para combatir al narcotráfico, hasta el día de hoy la Procuraduría General de la República no ha hecho pronunciamiento alguno, cuando –de haberse cometido los delitos- estos se cometieron en México y por tanto debiera procederse en nuestro país contra los presuntos responsables. Debe señalarse que en todo caso los delitos no han prescrito aún.

Este asunto es del más alto interés para la República. No podemos permitir que el narcotráfico penetre a las instituciones, y los partidos políticos son instituciones de interés público que deben estar comprometidas a evitar que lleguen al poder personas vinculadas a organizaciones delictivas. Estamos seguros de que en este punto coincidimos todos.

7. El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado exige que se deslinde la responsabilidad de todas las autoridades involucradas en la operación de desvío de recursos en el estado de Veracruz. Durante la primera sesión de esta Comisión Permanente, propusimos un punto de acuerdo cuya finalidad era que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, citara a declarar al Gobernador del estado de Veracruz con relación al desvío de recursos económicos provenientes de programas sociales para beneficiar electoralmente al Partido Revolucionario Institucional.

No obstante lo anterior, y en una actitud claramente contraria a los compromisos que diversas fuerzas políticas suscribieron el pasado 7 de mayo de 2013 en el marco del Adéndum al Pacto por México -en específico el compromiso de garantizar la limpieza de las elecciones del 7 de julio de 2013- los grupos parlamentarios del PRI y el PVEM votaron en contra de este exhorto. Con su voto han decidido evitar que el gobernador Javier Duarte asuma su responsabilidad y en los hechos se han deslindado del compromiso presidencial de exigir y garantizar que todos los funcionarios que hayan cometido o cometan delitos electorales sean efectivamente sancionados por las autoridades competentes.

8. El Grupo Parlamentario del PAN reitera su voluntad y profundo interés para que se deslinde la responsabilidad de todas las autoridades involucradas en la operación de desvío de recursos en el estado de Veracruz y para que se aclare ante la opinión pública el destino que tuvieron los fondos millonarios aportados para obras públicas en la entidad y que aún no han arrancado o presentan múltiples retrasos.

Con la firma del Adéndum al Pacto por México, el Presidente Enrique Peña Nieto asumió ante los mexicanos el compromiso personal de garantizar el blindaje de los recursos públicos y sancionar a todo funcionario público que participe en operativos dirigidos a desviar estos recursos con fines electorales. Lo que hoy está en juego es la certidumbre de los procesos electorales y la palabra empeñada por el Presidente de la República.

Es por todo lo anterior que los suscritos proponemos a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo, solicitando que se considere de urgente resolución, y que por tanto se debata y vote en esta misma sesión:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, para comparezca ante esta Soberanía y dé cuenta del avance en las investigaciones que realiza la Procuraduría a su cargo para aclarar la participación de funcionarios públicos federales y estatales en el desvío de recursos públicos con el objeto de beneficiar electoralmente al Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, para que cite a declarar al ciudadano y exgobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, para que explique el destino de recursos presupuestados para obras públicas en la entidad y que no se realizaron o que presentan retrasos significativos y para que aclare su posible participación en el desvío de recursos económicos provenientes de programas sociales para beneficiar electoralmente al Partido Revolucionario Institucional.

Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que con base en lo dispuesto por el artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales, inicie de oficio averiguación previa con relación al señalamiento hecho ante una Corte de Austin, Texas por el C. José Carlos Hinojosa, quien afirmo que como contador del Cartel del Golfo envió 12 millones de dólares a Fidel Herrera, candidato del PRI a Gobernador del Estado de Veracruz en el año 2004. Igualmente se exhorta a dicha institución, para que toda vez que el juicio que se tramito ante esa Corte ya ha concluido con la determinación de responsabilidades, se solicite oficialmente al Gobierno de los Estados Unidos de América copia del expediente completo para determinar las responsabilidades en que pudieran haber incurrido el propio Herrera y otros nacionales, toda vez que el delito se cometió en México.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Sen. Fernando Herrera Avila.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez”.






De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe de los planes de trabajo y acuerdos realizados con el gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la visita del Presidente Barack Obama a México, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL UN INFORME DE LOS PLANES DE TRABAJO Y ACUERDOS REALIZADOS CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA A MEXICO

"C. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanentela siguiente proposición con punto deAcuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La visita del Presidente Barack Obama de los pasados días a nuestro país estuvo precedida de dos visitas de colaboradores del más alto nivel de ambos gobiernos. En la primera reunión, celebrada a mediados del mes de diciembre de 2013, fue para darle a conocer al nuevo equipo encargado de los temas de inteligencia y seguridad nacional y a los distintos cuerpos armados de México, los acuerdos no conocidos que en la materia brindó el ex Presidente Felipe Calderón a los organismos del ramo del Gobierno de Estados Unidos. Estos acuerdos fueron especialmente de dos tipos: sobre el uso irrestricto del espacio aéreo mexicano para desarrollar actividades de espionaje en todo elterritorio mediante aviones no tripulados (conocidos como drones) y la dirección y comando de agentes de inteligencia de EUA en operaciones conjuntas con cuerpos armados mexicanos en territorio nacional. Obviamente, con absoluto desprecio por la necesidad de aprobación del senado y muy probablemente, sin conocimiento ni de la Secretarìa de Relaciones Exteriores, es decir, mediante decisiones unipersonales de Calderón, según informó The Washington Post el 28 de abril de este año1.

En el segundo encuentro, realizada del 19 al 21 de abril, se detallaron aspectos de la nueva etapa de colaboración en seguridad nacional, la frontera en común, nuevas estrategias entre ambos países y algunos temas económicos centrales que se desarrollarían en México. Estas reuniones fueron encabezadas por el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.

En la visita del Presidente Obama a la capital mexicana se destacaron siete grandes temas, cuatro que mantuvo el estadounidense como sus temas centrales: primero, la cooperación en seguridad bajo los enfoques de la doctrina que privilegia la militarización bajo una estrategia de lucha conjunta contra el narco-terrorismo, especialmente en la línea fronteriza, con nuevos programas de capacitación para las policías y el ejército mexicano por parte del pentágono y las agencias policiales y de inteligencia y seguridad en EUA,pero dentro de un contexto de un manejo diplomático. En segundo lugar abordó el tema de la corrupción, a juzgar por el mensaje que dio a los jóvenes en el Museo de Antropología e Historia: “un nuevo México en el que los ciudadanos se plantan contra la violencia y la impunidad, está emergiendo". Tercero, el tema energético, manejado con bajo perfil por la alta sensibilidad en México sobre el mismo; y cuarto el tema migratorio, en donde habló sobre la reforma y reconoció el peso político-electoral de los migrantes mexicanos que votaron y decidieron a su favor la contienda presidencial.

Adicionalmente, Obama se presentó como “un Presidente amigo de México”, pero sin ceder en tres puntos nodales para las y los mexicanos: proseguir bajo otra estrategia la guerra en México contra las drogas. Dejó claro que el tema migratorio es un tema interno de EUA, así como que, la mayor cooperación económica apuntala un modelo económico mexicano inspirado en el Consenso de Washington.

Por su parte Peña Nieto planteó: a) la cooperación económica como tema prioritario para generar la percepción del cambio en México en la integración y manejo de la agenda bilateral, esencialmente, la realización de negocios, no de cambios para aumentar el bienestar social directamente; además acordaron la creación de un “Diálogo Económico de Alto Nivel” con miras a desarrollar varios programas para relanzar la cooperación económica; b) introdujo la temática educativa en términos de abrir mayores oportunidades para estudiantes y becarios mexicanos para realizar estudios en Estados Unidos; c) informó sobre la apertura al sector energético y d) abordó el tema del combate a la corrupción, igualmente, con bajo perfil, débilmente, porque tienen poco que presumir y no se concreta aún la reforma legal sobre la materia.

En el marco de esta visita y en el relanzamiento de la política de cooperación entre Estados Unidos y México consideramos que fundamental un replanteamiento integral de la relación en materia del intercambio comercial y de las inversiones para impulsar proyectos de verdadera relevancia para el desarrollo de nuestro país, sobre todo en las regiones más relegadas. Sobre la mesa deben también considerarse los pendientes relacionados con del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su renegociación. Tanto en materia económica como en seguridad, el marco de la relación con Estados Unidos debe estar impulsada por la cooperación para el desarrollo. Es con mejores empleos y bien pagados con lo que que se podrá combatir mejor el crimen y la violencia e impulsar el intercambio comercial.

En materia migratoria, si bien es importante aprovechar la coyuntura favorable en Estados Unidos, el Gobierno mexicano debe promover diversos temas que permitan alcanzar una reforma justa para nuestros connacionales, como son: el tiempo y proceso para adquirir la Ciudadanía que se prevé largo y tortuoso; Seguridad en la Frontera frente a la liberación de residencias, elSistema de Verificación del Empleo, entre otros.

Un agenda para la igualdad, el mutuo respeto a la soberanía, cooperación para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, el intercambio y fomento educativo deberán ser aspectos prioritarios en el seguimiento de los acuerdos logrados en la visita del Presidente Obama a nuestro país. Es urgente que el gobierno mexicano genere la tan prometida nueva agenda con Estados Unidos. Consideramos que esta nueva agenda debe estar basada en una perspectiva integral y de respeto y no privilegiando las fórmulas de subordinación e intercambio económico bajo las reglas del declinante Consenso de Washington.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito a esta Soberanía se apruebe el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe de los planes de trabajo y acuerdos realizados con el Gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la visita del Presidente Barack Obama a México los pasados 2 y 3 de Mayo de 2013, así como un desglose de los resultados esperados en materia de política exterior, seguridad y desarrollo económico para las y los mexicanos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Senado de la República, 8 de mayo de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".






- De la C. Diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones a la Secretaría de Salud a fin de que se garantice el acceso de todas las pacientes a las instituciones de salud del sector público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de ovario, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A GIRAR INSTRUCCIONES A LA SECRETARIA DE SALUD A FIN DE QUE SE GARANTICE EL ACCESO DE TODAS LAS PACIENTES A LAS INSTITUCIONES DE SALUD DEL SECTOR PUBLICO PARA QUE RECIBAN UN DEBIDO TRATAMIENTO DEL CANCER DE OVARIO

“PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA

PRESENTE.

Quien suscribe, Carla Alicia Padilla Ramos, Diputada Federal del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El cáncer de ovario es un enemigo silencioso, que afecta la vida de mujeres sin importar su nivel social o económico, esta enfermedad causa la muerte de miles de mujeres en todo el mundo incluyendo nuestro país.

No se sabe que lo provoca o como prevenirlo, pero este cáncer se origina por el crecimiento descontrolado de las células del ovario, generando la formación de tumores malignos que ponen en riesgo la vida de la mujer.

Existen diversos tipos de cáncer de ovario, sin embargo, los más importantes son el de células germinales que se presenta en mujeres jóvenes, y el cáncer de origen epitelial que es el más frecuente (90% de los casos), este afecta generalmente a mujeres posmenopáusicas.

Al respecto, el pasado 8 de mayo se celebró el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una jornada que tiene como objetivo concientizar a la población de la importancia que dicha enfermedad tiene en la sociedad, de la que se diagnostican cada año en México: 3000 nuevos casos.

Es decir, el tumor de ovario es la cuarta causa de muerte entre las mexicanas por cánceres ginecológicos, después del cáncer de mama, cervicouterino y de endometrio.

De acuerdo con datos de la clínica de tumores de ovario, -adscrita al Hospital de la Mujer de la Secretaria de Salud.- desde 2006, el cáncer de ovario es la causa de muerte de 2500 mujeres al año.

El cáncer de ovario, representa un problema de salud pública a nivel mundial, al año cobra la vida de más de 300 mil mujeres, y sin embargo la investigación de la enfermedad es mínima, por lo que sus causas son inidentificables al igual que los métodos de prevención.

Según la OMS, los tumores de ovario representan el 5% de las muertes ocasionadas por algún tipo de cáncer, lo que se traduce en 395 000 defunciones por año.

Es necesario y urgente, reconocer y destinar recursos para la inclusión de esa enfermedad en los diversos centros de atención a la salud, con el fin de que las mujeres tengan la garantía de poder accesar a los tratamientos que les permita superarla, es indispensable inyectar recursos públicos para la investigación de esta enfermedad.

Como ya lo mencionamos, esta enfermedad es silenciosa, se detecta cuando ha provocado un crecimiento exagerado del abdomen que puede generar distensión estomacal, los índices de sobrevivencia dependen en todos los casos de la etapa en la que se haya detectado el cáncer. Entre más temprano se realice el diagnostico, más probabilidades de recuperación tiene la paciente.

Es indispensable generar campañas de prevención como un examen ginecológico una vez al año desde la infancia y hasta después de la menopausia, ya que aunque el ovario no tenga la función de crear óvulos, jamás pierde la capacidad de generar cáncer.

De igual forma, es importante continuar las investigaciones sobre esta enfermedad con el fin de detectar métodos de detección temprana, ya que por falta de estos, el 85% de los casos se detectan en etapas avanzadas.

Es por todo lo anterior, que en el Partido Verde creemos firmemente que este problema de salud pública, debe ser estudiado con más detenimiento con el fin de encontrar un método efectivo y eficaz capaz de detectar el cáncer de ovario, y así evitar miles de muertes a causa de esta enfermedad.

Por ello, se somete a consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

UNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que gire instrucciones a la Secretaria de Salud, a fin de que se garantice el acceso de todas las pacientes a las Instituciones de Salud del Sector Público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de ovario, asegurando la aplicación de estudios y/o en su caso tratamientos que les permitan afrontar este terrible mal.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Suscribe

Dip.Carla Alicia Padilla Ramos”.






Del C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas a agilizar la averiguación previa relacionada con el fraude al patronato del seguro de vida y retiro de los trabajadores de la educación en esa entidad federativa, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A AGILIZAR LA AVERIGUACION PREVIA RELACIONADA CON EL FRAUDE AL PATRONATO DEL SEGURO DE VIDA Y RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN ESA ENTIDAD FEDERATIVA

“Quien suscribe, Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIILegislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El tema que se presenta no es nuevo, fue presentado como punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en la LX Legislatura del Congreso de la Unión.

En antecedentes se tiene que el 26 de octubre de 1964, mediante decreto emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, se creó el Patronato del Seguro del Maestro al Servicio del Gobierno del Estado; mismo que, hoy se conoce como Patronato del Seguro de Vida y Retiro o Patronato del Seguro Mutualista, atendiendo mecanismo financiero con el que funciona: un descuento mensual de noventa pesos sobre el salario de cada profesor, como aportación a la mutualidad del patronato, sea o no agremiado a la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El Patronato se rige por un reglamento y en éste se establece como objeto que al fallecer u obtener una jubilación un maestro o sus beneficiarios, obtendrán la totalidad del ahorro generado por sus aportaciones. Ahorros que, tras 25 o 30 años de servicio, son significativos para los trabajadores de la educación.

El Patronato no ha estado exento de problemas relacionados con la corrupción. En el año 2000, lo maestros descubrieron la defraudación de los ahorros generados, al no ser entregados en los términos del Reglamento del Patronato. Para 2001, la suma que se reportaba como ahorrada era igual a cero. Circunstancia que los administradores del patronato se limitaron a justificar con la supuesta destrucción la documentación relacionada con la administración de los ahorros en las oficinas por el huracán Larry, ademásque las bases de datos en informática habrían sido devastadas por un virus computacional, lo que hacía imposible la comprobación respectiva. Los medios locales de información, dieron cuenta del absurdo fraude.

Los trabajadores de la educación se organizaron para exigir el esclarecimiento del fraude y la devolución de los ahorros, así como el deslinde y sanción de los responsables. En consecuencia, el 13 de julio de 2003, en Palenque, Chiapas, durante el Congreso Magisterial, la tesorera saliente, Profesora Esperanza López Flores, informó por escrito a la asamblea que durante su gestión se realizaron pagos por una suma total de casi 56 millones de pesos, por concepto de seguros de vida de retiro. Pagos que, por su excesivo monto generaron dudas. Por ello, los maestros inconformes sometieron los datos a revisión contable, obteniendo un dictamen indignante: la investigación arrojó que existía un faltante por 50 millones 627 mil 662 pesos durante las administraciones de 1998 a 2004, mismas que funcionaron bajo las presidencias de los CC. Martín Duarte Almaraz, Susy Maribel Vázquez Sánchez y Nahum Aguilar Gómez; siendo secretarios-tesoreros Jorge Pérez, Esperanza López Flores y Amalia Guadalupe Figueroa Ramírez, y comisarios, Joel Aguilar Pérez, David Aguilar Solísy Jorge Pérez Pérez.

Si al faltante descubierto en 2003 se le suman los montos correspondientes a intereses y actualizaciones, la suma es hoy de mayor relevancia. Pero la defraudación, de existir, era entonces igualmente grave.

Por ello, el 9 de julio de 2004, diecisiete socios del Patronato presentaron denuncia ante el Ministerio Público local, con las pruebas documentales que sustentan el faltante, por los delitos de abuso de confianza o los que resulten en el curso de las investigaciones. Expediente sobre el cual recayó el número de averiguación previa 669/CAJ4-B/2004.

Derivado de lo anterior, el 30 de diciembre de ese mismo año, la hoy Fiscalía General del Estado, a través de la Coordinación de Servicios Periciales, emitió peritaje contable signado por la Perito Claudia Janeth Torres Escobar, mediante oficio de número 39292 y referencia DAR.MI-212.2004, en cuya parte medular se lee:

Se determina que con base a la documentación de tipo contable y al estudio realizado existe un faltante a favor de los socios mutualistas del patronato del seguro de vida y retiro de la sección 40 del S.N.T.E., por concepto de pagos generados en materia de pensiones y jubilaciones así como de cuotas no informadas por la cantidad total de $51'497,920.10 (cincuenta y un millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos veinte pesos con diez centavos).

Frente a tal resultado, el 11 de julio 2006, la Fiscalía ordenó el aseguramiento del fideicomiso número 020697-0 de Banco Santander-Serfín; sin embargo, desde entonces la querella no ha avanzado por la intervención directa, acusan los propios inconformes, de la líder nacional del SNTE, la maestra Elba Esther Gordillo, a quien se atribuye el envío a la entidad, durante junio de 2005 y por vía de Rafael Ochoa Guzmán, entonces Secretario General del Sindicato, del profesor Ariel Castillo Nájera, quien era miembro del Comité Ejecutivo y Nacional de ese gremio sindical, para ofrecer a los inconformes la suma de 10 millones de pesos a efecto de capitalizar al Patronato y a cambio de dar por terminada la querella.

En tanto que la Fiscalía del Estado no ha brindado una pronta y expedita procuración de justicia a los querellantes, fue presentada por ellos formal queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la que fue admitida el pasado 19 de enero de 2008 quien se ha limitado a la elaboración de una propuesta de conciliación entre las partes.

Considerando que los profesores agremiados a la Sección 40 del SNTE (en activo y jubilados) que resultan afectados por el presunto fraude suman más 18 mil y que, de ellos, dos mil se han unido a la querella en averiguación, es menester que esta Comisión Permanente del Congreso de la Uniónse adhiera y ratifique el llamado que hizo la Cámara de Diputados en el 2008, esto es a más de cinco años, del exhorto de la Cámara de Diputados y a más de diez años de presentada la denuncia la autoridad investigadora no ha ejercido la acción penal correspondiente, ello a pesar de que la líder que protegía a los responsables se encuentra en proceso penal.Nada cambia, la impunidad ha sentado raíces en todo el sistema.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la LXII Legislatura exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas, por vía de su Fiscalía General, para que se agilicen las indagatorias relacionadas con la Averiguación Previa 669/CAJ4-B/2004 y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente, con el objeto de resolver con justicia y en forma pronta y expedita el ilícito que en la querella respectiva se acusa y hacer posible la reparación del daño ocasionado a los maestros beneficiarios del Patronato del Seguro de Vida y Retiro de esa entidad federativa.

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente”.






De la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Federación, así como a las entidades federativas, a impulsar e intensificar las acciones tendientes a dar cabal cumplimiento en tiempo y forma al proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en el país, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA FEDERACION, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A IMPULSAR E INTENSIFICAR LAS ACCIONES TENDIENTES A DAR CABAL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL PAIS

“La suscrita, María del Pilar Ortega Martínez, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometoa la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FEDERACION ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, IMPULSEN E INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES TENDIENTES A DAR CABAL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL PAIS (URGENTE RESOLUCION), al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 18 de junio de 2008, se aprobó una reforma trascendental para el sistema de justicia penal en nuestro país, al establecerse a nivel constitucional las bases y principios sobre los que deberá de operar el sistema de justicia penal de corte acusatorio en todo el país, en contraste con el sistema mixto preponderantemente inquisitivo que venía imperando desde el siglo pasado en México.

El Poder reformador de la Constitución, dada la complejidad de la reforma, estableció un plazo perentorio de 8 años para que tanto la Federación como todas las Entidades Federativas tengan implementado en la totalidad de sus regiones y en la totalidad de sus delitos, dicho sistema. Al respecto cabe señalar que el plazo aludido fenece el 19 de junio de 2016.

En tal virtud, se estima que una adecuada implementación del nuevo sistema de justicia penal en el país, implica un proceso integral, toda vez que no sólo se constriñe al aspecto legal o normativo, por el contrario, el mismo debe a su vez complementarse con otros aspectos como lo son la planeación, la capacitación, el rediseño institucional, los cambios organizacionales, la difusión, la infraestructura y tecnologías de la información, como se prevé en el propio artículo octavo transitorio de la referida reforma.

De igual forma con la reforma constitucional se estableció la creación de una instancia de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, integrado por representantes de los Poderes de la Unión, representantes de instituciones operadoras del sistema así como de la sociedad civil y del sector académico. Dicha instancia, denominada Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal constituye un ente que tiene por objeto establecer la política y la coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual forma, se dotó al Consejo de Coordinación de una instancia técnica para operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del mismo; así como para coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten, denominada Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

No obstante, a pesar de la creación de esta Instancia de Coordinación y de su Secretaría Técnica, el esquema constitucional previó que la Secretaría Técnica sólo actuara como una instancia de apoyo y coadyuvancia de la Federación y de las Entidades Federativas pero sólo cuando estas se lo soliciten, es decir, sin facultades vinculantes y sin facultades para actuar mutuo propio o de oficio con relación a las Entidades Federativas e incluso respecto de la propia Federación.

Sin duda, la reforma constitucional trató de otorgar los instrumentos necesarios para la implementación del sistema de justicia penal, sin embargo, a diferencia de los procesos de implementación que en materia comparada han existido, particularmente en países de Latinoamérica que cuentan con un sistema centralista, el proceso de implementación en nuestro país reviste una cuestión más compleja por tratarse de un estado federal, en donde debe de observarse la soberanía de los estados.

Lo anterior implicará la existencia de treinta y tres procesos de implementación del sistema de justicia penal en el país, pudiendo ser cada uno distinto y distinguible entre sí, máxime cuando el propio constituyente estableció la posibilidad de implementar el sistema en distintas modalidades, ya sea por regiones o por delitos o por ambas, lo cual particulariza aún más el proceso de implementación en cada entidad e incluso en la federación.

A esta situación debemos aunarle la posible existencia de treinta y tres criterios legislativos diversos que pueden dar lugar a un proceso de balcanización de la reforma, al contar diversos modelos jurídicos acusatorios de lo cuales se derivarán los procesos de implementación del sistema, lo cual afortunadamente puede ser corregido de aprobarse la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir un Código de Procedimientos Penales Único, aplicable en todo el territorio nacional, el cual ya fue aprobado por el Senado de la República y se encuentra actualmente en el ámbito de la Cámara de Diputados, en atención a su proceso legislativo.

De igual forma habrá que tomar en consideración además las resistencias naturales al cambio por parte de los operadores y por la sociedad en su conjunto, la falta de recursos y la situación de inseguridad que vive el país, la cual constituye un elemento adverso a la implementación del sistema, al asociarse a este de manera equivocada, como la solución al problema de inseguridad y violencia, lo cual no propicia el propio sistema acusatorio, por no haber sido creado para ello.

Sin duda no pasa desapercibida la labor que en estos años venido realizando la SETEC, que pese a sus limitaciones administrativas, presupuestales y legales, ha venido apoyando de manera subsidiaria a la federación y a las entidades federativas en el proceso de implementación del sistema de justicia penal, sin embargo ello no ha sido suficiente, toda vez que no debemos de olvidar que la obligación primaria y fundamental en el proceso de implementación, recae específicamente en las entidades federativas y en la federación, los cuales en algunos casos se han mostrado apáticos y en el peor de los casos renuentes a observar esta obligación constitucional.

Así las cosas, al día de hoy, a cuatro años del proceso de implementación de la reforma y cuatro de culminar con el plazo máximo de duración, el sistema de justicia penal acusatorio opera en tres entidades de manera total (Chihuahua, Estado de México y Morelos), en tanto que en diez entidades más opera de manera parcial (Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Yucatán, Zacatecas), lo que hace un total de 13 entidades federativas que cuentan con sistema acusatorio, siendo el caso que para este año 2013 se prevé que cerca de siete más entren en vigencia, para ubicarnos en veinte entidades federativas, quedando las restantes entidades federativas y el Distrito Federal, pendientes de su entrada en vigencia, así como las trece entidades que cuentan de manera parcial con sistema, respecto de la entrada en vigencia de sus distritos o delitos restantes, lo cual es preocupante dado el tiempo que resta para culminar con el plazo constitucional establecido para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en el país.

Derivado de lo anteriormente señalado se estima que el proceso de implementación del sistema de justicia penal resulta ser por demás complejo, al implicar el establecimiento de una andamiaje institucional integral, que involucra a todos los operadores del sistema de justicia e incluso a la sociedad en su conjunto, en donde además de requerir de diversos factores técnicos, jurídicos, presupuestales, también requiere de voluntad política, de decisión y empeño de las máximas autoridades para lograr el impulso necesario ya sea en las entidades federativas como en la propia federación.

En ese sentido, es necesario que las máximas autoridades de las entidades federativas y de la federación muestren voluntad política para lograr inyectar el impulso necesario que requiere esta reforma, toda vez que se podrían conjuntar todos los esfuerzos técnicos, jurídicos y operativos, pero sin voluntad política el proceso de implementación no avanzará.

Si bien, se tiene conocimiento que se han presentado propuestas para acelerar el proceso de implementación del sistema acusatorio, el camino restante no deja de ser complejo, toda vez que no sólo implicará que las entidades federativas restantes adopten el sistema acusatorio, sino que las entidades que se encuentran en procesos parciales de adopción lo implementen en la totalidad de sus territorios y delitos. Por lo que habrá que adoptar demanera urgente esquemas aún más eficaces, integrales y vinculantes para lograr el cometido constitucional.

De igual forma, a la par de los esfuerzos oficiales que se deberán de realizar, el impulso de la sociedad civil y de la academia, resultará ser fundamental, toda vez que el principal aliado de la reforma lo debe ser la ciudadanía, por ello expresiones como las vertidas hace unos días en el Quinto Foro Nacional para una Adecuada Implementación de la Reforma Penal organizado por diversas organizaciones de la sociedad civil, en donde se precisó la importancia de dar cumplimiento en tiempo y forma con la adecuada implementación del sistema de justicia penal en el país, debe ser motivo no sólo de análisis y reflexión por parte del Congreso de la Unión, sino de la implementación de acciones concretas por parte del Poder Legislativo, que de acuerdo a su ámbito de competencia sean viables y contribuyan a impulsar, apoyar y fortalecer el proceso de implementación del sistema de justicia penal en el país.

Así las cosas, como Poder Legislativo, habremos de proveer de los instrumentos legales necesarios para tal efecto (lo cual en estos momentos constituye una prioridad como legisladores), como la aprobación del marco jurídico necesario que dar viabilidad a la referida reforma, tales como la aprobación del Código de Procedimientos Penales Único, una vez que la reforma constitucional sea aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, así como la aprobación de toda la legislación complementaria a que haya lugar.

De igual modo, se estima que a la par de las acciones legislativas, el Congreso de la Unión debe ser uno de los principales promotores y vigilantes del proceso de implementación de la reforma, propiciando desde el ámbito de su competencia, instrumentos o mecanismos que permitan impulsar e intensificar las acciones tendientes a dar cabal cumplimiento en tiempo y forma al proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país.

Debe considerarse que el tema de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, no es un asunto de discrecionalidad para los distintos órdenes de gobierno en cuanto a su cumplimiento, por el contrario, constituye una obligación constitucional que deberá de ser cumplida en tiempo y forma, en beneficio de toda la ciudadanía, por ser una característica propia de un sistema democrático de derecho al que todos aspiramos.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita legisladora del Partido Acción Nacional, en aras de impulsar los esfuerzos necesarios para dar cabal cumplimiento al mandato constitucional que establece la adopción del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país antes del 19 de junio de 2016, someto a consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, en su carácter de Presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, para que en el ámbito de su competencia, implemente acciones concretas, eficientes y eficaces para impulsar e intensificar de manera ordenada el proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, a efecto de dar cabal cumplimiento al plazo constitucional establecido al efecto.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los Gobernadores de las Entidades Federativas en donde no se ha implementado el sistema de justicia penal acusatorio o se ha implementado de manera parcial, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen e intensifiquen las acciones tendientes a dar cabal cumplimiento en tiempo y forma al proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en sus entidades.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, así como a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para que en su carácter de integrantes del Consejo de Coordinación para la ImplementacióndelSistemade Justicia Penal,realicenlasmedidas necesarias al seno de sus organismos, para impulsar e intensificar las acciones que les correspondan como operadores del sistema de justicia penal acusatorio.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez”.






Del C. Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a la Contraloría General para que revise las irregularidades administrativas que tienen lugar en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INSTRUIR A LA CONTRALORIA GENERAL PARA QUE REVISE LAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN LUGAR EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL

“PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA

PRESENTE.

Quien suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del, 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado martes 7 de mayo, los trabajadores de las preparatorias públicas que dependen del Gobierno del Distrito Federal, iniciaron una huelga en protesta por considerar insuficientes los ofrecimientos por parte de las autoridades del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), de un aumento directo al salario de 3.9 por ciento y de 2.8 por ciento a las prestaciones.

El paro de labores, que se llevó a cabo en las oficinas administrativas del IEMS y en los 20 planteles que componen el sistema, afectó a cerca de 25 mil alumnos, no obstante, éste sólo duró un día porque hacia la tarde del miércoles 8 de mayo la dirigencia del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), decidió aceptar la propuesta de aumento salarial que realizó originalmente la dirección del Instituto, y que fue adicionada con un incremento en la cantidad de días de vacaciones a la que los trabajadores tienen derecho cada año.

Sin embargo, el riesgo de que las actividades se suspendan por un periodo más largo de tiempo, sigue latente, puesto que el pliego petitorio del SUTIEMS incluía otras exigencias como por ejemplo la participación de los trabajadores en la redacción del reglamento interno que normará la vida académica y laboral del Instituto, así como mejoras a las condiciones de trabajo para poder brindar una atención más adecuada a los alumnos, por lo cual se decidió emplazar a una nueva huelga, aún sin fecha determinada, con la finalidad de ejercer presión para que la autoridad cumpla con las peticiones pendientes.

El conflicto entre autoridades y trabajadores sindicalizados del IEMS, ha hecho públicas una serie de irregularidades administrativas que tienen lugar en el Instituto y que parecen ser, en muchos casos, una réplica de lo que sucede en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en donde reinan la anarquía y el caos, lo cual es un indicio de que los Sistemas de Educación Media Superior y Superior, que son financiados con recursos públicos correspondientes al Distrito Federal, atraviesan por una crisis institucional que en reiteradas ocasiones se ha intentado ocultar. Para muestra basta un botón, no olvidemos que tanto la UACM como el IEMS, ocuparon los primeros lugares en opacidad entre las dependencias públicas del Distrito Federal, ya que esos dos entes no fueron capaces de alcanzar siquiera el 1% del porcentaje de observancia de los mil 832 criterios del “Índice Global del Cumplimiento de la Información de Oficio”, que realizó recientemente el Instituto de Acceso a la Información Pública y Datos Personales.1

La falta de regulación interna que el SUTIEMS ha puesto de manifiesto, resulta ser sólo la punta del iceberg de la problemática que aqueja al IEMS, pues la dirigencia sindical realizó recientemente serias acusaciones de anomalías que han tenido lugar en la gestión que encabeza Freyja Doridé Puebla López, directora general del Instituto desde febrero de este año.

En primer lugar, los trabajadores dijeron a la prensa que las autoridades del IEMS han retenido en más de una ocasión el pago de prestaciones y salarios, lo cual constituye una violación a sus derechos laborales que se suma a otras acciones que han terminado por precarizar sus condiciones de trabajo.

Además, se ha señalado que la burocracia administrativa del Instituto, ha crecido injustificadamente en contraste con la situación que vive el ámbito académico, puesto que la misma cantidad de maestros que conforma actualmente la planta docente debe atender a una creciente matrícula estudiantil. Tampoco puede soslayarse que la comunidad escolar del IEMS, se manifestó en febrero pasado para pedir que se destinaran los recursos necesarios para construir o adecuar las instalaciones de cuatro planteles en Álvaro Obregón, Iztapalapa y Venustiano Carranza, en los cuales las aulas no cuentan con las condiciones requeridas para cumplir cabalmente con su propósito.2

Cabe hacer mención que en 2013, de acuerdo al presupuesto asignado al IEMS para el presente ejercicio fiscal, el Instituto gastará más del 80 por ciento de sus recursos en el pago de servicios personales, mientras que al rubro que respecta a la inversión en bienes muebles no se destinará un solo peso.

Los trabajadores denunciaron también que las autoridades del Instituto, han permitido la existencia de individuos que devengan un salario sin trabajar, estos pseudo-trabajadores que cobran como docentes sin dar clases ni realizar alguna otra actividad académica, formaron parte de la administración anterior, por lo que se sospecha que la tolerancia de las autoridades respecto de esta situación supone, como es común en la capital del país, el pago por algún compromiso de tipo político.

Asimismo, la directora general del Instituto ha sido cuestionada por carecer del perfil para encabezar una institución educativa de nivel medio superior, pues Freyja Puebla es profesora en educación preescolar, un ámbito en el que, en virtud de que las características y necesidades de los alumnos son diferentes, se enfrentan retos muy distintos a los que plantea el bachillerato. Lamentablemente situaciones de este tipo son recurrentes en el IEMS, pues debemos recordar que Juventino Rodríguez Ramos, nombrado por Marcelo Ebrard como director general, terminó renunciando en 2009 ante la imposibilidad de comprobar que contaba con un título profesional, requisito indispensable para ocupar el cargo en cuestión.3

En el fondo, el problema es que, igual que como sucede en el caso de la UACM, el control del IEMS supone disponer de una atractiva cartera de casi 740 millones de pesos, por este motivo el Instituto es visto por las facciones del partido que gobierna el Distrito Federal, como un botín político por el que es conveniente pugnar sin importarles que pueda afectarse a los estudiantes que, como ya dijimos, en muchos casos no cuentan ni con instalaciones dignas ni con condiciones adecuadas para ejercer su derecho a la educación que debe ser, sin duda alguna, uno de los intereses prioritarios del Estado.

Lo anterior, resulta inadmisible sobre todo si tomamos en cuenta que en el Distrito Federal, a pesar de ser el centro político-administrativo, económico y cultural más importante del país, los jóvenes en edad de cursar la educación media superior, enfrentan grandes obstáculos para lograr que su paso por este nivel de estudios resulte exitoso. Así lo demuestran los altos índices de deserción y de reprobación que han venido registrándose en el Distrito Federal en los últimos años.

Según datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), la tasa de deserción escolar, que da cuenta del número estimado de alumnos que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel educativo de referencia por cada cien alumnos matriculados, se ubica en 16.5 en el Distrito Federal mientras que a nivel nacional esta es de 14.9.

En lo que respecta a la absorción y retención de los conocimientos adquiridos en el bachillerato que se expresa en el índice de aprovechamiento, datos del último censo de población y vivienda, a cargo del INEGI, revelan que en el Distrito Federal este es igual a 55.5 mientras que a nivel nacional este mismo indicador se ubicó en 68.1, es decir, 12 puntos por encima.

Finalmente, al concluir el ciclo escolar 2009-2010, el INEE estableció que la tasa de eficiencia terminal de los estudiantes de preparatoria en el Distrito Federal, entendida como la proporción de alumnos que terminan de manera regular sus estudios, es decir, en el tiempo normativo o ideal, fue de 59.7 mientras que a nivel nacional alcanzó 65.3.

Para hacer frente a un panorama como el anterior, las instituciones educativas de carácter público deben funcionar de manera correcta y lamentablemente este no es el caso del IEMS, por este motivo, nos permitimos remitir la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruya a la Contraloría General para que en el marco de sus atribuciones revise las irregularidades administrativas que tienen lugar en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.

Dado en el Senado de la República sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Suscribe

Dip. Ricardo Astudillo Suárez”.






Del C. Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE TALLERES GRAFICOS DE LA NACION

“El que suscribe, José Arturo López Candido, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido del Partido del Trabajo, a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo undécimo de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por el que se exhorta, A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION Y HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE TALLERES GRAFICOS DE LA NACION al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El Presidente Lázaro Cárdenas del Río, por acuerdo de fecha de 13 de enero de 1938, tuvo a bien la creación de los Talleres Gráficos de la Nación, con lo que se constituyó bajo la figura de sociedad cooperativa. Asimismo, para el cumplimiento de sus fines, le fueron proporcionados algunos bienes propiedad de la Nación. Por ello, la empresa se constituyó como de participación estatal y nombró a un representante ante la asamblea a fin de cuidar sus bienes.

Con el paso de los años, el Gobierno Federal se constituyó como propietario de 50 por ciento de los rendimientos anuales, no obstante que no estaba considerado como socio en el acta constitutiva de la cooperativa. Los rendimientos se distribuyeron de la siguiente manera: una parte para el Gobierno Federal, una parte para la renovación de maquinaria y equipo y una tercera parte para distribuirse entre los cooperativistas.

Para el pago de pensiones vitalicias a los trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación se constituyó un fideicomiso legalmente en 1990, pero fue intervenido ilegalmente por la Secretaría de Gobernación desde noviembre de 1993. Además, no se ha cumplido el pago de las pensiones de dichos trabajadores, no obstante que, mediante la liquidación sin legitimación en causa, el Gobierno Federal se apropió de todos los activos de la empresa cooperativa, apoyándose en la figura de participación estatal.

De acuerdo a versiones de la Secretaría de Gobernación dadas a la Comisión Permanente en el año 2003, informaron que los asuntos demandados ya se atendieron. Por un lado dicen, que se otorgaron indemnizaciones y pagos por única vez a los trabajadores que tenían derecho a una pensión conforme al fideicomiso que otorgaba las pensiones y que fue liquidado; además, señalan que las demandas que se presentaron, fueron en su momento sobreseídas mediante el juicio de amparo respectivo.

CONSIDERACIONES

A la fecha ninguno de los 200 jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación ha recibido la pensión correspondiente, lo que ha representado para ellos y sus familias sobrevivir en un ambiente de zozobra y carencias, muy a pesar de que legalmente les corresponde el pago de las pensiones.

El Poder Legislativo federal se ha caracterizado, por velar por los intereses de la Nación en particular de los más necesitados, creando mecanismos que mejoren la calidad de vida de los mexicanos, por lo tanto es menester, que se atienda esta problemática en beneficio de los pensionados y jubilados de talleres gráficos de la nación. Un ejemplo claro es, lo ocurrió con los jubilados ferrocarrileros de 1982, y los trabajadores ex braceros, a quienes se les asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida para un pago único en su favor, así como recursos para el establecimiento de un fideicomiso.

Bajo esta tesitura, se señala que la urgencia de la aprobación del presente punto de acuerdo, se motiva en base a que muchos de los pensionados y jubilados puedan llegar a mejor su calidad de vida, así como sufragar aquellos gastos que se han suscitado por enfermedades que actualmente padecen, haciendo notar que a la fecha se ha suscitado el deceso de muchos de ellos que se han quedado en la lucha de una pensión y jubilación justa que en derecho les corresponde.

Por lo antes expuesto en mi carácter de representante popular y apelando a nuestro sentido común, pedimos a ustedes sumarse a este punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, que consiste fundamentalmente en lo siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Primero: Se exhorta a los titulares de las Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Gobernación, para que en el ámbito de su competencia encuentren los mecanismos necesarios a efecto de que se otorgue puntualmente la pensión correspondiente a los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, apegándose a lo que en derecho corresponda.

Segundo: Se solicita a las dependencias citadas en el punto que antecede, para que se realicen las adecuaciones correspondientes, con la finalidad de regularizar el fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias de jubilados, así como la reintegración de las cantidades no pagadas desde el último pago hasta la fecha.

Dado en el salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, México, Distrito Federal, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Dip. Fed. José Arturo López Cándido”.






De la C. Diputada María de las Nieves García Fernández, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud y demás instituciones de salud, informen sobre el grado de avance en el cumplimiento que se ha dado al acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2009, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, A LA SECRETARIA DE SALUD Y DEMAS INSTITUCIONES DE SALUD INFORMEN SOBRE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO QUE SE HA DADO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA PRACTICA DE LA CIRUGIA BARIATRICA EN MEXICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009

La suscrita, María de las Nieves García Fernández, Diputada de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Pleno.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, A LA SECRETARIA DE SALUD Y DEMAS INSTITUCIONES DE SALUD EN DEBIDO CUMPLIMIENTO AL MARCO JURÍDICO VIGENTE EN MATERIA DE CIRUGIA BARIATRICA INFORMEN SOBRE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO QUE SE HA DADO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA PRACTICA DE LA CIRUGIA BARIATRICA EN MEXICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Las enfermedades crónicas son la mayor amenaza a la salud pública de México y, en especial los problemas de sobrepeso y obesidad, son los más alarmantes, ya que estos trastornos traen consigo problemas asociados, tales como la diabetes tipo II y la hipertensión arterial, entre otros.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

En México, conforme a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4% - el 19.8% para sobrepeso y 14.6% para obesidad-.

Así mismo, el 35% de los adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Entre 2006 y 2012, el aumento combinado de sobrepeso y obesidad en adolescentes fue de 5% para los sexos combinados, es decir, 7% para el sexo femenino y 3% para el masculino.

De 1988 a 2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres de 20 a 49 años se incrementó de manera dramática (41.2% y 270.5%, respectivamente). Si bien la tendencia de sobrepeso disminuyó 5.1% entre el año 2006 y 2012, la de obesidad aumentó 2.9%.

En el caso de los hombres mayores de 20 años, en el periodo de 2000 a 2012 la prevalencia de sobrepeso aumentó 3.1% y la de obesidad incrementó 38.1%.

Resultados de la encuesta mencionada revelan que el 73% de las mujeres y el 69% de los hombres mayores de 20 años sufren problemas de sobrepeso y obesidad. Mientras la población con obesidad mórbida rebasa el 4.1% del total de la población, en el año 2000 solo el 1.9% sufría este grado de obesidad.

La obesidad mórbida está asociada a otros problemas de salud (comorbilidades), como la diabetes tipo II, hipertensión arterial e hipercolesterolemia. En estudios recientes a nivel internacional se encontraron que la prevalencia de diabetes tipo II para esta población fue 22.3%, mientras que para hipertensión, hipercolesterolemia, asma y enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) fue 41.0%,27.9%, 15.2% y 38.0%, respectivamente.

La obesidad mórbida es una enfermedad potencialmente mortal. Las personas con obesidad mórbida tienen un riesgo de muerte dos veces mayor en el caso de las mujeres y tres veces mayor en el caso de los hombres. Si una persona con obesidad mórbida se complica con alguna enfermedad agregada y es diagnosticada a los 20 años, tiene pocas posibilidades de llegar a los 50 años. Incluso, el riesgo de muerte por diabetes o infarto cardiaco es de 5 a 7 veces más.

De igual manera, la obesidad mórbida es una enfermedad crónica y, cuando los tratamientos médicos y dietéticos han fallado, solamente la cirugía puede introducir los elementos válidos para provocar un descenso de peso satisfactorio, mantenerlo en el tiempo, eliminar o resolver las comorbilidades y acercar al paciente lo más posible a su peso normal.

El tratamiento quirúrgico de la obesidad (cirugía bariátrica) es una opción segura y efectiva para lograr una pérdida de peso sostenida en el paciente obeso, resolver o mejorar las comorbilidades asociadas a la patología y reducir la mortalidad relacionada a la obesidad.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A partir de lo anterior es que el Ejecutivo Federal, a través de las instituciones de salud, ha realizado esfuerzos en tratar de establecer un marco jurídico que regule el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.

En este sentido, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e información en Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación DOF el 4 de agosto de 2010 la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2012, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, cuyo objetivo es establecer los criterios sanitarios para regular el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.

Dicha norma es de observancia obligatoria para todos los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, así como para los establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria de los sectores público, social y privado, que se ostenten y oferten servicios para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, mediante el control y reducción de peso, en los términos previstos en la misma.

Dicho ordenamiento normativo establece (I) que todo paciente con sobrepeso u obesidad requerirá de un tratamiento integral, (II) los principios a los que se deberán sujetar todos los tratamientos a que se someta el paciente, (III) las características que deberá tener el personal profesional que intervenga en el tratamiento integral del paciente, (IV) los principios a los que se deberá sujetar el tratamiento farmacológico, (V) los principios a los que se deberá sujetar el tratamiento quirúrgico y endoscópico, (VI) los principios aplicables a ambos tratamientos y (VII) ciertas medidas restrictivas para el tratamiento de la obesidad, así como restricciones en la publicidad realizada para el tratamiento y prevención de la misma, entre otras disposiciones jurídicas.

Por su parte, el Consejo de Salubridad General, como máximo órgano en materia de salubridad de conformidad con los artículos 4º, párrafo cuarto y 73, fracción XVI Base 1ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha pronunciado a favor de impulsar la cirugía bariátrica como una de las maneras para contender con la obesidad en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México. Asimismo, dicha instancia, a través del instrumento administrativo antes mencionado, ha realizado una serie de exhortos a los diversos actores involucrados, en donde cada una de las instancias exhortadas debe informar al pleno del Consejo de Salubridad General sobre el cumplimiento de los exhortos.

Cabe mencionar que el pasado 20 de marzo de 2013 se llevó a cabo el foro denominado “Obesidad Mórbida y sus alternativas de tratamiento” y las conclusiones a las que se llegaron fundamentan la presente proposición con punto de acuerdo que someto a la consideración de esta Soberanía.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Consejo de Salubridad General informe de forma periódica a esta Soberanía sobre el grado de cumplimiento que se ha dado por parte de cada uno de los actores involucrados al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2009, derivado del Artículo Décimo Primero de dicho Acuerdo.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Salud y demás instituciones de salud a que impulsen el cumplimiento de las Normas Oficiales aplicables y guías de práctica clínica en relación con la cirugía bariátrica en México.

TERCERO.Se exhorta a las instituciones públicas y privadas de atención médica y a todos los profesionistas, técnicos y auxiliares de la salud que intervengan en la práctica de la cirugía bariátrica a que cumplan con el marco normativo que regula la práctica de dicha cirugía.

CUARTO. Se exhorta a la COFEPRIS, para que de acuerdo a sus facultades conferidas en la Ley General de Salud, el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y demás disposiciones jurídicas aplicables, realice las medidas de vigilancia, regulación, control y fomento sanitario en materia de la publicidad relativa al uso y práctica de la cirugía bariátrica.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 15 de mayo de 2013.

Dip. María de las Nieves García Fernández”.






De la C. Diputada Adriana González Carrillo y de la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a presentar un informe detallado de los gastos realizados para apoyar la candidatura del ciudadano Herminio Blanco Mendoza a la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio, mismo que se turna a la Segunda Comisión.








De los CC. Senadores Dolores Padierna Luna y Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad en relación con los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN RELACIÓN CON LOS COBROS EXCESIVOS Y LA SUSPENSIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

“Los suscritos, Senadores Dolores Padierna Luna y Fernando Enrique Mayans Canabal, Senadores de la República a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, como de urgente resolución la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Esta no es la primera vez que el Grupo Parlamentario del PRD representado en el Congreso de la Unión, viene a presentar una proposición a fin de de atender y dar respuesta a la demanda social generalizada por frenar los cobros excesivos en el servicio de energía eléctrica, así como los atropellos y vejaciones que ha denunciado la sociedad civil organizada y en protesta contra dichos cobros y cortes de ese servicio, por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Esta situación que prevalece en diversos estados de la República, hoy se agudiza en el estado de Tabasco.

Lejos de que existan visos de solución, en días recientes la propia Superintendencia de la Zona Villahermosa de dicha Comisión Federal ha reconocido que se siguen realizando cortes de energía eléctrica a los usuarios que tienen adeudos superiores a los 20 mil pesos, y que estos son realizados a través de una empresa externa contratada para tal fin.

Y por si fuera poco dicha instancia afirmó, que la suspensión del servicio no es algo nuevo, ya que se viene realizando de manera regular e ininterrumpida desde el 2011.

Según información que emite la propia CFE, a través de dicha superintendencia, todas estas acciones son ajenas a las negociaciones que se mantienen con el gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación.

Sin duda alguna, todas estas medidas que se han tomado de forma unilateral por esta empresa paraestatal, afectan severamente a más de 100 mil usuarios, de los cuales al menos 28 mil son del municipio de Centro; más aún cuando la ciudadanía, ha denunciado casos en los que dicha empresa, ha solicitado el apoyo de la fuerza pública para llevar a cabo los cortes en el suministro de luz de uso doméstico.

La afectación no sólo es por el corte de este vital servicio, sino trae aparejada la conculcación de los derechos más elementales, por eso la insistencia de traer a esta tribuna este punto de acuerdo, a fin de que no se sigan lastimando -en esta ocasión- las garantías y derechos de ciudadanos y ciudadanas de Tabasco.

Por ello, desde esta Comisión Permanente hacemos un llamado a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, para que en la prestación de este servicio público, se salvaguarde y asegure no sólo la eficacia en su prestación, utilización y utilidad social a favor del interés público sino también el respeto a los derechos fundamentales de las personas en su calidad de usuarios.

Debe recordar la CFE, que en 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le recomendó que para la adecuada prestación del servicio de energía eléctrica, se deben observar, entre otros principios:

1. El de respeto a la dignidad humana, para garantizar al ciudadano un nivel mínimo de derechos exigibles a fin de desarrollar una vida digna y no podrá tratar, bajo ninguna circunstancia, a las personas como objetos;

2. El de eficiencia en la prestación, para dar respuesta a las necesidades sociales; y

3. El de regularidad en la prestación del servicio público, a fin de que se brinde de manera ininterrumpida y no se condicione o suspenda, bajo ninguna situación, si ésta situación limita, vulnera, o potencialmente pone en riesgo un derecho humano.

Ya lo hemos dicho, una empresa paraestatal que es vital para el desarrollo nacional, como lo es la Comisión Federal de Electricidad, está obligada a refrendar objetivos históricos, si pretende ser de clase mundial.

Es un derecho que debe estar garantizado por el estado mexicano, el que todos los mexicanos, sin distinción de nivel socioeconómico, educativo o cultural y ubicación geográfica, dispongan en su vida diaria del fluido eléctrico, con máxima calidad y mínimo costo.

No es con acciones que van desde los cortes de luz, desmantelamiento de líneas del tendido eléctrico, imposición de medidores digitales, y la exigencia sin cortapisa en el cobro excesivo de los recibos de luz, como se debe atender esta situación que angustia a miles de usuarios que antes de serlo, son ciudadanos

Compañeras y compañeros Senadores:

Como representantes populares y del pacto federal, estamos obligados a no seguir tolerando que bajo una visión contraria al interés social en la prestación de un servicio público, se continúen trastocando los intereses y derechos de la población.

Hay que implementar desde esta Comisión Permanente, las acciones más acertadas que respondan las demandas y atiendan las quejas ciudadanas más sentidas, como la que hoy en día y con mayor frecuencia solemos escuchar, no sólo entre los ciudadanos tabasqueños: “O pagamos la luz o comemos”.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta Soberanía para su aprobación el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que se instale formalmente a la brevedad una Mesa de Trabajoen la que participe dicha dependencia; la Comisión Federal de Electricidad, Gobierno del estado de Tabasco y representantes de la sociedad civil en resistencia o protesta en esa entidad, para atender y resolver la situación que priva en la prestación del servicio público de energía eléctrica en el estado de Tabasco.

Asimismo, se exhorta a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, para que en la prestación de este servicio público, se eviten los cortes del suministro de energía eléctrica de uso doméstico, a fin de salvaguardar y asegurar no sólo la eficacia en su prestación, utilización y utilidad social a favor del interés público, sino también el respeto a los derechos fundamentales de las personas en su calidad de usuarios.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Suscriben”.






Del C. Diputado David Pérez Tejada Padilla, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a implementar las acciones necesarias para que las empresas que prestan el servicio de telefonía fija garanticen la realización de llamadas de emergencia a los diversos servicios públicos en materia de seguridad pública, cuerpos de emergencia, bomberos, etc; a pesar de la suspensión del servicio telefónico por falta de pago, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y de sus familias, dentro de su hogar y su entorno social, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA GARANTICEN LA REALIZACION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA A LOS DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CUERPOS DE EMERGENCIA, BOMBEROS, ETC; A PESAR DE LA SUSPENSION DEL SERVICIO TELEFONICO POR FALTA DE PAGO, CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SUS FAMILIAS, DENTRO DE SU HOGAR Y SU ENTORNO SOCIAL

“PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA.

Quien suscribe, David Pérez Tejada Padilla, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las emergencias son imprevistos que surgen en el ámbito individual, familiar, laboral y en el entorno social; y por sus características requieren de la actuación de cuerpos de auxilio que intervengan en eventos relacionados a la salud, la seguridad pública, desastres naturales, etc.

La atención de estos hechos, requiere de la intervención de organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil organizada y en otras tantas, de grupos sociales que se forman derivados de eventualidades que las crean.

La forma en la que se reportan las emergencias que surgen dentro de los entornos descritos, se da de diversas maneras, sin embargo se podría aseverar que la de mayor incidencia, es a través de llamadas telefónicas.

Las llamadas telefónicas de emergencia, son un medio por el cual las personas establecen comunicación con los cuerpos de auxilio, y la forma en la que se pueden llevar a cabo estas llamadas son variadas, y pueden ser mediante el uso de la telefonía móvil o el uso de telefonía fija desde los hogares, cabinas telefónicas en la calle o en establecimientos públicos.

En el caso de la llamadas de emergencia que surgen en los hogares, se realizan cuando la línea fija se encuentra en servicio, toda vez que cuando la familia tiene algún tipo de adeudo con la compañía telefónica que le brinda el servicio, el servicio de llamadas es suspendido de forma total, sin que las familias puedan tener la posibilidad de realizar ningún tipo de llamadas incluyendo las de emergencia, lo que vulnera a las personas en caso de presentar una eventualidad que ponga en riesgo su seguridad.

La incapacidad de la familia de poder establecer contacto con los cuerpos de auxilio de forma pronta, puede representar que la emergencia no sea solventada de la manera más adecuada, y el individuo o colectividad que sufrió de una eventualidad, se vean inmersos en una problemática mayor, poniendo en riesgo la salud de los afectados.

De acuerdo a cifras obtenidas del INEGI de Hogares con equipamiento de tecnología de información y comunicaciones, para el año 2012 alrededor del 83.65% de los hogares en México cuenta con servicio de telefonía, del cual se componía en un 7.26% por hogares que únicamente tenían línea fija, 41.66% solamente contaba con telefoníacelular y el 34.73% contaba con ambos servicios. Este análisis nos permite conocer la manera en la que se pueden comportar los hogares al ser vulnerables ante un hecho que pone en peligro su seguridad, ya que conocer cuál es la capacidad y las formas en las que pueden realizar las llamadas de emergencia, nos permite comprender el fenómeno que rodea este problema.

En materia de seguridad pública, existen datos reveladores por parte del INEGI, al evidenciar los siguientes aspectos en materia de llamadas de emergencia; según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2012, en México se dio un total de 1,010,457 intervenciones, de las cuales 966,097 provinieron del sistema de emergencias 066; 17,245 del sistema 089; 26,111 de un sistema distinto a los anteriores; y 1,004 no especificaron el tipo de sistema.

Asimismo, de acuerdo a datos de en una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad Pública, se reportó que del 5 de abril de 2011 al 15 de abril de 2012, se recibieron un total de 605,114 llamadas de emergencia (815 diarias), de las cuales se denunciaban diversos hechos tales como: violencia intrafamiliar, alarma de negocio activada, robo en proceso sin violencia, persona sospechosa, emergencia médica y vehículo sospechoso.

De igual manera, el servicio de denuncias 089, de enero de 2010 a abril del 2012, reportó un total de 5,167 llamadas, teniendo como promedio mensual 184.5, en la cuales se reportaban diversos ilícitos como: compraventa de droga, extorsión, sospecha de delito, privación ilegal de la libertad, amenazas a particular, secuestro y desmantelamiento de vehículos.

Lo anteriormente expuesto revela la importancia de que en los hogares se cuente con acceso a llamadas de emergencia, aunque por falta de pago tengan suspendido el servicio, toda vez que el no contar con esa capacidad vulnera su seguridad ante diversas contingencias que no forzosamente están relacionadas a la seguridad pública, tal y como se ejemplificó dentro de los puntos anteriores, sino que también se pueden presentar siniestros como incendios, fugas de gas, emergencias médicas, desastres naturales, etc.

Como se ha expuesto, el Partido Verde es una entidad de interés público, preocupado por garantizar la seguridad de las personas y de sus familias, por lo cual de conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen las acciones necesarias para que las empresas que prestan el servicio de telefonía fija, garanticen la realización de llamadas de emergencia a los diversos servicios públicos en materia de seguridad pública, cuerpos de emergencia, bomberos, etc; a pesar de la suspensión del servicio telefónico por falta de pago, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y de sus familias, dentro de su hogar y su entorno social.

Dado en la Cámara de Senadores sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Suscribe

Dip. David Pérez Tejada Padilla”.






De los CC. Diputados Miguel Agustín Alonso Raya y Luis Angel Xariel Espinosa Cházaro, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos que, en el marco de sus facultades y atribuciones, informe los términos y las condiciones del préstamo otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, durante el periodo comprendido del 1º de enero del 2005 a la fecha, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A PETROLEOS MEXICANOS QUE, EN EL MARCO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, INFORME LOS TERMINOS Y LAS CONDICIONES DEL PRESTAMO OTORGADO AL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO DEL 2005 A LA FECHA

“Los suscritos, Diputados Federales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión el siguiente, punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que con fecha 6 de mayo de 2013, el diario de circulación nacional Reforma publica, que uno de los hijos del líder petrolero y senador priísta Carlos Romeros Deschamps adquirió dos departamentos en un condominio de lujo en Miami Beach: uno en la torre denominada “The Bath Club”, por los cuales pagó 7 millones 550 mil dólares, de acuerdo con registro de la propiedad, adquirido el 14 de diciembre de 2005; y otro que compró el 28 de marzo de 2006 a un costo de 5 millones 500 mil dólares.

Con fecha 25 de febrero de 2013, la revista Proceso publicó que el mismo líder del sindicato petrolero dio a su hijo José Carlos Romero Durán un auto deportivo de la famosa marca italiana “Enzo Ferrari”, cuyo valor se aproxima a dos millones de dólares.

También destaca como antecedente a la presente proposición que el Diputado Luis Angel Xariel Espinosa Cházaro sometió una proposición con punto de acuerdo a la Cámara de Diputados, en la cual solicitaba la investigación sobre el préstamo sin intereses por la cantidad de 500 millones de pesos que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Asimismo, también es de recordarse que en el 2002 el Instituto Federal Electoral impuso una multa de mil millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, pues concluyó que el multicitado Sindicato Petrolero desvió al menos 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a Petróleos Mexicanos, que en el marco de sus facultades y atribuciones, informe los términos y las condiciones del préstamo otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, durante el período comprendido del 1° de enero del 2005 a la fecha.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Suscriben

Dip. Miguel Alonso Raya.- Dip. Luis Xavier Espinosa Cházaro”.






Del C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo en materia de incendios forestales, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito, Senador Gerardo Flores Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los bosques y selvas constituyen uno de los ecosistemas más importantes del planeta, toda vez que en ellos se desarrolla una gran cantidad de diversidad biológica, entre plantas, animales y microorganismos, fundamentales para el equilibrio ecológico de la Tierra, pues ejercen una función crucial en la ecología forestal, como la polinización, la dispersión y germinación de semillas, y la depredación de especies que podrían convertirse en plagas.

Asimismo, la superficie forestal provee una serie de servicios ambientales invaluables para el ser humano, tales como la captura de bióxido de carbono; la regulación del clima; la conservación del suelo; el enriquecimiento del paisaje y la recarga de los mantos acuíferos, entre otros.

En el caso de nuestro país, la superficie forestal representa un 33% de territorio nacional, contando con casi 65 millones de hectáreas, lo cual contribuye en gran medida a que México sea considerado un país megadiverso.

Cabe destacar que la importancia de los recursos forestales nacionales no se agota en su valor intrínseco ni en los servicios ambientales que proveen, sino que también desempeñan una función social fundamental, principalmente en las comunidades rurales, toda vez que la variedad de árboles y arbustos forestales constituyen una fuente de productos madereros y no madereros, y los animales que albergan son una fuente vital de nutrición e ingresos para muchas personas. Sin duda alguna, la deforestación constituye la principal amenaza para los bosques y selvas, convirtiéndose en uno de los problemas ambientales que requiere atención prioritaria.

La fracción XII de artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) define a la deforestación como la “Pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales, a cualquier otra condición”. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), la deforestación representa hasta el 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento mundial1, lo cual ofrece una idea sobre los impactos que en materia de cambio climático ocasiona.

Según Datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), una de las principales causas de la pérdida de bosques y selvas en México son los incendios forestales2.

Los incendios forestales, originados por causas naturales o antropogénicas, son uno de los factores de perturbación ecológica y de transformación del paisaje más ampliamente extendidos en los ecosistemas terrestres de México, por lo que la protección contra incendios y el manejo adecuado del fuego debe asumirse como una prioridad en la gestión sustentable de los recursos forestales.

Sin duda alguna, el fuego siempre ha formado parte fundamental de la dinámica y conformación natural de los ecosistemas. Asimismo, es utilizado por el ser humano a fin de preparar la tierra para el cultivo, así como para eliminar malezas, plagas y residuos agrícolas, permitiendo la liberación de nutrientes para los cultivos.

No obstante que tradicionalmente se acepta el uso del fuego en el sector rural, su uso inadecuado es el que puede provocar que se salga de control; otro factor lo constituye la negligencia con que los visitantes de bosques y selvas gestionan algunos residuos, como las colillas de cigarro y envases de vidrio, los cuales pueden convertirse en generadores de incendios.

Por lo anterior, desde hace tiempo se ha implementado en nuestro país una política pública encaminada a la prevención y atención adecuada de los incendios forestales, para lo cual la fracción XVI del artículo 12 de la LGDFS faculta a la Federación para “Coordinar las acciones de prevención y combate de incendios forestales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema Nacional de Protección Civil”.

Por su parte, la fracción XV del artículo 13 de la LGDFS faculta a las entidades federativas para “Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo”; mientras que la fracción XI del artículo 15 de la misma Ley faculta a los gobiernos municipales para “Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección civil”.

De esta forma, está claro que los tres órdenes de gobierno son responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, para atender y coadyuvar en la prevención de incendios forestales, al tratarse de una materia concurrente, por lo cual se estima adecuado emitir un respetuoso exhorto para que los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales pongan a disposición de la ciudadanía la información y los mecanismos necesarios para la denuncia de incendios forestales.

Si bien de conformidad con el párrafo quinto del artículo 4o Constitucional, el Estado es garante del derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, es indubitable que el deber de salvaguardar nuestros recursos naturales también recae en la población, no sólo como parte de la obligación de ajustar nuestras conductas al marco jurídico vigente en materia ambiental, sino como un sentido de responsabilidad y solidaridad ciudadana.

Cabe mencionar que la Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en la cual participó el Estado mexicano, establece en su Principio 10 que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”, de tal forma que este instrumento internacional reconoce el papel de la participación ciudadana en la conservación del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que lo integran.

En congruencia con el Principio citado, la fracción III del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece como principio de la política ambiental nacional que “Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico”, materializándose así en el marco jurídico nacional el principio de corresponsabilidad ciudadana en la protección del ambiente.

Desde el punto de vista jurídico e institucional, la participación ciudadana en materia de incendios forestales, puede darse en dos vías: (i) en su prevención y (ii) en la denuncia de los que se presenten.

Por una parte, la prevención se refiere a la toma de medidas adecuadas para anticiparse a las causas capaces de producir incendios forestales y de esta forma evitar su manifestación. La misma LGEEPA reconoce en la fracción VI de su artículo 15, que “La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos”, consagrando así el principio preventivo del Derecho Ambiental.

En materia de denuncia, el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales de la CONAFOR, coordina las acciones del Gobierno Federal para el combate especializado de incendios forestales, dentro de las cuales destacan los canales de comunicación, para lo cual pone a disposición de la ciudadanía una línea telefónica sin costo para todo el país que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año3, en la cual se reciben y canalizan los reportes de incendios forestales en todo el país. Este recurso, prácticamente constituye un esfuerzo único en el país, pues centraliza la recepción de denuncias y desde la CONAFOR se gestiona la contingencia, en estrecha colaboración con las autoridades locales.

Sin duda alguna el instrumento citado en el párrafo anterior es fundamental para que la población participe en la prevención y atención adecuada de los incendios forestales. Sin embargo, se estima adecuado que los tres órdenes de gobierno redoblen esfuerzos a fin de que la ciudadanía pueda participar en la prevención y atención adecuada de los incendios forestales que se presentan en el país.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, difundan la información y los mecanismos necesarios para el reporte ciudadano de incendios forestales.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión invita a la sociedad civil a prevenir la manifestación de incendios forestales, así como a reportar a las autoridades correspondientes los que sean de su conocimiento.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal que, al término de la temporada del presente año, remita a esta Soberanía el informe final de incendios forestales 2013.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 15 de mayo de 2013.

Sen. Gerardo Flores Ramírez”.






Del C. Diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo a fin de que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE LA COMISION NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGIA IMPULSE CAMPAÑAS DE ORIENTACION DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD PARA AHORRAR ENERGIA

“El suscrito, Gerardo Licéaga Arteaga, Diputado Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de Acuerdo a fin de que la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía, impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía, en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

El gobierno federal cuenta con un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía denominado Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), que tiene como objetivo promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía.

La CONUEE, tiene como misión promover el óptimo aprovechamiento sustentable de la energía, mediante la adopción de medidas y de mejores prácticas para el uso eficiente de la energía en los diferentes sectores de la economía y la población y es el órgano técnico articulador de las políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía del país.

La amplia experiencia técnica de esta Comisión, cuyo antecedente inmediato fue la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, creada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 1999 y que se reemplazó el 28 de noviembre de 2008 a partir de la entrada en vigor de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, debe ser aprovechada por la sociedad para lograr beneficios en la economía familiar mediante el ahorro de energía.

Es importante destacar que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores han ratificado la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 que el Ejecutivo Federal envió al Congreso el pasado mes de febrero en cumplimiento al artículo 33 fracción sexta, quinto párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que en dicho documento se establece como objetivo estratégico la inclusión social, para incorporar a todos los mexicanos a los beneficios que derivan del acceso y consumo de la energía asociando a ello la cooperación con Gobiernos Estatales y Locales y promover el uso eficiente de la energía en todos los sectores.

Es por ello que considero fundamental que la CONUEE, oriente a la sociedad a través de una amplia campaña de difusión sobre el cómo ahorrar energía en los hogares mexicanos, utilizando medios de comunicación masiva electrónicos, impresos, las nuevas tecnologías ylas propias redes sociales, lo cual derivaría en hacer más eficiente el gasto familiar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Que la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía, impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Dip. Fed. Gerardo Licéaga Arteaga”.






De los CC. Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Avila y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a conducirse con apego a la normas nacionales e internacionales en los procedimientos de sustracción internacional de menores, mismo que se turna a la Segunda Comisión.








De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que reconoce y saluda la celebración del Tratado de Comercio de Armas aprobado por la Asamblea General de la ONU, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE RECONOCE Y SALUDA LA CELEBRACION DEL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

“C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION, al tenor de las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

• De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, dado que, México ha participado acerca del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA)en la Conferencia Final del TCA, en Nueva York, se buscó el logro de un tratado internacional, jurídicamente vinculante y sólido, que establezca una regulación para el comercio de armas convencionales, que incluya las armas pequeñas y ligeras, y prevenga que estas armas y sus municiones sean utilizadas o desviadas para cometer graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario o a los derechos humanos, o sean desviadas hacia el mercado ilícito y el crimen transnacional organizado.(1)

• En México existen alrededor de 15 millones y medio de armas de fuego de procedencia ilegal en manos de particulares, sobre en todo en la zona norte del territorio, de acuerdo al análisis de la organización internacional Small Arms Survey, Research Notes (SAS) difundido en el mes de marzo de 2013, ubicando al país en el sitio número 42 de una lista de 170 naciones investigadas por el número de armas de fuego en poder de civiles, superando a naciones en las que ha habido recientemente guerras internas o en los que han sido recurrentes los conflictos bélicos en los últimos cincuenta años.

• México ha sido víctima de acciones encubiertas de envío de armas de las cuales la más conocida por su difusión y efectos legales en Estados Unidos es “Rápido y Furioso” por medio de la cual se introdujeron ilegalmente a nuestro país unas mil 400 armas de las más de dos mil involucradas, que incluían rifles AK-47 que pararon en manos de los cárteles de la droga.

• Se conoce que estas armas fueron utilizadas en la masacre de 16 jóvenes en una fiesta en Salvarcar, en la norteña Ciudad Juárez, en enero de 2010, pero en Estados Unidos se encendieron las luces de alerta cuando se descubrió el uso de armas de Rápido y Furioso en el asesinato de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza el 14 de diciembre de 2010,en Arizona y del agente de la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Jaime Zapata, en San Luis Potosí, México, el 15 de febrero de 2011.

• Las autoridades mexicanas, a pesar del exhorto del Congreso, no ha dado a conocer si realizó alguna investigación al respecto y siempre sostuvo que el gobierno de Estados Unidos nunca informó de esta operación encubierta a las autoridades mexicanas y, en Estados Unidos, el inspector general del Departamento de Justicia entregó un reporte oficial sobre Rápido y Furioso en el que denunció los "graves errores" de la operación, pero absolvió al procurador general, Eric Holder, de haber ocultado información y sancionó a algunos funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Sin embargo nada se dijo o no se conoció de los daños y consecuencia para México.

• Y, por la importancia que reviste la problemática del trasiego de armas que entran al país, de manera ilegal, principalmente desde los Estados Unidos de Norteamérica y, en virtud de que laConferencia Final Naciones Unidas sobre el Tratado de Comercio de Armas (TCA) tomó lugar en marzo 2013, para finalizar el día 28 del mismo mes, “ con el fin de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante con los más elevados estándares internacionales comunes para la transferencia de armas convencionales, la cual tenía como objetivo concluir el proceso del TCA, después del fracaso en la Conferencia del TCA en julio de 2012 para llegar a un acuerdo acerca del proyecto del tratado” (2) y que concluyo sus labores sin alcanzar el anhelado consenso por lo cual se remitió a la Asamblea General en donde Costa Rica, con el apoyo de México y otras naciones, elevaron la Resolución que finalmente se aprobó.

• Muchos años han pasado desde el día en que iniciaron los trabajos tendientes al logro de un Tratado de Comercio de Armas,saludamos por ello la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptada el tres de abril del año en curso, por una abrumadora mayoría, señalando que aun cuando la Resolución reconoce el derecho inherente de los Estados a la defensa individual y colectiva, no podemos soslayar el que 23 países se abstuvieran, entre ellos, lo que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)pues a su decir, el Tratado “privilegia” a los países exportadores y es susceptible de ser manipulaciones políticas al no ser del todo equilibrado ni incluir expresamente,la prohibición de transferir armas a grupos armados no estatales. Compartimos con los países que se abstuvieron, el que se debe seguir buscando perfeccionar el Tratado hasta lograr que se adopte por consenso a efecto de que sea un instrumento realmente garante, sólido y aceptable para todos los Estados (3)

• Si bien es cierto que cada país queda en libertad de suscribir o no el Tratado y ratificarlo, es de mencionarse que el fundamentalprincipio básico del mismo, es que los Estados tienen prohibido transferir armas convencionales a otros países si existe riesgo de que sean utilizadas para cometer o facilitar genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras “violaciones graves” a los derechos humanos, o si corren el riesgo de caer en manos de terroristas o de criminales, además de que no regula el uso interno de las armas en ninguno de los países firmantes, pero obliga a las naciones a establecer normativas que controlen las transferencias. Posición que comprendemos y suscribimos.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente punto de Acuerdo como de urgente resolución para ser discutido y en su caso aprobado en esta misma sesión:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce y saluda la celebración del Tratado de Comercio de Armas aprobado por la Asamblea General de la ONU y suscribe la posición mexicana en el sentido de que “como nación comprometida con el derecho internacional, el respeto alos derechos humanos y país afectado por el tráfico ilícito de armas, considera de suma importancia el establecimiento de regulación internacional para el comercio de armas”.

SEGUNDO. En tanto se consigue un control sobre el comercio de armas mediante la suscripción del Tratado Internacional (TCA) se exhorta al gobierno mexicano a que solicite formalmente al Gobierno de Estados unidos de América, se establezca una política de control de exportación de armas, desde dicho país a México que impida operaciones encubiertas o abiertas que armen a la delincuencia organizada en México.

TERCERO. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ampliar sus esfuerzos con la comunidad internacional, a efecto de que en el marco de sus respectivas normas constitucionales, el Tratado de Comercio de Armas sea ratificado a la brevedad posible.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Senado de la República, a 15 de mayo de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

Referencias:

(1)Primera Comisión (DESARME Y SEGURIDAD INTERNACIONAL) ONU-Misión Permanentede México ante las NACIONES UNIDAS (Secretaría de Relaciones Exteriores)

(2)Conferencia Final de las Naciones Unidas sobre el Tratado de Comercio de Armas (TCA) tomará lugar en marzo 2013

(3)Asamblea General GA/11354.Departamento de Información Pública. División de Noticia y Medios. New York. Sexagésima séptima Asamblea General Plenario 71ª. y72ª. reuniones (AM y PM) Aprobación del Tratado de Comercio de Armas

TEXTO ORIGINAL






Del C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DE ENERGIA, DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA Y DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A REALIZAR UNA REVISION Y AJUSTE DE TARIFAS ELECTRICAS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo industrial en horario base y en horario punta; a implementar un esquema que le permita poner en práctica la variedad de tecnologías para que la empresa pueda generar electricidad a un menor costo y a que diseñe un esquema a través del cual se reintegre al sector industrial los sobreprecios por el costo de la energía, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al día de hoy la energía eléctrica juega un desempeño de gran importancia para el desarrollo de la actividad nacional, en donde lamentablemente los aumentos en las tarifas eléctricas limitan las herramientas para competir con los países desarrollados.

A partir de este mes, los mexicanos resentirán el aumento de tarifas eléctricas principalmente en el sector industrial más fuerte en los últimos dos años.

El alza que pagarán los consumidores es una de las mayores desde el mes de mayo del año 2011, en ese entonces el precio de la energía eléctrica se incrementó 9.3% respecto a abril, según cifras de la Comisión Federal de Electricidad.

En fechas recientes la Comisión emitió un comunicado en el cual justifica el alza de alrededor del 8.5 % derivado de las variaciones reportadas en el precio del gas natural y el uso de combustóleo.

Lo anterior derivado de que PEMEX está importando menor cantidad de gas pero a un precio más elevado, tan solo el pasado mes de abril, las importaciones de gas natural licuado superaron las expectativas de compra a 21 dólares el millón de BTUs y Pemex Gas y Petroquímica Básica lo compraron a 22.45 dólares.

Ahora bien, la Comisión Federal de Electricidad requiere consumir gas importado debido a que tiene una demanda insatisfecha de 700 millones de pies cúbicos que podrá suplir parcial o totalmente a estos costos con importaciones por lo que el diferencial, se está reflejando en un alza a las tarifas eléctricas industriales.

El sector Industrial ha señalado que la compra de gas natural licuado en el País esta impactandoal sector incrementando sus costos de compra de combustibles en un 18 por ciento, por lo que con este sobrecosto, el alza en el precio de la electricidad ha sido acelerada.

Además es importante mencionar que desafortunadamente las ineficiencias que presenta el sector energético se están cobrando a las industrias a través de tarifas que resultan altísimas y aún con esas tarifas la Comisión Federal de Electricidad sigue reportando importantes pérdidas.

La lógica nos indica que las tarifas deberían de bajar considerablemente su costo y reflejar los precios bajos del insumo principal para la generación que es el gas natural, adicionalmente, comparto la opinión de la industria para que el Gobierno Federal se planteeun esquema a través del cualse reintegre al sector industrial los sobreprecios que les ha venido cobrando.

Lamentablemente el no usar gas natural el cual se encuentra en su precio internacional más bajo en décadas para la generación de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad se debe a la incapacidad que generan los monopolios públicos de la energía parainvertir y ser eficientes.

Es importante mencionar que el sector de la industria en nuestro país representa más del 50% de las ventas de la Comisión Federal de Electricidad.

En este tenor de ideas es preciso señalar queel precio que la Comisión Federal de Electricidad cobrará por kilowatt-hora para el sector industrial es de 0.9959 pesos en el horario base y 1.7090 en el horario punta durante este mes.

Comparado con los Estados Unidos de Norte América país con el que competimos por las inversiones, el precio es de0.5134 pesos Kw/h, lo que representa una tarifa 50 % más cara en México, debido al monopolio de este sector.

Es así que el monopolio público de la energía al no tener competencia con quien compararse debe de garantizar por lo menos el no cobrar tarifas por arriba de las de las de Estados Unidos de Norte América.

Por último quiero puntualizar que el aumento de tarifas eléctricas el cual representa el 8.54 % también tendrá un impacto en las tarifas de alto consumo residencial, lo anterior lesiona gravemente la competitividad de la industria y el bolsillo de los consumidores.

Por lo que en plena coincidencia con lo señalado el pasado 15 de junio de 2012 por el entonces candidato a la presidencia de la república y hoy Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos quien señalo en un acto proselitista en el Estado de Veracruz lo siguiente: Me estoy comprometiendo para que las tarifas de luz en todo el país bajen, vamos a bajar la tarifa eléctrica para el consumo de los mexicanos, y la energía que también necesita la industria de nuestro país, para generar más empleos y mayor competitividad" someto a la consideración de esta comisión permanente la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo industrial en horario base y en horario punta.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar un esquema que le permita poner en práctica la variedad de tecnologías para que la empresa pueda generar electricidad a un menor costo.

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a que diseñen un esquema a través del cual se reintegre al sector industrial los sobreprecios que está generando el costo de la energía.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela”.






De la C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una línea de comunicación formal y oficial con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en torno al tema del Volcán Popocatépetl, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UNA LINEA DE COMUNICACION FORMAL Y OFICIAL CON LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EN TORNO AL TEMA DEL VOLCAN POPOCATEPETL

“La suscrita, Diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es conocido, que México, por su ubicación geográfica presenta gran vulnerabilidad a los fenómenos naturales, además de los originados por las actividades humanas. Esto tiene como consecuencia, que, se generen pérdidas de vidas humanas, daños materiales, así como al propio ambiente.

Uno de estos fenómenos naturales recurrentes en la historia del país, es el de la actividad de erupciones volcánicas. Dicha actividad es un fenómeno geológico, que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Se conoce, que la tasa de la erupción promedio en México durante los últimos 500 años ha sido de unas 15 erupciones de diversos tamaños por siglo.

La causa principal es que el país, es rico en volcanes activos, de estos la mayor concentración de volcanes activos se encuentra en la llamada Faja Volcánica Mexicana (FVM), que está relacionado con las interacciones entre las placas tectónicas de Rivera y Cocos y la Placa Norteamericana. Esta Faja es una región volcánica elevada, con orientación aproximada Este-Oeste, que se extiende más de 1200 km con un ancho variable entre 20 y 150 km, aproximadamente a lo largo del paralelo 19°, desde los estados de Nayarit a Veracruz.

Uno de los principales volcanes activos en la Faja Volcánica Mexicana, es el volcán Popocatépetl. Al respecto, se ha observado, que el volcán Popocatépetl, desde el pasado mes de abril, ha incrementado su actividad. Conforme a los reportes del sistema de monitoreo de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y su institución técnica-científica, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), esto se ha expresado a través de explosiones, eventos vulcanotectónicos, episodios de tremor y trenes de exhalaciones.

Parte fundamental de esta fase es la relacionada con los mecanismos de comunicación y alerta. En México se ha desarrollado un instrumento de comunicación y alerta genéricamente conocido como el Semáforo de Alerta Volcánica para el volcán Popocatépetl, que permite definir el nivel de actividad del volcán, de acuerdo con el consenso de la comunidad científica en seis niveles, correspondientes a otros tantos grupos de escenarios posibles, comunicarlo a las autoridades de Protección Civil para que éstas realicen acciones recomendadas, y a su vez lo comuniquen a la población para que ésta defina su nivel de alerta en tres niveles, correspondientes a los tres colores del semáforo: verde, amarillo y rojo. El verde significa situación de normalidad; el amarillo, alerta y necesidad de mantener informada a la población; el rojo, alarma e inmediata puesta en marcha de tareas de protección y evacuación.

Al respecto, el pasado domingo 12 de mayo se elevó la Alerta Volcánica de Amarillo Fase 2 a Fase 3, el máximo nivel de alerta. Esto significa entre otras acciones que se debe preparar personal, equipos de evacuación y albergues; implementar medidas específicas en las regiones más vulnerables; poner en marcha medidas preventivas contra caída de ceniza y fragmentos y contra lahares -o flujos de lodo, que se pueden movilizar en las laderas del volcán- en las regiones vulnerables; alertar a los sistemas de navegación aérea; así como• limitar el acceso al volcán sobre una extensión mayor.

Debe señalarse que en su momento el Gobierno Federal a través de sus instituciones de protección civil, convocó a los responsables de protección civil de los estados de Puebla, México, Morelos y Tlaxcala, así como del Gobierno del Distrito Federal, para elaborar un programa conjunto ante una posible situación de emergencia derivada del aumento del riesgo volcánico del volcán Popocatépetl.

El programa se sintetiza en el denominado Plan Operativo Volcán Popocatépetl, que conforme al Fascículo del CENAPRED “Volcanes. Peligros y Riesgo Volcánico en México” (2008), “representa una parte crucial en la gestión de una emergencia y deben elaborarse considerando todos los posibles escenarios de actividad que pueda desarrollar el volcán, la distribución de la vulnerabilidad de las poblaciones de acuerdo con esos escenarios, y la capacidad de poner en marcha los mecanismos de protección y movilización de la población, y de seguridad de sus bienes.

El Plan Operativo debe además definir las responsabilidades de cada autoridad involucrada y de la población misma, establecer los mecanismos de comunicación y alertamiento, y describir las acciones de respuesta. En el caso de iniciarse una actividad eruptiva, entra una fase crítica de la gestión del riesgo, que involucra la aplicación de los planes operativos”(p. 37).

Al respecto, debe comprenderse a la gestión del riesgo como el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos. En este caso, el riesgo volcánico es la combinación del peligro de la actividad volcánica en un momento determinado con la distribución y vulnerabilidad de la población y de la infraestructura de producción y comunicaciones alrededor del volcán.

En síntesis, se trata de reducir o mitigar el riesgo derivado del incremento de la actividad volcánica del Popocatépetl, que por su naturaleza no puede ser modificada. Sin embargo, la vulnerabilidad de la población a sufrir daños o pérdidas, si puede ser reducida en forma significativa a través de la preparación. “La preparación se deriva de la comprensión de los efectos de las diferentes manifestaciones volcánicas y de la adecuada percepción del riesgo, y consiste en una respuesta organizada de la sociedad encaminada a realizar una serie de medidas coordinadas y precisas que reduzcan la exposición y fragilidad de los bienes amenazados por esas manifestaciones” (p.9).

El escenario de una evacuación de miles de personas vulnerables ante el riesgo de un incremento de la actividad volcánica del volcán Popocatépetl es cada día más probable. Ante esta circunstancia, se requiere la intervención del Ejecutivo Federal conforme a la Ley General de Protección Civil, que como lo establece el artículo 7 de la Ley General de Protección Civil, que entre otras cosas, a la letra dice:

Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil:

I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional y dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgos;

II. Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes;

III. a IX. …

De igual manera, el citado cuerpo normativo, establece el deber de la coadyuvancia entre los Poderes de la Unión en su artículo 8, que señala de manera textual, que:

Artículo 8. Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, las delegaciones, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.

Además de este tipo de escenarios, es pertinente por la magnitud de la emergencia ya generada derivada de la actividad volcánica del volcán Popocatépetl, tener mayor información a través de la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, y que conforme a la Ley General de Protección Civil en su artículo 19, recae en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Es necesario conocer, como se está gestionando la implementación del Plan Operativo Volcán Popocatépetl, así como saber si efectivamente a través de su implementación y desarrollo se ha reducido la vulnerabilidad de la población asentada en su entorno y por tanto disminuido el riesgo de pérdidas humanas y materiales ante un eventual incremento de la actividad volcánica de dicho volcán.

POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Protección Civil, a que en el marco de sus atribuciones, establezca a la brevedad posible un canal de comunicación formal y oficial, con esta Comisión Permanente, en torno a los eventos derivados del incremento de la actividad del volcán Popocatépetl.

SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, que recae en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a fortalecer las acciones contempladas en el Plan Operativo del Volcán Popocatépetl.

TERCERO. Se exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal a que ante el posible y eventual cambio del Semáforo de Alerta Volcánica para el volcán Popocatépetl de Amarillo Fase 3 a Rojo Fase 1 o 2, envíe a esta Comisión Permanente la información que permita coadyuvar por parte del Poder Legislativo para que las acciones de protección civil se realicen de forma coordinada y eficaz, en especial en el tema de que, dado el caso, se llegue a la evacuación de habitantes de comunidades circundantes al volcán Popocatépetl.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Dip. Lizbeth E. Rosas Montero”.






De la C. Diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efectuar los estudios necesarios para determinar la pertinencia de realizar una Norma Oficial Mexicana para la extracción de las especies del “Pepino de Mar”, o bien, considerar la viabilidad de incluirlas, de ser necesario, en la norma identificada como NOM-059-SEMARNAT-2010, para su protección especial, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A EFECTUAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PERTINENCIA DE REALIZAR UNA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA EXTRACCION DE LAS ESPECIES DEL “PEPINO DE MAR”, O BIEN, CONSIDERAR LA VIABILIDAD DE INCLUIRLAS DE SER NECESARIO EN LA NORMA IDENTIFICADA COMO NOM-059-SEMARNAT-2010, PARA SU PROTECCIÓN ESPECIAL

“La que suscribe, María del Carmen Ordaz Martínez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Asamblea proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Los Holotúridos, comúnmente llamados “pepinos de mar”, son organismos marinos pertenecientes a una de las clases de equinodermos. Esta especie tiene una gran demanda en el mercado asiático principalmente en Hong Kong, Singapur y Taiwán ya que se le atribuye propiedades curativas (comprobadas en diferentes centros de investigación en varios países), está catalogado como un alimento altamente nutritivo, puesto que su contenido proteínico se dice es mayor al 50 por ciento con respecto a otras especies comestibles marinas.

El “pepino de mar” cuenta con una gran demanda y en torno a su comercialización, se generan millones de dólares en el mercado internacional (por su importación y exportación). Desafortunadamente el incremento en la demanda de esta especie ha significado conflictos sociales en la mayoría de las poblacionesde lasdiferentesespecies de pepino.La respuesta ha sido que a nivel internacional se están llevando a cabo diferentes acciones a objeto de proteger a la especie de la extinción. Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en ingles) reporta que las capturas mundiales del pepino, han disminuido en más del 50 por ciento de un año a otro, situación similar a la que se vive en México (por falta de estudios, medidas de control y vigilancia).

En lo que respecta a México, la captura de pepino de mar se inició en la costa occidental de la península de Baja California a finales de los años ochenta y las especies que se extraían eran: Parastichopusparvimensis, y la más representativa, Isostichopusfuscus, (capturada en el Golfo de California). Durante el inicio de la década de los noventa, las capturas llegaron a superar las mil toneladas (1991); sin embargo, a solo cinco años de haberse iniciado la pesquería, las autoridades la declararon en peligro de extinción prohibiendo por ello, su captura;decisión que (según los usuarios de recurso) fue tomada sin la base de estudios científicos y evaluación del recurso. Es de sobra hacer mención, que las pérdidas para los pescadores fue significativa puesto que en 1993, las ganancias por la actividad superaban el millón de dólares.

Las especies de pepino de mar capturadas en las costas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, son básicamente tres; Isostichopusbadionotus (pepino café) Astichopusmultifidus (pepino blanco) y Holothuria floridana (pepino negro), mismas que no se encuentran incluidas, en ninguna norma oficial mexicana para que se regule e implementen acciones concretas de extracción y protección o bien considerar su inclusión en la Norma considerada como NOM-059-SEMARNAT-2010 para su protección especial.

2.- La explotación de “pepino de mar” de no atenderse por parte de las autoridades en la materia con carácter de urgente y en base a un marco jurídico específico, pudiera conflictuar las relaciones entre autoridades y sectores dedicados a su pesca. Preocupación que se ha acentuado en los tres niveles de gobierno al ser una actividad que significa una oportunidad de sustento para muchas familias, que al carecer de los recursos mínimos necesarios para el bienestar familiar puede desencadenar un problema de gobernabilidad.

Coincido con quienes consideran como una urgente solución a este problema social y de explotación de recursos naturales que debe de existir un marco jurídico actualizado para garantizar una explotación sustentada, de justicia y de equidad.

3.- Resulta necesario establecer Normas de Regulaciónpara una utilización controlada que contribuya al uso del recurso en el largo plazo, estando entre dichas medidas el control de la mortalidad por pesca y la protección de las especies durante su periodo reproductivo, por lo que es indispensable crear controles adecuados y eficaces para sancionar esta depredación, que se ve agravada con la pesca furtiva del “pepino de mar”, en cualquiera de sus especies, ya que no se respecta ningún tipo de medida regulatoria debido a la ausencia o incumplimiento de políticas claras y leyes o instrumentos normativos que contengan sanciones para la pesca ilegal del “pepino de mar”, así como agravantes para estas conductas

4.- Es por eso que reitero mi preocupación, que motiva este punto de acuerdo, sobre la explotación de esta especie marina pero también el apremio en la que se encuentran muchas familias que dependen de esta pesca, por lo que es menester que esta propuesta de punto de acuerdo encuentre el apoyo de esta Cámara de Diputados, para hacer más justo el otorgamiento depermisos que expida la autoridad en la materia, en base a criterios de desarrollo sustentable, jurídicos y sobre todo de justicia social. Como lo establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en su Artículo 2, fracción III y Artículo 4 en las fracciones XXV y XXXVI.

De conformidad con lo expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por conducto del Instituto Nacional de Pesca, se realicen los estudios necesarios para determinar la pertinencia de realizar una Norma Oficial Mexicana, para la extracción de las especies del “Pepino de Mar”, o bien considerar la viabilidad de incluirlas de ser necesario en la Norma identificada como NOM-059-SEMARNAT-2010, para su protección especial y, asegurarnos que estas especies pueden ser explotadas con criterios sustentables, bajo un régimen jurídico específico.

Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Dip. María del Carmen Ordaz Martínez”.






De las CC. Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Layda Sansores San Román, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Chiapas a establecer los mecanismos de diálogo y de coordinación institucional con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE DIALOGO Y DE COORDINACION INSTITUCIONAL CON EL CONSEJO ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LAH. COMISION PERMANENTE
PRESENTE.

Las suscritas, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ y LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN Senadoras de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, ESTABLEZCA LOS MECANISMOS DE DIALOGO Y DE COORDINACION INSTITUCIONAL CON EL CONSEJO ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

El sistema de protección de los derechos humanos en nuestro país se integra por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por las 32 comisiones estatales. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el aparatado B del artículo 102 señala que en las entidades federativas y en el Distrito Federal se deberá de establecer la autonomía de estos organismos, en algunas entidades federativas la autonomía de los mismos se encuentra limitada respecto con el Poder Ejecutivo estatal, bien sea, por razones presupuestarias o por el hecho de proponer a los titulares o al integrar los respectivos Consejos.

Cabe señalar que una de las bases para que los organismos encargados de la defensa y protección de los derechos humanos se desarrollen de manera autónoma se encuentra en los Principios de París, con Respecto al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Defensa y de Promoción de los Derechos Humanos.

Los Principios de París, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, representan la principal fuente de estándares normativos para las instituciones nacionales de derechos humanos, o como son denominados por el artículo 102 apartado B de la Constitución mexicana, organismos públicos de derechos humanos.

En dicho documento se establecen un conjunto de condiciones mínimas o estándares básicos que todas las Instituciones Nacionales deben de cubrir para poder desempeñar sus tareas de manera eficiente y que deben de disponer de “una infraestructura apropiada para el buen desempeño de sus funciones, y en particular de créditos suficientes. Esos créditos deberán destinarse principalmente a la dotación de personal y locales propios, a fin de lograr la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a controles financieros que podrían limitar su independencia”.

El caso que motiva la presente proposición, tiene que ver con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas (CEDH), del cual las suscritas hemos tenido conocimiento que a cuatro meses de iniciar la nueva administración, no han existido los mecanismos de acercamiento y colaboración institucional del nuevo gobierno con el Consejo Estatal.

A la falta de una comunicación institucional debemos agregar la disminución sustancial del presupuesto que ha sufrido el CEDH para el presente año. Disminución que técnicamente sólo alcanza para cubrir lo relativo a salarios y prestaciones laborales.

Lo anterior es de suma gravedad ya que al margen de que la Constitución Política del Estado de Chiapas establece que el presupuesto otorgado al CEDH no debe ser inferior al otorgado en el año anterior (artículo 55), las repercusiones para el cumplimiento de las atribuciones del organismo han llegado al extremo de no contar con líneas telefónicas en la totalidad de las oficinas, se han dejado de pagar servicios como son los de arrendamiento, combustibles, papelería, telefonía celular, tenencia vehicular, energía eléctrica, agua potable, mantenimiento de elevadores y de aire acondicionado entre otras.

Consideramos que esta situación por la que atraviesa el CEDH representa un ambiente adverso para la observancia y vigencia de los derechos humanos en el Estado y por tanto, no contribuye al proceso de fomento de una cultura de respeto y protección de los derechos humanos.

Por tanto y en merito de lo expuesto, se somete a la consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de poderes y al Federalismo, exhorta al C. Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas para que en el ámbito de sus atribuciones establezca los mecanismos de diálogo y de coordinación institucional con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos, para superar la situación presupuestal del organismo y establecer las bases de las políticas públicas que tengan como eje transversal la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en la entidad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Layda Elena Sansores San Román”.






De la C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de los estados de Puebla y de Tlaxcala, a implementar un cerco sanitario ante un nuevo brote de gripe aviar en las entidades mencionadas y eleven las medidas sanitarias para erradicar el virus de la influenza aviar AH7N3, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE TLAXCALA A IMPLEMENTAR UN CERCO SANITARIO ANTE UN NUEVO BROTE DE GRIPE AVIAR EN LAS ENTIDADES MENCIONADAS Y ELEVEN LAS MEDIDAS SANITARIAS PARA ERRADICAR EL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR AH7N3

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES

PRESENTE.

La que suscribe, licenciada Lucero Saldaña Pérez, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 8, numeral 1 fracción II, artículo 103 numeral 2, fracción 3 y artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. Pleno del Senado la presente proposición con punto de Acuerdo.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA LUCERO SALDAÑA PEREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y TLAXCALA, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN UN CERCO SANITARIO ANTE UN NUEVO BROTE DE GRIPE AVIAR EN LAS ENTIDADES MENCIONADAS, Y ELEVENLAS MEDIDAS SANITARIAS PARA ERRADICAR EL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR AH7N3, EN RAZON DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El virus de la influenza aviar AH7N3 es capaz de producir enfermedades y elevar la mortalidad en aves de corral, cuando el virus ataca de manera intensa se le conoce como “virus de alta Patogenicidad”.

El virus AH7N3 es principalmente una amenaza para la salud animal de aves domésticas y silvestres, de tal manera que si el virus se sigue propagando y no se tiene un control o métodos de erradicación, lo anterior podría acarrear importantes pérdidas económicas en el sector avícola.

La fuerza del virus puede variar, ya sea por mutación o por recombinación con algún otro virus de la misma especie, o alguna cepa de baja Patogenicidad, podría tener como consecuencia el transformarse en una de alta Patogenicidad que afecte de manera inmediata a las aves.

La SAGARPA señaló que el virus del AH7N3 se puede transmitir por contacto, al no tener identificadas a las aves que son portadoras del virus y juntarlas con aves sanas, aunque también puede propagarse por contacto con los materiales, equipo y alimentos o agua contaminados de otras aves.

Una vez inmerso el virus dentro de un corral o granja, al ser excretado por las heces y secreciones respiratorias, la transmisión y difusión se produce fundamentalmente del siguiente modo:

• Contacto directo con secreciones de aves infectadas, especialmente heces.

• Alimentos, agua, equipo y ropa contaminados.

• Vía aerógena.

Por lo que hace a la propagación, el virus puede dispersarse de una Entidada otra por medio de la migración de aves portadoras del virus, tomando en cuenta que las aves pueden son acuáticas o terrestres que podrían transportar el virus a largas distancias.

Una vez que las aves se contaminan, la propagación en los gallineros casi siempre termina infectando a las aves que habitan en dichos lugares o entre las mismas aves.

No debemos descartar que el virus de baja patogenicidad puede hacer su presencia y transmisión por medio de la superficie de los cascarones de huevo, y muy rara vez en el interior, por lo que aquellos que se dedican a la transportación de huevo deben cumplir con mecanismos de prevención, ya que puede ser también un medio de transmisión, por ello, una medida que evita la propagación y busca la eliminación del virus, es el utilizar desinfectantes de origen orgánico que limpien la superficie del cascaron del huevo, lo anterior es como mediada para proteger el sector productivo donde se deberíaextremar las medidas preventivas y de detección temprana a fin de evitar la propagación que afecte al sector avícola.

Así, con lo anterior se precisa mencionar que, el pasado mes de abril y mayo, en los Estados de Puebla y Tlaxcala, se reportó un brote de gripe aviar AH7N3 que afecto a más de 55 mil aves que fueron sacrificadas, a su vez las autoridades estatales comenzaron una serie de acciones para evitar la propagación del virus, estableciendo una cuarentena a distintos granjas avícolas.

Lo anterior ha creado incertidumbre entre los productores avícolas y en los consumidores, afectando así a la economía local de las 2 entidades federativas señaladas, por ello el grupo parlamentario del PRI se pronuncia en favor de toda acción positiva implementada por las autoridades Federales y Estatales que garanticen la eliminación del virus AH7N3 entre las granjas productoras avícolas, con el fin continuar impulsando la economía local de la industria avícola.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que en coordinación con los gobiernos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, implementen un cerco sanitario ante un nuevo caso de brote de gripe aviar en las entidades mencionadas; asimismo, eleven las medidas sanitarias para erradicar el virus de la influenza AH7N3, evitando que se propague el virus en esta región del país.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013”.






Del C. Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal y al gobierno del Estado de México a tomar las medidas necesarias para la prevención de tragedias como la ocurrida a consecuencia de la explosión de una pipa que transportaba gas, a la altura de la comunidad de Xalostoc, municipio de Ecatepec, Estado de México, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNION, AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PREVENCION DE TRAGEDIAS COMO LA OCURRIDA A CONSECUENCIA DE LA EXPLOSION DE UNA PIPA QUE TRANSPORTABA GAS, A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE XALOSTOC, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO

“El suscrito, Diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

CONSIDERACIONES

El 7 de mayo de 2013, aproximadamente a las cinco y media de la mañana, una pipa propiedad de la empresa Termogas de doble remolque, sufrió un percance en la autopista federal México-Pachuca, por exceso de velocidad, provocando la explosión del gas que transportaba a la altura de la comunidad de San Pedro Xalostoc, Municipio de Ecatepec, Estado de México. El resultado de este accidente, hasta esta fecha, son 24 personas fallecidas, 10 de ellas niñas y niños, así como decenas de heridos, 13 de los cuales aún están hospitalizados, uno de ellos es el conductor de la unidad. En cuanto a daños materiales, por lo menos 45 casas y 30 autos, fueron destruidos por el fuego.

Esta tragedia se suma a otras anteriores, producidas por el transportede carga, lo que exige la revisión profunda e inmediata de la normativa que lo regula, así como acciones de inspección extraordinaria de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues es un hecho público las jornadas inhumanas a que se sujetan las personas que trabajan en dichas unidades. Esto en tutela, especialmente de los derechos a la salud y a la vida.

Las víctimas de Xalostoc, son personas que vivían a pie de carretera, casi pegadas a la autopista México-Pachuca, por lo que urge la coordinación de las autoridades federales y el Estado de México, para reubicar a las familias que siguen viviendo en estas condiciones, lo que permitirá no sólo darles seguridad, sino evitar que sigan sujetas a condiciones insalubres: al tener que estar respirando de manera continua los productos contaminantes de los vehículos automotores, así como la contaminación por ruido.

Igualmente, urge la coordinación de todos los niveles de gobierno, para respaldar a las familias de las víctimas fatales en términos de ley, sin dejar de reconocer los apoyos de urgencia otorgados por el Gobierno del Estado de México, para la atención de los heridos hasta su total rehabilitación física y psicológica, y para reparar los daños materiales causados a las personas en lo individual y a la comunidad. Esto, sin menoscabo de la responsabilidad de la empresa Termogas.

POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANÍA, LA SIGUIENTE PROPOSICION CON:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente, con motivo de la explosión del pasado 7 de mayode una pipa que transportaba gas a la altura del pueblo de San PedroXalostoc, Municipio de Ecatepec, Estado de México, exhorta al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que procedan de inmediato y de manera profunda a revisar la normativa aplicable al transporte de carga, de manera de tutelar la vida y salud de las personas que viajan por carreta o que viven en las cercanías de las mismas; especialmente se prohíba la utilización de camiones de doble remolque, causantes de miles deaccidentes al año con víctimas mortales. Igualmente para que se fortalezcan la vigilancia a este tipo de transporte.

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que practique inspecciones extraordinarias al transporte de carga a fin de verificar el cumplimiento de la normativa laboral, especialmente en materia de jornada humana y salud y prevención de los riesgos de trabajo, e impulse un programa de capacitación y adiestramiento en favor de los trabajadores de esta importante actividad económica.

TERCERO. Esta Comisión Permanente exhorta, destacadamente a las autoridades federales y el Estado de México, para reubicar a las familias que siguen viviendo a pie de la autopista federal México-Pachuca, lo que permitirá no sólo darles seguridad, sino evitar que sigan sujetas a condiciones insalubres: al tener que estar respirando de manera continua los productos contaminantes de los vehículos automotores, así como la contaminación por ruido.

CUARTO.Se exhorta a todos los niveles de gobierno, para que en forma coordinada se tutelen los derechos de las familias de las víctimas fatales, se dé atención a los heridos hasta su total rehabilitación, se reparen los daños materiales causados. Sin menoscabo de la responsabilidad de la empresa Termogas y las empresas aseguradoras involucradas, y de quienes resulten responsables una vez que las autoridades competentes concluyan sus investigaciones.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Suscribe

Dip. Carlos Reyes Gámiz”.






Del C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a instrumentar y adecuar dentro del marco normativo que dará sustento a la conformación, estructuración y dignificación de las fuerzas del orden público, agregando todo tipo de prestaciones que dignifiquen la calidad de vida del policía y su familia, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD A INSTRUMENTAR Y ADECUAR DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE DARA SUSTENTO A LA CONFORMACION, ESTRUCTURACION Y DIGNIFICACION DE LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO, AGREGANDO TODO TIPO DE PRESTACIONES QUE DIGNIFIQUEN LA CALIDAD DE VIDA DEL POLICÍA Y SU FAMILIA

“El suscrito, Leobardo AlcalA Padilla, Diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición conpunto de Acuerdopor el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, instrumente y adecue dentro del marco normativo que dará sustento a la conformación, estructuración y dignificación de las fuerzas del orden público, agregando todo tipo de prestaciones que dignifiquen la calidad de vida del policía y su familia.

CONSIDERACIONES

A lo largo de la historia en diferentes etapas del hombre, siempre se consideró encontrar entre ellos mismos, a quien ejerciera y aplicara la justicia, quien representara la ley para ser visto como una figura respetable y con poder.

Sin embargo, con el paso del tiempo estos representantes de la autoridad, han tenido altas y bajas, a las necesidades cambiantes de los habitantes mexicanos, convirtiéndose en una sociedad más crítica y por lo tanto más exigente en su seguridad e integridad.

Es por ello que se deben de buscar todos los apoyos económicos y culturales, para que estos representantes de la autoridad jamás se han tentados a suplir sus necesidades sirviendo al crimen organizados.

Es necesario puntualizar que nuestro Gobierno, tiene toda la intención de avanzar para que nuestro país sea un lugar deseable para invertir, desarrollar proyectos económicos y todo esto será posible teniendo seguridad en todos los aspectos que se necesiten.

Sabedores del problema, busquemos la solución supliendo cada una de las necesidades que actualmente aquejan a las diferentes corporaciones policiacas en los tres órdenes de gobierno.

Por tal razón, es impostergable que en todos los rubros del orden interno se cumpla con las expectativas de la población y de cada uno de los servidores públicos que, como parte del engranaje del desarrollo, exige nuestra realidad. Contamos con apoyos para las personas de la tercera edad, madres solteras, jóvenes, etc.

¿Pero quién cuida del policía, que nos cuida y a su familia?

Para erradicar los grandes males se requieren hacer cambios de fondo y no de forma solamente; se han hecho cambios en el rubro de la economía y hoy vivimos finanzas más sanas pero aun mejorables.

Celebrando la decisión de Nuestro Presidente de tener un país seguro y con policías respetables, tratando de contribuir con las herramientas que nos otorga el legislativo y siendo nuestro mayor interés que el desarrollo de la política interior se dé en los mejores términos y con mayores alcances; no se debe de perder de vista al policía como a sus familias siendo estas las que tenemos que apoyar en esta nueva propuesta.

Por lo anterior expuesto someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y a las Secretarías de Seguridad Publica Estatales, a que instrumenten y adecuen dentro del marco normativo que dará sustento a la conformación, estructuración y dignificación de las fuerzas del orden público, agregando todo tipo de programas y prestaciones que dignifiquen la calidad de vida del policía (las corporaciones policiacas) y su familia:

1. Vivienda digna (En vida)

2. Educación garantizada para sus descendientes hasta el nivel bachillerato. (En vida/fallecimiento)

3. Utiles escolares y uniformes (En vida/fallecimiento).

4. Garantizar pensión digna para deudos. (En fallecimiento)

5. Seguridad social garantizada para sus dependientes o beneficiarios. (En fallecimiento)

6. Seguro de vida potencializado. (En fallecimiento)

7. Homologación de sueldos en relación a la Ley Federal del Trabajo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la Republica, a 15 de mayo de 2013.

Dr. Leobardo Alcalá Padilla

Diputado Federal”.






Del C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a suspender el uso de las medidas, providencias y técnicas cautelares para combatir a la delincuencia organizada hasta en tanto se asegure su uso legítimo, racional y democrático, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A SUSPENDER EL USO DE LAS MEDIDAS, PROVIDENCIAS Y TECNICAS CAUTELARES PARA COMBATIR A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA HASTA EN TANTO SE ASEGURE SU USO LEGITIMO, RACIONAL Y DEMOCRATICO

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura al Congreso de la unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del H. CONGRESO de la Unión la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los tiempos actuales los ciudadanos exigen con toda justicia garantías para el debido cumplimento de las atribuciones que la ley otorga a los funcionarios. Por eso la democracia demanda un garantismo jurídico general y judicial en particular, donde los derechos de las personas, principalmente los derechos liberales de no intervención a cargo del Estado, además de establecerse en el texto normativo, sean tomados con seriedad y tengan plena eficacia.

Las claves para el adecuado ejercicio de la función pública, tratándose del combate a la delincuencia se sostiene por la legalidad, eficiencia y eficacia, pero también por su moderación, plausibilidad, racionalidad, proporcionalidad, y sobre todo por el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Lo excepcional, no puede convertirse en lo normal. No podemos sostener un estado de excepción y convertirlo en un estado de normalidad.

De acuerdo con información derivada de una solicitud de acceso a la información presentada ante la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos en el orden federal, de 2000 a 2012, la Procuraduría General de la República erogó más de 178 millones de pesos en la protección de testigos colaboradores, período en el cual han contado con 27 testigos protegidos en el 2000; 35, en el 2001; en el 2002, 42; en el 2003, 39; en el 2004, 44; en el 2005, 48; en el 2006, 43; en el 2007, 50; en el 2008, 57; en el 2009, 61; en el 2010, 43; en el 2011, 60, y en el 2012, 65. Actualmente esta solicitud se encuentra en revisión, dado que el solicitante está inconforme con la respuesta de la dependencia federal.

En adición al ejercicio de transparencia, es importante realizar una evaluación del impacto de las reformas legales para alcanzar los objetivos que se plantean, pues por diversos casos que ha conocido la opinión pública, los principios se pueden desvirtuar si no se asegura su uso legítimo. Dados los resultados de los 614 testigos protegidos para el combate a la delincuencia en los dos últimos sexenios y el gasto público ejercido, un promedio de 290 mil pesos por cada uno, parece razonable suponer en primera instancia que el problema está en las figuras cautelares en sí y no, como advertiría una revisión más exhaustiva, en su utilización desviada de los estándares de debida actuación.

Para ello, vale recordar las últimas adecuaciones del marco legal en México para contar con medidas especiales para combatir a la delincuencia.

El artículo 16 constitucional establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.

Se trata de medidas especiales contra la delincuencia, según han sostenido las autoridades europeas, en tanto que se trata de medidas que se justifica utilizar ante la amenaza del orden público y la prevención del delito, y que son necesarias en una sociedad democrática en consecución de esos objetivos planteados.1

De entre las varias figuras destacan la extinción de dominio, las recompensas, el arraigo, los testigos protegidos, las intervenciones y la intercepción de comunicaciones, los arrestos domiciliarios, la obligación de permanecer en una determinada residencia, la supervisión policial, entre otras.

Estas medidas, providencias y técnicas no se justifiquen en sí mismas, sino por su uso racional, eficiente, eficaz y legítimo. Las desviaciones de las figuras es lo que se debe combatir. Sin una suficiente motivación, sin adecuada profesionalización de los agentes que las solicitan y ejecutan y, lo más importante, sin controles democráticos, aparecen los abusos y se pierde la confianza, como ya ha pasado en los últimos tiempos.

Como se recuerda, el arraigo es una figura constitucional introducida en 2008 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa introducción se dio en el contexto de la reforma federal de 2008, tras varios años de profunda discusión sobre el sistema de justicia mexicano, que motivaron reformas en torno al sistema de justicia penal y la seguridad pública.

En la exposición de motivos de la reforma se señala que es un instrumento para asegurar los resultados de la investigación y evitar que el probable delincuente huya de la acción de la justicia. Su historia debe remontarse a 1983 cuando se incorpora al Código Federal de Procedimientos Penales, como una medida preventiva para garantizar la disponibilidad de los acusados en un proceso penal.

El vigente artículo 16 constitucional actual señala que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Hoy el arraigo está a discusión, y lo importante es que hagamos un esfuerzo por delimitar las condiciones de aplicación de la figura (profesionalización), en adición a la revisión natural de las condiciones de su justificación (combate a la delincuencia organizada).

Lo mismo puede decirse, por compartir el mismo objetivo, de la intervención de comunicaciones, prevista en el artículo 16 constitucional el cual establece que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.

Por lo que se refiere a los beneficios a personas que hayan participado en la delincuencia, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución A/RES/55/25 de 15 de noviembre de 2000 por la que se adoptó la propuesta de Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), que México firmó el 13 de diciembre de 2002 y entró en vigor para el país el 29 de septiembre de 2003, previo cumplimiento de los trámites constitucionales (DOF 11 de abril de 2003).

El artículo 26 de la Convención de Palermo establece que los Estados Parte adoptarán medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, por lo que se adoptarán medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados a:

a. Proporcionar información útil a las autoridades competentes con fines investigativos y probatorios sobre cuestiones como: i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura, la ubicación o las actividades de los grupos delictivos organizados; ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros grupos delictivos organizados; iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan cometido o puedan cometer, y

b. Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes que pueda contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus recursos o del producto del delito.

El artículo 20 constitucional señala que la ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada.

Por su parte, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 14 establece la reserva de identidad de las personas que rinden testimonio en contra de los miembros de la delincuencia organizada cuando consideren que está en riesgo su identidad.

El artículo 35 de la Ley en cita, establece que el miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir beneficios que van desde la no incriminación hasta la remisión de la pena.

Hoy, desafortunadamente esas medidas, providencias y técnicas del sistema de justicia mexicano han sido, con razón, cuestionadas, no tanto por su perfil normativo, sino por su ejercicio ilegítimo, no tanto por su validez, sino por su utilización diversa, como lo demuestran algunos casos recientes puestos en conocimiento de la opinión pública.

Diversos actores se han manifestado por hacer una revisión de las figuras y medidas precautorias, y en ese contexto, hoy el Congreso de la Unión discute reformas a estas figuras, especialmente al arraigo, para alcanzar su reformulación.

Consideramos que es oportuno realizar un atento y respetuoso exhorto a las autoridades competentes para que, con independencia de la ruta constitucional y legal, a partir de la fecha se asegure la debida diligencia y la moderación, y sobre todo, el respeto a los derechos humanos.

Se trata de eficacia en la actuación para asegurar que los agentes encargados de hacer cumplir la ley actúen en el sentido más amplio de la profesionalización, que es un conjunto virtuoso de legalidad, eficacia, eficiencia, moderación, racionalidad, honradez, objetividad y respeto a los derechos humanos. No se puede ser profesional en el sentido más amplio de la palabra sin cumplir con todos esos principios.

Hoy el artículo 20 de la Constitución establece el principio de que la justicia no puede sustentarse en ilicitudes, aun a costa de la verdad. El seguimiento inexcusable del principio de debido proceso se antepone en cualquier circunstancia. Por ello, cualquier prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales será nula.

En ese contexto de discusión de las estrategias cautelares del sistema de justicia mexicano, y con la finalidad de asegurar los derechos humanos de las personas involucradas, sería muy importante que las autoridades encargadas de prevenir, investigar y perseguir los delitos en el orden federal revisen sus procedimientos internos para asegurar el uso legítimo de esas figuras a fin de observar desde el inicio del procedimiento y hasta su conclusión el absoluto respeto de los derechos relativos al debido proceso legal.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, a suspender el uso de las medidas, providencias y técnicas previstas en el marco constitucional y legal destinadas a prevenir el delito, asegurar el orden público y combatir a la delincuencia organizada, así como a ejercer recursos de los capítulos, conceptos, partidas genéricas y partidas especificas del clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federa, hasta en tanto se asegure su uso legítimo, racional y democrático, conforme a la previsión del punto siguiente.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a realizar una revisión interna exhaustiva de los procedimientos y normas para la aplicación de esas medidas, providencias y técnicas, así como a emitir un Acuerdo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para la debida aplicación de esas medidas, providencias y técnicas por parte de los servidores públicos responsables, en las que se establezca un protocolo de diligente actuación que ofrezca garantías institucionales y procedimentales para que su solicitud, aplicación y seguimiento sea en pleno respeto de los derechos humanos.

Tercero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República a trabajar con mayor intensidad para elevar los niveles de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y de investigación y persecución del delito, como la mejor garantía institucional de que su actuación será siempre legal y legítima para el desarrollo de un México de seguridad y de paz, y de pleno respeto a los derechos humanos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo”.






De los CC. Diputados Carlos Augusto Morales López y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la destitución del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, por su desempeño al frente de dicha instancia, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA LA DESTITUCION DEL TITULAR DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, HUMBERTO BENITEZ TREVIÑO, POR SU DESEMPEÑO AL FRENTE DE DICHA INSTANCIA

“Los suscritos, Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) surgió en 1976, producto de la promulgación de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Dicha Institución surgió como la encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. Destaca que nuestro país se convirtió en el primero de Latinoamérica en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia1.

Tal ha sido la importancia que se le ha dado a esta Procuraduría que tan sólo seis años después, en 1982 ya contaba con 32 oficinas en las principales ciudades del país. Actualmente, la Profeco cuenta con un total de 32 delegaciones y 19 subdelegaciones, lo cual suma un total de 51 oficinas en toda la República.

La Profeco tiene como objetivos:

• Proteger los derechos del consumidor.

• Promover los derechos del consumidor.

• Fomentar una cultura de consumo inteligente.

• Procurar la equidad en las relaciones de consumo.

• Procurar la seguridad jurídica en las relaciones de consumo.

• Eficientar el desempeño institucional.

Lo anterior sin duda no se ha visto reflejado en últimas fechas, donde hemos sido testigos de una escalada de precios en diverso productos de la canasta básica, sin que ninguna autoridad ponga orden al respecto.

Dados los incrementos exorbitantes de hasta 300% en algunos alimentos e independientemente de que factores como la sequía, la gripe aviar y el ajuste mensual de las gasolinas, que incluso hoy resulta más cara en México que en Estados Unidos de América, hayan encarecido los precios de algunos productos, la Procuraduría debe generar los instrumentos que garanticen que los intermediarios no aumenten el costo de los productos a su libre albedrío y las condiciones para que los productos lleguen a precios accesibles a la población. No es posible tolerar elabusoen el costo de alimentos como el tomate que alcanza cifras de hasta 60 pesos por kilo en algunos establecimientos de la república; lo mismo que sucede con productos como la cebolla, tomate y chayote.

El vocero de la Federación Latinoamericana de Mercados Mayoristas, Alfredo Neme Martínez, informó el pasado 9 de mayo, que proveedores de huevo advirtieron a los comercializadores de Centrales de Abasto que el precio del kilogramo de huevo continuará al alza en las próximas semanas. El mismo refirió que mientras en unos lugares se comercializa en 27 pesos el kilo de huevo, en otros hasta en 60 pesos, lo que implica alzas de más de ciento por ciento2.

El pollo ha tenido variaciones del 41%, la leche del 9%, el jitomate de hasta 44%, sin que las autoridades hayan intervenido para regular la afectación que estos cambios ocasionan a los ciudadanos cuyos salarios no se mueven con la misma rapidez.

Esta variación en los precios incluso ha afectado el índice de inflación de México, que en marzo de este año, se ubicó en 4.25%, lo que además de ser su nivel más alto desde octubre de 2012, también resultó ubicarse fuera del rango objetivo que tiene el banco central (3% - 4%)3.

A pesar de que en palabras del Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, “Es de esperarse que esos aumentos en precios tiendan a revertirse, y la inflación relativamente pronto converja a un nivel inferior a 4%, y que en el mediano plazo siga su trayectoria hacia el objetivo permanente de inflación de 3%”4, lo cierto es que la situación económica que impera en nuestra nación, no permite que los incrementos de precios y las arbitrariedades de los intermediarios y especuladores abusen de una manera tan ofensiva de la economía popular.

Pese al panorama hasta aquí plasmado, el titular de la Profeco ha tenido una acción pasiva y poco agresiva a efecto de contrarrestar los abusos cometidos por los comerciantes o sus intermediarios, lo cual sin duda es contraria a la actitud que debe caracterizar al Procurador del Consumidor, ya que justamente su papel es defender a la ciudadanía ante prácticas abusivas por parte del sector comercial.

Adicionalmente, destacan los escándalos, producto de la prepotencia y tráfico de influencias de miembros de su familia, como es el caso de la C. Andrea Benítez, hija del titular, quien a raíz del lamentable caso que ha sido denominado por la opinión pública como el “caso Lady Profeco” donde su parentesco con el Procurador hizo que en cuestión de 2 horas, sin respetar los protocolos establecidos, se clausurara un establecimiento mercantil, se evidenció la corrupción que impera en la Procuraduría. Lo anterior se corrobora derivado en la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien determinó la suspensión del subprocurador de Verificación, los directores General de Verificación y Vigilancia, y de Procedimientos y Sanciones, así como el jefe de departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas. La SFP destacó que se encontró que los funcionarios que ordenaron y participaron en la visita de verificación actuaron de manera inmediata, sin cumplir con los requisitos mínimos de urgencia para la atención de una denuncia anónima5.

En la actual coyuntura de corresponsabilidad política, madurez democrática y reformulación de la manera en que se ha de gobernar al país, se considera que el titular del Ejecutivo Federal debe considerar la continuidad en el cargo del actual Procurador Federal del Consumidor, ante la falta de cumplimiento de sus encomiendas, al frente de una institución garante de la economía popular.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal que valore la continuidad en el cargo del actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, C. Humberto Benítez Treviño, a efecto de garantizar que la Procuraduría Federal del Consumidor cumpla con la defensa de la economía popular.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Suscriben

Dip. Carlos Augusto Morales López.- Dip. Carlos Reyes Gámiz”.






Del C. Diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a cumplimentar las recomendaciones contenidas en la auditoría financiera y de cumplimiento 11-0-08100-02-0310 de-002, relativa a los padrones de beneficiarios generados por los programas a cargo de dicha dependencia y, en su caso, se inicien los procedimientos correspondientes en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidades administrativas durante la pasada administración federal, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SAGARPA A CUMPLIMENTAR LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 11-0-08100-02-0310 DE-002, RELATIVA A LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS GENERADOS POR LOS PROGRAMAS A CARGO DE DICHA DEPENDENCIA Y, EN SU CASO, SE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN INCURRIDO EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE LA PASADA ADMINISTRACION FEDERAL

El que suscribe, Diputado José Alberto Rodríguez Calderón, integrante del grupo parlamentario del PRI de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el año 2011 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como sus órganos desconcentrados y el Fideicomiso de Riesgo Compartido ejercieron un total de 60, 039, 391.5 miles de pesos en cinco programas sujetos a regla de operación, los cuales específicamente fueron: Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para Vivir Mejor; Programa de prevención y manejo de riesgos; Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnología y Extensionismo Rural y el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

La integración de los padrones de beneficiarios de dichos programas se sujeta a lo establecido generalmente en las reglas de operación de la SAGARPA, así como las disposiciones jurídicas señaladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, entre otras.

Para los campesinos y agricultores el cumplimiento de los requisitos resulta en múltiples ocasiones complicado y tardío, debido a la falta de algún documento, por el desconocimiento de los trámites a realizar, incluso por la imposibilidad del traslado a las dependencias para iniciar las gestiones correspondientes, de tal manera que ocasiona que se les excluya de los beneficios de los programas.

Sin embargo, existen otros impedimentos graves que se encuentran fuera de la responsabilidad de los campesinos, los cuales evidentemente ocasionan un perjuicio para el desarrollo de la agricultura, ganadería, etc. En este caso, las barreras surgieron de la propia SAGARPA, ya que en el año 2011 se detectó que no tenía actualizados los datos que integran los sistemas de padrones de beneficiarios, o no se realizaron conciliaciones entre las áreas responsables para el control, ejercicio y registro de los programas, a pesar de que, en las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría se establece que los padrones deben actualizarse constantemente. Con ello, entre otras cosas, se impidió que ante la baja de beneficiarios se otorgaran los recursos a nuevos beneficiarios, se duplicara el beneficio, o en el peor de los casos, se otorgaran recursos a personas distintas y que no existiera control en los registros.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2011 establece que en la SAGARPA no existió la homologación de la información con la que cuenta cada uno de los padrones o listados de beneficiarios de los programas y que las cifras de los apoyos otorgados que contienen difieren de lo reportado en la Cuenta Pública.

El Informe señala que 3,870 personas que recibieron apoyos por 72, 584.9 miles de pesos, tienen edades de 76 a 111 años, sin que se presentara evidencia de que se realizó la verificación de su supervivencia o vigencia de sus derechos.

La ASF informó que existen 3,181 registros de beneficiarios que recibieron apoyos en 2 o hasta en 32 entidades federativas, por montos de entre 5.9 y 941,354.3 miles de pesos.

Además, se tienen registrados 43 beneficiarios, que corresponden a diversas instituciones financieras, que no corresponden a los beneficiarios directos de los programas.

Asimismo, se observó que existen 24,465 beneficiarios que recibieron apoyos en 2 o hasta en 5 programas diferentes en cantidades de entre 5.9 y 12,151.1 miles de pesos respectivamente. La ASF mencionó que no se proporcionó evidencia documental que garantizara la procedencia legal de la concurrencia o duplicidad en los registros observados, o en su defecto evidencia de las acciones de depuración de los padrones de beneficiarios; así como tampoco se evidenció que la SAGARPA llevara a cabo la confronta de los padrones o listados de los programas a su cargo, con el propósito de identificar las concurrencias y/o duplicidades de beneficiarios o derechohabientes para determinar si existe la improcedencia legal de los apoyos.

Aunado a dichas irregularidades, se detectaron 804 servidores públicos a los que se les otorgaron recursos a través de diversos componentes por 48, 682. 6 miles de pesos. Sin embargo, el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicosindica que los servidores públicos están obligados a abstenerse de participar en la atención, tramitación o resolución de los asuntos relacionados con sus apoyos. En el informe se señala que no se proporcionó evidencia documental del cumplimiento de dicho dispositivo.

De igual forma, al revisar las bases de datos del Sistema de Rendición de Cuentas (SRC), se detectó que 554,869 personas físicas no tienen registrada la CURP y 98 personas morales carecen del RFC; elementos considerados en el anexo 9 "Reglas de Validación" correspondiente al Procedimiento para la Integración de la Información en dicho sistema.

También se detectaron 230 beneficiarios (personas físicas) que recibieron apoyos durante el ejercicio de 2011, por4,727.1 miles de pesos, que conforme a la CURP registrada, tienen edades de entre 11 y 17 años, siendo de señalarse que, a pesar de que la entidad fiscalizada informó que en ciertos componentes la norma establece que pueden ser elegibles del apoyo los menores de edad siempre y cuando cumplan con los requisitos específicos de los mismos, y en casos como el PROCAMPO, los menores de edad pueden ejercer sus derechos a través de un representante que acredite el ejercicio legal de la patria potestad, la tutela o albaceazgo, lo cierto es que la unidad administradora del SRC no cuenta con controles para conocer si los menores de edad cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

Como conclusión de todo lo anterior, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2011 indicó que la SAGARPA durante la pasada administración tuvo múltiples irregularidades que deben ser aclaradas, sobre todo en el padrón de beneficiarios generados por los programas a cargo de la SAGARPA, lo cual perjudica a los campesinos que deben de recibir directamente los apoyos, en beneficio de sus actividades productivas, de la economía familiar y en consecuencia de la economía del país.

Lo anterior revela de forma grave la negligencia de la administración federal anterior para vigilar adecuadamente el cumplimiento de los programas sociales, lo cual redundó, a decir del órgano fiscalizador federal, en una falta de control evidente sobre los recursos dirigidos a fortalecer el campo mexicano.

En tal virtud, se hace necesaria la intervención de las autoridades federales competentes, a efecto de cumplimentar las recomendaciones emitidas por la ASF y así poder ordenar aquellas áreas que fueron descuidadas de manera inexplicable durante los últimos años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que cumplimente las recomendaciones contenidas en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 11-0-08100-02-0310 DE-002, relativa a los Padrones de Beneficiarios Generados por los Programas a Cargo de dicha dependencia, y en su caso, se inicien los procedimientos correspondientes en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidades administrativas durante la pasada administración federal.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Dip. José Alberto Rodríguez Calderón”.






Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Comunicaciones y Transportes a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT2-2008, a fin de restringir la circulación de vehículos de carga de "doble remolque" y se adecué el peso a transportar, garantizando con ello la seguridad de los usuarios de vías federales, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A MODIFICAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-SCT2-2008, A FIN DE RESTRINGIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA DE "DOBLE REMOLQUE" Y SE ADECUE EL PESO A TRANSPORTAR, GARANTIZANDO CON ELLO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE VÍAS FEDERALES

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Comunicaciones y Transportes en el ámbito de sus respectivas competencias modifiquen la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT2-2008 a fin de restringir la circulación de vehículos de carga de “doble remolque” y se adecue el peso a transportar, garantizando con ello la seguridad de los usuarios de vías federales, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ante el lamentable incidente ocurrido en la carretera México-Pachuca el pasado 7 de mayo en San Pedro Xalostoc, municipio de Ecatepec, Estado de México, en la que un vehículo de carga de doble remolque transportaba gas butano, y que costó la vida de 24 personas, 39 lesionadas, 36 viviendas destruidas e innumerables daños materiales, es indudable que esta Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión se solidarice como ya lo hizo ante la tragedia -8 de mayo 2013- pero también debe pronunciarse al respecto, solicitando la modificación de la norma oficial mexicana NOM-012-SCT2-2008, a efecto de restringir la circulación de vehículos de carga de “doble remolque” y se adecúe el peso a transportar en al menos 40 toneladas, toda vez que hoy se tiene autorizado la transportación con una carga 75.5 toneladas en un largo de vehículo de hasta 30 metros.

Señala laexposición de motivos de la NOM-012-SCT2-2008 que refiere al sobrepeso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal:

“Que para mejorar los niveles de seguridad tanto en la vida como en los bienes de las personas que utilizan los caminos y carreteras de jurisdicción federal, así como disminuir los daños a la infraestructura del país, es necesario establecer las características y especificaciones en cuanto al límite máximo de peso y dimensiones que deben observar los vehículos de autotransporte que circulan por los caminos y puentes que forman parte de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, de acuerdo con las características físicas y especificaciones técnicas de la infraestructura carretera nacional.

Que la regulación del peso y dimensiones de los vehículos que transitan por las carreteras y puentes de jurisdicción federal comprende la atención de diversos temas como son: los riesgos a que son expuestas las personas que las utilizan; el daño a pavimentos y puentes; problemas de tránsito, así como el uso eficiente de la infraestructura y del transporte.

Que es importante tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios con el objeto de disminuir los índices de accidentes.

Que para atender lo anterior, es necesario que el parque vehicular del autotransporte incorpore vehículos con tecnologías más avanzadas que actualmente se encuentran disponibles en México, que además de mejorar la seguridad, permiten una oferta del servicio más competitiva.

Que el Gobierno Federal tiene el interés y la convicción de resolver la problemática descrita de manera integral para mejorar los niveles de seguridad de los usuarios de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, así como promover la conservación de la infraestructura carretera del país y la productividad de la industria y el comercio”.1

Sin embargo, las buenas intenciones contenidas en la exposición de motivos han sido rebasadas por los reiterados accidentes que ocurren en los tramos carreteros, aunado a la negligencia de las empresas transportadoras y de la falta de pericia de los conductores. Datos de diversos medios de comunicación, principalmente del Grupo Reforma, informan que a partir del año 2008, fecha en que fue emitido la norma oficial al día de hoy, 142 personas han muerto y 242 resultaron heridas en accidentes en los que estuvieron implicados camiones de doble remolque, hoy, desafortunadamente habría que sumarle los datos arrojados por la explosión en San Pedro Xalostoc,

Señala el recuento que el accidente más grave se registró el 20 de abril de 2012, en Veracruz, en el que 44 personas murieron y 27 más quedaron heridas, luego de que el remolque de un tráiler se desprendió e impactó un autobús de pasajeros.

2. El 13 de abril de 2012, un autobús contratado por la UNAM que se dirigía a realizar prácticas escolares fue impactado por el segundo remolque de un tráiler que se desprendió al remolque principal en el Estado de México, perdieron la vida seis estudiantes.

3. En noviembre de 2010, un camión cisterna con doble remolque chocó contra un autobús de pasajeros con un saldo de 21 muertos en Sinaloa.

4. El 21 de diciembre de 2010 accidentes un tráiler doble remolque impactó a 15 vehículos en la carretera México-Puebla muriendo 12 personas.

5. El seis de julio de 2010, el segundo remolque de un tractocamión se “coleó” impactando a un autobús de pasajeros en la carretera México-Puebla falleciendo 6 personas.

Ahora bien, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su reporte del año 2008 emitido por la Dirección General de Autotransporte de Carga señalaba que: “la mayor parte de los tráileres que circulan por carreteras federales, lo hacen sobrecargadas y exceden los límites permitidos por las normas oficiales; asimismo, un porcentaje significativo de estas exceden las dimensiones (largo, ancho y altura máxima permitida). En conclusión, dicha problemática provoca un deterioro de la seguridad vial en las carreteras, incrementa el índice de siniestralidad y genera un deterioro acelerado de la infraestructura, lo cual repercute directamente en los programas y políticas de conservación y mantenimiento de las carreteras y puentes federales del país”.

Sobre el tema, han sido incontables los esfuerzos realizados por el Congreso de la Unión por tratar de remediar la situación imperante. El suscrito tiene al menos el recuento de 2 puntos de acuerdo aprobados por la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, tanto del PRD como del PRI a través de los otrora diputados federales Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y Arturo Zamora Jiménez, siendo el ejercicio más reciente del actual diputado federal del Partido Acción Nacional Rafael Acosta Croda, todos ellos con la inminente preocupación de regularizar la transportación de carga en vías federales, sin que a la fecha el Gobierno Federal atienda las constantes observaciones y reclamos que realiza esta Soberanía.

Aunado a lo anterior, resulta necesario mencionar que existe un vacío legal en cuanto a la reglamentación, toda vez que la NOM-012-SCT2-2008 publicada el 1 de abril de 2008tenía previsto una vigencia de tres años, es decir hasta 2011, mismo que al concluirse su vigencia ha sido prorrogado hasta en dos ocasiones, la última que extendía su vigor del 1 de noviembre de 2012 al 30 de abril de 2013 2 sin que hasta el momento, el Gobierno Federal haya hecho un pronunciamiento al respecto. En consecuencia, existe una inminente omisión por parte de la Subsecretaria de Transporte del Gobierno Federal para emitir nueva reglamentación y con ello dar certeza y legalidad a los usuarios de vías federales.

En ese sentido, resulta urgente que el Gobierno Federal actúe de manera decidida e inmediata para regular sin cortapisas la circulación de vehículos de carga de “doble remolque” y se fije un criterio adecuado sobre el peso o la carga total que deben transportar las unidades, estableciéndose como límite de transportación 40 toneladas evitando que se hagan viajes con doble remolque, lo anterior es acorde a lo autorizado en distintos países en la materia.

Por todo lo anterior, resulta importante solicitar a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se exhorte al Presidente de la República y al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que den certeza jurídica respecto de la norma oficial mexicana NOM-012-SCT2-2008 restringiéndose el uso del doble remolque y regular el peso de transportación y/o carga de los vehículos de carga que circulan en carreteras federales.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, den certeza jurídica a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT2-2008, toda vez que ha fenecido su vigencia y con ello se restrinja la circulación de vehículos de carga de “doble remolque” y se regule el la carga o peso de los vehículos de transportación de carga, garantizando con ello la seguridad de los usuarios de vías federales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya”.






De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar las disposiciones legales aplicables en materia de la prevención de accidentes y participe en los estudios conducentes para reubicar a la población en riesgo asentada en las orillas de la autopista México-Pachuca, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REVISAR LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y PARTICIPE EN LOS ESTUDIOS CONDUCENTES PARA REUBICAR A LA POBLACION EN RIESGO ASENTADA EN LAS ORILLAS DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA

“H. ASAMBLEA:

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente: proposición con punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, revise las disposiciones legales aplicables en materia de la prevención de accidentes y participe en los estudios conducentes para reubicar a la población en riesgo asentada en las orillas de la autopista México-Pachuca, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El siniestro ocurrido el 8 de mayo del presente año en San Pedro Xalostoc, Municipio de Ecatepec, Estado de México en que, una pipa conocida como doble salchicha o full, se accidentó durante su trayecto a la Ciudad de México por causas aún en estudio de las autoridades de la Procuraduría General de la República, se ha convertido enparte de la agenda pública gubernamental de nuestro país.

Todo ello debido a que han muerto a consecuencia del accidente al menos 24 personasen las que se encuentran en mayor número menores de edad y varias decenas de heridos que sobreviven en situación grave y estable. Tan importante fueron los acontecimientosque ha puesto a reflexionar a la ciudadanía y diversos actores de la sociedad mexicana sobre la peligrosidad que implica el traslado de materiales o residuos peligrosos.

En el Estado de Oaxaca, por citar un ejemplo, algunos pobladores, han considerado la necesidad de regular el tránsito de los autotransportes con doble remolque, debido a que representapara ellos por la alta peligrosidadde los materiales que transportan, las complicaciones en las vialidades del Estado y el caos vial que causan para poder realizar susmaniobras.

Algunos medios de comunicación, han señalado severamente, la importancia de prevenir este tipo de accidentes, incluso han destacado la pertinencia de analizar la planeación de caminos y puentes federales de la zona del accidente por los pequeños tramos de metros lineales que separan la autopista México-Pachuca con las zonas habitacionales y la escaza o nula permanencia de barras de seguridad.

En el mismo sentido, se ha informado sobre el grado de peligrosidad que existe en las autopistas que dan acceso a la Ciudad de México por los distintos puntos cardinales, así como en la mayoría de las carreteras del país, debido a que no se respetan los 20 metros que marca la norma para la construcción de vivienda.1

Se ha considerado también, como un clamor generalizado en diversos medios escritos, radiofónicos y televisivos, la necesaria intervención de la autoridad pública para prevenir este tipo de accidentes que ponen en riesgo la vida de la población mexicana, y sobre todo la que se encuentra en situaciones de pobreza o en condiciones de vulnerabilidad y vive en zonas pegadas prácticamente a las autopistas.

Las y los familiares de las víctimas demandan la legítima justicia que conlleva a la reparación del daño por parte de quien sea señalado responsable por la autoridad competente, una vez que se integre la averiguación previa y se lleve a cabo el proceso jurisdiccional correspondiente. Reparación que por cierto debe de aplicarse con toda justicia a las víctimas.

Otro hecho que se ha destacado son las cifras de accidentes de autotransporte de carga, turismo y auxiliares, así como del transporte de materiales y residuos peligrosos suscitados por la velocidad o cansancio de los operadores principalmente, que sin duda representa una variable fundamental para la estrategia de prevención de accidentes.

Por su parte las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte al día siguiente del siniestro informaron que:

“El vehículo marca Kenworth, modelo 2012, tipo full, con placas de circulación 361 AG7 del servicio público federal, con cromática TERMOGAS, que originó el percance en San Pedro […] contaba con las verificaciones periódicas y demás requisitos que por disposición legal rige a este tipo de autotransporte.

Asimismo, su conductor Juan Omar Diz Olivares, con licencia vigente número PUE0005512, había cumplido con las verificaciones periódicas, por lo que tanto el vehículo, como el conductor no vulneran ningún dispositivo que regula la actividad de transportación de gas lp.”2

En el mismo sentido ratificó su compromiso de coadyuvar tanto con la Procuraduría General de la República, como con la Procuraduría de Justicia del Estado de México, o de cualquier otra autoridad que lo requiera, proporcionando la información necesaria de los lamentables hechos ocurridos, con la finalidad de esclarecer con prontitud las causas que generaron este siniestro.

A consecuencia de ello, en días pasados, el procurador del Estado de México informó que se realizaron dos peritajes uno tránsito terrestre y otro de siniestro que determinan la presunta responsabilidad del conductor de la pipa de gas quien realizó maniobras inadecuadas en relación con el volumen y peso del vehículo, por lo que se solicitó la orden de arresto por los delitos dehomicidio en agravio de 23 personas, lesiones contra 39 personas y daño en bienes.3

En el mismo sentido autoridades federales y estatales de comunicaciones informaron que ampliarán los apoyos a los familiares de la víctimas y realizarán un estudio para determinar el número de personas que habitan la autopista México-Pachuca y el grado de riesgo que existe además de que las autoridades estatales propondrán medidas para adecuar dicha vialidad.4

Ante tal situación los diputados y senadores que integramos esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sensibles antela situación que conlleva dicho siniestro en la agenda pública de nuestro país y con la plena convicción de contribuir a fortalecer la políticas de prevención de accidentes por la transportación materiales y residuos peligros y de carga en general, conforme a los dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 109, 110y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, revise el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, entre otros análogos, y la realización de normas que le faculta las disposiciones legales aplicables, a fin de fortalecer las medidas de seguridad para la prevención de accidentes, principalmente en lo siguiente:

a) Establecer y promover de manera permanente límites de baja y muy baja velocidad de vehículos que transportan materiales y residuos peligrosos principalmente en zonas de población.

b) Fortalecer y promover la revisión permanente y sistemática del estado anímico, psicológico y de salud de los operadores, durante su salida y llegada en los lugares de origen y destino, con la finalidad deprohibir que manejen en estado de cansancio.

c) Revisar y restringir los horarios de circulación de vehículos de doble remolque o tipo full de transportación de materiales y residuos peligrosos, así como los de carga.

d) Ponderar ante todo, en el diseño normativo, las medidas conducentes para prevenir y salvaguardar la integridad de la población bajo el riesgo del transporte de carga o de materiales y residuos peligrosos integrando sanciones e incentivos.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se suma a las propuestas para que autoridades federales y estatales realicen los estudios sobre el número de personas y viviendas que se encuentran bajo riesgo en la carretera México-Pachuca y se realicen los cambios conducentes con la finalidad de salvaguardar a la población que pueda estar en riesgo.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Salón de Pleno del Senado de la República, a 15 de mayo de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.






De la C. Diputada Crystal Tovar Aragón, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a extender dicho programa a trece de los municipios más pobres del estado de Chihuahua, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y A LA COMISION INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A EXTENDER DICHO PROGRAMA A TRECE DE LOS MUNICIPIOS MAS POBRES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

“Quien suscribe, Crystal Tovar Aragón, diputada federal en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 22 de enero, la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que establecen el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, con base en una serie de tratados y convenios internacionales en los que México forma parte, así como en distintas leyes de nuestro marco normativo nacional.

El Decreto publicado determina que la “Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, con la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales”.

La Cruzada contra el Hambre está orientada a la población en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presenta carencia de acceso a la alimentación, para el cumplimiento de sus objetivos se establecen cinco metas principales a saber:

• Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada;

• Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;

• Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;

• Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y

• Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

El mismo decreto determina que la Cruzada contra el Hambre se implementará en una primera etapa, en cuatrocientos municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación, sin perjuicio de que su implementación se extienda a otros municipios del país conforme lo determine la Comisión Intersecretarial, que para el caso del Estado de Chihuahua, se incluyó únicamente a cinco municipios que son: Juárez, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Chihuahua y Morelos, sin que en su totalidad cumplan con los criterios establecidos para ser considerados como de urgente atención.

Lo cual propició que se excluyeran sin ninguna razón, a trece municipios chihuahuenses con los más altos porcentajes de población en situación de pobreza, pobreza extrema, sin acceso a la alimentación y población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), resultados del 2010.

Según el CONEVAL, los resultados de la Medición de la Pobreza 2010, para el caso de Chihuahua, arrojan por ejemplo, que el municipio de Chihuahua tiene tan solo el 2% de su población en situación de pobreza extrema y Juárez el 4.8%; mientras que municipios como Batopilas tiene población en pobreza extrema en razón del 55.4%; Maguarichi el 47% y Guazapares el 40.5, sin que estén incluidos en la Cruzada contra el Hambre implementada por la Secretaría de Desarrollo Social. Datos que se muestran de manera más amplia en la tabla siguiente1:

MEDICION MUNICIPAL DE LA POBREZA, MÉXICO, 2010

Chihuahua

Municipios

Población en situación de pobreza

Población en situación de pobreza extrema

Acceso a la alimentación

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Ascensión

64.6

20.6

34.5

35.8

Balleza

85.7

40.2

40.6

60.9

Batopilas

91.1

55.4

29.3

68.6

Carichí

84.8

33.5

39.5

59.5

Chihuahua

27.0

2.0

12.2

10.0

Chínipas

87.2

36.3

30.0

60.1

Guachochi

83.2

52.4

60.7

57.7

Guadalupe y Calvo

89.8

47.1

36.3

66.7

Guazapares

83.7

40.5

24.0

61.5

Juárez

37.7

4.8

18.8

13.7

Maguarichi

89.0

47.0

27.6

70.7

Manuel Benavides

69.9

25.5

31.5

38.3

Morelos

90.4

60.5

31.4

67.4

Moris

76.6

20.9

14.8

44.5

Nonoava

71.0

13.2

16.8

39.1

Ocampo

77.0

28.4

22.5

47.5

Urique

86.8

43.1

28.8

65.0

Uruachi

89.7

45.8

28.0

67.2

Elaboración propia con datos del CONEVAL, Medición Municipal de la Pobreza 2010.

Como se puede observar, los cinco municipios seleccionados por la Secretaría de Desarrollo Social para formar parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, si bien tienen algún tipo de pobreza, no cumplen con todos los criterios e indicadores establecidos en el mismo decreto que le dieron origen, ni tampoco son los más necesitados, por lo que se hace necesario incluir a los municipios de Chihuahua que realmente lo requieren para erradicar el hambre.

La erradicación del hambre y la pobreza no se van a resolver con la imposición de criterios o decisiones políticas, sino con un apego absoluto a la realidad y a las necesidades de los municipios. Al respecto, el CONEVAL ha sido muy preciso en cuanto a las cifras y porcentajes de la población chihuahuense que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad ante el hambre y la pobreza.

Es por ello que se propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para que dicho programa se amplíe hacia los municipios de Ascensión, Balleza, Batopilas, Carichí, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Manuel Benavides, Moris, Nonoava, Ocampo, Urique y Uruachi, por tratarse de municipios que tienen al menos, el 64% de su población en situación pobreza; el 13% como mínimo de su población en pobreza extrema; en el mejor de los casos con tan solo el 40% de su población con acceso a la alimentación; y con el menos el 35.8% de su población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía para su aprobación, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para que se incluyan en dicho programa, a trece de los municipios de Chihuahua con mayores índices de pobreza, pobreza extrema, escaso acceso a la alimentación y con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, como son: Ascensión, Balleza, Batopilas, Carichí, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Manuel Benavides, Moris, Nonoava, Ocampo, Urique y Uruachi.

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Dip. Fed. Crystal Tovar Aragón”.






De la C. Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo en relación al proceso de la transición a la televisión digital terrestre, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL PROCESO DE LA TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE

“La suscrita, Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 2 de julio de 2004, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se Adopta el Estándar Tecnológico de Televisión Digital Terrestre y se establece la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en México”, en el que establece el A/53 del ATSC como el estándar para la transmisión digital terrestre de televisión en México.

Dicho acuerdo establece la asignación de un canal adicional para llevar a cabo las transmisiones simultáneas con señales analógicas y digitales, toda vez que la transmisión digital no puede ser realizada por el canal que actualmente se transmite la señal de televisión analógica.

Por otro lado, señala que la transición a la televisión digital terrestre es un proceso de largo plazo y costoso para concesionarios, permisionarios, productores, anunciantes y el público en general, por lo que resulta esencial contar con los lineamientos claros para su desarrollo y sean tomados en cuanta para el Calendario de transición, en el que establecieron seis periodos trianuales, finalizando el 31 de diciembre de 2021 con la transmisión digital de todos los canales analógicos. Sin embargo no especificó la fecha para la suspensión de la transmisión en señal analógica.

El 2 de septiembre de 2010, el Ejecutivo Federal publicó en el DOF el “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre”, en el que crea una Comisión Intersecretarial para la transición Digital integrada por los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública y el Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). En el que destaca que la fecha del Apagón Analógico en México sería el 31 de diciembre de 2015.

En consecuencia, ambas Cámaras del Congreso de la Unión, promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando la invasión de facultades de la COFETEL. Mismas que fueron resueltas A Favor de dicho Acuerdo, en el pleno de la SCJN, el 15 de noviembre de 2011.

El pasado 4 de mayo de 2013, se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado el 2 de julio de 2004, y que se publicó el 4 de mayo de 2012”, debido a que la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión presentó al Pleno de la COFETEL, un informe sobre el estado que guarda la ejecución de lasacciones sobre la promoción de condiciones para elevar los niveles de penetración, en el que señala que a la fecha NO se cuenta con evidencia documental que acredite que se haya alcanzado un nivel de penetración del 90% de la TDT en Tijuana, Baja California para que se lleve a cabo el apagón analógico en dicha localidad.

Conforme a la Encuesta sobre la Penetración de la Televisión Abierta en los Hogares (ENPETAH), el porcentaje de los hogares con capacidad para reproducir señales de TDT y que dependían de la señal de la televisión abierta en abril de 2012 era tan solo de 3.4 por ciento.

Y la COFETEL no se encuentra en posibilidad de acordar la terminación de transmisiones analógicas en la ciudad de Tijuana, Baja California, hasta en tanto se cuente con información que acredite que se alcanzó un nivel de penetración del 90% en dicha ciudad. Por lo anterior, se modificó la fecha de terminación de transmisiones analógicas en la ciudad de Tijuana, Baja California prevista en la política de Televisión Digital Terrestre, pasando del 16 de abril al 28 de mayo del presente año.

Por otro lado, conforme al comunicado de prensa con numero 20/2013 con fecha del 26 de abril de 2013 de la COFETEL, informa que cuenta con la documentación suficiente y confiable que demuestra que hay una penetración de TDT superior a 90% en los hogares objetivos de esta ciudad.

De igual forma, se señala que fueron entregados 192,060 los hogares en los que se instaló un decodificador y/o antena digital por la empresa Teletec de México, empresa contratada por la COFETEL para la ejecución del programa en Tijuana.

Por lo que el próximo 28 de mayo, la ciudad de Tijuana pasará de recibir la señal analógica a digital de televisión abierta. Sin embargo, se han presentado dos demandas colectivas en contra de la COFETEL con el fin de suspender el apagón analógico, porque cientos de hogares no tienen el decodificador o antena que debió repartirse por la empresa Teletec de México.

La experiencia internacional ha demostrado que la transición a la TDT es un proceso muy complejo, tanto en España como en Estados Unidos la transición a la TDT se postergó más de una ocasión por la lenta adquisición de decodificadores, por lo que los gobiernos tuvieron que otorgar subsidios para facilitar la compra de de dichos decodificadores. Por su parte, en Brasil se limitó a comercializar los televisores analógicos. En el caso de México, la transición a la TDT, se ha modificado un par de veces.

La mayoría de los países que han establecido el apagón analógico, lo han hecho con incentivos para el desarrollo de nuevos servicios radiodifundidos y de acceso restringido, proporcionando información y asistencia al público respecto al proceso de transición. De igual forma, facilitando apoyos económicos para la adquisición de decodificadores y dar continuidad al servicio de radiofusión

Es preciso señalar que la administración anterior emprendió acciones para informar a la población sobre el proceso de la transición a la televisión digital terrestre, así como por incrementar la penetración de receptores digitales. Sin embargo dichas acciones no tuvieron el éxito debido.

Por tal motivo, esta administración del Presidente Enrique Peña Nieto le corresponderá llevar acciones para cumplir el objeto de impulsar el crecimiento de la cobertura de señales de la Televisión Digital Terrestre para que el público pueda contar con dicho servicio en el país.

Después de Tijuana, este año continua el apagón analógico en ciudades como Mexicali, Ciudad Juárez; Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Monterrey. México será el primer país en Latinoamérica en realizar el apagón analógico para pasar a la televisión digital terrestre.

Cabe recordar que, con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada en el Congreso de la Unión y que está por aprobarse en las legislaturas estatales (se requiere 16 Congresos de Estado) para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desaparece la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y se crea el Instituto Federal de telecomunicaciones (IFETEL), un nuevo órgano constitucional autónomo que se encargará de regular la competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones ejerciendo de forma exclusiva las facultades de la COFETEL.

Aunado a lo anterior, en el Quinto Transitorio de dicha reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, señala que los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de la TDT y a su vez los recursos necesarios que resulten necesarios. Sin embargo, es de gran incertidumbre dicho proceso.

Estamos en el inicio de este complejo proceso de la transición a la televisión digital terrestre, por lo que es el momento perfecto para tomar las medidas y hacer los cambios necesarios para que Tijuana y las demás ciudades que continúan con el apagón analógico cuenten con las condiciones propicias para realizar satisfactoriamente dicho proceso

La televisión digital terrestre tiene el potencial de favorecer la optimización del espectro radioeléctrico, que la calidad de las señales se vea mejorada hasta lograr niveles de alta definición con alta confiabilidad en la recepción de señales y que se fortalezca el desarrollo de la convergencia en beneficio de la sociedad.

En mérito de lo expuesto, es que la suscrita a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía sea aprobada de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, un informe detallado sobre los avances en la transición a la Televisión Digital Terrestre y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones un informe detallado sobre el caso de la ciudad de Tijuana, Baja California en relación a los decodificadores entregados por la empresa Teletec de México.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que diseñe campañas de difusión sobre la transición a la Televisión Digital Terrestre, con el objeto de que los consumidores cuenten la suficiente información de dicho proceso, de acuerdo al Artículo Noveno del “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre”.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que tome las acciones necesarias a efecto del Artículo Octavo del Decreto mencionado en el Punto anterior con el fin de facilitar la adquisición de receptores o decodificadores para recibir el contenido de señales digitales.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, D.F., a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano”.






Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar una extensa campaña de difusión y concientización sobre la actual situación del proyecto de reforma migratoria en Estados Unidos, evitando que la población en general sea víctima de fraudes derivados de la desinformación, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A IMPLEMENTAR UNA EXTENSA CAMPAÑA DE DIFUSION Y CONCIENTIZACION SOBRE LA ACTUAL SITUACION DEL PROYECTO DE REFORMA MIGRATORIA EN ESTADOS UNIDOS, EVITANDO QUE LA OBLACION EN GENERAL SEA VICTIMA DE FRAUDES DERIVADOS DE LA DESINFORMACION

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

A nadie le es ajeno que el Proyecto de Reforma Migratoria anunciado en Estados Unidos ha levantado mucha expectativa. De este lado de la frontera no se han hecho esperar los aplausos y manifestaciones de encomio, incluso en esta Soberanía, donde se han presentado varios puntos de Acuerdo al respecto.

Y es que la reforma en comento significa un hito, un auténtico parte aguas en la historia de nuestro país vecino del norte. La intención, por parte del gobierno estadounidense de enfrentar el fenómeno migratorio, responde particularmente a la relevancia que ha venido teniendo la población migrante en la economía de ese país; su contribución al PIB, de 1994 a 2010, se cuadruplicó. En 2010 tal aporte ascendió a $586 mil millones de dólares, cifra equivalente al 4% del PIB de Estados Unidos y 38% del PIB mexicano, así como 76% de la inversión extranjera directa captada en México. Más significativo aún resulta el hecho de que, entre 1994 y 2010, el PIB de Estados Unidos creció en términos reales $4,219 mmdd (a precios de 2010); a este incremento los mexicanos aportaron 358 mmdd, lo que corresponde al 8% de ese crecimiento1.

Esta reforma significa también un gran avance en materia de regularización de la población migrante. En este sentido, actualmente se analiza la posibilidad de otorgar a los inmigrantes indocumentados, que se registren ante el gobierno federal, un estatus provisional de residencia y empleo. Para ello los inmigrantes deberán someter sus datos biométricos, demostrar que no tienen antecedentes penales y pagar una multa y el costo del proceso para poder ser elegibles al estatus provisional.

Como parte del proceso para conseguir la residencia permanente, el gobierno de Estados Unidos pretende que los solicitantes paguen impuestos, se sometan a un escrutinio nacional para garantizar que no tienen antecedentes penales, se registren para ofrecer servicios selectivos, paguen otras cuotas y multas, y finalmentela obligación de hablar inglés.

Cabe mencionar que, en este punto, nuestra principal preocupación como Grupo Parlamentario, y que hemos patentizado ya públicamente, es lograr garantizar que los migrantes puedan regularizar su estancia en los Estados Unidos, adquiriendo cabal ejercicio de sus derechos universales a la alimentación, la salud, la educación y el trabajo digno. De igual manera, es importante recalcar que la reforma migratoria parta del reconocimiento de la gran aportación a la economía que han dado los migrantes de ambas naciones.

CONSIDERACIONES

La discusión de este proyecto de Reforma Migratoria en Estados Unidos ha alentado la esperanza de millones de migrantes mexicanos. Las consecuencias positivas, que la entrada en vigor de esta reforma significaría, son ya ávidamente esperadas por nuestros connacionales. Lamentablemente, esto todavía no es una realidad. Hay que estar conscientes de ellos, sobre todo en vista de que ahoraempiezan a surgir grupos de individuos sin escrúpulos que buscan lucrar con la ilusión de nuestros paisanos.

A raíz del anuncio de la posible legalización de migrantes, que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, han surgido supuestos gestores que ofrecen, en las comunidades rurales y sectores marginados, trabajo y los beneficios que traerá la reforma migratoria, lo cual es inviable y totalmente falso.

Para nadie es desconocida la gran necesidad de empleo que existe en nuestro país, origen de la migración hacia los Estados Unidos. De esa necesidad están abusando defraudadores para ofrecer empleo y legalización en el vecino país, llegando incluso al extremo de anunciarse en la radio y en los diarios locales para ofrecer sus servicios, aunque recurren principalmente al contacto directo en lugares de amplia concentración de desempleados como son terminales de autobuses, mercados de abasto y colonias populares. El pasado fin de semana, durante una gira en la región Mixteca Oaxaqueña, la más pobre y principal expulsora de migrantes en el Estado de Oaxaca, pude escuchar el interés de las familias por la reforma migratoria, atestiguando también, de primera mano, los ofrecimientos de empleo y legalización que hacen supuestos gestores para enganchar a jóvenes, principalmente, a cambio de grandes cantidades de dinero.

Lamentablemente, lo mismo está sucediendo en otras partes del país, e incluso en Estados Unidos, donde a migrantes se les asegura que hay una lista de espera para legalizarse, pidiéndoles dinero para efectuar determinados trámites. Hasta el momento se tiene conocimiento de 8 fraudes en el condado de Yuma, Arizona, y dos en San Luis Río Colorado, donde gente ha entregado dinero hasta 2 mil 500 dólares ante la promesa de que les arreglarán documentos de migración para que estén legalmente en ese país, lo cual es falso pues todavía no se aprueba la mencionada reforma migratoria

Es realmente urgente ponerle un alto a estos fraudes. Para lo anterior resulta indispensable que el Gobierno federal instrumente una campaña de difusión sobre el estado actual de la Reforma Migratoria, toda vez que la gente está siendo víctima de estos ilícitos por desconocimiento del tema.

Se debe hacer hincapié en que ésta no es todavía una ley, sino una propuesta que está siendo discutida en el seno del Congreso de los Estados Unidos de América, por lo cual aún no hay aplicaciones para la reforma migratoria.

De igual manera, es imperativo clarificarle a la población que el actual texto que se está analizando en el legislativo estadounidense contempla que, para obtener la ciudadanía americana, los residentes permanentes tendrán que esperar cinco años, siendo los inmigrantes que llegaron al país siendo niños y que han estado por lo menos dos años en la universidad, o en las fuerzas armadas, quienes podrán obtener la residencia permanente con mayor facilidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el objetivo de proteger a la ciudadanía frente a posibles defraudadores, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores a implementar una extensa campaña de difusión, a través de los consulados de México en Estados Unidos, sobre la actual situación del Proyecto de Reforma Migratoria en ese país, alertando a la población migrante sobre posibles fraudes que se susciten por desinformación.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar una extensa campaña de difusión, a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre la actual situación del Proyecto de Reforma Migratoria en Estados Unidos, alertando a la población en general sobre posibles fraudes por desinformación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya”.






De los CC. Senadores de la República y CC. Diputados Federales del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo relativo al fracaso de los programas ambientales dirigidos a mejorar la calidad del aire en el Distrito Federal, dados los altos niveles de contaminación atmosférica observados en los últimos 13 años y que se han visto agravados en la presente administración del Dr. Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL FRACASO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DIRIGIDOS A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL DISTRITO FEDERAL, DADOS LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACION ATMOSFERICA OBSERVADOS EN LOS ULTIMOS 13 AÑOS Y QUE SE HAN VISTO AGRAVADOS EN LA PRESENTE ADMINISTRACION DEL DR. MIGUEL ANGEL MANCERA, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

“Los que suscriben, Senadores de la República y Diputados Federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;8º numeral 1, fracción II; 108º, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, a propósito de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La exposición de la población a elevados y persistentes niveles de contaminación atmosférica en el corto y mediano plazo acarrea costos a la salud, económicos y sociales a los hogares, industrias y gobierno por lo que su atención debe ser considerada con la más alta prioridad en la agenda nacional.

Entre los costos a los que se enfrenta la sociedad debido a las contingencias climatológicas se encuentran los pagos por consultas médicas y medicinas para los niños y adultos mayores con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, disminución de la productividad laboral, ausentismo escolar; afectaciones psicológicas y emocionales por estrés, depresión y fatiga; los costos económicos de la pérdida de competitividad de las industrias afectadas por la suspensión de servicios de transporte de carga foráneos, disminución de la calidad de vida por la prohibición de la realización de actividades recreativas en el exterior de las viviendas y empresas y finalmente, los costos sociales de utilizar los recursos públicos para tratar a las personas afectadas por la contaminación atmosférica que ya no serían destinados a otros programas que fomenten la creación de empleos, escuelas, hospitales o combate a la pobreza.

Que por quinta ocasión en el presente año, cuatro de ellas en este mes, se declaró contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México1 (ZMVM) debido a que los niveles de ozono superaron los límites máximos permisibles.

Que por primera vez en los últimos diez años, se implementó el doble Hoy No Circula en la ZMVM quedando inmóviles aproximadamente 950 mil autos lo cual afectó negativamente las actividades cotidianas de hogares y empresas pero no fue razón suficiente para cancelar un evento masivo de motociclistas lo que confunde y agravia a la población quien recibe la comunicación oficial en el sentido de suspender eventos al aire libre por el riesgo sanitario que ello implica; en este caso, no sólo no se suspendió la concentración de personas sino que se permitió la concentración de varias centenas de motocicletas que con el funcionamiento simultáneo de sus motores de combustión interna, resultó evidente que lejos de coadyuvar a la aplicación de la contingencia ambiental, contribuyó al empobrecimiento de la calidad del aire el pasado día 11 de los corrientes.

Que desde que se empezó el monitoreo sistemático de la calidad del aire (en 1986) no se ha registrado un solo año que se cumpla las concentraciones de ozono con los límites definidos por la Norma Oficial Mexicana2 en materia de salud ambiental.

Que según el Programa para Mejorar la Calidad del Aire 2011-2020 de la ZMVM, los habitantes del Distrito Federal y área metropolitana en promedio viven la mitad de los días del año respirando aire cuya composición excede el valor del límite horario establecido en la Norma Oficial Mexicana para el ozono.

Que a la fecha, el Gobierno del Distrito Federal ha destinado cuantiosas inversiones con cargo a la sociedad mexicana para la creación de infraestructura de autotransporte público y privado, programas de verificación vehicular, costos privados por la implementación del Hoy no Circula, exenciones fiscales (y menor recaudación para invertir en transporte público menos contaminante) por cobro del impuesto a la tenencia vehicular y la adquisición de bicicletas para movilidad urbana en zonas no populares y a pesar de ello se siguen presentando y agravando los problemas de contaminación urbana en deterioro de la salud de 19 millones de mexicanos.

Que existe una percepción generalizada del fracaso de la política ambiental y de transporte en materia de prevención y mitigación de contaminantes atmosféricos elevando el riesgo a la salud humana de niños, adultos mayores y a la población en general del Valle de México.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera, informe a esta Honorable Soberanía los costos económicos, sociales y a la salud pública de las contingencias ambientales declaradas en los últimos trece años y que se han visto agravadas en los últimos cuatro meses.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal cuáles han sido los montos invertidos, los resultados y el posible efecto de sustitución del transporte público por el privado de los Programas de Verificación Vehicular, Hoy No Circula (incluyendo el doble Hoy no Circula), incrementos en las tarifas del metro, metrobús, taxis y transporte público (microbuses, vagonetas, etc.), Autopista Urbana Sur, la Línea 12 del Metro (este último construido con recursos de todos los mexicanos), mismos que a la fecha no han logrado disminuir las emisiones de contaminantes atmosféricos en perjuicio de los 19 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tercero. Se explique y transparente a los habitantes de la Ciudad de México y a esta Honorable Soberanía los protocolos, guías y manuales que se aplican para la autorización o cancelación de permisos para la realización de eventos masivos motorizados y no motorizados (desfiles, marchas, conciertos, mítines, plantones, etc.) a cielo abierto en casos de precontingencia o contingencia ambiental.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 15 de mayo de 2013”.






De las CC. Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración a aplicar medidas de respeto a los derechos humanos en la prácticas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA POLICIA FEDERAL Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A APLICAR MEDIDAS DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PRACTICAS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CUIDAD DE MEXICO

La Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher Camarena de esta LXII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En días pasados, mujeres feministas de diversos países de América Latina, África, Asia y Europa arribaron a nuestro país para participar en la Ciudad de México en el Seminario “Incidencia en red: el desafío que los Estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres”, convocado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

Un número importante de las ponentes en este evento, durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron víctimas de maltrato y discriminación por parte del personal de la Policía Federaly del Instituto Nacional de Migración de la terminal aérea, transgrediendo no sólo la prohibición constitucional de no discriminación sino también los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos de las mujeres como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Para) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, entre otras.

Entre las denuncias expuestas por las especialistas, se encuentra lade la jurista Albertina Almeida proveniente de la India, quien fue detenida en una oficina del aeropuerto, porque un oficial de Migración consideró que su físico no correspondía a la nacionalidad que indicaba el nombre en su pasaporte, e insinuó que se trataba de una suplantación.

De acuerdo con la jurista Albertina Almeida, mientras estuvo retenida, dos mujeres, una colombiana y otra rumana, también recibieron un trato vejatorio y fueron tratadas como si “estuvieran arrestadas”. Los oficiales jalonearon a las mujeres, abrieron sus maletas, y acusaron a la mujer colombiana de “traficante”, tan sólo por su nacionalidad.

La defensora Clara Elena Córdova, proveniente de Colombia, fue detenida en cuatro ocasiones, entre su llegada en el avión y su salida del aeropuerto de la ciudad de México; incluso cuando fue retenida en una oficina de migración, no se le permitió hacer una llamada para informar de lo que estaba pasando a las personas que la esperaban.

María Auxiliadora Rivas, de El Salvador, narró que un perro de los que emplea la Policía Federal para inspeccionar le fue arrojado sobre su cuerpo en franca acción de agresión, y que al abrir su maleta encontró todas sus pertenencias revueltas. Norma Enríquez, también de Colombia, refirió como este trato denigrante y ofensivo se extendió a otras mujeres que venían en ese mismo vuelo, a quienes se les obligó a quitarse los zapatos, a abrir sus bolsas de mano y a responder preguntas de carácter personal.

Quejas similares presentaron las activistas María Eugenia Ramírez, Anita Bautista y Laura Beristáin, pues los tratos recibidos tanto por los elementos de la Policía Federal como de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración fueron discriminatorios, ofensivos y desproporcionados.

La seguridad no debe ser un pretexto para discriminar y violentar los derechos humanos de las personas que visitan nuestro país. Las autoridades están obligadas a tratar con respeto y cortesía a todas las personas que transitamos por el aeropuerto de la Ciudad de México.

Es importante señalar, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja por las presuntas violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a las que hemos hecho referencia y que envió al lugar del seminario una brigada de visitadores adjuntos del Programa de Atención a Víctimas del Delito, quienes brindaron apoyo, recabaron los testimonios integrar las quejas respectivas.

En ocasiones anteriores la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha manifestado en contra de las revisiones y procedimientos de seguridad invasivos que se implementan en el aeropuerto de la Ciudad de México, la seguridad en las instalaciones del aeropuerto es responsabilidad de todas y todos, pero también es responsabilidad de las autoridades federales el respetar nuestro marco normativo vigente y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos tanto de connacionales como de extranjeros y extranjeras.

Por todo lo anterior, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a los titulares de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración, respectivamente, a que investiguen los hechos denunciados en el presente punto de Acuerdo por las mujeres asistentes al seminario organizado por el CLADEM; y se les exhorta a que tomen las medidas necesarias para inhibir este tipo de prácticas durante la aplicación de sus protocolos de seguridad en el AICM armonizándolos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 15 de mayo de 2013.

Suscriben

Dip.Federal Martha Lucía Mícher Camarena.- Dip.Federal Aleida Alavez Ruiz”.






Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a garantizar la universalidad en el acceso a la educación inicial, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A GARANTIZAR LA UNIVERSALIDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACION INICIAL

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente de la LX Legislatura exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a efecto de garantizar la universalidad en el acceso a la educación inicial, eliminando los requisitos de inscripción a los Centros de Desarrollo Infantil que impiden el acceso a este sistema educativo a los hijos de madres y padres que no cuentan con empleos formales, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 9 de la Ley General de Educación establecen que el Estado “promoverá y atenderá” todas las modalidades educativas “incluida la educación inicial”; asimismo, establece que es responsabilidad de la autoridad educativa federal “fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas” de esta modalidad de estudio.

“La educación inicial busca proporcionar a niños y niñas experiencias significativas en su desarrollo presente y no solamente para su futuro inmediato. Así, lo propio de la educación inicial es el ‘cuidado y acompañamiento’ del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de ambientes de socialización seguros y sanos… Así, se asume la educación inicial como un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos. Esto implica realizar un cuidado y acompañamiento afectuoso e inteligente del crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas, en ambientes de socialización sanos y seguros para que logren aprendizajes de calidad”1.

La manera en que los menores se desarrollan durante la etapa inicial de su infancia los prepara para su desempeño escolar y la calidad de sus interacciones sociales. La maleabilidad del cerebro durante esos años iniciales también significa que cuando las niñas y los niños no reciben el cuidado que necesitan, el desarrollo de su cerebro se ve limitado, esta circunstancia se ve agravada ya que a menudo los padres y cuidadores no poseen la capacidad ni los medios suficientes para proporcionar los cuidados pertinentes y de calidad que una niña o niño necesita en sus primeros años de vida, por lo que se torna una obligación del Estado facilitarles, tanto a los menores como a los padres, el apoyo necesario para lograrlo, es decir, capacitación, centros educativos, centros de apoyo, parques infantiles, etc.

La educación inicial es el primer nivel que conforma el Sistema Educativo Nacional, sin que a la fecha forme parte formal de la educación obligatoria, no obstante que sus beneficios resultan de suma importancia debido a las medidas integrales de salud, nutrición y estimulación temprana que ofrece a sus beneficiarios, además de constituirse como un apoyo para las madres y padres de familia que están incorporados al mercado laboral.

En el Sistema Educativo Nacional ya se ha puesto en marcha, de manera muy limitada, la implementación de la educación Inicial; ofrece sus servicios en tres modalidades: escolarizada, semiescolarizada y no escolarizada.

Se encuentra plenamente demostrado que las niñas y los niños atendidos por este servicio educativo, presentan marcados contrastes en el plano familiar, social, cultural y económico, por lo cual debe garantizarse que dentro de los servicios que presta este sistema sea el reducir las desigualdades de género y de grupos sociales, con la intención de que la población tenga acceso a mejores condiciones educativas y de desarrollo de manera universal.

En este contexto, el enfoque de esta modalidad educativa debe aterrizar en una educación inclusiva, que se derive como respuesta a un conjunto de procesos orientados a reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los espacios educativos para atender la diversidad no como un problema a resolver, sino como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos.

Actualmente un gran número de servicios de Educación Inicial se han incorporado al Programa Nacional de Inclusión Educativa con la intención de brindar espacios de calidad y equidad que fortalezcan el desarrollo integral de los niños en edad temprana, sin embargo aún no es suficiente.

ElInstituto Nacional de Estadística y Geografía señaló en su censo de 2010 que había una población infantil de 112’336,538 millones de niños entre 0 y 4 años de edad, sin que se haya ampliado la cobertura de este servicio educativo.

Un sector muy reducido de la sociedad se ve beneficiado con esta modalidad educativa, por lo que es una preocupación del Partido de la Revolución Democrática garantizar a nuestra niñez un nivel educativo de calidad y al alcance de toda la población, generando condiciones que permitan al Estado destine esfuerzos y recursos suficientes para cubrir la demanda que existe en nuestro país.

Del mismo modo, es nuestra tarea generar los mecanismos de vigilancia permanente a las instituciones encargadas de impartir este nivel educativo, a efecto de que cumplan con las normas y medidas de seguridad necesarias para el buen funcionamiento y cuidado de nuestras niñas y niños, salvaguardando siempre y en todo momento la integridad física de los infantes, así como el acceso universal a este servicio.

Consideramos que para garantizar la igualdad de oportunidades y la universalidad del servicio es, en primera instancia, fundamental eliminar de los requisitos de inscripción a los Centros de Desarrollo Infantil, las documentales consistentes en original y copia de la constancia de trabajo actualizada, emitida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de su Dependencia al padre o madre de familia, especificando horario en el que labora, clave presupuestal, categoría de puesto y sueldo, permitiendo así que los menores hijos de madres y padres de familia que no cuentan con un empleo formal, puedan incorporarse a este sistema de educación inicial, acción con la cual de manera inmediata se obtendrán dos beneficios a corto plazo: potencializar sus facultades y aptitudes, y al mismo tiempo, que las madres y padres puedan incorporase al mercado laboral, lo que de manera directa beneficia a la vida económica de México.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a efecto de garantizar la universalidad en el acceso a la educación inicial, eliminando los requisitos de inscripción a los Centros de Desarrollo Infantil que impiden el acceso a este sistema educativo a los hijos de madres y padres que no cuentan con empleos formales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de mayo de 2013.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya”.






Del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno de la ciudad de México su inmediata intervención para solucionar el conflicto que guarda el sistema de preparatorias dependientes del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, REMITA UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA CALIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BACHILLERATO IMPARTIDA POR DICHO INSTITUTO

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;8º, numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, propongo a esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal fue creado el 30 de marzo del 2000 con el objetivo de impulsar la educación a nivel bachillerato, buscando atender con suficiencia la demanda educativa de los jóvenes capitalinos1.

El pasado 7 de mayo, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del D.F. (SUTIEMS), iniciaron una huelga argumentando que la Dirección encabezada por Freyja Doridé Puebla López, no atendía sus demandas de aumento salarial y que además, carecía del perfil adecuando para dirigir la institución educativa2.

Si bien el conflicto sindical del sistema de preparatorias del Distrito Federal fue solucionado al día siguiente, el hecho puso en el centro del debate la calidad y el funcionamiento de la educación que a nivel medio superior, se imparte a los jóvenes de la capital del país por el Gobierno del DF.

De acuerdo con el Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, el Dr. Andrés Lozano Medina, las preparatorias del Distrito Federal registran una deserción del 50% además de que el IEMS, no cuenta con perfiles de ingreso ni de egreso para los estudiantes. Ello con todo y que cada año, se aumenta considerablemente el presupuesto para el IEMS.

Tan sólo para el año 2013, el IEMS cuenta con un presupuesto de más de 739 millones de pesos de los cuales, más del 81% (esto es más de 603 mdp), se destinarán a servicios personales3. En 2009, el presupuesto para dicho instituto fue de más de 605 mdp, por lo que el incremento, tan sólo en el periodo entre 2009 y 2013, ha sido de más de 133 millones de pesos, lo que equivale al 18%.

Así, en 2013, para cada uno de los más de 25 mil alumnos inscritos al IEMS, se destinarán casi 30 mil pesos que parecen desperdiciados con un nivel de deserción tan elevado.

Es evidente que el IEMS enfrenta problemas estructurales de la educación como lo es el dar cabida a los estudiantes rechazados por otras instituciones educativas que tienen rezagos. No obstante, el hecho es que a la fecha no contamos con indicadores objetivos que permitan conocer el funcionamiento integral del IEMS.

Los Senadores del grupo parlamentario del PRI estamos conscientes de que las condiciones educativas actuales, requieren de grandes esfuerzos presupuestarios para satisfacer una legítima demanda de los jóvenes.

Sin embargo, también consideramos que existe el riesgo de que estructuras burocráticas ligadas a grupos políticos de interés, se apropien de estos recursos, excluyendo a los jóvenes verdaderamente interesados en estudiar y obstaculizando el mejoramiento de la calidad educativa de las preparatorias del Distrito Federal.

Eventos recientes como los actos vandálicos el 1º de diciembre, las tomas de las instalaciones de la Rectoría de la UNAM y de la UAM, exhiben la utilización política de las instituciones educativas en el Distrito Federal y, en términos generales, el deterioro de un sistema de educación que es necesario conocer a profundidad para poder llevar a cabo las medidas para su mejoramiento.

Punto de acuerdo

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que, a través del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, remita a esta soberanía un diagnóstico sobre la calidad y el funcionamiento de la educación de nivel bachillerato impartida por la institución; el cual deberá incluir el número de estudiantes que han ingresado y egresado en los últimos años; la cifra puntual de deserción estudiantil y eficiencia terminal por año; así como el número exacto de estudiantes que integran actualmente la matrícula estudiantil del IEMS.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 15 de mayo del 2013”.






De la C. Diputada Aleida Alavez Ruiz y de la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos y la Auditoría Superior de la Federación a iniciar un procedimiento administrativo en contra de los ciudadanos Georgina Kessel Martínez y Juan José Suarez Coppel por las violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, A LA SECRETARIA DE ENERGIA, A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A PETROLEOS MEXICANOS Y LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A INICIAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS GEORGINA KESSEL MARTINEZ Y JUAN JOSE SUAREZ COPPEL POR LAS VIOLACIONES A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Las suscritas, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA y Diputada ALEIDA ALAVEZ RUIZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION, al tenor de las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

I. Participación de JacobsNederland B.V. e IBERDROLA en México.

Jacobs Nederland B.V. es una subsidiaria de la compañía Jacobs Engineering Group Inc, una de las más grandes proveedoras de servicios técnicos profesionales en el mundo. Los servicios que ofrece son de consultoría científica y especializada así como todos los aspectos de diseño, construcción, operación y mantenimiento. Los mercados en los que participa son energía, petróleo y gas, refinería, químicos y polímeros, programas ambientales, minerales y minería, entre otros.

En 2004, la subsidiaria de Jacobs, obtuvo un contrato para construir 18 plataformas en el activo KuMaloob Zaap con una inversión de 2,500 millones de dólares. En el mismo orden de ideas, el 1 de octubre de 2012 PEMEX celebró con la empresa Jacobs Nederland B.V. un contrato para la ejecución del paquete de servicios para la planta recuperadora de azufre en la nueva refinería de Tula, con capacidad de proceso de 1,920 toneladas diarias. La planta estará dividida en tres trenes con capacidad para procesar 640 toneladas por día y el azufre recuperado alcanzará una pureza de 99.9%, con lo que cumplirá con los requerimientos ambientales para la norma NOM-148-SEMARNAT-2006.1

Por otro lado la empresa IBERDROLA es la empresa española número uno en el sector de electricidad privado en nuestro país, con una capacidad instalada de 5,300 megavatios (Mw) lo que representa el 61 por ciento de su capital en América Latina. En 2012, Iberdrola reportó un beneficio neto de 3,266 millones de dólares, 1.3% más respecto de los resultados de 2011. En el mismo periodo, la empresa españolainauguró el parque eólico La Venta III, en Oaxaca, con capacidad de 103 megavatios y una inversión de más de 200 millones de dólares. La instalación forma parte del programa de productor independiente de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Desde 2001, la compañía lleva adjudicados contratos en México por 2,500 millones de dólares y durante 2013 desarrollará tres nuevos proyectos en el país, dos en Oaxaca y uno en Puebla. En el primer caso se ampliará su instalación eólica, Parques Ecológicos de México, para incrementar su capacidad generadora de energía eléctrica de 83 a 100 megavatios con una inversión de 40 millones dólares. En el segundo, se construirá un parque eólico con capacidad de 365 megavatios, cuya inversión alcanzaría 730 millones de dólares. Además, en Oaxaca se construirá el proyecto eólico 2 Arbolitos, de 70 megavatios de capacidad instalada cuya inversión asciende a 140 millones de dólares. La filial de ingeniaría y construcción de IBERDROLA inició a finales de 2012 la expansión y conversión de la planta Enertek, en el estado de Tamaulipas, que tiene una inversión de 40 millones de dólares. También inició los trabajos de la planta de cogeneración accesoria a la refinería de Petróleos Mexicanos en la localidad de Salamanca, Guanajuato con una inversión de 450 millones de dólares.

En el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el 5 de julio de 2010 se recibió a través del Sistema INFOMEX del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la solicitud con número de folio 1857700017610 en la que se solicitaba una copia del Anexo “Precios y Contraprestaciones” del contrato de compra-venta de Gas Natural celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y la compañía IBERDROLA Energía la Laguna S.A. de C.V., vigentes desde el año 2004 a la fecha. La Unidad de Enlace de PGPB negó el acceso a la información requerida calificándola como confidencial y manifestó como daño divulgarla por el hecho de que contenía información estratégica que le permitió a IBERDROLA ganar el proyecto de generación de electricidad independiente en la licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El Comité de Información de Pemex Gas y Petroquímica Básica argumentó que no estaba en posibilidad de proporcionar información relativa al Anexo “precios y Contraprestaciones”, toda vez que el contrato prevé una cláusula de confidencialidad cuyo anexo incluye la forma y condiciones específicas en las que se adquiere el Gas Natural de PGPB, lo que implica un secreto comercial que les representa una ventaja competitiva y económica frente a terceros.2

En febrero de 2011 el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) confirmó con carácter confidencial el anexo del contrato de compra-venta de Gas Natural, celebrado por 25 años entre Pemex Gas y Petroquímica Básica e Iberdrola. En el anexo “Precios y Contraprestaciones”, la subsidiaria de PEMEX se obliga a entregar gas a la transnacional española mediante negociaciones especiales por periodos superi