Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 17 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 29



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Abril de 2013

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:52 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 67 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 24 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y un minutos del día martes veintitrés de abril de dos mil trece, encontrándose presentes sesenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Arely Gómez González, Informe de actividades de la Cuarta Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia del Foro Parlamentario de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, realizada el 12 de abril de 2013, en Managua, Nicaragua.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron del Senador Héctor Larios Córdova, Informes de las delegaciones del Congreso Mexicano: de la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada del 1 al 5 de octubre de 2012, en Estrasburgo, Francia y; de la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada del 21 al 25 de enero de 2013, en Estrasburgo, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Francisco Suárez Dávila, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Sandra Fuentes Berain Villenave, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Carlos Manuel Sada Solana, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 530 de la Ley Federal de Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituye un Comité de Fomento a la Lectura.- Fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre 2012.- Se remitió copia de la documentación a la Comisión de Administración y quedó en poder de la Secretaría para consulta de los señores senadores. Se pondrá a consideración de la Asamblea en la siguiente sesión.

(Iniciativas)

El Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II, modificando el orden de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 2° y se modifican las fracciones I, III y IV y se adicionan 4 párrafos al final del artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre propio y de los Senadores José María Martínez Martínez y César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 395 del       Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a              las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, a nombre propio y de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Explotación Minera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; y se modifica la denominación de la Ley para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 2º de la Ley de Planeación.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción xlii y se reforma la fracción xli al artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a siete dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.- Se dispenso su segunda lectura y fueron aprobados de manera conjunta por 79 votos en pro.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre.- Sin discusión, fue aprobado por 94 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Sin discusión, fue aprobado por 92 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.- Intervinieron los Senadores: Alejandro Tello Cristerna, por las comisiones, para presentar el dictamen; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue aprobada. El dictamen adicionado fue aprobado por 88 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 310 Bis y se reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud.- Intervino la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 85 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Sin discusión, fue aprobado por 86 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Intervinieron las Senadoras: Mónica Arriola Gordillo a favor y Diva Hadamira Gastélum del PRI a favor. Fue aprobado por 81 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Sin discusión, fue aprobado por 83 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea diez dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para prestar servicios en representaciones diplomáticas y para aceptar y desempeñar cargos de cónsules honorarios.- Sin discusión, fueron aprobados por 79 votos en pro.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea nueve dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de Decreto que reformaba el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

2) De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de Decreto que reformaba el artículo 71 de la Ley de Vivienda.

3) De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de Decreto que reformaba el artículo 74 de la Ley de Vivienda.

4) De las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, con relación al proyecto de Decreto que reformaba los artículos 40 y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

5) De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de Decreto que adicionaba el artículo 83 bis a la Ley de Vivienda.

6) De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia.

7) De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

8) De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 15 de la Ley del Servicio Militar.

9) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de Decreto que reformaba la Ley General de Salud, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Los nueve dictámenes en sentido negativo fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informa a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Vivienda, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver el problema habitacional en la ciudad de Tijuana, Baja California.

2) Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la información necesaria y detallada sobre el Plan Nacional de Vivienda y los criterios con los que fueron seleccionados los 400 municipios en los cuales se focalizarán las acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda.

Sin discusión los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a las 14 entidades de la República Mexicana y a los partidos políticos en donde se celebrarán elecciones este 2013 a cumplir con la cuota de género, respecto de la participación de las mujeres en la postulación de candidaturas.

2) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a incluir la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Sin discusión los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Marina, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a las labores de la Secretaría de Marina-Armada de México y extiende una felicitación al personal perteneciente a la Segunda Región Naval que participó en el rescate de 20 personas que se encontraban a la deriva en mares cercanos al estado de Baja California.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de Acuerdo:

1) Que solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre el título de la concesión minera del proyecto de San José otorgada a la empresa Fortuna Silver Mines.

2) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno Federal a tomar medidas efectivas para evitar la especulación y el incremento del precio del huevo.

3) Por el que se desechan los resolutivos tercero y cuarto de la proposición en torno al proyecto Dragon Mart Cancún.

4) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a analizar las presuntas prácticas monopólicas de los hoteles ubicados en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a impulsar las acciones necesarias tendientes a eliminar y sancionar la práctica de solicitar pruebas de no gravidez y de detección del VIH/SIDA para el ingreso, permanencia, promoción laboral y, en general, para todas las etapas que conforman la relación laboral.

2) Que exhorta a los congresos locales y a                      la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fortalecer y, en su caso, expedir el marco jurídico que tenga como objetivo prevenir y eliminar la discriminación.

3) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a acordar con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública se realicen las acciones necesarias para cumplir a la brevedad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

4) Que exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a remitir información correspondiente al estado que guarda el proceso de migración de la información de las bases de sobre las personas extraviadas o desparecidas para la conformación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

5) Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un estudio diagnóstico sobre la violencia sexual y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.

Los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea ocho dictámenes de la Comisión de Justicia, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al Procurador General de la República a remitir un informe sobre el estado de las averiguaciones previas relacionadas con el caso de la deuda de Coahuila.

2) Que exhorta al congreso del estado de Sinaloa a llevar a cabo el proceso legislativo tendiente a armonizar su legislación en materia de ejecución de sentencias penales.

3) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit a garantizar a la joven agredida en un centro de salud rural de la comunidad de "El Macho" el cumplimiento de sus derechos consagrados en la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el estado de Nayarit.

4) Que exhorta al congreso del estado de San Luis Potosí a llevar a cabo un análisis sobre la constitucionalidad del artículo 168 del Código de Procedimientos Penales para dicho estado.

5) Que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar el estado que guardan las investigaciones, así como el proceso de identificación de las personas que fueron asesinadas en los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010.

6) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del Ejecutivo a desistirse y retirar el procedimiento legislativo la iniciativa de "Ley General de Atención y Protección de Víctimas".

7) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer elementos objetivos de selección para integrar 15 ternas de candidatos a magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

8) Por el que se desecha la proposición que solicitaba resolver la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas.

Los ocho dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Turismo.- Intervino la Senadora Angélica Araujo Lara, por la comisión, para presentar el dictamen. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos,  con punto de Acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a remitir un diagnóstico sobre las condiciones actuales en las que opera dicho Instituto.- Intervinieron los Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Zoé Robledo Aburto del PRD; Layda Sansores San Román; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN. Fue aprobado en votación económica.

(Comunicación)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Dionisio Pérez-Jácome Friscione, como Representante Permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con sede en París, Francia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

(Comisión de Administración)

Se sometió a consideración de Asamblea el proyecto de presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2013.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de febrero de 2013.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

(Excitativas)

Se recibió del Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa con relación al proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado el 4 de diciembre de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa con relación al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de las fracciones II del artículo 76 y VII del artículo 78 constitucionales, en lo relativo a la ratificación de agentes diplomáticos y cónsules generales.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 56, 58 y 59 de la Ley General de Educación y los artículos 19 y 20 de la Ley para la Coordinación de Educación Superior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de Vivienda y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara y Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de la República y el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 2 en su fracción III, el artículo 3, en sus fracciones II, XVI y XXI y se adiciona un Capítulo V Bis y un artículo 20 Bis de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción iv del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera  Ale, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío  Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones ii y iv del artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 60 del Código Penal Federal y reforma el numeral 1) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Mely Romero Celis y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo  Parlamentario del Partido de la Revolución  Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción xi y adiciona la fracción xi Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del  grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del  grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del  grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se  adicionan los artículos 65 Ter y 92 Bis 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 10 y 51 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 148 y 149 y se agrega la fracción xi del artículo 156 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Juegos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley General de Turismo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 6, 19, 22, 33, 43, 71 y 78 de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 94 y 101 y se adiciona el artículo 99 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el Tribunal Federal Ambiental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar un sistema de ventanilla única para agilizar el proceso de entrega y recepción de las donaciones de bienes y auxilio humanitario realizadas por organizaciones internacionales.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a nombrar a la brevedad al director general del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a establecer un Acuerdo parlamentario para definir las reglas relativas a la tramitación de la iniciativa ciudadana Internet Para Todos y al desahogo del proceso legislativo, asegurando la presencia de los representantes de los ciudadanos en las reuniones de comisiones.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Turismo, la que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Turismo Federal información en torno a ferias turísticas especializadas.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada estado del país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Adriana Dávila Fernández y Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes a revisar e investigar posibles irregularidades cometidas en perjuicio de los jubilados del organismo denominado Ferrocarriles Nacionales de México en extinción.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo de 2013 en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a analizar y examinar el desempeño práctico del Seguro Popular como política pública.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar, a corto plazo, dentro de los programas de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas del país de los niveles básico, medio superior y superior, cursos secuenciales que promuevan la creatividad y el espíritu emprendedor.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del Tratado sobre el Comercio de Armas; felicita a la delegación mexicana encargada de su negociación y exhorta al Ejecutivo Federal a firmarlo a la brevedad y a promover su ratificación a nivel internacional.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explicar a los mexicanos y a esta soberanía la estrategia integral de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y transparentar y aclarar los criterios para   la selección de los municipios considerados en la misma.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Estado a definir políticas públicas de manera coordinada para consolidar la gastronomía mexicana como motor de desarrollo inclusivo y factor de crecimiento en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández,  del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdoque exhorta al gobernador del estado de Guerrero, así como al Gobierno Federal, los gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos   locales de los estados donde han irrumpido grupos denominados “policías comunitarias” a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo dichos grupos sin violentar sus derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo en relación a los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica.-Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a destinar recursos para prevenir los incendios forestales en Jalisco, así como para emprender un programa de apoyo a productores rurales que se han visto afectados por estos siniestros en los últimos meses.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo por el que se apoya la tarea que realiza la Secretaría de la Mujer Michoacana y exhorta al titular del Ejecutivo de Michoacán a proporcionar los recursos suficientes para realizar acciones que contribuyan a la erradicación de la violencia contra la mujer.- Se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Banco de México y a diversas dependencias del Gobierno Federal a informar sobre las industrias que incurren en prácticas monopólicas en México, sobre los efectos para la economía, así como las quejas y denuncias sobre la calidad y prestación de distintos servicios.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De las Senadoras Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a decretar la celebración de la primera semana de febrero como la semana nacional para la prevención de la violencia escolar.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Sonia Mendoza Díaz y Lucero Saldaña Pérez, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a tipificar el delito de feminicidio, acorde a lo establecido en los instrumentos y estándares internacionales existentes en la materia o, en su caso, realizar las adecuaciones correspondientes a los tipos penales vigentes.- Se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala, a proceder en términos de ley a revisar, investigar y solucionar, según corresponda, el problema consistente en el cese de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a cumplir con las disposiciones relativas a los derechos de los enfermos en situación terminal y realice las acciones necesarias de manera eficaz en materia de cuidados paliativos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Carlos Mendoza Davis, Francisco García Cabeza de Vaca, Ernesto Ruffo Appel, Gabriela Cuevas Barrón, Víctor Hermosillo Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán, Javier Corral Jurado, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Gil Zuarth, Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda Flores Escalera, Ernesto Gándara Camou, Ricardo Barroso Agramont, Isaías González Cuevas, Marco Antonio Blásquez Salinas, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Raúl Aarón Pozos Lanz, Roberto Albores Gleason, Humberto Domingo Mayans Canabal, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, Marcela Guerra Castillo, Carlos Romero Deschamps, Manuel Cavazos Lerma, Graciela Ortiz González, Félix González Canto, María Cristina Díaz Salazar, Oscar Román Rosas González, Patricio Martínez García, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Luz María Beristaín Navarrete, Fernando Enrique Mayans Canabal, Zoé Alejandro Robledo Aburto, Adán Augusto López Hernández, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Luis Armando Melgar Bravo, Juan Gerardo Flores Ramírez y Layda Elena Sansores San Román, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a recabar y considerar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 propuestas sobre las políticas de fomento al desarrollo y competitividad económica para la región fronteriza y la franja fronteriza norte y a mantener el régimen de desgravación arancelaria aplicable a las empresas de la frontera.- Se turnó a las Comisiones de Asuntos Fronterizos, Norte y de Asuntos Fronterizos, Sur.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con entidades federativas y municipios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer medidas eficaces para reducir los contenidos de los programas de televisión que sobrepasan los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el "Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos”.- Se turnó a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a atender y dar solución a la problemática que viven ex trabajadores de la empresa sandak.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fin de que el Secretario de Gobernación dé debido cumplimiento a las medidas cautelares emitidas recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a favor del hogar refugio para migrantes “la 72” de Tenosique, Tabasco.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores Mely Romero Celis, Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional Forestal a incluir el cocotero o palma de coco en el listado de especies sujetas de apoyos en el programa proarbol, como especie no-maderable y/o maderable.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los motivos y fundamentos de las investigaciones realizadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional a legisladores.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala a establecer un fondo de apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión en el municipio de Nativitas, Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar e implementar un programa de sabores mágicos para municipios y delegaciones del Distrito Federal con sus respectivas reglas de operación, que impulse a la gastronomía mexicana.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a integrar a  un grupo de Senadores en el llamado “Cuarto de Junto”, a fin de que el Senado de la República tenga una participación activa en las siguientes rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al estado de Guerrero a otorgar el reconocimiento con validez oficial a la Universidad de los Pueblos del Sur.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un análisis puntual de la situación financiera en que se encuentra el estado de Jalisco.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir la relación de bajas por tiempo indefinido o en forma definitiva del Padrón Activo de Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se manifiesta a favor de que se elimine a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga llegar la petición al Presidente de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senadora Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y de los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a implementar las alternativas a favor de los pescadores y las sociedades cooperativas afectadas por el Acuerdo publicado el 11 de septiembre de 2003, que establece las áreas de prevención y exclusión marítima de la Sonda de Campeche.- Se turnó a la Comisión de Pesca.

 

De los Senadores Salvador Vega Casillas y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a las entidades federativas a realizar acciones para el desarrollo integral de la actividad pesquera.- Se turnó a la Comisión de Pesca.

 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social informe sobre los criterios para la selección de las delegaciones políticas del Distrito Federal en la Cruzada contra el Hambre.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos locales, a la Secretaría de Educación Pública Federal y las autoridades educativas locales, así como al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a incentivar la incorporación dentro del currículum de educación básica de una lengua materna.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar la instauración de procedimientos de responsabilidad y acciones de investigación en contra de mandos de la AFI que participaron en el caso de Florence Cassez.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de diversas Secretarías de Estado a implementar acciones inmediatas a para establecer "Reglas claras y escritas para el blindaje electoral 2013 de los Programas etiquetados en el Anexo B del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado el 22  de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación".- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a erradicar todo tipo de agresión en contra de los medios de comunicación, de los periodistas y demás personas que en ellos laboran.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la “alerta de violencia de género contra las mujeres”, en el estado de Guanajuato.- Se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo por el que se hace un atento llamado al titular del Poder Ejecutivo Federal para que durante los tres meses de interinato del gobierno estatal de Michoacán apoye de manera especial a dicha entidad con el fin de que se recupere la gobernabilidad y la certidumbre para los michoacanos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, la que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República convoca al movimiento magisterial de los estados de Guerrero y Oaxaca y a las autoridades competentes en materia educativa, al establecimiento de mesas de diálogo en el Congreso de la Unión para el diseño de la ley reglamentaria de la reciente reforma constitucional.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a resolver el expediente CNDH/5/2012/8289/Q, en materia de política pública sobre diversidad sexual.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan en el estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio No. 162 de la Organización Internacional del Trabajo; a derogar la norma oficial mexicana nom-125-ssa1-1994; a incluir el asbesto -crisotilo- dentro de la lista de sustancias tóxicas.-  Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a incorporar las recomendaciones referidas al Ejecutivo Federal, llamadas “Recomendaciones para el logro de una política de estado efectiva para la prevención y control del sobrepeso y la obesidad en México” en el libro “Obesidad en México, Recomendaciones para una Política de Estado”, que propone el grupo multidisciplinario sobre la obesidad de la Academia Nacional de Medicina, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima para laborar a fin de contribuir al abatimiento del trabajo infantil.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la ejecución del proyecto Túnel Emisor Oriente.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, a perseguir y sancionar todas las acciones de elusión y evasión fiscal perpetradas en México.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo por el que se establecen las políticas públicas mediante las cuales deberá conducirse el programa gubernamental denominado "Cruzada Nacional contra el Hambre".- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Saluda que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, diseñe e implemente en los niveles de educación básica, medio superior y superior, programas de prevención, sensibilización y concientización sobre los trastornos alimenticios, en especial la anorexia y bulimia.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender, lo más pronto posible, la problemática del abastecimiento y consumo agua en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, a partir de la consideración en el programa federal “Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre” de un apartado especial aplicando el 1% del total nacional de sus recursos.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo respecto a la evaluación de la Cruzada contra el Hambre, a más de 60 días de su puesta en marcha.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a informar acerca de la situación del analfabetismo en México.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en las reglas de operación del programa de desarrollo humano Oportunidades se integren las modificaciones relativas a introducir un mecanismo de aclaración adecuado y accesible a las necesidades de los beneficiarios que sean excluidos sin previa notificación.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del  grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores y al Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo Internacional a enviar un informe respecto a la situación del  Registro Nacional de la Cooperación Internacional y el Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

(Efemérides)

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del  grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, efeméride sobre el Día Internacional de la Madre Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efeméride en torno al 99 aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz por el pueblo de Veracruz y los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del  grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, efeméride para referirse al "Día Mundial de la Tierra".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, efeméride para referirse al Día Internacional del Libro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente  de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, efeméride sobre la celebración del “Día de Europa”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efeméride en torno al Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con quince minutos y citó a la siguiente el miércoles veinticuatro de abril a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





COMUNICACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por los Senadores integrantes de la Directiva de la Comisión de Cultura, por la que solicitan dar por concluidas dos proposiciones con puntos de Acuerdo, en virtud de haber quedado sin materia.

“COMISION DE CULTURA

CC/044/2013
México, D.F., a 22 de abril de 2013

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Atentamente solicitamos a usted dar de baja las siguientes resoluciones con punto de Acuerdo turnados a la Comisión de Cultura y que, por diversas circunstancias, han quedado sin materia, por lo que le agradeceremos darlos de baja en los registros de la Comisión. Los puntos de Acuerdo son los siguientes:

Denominación

Fecha de turno

Autor

Sinopsis

Punto de acuerdo para que el año 2013 se declare como el año de José Guadalupe Posada y se realicen diversos festejos con motivo de la conmemoración de su centésimo aniversario luctuoso.

30/10/2012

Sen. Miguel Romo Medina

Centenario luctuoso de Posada Propone celebrarel centésimo aniversario luctuoso del destacado grabador José Guadalupe Posada con la declaración del año de 2013 como "Año de José Guadalupe Posada" y establecer un grupo de trabajo para organizar ceremonias cívicas y actos conmemorativos al interior del Senado de la República.

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 recursos etiquetados a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, destinados a la adquisición del Chalet de Juana Cata, ubicado en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca.

04/12/2012

Sen. Eviel Pérez Magaña

Adquisición del Chalet de Juana Cata propone se destinen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 para la adquisición, restauración y acondicionamiento del inmueble denominado Chalet de Juana Cata, asunto que se turnó de manera directa a la Cámara de Diputados y que las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Habiliten un museo de sitio y el Centro Cultural Juana C. Romero.

La solicitud obedece a que en el primer caso, el Congreso de la Unión declaró este año como de Belisario Domínguez y, en el segundo, el proyecto que se cita no tuvo asignación presupuestal en el Presupuesto de Egreso del Ejercicio Fiscal de 2013.

Aprovechamos la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente

Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. Manuel Camacho Solís”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Presidencia instruye descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que comunica la modificación de la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1575

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados el Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la modificación en la Integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.

México, D.F., a 23 de abril de 2013.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal
Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a la Junta de Coordinación Política.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-4-609
Exp. 742

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 11 de abril de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.

“MINUTA
PROYECTO
DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 343-C, fracción Vil y último párrafo y 343-E, primer párrafo, y se adicionan los artículos 343-A, segundo párrafo y 343-E, fracciones III y IV de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 343-A. ...

Queda prohibido el trabajo en pozos o cuevas para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, entendiéndose por esto, a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras, se llevan a cabo, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a normatividad vigente, para proteger la vida de los trabajadores.

Artículo 343-C. Independientemente de las obligaciones que la presente Ley u otras disposiciones normativas le impongan, el patrón está obligado a:

I. a VI. ...

VIL Implementar un registro y sistema que permita conocer los nombres de todas las personas que se encuentran en la mina, así como mantener un control de entradas y salidas de ésta;

VIII. y IX. ...

Los titulares de las concesiones mineras que amparen lotes mineros, en los cuales se ubiquen los centros de trabajo a que se refiere este Capítulo, o quienes se encuentren realizando trabajos en las mismas, según sea el caso, deberán cerciorarse de que el patrón cumpla con sus obligaciones. Los titulares de las concesiones mineras o quienes se encuentren realizando trabajos en las mismas, serán subsidiariamente responsables, en caso de que ocurra un suceso en donde uno o más trabajadores sufran incapacidad permanente parcial o total, o la muerte, derivada de dicho suceso.

Artículo 343-E. A los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros, que dolosamente o por negligencia, omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, y que hayan sido previamente identificados por escrito en dictamen fundado y motivado de la autoridad competente, se les aplicarán las penas siguientes:

I. y II. ...

III. Prisión de 3 a 6 años y multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por omisiones en el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 343-B y 343-C, fracciones II, IV, V, VI y VIII, se produzca la muerte de uno o varios trabajadores.

IV. Prisión de 6 a 9 años y multa de hasta 10,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores, por la realización de trabajos de extracción de carbón, mediante tiros verticales a profundidades menores de 100 metros y en cuevas y pozos carboneros, cuando se realicen trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras y donde no se observen, las medidas de seguridad que correspondan, para proteger la vida de los trabajadores.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, se tendrá un plazo máximo de 12 meses para que se cumpla con lo siguiente:

1. Acondicionar los centros de trabajo de acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 343-A.

2. Suspender de manera definitiva las actividades de extracción previstas en el segundo párrafo del artículo 343-A.

3. Implementar las medidas de seguridad en los nuevos centros de trabajo que correspondan a tajos a cielo abierto y tiros inclinados.

4. Implementar el sistema de registro del personal y su ubicación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 11 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-7-618
Exp. 1061

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 23 de abril de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria”.

“MINUTA
PROYECTO
DE
DECRETO

QUE REFORMA LA FRACCION I DEL PARRAFO NOVENO DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo sobre las aguas, en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda, para lo cual deberán convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos descritos en esta fracción.

El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.

II. a XX. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. La ley establecerá los procedimientos en que un extranjero pierda en beneficio de la Nación los bienes que hubiera adquirido, en caso de que las tierras sean destinadas a un uso diferente a la vivienda.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 23 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Igualmente, la Cámara de Diputados remitió una minuta proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: La Colegisladora remitió también el expediente de la minuta proyecto de Decreto que adiciona el Artículo Tercero Transitorio al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006, devuelto para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1575
EXP. No. 1904 (LXI Leg.)

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por el que se desecha, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional, la minuta proyecto de Decreto que adiciona el artículo tercero transitorio al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006, recibida el 20 de abril de 2010.

México, D.F., a 18 de abril de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se informa a la Asamblea del Acuerdo suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva, para el procedimiento de grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de Acuerdo, a través del Canal del Congreso.

"ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA

La Mesa Directiva, con fundamento en los artículos 66, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General y 8, fracción XII del Reglamento del Senado, y con el propósito de organizar la transmisión por televisión de las iniciativas y proposiciones que inscriben los Senadores para su turno a comisiones, emite el siguiente:

Acuerdo con procedimiento para la transmisión de asuntos a

través del Canal del Congreso

Distribución

1. La grabación de las iniciativas y proposiciones se realizará una vez por semana, los días miércoles, a las 17:00 horas, durante cada periodo de sesiones ordinarias.

2. La grabación televisiva será de 60 minutos de duración.

3. El programa resultante se transmitirá los días jueves, a las 10:00 horas.

4. Los grupos parlamentarios podrán presentar sus iniciativas o proposiciones, conforme a la siguiente distribución de tiempos:

PRI: 12 Minutos

PAN: 9 Minutos

PRD: 9 Minutos

PVEM: 6 Minutos

PT: 6 Minutos

5 Si las intervenciones exceden del tiempo señalado, el Canal del Congreso hará la edición necesaria para que las apariciones en televisión de Senadores ocurran en términos del numeral 4.

Inscripción de Senadores y

asuntos en las grabaciones semanales

6 Cada martes, hasta las 14:00 horas, los grupos parlamentarios deberán notificar a la Mesa Directiva la relación de Senadores y asuntos de su respectiva fracción que acudirán a la grabación correspondiente y la iniciativa o proposición que presentarán, en su caso.

7 La Secretaría General de Servicios Parlamentarios, hará los avisos a los Senadores el día anterior al de grabación para informarles de la inscripción de su asunto y presentación en el guión del programa correspondiente a esa misma semana.

8 La Secretaría General de Servicios Parlamentarios, en coordinación con el personal del Canal del Congreso, brindará los apoyos necesarios y la coordinación técnica correspondiente.

Orden de grabación.

9 El derecho de turno de cada Senador para grabación será conforme se presenten a la cita para el inicio de la jornada correspondiente cada miércoles, conforme al horario marcado en el numeral 1 de este procedimiento.

10 El orden de aparición en pantalla de cada Senador en el programa que se transmita será de la siguiente manera:

1º. PRI

2º. PAN

3º. PRD

4º. PVEM

5º. PT

11. En caso de que algún Senador no asista para la presentación del asunto que pretenda, se reprogramará su participación en el siguiente día de grabación. Ante la eventualidad de que no se graben todas las intervenciones de Senadores, la transmisión semanal de los jueves se hará con el material de video que se alcance a conformar.

Turno de los asuntos transmitidos por televisión.

12. La transmisión que se haga de los asuntos descritos en el párrafo anterior no involucra el inicio de ningún procedimiento legislativo o parlamentario.

13. Los asuntos transmitidos por televisión serán inscritos en el Orden del Día de la sesión inmediata siguiente para su respectivo anuncio y turno directo formal a comisiones. La presentación por televisión no tendrá efectos de recepción y turno a comisiones para su trámite correspondiente.

GENERALIDADES

14. La grabación y difusión televisiva a través del Canal del Congreso a que se refiere este procedimiento se utilizará para presentar únicamente iniciativas y proposiciones que requieren turno a comisiones para su trámite correspondiente.

15. No se permitirá la utilización de esta forma de presentación para otro tipo de asuntos.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 23 de abril de 2013.

Mesa Directiva: Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.-Sen. José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente.-Sen. Enrique Burgos García, Vicepresidente.- Sen. Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente.-Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.-Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.-Sen. Martha Palafox Gutiérrez, Secretaria".

- El C. Presidente Cordero Arroyo: El Acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, por lo que está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo para el procedimiento de grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de Acuerdo, a través del Canal del Congreso. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo por el que se designa a los ciudadanos Senadores que acompañarán al gobierno federal en las siguientes rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Dicho Acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, por lo que está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se designa a los ciudadanos Senadores que acompañarán al gobierno federal en las siguientes rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica. Comuníquese.






CONTRALORIA INTERNA

Tenemos la discusión de los Informes Ejecutivo y Detallado Semestrales de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondientes al periodo julio-diciembre 2012.

A efecto de dar cumplimiento a la ley, a lo que dispone el artículo 103 de la Ley Orgánica del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Informes Semestrales de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondientes al periodo julio-diciembre 2012. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobados los informes. En consecuencia, túrnense a la Auditoría Superior de la Federación los informes Ejecutivo y Detallado Semestrales de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondientes al periodo julio-diciembre 2012.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, acordó la presentación en tribuna de dos rondas de iniciativas de los grupos parlamentarios.

Se le concede el uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTICULO 2 EN SU FRACCION III, ARTICULO 3, FRACCIONES II, XVI Y XXI Y SE ADICIONA UN CAPITULO V BIS Y UN ARTICULO 20 BIS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por la C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

La gastronomía no solamente debe verse como un asunto cultural sino desde el ámbito turístico debe fomentarse para el desarrollo y el crecimiento económico.

En el Senado de la República, desde el mes de septiembre pasado, recibimos la selección mexicana, la abanderamos sobre gastronomía para concursar en Alemania, y hemos tenido contacto con diversos grupos del sector privado y de la sociedad civil, para poder hoy presentarles una iniciativa y reformar la Ley de Turismo.

Hemos registrado dos puntos de Acuerdo turnados ya a comisiones, que tienen que ver con darle relevancia a la gastronomía de México, para el crecimiento y desarrollo económico.

Y es que el tema tiene que ver con datos fundamentales. El valor total estimado de la industria restaurantera, al cierre de 2011, rebasa los 15 mil millones de dólares, esto es, el 1.4% del PIB nacional y el 12.5% del PIB turístico.

El tema gastronómico impacta 84 ramas de la actividad económica. La industria restaurantera es la segunda mayor empleadora a nivel nacional y la primera en autoempleo; la mayoría de los comercios y restaurantes están integrados por pequeñas y medianas empresas. Siete de cada diez empleos en el sector turismo, son aportados por establecimientos restauranteros.

Incluyendo actividades relacionadas, el total de personas ocupadas en establecimientos para la preparación de alimentos y bebidas, alcanza cuatro millones y medio.

Existen en el país 420 mil establecimientos dedicados a la preparación de los mismos.

 El 53.1% de la ocupación laboral son mujeres, 80% de ellas son madres solteras en la ocupación restaurantera, lo cual destaca el impacto social de este sector que debe estar focalizado.

Es decir, la gastronomía genera eslabonamientos con otras industrias conexas como el transporte de alimentos, la manufactura de utensilios y menaje, fabricación de sillas, mesas, manteles; pero también toda la cadena de producción que conlleva el tema de los alimentos.

Nuestro país fue reconocido por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad en el tema gastronómico, sin embargo, vemos la necesidad de fortalecer desde el turismo, pero también desde la Secretaría de Economía, desde la Secretaria de Salud, Agricultura, Relaciones Exteriores, Educación, dado que hay un sinnúmero de escuelas de gastronomía en nuestro país y que se requiere tener la calidad en los servicios para poder tener una industria gastronómica a nivel mundial.

Tenemos vocación y todos sabemos que los aspectos culinarios desde la Península de Baja California, Norte y Sur, hasta la de Yucatán encontramos innumerables clase de platillos que nos distinguen como la cocina de México, en diferentes variedades.

Y en lo particular por zonas encontramos, por ejemplo, las codornices a la pastora de Aguascalientes, las jaibas rellenas de Tampico, el pámpano a la campechana, el cerdo al estilo jabalí de Coahuila, los langostinos adobados de Colima, la sopa de tortilla de Chihuahua, la gallina borracha de Durango, las guajolotas de Guanajuato, el pozole blanco guerrerense, la barbacoa hidalguense, los mixtotes de carnero de Tlaxcala, la birria de Jalisco, los pambazos y chorizo verde del Estado de México, las carnitas estilo Michoacán, las migas de Morelos, la machaca del norte, pero también de Monterrey, la carne tampiqueña, el pescado a la veracruzana, la sopa de lima de Yucatán, el queso de tuna de Zacatecas, las enchiladas mineras de Guanajuato y la sopa de aguacate de Querétaro.

En fin, ustedes pueden decirnos más de cada una de sus entidades las más importantes; y de moles, el coloradito, el amarillo o el negro de Oaxaca y qué decir del mole poblano y, bueno, su majestad el chile en nogada.

Pero también las bebidas, el café, el chocolate, el sotol, en fin, los postres, por toda esta variedad.

Por toda esta vocación que tenemos en México, requerimos que hoy hablemos de darle un impulso diferente, un enfoque que no solamente sea reconocer lo culturalmente, sino que se creen programas específicos de eslabonamiento como estoy proponiendo el Programa de Sabores Mágicos.

Así como está el Programa de Pueblos Mágicos que ustedes conocen, que podamos tener los criterios en la propia Secretaría de Turismo, pero que vayan eslabonados con economía y con Relaciones Exteriores, Salud, Educación, Agricultura. De tal manera que fomentemos esta importante actividad para que podamos concursar las regiones en estos criterios que puedan acceder como sabores mágicos, localidades con sabores mágicos que pueden ser municipios y delegaciones; y que incentivemos el empleo, que incentivemos desde los mercados, desde donde están, la rica comida de México, que podamos impulsar no solamente el turismo internacional, sino el mercado interno.

Démosle un nuevo enfoque a la gastronomía para el desarrollo económico.

El sector privado ha estado muy participativo. De hecho, en mayo va a haber un gran congreso que vienen los principales chefs de varios países de Mesoamérica y estamos trabajando en coordinación con la sociedad. Pero el gobierno tiene que tener un enfoque económico sobre el tema gastronómico.

Este tema lo pusimos en la mesa del G-20, de los parlamentarios y tanto Francia como México lo respaldan. Legislemos, entonces, para que podamos incentivar una vocación muy nuestra, que sepa el mundo a qué sabe México.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Saldaña Pérez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XIX DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: Muchas gracias, señor Presidente.

Ante el mismo supuesto, señor Senador, es una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 31, la fracción IX, que también tiene su origen en la Cámara de Diputados.

Ante los dinámicos cambios de la economía en nuestro país y paralelamente a la apertura comercial que se ha estado observando en las últimas décadas, las empresas mexicanas se ven involucradas cada vez más en operaciones de comercio exterior, particularmente en la importación de mercancías que se destinan para su venta en el territorio nacional.

Uno de los requisitos que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que los contribuyentes deduzcan las mercancías de importación está supeditado a que dichas mercancías se hayan importando legalmente al país y, sobre todo, se cuente con el pedimento correspondiente, de tal forma que las compras de importación de un ejercicio que no alcancen a ser importadas antes del 31 de diciembre, sólo podrán ser deducidas en el siguiente ejercicio, no obstante que el ejercicio que sea inherente haya sido percibido en el mismo ejercicio que termina.

Tal es el caso de cualquier contribuyente que cerca del final del ejercicio recibe un anticipo de un cliente por las mercancía de importación que haya entregado en el ejercicio siguiente y no tiene la posibilidad de ser deducido el costo de ventas de dicha mercancía de conformidad con el artículo 45-A de la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Desde hace años, la política fiscal en nuestro país se ha basado en el desarrollo de líneas de acción enfocadas a generar crecimiento económico a través de la reinversión, siendo esto último bien visto por la mayoría de las empresas que actualmente existen; por lo que una forma sencilla y segura de reinvertir sus flujos es reduciendo los plazos de pago a sus proveedores y en muchos casos anticipando cantidades a cuenta de pedidos próximos para recibir buenos costos. De esta forma las empresas obtienen mejores precios y aumentan su competitividad en el mercado globalizado.

Es por ello que ante los cambios descritos, nos encontramos en la imperiosa necesidad de responder a través de la modificación del artículo 31, en la fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para reconocer que el anticipo de un ingreso que está relacionado con las mercancías de importación, de lugar al reconocimiento del costo de ventas que tiene de acuerdo al artículo 45-A de la misma ley, aun cuando no exista el impedimento de importación, se suponga como una deducción autorizada por esta misma ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de la Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se reforma la fracción XIX del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para agregarle lo siguiente:

"También se podrá cumplir con los requisitos de deducibilidad a que se refiere de la fracción XV de este artículo, a más tardar el día que el contribuyente deba presentar su declaración anual".

Con esto logramos la equidad entre el ingreso acumulable y la deducción autorizada en el mismo ejercicio, también dejando un efecto importante para el pago provisional de los ejercicios siguientes de una empresa que cumpla cabalmente con sus impuestos.

Es todo, señor Presidente.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Orozco Sandoval. Por caer en el mismo supuesto que contempla el inciso h) del artículo 72 de nuestra Constitución, se turnará esta iniciativa a la Cámara de Diputados.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2, 4, 6, 19, 22, 33, 43, 71 Y 78 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por el C. Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Isaías González Cuevas: Compañeras y compañeros Senadores:

En México, la política pública en materia de vivienda se ha venido diseñando para aumentar el número de casas, ya que con esto se generaba en la sociedad la percepción de que estaba haciendo lo necesario para abatir el rezago habitacional y cumplir con una de las mayores aspiraciones de los ciudadanos.

De igual manera, aumentar el número de créditos se ha considerado como el principal objetivo de la política, dejando de lado el aspecto fundamental de la calidad de la vivienda que se ofrece. También se dejó relegado el segundo término, el aspecto de habitabilidad, orientados los objetivos únicamente en criterio de costos y de posibilidades de otorgamiento y recuperación de créditos a los derechohabientes.

Como resultado de una política mal direccionada, lo único que se evaluó en materia de vivienda, es en cuánto ha aumentado el número de créditos otorgados y los costos de construcción. El problema más agudo del sector inmobiliario se da en las viviendas de interés social; la calidad de las mismas se comporta de forma contraria a los costos que se reportan. Esto se ve reflejado en datos recientes dados a conocer por INEGI, expone que el 17.5 por ciento de los 28.6 millones de viviendas en el país, corresponden a casas nuevas abandonadas, que en número absolutos hoy suman 5 millones aproximadamente, y esto es muy preocupante.

El derecho a la vivienda está directamente vinculado con otros derechos, lo que significa que la posibilidad de contar con una vivienda digna, es una condición que nos permite acceder a otros derechos, como son la seguridad jurídica, la privacidad, un medio ambiente adecuado, así como el derecho a la salud.

Nuestra Constitución Política estipula, en el artículo 4o., el derecho a disfrutar de una vivienda digna, una vivienda que debe ser digna y decorosa.

Consideramos que la dignidad y el decoro de una vivienda, tienen que ver con la extensión o el tamaño de la vivienda con relación al número de sus habitantes, ya que una casa habitación sin espacio suficiente no podría asegurar los parámetros mínimos de bienestar y comodidad para las personas que la habitan.

En la Estrategia Mundial de la Vivienda, preparada por la ONU, la vivienda adecuada se define como un espacio suficiente, seguridad adecuada, iluminación y ventilación, una infraestructura básica y una ubicación adecuada a su lugar de trabajo, así como acceso a los servicios básicos, todo ello, a un costo razonable.

Lo anterior significa que las viviendas adecuadas propician condiciones dignas de vida a sus habitantes, por ello debe cumplir primero con las disposiciones en materia de asentamientos humanos, y segundo, cumplir con las normas de construcción, además de contar con acceso a los servicios públicos, como son: agua potable, drenaje, energía eléctrica, infraestructura urbana y que en su interior tengan el espacio mínimo que permita crear un ambiente que estimule el trabajo y la creatividad, que cubra las necesidades de privacidad y que propicie la convivencia y el esparcimiento de la familia, ya que éstas son condiciones indispensables para elevar la calidad de vida de las personas.

Una vivienda digna requiere de espacios habitables y espacios auxiliares propicios para el descanso, la convivencia, el trabajo y la higiene, para que permitan la circulación de sus habitantes, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en México hay 3.9 habitantes por vivienda.

La concepción del espacio suficiente en las viviendas permite elevar la calidad de vida de sus habitantes, contribuye a eliminar algunos problemas sociales que están representando un grave problema para el Estado, como es la violencia interfamiliar.

La vivienda es la base del patrimonio de una familia y el centro de convivencia social, por lo tanto, el reto que tenemos como legisladores es impulsar las reformas constitucionales y legales pertinentes para contener y corregir la tendencia histórica de un crecimiento urbano y desordenado. Para ello, consideramos necesario perfeccionar el marco jurídico y dotar a quienes están encargados de implementar la política nacional de vivienda, de los instrumentos necesarios y suficientes para el impulso del desarrollo habitacional sustentable, sobre un nuevo modelo que garantice la calidad de la vivienda.

Desde el inicio de la presente administración, el titular del Ejecutivo Federal planteó el propósito de lograr en México, un México próspero de mayor desarrollo, en el que consagre lo establecido en nuestra Constitución, que tiene que ver con darle vivienda digna a todos los mexicanos.

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados, el Ejecutivo Federal está buscando promover un desarrollo ordenado y sustentable del sector; mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir también y mejorar la vivienda rural, con el fin de contrarrestar en gran medida, el crecimiento desordenado.

Una de las estrategias que se contemplan en el Programa Nacional de Vivienda, presentado recientemente por el Ejecutivo Federal, consiste en procurar una vivienda digna para todos los mexicanos, cómoda y con servicios básicos, a través del impulso de acciones para el mejoramiento y ampliación de la vivienda tanto en el medio urbano como el rural.

Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que nos toca hacer ahora nuestra parte y coadyuvar en lo que nos corresponde con el avance de la política en materia de vivienda.

La Ley de Vivienda vigente define en el artículo 2, el concepto de vivienda digna, sin embargo, esta definición resulta incompleta, debido a que no establece los espacios mínimos habitables y auxiliares para garantizar una mejor calidad de vida a sus habitantes.

Por lo anterior, es de interés de nosotros proponer esta iniciativa, la cual representa un complemento necesario para reforzar los instrumentos y mecanismos que en materia de vivienda ya tenemos. Partimos de la posibilidad de estipular en nuestro marco jurídico, con una definición más amplia de vivienda digna y decorosa, considerando que ésta debe contar con espacios habitables y auxiliares básicos, que proporcionen a las familias una estadía agradable y funcional.

Por lo anterior, propongo incluir en este ordenamiento dos conceptos básicos, uno de ellos, el concepto de espacio mínimo habitable, considerado como el lugar donde se desarrollan actividades de reunión o descanso; y segundo, el concepto espacio auxiliar básico, definido como el lugar de la vivienda donde se desarrollen actividades de trabajo, higiene y circulación. Creemos necesario que en las viviendas de interés social construidas en México, se contemple como espacio mínimo una sala-comedor, una cocina, un baño y un área de limpieza, así como dos habitaciones, una para adultos y otra para los menores conforme a los estándares internacionales.

El objetivo de esta iniciativa es ampliar el concepto de vivienda digna y decorosa establecida en la Ley de la Vivienda, incluyendo los conceptos de espacios habitables y auxiliares como indispensables para garantizar una mejor calidad de vida para aquellos que siendo beneficiarios de créditos para vivienda de interés social, adquieran una vivienda que reúna las condiciones mínimas de calidad que permita una sana convivencia familiar.

Además, esta reforma pretende actualizar la ley de denominación de dependencia del gobierno federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 2, 4, 6, 19, 22, 33, 43, 71 y 78 de la Ley de la Vivienda.

Señor Presidente, solicito se incluya el texto del Decreto de forma íntegra al Diario de los Debates.

Es cuanto, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

Iniciativa

"El que suscribe, Isaías González Cuevas, Senador de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 76 numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 6, 19, 22, 33, 43, 71 y 78 de la Ley de Vivienda, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, la política pública en materia de vivienda se diseñó, poniendo especial énfasis en aumentar el número de casas, ya que con esto se generaba la percepción en la sociedad, de que se estaba haciendo lo conducente para abatir un déficit habitacional creciente y cumpliendo con una de las mayores aspiraciones de los ciudadanos.

Aumentar el número de créditos se consideró, en si mismo, el objetivo de la política, dejando de lado el aspecto fundamental que es la calidad de la vivienda ofrecida. De esta manera, se dejó relegado a un segundo término, el aspecto de la habitabilidad orientando todos los objetivos de está política, únicamente en los criterios de costos y posibilidades de otorgamiento de crédito a los derechohabientes de las instituciones y organismos de vivienda.

Es lamentable que como resultado de una política mal direccionada, lo único que se evalúe en materia de vivienda, sea como han venido aumentado número de créditos otorgados y los costos de la construcción. El problema más grave se da en las viviendas de interés social; la calidad de las mismas ha venido disminuyendo en sentido inverso a los costos que se reportan. Lo anteriorse ve reflejado en el dato hecho público recientemente por el INEGI, quien informa que el 17.5 % de los 28.6 millones de viviendas en el país, corresponden a casas nuevas abandonadas, que en números absolutos hoy suman 5 millones aproximadamente.

El derecho a la vivienda está directamente vinculado con otros derechos, lo que significa, que la posibilidad de contar con una vivienda digna, es una condición que nos permite acceder a otros derechos, como lo es el de la dignidad humana y nos abre la puerta para disfrutar de otros muchos como el libre tránsito, seguridad jurídica, privacidad, la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia, un medio ambiente adecuado, el derecho a la salud y otros más.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su artículo 4°, el derecho a disfrutar de una vivienda, pero no de cualquier vivienda, ésta debe ser “digna y decorosa”.

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de Vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

La dignidad y el decoro de una vivienda, son cualidades difíciles de evaluar, el primer parámetro de medición para estas cualidades tiene que ver con la extensión o tamaño de la vivienda, con relación al número de sus habitantes, ya que una casa habitación sin espacio no podría asegurar los parámetros mínimos de bienestar y comodidad para sus habitantes.

En la Estrategia Mundial de Vivienda, preparada por la Organización de las Naciones Unidas, la vivienda adecuada se define como “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio suficiente, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada, una infraestructura básica y una ubicación adecuada a su lugar de trabajo, así como acceso a los servicios básicos, todo ello, a un costo razonable”.

Lo anterior significa que las viviendas adecuadas para propiciar condiciones dignas de vida a sus habitantes, deben cumplir con las disposiciones en materia de asentamientos humanos y cumplir las normas de construcción, además de contar con acceso a los servicios públicos, como son; agua potable, drenaje, energía eléctrica, infraestructura urbana y transporte y que en su interior, tengan el espacio mínimo que permita crear un ambiente que estimule el trabajo y la creatividad; que atienda las necesidades de privacidad y que propicien la convivencia y el esparcimiento de la familia, ya que éstas son condiciones indispensables para elevar la calidad de vida de las personas.

Una vivienda digna, requiere de espacios habitables y espacios auxiliares, propicios para el descanso, la convivencia, el trabajo y la higiene, para que permitan la circulación de sus habitantes, debemos recordar que de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda INEGI-2010, en México, hay 3.9 habitantes por vivienda.

Resulta necesario recordar que el hacinamiento es un problema social vinculado por lo general a la pobreza; se presenta si más de dos personas comparten un solo cuarto (en primera instancia, el dormitorio); pero éste fenómeno puede extenderse al espacio físico total de la vivienda, lo que impide que la familia realice adecuadamente sus actividades, dando como resultado, familias disfuncionales.

La concepción de espacios suficientes en las viviendas permite elevar la calidad de vida de sus habitantes, contribuyea eliminar algunos problemas de salud que están representando para el Estado un grave problema, como es la violencia intrafamiliar. Otro problema de salud pública y de seguridad en el cual influye la falta de espacios suficientes y adecuados, se presenta en los jóvenes, al no encontrar privacidad en su vida y espacios para realizar sus actividades, buscan estos espacios fuera de casa, en las calles y tienen en ellos un efecto negativo, ya que afecta la comunicación e interacción con los padres, y acaban refugiándose en personas como ellos, que entienden o comprenden sus necesidades.

La vivienda es la base del patrimonio familiar y el centro de la convivencia social, por lo tanto el reto que tenemos como legisladores, es impulsar las reformas constitucionales y legales pertinentes para contener y corregir la tendencia histórica de un crecimiento urbano desordenado. Para ello, tendremos que perfeccionar el marco normativo para dotar a quienes están encargados de implementar la política nacional de vivienda, de los instrumentos necesarios y suficientes para el impulso del desarrollo habitacional sustentable, sobre un nuevo paradigma que garantiza la calidad de la vivienda.

La Constitución despliega sus efectos jurídicos en dos vertientes, respecto de la política de vivienda, por un lado, faculta al legislador para que desarrolle la legislación necesaria en esta materia, con el fin de cumplir con este derecho; por otro lado, mandata al Poder Ejecutivo a implementar políticas públicas de fomento a la vivienda, de otorgamiento de créditos, regulación de uso de suelo habitacional a costos accesibles. De ahí que desde el inicio de la presente Administración, el titular del Ejecutivo Federal planteó el propósito de lograr un México próspero, de mayor desarrollo, en el que se consagre la norma escrita en nuestra Constitución, que tiene que ver con el darle vivienda digna a todos los mexicanos.

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados, el Ejecutivo Federal, está buscando promover un desarrollo ordenado y sustentable del sector; mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y también mejorar la vivienda rural, con el fin de contrarrestar en gran medida, el crecimiento desordenado.

Una de las estrategias que se contemplan en el Programa Nacional de Vivienda, presentado recientemente por el Ejecutivo Federal, consiste en procurar una vivienda digna para todos los mexicanos, cómoda y con servicios básicos, a través del impulso de acciones para el mejoramiento y ampliación de vivienda, tanto en el medio urbano como en el rural.

Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que nos toca hacer ahora nuestra parte y coadyuvar en lo que nos corresponde con el avance de la política en materia de vivienda.

La Ley de Vivienda vigente define en su artículo 2, el concepto de “vivienda digna”, “la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares básicos, con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”, sin embargo, ésta definición resulta incompleta, debido a que no establece los espacios mínimos habitables y auxiliares para garantizar una mejor calidad de vida a sus habitantes.

Por lo anterior, es de mi interés el proponer está iniciativa, la cual representa un complemento necesario para reforzar los instrumentos y mecanismos que en materia de vivienda ya tenemos. Partimos de la posibilidad de contar en nuestro marco jurídico, con una definición más amplia de vivienda digna y decorosa, considerando que ésta debe contar con espacios habitables y auxiliares básicos, que proporcionen a las familias una estadía agradable y funcional.

Por lo anterior, se propone incluir en este ordenamiento dos conceptos básicos, en primer lugar el concepto “espacio mínimo habitable, considerado como el lugar donde se desarrollan actividades de reunión o descanso” y, en segundo término el concepto “espacio auxiliar básico”, definido como el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación. Es importante que se considere que en las viviendas de interés social construidas en México, se contemple como espacio mínimo, una sala-comedor, una cocina, un baño y área de limpieza, así como dos habitaciones, una para adultos y otra para los menores.

El objetivo de esta iniciativa es ampliar el concepto de vivienda digna y decorosa establecida en la Ley de Vivienda, incluyendo los conceptos de espacios habitables y auxiliares como indispensables para garantizar una mejor calidad de vida, para aquellos que siendo beneficiarios de créditos para vivienda de interés social, adquieran una vivienda que reúna las condiciones mínimas de calidad que permitan una sana convivencia familiar.

Además, está reforma pretende actualizar la ley, en virtud de que se han modificado otras leyes de las que hace referencia o tiene relación directa; así como la denominación de dependencias del Gobierno Federal.

Por lo que se propone reformar los artículos 19 fracción XVII y 43, a efecto de adecuar la referencia que se hace a la Ley de Información, sustituyéndola por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Asimismo, se propone modificar los artículos 22 fracción VII y 33 fracción XI, con la finalidad de actualizar el cambio de denominación de la Secretaría de la Reforma Agraria, por el de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE VIVIENDA

ARTICULO UNICO: Se reforma los artículos 2, 4, 6 fracción IV; 19 fracción XVII; 22 fracción VII; 33 fracción XI; 43 segundo párrafo, 71 y 78 segundo párrafo; se adicionan las fracciones IV y V del artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

ARTICULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares básicos,los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

ARTICULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a III.

IV. Espacios habitables. Es el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso; estos espacios deben contar con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural establecidas en las normas oficiales, normas mexicanas, reglamentos, manuales y códigos en materia de construcción;

V. Espacios Auxiliares. Es el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación;

VI. Comisión: la Comisión Nacional de Vivienda;

VII. Comisión Intersecretarial: la Comisión Intersecretarial de Vivienda;

VIII. Consejo: el Consejo Nacional de Vivienda;

IX. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa;

X. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;

XI. Productor social de vivienda: la persona física o moral que en forma individual o colectiva produce vivienda sin fines de lucro;

XII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa;

XIII. Sistema de Información: el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, como el conjunto de datos producidos por los sectores público, social y privado, organizados bajo una estructura conceptual predeterminada, que permita mostrar la situación de la vivienda y el mercado habitacional, así como los efectos de las políticas públicas en la materia, y

XIV.Suelo: los terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. a III. …;

IV. Fomentar la calidad de la vivienda, así como marcar los criterios mínimos de los espacios habitables y auxiliares;

V. a IX. …

ARTICULO 19.- Corresponde a la Comisión:

I. a XVI. …

XVII. Participar en la definición de los lineamientos de información y estadística en materia de vivienda y suelo, con sujeción a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como integrar y administrar el Sistema de Información;

XVIII. a XIV. …

ARTICULO 22.- La Junta de Gobierno de la Comisión estará integrada por:

I. a VI.

VII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y

VIII.

ARTICULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal o por quien éste designe y estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado:

I. a X.

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

ARTICULO 43.- …

La Comisión integrará y administrará el Sistema de Información, el cual se sujetará, en lo conducente, a las disposiciones previstas en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y se conformará con la información que proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en aspectos vinculados con la vivienda y el suelo, así como la que permita identificar la evolución y crecimiento del mercado con el objeto de contar con información suficiente para evaluar los efectos de la política habitacional.

ARTICULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables, que tengan como mínimo un baño, cocina, estancia-comedor y dos recamaras, y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al climacon criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

ARTICULO 78.-

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de los espacios habitables y auxiliares básicos y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 23 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Isaías González Cuevas".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador González Cuevas, pido a la Secretaría que se inserte de manera íntegra el proyecto que ha presentado.

Sonido en el escaño del Senador Ricardo Barroso.

- El C. Senador Ricardo Barroso Agramont: (Desde su escaño) Para solicitar al Senador Isaías González Cuevas que nos permita adherirnos a su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: También se adhieren los Senadores Carlos Mendoza, Javier Lozano, Francisco Domínguez, Ana Lilia Herrera, Mariana Gómez del Campo, Itzel Sarahí Ríos, Lilia Guadalupe Merodio y Armando Neyra, con mucho gusto. Pido a la Secretaría tome nota de ello. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos. Primera.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Muchas gracias. Señor Presidente.

Un comentario nada más, ya que se están sumando todos a esta absolutamente justa iniciativa presentada, yo quisiera ver si podemos añadir un elemento importante, que es salario.

Si no hay salario la vivienda seguirá siendo cada vez peor, y como ya aprobaron la reforma laboral, los salarios se van a caer al suelo y la vivienda todavía peor. Yo considero que deberían de considerar todos los que se han sumado que lo primero que tienen que hacer es hacer una lucha porque el salario se incremente, si no no va a haber vivienda.

Muchas gracias, señor Presidente, por la oportunidad.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz, desde luego que la discusión quedará abierta en las comisiones respectivas para darle seguimiento a la propuesta que usted ha hecho. Con todo gusto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 27 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 27 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En las últimas semanas, en la agenda política de nuestro país ha sido recurrente el tema de la Cruzada contra el Hambre, y lo que todos nos hemos preguntado en diversos foros y de manera directa al gobierno federal es, ¿en qué consiste esa cruzada?, que no es ni programa ni es política pública, lo único que sabemos después de tanto preguntar, es que su implementación se llevará a cabo principalmente en estados y municipios que probablemente tendrán elecciones este próximo verano.

Dejando fuera a varias localidades que enfrentan serios problemas de pobreza, cualquier política, programa o intención concerniente a sacar de la pobreza a nuestra población, deben tener claro los mecanismos a través de los cuales se puede sacar adelante a la ciudadanía que vive en condiciones de pobreza.

De acuerdo al último censo del INEGI de 2010, de los 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria, 7.2 millones se ubicaban en las ciudades y 12.2 millones en las zonas rurales. Es decir, seis de cada diez habitantes en situación de pobreza alimentaria residen en el medio rural.

No es fácil remontar ese indicador en el campo, por lo complejo de la problemática, pero si las actividades primarias representan el 42 por ciento del ingreso familiar, es importante promover proyectos productivos que estén destinados a impulsar las actividades económicas, de hecho ayer escuchamos a la Secretaria de Desarrollo Social comentar de manera insistente sobre el tema de la activación productiva en el campo, todo esto para que permitan a la población rural encontrar las condiciones que los saquen de manera definitiva de la pobreza.

De acuerdo a la FAO, en México las localidades con población inferior a los 15 mil habitantes presentan formas de vida rurales, esto significa que más de 38 millones de personas, es decir, el 37 por ciento del total nacional, se dedica a actividades relacionadas con el sector primario.

Por tanto, el desarrollo rural constituye un componente relevante del crecimiento económico nacional que debemos impulsar sin mezquindad ni fines político-electorales, el desarrollo de este sector implica la realización de un importante acervo de los recursos productivos, el primero de ellos: la capacidad creadora y productiva, también, de más de la cuarta parte de nuestra población.

Las mejoras de los índices de nutrición, educación, salud, vivienda y acceso a servicios, así como el dinamismo económico del campo, constituyen estímulos a la realización del potencial productivo de la población rural, generando un círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de vida en amplias zonas del país.

Un ejemplo que les podría dar es el caso de mi estado, como es el sector apícola, que tiene un enorme potencial, es a la fecha uno de los más importantes del país y definitivamente representaría un proyecto de alto impacto para Campeche.

Por ello, una de las maneras en las que se puede trabajar para revertir esta situación, es a través de la concurrencia de recursos estatales y federales, así como de la priorización que por estado y región pueda hacerse de los distintos proyectos productivos. Actualmente existe la modalidad de la concurrencia de recursos federales y estatales para determinados programas de la SAGARPA, que están dirigidos a apoyar proyectos productivos del sector primario, no obstante esta concurrencia debe hacerse de manera intensiva, es decir, a través del establecimiento de un determinado número de proyectos que integren los productores y a los cuales se les asigne una partida presupuestal federal y estatal.

En ese sentido, es importante atender la recomendación que la OCDE hizo sobre los apoyos que se tienen establecidos para el desarrollo del sector primario mexicano, la cual consiste en buscar migrar del actual esquema de apoyos, en su mayoría consistentes en subsidios y asignaciones directas en efectivo, hacia programas de inversión, capacitación y acompañamiento integral a los proyectos productivos.

En países de América Latina como Brasil, Chile y Perú se impulsan este tipo de proyectos ya de manera prioritaria, y en muchas ocasiones con apoyo económico y de evaluación de organismos especializados de orden internacional como son la CEPAL o la FAO, los cuales han incrementado ya de manera directa el ingreso real de los productores entre un 80 y hasta un 100 por ciento.

Por lo anterior, lo que esta iniciativa propone es adicionar un párrafo al artículo 27 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que se establezca la obligatoriedad de celebrar al menos 2 convenios anuales entre la SAGARPA y por lo menos cinco entidades federativas, con el objetivo de que a través de cada uno de estos convenios, se impulse por lo menos un proyecto productivo de alto impacto estatal o regional, mismo que deberá haber sido integrado de manera abierta entre los productores y la instancia estatal correspondiente.

Involucrar directamente a los gobiernos estatales, tiene la finalidad de que los recursos federales se inviertan de la mejor manera posible, amén que son los estados y los gobiernos estatales los que deben identificar, impulsar y presentar ante el gobierno federal los proyectos que guarden un alto potencial de desarrollo en la región. Hay que recordar también que actualmente muchos de los programas de la SAGARPA son con recursos federales, pero asignados por los estados. Por eso es importante asumir una corresponsabilidad presupuestaria, técnica y de gestión con los gobiernos federales y estatales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, recorriéndose los párrafos subsecuentes en el orden correspondiente, para quedar como sigue:

Articulo 27.-. . .

El Ejecutivo Federal celebrará anualmente con al menos cinco entidades federativas, dos convenios anuales a través de los cuales se impulsarán el mismo número de proyectos productivos de alto impacto en las actividades primarias de cada estado, de acuerdo a las necesidades de desarrollo y características productivas de cada una de las entidades. Para efectos de la cobertura presupuestal, la Secretaría y las Entidades podrán celebrar convenios con Organismos Internacionales.

TRANSITORIOS

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores Proyecto de Decreto por la cual se adiciona un pArrafo al artIculo 27 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México cuenta con un territorio de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria, de las cuales cerca de 30 millones son tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero. Además, los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas.1

El sector primario, está compuesto por actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos no elaborados, mismos que con frecuencia son utilizados como materia prima en procesos industriales. Las actividades de este sector, comprenden la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, apicultura, caza y pesca.

Dichas actividades tienen una presencia significativa en nuestro país y más allá de su participación en el PIB nacional que es de alrededor del 4%, las múltiples funciones de estas actividades en el desarrollo económico, social y ambiental determinan que su incidencia en el desarrollo sea mucho mayor de lo que ese indicador implicaría.

Es importante mencionar que toda la producción de alimentos se origina en este sector, incluyendo la pesca, de manera que la oferta sectorial (interna y externa) es fundamental en la seguridad alimentaria, en el costo de vida y en el ingreso real del conjunto de la población, particularmente de los más pobres que destinan a la compra de alimentos una mayor proporción de su ingreso. La población del decil más pobre destina más de la mitad (51.8%) del gasto corriente monetario a alimentos, mientras que en el decil más rico la proporción es solamente de 22.7%.2

De igual forma, los productos agropecuarios están en la base de un gran número de actividades comerciales e industriales. Si se considera la producción agroindustrial, la contribución sectorial al PIB de México se duplica sobradamente, superando el 9%.

Las actividades primarias son fundamentales en el medio rural, en el cual habita una parte altamente significativa de la población nacional. En las pequeñas localidades rurales dispersas (con población inferior a 2,500 personas) viven 24 millones de mexicanos, es decir, casi la cuarta parte de la población nacional. De las 199 mil localidades del país, 196 mil corresponden a esa dimensión. Sin embargo, la vida rural en México se extiende mucho más allá de esas pequeñas localidades, toda vez que puede considerarse un umbral de 15 mil habitantes, ya que las localidades con población inferior a ese número presentan formas de vida característicamente rurales. Utilizando ese umbral, la población rural resulta de más de 38 millones de personas (37% del total nacional). De tal manera que lejos de ser marginal, el desarrollo rural (empleo, ingreso, articulaciones productivas, condiciones de vida) constituye un componente relevante del desarrollo nacional.

Por otra parte, la población rural desarrolla crecientemente actividades diferentes a las de la pesca y la agricultura, como el comercio local, la artesanía, la extracción de materiales, el ecoturismo, los servicios ambientales o el trabajo asalariado en diversas ocupaciones, entre otras. Sin embargo la agricultura sigue siendo predominante en el campo mexicano, sobre todo entre la población más pobre, donde representa 42% del ingreso familiar.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde el proceso de emigración ha ocasionado que el mayor número de personas pobres viva en las ciudades, en México todavía la mayor parte de la población pobre vive en el campo. En 2010, de los 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria, 7.2 millones se ubicaban en las ciudades y 12.2 millones en las zonas rurales.3 Es decir, seis de cada diez habitantes en situación de pobreza alimentaria residen en el medio rural. Asimismo, la incidencia de la pobreza entre los habitantes del campo es mucho mayor que en las ciudades. El imperativo -ético, económico y político- de reducir la pobreza en el país implica la atención al desarrollo agrícola y rural.

Desarrollar el sector primario, también significa incorporar un importante potencial económico para el progreso del país. En gran medida, el desarrollo de este sector implica la realización de un importante acervo de recursos productivos, el primero de ellos: la capacidad creadora y productiva de más de la cuarta parte de la población nacional. Las mejoras en los índices de nutrición, educación, salud, vivienda y acceso a servicios, así como el dinamismo económico del campo, constituyen estímulos a la realización del potencial productivo de la población rural, generando un círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de vida en amplias zonas del país.

De igual forma, el sector primario también es depositario privilegiado de muchas de las raíces culturales mexicanas y de las expresiones más entrañables de la identidad nacional. En el México rural, campesino y muchas veces indígena, y en la naturaleza del campo nacional, toman cuerpo los rasgos y valores que definen su identidad, su geografía, su idiosincrasia, la historia compartida, y la cultura profunda que distingue al país dentro del mundo y lo caracteriza como parte de este.

En este marco, los programas diseñados por la SAGARPA destinados a impulsar las actividades primarias en nuestro país, son diversos y de acuerdo al documento Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales, derivados de informes y evaluaciones externas,4 publicado por esta Secretaría, puede apreciarse que la mayoría de estos programas presentan carencias trascendentales, relacionadas con la planeación y el cumplimiento de los objetivos planificados, lo cual implica poner en riesgo los factores que aquí se han mencionado que reúne el sector primario o rural.

En tal documento, los programas siguientes: Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, El Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario, El Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Acuícolas y Pesqueras, y el Programa de Sustentabilidad de los Recursos, no cuentan con los adecuados instrumentos de medición para evaluar la satisfacción de los beneficiaros y en algunos casos, según dichas evaluaciones, no se tiene claramente definido el perfil de la población objetivo.

Estos programas pretenden apoyar a los productores en las diferentes etapas de producción, ya sea en la integración de sus proyectos, en la ejecución o incluso en la comercialización de estos. Lo anterior se hace mediante la implementación de subsidios a combustibles o cobro diferenciado de energía eléctrica o agua, capacitación o incluso suministraciones directas de dinero en efectivo para apoyar el ingreso de las familias que dependen de la producción y comercialización de productos primarios.

Sin embargo, toda vez que no se tiene unparámetro de medición el cual permita saber la satisfacción de los beneficiaros, habrá que tomar como indicador de estos programas el que el 60% de la población en condiciones de pobreza alimentaria vive de las actividades primarias. Lo cual resulta ser incluso paradójico, en virtud de que esta población viven en un medio que de recibir los apoyos y atención necesaria, podría vivir de los alimentos que ellos mismos producen.

Una de las maneras en que se puede trabajar para revertir esta situación es a través de la concurrencia de recursos estatales y federales y de la priorización que por estado y región pueda hacerse a distintos proyectos productivos. Actualmente existe la modalidad de la concurrencia de recursos federales y estatales para determinados programas de la SAGARPA que están dirigidos a apoyar proyectos productivos del sector primario, no obstante esta concurrencia debe hacerse de manera intensiva, es decir, a través del establecimiento de un determinado número de proyectos que integren los productores y a los cuales se les asigne una partida presupuestal federal y estatal.

Asimismo, es importante atender la recomendación que la OCDE hizo sobre los apoyos que se tienen establecidos para el desarrollo del sector primario mexicano, la cual consiste en buscar migrar del actual esquema de apoyos, en su mayoría consistentes en subsidios y asignaciones directas en efectivo, hacia programas de inversión, capacitación y acompañamiento integral de proyectos productivos.5

Otorgarle recursos directos a la población en la mayoría de los casos deriva en un mal aprovechamiento de estos, toda vez que es muy probable que no se inviertan estratégicamente y los productores prefieran gastarlos en necesidades inmediatas que no les redituarán en mejorar su producción en el mediano y largo plazos.

La capacitación, el acompañamiento técnico durante la producción y el asesoramiento comercial en la venta de los productos, son los elementos que deben estar integrados en un mismo Programa para que los recursos se empleen de manera eficaz y a la vez estos generen un beneficio acumulativo, permanente y sustentable del sector primario mexicano.

Por ello, lo que en esta Iniciativa se propone es adicionar un párrafo al artículo 27 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que se establezca la obligatoriedad de celebrar al menos 2 convenios anuales entre la SAGARPA y cada una de las entidades federativas, con el objetivo de que a través de cada uno de estos convenios, se impulse un proyecto productivo de alto impacto, mismos que deberán de haber sido integrados de manera abierta entre los productores y la instancia estatal correspondiente.

En países de América Latina como Brasil, Chile y Perú se impulsan este tipo de proyectos de manera prioritaria y en muchas ocasiones con apoyo y evaluación de organismos especializados de orden internacional como la CEPAL o la FAO. Un ejemplo de esto es el Proyecto de Desarrollo Comunitario en la Región de Río Gavião,6 el cual tuvo el objetivo de desarrollar a la población rural del estado de Bahía de manera integral, capacitando y contribuyendo la infraestructura necesaria para que los productores pudiesen en el mediano y largo plazos, continuar mejorando tanto sus productos como su ingreso.

En dicho proyecto tuvo participación el gobierno federal y el local. Ambos gobiernos aportaron recursos y el gobierno local, fue el encargado de de gestionar y desarrollar cada una de las etapas del proyecto. El proyecto, como algunos otros más de esta índole, fue exitoso en aquél país toda vez que el resultado de las evaluaciones externas hechas por organismos internacionales, reflejan que en un periodo de tiempo de 4 años se llevarona cabo alrededor de 1,400 eventos de capacitación que comprenden cursos relacionados con la producción, pero también con modelos de organización campesina, mejora en la comercialización de productos, etcétera.

Asimismo, uno de los logros principales de este proyecto en Brasil y también en los otros países de América Latina ya mencionados, es que el ingreso real de los productores se incrementó entre un 80 y 100 por ciento y además, se ha creado la infraestructura necesaria para continuar incrementando sus ganancias.

Lo que se pretende con esta Iniciativa es asegurar, por ley, que el gobierno federal celebre anualmente con al menos cinco estados dos proyectos productivos de alto impacto que sean apoyados con recursos y personal capacitado, desde la integración de estos hasta la etapa de comercialización de los productos que se deriven de este ciclo productivo.

La racionalidad de lo que aquí se propone consiste en que a través de convenios previamente establecidos por la SAGARPA con organismos internacionales en la materia, se logre consolidar un esquema de integración, evaluación y apoyo presupuestal de proyectos de esta índole.

El modelo referido que tuvo lugar en Brasil, tuvo un costo cercano a los 40 millones de dólares lo que equivale aproximadamente a 500 millones de pesos, de tal suerte que lo que aquí se propone equivale a una inversión de 5 mil millones de pesos anuales que podrían componerse con una aportación del gobierno federal de un 60%, y el 40% buscando una aportación de algún organismo internacional y lo restante a través de una partida del gobierno estatal.

Identificar la potencialidad de las regiones, gestionar la promoción de una política de estas características entre las comunidades productoras, integrar los proyectos, ejecutarlos, capacitar a los productores a través de visitas continuas y programadas,y asesorarlos en la cosecha y comercialización de sus productos, es la responsabilidad que deben asumir tanto los gobiernos estatales como el federal.

Involucrar directamente a los gobiernos estatales, tiene la finalidad de que los recursos federales se inviertan de la mejor manera posible,amén de que son los gobiernos estatales los que deben identificar, impulsar y presentar ante el gobierno federal los proyectos que guarden un alto potencial de desarrollo en la región en correspondencia con sus respectivos programas de gobierno, considerando las características del programa, los medios a través de los cuales pretende desarrollarse, las características geográficas, económicas y poblacionales con que estos cuenten. Así como también asumir una corresponsabilidad presupuestaria, técnica y de gestión con el gobierno federal.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se contempla una partida de 3 mil millones de pesos para los programas ya mencionados, no obstante también podrían utilizarse para realizar estos convenios de concurrencia para proyectos estatales de alto impacto que podrían estar contemplados dentro de los mismos programas con los que actualmente cuenta la SAGARPA, pero bajo el esquema de lo que dispondría la modificación que aquí se está proponiendo. La intención es intensificar el apoyo a los productores de manera constante e intensiva.

De acuerdo al informe publicado en el 2010 por la OCDE,7 con datos de 2005, entre 1992 y 2006, los productores autónomos y los empresarios tuvieron una disminución del 4.25% y 3.32% en sus ingresos reales, lo cual resulta ser un dato que hay que revertir a través del impulso de este tipo de proyectos, toda vez que en la medida en que se incremente el número de proyectos de alto impacto, las demarcaciones tendrán una mayor derrama de capital con lo cual se pueden generar empleos y la seguridad alimentaria de cerca de la tercera parte de la población mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se adiciona un segundo Párrafo al Artículo 27 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, recorriéndose los párrafos subsecuentes en el orden correspondiente, para quedar como sigue:

Articulo 27.-…

El Ejecutivo Federal celebrará anualmente con al menos cinco entidades Federativas, dos convenios anuales a través de los cuales se impulsarán el mismo número de proyectos productivos de alto impacto en las actividades primarias de cada estado, de acuerdo a las necesidades de desarrollo y características productivas de cada una de las entidades. Para efectos de la cobertura presupuestal, la Secretaría y las Entidades podrán celebrar convenios con Organismos Internacionales.

TRANSITORIOS

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 24 de abril de 2013.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Lavalle Maury. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.

1 FAO. La FAO en México. Más de 60 años de Colaboración [En línea]. Disponible en:

(Consulta: 23 de enero 2013).

2 SEDESOL. Diagnóstico sobre la población en condiciones de pobreza vulnerable a los efectos de la desnutrición [En Línea]. Disponible en: http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1778/2/images/Diagnostico_Liconsa.pdf (Consulta: 23 de enero 2013).

3 OCDE. Perspectivas OCDE: México Reformas Para el Cambio [En línea]. Disponible en: http://www.oecd.org/mexico/49363879.pdf (Consulta: 23 de enero de 2013).

4 SAGARPA. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales, derivados de informes y evaluaciones externas [En línea]. Disponible en:

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Documentos%20de%20Trabajo/Attachments
/54/institucional_30_04_2012_12_U07_ApoyoCambioTec.pdf (Consulta: 23 de enero 2013).

5 OCDE. Ibid.

6 IFAD. Proyecto de Desarrollo Comunitario en la Región de Río Gavião[En Línea]. Disponible en:

(Consulta: 23 de enero 2013).

7 OCDE. Ibid.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia; Senadoras y Senadores:

En México tenemos muchísimas deudas, una de las más grandes es con la lectura. Es un lugar común que escuchamos, incluso pronunciamos casi de manera ya inconsciente decir que los mexicanos no leemos, y que si lo hacemos, lo hacemos en niveles que dejan mucho que desear, sobre todo si nos comparamos con países con mucho mayor grado de desarrollo económico y social.

Y como todos sabemos, en cuanto empiezan las comparaciones con Noruega y empiezan las comparaciones con Suecia, pues comienza también la desolación y la impotencia. Sencillamente la solidez de nuestro país y su futuro se relacionan de manera muy estrecha con los niveles de lectura de los ciudadanos.

El tamaño de nuestras libertades será en la medida de que podamos tener mexicanos que leen todos los días. La dimensión de nuestra identidad tendrá sustento en que en cada casa de una familia mexicana haya libros, y que esos libros se estén leyendo, así de simple y así de inquietante.

La democracia y el proceso de democratización requieren de ciudadanos con una amplia capacidad para reflexionar, para articular, para comprender, para interpretar y para comunicar ideas. De ahí la urgencia de formar lectores y fortalecer el concepto de la lectura como un hábito entre la población.

Necesitamos urgentemente formar más y mejores lectores. También debemos de abandonar de manera terminante esta actitud de autoflagelación de que los mexicanos no leemos, porque los mexicanos leemos, pero no lo hacemos de manera suficiente y no lo hacemos en contenidos de calidad.

Hay que considerar que si los mexicanos no alcanzamos los mejores niveles de lectura no es por una actitud de desidia, o no es porque genéticamente nuestra raza esté predispuesta a este hábito, el problema no es de la simple posesión o propiedad de libros, no es solamente, pues, un asunto de bibliotecas o de distribución de materiales de lectura.

Si los libros están mal distribuidos en México es porque las cargas y los beneficios sociales están mal repartidos, si los niveles de cultura se concentran es porque hay una clara desigualdad social que así lo determina. La cultura también es un recurso sujeto a las relaciones de la economía. La desigualdad social y el acceso a las oportunidades productivas tienen como subproducto la desigualdad en el acceso a bienes culturales, entre ellos, obviamente, los libros y acceso a los nuevos métodos e instrumentos de lectura.

Editar, distribuir libros y materiales de lectura es una labor muy loable, pero no es suficiente. No se puede leer mucho a la sombra de la desnutrición, no se puede leer mucho a la sombra de la pobreza, del hambre, de la violencia, de la impunidad, y así podemos plantear muchos otros elementos.

Los niveles de lectura a nivel nacional se corresponden al final con los grados de escolaridad. Los niveles de lectura se corresponden con los niveles de salud o con los niveles de empleo. No es casual que entre los sectores con más carencias en nuestro país encontremos a la franja poblacional con menores niveles de lectura, también es importante establecer que existe una enorme relación entre el número de lectores y la impartición de justicia. Si hay incertidumbre en la aplicación de las leyes y hay certeza en la impunidad, pues seguramente el margen para la cultura será aún mayor.

Hoy no hay una calzada cierta para aumentar el número de lectores, tampoco la hay para aumentar la cantidad y la calidad de las lecturas. Por eso mismo es necesario involucrar a más actores sociales y políticos para hacer mayor y mejor las tareas relacionadas.

La promoción de la lectura debe de ser una tarea de Estado, de instituciones, de ciudadanos, no bajo la premisa de que los mexicanos no leemos, sino bajo la perspectiva de que los mexicanos debemos de leer más.

Ayer, justamente aquí, se aprobó la creación de un nuevo Comité de Fomento a la Lectura del Senado de la República, qué bueno que así sucedió; sucedió además en el marco de la celebración del Día Mundial del Libro, y todos o muchos de nosotros salimos a hablar con los periodistas y a decirles cuáles son nuestros libros favoritos y por qué los mexicanos debemos de leer más. Curiosamente muchos políticos mexicanos coinciden en la lista de sus libros favoritos con la lista de los libros favoritos de sus asesores. Bueno, qué bueno que eso ocurre.

Si estamos tan preocupados por este asunto, aquí quisiera hacer un planteamiento para sacudirnos esa preocupación y ocuparnos del tema. Hoy estoy presentando ante esta Honorable Asamblea una iniciativa que propone el cambio de denominación de las funciones de la actual Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales para que sea ahora una Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura.

¿Cuál es la intención? Bueno, que no se trata nada más de cambiarle el nombre sin incorporar nuevas atribuciones y nuevas responsabilidades. Este cambio nos permitirá tener un mayor peso específico en las relaciones interinstitucionales para orientar el esfuerzo del Senado de la República en pro de una mayor y mejor lectura para los mexicanos.

Aquí quisiera hacer un añadido a mi iniciativa, si me lo permite la Mesa Directiva, para que se incorpore también, la iniciativa se ingresó antes del acuerdo, la coordinación con el Comité de Lectura y esta Comisión de Biblioteca, Editorial y Fomento a la Lectura.

Necesitamos, compañeros, una mayor y mejor lectura; necesitamos que éste sea un asunto de nuestra agenda y para eso debe de ser un asunto de Estado. El Senado puede y debe ser una institución relacionada con el tema y podemos y debemos tener un nuevo rol como instancia promotora de la lectura.

Hoy creo que para realizar una tarea del siglo XXI necesitamos hacer valer los instrumentos y las tecnologías del siglo XXI. El libro, como lo conocemos, tiene ya más de 5 siglos de existir y por eso mismo necesitamos elevar su potencialidad.

Hay que pensar que los mexicanos del siglo XXI no irán a las bibliotecas del siglo XIX, hoy estamos frente a esa coyuntura y frente a una enorme oportunidad. Hace muchas décadas don José Vasconcelos diseñó personalmente unas cajas que se subían al lomo de las mulas para llegar a todos los rincones del país y para llevar libros y acceso a la educación básica, hoy tenemos mejores recursos de los que contaba Vasconcelos.

Bueno, hagámoslos valer y aprovechémoslos. Seguramente esta idea, la idea vasconcelista de las misiones culturales, debe de retomarse, debe de actualizarse y debemos de estar, como lo hacía Vasconcelos, a la altura de esta enorme responsabilidad.

El, Vasconcelos, armaba estas cajas, muchas veces de manera personal, armaba y diseñaba estas cajas. Hoy podemos armar con la nueva tecnología, hacerla llegar al lomo de una fibra óptica, al lomo de la banda ancha, al lomo de tablets, desde donde se puede también acceder a la cultura.

Esa es la intención y la invitaciones, señores Senadores, a las que les pido se suman el día de hoy.

Concluyo con una idea, con la que me sentiré muy satisfecho si logro contagiar al Senado de la República, y la dijo Borges: “Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las páginas que he leído”.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

"SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE:

El suscrito, Zoé Robledo Aburto, Senador por Chiapas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mucho se habla de que México es un país que no lee o al menos que lee muy poco, y generalmente se nos compara con países como Finlandia, Suecia, Dinamarca y nuestra perspectiva, vista así, es de desolación.

La democracia requiere ciudadanos con capacidad para reflexionar, articular, comprender, interpretar y comunicar ideas. De ahí la urgencia de formar lectores y fortalecer el concepto de lectura-hábito entre la población. Tanto para su desarrollo político y económico, como para el fortalecimiento de una democracia participativa e informada, México necesita ciudadanos desarrollados plenamente en el uso de su capacidad lectora, interpretativa y comunicativa.

En años recientes se han promulgado en el mundo (Francia, Alemania, Portugal, Grecia, España, Colombia y Argentina) leyes y políticas públicas en torno al fomento a la lectura-hábito y promoción del libro-objeto. Estas iniciativas se han mostrado extraordinariamente interesantes y útiles en su objetivo así como en el proceso y las estrategias para lograrlo.

Históricamente, en política pública se ha confundido la promoción del libro-objeto con el fomento de la lectura-hábito, lo cual ciertamente tuvo su razón de ser: El acceso al libro hace 50 años era más complejo, las condiciones socioeconómicas en que vivía la mayoría de los mexicanos, así como las limitaciones técnicas para la producción masiva de publicaciones son muy diferentes a las de hoy día.

En aquel entonces el libro era un bien mucho menos accesible de lo que lo es actualmente y por lo mismo, la visión en Política Pública se centraba en el libro antes que en el lector. Para 1944 el entonces Secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet (destacado hombre de letras, académico y diplomático mexicano) mostraba una gran preocupación por los libros con los que se educaba a los niños y niñas de la educación obligatoria del país.

Por su parte, un joven abogado de aquel tiempo, Adolfo López Mateos, advertía desde aquella época, que el principio de gratuidad de la educación básica, consagrado en la Constitución, no estaba siendo plenamente cumplido porque los libros de texto eran excesivamente costosos, de mala calidad e inaccesibles para la mayor parte de las familias mexicanas.

Al llegar a la Presidencia de la República en 1958, López Mateos se encontró con una población con altos niveles de analfabetismo y pobreza, que minaban el acceso equitativo a los servicios educativos: "poco puede hacer la escuela por los niños si sus padres no tienen recursos para comprarles los libros de texto" decía. Para hacer frente a tales problemas, López Mateos eligió a quien había sido discípulo del maestro José Vasconcelos para ocupar, por segunda vez, la Secretaría de Educación Pública: Jaime Torres Bodet.

Torres Bodet impulsó una extensa campaña de alfabetización a lo largo y ancho de México con una idea firme: que cada estudiante del nivel obligatorio asistiera a la escuela con un libro de texto bajo el brazo, pagado por la Federación. Así nació la idea de crear la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), con la visión de que el libro de texto gratuito, además de un derecho social, fuera un vehículo que facultara el diálogo y la equidad en la escuela.

La CONALITEG fue finalmente fundada por el Presidente López Mateos el 12 de febrero de 1959. Las críticas iniciales a tan magno proyecto no se hicieron esperar, ya que la Comisión, aun siendo un organismo público, otorgó desde el principio libros de forma gratuita a instituciones privadas; el Presidente simplemente respondía: "todos son niños, y todos son parte de nuestro pueblo".

De estos hechos al día de hoy han transcurrido más de 50 años y, si bien muchas de nuestras carencias y desafíos como país prevalecen, la realidad es que el escenario ya no es exactamente el mismo de entonces, de tal suerte que abordar “el problema” histórico del bajo nivel de lectura de los mexicanos centrándonos nuevamente en la histórica promoción del libro-objeto, y dejando de lado el fomento de la lectura-hábito resultará en lo que ya conocemos: Encuestas de lectura que hablan de que un mexicano promedio lee poco menos de tres libros al año.1

Mantener la atención en esta promoción del libro-objeto, es como pretender que produciendo y regalando a la ciudadanía pasta y cepillos de dientes, se reducirán automáticamente los problemas de caries y la salud bucal de los mexicanos mejorará notablemente. Por este motivo, el nuevo planteamiento parte de entender al hábito de la lectura, al gusto por la lectura como un fenómeno no aislado ni independiente del resto de lo que es la persona.

En otras palabras, los, bajos o medios niveles de lectura de los mexicanos son razonablemente congruentes con los bajos o medios niveles de escolarización, los bajos o medios niveles de acceso y mantenimiento de la salud, los bajos o medios niveles de acceso a empleo con salario suficiente, los bajos o medios niveles de acceso a servicios de seguridad y justicia adecuados, los bajos o medios niveles nutricionales, los bajos o medios niveles de honestidad institucional, los bajos o medios niveles de éxito deportivo que logramos internacionalmente.

Esto es, nuestros niveles de lectura son los de un país de mediano desarrollo. Somos un país ciertamente con un enorme potencial, pero en los hechos, el potencial, en tanto que capital simbólico, diría Bourdieu, no es sino una posibilidad que hasta en tanto no se haga uso de ella, no se convertirá en capital para evolucionar y crecer. Somos pues, lo que leemos, al tiempo que leemos lo que somos como dijera Basanta Reyes.

Decir que “no leemos” es una afirmación en cierto sentido pretenciosa, considerando pues que quien concluye esto lo hace desde un montículo en el que se dictamina qué cosas son literatura de alto contenido y que es basura y eventualmente no vale para la contabilización, o se debe contabilizar desde la perspectiva de los contenidos. Definitivamente no es lo mismo leer "Primero Sueño" de Sor Juana Inés de la Cruz, que una novela rosa o que un artículo en una revista de telenovelas, pero a final de cuentas, todo es lectura y, en este caso, lo que se debe contabilizar no es la cantidad, sino la calidad.

De igual modo, y esta es una premisa aparentemente menos radical pero igual en intensidad, es el hecho de cómo se lee. Hoy día el acto de leer es ejercicio radicalmente distinto al acto de leer de hace 30 ó 40 años, inclusive respecto a cómo se leía hace 10 años. Más allá de la tendencia a leer en tabletas electrónicas (tendencia que por lo demás tendrá todavía una larga curva evolutiva en ascenso pero que no necesariamente remplazará como tal al libro en papel, y que es un subfenómeno que tiene efectos más de orden tecnológico que en la lectura en sí misma) se encuentra el hecho de que hoy día el flujo de información en tiempo real permite estar permanentemente "conectado" a fuentes que nos proveen, vía la lectura, de información que hace una década se conocía hasta el noticiero de la noche o al día siguiente en el periódico editado únicamente en papel.

En resumen diría que, no es regalando libros que lograremos que se lea más en México; también que los índices de lectura se moverán a la par de muchos otros en los que igualmente necesitamos remontar un largo trecho y finalmente, en urgente redefinir qué sí vale como lectura, pues el hábito ha cambiado y hoy los jóvenes y los niños deconstruyen y reconstruyen un viejo hábito para aprehender uno nuevo y si el hábito es distinto, también debiera serlo el método de contabilización.

Para muestra, 22% de los asistentes a bibliotecas públicas afirman que lo hacen por el gusto de la lectura, mientras que el resto para realizar investigaciones de la escuela o el trabajo. Por su parte, quienes no asisten a las bibliotecas es por una o varias de las siguientes razones: 58% porque sus actividades diarias no les dejan tiempo para ir, 29%, porque las bibliotecas públicas están apartadas de sus residencias y lugares de actividad diaria y solamente el 29% evita las bibliotecas porque no le gusta leer.2

Tenemos ya el panorama general de lo que es, de lo que actualmente sucede. Partiendo de ello se abre el segundo bloque de interrogantes: Cómo transitar del escenario actual y movernos para ser un país con ciudadanos que leen más, que leen en diversas plataformas y cómo lograr que esto redunde en un mejor país, un país con estándares de vida más altos. Y por último, ¿que estamos haciendo desde el Senado de la República, desde la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales para contribuir a todo esto?

Partiendo del hecho de que el nombre es sentido, trabajamos desde la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales para transformarla desde su raíz y su espíritu y desde ahí, abonar a un cambio de paradigma que propicie la definición de la política pública en la materia, centrándonos en tres ejes diferentes de los que priman actualmente, replanteando el qué se lee, cómo se lee y qué relación tiene esto con nuestro ser mexicanos pero sobre todo, replanteando el asunto de cuánto se lee para superar el “trauma” de que el mexicano no lee o lee muy poco, darle la vuelta a la expresión, transformarla en propositiva y darle otro sentido, afirmando y convenciéndonos nosotros mismos de que lo que en realidad sucede es que “sí leemos, pero necesitamos leer más...”

De esta forma, en la actualidad, la responsabilidad del Senado de la República y en especial de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales trasciende la producción de material bibliográfico en atención al libro-objeto y se manifiesta la necesidad de promover el hábito de la lectura, a través de la publicación de libros, por supuesto, tal como se ha hecho desde su creación, pero también adentrándonos a nuevas plataformas que la tecnología provee, para acercarnos a las nuevas generaciones y a mayor número de mexicanos. Por ejemplo, 59% de los usuarios de internet, utilizan este medio para estudiar, 13% lee libros en línea y también un 13% lee periódicos en línea.3

La promoción del trabajo legislativo a través de la labor editorial debe permanecer en el papel, pero también trascenderlo y adecuarse a las demandas de la sociedad. Debe informarse a la sociedad del actuar legislativo, pero también se debe promover la lectura de calidad. Consideramos de enorme relevancia retomar lo que en el contexto nacional resulte valioso para transitar como país y sociedad hacia una nación que lee y, que comprende que resulta necesario y urgente leer mucho más.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO PRIMERO.-Se reforma la fracción IV del artículo 90 de la LEY Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para modificar la denominación de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales a Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura, para quedar como sigue:

ARTICULO 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. a III....

IV. Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura;

V. a XXX. ...

ARTICULO SEGUNDO.- La Cámara de Senadores, a través de sus órganos de gobierno y la propia Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura emitirán la normatividad reglamentaria de la nueva comisión, la cual se regirá por las siguientes:

Bases para la Operación de la Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura.

PRIMERA. Se realizarán acciones de promoción editorial con los objetivos fundamentales de promover la lectura y el trabajo legislativo.

SEGUNDA. Se promoverá la difusión de las publicaciones tomando como punto central la Biblioteca "Melchor Ocampo" por ser la Biblioteca del Senado, pero a la vez se incorporarán y atenderán las diversas modalidades y plataformas de difusión de la información a través de las nuevas tecnologías, así como de la red de bibliotecas en México y el mundo.

TERCERA. Se constituirá un Comité Editorial externo, con académicos y escritores, con la finalidad de ampliar la gama de publicaciones del Senado de la República y con ello cumplir con la finalidad de promover la lectura.

CUARTA. Se fomentará la participación de los senadores y la ciudadanía en general en actividades de fomento a la lectura y difusión de material bibliográfico.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura mantendrá la representación partidaria e integración de senadores con la que actualmente cuenta la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales.

TERCERO.- Una vez en vigor el presente decreto, el personal adscrito, así como los recursos materiales y financieros correspondientes a la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales pasarán a la Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura.

CUARTO.- Se realizarán las adecuaciones presupuestales correspondientes para el cumplimiento de las responsabilidades de la Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 23 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Robledo Aburto.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Alcalá Ruiz.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Simplemente para reconocer el interés del Senador Robledo Aburto, en relación con el proyecto que acaba de presentar.

En este tema, como en otros, compartir que es necesario que hagamos y sumemos esfuerzos distintas comisiones.

La Comisión de Cultura que me honro en presidir, ha venido ya realizando una serie de foros que tienen que ver con la importancia del libro y, sobre todo, el fomento a la lectura.

De tal suerte que me parece que será interesante que podamos hacer un trabajo de manera concurrente, trasversal, como lo exige definitivamente el esfuerzo de la lectura para el desarrollo de los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo Gurza.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Para sumarme también a la iniciativa del Senador Zoé Robledo, y además celebrar la importancia que le está dando, y con mucha fuerza, al tema de la lectura.

Me parece fundamental que este Senado de la República fomente la lectura, y qué mejor que hacerlo desde el Comité de Bibliotecas que el Senador preside.

Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Igualmente están pidiendo sumarse los Senadores Roberto Albores y Arely Gómez.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez.

- El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño)Quiero felicitar al compañero Zoé Robledo por su iniciativa y por su interés en fomentar la lectura.

Hago este comentario, considerando mi profesión desde el nacimiento como librero y editor.

Y hago el comentario, además, de que tengo la firme esperanza de que este comité, con la nueva tendencia que le está marcando el Senador Robledo, intervenga para acabar con tantos sofismas que hay alrededor del libro en este país.

Se pretende fomentar la lectura simplemente con spot de radio y televisión entre auténticos analfabetas que se han ido creando en el país con un sistema educativo, que en ninguna parte fomenta la lectura en forma suficiente.

Pero además, lo increíble, que en este país se puedan hacer descuentos hasta del 60 y el 80 por ciento en las medicinas, se pueden hacer descuentos en las tiendas de abarrotes, en los centros comerciales, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de decretar que está prohibido hacer descuentos sobre los libros en la paradoja más extraordinaria que haya visto yo sobre el mercadeo de producto alguno, más aún cuando se trata de libro.

Esto necesitamos revisarlo, hay una ley del libro que presenta una serie de absurdos que necesita corregirse, e invito al compañero Zoé Robledo y a los integrantes de esta comisión a que revisemos esta situación de fondo, más allá de pretender fomentar la lectura poniendo simplemente unos spot de radio y televisión que son como las misas para los condenados.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Patricio Martínez, por su comentario.

- El C. Senador Humberto Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) ¿Me permite la palabra, señor Presidente?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Humberto Mayans.

- El C. Senador Humberto Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Simplemente para felicitar al Senador Zoé Robledo por esta iniciativa.

Creo que es fundamental para el Senado y para el país fomentar, como se ha dicho aquí, la lectura, me parece indispensable y es una buena manera de poder festejar el “Día Internacional del Libro”, que se celebró el día de ayer.

Muchas felicitaciones, Senador Robledo Aburto, y espero me autorice sumarme a su iniciativa.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Humberto Mayans.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Raúl Morón.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Igual, felicitar al Senador Zoé Robledo. El hábito de la lectura es un hábito muy loable que se ha quedado prácticamente olvidado con todos los avances tecnológicos.

Es importantísima la difusión y el fomento de la lectura, que es como la base de todo aprendizaje. Yo soy profesor, y me parece que esta iniciativa del Senador Zoé hay que profundizarla más, yo creo, hay necesidad de hacer alguna iniciativa que esté orientada a fomentar la lectura prácticamente en todos los centros educativos del país.

Entonces, en la Comisión de Educación también estamos muy interesados en el tema.

¡Muchas felicidades!

Y obviamente solicitar al Senador si nos permite sumarnos a esta iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Morón. Con gusto pido a la Secretaría que se incluya su participación en este proyecto.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Lorena Cuéllar.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño)Unicamente para sumarme.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para sumarse?

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Así es, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de los Senadores Rabindranath Salazar, Fidel Demédicis Hidalgo, para el mismo. Francisco García Cabeza de Vaca, Carlos Mendoza, Martín Orozco, Martha García, Ana Lilia Herrera y Maki Esther Ortiz.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Para reiterar mi adición y felicitación. Pero también para informarle a mis compañeras y compañeros Senadores que el tema de la Ley del Libro es un tema que en la Comisión de Cultura hemos venido ya trabajando los integrantes de la misma.

Sería muy grato, si el Senador Robledo Aburto y el resto de los compañeros están de acuerdo, por eso insisto en la necesidad de sumar esfuerzos, me parece que necesitamos hacerlo de manera transversal la Comisión de Bibliotecas, la Comisión de Cultura y, en todo caso, también la Comisión de Educación.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, Senadora Blanca Alcalá, la turnaremos también a la Comisión de Cultura para que haya una participación mucho más amplia.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño)Señor Presidente, pido la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez García.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Efectivamente para sumarme a lo comentado por mi compañera Blanca Alcalá.

Me parece que esto debe estar en un espectro mucho más amplio de participación, aunque el asunto no reviste la urgencia aparente que tienen otros asuntos que manejamos en el Senado, verdaderamente uno de los problemas torales que tiene el país es que no se lee en este país lo suficiente para que de esa manera tengamos la mejor convivencia y la mejor comunicación los mexicanos.

Por eso me parece que si interviene la Comisión de Cultura, interviene la Comisión de Educación e interviene la Comisión de Biblioteca y todas las que sean necesarias, tendremos un producto mejor terminado sobre un asunto que es fundamental para la vida del país.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, Senador Patricio Martínez, vamos a turnar con opinión también de las Comisiones de Educación; y de Bibliotecas y Asuntos Editoriales.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente, pido la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Simplemente para sumarme a lo mencionado aquí por el Senador Patricio Martínez.

Me parece muy importante que el Senado de la República pueda revisar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No puede ser que no pueda haber descuentos en libros, y que se den descuentos en cualquier otro producto, excepto en libros. Me parece un tema que hay que discutir aquí, y qué mejor que en el seno de este Comité de Bibliotecas, de la Comisión de Cultura, de la Comisión de Educación, de las del nuevo comité también del libro, o Comité de Lectura.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias por su comentario, Senadora Mariana Gómez del Campo.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano Alarcón.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para informarle a esta Asamblea.

Hace dos días tuvimos aquí un foro, organizado en la Comisión de Cultura, precisamente con visitantes de la industria editorial en nuestro país de distintos académicos, precisamente con el motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Y hay opiniones exactamente en el sentido opuesto a lo que aquí se está comentando.

Entonces, no fijemos aquí posiciones hasta que no discutamos esto en las comisiones pertinentes, y entonces podamos tener una posición común. Porque para eso están las comisiones dictaminadoras.

Entonces, bienvenidas las iniciativas, pero demos, por favor, la posibilidad de que los trabajos conducentes en las comisiones pertinentes, se desahoguen con normalidad.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Lozano.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Coincido con lo planteado por el Senador Lozano Alarcón.

Pero me parece indispensable hacer una aclaración. Los comentarios hechos por algún sector de la industria editorial, no son necesariamente los de toda la industria.

Tan es así que ha habido juicios que se han planteado de amparo ante la Suprema Corte, por libreros tan prestigiados como Porrúa, presentando una oposición a una regulación y restricciones al comercio y a la industria del libro, que no lo tiene ninguna otra industria; con un pretendido afán de fomentar la industria, la limitan, como ningún otro producto en el país.

Entonces, efectivamente, hay que discutirlo, Senador Lozano, tan ampliamente como sea necesario, con menos ortodoxias que las que se utilizaron para discutir y, en su momento, publicar la errónea Ley del Libro que tenemos.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Patricio Martínez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Cultura; y de Estudios Legislativos y, desde luego, por el interés que han manifestado muchas Senadoras y Senadores, habremos de turnarla con opinión de las Comisiones de Educación y de Biblioteca y Asuntos Editoriales.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda.

1 2.94 libros por persona al año, según la Encuesta Nacional de Lectura 2012, Primer Informe, página 24. Se trata de la misma cifra que en la Encuesta Nacional de Lectura 2006.

2 Encuesta Nacional de Lectura 2012, Primer Informe, página 56.

3 Encuesta Nacional de Lectura 2012, Primer Informe, página 53.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el tercer párrafo del Artículo 1; se adicionan las nuevas fracciones X, XI y XII al Artículo 6; se adiciona la fracción III de la base A y la fracción VII de la base B del Artículo 17; se reforma la fracción VII del Artículo 22 y la fracción XI del Artículo 33; se adicionan las nuevas fracciones XII y XIII al Artículo 38; y se adiciona el Artículo 46, todos de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se adiciona el tercer párrafo del Artículo 1; se adicionan las nuevas fracciones X, XI y XII al Artículo 6; se adiciona la fracción III de la base A y la fracción VII de la base B del Artículo 17; se reforma la fracción VII del Artículo 22 y la fracción XI del Artículo 33; se adicionan las nuevas fracciones XII y XIII al Artículo 46, todos de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de febrero de 2013, el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos Primera para su estudio y dictamen correspondientes.

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA

En la misma se señala que hoy en día la mayoría de nuestras ciudades presentan un crecimiento desordenado lo que nos ha conducido a centros urbanos disfuncionales e insustentables que han generado cinturones de miseria y marginación.

Que los programas de vivienda y las políticas públicas para el desarrollo habitacional no han contribuido suficientemente a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, mucho menos, ha permitido planear de manera adecuada la vivienda rural en las zonas más marginadas de nuestro país.

En nuestro país no existe una política integral de suelo urbano y reservas territoriales que eviten la especulación de inmuebles y los procesos de expansión anárquica de las ciudades, lo que ha ocasionado el incumplimiento de los planes o programas del desarrollo urbano.

Señala además que el componente del desarrollo regional es fundamental para planificar el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano, así como para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios básicos necesarios que deben acompañar a las viviendas, así como regular un mercado que presenta acaparamiento y especulación.

Menciona que se debe fortalecer y vincular la planeación del desarrollo urbano y la promoción de la vivienda rural, vinculando los esfuerzos federales con los locales y los municipales, a fin de de coordinar acciones que permitan el apoyo mutuo y la interdependencia presupuestal para el impulso del desarrollo regional.

Se requiere urgentemente compartir las visiones desde lo regional y fomentar la capacidad de gestión de las entidades estatales y de los municipios en la atención y ordenación de las zonas metropolitanas.

La integración intergubernamental e interestatal en los asuntos del desarrollo urbano, la infraestructura, el suelo y la vivienda, no solo se presenta como condición para superar obstáculos que ya están a la vista para asegurar la continuidad de la producción habitacional, sino como una gran oportunidad de fortalecer el ordenamiento integral de nuestras ciudades, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y detonar el desarrollo regional en nuestro país.

Indica que existe la necesidad de mejorar el diseño institucional de la organización administrativa encargada de la vivienda, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.

Añade que se deben empatar los programas federales, estatales y municipales en su formulación y conducción para la promoción y coordinación en materia de infraestructura básica para los centros de población, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente, a través los siguientes elementos:

a).- Facilitar mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las necesidades, inventario, modalidades y características de la vivienda;

b).- Impulsar una estrategia incluyente para incrementar el impacto social de los recursos fiscales que promueva programas de vivienda a partir de la planeación para el desarrollo regional y la ordenación urbana y territorial, y

c).- Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes para cada región, al tiempo de conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen los programas de vivienda.

De lograr establecer vínculos intergubernamentales para el desarrollo urbano y la ordenación del territorio, con esquemas de vivienda que respondan a convenios de asistencia técnica e intercambio de información generada desde las propias regiones, se podrá lograr la institucionalización de los planes urbanos y de vivienda y, por ende, el del desarrollo regional.

III. CONSIDERACIONES

Los Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, desean expresar la conveniencia de aprobar la presente iniciativa, toda vez que la misma busca vincular la planeación del desarrollo urbano con los esfuerzos federales, estatales y municipales con la finalidad de impulsar el desarrollo regional, en materia de vivienda.

Además, la iniciativa en comento se enfoca en mejorar el diseño de la organización administrativa encargada de la vivienda, lo que permitirá aspirar a un desarrollo con mayor equidad y corregir diferencias regionales propiciadas de un crecimiento desordenado.

Los Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, coinciden en señalar la viabilidad de la presente iniciativa, ya que en la misma se pretende armonizar la Ley de Vivienda vigente, con la reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación 2 de enero de 2013.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, Primera, sementemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se reforman el tercer párrafo del Artículo 1; la fracción II del Apartado A y la fracción VII del Apartado B del Artículo 17; la fracción VII del Artículo 22; la fracción XI del Artículo 33 y el Artículo 46; y se adicionan las fracciones X, XI y XII al Artículo 6; dos nuevas fracciones XII y XIII al Artículo 38, recorriéndose la actual XII para ser XIV, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 1. …

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.

Artículo 6. …

VIII. Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;

IX. Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias;

X. Establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal en las zonas urbanas para hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, política y cultural de la nación;

XI. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regiones del país, principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación, de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la finalidad del mejoramiento continúo de sus viviendas e infraestructura pública, y

XII. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para atender el direccionamiento de los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda.

Artículo 17. …

A. …

I. a II. …

III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.

IV. a VI. …

B. …

I. a VI. …

VII. Coordinar acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.

Artículo 22. …

I. a VI. …

VII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

VIII. …

Artículo 33. …

I. a X. …

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 38. …

I. a X. …

XI. Facilitar mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las necesidades, inventario, modalidades y características de la vivienda;

XII. Impulsar estrategias incluyentes para incrementar el impacto social de los recursos fiscales, con el objetivo de promover programas de vivienda a partir de la planeación para el desarrollo regional y la ordenación urbana y territorial;

XIII. Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes para la región y conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen los programas de vivienda y del desarrollo regional, y

XIV. La realización de las demás acciones tendientes a cumplir con los fines previstos en esa Ley.

Artículo 46.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las organizaciones de los sectores social y privado, así como las instituciones de educación superior y de investigación, proporcionarán la información correspondiente en el marco de los acuerdos y convenios que al efecto se celebren con la Comisión, en la que se deberá tomar en cuenta las prioridades comunes para la región y la conjunción de recursos para financiar proyectos que detonen el desarrollo de la vivienda.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 13 de marzo de 2013.

Comisión de Vivienda
Comisión de Estudios Legislativos, Primera”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO 84 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE POBLACION Y DESARROLLO;
ASUNTOS MIGRATORIOS;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Población y Desarrollo, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos del Senado les fue turnada por la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del Artículo 84 de la Ley General de Población, presentada por integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Una vez recibida la Iniciativa de mérito por las Comisiones Unidas, los integrantes se abocaron a su estudio con la convicción de considerar su contenido de manera íntegray analizar los fundamentos en que se apoya, para proceder a emitir el dictamen conforme a lo establecido en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 194, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado de ANTECEDENTES, se da constancia de la fecha de presentación del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno, así como de la ampliación del mismo.

II. En el capítulo de DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, se hace una sinopsis de la exposición de motivos de la Iniciativa, así como la propuesta de modificación que se desea incorporar a la Ley General de Población.

III. En el apartado de CONSIDERACIONES, las dictaminadoras expresan sus argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta, así como los motivos que sustentan su apoyo a la Iniciativa.

IV. Finalmente, en el apartado de ACUERDO, se plantea el sentido y decisión de las dictaminadoras relativo a la propuesta de mérito.

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 5 de marzo de 2013, las Senadoras y Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Héctor Larios Córdova, Javier Corral Jurado, Juan Carlos Romero Hicks y Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Fidel Demédicis Hidalgo y Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Marcela Guerra Castillo, Alejandro Tello Cristerna, y Patricio Martínez García del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; presentaron al Pleno del Senado de la República, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 84 de la Ley General de Población.

En la misma fecha de presentación, la presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

2. En sesión celebrada por la Mesa Directiva del Senado de la República, el 12 de marzo de 2013, se acordó ampliar el turno de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de Población, presentada el 5 de marzo de 2013 para quedar en las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

1. Los autores de la Iniciativa materia del presente Dictamen plantean reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población con el propósito de proteger y ampliar los derechos de los migrantes mexicanos repatriados ya que la Ley vigente es a consideración de ellos insuficiente y genérica en virtud de que sólo hace énfasis en los derechos a la revisión del estado de salud, en la comunicación con familiares y en recibir apoyos en el traslado a sus lugares de residencia.

2. Asimismo manifiestan que el problema migratorio que enfrenta nuestro país debe verse en todas sus etapas para poder entenderlo con claridad y eventualmente estar en posibilidades de proponer soluciones eficaces a través de la aprobación de reformas a leyes vinculadas al tema como lo es la Ley General de Población.

3. De igual modo, las y los senadores reconocen que la redacción del artículo 84 de la Ley General de Población contiene avances en la protección de algunas garantías de los migrantes repatriados al señalar que: …se vigilará que en la recepción de mexicanos regresados por gobiernos extranjeros se respeten los derechos de los repatriados…”.

No obstante lo anterior, el dispositivo resulta insuficiente debido a que su redacción es “general y desarticulada por lo que es oportuno ampliar el listado de derechos que les asisten a los repatriados en territorio nacional.

4. A efecto de dar soporte a la propuesta que nos ocupa los autores refieren datos y cifras elaborados por el Instituto Nacional de Migración (INM), relacionados con repatriaciones de connacionales los cuales son del orden de un millón para el período de 2000 a 2001 mientras que para el período 2003 a 2009 existe una reducción a la mitad con un número de eventos en el rango de 525 mil a 600 mil cada año y para el período de 2010 a 2011 se registran 465 mil y 405 mil eventos, respectivamente. Así tenemos que la entidad federativa que tuvo el mayor número de repatriaciones es Baja California, específicamente en los puntos ubicados en los municipios de Tijuana y Mexicali quienes para el año 2011 registraron 81 mil y 54 mil eventos, respectivamente.

5. Por otro lado, hacen referencia a dos instrumentos en los que se encuentran establecidos los puntos de repatriación de mexicanos celebrados entre México y Estados Unidos, el primero de los cuales se denomina Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos firmado en febrero de 2004, y el segundo llamado Arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos, suscrito el 18 de diciembre de 2008.

6. De igual manera las y los proponentes ilustran la situación de los repatriados al citar la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF) levantada por el Colegio de la Frontera Norte con la participación de diversas dependencias del gobierno federal misma que arroja datos importantes sobre el período de tiempo que permanecen en Estados Unidos los migrantes repatriados y de los cambios que ha sufrido ese período en el transcurso del tiempo ya que para el año de 1995 más del 80 por ciento de los migrantes repatriados permanecieron menos de un día desde su detención en Estados Unidos hasta su repatriación lo cual contrasta con los datos que arroja el mismo estudio para el año 2011 en que la proporción disminuye al 40 por ciento. En consonancia con lo anterior, los hallazgos indican que de los migrantes detenidos con una estancia de 1 a 7 días se registra un aumento porcentual sustantivo, asimismo la proporción de migrantes repatriados con una estadía de un año aumenta de un 5.1 por ciento en 1995 a 46.2 por ciento para el año 2011. De igual modo los promoventes refieren datos del Instituto Nacional de Migración (INM) al respecto, en los que se consignan las características demográficas de los repatriados según los cuales ha habido un descenso drástico en las detenciones y repatriaciones de connacionales hombres adultos en la década de los noventa en contraste con un aumento de detenciones y repatriaciones de mujeres. Por lo que hace al rubro de menores varones repatriados éstos pasaron de representar el 6 por ciento de las repatriaciones en 2003, al 3.3 por ciento en 2009. Para 2011 representaron apenas el 3.1 por ciento, es decir, hay una ligera caída en el período de 2009 a 2011 en este rubro. En relación al segmento de mujeres menores de 18 años, éstas representaban el 3.3 por ciento de repatriaciones en 2011 y menos del 1 por ciento para 2009 y 2011.

7. Correlacionado con el punto anterior los autores de la Iniciativa refieren un Documento de Trabajo denominado Procesos de repatriación, Experiencias de las personas devueltas a México por las autoridades estadounidenses, elaborado por el Woodrow Wilson International Center for Scholars y el Colegio de la Frontera Norte en el que una de las conclusiones principales es que la población menor de edad repatriada es muy variable en la edad, en la forma en que se da el cruce fronterizo, en las condiciones de vida en Estados Unidos, así como en la manera en que son repatriadas. Del segmento de población menor de edad repatriada se encontró que un 91 por ciento tiene 12 años y más, y más de la mitad tiene entre 16 y 17 años. La gran mayoría de los menores de hasta 12 años cruzan la frontera principalmente para reunirse con familiares. Estos menores van acompañados generalmente por la madre o algún familiar, amigo o vecino, aunque unos pocos son entregados al “coyote” para que realice el cruce. En el caso de los adolescentes, estos tratan de cruzar a Estados Unidos para encontrar trabajo y eventualmente apoyar económicamente a su familia. El Documento de Trabajo mencionado concluye que los adolescentes repatriados constituyen una población muy vulnerable a las violaciones a sus derechos humanos, a daños psicológicos graves durante el proceso de repatriación y a diversos riesgos sociales.

8. Las y los proponentes reconocen la existencia de políticas públicas para atender a los nacionales repatriados y mencionan algunas tales como el Programa de Repatriación Humana; el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo; el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos –con la participación de UNICEF y encabezado por el DIF Nacional- y finalmente, el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior, financiado con recursos del gobierno de Estados Unidos. No obstante la existencia de apoyos gubernamentales, la respuesta del Estado mexicano sigue siendo débil frente al tamaño del problema y en contraste con ello se tiene la actuación de la sociedad civil la cual ha sido ágil y eficaz en su respuesta organizativa. Es de destacar el rol de las Casas del Migrante situadas en el Norte de México, así como la labor de diversos centros de derechos humanos del migrante como la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, Chihuahua y el Centro Fronteras con Justicia de Saltillo, Coahuila. En la actualidad son cerca de treinta organizaciones las que trabajan relacionadas entre sí intercambiando información. Para realizar esas labores reciben donativos de la Fundación Ford con el propósito de crear un programa piloto de denuncia de violaciones a derechos humanos y de fortalecimiento de la seguridad tanto para los migrantes como para los propios defensores e integrantes de las casas citadas.

9. No obstante el apoyo de algunas fundaciones a las organizaciones defensoras de derechos humanos los recursos son insuficientes para abatir la grave situación de precariedad en que están inmersos los migrantes repatriados ya que las condiciones en que regresan son extremas pues padecen pobreza, hambre, y en ocasiones demandan atención médica menor o incluso mayor. De acuerdo con el Documento de Trabajo citado en el punto siete del apartado de descripción de la Iniciativa, las violaciones más frecuentes a los derechos humanos de los repatriados en México son las extorsiones y arrestos arbitrarios por parte de elementos de corporaciones policíacas, pero además los migrantes se encuentran con situaciones de inseguridad y violaciones graves por parte de policías federales y estatales tales como secuestro, tortura y atentados contra la integridad personal. En las ciudades fronterizas de mayor tamaño la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta quejas presentadas por repatriados víctimas de violaciones a sus derechos humanos muchas de las cuales no se les da seguimiento debido a que ello implica permanecer en el lugar en que se presentan las quejas para ratificarlas y esperar respuesta de la Comisión lo cual inhibe la presentación de las mismas. Este trato por parte del Estado mexicano desde la perspectiva de los autores de la Iniciativa es injusto ya que la aportación que los migrantes hacen al país principalmente a la economía es sustantivo. Las remesas son para la economía nacional la tercera fuente de ingresos de divisas las cuales se encuentran después de las exportaciones petroleras y el turismo. Ante esto lo menos que merecen los migrantes, a juicio de los promotores de la Iniciativa, es un trato digno y de respeto.

10. Por todas las razones enunciadas, las y los legisladores plantean reformar el artículo 84 de la Ley General de Población con el propósito de que se amplíen y reconozcan de manera clara los derechos de los repatriados tales como la posibilidad de realizar llamadas telefónicas; recibir durante su estancia un espacio digno; alimentos; agua; enseres básicos para su aseo personal y atención médica y psicológica; no ser discriminado por las autoridades; asesoría legal y recibir un trato digno y humano. Al efecto mencionan que en legislación reglamentaria, el 28 de septiembre del año 2012 se expidió el Reglamento de la Ley de Migración junto con otros reglamentos entre los que se encuentra el de la Ley General de Población el cual entró en vigor el 28 de octubre de 2012, mismo que establece en su artículo 216 que “se ofrecerá en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados servicios de forma gratuita”, tales como agua y una porción de alimentos para cubrir sus necesidades inmediatas; llamadas telefónicas y asistencia médica y psicológica. De lo anterior se puede observar que el dispositivo habla de “servicios” y no de derechos de los repatriados. En este sentido la Iniciativa, según sus promotores, va más allá y perfecciona lo estipulado en el Reglamento al reconocer con claridad y ampliar estos derechos en la Ley General de Población con el carácter que ello representa. Hacen también la prevención sobre los riesgos de que se hable de servicios y no de derechos a nivel reglamentario y sobre la libertad que tiene el titular del poder Ejecutivo federal de realizar modificaciones al Reglamento en cualquier momento con lo cual se pudiera eliminar esos servicios en perjuicio de los repatriados.

11. Finalmente, los impulsores de la Iniciativa añaden que si los derechos de los migrantes están reconocidos en la Ley de Migración no hay óbice para que los derechos del repatriado tengan la misma jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de la materia, además de que con ello se estaría en sintonía con los tratados internacionales y la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 194, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, son competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo, Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos, encargados de dictaminar la Iniciativa que nos ocupa reconocen la importancia y la oportunidad en que se da la presentación por lo que no dejarán pasar la ocasión para saldar la cuenta pendiente que el poder Legislativo tiene para con miles de mexicanos que todos los días sufren deportaciones masivas y son doblemente victimizados por las autoridades extranjeras y nacionales al sufrir en cada lado de la frontera todo tipo de vejaciones en contra de la dignidad humana, con lo cual estamos obligados, como poder Legislativo del Estado, a explorar medidas de solución concretas a través de creación de nuevas leyes o reformando las ya existentes.

Con la aprobación de la propuesta de mérito los integrantes de las dictaminadoras consideran que se está dando un paso en pro de la protección de los derechos de los migrantes repatriados lo cual no es determinante para la solución definitiva y para siempre del fenómeno social pero creemos que junto a otras acciones tales como la eficiencia administrativa y de coordinación efectiva entre autoridades encargadas de brindar apoyo a los repatriados, así como la capacitación adecuada en protección y defensa de derechos humanos de los agentes de las corporaciones policíacas de los tres ámbitos de gobierno y con la asignación de presupuestos suficientes a las áreas encargadas de ejecutarlo dispuestas para apoyar a este sector de la sociedad estaremos coadyuvando a la mitigación de los efectos de la problemática que afecta sin duda alguna a toda la sociedad.

TERCERA. De acuerdo con el Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México, del mes de febrero de 20111, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el corredor de migrantes México-Estados Unidos, es el más grande del mundo; así mismo nuestro país junto con India y China son las principales naciones con mayor proporción de emigrantes, éstas dos realidades hacen de México un receptor de grandes oleadas de migrantes repatriados provenientes de Estados Unidos derivado de aquélla causa y eventualmente nos enfrenta a un problema muy complejo al que también debemos acometer en solitario y con recursos muy limitados. La realidad es que hemos sido rebasados por el problema absolutamente. En este contexto debemos hacer esfuerzos para queel Congreso de la Unión garantice a través de la aprobación de esta Iniciativa el acceso a derechos que hoy en día están establecidos como servicios en el reglamento de la Ley General de Población con lo cual se eleva a rango de Ley con todas las ventajas que ello conlleva.

CUARTA. Finalmente, las Comisiones Unidas reconocen la importancia y bondades manifestadas en la Iniciativa, por lo que hacemos nuestras las razones y fundamentos contenidos en la misma, tanto en la exposición de motivos como en el proyecto de decreto planteado, así como de la convicción de ponerlo a la consideración del Pleno EN POSITIVO, al mismo tiempo de reconocer ampliamente el esfuerzo de las y los legisladores proponentes de realizar propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los migrantes repatriados.

ACUERDO

Por lo antes expuesto, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los párrafos segundo y tercero del Artículo 84 de la Ley General de Población, se acuerda dictaminarla en SENTIDO POSITIVO. Así, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 194, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo, Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, someten al Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO 84 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

Artículo Unico. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 84.-…

Asimismo, la Secretaría vigilará que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, se respeten los siguientes derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia:

I. Acceder a comunicación telefónica;

II. Recibir agua y alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica;

III. Ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir;

IV. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

V. Ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México;

VI. Que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente;

VII. Que se cuente con espacios separados para niñas, niños y adolescentes repatriados no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada;

VIII. Que en las instalaciones se evite el hacinamiento, y

IX. Recibir un trato digno y humano.

Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la Secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con las disposiciones en materia de recepción de repatriados, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 16 de abril de 2013

COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO
COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración.

1 http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 112 DE LA LEY DE MIGRACION

(Dictamen de primera lectura)

“Comisiones Unidas de Población y Desarrollo;
y de Estudios Legislativos, Primera

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y Estudios Legislativos, Primera, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94, y 103 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de senadores el presente dictamen que se ha formulado, con base en la siguiente:

METODOLOGIA

1. En el capítulo de ANTECEDENTES se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

2. En el Capítulo de CONTENIDO DE LA MINUTA, se hace una sinopsis de la propuesta y de las consideraciones de los legisladores proponentes y de la colegisladora

3. En el capítulo de CONSIDERACIONES, las comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

4. En el Capítulo de ACUERDO, se establece el sentido de la votación de los integrantes de las Dictaminadoras y el consenso al que han llegado de dictaminar en pro el dictamen contenido en la Minuta de mérito.

I. ANTEDECENTES

1. El 20 de septiembre de 2011, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, el Senador Alejandro Moreno Cárdenas, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, por conducto del Senador vicepresidente, Ricardo Francisco García Cervantes, turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera.

3. El 8 de noviembre de 2011, la Mesa Directiva del Senado de la República, emite excitativa a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y Estudios Legislativos, Primera, para que dictaminen, entre otras, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

4. El 16 de noviembre de 2011, en sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, primera, quedó aprobado el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

5. El 8 de diciembre de 2011, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, quedó aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración. Con base en el artículo 220 del Reglamento del Senado de la República, la Mesa Directiva, por conducto del Senador vicepresidente Ricardo Francisco García Cervantes, remitió el expediente a la Honorable Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

6. El 1º de febrero de 2012, en sesión celebrada por el Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la Mesa Directiva, recibió el expediente con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración. En esa misma fecha lo turnó a la Comisión de Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen correspondiente; no obstante quedó en reserva para ser dictaminada en la LXII Legislatura.

7. El 13 de febrero de 2013, en sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se aprobó la Minuta que contiene el dictamen por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

8. El 8 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, por conducto de su presidente, el Diputado Francisco Arroyo Vieyra y con base en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite la primera prevención a efecto de que la Comisión de Asuntos Migratorios presente el dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

9. El 21 de marzo de 2013, en sesión ordinaria del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quedó aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto del secretario, el Diputado Xavier Azuara Zúñiga, mediante oficio núm. D.G.P.L. 61-II-4-551 remite al Senado de la República la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 112 de la Ley de Migración, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. El 2 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió de la Honorable Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. En esa misma fecha por conducto del Senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva, se turnó dicha Minuta a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, para su dictaminación.

11. Con fecha 16 de abril de 2013 en reunión de Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, se discutió y aprobó el presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta en estudio materia del presente dictamen propone reformar el artículo 112 de la Ley de Migración, las cuales van encaminadas a robustecer el procedimiento establecido en el Capítulo VIII de la Ley, que versa sobre lo siguiente: “Del Procedimiento en la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad” para garantizar y proteger los derechos de los menores de edad migrantes no acompañados de un adulto por parte del Estado mexicano; y a efecto de que las comisiones dictaminadoras puedan contrastar las aportaciones contenidas en la Minuta de mérito se elaboró el siguiente cuadro comparativo, el cual contiene el dispositivo vigente y la modificación aprobada por la colegisladora, a saber:

Ley de Migración

Minuta aprobada Cámara de Diputados

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo su custodia y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicable;

II. … a V.

VI.

Sin Correlativo

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales en derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. a V.

VI.

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño o adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores son competentes para conocer y emitir el presente dictamen, con base en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94, y 103 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado.

SEGUNDA. Previo al análisis de fondo del contenido del presente dictamen, las dictaminadoras consideran que es oportuno, para su mejor ilustración, realizar un comparativo de la Minuta aprobada por la Cámara de Senadores, como cámara de origen, con la Minuta aprobada por la Honorable Cámara de Diputados, a efecto de establecer las modificaciones que realiza la colegisladora a la propuesta original, como se establece a continuación:

Minuta de la Cámara de Senadores

Minuta de la Cámara de Diputados

Artículo 112.

I.- …

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicable, dándose inmediato aviso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a la Comisión Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la Entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II.- a V.-

VI.

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, coordinar y coadyuvar con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad.

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales en derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. a V.

V.

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño o adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

La colegisladora aprueba cuatro modificaciones a la minuta del Senado “con el fin de mejorar la redacción y profundizar en la protección de la niña, niño o adolescente.”

TERCERA. Una vez realizado el estudio de las modificaciones a la Minuta que antecede, por parte de las comisiones dictaminadoras del Senado, los integrantes de la misma, llegan a la conclusión de que son procedentes los cambios aprobados por la colegisladora en virtud de que los derechos de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado por un adulto deben ser tutelados por la Ley de la materia por la condición de vulnerabilidad en que se encuentran, más que cualquier otra persona, en un clima tan adverso considerando que pueden ser víctimas fácilmente de la inseguridad o de que sean enrolados dentro de las filas del crimen en cualquiera de sus expresiones.

CUARTA. Estas comisiones dictaminadoras consideran que uno de los fines esenciales del Estado es crear leyes que aseguren la protección y derechos de todos los sectores de la sociedad nacional, pero sobre todo la protección de los sectores más vulnerables entre los vulnerables; las niñas, niños y adolescentes.

IV. ACUERDO

Por las razones expuestas y analizadas en la Minuta que nos interesa, los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideran de aprobarse EN SENTIDO POSITIVO el proyecto de decreto por medio del cual se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

Así, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94, y 103 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República y habiendo analizado el contenido de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 112 de la Ley de Migración, las Comisiones dictaminadoras sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 112 DE LA LEY DE MIGRACION

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 112 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. a V.

VI.

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño o adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República; México, Distrito Federal, a 16 de abril de 2013.

COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan disposiciones a diversas leyes en la materia.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS Y DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República en la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 114, 117, 135, 175, 182, 183, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGIA

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la Cámara de origen hasta la formulación del presente Dictamen.

En el apartado denominado “Contenido de la Minuta”, se sintetiza el objeto de la reforma presentada y el espíritu del legislador para su propuesta.

En el apartado de “Consideraciones”, estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Decreto propuesto.

ANTECEDENTES

1.- El 25 de agosto de 2010, el Senador Arturo Escobar y Vega, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda; para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Con fecha 6 de diciembre de 2011 fue aprobado por la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental por el Pleno de la Cámara de Senadores.

4.- El 8 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5.- El 26 de febrero de 2013 las Comisiones Dictaminadoras de la Cámara de Diputados recibieron opinión positiva de la Comisión de Marina con respecto a la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

6.-El 21 de marzo de 2013 las Comisiones Dictaminadoras recibieron opinión positiva de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con respecto a la minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental.

7.- En sesión de Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 17 de abril de 2013, fue aprobada la presente minuta con 326 votos a favor, que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales.

8.- En esa misma fecha, la Colegisladora devolvió la minuta al Senado de la República para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

9.- En sesión de Pleno del Senado de la República celebrada el 18 de abril de 2013, la Mesa Directiva turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Estudios Legislativos, Segunda; para su análisis y dictaminación correspondientes.

CONTENIDO DE LA MINUTA

La colegisladora estima que resulta de la mayor trascendencia legislar para consolidar un sistema de justicia ambiental de vanguardia, equilibrado, racional e integrado a las reformas, exigencias y mandamientos constitucionales en materia penal, de acción colectiva, de justicia alternativa, de justicia administrativa y de derechos humanos.

De igual manera, reconoce que el sistema de justicia ambiental que se propone en la Minuta, no busca la repetición de aquello que puede ser logrado en términos de justicia ambiental, a través de procedimientos vigentes. Por el contrario, busca ampliar y fortalecer los instrumentos para resolver los conflictos ambientales, con posibilidades jurídicas y procesales indispensables y hasta ahora inexistentes en nuestro sistema jurídico.

La colegisladora concuerda con la Cámara de Senadores en el sentido de que el texto que se propone no busca crear un sistema exclusivamente punitivo, sino que por el contrario, introduce diversos incentivos para que los conflictos jurídicos y sociales ocasionados por el daño ambiental sean resueltos primordialmente a través de mecanismos alternativos a los que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 17 constitucional.

Coincide en señalar que con la aprobación de las disposiciones contenidas en la Minuta se dará vigencia al derecho constitucional a un medio ambiente sano. En este sentido, no debemos perder de vista que el párrafo quinto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que “El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. Por otra parte, en el decreto de reforma constitucional que reconoció ese derecho se determinó que: “El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y deterioro ambiental”.

Asimismo, la colegisladora señala que con la Minuta se da cumplimiento a compromisos fundamentales de nuestro país, derivados del derecho internacional.Uno de ellos es la Declaración de la Cumbre de Río de Janeiro de las Naciones Unidas, cuyo principio 13 establece que: “Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales”.

Por otra parte, destaca que en el Proyecto de Decreto de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, contenido en la Minuta, por primera vez se precisa el concepto de daño al ambiente y determina quienes serán los sujetos legitimados para exigir su reparación, restauración o compensación, privilegiando en todo momento el interés general y la preservación de los elementos naturales.

A partir de ello, la colegisladora señala que al unificar los conceptos de daño, reparación y compensación ambiental para todos los procedimientos legales, se evitarán resoluciones administrativas, sentencias civiles, penales, colectivas y de amparo dispares o contradictorias. En tal sentido, se señala, el texto contenido en la Minuta se convierte en unordenamiento jurídico unificador.

A partir de estas premisas, la colegisladora estima viable la expedición de un marco normativo específico para regular la responsabilidad ambiental proveniente de los daños generados al ambiente y para establecer mecanismos que permitan la reparación y compensación de los mismos.

No obstante lo anterior, la colegisladora consideró pertinente realizar diversas modificaciones al texto aprobado originalmente por la Cámara de Senadores. Para dar mayor claridad sobre el contenido de dichas modificaciones se incluye el siguiente cuadro comparativo:

PROYECTO APROBADO

POR EL SENADO

MODIFICACIONES DE

CAMARA DE DIPUTADOS

Artículo 1º…

Los preceptos de este ordenamiento son de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales.

Artículo 1º…

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o Constitucional de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

Artículo 2º…

Se entiende por:

I a X…

XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, y la Ley General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente o sus elementos;

XII a XVI…

Artículo 2º…

Se entiende por:

I a X…

XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Cambio Climático, y la Ley General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente o sus elementos;

XII a XVI…

Artículo 3º.-Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a:

I a IV…

Artículo 3º.-Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a:

I a IV…

V. La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6º.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados, compensados y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

Artículo 6º.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I…

II…

a)…

b) Que la secretaría haya evaluado en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c)…

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este Artículo no tendrán validez hasta en tanto el responsable no realice la compensación ambiental.

Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I…

II…

a)…

b) Que la secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c)…

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este artículo no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I…

II. De mil a ochocientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral.

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I…

II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.

Artículo 29.-La acción a la que hace referencia el presente título prescribe en veinte años, contados a partir del día en que cese la conducta activa u omisiva productora del daño al ambiente.

Artículo 29.-La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos.

Artículo 30

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito en materia administrativa.

Artículo 30

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia.

LEY DE AGUAS NACIONALES

Artículo 14 BIS 4. Para los fines de esta ley y sus reglamentos, son atribuciones de “la Procuraduría”:

I. a II. ...

III. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de esta Ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Federal deResponsabilidad Ambiental;

IV. Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de esta Ley, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de las demás disposiciones jurídicas aplicables;

LEY DE AGUAS NACIONALES

Artículo 14 BIS 4. Para los fines de esta ley y sus reglamentos, son atribuciones de “la Procuraduría”:

I. a II. ...

III. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de esta Ley y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

IV. Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables;

Artículo 96 BIS. “La Autoridad del Agua” intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo 96 BIS. “La Autoridad del Agua” intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley, de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

Artículo 96 BIS 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño.

...

Artículo 96 BIS 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño.

...

ARTICULO OCTAVO.- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

Se elimina

TRANSITORIOS

SEGUNDO.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal posterior a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal presupuestará cincuenta millones de pesos como capital inicial al Fondo de Responsabilidad Ambiental.

TRANSITORIOS

SEGUNDO.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- Los juzgados de distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. El personal de cada uno de dichos juzgados de distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.

TERCERO.- Los Juzgados de distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. El personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el espíritu y razones que animan la Minuta devuelta con modificaciones por la colegisladora.

SEGUNDA.- Se considera que la expedición de una Ley Federal de Responsabilidad Ambiental será uno de los avances más relevantes de los últimos años dentro del sistema jurídico ambiental de nuestro país. Además, dará nuevo impulso al compromiso de este Congreso de la Unión con la preservación de nuestros recursos naturales.

TERCERA.- Las dictaminadoras estiman que el texto de la minuta que se dictamina resulta fundamental para dar certeza jurídica en materia ambiental al sector económico, a las organizaciones sociales, a las instituciones públicas y, en general, a todos los mexicanos.

CUARTA.- De conformidad con la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta etapa del proceso legislativo la discusión versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados.

A partir de tales consideraciones, estas comisiones dictaminadoras estiman oportuno centrarse en el análisis y estudio de las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados en su calidad de Cámara revisora.

QUINTA.- En el artículo 1° de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se propone la modificación de los párrafos segundo y tercero para quedar de la siguiente forma:

Artículo 1°…

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4º constitucional, de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el planteamiento de establecer expresamente que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es reglamentaria del artículo 4o Constitucional, mismo que se encuentra dentro del apartado de derechos humanos.

De igual forma, coinciden con la modificación propuesta para el tercer párrafo del artículo citado, donde se precisa el cumplimiento del artículo 25 constitucional que mandata el desarrollo nacional sustentable y sus tres componentes: económico, social y ambiental.

SEXTA.- Con relación a la modificación de la fracción XI del artículo 2, la Cámara revisora propone hacer referencia a la “Ley de Cambio Climático” dentro del catálogo de leyes ambientales.

Para estas dictaminadoras, dicha modificación resulta pertinente. Es importante señalar que al momento de la aprobación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental por el Senado en la anterior Legislatura, la Ley de Cambio Climático no formaba parte del marco jurídico nacional. Hoy es una ley con plena vigencia y tiene una función de gran relevancia dentro de nuestras las leyes ambientales.

SEPTIMA.- En el artículo 3° de la Ley citada, se plantea la adición de la fracción Vpara quedar como sigue:

Artículo 3º.- Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a:

I a IV…

V. La Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre el particular, estas comisiones consideran que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es reglamentaria de un derecho humano, el derecho a un medio ambiente sano, por lo que sus definiciones deben ser aplicables a la Ley de Amparo. Es importante recordar que el juicio de amparo es el instrumento esencial de defensa de los derechos fundamentales y de las garantías que nuestra Constitución Política reconoce a toda persona.

OCTAVA.- En cuanto al artículo 6°, la Cámara revisora propone una modificación a la fracción I en los siguientes términos:

Artículo 6º.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

Estas dictaminadoras coinciden con la colegisladora sobre la necesidad de precisar que la mitigación y compensación se hará mediante condicionantes de impacto ambiental. Lo anterior, para hacer congruente la Ley con el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental previsto en los artículos 28 y 35 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

NOVENA.- En lo que respecta al artículo 14, la colegisladora propone diversas modificaciones para dar mayor claridad al texto, el cual se reproduce a continuación:

Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I…

II…

a)…

b) Que la secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c)…

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este artículo no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Estas dictaminadoras estiman pertinentes las modificaciones planteadas. En particular consideran positivo precisar que la compensación ambiental deberá ser ordenada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mediante condicionantes en la autorización administrativa de impacto ambiental.

DECIMA.- Por otra parte, la colegisladora plantea una modificación a la fracción II del artículo 19, en los siguientes términos:

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I…

II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral.

La modificación consiste en reducir el monto máximo de la sanción económica establecida para las personas morales responsables de daños ambientales. Esta reducción responde a la preocupación de los legisladores de no limitar la capacidad de desarrollo y competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) y ser congruentes con sus posibilidades financieras reales. Las comisiones dictaminadoras consideran atendible dicha modificación.

DECIMA PRIMERA.- La colegisladora plantea la modificación al primer párrafo del artículo 29 a efecto de señalar que la acción para demandar la responsabilidad ambiental prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos.

Estas comisiones estiman que la modificación al texto resulta positiva porque la prescripción toma en cuenta los efectos producidos por el daño ambiental. De esta forma, se reconoce que aun cuando cese la conducta activa u omisiva que dañe el ambiente, sus efectos pueden manifestarse con posterioridad. Lo cierto es que el término de prescripción planteado por la Cámara revisora está por arriba de la prescripción civil, lo que constituye un avance en material ambiental.

DECIMA SEGUNDA.-La colegisladora plantea una modificación al párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en los siguientes términos:

Artículo 30.- El Poder Judicial de la federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental.

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia.

Las comisiones dictaminadoras consideran que resulta pertinente modificar la competencia mediante un texto consistente con la reforma de acciones colectivas que establece la competencia de los jueces de distrito civiles cuando los hubiese, o en su caso a los de competencia mixta cuando así lo prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

DECIMA TERCERA.- En lo que atañe a las modificaciones propuestas a las reformas de la Ley de Aguas Nacionales en sus artículos 14 Bis 4, 96 Bis y 96 Bis 1, que eliminan todos la referencia a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, las que dictaminan comparten el razonamiento de la colegisladora en virtud de que la Ley de Aguas Nacionales prevé su propio sistema de responsabilidad por daños alambiente bajo el principio de especialización de la Ley, con el fin de evitar invasión innecesaria de esferas jurídicas que den lugar a confusiones en el procedimiento judicial.

DECIMA CUARTA.- La colegisladora desestima las modificaciones propuestas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público por considerar los alcances de dicho ordenamiento de baja o nula relevancia ambiental en términos del sistema de responsabilidad ambiental. Observación que estas comisiones consideran pertinente, en los mismos términos.

DECIMA QUINTA.- En lo que respecta a las modificaciones aprobadas por la colegisladora a los artículos transitorios del Proyecto de Decreto, es menester observar que tanto la eliminación del segundo párrafo del artículo segundo como las adiciones al artículo tercero, obedecen a consideraciones presupuestales.

En el mismo tenor, estas comisiones reconocen que la eficiencia presupuestaria ha sido un tema de gran alcance para los tres poderes de la Unión y que, en virtud de lograr la optimización de los recursos económicos del país ante un escenario de diversas y prioritarias necesidades, son pertinentes tanto la recaudación de fondos alternativos como el uso de los organismos ya existentes, tal y como se puntualiza en las modificaciones aprobadas.

DECIMA SEXTA.- Por las consideraciones expuestas con anterioridad, estas comisiones dictaminadoras proponen aprobar en sus términos la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

En tal contexto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben el presente Dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS Y DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES.

ARTICULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

TITULO PRIMERO

De la responsabilidad ambiental

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1º.- La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o constitucional, de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

El proceso judicial previsto en el presente Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales, administrativos o penales.

Artículo 2º.- Para los efectos de esta Ley se estará a las siguientes definiciones, así como aquellas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte. Se entiende por:

I. Actividades consideradas como altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación o manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

II. Criterio de equivalencia: Lineamiento obligatorio para orientar las medidas de reparación y compensación ambiental, que implica restablecer los elementos y recursos naturales o servicios ambientales por otros de las mismas características;

III. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. Para esta definición se estará a lo dispuesto por el artículo 6º de esta Ley;

IV. Daño indirecto: Es aquel daño que en una cadena causal no constituye un efecto inmediato del acto u omisión que es imputado a una persona en términos de esta Ley;

V. Se entiende por cadena causal la secuencia de influencias de causa y efecto de un fenómeno que se representa por eslabones relacionados;

VI. No se considerará que existe un daño indirecto, cuando entre la conducta imputada y el resultado que se le atribuye, sobrevenga el hecho doloso de un tercero que resulte completamente determinante del daño. Esta excepción no operará si el tercero obra por instrucciones, en representación o beneficio, con conocimiento, consentimiento o bajo el amparo de la persona señalada como responsable;

VII. Los daños indirectos regulados por la presente Ley se referirán exclusivamente a los efectos ambientales de la conducta imputada al responsable;

VIII. Estado base: Condición en la que se habrían hallado los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios ambientales, en el momento previo inmediato al daño y de no haber sido éste producido;

IX. Fondo: El Fondo de Responsabilidad Ambiental;

X. Ley: La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Cambio Climático, y la Ley General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente o sus elementos;

XII. Mecanismos alternativos: Los mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la mediación, la conciliación y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos, o en su caso, solucionarlos, sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para garantizar la legalidad y eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del mismo;

XIII. Procuraduría: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

XIV. Sanción económica: El pago impuesto por la autoridad judicial para penalizar una conducta ilícita dañosa, dolosa con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en el futuro comportamientos prohibidos;

XV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

XVI. Servicios ambientales: Las funciones que desempeña un elemento o recurso natural en beneficio de otro elemento o recurso natural, los hábitat, ecosistema o sociedad.

Artículo 3º.- Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a:

I. Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o sustanciados de conformidad a las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte;

II. El procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto en esta Ley;

III. La interpretación de la Ley penal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como a los procedimientos penales iniciados en relación a estos;

IV. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en las Leyes, y

V. La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4º.- La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título, podrán ejercerse y sustanciarse independientemente de las responsabilidades y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes.

Artículo 5º.- Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u omisión.

Artículo 6º.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas.

La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no operará, cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad.

Artículo 7º.- A efecto de otorgar certidumbre e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de los daños ocasionados al ambiente, la Secretaría deberá emitir paulatinamente normas oficiales mexicanas, que tengan por objeto establecer caso por caso y atendiendo la Ley de la materia, las cantidades mínimas de deterioro, pérdida, cambio, menoscabo, afectación, modificación y contaminación, necesarias para considerarlos como adversos y dañosos. Para ello, se garantizará que dichas cantidades sean significativas y se consideren, entre otros criterios, el de la capacidad de regeneración de los elementos naturales.

La falta de expedición de las normas referidas en el párrafo anterior, no representará impedimento ni eximirá al responsable de su obligación de reparar el daño a su estado base, atendiendo al concepto previsto en el artículo 2o., fracción III, de esta Ley.

Las personas y las organizaciones sociales y empresariales interesadas, podrán presentar a la Secretaría propuestas de las normas oficiales mexicanas a las que hace referencia el presente artículo, en términos del procedimiento previsto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 8º.- Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento de producirse un daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, serán consideras como una atenuante de la Sanción Económica por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia.

El monto de las garantías financieras a que hace referencia el párrafo anterior, deberá estar destinado específica y exclusivamente a cubrir las responsabilidades ambientales que se deriven de su actividad económica, productiva o profesional. Las garantías deberán quedar constituidas desde la fecha en que surta efectos la autorización necesaria para realizar la actividad, y mantenerse vigentes durante todo el periodo de desarrollo de la misma.

En términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental.

Artículo 9º.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán las disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravengan lo dispuesto en esta Ley.

CAPITULO SEGUNDO

Obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente

Artículo 10.- Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la presente Ley.

De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente.

Artículo 11.- La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos previstos en este Título.

En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, cuando el daño sea ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, la persona responsable estará obligada a pagar una sanción económica.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra ilícitamente el que realiza una conducta activa u omisiva en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u otras autoridades.

Artículo 12.- Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de:

I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;

II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;

III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, y

IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el Artículo 1913 del Código Civil Federal.

Artículo 13.- La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su Estado Base los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación.

La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido el daño.

Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un daño al ambiente, deberán permitir su reparación, de conformidad a esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda.

Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de reparación del daño al ambiente producido por terceros, tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulte responsable por los daños y perjuicios que se les ocasionen.

Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño, o

II. Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:

a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad ilícita que debió haber sido objeto de evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos forestales;

b) Que la Secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al daño, al acreditarse plenamente que tanto las obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, resultan en su conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales y los instrumentos de política ambiental.

En los casos referidos en la fracción II del presente artículo, se impondrá obligadamente la sanción económica sin los beneficios de reducción de los montos previstos por esta Ley. Asimismo, se iniciaran de manera oficiosa e inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las personas responsables.

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este Artículo no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

La compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad con el Código Civil Federal.

Artículo 15.- La compensación ambiental podrá ser total o parcial. En éste último caso, la misma será fijada en la proporción en que no haya sido posible restaurar, restablecer, recuperar o remediar el bien, las condiciones o relación de interacción de los elementos naturales dañados.

Artículo 16.- Para la reparación del daño y la compensación ambiental se aplicarán los niveles y las alternativas previstos en este ordenamiento y las Leyes ambientales. La falta de estas disposiciones no será impedimento ni eximirá de la obligación de restituir lo dañado a su estado base.

Artículo 17.- La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño.

Dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en donde se hubiese ocasionado el daño. De resultar esto materialmente imposible la inversión o las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada. En este último caso serán aplicables los criterios sobre sitios prioritarios de reparación de daños, que en su caso expida la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Sección 5, Capítulo Tercero del presente Título.

El responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente artículo, mediante la contratación de terceros.

Artículo 18.- El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría está facultado para realizar subsidiariamente por razones de urgencia o importancia, la reparación inmediata de los daños que ocasionen terceros al ambiente. Dicha reparación podrá hacerse con cargo al Fondo previsto por el la Sección 5, Capítulo Tercero del presente Título.

En estos casos la administración pública federal deberá demandar al responsable la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados al fondo.

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I. De trescientos a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y

II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.

Dicho monto se determinará en función de daño producido.

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se reducirán a su tercera parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:

I. Que dicha persona no ha sido sentenciada previamente en términos de lo dispuesto por esta Ley; ni es reincidente en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales;

II. Que sus empleados, representantes, y quienes ejercen cargos de dirección, mando o control en su estructura u organización no han sido sentenciados por delitos contra el ambiente o la gestión ambiental, cometidos bajo el amparo de la persona moral responsable, en su beneficio o con sus medios;

III. Haber contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente;

IV. Contar con la garantía financiera que en su caso se requiera en términos de lo dispuesto por el artículo 8o. de esta Ley, y

V. Contar con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace referencia el artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 21.- Si el responsable acredita haber realizado el pago de una multa administrativa impuesta por la procuraduría o la Comisión Nacional del Agua, como consecuencia a la realización de la misma conducta ilícita que dio origen a su responsabilidad ambiental, el Juez tomará en cuenta dicho pago integrándolo en el cálculo del monto de la sanción económica, sin que ésta pueda exceder el límite previsto para el caso en la presente Ley.

No podrá imponerse la Sanción Económica a la persona física que previamente haya sido multada por un Juez penal, en razón de haber realizado la misma conducta ilícita que da origen a su responsabilidad ambiental.

Artículo 22.- Siempre que se ejerza la acción prevista en el presente Título, se entenderá por demandada la imposición de la sanción económica. En ningún caso el juez podrá dejar de condenar al responsable a este pago, salvo en los casos previstos en el artículo anterior, cuando los daños ocasionados al ambiente provengan de una conducta lícita, o bien cuando exista el reconocimiento judicial de algún acuerdo reparatorio voluntario derivado de los mecanismos alternativos de resolución de controversias previstos por esta Ley.

Artículo 23.- La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de la persona responsable para realizar el pago, así como los límites, requisitos y garantías previstos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado y el carácter intencional o negligente de la violación, asegurándose que se neutralice el beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y se garantice prioritariamente el monto de las erogaciones del actor o actores que hayan sido necesarias para acreditar la responsabilidad. En cada caso el órgano jurisdiccional preverá que la sanción económica sea claramente suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a que hace referencia el artículo 2o., fracción XI de esta Ley.

El límite máximo del importe de la Sanción Económica previsto en el artículo 19 no incluirá el pago de las erogaciones hechas para acreditar la responsabilidad ambiental por quien demande, concepto que siempre será garantizado al momento de dictar sentencia.

El juez deducirá del monto correspondiente al pago de sanción económica a cargo del responsable, el importe de las erogaciones que el actor o actores que hayan probado su pretensión hubieren realizado para acreditar la responsabilidad, y el responsable tendrá la obligación de consignarlo al juzgado para su entrega a aquellos. El pago de dicho importe será preferente respecto de cualquiera otra obligación.

Artículo 24.- Las personas morales serán responsables del daño al ambiente ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas.

Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o contraten para realizar la conducta causante del daño serán solidariamente responsables, salvo en el caso de que se trate de la prestación de servicios de confinamiento de residuos peligrosos realizada por empresas autorizadas por la Secretaría.

No existirá responsabilidad alguna, cuando el daño al ambiente tenga como causa exclusiva un caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 25.- Los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a la persona física o moral que omita impedirlos, si ésta tenía el deber jurídico de evitarlos. En estos casos se considerará que el daño es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello derivado de una Ley, de un contrato, de su calidad de garante o de su propio actuar precedente.

Artículo 26.- Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado dolosamente por dos o más personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todas serán responsables solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí.

No habrá responsabilidad solidaria en los términos previstos por el presente artículo, cuando se acredite que la persona responsable:

I. Ha contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente;

II. Cuenta con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace referencia el artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y

III. Cuente con la garantía financiera prevista en el artículo 8o. de esta Ley.

La sanción económica que corresponda será impuesta individualmente a cada una de las responsables.

CAPITULO TERCERO

Procedimiento judicial de responsabilidad ambiental

SECCION 1

De la acción para demandar la responsabilidad ambiental

Artículo 27.- Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de la presente ley, podrán demandar la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previstos en este Título, en términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal que regule los procedimientos judiciales a los que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 28.- Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;

III. La Federación a través de la procuraduría, y

IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este Artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.

Artículo 29.-La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos.

Salvo en los casos previstos en los artículos 23 y 28 de la presente Ley, ninguna de las partes será condenada al pago de gastos y costas judiciales.

Artículo 30.- El Poder Judicial de la federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental.

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia.

SECCION 2

De la tutela anticipada y medidas cautelares

Artículo 31.- La autoridad jurisdiccional que conozca de las acciones y demandas a que hace referencia el presente Capítulo, deberá ordenar a la Secretaría y a la Procuraduría, a efecto de que imponga inmediatamente las medidas preventivas y correctivas procedentes en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 32.- En adición a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimiento Civiles, durante el procedimiento el Juez podrá decretar las medidas precautorias siguientes:

I. El aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles y bienes relacionados con los daños, así como con el cumplimiento de las obligaciones jurídicas del demandado, previstas por las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte, y

II. El aseguramiento o toma de muestras de sustancias peligrosas, materiales, residuos, líquidos, contaminantes y de los elementos naturales relacionados con el daño ocasionado al ambiente.

Las medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con los establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 33.- Los terceros propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado el daño estarán obligados a permitir las medidas precautorias que resuelva el órgano jurisdiccional. En todo caso tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulta responsable de ocasionar dichos daños.

SECCION 3

De los elementos de prueba

Artículo 34.- El órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley.

El Juez requerirá a la Secretaría y a la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba con los que cuenten. Los servidores públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación.

Artículo 35.- Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado base, el daño ocasionado al ambiente, así como el nexo causal, las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de satélite, estudios de poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por la técnica y la ciencia. Salvo en los casos en lo que en Código Federal de Procedimientos Civiles otorgue mayor valor probatorio, estos medios de prueba constituirán indicios.

Artículo 36.-El estado base se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de su valoración.

El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado debe probarse en la sustanciación del juicio. El juez considerará en su valoración la naturaleza intrínseca de la conducta y la forma en que se ha desarrollado para generar o causar el daño.

SECCION 4

De la sentencia, ejecución y seguimiento

Artículo 37.- Además de lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, la sentencia condenatoria que se dicte deberá precisar:

I. La obligación de reparar ambientalmente el daño que corresponda;

II. La obligación de compensar ambientalmente a través de las acciones que procedan, en forma total o parcial;

III. Las medidas y acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente;

IV. El pago de la Sanción Económica que resulte procedente, así como los razonamientos y justificación respecto al por qué el monto impuesto es suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a los que hace referencia el artículo 2o.,fracción XI, de esta Ley;

V. El importe que corresponda pagar a favor del actor o actores que hayan probado su pretensión, correspondiente a los gastos realizados para acreditar la responsabilidad, que deberá ser deducido del monto determinado en la Sanción Económica y consignado ante el Juez en términos de los dispuesto por el artículo 23 de esta Ley, y

VI. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Artículo 38.- De conformidad a lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que cause ejecutoria la sentencia que resulte condenatoria, el juez dará vista a las partes para que dentro del término de treinta días se pronuncien sobre:

I. La forma, términos y niveles de reparación material ambiental del daño ocasionado al ambiente que se propongan para cumplir esas obligaciones;

II. La imposibilidad total o parcial de reparar materialmente ambientalmente el daño, y en consecuencia, la forma, lugar y alcance de la compensación ambiental total o parcial, y

III. Los plazos propuestos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Si las partes llegaran a un acuerdo respecto a lo previsto en este artículo, podrán formular una propuesta conjunta.

Cuando exista causa justificada por razones de la complejidad técnica o material para dar cumplimiento a lo determinado por las fracciones I, II y III, el término establecido en el párrafo primero del presente artículo podrá ser prorrogable por el Juez hasta por 30 días.

Artículo 39.- En la determinación de las medidas de reparación y compensación ambiental se considerará:

I. El criterio de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio;

II. Las acciones que proporcionen recursos naturales o Servicios Ambientales del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados;

III. Las mejores tecnologías disponibles;

IV. Su viabilidad y permanencia en el tiempo;

V. El costo que implica aplicar la medida;

VI. El efecto en la salud y la seguridad pública;

VII. La probabilidad de éxito de cada medida;

VIII. El grado en que cada medida servirá para prevenir daños futuros y evitar riesgos como consecuencia de su aplicación;

IX. El grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado;

X. El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales, económicos y culturales de la localidad;

XI. El periodo de tiempo requerido para la recuperación de los ciclos biológicos que fueron afectados por el daño causado al ecosistema;

XII. El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el daño ambiental, y

XIII. La vinculación geográfica con el lugar dañado.

Artículo 40.- Una vez que el juez reciba las propuestas para la reparación del daño o su compensación conforme a lo previsto por el artículo 38 de la presente ley, requerirá a la Secretaría, para que en el término de diez días, formule su opinión en relación a la idoneidad y legalidad de las propuestas.

En caso de que una de las partes fuera omisa, se estará a la propuesta de la otra, siempre que ésta reciba opinión favorable de la Secretaría.

En caso de que ambas partes sean omisas, o las propuestas no cuenten con la opinión favorable de la Secretaría, se estará a lo que disponga dicha dependencia. Para este efecto, se le requerirá para que formule una propuesta oficial en el término de ocho días.

Los gastos en los que incurra la Secretaría podrán hacerse con cargo al fondo previsto en el artículo 45 de esta Ley. En estos casos, la administración pública federal estará obligada a demandar al responsable la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados a dicho Fondo.

Si existiesen diversas alternativas que pudieran generar los mismos resultados positivos de reparación o compensación, se optará por la menos onerosa para el responsable.

Artículo 41.- El plazo para el cumplimiento de las obligaciones materia de la presente Ley, será fijado por el Juez tomando en consideración:

I. La naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ocasionado al ambiente y en su caso, cumplir con la compensación ambiental;

II. Lo propuesto por las partes, y

III. La opinión o propuesta de la Secretaría.

Artículo 42.- La Procuraduría auxiliará a la autoridad judicial en la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del responsable.

Dicha dependencia informará bimestralmente al Juez sobre los avances en el cumplimiento de las sentencias. Las partes podrán manifestar lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento o deficiente ejecución de dicha resolución.

Artículo 43.- Para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, las personas que tengan legitimación activa, deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y deberá salvaguardar la representación adecuada, de conformidad con lo previsto en dicho ordenamiento.

Artículo 44.- Las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental serán públicos.

SECCION 5

Del Fondo

Artículo 45.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental tendrá como objeto el pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la administración pública federal, además del pago de los estudios e investigaciones que el juez requiera realizar a la Secretaría o la Procuraduría durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.

La información relativa a la operación del Fondo será pública en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 46.- El Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la Secretaría, y su patrimonio se integrará con:

I. La sanción económica referida en la fracción XI del artículo 2o. de la presente Ley, y

II. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

La Secretaría expedirá las bases y reglas de operación del fondo, en la que tendrán participación la Procuraduría, las instituciones académicas y las organizaciones sociales.

El patrimonio del Fondo se destinará exclusivamente a la reparación de los daños al ambiente a los que hace referencia el artículo 18 de esta Ley, así como aquellos identificados en sitios prioritarios de conformidad con las bases y reglas de operación que expida la Secretaría.

El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO UNICO

Mecanismos alternativos de solución de controversias

Artículo 47.- Toda persona tiene el derecho de resolver las controversias de carácter jurídico y social que se ocasionen por la producción de daños al ambiente, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas.

Las personas ambientalmente responsables y los legitimados para accionar judicialmente en términos del Título Primero de esta Ley, podrán resolver los términos del conflicto producido por el daño ocasionado al ambiente, mediante los mecanismos alternativos de mediación, conciliación y los demás que sean adecuados para la solución pacífica de la controversia, de conformidad a lo previsto por esta Ley, o las disposiciones reglamentarias del párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo no previsto por el presente Título se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravenga lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 48.- Podrán ser materia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, todas o algunas de las diferencias que se susciten entre las personas e instituciones previstas en el artículo anterior, en relación con los hechos relativos al daño ocasionado al ambiente, la tutela del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, las obligaciones de reparación y compensación ambiental, así como la acción, pretensiones y desistimiento materia del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan las Leyes ambientales, las disposiciones de orden público y los tratados internacionales de los que México sea Parte.

Artículo 49.- Si durante el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto por el Título Primero de esta Ley, y antes de que se dicte sentencia definitiva, se lograse un acuerdo entre las partes, en términos de lo previsto por los Mecanismos Alternativos referidos en este Capítulo; conforme a los acuerdos e instrumentos de justicia restaurativa o alguna otra forma anticipada de terminación del proceso penal previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales; o bien mediante el convenio de reparación previsto por el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el Juez que conozca del procedimiento reconocerá dicho acuerdo sobre la reparación de los daños y dictará sentencia.

El juez dará vista a la Secretaría para que en un plazo de ocho días hábiles, se manifieste sobre los términos del acuerdo, cuidando su idoneidad y el cumplimiento de las disposiciones previstas por esta Ley, las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte.

En caso de que el acuerdo sea incorporado a la sentencia, no se condenará al responsable al pago de la Sanción Económica prevista en el Título Primero de la presente Ley.

Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos el incumplimiento del requerimiento en el plazo determinado por el juez en el presente artículo.

Cuando del acuerdo se desprenda que su cumplimiento puede afectar los bienes de un tercero, el juez recabará su conformidad. Si no se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para que modifiquen los términos de su acuerdo.

Artículo 50.- En caso de que resulte procedente en términos del artículo anterior, un acuerdo sobre la reparación o compensación voluntaria del daño ocasionado al ambiente el juez informará a la Procuraduría para que considere dicho acuerdo, el que se entenderá como cumplimiento de medidas correctivas y de urgente aplicación, siendo procedente la aplicación de los beneficios administrativos de revocación o disminución de las sanciones previstas en el artículo 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que se refieran a conductas constitutivas de delitos contra el ambiente, respecto de las que no proceda el perdón o el desinterés jurídico de la víctima o de la procuraduría, se regularán en términos del Título Tercero de esta Ley y el Código Federal de Procedimientos Penales.

El fin de estos mecanismos será lograr la justicia restaurativa, mediante la participación de la víctima u ofendido y el imputado, para buscar la solución a las controversias derivadas del hecho calificado como delito.

TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO

Responsabilidad penal en materia ambiental

Artículo 52.- Las disposiciones del presente Título serán aplicables a los conflictos penales y los procedimientos derivados de la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, de conformidad a lo previsto por el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

La reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, que proceda en términos del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, se llevarán a cabo con arreglo a lo previsto por el artículo 3o. de esta Ley y las disposiciones del presente Título.

El Ministerio Público está obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente.

Artículo 53.- El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión desarrollarán políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones administrativas que los ocasionan; así como para la reinserción social de los individuos penal y ambientalmente responsables que induzcan al respeto de las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte. Para tal efecto la procuraduría y la Procuraduría General de la República expedirán y harán público el programa respectivo.

Estas políticas serán acordes con la formulación y conducción de la política ambiental y se llevarán a cabo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 54.- Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra el ambiente podrá denunciarlo directamente ante el Ministerio Público.

En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría o la Procuraduría tengan conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos contra el ambiente, formularán denuncia inmediata ante el Ministerio Público.

La procuraduría presentará las querellas y otorgará el perdón en los casos de delitos contra la gestión ambiental, atendiendo a lo dispuesto por los principios de política criminal ambiental a que se refiere el artículo anterior, así como a lo dispuesto por el Título Segundo de esta Ley.

Todo servidor público está obligado a notificar de manera inmediata al Ministerio Público, la probable existencia de un hecho que la Ley considere como delito contra el ambiente, así como la identidad de quien posiblemente lo haya cometido o haya participado en su comisión, transmitiendo todos los datos que tuviere al respecto poniendo a disposición a los inculpados si hubieren sido detenidos.

Artículo 55.- Para efectos de lograr la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente la Procuraduría será coadyuvante del Ministerio Público, en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido por sí mismo o a través de su representante legal.

La Secretaría y la Procuraduría proporcionarán los dictámenes técnicos o pericia les que le requiera el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de los procedimientos penales que se inicien por la comisión de delitos contra el ambiente o la gestión ambiental.

Artículo 56.- Atento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerará víctima de los delitos contra el ambiente a toda persona habitante de la comunidad posiblemente afectada por el ilícito cuando se constituya como denunciante ante el Ministerio Público.

Artículo Segundo. Sé reforman el párrafo segundo del artículo 168 y el artículo 169; y se adicionan tres párrafos al artículo 168 y un párrafo último al artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

ARTICULO 168.- ...

Durante el procedimiento, y antes de que se dicte resolución administrativa, el interesado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a petición del primero, podrán convenir la realización de acciones para la reparación y compensación de los daños que se hayan ocasionado al ambiente.

En los convenios administrativos referidos en el párrafo anterior, podrán intervenir quienes sean parte en el procedimiento judicial previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, siempre que se trate de la misma infracción, hechos y daños.

En la formulación y ejecución de los convenios se observará lo dispuesto por el Artículo 169 de esta Ley, así como lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en ellos podrá también acordarse la realización del examen metodológico de las operaciones del interesado a las que hace referencia el Artículo 38 Bis, así como la atenuación y conmutación de las multas que resulten procedentes. En todo caso, deberá garantizarse el cumplimiento de las obligaciones del infractor, en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación.

La celebración del convenio suspenderá el procedimiento administrativo y el término para la caducidad, a partir de la presentación de la solicitud a la autoridad, y hasta por un plazo de cuarenta y cinco días hábiles.

ARTICULO 169.- La resolución del procedimiento administrativo contendrá:

I. Las sanciones a que se haya hecho acreedor el responsable;

II. Las medidas que el responsable deba llevar a cabo para corregir las deficiencias, violaciones o irregularidades observadas;

III. El reconocimiento de los términos y obligaciones derivados del convenio previsto en el Artículo anterior, y las medidas que el responsable deba llevar a cabo para su cumplimiento. En este supuesto, la resolución del procedimiento será pública, y

IV. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del infractor que se deriven de la resolución.

El infractor deberá informar a la autoridad ordenadora, por escrito, en forma detallada y dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo correspondiente, sobre el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente artículo.

La procuraduría podrá realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones del infractor. Cuando del acta que se levante al efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá imponerse además de las sanciones previstas en el artículo 171 de esta Ley, una multa adicional que no exceda el monto previsto en dicho precepto.

En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, subsane las irregularidades detectadas, o cumpla con las obligaciones derivadas del convenio previsto en el artículo 168, en los plazos ordenados o acordados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, ésta podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas.

En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos.

ARTICULO 176....

...

La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán controvertirse en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa. Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

ARTICULO TERCERO.- Se reforman los artículos 106, párrafo primero; 107, párrafo primero; se deroga el último párrafo del artículo 107, y se derogan los artículos 108 y 109 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Artículo 106. Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a la vida silvestre o a su hábitat, está obligada a repararlo o compensarlo de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

...

Artículo 107. Cualquier persona podrá denunciar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los daños ocasionados a la vida silvestre o a su hábitat de los que tenga conocimiento.

...

...

Artículo 108. (Se deroga).

Artículo 109. (Se deroga).

ARTICULO CUARTO.- Se reforman los artículos 17 y 77, se adiciona un párrafo al artículo 68, todos ellos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Artículo 17.- Los residuos de la industria minera-metalúrgica provenientes del minado y tratamiento de minerales tales como jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados, así como los metalúrgicos provenientes de los procesos de fundición, refinación y transformación de metales, que se definirán en forma genérica en el reglamento según lo estipulado en el artículo 7 fracción III de esta Ley, son de regulación y competencia federal. Podrán disponerse finalmente en el sitio de su generación; su peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, y estarán sujetos a los planes de manejo previstos en esta Ley. Se exceptúan de esta clasificación los referidos en el Artículo 19 fracción I de este ordenamiento.

Artículo 68. ...

Toda persona física o moral que, directa o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un daño o afectación al ambiente como resultado de la generación, manejo o liberación, descarga, infiltración o incorporación de materiales o residuos peligrosos al ambiente, será responsable y estará obligada a su reparación y, en su caso, a la compensación correspondiente, de conformidad a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo 77. Las acciones en materia de remediación de sitios, y de reparación y compensación de daños ocasionados al ambiente, previstas en este capítulo, se llevarán a cabo de conformidad con lo que señale el Reglamento, y a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTICULO QUINTO.- Se reforma el párrafo tercero y se deroga el párrafo cuarto del Artículo 136, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Artículo 136. ...

...

Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará obligada a repararlo o compensarlo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTICULO SEXTO.- Se reforman la fracción III y IV del artículo 14 BIS 4; el artículo 96 BIS y el artículo 96 BIS 1, de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

LEY DE AGUAS NACIONALES

Artículo 14 BIS 4. Para los fines de esta ley y sus reglamentos, son atribuciones de “la Procuraduría”:

I. a II. ...

III. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de esta Ley y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

IV. Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables;

V. ...

VI. ...

Artículo 96 BIS. “La Autoridad del Agua” intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley, de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

Artículo 96 BIS 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño.

...

ARTICULO SEPTIMO.- Se reforman el primer párrafo, la fracción I y el párrafo quinto del artículo 421; y se adiciona un párrafo sexto al artículo 421, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue:

CODIGO PENAL FEDERAL

CAPITULO V

Disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente

Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, se impondrán las siguientes penas y medidas de seguridad:

I. La reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

II. a V. ...

...

...

...

Los parámetros mínimos y máximos de las penas de prisión a que se refiere el presente Título se disminuirán a la mitad, cuando el imputado o procesado repare o compense voluntariamente el daño al ambiente antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o sentencia judicial. Dicha disminución procederá también, cuando se realice o garantice la reparación o compensación del daño en términos de lo dispuesto por el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Se consideraran víctimas con derecho a solicitar la reparación o compensación del daño ambiental y coadyuvar en el proceso penal, a las personas legitimadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTICULO OCTAVO.- Se adiciona un artículo 77 Bis de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

Artículo 77 BIS. Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los ecosistemas marinos o sus componentes estará obligada a la reparación de los daños, o bien, a la compensación ambiental que proceda de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTICULO NOVENO.- Se adiciona un artículo 153 a la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

ARTICULO 153.- Quienes realicen el uso o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, sin contar con concesión permiso o autorización de la autoridad competente, ocasionando directa o indirectamente un daño a los ecosistemas o sus componentes, estarán obligados a la reparación de los daños al ambiente, o bien, a la compensación ambiental que proceda de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- Los Juzgados de distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. El Personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de abril de 2013.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO, RECORRIENDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Vivienda y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto con la que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

I.- ANTECEDENTES

1. El 4 de diciembre de 2012 el Senador Fernando Herrera Avila, integrante del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 dela Ley de Vivienda.

2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIAITVA

La propuesta del senador Fernando Herrera Avila se fundamenta en el proceso de consolidación mundial de la industria de energía solar. Ésta se ha convertido en una realidad que ha permitido a varios países mostrar sus avances tecnológicos basados en energías limpias y eficiencia energética, sustituyendo gradualmente los combustibles fósiles y la energía nuclear.

La historia del consumo energético, así como del crecimiento económico y demográfico de la humanidad en los últimos 100 años, nos indica según el promovente, que el cambio climático es consecuencia de ese consumo y ese crecimiento que nos ha vuelto dependientes del uso masivo de los combustibles convencionales fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que generan graves problemas progresivos de contaminación asociados a los gases de efecto invernadero.

En este sentido, destaca la llamada de atención que el gobierno británico ha hecho, en torno a esta grave situación. Se trata del “informe Stern”, elaborado por Nicolás Stern, asesor económico de la administración británica y ex economista del Banco Mundial, quien advirtió que de no actuar ahora contra el cambio climático, el costo será equivalente a perder entre un 5 y un 20 por ciento del Producto Interno Bruto global, afectando el acceso al agua potable, la producción de alimentos, la sanidad y el medio ambiente.

Dicho Informe anticipa que el calentamiento de la Tierra puede tener consecuencias “desastrosas” para la economía a un nivel superior a la gran depresión de 1929-30, y puede generar más de 200 millones de refugiados.

El mundo, dice el autor de la presente iniciativa, está presenciando el fin del “modelo fosilista”, es decir, el término de la energía de consumo que estructuró la economía y la sociedad del mundo contemporáneo y que debió haber sido sustituida desde finales del siglo XX. Nunca como ahora, el mundo está mostrando su preocupación por el uso masivo de las energías fósiles, especialmente del petróleo.

De ahí que la seguridad energética y la protección climática, representen hoy los referentes que las aportaciones tecnológicas en materia de energías limpias y eficiencia energética están generando en el mundo.

Ante esta situación, es urgente que nuestro país profundice el tránsito hacia las llamadas “energías limpias”. Ello implica cambio social, cambio tecnológico, cambio económico y cambio cultural estructurales, que hagan posible un nuevo paradigma energético que permita el tránsito de una “economía petrolera” hacia una “economía limpia”, basada en fuentes de energía renovables. En la actualidad, en México tenemos la capacidad de limitar el consumo de energía fósil y reemplazarla por energía limpia como la energía solar.

México, asegura el promovente, está ubicado en el cinturón de mayor incidencia solar de la Tierra, la zona norte es de las más soleadas del mundo. Su irradiación media anual es de aproximadamente 5 kilowatts-hora por metro cuadrado por día, por ello es uno de los países que presenta condiciones ideales para el aprovechamiento masivo de energía solar, como medio para la generación de energía eléctrica y térmica, factores de un gran potencial para usos productivos, domésticos yen el sector turístico.

Considerando que el uso de energías renovables en México necesita de un amplio impulso, el proponente considera que al promover el uso de la energía solar en la construcción de viviendas además de disminuir la emisión de bióxido de carbono a la atmosfera, tendría un impacto ampliamente positivo en las finanzas públicas y familiares con los consabidos beneficios ambientales.

Para ello propone que se adicione el siguiente, como un segundo párrafo, al artículo 71 de la Ley de Vivienda:

“Asimismo, promoverá el uso de energías renovables a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de agua y sistemas fotovoltaicos para suministro de electricidad, además de las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda; así como el diseño y envolventes térmicos, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades”.

Ya que es importante que la Ley de Vivienda, como toda ley general, incluya la posibilidad para que en México se aprovechen todas las ecotecnologías que existen en la construcción de las viviendas, ya sea como energía térmica solar, como energía fotovoltaica o como los sistemas pasivos de la arquitectura solar para crear confort térmico.

Sobre todo si, como se espera, en los próximos años habrán de construirse alrededor de un millón de viviendas al año. Si todas éstas contaran con las aplicaciones de las energías limpias significaría para el país un ahorro importante de energía tradicional, y para las familias un ahorro económico, con el valor agregado del beneficio al medio ambiente.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los integrantes de las Comisiones de Vivienda y Estudios Legislativos revisamos con puntualidad la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de vivienda, y derivado de dicho estudio reconocemos el loable interés del Promovente por motivar la explotación de las llamadas “energías limpias” para el beneficio, no sólo del medio ambiente, sino de las finanzas de las familias mexicanas y fomentar la cultura de uso.

SEGUNDA.- Los integrantes de las dictaminadoras reconocen que hace apenas tres décadas hablar de viviendas “verdes” o “ecológicas” que utilizaran el agua de lluvia, reciclaran en agua, usaran calentadores solares y sistemas alternativos de energía, parecía hablar de algo ilusorio. Solo se podía entender ese uso de tecnologías limpias en las naciones desarrolladas. Sin embargo, el efecto globalizador ha permitido que las naciones en desarrollo no permanezcan al margen de ese proceso.

TERCERA.- Es un hecho que en nuestro país hemos avanzado en la actualización del marco jurídico, al implementar la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la que fundamenta la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

CUARTA.- Que dicha Estrategia es definida como el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. Por ello, el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y el uso de tecnologías limpias es de utilidad pública y se realizará en el marco de la estrategia nacional para la transición energética mediante la cual el Estado mexicano promueve la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

QUINTA.- Que, para mayor abundamiento, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, establece que el Estado apoyará todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior, y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Dentro de esas acciones se enmarca el uso de las ecotecnologías que generen “energías limpias”.

SEXTA.- Que en nuestro país existen experiencias en el caso de viviendas sustentables. Algunas de ellas realizadas por el Gobierno del Distrito Federal, donde las edificaciones sustentables utilizan materiales antirreflejantes que permiten mayor autorregulación del clima interno, incorporan accesorios para el ahorro y utilización del agua, el calentamiento solar del agua, el reciclaje de los residuos y la iluminación eficiente con focos ahorradores y paneles solares.

SEPTIMA.- Que por lo anterior, a juicio de las Comisiones dictaminadoras, estas medidas deben ser consideradas por los organismos rectores de la política de vivienda del Estado mexicano y por los desarrolladores inmobiliarios, lo que probablemente requiera de una mayor inversión, pero que, sin duda, otorgan una mayor plusvalía a las propiedades y, a la vez generan un mayor ahorro para las familias que habitan las viviendas pero, sobre todo, traen consigo un mayor cuidado y mejoramiento del medio ambiente.

OCTAVA.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras deliberaron los alcances de la propuesta la propuesta en comento y coincidieron que ratificar que la Ley de Vivienda, como toda ley general debe conservar las características que la definen como tal, es decir, que sea general, que deben ser cumplidas por todos, sin excepción; que asuma su la obligatoriedad; que tenga permanencia, sin una fecha de vencimiento, por el contrario, su duración será indefinida en el tiempo hasta que un órgano competente determine su derogación por alguna causa valedera y previamente convenida; que sea abstracta e impersonal, que implica que una ley no se concibe para resolver un caso en particular, sino que la origina la generalidad de los casos que pueda abarcar y, por último, que se reputa conocida, por lo cual nadie podrá argumentar que no la cumplió por desconocimiento.

NOVENA.- Con fundamento en el razonamiento anterior, los dictaminadores consideran que, sin perder la naturaleza de la propuesta original, la adición que se propone sea ajustada para no ceñir la aplicación de la ley a una u otra ecotecnología en particular, sino que deje abierta la perspectiva al avance científico-tecnológico en la materia. Proveyendo, eso sí, del marco jurídico para la aplicación de las ecotecnologías que ya se usan en la construcción de vivienda en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL

ARTICULO 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al Artículo 71 de La Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

ARTICULO 71.-…

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de abril de 2013.

COMISION DE VIVIENDA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación emitida.

Informo a la Asamblea, que habremos de tener el día de hoy, dieciséis votaciones nominales, por lo que les suplico que permanezcamos en este recinto para poder llevar a cabo los procedimientos que señala nuestro Reglamento de manera oportuna.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 85 votos en pro y ninguno en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 2, 12, 14 Y 42 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho proyecto de Decreto. No habiendo quién haga uso de la palabra, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación de este proyecto en lo general y en lo particular en un solo acto.

Les pedimos, por favor, a los señores Senadores, señoras Senadoras, que para que se registre su voto, lo tienen que hacer desde el sistema electrónico, salvo cuando haya algún problema técnico se tomará nota de ello para que se pueda levantar la votación de viva voz de cada uno de ustedes.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 88 votos a favor y cero votos en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en nuestra Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 84 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 9 Y SE ADICIONA LA FRACCION V AL ARTICULO 10 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el proyecto en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra sobre este asunto y no habiendo reserva alguna de los artículos de este proyecto de Decreto, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recabar la votación nominal de este proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y se modifica la denominación de dicha ley.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. Y 6o.; SE ADICIONA EL ARTICULO 2 BIS A LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA; Y SE MODIFICA LA DENOMINACION DE LA LEY PARA QUEDAR COMO LEY FEDERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA TORTURA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. No habiendo oradores en este dictamen, ni reserva de artículos, pido que se hagan los avisos a los que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para recabar la votación nominal de este proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 86 votos en pro.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o.; se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; y se modifica la denominación de la ley para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 341 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 322 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de enero de 2012, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 322 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República, la Iniciativa de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La reforma propuesta por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, tiene por objeto incorporar en el artículo 322 de la Ley General de Salud, la obligación de parte de la Secretaría de Salud, para que ejecute de manera permanente una campaña de donación de sangre y de esa forma se pueda garantizar el abasto que la población mexicana demanda habitualmente.

En este sentido, el Senador señala que la protección de la salud es una prerrogativa que otorga la Constitución Mexicana y con ello el Estado, tiene como principal objetivo conservar la integridad y el correcto funcionamiento de la salud de los mexicanos. Lo anterior se considera indispensable para lograr la superación tanto del individuo, como de la colectividad, de tal manera que se propicie el desarrollo social, económico y político que apremia la Nación.

Además el Senador proponente señaló que el derecho a la salud procura principalmente que se provea lo necesario para prolongar y mejorar la calidad de la vida humana y otorgar servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

Puntualizó que en la actualidad no solo se requiere de garantizar la existencia de medicamentos y la oportuna prestación de servicios médicos, sino que además se requieren de ciertas cantidades con las que se pueda respaldar el abastecimiento de sangre, a través de los bancos existentes en todo el territorio nacional.

La propuesta del Senador, consiste en la siguiente:

“Art. 322.- …

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud, la que además ejecutará permanentemente una campaña nacional de donación altruista de sangre que garantice su abasto al servicio de salud”.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4º de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, adoptó la Resolución WHA58.13, “Seguridad de la sangre: Propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante de Sangre”, y estableció en mayo de 2005 el Día Mundial del Donante de Sangre, previo antecedente que se tenía de varios países como Estados Unidos de América donde ya se organizaban reuniones con dicho fin. Entre otras virtudes, se busca promover la donación voluntaria de sangre para valorar la vida, sensibilizar y solidarizar a las personas para con sus semejantes y conservar la salud a través de los beneficios que genera la donación de sangre.

C. En México, el 21 de enero de 1988 se creó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, dicho órgano de gobierno coordina la política de Estado en materia de disposición de sangre, misma que debe articular a los tres órdenes de gobierno, a la iniciativa privada y a la sociedad civil en general, con la finalidad de lograr la seguridad y suficiencia en el Sistema Nacional de Salud.

Entre otras atribuciones, dicho Centro debe de elaborar y proponer actualizaciones legislativas, políticas, programas, modelos operativos y estrategias para uniformar criterios, actividades y técnicas sobre la disposición de sangre, componentes, sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con el fin de incrementar la autosuficiencia, seguridad y calidad de estos productos biológicos, así como, promover prioritariamente un trato digno y respetuoso al donante, el receptor y el personal de salud.

En el mismo sentido, tiene como objetivo, lograr la autosuficiencia, seguridad, calidad y uso terapéutico racional de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, así como, su aprovechamiento integral a través de su procesamiento para obtener hemoderivados.

D. En el mismo sentido y de conformidad con el Programa de Acción Específico 2007-2012 TRANSFUSION SANGUINEA, se advirtió, que las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar la salud de quien en su momento lo necesita. Sin embargo, a pesar de los avances que se han tenido en la regulación y aplicación de dicha materia, se requiere de mayores esfuerzos para poder ofrecer el servicio a quien lo necesite, toda vez que el acceso a la sangre es un asunto de equidad, justicia, responsabilidad social y humanismo.

Algunas características de la política nacional de sangre consideran: Constituir los mecanismos que aseguren el acceso oportuno y de calidad de los productos sanguíneos a todos los ciudadanos, basados en los principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia.

F. No obstante, con el propósito de que se cumpla con la finalidad que la Iniciativa en comento formula, misma que implica la promoción, divulgación e impulso, para que los ciudadanos donen sangre, es necesario que la reforma propuesta se realice en el Artículo 341Bis, toda vez que en dicho precepto legal, tendrá el alcance necesario para que la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, ejerza sus atribuciones correctamente, toda vez que como ya se hizo mención, es el Centro, el encargado en materia de productos sanguíneos. Lo anterior, toda vez que la propuesta del Senador, reforma el Artículo 322, que se encuentra vinculado a los procedimientos y requisitos de la donación, pero no está relacionado con su impulso en la ciudadanía. Es por ello que la propuesta de las Dictaminadoras sería la siguiente:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de células progenitoras hematopoyéticas, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el sistema Nacional de Salud al respecto.

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el sistema Nacional de Salud al respecto.

Derivado de lo anterior, dicha reforma no sólo sería coherente con lo establecido en el Artículo 322 de la Ley General de Salud, vigente, respecto de la sangre, los componentes sanguíneos y las células progenitoras, sino que además, se estará regulando la promoción que impulse la donación de los anteriores y se estará en armonía y reforzando las últimas reformas en materia de componentes sanguíneos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 2013.

G. Con la reforma, propuesta se estará a lo dispuesto para que la Secretaría de Salud impulse la donación de sangre, sus componentes sanguíneos y de células troncales o progenitoras, con lo que se abarcan otras posibilidades de aprovechamiento de la sangre en nuestro país, a través de campañas y demás medios que estime pertinentes.

H. Derivado de lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras, estiman viable aprobar con modificaciones, la propuesta contenida en la Iniciativa que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por que se reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el Artículo 341 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

….

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de esta comisión, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venía, señor Presidente.

El tema que nos atañe el día de hoy es de vital importancia para todos los mexicanos.

Un asunto como la donación de sangre es tan importante como la donación de órganos. Fomentar e impulsar la donación de sangre, donde el donador no es intervenido quirúrgicamente, puede representar no sólo salvar la vida de una persona ajena, sino la propia. Como bien sabemos, la donación de sangre implica también su análisis y los donadores pueden mejorar la calidad de vida de otras personas o incluso evitar su muerte, pero también pueden beneficiarse conociendo si son portadores o susceptibles de algún padecimiento grave como diabetes, hepatitis, VIH/SIDA, anemia, por mencionar algunos.

Al respecto, es importante destacar la resolución WHA58.13 Seguridad de la Sangre, propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante de Sangre, de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, donde se estableció en mayo de 2005 el Día Mundial del Donante de Sangre, previo antecedente que ya se tenía de varios países como Estados Unidos de América, donde se organizaban reuniones con dicho fin.

Entre otras virtudes, dichos eventos buscan promover la donación voluntaria de sangre para valorar la vida, sensibilizar y solidarizar a las personas para con sus semejantes y conservar la salud a través de los beneficios que genera la donación de sangre.

En nuestro país fue el 21 de enero de 1988, que se creó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, de conformidad con lo dispuesto en Ley General de Salud, dicho órgano de gobierno es el encargado de coordinar la política de Estado en materia de disposición de sangre con la finalidad de lograr la seguridad, autosuficiencia, calidad y uso terapéutico racional de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras en el sistema nacional de salud.

Es importante destacar que la política de donación se reforzó durante el programa de acción 2007-2012 Transfusión Sanguínea, donde se advirtió que las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar la salud de quien en su momento lo necesita.

Al respecto, es importante señalar que no sólo se estará impulsando la donación de sangre, sino de sus componentes. Estadísticas importantes del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea reportan que el Banco de Células Progenitoras a su cargo recolectó de 2003 a 2012, un total de 4,883 unidades de sangre de cordón umbilical, donde los principales pacientes beneficiados han sido aquellos cuyo diagnóstico es de leucemia aguda y linfoide, inmunodeficiencia congénita, anemia aplásica, linfomas, entre otros, además de que el 70 por ciento de pacientes son pediátricos.

Otras bondades que se pueden destacar es la irradiación de componentes sanguíneos, esto a partir de los transplantes de médula ósea, células progenitoras, hematopoyéticas y órganos sólidos.

Dicha práctica elimina la posibilidad de desarrollo de enfermedad de injerto contra huésped, asociada transfusión, la cual es mortal en el 95 por ciento de los casos; siendo el único método reconocido a nivel mundial para evitar el desarrollo de dicha enfermedad.

Sin embargo, hace falta que la población tenga mayor conocimiento y mejor información sobre las bondades derivadas de la donación de sangre.

Es por ello que con la finalidad de que se cumpla con el espíritu de la iniciativa propuesta, se realice una modificación donde al seno de las comisiones dictaminadoras se aprobó reformar el artículo 341 Bis, para que tenga el alcance necesario la Secretaría de Salud y a través del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea puede estar debidamente facultada para impulsar la donación de sangre y sus componentes sanguíneos, pero además estará de conformidad y reforzando las últimas reformas en materia de componentes sanguíneos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del año en curso.

Es por todo lo anterior, y en aras de continuar otorgando las herramientas necesarias desde el Poder Legislativo que conlleven y garanticen el abasto suficiente de sangre para quienes lo necesitan, que pido a nombre de las comisiones dictaminadoras su voto a favor del presente dictamen.

Muchas gracias, es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz Salazar.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Para solicitar, señor Presidente, que el Partido Revolucionario Institucional quiere posicionar el tema.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se abre precisamente en este momento la discusión en lo general de este proyecto de Decreto, y está abierto el uso de la palabra para quienes deseen participar en la discusión en lo general.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para hablar a favor del proyecto de Decreto.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para apoyar el dictamen. Creemos que es muy importante cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo, de lucro y factibilidad de condiciones, que se deberán manifestar en el acto laborado para tales efectos por el comité interno respectivo.

En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras, se estará en lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la propia Secretaría de Salud, lo que además ejecutará permanentemente una campaña nacional de donación altruista de sangre, que pueda garantizar el abasto al servicio de la salud.

Es importante señalar que en México desde 1988 se creó el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, y que dicho órgano de gobierno coordina la política de Estado en materia de disposición de sangre, misma que se debe articular desde el gobierno con la iniciativa privada, y a la sociedad civil en general, con la finalidad de lograr la seguridad y suficiencia en el sistema nacional de salud.

Es importante señalar que las atribuciones de dicho centro es de elaborar y proponer actualizaciones legislativas, políticas, programas, modelos operativos y estrategias para uniformar criterios, actividades y técnicas sobre la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras, ematopoyéticas, con el fin de incrementar la autosuficiencia, seguridad y calidad de estos productos biológicos.

Así, subrayo que es importante promover prioritariamente el trato digno y respetuoso al donante, el receptor y al personal de salud.

Creemos que este dictamen que hoy hemos apoyado todos los grupos legislativos, va a permitir una mayor cobertura para que las instituciones de salud pública, como privadas, cuenten con el suficiente abasto de sangre que sirva para salvar vidas, es por eso que nuestro partido, el Revolucionario Institucional, apoya este dictamen y pide la solidaridad de todos los Senadores para el mismo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans Canabal.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para conscientizar más aquí al Pleno sobre esta iniciativa con proyecto de Decreto, quisiera comentar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se recogen en el mundo 92 millones de unidades de sangre, aproximadamente un 50 por ciento de esas donaciones corresponden a los países de ingresos altos, que sólo representan un 15 por ciento de la población del planeta.

Aunque existen países que remuneran a las donadores de sangre, en 62 países, el 100 por ciento de las donaciones son hechas por voluntarios no remunerados, la sangre donada se recoge en unos 8 mil centros repartidos en 159 países; la media es de unas 10 mil donaciones por centro, pero el intervalo es muy amplio, de 20 a cerca de 500 mil.

La media de donaciones anuales por centro es de 30 mil en los países de ingresos altos, 7 mil 500 en los de ingresos medios y 3 mil 700 en los de ingresos bajos. En México la recuperación de sangre es de menos del 65 por ciento de aquel 100 por ciento necesario.

En América Latina es de apenas 37 por ciento, 90 por ciento de 6 mil 500 donadores, cifra anual 2011, acuden porque tienen un ser querido o un familiar hospitalizado. De los 80 países con un bajo índice de donaciones de sangre, menos de 10 donaciones por cada mil personas, 79 son naciones en desarrollo, y es el caso de México, por eso le pido a las compañeras y compañeros Senadores que nos apoyen con su voto a favor de este dictamen.

Muchas gracias. Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Mayans.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Solamente para posicionar también el voto del Partido del Trabajo, a favor de este dictamen que es de vital importancia, y que ha sido leído aquí el dictamen; y también como integrante de la Comisión de Salud, solicitarles a todos mis compañeros, el voto para este dictamen.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox. Agotada la lista de oradores, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos en pro.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de actualizar las multas en la ley para armonizar las sanciones pecuniarias con los demás ordenamientos y salvaguardar la seguridad pública del país.

Los senadores integrantes de las comisiones que suscriben realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa y expresar sus observaciones y comentarios de la misma.

De conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 85, 86, 89, y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 186, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República y habiendo analizado el contenido del Proyecto de mérito, estas Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y dictamen del proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen del proyecto de Decreto.

En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se hace un resumen de los objetivos de la propuesta de reforma de la Colegisladora.

En el apartado denominado “CONSIDERACIONES”, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente Dictamen.

I. ANTECEDENTES

Primero. El Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los 24 días del mes de marzo del año 2011, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el fin de actualizar las multas en la ley para armonizar las sanciones pecuniarias con los demás ordenamientos y salvaguardar la seguridad pública del país.

SEGUNDO. En esa misma fecha, le fue turnada a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La iniciativa destaca que en la actualidad el aumento del tráfico de armas en nuestro país es un problema con el cual vivimos a diario y al que debemos combatir. De igual forma, señala que el crimen organizado y el narcotráfico han disparado los niveles de personas armadas y ha aumentado el mercado negro de armas.

Por último, señala que con esa lógica cobra importancia revisar las normas jurídicas que se relacionan con la posesión y portación ilegal de armas de fuego, para así, constituirnos como parte activa en el combate a este preocupante fenómeno.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.

• Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, como instancias legislativas del Senado de la República, son competentes para atender la presente Iniciativa, en virtud de que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 86 y del Reglamento del Senado, en su Artículo 117 numeral 2, establecen que las Comisiones Ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y conjuntamente con la de Estudios Legislativos, Segunda, el análisis y dictamen de las Iniciativas de Leyes y Decretos.

• Estas Comisiones están facultadas para emitir el presente dictamen, en virtud de lo que señala el artículo 73, fracción XXI, que es facultad del Congreso establecer los delitos y las faltas contra la Federación, así como fijar los castigos que por ellos deben imponerse.

• De conformidad con el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los habitantes del país tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

• El artículo 14 de nuestra Carta Magna, en su párrafo tercero, establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

• El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en el párrafo primero, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

• El artículo 21 del mismo ordenamiento, señala, en su párrafo tercero, que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

• El artículo 22 del mismo, señala a su vez, en el primer párrafo, que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y el bien jurídico afectado.

En ese orden de ideas, la Colegisladora concluye que la presente iniciativa, motivo de este dictamen, no presente ninguna antinomia constitucional.

SEGUNDA.

• El artículo 4 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos señala que corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones que ésta Ley y su Reglamento las señalen, el control de todas las armas en el país.

• Por otra parte, el artículo 7 de la misma, señala que toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas.

• En ese sentido, consideramos que la obligación que tiene cualquier ciudadano de registrar su arma es tal, que en caso de no hacerlo, debe ser castigado de manera ejemplar, promoviendo así, el correcto y legal uso de las armas, de tal forma que mantenga seguro a los ciudadanos que lo rodean.

• Por otra parte, el objeto de la presente iniciativa cumple con su fin de fortalecer el ordenamiento vigente, para que de esta manera, se luche contra el mercado negro de las armas de fuego.

• Las Comisiones coinciden con el legislador, en el sentido de que las multas por la contravención de los artículos propios de este dictamen, son en la actualidad pírricas, y tal situación no conduce a frenar las conductas previstas en el presente ordenamiento.

• El artículo 29 del Código Penal Federal señala que la pena pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. Por otra parte, el segundo párrafo del mismo, señala que la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por los días multa.

• Asimismo, los artículos 160 y 162 del mismo ordenamiento, establecen multas mucho más severas en el tratamiento de armas prohibidas que corresponde al Capítulo III, Título Cuarto, denominado Delitos Contra la Seguridad Pública.

• Por último, se advierte necesario actualizar las multas a los portadores de armas de fuego, que no hagan la manifestación a la Secretaría de la Defensa Nacional, o a quien no tenga las licencias correspondientes.

• Esto con el objeto de homogeneizar las penas y las multas, tanto porque la actualidad así lo exige, como para estar acorde con lo que establecen otros ordenamientos en esta materia, ya que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es una ley que data de 1972, cuando las condiciones y circunstancias eran sumamente distintas; que si bien es cierto ha sido reformada con el paso del tiempo, las multas continúan siendo las mismas de cuando fue la creación del ordenamiento, haciéndolas obsoletas y con nula eficiencia en su aplicación al momento que vive nuestro país.

• Las Comisiones Dictaminadoras consideran que esta Reforma se fundamenta en la propia esencia del Poder Legislativo, que consiste en la responsabilidad de crear leyes, pero también en mantenerlas vigentes para que cumplan con su objetivo principal.

• En el caso que nos ocupa, nos enfrentamos a una disposición jurídica obsoleta, que requiere de su actualización para su mejor aplicación.

Conforme a lo anterior, y como ya se expuso, estas Comisiones determinan necesaria la aprobación de la presente Iniciativa en sus términos.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, emiten el siguiente:

DECRETO

UNICO.- Se adicionan y reforman los artículos 77, 78, 79, 81, 82, 83 fracciones I, II y III; 83 Bis fracciones I y II; 83 Ter fracciones I, II y III; 83 Quat fracciones I, II y III; 84 84 Bis, 85, 85 Bis, 86, 87 y 90, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 77. Serán sancionados con ciento ochenta a trescientos sesenta días multa:

I… IV…

Artículo 78. …

El arma recogida por no llevar el interesado la licencia, será devuelta previo el pago de cincuenta a cien días multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la licencia será de treinta días.

Para los efectos de la multa antes mencionada, se turnará la infracción, a la brevedad, a la autoridad fiscal federal correspondiente.

Artículo 79. Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo anterior, el funcionario que lo realice deberá informarlo a su inmediato superior, quien lo hará del conocimiento del Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan. Si no se dan los informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de cincuenta a cien días multa.

Artículo 81. Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

Artículo 82. Se impondrá de uno a seis años de prisión y de ciento ochenta a setecientos veinte días multa, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente.

Artículo 83. Al que sin permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año y de cincuenta a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley.

II. Con prisión de tres a diez años y de ciento ochenta a trescientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de cuatro a quince años y de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Bis. Al que sin permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará:

I. Con dos a nueve años y de cien a setecientos veinte días multa, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11 de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cincuenta a ciento ochenta días multa; y

II. Con prisión de cinco a treinta años y de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Ter. Al que sin permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año y de cincuenta a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II. Con prisión de uno a siete años y de cien a trescientos sesenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley; y

III. Con prisión de dos a doce años y de ciento ochenta a setecientos veinte días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quat. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

I. Con prisión de uno a cuatro años y de cien a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley; y

II. Con prisión de dos a seis años y de cien a trescientos sesenta días multa, si son las armas comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 84. Se impondrá de cinco a treinta años y de cien a setecientos veinte días multa:

I… III…

Artículo 84 Bis. Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrán de tres a diez años de prisión.

Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de las referidas en el párrafo anterior, únicamente se le impondrá sanción administrativa de doscientos a trescientos sesenta días multa, y se le recogerá el arma previa expedición previa entrega del recibo correspondiente. Cuando la persona a quien se le haya recogido el arma salga del país, se le devolverá el arma previa entrega del recibo correspondiente.

Artículo 85. Se impondrá de dos a diez años de prisión y de cien a setecientos veinte días multa a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar procedencia legal de los mismos.

Artículo 85 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa:

I… III…

Artículo 86. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de cincuenta a trescientos sesenta días multa, a quienes sin el permiso respectivo:

I. Compren explosivos, y

II. Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en esta Ley.

La pena de prisión prevista por este artículo se aumentará al doble cuando el transporte al que se refiere la fracción II sea de las armas señaladas en los incisos a) o b) del artículo 11 de esta Ley.

Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de cinco a treinta años de prisión y de cien a setecientos veinte días multa.

Artículo 87. Se impondrá de un mes a dos años de prisión y de cincuenta a ciento ochenta días multa, a quienes:

I… IV…

Artículo 90. Las demás infracciones a la Presente Ley o su Reglamento, no expresamente previstas, podrá sancionarse con la pena de cincuenta a setecientos veinte días multa.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 24 de abril de 2013.

COMISION DE DEFENSA NACIONAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el proyecto de Decreto en lo general. Informo a la Asamblea que el Senador Fidel Demédicis ha hecho del conocimiento de la Mesa Directiva que propone adicionar un Artículo Segundo Transitorio al proyecto de Decreto, y en virtud de que la propuesta que se está haciendo es una adición, vamos a proceder a votar en lo general el proyecto y luego inmediatamente después pasaremos a la discusión en lo particular. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 94 votos en pro, cero en contra y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para hacer una propuesta de adición al Artículo Segundo Transitorio del proyecto de Decreto.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda que el tema de las armas de fuego es un tema que el Senado de la República tiene que tomar con absoluta seriedad, sobre todo en estos momentos en que la violencia, a pesar de lo que se diga, como el caso de la ciudadana Rosario Robles el día de ayer, que a nombre del gobierno de la República dice que ya no se atiende el problema de la violencia porque se está atendiendo el problema del hambre en México.

Sin embargo, las cifras dadas por el ciudadano Secretario de Gobernación, que de manera triunfalista señala que en los primeros 4 meses del gobierno de Peña Nieto sólo van 4 mil 247 ejecutados por la delincuencia organizada.

Yo creo que estas cifras nos tienen que seguir alarmando, nos tienen que seguir preocupando, y por eso el Senado de la República, a partir de las facultades exclusivas que le da la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tiene que hacer lo propio en esta lucha por detener la violencia en México.

Por eso una felicitación a la Comisión de Defensa Nacional y a la Comisión de Estudios Legislativos, que actualizan las multas para aquellos que no registren las armas de fuego de que son poseedores.

Esta lucha la tenemos que dar todos, la lucha contra la violencia, y por supuesto que el Senado tiene que ponerse en primera línea en ese sentido.

Nadie quiere que en México se den casos como los que se han dado en Estados Unidos, donde a partir de esos casos, en donde han muerto muchas personas inocentes, hoy sí el vecino país del norte ya está impulsando la regulación de armas de fuego.

Por eso, compañeras y compañeros, el tráfico de armas también tenemos que evitarlo hasta donde nos sea posible, y una forma es, sin duda, que todo ciudadano mexicano tenga la obligación de registrar ante la Defensa Nacional las armas que poseen y que están autorizadas por la propia Ley de Armas de Fuego, para que las tengan en su casa o que las utilicen para deporte o que las utilicen para sus labores, en el caso, como los campesinos, que de manera tradicional, de manera normal salen al campo para cuidar sus siembras y para utilizar las armas en contra de las plagas que a veces se presentan, como el caso de los depredadores naturales de las siembras: tejones, mapaches y otro tipo de fauna silvestre que lesiona los campos de cultivo de los campesinos.

En ese orden de ideas, también queremos plantear que ninguna ley puede tener efectividad si no se difunde de manera exhaustiva para advertirle a la población que es necesario que todos coadyuvemos a esta lucha contra la violencia y que todos cuidemos que se hagan los registros respectivos.

No coincidimos en que sólo se haga la modificación de ley, y que la conozca el Senado de la República, pero que no la conozca la población que puede resultar afectada.

Por eso estamos proponiendo un Artículo Segundo Transitorio, para no dejar a la población en estado de indefensión, y el transitorio que estamos proponiendo dice:

“Las autoridades federales en el ámbito de su competencia y particularmente la Secretaría de Gobernación y de la Defensa Nacional, llevarán a cabo las campañas necesarias y permanentes para registrar armas de fuego que posean lícitamente los ciudadanos”.

Es decir, en este segundo transitorio estamos proponiendo que se haga una campaña permanente y exhaustiva de información al pueblo para que nadie tenga el pretexto de que no sabía que tenía que registrar su arma, y el no hacerlo representaban, como dicen aquí, castigos ejemplares para aquellos que se nieguen a hacerlo. Es la propuesta del segundo transitorio.

El primero sería: que el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la propuesta sería el segundo transitorio, para el cual, compañeros Senadores, pido su respaldo, porque concluyo diciendo: que no hay ley que tenga efectividad si no se difunde y la conoce el pueblo.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se adiciona el segundo transitorio y doy lectura

“Las autoridades federales en el ámbito de su competencia y particularmente la Secretaría de Gobernación y de la Defensa Nacional, llevarán a cabo las campañas necesarias y permanentes para registrar las armas de fuego que posean lícitamente los ciudadanos”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes están por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta de adición hecha por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo. En virtud de no haber oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicha propuesta de adición.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del Artículo Segundo Transitorio que acaba de ser agregado a este dictamen.

Votamos en lo general y en lo particular los artículos no reservados, y ahora estamos votando la propuesta de adición que ha hecho el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron un total de 94 votos en pro.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado el Artículo Segundo Transitorio. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 2o. de la Ley de Planeación.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 2o. DE LA LEY DE PLANEACION

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Está a discusión el proyecto, y para hacer uso de la palabra en lo general, ha solicitado el uso de la misma el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Zoé Robledo retira su participación.

En consecuencia, pasaremos a la votación, en virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de este proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación emitida.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 2o. de la Ley de Planeación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto de Decreto. Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su venia, señor Presidente.

A nombre propio y como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, vengo a hablar a favor del presente dictamen, ya que esta reforma tiene por objeto definir lo que será considerado un residuo electrónico.

Pareciera un tema intrascendente o pareciera un tema que no tuviera un impacto en materia ambiental, pero sí lo tiene. Se trata de una enorme deuda que tiene el Estado mexicano en materia ambiental, que deriva del desarrollo constante, permanente y a un ritmo muy acelerado de nuevas tecnologías.

Tenemos hoy frente a nosotros una respuesta para mitigar el flujo de residuos que se está generando.

El avance tecnológico, como se mencionaba, ha generado cada vez más desechos electrónicos, porque la información virtual a final de cuentas permanece, pero los instrumentos donde se consulta tiende a cambiarse. Cuántos de ustedes no han cambiado de celular en lo que va del año y ese aparto que se deja de utilizar se convierte inmediatamente en un residuo electrónico que puede tener graves daños al medio ambiente.

Pensemos, por ejemplo, en el número telefónico que utilizamos y que permanece, pero el aparato no. Lo mismo sucede con computadoras, con muchísimos dispositivos.

Tal vez el grueso de la población tarde más que un Senador en cambiar de modelo. Pero al final de cuentas eso no significa que estemos en el límite para implementar medidas necesarias para tratar estos residuos.

La disposición final y el aprovechamiento de residuos electrónicos puede verdaderamente constituirse en uno de los factores que determinen y fomenten el desarrollo de nuestro país. Asimismo, no podemos esperar a disponer de estos residuos electrónicos hasta que sea un problema que escape de todo control.

La propuesta que estamos nosotros avalando y apoyando tiene una visión de concurrencia y de distribución de facultades y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno.

Atribuye a la Federación la expedición de normas oficiales mexicanas, así como el registro de planes de manejo para estos residuos, y a las entidades federativas autorizar y llevar el control de las instalaciones para el manejo integral de residuos electrónicos.

Esta propuesta señala que el reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, coprocesamiento, incineración y disposición final de los residuos electrónicos, deberá llevarse a cabo en las instalaciones autorizadas por las entidades federativas.

Finalmente, se propone también que la importación de residuos electrónicos para fines de aprovechamiento, valorización o coprocesamiento en territorio nacional, se realice de conformidad con lo señalado en los tratados internacionales y en lo que señala la propia ley.

Un punto que me parece muy importante de esta iniciativa es que se prohíbe la importación de residuos electrónicos para su disposición final o incineración en territorio mexicano.

Esta medida nos va a permitir importar con la finalidad de reciclar y neutralizar los recursos, pero evita que en nuestro país, en suelo mexicano, se creen basureros mundiales de residuos electrónicos. Nos estamos adelantando a lo que puede ser una crisis y que quizá no se vio en materia de otro tipo de residuos y que hoy estamos con problemas en varios estados del país. Bueno, estamos previniendo que eso ocurra con los residuos electrónicos.

La iniciativa, aunque no lo pareciera, es de una enorme relevancia para el cuidado del medio ambiente. Y por eso los convoco, señores Senadores, a que acompañemos y votemos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto. No habiendo más oradores en lo general, se abre el registro de oradores para reservar artículos. No habiendo ninguna reserva, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, votaremos tanto en lo general como en lo particular este proyecto de Decreto. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para informar del resultado de la votación de este proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, informo a usted que de acuerdo al registro electrónico, se emitieron 87 votos en pro.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ASI COMO LA DENOMINACION DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCION COMPLEMENTARIA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE MIGRACION

(Dictamen de segunda lectura)

“ COMISIONES UNIDAS GOBERNACION;
DE ASUNTOS MIGRATORIOS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y, se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I. METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

II. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 9 de octubre de 2012, el Ejecutivo Federal presentó iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se modifica la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, se reforman y adicionan diversas de sus disposiciones y se reforman algunos artículos de la Ley de Migración.

2.- En esa misma fecha, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera.

3.- En reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Migratorios, efectuada el día 9 de abril del año 2013, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el presente dictamen, y enviado a la comisión de Estudios Legislativos, Primera para su aprobación.

4. En reunión de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, celebrada el día 17 de abril, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el presente Dictamen.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la Iniciativa.

El proponente tiene como finalidad por una parte reformar la denominación de Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, por la Ley Sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo; por la otra, incluir lo relativo al asilo, regulando en un mismo ordenamiento ambas figuras.

Por otra parte señala que el derecho internacional reconoce dos tipos de protección que un individuo puede solicitarun Estado del que no es nacional: asilo y refugio.

Manifiesta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen el derecho de buscar, solicitar y recibir asilo.

América Latina, afirma, la propuesta es una región pionera en la institución del asilo y es precisamente en esta región en la que se han adoptado los únicos tratados internacionales en la materia, siendo nuestro país parte.

Señala además que el asilo político, a diferencia del refugio, es una facultad discrecional del Estado que se entiende como la protecciónque se otorga a un extranjero por considerar que, debido a su perfil público, es sujeto de persecución política. Tal protección, continúa afirmando la iniciativa, puede solicitarse en la sede de la misión diplomática de un país o en el territorio de otro al de origen, en los términos de los tratados señalados.

El refugio implica la condición que nuestra Constitución reconoce como derecho humano, en virtud del cual un país otorga protección y un sistema de garantías a una persona cuya vida, libertad o seguridad esté en peligro en su país de origen por causas diversas, como las que establece el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

Se señala que la discrecionalidad para el otorgamiento del asilo encuentra sustento en el artículo 3º de la Convención sobre Asilo Político, de Montevideo, Uruguay, suscrita en 1933, el cual señala que:

“ARTICULO 3º. El asilo político, por su carácter de institución humanitaria, no está sujeto a reciprocidad. Todos los hombres pueden estar bajo su protección, sea cual fuere su nacionalidad, sin perjuicio de las obligaciones que en esta materia tenga contraídos el Estado a que pertenezcan; pero los Estados que no reconozcan el asilo político, sino con ciertas limitaciones o modalidades, no podrán ejercerlo en el extranjero, sino en la manera y dentro de los límites con que lo hubieren reconocido”.

Por tanto, se concluye en un primer momento que los Estados cuentan con discrecionalidad para calificar la naturaleza del delito o motivos de la persecución, ejercerlo de acuerdo con ciertas modalidades o limitaciones y, consecuentemente, para otorgarlo en la medida de dicha calificación, modalidades o limitaciones.

De conformidad con los tratados, el asilo únicamente se concede cuando concurren simultáneamente los siguientes supuestos:

a) Las causas que motivan la persecución del solicitante son eminentemente de índole política directamente relacionadas con el perfil público de la persona (creencias, opiniones, filiación política o actos que puedan ser considerados como delitos políticos, entre otros);

b) Que hagan peligrar su vida, libertad o seguridad; y,

c) Se trate de casos de urgencia, es decir, cuando resulta indudable que el indiviuo se encuentra en peligro inminente de ser privado de su vida o de su libertad por virtud de la persecución política y no pueda ponerse a salvo de otra forma.

El asilo no se encuentra sujeto a las reglas de reciprocidad internacional.

El asilo político es una decisión de política exterior pues el país asilante parecería implícitamente denostar esta situación, afirma el proponente.

El asilo y el refugio, se refieren a personas objeto de persecución, sin embargo, cada una opera en distintas circunstancias y reglas, mientras que el segundo es un derecho humano por virtud del cual un país otorga protección a una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país.

También la iniciativa se sustenta en la reciente publicación y entrada en vigor de las distintas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos en donde se hizo el reconocimiento y ampliación al ámbito de protección de ambos derechos.

Así cumpliendo con el transitorio tercero de dicha reforma, es que el Ejecutivo Federal lleva a cabo la presentación de la presente iniciativa para su dictaminación, discusión y su aprobación ante el Congreso de la Unión.

A mayor abundamiento, la Iniciativa en dictaminación se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.

Adicionalmente señala que el Reglamento de la Ley General de Población, regula el otorgamiento del asilo político; sin embargo, en virtud del artículo transitorio mencionado se presenta la necesidad de regular el tema en una ley secundaria. En el mencionado reglamento se prevé la regulación del asilo político territorial y el asilo político diplomático, atribuyéndose a la Secretaría de Gobernación así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores competencia en la materia.

Por otra parte, entre las principales modificaciones que integran la Iniciativa se encuentran las siguientes:

1. En el artículo 2 de la propuesta, incorporan las definiciones de Asilo, Asilado, Refugio y Representación.

2. En el Titulo Tercero incorporan las competencias que en materia de Asilo, Refugio y Protección Complementaria corresponderían a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación (14 Bis y 14 Ter) respectivamente.

3. En los artículos 21, 25 y 31 de la Iniciativa se sustituye la mención “legal estancia” por la de “situación migratoria regular”, para hacer congruente el contenido con la terminología empleada en la Ley de Migración.

4. En el Título V de la Ley se adiciona el artículo 35 Bis, con lo que se incorpora la figura de “renuncia a la condición de refugiado o a la protección complementaria”, los supuestos que la actualizan, y la facultad de la Secretaría de Gobernación para que, en tales casos, dé por terminada la condición de estancia de la que la persona extranjera gozaba en términos de la Ley de Migración.

La figura de “renuncia” actualmente se encuentra contemplada en el Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, por lo que se estaría atribuyendo un mayor rango a la norma, generando con ello mayor certeza jurídica.

5. En el Titulo Quinto se reforma el párrafo tercero del artículo 38 para adecuar su terminología con la Ley de Migración. En este mismo tenor por se reforma la fracción VII del artículo 44 dentro del Título Sexto.

6. La Iniciativa propone la incorporación de un nuevo Título Séptimo denominado DEL ASILO, con seis capítulos, regulándose las siguientes figuras: Capitulo I Principios; Capítulo II, Del Otorgamiento del Asilo; Capítulo III, Del Procedimiento de Otorgamiento de Asilo; Capítulo IV, Del Retiro y Renuncia de Asilo; Capítulo V, De la Estancia en Territorio Nacional; y, Capítulo VI, De la Asistencia Institucional.

7. Dentro del Título Séptimo, se destacan los principios de no discriminación y la confidencialidad, sobre los cuales se fundamenta y estructura el asilo en la legislación mexicana.

El Capitulo Segundo de dicho Título, señala quienes pueden solicitar asilo, así como la posibilidad de extenderlo a sus familiares.

8. En el Capítulo Tercero, es reguladode manera general, el procedimiento para el otorgamiento de Asilo en sus dos vertientes, tanto diplomático como territorial; se reconoce la facultad de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para adoptar la decisión que corresponda siempre tomando en consideración la opinión de la Secretaría de Gobernación y se le atribuye a la entrevista un carácter central para adoptar tal decisión, así como los demás elementos e información que pueda allegarse para ello.

9. El Capítulo IV enuncia y regula las causales de retiro del asilo así como la cesación de la protección.

10. En el Capítulo V se refiere a la estancia de los asilados en territorio nacional y señala que se les concederá la condición de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

11. Finalmente, el Capitulo Sexto del mismo Título es regulada la protección a los asilados, homologando su protección con la de los refugiados.

B. Valoración de la Iniciativa

Las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos Primera, consideran válidas y atendibles las razones esgrimidas por el promovente con la aprobación de la iniciativa se regulará en el mismo ordenamiento legal tanto el refugio y la condición de refugiado, como el asilo, lo cual privilegia la certeza jurídica en beneficio de los extranjeros destinatarios, quienes tendrán claridad y seguridad, conforme al ordenamiento jurídico mexicano.

Dotar de certeza jurídica a los destinatarios de la protección que les confieren las figuras de asilo y la condición de refugiado, será uno de los logros del Estado democrático de derecho, y abonará al fortalecimiento de la cultura de la legalidad al interior.

Responde a los tratados internacionales de los cuales México es Parte, como son:

• Convención sobre Asilo, adoptada en la Habana el 20 de febrero de 1928.

• Convención sobre Asilo Político, adoptada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933;

• Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954;

• Convención sobre Asilo Territorial, adoptada en Caracas, Venezuela el 28 de marzo de 1954.

Estos cuatro instrumentos internacionales constituyen el núcleo jurídico regional básico de la figura de ASILO POLITICO, la cual es una figura discrecional del Estado que se entiende como la protección que se otorga a un extranjero por considerar que, debido a su perfil público, es sujeto de persecución política, esta protección puede solicitarse en la sede de la misión diplomática de un país o en el territorio de otro al de origen. Por su parte, el REFUGIO y la CONDICION DE REFUGIADO, nuestra Constitución reconoce como derecho humano, en virtud del cual un país otorga protección y un sistema de garantías a una persona cuya vida, libertad o seguridad están en peligro en su país de origen por causas diversas.

De conformidad con los tratados el asilo únicamente se concede cuando concurren simultáneamente los siguientes supuestos:

A.- Las causas de la persecución al solicitante son eminentemente de índole Política (Creencias, opiniones, filiación política o actos que puedan ser considerados como delitos políticos, entre otros);

B.- Que hagan peligrar su vida, libertad o seguridad; y,

C.- Se trate de casos de urgencia, cuando el individuo se encuentra en peligro inminente de ser privado de su vida o de su libertad y que no pueda ponerse a salvo de otra forma. El asilo no está sujeto a reciprocidad internacional.

De esta manera a través del asilo y el refugio, se amplía el estándar de protección previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de cualquier extranjero cuya vida, libertad o seguridad peligre con motivo de persecución por razones políticas, cada uno opera en distintas circunstancias con connotaciones jurídicas diferentes. El refugio es un derecho humano por el cual un país otorga protección a una persona que debido a fundados temores de ser perseguida ya sea por circunstancias personales o por que ha sido amenazada por la violencia generalizada, la agresión extranjera, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público concede la condición de refugiado. Dichas figuras, se encuentran incluidas en el artículo 11 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El transitorio tercero del decreto de reforma Constitucional textualmente dice: “La Ley Reglamentaria a que se refiere el artículo 11 Constitucional sobre Asilo, debe ser expedida en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto”.

Del Plan Nacional de Desarrollo, se desprende que la política migratoria debe prever un tratamiento idóneo para los solicitantes de asilo o refugio, así como para quienes se vean beneficiados con tales figuras.

Asimismo, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, es un instrumento jurídico que se fundamenta en el principio de no discriminación e inclusión de la perspectiva de igualdad, equidad y género y dispone el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos y personas vulnerables, así como atribuye a la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores la responsabilidad de fomentar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de refugio.

Dadas las diferencias entre asilo y refugio como figuras de protección de la persona se considera pertinente y jurídicamente correcto que la Ley sobre Refugiados y Protección complementaria vigente, sea reformada para evitar la dispersión normativa.

Lo anterior, envía el mensaje a la comunidad internacional de un marco jurídico interior acorde con el derecho internacional público, los derechos humanos, el humanitario y el de las relaciones diplomáticas, y que las políticas exterior e interior están íntimamente entrelazadas en beneficio de la población por lo que México asume su compromiso de proteger a la persona humana como sujeto de derechos que trascienden las fronteras de los países.

Es importante prevenir, que la intención del Legislador en cuanto a la intervención de la Secretaría de Gobernación para los efectos de lo dispuesto por el artículo 70 de la presente ley, debe entenderse que ésta facultad la realizaría a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para ello, se deberá establecer en los Reglamentos respectivos el procedimiento para atender y desahogar dicha solicitud.

Adicionalmente el Reglamento de la Ley de Migración en su artículo 64 establece lo siguiente:

“Artículo 64. La autoridad migratoria deberá informar de inmediato a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados los casos de las personas extranjeras a que hace referencia la fracción III del artículo 62 de este Reglamento.

En caso de que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dé vista a la Secretaría de Relaciones Exteriores por considerar que se trata de un posible caso de asilo político, ésta última iniciará el procedimiento correspondiente en los términos de la legislación aplicable.”

Los supuestos a los que refiere la ley son: ser solicitante de la condición de refugiado, de asilo político o que requiera iniciar un procedimiento de determinación de apátrida.

Por último a fin de armonizar el contenido del presente decreto de reforma con la vigente legislación migratoria, resulta pertinente reformar a su vez el artículo 3 fracción III y 55 segundo párrafo de la Ley de Migración.

C. De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a)Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y,

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos Primera sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES ASI COMO LA DENOMINACION DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCION COMPLEMENTARIA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; los artículos 2; 3; la denominación del Título Tercero; los artículos 21, primer párrafo; 25, segundo párrafo, 31, 38, tercer párrafo, 44 fracción VII, y tercero transitorio; y se adicionan los artículos 14 Bis; 14 Ter; 35 Bis; un Titulo Séptimo, denominado “Del Asilo”; los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 para quedar como sigue:

LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCION COMPLEMENTARIA

Y ASILO POLITICO

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Asilo Político: Protección que el estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por Asilo el Asilo Político.

II. Asilado: El extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en el artículo 61 de la Ley recibe la protección del Estado Mexicano.

III. Fundados Temores: Los actos y hechos que den o hayan dado lugar a una persecución, y que por su naturaleza, carácter reiterado, o bien, por una acumulación de acciones por parte de un tercero, ponen o podrían poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona.

IV. Ley: Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

V. Reglamento: Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

VI. País de Origen: El país de nacionalidad o de residencia habitual del solicitante de refugio o del refugiado, del solicitante de asilo o asilado, así como del extranjero al que se le otorgue protección complementaria.

VII. Protección Complementaria: Protección que la Secretaría de Gobernación otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos de la presente Ley, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

VIII. Refugio: Protección que recibe un extranjero al que se le reconoce la condición de refugiado.

IX. Refugiado: El extranjero que encontrándose en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley es reconocido como tal por la Secretaría de Gobernación.

X. Representación: Las señaladas en el artículo 1 bis, fracción VIII de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

XI. Secretaría: Secretaría de Gobernación.

XII. Solicitante de asilo: El extranjero que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o a la Representación, según corresponda, el otorgamiento de asilo.

XIII. Solicitante de refugio: El extranjero que solicita a la Secretaría el reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de su situación migratoria.

Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las bases para la atención a los solicitantes y asistencia a los asilados y refugiados que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.

TITULO TERCERO

DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE REFUGIADOS, PROTECCION COMPLEMENTARIA Y ASILO POLITICO

CAPITULO UNICO

ARTICULO 14 BIS. En materia de asilo, compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores:

I. Resolver sobre el otorgamiento de asilo a los extranjeros que encontrándose en la representación o en territorio nacional, presenten su solicitud de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley y su Reglamento. En todos los casos a que se refiere esta fracción recabará previamente la opinión de la Secretaría;

II. Orientar a los solicitantes de asilo y asilados sobre sus derechos y obligaciones;

III. Llevar un registro actualizado de los solicitantes de asilo y asilados;

IV. Resolver sobre el retiro y la renuncia de asilo;

V. Las demás atribuciones que le confieran el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 14 TER. En materia de asilo, le compete a la Secretaría lo siguiente:

I. De manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de asilados conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;

II. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades competentes en términos del Reglamento, promover soluciones a la problemática que enfrentan los asilados, durante su estancia en territorio nacional, de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley;

III. Formular, coordinar, dar seguimiento, evaluar y difundir criterios y programas encaminados a la atención de asilados, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones, que participen en la atención a asilados, y

V. Atender a los asilados con pleno respeto a sus derechos humanos.

Artículo 21.- Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento.

Artículo 25.

En los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría expedirá el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los términos de las disposiciones aplicables. Si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido en el reglamento; de igual forma el extranjero podrá interponer los medios de defensa que estime pertinentes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 31. Si la Secretaría determina que un extranjero requiere protección complementaria, expedirá el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los términos de las disposiciones aplicables. En caso contrario, éste quedará sujeto a las disposiciones migratorias correspondientes.

Artículo 35 Bis. Los refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria, podrán solicitar que se suspendan en cualquier momento a la condición o protección que reciben, para lo cual será necesario dar aviso a la Secretaría.

En caso de que un refugiado o extranjero que reciba protección complementaria abandone el país y solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, otorgamiento de una condición similar o la residencia permanente en otro país, la Secretaría procederá a la suspensión de la condición de refugiado misma que podría serreactivada mediante solicitud y su evaluación en un eventual retorno.

En los casos a que se refiere este artículo, la Secretaría realizará las acciones necesarias para dar por terminados los efectos de su condición de estancia en territorio nacional en los términos previstos por el Reglamento.

Artículo 38…

No obstante, podrán solicitar a la autoridad migratoria les sea otorgada una condición de estancia en el país.

Artículo 44…

I a VI…

VII. Obtener el documento migratorio expedido por la Secretaría, que acreditesu condición de estancia como residente permanente.

TITULO SEPTIMO

DEL ASILO POLITICO

CAPITULO I

PRINCIPIOS

ARTÍCULO 59. La Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les corresponda a otras autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que estén a su alcance para que los asilados no sean objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que tenga como efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 60. La información aportada por los solicitantes de asilo y asilados será tratada con la más estricta confidencialidad, en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cuando alguna autoridad requiera información respecto a los solicitantes de asilo o asilados, deberá solicitarla al a Secretaría de Relaciones Exteriores; en caso de que se le proporcione dicha información, ésta deberá ser tratada de manera confidencial, en términos de la Ley citada.

CAPITULO II

DEL OTORGAMIENTO DE ASILO POLITICO

ARTICULO 61. Todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público, y carezca de la protección de su país, podrá solicitar el otorgamiento de asilo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o la representación, según corresponda.

ARTICULO 62. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá hacer extensivo, por derivación el otorgamiento de asilo al cónyuge, concubinario, concubina, sus hijos y los de su cónyuge, concubinario o concubina, que dependan económicamente del asilado, que se encuentren en su país de origen o en territorio nacional con el solicitante, para lo cual deberá considerar la opinión que emita la Secretaría.

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE ASILO POLITICO

ARTÍCULO 63. El solicitante de asilo deberá presentarse físicamente en la Representación, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal, a efecto de presentar por escrito su solicitud, y proporcionar sus datos de identificación, los motivos en los cuales fundamenta su solicitud de asilo, así como de todos los elementos que disponga para sustentarla.

En el caso de en qué al solicitante no le sea posible presentar la solicitud por escrito, podrá hacerlo verbalmente.

ARTICULO 64. El solicitante de asilo recibirá información clara, oportuna y gratuita sobre el procedimiento de otorgamiento de asilo, así como sobre sus derechos y obligaciones.

ARTICULO 65. Las representaciones solo recibirán solicitudes de asilo de los nacionales de aquellos países ante los que se encuentren acreditadas.

Las representaciones deberán remitir las solicitudes a la Secretaria de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 66. Durante el procedimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la representación de considerarlo pertinente, tomará las medidas a su alcance para proveer protección a los solicitantes de asilo.

ARTICULO 67. La representación podrá entrevistar al solicitante hasta en dos ocasiones, a fin de recabar elementos suficientes para el análisis de la solicitud. Asimismo recabará la mayor información posible sobre la situación prevaleciente en el país de origen.

ARTICULO 68. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores la decisión de conceder o no el asilo, previa opinión de la Secretaría.

ARTICULO 69. La decisión sobre el otorgamiento o no del asilo será comunicada al solicitante del mismo; el Reglamento de esta Ley establecerá el plazo para tales efectos.

En los casos en los cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorgue asilo, ésta y la representación, de manera coordinada, tomarán las medidas necesarias para que, en su caso, el asilado sea trasladado a territorio nacional.

Otorgado el asilo, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará su decisión a la Secretaría a efecto de que esta expida el documento migratorio de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

ARTICULO 70. En caso de que un extranjero se presente en un lugar destinado en México al tránsito internacional de personas y solicite se le conceda asilo, la Secretaría determinará si la solicitud corresponde a un posible caso de refugio o de asilo. En este último supuesto, informará de inmediato a la Secretaría de Relaciones Exteriores de tal situación, debiendo remitir los datos que lo identifiquen, así como las razones que exponga para sustentar su solicitud.

CAPITULO IV

DEL RETIRO Y RENUNCIA DEL ASILO POLITICO

ARTICULO 71. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá retirar el otorgamiento de asilo en los siguientes casos:

I. En los que se acredite que el asilado ocultó o falseó la información proporcionada; Por realizar actos en territorio nacional que constituyan un riesgo o amenaza para la seguridad nacional;

II. Cuando existan razones fundadas para considerar que el asilado ha cometido un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra de los definidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte o del delito de terrorismo, o

III. Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento.

ARTICULO 72. Los asilados podrán renunciar en cualquier momento a la protección que les fue otorgada, para lo cual será necesario dar aviso por escrito a la Secretaríade Relaciones Exteriores, la que comunicará lo conducente a la Secretaría.

En caso de que un asilado solicite la protección o residencia permanente en otro país, se entenderá que renuncia a la protección que se le otorgó en los Estados Unidos Mexicanos.

En los casos de renuncia a que se refiere el presente artículo, la Secretaría de Relaciones Exteriores realizará las acciones necesarias para dar por terminados los efectos de su condición de estancia en territorio nacional en los términos previstos por el Reglamento.

CAPITULO V

DE LA ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL

ARTICULO 73. Al solicitante de asilo se le concederá la condición de estancia de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

ARTICULO 74. En caso de presentarse una solicitud de extradición de un asilado, la Secretaría de Relaciones Exteriores incluirá la condición de asilado como un elemento al considerar la solicitud de extradición.

CAPITULO VI

DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL

ARTICULO 75. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, adoptará las medidas necesarias para brindar asistencia institucional a los asilados, en los términos que lo establecido en los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley.

CAPITULO VII

DE LOS TRAMITES PREVISTOS EN LA LEY

ARTICULO 76. El detalle de los procedimientos, plazos, requisitos, y criterios de los trámites relacionados con la solicitud de otorgamiento de asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado, y de protección complementaria, se sujetará a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

TRANSITORIOS

TERCERO. Los refugiados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor de la presente Ley podrán solicitar que se les expida el documento migratorio que acredite su condición de legal estancia en el país como residente permanente.

ARTICULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 3, fracción III; y 55, segundo párrafo; de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I y II…

III. Asilado: a todo extranjero que sea reconocido como tal en los términos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político;

IV a XXX…

Artículo 55….

I a V…

Para el ejercicio del derecho consagrado en el presente artículo de las personas que se les otorgue asilo político u obtengan el reconocimiento de la condición de refugiado, se atenderá a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás legislación aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los asilados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor del presente decreto podrán solicitar que se les expida el documento migratorio, que acredite su condición de estancia en el país de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

TERCERO.- La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores realizarán las acciones necesarias para que la implementación de las presentes modificaciones se lleven a cabo con los recursos aprobados en su presupuesto, por lo que no requerirán recursos adicionales para tales efectos y no incrementarán su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

CUARTO. Se deberá establecer en los Reglamentos respectivos el procedimiento por medio del cual la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados atenderá y desahogará la solicitud a la que hace referencia el artículo 70 de la presente Ley.

Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de abril de 2013.

COMISIONES UNIDAS GOBERNACION

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto.

Informo a la Asamblea que se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, su posicionamiento referente al dictamen de reformas a la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, el cual se integrará al Diario de los Debates.

Para hablar en lo general, se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, a favor del dictamen.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre propio y como miembro de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, hago uso de la tribuna para sumarme a favor de este dictamen, por el que las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y, como decía, de Estudios Legislativos, Primera, proponen el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley de Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Migración.

Nos sumamos a favor de este dictamen por varias razones; por un lado porque actualiza y hace coincidentes la terminología de la Ley de Refugiados y Protección Complementaria con la de Migración y, además, de esa manera las hace congruentes.

Pero particularmente apoyo este dictamen porque en el proyecto se considera un título dentro de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria sobre el asilo, modificando incluso el nombre de la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo.

Como sabemos, el asilo es una práctica diplomática y política que ha distinguido a México en el estadio internacional como un país que lo ha brindado en muchos momentos, México ha acudido al auxilio de una infinidad de perseguidos de distintas partes de nuestra geografía mundial, desde las víctimas de la dictadura franquista que todos recordamos durante la Guerra Civil Española, los perseguidos por dictaduras militares en el sur de nuestro continente, allá por los años 70’s, y en particular como chiapaneco nunca olvidamos el refugio y el asilo que brindamos a 47 mil centroamericanos, guatemaltecos y salvadoreños, allá en los años 80’s, que fueron a Chiapas huyendo de la guerra civil que ocurría en su país, y hoy a la fecha siguen recordando ese gesto mexicano de solidaridad diciendo que fueron los tiempos en que los chiapanecos partimos nuestra tortilla a la mitad y decidimos compartir nuestra miseria de manera solidaria con ellos.

Por eso considera el asilo en el mismo cuerpo legislativo donde está el tema de refugiados e incluso homologar los derechos del asilado con el de los refugiados nos parece que es un avance en un sistema integral de protección humanitaria y de protección de derechos. A través del asilo y el refugio amplía el estándar de protección previsto por nuestra Constitución a favor de cualquier extranjero cuya vida, cuya libertad o cuya seguridad peligre por motivo de persecución por razones políticas, tanto en el asilo como en el tema de los refugiados coincidimos que deben de operar en distintas circunstancias con condiciones jurídicas que también son diferentes.

Estamos ciertos que ese dictamen va en sentido correcto para ir perfeccionando un marco integral en la legislación mexicana que contemple la protección de derechos de distintas expresiones de migración, como lo son los migrantes en tránsito por territorio nacional, como lo son los refugiados, como lo son los asilados, pero también como lo son los desplazados internos que se tienen que mover de su lugar de origen dentro del mismo país, pero por motivos muy similares por los que una familia huye de su propio país, persecuciones, violencia, elementos que ponen en riesgo ya sea su vida, su patrimonio o su seguridad.

Quienes abandonan forzosamente o por decisión propia su lugar de residencia, son personas que tienen un grado de vulnerabilidad todavía mayor y es nuestra responsabilidad legislar para protegerlo.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, coincidimos con este dictamen porque abona el establecimiento de normas de protección de derecho dentro de nuestro propio territorio, lo que debe derivar de su necesaria y consecuente legislación al respecto para proteger también de esta manera a que se proteja a los mexicanos que abandonan su lugar de residencia, ya sea cruzando una frontera internacional o quedándose en el mismo país; asilo, refugio, desplazamiento internos, son ramas de un mismo árbol, son ramas que establecerán un precedente sobre lo que debemos de avanzar en materia de nuestros compromisos en término de derecho internacional público y también de derechos humanos.

Por eso es que pedimos el voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

Sonido en el escaño de la Senadora María Cristina Díaz Salazar.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Quisiera que me permitiera, esto consensado con las comisiones que llevamos a cabo esta dictaminación, presentar algunas modificaciones en presencia de toda la Asamblea, para darle a este dictamen mayor viabilidad jurídica.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra para presentar las propuestas de modificación a este proyecto de Decreto.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

La primera, la intención de la propuesta es modificar al texto del Decreto para homologar en todo lo referente al asilo por asilo político, toda vez que el objeto de la ley es la de regular el asilo político y, de esa manera, dejar el adjetivo de asilo como una figura aislada, puede generar una incorrecta interpretación de esta figura que hoy se propone regular su protección.

La primera es asilo por asilo político en toda la redacción del texto.

La segunda es referente al capítulo séptimo de los trámites previstos en la ley, y es eliminar la fracción VIII recorriéndose las anteriores IX, X, XI, XII, XIII, a ser VIII, IX, X, XI, XII y XIII, así como las modificaciones de las fracciones VIII y XI para quedar ya en una mejor estructura, lo que le he presentado ahorita de las fracciones.

En la tercera, es modificar la redacción del artículo 70, para quedar en lo siguiente:

Artículo 70.- En caso de que un extranjero se presente en un lugar destinado en México al tránsito internacional de personas y solicite se le conceda asilo, la secretaría determinará si la solicitud corresponde a un posible caso de condición de refugiado o de asilo político, en este último supuesto informará de inmediato a la Secretaría de Relaciones Exteriores de tal situación debiendo remitir los datos que lo identifiquen, así como las razones que exponga para sustentar su solicitud.

Cuarto, modificar la redacción del artículo 71 para adicionar parte del contenido de la fracción I en una fracción II recorriéndose las anteriores a ser III y IV para quedar mejor con una mejor estructura la fracciones.

Y la quinta sería una modificación, de la redacción al Artículo Cuarto Transitorio, quedando con la siguiente propuesta:

Se deberá establecer en los reglamentos respectivos el procedimiento por medio del cual la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados atenderá y desahogará los casos a los que hacen referencia los artículos 35 Bis y 70 de la presente ley.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar. Pregunto a la proponente si se tiene el aval de las comisiones dictaminadoras, en este caso es de la de Gobernación, de Asuntos Migratorios y la de Estudios Legislativos, Primera, si es el caso, pediría a la Secretaría que distribuya las propuestas que ha hecho la Senadora Cristina Díaz Salazar, para que las conozca el Pleno, y podamos ver si son aceptadas para su discusión o podamos continuar con el trámite legislativo.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señor Presidente, estas modificaciones se revisaron con los presidentes de las comisiones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que se distribuya a las Senadoras y Senadores el texto de las propuestas de modificación, para que una vez que las conozcan ustedes, poder someter a su consideración, si se considera que se debe de discutir cada una de ellas.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo Aburto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Sí, bueno, estamos totalmente de acuerdo en la propuesta de que se reparta y se distribuya entre todos los Senadores cuáles son estos cambios, porque además, vaya, como la Senadora Angélica de la Peña estuvo muy pendiente de que esos cambios se realizaran en el dictamen, pero no se había hecho así, solamente revisar que son estos mismos que ella propuso en su momento, para lo cual, bueno, estamos de acuerdo en que primero se distribuya y podamos revisarlos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias por el comentario, Senador Zoé Robledo Aburto, pido a la Secretaría que distribuya las propuestas, y en tanto sea del conocimiento de cada una de las Senadoras y Senadores, pido que demos trámite a uno de los siguientes asuntos para dar tiempo a que las comisiones que estuvieron trabajando en ésto, realmente puedan verificar que, como lo ha propuesto el Senador Zoé Robledo, estén contempladas las propuestas o las consideraciones de cada uno de ellos y poder tener el consenso para votarlo en un solo acto.

Pasamos al siguiente asunto, en tanto las comisiones revisan el documento que ya se está distribuyendo a cada una y cada uno de ustedes.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.





PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XLII Y SE REFORMA LA FRACCION XLI AL ARTICULO 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma a fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I. METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

II. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 20 de diciembre de 2012, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa que se estudia y dictamina.

2.- En esa misma fecha, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera para su estudio y dictaminación.

3.- Las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera aprobaron por unanimidad de los presentes el Dictamen, en reuniones celebradas el día 9 y 17 de abril respectivamente.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la Iniciativa.

Sostiene la proponente que diferentes estudios y especialistas en el tema han informado que nuestro país se ubica en una zona altamente susceptible y expuesta a sufrir diferentes impactos ocasionados por el cambio climático, aunada a la ubicación geográfica se encuentran otros factores que incrementan la vulnerabilidad de nuestro país como: la desigualdad social, la falta de infraestructura, entre otros.

Sustenta su propuesta en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual prevé, entre otras cosas:

• Que la situación geográfica de México, las condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores contribuyen a que nuestro país esté expuesto a eventos hidrometeorológicos que pueden llegar a situaciones de desastre y cuyos efectos se verán exacerbados por el cambio climático.

• Que los impactos adversos derivan de huracanes, lluvias torrenciales, heladas, sequías, inundaciones, ondas de calor o de frío y oscilaciones extremas en la humedad de suelos y atmósfera.

• Que éstos impactos frenan temporalmente, o incluso hacen retroceder el desarrollo socioeconómico en las regiones afectadas, ya que implican, la destrucción material y el deterioro de los recursos naturales, cuya situación actual es ya crítica.

• Que el 96.98% del suelo del país es susceptible a afectaciones por al menos alguno de los procesos de degradación de suelos y las zonas áridas son altamente vulnerables a la desertificación.

• Que durante los últimos años se registró un incremento en la precipitación media anual en la zona noroeste, un aumento en la frecuencia y la severidad de las sequías en el centro-norte del país; un aumento en el número de depresiones tropicales en la región caribeña y del golfo de México, así como una intensificación en la fuerza de los huracanes. La temporada de huracanes del año 2004 fue la tercer más activa desde 1950 y la temporada de 2005 la más activa jamás registrada.

• El cambio climático tendrá impactos adversos sobre las poblaciones y las actividades económicas. Se maneja mucha incertidumbre sobre la frecuencia, la intensidad y la distribución de los efectos.

Señala además que otro posible ejemplo de impactos del cambio climático es el que presenta la Universidad Princeton dirigido por Michael Oppenheimer, en el que señala que el cambio climático podría provocar que mexicanos emigren a los Estados Unidos debido a que el aumento de las temperaturas afectaría la producción agrícola. “El calentamiento puede desencadenar el desplazamiento de entre 1.4 millones y 6.7 millones de mexicanos”.

Que las circunstancias mencionadas, señala la proponente, fue necesario que nuestro país creara un marco normativo que buscara regular las acciones tendientes a la mitigación de los efectos del cambio climático en nuestro país. Por ello en 2009 fueron iniciados los trabajos para la expedición de la Ley General de Cambio Climático a fin de lograr establecer la regulación y fortalecimiento de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.

No obstante los esfuerzos del Congreso de la Unión, quedaron pendientes acciones para armonizar un buen número de leyes federales con el objeto de hacer cumplir los preceptos contenidos en la Ley, por lo que, con el ánimo de iniciar dichas modificaciones la proponente es que presenta la iniciativa en estudio.

B. Valoración de la Iniciativa

Las codictaminadoras coinciden plenamente con el objeto de la iniciativa al reconocer la necesidad de dar congruencia y sistematización entre la Ley General de Cambio Climático con otros ordenamientos a fin de otorgar, en este caso, facultades explícitas para la participación de diversas dependencias en las acciones directas y de coordinación entre las mismas.

Con la aprobación de esta reforma se garantiza el principio de legalidad previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se cumplimenta el objeto de la Ley mencionada.

Se coincide con la proponente en la necesidad de dar congruencia y sistematización al orden jurídico nacional tanto en este tema como en otros en los que son necesarias las reformas y adecuaciones a los distintos ordenamientos relacionados con la mitigación de los efectos del cambio climático.

Por último estas codictaminadoras en uso de sus facultades adecuaron la propuesta de la Iniciante a fin de adecuarla a la redacción del segundo párrafo del artículo 45 de la Ley General de Cambio Climático.

C. De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a)Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y,

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XLII Y SE REFORMA LA FRACCION XLI AL ARTICULO 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción XLII y se reforma la fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XL. …

XLI. Elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y, de Relaciones Exteriores las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático.

XLII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 24 de abril de 2013.

COMISIONES UNIDAS GOBERNACION
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto de Decreto. En virtud de que este proyecto consta de un solo artículo, habremos de discutirlo en lo general y en lo particular para votarlo en un solo acto. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para su discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal tanto en lo general como en lo particular de este proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, informo a usted que de acuerdo al registro del sistema electrónico, se emitieron 87 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma la fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 180, 184 Y 200 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I. METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

II. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión del día 23 de enero de 2013, fue presentada la iniciativa en estudio, por los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2.- Con fecha 5 de febrero de 2013, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

3.- Las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera aprobaron por unanimidad de los presentes el Dictamen, en reuniones celebradas el día 9 y 17 de abril respectivamente.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la Iniciativa.

Los proponentes señalan que desde septiembre de 1992, el Instituto Federal Electoral ha sido el encargado de emitir la credencial para votar a los ciudadanos mexicanos; a la fecha se han emitido tres diferentes modelos de Credencial.

La primera de ellas tuvo una vigencia a partir del año 1992 hasta el 2001, la cual contaba en su anverso elementos de información, control y presentación como el nombre, domicilio edad, sexo, folio nacional, clave de elector, identificación geoelectoral, año de registro, número de emisión y fotografía instantánea.

En el reverso, señala la iniciativa, se contaba con elementos visibles de información, control y presentación como número identificador de 12 dígitos, leyendas, firma, espacios para el marcado del voto, huella del dedo pulgar, firma del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, código de barras unidimensional y, elementos de seguridad como filtro infrarrojo en código de barras.

En el segundo modelo que tuvo vigencia de 2002 a agosto de 2008, se contaba además con fotografía digital; se adicionan microlíneas personalizadas y el nombre completo del ciudadano en tinta ultravioleta.

Señala que la Credencial para Votar ha sido un instrumento que no solo ha servido a los ciudadanos mexicanos ejercer su derecho al voto, sino también es utilizado como un medio de identificación para cualquier trámite donde se requiera acreditar la personalidad con que se actúa; por lo tanto, es de gran utilidad en la vida diaria de las personas.

Sostine que dado el uso generalizado que se hace de este instrumento legal por los ciudadanos mexicanos, surge la necesidad de adicionar otros elementos tales como: la manifestación de ser donador voluntario de órganos, así como la inclusión del Grupo Consanguíneo del ciudadano.

También señala de la necesidad de garantizar la seguridad de los datos personales del ciudadano, por lo que proponen encriptar la información relacionada con el domicilio.

Señala que la inclusión de la calidad de donador de órganos y del grupo sanguíneo deberá ser de forma voluntaria, es decir, que el ciudadano ejerciendo su derecho podrá solicitar su incorporación o no dentro de la Credencial para Votar con Fotografía

Sostienen los iniciantes que dentro de nuestra sociedad se viene incrementando la conciencia social relacionada con la donación de órganos procurando a las personas que lo necesiten puedan tener una mayor esperanza de vida, además de brindar mayor seguridad a las personas que, sus órganos no sean indebidamente empleados.

B. Valoración de la Iniciativa

Las codictaminadoras coinciden con el objetivo de la propuesta por lo que respecta a la inclusión de los datos relacionados con la calidad de donador de órganos y del grupo sanguineo. Ello en virtud de que, como lo afirma la propia iniciativa, la credencial para votar actualmente es un documento de identificación de amplio reconocimiento y uso por la población mexicana.

Coinciden las codictaminadoras también, en el planteamiento de que la inclusión de dichos elementos no implicarán mayor erogación de recursos públicos, pues su modificación e intercambio se llevará a cabo de manera paulatina.

Por otra parte y por lo que hace a la encriptación del domicilio a través de su incorporación en bandas magnéticas, las codictaminadoras consideran que entre tanto no exista un documento oficial, como la Cédula de Identidad Ciudadana, que contenga además del nombre y otros datos, el domicilio a fin de servir de medio de identificación para los ciudadanos, no es dable obsequiar de manera favorable la propuesta.

Cabe señalar que a fin de depurar la técnica legislativa y redacción las codictaminadoras realizaron las adecuaciones correspondientes en el texto de la propuesta.

C. De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a) Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y,

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 180, 184 Y 200 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 180.

1. …

2. …

3. En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. El ciudadano podrá solicitar que en su credencial para votar con fotografía sean incluidos su calidad de donador de órganos, así como su grupo sanguíneo.

4. …

5. …

6. …

7. …

Artículo 184.

1. …

a) a g) …

h) El Grupo Sanguíneo, cuando lo solicite el ciudadano.

2. …

a) a c) …

3. …

Artículo 200.

1. …

a) a g) …

h) Clave de registro;

i) Clave Única del Registro de Población;

j) Grupo Sanguíneo, cuando lo solicite el ciudadano; y,

k) La manifestación de ser donador de órganos, cuando lo solicite el ciudadano.

2. …

a) a d) …

3 a 4. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Instituto Federal Electoral, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá modificar el sistema de información y datos del Registro Federal de Electores, así como los formatos de la credencial para votar, para que en la emisión de nuevas credenciales, se asiente el tipo de sangre, así como la calidad de donador de órganos de los ciudadanos que lo soliciten durante el proceso de registro, de acuerdo con los plazos y requisitos que la ley y los reglamentos respectivos establecen.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 24 de abril 2013.

COMISIONES UNIDAS GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto.

Para fundamentar el dictamen, se le concede el uso de la palabra a la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina Díaz Salazar. Y en turno para la discusión en lo general...

Sonido en el escaño de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Sí, muchas gracias, señor Presidente. Es para reservas, tengo reservas en los artículos 180, 200 y en el transitorio dos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Todavía no llegamos a esa etapa, una vez que agotemos la discusión en lo general, entraremos a las reservas en lo particular, y con todo gusto tomamos nota de ello. Perdón, la Senadora Itzel Sarahí Ríos, también para la discusión en lo general, ¿ a favor o en contra?, a favor, en su momento se le concederá el uso de la palabra. En primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para fundamentar el dictamen.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señor Presidente, señoras Senadoras y Senadores:

El objeto de esta iniciativa es adicionar a la credencial para votar con fotografía de manera voluntaria para el ciudadano, la manifestación de ser donador voluntario de órganos y el grupo consanguíneo del ciudadano.

Además, en razón de garantizar la seguridad de los datos personales, se propone quitar información relacionada con el domicilio a través de las bandas magnéticas.

En ese sentido, las comisiones dictaminadoras coincidimos con el objetivo de la propuesta, por lo que respecta la inclusión de los datos relacionados con la calidad de donador de órganos y del grupo sanguíneo, ello en virtud de que, como lo afirma la proponente de la iniciativa, la Senadora Itzel Ríos de la Mora, la credencial para votar actualmente es un documento de identificación de amplio reconocimiento y uso por la población mexicana.

Asimismo, se coincide en que la inclusión de dichos elementos no implicarán mayor erogación de recursos públicos, pues su modificación e intercambio se llevará acabo de manera paulatina.

Por lo que hace en la inscripción de domicilio a través de su incorporación en bandas magnéticas, se considera que entre tanto no exista un documento oficial como la Cédula de Identidad Ciudadana que contenga, además del nombre y otros datos, el domicilio a fin de servir de medio de identificación para los ciudadanos, no es procedente la propuesta.

Por lo anterior, se realizaron las adecuaciones correspondientes en el texto del Decreto al tenor del siguiente:

Artículo Unico. Se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 180. En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá sentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. El ciudadano podrá solicitar en su credencial para votar con fotografía sean incluidos su calidad de donador de órganos, así como su grupo sanguíneo.

Artículo 184. La solicitud de incorporación al catálogo general de electores, podrá servir para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral, y se hará en forma individual en la que se asentarán los siguientes datos:

h) El grupo sanguíneo, cuando lo solicite el ciudadano.

Artículo 200. La credencial para votar deberá contener cuando menos los siguientes datos del elector: grupo sanguíneo cuando lo solicite el ciudadano, ese es el inciso j), y el inciso k), la manifestación de ser donador de órganos, cuando lo solicite el ciudadano.

Transitorios. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal Electoral, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá modificar el sistema de información y datos del Registro Federal de Electores, así como los formatos de la credencial para votar, para que en la emisión de nuevas credenciales se asiente el tipo de sangre, así como la calidad de donador de órganos, de los ciudadanos que lo soliciten durante el proceso de registro, de acuerdo con los plazos y requisitos que la ley y los reglamentos respectivos establecen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar. Se abre la discusión en lo general, y para ello se le concede, el uso de la palabra en primer término, a la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, y en su turno al Senador Fernando Mayans Canabal, con mucho gusto. Sonido en el escaño de la Senadora Itzel Sarahí.

- La C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Para decirles que sin duda el elevar la calidad de vida de los ciudadanos es una tarea nuestra, y el fomento a la cultura de donación de órganos estoy convencida que le abona a esto.

Viendo las cifras del Centro Nacional de Trasplantes, vemos largas listas de personas que esperan ser trasplantados, que esperan una donación, y por desgracia, debido a la falta de cultura de donación de órganos que tenemos, y de instrumentos válidos, a veces esas largas esperas tienen finales no precisamente felices.

Entonces, el que la credencial de elector tenga un uso ahora adicional que el de ser nada más una vía para votar, e incluso para ser identificado, vale la pena porque no tiene ninguna erogación más de gastos, no implica más gastos; lo que sí implica es que podamos nosotros, bajo el libre albedrío, nada forzado, quien desee así hacerlo, poder poner en tu credencial si quieres ser o no donador de órganos, si quieres poner a qué grupo sanguíneo perteneces, y eso yo estoy convencida que puede ser un instrumento importante y válido jurídicamente para que podamos ayudar a otras personas, no solamente a tener una calidad de vida, incluso para algunas el tener vida, el poder tener una diferencia clara en su vivir, en su cotidianidad.

Yo por eso, sin duda me manifiesto a favor, y también agradezco a las comisiones que estuvieron trabajando y que con esto estamos respaldando a muchísima gente que ahora espera en esas listas y que tiene la esperanza de tener un transplante adecuado para seguir viviendo y teniendo posibilidades plenas de disfrutar su vida.

Yo de verdad les pediría que analizaran el documento, les pediría que vieran qué es un antes y un después para los ciudadanos, a partir de poder fomentar la cultura de donación de órganos, y vuelvo a insistir, no tiene un costo adicional, lo que sí tiene es una valía importante para el ciudadano y un elemento que ya incluso en los estados, en la credencial para conducir está planteado el tener por ahí el tipo de sangre que tienes, ahora tendrías que llevar nada más tus análisis de laboratorio y ya, de manera,que si tú lo expresas que así quieres hacerlo, ya lo tendrías tú en tu credencial para votar, teniendo un uso más para esta identificación.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora.

Para hablar en lo general, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, en contra del dictamen.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente.

Ojalá y la Asamblea del día de hoy prestara un poquito de atención a este tema que es básico, les quiero decir que en México, en asuntos de trasplantes, estamos sumamente atrasados, deberíamos de dar pena, conforme a lo que está haciendo España, que es de los países número uno en el mundo, y por supuesto que el sentido de la iniciativa va a retrasar más el programa de transplantes.

Yo nada más les pongo aquí el caso. Entre lo que están proponiendo en el artículo 180, que el ciudadano solicite, si quiere o no que se le inscriba en su credencial si va a ser donador y qué grupo de sangre, si quiere o no decir el grupo de sangre, y si lo dice verbalmente sin ningún documento, sabemos cuál es el nivel de cultura que tenemos aquí en México.

Ustedes van a llegar a decir: “soy sangre A, B, C, D”, o como placa de carro tienen, aquí debe de decir: “grupo sanguíneo en el 180, inciso j), grupo sanguíneo cuando lo solicite el ciudadano deberá de decir, debe de tener el grupo sanguíneo, punto, si el ciudadano quiere o no. Yo le pongo el ejemplo aquí a la Asamblea de que llega un paciente con un traumatismo craneoencefálico, muerte cerebral y si en vida lúcida no quiso que se le pusiera su grupo sanguíneo, si es donador o no, ahí se queda una oportunidad de donar.

Se debe de exigir que en la credencial de elector lleve el grupo sanguíneo, que para tal debe llevar algún documento o una prueba de laboratorio para que sea verídico. Y en segundo lugar, exigir que se ponga si quiere donar o no quiere donar, así de claro. No dejarlo a solicitud, al deseo de la persona si va incluido o no porque, repito el caso, paciente joven con traumatismo craneoencefálico que son potenciales donadores de órganos, pues no sabemos si van a donar o no y qué grupo de sangre es.

Y para eso luego los familiares intervienen y en el cuadro de dolor que por supuesto no quieren que el paciente done porque no quieren al cuerpo abrirlo y hacerle algunas cuestiones técnicamente. Entonces, yo pido que se quite en el inciso j) “cuando lo solicite el ciudadano”, sino que sea un requisito explícito el grupo sanguíneo y si quiere donar o no quiere donar.

Y eso sería también, inciso k), dice: “la manifestación de ser donador de órganos cuando a solicitud del ciudadano, que debe decir: ¿es usted donador o no es donador de órganos?”

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Mayans. Le solicito, por favor, hacernos llegar sus propuestas por escrito para poderlas poner a consideración del Pleno en su momento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿En lo general? Es que estamos en la discusión en lo general y luego en lo particular. Si es en lo general sería en este momento, y si no, abriríamos el registro ya de quienes deseen hacer uso de la palabra en lo particular, pero se le concede el uso de la palabra para hablar en lo general sobre este dictamen.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señor Presidente

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Quiero intervenir en lo particular con relación a la exposición que ha hecho el Senador Fernando Mayans.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Agotamos la discusión en lo general. Pregunto si hay más Senadoras o Senadores que deseen hacer uso de la palabra en lo general.

Al no haber, se abre el registro de oradores para reservar artículos, y en ese sentido, solicitó oportunamente la palabra la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, y desde luego le pediría nada más que nos señale qué artículos va a reservar, igualmente el caso del Senador Javier Corral que nos diga qué artículos para que se hagan las reservas de manera oportuna.

Sonido en el escaño de la Senadora Maki Esther Domínguez.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Sí, con su permiso, señor Presidente. Quiero reservar los artículos 180, 200 y el transitorio dos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Alguien más desea hacer alguna reserva?

- La C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora

- La C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: (Desde su escaño) Decirle, señor Presidente, que efectivamente lo que escuchamos hace un rato así va el sentido de la iniciativa, a mí me gustaría que lo pudiéramos checar, sí viene el tener un examen de laboratorio previo para poder tener con exactitud el tipo sanguíneo, y por supuesto que la autoridad debe de preguntar si quiere o no ser donador de órganos.

Lo que sí se quiere evitar es que sea forzoso y tiene que ser bajo libre albedrío, porque no se pude obligar a ningún ciudadano que sea donador de órganos.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias por su comentario, Senadora Itzel Sarahí.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz Salazar.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para comentarles a los señores Senadores que estamos aquí presentes, que la propuesta que hará la Senadora Maki Ortiz ha sido avalada en estos momentos por la mayoría de los Senadores que integramos la comisión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Bien. Informo a la Asamblea que se han hecho las siguientes reservas: la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez los artículos 180, 200 y el transitorio segundo, y el Senador Fernando Mayans los artículos 180 y el 200.

¿Alguien más? El Senador Javier Corral había manifestado el interés de hacer el uso de la palabra.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Yo sólo quiero inscribirme en el caso de que las reservas se acepten y sólo en relación con la parte relativa a la obligación de donar órganos, que está proponiendo el Senador Fernando Mayans, porque yo estoy de acuerdo con una parte de su propuesta, pero con otra no.

Entonces, yo quisiera en eso intervenir, si se da pie a la discusión y luego al debate.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Claro que sí, con gusto, en su momento, una vez que agotemos la etapa procesal.

Pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación en lo general y de los artículos no reservados de este proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos en pro.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar las reservas que oportunamente hizo del conocimiento de esta Mesa Directiva.

Sonido en el escaño de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Yo pienso que es un gran avance que nuestra credencial del IFE tenga la posibilidad de saber si un ciudadano es donador, y también su grupo sanguíneo, siempre y cuando, en el caso del grupo sanguíneo, sea una información veraz.

Primero, porque si la información no es veraz y el ciudadano recibe un tipo sanguíneo diferente, puede tener una reacción alérgica que puede ser mortal.

Y pensarán que siempre que se hace una transfusión, pues se tienen que hacer pruebas cruzadas, pero no debemos dejar ninguna puerta abierta a ninguna equivocación.

Y también, porque si el ciudadano sufre un accidente y es donador, y sabemos de antemano su grupo sanguíneo, podemos ir adelantado el proceso de donación, es decir, buscar a los pacientes que están en la lista y que pueden vivir en otros estados y adelantar ese traslado, porque las horas son muy importantes cuando se va a recibir un trasplante.

Yo quiero hacer dos reservas, una al artículo 180, que dice lo siguiente:

Está así hoy: “En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. El ciudadano podrá solicitar que en su credencial para votar con fotografía sean incluidos su calidad de donador de órganos, así como su grupo sanguíneo”.

Y lo que yo estoy presentando es para que quede de la siguiente forma:

“En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. El ciudadano podrá solicitar que en su credencial para votar con fotografía sean incluidos su calidad de donador de órganos, así como su grupo sanguíneo, debidamente acreditado mediante un certificado médico o examen de laboratorio”.

Y la siguiente modificación es en el transitorio segundo que está de la siguiente forma:

“El Instituto Federal Electoral, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá modificar el sistema de información y datos del Registro Federal de Electores, así como los formatos de la credencial para votar, para que en la emisión de nuevas credenciales se asiente el tipo de sangre, así como la calidad de donador de órganos de los ciudadanos que lo soliciten durante el proceso de registro, de acuerdo con los plazos y requisitos que la ley y los reglamentos respectivos establecen”.

Para que quede de la siguiente forma:

“El Instituto Federal Electoral, en un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá modificar el sistema de información y datos del Registro Federal de Electores, así como los formatos de la credencial para votar, para que en la emisión de nuevas credenciales se asiente el tipo de sangre, siempre y cuando haya sido debidamente acreditado mediante certificado médico o examen de laboratorio, así como la calidad de donador de órganos de los ciudadanos que así lo soliciten durante el proceso de registro de acuerdo con los plazos y requisitos que la ley y los reglamentos respectivos establecen”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

Pido a la Secretaría que dé lectura a las propuestas hechas por la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, y que inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten para su discusión dichas propuestas.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Artículo 180, párrafo tercero, que propone la Senadora Maki Esther:

“En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. El ciudadano podrá solicitar que en su credencial para votar con fotografía sean incluidos su calidad de donador o no donador de órganos, así como su grupo sanguíneo debidamente acreditado mediante un certificado médico y examen de laboratorio”.

Consulto a la Asamblea…

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) SeñorPresidente, pido la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño)¿Es como viene el dictamen original? ¿No?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se está dando lectura a las propuestas de modificación hechas por la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño)Si lo pudiera leer la Secretaria nuevamente para ilustrar a la Asamblea, se lo agradezco.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Senadora Maki Esther Ortiz, que nos deje nuevamente la propuesta, y le pido a la señora Secretaria que dé lectura, tal y como lo está pidiendo el Senador Mayans Canabal, para que la Asamblea tenga mayor información y claridad de en qué consiste la propuesta de modificación.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura nuevamente.

"Artículo 180: En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. El ciudadano podrá solicitar que en su credencial para votar con fotografía sean incluidos su calidad de donador de órganos, así como su grupo sanguíneo debidamente acreditado mediante un certificado médico o examen de laboratorio”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica,…

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño)Perdón, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño)Señor Presidente, nada más para ilustrar a la Asamblea.

Lo que yo he solicitado, y ya se lo hice llegar por escrito, es quitar esa parte de “Si el ciudadano solicita”, lo estamos dejando abierto.

O sea, se tiene que poner: ¿Usted es donador o no es donador?

¿Cuál es su grupo de sangre avalado en un certificado de laboratorio? Eso es todo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador, nada más le informo que estamos ahorita analizando la propuesta de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, y la someteremos a la consideración del Pleno, e inmediatamente después daremos a conocer la propuesta que usted ha presentado de modificación para que el Pleno determine si la acepta primero a discusión o no.

Entonces, que quede claro que su propuesta no se está discutiendo en este momento, porque estamos primero con la de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, e inmediatamente después pasaremos a dar lectura a las propuestas que usted ha presentado.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño)A ver, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño)Mi único interés es que la Asamblea tenga muy claro qué es lo que se está votando, ese es el único interés.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Por eso se está dando lectura a las propuestas, en este caso, la de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para que la Asamblea sepa cuál es la propuesta, qué es lo que se está proponiendo modificar o adicionar.

Y en el caso suyo, ahorita también haremos del conocimiento del Pleno, en qué consiste su propuesta de modificación.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero Morales, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente. Para el Senador Mayans Canabal, que está preocupado.

Tiene todavía un momento procesal para que suba a la tribuna. Es decir, han quedado de las tres reservas que presentó la Senadora Maki Ortiz, que era de los artículos 180, 200 y el transitorio segundo, solo dos que usted también reservó, 180 y 200.

Lo que está sometiendo ahorita a discusión, es si se aceptan a discusión. Si la Asamblea dice que sí, como pareciera ser que va ser, usted tendrá una oportunidad para subir a hablar en contra. Es decir, tiene dos oportunidades en tribuna de volver a aclarar y después se someterán a votación sus reservas.

Creo que con eso se aclara a la Asamblea, qué es lo que va a ocurrir.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pablo Escudero Morales.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez nos ha hecho llegar una modificación a la propuesta que había presentado. Por lo cual, le pido nuevamente a la Secretaría que dé lectura a la nueva propuesta, para que el Pleno sepa exactamente en qué consisten las modificaciones que se están proponiendo al proyecto de Decreto.

Adelante, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: “Artículo 180. En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. El ciudadano podrá solicitar que en su credencial para votar con fotografía, sean incluidas su calidad de donador o no donador de órganos, así como su grupo sanguíneo debidamente acreditado, mediante un certificado médico o examen de laboratorio”.

- La C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora.

- La C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: (Desde su escaño) Decirle, señor Presidente, que platicando ahorita con la Senadora Maki Ortiz y el Senador Mayans Canabal, efectivamente la redacción tendría que ser: que la autoridad, en este caso el instituto, preguntara si quiere o no ser donador, para poder realmente llegar a la cultura de donación de órganos. Porque si uno como ciudadano llega a solicitarlo, no procuraríamos, de igual manera, que se pudiera esto ir incrementando.

Entonces, sería esa modificación. Que platicando ahorita con ambos Senadores, creo que así debería de quedar y además así originalmente fue la propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Itzel Sarahí.

Quiero proponerle a quienes han hecho uso de la palabra y desde luego a la Asamblea, que en virtud de que hay diversas propuestas, que les demos el tiempo necesario para que pueda haber el consenso, si es que así lo determinan, porque hasta este momento, lo que veo es que no hay el consenso necesario para ello.

Entonces, pido a los proponentes, si están de acuerdo en que se les dé el tiempo suficiente, para que se pueda construir esa propuesta y que la hagan llegar a esta Mesa Directiva, firmada por quienes están haciendo estas solicitudes de modificación.

Y en consecuencia, pasamos al siguiente dictamen.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el tercer párrafo del Artículo 1; se adicionan las nuevas fracciones X, XI y XII al Artículo 6; se adiciona la fracción III de la base A y la fracción VII de la base B del Artículo 17; se reforma la fracción VII del Artículo 22 y la fracción XI del Artículo 33; se adicionan las nuevas fracciones XII y XIII al Artículo 38; y se adiciona el Artículo 46, todos de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se adiciona el tercer párrafo del Artículo 1; se adicionan las nuevas fracciones X, XI y XII al Artículo 6; se adiciona la fracción III de la base A y la fracción VII de la base B del Artículo 17; se reforma la fracción VII del Artículo 22 y la fracción XI del Artículo 33; se adicionan las nuevas fracciones XII y XIII al Artículo 46, todos de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de febrero de 2013, el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos Primera para su estudio y dictamen correspondientes.

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA

En la misma se señala que hoy en día la mayoría de nuestras ciudades presentan un crecimiento desordenado lo que nos ha conducido a centros urbanos disfuncionales e insustentables que han generado cinturones de miseria y marginación.

Que los programas de vivienda y las políticas públicas para el desarrollo habitacional no han contribuido suficientemente a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, mucho menos, ha permitido planear de manera adecuada la vivienda rural en las zonas más marginadas de nuestro país.

En nuestro país no existe una política integral de suelo urbano y reservas territoriales que eviten la especulación de inmuebles y los procesos de expansión anárquica de las ciudades, lo que ha ocasionado el incumplimiento de los planes o programas del desarrollo urbano.

Señala además que el componente del desarrollo regional es fundamental para planificar el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano, así como para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios básicos necesarios que deben acompañar a las viviendas, así como regular un mercado que presenta acaparamiento y especulación.

Menciona que se debe fortalecer y vincular la planeación del desarrollo urbano y la promoción de la vivienda rural, vinculando los esfuerzos federales con los locales y los municipales, a fin de de coordinar acciones que permitan el apoyo mutuo y la interdependencia presupuestal para el impulso del desarrollo regional.

Se requiere urgentemente compartir las visiones desde lo regional y fomentar la capacidad de gestión de las entidades estatales y de los municipios en la atención y ordenación de las zonas metropolitanas.

La integración intergubernamental e interestatal en los asuntos del desarrollo urbano, la infraestructura, el suelo y la vivienda, no solo se presenta como condición para superar obstáculos que ya están a la vista para asegurar la continuidad de la producción habitacional, sino como una gran oportunidad de fortalecer el ordenamiento integral de nuestras ciudades, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y detonar el desarrollo regional en nuestro país.

Indica que existe la necesidad de mejorar el diseño institucional de la organización administrativa encargada de la vivienda, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.

Añade que se deben empatar los programas federales, estatales y municipales en su formulación y conducción para la promoción y coordinación en materia de infraestructura básica para los centros de población, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente, a través los siguientes elementos:

a).- Facilitar mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las necesidades, inventario, modalidades y características de la vivienda;

b).- Impulsar una estrategia incluyente para incrementar el impacto social de los recursos fiscales que promueva programas de vivienda a partir de la  planeación para el desarrollo regional y la ordenación urbana y territorial, y

c).- Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes para cada región, al tiempo de conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen los programas de vivienda.

De lograr establecer vínculos intergubernamentales para el desarrollo urbano y la ordenación del territorio, con esquemas de vivienda que respondan a convenios de asistencia técnica e intercambio de información generada desde las propias regiones, se podrá lograr la institucionalización de los planes urbanos y de vivienda y, por ende, el del desarrollo regional.

III. CONSIDERACIONES

Los Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, desean expresar la conveniencia de aprobar la presente iniciativa, toda vez que la misma busca vincular la planeación del desarrollo urbano con los esfuerzos federales, estatales y municipales con la finalidad de impulsar el desarrollo regional, en materia de vivienda.

Además, la iniciativa en comento se enfoca en mejorar el diseño de la organización administrativa encargada de la vivienda, lo que permitirá aspirar a un desarrollo con mayor equidad y corregir diferencias regionales propiciadas de un crecimiento desordenado.

Los Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, coinciden en señalar la viabilidad de la presente iniciativa, ya que en la misma se pretende armonizar la Ley de Vivienda vigente, con la reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación 2 de enero de 2013.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, Primera, sementemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se reforman el tercer párrafo del Artículo 1; la fracción II del Apartado A y la fracción VII del Apartado B del Artículo 17; la fracción VII del Artículo 22; la fracción XI del Artículo 33 y el Artículo 46; y se adicionan las fracciones X, XI y XII al Artículo 6; dos nuevas fracciones XII y XIII al Artículo 38, recorriéndose la actual XII para ser XIV, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 1. …

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.

Artículo 6. …

VIII. Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;

IX. Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias;

X. Establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal en las zonas urbanas para hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, política y cultural de la nación;

XI. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regiones del país, principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación, de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la finalidad del mejoramiento continúo de sus viviendas e infraestructura pública, y

XII. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para atender el direccionamiento de los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda.

Artículo 17. …

A. …

I. a II. …

III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.

IV. a VI. …

B. …

I. a VI. …

VII. Coordinar acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.

Artículo 22. …

I. a VI. …

VII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

VIII. …

Artículo 33. …

I. a X. …

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 38. …

I. a X. …

XI. Facilitar mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las necesidades, inventario, modalidades y características de la vivienda;

XII. Impulsar estrategias incluyentes para incrementar el impacto social de los recursos fiscales, con el objetivo de promover programas de vivienda a partir de la planeación para el desarrollo regional y la ordenación urbana y territorial;

XIII. Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes para la región y conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen los programas de vivienda y del desarrollo regional, y

XIV. La realización de las demás acciones tendientes a cumplir con los fines previstos en esa Ley.

Artículo 46.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las organizaciones de los sectores social y privado, así como las instituciones de educación superior y de investigación, proporcionarán la información correspondiente en el marco de los acuerdos y convenios que al efecto se celebren con la Comisión, en la que se deberá tomar en cuenta las prioridades comunes para la región y la conjunción de recursos para financiar proyectos que detonen el desarrollo de la vivienda.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 13 de marzo de 2013.

Comisión de Vivienda

Comisión de Estudios Legislativos, Primera”.

Este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que informe a la Asamblea, que en virtud de que no hay oradores ni reservas en lo particular, votaremos en un solo acto este dictamen.

Para ello pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de este proyecto de Decreto, tanto en lo general como en lo particular. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación de las Senadoras y Senadores.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de un grupo de jóvenes del estado de Guanajuato, invitados por la Senadora Pilar Ortega Martínez. ¡Bienvenidos!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda. Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO 84 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE POBLACION Y DESARROLLO;
ASUNTOS MIGRATORIOS;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Población y Desarrollo, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos del Senado les fue turnada por la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del Artículo 84 de la Ley General de Población, presentada por integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Una vez recibida la Iniciativa de mérito por las Comisiones Unidas, los integrantes se abocaron a su estudio con la convicción de considerar su contenido de manera íntegray analizar los fundamentos en que se apoya, para proceder a emitir el dictamen conforme a lo establecido en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 194, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado de ANTECEDENTES, se da constancia de la fecha de presentación del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno, así como de la ampliación del mismo.

II. En el capítulo de DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, se hace una sinopsis de la exposición de motivos de la Iniciativa, así como la propuesta de modificación que se desea incorporar a la Ley General de Población.

III. En el apartado de CONSIDERACIONES, las dictaminadoras expresan sus argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta, así como los motivos que sustentan su apoyo a la Iniciativa.

IV. Finalmente, en el apartado de ACUERDO, se plantea el sentido y decisión de las dictaminadoras relativo a la propuesta de mérito.

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 5 de marzo de 2013, las Senadoras y Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Héctor Larios Córdova, Javier Corral Jurado, Juan Carlos Romero Hicks y Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Fidel Demédicis Hidalgo y Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Marcela Guerra Castillo, Alejandro Tello Cristerna, y Patricio Martínez García del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; presentaron al Pleno del Senado de la República, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 84 de la Ley General de Población.

En la misma fecha de presentación, la presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

2. En sesión celebrada por la Mesa Directiva del Senado de la República, el 12 de marzo de 2013, se acordó ampliar el turno de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de Población, presentada el 5 de marzo de 2013 para quedar en las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

1. Los autores de la Iniciativa materia del presente Dictamen plantean reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población con el propósito de proteger y ampliar los derechos de los migrantes mexicanos repatriados ya que la Ley vigente es a consideración de ellos insuficiente y genérica en virtud de que sólo hace énfasis en los derechos a la revisión del estado de salud, en la comunicación con familiares y en recibir apoyos en el traslado a sus lugares de residencia.

2. Asimismo manifiestan que el problema migratorio que enfrenta nuestro país debe verse en todas sus etapas para poder entenderlo con claridad y eventualmente estar en posibilidades de proponer soluciones eficaces a través de la aprobación de reformas a leyes vinculadas al tema como lo es la Ley General de Población.

3. De igual modo, las y los senadores reconocen que la redacción del artículo 84 de la Ley General de Población contiene avances en la protección de algunas garantías de los migrantes repatriados al señalar que: …se vigilará que en la recepción de mexicanos regresados por gobiernos extranjeros se respeten los derechos de los repatriados…”.

No obstante lo anterior, el dispositivo resulta insuficiente debido a que su redacción es “general y desarticulada por lo que es oportuno ampliar el listado de derechos que les asisten a los repatriados en territorio nacional.

4. A efecto de dar soporte a la propuesta que nos ocupa los autores refieren datos y cifras elaborados por el Instituto Nacional de Migración (INM), relacionados con repatriaciones de connacionales los cuales son del orden de un millón para el período de 2000 a 2001 mientras que para el período 2003 a 2009 existe una reducción a la mitad con un número de eventos en el rango de 525 mil a 600 mil cada año y para el período de 2010 a 2011 se registran 465 mil y 405 mil eventos, respectivamente. Así tenemos que la entidad federativa que tuvo el mayor número de repatriaciones es Baja California, específicamente en los puntos ubicados en los municipios de Tijuana y Mexicali quienes para el año 2011 registraron 81 mil y 54 mil eventos, respectivamente.

5. Por otro lado, hacen referencia a dos instrumentos en los que se encuentran establecidos los puntos de repatriación de mexicanos celebrados entre México y Estados Unidos, el primero de los cuales se denomina Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos firmado en febrero de 2004, y el segundo llamado Arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos, suscrito el 18 de diciembre de 2008.

6. De igual manera las y los proponentes ilustran la situación de los repatriados al citar la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF) levantada por el Colegio de la Frontera Norte con la participación de diversas dependencias del gobierno federal misma que arroja datos importantes sobre el período de tiempo que permanecen en Estados Unidos los migrantes repatriados y de los cambios que ha sufrido ese período en el transcurso del tiempo ya que para el año de 1995 más del 80 por ciento de los migrantes repatriados permanecieron menos de un día desde su detención en Estados Unidos hasta su repatriación lo cual contrasta con los datos que arroja el mismo estudio para el año 2011 en que la proporción disminuye al 40 por ciento. En consonancia con lo anterior, los hallazgos indican que de los migrantes detenidos con una estancia de 1 a 7 días se registra un aumento porcentual sustantivo, asimismo la proporción de migrantes repatriados con una estadía de un año aumenta de un 5.1 por ciento en 1995 a 46.2 por ciento para el año 2011. De igual modo los promoventes refieren datos del Instituto Nacional de Migración (INM) al respecto, en los que se consignan las características demográficas de los repatriados según los cuales ha habido un descenso drástico en las detenciones y repatriaciones de connacionales hombres adultos en la década de los noventa en contraste con un aumento de detenciones y repatriaciones de mujeres. Por lo que hace al rubro de menores varones repatriados éstos pasaron de representar el 6 por ciento de las repatriaciones en 2003, al 3.3 por ciento en 2009. Para 2011 representaron apenas el 3.1 por ciento, es decir, hay una ligera caída en el período de 2009 a 2011 en este rubro. En relación al segmento de mujeres menores de 18 años, éstas representaban el 3.3 por ciento de repatriaciones en 2011 y menos del 1 por ciento para 2009 y 2011.

7. Correlacionado con el punto anterior los autores de la Iniciativa refieren un Documento de Trabajo denominado Procesos de repatriación, Experiencias de las personas devueltas a México por las autoridades estadounidenses, elaborado por el Woodrow Wilson International Center for Scholars y el Colegio de la Frontera Norte en el que una de las conclusiones principales es que la población menor de edad repatriada es muy variable en la edad, en la forma en que se da el cruce fronterizo, en las condiciones de vida en Estados Unidos, así como en la manera en que son repatriadas. Del segmento de población menor de edad repatriada se encontró que un 91 por ciento tiene 12 años y más, y más de la mitad tiene entre 16 y 17 años. La gran mayoría de los menores de hasta 12 años cruzan la frontera principalmente para reunirse con familiares. Estos menores van acompañados generalmente por la madre o algún familiar, amigo o vecino, aunque unos pocos son entregados al “coyote” para que realice el cruce. En el caso de los adolescentes, estos tratan de cruzar a Estados Unidos para encontrar trabajo y eventualmente apoyar económicamente a su familia. El Documento de Trabajo mencionado concluye que los adolescentes repatriados constituyen una población muy vulnerable a las violaciones a sus derechos humanos, a daños psicológicos graves durante el proceso de repatriación y a diversos riesgos sociales.

8. Las y los proponentes reconocen la existencia de políticas públicas para atender a los nacionales repatriados y mencionan algunas tales como el Programa de Repatriación Humana; el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo; el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos –con la participación de UNICEF y encabezado por el DIF Nacional- y finalmente, el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior, financiado con recursos del gobierno de Estados Unidos. No obstante la existencia de apoyos gubernamentales, la respuesta del Estado mexicano sigue siendo débil frente al tamaño del problema y en contraste con ello se tiene la actuación de la sociedad civil la cual ha sido ágil y eficaz en su respuesta organizativa. Es de destacar el rol de las Casas del Migrante situadas en el Norte de México, así como la labor de diversos centros de derechos humanos del migrante como la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, Chihuahua y el Centro Fronteras con Justicia de Saltillo, Coahuila. En la actualidad son cerca de treinta organizaciones las que trabajan relacionadas entre sí intercambiando información. Para realizar esas labores reciben donativos de la Fundación Ford con el propósito de crear un programa piloto de denuncia de violaciones a derechos humanos y de fortalecimiento de la seguridad tanto para los migrantes como para los propios defensores e integrantes de las casas citadas.

9. No obstante el apoyo de algunas fundaciones a las organizaciones defensoras de derechos humanos los recursos son insuficientes para abatir la grave situación de precariedad en que están inmersos los migrantes repatriados ya que las condiciones en que regresan son extremas pues padecen pobreza, hambre, y en ocasiones demandan atención médica menor o incluso mayor. De acuerdo con el Documento de Trabajo citado en el punto siete del apartado de descripción de la Iniciativa, las violaciones más frecuentes a los derechos humanos de los repatriados en México son las extorsiones y arrestos arbitrarios por parte de elementos de corporaciones policíacas, pero además los migrantes se encuentran con situaciones de inseguridad y violaciones graves por parte de policías federales y estatales tales como secuestro, tortura y atentados contra la integridad personal. En las ciudades fronterizas de mayor tamaño la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta quejas presentadas por repatriados víctimas de violaciones a sus derechos humanos muchas de las cuales no se les da seguimiento debido a que ello implica permanecer en el lugar en que se presentan las quejas para ratificarlas y esperar respuesta de la Comisión lo cual inhibe la presentación de las mismas. Este trato por parte del Estado mexicano desde la perspectiva de los autores de la Iniciativa es injusto ya que la aportación que los migrantes hacen al país principalmente a la economía es sustantivo. Las remesas son para la economía nacional la tercera fuente de ingresos de divisas las cuales se encuentran después de las exportaciones petroleras y el turismo. Ante esto lo menos que merecen los migrantes, a juicio de los promotores de la Iniciativa, es un trato digno y de respeto.

10. Por todas las razones enunciadas, las y los legisladores plantean reformar el artículo 84 de la Ley General de Población con el propósito de que se amplíen y reconozcan de manera clara los derechos de los repatriados tales como la posibilidad de realizar llamadas telefónicas; recibir durante su estancia un espacio digno; alimentos; agua; enseres básicos para su aseo personal y atención médica y psicológica; no ser discriminado por las autoridades; asesoría legal y recibir un trato digno y humano. Al efecto mencionan que en legislación reglamentaria, el 28 de septiembre del año 2012 se expidió el Reglamento de la Ley de Migración junto con otros reglamentos entre los que se encuentra el de la Ley General de Población el cual entró en vigor el 28 de octubre de 2012, mismo que establece en su artículo 216 que “se ofrecerá en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados servicios de forma gratuita”, tales como agua y una porción de alimentos para cubrir sus necesidades inmediatas; llamadas telefónicas y asistencia médica y psicológica. De lo anterior se puede observar que el dispositivo habla de “servicios” y no de derechos de los repatriados. En este sentido la Iniciativa, según sus promotores, va más allá y perfecciona lo estipulado en el Reglamento al reconocer con claridad y ampliar estos derechos en la Ley General de Población con el carácter que ello representa. Hacen también la prevención sobre los riesgos de que se hable de servicios y no de derechos a nivel reglamentario y sobre la libertad que tiene el titular del poder Ejecutivo federal de realizar modificaciones al Reglamento en cualquier momento con lo cual se pudiera eliminar esos servicios en perjuicio de los repatriados.

11. Finalmente, los impulsores de la Iniciativa añaden que si los derechos de los migrantes están reconocidos en la Ley de Migración no hay óbice para que los derechos del repatriado tengan la misma jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de la materia, además de que con ello se estaría en sintonía con los tratados internacionales y la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 194, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, son competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo, Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos, encargados de dictaminar la Iniciativa que nos ocupa reconocen la importancia y la oportunidad en que se da la presentación por lo que no dejarán pasar la ocasión para saldar la cuenta pendiente que el poder Legislativo tiene para con miles de mexicanos que todos los días sufren deportaciones masivas y son doblemente victimizados por las autoridades extranjeras y nacionales al sufrir en cada lado de la frontera todo tipo de vejaciones en contra de la dignidad humana, con lo cual estamos obligados, como poder Legislativo del Estado, a explorar medidas de solución concretas a través de creación de nuevas leyes o reformando las ya existentes.

Con la aprobación de la propuesta de mérito los integrantes de las dictaminadoras consideran que se está dando un paso en pro de la protección de los derechos de los migrantes repatriados lo cual no es determinante para la solución definitiva y para siempre del fenómeno social pero creemos que junto a otras acciones tales como la eficiencia administrativa y de coordinación efectiva entre autoridades encargadas de brindar apoyo a los repatriados, así como la capacitación adecuada en protección y defensa de derechos humanos de los agentes de las corporaciones policíacas de los tres ámbitos de gobierno y con la asignación de presupuestos suficientes a las áreas encargadas de ejecutarlo dispuestas para apoyar a este sector de la sociedad estaremos coadyuvando a la mitigación de los efectos de la problemática que afecta sin duda alguna a toda la sociedad.

TERCERA. De acuerdo con el Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México, del mes de febrero de 20111, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el corredor de migrantes México-Estados Unidos, es el más grande del mundo; así mismo nuestro país junto con India y China son las principales naciones con mayor proporción de emigrantes, éstas dos realidades hacen de México un receptor de grandes oleadas de migrantes repatriados provenientes de Estados Unidos derivado de aquélla causa y eventualmente nos enfrenta a un problema muy complejo al que también debemos acometer en solitario y con recursos muy limitados. La realidad es que hemos sido rebasados por el problema absolutamente. En este contexto debemos hacer esfuerzos para queel Congreso de la Unión garantice a través de la aprobación de esta Iniciativa el acceso a derechos que hoy en día están establecidos como servicios en el reglamento de la Ley General de Población con lo cual se eleva a rango de Ley con todas las ventajas que ello conlleva.

CUARTA. Finalmente, las Comisiones Unidas reconocen la importancia y bondades manifestadas en la Iniciativa, por lo que hacemos nuestras las razones y fundamentos contenidos en la misma, tanto en la exposición de motivos como en el proyecto de decreto planteado, así como de la convicción de ponerlo a la consideración del Pleno EN POSITIVO, al mismo tiempo de reconocer ampliamente el esfuerzo de las y los legisladores proponentes de realizar propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los migrantes repatriados.

ACUERDO

Por lo antes expuesto, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del Artículo 84 de la Ley General de Población, se acuerda dictaminarla en SENTIDO POSITIVO. Así, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 194, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo, Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, someten al Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO 84 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

Artículo Unico. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 84.-…

Asimismo, la Secretaría vigilará que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, se respeten los siguientes derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia:

I. Acceder a comunicación telefónica;

II. Recibir agua y alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica;

III. Ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir;

IV. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

V. Ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México;

VI. Que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente;

VII. Que se cuente con espacios separados para niñas, niños y adolescentes repatriados no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada;

VIII. Que en las instalaciones se evite el hacinamiento, y

IX. Recibir un trato digno y humano.

Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la Secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con las disposiciones en materia de recepción de repatriados, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 16 de abril de 2013

COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura y se pone de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que este proyecto de Decreto consta de un solo artículo, por lo cual habremos de votarlo en un solo acto, tanto en lo general como en lo particular. Se abre la discusión en lo general y en lo particular.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

El objetivo de la iniciativa que presenté y que hoy se somete a votación es sencillo: reconocer en la ley los derechos de los repatriados, un grupo vulnerable que no ha recibido toda la atención que requiere y merece.

Como ustedes saben, las autoridades de Estados Unidos han regresado a mexicanos que ya tienen varios años viviendo allá, es decir, no están repatriando a mexicanos que son detenidos al cruzar la frontera, sino a mexicanos que están establecidos en aquel país, dejando casas, hijos y pertenencias.

Sólo para mencionar un dato, la cifra de repatriados en el 2011 fue de 400 mil paisanos nuestros. Y tan sólo en Tijuana se registraron 82 mil y en Mexicali 64 mil, actualmente las cifras son superiores. O sea, es un flujo muy fuerte de compatriotas nuestros que están expulsando de Estados Unidos. En otras palabras, están regresando y es justo que les demos un trato digno.

A esto hay que añadir que las condiciones en que regresan los repatriados son extremas, con falta de recursos, hambre y, en ocasiones, con necesidad de atención médica menor y a veces con atención médica mayor.

Es por eso que propuse que la Secretaría de Gobernación tenga la obligación de vigilar que a los repatriados se les respeten los siguientes derechos: recibir agua, alimentos y enseres básicos para su aseo personal, acceder a la comunicación telefónica, recibir atención legal, psicológica y médica, ser informados respecto a los diversos programas y apoyos que puedan recibir, ser apoyados en el traslado a su lugar de residencia en México, no ser discriminados por las autoridades y recibir un trato digno y humano.

Pongamos las cosas en claro.

Si no fuera por la ayuda que brindan las organizaciones de la sociedad civil, estos compatriotas estarían en un completo abandono, lo que tendría como consecuencia que muchos de ellos se vieran en la necesidad de delinquir.

Pero, ¿cuáles son los argumentos para la aprobación de este dictamen?.

El artículo 216 del Reglamento de la Ley de Población, habla de servicios que se ofrecerán en forma gratuita a los repatriados, sin embargo, no incluyen la atención legal o el ser informado respecto a los programas que puedan recibir, entre otros.

En este sentido, la iniciativa va más allá y perfecciona lo estipulado en el reglamento al reconocer con claridad y ampliar la normatividad superior de estos servicios. Si bien es cierto que en el artículo 84 de esta ley se menciona el término derechos de los repatriados, cabe decir que es una mención general e insuficiente, hace falta estipular el derecho que tienen los repatriados a recibir agua, alimentos, atención médica, legal, psicológica, por mencionar algunos.

Si dejamos las cosas como están en el reglamento, este podría ser modificado eventualmente. Considero que, en consecuencia, los derechos de los repatriados deben estar protegidos ante esta posibilidad. Esto sólo se puede lograr estableciéndolos como derecho en la ley.

La migración es un asunto integral que se compone de varias etapas y temas que son transversales: emigración, tránsito de migrantes, repatriación, etcétera.

En este orden de ideas, cabe mencionar que si los derechos de los migrantes ya están establecidos en la Ley de Migración, lo mismo debe suceder con los derechos de los repatriados.

Considero que por la gran aportación que hacen los repatriados a la economía de nuestro país con el envío de remesas, es justo que sus derechos se encuentren en una ley y no en un reglamento, bajo el concepto de servicios gratuitos.

Es la manera en que el Estado puede agradecerles su valiosa aportación económica al país y, sobre todo, también recibirlos en nuestro país con la dignidad que merecen.

Criticamos el trato que se les da a los connacionales en Estados Unidos, pero pasamos por alto la manera en que tratamos nosotros a nuestros repatriados, quienes en muchas ocasiones son el sustento de su familia en México.

Exigimos que se les dé a los migrantes mexicanos un trato justo en el vecino país del norte y aquí no estamos reconociendo los derechos de nuestros repatriados.

En consecuencia, tenemos que ser congruentes.

Reconocer el derecho de los repatriados va en sintonía con los tratados internacionales y con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

El programa de repatriación humana ofrece ciertos beneficios a los repatriados, sin embargo, lo que se busca es que esos beneficios sean obligatorios y que estén estipulados en la ley bajo el concepto de derechos. Los beneficios se los da u otorga un gobierno, los derechos en cambio son algo intrínseco de la persona, no son algo que se les otorgue un gobierno. La iniciativa perfecciona y va más allá de este programa.

Dentro de los beneficios no se encuentra el derecho a la asistencia legal y que recordaremos que dejan familias y pertenencias en Estados Unidos, sí es necesaria su ayuda. Los programas federales pueden desaparecer o se les puede reducir de presupuesto, como ya sucedió.

Por eso es mejor que sus derechos estén estipulados en la ley, así quedan salvaguardados.

Por ejemplo, recientemente el gobierno federal recortó la escasa ayuda que se les da a las ONG’s que ayudan a los repatriados en Baja California.

No se puede escatimar el gasto para resolver este problema y para darles un trato digno a los repatriados. Las remesas que ellos mandan de Estados Unidos son la tercera fuente de divisas del país, la economía se mantiene a flote en parte gracias al dinero que envían estos mexicanos. No se vale argumentar la supuesta falta de dinero.

Parece un chiste de mal gusto que no queramos destinar recursos a este grupo tan vulnerable.

Compañeros Senadores, aprovechemos esta oportunidad que tenemos para retribuir todo el esfuerzo y sacrificio de nuestros migrantes y legislemos para darles un trato digno y humano. No es posible que esta situación siga así. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa.

Estoy seguro que se aprobará el dictamen gracias al respaldo de todos los grupos parlamentarios, porque muchos de los Senadores de todos los partidos estuvieron conmigo en esta situación que yo propuse del cambio al artículo 84.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Víctor Hermosillo y Celada. No habiendo más oradores sobre este dictamen, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de estudiantes de las carreras de Archivología y Bibliotecología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados por nuestra compañera Senadora Sonia Mendoza Díaz.

¡Bienvenidos, compañeros estudiantes!



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población. Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTCULO 112 DE LA LEY DE MIGRACION

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE POBLACION Y DESARROLLO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y Estudios Legislativos, Primera, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94, y 103 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de senadores el presente dictamen que se ha formulado, con base en la siguiente:

METODOLOGIA

1. En el capítulo de ANTECEDENTES se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

2. En el Capítulo de CONTENIDO DE LA MINUTA, se hace una sinopsis de la propuesta y de las consideraciones de los legisladores proponentes y de la colegisladora

3. En el capítulo de CONSIDERACIONES, las comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

4. En el Capítulo de ACUERDO, se establece el sentido de la votación de los integrantes de las Dictaminadoras y el consenso al que han llegado de dictaminar en pro el dictamen contenido en la Minuta de mérito.

I. ANTEDECENTES

1. El 20 de septiembre de 2011, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, el Senador Alejandro Moreno Cárdenas, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, por conducto del Senador vicepresidente, Ricardo Francisco García Cervantes, turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera.

3. El 8 de noviembre de 2011, la Mesa Directiva del Senado de la República, emite excitativa a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y Estudios Legislativos, Primera, para que dictaminen, entre otras, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

4. El 16 de noviembre de 2011, en sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, primera, quedó aprobado el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

5. El 8 de diciembre de 2011, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, quedó aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración. Con base en el artículo 220 del Reglamento del Senado de la República, la Mesa Directiva, por conducto del Senador vicepresidente Ricardo Francisco García Cervantes, remitió el expediente a la Honorable Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

6. El 1º de febrero de 2012, en sesión celebrada por el Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la Mesa Directiva, recibió el expediente con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración. En esa misma fecha lo turnó a la Comisión de Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen correspondiente; no obstante quedó en reserva para ser dictaminada en la LXII Legislatura.

7. El 13 de febrero de 2013, en sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se aprobó la Minuta que contiene el dictamen por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

8. El 8 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, por conducto de su presidente, el Diputado Francisco Arroyo Vieyra y con base en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite la primera prevención a efecto de que la Comisión de Asuntos Migratorios presente el dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

9. El 21 de marzo de 2013, en sesión ordinaria del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quedó aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto del secretario, el Diputado Xavier Azuara Zúñiga, mediante oficio núm. D.G.P.L. 61-II-4-551 remite al Senado de la República la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 112 de la Ley de Migración, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. El 2 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió de la Honorable Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. En esa misma fecha por conducto del Senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva, se turnó dicha Minuta a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, para su dictaminación.

11. Con fecha 16 de abril de 2013 en reunión de Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, se discutió y aprobó el presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta en estudio materia del presente dictamen propone reformar el artículo 112 de la Ley de Migración, las cuales van encaminadas a robustecer el procedimiento establecido en el Capítulo VIII de la Ley, que versa sobre lo siguiente: “Del Procedimiento en la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad” para garantizar y proteger los derechos de los menores de edad migrantes no acompañados de un adulto por parte del Estado mexicano; y a efecto de que las comisiones dictaminadoras puedan contrastar las aportaciones contenidas en la Minuta de mérito se elaboró el siguiente cuadro comparativo, el cual contiene el dispositivo vigente y la modificación aprobada por la colegisladora, a saber:

Ley de Migración

Minuta aprobada Cámara de Diputados

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo su custodia y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos enel presente ordenamiento y la legislación aplicable;

II. … a V.

VI.

Sin Correlativo

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos enel presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato ala Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales en derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. a V.

VI.

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor consus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño o adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores son competentes para conocer y emitir el presente dictamen, con base en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94, y 103 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado.

SEGUNDA. Previo al análisis de fondo del contenido del presente dictamen, las dictaminadoras consideran que es oportuno, para su mejor ilustración, realizar un comparativo de la Minuta aprobada por la Cámara de Senadores, como cámara de origen, con la Minuta aprobada por la Honorable Cámara de Diputados, a efecto de establecer las modificaciones que realiza la colegisladora a la propuesta original, como se establece a continuación:

Minuta de la Cámara de Senadores

Minuta de la Cámara de Diputados

Artículo 112.

I.- …

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicable, dándose inmediato aviso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a la Comisión Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la Entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II.- a V.-

VI.

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, coordinar y coadyuvar con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad.

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediatoa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales en derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. a V.

V.

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior dela niña, niño o adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca deempleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

La colegisladora aprueba cuatro modificaciones a la minuta del Senado “con el fin de mejorar la redacción y profundizar en la protección de la niña, niño o adolescente.”

TERCERA. Una vez realizado el estudio de las modificaciones a la Minuta que antecede, por parte de las comisiones dictaminadoras del Senado, los integrantes de la misma, llegan a la conclusión de que son procedentes los cambios aprobados por la colegisladora en virtud de que los derechos de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado por un adulto deben ser tutelados por la Ley de la materia por la condición de vulnerabilidad en que se encuentran, más que cualquier otra persona, en un clima tan adverso considerando que pueden ser víctimas fácilmente de la inseguridad o de que sean enrolados dentro de las filas del crimen en cualquiera de sus expresiones.

CUARTA. Estas comisiones dictaminadoras consideran que uno de los fines esenciales del Estado es crear leyes que aseguren la protección y derechos de todos los sectores de la sociedad nacional, pero sobre todo la protección de los sectores más vulnerables entre los vulnerables; las niñas, niños y adolescentes.

IV. ACUERDO

Por las razones expuestas y analizadas en la Minuta que nos interesa, los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideran de aprobarse EN SENTIDO POSITIVO el proyecto de decreto por medio del cual se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

Así, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94, y 103 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República y habiendo analizado el contenido de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 112 de la Ley de Migración, las Comisiones dictaminadoras sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 112 DE LA LEY DE MIGRACION

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 112 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. a V.

VI.

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño o adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República; México, Distrito Federal, a 16 de abril de 2013.

COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la dispensa de la segunda lectura y se pone de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se abre la discusión de este proyecto de Decreto. No habiendo oradores sobre este asunto, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman diversas leyes en la materia.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS Y DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República en la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 114, 117, 135, 175, 182, 183, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGIA

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la Cámara de origen hasta la formulación del presente Dictamen.

En el apartado denominado “Contenido de la Minuta”, se sintetiza el objeto de la reforma presentada y el espíritu del legislador para su propuesta.

En el apartado de “Consideraciones”, estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Decreto propuesto.

ANTECEDENTES

1.- El 25 de agosto de 2010, el Senador Arturo Escobar y Vega, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda; para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Con fecha 6 de diciembre de 2011 fue aprobado por la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental por el Pleno de la Cámara de Senadores.

4.- El 8 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5.- El 26 de febrero de 2013 las Comisiones Dictaminadoras de la Cámara de Diputados recibieron opinión positiva de la Comisión de Marina con respecto a la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

6.-El 21 de marzo de 2013 las Comisiones Dictaminadoras recibieron opinión positiva de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con respecto a la minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental.

7.- En sesión de Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 17 de abril de 2013, fue aprobada la presente minuta con 326 votos a favor, que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales.

8.- En esa misma fecha, la Colegisladora devolvió la minuta al Senado de la República para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

9.- En sesión de Pleno del Senado de la República celebrada el 18 de abril de 2013, la Mesa Directiva turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Estudios Legislativos, Segunda; para su análisis y dictaminación correspondientes.

CONTENIDO DE LA MINUTA

La colegisladora estima que resulta de la mayor trascendencia legislar para consolidar un sistema de justicia ambiental de vanguardia, equilibrado, racional e integrado a las reformas, exigencias y mandamientos constitucionales en materia penal, de acción colectiva, de justicia alternativa, de justicia administrativa y de derechos humanos.

De igual manera, reconoce que el sistema de justicia ambiental que se propone en la Minuta, no busca la repetición de aquello que puede ser logrado en términos de justicia ambiental, a través de procedimientos vigentes. Por el contrario, busca ampliar y fortalecer los instrumentos para resolver los conflictos ambientales, con posibilidades jurídicas y procesales indispensables y hasta ahora inexistentes en nuestro sistema jurídico.

La colegisladora concuerda con la Cámara de Senadores en el sentido de que el texto que se propone no busca crear un sistema exclusivamente punitivo, sino que por el contrario, introduce diversos incentivos para que los conflictos jurídicos y sociales ocasionados por el daño ambiental sean resueltos primordialmente a través de mecanismos alternativos a los que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 17 constitucional.

Coincide en señalar que con la aprobación de las disposiciones contenidas en la Minuta se dará vigencia al derecho constitucional a un medio ambiente sano. En este sentido, no debemos perder de vista que el párrafo quinto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que “El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. Por otra parte, en el decreto de reforma constitucional que reconoció ese derecho se determinó que: “El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y deterioro ambiental”.

Asimismo, la colegisladora señala que con la Minuta se da cumplimiento a compromisos fundamentales de nuestro país, derivados del derecho internacional.Uno de ellos es la Declaración de la Cumbre de Río de Janeiro de las Naciones Unidas, cuyo principio 13 establece que: “Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales”.

Por otra parte, destaca que en el Proyecto de Decreto de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, contenido en la Minuta, por primera vez se precisa el concepto de daño al ambiente y determina quienes serán los sujetos legitimados para exigir su reparación, restauración o compensación, privilegiando en todo momento el interés general y la preservación de los elementos naturales.

A partir de ello, la colegisladora señala que al unificar los conceptos de daño, reparación y compensación ambiental para todos los procedimientos legales, se evitarán resoluciones administrativas, sentencias civiles, penales, colectivas y de amparo dispares o contradictorias. En tal sentido, se señala, el texto contenido en la Minuta se convierte en unordenamiento jurídico unificador.

A partir de estas premisas, la colegisladora estima viable la expedición de un marco normativo específico para regular la responsabilidad ambiental proveniente de los daños generados al ambiente y para establecer mecanismos que permitan la reparación y compensación de los mismos.

No obstante lo anterior, la colegisladora consideró pertinente realizar diversas modificaciones al texto aprobado originalmente por la Cámara de Senadores. Para dar mayor claridad sobre el contenido de dichas modificaciones se incluye el siguiente cuadro comparativo:

PROYECTO APROBADO POR EL SENADO

MODIFICACIONES DE

CAMARA DE DIPUTADOS

Artículo 1º…

Los preceptos de este ordenamiento son de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales.

Artículo 1º…

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4º Constitucional de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

Artículo 2º…

Se entiende por:

I a X…

XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, y la Ley General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente o sus elementos;

XII a XVI…

Artículo 2º…

Se entiende por:

I a X…

XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Cambio Climático, y la Ley General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente o sus elementos;

XII a XVI…

Artículo 3º.-Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a:

I a IV…

Artículo 3º.-Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a:

I a IV…

V. La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6º.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados, compensados y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

Artículo 6º.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I…

II…

a)…

b) Que la secretaría haya evaluado en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c)…

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este Artículo no tendrán validez hasta en tanto el responsable no realice la compensación ambiental.

Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I…

II…

a)…

b) Que la secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c)…

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este artículo no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I…

II. De mil a ochocientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral.

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I…

II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.

Artículo 29.-La acción a la que hace referencia el presente título prescribe en veinte años, contados a partir del día en que cese la conducta activa u omisiva productora del daño al ambiente.

Artículo 29.-La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos.

Artículo 30

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito en materia administrativa.

Artículo 30

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia.

LEY DE AGUAS NACIONALES

Artículo 14 BIS 4. Para los fines de esta ley y sus reglamentos, son atribuciones de “la Procuraduría”:

I. a II. ...

III. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de esta Ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Federal deResponsabilidad Ambiental;

IV. Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de esta Ley, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de las demás disposiciones jurídicas aplicables;

LEY DE AGUAS NACIONALES

Artículo 14 BIS 4. Para los fines de esta ley y sus reglamentos, son atribuciones de “la Procuraduría”:

I. a II. ...

III. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de esta Ley y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

IV. Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables;

Artículo 96 BIS. “La Autoridad del Agua” intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo 96 BIS. “La Autoridad del Agua” intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley, de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

Artículo 96 BIS 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño.

...

Artículo 96 BIS 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño.

...

ARTICULO OCTAVO.- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

Se elimina

TRANSITORIOS

SEGUNDO.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal posterior a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal presupuestará cincuenta millones de pesos como capital inicial al Fondo de Responsabilidad Ambiental.

TRANSITORIOS

SEGUNDO.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- Los juzgados de distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. El personal de cada uno de dichos juzgados de distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.

TERCERO.- Los Juzgados de distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. El personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el espíritu y razones que animan la Minuta devuelta con modificaciones por la colegisladora.

SEGUNDA.- Se considera que la expedición de una Ley Federal de Responsabilidad Ambiental será uno de los avances más relevantes de los últimos años dentro del sistema jurídico ambiental de nuestro país. Además, dará nuevo impulso al compromiso de este Congreso de la Unión con la preservación de nuestros recursos naturales.

TERCERA.- Las dictaminadoras estiman que el texto de la minuta que se dictamina resulta fundamental para dar certeza jurídica en materia ambiental al sector económico, a las organizaciones sociales, a las instituciones públicas y, en general, a todos los mexicanos.

CUARTA.- De conformidad con la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta etapa del proceso legislativo la discusión versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados.

A partir de tales consideraciones, estas comisiones dictaminadoras estiman oportuno centrarse en el análisis y estudio de las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados en su calidad de Cámara revisora.

QUINTA.- En el artículo 1° de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se propone la modificación de los párrafos segundo y tercero para quedar de la siguiente forma:

Artículo 1°…

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4º constitucional, de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el planteamiento de establecer expresamente que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es reglamentaria del artículo 4o Constitucional, mismo que se encuentra dentro del apartado de derechos humanos.

De igual forma, coinciden con la modificación propuesta para el tercer párrafo del artículo citado, donde se precisa el cumplimiento del artículo 25 constitucional que mandata el desarrollo nacional sustentable y sus tres componentes: económico, social y ambiental.

SEXTA.- Con relación a la modificación de la fracción XI del artículo 2, la Cámara revisora propone hacer referencia a la “Ley de Cambio Climático” dentro del catálogo de leyes ambientales.

Para estas dictaminadoras, dicha modificación resulta pertinente. Es importante señalar que al momento de la aprobación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental por el Senado en la anterior Legislatura, la Ley de Cambio Climático no formaba parte del marco jurídico nacional. Hoy es una ley con plena vigencia y tiene una función de gran relevancia dentro de nuestras las leyes ambientales.

SEPTIMA.- En el artículo 3° de la Ley citada, se plantea la adición de la fracción Vpara quedar como sigue:

Artículo 3º.- Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a:

I a IV…

V. La Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre el particular, estas comisiones consideran que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es reglamentaria de un derecho humano, el derecho a un medio ambiente sano, por lo que sus definiciones deben ser aplicables a la Ley de Amparo. Es importante recordar que el juicio de amparo es el instrumento esencial de defensa de los derechos fundamentales y de las garantías que nuestra Constitución Política reconoce a toda persona.

OCTAVA.- En cuanto al artículo 6°, la Cámara revisora propone una modificación a la fracción I en los siguientes términos:

Artículo 6º.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

Estas dictaminadoras coinciden con la colegisladora sobre la necesidad de precisar que la mitigación y compensación se hará mediante condicionantes de impacto ambiental. Lo anterior, para hacer congruente la Ley con el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental previsto en los artículos 28 y 35 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

NOVENA.- En lo que respecta al artículo 14, la colegisladora propone diversas modificaciones para dar mayor claridad al texto, el cual se reproduce a continuación:

Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I…

II…

a)…

b) Que la secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c)…

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este artículo no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Estas dictaminadoras estiman pertinentes las modificaciones planteadas. En particular consideran positivo precisar que la compensación ambiental deberá ser ordenada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mediante condicionantes en la autorización administrativa de impacto ambiental.

DECIMA.- Por otra parte, la colegisladora plantea una modificación a la fracción II del artículo 19, en los siguientes términos:

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I…

II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral.

La modificación consiste en reducir el monto máximo de la sanción económica establecida para las personas morales responsables de daños ambientales. Esta reducción responde a la preocupación de los legisladores de no limitar la capacidad de desarrollo y competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) y ser congruentes con sus posibilidades financieras reales. Las comisiones dictaminadoras consideran atendible dicha modificación.

DECIMA PRIMERA.- La colegisladora plantea la modificación al primer párrafo del artículo 29 a efecto de señalar que la acción para demandar la responsabilidad ambiental prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos.

Estas comisiones estiman que la modificación al texto resulta positiva porque la prescripción toma en cuenta los efectos producidos por el daño ambiental. De esta forma, se reconoce que aun cuando cese la conducta activa u omisiva que dañe el ambiente, sus efectos pueden manifestarse con posterioridad. Lo cierto es que el término de prescripción planteado por la Cámara revisora está por arriba de la prescripción civil, lo que constituye un avance en material ambiental.

DECIMA SEGUNDA.-La colegisladora plantea una modificación al párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en los siguientes términos:

Artículo 30.- El Poder Judicial de la federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental.

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia.

Las comisiones dictaminadoras consideran que resulta pertinente modificar la competencia mediante un texto consistente con la reforma de acciones colectivas que establece la competencia de los jueces de distrito civiles cuando los hubiese, o en su caso a los de competencia mixta cuando así lo prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

DECIMA TERCERA.- En lo que atañe a las modificaciones propuestas a las reformas de la Ley de Aguas Nacionales en sus artículos 14 Bis 4, 96 Bis y 96 Bis 1, que eliminan todos la referencia a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, las que dictaminan comparten el razonamiento de la colegisladora en virtud de que la Ley de Aguas Nacionales prevé su propio sistema de responsabilidad por daños alambiente bajo el principio de especialización de la Ley, con el fin de evitar invasión innecesaria de esferas jurídicas que den lugar a confusiones en el procedimiento judicial.

DECIMA CUARTA.- La colegisladora desestima las modificaciones propuestas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público por considerar los alcances de dicho ordenamiento de baja o nula relevancia ambiental en términos del sistema de responsabilidad ambiental. Observación que estas comisiones consideran pertinente, en los mismos términos.

DECIMA QUINTA.- En lo que respecta a las modificaciones aprobadas por la colegisladora a los artículos transitorios del Proyecto de Decreto, es menester observar que tanto la eliminación del segundo párrafo del artículo segundo como las adiciones al artículo tercero, obedecen a consideraciones presupuestales.

En el mismo tenor, estas comisiones reconocen que la eficiencia presupuestaria ha sido un tema de gran alcance para los tres poderes de la Unión y que, en virtud de lograr la optimización de los recursos económicos del país ante un escenario de diversas y prioritarias necesidades, son pertinentes tanto la recaudación de fondos alternativos como el uso de los organismos ya existentes, tal y como se puntualiza en las modificaciones aprobadas.

DECIMA SEXTA.- Por las consideraciones expuestas con anterioridad, estas comisiones dictaminadoras proponen aprobar en sus términos la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

En tal contexto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben el presente Dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS Y DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES.

ARTICULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

TITULO PRIMERO

De la responsabilidad ambiental

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1º.- La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4º constitucional, de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

El proceso judicial previsto en el presente Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales, administrativos o penales.

Artículo 2º.- Para los efectos de esta Ley se estará a las siguientes definiciones, así como aquellas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte. Se entiende por:

I. Actividades consideradas como altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación o manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

II. Criterio de equivalencia: Lineamiento obligatorio para orientar las medidas de reparación y compensación ambiental, que implica restablecer los elementos y recursos naturales o servicios ambientales por otros de las mismas características;

III. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. Para esta definición se estará a lo dispuesto por el artículo 6º de esta Ley;

IV. Daño indirecto: Es aquel daño que en una cadena causal no constituye un efecto inmediato del acto u omisión que es imputado a una persona en términos de esta Ley;

V. Se entiende por cadena causal la secuencia de influencias de causa y efecto de un fenómeno que se representa por eslabones relacionados;

VI. No se considerará que existe un daño indirecto, cuando entre la conducta imputada y el resultado que se le atribuye, sobrevenga el hecho doloso de un tercero que resulte completamente determinante del daño. Esta excepción no operará si el tercero obra por instrucciones, en representación o beneficio, con conocimiento, consentimiento o bajo el amparo de la persona señalada como responsable;

VII. Los daños indirectos regulados por la presente Ley se referirán exclusivamente a los efectos ambientales de la conducta imputada al responsable;

VIII. Estado base: Condición en la que se habrían hallado los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios ambientales, en el momento previo inmediato al daño y de no haber sido éste producido;

IX. Fondo: El Fondo de Responsabilidad Ambiental;

X. Ley: La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Cambio Climático, y la Ley General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente o sus elementos;

XII. Mecanismos alternativos: Los mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la mediación, la conciliación y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos, o en su caso, solucionarlos, sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para garantizar la legalidad y eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del mismo;

XIII. Procuraduría: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

XIV. Sanción económica: El pago impuesto por la autoridad judicial para penalizar una conducta ilícita dañosa, dolosa con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en el futuro comportamientos prohibidos;

XV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

XVI. Servicios ambientales: Las funciones que desempeña un elemento o recurso natural en beneficio de otro elemento o recurso natural, los hábitat, ecosistema o sociedad.

Artículo 3º.- Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a:

I. Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o sustanciados de conformidad a las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte;

II. El procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto en esta Ley;

III. La interpretación de la Ley penal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como a los procedimientos penales iniciados en relación a estos;

IV. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en las Leyes, y

V. La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4º.- La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título, podrán ejercerse y sustanciarse independientemente de las responsabilidades y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes.

Artículo 5º.- Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u omisión.

Artículo 6º.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas.

La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no operará, cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad.

Artículo 7º.- A efecto de otorgar certidumbre e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de los daños ocasionados al ambiente, la Secretaría deberá emitir paulatinamente normas oficiales mexicanas, que tengan por objeto establecer caso por caso y atendiendo la Ley de la materia, las cantidades mínimas de deterioro, pérdida, cambio, menoscabo, afectación, modificación y contaminación, necesarias para considerarlos como adversos y dañosos. Para ello, se garantizará que dichas cantidades sean significativas y se consideren, entre otros criterios, el de la capacidad de regeneración de los elementos naturales.

La falta de expedición de las normas referidas en el párrafo anterior, no representará impedimento ni eximirá al responsable de su obligación de reparar el daño a su estado base, atendiendo al concepto previsto en el artículo 2o., fracción III, de esta Ley.

Las personas y las organizaciones sociales y empresariales interesadas, podrán presentar a la Secretaría propuestas de las normas oficiales mexicanas a las que hace referencia el presente artículo, en términos del procedimiento previsto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 8º.- Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento de producirse un daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, serán consideras como una atenuante de la Sanción Económica por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia.

El monto de las garantías financieras a que hace referencia el párrafo anterior, deberá estar destinado específica y exclusivamente a cubrir las responsabilidades ambientales que se deriven de su actividad económica, productiva o profesional. Las garantías deberán quedar constituidas desde la fecha en que surta efectos la autorización necesaria para realizar la actividad, y mantenerse vigentes durante todo el periodo de desarrollo de la misma.

En términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental.

Artículo 9º.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán las disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravengan lo dispuesto en esta Ley.

CAPITULO SEGUNDO

Obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente

Artículo 10.- Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la presente Ley.

De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente.

Artículo 11.- La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos previstos en este Título.

En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, cuando el daño sea ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, la persona responsable estará obligada a pagar una sanción económica.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra ilícitamente el que realiza una conducta activa u omisiva en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u otras autoridades.

Artículo 12.- Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de:

I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;

II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;

III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, y

IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el Artículo 1913 del Código Civil Federal.

Artículo 13.- La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su Estado Base los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación.

La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido el daño.

Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un daño al ambiente, deberán permitir su reparación, de conformidad a esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda.

Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de reparación del daño al ambiente producido por terceros, tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulte responsable por los daños y perjuicios que se les ocasionen.

Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño, o

II. Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:

a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad ilícita que debió haber sido objeto de evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos forestales;

b) Que la Secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al daño, al acreditarse plenamente que tanto las obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, resultan en su conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales y los instrumentos de política ambiental.

En los casos referidos en la fracción II del presente artículo, se impondrá obligadamente la sanción económica sin los beneficios de reducción de los montos previstos por esta Ley. Asimismo, se iniciaran de manera oficiosa e inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las personas responsables.

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este Artículo no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

La compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad con el Código Civil Federal.

Artículo 15.- La compensación ambiental podrá ser total o parcial. En éste último caso, la misma será fijada en la proporción en que no haya sido posible restaurar, restablecer, recuperar o remediar el bien, las condiciones o relación de interacción de los elementos naturales dañados.

Artículo 16.- Para la reparación del daño y la compensación ambiental se aplicarán los niveles y las alternativas previstos en este ordenamiento y las Leyes ambientales. La falta de estas disposiciones no será impedimento ni eximirá de la obligación de restituir lo dañado a su estado base.

Artículo 17.- La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño.

Dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en donde se hubiese ocasionado el daño. De resultar esto materialmente imposible la inversión o las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada. En este último caso serán aplicables los criterios sobre sitios prioritarios de reparación de daños, que en su caso expida la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Sección 5, Capítulo Tercero del presente Título.

El responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente artículo, mediante la contratación de terceros.

Artículo 18.- El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría está facultado para realizar subsidiariamente por razones de urgencia o importancia, la reparación inmediata de los daños que ocasionen terceros al ambiente. Dicha reparación podrá hacerse con cargo al Fondo previsto por el la Sección 5, Capítulo Tercero del presente Título.

En estos casos la administración pública federal deberá demandar al responsable la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados al fondo.

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I. De trescientos a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y

II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.

Dicho monto se determinará en función de daño producido.

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se reducirán a su tercera parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:

I. Que dicha persona no ha sido sentenciada previamente en términos de lo dispuesto por esta Ley; ni es reincidente en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales;

II. Que sus empleados, representantes, y quienes ejercen cargos de dirección, mando o control en su estructura u organización no han sido sentenciados por delitos contra el ambiente o la gestión ambiental, cometidos bajo el amparo de la persona moral responsable, en su beneficio o con sus medios;

III. Haber contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente;

IV. Contar con la garantía financiera que en su caso se requiera en términos de lo dispuesto por el artículo 8o. de esta Ley, y

V. Contar con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace referencia el artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 21.- Si el responsable acredita haber realizado el pago de una multa administrativa impuesta por la procuraduría o la Comisión Nacional del Agua, como consecuencia a la realización de la misma conducta ilícita que dio origen a su responsabilidad ambiental, el Juez tomará en cuenta dicho pago integrándolo en el cálculo del monto de la sanción económica, sin que ésta pueda exceder el límite previsto para el caso en la presente Ley.

No podrá imponerse la Sanción Económica a la persona física que previamente haya sido multada por un Juez penal, en razón de haber realizado la misma conducta ilícita que da origen a su responsabilidad ambiental.

Artículo 22.- Siempre que se ejerza la acción prevista en el presente Título, se entenderá por demandada la imposición de la sanción económica. En ningún caso el juez podrá dejar de condenar al responsable a este pago, salvo en los casos previstos en el artículo anterior, cuando los daños ocasionados al ambiente provengan de una conducta lícita, o bien cuando exista el reconocimiento judicial de algún acuerdo reparatorio voluntario derivado de los mecanismos alternativos de resolución de controversias previstos por esta Ley.

Artículo 23.- La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de la persona responsable para realizar el pago, así como los límites, requisitos y garantías previstos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado y el carácter intencional o negligente de la violación, asegurándose que se neutralice el beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y se garantice prioritariamente el monto de las erogaciones del actor o actores que hayan sido necesarias para acreditar la responsabilidad. En cada caso el órgano jurisdiccional preverá que la sanción económica sea claramente suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a que hace referencia el artículo 2o., fracción XI de esta Ley.

El límite máximo del importe de la Sanción Económica previsto en el artículo 19 no incluirá el pago de las erogaciones hechas para acreditar la responsabilidad ambiental por quien demande, concepto que siempre será garantizado al momento de dictar sentencia.

El juez deducirá del monto correspondiente al pago de sanción económica a cargo del responsable, el importe de las erogaciones que el actor o actores que hayan probado su pretensión hubieren realizado para acreditar la responsabilidad, y el responsable tendrá la obligación de consignarlo al juzgado para su entrega a aquellos. El pago de dicho importe será preferente respecto de cualquiera otra obligación.

Artículo 24.- Las personas morales serán responsables del daño al ambiente ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas.

Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o contraten para realizar la conducta causante del daño serán solidariamente responsables, salvo en el caso de que se trate de la prestación de servicios de confinamiento de residuos peligrosos realizada por empresas autorizadas por la Secretaría.

No existirá responsabilidad alguna, cuando el daño al ambiente tenga como causa exclusiva un caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 25.- Los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a la persona física o moral que omita impedirlos, si ésta tenía el deber jurídico de evitarlos. En estos casos se considerará que el daño es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello derivado de una Ley, de un contrato, de su calidad de garante o de su propio actuar precedente.

Artículo 26.- Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado dolosamente por dos o más personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todas serán responsables solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí.

No habrá responsabilidad solidaria en los términos previstos por el presente artículo, cuando se acredite que la persona responsable:

I. Ha contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente;

II. Cuenta con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace referencia el artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y

III. Cuente con la garantía financiera prevista en el artículo 8o. de esta Ley.

La sanción económica que corresponda será impuesta individualmente a cada una de las responsables.

CAPITULO TERCERO

Procedimiento judicial de responsabilidad ambiental

SECCION 1

De la acción para demandar la responsabilidad ambiental

Artículo 27.- Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de la presente ley, podrán demandar la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previstos en este Título, en términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal que regule los procedimientos judiciales a los que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 28.- Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;

III. La Federación a través de la procuraduría, y

IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este Artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.

Artículo 29.-La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos.

Salvo en los casos previstos en los artículos 23 y 28 de la presente Ley, ninguna de las partes será condenada al pago de gastos y costas judiciales.

Artículo 30.- El Poder Judicial de la federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental.

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia.

SECCION 2

De la tutela anticipada y medidas cautelares

Artículo 31.- La autoridad jurisdiccional que conozca de las acciones y demandas a que hace referencia el presente Capítulo, deberá ordenar a la Secretaría y a la Procuraduría, a efecto de que imponga inmediatamente las medidas preventivas y correctivas procedentes en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 32.- En adición a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimiento Civiles, durante el procedimiento el Juez podrá decretar las medidas precautorias siguientes:

I. El aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles y bienes relacionados con los daños, así como con el cumplimiento de las obligaciones jurídicas del demandado, previstas por las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte, y

II. El aseguramiento o toma de muestras de sustancias peligrosas, materiales, residuos, líquidos, contaminantes y de los elementos naturales relacionados con el daño ocasionado al ambiente.

Las medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con los establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 33.- Los terceros propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado el daño estarán obligados a permitir las medidas precautorias que resuelva el órgano jurisdiccional. En todo caso tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulta responsable de ocasionar dichos daños.

SECCION 3

De los elementos de prueba

Artículo 34.- El órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley.

El Juez requerirá a la Secretaría y a la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba con los que cuenten. Los servidores públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación.

Artículo 35.- Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado base, el daño ocasionado al ambiente, así como el nexo causal, las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de satélite, estudios de poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por la técnica y la ciencia. Salvo en los casos en lo que en Código Federal de Procedimientos Civiles otorgue mayor valor probatorio, estos medios de prueba constituirán indicios.

Artículo 36.-El estado base se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de su valoración.

El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado debe probarse en la sustanciación del juicio. El juez considerará en su valoración la naturaleza intrínseca de la conducta y la forma en que se ha desarrollado para generar o causar el daño.

SECCION 4

De la sentencia, ejecución y seguimiento

Artículo 37.- Además de lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, la sentencia condenatoria que se dicte deberá precisar:

I. La obligación de reparar ambientalmente el daño que corresponda;

II. La obligación de compensar ambientalmente a través de las acciones que procedan, en forma total o parcial;

III. Las medidas y acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente;

IV. El pago de la Sanción Económica que resulte procedente, así como los razonamientos y justificación respecto al por qué el monto impuesto es suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a los que hace referencia el artículo 2o.,fracción XI, de esta Ley;

V. El importe que corresponda pagar a favor del actor o actores que hayan probado su pretensión, correspondiente a los gastos realizados para acreditar la responsabilidad, que deberá ser deducido del monto determinado en la Sanción Económica y consignado ante el Juez en términos de los dispuesto por el artículo 23 de esta Ley, y

VI. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Artículo 38.- De conformidad a lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que cause ejecutoria la sentencia que resulte condenatoria, el juez dará vista a las partes para que dentro del término de treinta días se pronuncien sobre:

I. La forma, términos y niveles de reparación material ambiental del daño ocasionado al ambiente que se propongan para cumplir esas obligaciones;

II. La imposibilidad total o parcial de reparar materialmente ambientalmente el daño, y en consecuencia, la forma, lugar y alcance de la compensación ambiental total o parcial, y

III. Los plazos propuestos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Si las partes llegaran a un acuerdo respecto a lo previsto en este artículo, podrán formular una propuesta conjunta.

Cuando exista causa justificada por razones de la complejidad técnica o material para dar cumplimiento a lo determinado por las fracciones I, II y III, el término establecido en el párrafo primero del presente artículo podrá ser prorrogable por el Juez hasta por 30 días.

Artículo 39.- En la determinación de las medidas de reparación y compensación ambiental se considerará:

I. El criterio de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio;

II. Las acciones que proporcionen recursos naturales o Servicios Ambientales del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados;

III. Las mejores tecnologías disponibles;

IV. Su viabilidad y permanencia en el tiempo;

V. El costo que implica aplicar la medida;

VI. El efecto en la salud y la seguridad pública;

VII. La probabilidad de éxito de cada medida;

VIII. El grado en que cada medida servirá para prevenir daños futuros y evitar riesgos como consecuencia de su aplicación;

IX. El grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado;

X. El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales, económicos y culturales de la localidad;

XI. El periodo de tiempo requerido para la recuperación de los ciclos biológicos que fueron afectados por el daño causado al ecosistema;

XII. El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el daño ambiental, y

XIII. La vinculación geográfica con el lugar dañado.

Artículo 40.- Una vez que el juez reciba las propuestas para la reparación del daño o su compensación conforme a lo previsto por el artículo 38 de la presente ley, requerirá a la Secretaría, para que en el término de diez días, formule su opinión en relación a la idoneidad y legalidad de las propuestas.

En caso de que una de las partes fuera omisa, se estará a la propuesta de la otra, siempre que ésta reciba opinión favorable de la Secretaría.

En caso de que ambas partes sean omisas, o las propuestas no cuenten con la opinión favorable de la Secretaría, se estará a lo que disponga dicha dependencia. Para este efecto, se le requerirá para que formule una propuesta oficial en el término de ocho días.

Los gastos en los que incurra la Secretaría podrán hacerse con cargo al fondo previsto en el artículo 45 de esta Ley. En estos casos, la administración pública federal estará obligada a demandar al responsable la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados a dicho Fondo.

Si existiesen diversas alternativas que pudieran generar los mismos resultados positivos de reparación o compensación, se optará por la menos onerosa para el responsable.

Artículo 41.- El plazo para el cumplimiento de las obligaciones materia de la presente Ley, será fijado por el Juez tomando en consideración:

I. La naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ocasionado al ambiente y en su caso, cumplir con la compensación ambiental;

II. Lo propuesto por las partes, y

III. La opinión o propuesta de la Secretaría.

Artículo 42.- La Procuraduría auxiliará a la autoridad judicial en la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del responsable.

Dicha dependencia informará bimestralmente al Juez sobre los avances en el cumplimiento de las sentencias. Las partes podrán manifestar lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento o deficiente ejecución de dicha resolución.

Artículo 43.- Para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, las personas que tengan legitimación activa, deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y deberá salvaguardar la representación adecuada, de conformidad con lo previsto en dicho ordenamiento.

Artículo 44.- Las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental serán públicos.

SECCION 5

Del Fondo

Artículo 45.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental tendrá como objeto el pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la administración pública federal, además del pago de los estudios e investigaciones que el juez requiera realizar a la Secretaría o la Procuraduría durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.

La información relativa a la operación del Fondo será pública en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 46.- El Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la Secretaría, y su patrimonio se integrará con:

I. La sanción económica referida en la fracción XI del artículo 2o. de la presente Ley, y

II. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

La Secretaría expedirá las bases y reglas de operación del fondo, en la que tendrán participación la Procuraduría, las instituciones académicas y las organizaciones sociales.

El patrimonio del Fondo se destinará exclusivamente a la reparación de los daños al ambiente a los que hace referencia el artículo 18 de esta Ley, así como aquellos identificados en sitios prioritarios de conformidad con las bases y reglas de operación que expida la Secretaría.

El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO UNICO

Mecanismos alternativos de solución de controversias

Artículo 47.- Toda persona tiene el derecho de resolver las controversias de carácter jurídico y social que se ocasionen por la producción de daños al ambiente, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas.

Las personas ambientalmente responsables y los legitimados para accionar judicialmente en términos del Título Primero de esta Ley, podrán resolver los términos del conflicto producido por el daño ocasionado al ambiente, mediante los mecanismos alternativos de mediación, conciliación y los demás que sean adecuados para la solución pacífica de la controversia, de conformidad a lo previsto por esta Ley, o las disposiciones reglamentarias del párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo no previsto por el presente Título se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravenga lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 48.- Podrán ser materia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, todas o algunas de las diferencias que se susciten entre las personas e instituciones previstas en el artículo anterior, en relación con los hechos relativos al daño ocasionado al ambiente, la tutela del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, las obligaciones de reparación y compensación ambiental, así como la acción, pretensiones y desistimiento materia del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan las Leyes ambientales, las disposiciones de orden público y los tratados internacionales de los que México sea Parte.

Artículo 49.- Si durante el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto por el Título Primero de esta Ley, y antes de que se dicte sentencia definitiva, se lograse un acuerdo entre las partes, en términos de lo previsto por los Mecanismos Alternativos referidos en este Capítulo; conforme a los acuerdos e instrumentos de justicia restaurativa o alguna otra forma anticipada de terminación del proceso penal previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales; o bien mediante el convenio de reparación previsto por el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el Juez que conozca del procedimiento reconocerá dicho acuerdo sobre la reparación de los daños y dictará sentencia.

El juez dará vista a la Secretaría para que en un plazo de ocho días hábiles, se manifieste sobre los términos del acuerdo, cuidando su idoneidad y el cumplimiento de las disposiciones previstas por esta Ley, las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte.

En caso de que el acuerdo sea incorporado a la sentencia, no se condenará al responsable al pago de la Sanción Económica prevista en el Título Primero de la presente Ley.

Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos el incumplimiento del requerimiento en el plazo determinado por el juez en el presente artículo.

Cuando del acuerdo se desprenda que su cumplimiento puede afectar los bienes de un tercero, el juez recabará su conformidad. Si no se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para que modifiquen los términos de su acuerdo.

Artículo 50.- En caso de que resulte procedente en términos del artículo anterior, un acuerdo sobre la reparación o compensación voluntaria del daño ocasionado al ambiente el juez informará a la Procuraduría para que considere dicho acuerdo, el que se entenderá como cumplimiento de medidas correctivas y de urgente aplicación, siendo procedente la aplicación de los beneficios administrativos de revocación o disminución de las sanciones previstas en el artículo 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que se refieran a conductas constitutivas de delitos contra el ambiente, respecto de las que no proceda el perdón o el desinterés jurídico de la víctima o de la procuraduría, se regularán en términos del Título Tercero de esta Ley y el Código Federal de Procedimientos Penales.

El fin de estos mecanismos será lograr la justicia restaurativa, mediante la participación de la víctima u ofendido y el imputado, para buscar la solución a las controversias derivadas del hecho calificado como delito.

TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO

Responsabilidad penal en materia ambiental

Artículo 52.- Las disposiciones del presente Título serán aplicables a los conflictos penales y los procedimientos derivados de la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, de conformidad a lo previsto por el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

La reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, que proceda en términos del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, se llevarán a cabo con arreglo a lo previsto por el artículo 3o. de esta Ley y las disposiciones del presente Título.

El Ministerio Público está obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente.

Artículo 53.- El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión desarrollarán políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones administrativas que los ocasionan; así como para la reinserción social de los individuos penal y ambientalmente responsables que induzcan al respeto de las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte. Para tal efecto la procuraduría y la Procuraduría General de la República expedirán y harán público el programa respectivo.

Estas políticas serán acordes con la formulación y conducción de la política ambiental y se llevarán a cabo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 54.- Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra el ambiente podrá denunciarlo directamente ante el Ministerio Público.

En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría o la Procuraduría tengan conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos contra el ambiente, formularán denuncia inmediata ante el Ministerio Público.

La procuraduría presentará las querellas y otorgará el perdón en los casos de delitos contra la gestión ambiental, atendiendo a lo dispuesto por los principios de política criminal ambiental a que se refiere el artículo anterior, así como a lo dispuesto por el Título Segundo de esta Ley.

Todo servidor público está obligado a notificar de manera inmediata al Ministerio Público, la probable existencia de un hecho que la Ley considere como delito contra el ambiente, así como la identidad de quien posiblemente lo haya cometido o haya participado en su comisión, transmitiendo todos los datos que tuviere al respecto poniendo a disposición a los inculpados si hubieren sido detenidos.

Artículo 55.- Para efectos de lograr la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente la Procuraduría será coadyuvante del Ministerio Público, en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido por sí mismo o a través de su representante legal.

La Secretaría y la Procuraduría proporcionarán los dictámenes técnicos o pericia les que le requiera el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de los procedimientos penales que se inicien por la comisión de delitos contra el ambiente o la gestión ambiental.

Artículo 56.- Atento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerará víctima de los delitos contra el ambiente a toda persona habitante de la comunidad posiblemente afectada por el ilícito cuando se constituya como denunciante ante el Ministerio Público.

Artículo Segundo. Sé reforman el párrafo segundo del artículo 168 y el artículo 169; y se adicionan tres párrafos al artículo 168 y un párrafo último al artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO

Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

ARTICULO 168.- ...

Durante el procedimiento, y antes de que se dicte resolución administrativa, el interesado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a petición del primero, podrán convenir la realización de acciones para la reparación y compensación de los daños que se hayan ocasionado al ambiente.

En los convenios administrativos referidos en el párrafo anterior, podrán intervenir quienes sean parte en el procedimiento judicial previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, siempre que se trate de la misma infracción, hechos y daños.

En la formulación y ejecución de los convenios se observará lo dispuesto por el Artículo 169 de esta Ley, así como lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en ellos podrá también acordarse la realización del examen metodológico de las operaciones del interesado a las que hace referencia el Artículo 38 Bis, así como la atenuación y conmutación de las multas que resulten procedentes. En todo caso, deberá garantizarse el cumplimiento de las obligaciones del infractor, en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación.

La celebración del convenio suspenderá el procedimiento administrativo y el término para la caducidad, a partir de la presentación de la solicitud a la autoridad, y hasta por un plazo de cuarenta y cinco días hábiles.

ARTICULO 169.- La resolución del procedimiento administrativo contendrá:

I. Las sanciones a que se haya hecho acreedor el responsable;

II. Las medidas que el responsable deba llevar a cabo para corregir las deficiencias, violaciones o irregularidades observadas;

III. El reconocimiento de los términos y obligaciones derivados del convenio previsto en el Artículo anterior, y las medidas que el responsable deba llevar a cabo para su cumplimiento. En este supuesto, la resolución del procedimiento será pública, y

IV. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del infractor que se deriven de la resolución.

El infractor deberá informar a la autoridad ordenadora, por escrito, en forma detallada y dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo correspondiente, sobre el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente artículo.

La procuraduría podrá realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones del infractor. Cuando del acta que se levante al efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá imponerse además de las sanciones previstas en el artículo 171 de esta Ley, una multa adicional que no exceda el monto previsto en dicho precepto.

En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, subsane las irregularidades detectadas, o cumpla con las obligaciones derivadas del convenio previsto en el artículo 168, en los plazos ordenados o acordados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, ésta podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas.

En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos.

ARTICULO 176....

...

La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán controvertirse en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa. Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

ARTICULO TERCERO.- Se reforman los artículos 106, párrafo primero; 107, párrafo primero; se deroga el último párrafo del artículo 107, y se derogan los artículos 108 y 109 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Artículo 106. Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a la vida silvestre o a su hábitat, está obligada a repararlo o compensarlo de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

...

Artículo 107. Cualquier persona podrá denunciar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los daños ocasionados a la vida silvestre o a su hábitat de los que tenga conocimiento.

...

...

Artículo 108. (Se deroga).

Artículo 109. (Se deroga).

ARTICULO CUARTO.- Se reforman los artículos 17 y 77, se adiciona un párrafo al artículo 68, todos ellos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION
Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Artículo 17.- Los residuos de la industria minera-metalúrgica provenientes del minado y tratamiento de minerales tales como jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados, así como los metalúrgicos provenientes de los procesos de fundición, refinación y transformación de metales, que se definirán en forma genérica en el reglamento según lo estipulado en el artículo 7 fracción III de esta Ley, son de regulación y competencia federal. Podrán disponerse finalmente en el sitio de su generación; su peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, y estarán sujetos a los planes de manejo previstos en esta Ley. Se exceptúan de esta clasificación los referidos en el Artículo 19 fracción I de este ordenamiento.

Artículo 68. ...

Toda persona física o moral que, directa o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un daño o afectación al ambiente como resultado de la generación, manejo o liberación, descarga, infiltración o incorporación de materiales o residuos peligrosos al ambiente, será responsable y estará obligada a su reparación y, en su caso, a la compensación correspondiente, de conformidad a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo 77. Las acciones en materia de remediación de sitios, y de reparación y compensación de daños ocasionados al ambiente, previstas en este capítulo, se llevarán a cabo de conformidad con lo que señale el Reglamento, y a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTICULO QUINTO.- Se reforma el párrafo tercero y se deroga el párrafo cuarto del Artículo 136, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Artículo 136. ...

...

Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará obligada a repararlo o compensarlo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTICULO SEXTO.- Se reforman la fracción III y IV del artículo 14 BIS 4; el artículo 96 BIS y el artículo 96 BIS 1, de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

LEY DE AGUAS NACIONALES

Artículo 14 BIS 4. Para los fines de esta ley y sus reglamentos, son atribuciones de “la Procuraduría”:

I. a II. ...

III. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de esta Ley y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

IV. Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables;

V. ...

VI. ...

Artículo 96 BIS. “La Autoridad del Agua” intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley, de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

Artículo 96 BIS 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño.

...

ARTICULO SEPTIMO.- Se reforman el primer párrafo, la fracción I y el párrafo quinto del artículo 421; y se adiciona un párrafo sexto al artículo 421, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue:

CODIGO PENAL FEDERAL

CAPITULO V

Disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente

Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, se impondrán las siguientes penas y medidas de seguridad:

I. La reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

II. a V. ...

...

...

...

Los parámetros mínimos y máximos de las penas de prisión a que se refiere el presente Título se disminuirán a la mitad, cuando el imputado o procesado repare o compense voluntariamente el daño al ambiente antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o sentencia judicial. Dicha disminución procederá también, cuando se realice o garantice la reparación o compensación del daño en términos de lo dispuesto por el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Se consideraran víctimas con derecho a solicitar la reparación o compensación del daño ambiental y coadyuvar en el proceso penal, a las personas legitimadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTICULO OCTAVO.- Se adiciona un artículo 77 BIS de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

Artículo 77 BIS. Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los ecosistemas marinos o sus componentes estará obligada a la reparación de los daños, o bien, a la compensación ambiental que proceda de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTICULO NOVENO.- Se adiciona un artículo 153 a la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

ARTICULO 153.- Quienes realicen el uso o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, sin contar con concesión permiso o autorización de la autoridad competente, ocasionando directa o indirectamente un daño a los ecosistemas o sus componentes, estarán obligados a la reparación de los daños al ambiente, o bien, a la compensación ambiental que proceda de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- Los Juzgados de distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. El Personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de abril de 2013.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto de Decreto. Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Puente Salas, para hablar en lo general.

Bueno, en lo general no hay quienes hagan uso de la palabra. Pasaremos al registro de las reservas que se deseen hacer. Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) En nombre de las presidencias de las comisiones unidas, una reserva al artículo 19, fracción II.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Si es a nombre de las comisiones, se le concede el uso de la palabra para que en este momento se presente dicha reserva.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, esta Ley de Responsabilidad Ambiental regula la responsabilidad de particulares, incluso del sector público por daños ocasionados al ambiente y establece con toda claridad, causa de utilidad pública en la reparación del daño ocasionado al ambiente y la compensación ambiental.

Al mismo tiempo, esta ley establece el procedimiento de responsabilidad que, este procedimiento de responsabilidad, es de orden público e interés social.

Además, la ley define cuáles son los daños ocasionados al ambiente y establece la responsabilidad de las personas físicas y morales respecto a los daños que se cuestionen a los recursos naturales.

Y de manera particular, impulse y privilegie la solución de los conflictos producidos por el daño ambiental, estableciendo mecanismos de justicia alternativa en donde se señalan beneficios de reducción de las multas administrativas que establezca la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las penas judiciales de prisión, desactivando también la sanción económica y judicial.

Siendo este el objetivo fundamental de la ley, y definiendo claramente las sanciones, hay una omisión en la fracción II del artículo 19.

El artículo 19 establece que la sanción económica prevista en la presente ley, será accesoria a reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente, y consistirá en el pago por un monto equivalente de: En el caso de la fracción I, establece el monto de la sanción para las personas físicas.

Y en el caso de la fracción II, establece que esta sanción será de mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, y ahí se omitió, esto lo hemos discutido ya con la Colegisladora en la Cámara de Diputados, la frase: “...cuando la responsable sea una persona moral...”.

Yo creo que esto ayuda a dar certeza jurídica, claridad y diferenciar lo que son las responsabilidades de las personas físicas, de las personas morales, y con el acuerdo, con la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Ninfa Salinas, con el Secretario de la misma, Raúl Aarón Pozos y un servidor, queremos que esto se introduzca aunque se regrese de nueva cuenta a la Cámara de Diputados, donde están de acuerdo en aceptar esta modificación.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Encinas Rodríguez. En virtud de que esta propuesta proviene de las comisiones dictaminadoras, pido a la Secretaria que dé lectura a la propuesta y consulte si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: "Artículo 19, fracción II. De mil a seiscientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral."

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No habiendo oradores sobre esta propuesta que ha sido aceptada por el Pleno, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Pregunto a la Asamblea si hay más artículos reservados. No habiendo artículos reservados, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación que ha sido aceptada ya por el Pleno al artículo 19, propuesta a nombre de las comisiones por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se obtuvieron 86 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Reanudamos la discusión en lo particular del dictamen de reformas al COFIPE. Informo a la Asamblea que las comisiones han entregado una propuesta consensuada de modificaciones que suscriben los Senadores Maki Ortiz Domínguez y Fernando Mayans.

Solicito a la Secretaría que dé lectura a las propuestas entregadas a esta Mesa Directiva, y de inmediato consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las mismas.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a las propuestas de modificación.

"Artículo 180, numeral 3. En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. El Instituto deberá preguntar al ciudadano, si es o no donador de órganos y si desea incluir su grupo sanguíneo, debidamente acreditado mediante un examen de laboratorio vigente.

Artículo 200.

j) El grupo sanguíneo, cuando lo solicite el ciudadano.

k) La manifestación de ser donador de órganos.

Artículo Segundo Transitorio. El Instituto Federal Electoral, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá modificar el sistema de información y datos del Registro Federal de Electores, así como los formatos de la credencial para votar, para que en la emisión de nuevas credenciales se asiente el tipo de sangre, siempre y cuando haya sido debidamente acreditado mediante un examen de laboratorio vigente, así como la calidad de donador o no donador de órganos, durante el proceso de registro, de acuerdo con los plazos y requisitos que la ley y los reglamentos respectivos establecen."

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación en relación al tema que aquí se ha dado lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión las propuestas presentadas por los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez y Fernando Mayans. No habiendo oradores en este asunto, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 180, 200 y segundo transitorio con las propuestas aceptadas por este Pleno.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Recibimos en la Mesa Directiva cinco dictámenes de la Comisión de Educación, sobre los requisitos de elegibilidad de los candidatos propuestos para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación, conforme al Acuerdo aprobado en esta Asamblea en relación con el procedimiento para la designación de integrantes de dicho instituto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que dichos dictámenes se incorporen a la agenda de este día para el trámite correspondiente.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a los asuntos de hoy los dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los dictámenes.






ELECCION DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al segundo dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al tercer dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al cuarto dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al quinto dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes antes referidos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los cinco dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos.

En sesión posterior, esta Asamblea determinará quiénes integrarán la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva acordó dar entrada y turno a comisiones a diversas iniciativas de reforma constitucional y de diversas disposiciones legales. Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos de Decreto que estamos recibiendo con la indicación del turno que ya acordó previamente esta Mesa Directiva.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Informo a la Asamblea de las iniciativas que se turnarán.

De la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. constitucional, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI )



De la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona un artículo 36 Bis al Código Civil Federal y un párrafo al Apartado A del artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN ARTICULO 36 BIS AL CODIGO CIVIL FEDERAL Y UN PARRAFO AL APARTADO A DEL ARTICULO 22 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI )



De los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Víctor Manuel Camacho Solís y Pablo Escudero Morales, con proyecto de Decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 constitucional, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los CC. Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Víctor Manuel Camacho Solís y Pablo Escudero Morales)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.

Pasamos al siguiente asunto.

Compañeras y compañeros, les informo a ustedes que por acuerdo de la Mesa Directiva, las demás iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy, se turnarán directamente a las comisiones correspondientes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN INCISOG), RECORRIENDOSE EL ACTUAL EN SU ORDEN, A LA FRACCION II DEL ARTICULO 3 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.
H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un inciso g), recorriéndose la actual en su orden, a la fracción II del artículo 3 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por energía renovable, se entiende a la que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías renovables se enumeran la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, maremotriz, solar, undimotriz, la biomasa y los biocombustibles.

Un concepto similar, pero no idéntico es del de las energías alternativas, o más precisamente una fuente de energía alternativa, que se supone es aquella que puede suplir a las energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o fundamentalmente por su posibilidad de renovación. Según esta acepción, algunos autores incluyen la energía nuclear dentro de las energías alternativas, ya que generan muy pocos gases de efecto invernadero. De hecho, esta energía nuclear se excluye de la lista de energías renovables contenida en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

No obstante, considero que la lista de energías renovables (para generar electricidad) de la referida legislación no son las únicas, por lo siguiente:

En física, la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento.

Que las bicicletas son capaces de generar energía cinética no es ninguna novedad. Sin embargo, que ésta sea capaz de ser retenida para ser transformada en energía eléctrica, ser acumulada y utilizada como tal por cualquier aparato reflector de dicha energía, es sin duda, una alternativa de fuente renovable y limpia de tecnología. Se trata de un sistema de generación de electricidad baratísimo y, por tanto, asequiblepues el funcionamiento es sencillo: tan sólo hay que pedalear.

El funcionamiento de estos aparatos es muy simple, aprovechan la energía cinética al combinar una bicicleta con un generador adaptado que acumula la energía producida. Lo más interesante, la energía eléctrica almacenada en el acumulador puede ser a su vez transportada y depositada en una especie de acumulador diverso que a su vez resulte ser la fuente suministradora de energía eléctrica de determinado circuito; entendiendo por éste, como ejemplo, el accionamiento de electrodomésticos, la iluminación artificial de una vivienda, de una plaza, o bien, cargadores de computadoras, teléfonos y otros dispositivos móviles.

Tal será el auge de la energía cinética para la producción de energía eléctrica, que la reconocida empresa IBM, la nombró recientemente como una de las cinco innovaciones que piensa que va a tener el mayor impacto en la sociedad durante los próximos cinco años.

La cantidad de energía a generar mediante la cinética no es despreciable, el pedaleo genera energía de 12 voltios, pero con un transformador se puede pasar a 220 voltios.

Así, el uso de la bicicleta puede ser concebido, además de un medio de transporte, como una fuente RENOVABLE o tecnología LIMPIA de energía eléctrica.

Cabe destacar, que tan la participación de energías renovables está en ascenso, que en el último documento de ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGÍA, se señaló una estimación de que el porcentaje de generación de estas tecnologías a nivel mundial, pasaría de 3% en 2009, a 15% en 2035; y que en tal sentido, el contexto mexicano replica al mundial, pues se están realizando importantes cambios regulatorios que fomentan el uso de fuentes renovables de generación, dándole prioridad a las energías eólica y solar. En ese tenor, en dicho documento se incluyó como meta puntual incrementar a 35 por ciento la participación de las fuentes no fósiles en la generación de electricidad.

En concordancia, la ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGIA 2013-2027, contempla como una meta legal, el incrementar el porcentaje de energías no fósiles en el portafolio de fuentes primarias de energía para la generación de electricidad en por lo menos 35% al 2024.

En el referido documento, también se señala como prioritario el establecer medidas para acelerar la transición energética hacia fuentes no fósiles, particularmente renovables, aumenta la seguridad energética, permite aprovechar otros recursos naturales abundantes en el país, prepara al país ante un escenario de regulación climática internacional y contribuye a la generación de empleo.

No obstante, entre las fuentes a que hizo referencia la invocada estrategia, se encuentran las enumeradas en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a saber: Hidroeléctrica, Solar, Eólica, Geotérmica, Bioenergía, Nucleoeléctrica. Más no se contempló la energía cinética como fuente de electricidad, tal vez, en concordancia a que tampoco se contempla en la legislación invocada.

Empero, por las razones expuestas, la energía cinética, ya por el pedaleo ciclista u otra fuente, definitivamente puede constituir una fuente importante y renovable de generación de electricidad; la que incluso, cuenta con considerables avances por innovadores interesados en su desarrollo.

Por ello, la propuesta es incorporar al catálogo de energías limpias, renovables y no fósiles, contenido en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la relativa a la energía cinética.

La consolidación de la propuesta, además de traer consigo el reconocimiento como tal en la Ley de la materia, generaría, de manera enunciativa, mas no limitativa, que a los innovadores detecnología y producción de electricidad a base de tal modalidad, fuesen susceptibles de reconocerles el carácter de GENERADOR, al tenor de lo dispuesto por la fracción V del artículo 3 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Además, sus proyectos serían susceptibles de análisis de viabilidad para ser FINANCIADOS por el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, siempre y cuando se acredite que sus proyectos cumplen con el objeto de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; de conformidad al artículo 22 y 27 de la invocada Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Como consecuencia, susceptible de incluirse en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, con las vicisitudes de observancia obligatoria para las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, además de ser difundido al público.

Razones por las que considero como un asunto predominante, el incluir la energía producto de la cinética, en el catálogo de reconocimiento deenergías renovables de la multicitada Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Así, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Asamblea, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN INCISO G) A LA FRACCION II DEL ARTICULO 3 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un inciso g), recorriéndose la actual en su orden, a la fracción II del artículo 3 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I.(….)

II. Energías renovables.- Aquellas reguladas por esta Ley, cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que se enumeran a continuación:

a) al e)(….)

f) Los bioenergéticos, que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos;

g) La cinética; y

h) Aquellas otras que, en su caso, determine la Secretaría, cuya fuente cumpla con el primer párrafo de esta fracción;

III. a la IX.(….)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“H. ASAMBLEA:

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de no discriminación, derechos políticos e igualdad, paridad y alternancia de género, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La igualdad de género es un principio elemental de toda sociedad democrática. Para hacerla efectiva, se necesita de la participación de hombres y mujeres en la vida pública del país. De ahí la importancia de un equilibrio en la representación política, a través del perfeccionamiento de acciones afirmativas como cuotas de género en la determinación de candidaturas a cargos de elección popular con la finalidad de hacer efectivo el derecho fundamental a ser votadas en condiciones de igualdad.

Las cuotas de género y los principios de igualdad y alternancia aplicables para candidaturas, deben ser considerados para el perfeccionamiento de las disposiciones institucionales del sistema electoral en su conjunto. En tal virtud, se deben aplicar en la integración de órganos de dirección partidista, de autoridades electorales, pues como instituciones democráticas deben garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a la vida pública.

En el mismo sentido, para dotar al Estado Mexicano de una adecuada tutela de los derechos político-electorales de la mujer, es imprescindible dotar al sistema de medios de impugnación de herramientas jurisdiccionales que permitan hacer realidad el principio constitucional de no discriminación por cuestiones de género.

Si bien, en las últimas décadas se han dado avances significativos para ofrecer mejores condiciones de participación y desarrollo para las mujeres, lo cierto es que en México subsisten “estereotipos de género” que, de manera general encasillan a las mujeres a actividades distintas a la toma de decisiones.1

En el ámbito político encontramos que la intervención de las mujeres se ha caracterizado, por una ausencia en los espacios de decisión, debido en buena medida a la tardía inclusión y reconocimiento de sus derechos ciudadanos. En tal virtud, su presencia en los Congresos federal y locales, en la administración pública, así como al interior de los partidos políticos es reciente y desigual en comparación con la de los varones.

Lo anterior contrasta con nuestra historia. Antes del reconocimiento de sus derechos políticos la mujer ha estado presente en la lucha por la defensa de diversas causas sociales. Baste mencionar que tanto en el movimiento de Independencia, como en el de la Revolución, notables mujeres participaron hombro a hombro con distinguidos hombres para formar la Nación Mexicana.

La inclusión de la participación política de las mujeres ha sido parte un proceso evolutivo. A principios del Siglo XX se presentaron diversos momentos a favor de sus derechos. El 17 de octubre de 1953, las mujeres en México obtuvieron en el orden nacional el reconocimiento legal de su derecho a votar y ser votadas, siete años después de que en 1947 lo alcanzaran a nivel municipal.

No obstante que las mujeres han asumido su carácter ciudadano de manera responsable, inteligente y participativas, a 60 años del sufragio femenino, la igualdad de género no se consolidado. Es preciso reconocer que, en nuestro país, sigue existiendo un déficit de representación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política.

En pleno Siglo XXI, la consolidación de la perspectiva de género constituye una asignatura pendiente, las mujeres son notablemente discriminadas y la igualdad en el ámbito político electoral y administrativo del Estado constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre hombres y mujeres.

De ahí que resulte indispensable garantizar la eficacia de la igualdad sustantiva para acceder a los cargos públicos, como parte del proceso evolutivo y del reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos político-electorales fundamentales en las mismas condiciones que el varón.

La consolidación de la igualdad sustantiva debe establecerse en los distintos ámbitosde reconocimiento de los al derechos al sufragio activo y pasivo. En efecto, uno de los principales ejes de la participación política de las mujeres es su acceso a cargos de elección popular. Su presencia en los congresos federal, local y ayuntamientos ejerce un efecto multiplicador, pueslas mujeres en la vida pública se vuelven referentes para que otras más decidan participar. En tal sentido, el marco jurídico debe garantizar su pleno acceso a esos y otros espacios de decisión pública, como las dirigencias partidistas y los órganos electorales en condiciones igualitarias.

Finalmente, la consolidación de la perspectiva de género pasa también por el diseño de mecanismos jurisdiccionales que potencien un auténtico ejercicio de los derechos político–electorales de las mujeres y de los mecanismos institucionales que los garanticen cuando éstos se vean vulnerados. El Estado deben fortalecer los instrumentos para resarcir las afectaciones o discriminaciones a los derechos fundamentales de las mujeres.

a) Perspectiva Internacional de la igualdad de género

El último siglo fue testigo de una rápida expansión, generación tras generación, del papel de la mujer y de sus capacidades prácticamente en todo el mundo. En especial, en las naciones industrializadas de Occidente, las mujeres se abrieron paso en profesiones anteriormente reservadas a los hombres y se distinguieron en la ciencia, la medicina, la abogacía y el periodismo, entre muchas otras ocupaciones.

En el orden internacional el avance comenzó formalmente con el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Algunos de los principales instrumentos que han servido para su empoderamiento son los siguientes:

• Declaración Internacional de Derechos Humanos,

• Carta Democrática Interamericana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

• Convención Americana de Derechos Humanos,

• Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer,

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de las Naciones Unidas,

• Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y

• Declaración y Programa de Acción de Viena y Declaración y Plataforma de Beijing.

Dentro de los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ocupa un importante lugar por incorporar a las mujeres a la esfera de los derechos humanos en diversos ámbitos. Define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla, establece no sólo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino también un programa de acción para los Estados que la integran, a fin de garantizar el goce de sus derechos.

Se reconoce que las mujeres son discriminaciones, a pesar de los avance en la materia, lo cual viola el respeto a la dignidad humana, por lo que dicho instrumento prohíbe "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo (...) en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera".2y pide a los Estados parte tomar "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre".3

Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer se ha priorizado en el interés por los derechos fundamentales, en especial, los derechos políticos. Es decir, es internacionalmente aceptada la obligación de garantizar a la mujer el derecho al voto, a ocupar cargos públicos y a ejercer funciones públicas. También se estipula la igualdad de derechos de la mujer para garantizarle la oportunidad de representar a su país en el plano internacional.4

Otro de los aspectos más importantes es que se tutela la condición jurídica y social de la mujer y el hecho de que la condición jurídica sea fijada en función de su reconocimiento como persona por derecho propio que con frecuencia se ha vinculado al matrimonio, lo que hace que su nacionalidad dependa de la de su esposo, por ejemplo.

Uno de los principales avances se encontró en la primera Cumbre Europea, “Mujeres en el Poder”, en la que se adoptó la Declaración de Atenas (1992), en la se acuño el término de democracia paritaria. Señaló a la paridad como la total integración de las mujeres y los hombres en igualdad sustantiva, en las sociedades democráticas.

En dicho evento se hizo un llamado a todos los organismos internacionales a que adoptaran medidas que aseguraran la plena participación de las mujeres, y que integraran de forma total la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en sus políticas nacionales. Se reconoció claramente que la situación de las mujeres en el ámbito de política se caracteriza por una desigualdad profunda en todas las instancias y organismos de decisión.

Además de lo anterior se afirmó que el acceso de las mujeres a los derechos políticos formales−el derecho a votar y a ser electas− no ha conducido en la práctica a la igualdad sustantiva por lo que se afirma la necesidad de lograr un reparto equilibrado del poder entre mujeres y hombres.

En dicha Declaración se reconoce a la paridad como un principio y a la vez como una estrategia para afianzar la democracia, bajo las siguientes consideraciones:5

a. La igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano.

b. Las mujeres representan más de la mitad de la población. La democracia exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones.

c. Las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias y de las capacidades potenciales de la humanidad y su infra-representación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad.

d. Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes, que vayan en la dirección de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres.

El principal aporte de la Declaración de Atenas es poner en la esfera internacional los derechos ciudadanos bajo el modelo un paritario entre hombres y mujereslo que implica un reconocimiento formal de igualdad entre todas las ciudadanas y ciudadanos. Se pretende con ello superar la desigualdad estructural, cultural e histórica que subyace actualmente y que ha limitado a las mujeres a ejercer sus derechos.

Vale la pena destacar que hoy en día, se cuenta con 16 mujeres Jefas de Estado o de Gobierno en el mundo, apenas el 9% de los países y el 20.4% de los congresistas en el mundo son mujeres. Si bien los números todavía son exiguos, conviene precisar que existe una tendencia positiva, sobre todo en el caso de los poderes legislativos. Nunca antes, tantos congresos habían superado el 30% de sus integrantes mujeres.

Entre los avances más importantes, va le la pena destacar, el caso de Rwanda que, al implantar cuotas de género en su legislación, se logró la representación de mujeres más alta en el mundo el 51%. Las congresistas propusieron medidas contra la violencia familiar y designaron más mujeres en otros órganos del Estado. Su Suprema Corte hoy tiene mayoría de mujeres.

La conquista del voto, es tan solo uno de los logros de las mujeres a nivelinternacional. Conviene mencionar que las mujeres conquistaron el derecho al sufragio, primero en Nueva Zelandia en 1893; después en Australia en 1894, en Noruega en 1907 y en Rusia en 1917. Otro ejemplo de ello son las mujeres inglesas mayores de 30 años que obtuvieron el derecho a sufragar en 1918 y que lograron disminuir la edad a los 21 años en 1929.

En Francia llegó relativamente tarde esa conquista, se garantizó el voto de la mujer en 1944. En Suiza las mujeres ganaron el derecho al sufragio hasta 1971 y en Kuwait apenas en 2005.

En América del Norte, las mujeres estadounidenses lograron ese derecho en 1918, aunque en algunas entidades federativas se aprobó antes el voto femenino. En Latinoamérica el desarrollo de este derecho surgió más tarde. Honduras, Nicaragua, Perú y Colombia, al igual que México, reconocieron el derecho al sufragio en la década de los cincuenta.

El Estado constitucional busca garantizar adecuadamente el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y la igualdad entre los hombres y las mujeres.Lograr la paridad en la representación, es otro de los retos importantes, así como garantizar la igualdad sustantiva para la mujer, tanto en los órganos de gobierno, representación política y organismos autónomos constitucionales.

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012 del Banco Mundial, explica que cuando las naciones inhiben el potencial laboral de las mujeres, se ocasionan pérdidas económicas. Se estima, por ejemplo, que cuando los mercados de trabajo tienen un acceso igualitario, la productividad aumenta hasta 25%. En el campo, igualar entre hombres y mujeres el acceso a tierras, capitales y maquinaria (recursos productivos) podría incrementar la producción agrícola mundial entre 2.5% y 4%.

En el estudio sobre el índice de disparidad entre géneros a nivel internacional, realizado por el Foro Económico Mundial de 2009, México se ubicaba en el lugar 99, perdiendo dos posiciones con respecto al lugar (97) que ocupó un año antes. Cabe mencionar que nuestro país está situado por debajo de países asiáticos y africanos como Kenia, Mauricio, Zimbawe, Brunei y algunos países latinoamericanos como Bolivia, Brasil, Venezuela, Paraguay, Chile, Honduras, entre otros.

b) México

La lucha de las mujeres por la igualdad y la no discriminación, se materializó parcialmente con la conquista de sus derechos políticos. Esos derechos forman ya, parte del catálogo de derechos humanos. Es decir, son un conjunto de prerrogativas y libertades inherentes a la persona.

En la historia reciente del siglo XIX, los cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, igualdad de género y prohibición de la discriminación, han pasado por diversas generaciones de estudiosos, juristas, organizaciones sociales, legisladoras y legisladores desde la Constitución de 1917, en la que han estado presentes la mujeres, por ejemplo

• El artículo 4º en su primer reforma publicada en fecha 31 de diciembre de 1974, establece por primera vez que: el varón y la mujer son iguales ante la ley, la cual protegerá la organización y el desarrollo de la familia y que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamientos de sus hijos.

• A partir del 14 de agosto de 2001, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el artículo primero, dispone por primera vez: la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras cosas por el género. Al respecto, tuvieron que transcurrir ochenta y cuatro años para que se estableciera en el marco jurídico constitucional un concepto fundamental de los derechos de la personas.

• En la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, se prohíbe toda discriminación y se amplíala universo de sectores o gruposcito:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”6

Respecto a la reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de Junio de 2011 en materia de derechos humanos, es importante destacar que es una de las más importantes en el constitucionalismo mexicano desde 1917. Los cambios al Titulo Primero, Capítulo Primero y otras disposiciones, son un avance significativo en el proceso evolutivo de esos derechos.

Los nuevos contenidos de la Constitución Política de México son fundamentales, quedaron plasmados en el proceso de revisión constitucional de los artículos 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. Particularmente en el artículo 1º se fortalece el contexto nacional de la igualdad de género y la no discriminación, por lo siguiente:

a) Se establece que la Constitución y la ley deben de regirse por el principio pro persona, es decir que la interpretación de estos derechos debe en todo momento de beneficiar a la persona humana.

b) Dispone que los tratados internacionales sean fuente directa de derechos en la Constitución.

c) Integra el concepto de derechos humanos y sus garantías en la Carta Magna, así mismo reconoce plenamente la universalidad, progresividad e indivisibilidad de estos derechos.

d) Otorga supremacía a los derechos humanos en el máximo ordenamiento jurídico mexicano

No obstante la lentitud de los avances en México, sobre los derechos de las personas en un contexto de igualdad de género, su promoción y fortalecimiento, tienen reconocimiento por instituciones del sistema universal de los derechos humanos, incluso han sido tema para el acuerdo e implementación de programas conjuntos con organismos de la Organización de las Naciones Unidas.

 
Vale la pena destacar, el reconocimiento que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PENUD), sobre Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de la Legislación Nacional sobre Igualdad de Género y No Violencia contra las Mujeres en México, en el que se establece

“México ha avanzado en términos de la condición social de las mujeres. Cuenta con un entramado institucional y programático para impulsar la igualdad de género. En el ámbito internacional ha suscrito y ratificado diferentes instrumentos internacionales, los cuales han sido complementados con normas jurídicas a nivel federal y estatal. […] Destacan entre ellas la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) en 2006 y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007 y las modificaciones al Artículo 1º Constitucional en donde se obliga a cumplir con los tratados internacionales firmados y ratificados por México en la materia”7

En el contexto internacional se deja un precedente importante en la lucha por el respeto y promoción de los derechos humanos de las personas. Se finca un nuevo momento y un reto en la armonización legislativa y la aplicación de los instrumentos que ha firmado y ratificado el Estado mexicano.

México ha suscrito instrumentos que le exigen incentivar la participación política de las mujeres. Por ejemplo, el artículo 7 de la CEDAW obliga a los Estados parte a tomar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a (…) participar en la formulación de políticas (…)”.8

En el documento: Mujeres, Participación Política del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que México en el periodo, de 1952 a 2011, ha tenido 921 diputadas federales propietarias, esto representa 13.3 por ciento de un total de 6 mil 947 curules.

El incremento más alto se refleja en las elecciones de 1994 y 2003, que coinciden con las reformas en materia de cuotas de género de 1993 y 2002, cuando el porcentaje de legisladoras aumentó 8 y 7 puntos porcentuales respectivamente, respecto de la legislatura anterior.

c) Razones para una reforma en 2013

No obstante, al proceso evolutivo de los derechos humanos de la mujer en el régimen político y democrático mexicano y a la lucha de diversos actores que han confluido en el desarrollo y perfeccionamiento de los ordenamientos, persisten normas y conductas institucionales que no permiten el desarrollo pleno de estos.

Se trata de actos y aplicación de disposiciones legales que no confluyen de manera sistemática con los contenidos y principios fundamentales y actos públicos que se desprenden de la norma por la falta de concordancia. Es por ello, necesario armonizar la legislación electoral en México, en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado el Estado mexicano.

La última aportación y tal vez, la más importante de los últimos tiempos, en materia de igualdad de género y derechos político-electorales de la mujer, radica en la Sentencia SUP-JDC-12624/2011 del 30 de noviembre de 2011, la cual garantizó el respeto y apego a la actual cuota de género prevista en la legislación9. Es éste factor el que explica que por fin se haya rebasado el umbral del 30%.

El éxito derivó de haber mejorado también el desempeño de la cuota de género en cuanto a las candidaturas de mayoría relativa. A fines del 2011, 10 ciudadanas controvirtieron los “criterios aplicables para el registro de candidaturas” emitido por el Instituto Federal Electoral.

Argumentaron que el IFE dio una definición de “proceso democrático” no prevista en el COFIPE (la cual restringe la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a cargos de elección popular) y que al precisarse que en la designación de candidatos a diputados o senadores, deberá procurarse que “la fórmula completa se integre por candidatos de un mismo género”, se limita la posibilidad de que las mujeres puedan ser consideradas como candidatas suplentes de hombres.

El Tribunal resolvió expulsar la definición de proceso democrático contenida en los lineamientos de un partido político nacional y requerir, en el caso de candidaturas de mayoría relativa, tener mínimo 120 candidaturas propietarias para cada sexo (40% de 300) y 26 candidatas propietarias a Senadoras (40% de 64). Además, en cuanto a las suplencias, se especificó que las candidaturas propietarias de mujeres debían recaer en otra mujer. En el caso de los propietarios hombres sus suplentes sí podrían ser mujeres.

Al juzgar así, con perspectiva de género, el Tribunal fue sensible a la problemática que afectó a las mujeres en 2009 y las hizo renunciar en favor de hombres, pero sin impedir que mujeres que inician sus carreras pudieran ser suplentes. Textualmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sentencia de mérito se resume de la siguiente manera:10

La Sala Superior modificó el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, toda vez que excedió su facultad reglamentaria al incluir una excepción a las cuotas de género al indicar los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2011-2012.

Esto al considerar que tenían razón las actoras al señalar que se distorsionó la interpretación a la excepción de la cuota de género restringiendo así la participación de las mujeres en candidaturas a cargos de elección popular. Pues el artículo 219 del Código Electoral Federal, establece que de la totalidad de solicitudes de registro de candidatos a diputados y senadores, que presenten los partidos políticos o las coaliciones, deben integrarse con al menos el 40% de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Además, cuando la autoridad administrativa electoral federal reglamente normas relativas a los derechos humanos, debe interpretarlas de conformidad con la constitución y los tratados humanos, favoreciendo en todo momento la protección de las personas en su sentido más amplio, pues es su obligación constitucional promover, proteger y garantizar esos derechos humanos

De ahí que se precisara que la cuota de género se enmarca dentro de los derechos humanos de no discriminación, así como de igualdad entre varones y mujeres ante la ley, previstos en los artículos 1º y 4º Constitucionales. Por lo que, se estableció que toda interpretación que realice el Consejo General al momento de emitir cualquier acto de su competencia, en el que se interprete el artículo 219 del código federal, debe hacerlo en el sentido que permita la maximización del derecho de las mujeres a participar en las contiendas internas del respectivo partido político para la selección de sus candidatos, en condiciones de equidad de género.

Posteriormente, el Tribunal recibió 136 asuntos en los cuales, ciudadanos que habían sido incluidos inicialmente en las listas, reclamaron su exclusión, y en otros tantos, el ser colocados en orden diverso dentro de las listas presentadas para registro. La decisión del Tribunal se mantuvo firme.

• En el caso del Senado, las mujeres estuvieron postuladas en 43% de las candidaturas de mayoría y 48% de las de representación proporcional. Hay 42 mujeres en el Senado (32.8%).

• En el caso de la Cámara de Diputados, las mujeres ocuparon el 47% de las candidaturas de mayoría y el 50% de las de representación proporcional. Hay 184 Diputadas (37%).

Ana Güezmes, Directora Regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, destacó que México se convirtió en el octavo país de América Latina y el Caribe en tener más de 30% de mujeres legisladoras, cuando el promedio mundial es del 19.5%. Resaltó, sin embargo, que el reto actual de México es “alcanzar la paridad”.11

El avance progresivo hacia la paridad de género ha sido muy importante en México, en el Estado de Sonora por ejemplo, se establece para la integración del órgano estatal local, en el que por mandato del último párrafo del artículo 22 de dicho ordenamiento fundamental, se dispone lo siguiente:

“En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de alternancia de género. Asimismo, en la integración del Tribunal Estatal Electoral será obligatorio conformarlo por ambos géneros.”12

Es importante destacar que un organismo electoral que promueve los principios y las libertades democráticas, es ejemplar que en su composición se establezca la paridad y alternancia de género como un principio de su integración. En virtud de ello, la constitución Política del Estado de Sonora, representa un avance muy significativo en el ámbito nacional que da muestra contundente de la posibilidad de que en el orden federal se acuñe el principio de paridad y alternancia de género en los organismos autónomos constitucionales y propios de la administración pública gubernamental.

En la materia de derechos políticos, la misma Constitución de Sonora, pone énfasis en el mismo tema, tanto para ser, votado como para ocupar puestos en el gobierno estatal y municipal se establece el tema de la equidad de género, con lo que se salvaguarda y hace explicito, en el texto constitucional, parte importante de los derechos políticos de la mujer, principalmente.

“ARTICULO 16.- Son derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense:

I.- Votar en las elecciones populares y en los procesos de participación ciudadana, en los términos que señalen las leyes respectivas.

II.- Poder ser votado para los cargos de elección popular en el Estado y los municipios y nombrado para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran previstas en esta Constitución.”13

La importancia de establecer, en el texto constitucional el principio la equidad de género, no solamente en el derecho a ser votado, sino también en los cargos públicos, permite fortalecer el principio de paridad y alternancia de género. Aunque es claro que no se hace explicito dicho concepto, prevalece el principio de máximo beneficio lo permite la progresividad de la igualdad de género como se establece en el propio texto constitucional de mérito.

La paridad y alternancia de género es un concepto relativamente nuevo, tiene sus antecedentes en el Siglo pasado en Europa principalmente, y se ha promovido en distintas instancias internacionales que luchan por la defensa de los derechos políticos de las mujeres.

“La demanda de paridad en los espacios de toma de decisión fue iniciada por las mujeres europeas en la década de 1980, en respuesta a la baja representación política de femenina en los parlamentos y en los altos cargos de poder de la administración pública. “

“El concepto de paridad fue propuesto por el Consejo de las Comunidades Europeas en 1989 y en noviembre de 1992, a petición de la Comisión de las Comunidades Europeas, tuvo lugar en Atenas la primera Cumbre Europea `Mujeres en el Poder´. En la reunión se congregó a ministras y ex ministras, que concluyeron que la democracia imponía la paridad en la representación y administración de las naciones.”14

Es también considerado como principio de participación política por género y uno de los países en América, que lo ha impulsado desde el siglo pasado e incluido en los nuevos textos electorales, a partir de 2009,es Costa Rica, quien define el concepto de paridad y alternancia de género con las categorías propias de su sistema electoral, de la manera siguiente:

“I. Principio de participación política por género

Es de la mayor importancia destacar que el nuevo Código, en el Capítulo Único del Título I, incluye el Principio de participación política por género, como criterio orientador e integrador de la nueva legislación electoral, al indicar su artículo 2, expresamente:

La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no discriminación.

La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.

Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre y hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.”15

La legislación de mérito deja claro, considerando las categorías propias del sistema electoral costarricense y las equivalencias funcionales propias del mismo, que la paridad se refiere al 50% de mujeres y 50% de mujeres en las listas de candidatos para contienda electoral. La alternancia por su parte, indica que en dichas listas de candidatos no se debe de repetir el mismo sexo, es decir que vallan intercaladas un hombre y una mujer sucesivamente con la finalidad concordar con la paridad mencionada.

La importancia de la nueva legislación,16 consiste en que el principio de paridad y alternancia de género se hace explícita de manera que cumpla con características descriptivas de la norma; no sólo se establece el principio, sino además se explica en que consiste para evitar las diversas interpretaciones que se puedan dar en el futuro. Lo que le da a la al artículo certeza jurídica y contundencia en su significado.

Las recomendaciones y observaciones finales de los comités de naciones unidas con relación a los derechos políticos, también expresan la importancia de considerar en la legislación mexicana los principios de igualdad, paridad y alternancia de género, se destaca principalmente las siguientes:17

• Impulsar la creación de medidas especiales que aumenten el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y e todo lo ámbitos.

• Asegurar que los partidos políticos cumplan en orden nacional, local y municipal modifiquen o deroguen disposiciones discriminatorias.

• Asegurar que los partidos políticos cumplan con la obligación de designar en 2% de su presupuesto a la promoción y liderazgo político de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas en los municipios.

• Extender la obligatoriedadparidad de los órganos electorales desde la integración de representantes de casilla hasta la conformación del Tribunal Federal Electoral.

• Legislar en materia de partidos políticos en materia de presupuesto para capacitación, promoción política y empoderamiento de las mujeres.

• Promover la cuota de género en todos los códigos electorales.

• Incorporar en la legislación electoral federal y local una cuota de representación de mujeres indígenas.

La igualdad, la paridad y alternancia de género son demandas legítimas de los diversos sectores de la sociedad, principalmente de las mujeres que durante el proceso evolutivo de sus derechos cobra nueva significancia en el Estado moderno. En lo procesos de transición democrática, democratización o de cambio institucional. Los modelos es, aún más pertinente ese anhelo y obligatoria por la los regímenes políticos como el mexicano que se encuentra en contante fortalecimientos de sus instituciones democrática.

México tiene la gran deuda con la lucha y las demandas de las mujeres por la construcción de la igualdad sustantiva, sólida, material o de hecho, como se ha considerado en diversos instrumentos en los que México ha formalizado su adhesión.

La igualdad de género debe expresarse en las mismas proporciones de mujeres y hombres de 50 por ciento y 50 por ciento, tanto en los puestos de elección popular, desde la construcción de las candidaturas en los municipios, congresos estatales y el congreso federal, como en los órganos de dirección y consulta de los organismos constitucionales autónomos, máxime cuando se trata de la instituciones que promueven la democracia y los derechos humanos de las personas.

Losactores políticos que se pronuncian por la democracia y lucha por ella deben alejarse de la retórica y fortalecer la igualdad de género con la paridad y la alternancia de mujeres y hombres en el servicio público, en todos los poderes del Estado y en todos los órdenes de gobierno.

d) Objetivos de la Iniciativa

La iniciativa de mérito tiene como objetivo fundamental reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la Ley del Banco de México, elCódigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para fortalecer:

1. La igualdad de las mujeres y los hombres en el régimen político mexicano;

2. Los derechos políticos de las mujeres en el servicio público;

3. Los derechos de representación de la mujer en los congreso locales, federal y el Municipio;

4. La instauración de los conceptos de paridad y alternancia de género en los instrumentos jurídicos constitucionales y leyes secundarias;

5. La participación de la mujer en los organismos constitucionales autónomos;

6. La armonización de la legislación mexicana con los instrumentos internacionales en materia de no discriminación, derechos políticos y derechos de la mujer; y,

7. La lucha por los derechos humanos que consiguió una nueva etapa, a partir de la reforma al título primero capítulo primero y otros ordenamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior mente expuesto y con fundamento en los en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de no discriminación, derechos políticos e igualdad, paridad y alternancia de género.

ARTICULO UNICO.-Se reforman el párrafo segundo y tercero del apartado B del artículo 26; el párrafo primero del numeral XIX del artículo 27; el párrafo sexto del artículo 28; el numeral II y VI del artículo 35; el segundo párrafo del numeral I, el primer párrafo del numeral IV, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, octavo y décimo del numeral V del artículo 41; y el párrafo octavo del apartado B del artículo 102; el primer párrafo del numeral VIII del artículo 115; y, el párrafo tercero del numeral II y el inciso a) del numeral IV del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A. (…)

B. (…)

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República considerando la igualdad de proporción entre mujeres y varones, con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo, y los mecanismos para garantizar la igualdad de proporción entre las mujeres y los varones en la Junta de Gobierno.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

Artículo 27. (…)

I. (…)

XIX. (…)

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente, en igualdad de proporción entre mujeres y varones.

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y

XX. (…)

Artículo 28. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en igualdad de proporción y alternancia entre mujeres y varones en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular en igualdad de proporciones entre mujeres y varones, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. (…)

IV. (…)

V. (…)

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público en igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, teniendo las calidades que establezca la ley;

VIII. (…)

Artículo 41. (…)

(…)

I.(…)

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos, en igualdad de proporción y alternancia de género, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

(…)

II. (…)

III. (…)

IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular en igualdad de proporción y alternancia entre mujeresy varones, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

(…)

(…)

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en igualdad de proporción y alternancia entre mujeres y hombres, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia en igualdad de proporción y alternancia entre mujeres y hombres. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, considerando la igualdad de proporción y alternancia entre mujeres y hombres. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

(…)

El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior considerando la alternancia entre mujeres y hombres, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización superior de la Federación.

(…)

(…)

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos, en igualdad de proporciones y alternancia entre mujeres y hombres, por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

(…)

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente en igualdad y alternancia entre mujeres y hombres. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

(…)

(…)

VI. (…)

Artículo 102.

A. (…)

B. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en igualdad de proporción entre hombres y mujeres para el caso de los consejos consultivos y en alternancia de género los presidentes, en los términos y condiciones que determine la ley.

(…)

(…)

(…)

Artículo 115. (…)

I.(…)

VIII. Las leyes de los estados introducirán los principios de paridad y alternancia de género y de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

(…)

X. (…)

Artículo 116. (…)

(…)

I.(…).

II. (…)

(…)

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, así mismo las listas de los contendientes por ambos principios se integrarán bajo los principios de igualdad, paridad y alternancia de género, en los términos que señalen sus leyes;

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, bajo los principios de igualdad, paridad y alternancia de género; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

n) (…).

VII. (…)

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se abrogarán las disposiciones legales aplicables que contravengan al presente Decreto.

Tercero.- El Congreso de la Unión, así como las legislaturas de las entidades federativas, deberán propiciar un orden jurídico coherente y sistemático en un año como máximo, a partir de la fecha de entrada en vigor el presente Decreto.

Senado de la República, a 24 de abril de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

1 Cfr. Cook, Rebecca J. y Cusack, Simone, Estereotipos de Género, Perspectivas Legales Transnacionales. University of Pennsylvania Press, 2009, p. 22.

2 Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

3 Ibídem, Artículo 3.

4 Ibídem, Artículo 8.

5 Declaración de Atenas, adoptada en la Primer Cumbre Internacional: “Mujeres en el Poder”, celebrada en Atenas en fecha 3 de noviembre de 1992, documento en PDF, [en línea], dirección URL:

http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Atenas_de_1992 [consulta: 8 de abril de 2012].

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, documento en PDF, en línea, dirección URL, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc [consulta: 13 de marzo de 2013].

7 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre Fortalecimiento de las Capacidades para la Implementación de la Legislación Nacional sobre Igualdad de Género y No Violencia contra las Mujeres, PNUD, documento en PDF, en línea, dirección URL, http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/58024_Prodoc-2.pdf [consulta: 6 de abril de 2013], p. 2.

8 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

9 Artículo 219, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

10Resumen SUP-JDC-12624/2011, 30 de noviembre de 2011, Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta, Dirección de Consultas y Difusión, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, documento en PDF, [en línea], dirección URL,http://genero.te.gob.mx/?q=node/302, [consulta: 7 de abril de 2013].

11 Más del 30% de mujeres en el Congreso, Radio México Internacional,[en línea] dirección URL: http://www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=528:mas-de-30-de-mujeres-en-el-congreso-de-la-union&catid=42:quienes-somos&Itemid=54, [consulta: 8 de abril de 2013].

12 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, documento en PDF, [en línea], dirección URL, http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_7.pdf, [consulta: 8 de abril de 2013], p. 9.

13Ibídem, p. 6.

14 Mujeres al poder, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Boletín del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, diciembre de 2010, [en línea] dirección URL: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/1/41851/P41851.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/blanco.xslt, [consulta: 8 de abril de 2013].

15 Eugenia Ma. Zamora Chavarría, “El principio de paridad de género en el nuevo Código Electoral”, República de Costa Rica, Revista Derecho Electoral, No 9 primer semestre de 2010, ISSN 1659-2069, Tribunal Supremo de Elecciones, pp. 3.

16El 11 de agosto de 2009, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el Código Electoral de Costa Rica, Ley N° 8765 (Alcance N° 37 aLa Gaceta N° 171 de 2 de setiembre de 2009), que viene a sustituir el anterior Código Electoral (Ley N° 1536 10 de diciembre de 1952 y sus reformas).

17Raphael de la Madrid, Reporte sobre discriminación, Derechos Políticos, México, CIDE, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2012, pp. 48-49.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA, DE LA LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, DE LA LEY DEL BANCO DE MEXICO, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“H. ASAMBLEA:

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la Ley del Banco de México, elCódigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de no discriminación, derechos políticos e igualdad, paridad y alternancia de género, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La igualdad de género es un principio elemental de toda sociedad democrática. Para hacerla efectiva, se necesita de la participación de hombres y mujeres en la vida pública del país. De ahí la importancia de un equilibrio en la representación política, a través del perfeccionamiento de acciones afirmativas como cuotas de género en la determinación de candidaturas a cargos de elección popular con la finalidad de hacer efectivo el derecho fundamental a ser votadas en condiciones de igualdad.

Las cuotas de género y los principios de igualdad y alternancia aplicables para candidaturas, deben ser considerados para el perfeccionamiento de las disposiciones institucionales del sistema electoral en su conjunto. En tal virtud, se deben aplicar en la integración de órganos de dirección partidista, de autoridades electorales, pues como instituciones democráticas deben garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a la vida pública.

En el mismo sentido, para dotar al Estado Mexicano de una adecuada tutela de los derechos político-electorales de la mujer, es imprescindible dotar al sistema de medios de impugnación de herramientas jurisdiccionales que permitan hacer realidad el principio constitucional de no discriminación por cuestiones de género.

Si bien, en las últimas décadas se han dado avances significativos para ofrecer mejores condiciones de participación y desarrollo para las mujeres, lo cierto es que en México subsisten “estereotipos de género” que, de manera general encasillan a las mujeres a actividades distintas a la toma de decisiones.1

En el ámbito político encontramos que la intervención de las mujeres se ha caracterizado, por una ausencia en los espacios de decisión, debido en buena medida a la tardía inclusión y reconocimiento de sus derechos ciudadanos. En tal virtud, su presencia en los Congresos federal y locales, en la administración pública, así como al interior de los partidos políticos es reciente y desigual en comparación con la de los varones.

Lo anterior contrasta con nuestra historia. Antes del reconocimiento de sus derechos políticos la mujer ha estado presente en la lucha por la defensa de diversas causas sociales. Baste mencionar que tanto en el movimiento de Independencia, como en el de la Revolución, notables mujeres participaron hombro a hombro con distinguidos hombres para formar la Nación Mexicana.

La inclusión de la participación política de las mujeres ha sido parte un proceso evolutivo. A principios del Siglo XX se presentaron diversos momentos a favor de sus derechos. El 17 de octubre de 1953, las mujeres en México obtuvieron en el orden nacional el reconocimiento legal de su derecho a votar y ser votadas, siete años después de que en 1947 lo alcanzaran a nivel municipal.

No obstante que las mujeres han asumido su carácter ciudadano de manera responsable, inteligente y participativas, a 60 años del sufragio femenino, la igualdad de género no se consolidado. Es preciso reconocer que, en nuestro país, sigue existiendo un déficit de representación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política.

En pleno Siglo XXI, la consolidación de la perspectiva de género constituye una asignatura pendiente, las mujeres son notablemente discriminadas y la igualdad en el ámbito político electoral y administrativo del Estado constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre hombres y mujeres.

De ahí que resulte indispensable garantizar la eficacia de la igualdad sustantiva para acceder a los cargos públicos, como parte del proceso evolutivo y del reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos político-electorales fundamentales en las mismas condiciones que el varón.

La consolidación de la igualdad sustantiva debe establecerse en los distintos ámbitosde reconocimiento de los al derechos al sufragio activo y pasivo. En efecto, uno de los principales ejes de la participación política de las mujeres es su acceso a cargos de elección popular. Su presencia en los congresos federal, local y ayuntamientos ejerce un efecto multiplicador, pueslas mujeres en la vida pública se vuelven referentes para que otras más decidan participar. En tal sentido, el marco jurídico debe garantizar su pleno acceso a esos y otros espacios de decisión pública, como las dirigencias partidistas y los órganos electorales en condiciones igualitarias.

Finalmente, la consolidación de la perspectiva de género pasa también por el diseño de mecanismos jurisdiccionales que potencien un auténtico ejercicio de los derechos político–electorales de las mujeres y de los mecanismos institucionales que los garanticen cuando éstos se vean vulnerados. El Estado deben fortalecer los instrumentos para resarcir las afectaciones o discriminaciones a los derechos fundamentales de las mujeres.

a) Perspectiva Internacional de la igualdad de género

El último siglo fue testigo de una rápida expansión, generación tras generación, del papel de la mujer y de sus capacidades prácticamente en todo el mundo. En especial, en las naciones industrializadas de Occidente, las mujeres se abrieron paso en profesiones anteriormente reservadas a los hombres y se distinguieron en la ciencia, la medicina, la abogacía y el periodismo, entre muchas otras ocupaciones.

En el orden internacional el avance comenzó formalmente con el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Algunos de los principales instrumentos que han servido para su empoderamiento son los siguientes:

• Declaración Internacional de Derechos Humanos,

• Carta Democrática Interamericana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

• Convención Americana de Derechos Humanos,

• Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer,

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de las Naciones Unidas,

• Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y

• Declaración y Programa de Acción de Viena y Declaración y Plataforma de Beijing.

Dentro de los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ocupa un importante lugar por incorporar a las mujeres a la esfera de los derechos humanos en diversos ámbitos. Define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla, establece no sólo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino también un programa de acción para los Estados que la integran, a fin de garantizar el goce de sus derechos.

Se reconoce que las mujeres son discriminaciones, a pesar de los avance en la materia, lo cual viola el respeto a la dignidad humana, por lo que dicho instrumento prohíbe "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo (...) en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera".2y pide a los Estados parte tomar "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre".3

Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer se ha priorizado en el interés por los derechos fundamentales, en especial, los derechos políticos. Es decir, es internacionalmente aceptada la obligación de garantizar a la mujer el derecho al voto, a ocupar cargos públicos y a ejercer funciones públicas. También se estipula la igualdad de derechos de la mujer para garantizarle la oportunidad de representar a su país en el plano internacional.4

Otro de los aspectos más importantes es que se tutela la condición jurídica y social de la mujer y el hecho de que la condición jurídica sea fijada en función de su reconocimiento como persona por derecho propio que con frecuencia se ha vinculado al matrimonio, lo que hace que su nacionalidad dependa de la de su esposo, por ejemplo.

Uno de los principales avances se encontró en la primera Cumbre Europea, “Mujeres en el Poder”, en la que se adoptó la Declaración de Atenas (1992), en la se acuño el término de democracia paritaria. Señaló a la paridad como la total integración de las mujeres y los hombres en igualdad sustantiva, en las sociedades democráticas.

En dicho evento se hizo un llamado a todos los organismos internacionales a que adoptaran medidas que aseguraran la plena participación de las mujeres, y que integraran de forma total la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en sus políticas nacionales. Se reconoció claramente que la situación de las mujeres en el ámbito de política se caracteriza por una desigualdad profunda en todas las instancias y organismos de decisión.

Además de lo anterior se afirmó que el acceso de las mujeres a los derechos políticos formales−el derecho a votar y a ser electas− no ha conducido en la práctica a la igualdad sustantiva por lo que se afirma la necesidad de lograr un reparto equilibrado del poder entre mujeres y hombres.

En dicha Declaración se reconoce a la paridad como un principio y a la vez como una estrategia para afianzar la democracia, bajo las siguientes consideraciones:5

a. La igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano.

b. Las mujeres representan más de la mitad de la población. La democracia exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones.

c. Las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias y de las capacidades potenciales de la humanidad y su infra-representación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad.

d. Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes, que vayan en la dirección de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres.

El principal aporte de la Declaración de Atenas es poner en la esfera internacional los derechos ciudadanos bajo el modelo un paritario entre hombres y mujereslo que implica un reconocimiento formal de igualdad entre todas las ciudadanas y ciudadanos. Se pretende con ello superar la desigualdad estructural, cultural e histórica que subyace actualmente y que ha limitado a las mujeres a ejercer sus derechos.

Vale la pena destacar que hoy en día, se cuenta con 16 mujeres Jefas de Estado o de Gobierno en el mundo, apenas el 9% de los países y el 20.4% de los congresistas en el mundo son mujeres. Si bien los números todavía son exiguos, conviene precisar que existe una tendencia positiva, sobre todo en el caso de los poderes legislativos. Nunca antes, tantos congresos habían superado el 30% de sus integrantes mujeres.

Entre los avances más importantes, va le la pena destacar, el caso de Rwanda que, al implantar cuotas de género en su legislación, se logró la representación de mujeres más alta en el mundo el 51%. Las congresistas propusieron medidas contra la violencia familiar y designaron más mujeres en otros órganos del Estado. Su Suprema Corte hoy tiene mayoría de mujeres.

La conquista del voto, es tan solo uno de los logros de las mujeres a nivelinternacional. Conviene mencionar que las mujeres conquistaron el derecho al sufragio, primero en Nueva Zelandia en 1893; después en Australia en 1894, en Noruega en 1907 y en Rusia en 1917. Otro ejemplo de ello son las mujeres inglesas mayores de 30 años que obtuvieron el derecho a sufragar en 1918 y que lograron disminuir la edad a los 21 años en 1929.

En Francia llegó relativamente tarde esa conquista, se garantizó el voto de la mujer en 1944. En Suiza las mujeres ganaron el derecho al sufragio hasta 1971 y en Kuwait apenas en 2005.

En América del Norte, las mujeres estadounidenses lograron ese derecho en 1918, aunque en algunas entidades federativas se aprobó antes el voto femenino. En Latinoamérica el desarrollo de este derecho surgió más tarde. Honduras, Nicaragua, Perú y Colombia, al igual que México, reconocieron el derecho al sufragio en la década de los cincuenta.

El Estado constitucional busca garantizar adecuadamente el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y la igualdad entre los hombres y las mujeres.Lograr la paridad en la representación, es otro de los retos importantes, así como garantizar la igualdad sustantiva para la mujer, tanto en los órganos de gobierno, representación política y organismos autónomos constitucionales.

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012 del Banco Mundial, explica que cuando las naciones inhiben el potencial laboral de las mujeres, se ocasionan pérdidas económicas. Se estima, por ejemplo, que cuando los mercados de trabajo tienen un acceso igualitario, la productividad aumenta hasta 25%. En el campo, igualar entre hombres y mujeres el acceso a tierras, capitales y maquinaria (recursos productivos) podría incrementar la producción agrícola mundial entre 2.5% y 4%.

En el estudio sobre el índice de disparidad entre géneros a nivel internacional, realizado por el Foro Económico Mundial de 2009, México se ubicaba en el lugar 99, perdiendo dos posiciones con respecto al lugar (97) que ocupó un año antes. Cabe mencionar que nuestro país está situado por debajo de países asiáticos y africanos como Kenia, Mauricio, Zimbawe, Brunei y algunos países latinoamericanos como Bolivia, Brasil, Venezuela, Paraguay, Chile, Honduras, entre otros.

b) México

La lucha de las mujeres por la igualdad y la no discriminación, se materializó parcialmente con la conquista de sus derechos políticos. Esos derechos forman ya, parte del catálogo de derechos humanos. Es decir, son un conjunto de prerrogativas y libertades inherentes a la persona.

En la historia reciente del siglo XIX, los cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, igualdad de género y prohibición de la discriminación, han pasado por diversas generaciones de estudiosos, juristas, organizaciones sociales, legisladoras y legisladores desde la Constitución de 1917, en la que han estado presentes la mujeres, por ejemplo

• El artículo 4º en su primer reforma publicada en fecha 31 de diciembre de 1974, establece por primera vez que: el varón y la mujer son iguales ante la ley, la cual protegerá la organización y el desarrollo de la familia y que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamientos de sus hijos.

• A partir del 14 de agosto de 2001, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el artículo 1º , dispone por primera vez: la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras cosas por el género. Al respecto, tuvieron que transcurrir ochenta y cuatro años para que se estableciera en el marco jurídico constitucional un concepto fundamental de los derechos de la personas.

• En la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, se prohíbe toda discriminación y se amplíala universo de sectores o grupos cito:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”6

Respecto a la reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de Junio de 2011 en materia de derechos humanos, es importante destacar que es una de las más importantes en el constitucionalismo mexicano desde 1917. Los cambios al Titulo Primero, Capítulo Primero y otras disposiciones, son un avance significativo en el proceso evolutivo de esos derechos.

Los nuevos contenidos de la Constitución Política de México son fundamentales, quedaron plasmados en el proceso de revisión constitucional de los artículos 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. Particularmente en el artículo 1ºse fortalece el contexto nacional de la igualdad de género y la no discriminación, por lo siguiente:

a) Se establece que la Constitución y la ley deben de regirse por el principio pro persona, es decir que la interpretación de estos derechos debe en todo momento de beneficiar a la persona humana.

b) Dispone que los tratados internacionales sean fuente directa de derechos en la Constitución.

c) Integra el concepto de derechos humanos y sus garantías en la Carta Magna, así mismo reconoce plenamente la universalidad, progresividad e indivisibilidad de estos derechos.

d) Otorga supremacía a los derechos humanos en el máximo ordenamiento jurídico mexicano

No obstante la lentitud de los avances en México, sobre los derechos de las personas en un contexto de igualdad de género, su promoción y fortalecimiento, tienen reconocimiento por instituciones del sistema universal de los derechos humanos, incluso han sido tema para el acuerdo e implementación de programas conjuntos con organismos de la Organización de las Naciones Unidas.

Vale la pena destacar, el reconocimiento que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PENUD), sobre Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de la Legislación Nacional sobre Igualdad de Género y No Violencia contra las Mujeres en México, en el que se establece

“México ha avanzado en términos de la condición social de las mujeres. Cuenta con un entramado institucional y programático para impulsar la igualdad de género. En el ámbito internacional ha suscrito y ratificado diferentes instrumentos internacionales, los cuales han sido complementados con normas jurídicas a nivel federal y estatal. […] Destacan entre ellas la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) en 2006 y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007 y las modificaciones al Artículo 1º Constitucional en donde se obliga a cumplir con los tratados internacionales firmados y ratificados por México en la materia”7

En el contexto internacional se deja un precedente importante en la lucha por le respeto y promoción de los derechos humanos de las personas. Se finca un nuevo momento y un reto en la armonización legislativa y la aplicación de los instrumentos que ha firmado y ratificado el Estado mexicano.

México ha suscrito instrumentos que le exigen incentivar la participación política de las mujeres. Por ejemplo, el artículo 7 de la CEDAW obliga a los Estados parte a tomar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a (…) participar en la formulación de políticas (…)”.8

En el documento: Mujeres, Participación Política del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que México en el periodo, de 1952 a2011, ha tenido 921 diputadas federales propietarias, esto representa 13.3 por ciento de un total de 6 mil 947 curules.

El incremento más alto se refleja en las elecciones de 1994 y 2003, que coinciden con las reformas en materia de cuotas de género de 1993 y 2002, cuando el porcentaje de legisladoras aumentó 8 y 7 puntos porcentuales respectivamente, respecto de la legislatura anterior.

c) Razones para una reforma en 2013

No obstante, al proceso evolutivo de los derechos humanos de la mujer en el régimen político y democrático mexicano y a la lucha de diversos actores que han confluido en el desarrollo y perfeccionamiento de los ordenamientos, persisten normas y conductas institucionales que no permiten el desarrollo pleno de estos.

Se trata de actos y aplicación de disposiciones legales que no confluyen de manera sistemática con los contenidos y principios fundamentales y actos públicos que se desprenden de la norma por la falta de concordancia. Es por ello, necesario armonizar la legislación electoral en México, en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado el Estado mexicano.

La última aportación y tal vez, la más importante de los últimos tiempos, en materia de igualdad de género y derechos político-electorales de la mujer, radica en la Sentencia SUP-JDC-12624/2011 del 30 de noviembre de 2011, la cual garantizó el respeto y apego a la actual cuota de género prevista en la legislación9. Es éste factor el que explica que por fin se haya rebasado el umbral del 30%.

El éxito derivó de haber mejorado también el desempeño de la cuota de género en cuanto a las candidaturas de mayoría relativa. A fines del 2011, 10 ciudadanas controvirtieron los “criterios aplicables para el registro de candidaturas” emitido por el Instituto Federal Electoral.

Argumentaron que el IFE dio una definición de “proceso democrático” no prevista en el COFIPE (la cual restringe la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a cargos de elección popular) y que al precisarse que en la designación de candidatos a diputados o senadores, deberá procurarse que “la fórmula completa se integre por candidatos de un mismo género”, se limita la posibilidad de que las mujeres puedan ser consideradas como candidatas suplentes de hombres.

El Tribunal resolvió expulsar la definición de proceso democrático contenida en los lineamientos de un partido político nacional y requerir, en el caso de candidaturas de mayoría relativa, tener mínimo 120 candidaturas propietarias para cada sexo (40% de 300) y 26 candidatas propietarias a Senadoras (40% de 64). Además, en cuanto a las suplencias, se especificó que las candidaturas propietarias de mujeres debían recaer en otra mujer. En el caso de los propietarios hombres sus suplentes sí podrían ser mujeres.

Al juzgar así, con perspectiva de género, el Tribunal fue sensible a la problemática que afectó a las mujeres en 2009 y las hizo renunciar en favor de hombres, pero sin impedir que mujeres que inician sus carreras pudieran ser suplentes. Textualmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sentencia de mérito se resume de la siguiente manera:10

La Sala Superior modificó el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, toda vez que excedió su facultad reglamentaria al incluir una excepción a las cuotas de género al indicar los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2011-2012.

Esto al considerar que tenían razón las actoras al señalar que se distorsionó la interpretación a la excepción de la cuota de género restringiendo así la participación de las mujeres en candidaturas a cargos de elección popular. Pues el artículo 219 del Código Electoral Federal, establece que de la totalidad de solicitudes de registro de candidatos a diputados y senadores, que presenten los partidos políticos o las coaliciones, deben integrarse con al menos el 40% de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Además, cuando la autoridad administrativa electoral federal reglamente normas relativas a los derechos humanos, debe interpretarlas de conformidad con la constitución y los tratados humanos, favoreciendo en todo momento la protección de las personas en su sentido más amplio, pues es su obligación constitucional promover, proteger y garantizar esos derechos humanos

De ahí que se precisara que la cuota de género se enmarca dentro de los derechos humanos de no discriminación, así como de igualdad entre varones y mujeres ante la ley, previstos en los artículos 1º y 4º Constitucionales. Por lo que, se estableció que toda interpretación que realice el Consejo General al momento de emitir cualquier acto de su competencia, en el que se interprete el artículo 219 del código federal, debe hacerlo en el sentido que permita la maximización del derecho de las mujeres a participar en las contiendas internas del respectivo partido político para la selección de sus candidatos, en condiciones de equidad de género.

Posteriormente, el Tribunal recibió 136 asuntos en los cuales, ciudadanos que habían sido incluidos inicialmente en las listas, reclamaron su exclusión, y en otros tantos, el ser colocados en orden diverso dentro de las listas presentadas para registro. La decisión del Tribunal se mantuvo firme.

• En el caso del Senado, las mujeres estuvieron postuladas en 43% de las candidaturas de mayoría y 48% de las de representación proporcional. Hay 42 mujeres en el Senado (32.8%).

• En el caso de la Cámara de Diputados, las mujeres ocuparon el 47% de las candidaturas de mayoría y el 50% de las de representación proporcional. Hay 184 Diputadas (37%).

Ana Güezmes, Directora Regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, destacó que México se convirtió en el octavo país de América Latina y el Caribe en tener más de 30% de mujeres legisladoras, cuando el promedio mundial es del 19.5%. Resaltó, sin embargo, que el reto actual de México es “alcanzar la paridad”.11

El avance progresivo hacia la paridad de género ha sido muy importante en México, en el Estado de Sonora por ejemplo, se establece para la integración del órgano estatal local, en el que por mandato del último párrafo del artículo 22 de dicho ordenamiento fundamental, se dispone lo siguiente:

“En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de alternancia de género. Asimismo, en la integración del Tribunal Estatal Electoral será obligatorio conformarlo por ambos géneros.”12

Es importante destacar que un organismo electoral que promueve los principios y las libertades democráticas, es ejemplar que en su composición se establezca la paridad y alternancia de género como un principio de su integración. En virtud de ello, la constitución Política del Estado de Sonora, representa un avance muy significativo en el ámbito nacional que da muestra contundente de la posibilidad de que en el orden federal se acuñe el principio de paridad y alternancia de género en los organismos autónomos constitucionales y propios de la administración pública gubernamental.

En la materia de derechos políticos, la misma Constitución de Sonora, pone énfasis en el mismo tema, tanto para ser, votado como para ocupar puestos en el gobierno estatal y municipal se establece el tema de la equidad de género, con lo que se salvaguarda y hace explicito, en el texto constitucional, parte importante de los derechos políticos de la mujer, principalmente.

“ARTICULO 16.- Son derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense:

I.- Votar en las elecciones populares y en los procesos de participación ciudadana, en los términos que señalen las leyes respectivas.

II.- Poder ser votado para los cargos de elección popular en el Estado y los municipios y nombrado para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran previstas en esta Constitución.”13

La importancia de establecer, en el texto constitucional el principio la equidad de género, no solamente en el derecho a ser votado, sino también en los cargos públicos, permite fortalecer el principio de paridad y alternancia de género. Aunque es claro que no se hace explicito dicho concepto, prevalece el principio de máximo beneficio lo permite la progresividad de la igualdad de género como se establece en el propio texto constitucional de mérito.

La paridad y alternancia de género es un concepto relativamente nuevo, tiene sus antecedentes en el Siglo pasado en Europa principalmente, y se ha promovido en distintas instancias internacionales que luchan por la defensa de los derechos políticos de las mujeres.

“La demanda de paridad en los espacios de toma de decisión fue iniciada por las mujeres europeas en la década de 1980, en respuesta a la baja representación política de femenina en los parlamentos y en los altos cargos de poder de la administración pública. “

“El concepto de paridad fue propuesto por el Consejo de las Comunidades Europeas en 1989 y en noviembre de 1992, a petición de la Comisión de las Comunidades Europeas, tuvo lugar en Atenas la primera Cumbre Europea `Mujeres en el Poder´. En la reunión se congregó a ministras y ex ministras, que concluyeron que la democracia imponía la paridad en la representación y administración de las naciones.”14

Es también considerado como principio de participación política por género y uno de los países en América, que lo ha impulsado desde el siglo pasado e incluido en los nuevos textos electorales, a partir de 2009,es Costa Rica, quien define el concepto de paridad y alternancia de género con las categorías propias de su sistema electoral, de la manera siguiente:

“I. Principio de participación política por género

Es de la mayor importancia destacar que el nuevo Código, en el Capítulo Único del Título I, incluye el Principio de participación política por género, como criterio orientador e integrador de la nueva legislación electoral, al indicar su artículo 2, expresamente:

La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no discriminación.

La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.

Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre y hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.”15

La legislación de mérito deja claro, considerando las categorías propias del sistema electoral costarricense y las equivalencias funcionales propias del mismo, que la paridad se refiere al 50% de mujeres y 50% de mujeres en las listas de candidatos para contienda electoral. La alternancia por su parte, indica que en dichas listas de candidatos no se debe de repetir el mismo sexo, es decir que vallan intercaladas un hombre y una mujer sucesivamente con la finalidad concordar con la paridad mencionada.

La importancia de la nueva legislación,16 consiste en que el principio de paridad y alternancia de género se hace explícita de manera que cumpla con características descriptivas de la norma; no sólo se establece el principio, sino además se explica en que consiste para evitar las diversas interpretaciones que se puedan dar en el futuro. Lo que le da a la al artículo certeza jurídica y contundencia en su significado.

Las recomendaciones y observaciones finales de los comités de naciones unidas con relación a los derechos políticos, también expresan la importancia de considerar en la legislación mexicana los principios de igualdad, paridad y alternancia de género, se destaca principalmente las siguientes:17

• Impulsar la creación de medidas especiales que aumenten el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todo lo ámbitos.

• Asegurar que los partidos políticos cumplan en orden nacional, local y municipal modifiquen o deroguen disposiciones discriminatorias.

• Asegurar que los partidos políticos cumplan con la obligación de designar en 2% de su presupuesto a la promoción y liderazgo político de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas en los municipios.

• Extender la obligatoriedadparidad de los órganos electorales desde la integración de representantes de casilla hasta la conformación del Tribunal Federal Electoral.

• Legislar en materia de partidos políticos en materia de presupuesto para capacitación, promoción política y empoderamiento de las mujeres.

• Promover la cuota de género en todos lo códigos electorales.

• Incorporar en la legislación electoral federal y local una cuota de representación de mujeres indígenas.

La igualdad, la paridad y alternancia de género son demandas legítimas de los diversos sectores de la sociedad, principalmente de las mujeres que durante el proceso evolutivo de sus derechos cobra nueva significancia en el Estado moderno. En lo procesos de transición democrática, democratización o de cambio institucional. Los modelos es, aún más pertinente ese anhelo y obligatoria por la los regímenes políticos como el mexicano que se encuentra en contante fortalecimientos de sus instituciones democrática.

México tiene la gran deuda con la lucha y las demandas de las mujeres por la construcción de la igualdad sustantiva, sólida, material o de hecho, como se ha considerado en diversos instrumentos en los que México ha formalizado su adhesión.

La igualdad de género debe expresarse en las mismas proporciones de mujeres y hombres de 50 por ciento y 50 por ciento, tanto en los puestos de elección popular, desde la construcción de las candidaturas en los municipios, congresos estatales y el congreso federal, como en los órganos de dirección y consulta de los organismos constitucionales autónomos, máxime cuando se trata de la instituciones que promueven la democracia y los derechos humanos de las personas.

Losactores políticos que se pronuncian por la democracia y lucha por ella deben alejarse de la retórica y fortalecer la igualdad de género con la paridad y la alternancia de mujeres y hombres en el servicio público, en todos los poderes del Estado y en todos los órdenes de gobierno.

d) Objetivos de la Iniciativa

La iniciativa de mérito tiene como objetivo fundamental reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la, de laLey del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la Ley del Banco de México, elCódigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para fortalecer:

1. La igualdad de las mujeres y los hombres en el régimen político mexicano;

2. Los derechos políticos de las mujeres en el servicio público;

3. Los derechos de representación de la mujer en los congreso locales, federal y el Municipio;

4. La instauración de los conceptos de paridad y alternancia de género en los instrumentos jurídicos constitucionales y leyes secundarias;

5. La participación de la mujer en los organismos constitucionales autónomos;

6. La armonización de la legislación mexicana con los instrumentos internacionales en materia de no discriminación, derechos políticos y derechos de la mujer; y,

7. La lucha por los derechos humanos que consiguió una nueva etapa, a partir de la reforma al título primero capítulo primero y otros ordenamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior mente expuesto y con fundamento en los en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de InformaciOn EstadIstica y GeografIa, la Ley OrgAnica de los Tribunales Agrarios, la Ley del Banco de MExico, el COdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley de la ComisiOn Nacional de los Derechos Humanos.

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 67 a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, para quedar como sigue:

Artículo 67.- La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto, y estará integrada por cinco miembros designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en los recesos de esta última, de la Comisión Permanente.

De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará al Presidente del Instituto, quien presidirá el citado órgano colegiado. El resto de los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma.

En la integración de los miembros de la Junta se considerará la igualdad de proporción de hombres y mujeres, razonando que es impar el número de integrantes, se aplicará un criterio escalonado de alternancia de género, en un periodo habrá una mujer más y en otro un varón más, así sucesivamente.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para quedar como sigue:

Artículo 15.- Los magistrados serán designados por la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de la República.

El Presidente de la República propondrá una lista de candidatos, de la cual la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, deberá elegir a los magistrados.

En el proceso de designación de los magistrados, el Presidente de la República y la Cámara de Senadores garantizarán la igualdad de proporción de género, razonando que es impar el número de integrantes se aplicará un criterio escalonado de alternancia de género.

ARTICULO TERCERO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 38 de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 38.- El ejercicio de las funciones y la administración del Banco de México estarán encomendados, en el ámbito de sus respectivas competencias, a una Junta de Gobierno y a un Gobernador.

La Junta de Gobierno estará integrada por cinco miembros, designados conforme a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional considerando igualdad de proporción entre mujeres y varones. De entre éstos, el Ejecutivo Federal nombrará al Gobernador del Banco, garantizando la alternancia de género, quien presidirá a la Junta de Gobierno; los demás miembros se denominarán Subgobernadores.

Podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo establecido en los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos que incumplan con las disposiciones contenidas en esta Ley.

ARTICULO CUARTO.- Se reforman, el párrafo primero del artículo 4; el inciso e) del primer párrafo del artículo 25; el inciso c) del primer párrafo y el inciso d) del numeral IV del artículo 27; el inciso s) del artículo 38; el tercer párrafo del artículo 105; los párrafos 2,4,5, y 8 del artículo 110; el inciso e) del primer párrafo del artículo 119; el inciso j) del primer párrafo del artículo 125; el inciso c) y k) del primer párrafo del artículo 141; el segundo párrafo del artículo 150; el inciso b) del primer párrafo del artículo 152; el inciso g) del primer párrafo del artículo 205; el segundo y tercer párrafo del artículo 218; el primer párrafo del artículo 219; el primer párrafo del artículo 220; se adicionan un segundo párrafo al artículo 108;y un párrafo y se recorren lo párrafos 2 y 3 a 3 y 4 del artículo 118; y, se deroga el párrafo segundo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 4

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades, la paridad y alternancia entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

2. (…)

3. (…)

Artículo 25

1. La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:

a) (…)

b) (…)

c) (…)

d) (…)

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades, paridad y alternancia entre mujeres y hombres.

Artículo 27

1. Los estatutos establecerán:

a) (…)

b) (…)

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos garantizando la igualdad, paridad y alternancia de género, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:

I. (…)

IV. (…)

d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos en las que se garantice la igualdad de proporciones y la alternancia entre mujeres y hombres;

g) (…)

Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a) (…)

s) Garantizar la igualdad, la paridad y alternancia de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular;

u) (…)

Artículo 105

1. (…)

2. (…)

3. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto contará con un cuerpo de funcionarios integrados en un servicio profesional electoral y en una rama administrativa, que se regirán por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General, en el cual se establecerán los respectivos mecanismos de ingreso, formación, promoción y desarrollo en igualdad de condiciones entre los las mujeres y los hombres.

Artículo 108

1. Los órganos centrales del Instituto Federal Electoral son:

a) El Consejo General;

b) La Presidencia del Consejo General;

c) La Junta General Ejecutiva;

d) La Secretaría Ejecutiva; y

e) La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

2. En la designación de los órganos centrales establecidos en el párrafo anterior, se garantizará la igualdad de proporciones y la alternancia entre mujeres y hombres.

Artículo 110

1. (…)

2. El consejero presidente del Consejo General será elegido de manera alternadarespecto al género por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.

3. (…)

4. Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos en la Cámara de Diputados por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Se garantizará la alternancia de género en su designación y sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario, no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Los consejeros del Poder Legislativo concurrirán a las sesiones del Consejo General con voz, pero sin voto. Por cada propietario podrán designarse hasta dos suplentes. Durante los recesos de la Cámara de Diputados, la designación la hará la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

5. Los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados en la misma proporción de mujeres y hombres, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.

6. (…)

7. (…)

8. El secretario ejecutivo será nombrado considerando la alternancia de género y removido por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta del consejero presidente.

9. (…)

10. (…)

Artículo 118

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) (…)

b) (…)

c) Designar al secretario ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la propuesta que presente su presidente;

ch) Designar en caso de ausencia del secretario, de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la persona que fungirá como secretario del Consejo en la sesión;

d) Designar a los directores ejecutivos del Instituto y al director general de la Unidad de Fiscalización, a propuesta que presente el consejero presidente;

e) Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes;

f) Designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de octubre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el consejero presidente y los consejeros electorales del propio Consejo General, a los consejeros electorales de los consejos locales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 138 de este Código;

y) Nombrar de entre los consejeros electorales propietarios del Consejo General, a quien deba sustituir provisionalmente al consejero presidente en caso de ausencia definitiva e informarlo a la Cámara de Diputados para los efectos conducentes; y

z) (…)

2. En el ejercicio de las atribuciones establecidas en los incisos c), ch), d), f) e y), el Consejo General considerará para la designación que se dispone, la igualdad, paridad y alternancia de género.

3. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos electorales federales, podrá invitar y acordar las bases y criterios en que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualquiera de sus etapas.

4. Conforme a lo que establezcan las constituciones y leyes electorales respectivas, a solicitud de las autoridades electorales competentes de las entidades federativas, para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base V del artículo 41 de la Constitución, previa aprobación del Consejo General, la Junta General Ejecutiva formulará los estudios en los que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que el Instituto Federal Electoral asuma la organización de procesos electorales locales, formulando el proyecto de convenio correspondiente que, en su caso, deberá ser aprobado por el Consejo General con al menos seis meses de anticipación al inicio del proceso electoral local de que se trate.

Artículo 119

1. Corresponden al presidente del Consejo General las atribuciones siguientes:

a) (…)

e) Proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos, del titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto en igualdad, paridad y alternancia de género, según sea el caso;

q) (…)

Artículo 125

1. Son atribuciones del secretario ejecutivo:

a) (…)

j) Nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto en igualdad, paridad y alternancia de género, según sea el caso, de conformidad con las disposiciones aplicables;

t) (…)

Artículo 141

1. Los consejos locales dentro del ámbito de su competencia, tienen las siguientes atribuciones:

a) (…)

c) Designar en diciembre del año anterior al de la elección, por mayoría absoluta, a los consejeros electorales que integren los consejos distritales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 149 de este Código, con base en las propuestas que al efecto hagan el consejero presidente y los propios consejeros electorales locales en igualdad de proporción entre hombres y mujeres y alternancia de género, según sea el caso;

k) Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral, a la persona que fungirá como secretario en la sesión considerando la alternancia entre hombres y mujeres;

n) (…)

Artículo 150

1. (…)

2. Los consejeros electorales distritales serán designados en igualdad de proporción de género para dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos para uno más.

4. (…)

Artículo 152

1. Los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

a) (…)

b) Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los integrantes del Servicio Profesional Electoral en igualdad y alternancia de género a la persona que fungirá como tal en la sesión;

m) (…)

Artículo 205

1. El Estatuto deberá establecer las normas para:

a) (…)

g) Contratación de prestadores de servicios profesionales para programas específicos y la realización de actividades eventuales en condiciones de igualdad de género; y

3. (…)

Artículo 218

1. (…)

2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación. En las fórmulas integradas por una mujer propietaria la suplente será del mismo género.

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad, paridad y alternancia de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

4. (…)

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional tanto, a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con el cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género.

2. Se deroga.

Artículo 220

1. Las listas de representación proporcional y mayoría relativa se integraran de manera alternado una mujer, un hombre, en ese orden sucesivamente, sucesivamente que garantice la misma proporción de género.

ARTICULO QUINTO.-Se reforman el párrafo primero del artículo 10; el numeral II del artículo 15; el primer párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 21; y, el primer párrafo del artículo 23 de Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 10. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, será elegido bajo el principio de alternancia de género por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores considerará que el presidente será mujer u hombre de manera alternada, y procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos.

Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I.(…)

II. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad en igualdad de proporción entre mujeres y hombres;

XII. (…)

Artículo 18. Los miembros del Consejo Consultivo serán elegidos en igualdad de proporción entre mujeres y hombres por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.

La comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.

Artículo 21.- El Titular de la Secretaría Ejecutiva se designará bajo el principio de alternancia de género y deberá reunir los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.- Gozar de buena reputación; y

III.- Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento.

Artículo 23.- Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional se designarán en igualdad de proporciones entre mujeres y hombres, o en su caso, de manera alternada y deberán reunir los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.- Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;

III.- Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, y tener tres años de ejercicio profesional cuando menos; y

IV.- Ser de reconocida buena fama.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se abrogarán las disposiciones legales aplicables que contravengan al presente decreto.

Tercero.- La paridad y alternancia de género en los organismos constitucionales autónomos deberá instituirse gradualmente sin contravenir a los derechos adquiridos por las personas que sustentan actualmente sus cargos.

Senado de la República, a 24 de abril de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

1 Cfr. Cook, Rebecca J. y Cusack, Simone, Estereotipos de Género, Perspectivas Legales Transnacionales. University of Pennsylvania Press, 2009, p. 22.

2 Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

3 Ibídem, Artículo 3.

4 Ibídem, Artículo 8.

5 Declaración de Atenas, adoptada en la Primer Cumbre Internacional: “Mujeres en el Poder”, celebrada en Atenas en fecha 3 de noviembre de 1992, documento en PDF, [en línea], dirección URL:

http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Atenas_de_1992 [consulta: 8 de abril de 2012].

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, documento en PDF, en línea, dirección URL, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc [consulta: 13 de marzo de 2013].

7 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre Fortalecimiento de las Capacidades para la Implementación de la Legislación Nacional sobre Igualdad de Género y No Violencia contra las Mujeres, PNUD, documento en PDF, en línea, dirección URL, http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/58024_Prodoc-2.pdf [consulta: 6 de abril de 2013], p. 2.

8 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

9 Artículo 219, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

10Resumen SUP-JDC-12624/2011, 30 de noviembre de 2011, Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta, Dirección de Consultas y Difusión, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, documento en PDF, [en línea], dirección URL,http://genero.te.gob.mx/?q=node/302, [consulta: 7 de abril de 2013].

11 Más del 30% de mujeres en el Congreso, Radio México Internacional,[en línea] dirección URL: http://www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=528:mas-de-30-de-mujeres-en-el-congreso-de-la-union&catid=42:quienes-somos&Itemid=54, [consulta: 8 de abril de 2013].

12 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, documento en PDF, [en línea], dirección URL, http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_7.pdf, [consulta: 8 de abril de 2013], p. 9.

13Ibídem, p. 6.

14 Mujeres al poder, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Boletín del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, diciembre de 2010, [en línea] dirección URL:

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/1/41851/P41851.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/blanco.xslt, [consulta: 8 de abril de 2013].

15 Eugenia Ma. Zamora Chavarría, “El principio de paridad de género en el nuevo Código Electoral”, República de Costa Rica, Revista Derecho Electoral, No 9 primer semestre de 2010, ISSN 1659-2069, Tribunal Supremo de Elecciones, pp. 3.

16El 11 de agosto de 2009, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el Código Electoral de Costa Rica, Ley N° 8765 (Alcance N° 37 a La Gaceta N° 171 de 2 de setiembre de 2009), que viene a sustituir el anterior Código Electoral (Ley N° 1536 10 de diciembre de 1952 y sus reformas).

17Raphael de la Madrid, Reporte sobre discriminación, Derechos Políticos, México, CIDE, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2012, pp. 48-49.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN)

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARADE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTES:

La suscrita, Senadora LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, estipulando la obligación de los legisladores federales para rendir un informe anual de actividades, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por el derecho internacional, por muchas normas supremas y por más de 80 legislaciones nacionales en todo el mundo. Se trata de un derecho a saber, de libertad de información.

La diferencia entre una democracia deficiente y una consolidada o de calidad radica en la diferencia sustantiva que existe con relación a sus procedimientos, contenido y resultados en cada una de sus dimensiones de evaluación entre las que destacan cuatro: estado de derecho, rendición de cuentas vertical de los gobernantes a los gobernados, rendición de cuentas interinstitucional u horizontal, es decir, controles entre los órganos establecidos de gobierno, así como libertades políticas y civiles. Todos estos elementos deben conjugarse para que un régimen pueda considerarse democrático1.

Enfocados específicamente a la rendición de cuentas vertical de los legisladores federales a los gobernados, planteamos la necesidad de generar normas vinculantes que permitan a los ciudadanos, conocer con todo el derecho que les compete, qué es lo que hacen sus representantes en el Congreso de la Unión.

Ya el Poder Ejecutivo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 señala con claridad:

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.2

De la misma forma, los principios establecidos en el artículo 134 de nuestra Constitución, señalan que los recursos económicos de que dispongan el Estado mexicano deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, igualmente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión (Es decir el Congreso de la Unión se encuentra obligado), los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Sin embargo, la Ley de Transparencia señala que el Poder Legislativo Federal será obligado en la materia, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación, dependiendo de sus reglamentos y acuerdos para sustanciar los mandatos constitucionales y legales correspondientes.

De todo ello se obvia, que los legisladores federales en lo individual, no se encuentran directamente obligados a rendir informes de actividades a sus electores o representados.

Ciertamente muchos Grupos Parlamentarios y legisladores en lo individual, tienen un fuerte compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que rinden informes a la ciudadanía de sus actividades como legisladores, que además les permiten mantener contacto directo con sus electores, al menos una vez al año. No obstante resulta imperativo que la actividad individual de informar sea vinculante.

La falta de rendición de cuentas de los legisladores puede generar arbitrariedad o un desempeño deficiente en sus funciones. Para eliminar la impunidad es necesario que cada funcionario público conozca con claridad sus obligaciones y compromisos dentro de una nueva cultura de rendición de cuentas. Además, es necesario que estos servidores dispongan de instrumentos y capacitación, adecuados para realizar eficazmente su trabajo que tanto el sistema de supervisión como los mecanismos para su seguimiento y sanción sean claros y sencillos en su aplicación.3

La transparencia aplicada a la cotidianeidad de la vida pública, genera dos sentimientos verificables: confianza y certidumbre, lo que políticamente se traduce en legitimidad, y precisamente en esto radica su importancia como razón de Estado, ya que para asegurar su trascendencia todo gobierno debe legitimarse cotidianamente, y toda sociedad, la otra parte viva de un Estado, debe corresponsabilizarse.4

Es contradictorio que desde la propia Constitución se establezca la obligación del titular del Poder Ejecutivo a rendir un informe anual y no exista esa misma disposición para los legisladores federales, quienes conformamos un Poder de contrapeso y vigilancia al mismo. El Presidente de la República rinde su informe de labores ante el Congreso de la Unión, porque en él convergen los representantes del pueblo y de las entidades federativas. Por lógica, los integrantes del Congreso de la Unión debemos rendir nuestros informes, directamente ante nuestros representados.

Con el afán de obligar a los legisladores federales a rendir informes de actividades, y de legitimar y devolver el prestigio perdido al Poder Legislativo, desde la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, diputados y senadores de prácticamente todos los Grupos Parlamentarios han presentado iniciativas que bajo matices distintos plantean crear la obligatoriedad de los informes mencionados.

La iniciativa de mérito, tiene dos ámbitos reformadores, por un lado lo concerniente al Congreso de la Unión, reformando la Ley Orgánica del Congreso, para estipular la obligación de los legisladores federales a rendir informes anuales de actividades, en un periodo que va del final del segundo período de sesiones ordinarias y hasta antes del inicio del primer período de sesiones ordinarias del siguiente año legislativo, del cual deberán remitir una copia a la Mesa Directiva de su respectiva Cámara.

Por el otro, el que toca específicamente al Senado de la República, mediante reforma a su Reglamento, donde se incorpora expresamente el informe legislativo anual en el catálogo de obligaciones de los senadores, los requisitos mínimos con que deberá contar y la obligación de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de publicarlos en la Gaceta Parlamentaria y, en su caso, de publicar la lista de los senadores omisos de dicha obligación.

John Ackerman ha propuesto entender la rendición de cuentas como “un proceso pro-activo por medio del cual los servidores públicos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus logros, y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes”. Este concepto supone que la rendición de cuentas es un proceso dinámico y pro-activo, donde los servidores públicos salen a la calle a dialogar con la sociedad y con otras instituciones. Supone también entender que esos servidores están sujetos a sanciones tanto negativas (castigo) como positivas (recompensas).5

Con ese espíritu, mediante la obligación de los legisladores federales para rendir informes anuales de sus actividades, se fortalecerá la rendición de cuentas del Congreso, será un control de productividad parlamentaria, dotará de mayor transparencia a la labor legislativa, al tiempo que ofrecerá a los legisladores una oportunidad de generar un contacto directo e institucional con su electorado y de mostrar cual ha sido realmente su trabajo congresual.

Se propone que la presentación por escrito del informe, deba hacerse ante la Mesa Directiva con copia a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a efecto de que se publique en la Gaceta Parlamentaria, durante el periodo de receso correspondiente, y así todos los informes puedan ser consultados por la población en general, de forma permanente.

En caso de que un senador no cumpla con dicha obligación, a partir del día siguiente en que concluya el receso e inicie el periodo ordinario de sesiones, la Secretaría de Servicios Parlamentarios deberá publicar en la Gaceta Parlamentaria, una lista que señale a los senadores omisos.

Finalmente, se aclara que la presente iniciativa no contempla reformar el artículo 8 del Reglamento (derechos de los senadores), pues se considera que en su fracción XII se encuentra dispuesto que los senadores, dentro de sus derechos contarán con los recursos materiales para rendir su informe anual.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, ESTIPULANDO LA OBLIGACION DE LOS LEGISLADORES FEDERALES PARA RENDIR UN INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un numeral 5 al artículo 4 y un numeral 2 al artículo 130, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4o.

1. a 4. …

5. Al final del segundo período de sesiones ordinarias y antes del inicio del primer período de sesiones ordinarias del siguiente año legislativo, los diputados y senadores deberán rendir un informe anual de actividades por escrito, ante la Mesa Directiva de sus respectivas Cámaras.

Artículo 130.

1. …

2. Cada una de las Cámaras deberá promover la difusión de los informes anuales que rindan los diputados y senadores en lo individual, sobre las actividades del Congreso y de las propias, así como un listado de los diputados y senadores que sean omisos en la rendición de su informe anual, en los términos dispuestos por los reglamentos de cada Cámara.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VIII del numeral 1 del artículo 10, la fracción III del numeral 1 del artículo 306; Se adicionan, un artículo 297 Bis; y una fracción XIX, del numeral 3 del artículo 306, recorriendo la actual fracción con dicho numeral al número XX, todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 10

1. Son obligaciones de los senadores:

I. a VII.

VIII. Presentar en tiempo y forma las declaraciones que establecen las normas aplicables o que deben rendir con motivo del desempeño de sus funciones o encomiendas, y rendir individualmente un informe anual de actividades por escrito ante la Mesa;

IX. a X.

Artículo 297 Bis.

1. El informe individual de los senadores al que se refiere la fracción VIII del artículo 10 de este Reglamento, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser anual, presentándose al final del segundo período de sesiones ordinarias y antes del inicio del primer período de sesiones ordinarias del siguiente año legislativo;

II. Presentarse por escrito ante la Mesa, con copia a la Secretaría de Servicios Parlamentarios;

III. Contener al menos la siguiente información:

a) Las instancias de trabajo legislativo y parlamentario de las que forme parte el senador;

b) Las asistencias al Pleno y a las instancias legislativas;

c) Las iniciativas de ley y proposiciones con punto de acuerdo que haya presentado;

d) Los dictámenes aprobados, correspondientes a las iniciativas de ley y proposiciones con punto de acuerdo que el senador haya presentado;

e) Las actividades en comisiones y las de carácter oficial que el senador haya realizado, y

f) Si se cuenta con una casa de enlace con la ciudadanía;

La Mesa ordenará la publicación de los informes anuales de los senadores.

Concluido el receso del segundo periodo de sesiones ordinarias, la Mesa ordenará la publicación en la gaceta de la lista de los senadores omisos

La Secretaría de Servicios Parlamentarios, deberá proporcionar la información que cada senador solicite sobre sus asistencias en el Pleno y en las instancias legislativas a las que pertenezca, con independencia de su publicación en los medios electrónicos del Senado.

Artículo 306

1. a 2.

3.

I. a XVIII.

XIX. Los informes anuales de los senadores y la lista de los senadores omisos de dicha obligación, y

XX. Los demás documentos oficiales que dispongan la Mesa y la Junta.

4. a 5. …

Artículo 308

1.

I. a II.

III. Los informes o documentos que remitan los senadores a título personal, incluidos los informes señalados fracción VIII del artículo 10 de este Reglamento, se publican íntegros en la edición impresa si su extensión no es mayor a 15 páginas; si excede ese volumen, la publicación impresa sólo contiene el respectivo oficio de remisión o presentación y el texto completo aparece en la versión de Internet para consulta remota.

TRANSITORIOS

Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo.- La Cámara de Diputados deberá realizar las adecuaciones correspondientes en su Reglamento, en un periodo de noventa días, tras la publicación en Diario Oficial de la Federación del presente decreto en lo relativo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24de abril del 2013.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.

1 Casar María Amparo, Marván Ignacio y Puente Khemvirg, La rendición de cuentas y el poder legislativo Ed. CIDE, México D.F. 2010

2 Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012, presentado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Punto 5.5 Transparencia y rendición de cuentas

3 Et. Al El Paradigma de la Rendición de Cuentas, Instituto de Investigaciones jurídicas de la universidad Nacional Autónoma de México, México 2011

4Castelazo José R. Artículo “Apertura del gobierno para el sustento del Estado Republicano”, Revista de Administración Pública Volumen XLIII, Número Especial, 2008.

5 López Ayllón Sergio, Merino Mauricio, La Rendición de Cuentas en México, Retos y Perspectivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN)

“La suscrita, Senadora LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Reglamento del Senado de la RepUblica y se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la InformaciOn del Senado de la RepUblica, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La transparencia no es un fin en sí misma; coadyuva a generar condiciones que permiten evaluar resultados presentes y futuros de cualquier sociedad. No es una decisión fácil de implementar y requiere de muchas otras decisiones y compromisos socio-económicos, políticos y administrativos de gran envergadura.1

Como refiere Rafael Morgan Ríos, “políticos, tecnócratas y burócratas siempre pretendemos cambiar al gobierno para mejorar al país, siendo que lo que debemos hacer es cambiar a la sociedad para que controle a su gobierno”.2

El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa “a pesar de que el Congreso es un sujeto obligado de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se logran mejores controles en el ejercicio de las funciones legislativa y la ciudadanía no tiene garantizado el acceso a la información y la transparencia del Legislativo. Debemos dejar las prácticas informales para conseguir información de aspectos básicos como las percepciones de los congresistas o la participación directa o indirecta de los legisladores en actividades que pueden representar choque de intereses entre lo privado y lo público”.3

Con la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se obtuvo un importante avance en la materia, para todas las instancias públicas, ya fueran sujetos obligados directos o indirectos, o incluso aquellos de competencias diversas, que tienen un referente de cómo debe ser la normatividad en transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

Así, los principios básicos de la materia que se concretaron son: garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal, mediante procedimientos sencillos y expeditos; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información; garantizar la protección de los datos personales; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos; mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos gubernamentales, y contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

Así, se impulsó el combate a la corrupción y el estímulo a la eficiencia administrativa y de gestión de las entidades públicas federales de todos los Poderes.

Por tanto, el Poder Legislativo federal como obligado directo mediante las Cámaras de Diputados y Senadores, la Comisión Permanente y la Auditoria Superior de la Federación, se vinculó como sujeto obligado a cumplir con dichos mandamientos legales.

Además, no debemos ignorar, la obligación que el Congreso de la Unión debe, además de cumplir con la ley, ser ejemplo de una total voluntad de transparencia y rendición de cuentas, al ser la institución que representa al pueblo (Diputados) y a las entidades federativas (Senado) en que convergen todas las diversas ideologías de la Nación y en ese marco de pluralidad busca los consensos que permiten a México avanzar como uno. Una cuenta que se empieza a saldar.

Derivado de las obligaciones legales, el 30 de abril del 2003 se aprobó el Proyecto de Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, cuyo artículo 4 dicta a la letra:

Artículo 4.- En términos del artículo 7 de la Ley [Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental], la Cámara deberá poner a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica, la información del Senado que a continuación se detalla:

I. La estructura Orgánica del Senado de la República;

II. Las facultades de cada una de sus unidades legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias;

III. El directorio completo de los servidores públicos que prestan sus servicios en el Senado;

IV. El Orden del Día de las sesiones de la Cámara, en sus periodos ordinarios y extraordinarios;

V. La Gaceta Parlamentaria;

VI. El Diario de Debates;

VII. Iniciativas de ley, proyectos de decreto y puntos de acuerdo presentados para su discusión y dictamen;

VIII. El registro de asistencia de los legisladores a las sesiones, así como a las sesiones de trabajo de las comisiones a las que pertenezcan;

IX. El registro del sentido del voto por cada legislador en los casos de creación de nuevas leyes y reformas legales, así como en los puntos de acuerdo y elección o ratificación de nombramientos que se voten en forma nominal;

X. La remuneración mensual de legisladores y servidores públicos por puesto, cargo o encargo, incluyendo el sistema de compensación, bonos o cualquier otra percepción extraordinaria de la naturaleza que fuere, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;

XI. El domicilio de la Unidad de Enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

XII. Las metas y objetivos de las áreas legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias, de conformidad con sus programas operativos;

XIII. Los servicios que se ofrecen en la Biblioteca de la Cámara y el Archivo Histórico;

XIV. Los trámites, requisitos y formatos para que la Biblioteca y el Archivo Histórico proporcionen el servicio;

XV. La asignación presupuestal y el detalle de su ejercicio debidamente desglosado por partidas, montos y fechas;

XVI. Los resultados de las auditorías del ejercicio presupuestal;

XVII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b) El monto;

c) El nombre del proveedor, contratista o persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato; y

d) Los plazos de su cumplimiento;

XVIII. El marco normativo aplicable al Senado;

XIX. Los informes que conforme el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley Orgánica del Congreso, genere la Cámara;

XX. Los mecanismos de participación ciudadana que establezca el Senado;

XXI. Los informes de los viajes oficiales que los legisladores realizan con recursos de la Cámara;

XXII. La información relativa a los montos y personas a quienes se entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen, cuando esta disposición sea aplicable;

XXIII. Un informe semestral del ejercicio presupuestal y del uso y destino de los recursos que la Cámara otorgue a los grupos parlamentarios;

XXIV. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante.

Simultáneamente se instrumentaron principalmente dos mecanismos para transparentar y otorgar el acceso de su información al público:

• La página electrónica institucional,

• El trámite de solicitudes de información, mismas que son presentadas por los particulares a la Unidad de Enlace y respondidas con la información que integran las áreas de la Cámara de Senadores.

Igualmente, el Senado de la República suscribió convenios de colaboración con su Colegisladora, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información y con diversas instituciones privadas y públicas.

Reconocemos un avance, no sólo del Congreso, sino de las instituciones mexicanas, que durante la última década avanzaron de forma importante en la materia, entendemos que la Cámara de Senadores cumplió de forma efectiva con sus obligaciones en los márgenes institucionales que tuvo.

No obstante estos logros, el Senado de la República debe avanzar y evolucionar sus propias herramientas de transparencia, generando una normatividad con mayor solidez que la del acuerdo parlamentario y expedir para la regulación de sus obligaciones un Reglamento. No obviamos decir, que la Cámara de Diputados ya cuenta con su Reglamento de Transparencia desde el 6 de abril de 2009.

Dicha necesidad no es nueva, el 20 de octubre del 2009, el Senador José González Morfín presentó ante esta Cámara de Senadores, iniciativa con Proyecto de decreto que expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores, el cual tomó en cuenta observaciones de académicos, aportaciones de servidores públicos, comentarios de representantes de medios de comunicación y los antecedentes regulatorios internos del Senado desde el año 2001.

Es pues que la presente propuesta, parte de la iniciativa del senador González Morfín4, el cual contemplaba: confirmar el principio de máxima transparencia; la información que se debe publicar en la página electrónica y de las unidades legislativas, parlamentarias, técnicas y administrativas (destaca que los Grupos Parlamentarios deberán difundir en sus sitios un reporte sobre la asignación y destino final de los recursos económicos y materiales que se les provea institucionalmente, en razón de que se trata de una obligación legal); la diferencia entre información reservada y confidencial, determinándose los procedimientos, principios y supuestos para su protección y clasificación; se introduce la figura de la “prueba de daño” que consiste en que la clasificación de información deberá incluir los elementos objetivos a partir de los cuales pueda inferirse que con su acceso, habría la posibilidad de atentar contra los intereses públicos tutelados en el artículo 6º de la Constitución y en la Ley, tales como la seguridad nacional y pública, la defensa nacional, las relaciones internacionales; la estabilidad financiera o económica del país; la vida, la seguridad o la salud de las personas; las actividades de verificación del cumplimiento de leyes; los expedientes judiciales o administrativos; los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros y los procesos deliberativos de los servidores públicos; los órganos responsables de la transparencia y el acceso a la información; el procedimiento de acceso a la información de la Cámara, con el cual se fortalece al mecanismo de atención de las solicitudes de información y donde se incorpora la figura de la afirmativa, a favor del peticionario, la protección de datos personales; los archivos de la Cámara; el procedimiento para atender los recursos de revisión y reconsideración y se fijan las conductas ilícitas y las sanciones para los servidores públicos que incumplan las normas de transparencia y acceso a la información.

En el mismo sentido que la propuesta del senador González Morfín, “no se crean nuevas instancias, únicamente se realinean las atribuciones de las actuales, se les dota de las atribuciones que señalan tanto la Constitución y como la Ley”.

Es así que el Comité de Información continúa conformándose con los Senadores integrantes de la Comisión de Administración mismo que, fundamentalmente, coordinará y supervisará las acciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y organización de archivos.

En tanto que el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, conocido como COGATI, se constituye en el órgano garante especializado e imparcial de la Cámara, dotado de autonomía operativa, de gestión y decisión, conforme lo establece el artículo 6º constitucional, en materia de derecho a la información.

El COGATI se integra por un Senador de cada Grupo Parlamentario, y tendrá fundamentalmente las atribuciones de conocer y resolver los recursos de revisión y reconsideración interpuestos por los solicitantes y participar en el diseño de la política institucional de la Cámara en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, mediante análisis, evaluaciones periódicas, estudios y recomendaciones.

Se incorpora un índice de productividad de los senadores

En otro orden de ideas, el documento Parliamentary Scorecard (Informe de gestión parlamentaria) de Uganda se publicó por primera vez en el año 2006. Además de ofrecer información objetiva acerca de la composición del parlamento y sus diputados, la publicación inicial de la Organización No Gubernamental Africa Leadership Institute (AFLI) también tuvo como fin calificar el desempeño individual de los diputados, listando el número de ocasiones en las que habían participado en 17 diferentes actividades parlamentarias, como por ejemplo, el número de preguntas formuladas, el número de mociones o proyectos de ley presentados y el número de declaraciones hechas. El total de las aportaciones se acumuló en la parte inferior de la tabla y cada diputado recibió una calificación que va de la A (para quienes hicieron más de 16 aportaciones) a la F (para quienes no hicieron ninguna aportación). Los resultados fueron concluyentes. El informe otorga una calificación de A tan solo siete diputados, mientras que 65 (21%) de ellos recibieron una calificación de F. El informe concluyó que 237 de los 305 diputados (77%) hicieron menos de seis aportaciones en total.5

En nuestro país, el Reporte Legislativo de Integralia (sociedad civil dedicada al estudio y promoción de la transparencia y la rendición de cuentas) aporta información para analizar el funcionamiento del Congreso mexicano y fortalecer su desempeño6. En la Sección 4.- Los Legisladores refiere que “La actividad individual es la base de la pirámide del análisis del desempeño del Congreso. Para analizar este ámbito, se presentan los siguientes indicadores: Número de Asistencias; Intervenciones en el Pleno; Iniciativas Presentadas en el Periodo y Participación en las Votaciones del Pleno.”

El mismo reporte señala como fuente de su información: “La información contenida en este reporte fue recopilada de fuentes de información pública: la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y del Senado de la República; el Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL) de la Cámara de Diputados; el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (SIL) y el Portal del Senado de la República.”

Por ello, se debe incorporar en el Reglamento la obligación de la Cámara de emitir información netamente estadística, que no implica propiamente una evaluación del legislador, ni de sus órganos, sino una fuente de consulta para la ciudadanía, que tenga un formato accesible y de fácil consulta.

Actualmente, la normatividad aplicable en materia de transparencia con los que cuenta el Senado de la República es:

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;

• Reglamento del Senado de la República;

• Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental en la cámara de Senadores, y

• Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para aplicar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, durante los segundos periodos de receso de cada Año Legislativo.

La intención de la presente iniciativa es fortalecer la naturaleza jurídica del Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores el 30 de abril del 2003, para investirlo como un Reglamento de la propia Cámara.

El proceso formal en la expedición de un Reglamento, otorga una validez superior a un acuerdo de la propia Cámara, que además fortalece las resoluciones fundamentadas por dicha norma, en oposición a terceros y a una aplicabilidad general.

Someter el presente proyecto al estudio y discusión en la comisión competente, ponerlo a consideración del Pleno y votarlo a favor, representa un avance en el marco jurídico de este Senado respecto a sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Por lo expuesto presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el numeral 3 del artículo 53; los numerales 1 a 4 del artículo 295, y el numeral 1 del artículo 296 del Reglamento del Senado de la República, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 53

1.

2.

3. Cuando en una sesión secreta se estima que un asunto amerita estricta reserva, el Presidente lo consulta al Pleno. De ser afirmativa la respuesta, los presentes están obligados a guardar la reserva. En su caso, se le dará el tratamiento de información reservada o confidencial establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República.

Artículo 295

1. Como sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, el Senado garantiza el acceso de toda persona a la información de que dispone, en los términos de la Constitución, la ley de la materia, este Reglamento, y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del