Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 22 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 28

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 23 de Abril de 2013

SUMARIO                                              


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COMUNICACIONES

- De la C. Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de actividades de la Cuarta Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia del Foro Parlamentario de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, realizada el 12 de abril de 2013, en Managua, Nicaragua; del C. Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, con las que remite informes de las delegaciones del Congreso mexicano: de la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada del 1 al 5 de octubre de 2012, en Estrasburgo, Francia; de la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada del 21 al 25 de enero de 2013, en Estrasburgo, Francia.
































PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE SALUD; FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL; DEL SEGURO SOCIAL; DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.




















































































- De los CC. Senadores Carlos Mendoza Davis, Francisco García Cabeza de Vaca, Ernesto Ruffo Appel, Gabriela Cuevas Barrón, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán, Javier Corral Jurado, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Gil Zuarth, Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda Esthela Flores Escalera, Ernesto Gándara Camou, Ricardo Barroso Agramont, Isaías González Cuevas, Marco Antonio Blásquez Salinas, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Raúl Aarón Pozos Lanz, Roberto Albores Gleason, Humberto Domingo Mayans Canabal, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, Marcela Guerra Castillo, Carlos Romero Deschamps, Manuel Cavazos Lerma, Graciela Ortiz González, Félix González Canto, María Cristina Díaz Salazar, Oscar Román Rosas González, Patricio Martínez García, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Luz María Beristain Navarrete, Fernando Enrique Mayans Canabal, Zoé Alejandro Robledo Aburto, Adán Augusto López Hernández, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Luis Armando Melgar Bravo, Juan Gerardo Flores Ramírez y Layda Sansores San Román, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a recabar y considerar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 propuestas sobre las políticas de fomento al desarrollo y competitividad económica para la región fronteriza y la franja fronteriza norte y sur y a mantener el régimen de desgravación arancelaria aplicable a las empresas de la frontera.











































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:51 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 68 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se abre la sesión del martes 23 de abril de 2013, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que correspondan a la agenda de hoy.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL VIERNES
DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las cero horas con veinticinco minutos del día viernes diecinueve de abril de dos mil trece, encontrándose presentes ciento once ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un  dictamen de la Comisión de Energía, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Borja Navarrete como Consejero Profesional de Petróleos Mexicanos, para un periodo de seis años y se ratifica el nombramiento del ciudadano Guillermo Zúñiga Martínez como Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2017.- Intervino el Senador Salvador Vega Casillas, a nombre de la comisión, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 112 votos en pro, 3 en contra y 1 abstención. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.- Para la presentación del dictamen, intervinieron los senadores: Raúl Cervantes Andrade, por la Comisión de Puntos Constitucionales; Javier Lozano Alarcón, por la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Alejandra Barrales Magdaleno, por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; y Graciela Ortiz González, por la Comisión de Estudios Legislativos. Para fijar el posicionamiento de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel Bartlett Díaz, del PT; Gerardo Flores Ramírez, del PVEM; Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD; Héctor Larios Córdova, del PAN; y David Penchyna Grub del PRI.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO

En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Layda Sansores San Román, en contra; Iris Vianey Mendoza Mendoza, del PRD, en pro; Javier Corral Jurado, del PAN, en pro; Luis Sánchez Jiménez, del PRD, en pro; Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, en pro; Benjamín Robles Montoya, del PRD, en pro; y Armando Ríos Piter, del PRD, en pro. El Presidente informó de los artículos reservados para su discusión en lo particular: Artículo 6º, Senador José María Martínez Martínez, del PAN; Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD; Senador Gerardo Flores, del PVEM; y Senador Javier Corral Jurado, del PAN. Artículo 28, Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN; Senador José María Martínez Martínez, del PAN; Senadora Marcela Torres Peimbert, del PAN; y Senador Javier Corral Jurado, del PAN. Artículo 73, Senador Javier Corral Jurado, del PAN. Adición del artículo 110, Senador Javier Corral Jurado, del PAN; y Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN. Artículo Transitorio Tercero, Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN y Senador Javier Corral Jurado, del PAN. Artículo Transitorio Quinto, Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD y Senadora Dolores Padierna Luna, del PRD. Artículos Transitorios Sexto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Sexto, Senador Javier Corral Jurado, del PAN; y Artículo Transitorio Décimo Séptimo, Senador Javier Corral Jurado, del PAN y Senador Armando Ríos Piter, del PRD. El dictamen fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 118 votos en pro y 3 en contra.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

Con respecto al Artículo 6°, el Senador José María Martínez Martínez, del PAN, presentó su propuesta, la cual no se admitió a discusión. El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, presentó su reserva al mismo artículo, la cual no se admitió a discusión. La Mesa Directiva informó que el Senador Gerardo Flores retiró su propuesta. El Senador Javier Corral Jurado, del PAN presentó su reserva al artículo 6º, la cual no se admitió a discusión. El artículo 6º fue aprobado en los términos del dictamen por 114 votos en pro, 3 en contra y 1 abstención.

Para referirse al Artículo 28, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN presentó su propuesta, la cual no se admitió a discusión. El Senador José María Martínez Martínez, del PAN presentó su reserva, la cual no se admitió a discusión. La Senadora Marcela Torres Peimbert, del PAN presentó su propuesta, la cual no se admitió a discusión. El Senador Javier Corral Jurado, del PAN presentó diversas propuestas al artículo 28, que no se admitieron a discusión. El artículo 28 fue aprobado en los términos del dictamen por 109 votos en pro y 3 en contra.
El Senador Javier Corral Jurado, del PAN informó del retiro de su reserva al Artículo 73. El Artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 108 votos en pro y 3 en contra.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez presentó propuesta para adicionar el Artículo 110 al proyecto de Decreto, la cual no se admitió a discusión.

Para referirse al Artículo Tercero Transitorio, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez presentó su reserva, la cual no se admitió a discusión. El Senador Javier Corral Jurado retiró su propuesta a dicho artículo, así mismo retiró la presentación de modificaciones a los Artículos Sexto, Octavo y Noveno Transitorios. El Presidente de la Mesa Directiva informó que en consecuencia de la presentación y del retiro de diversas reservas se sometió a consideración de la Asamblea los Artículos Tercero, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Sexto Transitorios, los cuales fueron aprobados por 113 votos en pro y 3 en contra.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

Con referencia al Artículo Quinto Transitorio, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez presentó la modificación al artículo, el cual no se admitió a discusión. La Senadora Dolores Padierna Luna presentó su reserva al artículo transitorio, el cual no se admitió a discusión. La Mesa Directiva informó que las reservas al Artículo Décimo Séptimo  Transitorio fueron retiradas. Los Artículos Quinto y Décimo Séptimo Transitorios fueron aprobados en los términos del dictamen por 109 votos en pro y 5 en contra.

Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Se devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las cinco horas con veinticuatro minutos y citó a la siguiente el martes veintitrés de abril a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación de la Senadora Arely Gómez González, con la que remite el informe de actividades de la Cuarta Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia del Foro Parlamentario de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, realizada el 12 de abril de 2013, en Managua, Nicaragua.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Informo a la Asamblea que por error del personal operativo de la Gaceta Parlamentaria se publicaron únicamente los anexos del informe y se omitió el texto del mismo.

La Mesa Directiva instruyó a corregir el error, y en la versión electrónica ya está disponible el texto del informe de la Senadora Arely Gómez.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron dos comunicaciones del Senador Héctor Larios Córdova, con las que remite los informes de las delegaciones del Congreso mexicano:

De la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada del 1 al 5 de octubre de 2012, en Estrasburgo, Francia.

Y de la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada del 21 al 25 de enero de 2013, en Estrasburgo, Francia.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite nombramientos de personal diplomático, a favor de los ciudadanos:

*Francisco Suárez Dávila, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/407/13
México, D.F., a 22 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Francisco SuArez DAvila, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

*Sandra Fuentes Berain Villenave, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/409/13
México, D.F., a 22 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a la C. Sandra Fuentes Berain Villenave, como Cónsul General de México en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

*Y Carlos Manuel Sada Solana, como Cónsul General de México en Los Angeles, California, Estados Unidos de América.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/408/13
México, D.F., a 22 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Carlos Manuel Sada Solana, como Cónsul General de México en Los Angeles, California, Estados Unidos de América.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnense los tres nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-3-702
Exp. 706

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 530, de la Ley Federal del Trabajo, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 18 de abril de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 530 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Artículo Unico.- Se reforma la fracción III del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 530.- La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene las funciones siguientes:

I. y II. ...

III.- Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas autorizadas, así como la celebración de convenios entre las partes, que serán considerados como firmados ante la Junta, siempre que contengan una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y, que no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 18 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.-Dip. Meliryn Gómez Pozos, Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-5-671
Exp. 172

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 18 de abril de 2013.

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún

Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

SE REFORMA EL INCISO e) Y ADICIONA UN INCISO o) DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Unico.- Se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116....

I. a III. ...

IV. Las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) a d)...

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

f) a n) ...

o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

V. a VII....

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 18 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Fernando Bribiesca Sahagún, Secretario”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 constitucional, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0607
Exp. 7141 LXI Legislatura

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Me permito devolver a ustedes para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 18 de abril de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Unico.- Se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-Q....

XXIX-R. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de los derechos de las víctimas.

XXX....

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión dentro de los 180 días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá adecuar en materia de víctimas, la normativa federal que así lo requiera.

Tercero.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, dentro de los 180 días siguientes de su entrada en vigor.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 18 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Meliryn Gómez Pozos, Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se constituye un Comité de Fomento a la Lectura.



- El C. Presidente Aispuro Torres: En virtud de encontrarse publicado en la Gaceta del Senado de este día, está a discusión dicho proyecto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la presente propuesta.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo por el que se constituye un Comité de Fomento a la Lectura.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CONTRALORIA INTERNA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la propia Cámara, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2012.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a la Comisión de Administración.

El informe queda en poder de la Secretaría, para consulta de los señores Senadores, y se pondrá a consideración de la Asamblea en la próxima sesión.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION II, MODIFICANDO EL ORDEN DE LAS SIGUIENTES DE FORMA SUCESIVA EN EL ARTICULO 2 Y SE MODIFICAN LAS FRACCIONES I, III Y IV Y SE ADICIONAN 4 PARRAFOS AL FINAL DEL ARTICULO 8 DE LA LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMO

(Presentada por el C. Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Héctor Yunes Landa: Gracias, señor Presidente.

El suscrito, Héctor Yunes Landa, Senador de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de reforma a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos.

Las primeras actividades comerciales transoceánicas se realizaron por la vía marítima.

Desde la época antigua y hasta la actualidad, los buques y barcos son el medio de carga por excelencia en la ejecución de las operaciones mercantiles a nivel mundial, debido a que permiten movilizar grandes volúmenes de mercancías en mayores distancias, a bajo costo y de forma segura.

Por otra parte, México posee 11 mil kilómetros de extensión de sus costas; poco más de 8 mil kilómetros de litorales que corresponden al Océano Pacífico y poco más de 3 mil kilómetros de playas a lo largo del Golfo de México y el Mar Caribe. El sistema portuario mexicano cuenta con 117 puertos y terminales.

Sin embargo, el país cuenta con una infraestructura portuaria que solo moviliza medianas cantidades de mercancías, la escasez de la inversión pública y privada, en materia de puertos, ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades de comunicaciones y transportes. Penosamente, las estadísticas nos muestran que de los 100 puertos más importantes en el mundo, solo figura uno mexicano, el Puerto de Manzanillo que ocupa el lugar número 74 a nivel mundial.

Por ello es que, para contrarrestar esta desventajosa circunstancia, se propone la creación de un Consejo Consultivo para el Desarrollo del Comercio Marítimo, el cual estará integrado por especialistas de las diferentes Secretarias que están involucradas de forma transversal en el progreso del comercio marítimo y actuarán como el eje rector para el mejoramiento de esta materia.

Especialistas que no representarán incremento alguno al gasto corriente de la Administración Pública Federal, dado que estos ya se encuentran en las nóminas de las dependencias que en esta iniciativa se proponen para integrar al referido Consejo.

El espíritu del Consejo estará regido por los siguientes tres fundamentales objetivos:

Primero.- Fortalecer de forma estratégica el sistema portuario y de transporte marítimo, a fin de ofrecer a los usuarios la mejor opción de transporte con calidad, seguridad y precios competitivos, con estándares internacionales, favoreciendo al crecimiento de la economía nacional y regional de manera importante, así como a la preservación del medio ambiente, al ordenamiento sustentable de los litorales y a la generación de empleos.

Segundo.- Favorecer el desarrollo de los puertos y litorales mexicanos, mediante la instrumentación de políticas y programas para atender eficientemente las necesidades del comercio marítimo, con el objetivo de impulsar el desarrollo, ofreciendo certidumbre jurídica para que los puertos y litorales mexicanos funcionen como un sistema, integrando a los medios de transporte de manera sustentable y competitiva.

Tercero.- Implementar un plan de organización corporativa moderna y eficiente que logre consolidar un desarrollo equilibrado y sostenido de los puertos, a través del ejercicio efectivo de las Administraciones Portuarias Integrales (API), mediante la definición y aplicación de políticas y estrategias de fomento para la inversión competitiva en infraestructura y servicios, con el fin de mejorar los resultados de su desempeño agregando valor al desarrollo económico y social de las regiones del país.

Por todo lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona la fracción II, modificando el orden de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 2, asimismo se modifican la fracciones I, III y IV, así como se adicionan 4 párrafos al final del artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, para quedar como sigue:

Artículo 2.- …

II.- El Consejo: El Consejo Consultivo para el desarrollo del Comercio Marítimo.

Artículo 8.- …

I.- Planear, formular y conducir de manera coordinada con el Consejo, las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua y de la Marina Mercante con apego a las disposiciones establecidas en esta Ley;

II.- ...

III.-Conjuntamente la Secretaría y el Consejo organizarán, promoverán y regularán la información y capacitación del personal de la Marina Mercante.

IV.- Integrar la información estadística de la flota mercante, el transporte y los accidentes en aguas mexicanas; a fin de que el Consejo pueda determinar los elementos cuantitativos, que le permitan diseñar estrategias, para impulsar el desarrollo del comercio marítimo en México.

V al XXII.- …

El Consejo es un órgano de carácter consultivo, que tiene como objeto emitir opiniones respecto a los asuntos que la Secretaria le hace de su conocimiento, con el fin de influir de manera proactiva en la toma de decisiones de la misma.

En este sentido, el Consejo participará en el estudio y asesoría de políticas y programas que fomenten el desarrollo del comercio marítimo, además coadyuvará en la coordinación y aplicación de los mismos.

El Consejo estará presidido por el Director General de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría deComunicaciones y Transportes; y participarán con carácter de consejeros un representante por cada una de la siguientes Secretarías: de Marina; de Hacienda y Crédito Publico; de Economía; de Relaciones Exteriores; del Trabajo y Previsión Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y del Medio Ambiente y Recursos Naturales; a su vez, el sector empresarial podrá tener representación ante el Consejo, de acuerdo con la reglamentación aplicable.

El Consejo hará participe de forma permanente a la comunidad científica, académica, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, en cuya participación se estime necesaria para el óptimo desempeño de sus labores.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la vigencia de este Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"El Suscrito, Héctor Yunes Landa, Senador de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamentos en el artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de reforma por la que se adiciona una fracción II, modificando el orden de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 2°, asimismo se modifican las fracciones I, III y IV, y se adicionan 4 párrafos al final del artículo 8, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, con base en lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A través de la historia, las primeras actividades comerciales transoceánicas se realizaron por la vía marítima. A raíz del descubrimiento de América el comercio en Europa empezó a tener un crecimiento importante, los navegantes españoles y portugueses descubrieron nuevas rutas de comunicación naval, las cuales tuvieron un papel decisivo en el intercambio comercial con el nuevo Continente.

Desde la época antigua y hasta la actualidad, los buques y barcos son el medio de carga por excelencia en la ejecución de las operaciones mercantiles a nivel mundial, debido a que permiten movilizar grandes volúmenes de mercancías en mayores distancias, a bajo costo y de forma segura, así mismo fue y es uno de los principales medios de transporte de pasajeros en todo el mundo.

Por otra parte, México posee 11 mil kilómetros de extensión de sus costas; 8,475.1 km de litorales que corresponden al Océano Pacifico y 3,117.7 km de playas a lo largo del Golfo de México y el Mar Caribe. Por su posición geográfica el sistema portuario mexicano cuenta con 117 puertos y terminales; 58 se localizan en el litoral del Pacífico y 59 están ubicados en el del Golfo de México y el Mar Caribe. Dentro de los que destacan por su importancia, 16 puertos de la Administración Portuaria Integral (API) que están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 3 a cargo delFondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y 1 más de carácter privado.

Por ello, debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda el tráfico marítimo en la zona, debido a que en una economía globalizada la movilización y almacenaje de mercancías representa una gran oportunidad para el país, la cual se puede observar de forma clara por la posición estratégica de sus puertos, de ahí que más del 80% del comercio nacional se realiza por vía marítima.

Sin embargo, el país cuenta con una infraestructura portuaria moderada que moviliza medianas cantidades de mercancías, la escasez de inversiones públicas y privadas en materia de puertos ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades de comunicaciones y transportes, así como la falta de capacidad para dotar a las instalaciones con la tecnología necesaria y mucho menos para cumplir con los estándares internacionales de seguridad, de tal manera que el comercio marítimo nacional no logra alcanzar los estándares competitivos a nivel mundial, reflejándose en un constante déficit en la balanza comercial. Penosamente las estadísticas nos muestran que el Puerto de Manzanillo ocupa el lugar 74 a nivel internacional.1

Desafortunadamente, en los últimos años la inversión en infraestructura portuaria ha sufrido un baja muy importante, en el 2011 la inversión programada fue de 8 mil 040.4 millones de pesos, monto inferior en 5.1 por ciento, respecto a la inversión total en el 2010, igualmente para el año 2012 no fue la excepción, ya que la inversión proyectada fue de 8 mil 873.3 millones de pesos, monto inferior en 8.6 por ciento, respecto a la inversión ejercida en el 2011.2

En este orden de ideas, de la inversión total en el 2011, el75.9% fue inversión pública (6 mil 100.5 millones de pesos) y el 24.1% fueinversión privada (mil 939.9 millones de pesos), asimismo para el 2012, el 60.6% fue inversión pública (5 mil 378.4 millones de pesos) y el 39.4% fue inversión privada (3 mil 494.9 millones de pesos), por lo que podemos concluir que la inversión pública fue mayor en el 2011 en comparación con el año sucesor, lo cual resulta verdaderamente alarmante, ya que se mostró una falta de inversión por parte de la Administración Federal.

En este contexto económico mundial, los puertos mexicanos poseen un papel fundamental en la dinamización de la economía local, regional, nacional y mundial, por lo cual debe de asumir una política comercial internacional de forma importante, elaborando propuestas de mejora, con la finalidad de facilitar el reordenamiento costero y la regulación de actividades económicas en los litorales nacionales, aprovechando las ventajas geoceánicas a través de Programas Sustentables de Desarrollo de Comercio Marítimo.

Por lo cual, esta iniciativa propone la creación del un Consejo Consultivo para el desarrollo del Comercio Marítimo, el cual estará integrado por especialista de las diferentes Secretarias que están involucradas de forma transversal en el progreso del comercio marítimo y actuarán como el eje rector para el mejoramiento en esta materia.

El espíritu del Consejo estará regido por los siguientes objetivos:

• Fortalecer de forma estratégica el sistema portuario y de transporte marítimo, a fin de ofrecer a los usuarios la mejor opción de transporte, con calidad, seguridad y precios competitivos, con estándares internacionales, favoreciendo al crecimiento de la economía nacional y regional de manera importante, así como a la preservación del medio ambiente, al ordenamiento sustentable de los litorales y a la generación de empleos.

• Favorecer el desarrollo de los puertos y litorales mexicanos, mediante la instrumentación de políticas y programas para atender eficientemente las necesidades del comercio marítimo, con el objetivo deimpulsar el desarrollo, ofreciendo certidumbre jurídica para que los puertos y litorales mexicanos funcionen como un sistema, integrando a los medios de transporte de forma sustentable y competitiva.

• Implementar un plan de organización corporativa moderna y eficiente que logre consolidar un desarrollo equilibrado y sostenido de los puertos, a través del ejercicio efectivo de las Administraciones Portuarias Integrales (API), mediante la definición y aplicación de políticas y estrategias de fomento para la inversión competitiva en infraestructura y servicios, con el fin de mejorar los resultados de su desempeño agregando valor al desarrollo económico y social de las regiones del país.

De esta manera se pretende impulsar al sistema portuario nacional,mejorando la eficiencia operativa y superando el rezago acumulado en infraestructura, además de mejorar a los organismos navieros que son factores importantes para fomentar el crecimiento económico de México. Con dichos cambios estructurales en las instituciones del sector se impulsará de forma directa el crecimiento y expansión de los puertos nacionales, por lo cual es indispensable que se realicen e implementen programas para el desarrollo portuario en México.

Cabe mencionar, que con el Consejo Consultivo, la política económica de los puertos mexicanos consistirá en ampliar su cobertura, modernizar la infraestructura existente y en proporcionar servicios confiables y de calidad.

De manera complementaria, impulsará el desarrollo de nodos intermodales que brinden alternativas para la movilización de la carga comercial, de tal forma que este sistema reduzca los costos logísticos y fomente la competitividad, para ofrecer servicios con calidad y precios acordes a estándares internacionales.

A su vez, se busca que la estrategia mercantil portuaria en México se oriente en incrementar la infraestructura, especialmente en la capacidad de manejo de contenedores, así como el desarrollo de los puertos como parte de un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos para las empresas y que fomente la competitividad del sistema portuario para ofrecer un mejor servicio acorde con estándares internacionales y fomentar las inversiones nacional y extranjeras en el sector.

De igual manera, el Consejo Consultivo deberá de formular un programa dedesarrollo portuario con estimaciones y pronósticos confiables donde el gobierno federal, estatal y municipal; posean la figura de regulador en esta materia. Conjuntamente deberá de promover el desarrollo de actividades que añadan valor y permitan un mejor aprovechamiento de la posición geográfica impulsando el desarrollo de puertos con vocación turística.

Por último, los puertos son parte fundamental en la política económica de cualquier país, por lo cual es importante encaminar a México hacia la especialización de los puertos, con el fin de ejercer sus funciones de carácter mercantil, además de operar en un mercado altamente competitivo a nivel nacional e internacional.

Por todo lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona una fracción II, modificando el orden de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 2°, asimismo se modifican la fracciones I, III y IV, así como se adicionan 4 párrafos al final del artículo 8, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, para quedar como sigue:

Artículo 2.-

I.- …

II.- El Consejo: El Consejo Consultivo para el desarrollo del Comercio Marítimo.

III.- … a XIV.- …

Artículo 8.- …

I.- Planear, formular y conducir de manera coordinada con el Consejo, las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua y de la Marina Mercante con apego a las disposiciones establecidas en esta Ley;

II.- …

III.-Conjuntamente la Secretaría y el Consejo organizarán, promoverán y regularán la información y capacitación del personal de la Marina Mercante.

IV.- Integrar la información estadística de la flota mercante, el transporte y los accidentes en aguas mexicanas; a fin de que el Consejo pueda determinar los elementos cuantitativos, que le permitan diseñar estrategias, para impulsar el desarrollo del comercio marítimo en México.

V.- … a XXII.- …

El Consejo es un órgano de carácter consultivo, que tiene como objeto emitir opiniones respecto a los asuntos que la Secretaria le hace de su conocimiento, con el fin de influir de maneraproactiva en la toma de decisiones de la misma.

En este sentido, el Consejo participará en el estudio y asesoría de políticas y programas que fomenten el desarrollo del comercio marítimo, además coadyuvará en la coordinación y aplicación de los mismos.

El Consejo estará presidido por el Director General de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y participarán con carácter de consejeros un representante por cada una de la siguientes Secretarías: de Marina; de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de Relaciones Exteriores; del Trabajo y Previsión Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y del Medio Ambiente; a su vez, el sector empresarial podrá tener representación ante el Consejo, de acuerdo con la reglamentación aplicable.

El Consejo hará participe de forma permanente a la comunidad científica, académica, institucionales educativas y organizaciones de la sociedad civil, en cuya participación se estime necesaria para el óptimo desempeño de sus labores.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la vigencia de este Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan.

Dado en la Cámara de Senadores, a 9de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Héctor Yunes Landa”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Yunes Landa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Yunes Landa si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Yunes Landa, ¿acepta la adhesión?

Igualmente lo están planteando los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador López Brito, Ascención Orihuela Bárcenas, Aarón Pozos Lanz e Itzel Ríos de la Mora. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

1 Se anexa Ranking Mundial de los 100 Puertos con mayor afluencia de Carga.

2 Informe de Actividades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2010 -2011 y 2011-2012

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre propio y de los Senadores José María Martínez Martínez y César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIX-G del artículo 73 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXIX-G DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre propio y de los CC. Senadores José María Martínez Martínez y César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Actualmente la discusión y atención al tema sobre los efectos adversos del cambio climático ha tomado fuerza y seriedad en muchos países, regiones y continentes e incluso ha sido desencadenante de problemas sociales, económicos y políticos que se vinculan con la alteración de los ciclos naturales.

El cambio climático es un problema complejo que tiene efectos en todos los ámbitos de la existencia de nuestro planeta, es una consecuencia del aumento en las emisiones de gases efecto invernadero, el cual es cada vez más evidente, resultado principalmente de la quema de combustibles fósiles que ha provocado un cambio en las condiciones atmosféricas globales del planeta.

De igual forma, actualmente es común escuchar como medicina para éste cambio climático, la ampliación del término “desarrollo sustentable”. Es en el Informe Brundtland, donde se define al desarrollo sustentable como: “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.

También se afirma en el informe que para lograr un desarrollo sustentable es necesario: un sistema político que asegure la participación ciudadana en la toma de decisiones; un sistema económico que genere excedentes y conocimientos sobre bases autosustentables y autosuficientes; un sistema social que provea las soluciones para las tensiones del desarrollo no armónico; un sistema de producción que respete la obligación de preservar la base ecológica para el desarrollo; un sistema tecnológico que sea capaz de encontrar continuamente nuevas soluciones.

En relación al fenómeno del cambio climático, casi la totalidad de la comunidad científica está de acuerdo en que debemos frenar e invertir este proceso ahora, de lo contrario enfrentaremos en un futuro cercano una serie devastadora de desastres naturales que alterará la vida tal y como la conocemos en la tierra.

Algunas de éstas catástrofes ya han sido notables y han causado daños y deterioros al ser humano y a su entorno, debido a que la mayor parte de los años más calurosos que se han registrado han tenido lugar durante las últimas dos décadas.

La mayoría de de los procesos antropogénicos han sido aquellos que han impactado directamente y transformado el entorno en donde vivimos, algunos son:

La pérdida y fragmentación de los hábitats.

La contaminación ambiental donde se eliminan muchas especies de las comunidades y contribuye al cambio climático.

La rigurosa sobreexplotación de los recursos.

Las poblaciones humanas que en la actualidad están creciendo a una tasa exponencial donde las zonas urbanas se encuentran muy saturadas.

Además, estas amenazas incluyen: escasez de agua y de alimentos debido a eventos climáticos extremos por el aumento desmesurado de la temperatura global, propagación de enfermedades. En éste último caso, los cambios en el uso del suelo afectan la distribución de los agentes patógenos de enfermedades como los roedores y los insectos, mientras que el clima incide directamente en la duración e intensidad de los brotes de enfermedades tales como: malaria, peste, dengue, virus, parásitos.

También se ha dado un proceso acelerado de pérdida de bosques y vegetación en regiones muy amplias de nuestro planeta. Nuestro país no es la excepción. Se calcula que México ha perdido por lo menos la mitad de sus bosques desde la época colonial hasta nuestros días. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, México ha talado 6.3 millones de hectáreas de sus bosques, ocupando el segundo lugar en América Latina en destrucción forestal.

Para responder a éste fenómeno, es tarea de todos los individuos, las instituciones públicas y la sociedad en general a ser capaces de reaccionar, emprender esfuerzos y desarrollar acciones que involucran costos: monetarios, políticos y de otra índole o de llevar a cabo acciones que anticipen los fenómenos relacionados a dicho problema.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reconoce que el reto de la adaptación ante este fenómeno es entender y caracterizar la vulnerabilidad, entendida como el grado al que un sistema es incapaz de enfrentarse a efectos adversos, mientras se asegura que las medidas y políticas de adaptación tomadas son compatibles con las metas del desarrollo sustentable.

El gobierno mexicano ha emprendido diversas acciones en materia que se complementan con instrumentos y acuerdos de colaboración establecidos con otros países u organizaciones internacionales, así como el acceso a recursos para el financiamiento de actividades y proyectos relacionados con el tema.

En la última década, México se ha colocado como un país líder en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, liderazgo que se acrecentó con la llegada del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien siempre propició la aplicación de políticas públicas transversales y sustentables para contribuir a la protección de los recursos naturales del país, sin embargo, nuestra Constitución Política no alude la tarea de legislar en la materia de cambio climático, como un reconocimiento que el país hace a la problemática ambiental de alcances mundiales.

La adaptación es un elemento esencial para conformar la variabilidad del clima con el fin de mitigar el daño a los diferentes ecosistemas naturales y combatir los problemas ambientales, económicos, sociales, políticos y culturales.

La capacidad de adaptación y mitigación ante este fenómeno alude a diversos elementos, pero en muchas ocasiones puede verse acotada por factores culturales o por la marginación. El problema del cambio climático desde el punto de vista del desarrollo de un país o una determinada región, cobra sentido cuando se considera la manera en cómo las irregularidades en el clima afectan a los sectores socioeconómicos, culturales y políticos.

México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo sean compatibles con la protección del ambiente y el desarrollo sustentable. Es menester implementar y desarrollar nuevas actividades en regiones rurales y en zonas urbanas donde el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles.

Nuestro país también ha sido muy participativo en los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes acuerdos, entre los que destacan el Convenio sobre la Diversidad Biológica; la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; el Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; por mencionar algunos. Estos acuerdos tienen como propósito hacer de México un participante activo en el desarrollo sustentable.

En México, y la mayoría de los países, es necesario realizar las reformas legislativas y administrativas para apoyar los esfuerzos individuales y colectivos de las personas, donde se garantice la protección jurídica, el compromiso por una economía sustentable que permita reducir las emisiones de efecto invernadero y la igualdad entre hombres y mujeres.

En nuestro país la Constitución Política como ley fundamental establece diversos artículos en materia ambiental y principios como: la preservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación, el cuidado al medio ambiente frente a su uso productivo por parte del sector gubernamental y de los sectores social y privado.

Por otro lado, la promulgación de la actual Ley General de Cambio Climático establece un importante precedente en la materia. El ejercicio realizado por el Poder Legislativo es muestra del interés y compromiso que nuestro país ha adquirido frente al problema de este fenómeno.

Con el objeto de proporcionar al legislador un instrumento sólido de dimensiones constitucionales, para poder legislar a favor de las leyes que propicien la ejecución de planes y programas encaminados a la mitigación y adaptación del calentamiento global, se propone a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL, FRACCION XXIX-G, A FIN DE ESTABLECER LO SIGUIENTE:

De las facultades del Congreso.

b) Artículo 73.- El Congreso tiene la facultad:

XXIX-G.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente, de preservación, restauración del equilibrio ecológico y cambio climático.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ y CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN Senadores integrante del grupo parlamentario delPartido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL, FRACCION XXIX-G, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente la discusión y atención al tema sobre los efectos adversos del cambio climático ha tomado fuerza y seriedad en muchos países, regiones y continentes e incluso ha sido ya desencadenante de problemas sociales, económicos y políticos que se vinculan con la alteración de los ciclos naturales.

El cambio climático es un problema complejo que tiene efectos en todos los ámbitos de la existencia de nuestro planeta, es una consecuencia del aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) el cual es cada vez más evidente, resultado principalmente de la quema de combustibles fósiles que ha provocado un cambio en las condiciones atmosféricas globales del planeta.

De igual forma, actualmente es común escuchar como medicina para éste cambio climático, la ampliación del término “desarrollo sustentable”. Es en elInforme Brundtland, donde se define al desarrollo sustentable como: “como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”1.

También se afirmaen el informe que para lograr un desarrollo sustentable es necesario: un sistema político que asegure la participación ciudadana en la toma de decisiones; un sistema económico que genere excedentes y conocimientos sobre bases autosustentables y autosuficiente; un sistema social que provea las soluciones para las tensiones del desarrollo no armónico; un sistema de producción que respete la obligación de preservar la base ecológica para el desarrollo; un sistema tecnológico que sea capaz de encontrar continuamente nuevas soluciones.

En relación al fenómeno del cambio climático, casi la totalidad de la comunidad científica está de acuerdo en que debemos frenar e invertir este proceso ahora, de lo contrario enfrentaremos en un futuro cercano una serie devastadora de desastres naturales que alterará la vida tal y como la conocemos en la tierra.

Algunas de éstas catástrofes ya han sido notables y han causado daños y deterioros al ser humano y a su entorno, debido a que la mayor parte de los años más calurosos que se han registrado han tenido lugar durante las últimas dos décadas.

La mayoría de de los procesos antropogénicos han sido aquellos que han impactado directamente y transformado el entorno en donde vivimos, algunos son:

• La pérdida y fragmentación de los hábitats, originada principalmente por los cambios en el uso del suelo en las actividadesde agricultura, ganadería y acuacultura.

• La contaminación ambientaldonde se eliminan muchas especies de las comunidades y contribuye al cambio climático.

• La rigurosa sobreexplotación de los recursos, misma que ha afectado seriamente el equilibrio ecológico sin que se establezca un desarrollo sustentable.

• Las poblaciones humanas que en la actualidad están creciendo a una tasa exponencial donde las zonas urbanas se encuentran muy saturadas, lo cual ha producido gran parte de los problemas ya mencionados.

Ademásestas amenazas incluyen: escasez de agua y de alimentos debido a eventos climáticos extremos por el aumento desmesurado de la temperatura global, propagación de enfermedades. En éste último caso, los cambios en el uso del suelo afectan la distribución de los agentes portadores de enfermedades como los roedores y los insectos, mientras que el clima incide directamente en la duración e intensidad de los brotes de enfermedades tales como: malaria, peste, dengue, virus, parásitos.

También se ha dado un proceso acelerado de pérdida de bosques y vegetación en regiones muy amplias de nuestro planeta. Nuestro país no es la excepción. Se calcula que México ha perdido por lo menos la mitad de sus bosques desde la época colonial hasta nuestros días. “Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), México ha talado 6.3 millones de hectáreas de sus bosques, ocupando el segundo lugar en América Latina en destrucción forestal (el primer lugar lo tiene Brasil)”2.

Para responder a éste fenómeno; es tarea de todos los individuos, las instituciones públicas y la sociedad en general a ser capaces de reaccionar, emprender esfuerzos y desarrollar acciones que involucran costos: monetarios, políticos y de otra índole o de llevar a cabo acciones que anticipen los fenómenos relacionados con dicho problema.

LaConvención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)reconoce que el reto de adaptación ante este fenómeno es entender y caracterizar la vulnerabilidad, entendida como el grado al que un sistema es incapaz de enfrentarse a efectos adversos, mientras se aseguran que las medidas y políticas de adaptación tomadas son compatibles con las metas del desarrollo sustentable.

El Gobierno Mexicano ha emprendido diversas acciones materia que se complementan con instrumentos y acuerdos de colaboración establecidos con otros países u organizaciones internacionales, así como el acceso a recursos para el financiamiento de actividades y proyectos relacionados con el tema.

En la última década, México se ha colocado como un país líder en materia de mitigación y adaptación del cambio climático, liderazgo que se acrecentó a la llegada del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien siempre propició la aplicación de políticas públicas transversales y sustentables para contribuir a la protección de los recursos naturales del país, sin embargo, nuestra Constitución Política, no alude la tarea de legislar en la materia de cambio climático, como un reconocimientoque el país hace a la problemática ambiental de alcances mundiales.

La adaptación es un elemento esencial para confrontar la variabilidad del clima con el fin de mitigar el daño a los diferentes ecosistemas naturales y combatir los problemas ambientales, económicos, sociales, políticos y culturales.

La capacidad de adaptación y mitigación ante este fenómeno alude adiversos elementos, pero en muchas ocasiones puede verse acotada por factores culturales o por la marginación. El problema del cambio climático desde el punto de vista del desarrollo de un país o una determinada región, cobra sentido cuando se considera la manera en cómo las irregularidades en el clima afectan a los sectores socioeconómicos, culturales y políticos.

El cuidado del ambiente es un tema de gran importancia que preocupa y ocupa a todos los países. Las consecuencias de modelos de desarrollo económico y gobiernos pasados y actuales que no han mostrado interés en el cuidado del medio ambiente, se exteriorizan en problemas de orden mundial como el cambio climático.

México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo sean compatibles con la protección del ambiente y el desarrollo sustentable. Es menester implementar y desarrollar nuevas actividades en regiones rurales y en zonas urbanas donde el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles.

Nuestro país también ha sido muy participativo en los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes acuerdos, entre los que destacan el Convenio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; el Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; por mencionar algunos. Estos acuerdos tienen como propósito hacer de México un participante activo en el desarrollo sustentable.

En México y la mayoría de los países es necesario realizar las reformas legislativas y administrativas para apoyar los esfuerzos individuales y colectivos de las personas, donde se garantice la protección jurídica, el compromiso por una economía sustentable que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y la igualdad entre hombres y mujeres.

En nuestro país la Constitución Política como ley fundamental establece diversos artículos en materia ambiental y principios como: la preservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación, el cuidado al medio ambiente frente a su uso productivo por parte del sector gubernamental y de los sectores social y privado.

Por otro lado la promulgación de la actual Ley General de Cambio Climático establece un importante precedente en la materia. El ejercicio realizado por el poder legislativo es muestra del interés y compromiso que nuestro país ha adquirido frente al problema de este fenómeno.  

La Ley General de Cambio Climático establece una base sólida para promover la reducción de emisiones como para permitir la adaptación a los impactos derivados del cambio climático.Tiene por objeto: garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno; establecer las bases para la concertación con la sociedad, y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Finalmente  será responsabilidad y tarea de los gobiernos actuales y futuros, pero en general de toda la población y de la participación de los sectores sociales. Promover acciones necesarias para emprender un trabajo eficiente que conduzca al país hacia un desarrollo bajo en emisiones, protección de ecosistemas y descontaminación. Estorefleja que es posible alcanzar un desarrollo sustentable e impulse a que otros países hagan lo propio, ya que la solución a esta problemática requiere atender temas puntuales que resulten de suma trascendencia, en donde serán la base sólida para el acontecer de lasfuturas generaciones, la protección de los ecosistemas, biodiversidad y por consiguiente; un mejor escenario en la calidad de vida.

Con el objeto de proporcionar al legislador un instrumento sólido de dimensiones Constitucionales, para poder legislar a favor de las leyes que propicien la ejecución de planes y programas encaminados para la mitigación y adaptación del calentamiento global, se propone a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL, FRACCION XXIX-G, A FIN DE ESTABLECER LO SIGUIENTE:

De las Facultades del Congreso

b) Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente, de preservación, restauración del equilibrio ecológico y cambio climático.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de abril de 2013.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Esta Directiva saluda la presencia de 32 alumnos del 6º semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Río, invitados por el Senador Enrique Burgos García, Vicepresidente de esta Mesa Directiva.

¡Bienvenidos, jóvenes estudiantes!

(Aplausos)

1www3.diputados.gob.mx/.../Documento “El debate sobre el desarrollo sustentable o sostenible y las experiencias internacionales de desarrollo urbano sustentable.”

2 http://www.atmosfera.unam.mx/editorial/libros/mexico_cambio_climatico/Mexico_y_el_cambio_climatico_global.pdf

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 22 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Como ustedes saben, en semanas recientes la Comisión de Justicia de este Senado de la República llevó a cabo una serie de audiencias públicas con el fin de allegarse información para la expedición de lo que será el nuevo código de Procedimientos Penales, a través del cual finalmente se podrá implementar un nuevo sistema de justicia penal, oral y acusatorio.

Y una de las grandes preocupaciones que externaron prácticamente todos los comparecientes en este foro fue garantizar que el nuevo Código adjetivo establezca un auténtico procedimiento penal acusatorio en el que se excluyan figuras propias de un sistema inquisitorio con el fin de hacer efectivo el pleno respeto y observancia del principio de presunción de inocencia.

Resulta curioso que ello coincida también con ciertos eventos recientes, por virtud de los cuales ha vuelto a cobrar relevancia el debate público acerca de varias figuras que forman parte del régimen de excepción para la delincuencia organizada establecido en la reforma constitucional del 2008.

La excarcelación, por ejemplo, del General Tomás Angeles puso en evidencia los abusos cometidos al amparo de la figura de los testigos protegidos utilizados perversamente para fines totalmente ajenos a la justicia.

Por otro lado, el pasado 17 de abril se llevó a cabo en este Senado, con la presencia de nuestros compañeros Senadores, Angélica de la Peña, Roberto Gil Zuarth y Verónica Martínez, la presentación del libro “La figura del arraigo penal en México”, una obra que nos muestra no solamente los abusos cometidos en el uso de esta herramienta, sino que el arraigo es en sí mismo un abuso.

Existen ya en la presente legislatura, compañeras y compañeros, iniciativas de otros Senadores miembros de esta Legislatura que se inscriben precisamente con el objetivo de eliminar el régimen de excepción para la delincuencia organizada haciendo prevalecer el principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, y a eso he venido aquí a esta tribuna a plantear que una figura, a la que no se la ha puesto atención y que forma parte de ese régimen de excepción, es la extinción de dominio. Se trata de una figura a todas luces propia del sistema inquisitivo que hoy estamos trabajando para dejar atrás. Pero no solamente es contraria al sistema acusatorio y a la presunción de inocencia, sino que desde el punto de vista procesal resulta también contraria al principio de lo accesorio y sigue la suerte de lo principal, pues en este caso lo accesorio, es decir, la relación de los bienes con delito se juzga por separado de lo principal que es el delito.

Y si un juez puede decretar la extinción de dominio y posteriormente otro juez determinar la inocencia del acusado, entonces tenemos que lo accesorio no siguió la suerte de lo principal, fíjense ustedes entonces lo ilógico de este asunto.

Pero la extinción de dominio no solamente adolece de estos problemas conceptuales, sino que además sus magros resultados a nivel federal han quedado evidenciados incluso por el propio Poder Judicial que ha calificado a la Ley de Extinción de Dominio como un fracaso.

En fechas recientes, lo quiero poner aquí a consideración de ustedes, diversas investigaciones periodísticas e institucionales han confirmado dicho fracaso, una de ellas, por cierto, publicada el pasado mes de diciembre por la Dirección General de Sistemas de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de los Diputados en la que se da cuenta de la baja calidad de procedimientos iniciados de sentencias y de bienes afectados.

El estudio se ha intitulado "Extinción de Dominio, Estudio Teórico Conceptual, Marco Legal e Iniciativas Presentadas en la LXI Legislatura", es una primera parte de este estudio, y nos muestra que los resultados de la extinción de dominio contrastan con las cifras multimillonarias derivadas de las actividades ilícitas en las que procede.

Esto, compañeras y compañeros, viene al caso, porque cuando esta figura fue introducida en nuestra Constitución y posteriormente se expidió su ley reglamentaria, se aseguró que resultaría de vital importancia para atacar estructuras financieras y operativas de las organizaciones de la delincuencia organizada; pero por el contrario, el fracaso de la extinción de dominio es innegable.

Por todo ello, he querido poner a su consideración esta propuesta, pues el Congreso de la Unión se encuentra en este momento en un proceso de discusión que será decisivo en la implementación del nuevo sistema de justicia y será nuestra responsabilidad la aplicación de un auténtico sistema acusatorio o un sistema tramposo y disfrazado, que es lo que creo que todos estamos queriendo evitar.

Espero, por lo tanto, señor Presidente que la presente iniciativa enriquezca el debate que hoy más que nunca es necesario para definir el futuro de la procuración y de la impartición de justicia en nuestro país, pero sobre todo en la consolidación de nuestro estado de derecho.

Le agradecerá, por supuesto, que la iniciativa que está inscrita en la Gaceta, también quede inscrita en su totalidad en el Diario de los Debates.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

"El suscrito, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169, 171 párrafo 1 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma constitucional en materia de justicia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, constituyó indudablemente un golpe de timón en el diseño de nuestro sistema de justicia al sentar las bases del proceso penal oral, adversarial y acusatorio. Ello significó un avance en la modernización de todo nuestro sistema de justicia, encaminado a hacerlo mucho más eficiente y expedito, pero también supuso un nuevo enfoque proteccionista a los derechos humanos al fortalecer los derechos de las víctimas u ofendidos y de los acusados, así como al elevar a rango constitucional el principio democrático de la presunción de inocencia.

No obstante, vale la pena recordar que como parte de dicha reforma se discutieron una serie de propuestas que, algunas calificadas de avanzada, también existieron controversiales, como el caso de la extinción de dominio, introducida en el texto del artículo 22 constitucional, mediante la cual los acusados por delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, pueden perder los derechos sobre un bien o bienes a través de un procedimiento jurisdiccional distinto e independiente de la causa penal, sin que sea necesario que en éste último se haya dictado sentencia condenatoria.

En su momento, el principal argumento para introducir la figura de la extinción de dominio en nuestra legislación nacional, fue que se trataba de una herramienta que permitiría atacar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones de delincuencia organizada, haciendo más eficiente el combate a este flagelo.

El 29 de mayo de 2009, casi un año después de la publicación de la reforma constitucional en materia de justicia penal, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor a los noventa días naturales de su publicación. En aquella ocasión se habló de la necesidad de contar con un instrumento como la extinción de dominio, que permitiría atacar y debilitar las estructuras financieras y operativas de la delincuencia organizada.

Sin embargo la extinción de dominio generó polémica desde el principio, debido a que formaba parte de una serie de disposiciones que en su conjunto constituían un régimen de excepción en el texto constitucional dirigido a la delincuencia organizada, que resultaba contradictorio e incompatible con el principio de presunción de inocencia, así como con el sistema de justicia acusatorio que se había instaurado en la propia Carta Magna.

Tal consideración se sustenta en el hecho de que la extinción de dominio se substancia mediante un procedimiento jurisdiccional autónomo de la causa penal, de tal suerte que un juez de extinción de dominio puede decretar la aplicación de esta figura con relación a un determinado bien aun cuando el acusado no haya sido sentenciado en la causa penal correspondiente. Ello resulta contrario tanto de la presunción de inocencia, al sistema de justicia acusatorio y a los tratados internacionales de protección a los derechos humanos, pues se priva de un bien a una persona que legal y jurídicamente es inocente, ya que su culpabilidad no ha sido declarada en sentencia firme.

Desde el punto de vista del derecho procesal, resulta totalmente ilógico que se juzguen por separado la responsabilidad penal de una persona y la relación de sus bienes con el hecho delictivo juzgado, ya sea en calidad de instrumentos, objetos o productos del ilícito.

Por esa razón podemos afirmar que con la extinción de dominio se rompe el principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues en este caso lo accesorio no sólo no sigue la suerte de lo principal, sino que además su suerte se determina por separado.

Con la extinción de dominio es jurídicamente posible y viable que nuestro sistema de justicia, cuyo principio fundamental es la presunción de inocencia, prive de un bien al acusado y después determine si era o no culpable.

Y si bien es cierto que la Ley Federal de Extinción de Dominio prevé un mecanismo de restitución o, en su caso, de compensación para quien haya sido absuelto en la causa penal, lo cierto es que aun en esta hipótesis nuestro sistema de justicia habría funcionado como un sistema inquisitivo, pues se aplicó una sanción jurídica a una persona que no ha sido declarada culpable, es decir, a una persona jurídicamente inocente.

En el mes de diciembre de 2012, la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados dio a conocer un estudio intitulado “Extinción de Dominio, Estudio Teórico Conceptual, Marco Legal, e Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (Primera Parte)” en el cual se reconoce que en nuestro país esta figura no ha tenido el alcance que se esperaba, pues se encuentra en un déficit de ejercicio casi nulo, amén de que señala que el Poder Judicial ha advertido que la Ley de Extinción de Dominio ha resultado un fracaso.

El estudio indica también que para el periodo 2010-2011 se iniciaron únicamente dos procesos y se emitió una sola sentencia, mientras que sólo se vieron afectados un total de ocho bienes.

Existen otras investigaciones periodísticas que muestran cifras igualmente bajas. El 12 de febrero de 2013, el periódico El Economista publicó información obtenida a través de una solicitud de información a la Procuraduría General de la República, en la que se señala que desde que la Ley Federal de Extinción de Dominio entró en vigor en 2009, el Gobierno Federal ha abierto solamente 29 juicios de extinción, de los cuales sólo se desprendió el decomiso de dos casas con valor de 2 millones 347 mil pesos y un millón 87 mil pesos respectivamente, y la extinción en favor del Estado de 865 mil 261 pesos.

Asimismo, aclara que durante el primer año de operación de la Ley de Extinción de Dominio, no se inició ningún juicio contra bienes de delincuentes, a pesar de la enorme presión mediática que el Gobierno Federal en turno ejerció en aquél entonces sobre el Congreso de la Unión para aprobar la Ley.

En 2010 el Ministerio Público Federal abrió apenas un juicio, mientras que en 2011 -el año con más casos registrados- se abrieron 19 expedientes. Sin embargo en 2012 la cifra bajó a nueve juicios promovidos por el Gobierno Federal, mientras que a la fecha se tienen abiertos y en proceso de ejecución siete juicios.

Estas cifras contrastan con las estimaciones de diversas instancias y organizaciones acerca de las ganancias que la delincuencia percibe por los delitos que son materia de extinción de dominio.

Por ejemplo, la organización no gubernamental estadunidense No Money Laundering, refiere que las ganancias del narcotráfico en México ascienden a poco más de 59 mil millones de dólares, mientras que según Global Financial Integrity y la Universidad de Columbia, en Nueva York, en México los ingresos de los cárteles oscilan entre 36 mil y 38 mil 800 millones de dólares. Por su parte, el informe intitulado “El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el estado de derecho en México” elaborado por el International Crisis Group, revela que las ganancias por narcotráfico se elevan entre los 18 mil y 39 mil millones de dólares anuales.

En cuanto a la trata de personas, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esta actividad ilícita genera ganancias de unos 6 mil 600 millones de dólares en México y de unos 32 mil millones anuales en todo el mundo.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, ha estimado que el robo de automóviles en México deja ganancias a la delincuencia por más de 11 mil millones de dólares al año.

Finalmente, el INEGI registra una cifra de ganancias obtenidas por secuestro y extorsión en México, por el orden de 115 mil millones de pesos.

Como se puede observar, si el objetivo de la extinción de dominio era debilitar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones de delincuencia organizada, entonces las cifras anteriores revelan que esta figura dista mucho de ser una herramienta eficaz e imprescindible para tal objetivo.

Por tales razones, la presente iniciativa propone reformar el segundo párrafo del artículo 22 constitucional, con el fin de instaurar el Estado de Derecho y el Debido Proceso Judicial en contra de personas vinculadas a los delitos previstos en dicho artículo, respetando con ello el principio constitucional de Presunción de Inocencia y la aplicación irrestricta de la ley en todos y cada uno de los procedimientos judiciales y jurisdiccionales.

Sin embargo es necesario subrayar que la redacción propuesta, preserva la posibilidad de que los bienes decomisados por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, que son aquellos en los que actualmente procede la extinción de dominio, puedan ser aplicados para la reparación del daño y la atención de las víctimas de dichos delitos.

Desde nuestra perspectiva, la presente propuesta cobra relevancia con motivo del proceso de análisis para la expedición del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que permitirá implementar el nuevo sistema de justicia penal oral y acusatorio con el cual la extinción de dominio, que es por naturaleza un mecanismo propio del sistema inquisitivo que quedará superado, resultará absolutamente incompatible.

CUADRO COMPARATIVO

CPEUM vigente

Iniciativa

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Artículo 22. ...

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. La autoridad judicial decretará el decomiso para la atención integral de víctimas y reparación del daño de aquellos bienes instrumento, objeto o producto del delito en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

I a III. Se derogan

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

DECRETO

UNICO.- Se reforma el segundo párrafo y se derogan las fracciones I a la III del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. La autoridad judicial decretará el decomiso para la atención integral de víctimas y reparación del daño de aquellos bienes instrumento, objeto o producto del delito en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

I.SE DEROGA;

II.SE DEROGA;

III.SE DEROGA.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Queda abrogada la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- El fondo a que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será administrado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y los recursos con que cuente al momento de la entrada en vigor del presente decreto, serán destinados a la reparación del daño y el apoyo o asistencia de víctimas u ofendidos de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

CUARTO.- Los recursos derivados de decomisos decretados en los procesos por los delitos señalados en el artículo anterior, obtenidos con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán incorporados al fondo y aplicados a sus fines.

QUINTO.- El Congreso de la Unión tendrá 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a la legislación vigente que sean necesarias con el fin de armonizarla con el presente Decreto.

SÉPTIMO.- En tanto se realicen las adecuaciones a que se refiere el artículo anterior, los requisitos para acceder a los recursos del fondo serán los mismos que establece el artículo 62 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

OCTAVO.- Los procedimientos de extinción de dominio que se encuentren en desarrollo a la entrada en vigor del presente decreto serán sobreseídos, sin perjuicio de que el juez de la causa penal resuelva sobre la procedencia del decomiso de aquellos bienes que resulten ser instrumento, objeto o producto del delito. Para tal fin, los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público en los procesos de extinción de dominio deberán ser remitidos al juez de la causa penal.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 23 de abril de 2013.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, pido a la Secretaría que se pueda incluir de manera íntegra en el Diario de los Debates la iniciativa que se ha presentado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Presentada por el C. Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Jorge Emilio González Martínez: Muchas gracias, señor Presidente.

Los bosques y selvas de nuestro país constituyen recursos naturales fundamentales. Actualmente, el 33 por ciento de la superficie nacional cuenta con estos ecosistemas, los cuales nos otorgan diversos servicios ambientales como la recarga de acuíferos, el albergue de animales y plantas, la regulación del clima y la captura del carbono, estos dos últimos fundamentales para combatir el cambio climático.

Desafortunadamente, uno de los problemas ambientales que actualmente genera mayor preocupación en la comunidad internacional es la deforestación.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las principales causas de la pérdida de bosques y selvas en México son las actividades agropecuarias, seguidas por los desmontes ilegales y los incendios forestales. De esta forma, son estas las causas que deben ser combatidas de manera prioritaria por parte del Estado mexicano como responsable de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, en los términos del artículo 4o constitucional.

Los incendios forestales han contribuido al deterioro de los recursos naturales, a pérdidas económicas e inclusive a pérdidas de vidas humanas.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, sólo el 2 por ciento de los incendios forestales se originan por causas naturales, siendo el 98 por ciento restante ocasionados por el hombre, de éstos, es destacable que el 15 por ciento es ocasionado por fogatas y el 10 por ciento por residuos de cigarros.

En lo que va del año, se han registrado casi 6,000 incendios forestales con una afectación superior a 115,000 hectáreas de bosques y selvas a nivel nacional; si se consideran las tendencias de la última temporada de incendios, al término de la de este año habrían sido afectadas una superficie forestal equivalentes a 361 Bosques de Chapultepec o 245,000 canchas de fútbol.

Los incendios forestales traen consigo la destrucción de la biodiversidad y la contaminación de las aguas, el suelo y la atmósfera, cuyos efectos permanecen durante muchos años o incluso son de imposible reparación con pérdidas económicas y naturales incalculables.

Desde hace décadas, en México se ha venido desarrollando una estrategia general de prevención y control de incendios a través del Programa Nacional de Protección contra Incendios en la que participan instituciones de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

Sin embargo, los esfuerzos encaminados a prevenirlos han sido insuficientes, de tal forma que resulta necesario establecer castigos más estrictos para las conductas relacionadas con las causas que los provocan aún siendo éstas accidentales.

Considerando el valor de los bosques y selvas, la presente iniciativa tiene como objetivo incrementar la protección jurídica de los recursos forestales de México mediante las siguientes reformas:

En primer término, a la legislación penal, a fin de castigar la invasión de terrenos forestales que hayan sido incendiados, así como a los servidores públicos que otorguen cualquier autorización en dichos terrenos, estableciendo ambas conductas como delitos graves.

Y en segundo término, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a fin de prohibir el otorgamiento de cualquier autorización en terrenos forestales incendiados, facultar al Poder Ejecutivo Federal para decretar vedas respecto de terrenos forestales incendiados y, sobre todo, y más importante, incrementar las sanciones por provocar incendios forestales.

Pido de favor, son dos iniciativas, que sean turnadas a las comisiones correspondientes.

Por su atención muchas gracias.

Iniciativa







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 395 DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Jorge Emilio González Martínez: Muchas gracias, señor Presidente.

Los bosques y selvas de nuestro país constituyen recursos naturales fundamentales. Actualmente, el 33 por ciento de la superficie nacional cuenta con estos ecosistemas, los cuales nos otorgan diversos servicios ambientales como la recarga de acuíferos, el albergue de animales y plantas, la regulación del clima y la captura del carbono, estos dos últimos fundamentales para combatir el cambio climático.

Desafortunadamente, uno de los problemas ambientales que actualmente genera mayor preocupación en la comunidad internacional es la deforestación.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las principales causas de la pérdida de bosques y selvas en México son las actividades agropecuarias, seguidas por los desmontes ilegales y los incendios forestales. De esta forma, son estas las causas que deben ser combatidas de manera prioritaria por parte del Estado mexicano como responsable de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, en los términos del artículo 4o constitucional.

Los incendios forestales han contribuido al deterioro de los recursos naturales, a pérdidas económicas e inclusive a pérdidas de vidas humanas.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, sólo el 2 por ciento de los incendios forestales se originan por causas naturales, siendo el 98 por ciento restante ocasionados por el hombre, de éstos, es destacable que el 15 por ciento es ocasionado por fogatas y el 10 por ciento por residuos de cigarros.

En lo que va del año, se han registrado casi 6,000 incendios forestales con una afectación superior a 115,000 hectáreas de bosques y selvas a nivel nacional; si se consideran las tendencias de la última temporada de incendios, al término de la de este año habrían sido afectadas una superficie forestal equivalentes a 361 Bosques de Chapultepec o 245,000 canchas de fútbol.

Los incendios forestales traen consigo la destrucción de la biodiversidad y la contaminación de las aguas, el suelo y la atmósfera, cuyos efectos permanecen durante muchos años o incluso son de imposible reparación con pérdidas económicas y naturales incalculables.

Desde hace décadas, en México se ha venido desarrollando una estrategia general de prevención y control de incendios a través del Programa Nacional de Protección contra Incendios en la que participan instituciones de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

Sin embargo, los esfuerzos encaminados a prevenirlos han sido insuficientes, de tal forma que resulta necesario establecer castigos más estrictos para las conductas relacionadas con las causas que los provocan aún siendo éstas accidentales.

Considerando el valor de los bosques y selvas, la presente iniciativa tiene como objetivo incrementar la protección jurídica de los recursos forestales de México mediante las siguientes reformas:

En primer término, a la legislación penal, a fin de castigar la invasión de terrenos forestales que hayan sido incendiados, así como a los servidores públicos que otorguen cualquier autorización en dichos terrenos, estableciendo ambas conductas como delitos graves.

Y en segundo término, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a fin de prohibir el otorgamiento de cualquier autorización en terrenos forestales incendiados, facultar al Poder Ejecutivo Federal para decretar vedas respecto de terrenos forestales incendiados y, sobre todo, y más importante, incrementar las sanciones por provocar incendios forestales.

Pido de favor, son dos iniciativas, que sean turnadas a las comisiones correspondientes.

Por su atención muchas gracias.

Iniciativa

"SENADO DE LA REPUBLICA

LXII LEGISLATURA

El que suscribe, Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 395 DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES.

Uno de los ecosistemas más importantes lo constituyen los bosques y selvas, ya que en ellos se desarrolla una gran cantidad de biodiversidad, entre plantas, animales y microorganismos que desempeñan funciones fundamentales para el equilibrio ecológico del planeta.

En el mismo sentido, gracias a dichos ecosistemas existe una serie de servicios ambientales invaluables para el ser humano, como la captura de carbono; la regulación climática; la conservación del suelo; el enriquecimiento del paisaje, y la recarga de los mantos acuíferos, entre otros.

La superficie forestal de México equivale a casi 65 millones de hectáreas, representando una tercera parte del territorio nacional, cuya relevancia no se limita al valor económico de los recursos que contienen ni de los servicios ambientales que proveen, sino que también desempeña una función social fundamental, principalmente en las comunidades rurales, al permitir el desarrollo sustentable mediante la realización de actividades productivas para subsistencia.

La deforestación representa la principal amenaza para los bosques y selvas, por lo cual constituye uno de los problemas ambientales que requiere la articulación de políticas públicas adecuadas para su atención eficaz, siendo los incendios una de las principales causas de la pérdida de superficie forestal en México.

Cabe destacar que la gran mayoría de los incendios forestales son provocados, ya sea por negligencia o dolo, de tal forma que, en atención a sus afectaciones en términos de diversidad biológica, paisaje, hábitat de especies silvestres y servicios ambientales, resulta necesario establecer mecanismos legales para combatirlos y disuadir las conductas que los generan.

En este sentido, se ha documentado la tendencia de provocar incendios forestales, principalmente en regiones aledañas a las zonas urbanas, con la finalidad de contar con espacios llanos aptos para establecer asentamientos humanos irregulares y hasta apropiarse de ellos, lo cual no sólo atenta contra la calidad ambiental, sino también contra el derecho legítimo de los propietarios, sea que se trate de terrenos forestales públicos o privados.

Tal es el caso del incendio registrado el segundo fin de semana del mes de abril del presente año en la Ciudad de México, en donde más de 200 hectáreas de superficie forestal de la zona del Ajusco, en la Delegación Tlalpan, fueron afectadas por el fuego. De acuerdo con las primeras investigaciones del Gobierno del Distrito Federal, existen indicios que hacen suponer que el incendio fue provocado con la intención de establecer asentamientos irregulares(1).

II. OBJETIVO.

La presente iniciativa tiene por objeto desincentivar la provocación de incendios motivados por la necesidad de deforestar superficies forestales con la finalidad de contar con terrenos aptos para el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, a fin de fortalecer la protección del derecho de propiedad y, de manera indirecta, la calidad ambiental.

Conforme a la definición clásica de la propiedad, ésta constituye el derecho de usar, gozar y disfrutar de las cosas, sin más limitaciones y modalidades que las fijadas por la ley. La relevancia jurídica y social de este derecho ha merecido que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en París por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establezca en su artículo 17 que Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”, así como que “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.

En el caso del Derecho mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también consagra a la propiedad como un derecho humano, protegiéndolo con el máximo rango jurídico al prever en el párrafo segundo del artículo 14 que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

En congruencia con la disposición constitucional transcrita, el Título Cuarto del Libro Segundo del Código Civil Federal prevé una regulación pormenorizada de la propiedad. Asimismo, a fin de garantizar el respeto a dicho derecho, el Código Penal Federal (CPF) prevé en el Titulo Vigésimo Segundo un catálogo de “Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio”, con lo cual se busca sancionar las conductas que lesionan y/o ponen en peligro el derecho de propiedad de las personas.

Ahora bien, otro de los derechos humanos contenido en la Constitución es el relativo al derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, cuyo respeto es obligación del Estado.

Considerando la relevancia de los derechos de propiedad y a un ambiente sano, reconocidos como derechos humanos de rango constitucional, resulta evidente la necesidad de que las legislaciones en las que inciden sean congruentes y contengan disposiciones encaminadas a salvaguardarlos.

III. CONTENIDO.

Del catálogo de delitos patrimoniales contenido en el CPF destaca, para efectos de la presente iniciativa, el despojo, previsto en el artículo 395, que a la letra señala:

Artículo 395.- Se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos:

I.- Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca;

II.- Al que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la fracción anterior, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante, y

III.- Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de aguas.

La pena será aplicable, aun cuando el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean mayores de cinco personas, además de la pena señalada en este artículo, se aplicará a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis años de prisión.

A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles urbanos en el Distrito Federal, se les aplicará una sanción de dos a nueve años de prisión. Se considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles urbanos en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente condenados por esta forma de participación en el despojo, o bien, se les hubiere decretado en más de dos ocasiones auto de formal prisión por este mismo delito, salvo cuando en el proceso correspondiente se hubiese resuelto el desvanecimiento de datos, el sobreseimiento ó la absolución del inculpado.”

De esta forma, para lograr el objetivo de desincentivar la provocación de incendios motivados por la necesidad de deforestar superficies con la finalidad de contar con terrenos aptos para el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, se propone adicionar un párrafo al artículo 395 del CPF que contemple una causa agravante de la pena del delito de despojo cuando la conducta recaiga sobre terrenos forestales que hayan sido afectados por incendios.

Dicho párrafo quedaría integrado entre el penúltimo y el último párrafo del artículo 395 del CPF vigente, proponiéndose la siguiente redacción:

“Cuando el despojo se realice respecto de terrenos forestales que hayan sido afectados por incendio, se aplicará una pena de prisión de hasta el doble de la señalada en el presente artículo”.

Asimismo, se propone adicionar una hipótesis al catálogo de tipos penales previsto en el artículo 420 Quater del CPF, relativo a los delitos contra la gestión ambiental, a fin de sancionar penalmente a quien otorgue cualquier autorización respecto de terrenos forestales dentro de los veinte años siguientes a que éstos hayan sufrido un incendio.

A fin de complementar las adiciones de referencia y fortalecer aún más la protección jurídica de los bosques y selvas de nuestro país, se propone que las hipótesis delictivas que se proponen sean consideradas como delitos graves en el catálogo previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de que sus autores no disfruten del beneficio de la libertad provisional.

Por los argumentos expuestos, el Senador que suscribe se permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 395 DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriéndose en su orden el párrafo tercero vigente, al artículo 395, y se adiciona una fracción VI al artículo 420 Quater del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 395.- Se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos:

I.- a III.- …

Cuando el despojo se realice respecto de terrenos forestales que hayan sido afectados por incendio, se aplicará una pena de prisión de hasta el doble de la señalada en el presente artículo.

A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles urbanos en el Distrito Federal, se les aplicará una sanción de dos a nueve años de prisión. Se considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles urbanos en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente condenados por esta forma de participación en el despojo, o bien, se les hubiere decretado en más de dos ocasiones auto de formal prisión por este mismo delito, salvo cuando en el proceso correspondiente se hubiese resuelto el desvanecimiento de datos, el sobreseimiento ó la absolución del inculpado.

Artículo 420 Quater.- Se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien:

I. a V. …

VI. Otorgue cualquier autorización respecto de terrenos forestales dentro de los 20 años siguientes a que éstos hayan sufrido un incendio.

ARTICULO SEGUNDO. Se adicionan un numeral 37) y un numeral 38) a la fracción I del artículo del 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 36) …

37) Despojo, en su hipótesis respecto de terrenos forestales incendiados, prevista en el párrafo tercero del artículo 395.

38) En materia de delitos contra la gestión ambiental, el previsto en la fracción VI del artículo 420 Quater.

II. a XVIII. …

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de abril de 2013.

Sen. Jorge Emilio González Martínez".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Sólo si me autoriza el ponente sumarme a la presentación de sus proyectos de iniciativas, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Jorge Emilio González, ¿acepta usted la inclusión del Senador Barbosa en su iniciativa? Sí la acepta, igualmente los Senadores Iris Mendoza, María Elena Barrera, Rabindranath Salazar, Carlos Alberto Puente Salas y Martha Palafox, pido a la Secretaría que tome nota de quienes desean adherirse a esta iniciativa.

La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera; y la iniciativa con proyecto de reformas al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(1)“Provocaron incendio, presume el Gobierno”. Periódico Reforma, Sección Ciudad, Miércoles 17 de abril de 2013.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 26 de la Ley Federal de Protección al consumidor y 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 26 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y 578 Y 585 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

(Presentada por la C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT)

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día 30 de agosto de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan al Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Las reformas regulan a nivel de defensa al usuario de servicios financieros, regulan el nivel de legislación secundaria, por primera vez, las acciones colectivas en México. Sin embargo ,se trata de una regulación mínima, que carece de la ambición y el alcance para poder compararse en la materia con otros sistemas jurídicos latinoamericanos. El consumidor mexicano está cambiando cada vez al modelo de la globalización; sus rasgos culturales tradicionales compiten con los efectos de la globalización y se observa una evolución en un proceso de decisión de compra hacia un comportamiento cada vez más exigente en cuanto a su diversidad, por eso no se puede hablar de una reforma si no se toma en cuenta en la Ley del Consumidor.

Como he referido, tenemos que tomar en cuenta a los consumidores, que son pieza clave en la economía mexicana, sin consumidores no hay mercado y al no existir mercado no hay oferta y demanda nos encontraríamos ante una economía paralizada, es por ello que esta iniciativa pretende encontrar la protección de los consumidores ante los actos arbitrarios que vulneran los derechos fundamentales.

También apreciemos el número de sujetos legitimados activamente para promover las acciones colectivas debe ser muy amplio para que más personas, grupos sociales, consumidores y autoridades puedan acceder a la justicia y controvertir sus reivindicaciones frente a los intereses económicos, poderes fácticos y el estado. Si no lo hacemos así, y mantenemos el reducido número de sujetos legitimados para promover las acciones colectivas, estaremos excluyendo a millones del acceso a la justicia en franca violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en especial al artículo 17 del Pacto Federal.

Proponemos con esta iniciativa garantizar el acceso a la justicia y a la jurisdicción, al igual que los contemplados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos respecto a las garantías judiciales y protección judicial. Todo derecho e interés que debe ser dirigible y justiciable para que sea un derecho auténtico y efectivo. Un verdadero estado de derecho no puede concebirse exclusivamente con la existencia de derechos sustantivos, si no que es necesario incorporar acciones y procedimientos amplios y suficientes que permitan el ejercicio y defensa adecuada de todos los derechos pero en especial la de los consumidores que somos todos, finalmente no podemos hacer de lado este tema, a razón que estamos dejando de reconocer derechos establecidos en los tratados internacionales, que en este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, es decir, debemos de pronunciarnos a favor de los consumidores y los tratados internacionales que los protegen.

En virtud de lo expuesto proponemos la reforma del artículo 26 y de los artículos 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles para quedar en los siguientes términos:

El artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para señalar que: "Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren los derechos e intereses difusos, colectivos o individuales de incidencia colectiva relacionados con los pueblos y comunidades indígenas, los ejidos, las comunidades agrarias, los sindicatos, los partidos, las asociaciones, las personas físicas y los grupos sociales, entre otros, respecto de las materias vinculadas a los derechos de los consumidores, la Procuraduría, así como cualquier legitimado a que se refiere el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, podrán ejercitar la acción colectiva de conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto de dicho Código".

Podrán promover para la defensa y garantía de intereses y derechos difusos, colectivos e individuales de incidencia colectiva relacionada con los pueblos y comunidades indígenas, ejidos, etcétera, el derecho de los consumidores, económicos, sociales, culturales, al medio ambiente, la defensa del patrimonio y los recursos naturales de la nación, la legitimidad, eficiencia y eficacia de las autoridades, la libre competencia económica, el interés general, social y comunitario y, de todas aquellas relacionadas con los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República.

Por lo expuesto y fundado se propone a esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y 578 Y 585 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES CON EL PROPOSITO DE AMPLIAR LAS MATERIAS Y LOS SUJETOS LEGITIMADOS PARA PROMOVER LAS ACCIONES COLECTIVAS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

Artículo 26. Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses difusos, colectivos o individuales de incidencia colectiva relacionados con pueblos y comunidades, ejidos, personas físicas y todos los demás ya mencionados a los derechos de los consumidores, la Procuraduría así como cualquier legitimado a que se refiere el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, podrán ejercitar la acción colectiva de conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto dicho Código.

Artículo 578.- La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este título, y se podrán promover para la defensa y garantía de intereses y derechos difusos.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles para quedar en los siguientes términos:

Artículo 585.- Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas:

I. Toda persona física, para la defensa de intereses o derechos difusos, colectivos o individuales de incidencia colectiva de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho.

II. Cualquier miembro del grupo, categoría o clase para la defensa de intereses o derechos difusos, colectivos e individuales de incidencia colectiva de que sea titular un grupo, categoría o clase de persona ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base y para la defensa de intereses o derechos difusos, colectivos e individuales de incidencia colectiva.

III. El Ministerio Público Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los defensores públicos de oficio.

IV. Los Poderes y las Instituciones Públicas Federales.

V. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.

VI. Los pueblos y comunidades indígenas, los ejidos, las comunidades agrarias y sindicatos.

VII. Las asociaciones civiles para la defensa de fines sociales similares a los de su objeto social aunque no tengan la autorización de su asamblea.

VIII. Los partidos políticos, para la defensa de derechos e intereses ligados a sus finalidades institucionales.

Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox. Pido a la Secretaría que se inserte de manera íntegra el proyecto que ha presentado la Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 4o. constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy vengo a presentarles esta iniciativa que fundamentalmente tiene el objetivo de poner en la mesa de discusión un tema que tarde o temprano tenemos que abordar de manera muy responsable en el que nos involucremos todos, porque esto se trata de atender un reclamo, pero además una necesidad de todas las personas.

Sin duda, el tema de la movilidad urbana ya está tomando dimensiones que afectan a la población, sobre todo en las grandes ciudades, y lo que estoy proponiendo es una aspiración de este Congreso de la Unión, y que debe de ser la aspiración de todos los mexicanos, elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad urbana, que no es otra cosa más que eso precisamente, el poder establecer desde nuestro marco constitucional las políticas públicas que favorezcan este tema.

Tenemos que revisar con puntualidad cómo se desplaza la población de un lugar a otro, cuánto cuesta económicamente el trasladarse de la casa de un ciudadano a su trabajo, o de un joven a la escuela, o de un niño a su centro escolar; cuánto tiempo se le invierte, cuál es la calidad del servicio del transporte público, si es que se utiliza este método de desplazamiento para efectuar los viajes.

Problemas claros en las zonas metropolitanas de este país, como la del Valle de México, la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Monterrey y las otras 58 zonas metropolitanas de este país, han privilegiado el uso del automóvil por encima de otro tipo de transporte.

Las consecuencias están ahí, cada día es más complicado el traslado de un lugar a otro, y no se han establecido políticas públicas que busquen una alternativa que sea menos agresiva, que afecte menos y que pueda frenar el deterioro, sobre todo ambiental, que ocasionan los vehículos automotores.

Debemos de ponerle centro al interés, primero, el derecho de las personas a trasladarse a pie, con banquetas adecuadas, con espacios adecuados que sean seguros; tenemos que buscar alternativas para que los ciudadanos cuenten con un trasporte público digno, seguro, cómodo, rápido.

Decían que aquí en la ciudad de México una aspiración del ciudadano común es tener su centro de trabajo cerca de su casa y evitar traslados de hora y media, dos horas, hasta tres horas de ida y otras tres horas de regreso, casos similares hay en todos los lugares, sobre todo en las zonas metropolitanas de este país, en el que se le invierte demasiado tiempo en menoscabo de la convivencia familiar, en menoscabo de la propia comodidad del ciudadano.

Tenemos que buscar alternativas para quienes buscan un modelo de transporte más compatible con el medio ambiente. El uso de la bicicleta, el transporte no motorizado, buscar alternativas para establecer una red de ciclovías que le permitan a cualquier ciudadano acceder a este medio de transporte sin el temor de ser afectado por algún accidente.

Tenemos que también buscar alternativas para quien quiera utilizar un medio de transporte como es la motocicleta y que no hay un lugar de estacionamiento donde dejarlas, desde luego seguir con las obras de infraestructura para quien quiera seguir utilizando el automóvil; lo que se trata es buscar elevar las condiciones de vida.

Por eso el universo de la movilidad nos plantea principalmente una necesidad básica que constituye un derecho que todos los ciudadanos deben de tener garantizado.

La adecuada movilidad en la que las tareas cotidianas de cuidado de la familia y trabajo puedan realizarse con menos esfuerzo, sin prisas, sin dificultad y sin costos, claro que esto favorece la vida familiar y laboral, mejorando la calidad de vida de las personas, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico.

¿Cuántas horas se pierden en menoscabo de la productividad de las empresas cuando falta un trabajador a sus labores, porque el transporte público no pasó a tiempo o simple y sencillamente porque no pasó?

La movilidad de los ciudadanos es una fuente de cohesión que se ha convertido en una condición de integración, después de la vivienda, la salud y la educación.

Es un medio para permitir a los ciudadanos acceder a la multiplicidad de servicios, equipamiento y oportunidades.

Luego, como una necesidad básica y social, la movilidad urbana es también un derecho fundamental que debe de estar garantizado en igual de condiciones a toda la población, sin diferencias derivadas del poder adquisitivo, condición física o psíquica, de género, de edad o cualquier otra causa.

Para tal efecto, es necesario incluirlo en el catálogo de derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución General de la República, además de las razones dadas, por las siguientes:

La movilidad urbana es un elementos indispensable para la calidad de vida digna de toda persona, equiparable a los derechos ya consagrados en la Constitución, como ya lo mencionaba, constituye un mínimo vital para la vida de las personas y una condición básica para elevar la vivienda libre y autónoma.

Luego, los efectos que se esperarían del orden jurídico, por el hecho de que el concepto y derecho fundamental de movilidad fuese reconocido como tal en la Constitución General, serían de manera enunciativa algunos como garantizar el derecho a la accesibilidad universal, esto es, que esté a disposición de todos, sin discriminación y económicamente accesible.

Por eso es que estoy presentando esta iniciativa con proyecto de Decreto, y que de aquí hago un llamado a las comisiones, sobre todo de Puntos Constitucionales, a que abramos este debate a la sociedad, que podamos escuchar a las organizaciones de la sociedad civil para perfeccionar un dictamen que realmente le sirva a la gente, que tengamos desde aquí de este Senado la capacidad de escuchar, pero sobre todo de resolver en este tema fundamental, que es la movilidad urbana, por eso el artículo 1o. que adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

El Estado promoverá las condiciones necesarias para garantizar que el espacio urbano sea incluyente y equitativo para el desplazamiento de las personas; el transporte público, sea un servicio asequible, seguro, cómodo y eficiente, y en general, una Movilidad Urbana Sostenible.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.
H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un pArrafo al artIculo 4o. de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Según el Diccionario de la Real Academia Española, MOVILIDAD es la capacidad de moverse o que se es capaz de recibir movimiento por ajeno impulso. En base a esa definición, la movilidad urbana se identificaría con la capacidad o posibilidad de moverse en la ciudad.

Este asunto es imprescindible en la vida de las personas para trasladarse de un sitio a otro, para acceder a diferentes servicios básicos. Todos los días, para casi cualquier actividad que decidan desarrollar, deseada o no, los ciudadanos deben desplazarse por la ciudad o acceder a ella: para trabajar, asistir a la escuela, a los servicios de salud, comprar, incluso para el esparcimiento, entre otros.

No obstante, la Movilidad Urbana no se limita estrictamente al transporte de las personas. Su objeto es el movimiento de las personas y las mercancías, de todas las personas, independientemente del medio que utilicen para desplazarse: A pie, en bicicleta, en transporte público, en automóvil, etc.

Esto hace que Movilidad sea un término mucho más amplio, en cuanto a su objeto de estudio e intervención, que transporte o tráfico, términos que, generalmente, se utilizan erróneamente como sinónimos de movilidad. Transporte se refiere al sistema de medios que se emplea para trasladar personas y mercancía, y solo es una de las estrategias para posibilitar la movilidad urbana. Mientras que el objeto del concepto tráfico se refiere a la circulación de vehículos motorizados.

De esta manera, los sistemas de transporte son una de las partes que componen el universo de la Movilidad.

Componente definitivamente muy importante, puesto que el esquema de transporte que se utilice para movernos incidirá en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el privilegiar al vehículo automotor individual sobre alternativas más sostenibles, como el transporte público y el no motorizado, lo han constituido como uno de los principales responsables del deterioro ambiental.

En fin, el concepto de la Movilidad Urbana es multidisciplinario, pues de manera enunciativa, y no limitativa, implica entre otros aspectos: La adopción de políticas públicas, la accesibilidad, el espacio público, la estructura vial, los medios y sistemas de transporte, la circulación peatonal y los planes de ordenamiento territorial.

Más, para el caso que en el presente documento se plantea, como ya se dijo, la Movilidad es principalmente una necesidad básica de las personas y como tal, constituye a su vez un derecho que todos los ciudadanos deben tener garantizado. Esto, porque la satisfacción adecuada de los requerimientos sociales en Movilidad tiene consecuencias positivas, como para el caso contrario, altamente perjudiciales en varios aspectos.

• La adecuada movilidad en la que las tareas cotidianas de cuidado de la familia y trabajo puedan realizase con menos esfuerzo, prisas, dificultad y costos, favorece la conciliación entre la vida familiar y laboral, mejorando la calidad de vida de las personas.

• Tomaría en cuenta las diferentes y particulares necesidades de una gran variedad de sujetos. La edad, el sexo, la clase social, la condición física, entre otras, determinan problemas y soluciones diversas que deben ser abordadas de manera integral en el concepto de la Movilidad Urbana, lo que a su vez la haría más incluyente y equitativa.

• Lograr condiciones de movilidad que permitan a los ciudadanos disfrutar de su ciudad, con desplazamientos seguros que economicen tiempo y energía, al mismo tiempo favorecería la protección del medio ambiente, la calidad de vida y el desarrollo económico.

• La movilidad de los ciudadanos es una fuente de cohesión social que se ha convertido en una condición de integración social, después de la vivienda, la salud y la educación.

• Es un medio para permitir a los ciudadanos acceder a la multiplicidad de los servicios, equipamientos y oportunidades.

• Proporciona accesibilidad, esto es, facilita a las personas el superar distancias de lugares en donde pueden hallar los medios para satisfacer sus necesidades y deseos.

• Una movilidad urbana sostenible propiciaría el desaliento del vehículo particular, con ventajas, como las siguientes:

- La disminución en el consumo de energía, ya que se trata de uno de los sectores que más consume, aunado a que lamentablemente el combustible utilizado es derivado del petróleo, esto es, dependencia extrema de un recurso no renovable.

- Disminución en la contaminación atmosférica, ya que se trata de uno de los principales emisores de contaminantes, lo que a su vez contribuye a los problemas medioambientales globales, como el calentamiento por la emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, la disminución en problemas de salud atribuibles a dicha contaminación.

- Mayor seguridad y disminución de accidentes, ya que el predominio y congestionamiento de automóviles generan mayor grado de riesgo de accidentes, con consecuencias en la vida, integridad física y economía de las personas y de la familia.

En síntesis, debe decirse que la movilidad urbana como una necesidad básica de las personas, debe ser satisfecha de manera que el esfuerzo que requieren los desplazamientos no repercuta negativamente en la calidad de vida ni en las posibilidades de desarrollo económico, cultural, educativo y demás aspectos indispensables para los ciudadanos; por el contrario, debe asegurar la protección del medio ambiente, mantener la cohesión social, favorecer el desarrollo y acceso a las oportunidades.

Luego, que como una necesidad básica y social, la movilidad urbana es también un derecho fundamental que debe estar garantizado, en igualdad de condiciones a toda la población, sin diferencias derivadas del poder adquisitivo, condición física o psíquica y género o edad o cualquier otra causa.

Para tal efecto es necesario incluirlo en el catálogo de derechos humanos y fundamentales que consagra la Constitución General de la República, además de las razones dadas, por lo siguiente:

• La movilidad urbana es un elemento indispensable para la calidad de vida digna de toda persona, equiparable a los derechos ya consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social y medio ambiente.

• Comparte las expectativas de lo que en interpretación de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, se ha denominado derecho al “mínimo vital”, entendido como el que abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna.

El derecho al "mínimo vital" o "mínimo existencial", el cual ha sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales, cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1º., 3º., 4o., 13, 25, 27, 3, fracción IV, y 123; aunado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad. Tesis I.4o.A.12 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegi

• Se requiere como una más de las condiciones necesarias para que los individuos tengan como punto de partida, condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo.

• Constituye una condición básica necesaria para que la persona pueda llevar una vida libre.

Luego, los efectos que se esperarían en el orden jurídico, por el hecho de que el concepto y derecho fundamental de movilidad urbana, fuese reconocido como tal en la Constitución General, serían de manera enunciativa, algunos como los siguientes:

• Garantizar el derecho a la accesibilidad universal, ya que todas las personas tienen derecho a la movilidad.

• La obligación del Estado Mexicano de adoptar las medidas que garanticen la aplicación efectiva del referido derecho, sin que sea válido invocar cualquier otra disposición de derecho para su inobservancia.

• El Estado deberá garantizar que el derecho humano sugerido a reconocer, esté a disposición de todos, sin discriminación y económicamente accesible, además, conforme el texto propuesto, en condiciones de seguridad, comodidad y eficiencia.

• Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar tal derecho, al pasar a formar parte del catálogo de los derechos humanos contenido en la Carta Magna.

• Al ser correlacionado con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado deberá garantizar su acceso, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Así, la propuesta en concreto sería adicionar un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto, considerando que la movilidad implica no sólo el medio de desplazamiento, sino desde el espacio público mismo, la sugerencia sería como sigue:

El Estado promoverá las condiciones necesarias para garantizar, que el espacio urbano sea apto, incluyente y equitativo para el desplazamiento de las personas; el transporte público sea un servicio asequible, seguro, cómodo y eficiente, y en general, una Movilidad Urbana Sostenible.

Apto por cuanto hace a que no solamente se trata de que prever espacio, si no que sea idóneo y a propósito para realzarlo. Incluyente con la finalidad de que pretenda integrar las diferentes formas de desplazamiento, en la que por ejemplo, los peatones y los ciclistas no sigan siendo desplazados contra el privilegio del automóvil particular. Equitativo, por cuanto la movilidad requiere que exista el mismo ánimo de favorecer las necesidades de transporte de todas las personas.

Luego, cuando se hace referencia al transporte, la razón es que, definitivamente los medios para tal fin resultan de vital importancia para la movilidad y atento a que el transporte público es un servicio que debe proporcionar el Estado, por sí o a través de su concesión, resulta indispensable para los fines propuestos el aclarar desde la Constitución, las condiciones mínimas de su prestación, tales como la asequibilidad, seguridad, comodidad y eficiencia.

Finalmente, se plantea la propuesta general de la Movilidad Urbana Sostenible, para cuya propuesta, se hace mención que el concepto deDesarrollo sostenible, fue definido en 1987 por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, como “el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Después, se incorporó aesta definición la idea de que el desarrollo sostenible tiene que apoyarse sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente.

Aplicando dichos conceptos y objetivos al ámbito de la movilidad, un modelo sostenible de movilidad, tendría que asegurar la protección del medio ambiente, mantener la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos y favorecer el desarrollo económico. Aquí, definitivamente se privilegiaría el transporte público y el no motorizado, como la bicicleta y espacios reservados para su rodamiento.

También interesa, que ante la característica multidisciplinaria de la movilidad, la adición sugerida pretende que las autoridades consideren de manera integral La adopción de políticas públicas, la accesibilidad, el espacio público, la estructura vial, los medios y sistemas de transporte, la circulación peatonal y los planes de ordenamiento territorial.

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOMEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

El Estado promoverá las condiciones necesarias para garantizar, que el espacio urbano sea apto, incluyente y equitativo para el desplazamiento de las personas; el transporte público sea un servicio asequible, seguro, cómodo y eficiente, y en general, una Movilidad Urbana Sostenible.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de abril de2013.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Casillas Romero.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Casillas Romero si me permite adherirme a su iniciativa. Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Jesús Casillas, ¿acepta usted la inclusión de los Senadores Mely Romero, Angélica Araujo, Daniel Avila, Víctor Hermosillo y Blanca Alcalá? Pido a la Secretaría tome nota de quienes deseen sumarse a esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Explotación Minera.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EXPLOTACION MINERA

(Presentada por el C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

La industria minera a lo largo de la historia ha sido una de las que mayor utilidad genera, las que más ganancias se obtienen, y los productos en la minería son parte de la vida cotidiana de todas y de todos los mexicanos.

Es precisamente el estado actual de la legislación minera, factor relevante por el que este sector ha visto frenado su proceso.

La ley vigente contiene 59 artículos, data de 1992 y por sus componentes técnicos ha resultado de difícil tratamiento para el legislador, el que de forma sistemática ha mantenido la inercia de elaborar únicamente reformas, sumando un total de 125, es decir, cada artículo en promedio ha sido reformado 2 veces, sin advertir la necesidad de crear un nuevo ordenamiento normativo con aspectos de modernidad, que brinde equilibrio a una industria minera con auténtico rostro humano y que sea motor de impulso a su desarrollo y eficiencia.

Tradicionalmente, la industria minera en nuestro país representa un sector generador de riquezas y empleos, cuya producción, según datos de la Secretaría de Economía, durante el año 2011 tuvo un valor de 16 mil 761 millones de dólares, lo que representa el 2 por ciento del Producto Interno Bruto de ese año.

Sin embargo, la falta de una ley moderna en lo técnico, en lo incluyente y en lo social ha generado que para suplir esos vacíos legales se publiquen 7 Normas Oficiales Mexicanas en materia de minería, en las cuales este sector se basa para llevar a cabo procedimientos para la salvaguarda y protección de los trabajadores, las condiciones en las que laboran y el cuidado del medio ambiente, normas que debieran estar en el dispositivo legal y no sólo en disposiciones técnico-jurídicas de aplicación casuística.

Hoy los Senadores suscritos presentamos un proyecto actual, innovador, que dote a la industria minera del impulso que tanto necesita, la iniciativa de Ley de Explotación Minera que proponemos desde la visión de la izquierda contiene 101 artículos en los que se establecen bases sólidas para que la minería sea una industria eficiente y socialmente responsable.

Que los recursos emanados de pagos federales a producción se apliquen en beneficio directo a estados, municipios y comunidades donde se establezcan explotaciones mineras.

Los trágicos acontecimientos del 19 de febrero de 2006 en la Mina de Carbón “Pasta de Conchos” ubicada en el ejido de Santa María, municipio de Juan Sabines, Coahuila, que constituye uno de los mayores accidentes mineros en nuestro país, es referente obligado en los contenidos de esta ley.

Por ello, todo un capítulo se destina a la seguridad de los trabajadores mineros. El titular de la concesión o asignación, está obligado a brindar la participación certificada, a proporcionar el equipo de protección personal y en general todo lo necesario para garantizar la seguridad del Personal Ocupacionalmente Expuesto.

Asimismo, queda el titular de la concesión o asignación obligado a otorgar la correspondiente indemnización al o a los trabajadores y a sus familias en los términos de la normatividad aplicable de todo daño o accidente de trabajo que se produzca por el incumplimiento de las medidas de seguridad de los trabajadores mineros.

Con esta propuesta dotamos a la minería de un rostro humano en el tratamiento de los trabajadores como miembros de su comunidad, se les coloca en el plano protagónico frente a la ley, con la finalidad de proveer su seguridad en el centro de trabajo, su desarrollo y seguridad en las zonas mineras y el beneficio común derivado de los aprovechamientos en la extracción. No más accidentes como los ocurridos en “Pasta de Conchos”.

Tema central es la propuesta para que la legislación federal aplicable establezca para los titulares de las concesiones, cobros por aprovechamientos en extracción, que oscilarán entre el 1 y el 10 por ciento, según el mineral y su valor.

Tal y como sucede prácticamente en todo el mundo, donde las empresas que invierten en países mineros ya contribuyen con el Impuesto Sobre la Renta en el porcentaje que establece al país respectivo.

Sin embargo, en la mayoría de ellos cubren las empresas una aportación adicional por concepto de regalías, es el caso de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estado Unidos, Perú, Rusia y Sudáfrica.

En países como Chile y México no se les cobra este concepto, por lo que la presente iniciativa propone que se cobre y se utilice en beneficio del desarrollo de las comunidades ubicadas en zonas mineras.

A pesar de las grandes ganancias que esta industria genera cada año, no se ha reflejado en un real beneficio para mejorar la calidad de vida de quienes habitan en estas comunidades.

El 50 por ciento del monto de lo recaudado por este concepto, se distribuirá como participaciones en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, entre las entidades federativas y municipios con actividad minera para contribuir a su desarrollo.

Debido al impacto que produce la actividad minera para las comunidades donde se ubican las empresas en los simulacros y programas de protección civil, debe involucrarse también su participación.

Los titulares de las concesiones, están obligados a realizar sus actividades de manera que no afecten a los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades.

Antes del inicio de la correspondiente operación de la actividad minera, se les dará a conocer la información relacionada con las actividades y su posible impacto social, y fomentar preferentemente el empleo para los habitantes de las comunidades aledañas, brindando las oportunidades de capacitación requeridas.

Asimismo, nuestra propuesta establece cuáles son aquellos materiales de conformidad con el artículo 27 constitucional que sean susceptibles de explotación y beneficios, así como aquellos que se exceptúan de la aplicación de esta ley por ser reservados para el Estado.

La presente iniciativa recoge y ordena en una adecuada técnica legislativa esos componentes, previendo quiénes están legalmente capacitados para ser titulares de concesiones mineras.

Mediante la concesión se regula la exploración, explotación y disposición de productos minerales, con otorgamiento hasta por 50 años, pudiéndose solicitar su renovación mediante la figura de la asignación.

Se regula la explotación para identificar zonas de ubicación de minerales manteniendo la titularidad de ésta en manos del servicio geológico mexicano, previendo hasta por 6 años el título correspondiente, así también contempla la regularización de zonas de reserva.

Prevé que la Secretaría de Economía llevará el Registro Público de Minería, dónde deberán inscribirse los actos y contratos referentes a títulos de concesión minera, prórrogas y declaratorias de su nulidad o cancelación; títulos de asignación minera y declaraciones de nulidad y los Decretos que establezcan reservas mineras o que desincorporen en zonas de estas, entre otras actividades.

Finalmente, las visitas de inspección, la nulidad, cancelación, suspensión de multas y recursos se actualizan, clarifican y armonizan con la legislación aplicable.

En el caso de las visitas como actos de molestia y los procedimientos sansonatorios derivados de ellas, se prevé que se sujeten a lo establecido en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que es la norma que regula los mismos para toda la Administración Pública Federal, por lo que se plantea que la materia minera deje de ser de excepción, como lo es en la actualidad.

Con esta propuesta se da un impulso renovado a la industria minera nacional, al tiempo que nuestro país se actualice en su normatividad al nivel de los mejores del mundo, por ello las y los legisladores asumimos el compromiso de darle fuerza y certeza jurídica a la legislación en minería para que retome de manera definitiva el lugar preponderante que le corresponde en el desarrollo de nuestro país.

Debo señalar que a partir del día de hoy, y por iniciativa de varios compañeros Senadores de nuestro grupo parlamentario, encabezados por la Senador Iris Vianey, el día de hoy se empiezan ya los trabajos de foros donde están participando especialistas en la materia, así como también trabajadores mineros que han sido afectados y que en este caso se puede reivindicar su situación al aprobar la presente iniciativa de ley.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"Senador Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República
del H. Congreso de la Unión.

El suscrito, Senador Rabindranath Salazar Solorio integrante del grupoparlamentario del Partido de la RevoluciónDemocrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que meconfieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento delSenado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EXPLOTACIÓN MINERA, al tenor de lasiguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La industria minera a lo largo de la historia ha sido una de las de mayor utilidad para los seres humanos, que más ganancias genera cada año a los particulares y a las naciones, los productos que se obtienen en este sector son parte de la vida cotidiana, sin embargo su impacto no siempre ha sido favorable ya que es una de las que más contaminan el medio ambiente y el ecosistema de las zonas en donde se ubican minas, además de que se han reportado casos de intoxicaciones de trabajadores mineros y vecinos a estas zonas.

En el recorrido por la historia del país, ha tenido etapas de auge económico, de desarrollo de su actividad sindical y de regulación normativa, pero todo ello, sin voltear a mirar la necesaria vinculación entre una industria minera eficiente y laresponsabilidad social para proveer a la seguridad del trabajador minero; y para establecer beneficios económicos y culturales que mejoren la convivencia de las zonas donde se asientan industrias mineras.

Actualmente la Ley Minera contiene 59 artículos, cuyo contenido resulta cien por ciento técnico, con algunos visos generales de relación y obligaciones de titulares de concesiones para beneficiar a las comunidades de las zonas mineras. Por ello, enla presente iniciativa su autor propone contenidos regulatorios para una industria minera con rostro humano, que garantice a los trabajadores y comunidades su desarrollo social y beneficios económicos, pero al mismo tiempo, garantizando su eficacia y crecimiento.

En México se trata de una actividad que debido a las condiciones geológicas y a la variedad de minerales que se encuentran en la zona, ha atraído a inversionistas de diferentes partes del mundo.

Lamentablemente también ha tenido etapas en las que se ha visto manchada por accidentes dónde se perdieron vidas humanas, y que han ocasionado severos cuestionamientos sobre las condiciones en las que se encuentran laborando los mineros y la respuesta de acción por parte del gobierno ante estos incidentes, tal es el caso de la mina Pasta de Conchos.

El 19 de febrero de 2006, en la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en el ejido de Santa María, municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, ocurrió uno de los mayores accidentes mineros en nuestro país; caso que constituye un referente para la elaboración de la presente iniciativa, debido a las valiosas recomendaciones que se hicieron al gobierno mexicano por parte de organismos nacionales e internaciones.

En la mina operada por Grupo México, alrededor de las 2:30 am se presentó una explosión al interior de la mina, con lo cual 65 mineros quedaron atrapados; siete años después aún se desconocen las causas exactas que la provocaron, aunque familiares de los trabajadores mencionaron a diferentes medios que días atrás los mineros advirtieron sobre una alta concentración de gas, asimismo no se ha logrado precisar la distancia a la que los mineros se encontraban en el momento de la explosión ya que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos informó que los mineros se encontraban atrapados aproximadamente a 490 metros, dentro de un túnel horizontal de 1,6 km de largo; mientras que la compañía minera operadora,declaró que se encontraban a 150 metros.

Como consecuencia de este acontecimiento, el 17 de julio del mismo año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 26/2006, en donde ente otros, se solicitó:

• Al entonces Secretariodel Trabajo y Previsión Social (STPS), Francisco Javier Salazar, realizar una investigación determinando responsabilidades de los funcionarios involucrados.

• Indemnizar a los familiares de los fallecidos.

• Coordinar las labores de protección civil con los servidores públicos locales en materia de seguridad e higiene.

El 21 de diciembre de 2008, en la recomendación 64/2008 la CNDH solicitó al entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Eduardo Medina Mora, intervenir en el asunto debido a las deficiencias en que incurrieron los servidores públicos de esa dependencia durante las indagatorias para determinar las causas de la explosión en la mina, lo cual, provocó que el caso fuera enviado a reserva.

Por su parte en noviembre de 2011 la CNDHpresentó el documento “Informe Especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del Estado de Coahuila”, en dónde se hace un análisis sobre las circunstancias bajo las cuales se realizan los trabajos de explotación de carbón, así como las quejas que se hicieron entre los años 2006 y 2011 relacionadas con esta labor.

Dicho informe precisó que en ese periodo se presentaron un total de 17 quejas, en dónde las autoridades involucradas son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía (SE). Además señaló que diez de ellas están relacionadas con siniestros en dónde 90 trabajadores fallecieron y 6 resultaron heridos.

Dentro de las conclusiones, la CNDH menciona que “En todos estos casos se corroboró la omisión por parte de las autoridades de realizar oportunamente visitas de inspección de condiciones de seguridad ehigiene en los centros de trabajo, así como el establecimiento de medidas 11 Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores, la falta de verificación del cumplimiento de las medidas dictadas, sin contar con un seguimiento adecuado ni periodicidad en las visitas, además de una actuación omisa y de tolerancia respecto al incumplimiento reiterado por parte de lospropietarios de las diversas minas. Por ello que se acreditaron violaciones aderechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, respeto a la integridad física ya la vida, así como prestación indebida del servicio público.

“Se evaluara, en forma periódica, el perfil de personalidad y los conocimientos en materia de Derechos Humanos de los servidores públicos adscritos a las delegaciones federales del trabajo, y que se fortalezcan los procedimientos relativos al servicio civil de carrera sobre contratación y selección de personal, así como que se proporcionen los recursos materiales, económicos y humanos suficientes, a fin de que se establezcan medidas de prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. Además, en las dos últimas recomendaciones se propuso que se estableciera un sistema de intercambio de información con el Registro de Concesiones Mineras con que cuenta la Secretaría de Economía, a fin de facilitar la detección de los riesgos de trabajo y siniestros ocurridos en los lotes mineros en toda la República Mexicana.”

Con motivo de las recomendaciones emitidas por la CNDH, dentro de las acciones realizadas tanto por la Secretaría de Economía como por la STPS, destacan:

• Solicitud por parte de la Dirección General de Minas de la SE, de un presupuesto extraordinario, a fin de contar con personal suficiente que le permita poder realizar visitas de verificación en la zona.

• Reuniones de trabajo para realizar un programa de visitas en la zona, en conjunto con la Dirección General deInspección Federal del Trabajo de la STPS y la Dirección General de Minas de la SE.

• Perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de la STPS, sancionadores a las empresas por el desacato en el cumplimiento de la normatividad, según informó la propia Secretaría.

• Ejecución de acciones enfocadas a asesorar y representar jurídicamente a los trabajadores y deudos a fin de que se les garantice el pago por concepto de indemnización, de acuerdo a lo reportado por la STPS.

Cinco años después de emitir una segunda recomendación sobre el tema (recomendación 64/2008), el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, informó que en cumplimiento a ésta y al mencionado Informe, la Procuraduría reabrirá la averiguación previa por el caso de la explosión en la mina Pasta de Conchos.

Respecto al tema, no sólo la CNDH ha realizado observaciones, también la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó recomendaciones al gobierno mexicano en 2009, en dónde además, hasta marzo de 2012 permanecía abierta la investigación sobre la mina Pasta de Conchos.

El mencionado organismo en el “Informe del Director General, Octavo informe complementario:Informe del Comité encargado de examinarla reclamación en la que se alega el incumplimientopor el Gobierno de México del Convenio sobrela administración del trabajo, 1978 (núm. 150),el Convenio sobre seguridad y salud de lostrabajadores, 1981 (núm. 155) y el Conveniosobre los productos químicos, 1990 (núm. 170)”, presentó 6 recomendaciones al gobierno mexicano, a quien se le invitó a ratificar el Convenio 176, sobre seguridad y salud en las minas, asimismo indicóque considera quela normativa en materia de minas de carbón no parece constituir un referente que asegure un sistema de inspección apropiado y suficiente para salvaguardar la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores, por lo que exhorta al gobierno a adoptar las medidas necesarias para subsanar esa deficiencia. Además coincidió con la CNDH en la indemnización a familiares de los trabajadores afectados.

Vale la pena, por otra parte en esta iniciativa, hacer referencia a la historia de la minería en México la que ha atravesado por diversas etapas, algunas marcadas por acontecimientos como el antes mencionado y otras que han influido en decisiones políticas y el rumbo de nuestra nación.

La historia y el progreso de México están profundamente ligados a la minería. En la época prehispánica, uno de los atractivos para los conquistadores era, sin duda, los metales preciosos y las especias de América, aunque grande fue su desilusión al encontrar que el oro de las Antillas era escaso y desapareció, sin haber tenido la oportunidad de generar riqueza a los conquistadores.

En las dos primeras expediciones, hubo testimonio de la orfebrería en tabasco y Veracruz, pero fue hasta la tercera expedición, en el año de 1519, cuando Hernán Cortés pudo constatar la riqueza en todo su esplendor, al recibir en tributo plumas, ornamentos de oro y piezas de mosaico de piedras preciosas. Se calcula que entre 1519 y 1526 la riqueza de oro del Anáhuac fue saqueada y enviada a Europa.

Las minas prehispánicas se encontraban en Querétaro y algunas regiones del Río Balsas. En las sierras de Oaxaca fundían el oro y se manufacturaban objetos ornamentales o de usos rituales. Un centro significativo de esta actividad fue en la región oriental de Oaxaca, en los límites con el sur de Veracruz. También lo fue el Atzcapotzalco Azteca, pero los saqueos en esa región impidieron tener vestigios de las piezas que ahí se elaboraban.

El arte de trabajar los metales llegó a México en el siglo XI; los metales más utilizados eran el oro, el cobre, extraídos principalmente de las zonas de Guerrero y Oaxaca; la plata, el plomo y el estaño, que servía como moneda.

La minería colonial del siglo XVI estaba regida por normas especiales, teniendo como célula básica el Real de Minas, un centro urbano donde se congregaban varias explotaciones más o menos próximas.

Estaban agrupados según su importancia, formando distritos en los que había una diputación de minería, encargada de proteger los intereses de los mineros, así como de la aplicación de las ordenanzas emitidas en la materia. Para finales del siglo XVIII, había treinta y siete distritos, cada uno con su respectiva diputación.

En 1783 fueron expedidas unas ordenanzas generales de minería, que contemplaban tres instituciones: un tribunal, un banco de avío y un colegio. Estas fueron creadas con la finalidad de resolver los problemas más graves de la minería mexicana: el de organización, el de justicia, el del crédito y el de la técnica.

En el siglo XVIII, la prosperidad de la actividad minera fue fundamental para el crecimiento de la economía en la Nueva España, beneficiando a diversos sectores, entre ellos al gobierno, por las sumas que ingresaban al erario, las órdenes religiosas e instituciones educativas, a la agricultura y la industria.

Debido a los métodos primitivos de la Vieja España, la minería mexicana tuvo pérdidas significativas de vetas, lo que trajo como consecuencia un estancamiento en las ganancias generadas por esta actividad. Sin embargo, apoyados en las aportaciones que hicieron científicos como Descartes, Newton, entre otros, se encontró en la ciencia una solución al problema: la ingeniería.

Al consumarse la Independencia en 1821, se vislumbran cambios en la estructura y organización de la minería en nuestro país.

La época del Porfiriato se caracterizó entre otras cosas, por tener el control de los órganos políticos del País, asimismo, se reformaron las ordenanzas mineras y se fomentó la inversión extranjera en la minería; se otorgaron incentivos para el campo y la industria.

Para el año de 1883, fueron significativos los avances en materia de minería, entre ellos con la ayuda del Ministro de Fomento se crea la Sociedad Mexicana de Minería. En sus Estatutos, se contempló la creación de dos Comisiones Especiales sobre legislación minera.

En 1884, el abogado Pedro Bejarano y los ingenieros Francisco Bulnes y Manuel María Contreras, presentaron un proyecto de Código de Minería, que contenía entre sus disposiciones la del aumento de beneficios a manos de particulares.

En ese mismo año, se promulga el Código de Minería, en el cual se otorga el permiso de explotar minas, sin límite de tierras, con la condición de que éstas no se dejen de trabajar. Para 1885, entra en vigor un nuevo Código de Minería.

El 4 de junio de 1892, se aprobó una ley en la que se otorgaban en propiedad las minas. Quien las adquiriera, podía trabajarlas de forma libre, contratar al número de mineros que se creyera conveniente y podía utilizar el sistema que considerara más cómodo a sus necesidades.

La Secretaría de Fomento otorgaba el título de propiedad y los trabajos de las minas fueron declarados de utilidad pública, por lo que se podían expropiar terrenos para esta actividad.

El Constituyente de 1917 se dio a la tarea de modificar las disposiciones que establecían la propiedad perpetua de las minas, sustituyéndola por la figura de concesión, que era otorgada por el Estado, devolviendo el dominio original a la Nación sobre los recursos del subsuelo y su explotación.

En esa época, se dieron acontecimientos históricos quetuvieron gran impacto en el sector, primero fueron los levantamientos revolucionarios y posteriormente, la caída de precios de los metales como consecuencia de la gran depresión de 1929. En esos años, la minería mexicana era dominada por los extranjeros; los norteamericanos tenían el 78% de la producción y el 20% estaba a cargo de los ingleses.

En 1930 se publicó una nueva Ley Minera, sin embargo, en 1932 el sector minero tuvo una de las mayores crisis en su producción, llegando a tener un 16.6% anual.

Para 1939 la producción minera disminuyó 12.6%, para contrarrestar la baja y evitar el colapso, se publicó una nueva Ley de Impuesto, que entre sus contenidos estaba la reducción de la carga fiscal, preferencia a minas rehabilitadas, combinación de impuestos federales y estatales para facilitar el pago, entre otros.

La Segunda Guerra Mundial favoreció al sector minero mexicano, pues en el extranjero existía una gran demanda de metales y productos industriales, es así que los entonces Presidentes Manuel Ávila Camacho y Franklin D. Roosevelt, firmaron acuerdos para que México abasteciera de los metales necesarios al ejército norteamericano.

De 1950 a 1980 aproximadamente, la industria minera tuvo un proceso de modernización, entre lo más relevante se encontraba la utilización de más y mejores tecnologías, nueva organización del sistema de trabajo, así como una estrecha relación entre mineros y gobierno.

La legislación actual, data del 26 de junio de 1992, la que por sus componentes técnicos, ha resultado de difícil tratamiento para el legislador, el que sistemáticamente, en los períodos legislativos posteriores a su puesta en vigor y hasta la fecha,ha mantenido la inercia de elaborar sólo reformas al contenido de sus disposiciones, sumando un total de 125 reformas, sin advertir la necesidad de crear un ordenamiento normativo moderno, que equilibre una industria minera con rostro humano, combinada con el impulso a su desarrollo y eficiencia.

El siguiente cuadro es prueba de la enorme cantidad de reformas para un ordenamiento, de por sí complejo, que se vuelve cada vez más difícil de manejar.

REFORMAS A LA LEY MINERA VIGENTE

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2006.

 

24 DE DICIEMBRE DE 1996

28 DE ABRIL DE 2005

26 DE JUNIO DE 2006

Artículo Reformado

6

10

0

Artículo Adicionado

0

3

0

Artículo Derogado

1

0

0

Fracción Reformada

5

33

14

Fracción Adicionada

1

4

12

Fracción Derogada

1

6

0

Párrafo Reformado

3

17

0

Párrafo Adicionado

0

1

0

Párrafo Derogado

2

5

0

Inciso Reformado

0

0

0

Inciso Adicionado

0

1

0

Inciso Derogado

0

0

0

TOTAL

19

80

26

En la actualidad, la minería debe estar preparada para afrontar un mercado competitivo, estar a la altura de las exigencias nacionales e internacionales y al mismo tiempo establecer las condiciones y políticas que le permitan ser una industria eficiente y socialmente responsable.

En nuestro país, el Gobierno Federal es el encargado de regular lo referente a la minería, a través de la Secretaría de Economía; debiendo aplicar las disposiciones del marco regulatorio minero de tal manera, que se asegure la libre participación de particulares en la exploración y explotación minera confiriendo seguridad jurídica en las inversiones, proporcionará la estructura administrativa para garantizar y atender los trámites de asuntos mineros y promocionar la competitividad y la inversión en el sector minero.1

• Secretaría de Economía.

• Coordinación General de Minería.

• Dirección General de Desarrollo Minero

• Dirección General de Regulación Minera.

Otra instancia involucrada, es el Servicio Geológico Mexicano, organismo descentralizado del Gobierno Federal, es el encargado de generar y proveer el conocimiento geológico-económico del país,  enfocado al fomento de la inversión y  aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables.

Asimismo el encargado de fomentar el desarrollo de la minería nacional, la generación de empleos e inversión mediante apoyos de capacitación, asistencia técnica y/o financiamiento a personas físicas y morales, es el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), entidad paraestatal sectorizado a la Secretaria de Economía.

Además de la estructura mencionada, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la encargada de la supervisión de las condiciones laborales de los trabajadores mineros.

La minería en nuestro país representa un sector generador de riquezas y empleos, cuya producción minera, según datos de la Secretaría de Economía, revelan que durante 2011 ésta tuvo un valor de 16 ml 761 millones de dólares2, lo que representa el 2 por ciento del PIB en ese año.

Además en 2011, México obtuvo el primer lugar a nivel mundial en la producción de plata, el tercer lugar en bismuto, el quinto en plomo, el noveno el oro el décimo primero en cobre.

Producción minera en México en 2011.

Por mineral:

Mineral

Porcentaje (%)

Oro

21

Plata

20

Cobre

14

Zinc

8

Arena

5

Grava

4

Fierro

4

Otros

24

*Datos de la Secretaría de Economía – ProMéxico

Por Entidad Federativa:

Entidad Federativa

Porcentaje (%)

Sonora

23

Zacatecas

23

Chihuahua

14

San Luis Potosí

11

Durango

6

*Datos de la Secretaría de Economía – ProMéxico

Para 2012, la producción minera perteneció en un 60 por ciento a la inversión nacional y el 40 por ciento a la inversión extranjera, dicho sector generó 322,450 empleos directos y más de 1.5 millones de indirectos.

FIFOMI reveló que hasta 2011, únicamente se había explorado 30 por ciento del país, teniendo así el 70 por ciento apto para desarrollar proyectos de exploración y explotación de nuevos yacimientos.

Respecto a la inversión extranjera, en 2010 se reportaron 286 empresas con capital extranjero, de las cuales 210 correspondían a capital canadiense.

Las principales empresas mexicanas inversionistas en el sector fueron: Grupo México, Industrias Peñoles y Minera Frisco,mientras que en las extranjeras se encuentran las canadienses GoldCorp y Agnico Eagle y la argentina Ternium.

Finalmente en cuanto a competitividad, el ranking del grupo Behre Dolbear, en 2012, ubicó a México en el 5o lugar, dentro de los mejores destinos para invertir en proyectos mineros, sólo por debajo de Australia, Canadá, Chile y Brasil.

Además México ha firmado diversos Convenios Internacionales de Colaboración en Materia Minera con Australia, Canadá, Chile, China, Corea, Cuba, Guatemala e Italia, en donde se presentan las bases para la cooperación entre nuestro país y las referidas naciones dichas formas de cooperación incluyen, aunque no se limitan a: elaboración de programas y proyectos de investigación, intercambio de investigadores, funcionarios gubernamentales y empresarios, así como el intercambio de información sobre programas públicos y políticas gubernamentales.

A pesar de las grandes ganancias que esta industria genera cada año, recientemente se ha cuestionado el real beneficio que llegan a tener tanto los habitantes de las zonas mineras, como los municipios y Estados.

Existen países en dónde un porcentaje específico de la explotación de minerales, es destinado directamente a la comunidad en que se ubica la mina, sin pasar por el gobierno federal. De esta forma se podrían beneficiar los municipios y Estados y no sólo las empresas que en muchos casos no son mexicanas.

Como se observa en la siguiente tabla3, cada nación establece las condiciones y el porcentaje destinado que mejor se adapte a sus condiciones económicas y sociales.

PAÍS

ISR (%)

REGALIAS (%) Impuesto a la extracción

Argentina

35

0-3 del valor a boca de mina

Australia

30

0-10 según mineral y valor

Brasil

34

2-3 del valor de venta

Canadá

(18 federal, 10-16 estatal)

2.5-17.5 según territorio

Chile

17

0-5 del margen operativo

China

25

No hay regalías

Colombia

33

12.5-18.6 si son extraídos en tierras federales

EU

35

1-12 del valor de boca de mina

México

30

Ninguna

Perú

30

1-3 sobre ventas brutas

Rusia

15.8 - 20

1.6-8

Sudáfrica

Variable

5 minerales refinados

3 minerales no refinados

*FUENTE: Instituto Peruano de Economía, 2011.

Teniendo como referencia los diferentes acontecimientos a lo largo de la historia, es de especial mención las 7 Normas Oficiales Mexicanas en materia de minería,en las cuales este sector se basa para llevar a cabo procedimientos para la salvaguarda y protección de los trabajadores, las condiciones en las que laboran y el cuidado del medio ambiente, estas son:

NOM-023-STPS-2003. Trabajos en minas-Condiciones de seguridad y saluden el trabajo.

La mencionada norma, establece los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir riesgos a los trabajadores que desarrollan actividades en las minas y daños a las instalaciones del centro de trabajo. Para esta norma no son sujetos obligados aquellos dedicados a actividades relacionadas a la exploración y explotación de productos petróleo, gas natural, minerales radiactivos y sustancias contenidas en suspensión o disolución en aguas subterráneas o inyectadas al subsuelo.

NOM-032-STPS-2003 Seguridad para minas subterráneas de carbón.

Tiene como objetivo establecer condiciones y requisitos de seguridad en las instalaciones y funcionamiento de las minas subterráneas de carbón.

NOM-120-SEMARNAT-1997. Que establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa, en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos.

Esta norma hace mención de la especificaciones ambientales que se deben de tener en cuenta durante la exploración minera directa, excepto en aquellas zonas en áreas naturales protegidas y en minas consideradas radioactivas.

NOM-141-SEMARNAT-1997. Que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación, y postoperación de presas de jale.

Pretende mitigar el impacto ambiental provocado por la remoción de vegetación para el cambio de uso de suelo. De igual forma indica las especificaciones y criterios ambientales que deben de respetarse en las diferentes etapas que conllevan las presas de jale.

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio.

Como consecuencia de la cantidad de sustancias tóxicas que se generaban durante la exploración y explotación de minas y los efectos nocivos a la salud que estos provocan, es que se elaboró la norma en comento, a fin de determinar la contaminación de un suelo con materiales o residuos que contengan los elementos a que hace mención la norma

NOM-155-SEMARNAT-2003. Que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.

Debido a que se trata de un proceso fácil de realizar y de bajo costo, lalixiviación de minerales es uno de los métodos más utilizados en la actualidad para la extracción de metales preciosos, sin embargo es generador de problemas ambientales como la generación de drenaje ácido y la movilidad de metales del mineral lixiviado, así como por la pérdida de estabilidad del sistema. Por lo que esta norma señala para la caracterización del mineral lixiviado o gastado y del sitio, así como los requisitos de protección ambiental para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.

NOM-157-SEMARNAT-2009. Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros.

Debido a que todos los procesos de exploración y explotación mineros generan residuos, la presente norma indica los elementos y procedimientos que se deben considerar en los planes de manejo de residuos mineros, así como el uso de nuevos procesos, métodos y tecnologías que sean económica, técnica y ambientalmente factibles.

Todas ellas de igual relevancia debido al enfoque que el proponente de la presente iniciativa le da a ésta: mayor seguridad industrial para la salvaguarda de los mineros, así como la protección ambiental y social de las zonas en dónde se realizan trabajos referentes concernientes a la minería.

Al inicio de este gobierno, con fecha 2 de diciembre de 2012 se aprobó el Pactopor México, conteniendo 95 compromisos divididos en 5 rubros:

1. Acuerdos para una sociedad de Derechos y Libertades;

2. Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la Competitividad;

3. Acuerdos para la Seguridad y la Justicia;

4. Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y

5. Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática.

Se enmarca en el rubro 2 en el que el Pacto señala que el mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo. El Estado debe generar las condiciones que permitan el crecimiento económico que resulte en la creación de empleos estables y bien remunerados.

México debe crecer por encima del 50 por ciento, para lo cual se debe incrementar la inversión pública y privada hasta alcanzar más del 25 por ciento del PIB, en inversión e incrementar la productividad de la misma.

Para lograr ese fin, entre otras, el compromiso 61 del Pacto propone impulsar las siguientes reformas en materia de minería:

La expedición de una nueva Ley de Explotación Minera que revise:

a) El esquema de concesiones y pago de derechos federales vinculados a la producción;

b) Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras;

c) Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades relacionadas;

d) Se prohibirá la explotación minera de carbón mediante tiros verticales en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros, que eviten las tragedias que han sucedido en este sector;

e) Transformar a la minería en una industria eficiente y socialmente responsable;

f) Los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece.

La presente Iniciativa se integra con NUEVE CAPITULOS, de ellos el NOVENO distribuido en SIETE SECCIONES, 101 Artículos y tres TRANSITORIOS.

En el CAPITULO I, denominado DISPOSICIONES GENERALES, se establecenbases para contribuir a que la minería sea una industria eficiente y socialmente responsable, entre otras que los recursos emanados de pagos federales vinculados a la producción, se apliquen prioritariamente en beneficio directo de las Entidades Federativas, municipios y comunidades donde se establezcan explotaciones mineras, que en los trabajos de explotación se garantice la seguridad de los trabajadores mineros; y que los beneficios que genera la industria minera incluyan a los habitantes de las zonas donde se establezca.

Asimismo establece cuales son aquellos materiales que de conformidad con el artículo 27 Constitucional son susceptibles de exploración, explotación y beneficios, así como aquellos que se exceptúan de la aplicación de esta Ley, por estar reservados al Estado.

Se regulan también atribuciones para la Secretaria de Economía, entre ellas llevar el Registro Público de Minería y la Cartografía Minera, así como reclamar ante autoridades judiciales competentes la extracción ilegal y recuperación de minerales o sustancias concesibles, en los términos que regula el propio CAPITULO I. Prevé que el Reglamento dela Ley desarrollará en detalle los contenidos regulatorios de ésta.

En el CAPÍTULO II, DE LAS CONCESIONES, ASIGNACIONES Y RESERVAS MINERAS, se trata de contenidos técnicos desde el punto de vista de las concesiones y de la materia, pero atendiendo al propósito de esta iniciativa, de gran significancia para hacerla una industria eficiente y socialmente responsable se propone, que la legislación federal aplicable establecerá para los titulares de la concesión, cobros por aprovechamientos en la extracción, que oscilarán entre el 1 y el 10 por ciento, según el mineral y su valor. Asimismo, que el 50 por ciento del monto de lo recaudado por este concepto, se distribuirá entre las Entidades Federativas y municipios con actividad minera para contribuir a su desarrollo términos de la Ley de Coordinación Fiscal, entre las Entidades Federativas yMunicipios con actividad minera.

Establece regulaciones en detalle para concesiones, asignaciones y zonas de reservas mineras, la previsión para que las concesiones podrán otorgarse hasta por 50 años y las asignaciones hasta por 6 años.

Para contribuir a darle un rostro humano a la industria minera, por primera ocasión en una legislación en la materia, se destinan los capítulos III, DE LA PROTECCION AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA; CAPITULO IV, DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES MINEROS; yCAPITULO V, DE LA RESPONSABILIDAD CON LA SOCIEDAD. Con ello el tratamiento a los seres humanos como trabajadores y como miembros de su comunidad, se les coloca en plano protagónico, con la finalidad de proveer su seguridad en el centro de trabajo, su desarrollo y seguridad en las zonas mineras y el beneficio común derivado de los aprovechamientos en la extracción. No más accidentes como en Pasta de Conchos.

La regulación dispersa que contiene la ley vigente acerca del Servicio Geológico Mexicano, en esta iniciativa se regula en un CAPITULO VI, con la finalidad de reorganizar al referido Servicio; suprimir detalles que son propios de un reglamento, para que sea el correspondiente a la nueva Ley el que lo desarrolle;se pone énfasis en que será Titular de asignaciones mineras y que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la Secretaría de Economía. Entre sus funciones estará elaborar y mantener actualizada la Carta Geológica de México, en las escalas referidas, así como dar a la pequeña y mediana minería, y al sector social, asesoría técnica en materia de evaluación de depósitos minerales, procesos metalúrgicos y análisis físico-químicos de muestras de minerales para su aprovechamiento.

En el CAPITULO VII, DEL REGISTRO PUBLICO DE MINERIA Y LA CARTOGRAFIA MINERA, se prevé que la Secretaría de Economía llevará el Registro Público de Minería, dónde deberán inscribirse los actos y contratos referentes a títulos de concesión minera, prórrogas y declaratorias de su nulidad o cancelación; títulos de asignación minera y declaratorias de nulidad o cancelación; y los decretos que establezcan reservas mineras o que desincorporen zonas de estas, entre otras actividades.

En su CAPITULO VIII, DE LA COORDINACION ENTRE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, establece previsiones para una coordinación multidisciplinaria e interinstitucional con las Dependencias de la Administración Pública Federal competentes en la materia, a efecto de formular y conducir una política nacional minera eficiente y socialmente responsable. Asimismo la coordinación con Entidades Federativas para garantizar apoyo a comunidades de zonas mineras y con instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras, para investigaciones geocientíficas y para impulsar y difundir una cultura del conocimiento de la historia y productos culturales de la minería.

En el capítulo IX, denominado DE LAS VISITAS DE INSPECCION, NULIDAD, CANCELACION, SUSPENSION, MULTAS Y RECURSOS, se propone que las visitas, como actos de molestia y los procedimientos sancionatorios derivados de ellas, se sujeten a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la norma que regula los mismos para toda la Administración Pública Federal, por lo que se plantea que la materia minera deje de ser la excepción, como lo es en la actualidad.

Igualmente se incrementa el monto de las sanciones que se pueden imponer, considerando que los titulares de las concesiones o asignaciones mineras, por la naturaleza de sus actividades, cuentan con recursos económicos importantes y adquieren muchos más con la concesión o asignación. De esa forma, se propone que las multas se aumenten significativamente en su cuantía, para que sean más proporcionales a los recursos de los infractores; se sugiere que puedan ser de hasta diez millones de días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

También se propone que la omisión o incumplimiento a cualquier obligación establecida en la Ley y su Reglamento sea sancionada, lo que no acontece en la norma vigente, donde se señalan con precisión las infracciones sancionables.

Por último, se propone incluir en las sanciones que se pueden imponer, la reparación del daño, inclusive los ambientales, a efecto de que los titulares de las concesiones o asignaciones mineras sean responsables por la afectación que realizan, no sólo ante la autoridad, sino respecto de terceros y del medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el estudio, discusión y en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se crea la Ley de Explotación Minera; para quedar como sigue:

CAPITULO I

DisposicionesGenerales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia minera y tiene por objeto regular la exploración, explotación, uso y aprovechamiento de los recursos minerales en los términos que establece este precepto.

Sus funciones son de orden público, de interés social y de observancia general.

Artículo 2.A efecto de contribuir a que la minería sea una industria eficiente y socialmente responsable, el Ejecutivo Federal promoverá:

I. Disposiciones administrativas y acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad;

II. Que los recursos emanados de pagos de derechos federales vinculados a la producción, se apliquen prioritariamente en beneficio directo de las Entidades Federativas, municipios y comunidades donde se establezcan explotaciones mineras;

III. Mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades relacionadas;

IV. Que en los trabajos de explotación se garantice la seguridad de los trabajadores mineros;

V. Que los beneficios que genera la industria minera, incluyan a los habitantes de las zonas donde ésta se establezca; y

VI. Mecanismos que reduzcan el impacto ambiental en donde se establezcan explotaciones mineras.

Artículo 3.Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos los siguientes:

I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, bromo, cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, estaño, estroncio, flúor, fósforo, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, iridio, itrio, lantánidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, níquel, oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, rubidio, rutenio, selenio, sodio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y yodo;

II. Minerales o grupos de minerales de uso industrial siguientes: actinolita, alumbre, alunita, amosita, andalucita, anhidrita, antofilita, azufre, barita, bauxita, biotita, bloedita, boemita, boratos, brucita, carnalita, celestita, cianita, cordierita, corindón, crisotilo, crocidolita, cromita, cuarzo, diatomita, dolomita, epsomita, estaurolita, flogopita, fosfatos, fluorita, glaserita, glauberita, grafito, granates, halita, hidromagnesita, kainita, kieserita, langbeinita, magnesita, micas, mirabilita, mulita, muscovita, nitratina, olivinos, palygorskita, pirofilita, polihalita, sepiolita, silimanita, silvita, talco, taquidrita, tenardita, tremolita, trona, vermiculita, witherita, wollastonita, yeso, zeolitas y zircón;

III. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, amatista, amazonita, aventurina, berilo, crisoberilo, crocidolita, diamante, dioptasa, epidota, escapolita, esmeralda, espinel, espodumena, jadeita, kuncita, lapislázuli, malaquita, morganita, olivino, ópalo, riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, turmalina, turquesa, vesubianita y zafiro;

IV. Sal gema;

V. Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, como las arcillas en todas sus variedades, tales como el caolín y las montmorillonitas, al igual que las arenas de cuarzo, feldespatos y plagioclasas;

VI. Las materias minerales u orgánicas siguientes, susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes: apatita, colófano, fosfosiderita, francolita, variscita, wavelita y guano;

VII. El carbón mineral en todas sus variedades y el gas asociado a los yacimientos de éste; y

VIII. Los demás que determine el Ejecutivo Federal, mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, a su cotización en los mercados internacionales o a la necesidad de promover la explotación racional y la preservación de los recursos no renovables en beneficio de la sociedad.

Quienes estén realizando la exploración o explotación de los minerales o sustancias a que se refiere la fracción VIII, con base en las disposiciones del derecho común, tendrán derecho preferente para obtener la concesión mineracorrespondiente, siempre que la soliciten en los términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 4. Quedan sujetas a las disposiciones establecidas en esta Ley, la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterránea, de modo natural o artificial y de las sales y subproductos de éstas.

Artículo 5.Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley:

I. El petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; salvo el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;

II. Los minerales radiactivos;

III. Las sustancias contenidas en suspensión o disolución por aguas subterráneas, siempre que no provengan de un depósito mineral distinto de los componentes de los terrenos;

IV. Las rocas o los productos de su descomposición que solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen a este fin;

V. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación se realice por medio de trabajos a cielo abierto; y

VI. La sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorréicas.

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

I. Exploración: Las obras y trabajos realizados en el terreno con objeto de identificar depósitos de minerales o sustancias; así como cuantificar y evaluar las reservas económicamente aprovechables que contengan;

II. Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo;

III. Beneficio de minerales: Los trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera mano y refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que de elevar la concentración y pureza de sus contenidos;

IV. Secretaría: La Secretaría de Economía;

V. Secretaría de Medio Ambiente: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y

VI. Servicio Geológico: El Servicio Geológico Mexicano.

Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría las siguientes atribuciones:

I. Regular y promover la exploración y explotación, así como el aprovechamiento racional y la preservación de recursos mineralesde la Nación;

II. Promover en el ámbito de su competencia, las medidas y acciones que contribuyan a que la minería sea una industria eficiente y socialmente responsable;

III. Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en la materia y coordinar la elaboración y evaluación, así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social.

Al efecto, formulará los programas de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social y coordinará las acciones necesarias para su ejecución;

IV. Opinar ante las Dependencias del Ejecutivo Federalen los asuntos de la competencia de éstas, relacionados con la industria minero-metalúrgica;

V. Promover en el marco de competencia de la Administración Pública Federal, la coordinación transversal en asuntos que contribuyan a dar expeditez a las acciones y trámites administrativos y a transformar a la minería en una industria eficiente;

VI. Participar con las dependencias competentes en la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas, salud ocupacional y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;

VII. Emitir las opiniones técnicas que prevea su Reglamento Interior;

VIII. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de decreto para determinar la concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos a la incorporación o desincorporación de zonas de reservas mineras;

IX. Expedir títulos de concesión y de asignación mineras. Así como resolver sobre su nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas;

X.Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente Ley y la de la materia sobre solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de terrenos indispensables para llevar a cabo la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley;

XI. Resolver sobre las controversias que se susciten con respecto a la negativa de las personas que beneficien mineral a recibir el de terceros;

XII. Solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, así como sobre estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas;

XIII. Llevar el Registro Público de Minería y la Cartografía minera y realizar toda clase de levantamientos topográficos y geodésicos con el fin de mantener actualizada esta última;

XIV. La corrección administrativa de errores que encuentre en un título de concesión o de asignación, previa audiencia al titular y sin perjuicio de tercero;

XV. Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente Ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles e imponer sanciones administrativas derivadas de su inobservancia;

XVI. Reclamar ante las autoridades judiciales competentes la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles, únicamente cuando se realice en terrenos libres, zonas de reservas mineras, áreas correspondientes a concesiones otorgadas mediante concurso y que posteriormente hayan sido canceladas, y lotes respecto de las cuales se hayan declarado desiertos los concursos respectivos;

XVII. Resolver los recursos que se interpongan conforme a lo previsto por esta Ley; y

XVIII. Las demás que le confieren expresamente otras leyes.

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos para la instrumentación de los programas y acciones previstos por la fracción III de este artículo y precisará las características del pequeño y mediano minero por mineral o sustancia, con base en sus ingresos por ventas, el tonelaje total que extraigan o su participación en la producción nacional.

CAPITULO II

De las Concesiones, Asignaciones y Reservas Mineras.

Artículo 8. La exploración y explotación de los minerales o sustancias a que se refiere el artículo 3, así como de las salinas formadas, a que hace referencia el artículo 4, solo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2 Constitucional reconocidos como tales por las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría.

Artículo 9. La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier uso o aprovechamiento del terreno; atenderán a que la minería sea una industria eficiente y socialmente responsable, con sujeción a las condiciones que la misma Ley establece.

Las Leyes de carácter federal aplicables podrán establecer contribuciones que graven estas actividades.

Asimismo, la legislación federal aplicable, establecerá para los titulares de la concesión cobros por aprovechamientos en la extracción, que oscilarán entre el 1 y el 10 por ciento según el mineral y su valor.

El 50 por ciento del monto de lo recaudado por este concepto, se distribuirá, como participaciones en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, entre las Entidades Federativas yMunicipios con actividad minera, para contribuir a su desarrollo.

Artículo 10. En el caso de la exploración del territorio nacional para identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la Nación se llevará a cabo por el Servicio Geológico, mediante asignaciones mineras expedidas únicamente a favor de éste por la Secretaría, debiéndose publicar el título en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 11. Por causas de utilidad pública o para la satisfacción de necesidades futuras del país podrán establecerse zonas de reservas mineras, mediante decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sobre las zonas incorporadas a dichas reservas no se otorgarán concesiones ni asignaciones mineras.

Artículo 12. Los títulos de concesión y de asignación mineras y los decretos de incorporación de zonas a reservas mineras se expedirán, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos por esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de tercero.

Artículo 13. Están legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, cuyo objeto social se refiera a la exploración o explotación de los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley; con domicilio en la República Mexicana; y en el caso de aquellas enque participen inversionistas extranjeros, se ajusten a las disposiciones de la Ley de la materia.

Artículo 14. Toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras, deberá referirse a un lote minero sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es la superficie de terreno, sobre la cual se determina el perímetro que comprende.

Deberá cumplir además con los requisitos adicionales de ubicación que fije el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 15. El terreno libre que se encuentre rodeado por terrenos amparados por concesiones o asignaciones mineras y que tenga una superficie máxima de 10 hectáreas constituirá un lote minero denominado hueco, cuya concesión podrá ser solicitada con arreglo a lo siguiente:

I. El titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco, tendrá derecho preferente para que se le otorgue la concesión correspondiente sobre el mismo. De no ejercer su derecho ese titular, la preferencia pasará al siguiente titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco y así sucesivamente;

II. Cuando existan titulares de concesiones o asignaciones mineras cuyos lotes tengan igual perímetro colindante con el hueco, la preferencia se definirá mediante un sorteo entre ellos;

III. En caso de que una persona distinta al titular señalado en la fracción I de este artículo solicite la concesión minera sobre el hueco, la Secretaría notificará, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de los trabajos periciales, a los titulares de las concesiones o asignaciones mineras que colinden con el hueco para que ejerzan su derecho preferente con arreglo a las disposiciones anteriores;

IV. Los interesados contarán con un plazo de 30 días a partir de la fecha en que surtan efectos tales notificaciones, para presentar la solicitud de concesión correspondiente; y

V. Si no se presenta solicitud alguna para ejercer el derecho preferente sobre el hueco dentro del plazo señalado en la fracción anterior, la Secretaría expedirá el título en favor del solicitante original, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Artículo 16. Las concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.

Cuando por surtir efecto la publicación de una declaratoria de libertad de terreno de un lote minero, se presenten de manera simultánea una o más solicitudes de concesión minera y una o más solicitudes de asignación minera, tendrán preferencia para su admisión y trámite las solicitudes de concesión sobre las de asignación.

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y sobre este pueblo o comunidad indígena solicite dicho terreno simultáneamente con otra persona o personas, será preferida la solicitud del pueblo o comunidad indígena a efecto de que se le otorgue la concesión minera sobre el referido terreno, siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.

En el caso de asignaciones que se cancelen o de las zonas de reservas mineras cuya desincorporación se decrete, las concesiones mineras se podrán otorgar mediante concurso, antes de que se declare la libertad de terreno.

Solamente podrán incorporarse a reservas mineras zonas cuya exploración haya sido realizada previamente por el Servicio Geológico mediante asignación, se justifique su incorporación con base en el potencial minero de la zona, determinado mediante obras y trabajos de exploración a semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado.

Artículo 17. Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas para el Estado, y se realizarán conforme a las disposiciones de esta Ley y las que detalleel Reglamento de la misma.

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y alguno de ellos participe en el concurso, tendrá el derecho de igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante, y en caso de hacerlo tendrá derecho preferente la propuesta del referido pueblo o comunidad indígena.

Artículo 18. Se considera terreno libre el comprendido dentro del territorio nacional, con excepción del ubicado en o amparado por: zonas incorporadas a reservas mineras; concesiones y asignaciones mineras vigentes; solicitudes de concesiones y asignaciones mineras en trámite; concesiones mineras otorgadas mediante concurso y las derivadas de éstas que hayan sido canceladas; y los lotes respecto de los cuales no se hubieran otorgado concesiones mineras por haberse declarado desierto el concurso respectivo.

El Reglamento de la Ley establecerá los plazos y detalles adicionales.

Los terrenos serán libres a los treinta días naturales de que se publique la declaratoria de libertad de los mismos.

Cuando se cancelen concesiones o asignaciones por sustitución, solamente se liberará, en su caso, la porción del terreno que se abandone.

Artículo 19. Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias, sujetos a la aplicación de la presente Ley. Atendiendo a lo establecido por el artículo 9 de la misma.

Las concesiones mineras tendrán una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería y se prorrogarán por igual término si sus titulares no incurrieron en las causales de cancelación previstas en la presente Ley y lo solicitan dentro de los cinco años previos al término de su vigencia.

En tanto se resuelven las solicitudes de prórroga de vigencia, continuarán en vigor las concesiones con respecto a las cuales se formulen.

Artículo 20. Las asignaciones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley y tendrán una duración improrrogable de seis años, contados a partir de la fecha de publicación del título respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

El Servicio Geológico antes del término de la vigencia de cada asignación, deberá rendir a la Secretaría un informe escrito sobre los resultados obtenidos con motivo de los trabajos llevados a cabo para que ésta proceda a declarar:

I. La cancelación de la asignación y la consiguiente libertad del terreno;

II. La cancelación de la asignación y la celebración de uno o más concursos para el otorgamiento de concesiones mineras sobre la totalidad o parte del terreno, así como la libertad del terreno que en su caso se abandone; o

III. La cancelación de la asignación y la incorporación a reservas mineras de la totalidad o parte del terreno amparado, al igual que la libertad del que en su caso se abandone.

Las anteriores resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. De no publicarse cualquiera de ellas antes del término de vigencia de la asignación de que se trate, la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación su cancelación y la consiguiente libertad del terreno que ampare, dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento de su vigencia.

Artículo 21. Cuando cambien los supuestos que motivaron la incorporación de una zona a reservas mineras, el Ejecutivo Federal dispondrá su desincorporación mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que la Secretaría proceda a:

I. Declarar la libertad del terreno amparado, o

II. Convocar a concurso para el otorgamiento de una o más concesiones mineras y declarar la libertad del terreno que en su caso se abandone.

De no publicarse en el Diario Oficial de la Federación cualquiera de las resoluciones previstas por las fracciones anteriores dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de publicación del decreto de desincorporación, el terreno amparado por la referida zona se considerará libre al día siguiente del vencimiento del plazo señalado.

Artículo 22. Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados en un título de concesión o de asignación mineras son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo comunicará a su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.

La Secretaría dictará resolución con base en la contestación del interesado y las constancias del expediente y, de proceder, ordenará la corrección del título, así como su inscripción en el Registro Público de Minería.

Artículo 23. Las concesiones mineras confieren derecho a:

I. Realizar obras y trabajos de exploración y de explotación dentro de los lotes mineros que amparen;

II. Disponer de los productos minerales que se obtengan en dichos lotes con motivo de las obras y trabajos que se desarrollen durante su vigencia;

III. Disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie que amparen, a menos que provengan de otra concesión minera vigente;

IV. Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para el depósito de terrenos, jales, escorias y graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas de paso a través de lotes mineros;

V. Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;

VI. Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de la ley de la materia;

VII. Transmitir su titularidad o los derechos establecidos por las fracciones I a VI anteriores a personas legalmente capacitadas para obtenerlas;

VIII.Reducir, dividir e identificar la superficie de los lotes que amparen, o unificarla con la de otras concesiones colindantes;

IX. Desistirse de las mismas y de los derechos que de ellas deriven;

X. Agrupar dos o más de ellas para efectos de comprobar obras y trabajos previstos por esta Ley y de rendir informes estadísticos y técnicos;

XI. Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos;

XII. Obtener la prórroga en las concesiones mineras por igual término de vigencia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 de esta Ley; y

XIII. Obtener el permiso de la Secretaría de Energía para la recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.

Artículo 24. El aprovechamiento puede darse mediante el autoconsumo, o la entrega a Petróleos Mexicanos. En el caso del autoconsumo dependiendo de la forma en que se dé, éste se sujetará a lo dispuesto en las leyes correspondientes, y a lo siguiente:

I. Los concesionarios de yacimientos para la explotación de carbón mineral podrán asociarse para recuperar, autoconsumir y aprovechar el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, previa autorización de la Secretaría de Energía;

II. Para el caso del transporte y servicio de entrega del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral a Petróleos Mexicanos, será necesario la celebración de un contrato en los términos de las disposiciones administrativas que fije la Secretaría de Energía; y

III. Los términos y la metodología para el pago de la contraprestación del servicio de transporte y entrega del gas a que se refiere el contrato citado en el párrafo anterior, serán establecidos por la autoridad competente y deberá considerar las inversiones necesarias para su recuperación, transporte, operación y mantenimiento más la obtención de una utilidad razonable.

Artículo 25. Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras, sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, la que solicitará opinión a la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas a que deben sujetarse los mismos.

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, en las áreas naturales protegidas, así como las que se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 26. La Secretaría resolverá sobre la procedencia de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre, previa audiencia de la parte afectada y dictamen técnico fundado. El monto de la indemnización se determinará por medio de avalúo practicado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con base en los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley.

Tratándose de expropiaciones, cuando proceda, la Secretaría someterá a la consideración del Ejecutivo Federal la resolución respectiva.

Las expropiaciones de bienes ejidales y comunales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación agraria.

Artículo 27. Las solicitudes de reducción, división, identificación o unificación de superficies, procederán cuando el nuevo lote o lotes estén comprendidos dentro de la superficie amparada por la concesión o concesiones de que deriven y no se afecten derechos de terceros inscritos en el Registro Público de Minería.

Declarada procedente la solicitud, la Secretaría expedirá el o los nuevos títulos que correspondan en sustitución del o de los que deriven, con iguales derechos y obligaciones. En los casos de unificación, los títulos se expedirán por la vigencia restante del más antiguo.

Artículo 28. La transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven, surtirá sus efectos legales ante terceros y la Secretaría a partir de su inscripción en el Registro Público de Minería.

En ese supuesto, el adquirente se subrogará en los derechos y obligaciones correspondientes. Asimismo será su responsabilidadcerciorarse que la concesión se encuentra vigente y que su titular está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones.

Los contratos y convenios por los que el adquirente de derechos derivados de una concesión asuma obligaciones, cuyo incumplimiento se sancione con la cancelación de la misma, no relevan a su titular de la responsabilidad de cumplirlas, si el primero no lo hace.

Los actos, contratos y convenios relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, al igual que las controversias que se susciten con motivo de los mismos, se sujetarán en lo no previsto por la presente Ley a las disposiciones de la legislación mercantil.

Artículo 29. Los desistimientos debidamente formulados, surtirán sus efectos a partir de la fecha de presentación ante la Secretaríadel escrito correspondiente, cuando no se afecten derechos de tercero inscritos en el Registro Público de Minería.

Artículo 30. El agrupamiento de concesiones mineras procederá cuando los lotes sean colindantes o constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo, conforme al Reglamento de esta Leyy sus titulares no hayan incurrido en las causales de cancelación establecidas por la misma.

La incorporación o separación de concesiones a uno o más agrupamientos se podrá realizar por una sola vez dentro del término de un año.

Artículo 31. Las asignaciones mineras confieren derecho a:

I. Realizar obras y trabajos de exploración dentro del lote minero que amparen, sujeto a lo previsto por el artículo 25 de la presente Ley;

II. Obtener la ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 de la misma;

III. Reducir e identificar la superficie que amparen; y

IV. Desistirse de las mismas o de los derechos que de ellas deriven.

Las asignaciones serán intransmisibles y no podrán ser objeto de gravamen alguno.

Artículo 32.Independientemente de la fecha de otorgamiento, los titulares de concesiones tienen las siguientes obligaciones:

I. Ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que establecen la misma y su Reglamento;

II. Pagar los derechos sobre minería que establece la ley de la materia;

III. Sujetarse a las disposiciones generales y a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Así como a las disposiciones que establecen los Capítulos III y IV de la presente Ley;

IV. No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;

V. Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado la mojonera o señal que precise la ubicación del punto de partida;

VI. Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos contables en los términos y condiciones que señale el Reglamento de la presente Ley;

VII. Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de inspección;

VIII. Rendir a la Secretaría un informe geológico-minero cuando la concesión mineracorrespondiente se cancele por terminación de su vigencia, desistimiento, sustitución por reducción, infracción o resolución judicial. El informe describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero, o en la superficie que se abandona, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

La Secretaría entregará al Servicio Geológico dicho informe para que sea incorporado en el sistema público de información del propio Servicio;

IX. Rendir al Servicio Geológico, en el caso de concesiones otorgadas mediante concurso, un informe semestral en los meses de enero y julio de cada año, de los trabajos realizados y de la producción obtenida en el lote amparado por la concesión minera, para efectos de control del pago de la prima por descubrimiento o cualquier otra contraprestación económica contemplada a favor de dicho organismo;

X. Dar aviso a la Secretaría de Energía, sobre el inicio y suspensión de las actividades relacionadas con la recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, que se realice al amparo de su concesión minera;

XI. Acumular, registrar y proporcionar periódicamente información geológica a la Secretaría de Energía relacionada con la recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;

XII. Avisar a la Secretaría de Energía sobre el descubrimiento de gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral, como producto de las concesiones que amparan la exploración y explotación de yacimientos de carbón mineral; y

XIII. Entregar el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral en el punto de conexión que indique Petróleos Mexicanos, en caso de que no se destine al autoconsumo.

Los titulares de concesiones mineras otorgadas mediante concurso o de aquellas que las sustituyan estarán obligados a cubrir, adicionalmente, la prima por descubrimiento y la contraprestación económica ofrecida.

Cuando se transmitan los derechos derivados de una concesión, las obligaciones a las que se hace mención en este artículo estarán a cargo del adquirente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 28 de esta Ley.

Artículo 33. La ejecución de obras y trabajos se comprobará por medio de la realización de inversiones en el lote que ampare la concesión minera o mediante la obtención de minerales económicamente aprovechables. El Reglamento de la presente Ley fijará los montos mínimos de la inversión por realizar y del valor de los productos minerales por obtener.

La obligación de ejecutar las referidas obras y trabajos iniciará 90 días naturales después de la fecha de inscripción de la concesión en el Registro Público de Minería. Los informes de comprobación deberán presentarse a la Secretaría durante el mes de mayo de cada año y se referirán a las obras y trabajos desarrollados en el período de enero a diciembre del año inmediato anterior, aun en los casos de sustitución de concesiones por cualquiera de las causas previstas por esta Ley.

Artículo 34. La comprobación de obras y trabajos mediante la realización de inversiones se aceptará indistintamente en los rubros que a continuación se indican:

I. Obras mineras directas, tales como zanjas, pozos, tajos, socavones y todas aquéllas que contribuyan al conocimiento geológico del lote minero o a la cubicación de reservas;

II. Perforaciones;

III. Levantamientos topográficos, fotogramétricos y geodésicos;

IV. Levantamientos geológicos, geofísicos y geoquímicos;

V. Análisis físico-químicos;

VI. Pruebas de experimentación metalúrgica;

VII. Desarrollo y rehabilitación de obras mineras;

VIII. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos para perforación y desarrollo de obras mineras;

IX. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos de laboratorio físico-químicos y de investigación metalúrgica;

X. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de vehículos de trabajo y para la transportación del personal;

XI. Obras y equipos destinados a la seguridad en el trabajo y a la prevención de la contaminación o la recuperación del medio ambiente;

XII. Instalaciones de almacenes, oficinas, talleres, campamentos, casas habitación y servicios a los trabajadores;

XIII. Adquisición, arrendamiento, construcción y mantenimiento de obras y equipos relacionados con vías de acceso, generación y conducción de energía eléctrica, extracción, conducción y almacenamiento de agua e infraestructura en general;

XIV. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipo para minado, acarreo y servicios generales en la mina; y

XV. Adquisición, arrendamiento, instalación y mantenimiento de equipo para operaciones de beneficio y presas de jales.

Las inversiones se aplicarán de acuerdo con los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 35. La comprobación de las obras y trabajos previstos por esta Ley, por medio de la obtención de minerales económicamente aprovechables se hará con base en el valor de facturación o liquidación de los mismos.

Artículo 36. Se tendrá por suspendida temporalmente la obligación de ejecutar las obras y trabajos previstos por esta Ley, cuando se acredite a la Secretaría, al efectuarse la comprobación anual, que fue imposible la realización de éstos por causas técnicas, económicas, laborales, judiciales o de fuerza mayor.

La suspensión temporal por causas técnicas y económicas podrá acreditarse por una sola vez, hasta un máximo de tres años consecutivos, dentro de un período de diez años.

Artículo 37.Cuando la cotización o demanda de un mineral sufra disminuciones que ocasionen la incosteabilidad temporal de las explotaciones en forma generalizada, la Secretaría podrá reducir los montos mínimos de la inversión por realizar o del valor de los productos minerales por obtener, o conceder prórrogas para su cumplimiento. Para tal fin, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se precisarán los requisitos necesarios para acogerse al mismo, las sustancias y tipos de yacimientos afectados, las cotizaciones con base en las cuales surtirá efecto y su vigencia.

Artículo 38. La superficie que se pretenda liberar o abandonar con motivo del desistimiento o reducción de una concesión no causará los derechos sobre minería a partir de la fecha de presentación del escrito correspondiente, siempre y cuando dichas solicitudes sean resueltas favorablemente por la Secretaría. En caso de ser desaprobadas, se deberán cubrir los derechos omitidos, con la actualización y recargos que determinen las disposiciones fiscales.

La Secretaría dispondrá de veinte días naturales para desaprobar el desistimiento o solicitud de reducción, cuando no se satisfaga las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 39. Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los demás casos.

El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la concesión de explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos.

Artículo 40. El informe a que se refiere el artículo 32, fracción VIII de esta Ley, describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero o en la superficie que se abandone, conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley, y deberá ser presentado junto con la solicitud de desistimiento o reducción, o dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación de la vigencia de la concesión minera o a la notificación de su cancelación por infracción o resolución judicial.

La Secretaría entregará al Servicio Geológico dicho informe en un término de sesenta días naturales a partir de que lo reciba para que éste lo incorpore en su sistema público de información dentro de los sesenta días naturales de que a su vez lo reciba.

Artículo 41. El Servicio Geológico, como titular de asignaciones mineras, e independientemente de la fecha de expedición de éstas, estará obligado a rendir a la Secretaría un informe escrito anual de carácter público sobre los resultados obtenidos con motivo de las obras y trabajos llevados a cabo, así como dar cumplimiento a las obligaciones que señala el artículo 32, fracciones II, III, IV, V y VII de esta Ley.

Artículo 42. Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley están obligadas a:

I. Dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;

II. Sujetarse a las disposiciones generales previstas en esta Ley y otras leyes sobre la materia, así como a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad y del equilibrio ecológico y protección al ambiente;

III. Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley;

IV. Procesar el mineral de pequeños y medianos mineros y del sector social en condiciones competitivas hasta por un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio de minerales instalada, cuando ésta sea superior a cien toneladas en veinticuatro horas; y

V. Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de inspección en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente Ley.

Artículo 43. Las personas a que alude el artículo anterior no estarán obligadas a recibir minerales de terceros cuando:

I. Los minerales que se pretendan introducir no se adapten al sistema de beneficio de mineraleso afecten su operación normal;

II. Comprueben estar recibiendo minerales de pequeños y medianos mineros y del sector social por un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio de minerales instalada; o

III. Los lotes de mineral que se presenten para tratamiento sean inferiores a diez toneladas.

A solicitud escrita del interesado, el responsable de la operación de beneficio de minerales estará obligado a manifestar también por escrito la explicación fundada de su negativa a recibir mineral. De existir controversia, la Secretaría resolverá lo conducente.

Artículo 44.En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán acatar las disposiciones aplicables acerca del cuidado del medio ambiente y protección ecológica.

Artículo 45. Corresponde al titular de la concesión minera, al causahabiente de éste o al titular de la asignación minera, reclamar ante la autoridad judicial competente la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles, comprendidas dentro del lote minero amparado por la concesión o asignación minera.

CAPITULO III

De la protección ambiental para la actividad minera

Artículo 46. Los titulares de la concesiones y asignaciones, están obligados a sujetarse a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables al equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como demás normatividad aplicable.

Artículo 47. Los titulares de las concesiones y asignaciones, están obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o cultural, a terceros y, en todo caso, a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos.

Artículo 48. Los titulares de las concesiones y asignaciones, serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Normas Oficiales Mexicanas y demás normatividad aplicable, ya sea que lo ocasionen en forma directa o por las personas que se encuentran bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas.

El titular de la concesión o asignación, será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho.

Artículo 49. Los titulares de las concesiones y asignaciones, deberán presentar antes del inicio de cualquier actividad, un Informe de Impacto Ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente, el cual deberá ser autorizado conforme al procedimiento establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

No podrán ejecutarse actividades mineras sin la autorización en materia de impacto ambiental que emita la Secretaría de Medio Ambiente.

Artículo 50. El informe de Impacto Ambiental deberá incluir:

I. La ubicación y descripción ambiental del área de influencia;

II. La descripción del proyecto minero;

III. Las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural;

IV. Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según corresponda; y

V. Métodos utilizados.

Artículo 51. La declaración de Impacto Ambiental será actualizada en forma anual, debiéndose presentar un informe conteniendo los resultados de las acciones de protección ambiental ejecutadas, así como de los hechos nuevos que se hubieren producido.

Artículo 52. Los titulares de las concesiones y las asignaciones, están obligados a permitir la inspección de sus instalaciones u operaciones, a los funcionarios debidamente autorizados por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Dichas inspecciones se realizarán conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 53. Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes, todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo, según corresponda.

Artículo 54. La Secretaría de Medio Ambiente implementará un programa de formación e ilustración con la finalidad de orientar a la población, en particular a aquella vinculada a la actividad minera, sobre la comprensión de los problemas ambientales, sus consecuencias y prevención con arreglo a las particularidades regionales, étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar en que se desarrollen las tareas.

Artículo 55. La Secretaría de Medio Ambiente, deberá garantizar el libre acceso a los estudios ambientales y sociales de las comunidades donde exista actividad minera.

CAPITULO IV

De la seguridad de los trabajadores mineros.

Artículo 56. El titular de la concesión o asignación, está obligado a brindar la capacitación certificada, a proporcionar el equipo de protección personal y en general, todo lo necesario para garantizar la seguridad del Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE).

En caso de accidentes como consecuencia de la actividad laboral desempeñada, se aplicará la Ley Federal del Trabajo, y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables en materia de protección laboral, quedando el titular de la concesión o asignación obligado a otorgar la correspondiente indemnización al o a los trabajadores y sus familias, en los términos de la normatividad aplicable.

Artículo 57. En el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera el titular de la concesión deberá integrar el Plan de Atención de Emergencias, el Análisis de riesgos, así como conformar una Comisión de Seguridad e Higiene por cada mina. Deberá presentar también un Programa Integral de Protección Civil en los términos establecidos en la Ley General, leyes de las Entidades Federativas, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables.

El Programa Integral de Protección Civil deberá prever la realización de simulacros en forma periódica, involucrando en su participación a las comunidades aledañas, debiendo entregar un informe pormenorizado a las autoridades competentes.

Artículo 58. Los titulares de las concesiones serán responsables de todo daño o accidente de trabajo que se produzca por el incumplimiento de las medidas de seguridad de los trabajadores mineros, sin importar si el daño o accidente es ocasionado por las personas que se encuentran bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas.

Artículo 59. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social verificará las condiciones laborales al momento de la transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones laborales y de seguridad para los trabajadores.

Artículo 60. Los titulares de las concesiones deberán presentar ante la Secretaría, un Informe de la obtención de la certificación de los trabajadores, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 56, mismo que deberá estar avalado por alguna de las empresas que certifican a los entrenadores y cuyo padrón que elabore la Secretaría, contendrá la correspondiente información.

El informe de capacitación, será actualizado en forma anual, debiéndose presentarinformación que contenga entre otros, los resultados de las bajas y altas del personal, indicando los certificados de capacitación de aquellos trabajadores que sean de reciente ingreso.

Artículo 61. La Secretaría aprobará o rechazará en forma expresa el Informe de capacitación de los trabajadores en un plazo no mayor de 60 días hábiles desde que el titular de la concesión o su representante legal lo presenten.

Si mediante decisión fundada se estimare insuficiente el contenido del Informe de capacitación, el responsable deberá efectuar una nueva presentación dentro de un plazo de 30 días hábiles de notificado. La Secretaría en el término 30 días hábiles, a partir de la fecha de presentación, lo revisará y determinará lo conducente, notificándole de inmediato al interesado.

CAPITULO V

De la responsabilidad con la sociedad.

Artículo 62. Los titulares de las concesiones, están obligados a realizar sus actividades de manera que no afecten los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades.

Artículo 63. Los titulares de las concesiones, antes del inicio de la correspondiente operación de la actividad minera, darán a conocer a las comunidades asentadas en la zona, la información relacionada con las actividades y su posible impacto social.

Artículo 64. Las comunidades donde se realicen actividades mineras, serán beneficiarias de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley.

Artículo 65. Los titulares de las concesiones, contribuirán al desarrollo social de las comunidades de la zona donde se ubiquen, debiendo asumir los siguientes compromisos:

I. Realizar sus actividades productivas en el marco de una política que busca la excelencia ambiental;

II. Actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, cultura y costumbres locales, manteniendo una relación propicia con la comunidad;

III. Mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades de las Entidades Federativas y municipios, proporcionándoles información sobre sus actividades mineras;

IV. Fomentar preferentemente el empleo a los habitantes de las comunidades aledañas, brindando las oportunidades de capacitación requeridas; y

V. Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las actividades mineras y la atención del personal, en condiciones razonables de calidad, oportunidad y precio, creando mecanismos de concertación apropiados.

Artículo 66. Los titulares de las concesiones deberán presentar cada año a la Secretaría, un informe escrito sobre las actividades de desarrollo social a que se refiere el artículo 65 de la presente Ley, realizadas en el ejercicio anterior.

CAPITULO VI

Del Servicio Geológico Mexicano.

Artículo 67. El Servicio Geológico es el organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la Secretaría. Será Titular de asignaciones mineras.

Artículo 68. El Servicio Geológico tiene como objetivos apoyar a la Secretaría, en el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación.

Artículo 69. El Servicio Geológico tendrá su domicilio legal en Pachuca, Hidalgo. Su patrimonio se integrará con las aportaciones del Gobierno Federal, las primas por descubrimiento y las contraprestaciones económicas que provengan de los concursos a que se refiere esta Ley, los ingresos por los servicios que proporcione y los bienes que adquiera por cualquier otro título.

Artículo 70. La administración del Servicio Geológicoestará a cargo de un Órgano de Gobierno y de su Director General.

El Órgano de Gobierno estará integrado por: El titular de la Secretaríaquien lo presidirá; dos representantes de la Secretaría; un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un representante de la Secretaría de Desarrollo Social; un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; un representante de la Secretaría de Energía;y un representante del Fideicomiso de Fomento Minero.

Asimismo, asistirán como invitados, con voz pero sin voto y previa invitación nominativa del Presidente del Órgano de Gobierno, hasta tres representantes de organizaciones del sector privado minero mexicano, un representante de los sindicatos del sector minero y un representante de organizaciones de la minería social.

Para la validez de sus reuniones se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de asistentes sean representantes de la administración pública federal.

El Director General será designado por el Presidente de la República través del titular de la Secretaría, debiendo recaer en persona que reúna los requisitos indicados en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno y las del Director General de la dependencia serán las establecidas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, así como las indicadas en el Reglamento de esta Ley y el Estatuto Orgánico del organismo.

Artículo 71. La vigilancia del Servicio Geológico estará a cargo de un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, o el órgano que lo sustituya, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Órgano de Gobierno; las atribuciones del Comisario serán las indicadas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Las bases de la organización del organismo así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas del mismo se regirán por su Estatuto Orgánico.

Artículo 72. Las relaciones laborales de los servidores públicos del Servicio Geológico se regirán por el apartado A del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias.

Artículo 73. Para el cumplimiento de sus objetivos señalados en el Artículo 68, el Servicio Geológico tendrá las siguientes funciones:

I. Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para el mejor aprovechamiento de los recursos minerales del país;

II. Identificar y estimar los recursos minerales potenciales del país;

III. Inventariar los depósitos minerales del país;

IV. Proporcionar el servicio público de información geológica, geofísica, geoquímica y minera del país;

V. Elaborar y mantener actualizada la Carta Geológica de México, en las escalas requeridas;

VI. Proveer la información geoquímica del territorio nacional obtenida de acuerdo a normas internacionales y establecer las características geofísicas del subsuelo y proporcionar su interpretación;

VII. Dar a la pequeña y mediana minería, y al sector social, asesoría técnica en materia de evaluación de depósitos minerales, procesos metalúrgicos y análisis físico-químicos de muestras de minerales, para su aprovechamiento;

VIII. Proporcionar el servicio de laboratorio y el estudio e interpretación de análisis químicos, físicoquímicos, metalúrgicos y geológicos de muestras en estado sólido, líquido o gaseoso;

IX. Participar en fondos de inversión de riesgo compartido para exploración;

X. Aportar elementos de juicio a la Secretaría, en relación con la determinación de los minerales y sustancias concesibles y la incorporación o desincorporación de zonas a reservas mineras;

XI. Coordinarse con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen investigaciones geocientíficas;

XII. Prestar a clientes externos los servicios descritos en este artículo, dentro del territorio nacional o en el extranjero, mediante contratos con personas físicas o morales, instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras;

XIII. Brindar asistencia técnica en materia de planeación de uso del suelo, aportando estudios de: riesgo geológico, ecológicos, territoriales, geohidrológicos y geotécnicos, que se requieran para este fin;

XIV. Obtener y conservar la información de ciencias de la tierra, para incrementar el acervo del servicio público de información geológica, geofísica, geoquímica y minera del país;

XV. Participar en las reuniones geocientíficas nacionales e internacionales;

XVI. Formar parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conforme al artículo 56 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento;

XVII. Proporcionar la información geológica, geoquímica y geofísica y asesoría técnica sobre el uso y aprovechamiento, actuales y potenciales, de los recursos minerales, que les deberá ser requerida en los términos del artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

XVIII. Identificar y promover ante la Secretaría la ejecución de obras de infraestructura que propicien el desarrollo de distritos mineros;

XIX. Desarrollar, introducir y adaptar nuevas tecnologías, a fin de mejorar la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de la Nación;

XX. Auxiliar a la Secretaría en los concursos a que se refiere esta Ley;

XXI. Actuar como órgano de consulta y verificación de la Secretaría, a solicitud de la misma, en los peritajes y visitas de inspección en que ésta intervenga;

XXII. Certificar reservas minerales a petición del interesado;

XXIII. Celebrar contratos mediante licitación pública para llevar a cabo obras y trabajos dentro de los lotes que amparen las asignaciones mineras expedidas en su favor, en los términos previstos al efecto por el Reglamento de la presente Ley;

XXIV. Fijar y ajustar los precios de los servicios que preste, con excepción de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal;

XXV. Coordinarse con las autoridades estatales para impulsar y difundir el conocimiento de la actividad geológica, minera y metalúrgica mediante la promoción del establecimiento de museos de minería, proveyendo para ello, de conformidad con las disposiciones aplicables, las asignaciones presupuestales que se contemplen en los convenios que se celebren para el efecto con los Gobiernos de los Estados; y

XXVI. Realizar las actividades que le confieren expresamente otras leyes.

CAPITULO VII

Del Registro Público de Minería y la Cartografía Minera

Artículo 74. La Secretaría llevará el Registro Público de Minería en el que deberán inscribirse los actos y contratos siguientes:

I. Los títulos de concesión minera, sus prórrogas y las declaratorias de su nulidad o cancelación;

II. Los títulos de asignación minera y las declaratorias de nulidad o cancelación de las mismas;

III. Los decretos que establezcan reservas mineras o que desincorporen zonas de éstas;

IV. Las resoluciones de ocupación temporal y constitución de servidumbre, al igual que las que se emitan sobre su insubsistencia;

V. Las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que afecten concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven;

VI. Los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, los de promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones contractuales que se constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten;

VII. Las sociedades a que se refiere el artículo 13 de esta Ley, al igual que su disolución, liquidación y las modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma;

VIII. Los avisos notariales preventivos con motivo de la celebración de contratos;

IX. Las anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, rectificación, modificación, nulidad o cancelación de inscripciones;y

X. Las anotaciones preventivas para interrumpir la cancelación de inscripciones de contratos y convenios sujetos a temporalidad.

En relación con lo dispuesto por esta Ley, los actos y contratos previstos en las fraccionesV, VI, VII, VIII, IX y X anteriores surtirán efectos contra terceros desde la fecha y hora de presentación en la Secretaría de la promoción respectiva; los correspondientes a las fracciones I y IV a partir de su fecha de inscripción, y los relativos a las fracciones II y III el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 75. Los actos a que aluden las fracciones I a IV del artículo anterior se inscribirán de oficio y los relativos a las restantes fracciones a petición de parte interesada, por orden de presentación y cuando se satisfagan los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 76.Toda persona podrá consultar el Registro Público de Minería y solicitar a su costa certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, así como sobre la inexistencia de un registro o de inscripciones posteriores en relación con una determinada.

Artículo 77. Los derechos que confieren las concesiones mineras y los actos, contratos y convenios que las afecten se acreditarán por medio de la constancia de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Artículo 78. Para proceder al remate de una concesión minera y de los derechos que de ella deriven será requisito la expedición por parte del Registro Público de Minería de una certificación sobre los antecedentes y afectaciones que obren inscritos en relación con la misma.

Dicha certificación deberá agregarse a las actas de las diligencias de adjudicación o en las escrituras respectivas.

Artículo 79. La Secretaría, por conducto del Registro Público de Minería, podrá rectificar o modificar una inscripción cuando sea solicitada por el afectado, se acredite la existencia de la omisión o error y no se perjudiquen derechos de tercero o medie consentimiento de parte legítima en forma auténtica.

Asimismo, procederá a la cancelación de la inscripción de un contrato o convenio cuando conste fehacientemente la voluntad de las partes.

Se tendrá por cancelada la inscripción de los contratos y convenios sujetos a temporalidad 90 días naturales después del término de su vigencia, si no obra constancia en contrario.

Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación o cancelación de inscripciones que perjudiquen derechos de tercero, así como las que se refieran a la nulidad de éstas, deberán tramitarse judicialmente.

Artículo 80.La Secretaría llevará la Cartografía Minera para constatar el carácter libre de los lotes que sean objeto de solicitudes de concesión y asignación mineras. En dicha Cartografía se representarán gráficamente la ubicación y el perímetro de los lotes amparados por concesiones, asignaciones y reservas mineras vigentes, al igual que por solicitudes de concesión y asignación mineras en trámite.

Toda persona podrá examinar la Cartografía Minera y solicitar a su costa planos de la misma.

CAPITULO VIII

De la Coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Artículo 81. La Secretaría se coordinará de forma multidisciplinaria e interinstitucional con las Dependencias de la Administración Pública Federal con competencia en la materia, a efecto de formular y conducir una política nacional minera  eficiente y socialmente responsable.

Artículo 82. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Energía formulará y actualizará las políticas de recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, para asegurar su aprovechamiento racional y promover su uso eficiente; establecer los términos y condiciones, así como disposiciones administrativas de carácter técnico para la recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral; y evaluar la factibilidad de los proyectos de recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral y su congruencia con la política de energía;

Artículo 83. La Secretaría se coordinará en los términos establecidos por la legislación aplicable con las Entidades Federativas, a efecto de contribuir  a garantizar el apoyo a las comunidades asentadas en zonas mineras.

Artículo 84. La Secretaría se coordinará con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen investigaciones geocientíficas, en términos de la presente Ley y demás ordenamientos legales y reglamentarios aplicables.

Artículo 85. La Secretaría se coordinará con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, del ámbito de la cultura, en términos de la presente Ley y demás ordenamientos legales y reglamentarios aplicables, para impulsar y difundir el conocimiento de la actividad geológica, minera y metalúrgica mediante la promoción del establecimiento de museos de minería.

CAPITULO IX

De las visitas de inspección, nulidad, cancelación, suspensión, multas y recursos

SECCION I

GENERALIDADES

Artículo 86. Las nulidades, las cancelaciones, las suspensiones y las insubsistencias, se declararán por la Secretaría, previo desahogo del derecho de audiencia a la parte afectada, aplicando los lineamientos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 87. El incumplimiento o inobservancia a las obligaciones establecidas enlas disposiciones de la presente Ley se sancionarán por la Secretaría, tras sustanciar el procedimiento establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, correspondiéndole las sanciones previstas en los artículos siguientes.

Para la imposición de las multas, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios que haya causado, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y capacidad económica del infractor.

Artículo 88. La aplicación de las multas establecidas en el presente capítulo será sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere derivarse de los hechos.

SECCION II

DE LA VISITA DE INSPECCION

Artículo 89. La Secretaría, en ejercicio de las facultades de verificación que le confiera esta Ley, podrá practicar visitas de inspección.

Dichas visitas se desarrollarán con las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 90. La facultad de la Secretaría para verificar el cumplimiento de las obligaciones que impone esta Ley, así como para sancionar su inobservancia o incumplimiento, prescribirá en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de comisión de los hechos o, si éste es de carácter continuo, a partir del día en que cese.

Artículo 91. La facultad relativa a la exigencia del pago de los derechos sobre minería prescribirá de acuerdo con lo previsto por las disposiciones de la materia.

SECCION III

DE LA NULIDAD

Artículo 92. Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando:

I. Se pretenda amparar con las mismas desde su otorgamiento la obtención de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de esta Ley;

II. Se expidan en favor de persona no capacitada por la presente Ley para obtenerlas; o

III. El lote minero objeto de la concesión o asignación abarque total o parcialmente terreno no libre al momento de presentación de la solicitud respectiva, aunque con posterioridad sea publicada la declaratoria de libertad de dicho terreno, excepto cuando se trate de concesiones otorgadas mediante concurso.

Si el lote minero objeto de la concesión o asignación comprende parcialmente terreno no libre únicamente será nula por dicha porción, en cuyo caso la Secretaría expedirá un nuevo título en sustitución del que derive por la superficie que legalmente ampare, con iguales derechos y obligaciones.

Artículo 93. Serán nulas las trasmisiones de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven cuando se pacten a favor de persona no capacitada legalmente para obtenerlas.

No procederá la nulidad cuando se trate de adjudicación en pago de créditos o por herencia y los derechos correspondientes se trasmitan a persona legalmente capacitada dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha de su adjudicación.

SECCION IV

DE LA CANCELACION

Artículo 94. Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por:

I. Terminación de su vigencia;

II. Desistimiento formulado por su titular;

III. Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la reducción, división, identificación o unificación de superficie amparada por concesiones mineras;

IV. Comisión de alguna de las causales señaladas en el artículo siguiente; o

V. Resolución judicial.

Artículo 95. Las concesiones y las asignaciones mineras pueden cancelarse, en los términos siguientes:

A. Son causales de cancelación de la concesión minera:

I. Efectuar al amparo de la misma la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la presente Ley;

II. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que señalan la misma y su Reglamento;

III. Dejar de cubrir los derechos sobre minería;

IV. No cumplir con los pagos por concepto de la prima por descubrimiento o de la contraprestación económica que en su caso corresponda cubrir, así como no rendir al Servicio Geológico los informes semestrales;

V. No sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación de carbón en todas sus variedades en terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la Secretaría;

VI. Realizar las obras y trabajos relacionados con la concesión sin las autorizaciones que señala la presente Ley;

VII. Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo;

VIII. Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral, sin la autorización específica a que se refiere esta Ley;

IX. Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral a que se refiere esta Ley, sin realizar las actividades para las que fue otorgada la concesión;

X. Enajenar el gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral;

XI. Omitir información respecto al gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral descubierto en las fases de exploración y explotación de los yacimientos de dicho mineral; o

XII. Perder la capacidad para ser titular de concesiones. No procederá la cancelación cuando la sociedad titular de la concesión pierda su capacidad por no ajustarse a las disposiciones que regulan la participación de inversionistas extranjeros y no se subsane tal circunstancia dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha en que la misma ocurra. De no darse este último supuesto, la Secretaría promoverá judicialmente el remate de la porción del capital social que no se ajuste y el producto del mismo será entregado al Servicio Geológico.

B. Procede la cancelación de la asignación minera que corresponda por las siguientes causales:

I. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que señalan la misma y su Reglamento;

II. Dejar de cubrir los derechos sobre minería;

III. Realizar las obras y trabajos relacionados con la concesión sin las autorizaciones que señala la presente Ley; o

IV. Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo.

Artículo 96. No procederá la cancelación, en relación con las causas señaladas en las fracciones II, III, V y VII del apartado A del artículo anterior cuando, antes de la emisión de la resolución en el procedimiento correspondiente, respectivamente se acredite:

I. La presentación del o de los informes omitidos de comprobación a que se refiere esta Ley, así como el pago de la multa correspondiente;

II. El pago de los derechos omitidos y demás accesorios originados por el incumplimiento, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables;

III. El pago actualizado de la prima por descubrimiento; o

IV. Que está sujeta a resolución administrativa o judicial la negativa de autorización por parte de la autoridad que tenga a su cargo los bienes, zona o áreas a que alude esta Ley.

SECCION V

DE LA SUSPENSION

Artículo 97. El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá cuando éstos:

I. Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad; o

II. Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada.

Si la visita de inspección que se practique revela presunciones de peligro o daño inminente, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos.

SECCION VI

DE LA REVERSION DE LOS BIENES EXPROPIADOS

Artículo 98. Procederá la reversión de los bienes expropiados y la declaración de insubsistencia de las resoluciones de ocupación temporal o constitución de servidumbre, cuando:

I. Las obras o trabajos por desarrollar no se inicien dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha de inscripción de la resolución respectiva en el Registro Público de Minería, sin que medie causa de fuerza mayor;

II. Las obras o trabajos por ejecutar se suspendan por el término de un año, salvo en los casos previstos en esta Ley;

III. El terreno objeto de las mismas sea destinado a un uso distinto de aquél que justificó la afectación;

IV. Se incumpla el pago de la indemnización;

V. Se declare nula o cancele la concesión con base en la cual se ejerció el derecho a obtenerla, excepto por las causas previstas en esta Ley; o

VI. Se ordene por la autoridad jurisdiccional competente.

En los casos de expropiación, la reversión de los bienes en favor del afectado procederá cuando su causa ocurra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de notificación del decreto respectivo.

SECCION VII

MULTAS Y RECURSOS

Artículo 99. Se sancionarán con multa equivalente de diez mil a diez millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal más la reparación de los daños que procedan, incluyendo los ambientales, por la comisión de las infracciones siguientes:

I. Extraer minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley sin ser titular de la concesión minera o de los derechos correspondientes;

II. Impedir sin derecho la realización de las obras y trabajos previstos por la presente Ley y su Reglamento a persona legalmente autorizada para efectuarlos;

III. No rendir oportuna y verazmente los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que fije el Reglamento de la presente Ley;

IV. No concurrir por sí o debidamente representado a las visitas de inspección que practique la Secretaría, sin que medie causa justificada; o

V. La violación o incumplimiento a cualquiera de las obligaciones previstas en los siguientes artículos de esta Ley:

a) 32 fracciones IV, V y VII;

b) 33 segundo párrafo;

c) 39; y

d) 42 fracciones I, IV y V.

De existir reincidencia se podrá imponer hasta 10 tantos del importe de la multa y cuando se trate de la infracción a que se refiere la fracción I hasta 100 tantos del importe de dicha multa.

Artículo 100. La violación o incumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley o su Reglamento, que no se encuentren relacionadas en el artículo anterior o sean causal de nulidad, suspensión, cancelación o insubsistencia, serán sancionadas por la Secretaría con multa equivalente de mil a un millón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal más la reparación de los daños que procedan, incluyendo los ambientales.

Artículo 101. Las resoluciones que dicte la Secretaría con motivo de la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, podrán ser recurridas conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.Se abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

TERCERO. Los procedimientos radicados en la Secretaría de Economía fundados en la Ley Minera que se abroga, se resolverán en todas sus instancias de conformidad con la ley que regía al momento de la comisión de los actos motivo del procedimiento.

CUARTO.El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse dentro de un plazo no mayor a ciento ochenta días siguientes a la fecha en que éstaentre en vigor.

QUINTO. Se realizarán las modificaciones pertinentes a las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables, para el debido cumplimiento de esta Ley.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Rabindranath Salazar Solorio".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salazar Solorio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

1www.economia.gob.mx

2www.promexico.gob.mx

3 Periódico Reforma, Sección Nacional, Domingo 7 de abril de 2013





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO, RECORRIENDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Vivienda y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto con la que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

I.- ANTECEDENTES

1. El 4 de diciembre de 2012 el Senador Fernando Herrera Avila, integrante del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 dela Ley de Vivienda.

2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIAITVA

La propuesta del senador Fernando Herrera Ávila se fundamenta en el proceso de consolidación mundial de la industria de energía solar. Ésta se ha convertido en una realidad que ha permitido a varios países mostrar sus avances tecnológicos basados en energías limpias y eficiencia energética, sustituyendo gradualmente los combustibles fósiles y la energía nuclear.

La historia del consumo energético, así como del crecimiento económico y demográfico de la humanidad en los últimos 100 años, nos indica según el promovente, que el cambio climático es consecuencia de ese consumo y ese crecimiento que nos ha vuelto dependientes del uso masivo de los combustibles convencionales fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que generan graves problemas progresivos de contaminación asociados a los gases de efecto invernadero.

En este sentido,destaca la llamada de atención que el gobierno británico ha hecho, en torno a esta grave situación. Se trata del “informe Stern”, elaborado por Nicolás Stern, asesor económico de la administración británica y ex economista del Banco Mundial, quien advirtió que de no actuar ahora contra el cambio climático, el costo será equivalente a perder entre un 5 y un 20 por ciento del Producto Interno Bruto global, afectando el acceso al agua potable, la producción de alimentos, la sanidad y el medio ambiente.

Dicho Informe anticipa que el calentamiento de la Tierra puede tener consecuencias “desastrosas” para la economía a un nivel superior a la gran depresión de 1929-30, y puede generar más de 200 millones de refugiados.

El mundo, dice el autor de la presente iniciativa, está presenciando el fin del “modelo fosilista”, es decir, el término de la energía de consumo que estructuró la economía y la sociedad del mundo contemporáneo y que debió haber sido sustituida desde finales del siglo XX. Nunca como ahora, el mundo está mostrando su preocupación por el uso masivo de las energías fósiles, especialmente del petróleo.

De ahí que la seguridad energética y la protección climática, representen hoy los referentes que las aportaciones tecnológicas en materia de energías limpias y eficiencia energética están generando en el mundo.

Ante esta situación, es urgente que nuestro país profundice el tránsito hacia las llamadas “energías limpias”. Ello implica cambio social, cambio tecnológico, cambio económico y cambio cultural estructurales, que hagan posible un nuevo paradigma energético que permita el tránsito de una “economía petrolera” hacia una “economía limpia”, basada en fuentes de energía renovables. En la actualidad, en México tenemos la capacidad de limitar el consumo de energía fósil y reemplazarla por energía limpia como la energía solar.

México, asegura el promovente, está ubicado en el cinturón de mayor incidencia solar de la Tierra, la zona norte es de las más soleadas del mundo. Su irradiación media anual es de aproximadamente 5 kilowatts-hora por metro cuadrado por día, por ello es uno de los países que presenta condiciones ideales para el aprovechamiento masivo de energía solar, como medio para la generación de energía eléctrica y térmica, factores de un gran potencial para usos productivos, domésticos yen el sector turístico.

Considerando que el uso de energías renovables en México necesita de un amplio impulso, el proponente considera que al promover el uso de la energía solar en la construcción de viviendas además de disminuir la emisión de bióxido de carbono a la atmosfera, tendría un impacto ampliamente positivo en las finanzas públicas y familiares con los consabidos beneficios ambientales.

Para ello propone que se adicione el siguiente, como un segundo párrafo, al artículo 71 de la Ley de Vivienda:

“Asimismo, promoverá el uso de energías renovables a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de aguay sistemas fotovoltaicos para suministro de electricidad, además de las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda; así como el diseño y envolventes térmicos, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades”.

Ya que es importante que la Ley de Vivienda, como toda ley general, incluya la posibilidad para que en México se aprovechen todas las ecotecnologías que existen en la construcción de las viviendas, ya sea como energía térmica solar, como energía fotovoltaica o como los sistemas pasivos de la arquitectura solar para crear confort térmico.

Sobre todo si, como se espera, en los próximos años habrán de construirse alrededor de un millón de viviendas al año. Si todas éstas contaran con las aplicaciones de las energías limpias significaría para el país un ahorro importante de energía tradicional, y para las familias un ahorro económico, con el valor agregado del beneficio al medio ambiente.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los integrantes de las Comisiones de Vivienda y Estudios Legislativos revisamos con puntualidad la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de vivienda, y derivado de dicho estudio reconocemos el loable interés del promovente por motivar la explotación de las llamadas “energías limpias” para el beneficio, no sólo del medio ambiente, sino de las finanzas de las familias mexicanas y fomentar la cultura de uso.

SEGUNDA.- Los integrantes de las dictaminadoras reconocen que hace apenas tres décadas hablar de viviendas “verdes” o “ecológicas” que utilizaranel agua de lluvia, reciclaran en agua, usaran calentadores solares y sistemas alternativos de energía, parecía hablar de algo ilusorio. Solo se podía entender ese uso de tecnologías limpias en las naciones desarrolladas. Sin embargo, el efecto globalizador ha permitido que las naciones en desarrollo no permanezcan al margen de ese proceso.

TERCERA.- Es un hecho que en nuestro país hemos avanzado en la actualización del marco jurídico, al implementar la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la que fundamenta la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

CUARTA.- Que dicha Estrategia es definida como el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. Por ello, el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y el uso de tecnologías limpias es de utilidad pública y se realizará en el marco de la estrategia nacional para la transición energética mediante la cual el Estado mexicano promueve la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

QUINTA.- Que, para mayor abundamiento, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, establece que el Estado apoyará todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior, y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Dentro de esas acciones se enmarca el uso de las ecotecnologías que generen “energías limpias”.

SEXTA.- Que en nuestro país existen experiencias en el caso de viviendas sustentables. Algunas de ellas realizadas por el Gobierno del Distrito Federal, donde las edificaciones sustentables utilizan materiales antirreflejantes que permiten mayor autorregulación del clima interno, incorporan accesorios para el ahorro y utilización del agua, el calentamiento solar del agua, el reciclaje de los residuos y la iluminación eficiente con focos ahorradores y paneles solares.

SEPTIMA.- Que por lo anterior, a juicio de las Comisiones dictaminadoras, estas medidas deben ser consideradas por los organismos rectores de la política de vivienda del Estado mexicano y por los desarrolladores inmobiliarios, lo que probablemente requiera de una mayor inversión, pero que, sin duda, otorgan una mayor plusvalía a las propiedades y, a la vez generan un mayor ahorro para las familias que habitan las viviendas pero, sobre todo, traen consigo un mayor cuidado y mejoramiento del medio ambiente.

OCTAVA.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras deliberaron los alcances de la propuesta la propuesta en comento y coincidieron que ratificar que la Ley de Vivienda, como toda ley general debe conservar las características que la definen como tal, es decir, que sea general, que deben ser cumplidas por todos, sin excepción; que asuma su la obligatoriedad; que tenga permanencia, sin una fecha de vencimiento, por el contrario, su duración será indefinida en el tiempo hasta que un órgano competente determine su derogación por alguna causa valedera y previamente convenida; que sea abstracta e impersonal, que implica que una ley no se concibe para resolver un caso en particular, sino que la origina la generalidad de los casos que pueda abarcar y, por último, que se reputa conocida, por lo cual nadie podrá argumentar que no la cumplió por desconocimiento.

NOVENA.- Con fundamento en el razonamiento anterior, los dictaminadores consideran que, sin perder la naturaleza de la propuesta original, la adición que se propone sea ajustada para no ceñir la aplicación de la ley a una u otra ecotecnología en particular, sino que deje abierta la perspectiva al avance científico-tecnológico en la materia. Proveyendo, eso sí, del marco jurídico para la aplicación de las ecotecnologías que ya se usan en la construcción de vivienda en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL

ARTICULO 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al Artículo 71 de La Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

ARTICULO 71.-…

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de abril de 2013.

COMISION DE VIVIENDA
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 2, 12, 14 Y 42 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en nuestra Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículo 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 9 Y ADICIONA LA FRACCION V AL ARTICULO 10 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos; se adiciona el artículo 2o. Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; y se modifica la denominación de la ley para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. Y 6o.; SE ADICIONA EL ARTICULO 2o. BIS A LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA; Y SE MODIFICA LA DENOMINACION DE LA LEY PARA QUEDAR COMO LEY FEDERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA TORTURA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de actualizar las multas en la ley para armonizar las sanciones pecuniarias con los demás ordenamientos y salvaguardar la seguridad pública del país.

Los senadores integrantes de las comisiones que suscriben realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa y expresar sus observaciones y comentarios de la misma.

De conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 85, 86, 89, y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 186, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República y habiendo analizado el contenido del Proyecto de mérito, estas Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y dictamen del proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen del proyecto de Decreto.

En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se hace un resumen de los objetivos de la propuesta de reforma de la Colegisladora.

En el apartado denominado “CONSIDERACIONES”, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente Dictamen.

I. ANTECEDENTES

Primero. El Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los 24 días del mes de marzo del año 2011, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el fin de actualizar las multas en la ley para armonizar las sanciones pecuniarias con los demás ordenamientos y salvaguardar la seguridad pública del país.

SEGUNDO. En esa misma fecha, le fue turnada a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La iniciativa destaca que en la actualidad el aumento del tráfico de armas en nuestro país es un problema con el cual vivimos a diario y al que debemos combatir. De igual forma, señala que el crimen organizado y el narcotráfico han disparado los niveles de personas armadas y ha aumentado el mercado negro de armas.

Por último, señala que con esa lógica cobra importancia revisar las normas jurídicas que se relacionan con la posesión y portación ilegal de armas de fuego, para así, constituirnos como parte activa en el combate a este preocupante fenómeno.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.

• Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, como instancias legislativas del Senado de la República, son competentes para atender la presente Iniciativa, en virtud de que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 86 y del Reglamento del Senado, en su Artículo 117 numeral 2, establecen que las Comisiones Ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y conjuntamente con la de Estudios Legislativos, Segunda, el análisis y dictamen de las Iniciativas de Leyes y Decretos.

• Estas Comisiones están facultadas para emitir el presente dictamen, en virtud de lo que señala el artículo 73, fracción XXI, que es facultad del Congreso establecer los delitos y las faltas contra la Federación, así como fijar los castigos que por ellos deben imponerse.

• De conformidad con el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los habitantes del país tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

• El artículo 14 de nuestra Carta Magna, en su párrafo tercero, establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

• El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en el párrafo primero, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

• El artículo 21 del mismo ordenamiento, señala, en su párrafo tercero, que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

• El artículo 22 del mismo, señala a su vez, en el primer párrafo, que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y el bien jurídico afectado.

En ese orden de ideas, la Colegisladora concluye que la presente iniciativa, motivo de este dictamen, no presente ninguna antinomia constitucional.

SEGUNDA.

• El artículo 4 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos señala que corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones que ésta Ley y su Reglamento las señalen, el control de todas las armas en el país.

• Por otra parte, el artículo 7 de la misma, señala que toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas.

• En ese sentido, consideramos que la obligación que tiene cualquier ciudadano de registrar su arma es tal, que en caso de no hacerlo, debe ser castigado de manera ejemplar, promoviendo así, el correcto y legal uso de las armas, de tal forma que mantenga seguro a los ciudadanos que lo rodean.

• Por otra parte, el objeto de la presente iniciativa cumple con su fin de fortalecer el ordenamiento vigente, para que de esta manera, se luche contra el mercado negro de las armas de fuego.

• Las Comisiones coinciden con el legislador, en el sentido de que las multas por la contravención de los artículos propios de este dictamen, son en la actualidad pírricas, y tal situación no conduce a frenar las conductas previstas en el presente ordenamiento.

• El artículo 29 del Código Penal Federal señala que la pena pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. Por otra parte, el segundo párrafo del mismo, señala que la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por los días multa.

• Asimismo, los artículos 160 y 162 del mismo ordenamiento, establecen multas mucho más severas en el tratamiento de armas prohibidas que corresponde al Capítulo III, Título Cuarto, denominado Delitos Contra la Seguridad Pública.

• Por último, se advierte necesario actualizar las multas a los portadores de armas de fuego, que no hagan la manifestación a la Secretaría de la Defensa Nacional, o a quien no tenga las licencias correspondientes.

• Esto con el objeto de homogeneizar las penas y las multas, tanto porque la actualidad así lo exige, como para estar acorde con lo que establecen otros ordenamientos en esta materia, ya que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es una ley que data de 1972, cuando las condiciones y circunstancias eran sumamente distintas; que si bien es cierto ha sido reformada con el paso del tiempo, las multas continúan siendo las mismas de cuando fue la creación del ordenamiento, haciéndolas obsoletas y con nula eficiencia en su aplicación al momento que vive nuestro país.

• Las Comisiones Dictaminadoras consideran que esta Reforma se fundamenta en la propia esencia del Poder Legislativo, que consiste en la responsabilidad de crear leyes, pero también en mantenerlas vigentes para que cumplan con su objetivo principal.

• En el caso que nos ocupa, nos enfrentamos a una disposición jurídica obsoleta, que requiere de su actualización para su mejor aplicación.

Conforme a lo anterior, y como ya se expuso, estas Comisiones determinan necesaria la aprobación de la presente Iniciativa en sus términos.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, emiten el siguiente:

DECRETO

UNICO.- Se adicionan y reforman los artículos 77, 78, 79, 81, 82, 83 fracciones I, II y III; 83 Bis fracciones I y II; 83 Ter fracciones I, II y III; 83 Quat fracciones I, II y III; 84 84 Bis, 85, 85 Bis, 86, 87 y 90, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 77. Serán sancionados con ciento ochenta a trescientos sesenta días multa:

I… IV…

Artículo 78. …

El arma recogida por no llevar el interesado la licencia, será devuelta previo el pago de cincuenta a cien días multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la licencia será de treinta días.

Para los efectos de la multa antes mencionada, se turnará la infracción, a la brevedad, a la autoridad fiscal federal correspondiente.

Artículo 79. Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo anterior, el funcionario que lo realice deberá informarlo a su inmediato superior, quien lo hará del conocimiento del Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan. Si no se dan los informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de cincuenta a cien días multa.

Artículo 81. Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

Artículo 82. Se impondrá de uno a seis años de prisión y de ciento ochenta a setecientos veinte días multa, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente.

Artículo 83. Al que sin permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año y de cincuenta a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley.

II. Con prisión de tres a diez años y de ciento ochenta a trescientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de cuatro a quince años y de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Bis. Al que sin permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará:

I. Con dos a nueve años y de cien a setecientos veinte días multa, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11 de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cincuenta a ciento ochenta días multa; y

II. Con prisión de cinco a treinta años y de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Ter. Al que sin permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año y de cincuenta a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II. Con prisión de uno a siete años y de cien a trescientos sesenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley; y

III. Con prisión de dos a doce años y de ciento ochenta a setecientos veinte días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quat. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

I. Con prisión de uno a cuatro años y de cien a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley; y

II. Con prisión de dos a seis años y de cien a trescientos sesenta días multa, si son las armas comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 84. Se impondrá de cinco a treinta años y de cien a setecientos veinte días multa:

I… III…

Artículo 84 Bis. Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrán de tres a diez años de prisión.

Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de las referidas en el párrafo anterior, únicamente se le impondrá sanción administrativa de doscientos a trescientos sesenta días multa, y se le recogerá el arma previa expedición previa entrega del recibo correspondiente. Cuando la persona a quien se le haya recogido el arma salga del país, se le devolverá el arma previa entrega del recibo correspondiente.

Artículo 85. Se impondrá de dos a diez años de prisión y de cien a setecientos veinte días multa a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar procedencia legal de los mismos.

Artículo 85 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa:

I… III…

Artículo 86. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de cincuenta a trescientos sesenta días multa, a quienes sin el permiso respectivo:

I. Compren explosivos, y

II. Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en esta Ley.

La pena de prisión prevista por este artículo se aumentará al doble cuando el transporte al que se refiere la fracción II sea de las armas señaladas en los incisos a) o b) del artículo 11 de esta Ley.

Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de cinco a treinta años de prisión y de cien a setecientos veinte días multa.

Artículo 87. Se impondrá de un mes a dos años de prisión y de cincuenta a ciento ochenta días multa, a quienes:

I… IV…

Artículo 90. Las demás infracciones a la Presente Ley o su Reglamento, no expresamente previstas, podrá sancionarse con la pena de cincuenta a setecientos veinte días multa.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 23 de abril de 2013.

COMISION DE DEFENSA NACIONAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en nuestra Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud.




 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 341 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 322 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de enero de 2012, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 322 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República, la Iniciativa de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La reforma propuesta por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, tiene por objeto incorporar en el artículo 322 de la Ley General de Salud, la obligación de parte de la Secretaría de Salud, para que ejecute de manera permanente una campaña de donación de sangre y de esa forma se pueda garantizar el abasto que la población mexicana demanda habitualmente.

En este sentido, el Senador señala que la protección de la salud es una prerrogativa que otorga la Constitución Mexicana y con ello el Estado, tiene como principal objetivo conservar la integridad y el correcto funcionamiento de la salud de los mexicanos. Lo anterior se considera indispensable para lograr la superación tanto del individuo, como de la colectividad, de tal manera que se propicie el desarrollo social, económico y político que apremia la Nación.

Además el Senador proponente señaló que el derecho a la salud procura principalmente que se provea lo necesario para prolongar y mejorar la calidad de la vida humana y otorgar servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

Puntualizó que en la actualidad no solo se requiere de garantizar la existencia de medicamentos y la oportuna prestación de servicios médicos, sino que además se requieren de ciertas cantidades con las que se pueda respaldar el abastecimiento de sangre, a través de los bancos existentes en todo el territorio nacional.

La propuesta del Senador, consiste en la siguiente:

“Art. 322.- …

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud, la que además ejecutará permanentemente una campaña nacional de donación altruista de sangre que garantice su abasto al servicio de salud”.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4º de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, adoptó la Resolución WHA58.13, “Seguridad de la sangre: Propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante de Sangre”, y estableció en mayo de 2005 el Día Mundial del Donante de Sangre, previo antecedente que se tenía de varios países como Estados Unidos de América donde ya se organizaban reuniones con dicho fin. Entre otras virtudes, se busca promover la donación voluntaria de sangre para valorar la vida, sensibilizar y solidarizar a las personas para con sus semejantes y conservar la salud a través de los beneficios que genera la donación de sangre.

C. En México, el 21 de enero de 1988 se creó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, dicho órgano de gobierno coordina la política de Estado en materia de disposición de sangre, misma que debe articular a los tres órdenes de gobierno, a la iniciativa privada y a la sociedad civil en general, con la finalidad de lograr la seguridad y suficiencia en el Sistema Nacional de Salud.

Entre otras atribuciones, dicho Centro debe de elaborar y proponer actualizaciones legislativas, políticas, programas, modelos operativos y estrategias para uniformar criterios, actividades y técnicas sobre la disposición de sangre, componentes, sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con el fin de incrementar la autosuficiencia, seguridad y calidad de estos productos biológicos, así como, promover prioritariamente un trato digno y respetuoso al donante, el receptor y el personal de salud.

En el mismo sentido, tiene como objetivo, lograr la autosuficiencia, seguridad, calidad y uso terapéutico racional de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, así como, su aprovechamiento integral a través de su procesamiento para obtener hemoderivados.

D. En el mismo sentido y de conformidad con el Programa de Acción Específico 2007-2012 TRANSFUSION SANGUINEA, se advirtió, que las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar la salud de quien en su momento lo necesita. Sin embargo, a pesar de los avances que se han tenido en la regulación y aplicación de dicha materia, se requiere de mayores esfuerzos para poder ofrecer el servicio a quien lo necesite, toda vez que el acceso a la sangre es un asunto de equidad, justicia, responsabilidad social y humanismo.

Algunas características de la política nacional de sangre consideran: Constituir los mecanismos que aseguren el acceso oportuno y de calidad de los productos sanguíneos a todos los ciudadanos, basados en los principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia.

F. No obstante, con el propósito de que se cumpla con la finalidad que la Iniciativa en comento formula, misma que implica la promoción, divulgación e impulso, para que los ciudadanos donen sangre, es necesario que la reforma propuesta se realice en el Artículo 341Bis, toda vez que en dicho precepto legal, tendrá el alcance necesario para que la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, ejerza sus atribuciones correctamente, toda vez que como ya se hizo mención, es el Centro, el encargado en materia de productos sanguíneos. Lo anterior, toda vez que la propuesta del Senador, reforma el Artículo 322, que se encuentra vinculado a los procedimientos y requisitos de la donación, pero no está relacionado con su impulso en la ciudadanía. Es por ello que la propuesta de las Dictaminadoras sería la siguiente:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de células progenitoras hematopoyéticas, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el sistema Nacional de Salud al respecto.

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el sistema Nacional de Salud al respecto.

Derivado de lo anterior, dicha reforma no sólo sería coherente con lo establecido en el Artículo 322 de la Ley General de Salud, vigente, respecto de la sangre, los componentes sanguíneos y las células progenitoras, sino que además, se estará regulando la promoción que impulse la donación de los anteriores y se estará en armonía y reforzando las últimas reformas en materia de componentes sanguíneos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 2013.

G. Con la reforma, propuesta se estará a lo dispuesto para que la Secretaría de Salud impulse la donación de sangre, sus componentes sanguíneos y de células troncales o progenitoras, con lo que se abarcan otras posibilidades de aprovechamiento de la sangre en nuestro país, a través de campañas y demás medios que estime pertinentes.

H. Derivado de lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras, estiman viable aprobar con modificaciones, la propuesta contenida en la Iniciativa que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por que se reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el Artículo 341 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

….

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en nuestra Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 2o. de la Ley de Planeación.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 2o. DE LA LEY DE PLANEACION

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en nuestra Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ASI COMO LA DENOMINACION DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCION COMPLEMENTARIA Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE MIGRACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
DE ASUNTOS MIGRATORIOS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y, se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I. METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

II. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 9 de octubre de 2012, el Ejecutivo Federal presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que por el que se modifica la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, se reforman y adicionan diversas de sus disposiciones y se reforman algunos artículos de la Ley de Migración.

2.- En esa misma fecha, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera.

3.- En reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Migratorios, efectuada el día 9 de Abril del año 2013, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el presente dictamen, y enviado a la comisión de Estudios Legislativos, Primera para su aprobación.

4. En reunión de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, celebrada el día 17 de abril, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el presente Dictamen.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la Iniciativa.

El proponente tiene como finalidad por una parte reformar la denominación de Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, por la Ley Sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo; por la otra, incluir lo relativo al asilo, regulando en un mismo ordenamiento ambas figuras.

Por otra parte señala que el derecho internacional reconoce dos tipos de protección que un individuo puede solicitarun Estado del que no es nacional: asilo y refugio.

Manifiesta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen el derecho de buscar, solicitar y recibir asilo.

América Latina, afirma, la propuesta es una región pionera en la institución del asilo y es precisamente en esta región en la que se han adoptado los únicos tratados internacionales en la materia, siendo nuestro país parte.

Señala además que el asilo político, a diferencia del refugio, es una facultad discrecional del Estado que se entiende como la protecciónque se otorga a un extranjero por considerar que, debido a su perfil público, es sujeto de persecución política. Tal protección, continúa afirmando la iniciativa, puede solicitarse en la sede de la misión diplomática de un país o en el territorio de otro al de origen, en los términos de los tratados señalados.

El refugio implica la condición que nuestra Constitución reconoce como derecho humano, en virtud del cual un país otorga protección y un sistema de garantías a una persona cuya vida, libertad o seguridad esté en peligro en su país de origen por causas diversas, como las que establece el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

Se señala que la discrecionalidad para el otorgamiento del asilo encuentra sustento en el artículo 3º de la Convención sobre Asilo Político, de Montevideo, Uruguay, suscrita en 1933, el cual señala que:

“ARTICULO 3º. El asilo político, por su carácter de institución humanitaria, no está sujeto a reciprocidad. Todos los hombres pueden estar bajo su protección, sea cual fuere su nacionalidad, sin perjuicio de las obligaciones que en esta materia tenga contraídos el Estado a que pertenezcan; pero los Estados que no reconozcan el asilo político, sino con ciertas limitaciones o modalidades, no podrán ejercerlo en el extranjero, sino en la manera y dentro de los límites con que lo hubieren reconocido”.

Por tanto, se concluye en un primer momento que los Estados cuentan con discrecionalidad para calificar la naturaleza del delito o motivos de la persecución, ejercerlo de acuerdo con ciertas modalidades o limitaciones y, consecuentemente, para otorgarlo en la medida de dicha calificación, modalidades o limitaciones.

De conformidad con los tratados, el asilo únicamente se concede cuando concurren simultáneamente los siguientes supuestos:

a) Las causas que motivan la persecución del solicitante son eminentemente de índole política directamente relacionadas con el perfil público de la persona (creencias, opiniones, filiación política o actos que puedan ser considerados como delitos políticos, entre otros);

b) Que hagan peligrar su vida, libertad o seguridad; y,

c) Se trate de casos de urgencia, es decir, cuando resulta indudable que el indiviuo se encuentra en peligro inminente de ser privado de su vida o de su libertad por virtud de la persecución política y no pueda ponerse a salvo de otra forma.

El asilo no se encuentra sujeto a las reglas de reciprocidad internacional.

El asilo político es una decisión de política exterior pues el país asilante parecería implícitamente denostar esta situación, afirma el proponente.

El asilo y el refugio, se refieren a personas objeto de persecución, sin mebargo, cada una opera en distintas circunstancias y reglas, mientras que el segundo es un derecho humano por virtud del cual un país otorga protección a una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país.

También la iniciativa se sustenta en la reciente publicación y entrada en vigor de las distintas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos en donde se hizo el reconocimiento y ampliación al ámbito de protección de ambos derechos.

Así cumpliendo con el transitorio tercero de dicha reforma, es que el Ejecutivo Federal lleva a cabo la presentación de la presente iniciativa para su dictaminación, discusión y su aprobación ante el Congreso de la Unión.

A mayor abundamiento, la Iniciativa en dictaminación se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.

Adicionalmente señala que el Reglamento de la Ley General de Población, regula el otorgamiento del asilo político; sin embargo, en virtud del artículo transitorio mencionado se presenta la necesidad de regular el tema en una ley secundaria. En el mencionado reglamento se prevé la regulación del asilo político territorial y el asilo político diplomático, atribuyéndose a la Secretaría de Gobernación así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores competencia en la materia.

Por otra parte, entre las principales modificaciones que integran la Iniciativa se encuentran las siguientes:

1. En el artículo 2 de la propuesta, incorporan las definiciones de Asilo, Asilado, Refugio y Representación.

2. En el Titulo Tercero incorporan las competencias que en materia de Asilo, Refugio y Protección Complementaria corresponderían a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación (14 Bis y 14 Ter) respectivamente.

3. En los artículos 21, 25 y 31 de la Iniciativa se sustituye la mención “legal estancia” por la de “situación migratoria regular”, para hacer congruente el contenido con la terminología empleada en la Ley de Migración.

4. En el Título V de la Ley se adiciona el artículo 35 Bis, con lo que se incorpora la figura de “renuncia a la condición de refugiado o a la protección complementaria”, los supuestos que la actualizan, y la facultad de la Secretaría de Gobernación para que, en tales casos, dé por terminada la condición de estancia de la que la persona extranjera gozaba en términos de la Ley de Migración.

La figura de “renuncia” actualmente se encuentra contemplada en el Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, por lo que se estaría atribuyendo un mayor rango a la norma, generando con ello mayor certeza jurídica.

5. En el Titulo Quinto se reforma el párrafo tercero del artículo 38 para adecuar su terminología con la Ley de Migración. En este mismo tenor por se reforma la fracción VII del artículo 44 dentro del Título Sexto.

6. La Iniciativa propone la incorporación de un nuevo Título Séptimo denominado DEL ASILO, con seis capítulos, regulándose las siguientes figuras: Capitulo I Principios;Capítulo II, Del Otorgamiento del Asilo; Capítulo III, Del Procedimiento de Otorgamiento de Asilo; Capítulo IV, Del Retiro y Renuncia de Asilo; Capítulo V, De la Estancia en Territorio Nacional; y, Capítulo VI, De la Asistencia Institucional.

7. Dentro del Título Séptimo, se destacan los principios de no discriminación y la confidencialidad, sobre los cuales se fundamenta y estructura el asilo en la legislación mexicana.

El Capitulo Segundo de dicho Título, señala quienes pueden solicitar asilo, así como la posibilidad de extenderlo a sus familiares.

8. En el Capítulo Tercero, es reguladode manera general, el procedimiento para el otorgamiento de Asilo en sus dos vertientes, tanto diplomático como territorial; se reconoce la facultad de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para adoptar la decisión que corresponda siempre tomando en consideración la opinión de la Secretaría de Gobernación y se le atribuye a la entrevista un carácter central para adoptar tal decisión, así como los demás elementos e información que pueda allegarse para ello.

9. El Capítulo IV enuncia y regula las causales de retiro del asilo así como la cesación de la protección.

10. En el Capítulo V se refiere a la estancia de los asilados en territorio nacional y señala que se les concederá la condición de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

11. Finalmente, el Capitulo Sexto del mismo Título es regulada la protección a los asilados, homologando su protección con la de los refugiados.

B. Valoración de la Iniciativa

Las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos Primera, consideran válidas y atendibles las razones esgrimidas por el promovente con la aprobación de la iniciativa se regulará en el mismo ordenamiento legal tanto el refugio y la condición de refugiado, como el asilo, lo cual privilegia la certeza jurídica en beneficio de los extranjeros destinatarios, quienes tendrán claridad y seguridad, conforme al ordenamiento jurídico mexicano.

Dotar de certeza jurídica a los destinatarios de la protección que les confieren las figuras de asilo y la condición de refugiado, será uno de los logros del Estado democrático de derecho, y abonará al fortalecimiento de la cultura de la legalidad al interior.

Responde a los tratados internacionales de los cuales México es Parte, como son:

• Convención sobre Asilo, adoptada en la Habana el 20 de febrero de 1928.

• Convención sobre Asilo Político, adoptada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933;

• Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954;

• Convención sobre Asilo Territorial, adoptada en Caracas, Venezuela el 28 de marzo de 1954.

Estos cuatro instrumentos internacionales constituyen el núcleo jurídico regional básico de la figura de ASILO POLITICO, la cual es una figura discrecional del Estado que se entiende como la protección que se otorga a un extranjero por considerar que, debido a su perfil público, es sujeto de persecución política, esta protección puede solicitarse en la sede de la misión diplomática de un país o en el territorio de otro al de origen. Por su parte, el REFUGIO y la CONDICION DE REFUGIADO, nuestra Constitución reconoce como derecho humano, en virtud del cual un país otorga protección y un sistema de garantías a una persona cuya vida, libertad o seguridad están en peligro en su país de origen por causas diversas.

De conformidad con los tratados el asilo únicamente se concede cuando concurren simultáneamente los siguientes supuestos:

A.- Las causas de la persecución al solicitante son eminentemente de índole Política (Creencias, opiniones, filiación política o actos que puedan ser considerados como delitos políticos, entre otros);

B.- Que hagan peligrar su vida, libertad o seguridad; y,

C.- Se trate de casos de urgencia, cuando el individuo se encuentra en peligro inminente de ser privado de su vida o de su libertad y que no pueda ponerse a salvo de otra forma. El asilo no está sujeto a reciprocidad internacional.

De esta manera a través del asilo y el refugio, se amplía el estándar de protección previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de cualquier extranjero cuya vida, libertad o seguridad peligre con motivo de persecución por razones políticas, cada uno opera en distintas circunstancias con connotaciones jurídicas diferentes. El refugio es un derecho humano por el cual un país otorga protección a una persona que debido a fundados temores de ser perseguida ya sea por circunstancias personales o por que ha sido amenazada por la violencia generalizada, la agresión extranjera, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público concede la condición de refugiado. Dichas figuras, se encuentran incluidas en el artículo 11 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El transitorio tercero del decreto de reforma Constitucional textualmente dice: “La Ley Reglamentaria a que se refiere el artículo 11 Constitucional sobre Asilo, debe ser expedida en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto”.

Del Plan Nacional de Desarrollo, se desprende que la política migratoria debe prever un tratamiento idóneo para los solicitantes de asilo o refugio, así como para quienes se vean beneficiados con tales figuras.

Asimismo, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, es un instrumento jurídico que se fundamenta en el principio de no discriminación e inclusión de la perspectiva de igualdad, equidad y género y dispone el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos y personas vulnerables, así como atribuye a la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores la responsabilidad de fomentar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de refugio.

Dadas las diferencias entre asilo y refugio como figuras de protección de la persona se considera pertinente y jurídicamente correcto que la Ley sobre Refugiados y Protección complementaria vigente, sea reformada para evitar la dispersión normativa.

Lo anterior, envía el mensaje a la comunidad internacional de un marco jurídico interior acorde con el derecho internacional público, los derechos humanos, el humanitario y el de las relaciones diplomáticas, y que las políticas exterior e interior están íntimamente entrelazadas en beneficio de la población por lo que México asume su compromiso de proteger a la persona humana como sujeto de derechos que trascienden las fronteras de los países.

Es importante prevenir, que la intención del Legislador en cuanto a la intervención de la Secretaría de Gobernación para los efectos de lo dispuesto por el artículo 70 de la presente ley, debe entenderse que ésta facultad la realizaría a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para ello, se deberá establecer en los Reglamentos respectivos el procedimiento para atender y desahogar dicha solicitud.

Adicionalmente el Reglamento de la Ley de Migración en su artículo 64 establece lo siguiente:

“Artículo 64. La autoridad migratoria deberá informar de inmediato a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados los casos de las personas extranjeras a que hace referencia la fracción III del artículo 62 de este Reglamento.

En caso de que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dé vista a la Secretaría de Relaciones Exteriores por considerar que se trata de un posible caso de asilo político, ésta última iniciará el procedimiento correspondiente en los términos de la legislación aplicable.”

Los supuestos a los que refiere la ley son: ser solicitante de la condición de refugiado, de asilo político o que requiera iniciar un procedimiento de determinación de apátrida.

Por último a fin de armonizar el contenido del presente decreto de reforma con la vigente legislación migratoria, resulta pertinente reformar a su vez el artículo 3 fracción III y 55 segundo párrafo de la Ley de Migración.

C. De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a)Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y,

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos Primera sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES ASI COMO LA DENOMINACION DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCION COMPLEMENTARIA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; los artículos 2; 3; la denominación del Título Tercero; los artículos 21, primer párrafo; 25, segundo párrafo, 31, 38, tercer párrafo, 44 fracción VII, y tercero transitorio; y se adicionan los artículos 14 Bis; 14 Ter; 35 Bis; un Titulo Séptimo, denominado “Del Asilo”; los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 para quedar como sigue:

LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCION COMPLEMENTARIA

Y ASILO POLITICO

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Asilo Político: Protección que el estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por Asilo el Asilo Político.

II. Asilado: El extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en el artículo 61 de la Ley recibe la protección del Estado Mexicano.

III. Fundados Temores: Los actos y hechos que den o hayan dado lugar a una persecución, y que por su naturaleza, carácter reiterado, o bien, por una acumulación de acciones por parte de un tercero, ponen o podrían poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona.

IV. Ley: Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

V. Reglamento: Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

VI. País de Origen: El país de nacionalidad o de residencia habitual del solicitante de refugio o del refugiado, del solicitante de asilo o asilado, así como del extranjero al que se le otorgue protección complementaria.

VII. Protección Complementaria: Protección que la Secretaría de Gobernación otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos de la presente Ley, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

VIII. Refugio: Protección que recibe un extranjero al que se le reconoce la condición de refugiado.

IX. Refugiado: El extranjero que encontrándose en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley es reconocido como tal por la Secretaría de Gobernación.

X. Representación: Las señaladas en el artículo 1 bis, fracción VIII de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

XI. Secretaría: Secretaría de Gobernación.

XII. Solicitante de asilo: El extranjero que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o a la Representación, según corresponda, el otorgamiento de asilo.

XIII. Solicitante de refugio: El extranjero que solicita a la Secretaría el reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de su situación migratoria.

Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las bases para la atención a los solicitantes y asistencia a los asilados y refugiados que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.

TITULO TERCERO

DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE REFUGIADOS, PROTECCION COMPLEMENTARIA Y ASILO POLITICO

CAPITULO UNICO

ARTICULO 14 BIS. En materia de asilo, compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores:

I. Resolver sobre el otorgamiento de asilo a los extranjeros que encontrándose en la representación o en territorio nacional, presenten su solicitud de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley y su Reglamento. En todos los casos a que se refiere esta fracción recabará previamente la opinión de la Secretaría;

II. Orientar a los solicitantes de asilo y asilados sobre sus derechos y obligaciones;

III. Llevar un registro actualizado de los solicitantes de asilo y asilados;

IV. Resolver sobre el retiro y la renuncia de asilo;

V. Las demás atribuciones que le confieran el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 14 TER. En materia de asilo, le compete a la Secretaría lo siguiente:

I. De manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de asilados conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;

II. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades competentes en términos del Reglamento, promover soluciones a la problemática que enfrentan los asilados, durante su estancia en territorio nacional, de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley;

III. Formular, coordinar, dar seguimiento, evaluar y difundir criterios y programas encaminados a la atención de asilados, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones, que participen en la atención a asilados, y

V. Atender a los asilados con pleno respeto a sus derechos humanos.

Artículo 21.- Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativomigratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento.

Artículo 25.

En los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría expedirá el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los términos de las disposiciones aplicables. Si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido en el reglamento; de igual forma el extranjero podrá interponer los medios de defensa que estime pertinentes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 31. Si la Secretaría determina que un extranjero requiere protección complementaria, expedirá el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los términos de las disposiciones aplicables. En caso contrario, éste quedará sujeto a las disposiciones migratorias correspondientes.

Artículo 35 Bis. Los refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria, podrán solicitar que se suspendan en cualquier momento a la condición o protección que reciben, para lo cual será necesario dar aviso a la Secretaría.

En caso de que un refugiado o extranjero que reciba protección complementaria abandone el país y solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, otorgamiento de una condición similar o la residencia permanente en otro país, la Secretaría procederá a la suspensión de la condición de refugiado misma que podría serreactivada mediante solicitud y su evaluación en un eventual retorno.

En los casos a que se refiere este artículo, la Secretaría realizará las acciones necesarias para dar por terminados los efectos de su condición de estancia en territorio nacional en los términos previstos por el Reglamento.

Artículo 38…

No obstante, podrán solicitar a la autoridad migratoria les sea otorgada una condición de estancia en el país.

Artículo 44…

I a VI…

VII. Obtener el documento migratorio expedido por la Secretaría, que acreditesu condición de estancia como residente permanente.

TITULO SEPTIMO

DEL ASILO POLITICO

CAPITULO I

PRINCIPIOS

ARTÍCULO 59. La Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les corresponda a otras autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que estén a su alcance para que los asilados no sean objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que tenga como efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 60. La información aportada por los solicitantes de asilo y asilados será tratada con la más estricta confidencialidad, en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cuando alguna autoridad requiera información respecto a los solicitantes de asilo o asilados, deberá solicitarla al a Secretaría de Relaciones Exteriores; en caso de que se le proporcione dicha información, ésta deberá ser tratada de manera confidencial, en términos de la Ley citada.

CAPITULO II

DEL OTORGAMIENTO DE ASILO POLITICO

ARTICULO 61. Todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público, y carezca de la protección de su país, podrá solicitar el otorgamiento de asilo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o la representación, según corresponda.

ARTICULO 62. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá hacer extensivo, por derivación el otorgamiento de asilo al cónyuge, concubinario, concubina, sus hijos y los de su cónyuge, concubinario o concubina, que dependan económicamente del asilado, que se encuentren en su país de origen o en territorio nacional con el solicitante, para lo cual deberá considerar la opinión que emita la Secretaría.

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE ASILO POLITICO

ARTÍCULO 63. El solicitante de asilo deberá presentarse físicamente en la Representación, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal, a efecto de presentar por escrito su solicitud, y proporcionar sus datos de identificación, los motivos en los cuales fundamenta su solicitud de asilo, así como de todos los elementos que disponga para sustentarla.

En el caso de en que al solicitante no le sea posible presentar la solicitud por escrito, podrá hacerlo verbalmente.

ARTICULO 64. El solicitante de asilo recibirá información clara, oportuna y gratuita sobre el procedimiento de otorgamiento de asilo, así como sobre sus derechos y obligaciones.

ARTICULO 65. Las representaciones solo recibirán solicitudes de asilo de los nacionales de aquellos países ante los que se encuentren acreditadas.

Las representaciones deberán remitir las solicitudes a la Secretaria de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 66. Durante el procedimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la representación de considerarlo pertinente, tomará las medidas a su alcance para proveer protección a los solicitantes de asilo.

ARTICULO 67. La representación podrá entrevistar al solicitante hasta en dos ocasiones, a fin de recabar elementos suficientes para el análisis de la solicitud. Asimismo recabará la mayor información posible sobre la situación prevaleciente en el país de origen.

ARTICULO 68. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores la decisión de conceder o no el asilo, previa opinión de la Secretaría.

ARTICULO 69. La decisión sobre el otorgamiento o no del asilo será comunicada al solicitante del mismo; el Reglamento de esta Ley establecerá el plazo para tales efectos.

En los casos en los cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorgue asilo, ésta y la representación, de manera coordinada, tomarán las medidas necesarias para que, en su caso, el asilado sea trasladado a territorio nacional.

Otorgado el asilo, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará su decisión a la Secretaría a efecto de que esta expida el documento migratorio de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

ARTICULO 70. En caso de que un extranjero se presente en un lugar destinado en México al tránsito internacional de personas y solicite se le conceda asilo, la Secretaría determinará si la solicitud corresponde a un posible caso de refugio o de asilo. En este último supuesto, informará de inmediato a la Secretaría de Relaciones Exteriores de tal situación, debiendo remitir los datos que lo identifiquen, así como las razones que exponga para sustentar su solicitud.

CAPITULO IV

DEL RETIRO Y RENUNCIA DEL ASILO POLITICO

ARTICULO 71. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá retirar el otorgamiento de asilo en los siguientes casos:

I. En los que se acredite que el asilado ocultó o falseó la información proporcionada; Por realizar actos en territorio nacional que constituyan un riesgo o amenaza para la seguridad nacional;

II. Cuando existan razones fundadas para considerar que el asilado ha cometido un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra de los definidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte o del delito de terrorismo, o

III. Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento.

ARTICULO 72. Los asilados podrán renunciar en cualquier momento a la protección que les fue otorgada, para lo cual será necesario dar aviso por escrito a la Secretaríade Relaciones Exteriores, la que comunicará lo conducente a la Secretaría.

En caso de que un asilado solicite la protección o residencia permanente en otro país, se entenderá que renuncia a la protección que se le otorgó en los Estados Unidos Mexicanos.

En los casos de renuncia a que se refiere el presente artículo, la Secretaría de Relaciones Exteriores realizará las acciones necesarias para dar por terminados los efectos de su condición de estancia en territorio nacional en los términos previstos por el Reglamento.

CAPITULO V

DE LA ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL

ARTICULO 73. Al solicitante de asilo se le concederá la condición de estancia de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

ARTICULO 74. En caso de presentarse una solicitud de extradición de un asilado, la Secretaría de Relaciones Exteriores incluirá la condición de asilado como un elemento al considerar la solicitud de extradición.

CAPITULO VI

DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL

ARTICULO 75. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, adoptará las medidas necesarias para brindar asistencia institucional a los asilados, en los términos que lo establecido en los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley.

CAPITULO VII

DE LOS TRAMITES PREVISTOS EN LA LEY

ARTICULO 76. El detalle de los procedimientos, plazos, requisitos, y criterios de los trámites relacionados con la solicitud de otorgamiento de asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado, y de protección complementaria, se sujetará a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

TRANSITORIOS

TERCERO. Los refugiados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor de la presente Ley podrán solicitar que se les expida el documento migratorio que acredite su condición de legal estancia en el país como residente permanente.

ARTICULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 3, fracción III; y 55, segundo párrafo; de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I y II…

III. Asilado: a todo extranjero que sea reconocido como tal en los términos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político;

IV a XXX…

Artículo 55….

I a V…

Para el ejercicio del derecho consagrado en el presente artículo de las personas que se les otorgue asilo político u obtengan el reconocimiento de la condición de refugiado, se atenderá a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás legislación aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los asilados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor del presente decreto podrán solicitar que se les expida el documento migratorio, que acredite su condición de estancia en el país de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

TERCERO.- La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores realizarán las acciones necesarias para que la implementación de las presentes modificaciones se lleven a cabo con los recursos aprobados en su presupuesto, por lo que no requerirán recursos adicionales para tales efectos y no incrementarán su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

CUARTO. Se deberá establecer en los Reglamentos respectivos el procedimiento por medio del cual la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados atenderá y desahogará la solicitud a la que hace referencia el artículo 70 de la presente Ley.

Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma la XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.




 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XLII Y SE REFORMA LA FRACCION XLI AL ARTICULO 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma a fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I. METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

II. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 20 de diciembre de 2012, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa que se estudia y dictamina.

2.- En esa misma fecha, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera para su estudio y dictaminación.

3.- Las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera aprobaron por unanimidad de los presentes el Dictamen, en reuniones celebradas el día 9 y 17 de abril respectivamente.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la Iniciativa.

Sostiene la proponente que diferentes estudios y especialistas en el tema han informado que nuestro país se ubica en una zona altamente susceptible y expuesta a sufrir diferentes impactos ocasionados por el cambio climático, aunada a la ubicación geográfica se encuentran otros factores que incrementan la vulnerabilidad de nuestro país como: la desigualdad social, la falta de infraestructura, entre otros.

Sustenta su propuesta en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual prevé, entre otras cosas:

• Que la situación geográfica de México, las condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores contribuyen a que nuestro país esté expuesto a eventos hidrometeorológicos que pueden llegar a situaciones de desastre y cuyos efectos se verán exacerbados por el cambio climático.

• Que los impactos adversos derivan de huracanes, lluvias torrenciales, heladas, sequías, inundaciones, ondas de calor o de frío y oscilaciones extremas en la humedad de suelos y atmósfera.

• Que éstos impactos frenan temporalmente, o incluso hacen retroceder el desarrollo socioeconómico en las regiones afectadas, ya que implican, la destrucción material y el deterioro de los recursos naturales, cuya situación actual es ya crítica.

• Que el 96.98% del suelo del país es susceptible a afectaciones por al menos alguno de los procesos de degradación de suelos y las zonas áridas son altamente vulnerables a la desertificación.

• Que durante los últimos años se registró un incremento en la precipitación media anual en la zona noroeste, un aumento en la frecuencia y la severidad de las sequías en el centro-norte del país; un aumento en el número de depresiones tropicales en la región caribeña y del golfo de México, así como una intensificación en la fuerza de los huracanes. La temporada de huracanes del año 2004 fue la tercer más activa desde 1950 y la temporada de 2005 la más activa jamás registrada.

• El cambio climático tendrá impactos adversos sobre las poblaciones y las actividades económicas. Se maneja mucha incertidumbre sobre la frecuencia, la intensidad y la distribución de los efectos.

Señala además que otro posible ejemplo de impactos del cambio climático es el que presenta la Universidad Princeton dirigido por Michael Oppenheimer, en el que señala que el cambio climático podría provocar que mexicanos emigren a los Estados Unidos debido a que el aumento de las temperaturas afectaría la producción agrícola. “El calentamiento puede desencadenar el desplazamiento de entre 1.4 millones y 6.7 millones de mexicanos”.

Que las circunstancias mencionadas, señala la proponente, fue necesario que nuestro país creara un marco normativo que buscara regular las acciones tendientes a la mitigación de los efectos del cambio climático en nuestro país. Por ello en 2009 fueron iniciados los trabajos para la expedición de la Ley General de Cambio Climático a fin de lograr establecer la regulación y fortalecimiento de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.

No obstante los esfuerzos del Congreso de la Unión, quedaron pendientes acciones para armonizar un buen número de leyes federales con el objeto de hacer cumplir los preceptos contenidos en la Ley, por lo que, con el ánimo de iniciar dichas modificaciones la proponente es que presenta la iniciativa en estudio.

B. Valoración de la Iniciativa

Las codictaminadoras coinciden plenamente con el objeto de la iniciativa al reconocer la necesidad de dar congruencia y sistematización entre la Ley General de Cambio Climático con otros ordenamientos a fin de otorgar, en este caso, facultades explícitas para la participación de diversas dependencias en las acciones directas y de coordinación entre las mismas.

Con la aprobación de esta reforma se garantiza el principio de legalidad previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se cumplimenta el objeto de la Ley mencionada.

Se coincide con la proponente en la necesidad de dar congruencia y sistematización al orden jurídico nacional tanto en este tema como en otros en los que son necesarias las reformas y adecuaciones a los distintos ordenamientos relacionados con la mitigación de los efectos del cambio climático.

Por último estas codictaminadoras en uso de sus facultades adecuaron la propuesta de la iniciante a fin de adecuarla a la redacción del segundo párrafo del artículo 45 de la Ley General de Cambio Climático.

C. De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a) Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y,

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XLII Y SE REFORMA LA FRACCION XLI AL ARTICULO 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción XLII y se reforma la fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XL. …

XLI. Elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y, de Relaciones Exteriores las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático.

XLII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 23 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en nuestra Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 180, 184 Y 200 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I. METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

II. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión del día 23 de enero de 2013, fue presentada la iniciativa en estudio, por los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2.- Con fecha 5 de febrero de 2013, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

3.- Las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera aprobaron por unanimidad de los presentes el Dictamen, en reuniones celebradas el día 9 y 17 de abril respectivamente.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la Iniciativa.

Los proponentes señalan que desde septiembre de 1992, el Instituto Federal Electoral ha sido el encargado de emitir la credencial para votar a los ciudadanos mexicanos; a la fecha se han emitido tres diferentes modelos de Credencial.

La primera de ellas tuvo una vigencia a partir del año 1992 hasta el 2001, la cual contaba en su anverso elementos de información, control y presentación como el nombre, domicilio edad, sexo, folio nacional, clave de elector, identificación geoelectoral, año de registro, número de emisión y fotografía instantánea.

En el reverso, señala la iniciativa, se contaba con elementos visibles de información, control y presentación como número identificador de 12 dígitos, leyendas, firma, espacios para el marcado del voto, huella del dedo pulgar, firma del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, código de barras unidimensional y, elementos de seguridad como filtro infrarrojo en código de barras.

En el segundo modelo que tuvo vigencia de 2002 a agosto de 2008, se contaba además con fotografía digital; se adicionan microlíneas personalizadas y el nombre completo del ciudadano en tinta ultravioleta.

Señala que la Credencial para Votar ha sido un instrumento que no solo ha servido a los ciudadanos mexicanos ejercer su derecho al voto, sino también es utilizado como un medio de identificación para cualquier trámite donde se requiera acreditar la personalidad con que se actúa; por lo tanto, es de gran utilidad en la vida diaria de las personas.

Sostiene que dado el uso generalizado que se hace de este instrumento legal por los ciudadanos mexicanos, surge la necesidad de adicionar otros elementos tales como: la manifestación de ser donador voluntario de órganos, así como la inclusión del Grupo Consanguíneo del ciudadano.

También señala de la necesidad de garantizar la seguridad de los datos personales del ciudadano, por lo que proponen encriptar la información relacionada con el domicilio.

Señala que la inclusión de la calidad de donador de órganos y del grupo sanguíneo deberá ser de forma voluntaria, es decir, que el ciudadano ejerciendo su derecho podrá solicitar su incorporación o no dentro de la Credencial para Votar con Fotografía

Sostienen los iniciantes que dentro de nuestra sociedad se viene incrementando la conciencia social relacionada con la donación de órganos procurando a las personas que lo necesiten puedan tener una mayor esperanza de vida, además de brindar mayor seguridad a las personas que, sus órganos no sean indebidamente empleados.

B. Valoración de la Iniciativa

Las codictaminadoras coinciden con el objetivo de la propuesta por lo que respecta a la inclusión de los datos relacionados con la calidad de donador de órganos y del grupo sanguineo. Ello en virtud de que, como lo afirma la propia iniciativa, la credencial para votar actualmente es un documento de identificación de amplio reconocimiento y uso por la población mexicana.

Coinciden las codictaminadoras también, en el planteamiento de que la inclusión de dichos elementos no implicarán mayor erogación de recursos públicos, pues su modificación e intercambio se llevará a cabo de manera paulatina.

Por otra parte y por lo que hace a la encriptación del domicilio a través de su incorporación en bandas magnéticas, las codictaminadoras consideran que entre tanto no exista un documento oficial, como la Cédula de Identidad Ciudadana, que contenga además del nombre y otros datos, el domicilio a fin de servir de medio de identificación para los ciudadanos, no es dable obsequiar de manera favorable la propuesta.

Cabe señalar que a fin de depurar la técnica legislativa y redacción las codictaminadoras realizaron las adecuaciones correspondientes en el texto de la propuesta.

C. De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a) Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y,

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 180, 184 Y 200 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 180.

1. …

2. …

3. En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. El ciudadano podrá solicitar que en su credencial para votar con fotografía sean incluidos su calidad de donador de órganos, así como su grupo sanguíneo.

4. …

5. …

6. …

7. …

Artículo 184.

1. …

a) a g) …

h) El Grupo Sanguíneo, cuando lo solicite el ciudadano.

2. …

a) a c) …

3. …

Artículo 200.

1. …

a) a g) …

h) Clave de registro;

i) Clave Única del Registro de Población;

j) Grupo Sanguíneo, cuando lo solicite el ciudadano; y,

k) La manifestación de ser donador de órganos, cuando lo solicite el ciudadano.

2. …

a) a d) …

3 a 4. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Instituto Federal Electoral, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá modificar el sistema de información y datos del Registro Federal de Electores, así como los formatos de la credencial para votar, para que en la emisión de nuevas credenciales, se asiente el tipo de sangre, así como la calidad de donador de órganos de los ciudadanos que lo soliciten durante el proceso de registro, de acuerdo con los plazos y requisitos que la ley y los reglamentos respectivos establecen.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 9 de abril 2013.

COMISION DE GOBERNACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Informo a la Asamblea, que recibimos siete dictámenes de la Comisión de Gobernación, que proponen autorizar al mismo número de ciudadanos para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieran los gobiernos de Alemania, Francia, Polonia, Colombia, Dinamarca y Chile.





 

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictámenes de primera lectura)

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Luis Bravo Cardoza pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Oro al Desempeño Militar que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/307/2013, de fecha 05 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera tramite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso al que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Luis Bravo Cardoza, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 09 de Abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración de dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte de la Embajada de la República Federal de Alemania en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Luis Bravo Cardoza pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Oro al Desempeño Militar que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que la C. Geneviéve Aline Marie Beraud Barraquet, pueda aceptar y usar la Condecoración Orden Nacional al Mérito, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/328/2013, de fecha 10 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Geneviéve Aline Marie Beraud Barraquet pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente:

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que la ciudadana solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Francesa por el que se comunica la intención de otorgar la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadana mexicana de la solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que la C. Geneviéve Aline Marie Beraud Barraquet pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que elC. José Hugo Roldán León, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Naval Almirante Padilla, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/329/2013 de fecha 10 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. José Hugo Roldán León pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente:

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte del Gobierno de la República de Colombia en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. José Hugo Roldán León pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Naval Almirante Padilla, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que la C. María Graciela Orozco Moreno, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/330/2013 de fecha 10 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. María Graciela Orozco Moreno pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación ara su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente:

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte de la Embajada de la República Francesa por la cual se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadana mexicana de la solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que la C. María Graciela Orozco Moreno, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante oficio No. SEL/300/331/2013 de fecha 10 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera tramite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente:

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que la ciudadana solicita autorización para aceptar la Condecoración referida.

• Identificación oficial (Pasaporte)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte del Gobierno del Reino de Dinamarca en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadana mexicana de la solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso para que la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Raphael Steger Cataño, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Comandante, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante oficio No. SEL/300/358/2013 de fecha12 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera tramite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Raphael Steger Cataño pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 16 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente:

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida.

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte del Gobierno de la República de Polonia.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso para que el C. Raphael Steger Cataño, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Comandante, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Bruno Francisco Ferrari García de Alba pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Bernardo O’ Higgins, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio NO. SEL/300/367/2013de fecha 16 de abril de 2013, el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera tramite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Bruno Franciso Ferrari García de Alba pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de a República de Chile.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado De la República el día 18 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida.

• Identificación oficial (pasaporte)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte del Gobierno de la República de Chile.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Bruno Francisco Ferrari García de Alba pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Bernardo O’ Higgins, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

Debido a que estos proyectos se encuentran disponibles en el monitor de sus escaños, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que dichos dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a los asuntos de hoy los siete dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la primera lectura de los dictámenes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la primera lectura de los siete dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, quedan de primera lectura.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recurso Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se adicionan diversas fracciones del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES X, XXVI Y XLVII, RECORRINDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados para su discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia en los palcos de este Senado, a un grupo de caficultores del estado de Chiapas, invitados por nuestra compañera Senadora Mónica Arriola Gordillo, bienvenidos.

(Aplausos)

Asimismo, esta Mesa Directiva saluda la presencia de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 9, Manuel García Méndez, invitados por la Senadora Adriana Dávila Fernández, bienvenidos jóvenes estudiantes.

(Aplausos)



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 94 votos en pro y cero votos en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I DEL ARTICULO 1o. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

 

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales; y, de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan, diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Generalpara la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 113, 114, 117, 135, 175, 182, 183 y 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada iniciativa, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGIA

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo del asunto turnado a estas Comisiones Unidas, desde su presentación hasta la formulación del presente Dictamen.

En el apartado denominado “Contenido de la Iniciativa” se sintetiza el objeto de las adiciones presentadas, su contenido y el espíritu de los legisladores para su propuesta.

En el apartado de “Consideraciones”, estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la adiciónpropuesta, con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten pertinentes y mediante las cuales se sustenta el Decreto propuesto.

ANTECEDENTES

1.- En sesión plenaria celebrada el día 21 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores recibió la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2.- En esa misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, iniciándose así un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La propuesta presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, tiene como objeto incorporar tanto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el termino de medio ambiente sano a efecto de empatar este en las legislaciones secundarias lo anterior en concordanciacon la reforma al artículo 4° de nuestra Carta Magna.

Para ello el Senador promovente sugiere la siguiente redacción:

ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;

II a X.-…

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1.-...

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para:

I. a XIII. …

En atención a dicha solicitud, las Comisiones Legislativas que elaboran el presente Dictamen proceden a iniciar el análisis de la misma bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Derechos Humanos de tercera generación según Karel Vasak se inspiran en una cierta concepción de la “vida humana en comunidad”, y tales derechos solo pueden ponerse en práctica gracias al esfuerzo conjunto de todos: desde los individuos hasta los estados, las entidades y órganos públicos y privados.1

Asimismo, la Dra. Mireille Roccatti, en su obra “Los Derechos Humanos y la Experiencia del Ombudsman”, al referirse a los derechos de la tercera generación, dice que son derechos que pertenecen a una categoría denominada derechos "difusos", "colectivos" o "supra individuales", los cuales han sido recogidos por algunas constituciones a fin de que paulatinamente se vayan implementando mecanismos jurídicos para facilitar su eficacia. Considerando en esta categoría el derecho a un ambiente sano, se llaman difusos por su amplitud, por su extensión,

por la dificultad de realización y por la constante confusión con los deberes de la humanidad.2

Cabe mencionar que el Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional, sustento la necesidad de aprobar estos nuevos derechos en la “evolución de la sociedad y el derecho”, reconociendo, además su unidad con los derechos y libertades del hombre, ya aceptados.

Este organismo afirmó:

Los nuevos derechos en los que necesariamente se incluyen el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, que garantice un mínimo decondiciones de vida digna para todos los pueblos, con objetivo inmediato; el derecho a gozar de un ambiente sano, adecuado y ecológicamente equilibrado, y el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad son interdependientes con todos los demás derechos y libertades de la persona humana, constituyendo una unidad indivisible.3

En este sentido no podemos soslayar tal y como lo refiere el Senador Promovente, que México se ha caracterizado por suscribir instrumentos internacionales a favor de la protección y conservación del medio ambiente y ha incorporado derechos humanos de tercera generación en la propia Constitución.

Lo anteriormente aludido guarda sustento con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a velar por los derechos humanos que consagra el texto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de febrero de 2012, en donde se incorpora al artículo 4° Constitucional el derecho a un ambiente sano, que a la letra dice:

“Artículo 4º...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Asimismo es de hacer hincapié que con las reformas constitucionalesque se comentan la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comentado la pertinencia de un control de la convencionalidad por parte de los jueces nacionales. Es decir, el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas”. Dicho principio, recogido en el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la obligación general de los Estados de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechosprevistos en ella,lo cual implica también que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effetutile4).

En este sentido, la Corte Interamericana5 ha interpretado que tal adecuación, que se debe realizar por virtud del artículo 2º, implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: I) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y II) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.

Viene a robustecer lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales:

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. LA OBLIGATORIEDAD DE LA EMITIDA ANTES DE LAS REFORMAS A LOS ARTICULOS 1° Y 103, DE DIEZ Y SEIS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, EN RELACION CON EL 133, TODOS DE LA CONSTITUCION FEDERAL, SE SUJETA A QUE AQUÉLLA SEA ACORDE CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CARTA MAGNA Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS 2a./J. 108/2010).

Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militaresy judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Ahora bien, el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control de constitucionalidad que deriva del análisis sistemático de la reforma que sufrieron los artículos 1o. y 103, en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la observancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria siempre que se ajuste a esas reformas constitucionales, es decir, que sea acorde con la protección de los derechos humanos, reconocidos tanto por la Carta Magna como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De tal suerte que, la no aplicación de criterios jurisprudenciales emitidos con anterioridad a la reforma constitucional aludida, porque el tratado internacional contempla un derecho humano de mayor beneficio al justiciable, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona, no implica desacato a lo dispuesto por el citado artículo 192, pues la obligatoriedad de la jurisprudencia se encuentra sujeta a que ésta interprete un sistema jurídico vigente aplicable al caso concreto de que se trate. Esta premisa generó que este tribunal ejerciera oficiosamente el control difuso de convencionalidad e inaplicara la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", que en esencia, considera que a efecto de que no se sobresea en el juicio de garantías por incumplimiento de recoger los edictos, el quejoso debe comparecer a manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto de su publicación y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos deben existir indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Ello es así, porque mediante el principio de interpretación conforme en sentido amplio, respecto de los numerales 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que el Estado Mexicano, en su orden, adquirió la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en él, a efecto de garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, entre otros motivos, por la posición económica, así como que todas las personas son iguales ante la ley; además, el Estado deberá contar o implementar los mecanismos legales idóneos, necesarios o suficientes para permitir a toda persona en el ejercicio de su derecho de defensa contra actos que estime transgresores de su esfera jurídica, lo cual está referido a toda materia de derecho. De ese modo, si la citada jurisprudencia condiciona la procedencia del juicio de garantías a que el particular comparezca a manifestar y evidenciar su imposibilidad para cubrir el gasto de los edictos, entonces esa circunstancia se estima contraria a los derechos humanos de gratuidad de la administración de justicia, que consagra el artículo 17 constitucional, de igualdad ante la ley y no discriminación por posición económica, en virtud de que se condiciona el derecho de gratuidad de la administración de justicia a que se colmen los requisitos que no establece la ley de la materia, los que giran en torno a motivos de índole económica, lo que significa que el citado derecho se reserva sólo para las personas que no tengan la capacidad económica para sufragar el pago de la publicación de los edictos, que se traduce en clara violación a los derechos humanos referidos, pues la garantía de igualdad y la no discriminación prohíben la diferencia de tratamiento entre seres que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGION CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA JALISCO.

Amparo directo 402/2012 (cuaderno auxiliar 685/2012). 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos con voto aclaratorio del Magistrado José de Jesús López Arias. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Abel Ascencio López.

DERECHO A LA SALUD. SU REGULACION EN EL ARTICULO4°. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud

entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 173/2008. Yaritza Lissete Reséndiz Estrada. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

En este sentido cabe mencionar que el término de gozar de un ambiente sano surge con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, con la finalidad de exhortar a reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirióa los estados a crear mecanismos jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos, el derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el desarrollo de si vida.

Asimismo en este contexto se encuentran las Declaraciones emanadas de las Cumbres sobre la Tierra llevadas a cabo en:

• Estocolmo en el año de 1972 de donde surge una Declaración constituida por 26 principios y que en el 1 resume la preocupación por el medio que habita el ser humano, estableciendo por primera vez en la comunidad internacional, el derecho de la persona humana a disfrutar de las condiciones de vida adecuadas en un medio que le permita llevar una vida digna y sin discriminación y a gozar del bienestar físico y espiritual necesario para su desarrollo integral.6 Este el primer documento adoptado por la comunidad internacional en materia ambiental.

• Río de Janeiro de 1992, en esta la comunidad internacional integro un conjunto de 27 principios sobre derechos y deberes relativos al medio ambiente, además de formularse la denominada agenda 21.

Los principios que emanan de la declaración determinaron el compromiso por parte de los Estados participantes de introducir los diferentes aspectos que de ellos surgen. Es decir se conmina a los Estados a incorporar la consagración jurídica a un medio ambiente adecuado el derecho a la información y la participación pública, la responsabilidad por daño ambiental y el uso de instrumentos económicos en la gestión del medio ambiente.

Como consecuencia del desarrollo paulatino de los diversos instrumentos de carácter internacional y reconocimiento universal de la importancia del derecho a un ambiente sano, surge en el 1998 por primera vez su consagración normativa en documento internacional de naturaleza convencional en el sistema interamericano de protección de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el denominado Protocolo de San Salvador.

Este protocolo fue a probado por la Asamblea General de la Organización deEstados Americanos el día 17 de noviembre de 1988, establece en su artículo 11 el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado7

En este orden de ideas es importante mencionar que varias constituciones americanas consagran ya a nivel constitucional el derecho a un ambiente sano, así como nuestra Carta Magnay entre ellas encontramos a:

La Constitución deArgentina en su artículo 41 establece lo siguiente:

“Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.8

La Constitución de Brasil en su artículo225establece que:

“Artículo 225.- Todos tienen derecho a un medio ambiente sanoecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras”.9

La Constitución de Paraguay10 establece en su artículo 7° que a la letra dice:

Artículo 7.-…

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.

De los argumentos vertidos con antelación esta Comisión coincide plenamente con el Senador promovente, en el sentido incorporar el termino derecho a vivir en un ambiente sano en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que no lo consideran, lo anterior en razón a la reforma al artículo 4° Constitucional11 y a los compromisos internacionales asumidos por México.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

decreto

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;

II a X.-…

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1o.-...

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para:

I. a XIII

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de abril de 2013.

COMISION DE MEDIO AMBIENTEY RECURSOS NATURALES

COMISION DEESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido que se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación de este proyecto y, en virtud de que no hay artículos reservados para su discusión, en una votación votaremos tanto en lo general como en lo particular este proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico por tres minutos.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 92 votos en pro y cero votos en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

1 MOLLANO, B. CESAR. Derecho a un Ambiente Sano [en línea]. [ref. 8 de marzo de 2013]. Disponible en web: http:/biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf.

2 ROCATTI, M. Los Derechos Humanos y la Experiencia del Ombudsman en México. México: Ed. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 1995. 176p.

3 Ibidem

4 Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas.

Principio del EffetUtile. [ en línea] [ref. 8 de marzo de 2013]. Disponible en Web: http:// www.linguee.es/ingles-espanol

5Los Derechos Humanos y el Nuevo Artículo 1° Constitucional. Rev IUS.2011, vol 5, n° 28. Puebla: Instituto de Ciencias jurídicas de Puebla.

6 Organización de las Naciones Unidas. Resolución de la Asamblea de Naciones Unidas 3 de diciembre de 1968. [en línea]. [ref. 8 de marzo de 2013].

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Protocolo Adicional a la Convención Americanasobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, Artículo 11. 1988. [en línea]. [ref.8 de marzo de 2013].

8 Argentina. Constitución Nacional de República Argentina. [en línea] [ref. 8 de marzo de 2013] Disponible en Web:

http:/pdba.georgetown.edu/constitutions/ argentina/argen.html.

9 Brasil. Constitución de la República Federativa de Brasil. [ en línea] [ref. 8 de marzo 2013]. Disponible en Web:

http://wipo.int/wipolex/es/test.jsp.

10 Paraguay. Constitución Política de Paraguay de 1992. [ en línea] [ref. 8 de marzo de 2013]. Disponible en Web:

http://pdba.georgetown.1992

11 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012.

Artículo 4º ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION XI DEL ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Tello Cristerna, para fundamentar el dictamen.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, señor Presidente.

Quisiera agradecer a los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos por su apoyo para lograr la aprobación del presente dictamen.

Gracias a la ciencia y a la tecnología la humanidad ha logrado mejorar su calidad de vida a lo largo de los años, el efecto que el desarrollo de estas actividades ha tenido y tiene en la mejora de nuestras condiciones, es evidente en todo tipo de ámbitos. Hoy vivimos mucho mejor que hace años, vivimos los resultados de los avances en la tecnología.

Para poder tener una mejor calidad de vida y comprender el mundo que lo rodea, el ciudadano requiere tener una cultura científica que no sólo lo enriquezca, sino lo empodere en la toma de decisiones sobre hechos que le ocurren a diario, por lo que resulta importante establecer nuevos y mejores caminos para la adopción social de la ciencia, eso es lo que esta reforma busca.

Hoy día la divulgación científica cumple un cometido fundamental, pues nuestra sociedad será más abierta, más democrática y más libre en la medida que tenga acceso al conocimiento. En la actualidad nuestro país aún enfrenta importantes retos para lograr que se consideren las actividades científicas y tecnológicas palancas para el desarrollo, la gente muchas veces se va del conocimiento científico por considerarlo aburrido, tedioso, complicado o simplemente ajeno a sus vidas. Resulta preocupante que en nuestro país aún continuemos teniendo un grave rezago en la difusión de la ciencia.

Por su carácter educativo y formativo, está comprobado que las actividades de divulgación científica motiva a estudiantes a interesarse por vocaciones relacionadas con el quehacer científico, lo que a su vez promueve la formación de más profesionales de la ciencia que el día del mañana serán pilares de este país.

Favorecer que la sociedad se apropie del conocimiento científico es una labor que emana desde la educación. Hoy día aún es insuficiente la importancia que se le da a las actividades de divulgación científica y tecnológica en el sector educativo.

El dictamen que hoy estamos sometiendo a la consideración de este Pleno busca reforzar desde la ley los mecanismos de vinculación entre el sistema educativo en todos sus niveles y las actividades de divulgación científica.

La reforma propuesta al artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, faculta al CONACYT para emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los investigadores del país, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del sector educativo nacional, de igual forma al realizar acciones para capacitar a los educadores en materia de cultura científica y tecnológica.

Hoy debemos fortalecer la formación científica básica de educadores y de educandos, ya que esto les permitirá comprender y participar de mejor manera en un mundo cada vez marcado por el desarrollo. Los integrantes de las comisiones unidas que presentamos este dictamen estamos convencidos de que emprender acciones de apoyo a la divulgación de la ciencia permitirá acercar principalmente a los niños y jóvenes a estas actividades y se estarán sentando las bases para un mejor México.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Tello Cristerna.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para hablar sobre el dictamen y hacer una propuesta de adición.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda que el tema es de altísima relevancia y ojalá y las Senadoras y los Senadores de la República pusiéramos especial énfasis en este tipo de asuntos, sobre todo porque en la medida en que le apostemos a la ciencia y a la tecnología en materia de investigación, en esa medida nuestro país tendrá posibilidades reales de entrar a la era del conocimiento e impactar a partir de ésta en el desarrollo de nuestros pueblos.

Es verdaderamente preocupante que exista un abismo entre nuestro país y otras naciones que le han apostado a la investigación científica y tecnológica. En México, en promedio se aplica el .43% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología, y el mínimo internacional debería ser del 1%.

Si revisamos la aportación que hacen otros países como Estados Unidos es el 2.90%, Alemania el 2.82% de su Producto Interno Bruto, Japón el 3.26%, Francia el 2.25%, Italia el 1.26% y España el 1.39%. Es decir, la pregunta sería ociosa, ¿por qué Estados Unidos, por qué Alemania, por qué Francia, por qué Japón, por qué Corea tienen mejores condiciones de vida y han avanzado más en materia de desarrollo de su población? Pues es porque le han apostado a lo que este país se niega de manera sistemática, apostarle a la ciencia, a la investigación científica y tecnológica.

En el 2006 se aplicó el .38% del PIB, en el 2007 el .37%, en el 2008 el .41%, en el 2009 el .44%, en el 2010 el .48% y en el 2011 el .46% del Producto Interno Bruto. Complicadísimo que en estas condiciones México pueda aspirar a ser un país desarrollado.

Por eso cuando se hacen propuestas como la que están haciendo las Comisiones de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, tenemos que ponerle especial atención. Coincidimos plenamente en el hecho de que tiene que haber una amplísima divulgación científica y tecnológica a investigadores, a organizaciones civiles, por supuesto, pero también tenemos que involucrar en la divulgación a las instituciones educativas, es decir, no solamente desde las instituciones de investigadores o de la organización de la sociedad civil vamos a poder impactar para que el pueblo acceda a la ciencia y a la tecnología, necesitamos impactar en las instituciones educativas desde el preescolar hasta la universidad, y por supuesto en los postgrados.

La niñez es vida, y creo que todo mundo aquí lo aceptamos, y si desde el preescolar les enseñamos a los niños a hacer ciencia, creo que irán adquiriendo ese hábito, esa formación, y cuando lleguen a la edad adulta sin problema intentarán vincularse.

¿Cuál es el problema real en México?

Que no contamos con recursos económicos suficientes para ese fin, .46% del Producto Interno Bruto, pues con todo respeto, es una grosería para nuestro pueblo.

La propuesta que queremos hacer, respetuosamente, consiste en que el CONACYT deberá emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los investigadores del país, las organizaciones de la sociedad civil, y agregamos las instituciones educativas, y el propio CONACYT incentivará la vinculación a fin de fortalecer la capacitación y formación continua en materia de cultura científica y tecnológica.

Pero, reiteramos, insistimos, esta vinculación tendrá que hacerse con la sociedad en su conjunto, no solamente incidir en las instituciones de educación nacional y que éstas se conviertan en promotores solamente, porque dejaríamos fuera a una parte importantísima de la población que uno de sus derechos fundamentales es precisamente acceder a la ciencia y a la tecnología, por eso estamos haciendo que la redacción quede en los términos ya planteados.

Por su atención, muchísimas gracias, y decir a los compañeros de la Comisión de Ciencia y Tecnología que coincidimos plenamente en el fondo del asunto, solamente con esa variante.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de adición del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, y que inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse para su discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta.

Se propone modificación al dictamen en el artículo 2, fracción XI, segundo párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

XIX. ...

"Para ello, el CONACyT deberá emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los investigadores del país, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones educativas. Incentivará la vinculación a fin de fortalecer la capacitación y formación continua en materia de cultura científica y tecnológica”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión dicha propuesta. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Abrase el sistema electrónico de votación para votar en lo general y en lo particular este proyecto con la modificación propuesta por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y aprobada por este Pleno. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutierrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley General de Salud.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 310 BIS Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 420, 421 Y 421 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de productos milagro.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 16 de octubre de 2012, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura presentó Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para la regulación de los Productos Milagro.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa que nos ocupa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 309, 310 y 420; se adiciona un artículo 310 Bis., todos de la Ley General de Salud, para regular los productos milagro o frontera.

Esta iniciativa propone regular la publicidad de estos productos en toda su extensión ya que como se publicitan actualmente en medios masivos, algunos se publicitan con engaños al consumidor menciona la proponente.

Por otra parte en el mismo artículo se pretende plasmar que tratándose de los rubros antes mencionados se deberá incluir permanentemente de forma visual y mencionarse de forma auditiva, o ambas, según el medio de que se trate, el texto: No es un medicamento, además de las leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud.

Pretende prohibir cualquier clase de publicidad y/o promoción que sea engañosa, induzca al error y que genere un riesgo para la salud y el patrimonio de las personas, de esta forma se hace mención de ocho supuestos que se considera quedaría regulada tal prohibición, conductas que se sancionarán con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, invocan el párrafo cuarto del Artículo 4o Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. Es de mencionarse que la salud es un derecho universalmente reconocido y del que gozamos todos y cada uno de los mexicanos, el cual es privilegiado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos imperando el ya mencionado precepto de la Carta magna donde marca que Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Actualmente en nuestro país, a consecuencia del desarrollo cada vez más dinámico de la sociedad, sus habitantes por sus múltiples ocupaciones, escasez de tiempo e incluso por ignorancia y hasta comodidad, optan por adquirir productos que les simplifiquen sus actividades y el cumplimiento de sus metas, general y comúnmente en el ámbito de salud.

Situación que aprovechan las industrias cuyo objetivo es brindar satisfactores a sus consumidores, quienes desesperados por encontrar remedios inmediatos a sus problemas, los adquieren con la esperanza de lograr los resultados esperados, y rápidos. Adquiriendo productos llamados milagro o frontera. Los cuales se distinguen, de otros que pueden encontrarse en el mercado, por la sencilla razón de destacar en los medios publicitarios algún o algunos atributos terapéuticos, preventivos, curativos, rehabilitatorios o auxiliares, abarcando diversas áreas de interés para el consumidor que pueden comprender desde remedios para alguna problemática grave de salud hasta cuestiones simples comúnmente estéticas, cuyo blanco se centra en alcanzar a todas las personas, indistintamente de su edad.

C. Cabe señalar que dentro del catálogo de los “productos milagro” podemos encontrar una extensa gama, la cual engloba tanto alimentos y suplementos de éstos, como medicamentos herbolarios, remedios herbolarios y productos cosméticos, mismos que para su fabricación utilizan como insumos plantas, sustancias naturales o sintéticas o, en su defecto, son elaborados con gran variedad de nutrimentos, que aunque inocuos y no tóxicos para la salud, no son sinónimo de efectividad, es decir, no garantizan fehacientemente que producirán los resultados previstos y sin riesgos. A pesar de esto, el consumidor opta por la utilización de estos productos y deja a la deriva tratamientos prescritos por médicos especialistas, esto debido a la glorificación y al bajo costo económico de los artículos milagro que, en comparación con las medicaciones galenas, resultan más cómodos y simples, en otras palabras, al hacer atractiva la “mercancía Frontera” paralelamente desorienta a la población, quien ingenuamente deposita su confianza y esperanzas en estos consumibles que generalmente solo “disfrazan” las enfermedades, las alivian, más no las curan, y en el peor de los casos no proporcionan ninguno de los resultados prometidos, poniendo en riesgo su salud.

D. Por otro lado, la presentación para la venta al público de estos productos se materializa generalmente en forma de pastillas, soluciones, jarabes, bebidas, geles, cremas, jabones, parches, inyecciones, etc., que por estrategia de mercadotecnia los colocan para su venta al público en farmacias o en establecimientos especiales fijos, semifijos o móviles, acciones que confunden al comprador haciéndole creer que efectivamente son medicamentos aunque en realidad no lo son y se escudan detrás de la clasificación hecha por la Secretaría de Salud como remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, mismos que no necesitan receta médica y, por ende, son de libre acceso. Tema importante que debe saber todo aquel consumidor que adquiere estos productos.

E. Por su parte nuestra legislación y en específico laLey General de Salud, autoriza solamente tres tipos de medicamentos: los alopáticos, homeopáticos y herbolarios, pero la industria de los “artículos frontera” para evitar las estrictas pruebas a que se someten los medicamentos, es que introducen al mercado sus productos como remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos sin el rigor de las comprobaciones científicas establecidas, y así obtener mucho más fácil las autorizaciones de la Secretaría de Salud para comercializarlos.

F. El problema es que a dichos productos sele atribuyen cualidades preventivas, terapéuticas o de rehabilitación, nutritivas, estimulantes o de otra índole que no corresponden a su función o uso según su autorización o, en su defecto, que no contenga los ingredientes o las propiedades a que hacen alusión.

G. Esto conlleva a poner en peligro la salud de las personas derivado desu consumo, especialmente los que se ingieren, tales como suplementos alimenticios o remedios herbolarios.

H. Los productos milagro han logrado posicionarse dentro del mercado con firmeza debido a los vacíos y a las lagunas legales que existen en la legislación sanitaria, primordialmente en lo que a publicidad para su venta se refiere.

I. Es de enfatizarse que es la misma industria la que ofrece esta solución al inundar prácticamente, a través de los medios, con una inmensa gama de “artículos milagro”, los cuales se sustentan vendiendo la idea equívoca al público de una promesa de resultados inmediatos con el mínimo esfuerzo o incluso sin éste, provocando a su vez, desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia.

J. Los productos milagro manipulan la publicidad al omitir, parcial o totalmente en ella, información del producto, ya sea del contenido de sus ingredientes, modo de empleo, dosis, restricciones, o de sus efectos secundarios y, aunado a la escasa regulación de este tema en nuestra legislación, es que estos productos no requieren de una comprobación exhaustiva de sus cualidades, amparándose de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera generarse en su contra al manifestar en su publicidad que tal responsabilidad es del usuario o consumidor.

K. Por lo anterior, es que la venta y publicidad engañosa de productos milagro a los mexicanos pone en riesgo su salud, y como consecuencia de estas prácticas en nuestro país y en el mundo se ha generado un grave problema sanitario debido a la falta de regulación para controlar la venta y publicidad de estos productos convirtiendo a diversos países en un paraíso publicista para promover entre el público seducido la compra de dichos artículos milagro.

L. Es por ello que se pretende reformar diversos artículos de de la Ley General de Salud así como adicionar uno más que regule la publicidad de este tipo de productos y dar certeza jurídica al consumidor.

M. En cuanto areformar el artículo 309, para adicionar la publicidad en los horarios de las estaciones de radio y televisión, los medicamentos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos. Estas Comisiones estiman innecesaria esta reforma ya que aparte aunado a que el Reglamento de Publicidad ya lo regula, no se puede englobar la publicidad de bebidas alcohólicascon la publicidad de medicamentos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos.

N. Por lo que respecta al artículo 310, se anexa que en materia de los remedios herbolarios y suplementos alimenticios, su clasificación será como lo marca el propio precepto. Sin embargo, estas comisiones consideran que esta parte de la reforma es de carácter reglamentario por ello se sugiere omitirla. Por otra parte, en el mismo artículo, se pretende plasmar que tratándose de los rubros antes mencionados se deberá incluir permanentemente de forma visual y mencionarse de forma auditiva, o ambas, según el medio de que se trate, el texto: “No es un medicamento”, además de las leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud. Con ello estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el espíritu de la legisladora al plasmar esta leyenda, sin embargo, por técnica legislativa se sugiere incluirlo en el Artículo 310 bis.

O. En lo que respecta a la adición del artículo 310 Bis, estas Comisiones coinciden plenamente en dar certeza jurídica para aquellos productos que su publicidad es engañosa.

P. Por último, se hace un cambio en cuanto a las sanciones con el fin de especificar claramente la sanción a las diversas conductas en consonancia con las ya previstas en la propia Ley y en el Reglamento de publicidad de la Ley General de Salud.

F. Derivado de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, estiman viable aprobar con cambios la propuesta contenida en la Iniciativa que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se adiciona el Artículo 310 Bis. y se reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 310 Bis.- Para el caso de remedios herbolarios y suplementos alimenticios, queda prohibida cualquier clase de publicidad y/o promoción dirigida a la población en general, mediante la cual:

I. Se ostenten como solución definitiva para la prevención, tratamiento, rehabilitación o curación de una o varias enfermedades;

II. Se exageren las características o propiedades, que les atribuya un carácter extraordinario o bien se pretenda sustituir la consulta o la intervención de los profesionales de la salud;

III. Se pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios autorizados por la Secretaría;

IV. Se atribuya a los suplementos alimenticios que son destinados a regímenes dietéticos o especiales, propiedades preventivas, terapéuticas, curativas, rehabilitatorias, o de otra índole, diferente a su uso o función;

V. Se promuevan hábitos de alimentación nocivos o que pretendan sustituir el régimen de una alimentación o nutrición equilibradas;

VI. Se implementen comparativos reales o supuestos no comprobables, que puedan generar riesgos o daños a la salud, para avalar una pretendida finalidad sanitaria;

VII. Se mencione o sugiera que su uso o consumo, estimula o potencia el rendimiento físico, intelectual o sexual de los individuos, y no se acredite con la totalidad de las pruebas técnicas o científicas expresamente reconocidas por la autoridad correspondiente;

VIII. Se contravengan las disposiciones y programas de alimentación, educación nutricional, higiénica y de salud que establezca la Secretaría; y

IX. Se determine como engañosa, que induzca al error o que genere un riesgo para la salud, de acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría.

Asimismo la publicidad de remedios herbolarios y suplementos alimenticios, deberá incluir de forma visual o auditiva, según el medio de que se trate, la leyenda: “No es un medicamento”, además de las leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud.

Artículo 420. Se sancionará con multa de dosmil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 310 Bis, fracción V 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de esta Ley.

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 310 Bis, fracción I, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley.

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 310 Bis, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 325, 327 y 333 de esta Ley.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 18 de abril de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en nuestra Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. A nombre de las comisiones, para fundamentar el dictamen, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentarlo en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La aprobación del presente dictamen es de vital importancia para toda la población de nuestro país, y que el impacto que se genera se traduce en riesgos en su salud y detrimento de su economía, son consecuencia de las lagunas que existen en la legislación mexicana en materia de productos milagro o frontera.

Los productos milagro o productos con pretendida finalidad sanitaria son todos los productos, sustancias o métodos que alegan disponer de una pretendida finalidad sanitaria, aluden propiedades adelgazantes, saciantes, magnéticas, entre otras, para el diagnóstico, prevención e incluso tratamiento de enfermedades, evadiendo las exigencias de veracidad, claridad de información sobre su contenido con posición, naturaleza o efectos.

Aunado a ello, uno de los problemas que en la actualidad aquejan a la población a consecuencia del desarrollo cada vez más dinámico de las sociedades, origina que las personas por sus múltiples ocupaciones, por ignorancia o en ocasiones por comodidad, opten por adquirir productos que simplifiquen sus objetivos relacionados con tratamientos para la salud.

Dicha situación es aprovechada por la industria cada vez con mayor frecuencia, cuyo objetivo principal consiste en promover un producto que promete un alivio rápido y fácil en ciertos padecimientos como várices, hongos, vigor sexual, obesidad, diabetes, artritis, acné, estrés, estrías, por señalar sólo los más comunes.

Su publicidad va directamente enfocada a exponenciar el padecimiento, sus síntomas y sus consecuencias, con la finalidad de exagerar los beneficios derivados de la adquisición de dicho producto milagro que promete un alivio fácil y rápido.

Es importante señalar y aclarar a toda la población que a pesar de que dichos productos prometen una cura, no son medicamentos, y por ende enfatizo en que éstos carecen de controles sanitarios y pruebas que requiere la Secretaría de Salud, por lo que pueden representar un riesgo importante en la salud de todos los mexicanos.

Cabe señalar que acciones importantes a cargo de la Secretaría de Salud, que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, en el pasado mes de marzo del año en curso han sido en pro de sancionar y quitar del mercado este tipo de productos.

Al respecto, se dio a conocer el aseguramiento de productos milagro en bodegas de Irapuato y Guanajuato por incumplimiento de la legislación sanitaria derivado del operativo de verificación realizado por la autoridad sanitaria, con lo cual se lograron incautar 685 mil piezas de productos milagro de las empresas “Tonic Life”, “SRL”, “Natural Hell” y “Naturismo Jaguar”, y además de 1.28 toneladas de ingredientes a granel, 61 mil 865 piezas de material publicitario y 41 mil pastillas sueltas.

Otro aseguramiento fue de 29 mil 826 piezas de productos milagros en 15 de 20 establecimientos comerciales durante la última 7ª Expo de Alternativas Saludables que se realizó del 15 al 17 de marzo pasado.

Una parte del decomiso se hizo en locales de la zona de la Merced en la ciudad de México.

Entre la mercancía ilegal encontrada en la exposición, están las marcas del Angel de la Salud, “Nutry Central”, “Biocaps”, “Armaverde”, entre otros, así como 800 folletos publicitarios y también se recogieron 2.9 toneladas de hierbas secas, utilizadas para la elaboración de productos.

Estos insumos contenían leyendas con mensajes sobre cualidades terapéuticas para curar enfermedades como cáncer, diabetes e hipertensión, ninguna de dichas atribuciones o posibilidades de cura han sido comprobadas ante la COFEPRIS.

En los últimos dos años, de acuerdo con cifras de la COFEPRIS, el número de unidades aseguradas asciende a más de un millón de piezas.

Derivado de lo anterior, las comisiones dictaminadoras aprobaron un dictamen en materia de publicidad de productos milagros, que establece la prohibición de cualquier clase de publicidad y/o promoción dirigida a la población en general mediante la cual:

Se ostenten productos como solución definitiva para la prevención, tratamiento, rehabilitación o curación de una o varias enfermedades, se exageren las características o propiedades que les atribuye un carácter extraordinario o bien se pretenda sustituir la consulta o la intervención de los profesionales de salud.

Se pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios autorizados por la Secretaría.

Se atribuye a los suplementos alimenticios que son destinados a regímenes dietéticos o especiales, propiedades preventivas, terapéuticas, curativas, rehabilitatorias o de otra índole diferente a su uso o función, se promuevan hábitos de alimentación nocivos o que pretendan sustituir el régimen de una alimentación o nutrición equilibrada.

Se implementen comparativos reales o supuestos no comprobables que puedan generar riesgos o daños a la salud para avalar una pretendida finalidad sanitaria.

Se mencione o sugiera que su uso o consumo estimula o potencia el rendimiento físico, intelectual o sexual de los individuos y no se acredite con la totalidad de las pruebas técnicas o científicas expresamente reconocidas por la autoridad correspondiente.

Se contravengan las disposiciones y programas de alimentación, educación nutricional, higiénica y de salud que establezca la Secretaría de Salud y se determine como engañosa, a que induzca el error o que genere un riesgo para la salud de acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría de Salud.

Asimismo, se incluye la obligación de poner en dicha publicidad de remedios herbolarios y suplementos alimenticios de forma visual o auditiva según el medio de que se trate la leyenda “no es un medicamento”.

Con ello, alertar a toda la población, y en específico a los consumidores de dichos productos, de que no son un medicamento y por ende no les van a brindar cura, tal vez darán alivio y disminuirán alguna molestia, pero no erradicarán el problema.

Aunado a ello, sanciones que van de acuerdo con la parte en que se incurran, pueden ir desde los 2 mil hasta los 16 mil salarios mínimos.

Es por ello que enfatizo en la importancia de que el presente Decreto se apruebe por esta Asamblea, ya que como legisladores debemos continuar construyendo reformas que generen mayores beneficios, pero que además sean el instrumento necesario para continuar realizando acciones tales como los aseguramientos masivos de productos que pueden representar un riesgo para la salud y no permitir que la población continúe siendo engañada, sino por el contrario, se debe regular que estos productos tengan la información adecuada y real de los beneficios que conllevan y sea el propio consumidor el que decida su consumo, pero con la información veraz.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez. Está a discusión en lo general el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, y en virtud de que no hay artículos reservados para su discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 en nuestro Reglamento.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 310 Bis y se reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General.





 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 39 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS
Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, les fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República, minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65, párrafo segundo, y 72, primer párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a); 86, 89,90, fracciones XIII** y XXV; 94, y de más relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos; así como, 113 numeral 2; 117, numeral 1; 135 numeral 1, fracción I, 150 numerales 1, 2 y 3; 182, numeral 1 y 2; 188 numeral 1; 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis de la minuta con proyecto de Decreto, desarrollan su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se deja constancia del trámite de inicio del proceso Legislativo, así como del recibo de turno para la elaboración del respectivo Dictamen de la referida Minuta; y de los trabajos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el Capítulo “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se reproducen en términos generales los motivos y alcances de la Minuta en relación con la iniciativa con Proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la competen.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustenta las resoluciones de las Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. En la sesión del 11 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD) y determinó turnarla para dictamen a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3600-II, el martes 11 de septiembre de 2012.

3. En sesión celebrada****, en esta Soberanía, se dio lectura al comunicado de la Cámara de Diputados, mediante oficio No.**** de fecha****, firmado por la Dip. ***, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el cual, la mesa Directiva, dio cuenta que se recibió el expediente con la “iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.” presentada por la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD).

4. Con esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha minuta con Proyecto de Decreto fuera turnada a las Comisiones de reglamentos y Practicas Parlamentarias; y Estudios Legislativos***, para sus efectos Constitucionales.

5. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos***, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen.

II OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA

La minuta con proyecto de Decreto tiene por objeto aprobar, un punto resolutivo “único” y dos artículos transitorios en los términos siguientes:

Unico. Se reforman las fracciones XXV y XXX; y se recorren en su orden las actuales fracciones XXVI a la XXX respectivamente, todo ello al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 39.

1. …

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Las comisiones ordinarias serán:

I. a XXIV. …

XXV. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XXVI. Fortalecimiento al Federalismo;

XXVII. Ganadería;

XXVIII. Gobernación;

XXIX. Hacienda y Crédito Público;

XXX. Igualdad de Género;

XXXI. a LII. …

3. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todos los asuntos turnados a la actual Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, se entenderán remitidos a la Comisión de Igualdad de Género.

En este orden de ideas la iniciativa tiene por objeto, modificar el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Especialmente el principal objetivo de las misma es el cambio de la nomenclatura de la Comisión Ordinaria de Equidad y Género, para quedar como Comisión de Igualdad de Género, bajo las observaciones explicadas con antelación.

Así mismo, la proponente, asume con hechos fundados y determinantes la necesidad del cambio de nombre o nomenclatura de la multicitada comisión.

CONSIDERACIONES

1. La Cámara de Senadores está facultada para conocer y resolver la minuta que contiene la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución de los estados Unidos Mexicanos.

2. Estas dictaminadoras, reconocen la creación y el trabajo de la Comisión de Equidad y Género como parte de un esfuerzo que durante trece años ha sido toral para lograr incorporar y reconocer la perspectiva de género en el trabajo legislativo. En estos años, desde 1999, año en que la entonces comisión especial pasó a ser una comisión ordinaria ha obtenido, gracias al empeño de sus integrantes, un importante número de reformas orientadas a otorgar un mayor reconocimiento a la labor de las mujeres, así como a promover la igualdad entre mujeres y hombres.

3. Los integrantes de estas Comisiones que Dictaminan, reconocen la labor que la Comisión de Equidad y Género, en la Cámara de Diputados ha desempeñado desde su aparición, poniendo el tema que es motivo de su creación en la agenda nacional, logrando acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, pero, entendemos también que como toda institución pública tiene que evolucionar, ajustándose tanto al dinamismo social como al normativo que exige el día a día.

4. Se cree firmemente que el fortalecimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres es la razón de ser de la Comisión de Equidad y Género; sin embargo, su denominación no atiende los conceptos y criterios teóricos que promueven las instancias y los organismos internacionales especializados en los derechos humanos de las mujeres, instrumentos que han sido suscritos por el Estado mexicano, tal y como se menciona en la iniciativa presentada, motivo del presente dictamen.

5. En la exposición de motivos la iniciativa destaca que “el tema de la igualdad de género en el país ha ganado terreno en gran medida gracias al escrutinio sistemático de los mecanismos internacionales que observan de manera cercana el cumplimiento de los compromisos que el gobierno mexicano ha adquirido en materia de derechos humanos de las mujeres”; es por eso, que se cree que la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que los Estados tomarán parte en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

6. En sesión celebrada el pasado 22 de noviembre, esta Soberanía aprobó la reforma a las fraccionesXIII y XXII del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, articulo que habla del cambio de nombre o nomenclatura de la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República, por Comisión de Igualdad de Género, por lo que es importante que mencionar que siguiendo la lógica que se siguió para la aprobación de la misma, se estima importante apoyar el criterio expuesto en la iniciativa, que para atender puntualmente el concepto de igualdad de género que diversos instrumentos internacionales han establecido, es preciso modificar la denominación de la Comisión de Equidad y Género por la de Comisión de Igualdad de Género; con el objeto de armonizar el nombre de la instancia que en la Cámara de Diputados promueve una la legislación que favorezca la igualdad entre hombres y mujeres, con los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por ser un instrumento internacional signado y ratificado por el Estado mexicano, así como, con la legislación mexicana que reconoce el concepto de igualdad, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación y la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres.

Por todo lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativo*** de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Unico. Se reforman las fracciones XXV y XXX; y se recorren en su orden las actuales fracciones XXVI a la XXX respectivamente, todo ello al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 39.

1. …

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Las comisiones ordinarias serán:

I. a XXIV. …

XXV. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XXVI. Fortalecimiento al Federalismo;

XXVII. Ganadería;

XXVIII. Gobernación;

XXIX. Hacienda y Crédito Público;

XXX. Igualdad de Género;

XXXI. a LII. …

3. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todos los asuntos turnados a la actual Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, se entenderán remitidos a la Comisión de Igualdad de Género.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de abril de 2013.

COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 5 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Para este asunto, se le concede el uso de la palabra la Senadora Mónica Arriola Gordillo.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Al Pueblo de México:

El dictamen que hemos aprobado en las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, sobre la minuta presentada por la Cámara de Diputados, tiene ya un largo camino recorrido en el foro legislativo.

En efecto, esta propuesta surgió como una genuina preocupación que tuvimos hace ya varios años y que afortunadamente ha contado con el respaldo y apoyo de legisladores de las más diversas fuerzas políticas.

Durante el proceso de dictaminación en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la iniciativa y la minuta, respectivamente, han sufrido modificaciones que sin duda enriquecen el contenido y los alcances de la propuesta originalmente planteada.

Amigas y amigos Senadores:

En México, uno de los grandes avances para llevar a la práctica el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres fue la publicación en el año 2006 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que respondía entonces a los compromisos del Estado mexicano, adquiridos con la firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales.

En este sentido, el Estado mexicano ha asumido el compromiso de ampliar, modificar o derogar los instrumentos normativos que constituyeran un impedimento para alcanzar las metas propuestas o proponer, en su caso, las medidas necesarias para atacar la discriminación y la violencia.

Con la aprobación de este dictamen, y con su eventual aprobación por la Colegisladora, con las modificaciones hechas en este Senado a la minuta de referencia, se logra incorporar una serie de conceptos de uso regular en el ordenamiento jurídico mexicano, necesarios para la construcción de políticas públicas y normas a favor de la igualdad de género.

En efecto, dado que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es uno de los pilares en la lucha por lograr una sociedad más igualitaria, consideramos que esta debe contener, al menos, los conceptos básicos relacionados con la materia, como son: la discriminación contra la mujer, la igualdad de género y, desde luego, la perspectiva de género.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que no es necesario formular nuevas y revolucionarias promesas por la reivindicación del derecho a la igualdad sustancial y de oportunidades.

Lo verdaderamente importante es dar cumplimiento a los compromisos ya asumidos, y una de las formas para lograrlo es hacer leyes lo más claras posibles, para que así cualquier ciudadano o ciudadana que desea consultarlas o hacer valer los derechos contenidos en ellas, sepa de qué habla y cuáles son los derechos que le reconoce.

Los invito, compañeras y compañeros, de votar a favor el presente dictamen y dar un paso por una auténtica y sustancial igualdad entre hombres y mujeres.

Y como dice Kofi Annan: “La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos”.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Como Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, quisiera solamente decir que hoy hemos presentado 5 dictámenes, todos ellos muy importantes.

El tema de las elecciones en los 14 estados, el tema de la lactancia. Se han desechado 2 más, pero creo que lo que hoy ha atraído la atención es esos nuevos conceptos que se agregan a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Los consideramos de la mayor importancia. Pareciera que hemos avanzado mucho, pero todavía sigue siendo una tarea pendiente la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Yo agradezco enormemente, sé que estamos en un proceso donde las comisiones habremos de dictaminar las cuestiones que están pendientes.

Hoy hemos traído todos estos dictámenes que generan una mejor condición en el marco jurídico para las mujeres mexicanas.

Felicito a las iniciadoras e iniciadores por esta idea que tuvieron, y sobre todo porque estos dictámenes vienen en sentido positivo, y estamos considerando que el Pleno de este Senado los habrá de asumir de esta manera.

Sigamos trabajando, sigamos avanzando en una de las reformas más importantes de este país y que es todavía una cuenta pendiente el tener esta igualdad real entre hombres y mujeres, en todos los aspectos de la vida productiva y de la vida misma en este país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

No habiendo más oradores en este asunto, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para recoger la votación de este proyecto de Decreto. Abrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia en nuestra sesión de un grupo de expositores reconocidos en el nivel internacional que acuden a esta sede para participar en los trabajos de la Semana Nacional de Seguridad Social.

Sean ustedes bienvenidos a esta sesión.

(Aplausos)

Saludamos al doctor Rafael Romero Piñeros, Diputado Presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes de la República de Colombia.

(Aplausos)

De la Diputada Elibeth Venegas, Diputada Presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Honorable Asamblea Legislativa.

(Aplausos)

Del doctor Miguel Angel Fernández Pastor, Director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.

(Aplausos)

Del doctor Juan José Laxagueborde, Representante de la Oficina de Enlace para el CONOSUR de la Asociación Internacional de la Seguridad Social.

(Aplausos)

Del doctor Thomas Wissing, Director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para Cuba y México.

(Aplausos)

Del señor Walter Ariel Ferrari Ibarra, Director Representante del sector de trabajadores del banco de previsión social de la República Oriental del Uruguay.

(Aplausos)

Del señor Juan Carlos Paulucci, Jefe de Gabinete de Planteamientos de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina.

(Aplausos)

Del señor Ramón Alberto Huapaya Raygada, gerente general del Seguro Social de Salud de la República del Perú.

(Aplausos)

Del licenciado Carlos Manuel Moyano Jurado, Consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en México.

(Aplausos)

Y del doctor Andras Uthoff, miembro del Consejo Consultivo Provisional de Chile.

(Aplausos)

¡Sean ustedes bienvenidos a esta sede del Senado mexicano!



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE SALUD; FEDERAL  DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL; DEL SEGURO SOCIAL; DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en nuestra Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión en lo general este proyecto de dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido que se abra el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.    

Habremos de recoger la votación, tanto en lo general como en lo particular de este proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de diez dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decretos que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para prestar servicios en representaciones diplomáticas y para desempeñar cargos de cónsules honorarios.





 

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES, PARA PRESTAR SERVICIOS Y PARA DESEMPEÑAR CARGO DE CONSUL HONORARIO

(Dictámenes de segunda lectura)

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador de la Gran Cruz que le confiere el Gobierno de Finlandia.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL 300/246/2013 de fecha 25 de marzo de 2013, el titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Finlandia.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 2 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (pasaporte)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte de la Embajada de Japón en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Alejandro Vázquez Flores pueda aceptar y usar la Condecoración Honor al Mérito Amistad y Cooperación, que le confiere el Gobierno de Nicaragua.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL 300/247/2013 de fecha 25 de marzo de 2013, el titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Alejandro Vázquez Flores pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Nicaragua.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 02 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios

Identificación oficial (IFE)

Acta de nacimiento certificada

Currículum vitae

Notificación por parte del Gobierno de Nicaragua en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Alejandro Vázquez Flores pueda aceptar y usar la Condecoración Honor al Mérito Amistad y Cooperación que le confiere el Gobierno de Nicaragua.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata que le confiere el Gobierno del Japón.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL 300/217/2013 de fecha 19 de marzo de 2013, el titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Japón.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (pasaporte)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte de la Embajada de Japón en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno del Japón.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Paulo Tort Ortega pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/202/2013, de fecha 13 de marzo de 2013, el titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Paulo Tort Ortega pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación Oficial (IFE)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Nota de nombramiento formulada por la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en México.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Paulo Tort Ortega pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Roberto Alfredo Herrera Mena pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/203/2013, de fecha 13 de marzo de 2013, el titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Roberto Alfredo Herrera Mena pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento (copia certificada)

• Currículum vitae

•Nota de nombramiento formulada por la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en México.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Roberto Alfredo Herrera Mena pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. Violetta Denise Soria Contreras

Asistente Ejecutiva

Embajada de Nueva Zelanda en México.

2. Walter Alfonso Bencomo Gabilondo

Asistente de Investigaciones de Fraude

Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

3. Joel Acosta Ramos

Chofer/Bodeguero

Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

4. Julio César Lozada Chávez

Guardia de Seguridad

Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

5. Luis Alberto Medina Hernández

Guardia de Seguridad

Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

6. Erika Cantú Torres

Administrador de Página Web/Asistente en Sistemas Computacionales.

Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/310/13, de fecha 25 de febrero de 2013, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr. Héctor Hugo Olivares Ventura se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar los servicios de carácter administrativo señalados.

2. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 26 de febrero de 2013, la Mesa Directiva turnó la solicitud referida a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo que fue aprobado por la mayoría de sus integrantes.

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores.

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron permiso son los que a continuación se relacionan:

6.1 Ciudadana Violetta Denise Soria Contreras para prestar servicios como Asistente Ejecutiva en la Embajada de Nueva Zelanda en México.

6.2 Ciudadano Walter Alfonso Bencomo Gabilondo para prestar servicios como Asistente de Investigaciones de Fraude en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

6.3 Ciudadano Joel Acosta Ramos para prestar servicios como Chofer/Bodeguero en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

6.4 Ciudadano Julio César Lozada Chávez para prestar servicios como Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

6.5 Ciudadano Luis Alberto Medina Hernández para prestar servicios como Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

6.6 Ciudadana Erika Cantú Torres para prestar servicios como Administradora de Página Web/Asistente en Sistemas Computacionales para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos señalados, mismos que contienen en copias simples:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento (certificada)

De estos documentos se desprende que se acredita su condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De acuerdo al puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo.

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadana Violetta Denise Soria Contreras para prestar servicios como Asistente Ejecutiva en la Embajada de Nueva Zelanda, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al Ciudadano Walter Alfonso Bencomo Gabilondo para prestar servicios como Asistente de Investigaciones de Fraude en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Joel Acosta Ramos para prestar servicios como Chofer/Bodeguero en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al Ciudadano Julio César Lozada Chávez para prestar servicios como Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso al Ciudadano Luis Alberto Medina Hernández para prestar servicios como Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la Ciudadana Erika Cantú Torres para prestar servicios como Administradora de Página Web/Asistente en Sistemas Computacionales para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. María Guadalupe Cervera Velasco

Inspector de Mantenimiento Residencial

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

2. Luis Espinosa Muñoz

Chofer

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3. Enrique Frías Moreno

Chofer

Embajada de Libia en México.

4. Jesús Humberto González Rivera

Chofer

Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/131/2013, de fecha 25 de enero de 2013, el titular dela Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr. Héctor Hugo Olivares Ventura, se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar los servicios de carácteradministrativo señalados.

2. En sesión ordinaria celebrada el treinta de enero de dos mil trece por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que diversos ciudadanos puedan prestar servicios de carácter administrativos en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Libia en México y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, turnándose el expediente relativo a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para el estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo que fue aprobado por la mayoría de sus integrantes.

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores.

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron permiso son los que a continuación se relacionan:

6.1 Ciudadana María Guadalupe Cervera Velasco para prestar servicios como Inspector de Mantenimiento Residencial en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6.2 Ciudadano Luis Espinosa Muñoz para prestar servicios como Choferen la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6.3 Ciudadano Enrique Frías Moreno para prestar servicios como Choferen la Embajada de los Libia en México.

6.4 Ciudadano Jesús Humberto González Rivera para prestar servicios como Choferen el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos señalados, mismos que contienen en copias simples:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento (certificada)

De estos documentos se desprende que se acredita su condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De acuerdo al puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo.

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden.

4. Mediante el mismo Oficio No. SEL/311/131/2013, de fecha 25 de enero de 2013, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr. Héctor Hugo Olivares Ventura, se dirigió a la Cámara de Diputados, para informar que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. Aida Rosalinda Flores Sauza

Secretaria

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

2. René Solís Franco

Especialista de Producción en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3. Beda González González

Auxiliar de Compras e inventarios en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

4. Octavio Macías Moreno

Ingeniero Supervisor en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

5. Fanny Roció Santiago Cárdenas

Secretaria en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6. María Nery Núñez Villanueva

Jefe de Sección de Servicios Generales e Inventarios en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

7. Carlos Martín Pérez Cruz

Subdirector de Ingeniería en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

8. Lucina Grisel Alfaro Narváez

Subdirectora Administrativa en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

9. Efraín Garduño Munguía

Examinador de Cuentas (Contador) en la Oficina de Administración Financiera

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

10. Irene Vázquez Carrasco

Examinador de Cuentas (Contadora) en la Oficina de Administración Financiera

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

11. Marcia Alejandra Montaño Gamas

Cajera/ Asistente de Visas

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

12. Alicia Chávez Castillo

Inspector Alterno de Mantenimiento

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

13. Enrique Sosa González

Chofer

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

14. José Octavio Pérez Nava

Asistente Legal de la Sección de OPDAT

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sobre el particular, esta Soberanía se da por enterada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadana María Guadalupe Cervera Velasco para prestar servicios como Inspector de Mantenimiento Residencial en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al Ciudadano Luis Espinosa Muñoz para prestar servicios como Choferen la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Enrique Frías Moreno para prestar servicios como Choferen la Embajada de Libia en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al Ciudadano Jesús Humberto González Rivera para prestar servicios como Choferen el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. Antonio de la Barrera Fernández

Encargado de Asuntos Administrativos

Embajada de la República de Guatemala en México.

2. Iván Alejandro Rivas Sánchez

Auxiliar Contable

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3. Antonio Alberto Pineda Ronzón

Especialista en Protocolo

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3278/12, de fecha 3 de diciembre de 2012, eltitular dela Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar los servicios de carácteradministrativo señalados.

2. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 6 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva turnó la solicitud referida a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismos que fueron aprobados por la mayoría de sus integrantes.

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores.

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron permiso son los que a continuación se relacionan:

6.1 Ciudadano Antonio de la Barrera Fernández para prestar servicios como Encargado de Asuntos Administrativos en la Embajada de la República de Guatemala en México.

6.2 Ciudadano Iván Alejandro Rivas Sánchez para prestar servicios como Auxiliar Contable en la Embajada de los Estados Unidos de América.

6.3 Ciudadano Antonio Alberto Pineda Ronzón para prestar servicios como Especialista en Protocolo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos señalados, mismos que contienen en copias simples:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento (certificada)

De estos documentos se desprende que se acredita su condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De acuerdo al puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo.

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden.

4. Mediante el mismo Oficio No. SEL/311/3278/12, de fecha 3 de diciembre de 2012 el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación Mtro Antonio Hernández Legaspi, se dirigió a la Cámara de Diputados, para informar que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1.Cecilia Isabel Galicia Rodríguez

Cajera

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

2.Mónica Patricia Reyes

Asistente Administrativo de la Oficina del Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3.Javier Villanueva Guerrero

Supervisor de Mantenimientos de Residencias

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sobre el particular, esta Soberanía se da por enterada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadano Antonio de la Barrera Fernández para prestar servicios como Encargado de Asuntos Administrativos en la Embajada de la República de Guatemala en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al Ciudadano Iván Alejandro Rivas Sánchez para prestar servicios como Auxiliar Contable en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Antonio Alberto Pineda Ronzón para prestar servicios como Especialista en Protocolo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. Jesús Fernando Céspedes Meneses

Auxiliar Contable Regional

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

2. Claudia Eugenia Vargas Orozco

Contador

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3. Israel Jesús Mendoza Chávez

Auxiliar de Embarques

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

4. Porfirio García Sosa

Coordinador de Seguridad Residencial y Guardias

Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

5. Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez

Cajero/Asistente Financiero

Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

6. Fabián Salazar Gutiérrez

Empleado de Visas No Inmigrante

Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey Nuevo León.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/283/13 de fecha 21 de febrero de 2013, el titular dela Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr. Héctor Hugo Olivares Ventura se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar los servicios de carácteradministrativo señalados.

2. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 26 de febrero de 2013 Mesa Directiva turnó la solicitud referida a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo que fue aprobado por la mayoría de sus integrantes.

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores.

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron permiso son los que a continuación se relacionan:

6.1. Ciudadano Jesús Fernando Céspedes Meneses para prestar servicios como Auxiliar Contable Regional en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6.2. Ciudadana Claudia Eugenia Vargas Orozcopara prestar servicios como Contador en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6.3. Ciudadano Israel Jesús Mendoza Chávez para prestar servicios como Auxiliar de Embarques en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6.4. Ciudadano Porfirio García Sosa para prestar servicios como Coordinador de Seguridad Residencial y Guardias en el Consulado General Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

6.5. Ciudadano Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez para prestar servicios como Cajero/Asistente Financiero en el Consulado General Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

6.6. Ciudadano Fabián Salazar Gutiérrez para prestar servicios como Empleado de Visas de No Inmigrante en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos señalados, mismos que contienen en copias simples:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento

De estos documentos se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De acuerdo al puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo.

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden.

4. Mediante mismo Oficio No. SEL/UEL/311/28313 de fecha 21 de febrero de 2013 el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr Héctor Hugo Olivares Ventura, se dirigió a la Cámara de Diputados, para informar que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. Blanca Esthela Ibarra Carrillo

Asistente Consular

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

2. Laura Elena Zepeda Valadez

Empleada Consular

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3. Shantal Nickte-Ha Escamilla Velarde

Asistente de Inmigración

Embajada de Canadá en México.

4. Nemesia Alejandra González Farías

Recepcionista

Embajada de Canadá en México.

Sobre el particular, esta Soberanía se da por enterada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al Ciudadano Jesús Fernando Céspedes Meneses para prestar servicios como Auxiliar Contable Regional en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la Ciudadana Claudia Eugenia Vargas Orozcopara prestar servicios como Contador en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Israel Jesús Mendoza Chávez para prestar servicios como Auxiliar de Embarques en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al Ciudadano Porfirio García Sosa para prestar servicios como Coordinador de Seguridad Residencial y Guardias en el Consulado General Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO QUINTO.-Se concede permiso al Ciudadano Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez para prestar servicios como Cajero/Asistente Financiero en el Consulado General Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al Ciudadano Fabián Salazar Gutiérrez para prestar servicios como Empleado de Visas de No Inmigrante en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que los Ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, puedan desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la ciudad de Torreón, Coahuila, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango, y de la República de Polonia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficios No. SEL/UEL/311/0129/2013, de fecha 25 de enero de 2013 y No. SEL/UEL/311/0136/2013, de fecha 29 de enero de 2013, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, PROFR. Héctor Hugo Olivares Ventura se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los Ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, puedan desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la ciudad de Torreón, Coahuila, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango, y de la República de Polonia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente.

2. En sesión celebrada el treinta de enero de 2013 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, puedan desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la ciudad de Torreón, Coahuila, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango, y de la República de Polonia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo que fue aprobado por la mayoría de sus integrantes.

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores.

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso a los C.C Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguezpuedanaceptar y desempeñar los cargos de Cónsules Honorarios de la República Francesa en la Ciudad de Torreón Coahuila y de la República de Polonia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

a. Escritos por los que los Ciudadanos solicitan autorización para prestar servicios.

b. Identificaciones oficiales (IFE).

c. Carta de Naturalización, constancia de la residencia en la circunscripción consular y Acta de Nacimiento Certificada.

d. Curriculum Vitae.

e. Notas de nombramiento formuladas por las embajadas de la República Francesa y de la República de Polonia en México

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos por parte de los solicitantes

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que las solicitudes cumplen con los requisitos para ser autorizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso para que el C. Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la Ciudad de Torreón, Coahuila, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso para que el C. Enrique Javier Macías Rodríguez pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Polonia, en la Ciudad de de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los diez dictámenes de la Comisión de Gobernación. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Tenemos la segunda lectura de siete dictámenes que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.





 

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictámenes de segunda lectura)

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Luis Bravo Cardoza pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Oro al Desempeño Militar que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/307/2013, de fecha 05 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera tramite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso al que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Luis Bravo Cardoza, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 09 de Abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración de dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte de la Embajada de la República Federal de Alemania en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Luis Bravo Cardoza pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Oro al Desempeño Militar que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que la C. Geneviéve Aline Marie Beraud Barraquet, pueda aceptar y usar la Condecoración Orden Nacional al Mérito, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/328/2013, de fecha 10 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Geneviéve Aline Marie Beraud Barraquet pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente:

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que la ciudadana solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Francesa por el que se comunica la intención de otorgar la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadana mexicana de la solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que la C. Geneviéve Aline Marie Beraud Barraquet pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que elC. José Hugo Roldán León, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Naval Almirante Padilla, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/329/2013 de fecha 10 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. José Hugo Roldán León pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente:

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte del Gobierno de la República de Colombia en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. José Hugo Roldán León pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Naval Almirante Padilla, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que la C. María Graciela Orozco Moreno, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/330/2013 de fecha 10 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. María Graciela Orozco Moreno pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación ara su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente:

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte de la Embajada de la República Francesa por la cual se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadana mexicana de la solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que la C. María Graciela Orozco Moreno, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante oficio No. SEL/300/331/2013 de fecha 10 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera tramite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente:

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que la ciudadana solicita autorización para aceptar la Condecoración referida.

• Identificación oficial (Pasaporte)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte del Gobierno del Reino de Dinamarca en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadana mexicana de la solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso para que la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Raphael Steger Cataño, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Comandante, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante oficio No. SEL/300/358/2013 de fecha12 de abril de 2013, el Titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera tramite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Raphael Steger Cataño pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 16 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente:

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida.

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte del Gobierno de la República de Polonia.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso para que el C. Raphael Steger Cataño, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Comandante, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

"COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Bruno Francisco Ferrari García de Alba pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Bernardo O’ Higgins, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio NO. SEL/300/367/2013de fecha 16 de abril de 2013, el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera tramite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Bruno Franciso Ferrari García de Alba pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de a República de Chile.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado De la República el día 18 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida.

• Identificación oficial (pasaporte)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte del Gobierno de la República de Chile.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso para que el C. Bruno Francisco Ferrari García de Alba pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Bernardo O’ Higgins, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de abril de 2013".

A estos dictámenes se les dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura de los dictámenes antes referidos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura de los siete dictámenes de permisos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los diecisiete dictámenes que contienen permisos. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los diecisiete proyectos de Decreto.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de los alumnos de licenciatura en Comunicación Intercultural, invitados por el Senador Adán Augusto López Hernández.

¡Bienvenidos, jóvenes estudiantes!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están aprobados los proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Se remiten a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Están también aprobados los Decretos que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas y para aceptar y desempeñar cargos de cónsules honorarios. Se remiten al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Tenemos la discusión de nueve dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta. Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura.

De las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que reforma el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 40 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el Artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto que reforma el Artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de julio de 2011, los Senadores Carlos Jiménez Macías, Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el Artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen correspondientes.

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA

En la misma se señala que el derecho a una vivienda digna es una prerrogativa consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 4°, párrafo quinto, en concordancia con la fracción XII, primer párrafo del Artículo 123 Apartado “A” de la propia Constitución.

Que propone armonizar el contenido del Artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), con lo dispuesto en la fracción II del Artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, que contempla la devolución de los fondos íntegros acumulados en la subcuenta de vivienda, siempre y cuando el trabajador este desempleado y tenga 50 años de edad.

La Iniciativa también establece la necesidad de especificar que la subcuenta de ahorro para la vivienda, la cual se encuentra contenida en el Artículo 159 fracción I de la Ley del Seguro Social, misma que establece:

Artículo 159. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.“Cuenta individual, aquella que se abrirá para cada asegurado en las Administradoras de Fondos para el Retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias.

Respecto de la subcuenta de vivienda las Administradoras de Fondos para el Retiro deberán hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los términos de su propia Ley”.

Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo a los artículos 5 y 29 de la Ley del INFONAVIT, las aportaciones realizadas a la subcuenta de vivienda forman parte del patrimonio de los trabajadores, puesto que los ahorros contenidos en esa subcuenta son deducciones que se hacen al salario de los trabajadores.

“Artículo 5. “El patrimonio del Instituto se integra:

I…

II…

III…

IV…

V…

Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores.

La fracción II del artículo 29 dice:

“Artículo 29. “Son obligaciones de los patrones:

I…

II.- Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social.

Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de los trabajadores.

(…)

Asimismo se tiene que la fracción II del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo dice:

Artículo 141.-Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores que se sujetarán a las bases siguientes:

I….

II. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieren hecho a su favor, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

III.…”

Con base en lo anterior, proponemos reformar el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual actualmente señala:

“Artículo 40. Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados de acuerdo al artículo 43 Bis, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según proceda, en los términos de lo dispuesto en las Leyes del Seguro Social, en particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170, 190 y 193; de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18, 80, 82 y 83.

A efecto de lo anterior, el trabajador o sus beneficiarios deberán solicitar al Instituto la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda a las administradoras de fondos para el retiro. El instituto podrá convenir con el IMSS los términos y requisitos para simplificar y unificar los procesos para autorizar la disponibilidad de los recursos a que se refiere el párrafo anterior.

Conforme a esta propuesta, debe señalar:

“Artículo 40. Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados en términos de la fracción II del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo o de acuerdo al artículo 43 Bis de esta ley, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según proceda, en los términos de lo dispuesto en las Leyes del Seguro Social, en particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170, 190 y 193; de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18, 80, 82 y 83.

Se establece que como aclaración en cuanto a los alcances del artículo 40 de la Ley del INFONAVIT respecto de lo dispuesto por las Leyes del Seguro Social, en particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170 y 190, 193 y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18, 80, 82 y 83, dichas disposiciones señalan, en términos generales, lo siguiente:

Ley del INFONAVIT

Artículo 43 Bis: Establece el crédito del INFONAVIT o de alguna entidad financiera para aplicarlo al pago de la construcción o adquisición de su habitación.

Ley del Seguro Social

Artículos 119 y 120: Invalidez

Artículo 127: Ramo de vida

Artículos 154 y 159: Cesantía en edad avanzada

Artículo 170: Pensión garantizada

Artículos 190 y 193: Cuenta individual y de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Artículo 3: Disposiciones preliminares con diversas definiciones

Artículo 18: Administradoras de Fondos para el Retiro

Artículo 80: Cuenta Individual

Artículos 82 y 83: Registro de Planes de Pensiones Establecidos por Patrones o Derivados de Contratación Colectiva.

En otras palabras, ninguno de los ordenamientos legales antes citados regula el supuesto previsto en el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, materia de esta iniciativa.

En suma, con las modificaciones propuestas al artículo 40 de la Ley del INFONAVIT, se garantizaría eficazmente el derecho que permite a los trabajadores recuperar las cantidades que destinaron para la adquisición de una vivienda y se establecería claramente que el sistema de pensiones y la subcuenta de vivienda persiguen distintos fines.

Así también se acabaría de tajo con el gran número de recursos legales promovidos e interpuestos ante las distintas instancias gubernamentales y de administración de justicia, que lo único que provocan en los trabajadores es ver disminuidos considerablemente los recursos que muy probablemente les son escasos por estos juicios interminables.

III. CONSIDERACIONES

Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, desean expresar que, después de analizar con toda puntualidad, y una vez establecido que si bien, la presente Iniciativa desea procurar el bienestar de los trabajadores del país, es preciso señalar que:

Primera.- La Iniciativa trata de incorporar al marco legal vigente de la ley del Infonavit una disposición derogada;

Segunda.- En la Iniciativa no se considera que la Ley del Seguro Social vigente ya atiende la problemática que se pretende resolver; y

Tercera.- La reforma a la Ley del Infonavit publicada el 12 de enero de 2012 contiene la modificación aprobada al Artículo Octavo Transitorio para estos fines.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, presentada el 6 de julio de 2011.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 21 de febrero de 2013.

Comisión de Vivienda: Sen. María Elena Barrera Tapia, Presidenta.- Sen. Joel Ayala Almeida, Secretario.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada, Secretario.- Sen. Angélica Araujo Lara, Integrante.- Sen. Isaías González Cuevas, Integrante.- Sen. Fernando Herrera Avila, Integrante.- Sen. Adolfo Romero Lainas, Integrante.

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda: Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente.- Sen. Jesús Casillas Romero, Secretario.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez, Secretario.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Integrante.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, Integrante”.

De las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforma el Artículo 71 de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de noviembre de 2011, la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen correspondientes.

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA

En la misma se señala que en 1983 queda establecido en el artículo 4to Constitucional, el derecho de todo ciudadano para poder adquirir una vivienda digna y decorosa; y de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Vivienda en su fracción IV, se señala que para cumplir con los fines de dicha ley, la Política Nacional de Vivienda tendrá que fomentar la calidad de la vivienda.

Que a su vez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece un su artículo 25, que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Que en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México esta adherido, establece en su artículo 11, “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

Entre los años 50 y 60, se decidió que para evitar el crecimiento incontrolable de la ciudad de México y no desarrollar más fraccionamientos, era necesario atrincherar la misma, por lo tanto, en los límites de la periferia de la ciudad se colocaron mojoneras (señales para delimitar espacios), para evitar su crecimiento.

El incremento de estos asentamientos, se debió a que el periodo de industrialización en nuestro país se encontraba en su mejor momento, transformando a la zona Metropolitana de la Ciudad de México en una megaurbe.

Es en los años noventa, cuando se inicia la construcción de diversos fraccionamientos de miles de viviendas de tamaño mínimo, los cuales se encontraban alejados de la ciudad, y no contaban con los equipamientos adecuados dentro de la infraestructura básica, y fueron edificados en zonas de producción agrícola y preservación ecológica.

La construcción de las nuevas unidades habitacionales, está determinada por el cambio en la dinámica demográfica del país, y la distribución territorial de la población, por lo tanto los municipios que antes solo contaban con unos miles de habitantes, en muy poco tiempo modificaran parte de su territorio para albergar miles de nuevos habitantes, que dentro de las ciudades ya no encuentran un espacio o les es imposible costearlo, y por consiguiente causan una problemática dentro de los servicios limitados con los que antes contaban los municipios.

En los últimos años, se ha generado un crecimiento dentro del mercado inmobiliario el cual a dado como resultado, la construcción de millones de casas de interés social, lo cual va de la mano de un incremento en los financiamientos para poder adquirirlas; sin embargo, todavía existe un rezago en la industria inmobiliaria, y millones de familias no pueden adquirir un vivienda adecuada y digna con los espacios adecuados.

Lamentablemente, los conjuntos habitacionales que ofrecen espacios de vida para el desarrollo pleno de los individuos, son limitados o nulos para la población de escasos recursos, la cual se ve afectada por falta de servicios básicos, y la distancia entre el trabajo y los centros de educación.

Dentro del programa nacional de vivienda 2007-2012, se establece un modelo habitacional sustentable en base a tres direcciones: 1) corrección paulatina del crecimiento de la mancha urbana mediante mecanismos como la redensificación, 2) mejoramiento y ampliación del parque habitacional, 3) fomento de conjuntos habitacionales que privilegien la verticalidad.

La actual situación de la vivienda de interés social en nuestro país, es la de la búsqueda de la mínima comodidad deseable, lo ideal sería que se generará la máxima comodidad alcanzable dentro de este tipo de viviendas.

Resulta increíble que en la actualidad las personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos, vivan en total hacinamiento en casas de menos de 40m2, donde conviven familias de hasta 8 miembros.

Las medidas ideales para tener una vivienda cómoda y digna de acuerdo a la asociación ICA, deberían de ser las siguientes: 15 m2 comedor y sala, 3m2 baño, 4m2 cocina, 9m2 recamara, 6.25m2 patio de servicio, esto da como resultado un total de 37.25m2 de construcción, 5m2más de lo que estableció el Infonavit en el 2009.

Sin embargo, estos 37.25m2 de construcción, son para viviendas que solo cuentan con una recámara, lo ideal sería que por lo menos cada vivienda contara con dos recamaras, con el fin de evitar el hacinamiento, en consecuencia el espacio construido aumentaría de 37.25m2 a 46.25m2.

Asimismo, es importante también señalar que cada vivienda debe de contar con los espacios necesarios para la circulación dentro de la casa, por lo tanto, consideramos que un espacio idóneo para la realización de todas las actividades de una familia, es cuando menos de 50m2.

De esta forma conseguiríamos que cada familia trabajadora, cuente con una vivienda digna y con un espacio adecuado para su desarrollo pleno.

III. CONSIDERACIONES

Las comisiones dictaminadoras, consideran que es innecesaria la aprobación de esta iniciativa, ya que existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden la situación que se pretende resolver.

Esencialmente la modificación únicamente consiste en adicionar, que los espacios habitables no serán menores a 50m2, modificación que sin duda alguna pretende beneficiar a los ocupantes de las viviendas, sin considerar que el costo de las mismas está en proporción directa con los m2 construidos, con lo cual significa que se dejarían de producir viviendas para familias de menores ingresos.

Asimismo, la propuesta es inviable a menos que se subsidie, toda vez que el precio de construcción y del suelo es a precio de mercado y por lo tanto las familias de bajos recursos no alcanzarían a cubrir el costo de viviendas de 50 m2 de superficie.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, presentada el 15 de noviembre de 2011.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 21 de febrero de 2013.

Comisión de Vivienda:Sen. María Elena Barrera Tapia, Presidenta.- Sen. Joel Ayala Almeida, Secretario.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada, Secretario.- Sen. Angélica Araujo Lara, Integrante.- Sen. Isaías González Cuevas, Integrante.- Sen. Fernando Herrera Avila, Integrante.- Sen. Adolfo Romero Lainas, Integrante.

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda:Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente.- Sen. Jesús Casillas Romero, Secretario.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez, Secretario.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Integrante.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, Integrante”.

De las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 de la Ley de Vivienda.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 74 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el Artículo 74 la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto que reforma el Artículo 74 de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. El 21 de febrero de 2012, la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, a nombre de grupo parlamentario de Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el Artículo 74 de la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen correspondientes.

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA

En la misma se señala que, de acuerdo al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con alguna discapacidad, tienen el derecho a vivir de forma independiente y de ser incluidos dentro de la comunidad.

Que con base en la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2010, las personas con alguna discapacidad representaban el 5.1% de la población total de nuestro país, es decir, que durante ese año habían 5 millones 739 mil 270 mexicanos dentro de este sector de la población, y el 51% de este sector está formado por mujeres.

De cada 100 personas con alguna discapacidad, 39 la tienen por causa de alguna enfermedad, 23 por afectaciones de la edad avanzada, 16 por herencia durante el embarazo, 15 por alguna lesión, y 8 por otras causas. La limitación de la movilidad es la que se presenta con mayor frecuencia entre la población, pues estos representan el 58.3%, seguidos por las limitaciones de la vista que son el 27.2%.

De acuerdo con el artículo 4to Constitucional, todo mexicano tiene derecho a habitar una vivienda digna y adecuada, sin embargo, la iniciativa señala que esto no sucede así.

En nuestro país como en muchos otros, existe un modelo habitacional llamado “casas de interés social”, este tipo de viviendas, está dirigido a trabajadores que perciban un ingreso de entre 1 y 4 salarios mínimos. Sus características principales son, su costo, y el tamaño, pues estas casas son menores a 39m2, en muchas ocasiones cuentan con una sola recámara, y tienen un solo espacio comunal para realizar las distintas actividades familiares.

Señala además, que el Partido Verde Ecologista se preocupa de sobremanera esta situación, por eso propone que las viviendas de las personas que sufren alguna discapacidad motriz y que tengan una silla de ruedas, cuenten con pasillos que no sean menores a 1.10 metros de ancho, esto para facilitar el tránsito de la silla, asimismo, la anchura de las puertas debe de ser mayor a los 80 cm, con esto se lograría brindarles mucho mayor comodidad al momento de ingresar al inmueble, o cuando se trasladen alguna otra habitación, además sería conveniente instalar piso liso antiderrapante y sin desniveles.

Lo ideal es que las casas de las personas que se desplazan con una silla de ruedas, sean de una sola planta, pues esto les permite mucha mayor movilidad dentro de la vivienda, pero si estas casas contaran con varios pisos, es necesario el contemplar la instalación de una plataforma elevadora.

En la Iniciativa se señala que es necesario velar por la equidad de los derechos de las personas con discapacidad, y por estas razones impulsar que dentro de los nuevos fraccionamientos o edificios destinados para vivienda, se contemple que el 1% de estos, sean destinados para viviendas accesibles y funcionales para personas con discapacidad física.

III. CONSIDERACIONES

Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, desean expresar que, después de analizar con toda puntualidad, y una vez establecido que si bien, la presente Iniciativa desea procurar el bienestar de las personas con alguna discapacidad o movilidad reducida, es preciso señalar que:

Primera.- Es innecesaria su aprobación, ya que existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden la situación que se pretende resolver;

Segunda.- Se considera que la aprobación de esta iniciativa en comento, no es necesaria ya que a pesar de tener una finalidad legítima, carece de idoneidad. La propuesta señala que los proyectos de conjuntos habitacionales deberán destinar el 1% de estas viviendas, para personas con alguna discapacidad o movilidad reducida, cuando el Artículo 16 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, ya lo considera en toda su plenitud.; y

Tercera.- La actual legislación prevé la obligación de que existan viviendas adaptadas a las necesidades de las personas en atención a sus capacidades y/o limitaciones por la edad, en la actualidad los desarrolladores de vivienda realizan sus construcciones tomando en consideración la adaptación de espacios para personas pertenecientes a este sector social, tales como la instalación de rampas, barras adheridas a las paredes, etc.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley de Vivienda., presentada el 21 de febrero de 2012.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 21 de febrero de 2013.

Comisión de Vivienda:Sen. María Elena Barrera Tapia, Presidenta.- Sen. Joel Ayala Almeida, Secretario.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada, Secretario.- Sen. Angélica Araujo Lara, Integrante.- Sen. Isaías González Cuevas, Integrante.- Sen. Fernando Herrera Avila, Integrante.- Sen. Adolfo Romero Lainas, Integrante.

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda:Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente.- Sen. Jesús Casillas Romero, Secretario.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez, Secretario.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Integrante.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, Integrante”.

De las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que reforma los artículos 40 y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 40 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a suestudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de noviembre de 2009, el Senador Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnóa las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondientes.

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA

En la misma se señala que uno de los derechos que tienen todos los seres humanos es el de tener acceso a una vivienda digna y decorosa, para tal efecto tanto el Gobierno como patrones y trabajadores deben de colaborar para la consecución del objetivo, realizando cada uno la parte que le corresponde.

Que las aportaciones que realizan los patrones al Infonavit, forman parte de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual se encuentra integrado por las subcuentas de cuotas obligatorias de los trabajadores, la de vivienda, la de aportaciones voluntarias y la de aportaciones complementarias.

Que el artículo 43 Bis de la Ley del Infonavit establece que en el momento en que el trabajador reciba un crédito por parte del Instituto, el saldo de su subcuenta de vivienda se aplicará como pago inicial del crédito.

Asimismo y durante la vigencia de éste, las aportaciones patronales que se realicen a su favor se aplicarán para saldar el crédito otorgado.

Por otra parte y una vez que se ha liquidado el crédito obtenido para aplicarlo en alguno de los conceptos mencionados, la obligación del patrón de realizar el pago de la cuotas obligatorias subsiste.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 del ordenamiento legal invocado, los fondos de dicha subcuenta que no hubiesen sido utilizados, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según corresponda, una vez que el trabajador o sus beneficiarios presenten la solicitud al Instituto.

La aplicación de estas transferencias se aplica en los casos de que la pensión sea pagada de conformidad con la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente y que esté relacionada con la subcuenta de vivienda, con la finalidad de que se utilicen para financiar pensiones de invalidez, por muerte y por cesantía en edad avanzada.

Los trabajadores pensionados o jubilados se enfrentan frecuentemente con la renuencia por parte del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para devolverles los fondos que se encuentran en la subcuenta de vivienda de este Instituto.

III. CONSIDERACIONES

La presente iniciativa pretende garantizar la eficacia de la garantía constitucional que permite a los trabajadores recuperar las cantidades que destinaron para la adquisición de una vivienda y que por diversas razones no utilizaron, con el fin de evitar que los mismos sean destinados a otros rubros y establecer claramente que el sistema de pensiones y la subcuenta de vivienda persiguen distintas finalidades.

Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, desean expresar que, después de analizar con toda puntualidad, y una vez establecido que si bien, la presente Iniciativa desea procurar el bienestar de los trabajadores del país, es preciso señalar que:

El 12 de enero del 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley del Infonavit entre las que se incluyen modificaciones al art. Octavo Transitorio que atienden la problemática a que se refiere el legislador en su iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 40 y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada 19 de noviembre de 2009.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 21 de febrero de 2013.

Comisión de Vivienda:Sen. María Elena Barrera Tapia, Presidenta.- Sen. Joel Ayala Almeida, Secretario.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada, Secretario.- Sen. Angélica Araujo Lara, Integrante.- Sen. Isaías González Cuevas, Integrante.- Sen. Fernando Herrera Avila, Integrante.- Sen. Adolfo Romero Lainas, Integrante.

Comisión de Estudios Legislativos:Sen. Graciela Ortiz González, Presidente.- Sen. Fernando Torres Graciano, Secretario.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya, Secretario.- Sen. Arturo Zamora Jiménez, Integrante.- Sen. Fernando Yunes Márquez, Integrante”.

De las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que adiciona el artículo 83 Bis a la Ley de Vivienda.




 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 83 BIS A LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un Artículo 83 bis a la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto proyecto de decreto que adiciona un artículo 83 bis a la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de abril de 2011, el Senado Jorge Legorreta Ordorica, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 83 bis a la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondientes.

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA

En la misma se señala que la construcción de vivienda verde o sustentable en México ya es una realidad. La Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI), el Infonavit, la Sociedad Hipotecaria Federal, la Canadevi y las sofoles además de muchos otros actores, están diseñando códigos y lineamientos de construcción, viviendas y productos hipotecarios enfocados en la sustentabilidad.

Que el desarrollo sostenible asociado al agua, mencionado en la Ley de Aguas Nacionales, se refiere al conocimiento del ciclo hidrológico, la planeación y desarrollo de acuerdo a la disponibilidad de agua y se refiere a que exista el equilibrio entre los recursos hidrológicos de una cuenca, tomando en cuenta el escurrimiento natural y el número de habitantes sin que disminuya la cantidad y calidad del agua.

Desgraciadamente esto no es hoy una realidad, sobre todo en los centros urbanos, donde la captación de los escurrimientos no se da, ni para la recarga de mantos. Además la extracción es superior a la infiltración, y el saneamiento, de existir, es muy ineficiente, por lo que la cantidad y calidad no se preservan.

Lo anterior tiene su origen en el enfoque que se ha dado a la ciencia y la tecnología con el propósito de conocer a la Naturaleza para dominarla y someterla al servicio del hombre, que si bien ha otorgado bienestar en el pasado a un amplio sector de la población, actualmente está en crisis, pasando facturas con muy altos costos, que para las generaciones futuras se vislumbran impagables.

Debemos promover a la lluvia como una de nuestras fuentes de abasto en la vivienda. Nos empeñamos en categorizar de manera errónea que el aprovechamiento de la lluvia representa grandes inversiones y modificaciones, cuando existen en diversos sitios ejemplos que demuestran lo contrario.

Sin embargo no podemos afirmar que el agua de lluvia es totalmente pura, ya que en la atmósfera se contamina con los elementos que la componen: 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno y en menor cantidad otros gases y contaminantes naturales o producto de la actividad humana. Debido al nitrógeno y al oxigeno que contiene, las plantas y vegetales que la reciben como riego natural adquieren un verde oscuro y un desarrollo vigoroso.

Cada vez y con más frecuencia se presentan durante el temporal, en las grandes ciudades del país, inundaciones asociadas a fenómenos naturales de precipitación pluvial extraordinaria, la falta de mecanismos que los controlen, y el incremento del área impermeable de las ciudades que conducen sus escurrimientos a drenajes de aguas residuales que no fueron diseñados para estos grandes caudales. Lo anterior provoca daños en: la salud pública, en bienes materiales y en la eficiencia de las plantas de tratamiento.

La suma de caudales pluviales no controlados y las grandes descargas representan riesgos latentes de saturación de drenajes e inundaciones en las zonas más bajas de la ciudad.

La vivienda en México representa una oportunidad importante de poder mitigar el impacto ambiental y promover el desarrollo sustentable.

Con base en los resultados del Censo del INEGI 2010, en materia de vivienda se detalla lo siguiente:

Debemos promover esfuerzos por aprovechar el caudal de la lluvia, reutilizar el agua una vez utilizada, y lograr de ser posible, procesos en los que se alcance el reciclaje, es decir, realizar siempre el mismo servicio con la misma agua.

A través de los años logramos secar nuestra ciudad y hoy nos empeñamos en obtener agua de mayores profundidades y lejanías para usarla, desperdiciarla, contaminarla y expulsarla de la ciudad para medio tratarla utilizando en todo el proceso grandes cantidades de energía, con gran impacto ambiental y por si no fuera suficiente, despreciando la lluvia que la naturaleza nos obsequia año con año, transformando la oportunidad de su aprovechamiento en una amenaza latente que representa riesgos inminentes para la ciudad.

La vivienda es un sector de gran auge y enorme potencial que sin lugar a dudas representa una esperanza de cambio en el manejo de los recursos, en este caso específico el agua.

III. CONSIDERACIONES

Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, desean expresar que, después de analizar con toda puntualidad, y una vez establecido que si bien, la presente Iniciativa desea procurar el bienestar de los trabajadores del país, es preciso señalar que:

Lo que se señala en la iniciativa, ya se encuentra regulado tanto por la actual Ley de Vivienda, como por el Programa Nacional de Vivienda y otra normatividad de la CONAVI, en la cual se regula lo señalado en esta iniciativa; y

En el INFONAVIT ya se llevan a cabo acciones tendientes a fomentar los mecanismos que garanticen vivienda sustentable, tal es el caso del programa de Hipoteca Verde, y aun cuando se coincide con el promovente en la importancia del tema, se considera que la iniciativa en los términos propuestos, implicaría una sobrerregulación en estas disposiciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un Artículo 83 bis a la Ley de Vivienda, presentada el 28 de abril de 2011.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 21 de febrero de 2013.

Comisión de Vivienda:Sen. María Elena Barrera Tapia, Presidenta.- Sen. Joel Ayala Almeida, Secretario.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada, Secretario.- Sen. Angélica Araujo Lara, Integrante.- Sen. Isaías González Cuevas, Integrante.- Sen. Fernando Herrera Avila, Integrante.- Sen. Adolfo Romero Lainas, Integrante.

Comisión de Estudios Legislativos: Sen. Graciela Ortiz González, Presidente.- Sen. Fernando Torres Graciano, Secretario.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya, Secretario.- Sen. Arturo Zamora Jiménez, Integrante.- Sen. Fernando Yunes Márquez, Integrante”.

De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de la Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LAS MADRES JEFAS DE FAMILIA

(Dictamen a discusión)



De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 136 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

(Dictamen a discusión)

"COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Con fundamento en las facultades que les confiere el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 182, 183, 186, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa en comento, estas Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la Iniciativa.

En el apartado denominado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se exponen los objetivos y se hace una descripción de la Iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado denominado de "CONSIDERACIONES", los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

En sesión de fecha 22 de noviembre de 2011, la Senadora Norma Esparza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó dicha Iniciativa a la Comisión de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda para dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa propone reformar el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como se muestra en el siguiente comparativo entre la propuesta y la Ley vigente:

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (vigente)

Iniciativa de la Senadora Norma Esparza

Artículo 136. El Instituto establecerá en plazas de importancia, centros de bienestar infantil para atender a los niños mayores de 45 días y menores de 7 años, hijos de militares, cuando se acredite la necesidad de esa ayuda.

Artículo 136. El Instituto establecerá en plazas de importancia, centros de bienestar infantil para atender a los hijos de militares varones y mujeres en activo, mayores de 45 días y menores de 7 años, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la materia.

De la lectura del proyecto de decreto que reforma el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se desprenden los siguientes objetivos:

- Establecer que la atención en los Centros de Bienestar Infantil será para los hijos de militares varones y mujeres en activo, mayores de 45 días y menores de 7 años.

- Sustituir del texto vigente el requisito consistente en acreditar la necesidad del servicio para acceder a los servicios en los Centros de Bienestar Infantil, para disponer que la prestación del servicio se llevará a cabo de conformidad con el reglamento de la materia.

De acuerdo con la Senadora iniciante, el acceso de los hijos de los integrantes de la Fuerzas Armadas en activo, no debe ser condicionado bajo ninguna circunstancia, los Legisladores Federales deben velar por la tranquilidad emocional de los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a través de la garantía incondicional a esta importante prestación de seguridad social que representan las Estancias de Desarrollo Infantil, sin mayor trámite que encontrarse en servicio activo.

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), son instituciones encargadas de proporcionar educación y asistencia a los hijos de las madres militares en servicio activo, durante la jornada laboral. Dependen administrativamente de la Dirección General de Seguridad Social Militar a través de la sección de asistencia social y técnicamente de la Dirección General de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública.

La prestación que otorgan los CENDI, opera desde el marco del desarrollo integral, otorgando no solo cuidados físicos a los menores, sino atención médica, pedagógica, psicológica, dental y nutricional, y están encaminados a garantizar el sano desarrollo de los menores.

Señala la proponente que la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, establece en su artículo 136 la prestación de los Centros de Bienestar Infantil a los niños mayores de 45 días y menores de 7 años, hijos de militares, cuando se acredite la necesidad de esa ayuda. Lo anterior, como medida coadyuvante al desempeño óptimo de la jornada laboral de las madres militares.

La Iniciativa valora la importancia de esta prestación como beneficio de seguridad social a cargo del Estado, que desde luego tiende a proyectar el ingreso familiar de los militares a través de prestaciones sociales, concretamente y para el caso que hoy nos ocupa de la prestación del servicio de Centros de Bienestar Infantil, a los hijos de los miembros activos de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En este orden de ideas, a partir de la Iniciativa se plantea ampliar el beneficio social de Centros de Bienestar Infantil a los hijos de militares varones en servicio activo, retirando del texto vigente del artículo 136 el requisito relativo a la acreditación de la necesidad de esa ayuda, para el otorgamiento de dicha prestación social, lo que redundará directamente en el beneficio de las familias de los militares en activo, bajo principios de equidad y solidaridad.

De acuerdo con la iniciante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece puntualmente en su artículo 1°, la garantía de igualdad, proscribiendo la discriminación por sexo, entre otras. No obstante considera que la discriminación no se ha erradicado de nuestro marco jurídico nacional, específicamente en lo relativo a la prestación social en los Centros de Bienestar Infantil para los hijos de militares masculinos, en activo.

Habida cuenta que los cónyuges o concubinas de los militares no tienen derecho en el marco vigente, a ingresar a sus hijos a los Centros de Bienestar Infantil, toda vez que la prestación se circunscribe a los hijos de mujeres militares, lo que constituye a todas luces discriminación en perjuicio de los militares varones y de sus hijos.

Sostiene la iniciante, que la Ley vigente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, circunscribe el derecho al disfrute de Centros de Desarrollo Infantil a las madres militares, no obstante en un régimen de estricto derecho a las garantías de igualdad, esta prescripción resulta insostenible.

Considera que de aprobarse esta Iniciativa, no solo se estaría rebasando un asunto de discriminación, sino además, este beneficio se estaría constituyendo en un importante aliciente a los integrantes de las Instituciones Armadas del país, por la repercusión que tendría en el presupuesto familiar.

La Iniciativa conlleva, en este sentido, un claro objetivo de equidad de género y al mismo tiempo la proyección del beneficio familiar de acceso al servicio referido para los hijos de los militares varones en activo, que se otorga actualmente sólo a las mujeres militares.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, son competentes para atender la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en razón de la facultad que tiene el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para determinar la estructura, organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas Mexicanas, establecida en el artículo 73fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra expresa:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

  • a XIII. …

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.

XV. a XXX. …”

SEGUNDA. Estas Comisiones, tienen presente que la Seguridad Social es un Derecho Humano que tiene como uno de sus objetivos la asistencia a los trabajadores, servidores públicos, así como a los elementos de las instituciones armadas de nuestro país, a través de mecanismos garantizados por el Estado para cubrir los riesgos en su vida diaria, trabajo y cumplimiento de sus atribuciones, de forma inmediata y esencial.

En el caso de nuestro país, el derecho a la seguridad social es una garantía constitucional y las leyes que regulan y protegen este derecho son de orden público y de interés social.

Por cuanto hace a las Fuerzas Armadas Mexicanas, el marco regulador de los derechos de orden social se encuentra en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, correspondiéndole al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas aplicar dicha Ley y apuntalar los derechos relativos al bienestar social del personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos.

Asimismo, estas Comisiones consideran recordar que el 24 de octubre de 2011, se publicó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual deberá ser aplicada en lo conducente por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en lo relativo a los Centros de Desarrollo Infantil.

De dicha disposición, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 3º, relativo al respeto de los derechos colectivos o individuales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, entre otros, el régimen de seguridad social, y los seguros que deberán integrarla.

“Artículo 3. Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, además de cumplir con sus leyes específicas y régimen interno, las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley. Los derechos laborales colectivos o individuales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para las hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras en materia de guarderías y prestaciones sociales reconocidos por sus leyes reglamentarias en materia de seguridad social tienen preeminencia en esta Ley y serán respetados en la misma”.

Con fundamento en dicha disposición todo militar podrá acceder los servicios y prestaciones establecidas en las leyes de la materia, conforme a las condiciones y requisitos establecidos.

TERCERA. Consideraciones sobre la propuesta de reforma para establecer que la atención en los centros de bienestar infantil, será para los hijos de militares varones y mujeres en activo, frente a la Ley vigente que otorga este beneficio de forma genérica a los “militares”.

Al respecto, estas Comisiones hacen notar que la denominación de militar, de acuerdo a la legislación vigente, incluye a los hombres y mujeres pertenecientes al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos, tal y como se establece en el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que a la letra señala:

“ARTICULO 132. Militares son las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Mexicanas, con un grado de la escala jerárquica. Estarán sujetos a las obligaciones y derechos que para ellos establecen la Constitución, la presente Ley y demás ordenamientos castrenses”.

Cabe señalar que las reformas a los artículos 10 y 122 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 9 de noviembre de 2011, constituyen los avances más recientes en la Legislación militar en materia de equidad y genero. Dichas disposiciones establecen:

“ARTICULO 10. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conforman una organización que realiza sus operaciones mediante una estructura jerárquica que comprende los siguientes niveles de mando.

I. Mando Supremo;

II. Alto Mando;

III. Mandos Superiores; y

IV. Mandos de Unidades.

Sin distinción de género, los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos podrán acceder a todos los niveles de mando, incluyendo a los órganos del Alto Mando del Ejército y la Fuerza Aérea”.

“ARTICULO 122. Los establecimientos de Educación Militar, tendrán por objeto la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, para la integración de sus cuadros, e inculcarles la conciencia de servicio, amor a la Patria, la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones, los conocimientos que se les hubieren transmitido.

Dichos establecimientos estarán constituidos por:

I al IV…

En los sistemas de selección no podrán existir más diferencias por razón de sexo, que las derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso.”

Por su parte, la Ley Orgánica de la Armada de México establece en dos de sus artículos que los militares que la integran son mujeres y hombres otorgándoles además la garantía de la igualdad de oportunidades de desarrollo de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 4.- La Armada de México está integrada por:

I. Recursos humanos, que se integran por el personal, que presta sus servicios en la Armada, estando sujeto a las leyes, reglamentos y demás disposiciones de orden naval y militar, las cuales serán aplicables en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.”

Artículo 13. Las fuerzas navales son el conjunto organizado de mujeres y hombres, buques, aeronaves y unidades de infantería de marina capacitados para salvaguardar los intereses marítimos, conforme a las prescripciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, estas Comisiones tienen presente los esfuerzos realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, para institucionalizar la perspectiva de género en sus políticas internas, a través del Programa de Capacitación y Sensibilización para efectivos en Perspectiva de Género, desde 2008 a la fecha.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, el propósito de los programas de Equidad de Género del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, implantando diversas acciones con perspectiva de género, a fin de promover, difundir y fortalecer en el Instituto Armado, una cultura de paz y respeto a los derechos humanos sobre la base de la equidad de género e igualdad de oportunidades.

En congruencia con lo anterior, respecto al seguimiento de las metas prioritarias de la Secretaría de la Defensa Nacional, destacan los siguientes avances:

Seguimiento de las metas prioritarias comprometidas con

Presidencia de la República 1

Meta

2009

2010

2011

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

Mejorar en un 100% el nivel de vida del personal militar en activo, situación de retiro y pensionistas.

55.87%

55.87%

67.05%

78.23%

89.4%

100.57%

Incrementar al 7% la presencia de la mujer en las filas del Ejército y Fuerza Aérea.

5.10%

9,097

5.72%

10,204

5.68%

10, 131

5.79%

10, 661

6.35%

11, 326

6.5%

11, 610

Alcanzar el 100% de elementos capacitados en materia de derechos humanos al final de la administración.

Mantener

Adiestrado

99%

99.15

Mantener

Adiestrado

99%

99.1%

Mantener

Adiestrado

99%

99.1%

Por los razonamientos expresados, estas Comisiones estiman innecesaria la precisión de militares varones y mujeres, toda vez que como lo establece el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, militares son las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Mexicanas, con un grado de la escala jerárquica.

CUARTA. Sobre la propuesta de incorporar específicamente a los varones como beneficiarios del servicio de guardería, como medida de protección a los hijos del militar en matrimonioy en concubinato.

Esta propuesta para incorporar específicamente a los varones como beneficiarios del servicio de guardería -como se señala en la exposición de motivos-, tiene también el propósito de la protección a los hijos del militar en concubinato.

Al respecto, estas Comisiones deben señalar que las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Defensa Nacional, aprobaron el Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 12, fracción VII; 31, fracción III; 108, fracción II; 135; 214, y se adicionan un párrafo tercero al artículo 19; un segundo párrafo al artículo 40 recorriéndose el subsecuente en su orden; y un segundo párrafo a la fracción I del artículo 102; todos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Entre estas importantes reformas, se incluyó la adición de un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley, con el objetivo de que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas afilie a los hijos menores del personal militar con la sola presentación de la copia certificada del acta de nacimiento del hijo de que se trate o por mandamiento judicial sin más trámite alguno; lo anterior con el fin de que el hijo menor del militar no quede desprotegido al no contar con seguridad social.

“Artículo 19. . . .

...

El Instituto afiliará a los hijos menores del militar, con la sola presentación de copia certificada del acta de nacimiento del hijo de que se trate, o por mandamiento judicial”.

Al respecto, esta Comisión considera que con esta propuesta, en trámite de publicación por el Ejecutivo Federal, se beneficia directamente a los hijos de los militares en concubinato, y coloca a la legislación militar al nivel de los estándares previstos por los Tratados Internacionales y de la legislación especial que tutela los derechos de las niñas y los niños.

Adicionalmente, debe tomarse en consideración que de acuerdo al Manual de Servicios al Publico, el Servicio de los CENDI, se otorga a los “derechohabientes de la o del militar a partir de 45 días de nacido a 5 años y 11 meses de edad. Es decir, se otorga a los hijos de militares mujeres u hombres, y no sólo a las mujeres militares como lo señala la iniciativa.

De acuerdo a lo anterior, las recientes reformas avaladas por el Congreso de la Unión y las disposiciones reglamentarias citadas, ya atienden la preocupación manifestada en la Iniciativa respecto a la protección de los hijos de militares, sin distinción por el estado civil del militar.

QUINTA.Con relación a la propuesta para eliminar del texto vigente el requisito consistente en “acreditar la necesidad del servicio” para acceder a los Centros de Bienestar Infantil, y en su lugar establecer que se podrá disponer que la prestación de conformidad con el reglamento de la materia, estas Comisiones deben precisar lo siguiente:

La propuesta de eliminar el requisito antes señalado y sustituirlo por un enunciado que establece el otorgamiento del servicio en términos de un Reglamento en la materia, no se considera un avance en el otorgamiento general de la prestación dirigido a hombres y mujeres del Servicio Armado, pues no se garantiza o respaldacon una disposición en la Ley que así lo determine, por lo que en el Reglamento se pueden incorporar limitantes para el otorgamiento del Servicio, sin contravenir la Ley.

Se considera que en los términos propuestos, la Iniciativa incrementa la demanda potencial del servicio de guardería, mucho más allá de las posibilidades del Instituto para atenderlas, ya que aumentaría de manera importante el número de militares que sin requisito alguno tendría derecho al servicio.

En razón de lo anterior, debemos recordar que en diversas ocasiones hemos conocido de diversas necesidades presupuestales de las Fuerzas Armadas para cubrir necesidades básicas, ya sea de sus prestaciones sociales, o para el desarrollo de sus actividades sustantivas.

El monto presupuestal requerido para cubrir la presión de gasto que se generaría por esta situación, requiere que se determine la fuente de ingreso, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aspecto no contenido en la Iniciativa que se dictamina, ya que no se considera posible cubrir las necesidades presupuestales mediante compensaciones o reducciones provenientes de otras partidas de gasto.

De aprobarse esta Iniciativa, se generaría un impacto presupuestario significativo en los gastos de operación a nivel nacional; ya que se tendría que incrementar la plantilla de personal, los gastos para capacitación, así como la alimentación y atención médica para los menores. Lo anterior sin considerar el costo de los inmuebles donde se tendría que prestar el servicio por parte del Instituto.

Por otra parte, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, incluyó en sus disposiciones transitorios que las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán solventarse de manera progresiva y sujeto a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal que corresponda.

Finalmente, debe considerarse que en el supuesto de que se otorgue esta prestación a un militar que tenga una esposa con el tiempo suficiente para cuidar al menor en lugar de darlo a la mujer militar que no tiene con quien dejar al menor para su cuidado, podría convertirse en una prestación discriminatoria, porque se corre el riesgo de desplazar a la mujer del mercado laboral.

Por las consideraciones expresadas, estas Comisiones Dictaminadoras estiman no viable la reforma al artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en lo relativo a la eliminación del requisito básico de acreditación de la necesidad de la ayuda.

Conforme a las Consideraciones anteriores, y con fundamento en los dispuesto por los artículos 86,94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y los aplicables del Reglamento del Senado de la República, es conclusión de las Comisiones dictaminadoras la no viabilidad de la Iniciativa analizada, por lo tanto, estas Comisiones Unidas someten a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

ACUERDO

Unico. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y se da por concluido el trámite legislativo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 13 días del mes de marzo de 2013.

COMISION DE DEFENSA NACIONAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA."

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio Militar.

1 Fuente. Sitio electrónico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Conoce el avance de nuestras metas.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 15 DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR

(Dictamen a discusión)

"COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio Militar,a fin de fortalecer la integración al servicio militar, previéndose la existencia de otros servicios paralelos al de las armas.

Los senadores integrantes de las comisiones que suscriben realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa y expresar sus observaciones y comentarios de la misma.

De conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 85, 86, 89, y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 186, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República y habiendo analizado el contenido del Proyecto de mérito, estas Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y dictamen del Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen del Proyecto de Decreto.

En el apartado denominado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se hace un resumen de los objetivos de la propuesta de reforma de la Colegisladora.

En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente Dictamen.

I. ANTECEDENTES

Primero. El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero del año 2012, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio Militar, con el fin de fortalecer la integración al servicio militar, previéndose la existencia de otros servicios paralelos al de las armas, para aquellos individuos a quienes no hayan correspondido pasar al activo, queden sujetos a períodos de instrucción conforme a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes en todo caso realizarán actividades comunitarias bajo la supervisión de las autoridades municipales o delegacionales.

SEGUNDO. En esa misma fecha, le fue turnada a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio Militar.

La iniciativa destaca que en la actualidad, se advierte una situación de irregularidad e inseguridad social al interior de nuestro país, provocada por la atroz actividad de la delincuencia organizada que no da tregua al Estado mexicano, y que hoy más que nunca exige el mejor desempeño y compromiso del Ejercito y la Armada de México.

Asimismo, señala quela grave situación de inseguridad pública que afecta a nuestro país ha obligado a los tres poderes constitucionales y los tres órdenes de gobierno a asumir por igual toda la responsabilidad en el combate al flagelo de la delincuencia. En concreto, el estado que guarda la seguridad pública del país se sitúa en niveles realmente alarmantes. Ello obliga, por lo tanto, a adoptar todas las medidas que estén al alcance, pero sobre todo aquellas que no dejen ningún resquicio de duda sobre su legalidad.

Por otra parte, la iniciativa menciona que es incuestionable la labor realmente encomiable del Ejército y la Armada de México en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. De ahí que sea conveniente destacar que por medio del sistema del alistamiento voluntario de los ciudadanos se han podido reunir grandes contingentes armados desde la época de la Revolución Mexicana, mismos que con posterioridad se convirtieron, debidamente organizados, en nuestro Ejército actual. Dicha institución se consideró hasta 1940 suficiente para afrontar las necesidades de la defensa nacional. Sin embargo, el cambio radical que la situación sufrió, obligó a plantear el establecimiento del Servicio Militar Obligatorio para la reorganización del Ejército sobre bases que lo capacitaran para enfrentarse eficazmente a las nuevas condiciones en que la defensa nacional debe llevarse a cabo.

Por último, la exposición de motivos destaca que la iniciativa en comento pretende fortalecer la integración al servicio militar, previéndose la existencia de otros servicios paralelos al de las armas.

En ese sentido, la misma propone que aquellos individuos a quienes no haya correspondido pasar al activo, en virtud del sorteo realizado para tal efecto, realicen en todo caso actividades comunitarias bajo la supervisión de las autoridades municipales. De esta forma, los jóvenes que no hayan sido seleccionados para formar parte del activo de la clase que corresponda, colaboraran de igual forma con el Estado mexicano, en beneficio de la comunidad entera.

La iniciativa que se propone, pretende quedar de la siguiente forma:

Texto vigente

Propuesta de reforma

ARTICULO 15.- Cuando el efectivo de la clase exceda del llamado al activo, el contingente se designará por sorteos; los individuos a quienes no haya correspondido pasar al activo, quedarán sujetos a períodos de instrucción conforme a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional.

ARTICULO 15.- Cuando el efectivo de la clase exceda del llamado al activo, el contingente se designará por sorteos; los individuos a quienes no haya correspondido pasar al activo, quedarán sujetos a períodos de instrucción conforme a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes en todo caso realizarán actividades comunitarias bajo la supervisión de las autoridades municipales o delegacionales.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Sobre el objeto de la Ley del Servicio Militar Nacional.

De conformidadcon el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para todos los mexicanos, quienes lo deben presentar en el Ejército o en la Armada de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.

La Ley del Servicio Militar tiene como propósito general garantizar la seguridad exterior e interior, mediante el adiestramiento militar de reservistas, que en previsión de una hipótesis de movilización, puedan hacer frente a cualquier conflicto de carácter militar.

El Servicio Militar Nacional es el servicio de las armas que por mandato constitucional están obligados a cumplir los mexicanos que se encuentren en edad militar, a realizarse en las unidades del Ejército y Fuerza Aérea y Armada de México durante un año, de conformidad a lo establecido en la Ley y en el Reglamento respectivos.

A los elementos que sean alistados y reclutados, se les capacitará durante un año, en aspectos de la doctrina militar, con el propósito de contar con reservas adiestradas y disponibles para satisfacer la movilización en las Fuerzas Armadas, en caso de guerra o alteración de la seguridad interior de la Nación.

Se considera que la instrucción militar debe seguir siendo el objetivo principal del servicio militar obligatorio; incorporar otros fines desvirtúan el objetivo primordial de contar con medios de protección a la Patria.

La posibilidad de realizar el servicio en acciones en favor de la comunidad ya está prevista en el marco de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea, así como en la Armada de México.

Si bien, durante el Servicio Militar Nacional, los conscriptos participan activamente en la aplicación de otros programas y servicios a la comunidad, como lo es el de alfabetización; dichas actividades las realizan paralelamente al adiestramiento militar que se les imparte.

Incluir otros objetivos, por nobles que éstos sean, van en contra del espíritu de la norma constitucional prevista en los artículos 5, 31 fracción I y 35 fracción IV.

SEGUNDA. Sobre el Servicio Militar Nacional en acciones a favor de la comunidad

Estas Comisiones hacen notar que la posibilidad de realizar el servicio en acciones a favor de la comunidad ya está prevista en el marco de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea, así como en la Armada de México.

En efecto, estas Comisiones destacan que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en sus artículos 1 y 2, se establece que entre las misiones generales de las Fuerzas Armadas, están las de defender la integridad, la independencia, la soberanía de la Nación y garantizar la seguridad interior; así como el deber de “Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas”, “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”, y en caso de desastres naturales prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas; misiones que podrán realizarlas por sí o en forma conjunta con la Armada o con otras Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales.

De esta forma, el Servicio Militar Nacional integrado a las Fuerzas Armadas, coadyuva en la seguridad y defensa de la Patria, así como a la realización de tareas cívicas y de beneficio social que tienden al desarrollo del País.

Por su parte, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de su Ley Orgánica, la Armada de México tiene entre otras facultades las de “Organizar, adiestrar, alistar, equipar y operar a las fuerzas que la constituyen para el cumplimiento de su misión y ejercicio de sus funciones”; y “Fomentar y participar con las autoridades civiles en actividades socio-culturales y cívicas en aspectos relacionados con el medio marítimo”.

Conforme a lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha coordinado conjuntamente con otras dependencias diversos programas en los que participan los jóvenes conscriptos en el sector educativo, deportivo, y de labor social; entre ellos destacan el Programa de Atención a Jóvenes Conscriptos del Servicio Militar, en coordinación con la SEP, y Conscriptos y Voluntarias del Servicio Militar Nacional para la Prevención de Adicciones, en coordinación con la Secretaría de Salud.

TERCERA.Sobre la realización del Militar Nacional supervisado por las autoridades municipales.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional para la organización del Servicio Militar Nacional; al respecto se cita al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

“A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea;

II.- Organizar y preparar el servicio militar nacional;

III.- Organizar las reservas del Ejército y de la Fuerza Aérea e impartirles la instrucción técnica militar correspondiente;

XIII.- Dirigir la educación profesional de los miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea, y coordinar, en su caso, la instrucción militar de la población civil;

El Articulo 115 fracciones III y V de la Constitución Federal, establece expresamente las funciones y facultades de los municipios, sin que se prevean la de supervisión en materia de adiestramiento del servicio militar.

Por otra parte, estas Comisiones Unidas consideran que establecer a los municipios atribuciones en materia de Servicio Militar, requeriría de la reforma del artículo 115 Constitucional.

Bajo el principio de legalidad, el cual establece que mientras los ciudadanos deben ser libres para hacer todo lo que no esté explícitamente prohibido por la norma; el poder público únicamente puede hacer lo que expresamente se señala en las Leyes.

Conforme a lo anterior, y como ya se expuso, debido a que ya existen disposiciones que atienden la situación que se pretende resolver, estas Comisiones determinan innecesaria su aprobación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, emiten el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Acuerdo

Se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio Militar y se da por concluido el trámite legislativo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 13 días del mes de marzo de 2013.

COMISION DE DEFENSA NACIONAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA."

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Salud, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD, EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de octubre de 2010, los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud la Iniciativa de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa que origina el presente dictamen, propone diversas reformas en materia de donación y trasplante de órganos infantil, para que con ello, se permita ampliar el espectro de donantes, así como atender las necesidades específicas de los menores de edad que se encuentran en peligro de perder la vida, por no encontrar un órgano o tejido disponible y que además, sea compatible con el que tienen acceso.

Las reformas propuestas a la Ley General de Salud y del Código Federal de Procedimientos Civiles, promueven la validación del consentimiento del menor de edad para que éste pueda disponer sobre su cuerpo, observando que sea siempre, a través de sus representantes legales.

Así también, señala que será siempre a través de la representación legal, la legitimación de la decisión de los menores de edad para que puedan expresar su consentimiento ante la donación de órganos, y por tanto sea válido.

Expresa de igual forma que, para que el acto sea posible, se requerirá del consentimiento expreso de los representantes legales, a través de instrumento público o privado, y la resolución favorable del Comité Interno de Trasplantes y Comité de Bioética de los establecimientos de salud donde se pretenda realizar la donación y trasplante de órganos.

El instrumento que se analiza, propone que toda solicitud de intervención quirúrgica donde se realice una donación y posterior trasplante de órganos, deberá contener el consentimiento del representante legal debidamente validado, es decir, si es a través de instrumento público –ante notario, y privado ante la presencia de testigos-. Si existe controversia, entre los padres del menor de edad que desea donar sus órganos y tejidos en vida, la parte controvertida recurrirá ante el juez de distrito en la materia para que resuelva a la brevedad. Asimismo señala que, antes de que llegue el procedimiento legal a controversia, la requisitoria dará a conocer al Comité Interno de Trasplantes y Comité de Bioética de los establecimientos de salud. Donde éstos últimos, una vez que tienen conocimiento del caso, darán vista al Ministerio Público de la Federación por su carácter de representante social, por los riesgos y abusos que pudieran existir en torno a la participación de un menor de edad en el acto.

Por otra parte, la reforma contempla modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de establecer la facultad para que los jueces de distrito en materia civil conozcan sobre los casos controvertidos en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos infantil; la designación para que el Juez de Distrito en materia civil intervenga en este asunto, se fundamente con el carácter federal que tiene el ejercitar el control y vigilancia de las donaciones y trasplantes de órganos y tejidos y células de seres humanos. La iniciativa considera también reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles para atender la competencia material que detalladamente les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, dicha propuesta reconoce que la competencia por materia para validar el consentimiento es estrictamente civil, de potestad para su regulación tanto para la federación como para las entidades federativas, por ello, las reglas generales del procedimiento de la Validación del Consentimiento se proponen para su inclusión en el Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo éste el ordenamiento idóneo tanto en la materia como en la competencia.

Para ilustrar la reforma propuesta, se reproduce el texto íntegro de la iniciativa:

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 326, 332 y 333; se adicionan los artículos 326 BIS, 326 TER y 326 CUATER, todo ello de la Ley General de Salud, para quedar como siguen:

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:

Será inválido el consentimiento tácito o expreso otorgado por menores de edad, salvo que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 326 BIS.

El consentimiento expreso otorgado por interdictos o personas que por cualquier discapacidad, trastorno físico o mental se encuentren impedidas para expresarse libremente es nulo de pleno derecho.

Artículo 326 BIS.- Para que los menores de edad puedan disponer sobre sus órganos, es indispensable el consentimiento expreso de sus representantes legales, así como de la resolución favorable de los Comités Internos de Trasplantes y Bioética de los establecimientos de salud donde se pretenda realizar la donación y trasplante.

El Comité de Bioética deberá dar vista al Ministerio Público de la Federación de cualquier solicitud de donación en vida, donde el donante sea un menor de edad.

En el caso de que se presente controversia, los interesados podrán recurrir ante la autoridad judicial correspondiente.

Artículo 326 TER.- La requisitoria que se interponga ante los Comités Internos de Trasplantes y de Bioética de los establecimientos de salud para tales efectos, deberá contener cuando menos: 

I.- El consentimiento de la madre o padre, tutor, quien ejerza la patria potestad del menor, persona de confianza o representante legal, el cual se reconocerá a través de instrumento público o privado;

II.- La señalización del órgano, tejido, células y derivados, objeto de la donación;

III. Que el órgano, tejido, células y derivados, objeto de la donación, tengan por destino trasplantarse a los ascendientes y parientes colaterales hasta el segundo grado del menor donador, previa comprobación médica de compatibilidad con el receptor;

IV.- Contar con dictamen médico actualizado en el que se acredite el favorable estado de salud físico y psicológico del menor donador, así como el grado de riesgo al que será sometido el mismo por la intervención quirúrgica ante el trasplante;

V.- La opinión del médico de cabecera del receptor y del donante, así como la vertida por dos médicos ajenos al caso, avalando o no la decisión de la donación.

VI.- Las demás que dispongan el presente y otros ordenamientos;

Estas reglas no serán aplicables para menores de 14 años, ni para aquellas personas que cumpliendo el rango de edad autorizado manifiesten ante los Comités Internos de Trasplantes y de Bioética o Juez, su negativa ante la donación, aún y cuando se atiendan los requisitos anteriormente establecidos. El menor de edad donante en cualquier momento puede revocar su decisión.

El juez competente en la materia podrá suplir dicho consentimiento, sólo en el caso de que el menor de edad donante no cuente con el consentimiento de la madre o padre, del tutor o quien ejerza su patria potestad, o bien se encuentre ante falta de éstos.

Artículo 326 CUATER.- Para que sea válido el consentimiento tácito otorgado por menores de edad, sólo se necesita la autorización de la madre o padre, tutor o quien ejerza la patria potestad, una vez confirmada la pérdida de la vida del disponente.

Artículo 332.-  La selección del donante y del receptor se hará siempre con prescripción y bajo control médico, en los términos que fije la Secretaría de Salud.

Se deroga.

Artículo 333.- Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante:

I. Ser mayor de edad, salvo que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículo 326, 326 BIS, y 326 TER, así como estar en pleno uso de sus facultades mentales;

II.a VI. …

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un Título Tercero al Libro Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles, denominado De la Validación del Consentimiento, para quedar como sigue:

TITULO TERCERO

DE LA VALIDACION DEL CONSENTIMIENTO

CAPITULO UNICO

EN MATERIA DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS

Artículo 543 bis.- Corresponde al Juez de distrito conocer de las controversias que se susciten en materia de donación y trasplante de órganos de menores de edad, en términos de lo dispuesto por los artículos 326, 326 BIS y 326 TER de la Ley General de Salud.

El Juez conocerá y resolverá de los casos controvertidos que versen sobre la existencia de vicios en el consentimiento del menor de edad donante; de la suplencia del consentimiento ante la falta de madre o padre, tutor, o quien ejerza la patria potestad del menor; del conflicto entre los padres del menor para autorizar la donación y trasplante; y los demás que se susciten.  

Artículo 543 bis1.- Toda contienda judicial que se motive en las anteriores causales, deberá contener además de los requisitos establecidos para la presentación de cualquier demanda, los documentos señalados en el artículo 326 TER de la Ley General de Salud.

La acción deberá ir acompañada además del domicilio de los médicos que intervengan en el caso para recibir notificaciones.

Artículo 543 bis 2.- El Comité de Bioética de los establecimientos de salud que tenga conocimiento sobre cualquier situación que pudiere menoscabar los derechos fundamentales de los menores de edad, deberá informar de inmediato al Juez de distrito correspondiente.

El Juez cuenta con veinticuatro horas para integrar el expediente con los documentos turnados y correr traslado de éste al Ministerio Público de la Federación, así como al Centro Nacional de Trasplantes, a fin de que en un plazo de dos días naturales presenten contestación y opinión sobre el caso particular.

El Ministerio Público mantendrá participación activa en las diligencias judiciales que al efecto se produzcan.

Artículo 543 bis 3.- En caso de que la acción fuere obscura o si subsistiera alguna irregularidad con el cumplimiento de los requisitos establecidos, el Juez prevendrá a los interesados para que en un término de dos días hábiles subsanen los defectos de la misma.

Artículo 543 bis 4.- El Juez en cualquier momento podrá citar a las personas que considere conveniente para que informen bajo protesta de decir verdad, sobre los hechos, dictámenes médicos y demás situaciones expresas u omisas en la requisitoria.

Artículo 543 bis 5.- El menor de edad donante, así como la persona receptora del órgano, tejido, célula y derivados, serán escuchados por el Juez, determinando para ello audiencia pública en la que se citará a todos los interesados. A petición de parte la audiencia podrá ser privada.

En el caso de que el receptor del órgano, tejido, célula y derivados, por su evidente estado de salud no pueda asistir ante el juez, éste acudirá para recibir su declaración en el lugar en que se halle.

Artículo 543 bis 6.- El Juez citará a los interesados a la única audiencia pública indiferible autorizada para desahogar las pruebas ofrecidas por las partes. Una vez realizada esta diligencia judicial, se oirán o presentarán alegatos por escrito y en el mismo acto se dictará la resolución que corresponda.

Artículo 543 bis 7.- En la presente actuación judicial será admisible toda clase de pruebas, excepto aquellas que fueran contra el derecho, la moral y las buenas costumbres.

Artículo 543 bis 8.- El Juez está obligado a resolver en un plazo que no exceda de los 15 días naturales, contando a partir de la fecha de presentación de la requisitoria.

El juzgador conducirá su resolución procurando el interés superior del niño, garantizando en todo momento que no se vulneren los derechos humanos de los menores de edad.

Artículo 543 bis 9.- En casos de excepción, cuando esté en peligro la vida del receptor, el juez conocedor de la causa, por la urgencia, podrá autorizar de inmediato la medida que se requiera.

Artículo 543 bis 10.- Ante la resolución favorable o negativa del Juez de distrito proceden aquellos recursos ordinarios de apelación. Laautoridad de alzada correspondiente buscará que el procedimiento sea lo más expedito posible.

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona una fracción séptima al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, recorriendo su enumeración a la actual, para quedar como sigue:

Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán:

I. a VI. …

VII. De las controversias que se susciten en materia de donación y trasplante de órganos de menores de edad, en términos de lo dispuesto por los artículos 326, 326 BIS y 326 TER de la Ley General de Salud, y

VIII.

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, invocan el artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; y aluden a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. El derecho a la salud, consagrado a través de la Constitución Política de nuestro país, se estableció entre otros, con la intención de lograr el bienestar físico y mental de los mexicanos de manera individual y colectiva, así como prolongar y mejorar la calidad de vida en general, pero sobre todo de los más desprotegidos.

Dicha inclusión, deriva de diversos tratados internacionales de los que México forma parte. Entre el más representativo se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que a travésde su Artículo 12, dice que las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán las necesarias para: la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, así como el sano desarrollo de los niños, y la creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de salud, entre otras no menos importantes.

C. Derivado de los ordenamientos señalados, encontramos que a través de la Ley General de Salud, el derecho a la salud tiene como finalidades las siguientes:

• El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

• La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

• La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

• La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

• El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

• El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

• El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

D. La donación de órganos, universalmente aceptada como un gesto totalmente altruista e incondicional de otorgar los órganos y tejidos o los de nuestros familiares directos, debe ser una práctica reconocida por nosotros o alguna persona de nuestra confianza, ya que una vez expresada la voluntad, debe trascender de manera tal que efectivamente puedan ser trasplantados a la persona que lo necesite. En este sentido, su reconocimiento encuentra cabida a través del Artículo 3º, fracción XXVI, de la Ley sanitaria, en el que se dispone sea materia de Salubridad General, lo concerniente al control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células. De manera más específica, el Título Décimo Cuarto de la “Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida”, establece los lineamientos a que deberán ser sujetos aquellos donantes de órganos, tejidos y/o células, así como de quienes serán trasplantados.

E. Incluso, atiende el tema motivo del presente dictamen como lo es “la donación en vida por parte de aquellas personas menores de edad”. En este tenor, se vuelve necesario señalar que desde la concepción del Capítulo aludido, y de manera más específica a través de los artículos 326 y 333 de la multicitada Ley, se planteó la restricción del consentimiento para la donación en lo que respecta a los menores de edad, quienes estarán impedidos para expresar libremente su consentimiento, por considerar, que la falta de madurez física y mental debe ser protegida de manera tal, que impida que sus acciones puedan afectar su desarrollo normal, debiéndose proteger legalmente tanto sus acciones como las de quien tiene su tutela.

F. En este tenor, se deben resaltar diversos aspectos de la Convención de los Derechos de los niños, adoptada y ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de fecha 20 de noviembre de 1989, misma que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 de la misma Declaración, la cual fue firmada por nuestro país, y ratificada el 21 de septiembre de 1990, a través de la cual se abordan diversos tópicos de vital trascendencia para la resolución de estas Comisiones Unidas que dictaminan.

Emanado de la convención citada, los artículos transcritos líneas más abajo, dan cuenta del interés superior que debe de existir para proteger los derechos de los niños. En ese tenor, las Comisiones Unidas deben expresar la preocupación de que los menores de edad puedan donar en vida algún órgano y/o tejido para ser trasplantado, disminuyendo de esa forma, según la exposición de motivos de la iniciativa, la enorme brecha que existe entre el número de donadores y quienes necesitan de alguno de ellos para restablecer su salud e incluso salvar su vida.

Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. …

Artículo 12

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

Artículo 13

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.

Artículo 14

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

c) a f)

3. y 4.

Artículo 36

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.

G. Los artículos aludidos de la Ley General de Salud, indican de manera específica la prohibición de que los menores de edad puedan donar en vida sus órganos, en virtud de que, como lo dicta dicha Convención, el Estado debe proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, a través de los órganos legislativos.

Además, los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta su opinión, en función de la edad y madurez. En este sentido, es que las Comisiones unidas expresan preocupación de que un menor de edad desee donar algún órgano que no necesiten, en virtud, de que si bien es cierto podrían ser sujetos de derechos y obligaciones para llevar a cabo una donación de manera responsable y ampliamente madurada, también es cierto que el padre o la madre, Tutor o representante legal, pueda considerar dicha acción, aprovechándose económicamente, sin importar la opinión del menor de edad, pudiéndose prestar a corrupción, trata de personas, explotación, privación ilegal de la libertad, abuso físico y mental, debiendo en este caso el Estado, a través de medidas legislativas, salvaguardar el interés de los menores de edad, que es evidentemente superior al de su deseo de donar, toda vez que el Estado tiene la obligación de proteger a la población en general pero sobre todo a las niñas, niños y adolescentes, quienes son el futuro de la sociedad.

H. Por otra parte, cabe resaltar que el espíritu de la iniciativa, pretende a todas luces buscar alternativas que permitan tener un mayor número de donantes en vida de órganos, sin embargo, éstas Comisiones dictaminadoras no pueden ser coincidentes con la propuesta, toda vez, que primero se debe fomentar la cultura de la donación de órganos en nuestro país, ya que cifras a nivel mundial nos colocan entre los países con menor número de donantes con apenas tres o cuatro por millón de habitantes, cifra que contrasta ampliamente con España, por ejemplo, que tiene entre treinta y cuatro, y treinta y seis donadores potenciales por millón de habitantes. Éste país, que se encuentra a la vanguardia en la realización de trasplantes, pero con la característica de que los órganos, tejidos y células son de donador cadavérico, que quiere decir, que quien en verdad tuvo la aceptable decisión de donar, fueron los familiares directos, tiene una enorme trascendencia, toda vez que ello se ha logrado por las campañas que las autoridades sanitarias han realizado, aunado a las que se realizan desde la sociedad civil, que han servido para que el familiar o familiares decidan convencidos, y que a pesar del dolor que les provoca la muerte de un ser querido, la donación de los órganos, y/o tejidos del occiso, resarcirá la salud o salvará la vida de un desconocido o de un familiar. Y segundo, medir la madurez del menor de edad y el estado de conciencia que conlleva realizar una acción como la donación, debe ser sin duda el fin mayor que se pretende, toda vez que el Estado es el principal interesado de salvaguardar su salud, en coadyuvancia y de manera directa con sus padres, tutor o representante legal.

I. Concluyendo las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, que no coinciden en permitir una decisión de los menores de edad, como lo es donar en vida un órgano, aún sabiendo que la autorización recaería en el madre o el padre, el tutor o el representante legal, y que en caso de controversia incidiría un juez civil federal, no puede permitirse o facultarse como medida que disminuya la relación entre donadores y de personas que requieran precisamente de un órgano, sabiendo que existe una alternativa mayor que debe ser explorada de manera más amplia, como lo es que exista una campaña de donación de órganos dirigida a toda la población.

J. Con base en las consideraciones que forman parte del presente documento, los integrantes de las Comisiones unidas, consideran que no es de aprobarse la iniciativa de los senadores proponentes, por lo que, con fundamento en el artículo 182 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Unico.- Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 326, 332 y 333; adiciona los artículos 326 BIS, 326 TER y 326 CUATER, de la Ley General de Salud; Se adiciona un Título Tercero al Libro Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles, denominado De la Validación del Consentimiento, y se adiciona una fracción séptima al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, recorriendo su enumeración a la actual, con base en las consideraciones expuestas en el cuerpo del presente dictamen.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. No habiendo reservas de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los nueve dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los nueve Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

Tenemos la discusión de diversos dictámenes emitidos por comisiones, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de cada uno de los dictámenes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)

De la Comisión de Vivienda, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver el problema habitacional en la ciudad de Tijuana, Baja California.





 

COMISION DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE VIVIENDA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver la problemática que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la ciudad de Tijuana.

Una vez recibida la misma por la Comisión, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen del Punto de Acuerdo referido.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver la problemática que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la ciudad de Tijuana.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 2 de abril de 2013, la Senadora Angélica de la Peña Gómez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver la problemática que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la ciudad de Tijuana.

2. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a la Comisión de Vivienda para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la misma, se hace referencia al derecho que tienen las personas de contar con un lugar digno para vivir. Se trata de una de las condiciones necesarias para la supervivencia y para llevar una vida segura, autónoma e independiente. Que cuando se carece de este derecho, los demás derechos pueden sufrir un gran menoscabo.

También refiere la definición de “vivienda adecuada”, que la Organización de las Naciones Unidas señala como “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

Señala también que la dignidad y el decoro como características que tienen que ver con el acceso y dotación de servicios adecuados como son agua potable, alcantarillado, electricidad, drenaje entre otros servicios, se prevén en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece el derecho de toda familia a disfrutar una vivienda digna y decorosa.

Indica que “el derecho a la vivienda no se agota con el disfrute de la persona hacia adentro de su vivienda, sino que requiere de un ambiente externo que también sea adecuado”.

Menciona que en nuestro país este derecho y advierte enormes rezagos y problemas que requieren de su inmediata atención. Asimismo, se establece que el informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 de la Comisión Nacional de Vivienda, da cuenta que la prioridad del sector ya no es el financiamiento ni la edificación de vivienda, sino el entorno urbano pues la construcción de nuevos desarrollos habitacionales se hizo alejados de los centros de desarrollo sin equipamiento, infraestructura y servicios que afectó la calidad de vida de los habitantes.

Indica que uno de los casos que reflejan lo anterior, es el relativo al de los habitantes de 22 fraccionamientos de la ciudad de Tijuana, Baja California, donde desde al año de 1996 autoridades locales autorizaron al INFONAVIT, a instituciones bancarias y a diferentes empresas constructoras a edificar viviendas que, por carecer de controles, se realizaron con materiales de dudosa calidad.

La construcción deficiente de estas viviendas ha sido analizada por diversos estudios periciales y por profesionales en la construcción. Todos estos análisis concluyen que las viviendas debido a su pésima construcción, son inhabitables y requieren ser demolidas.

La organización denominada Tijuanenses por una Vivienda Digna, ha realizado un número importante de gestiones ante las autoridades del INFONAVIT, las propias del estado de Baja California, así como ha interpuesto las denuncias penales tanto federales como del fuero común, sin que hasta el momento hayan obtenido alguna respuesta satisfactoria para la solución de sus derechos colectivos, por lo que se han visto en la necesidad de trasladarse desde su lugar de origen hasta el Distrito Federal a realizar las gestiones ante autoridades antes señaladas, e incluso, han tenido que acudir ante las propias Cámaras del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder ser atendidos, lo que representa un desgaste permanente no sólo de carácter económico sino humano.

III. CONSIDERACIONES

Los Senadores integrantes de la Comisión de Vivienda desean primeramente, reconocer los rezagos y problemas en materia de vivienda que requieren de su inmediata atención y solución.

Del mismo modo, señalan que es intención de la Comisión de Vivienda ser un medio vinculador entre los actores de la sociedad y las dependencias de la administración pública federal que se encuentran inmersos en el tema de la vivienda.

Derivado de ello, y después de analizar exhaustivamente el presente asunto, los senadores integrantes de dicha Comisión precisan el siguiente análisis:

1. En una primera queja, en el año 2000 el C. Guadalupe Oliver Vázquez Ibarra, Presidente de la Asociación “Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digna” y residente del Condominio Conjunto Habitacional Pórticos, interpuso en la Delegación Baja California a la que recayó el número de expediente 546/2000/705, en contra de los proveedores Geo Baja California S.A. de C.V. y del INFONAVIT, respecto de las deficiencias que presentaban los inmuebles del fraccionamiento antes citado.

Con fecha 7 de julio de 2000, ante la incomparecencia del consumidor a la audiencia de conciliación, se turnó el expediente al Archivo General como asunto concluido.

2. En una segunda queja con fecha 20 de junio de 2008, el C. Vázquez por sí y en representación de las familias del conjunto habitacional antes referido en su carácter de Administrador General, interpuso queja en contra de los proveedores Geo Baja California S.A. de C.V. y del INFONAVIT por las deficiencias que presentan algunos inmuebles, sin precisar las mismas de manera específica de cada uno de los inmuebles del citado fraccionamiento.

Asimismo, en una opinión formulada por el INFONAVIT se alude entre otras cosas, a que la empresa Geo Baja California S.A. de C.V. es responsable de los daños ocasionados. Sin embargo, el Instituto ha manifestado en todo momento la intención de resolver la problemática, misma que el C. Vázquez no ha aceptado, ya que solicita una vivienda nueva en otro terreno, con el diseño que él propone y con otra constructora.

Sin embargo, en la audiencia de conciliación derivada del procedimiento de esta segunda queja, se acordó que ésta fue planteada por el consumidor en los mismos términos de la primera queja al constituir los mismos hechos materia de la reclamación presentada en el año 2000, por lo que se hizo efectivo el contenido del artículo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que a la letra dice:

“Artículo 112.- (…)

En caso de que el reclamante no acuda a la audiencia de conciliación y no presente dentro de los siguientes 10 días justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá por desistido de la reclamación y no podrá presentar otra ante la Procuraduría por los mismos hechos”.

3. De manera adicional a lo anterior, no se tiene conocimiento de la garantía otorgada a los inmuebles por daños estructurales, del número de inmuebles que presentan daños estructurales, así como del contenido de los diversos estudios periciales y por profesionales en la construcción que se aluden en el escrito de la Senadora Peña.

Por lo anteriormente expuesto y no obstante lo anterior, en el supuesto de acreditarse los daños estructurales de los inmuebles, y de que se pueda acreditar que la parte consumidora ha interrumpido el término de prescripción que es de 3 años, los integrantes de la Comisión de Vivienda sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto ala división de poderes, hace un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ejercicio de la facultad concedida por el artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en concordancia con lo dispuesto en el Libro V de las Acciones Colectivas establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, coadyuve, a través de la Dirección General Adjunta de Acciones de Grupo de la PROFECO, a resolver el problema habitacional en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 17 de abril de 2013.

COMISION DE VIVIENDA”.

De la Comisión de Vivienda, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la información sobre el Plan Nacional de Vivienda.





 

COMISION DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE VIVIENDA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante esta Soberanía del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Una vez recibida la misma por la Comisión, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen del Punto de Acuerdo referido.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPOSICION” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante esta Soberanía del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de febrero de 2013, el Senador Víctor Hermosillo y Celada del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se solicita la comparecencia ante esta Soberanía del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

2. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a la Comisión de Vivienda para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la misma se señala que el pasado lunes 11 de febrero de 2013, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto presentó su Política Nacional de Vivienda (PNV), la cual enmarca un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda rural.

Que la PNV se basa en cuatro estrategias. La primera es lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. Para esto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) será la encargada de ejecutar, sectorizar y coordinar todas las acciones comprendidas en el plan de vivienda, así como a las dependencias de la Comisión Nacional de Vivienda, la Comisión de Regulación de Tierras y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Que la segunda acción será transitar hacia un desarrollo sustentable e inteligente, por lo que el Gobierno hará uso del financiamiento de vivienda para orientar el desarrollo territorial y urbano del País; intentar controlar la expansión de las manchas urbanas y reordenar las metrópolis.

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Y que la tercera estrategia se refiere a reducir de manera responsable el rezago en vivienda, pues actualmente existe un déficit de 9 millones de casas y para este año, el gobierno impulsará más de un millón de acciones de lotificación, construcción y ampliación y mejora en hogares, tanto en el campo como en ciudades.

La última acción del plan es procurar una vivienda digna para todos los mexicanos, por lo que se habrán de lanzar 320 mil acciones de mejoramiento a la vivienda.

También señala la proposición que el PNV está lleno de generalidades y lugares comunes. No hay líneas de acción ni estrategias concretas. No explica cómo se va a controlar la expansión de manchas urbanas o cómo habrá de coordinarse la SEDATU con las demás dependencias o en qué consisten exactamente las acciones de mejoramiento a la vivienda o cómo se piensa reordenar las metrópolis.

Además, el PNV señala que la industria de la vivienda requiere de hacer ajustes estructurales por lo que se establecerá un periodo de transición de hasta 24 meses, para que todos los actores puedan realizar los cambios necesarios.

En este rubro no se explica en qué consisten ni los ajustes estructurales ni los cambios necesarios. Indica que es poco claro sobre los cambios que experimentaría el sector en los próximos años.

Señala que el titular de la SEDATU afirmó que en junio-julio de 2013, se difundirán los nuevos lineamientos para permitir a las constructoras adaptarse.

Que en el cuarto eje de la PNV, se afirma que las acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda serán focalizadas de manera prioritaria en los 400 municipios que prevé la Cruzada Nacional contra el Hambre. El problema es que no se sabe con base en qué metodología se seleccionaron esos 400 municipios.

Finalmente, las interrogantes e inquietudes mencionadas en las Consideraciones, así como el ser la instancia coordinadora de la política de vivienda, además de presidir la Comisión Intersecretarial en la materia, son el motivo de esta Proposición.

III. CONSIDERACIONES

Los Senadores integrantes de la Comisión de Vivienda, desean primeramente, reconocer a la vivienda como una de las necesidades básicas del individuo, así como uno de los más fieles termómetros del bienestar social.

La vivienda no puede ser vista como sector que pueda improvisarse año con año; se trata, por el contrario, de un detonador de crecimiento económico y de justicia social, en virtud de las necesidades de vivienda que nos plantea la estructura demográfica del país.

Los Senadores integrantes de la Comisión Dictaminadora, reconocen que el crecimiento de las manchas urbanas en los últimos años se ha dado de forma anárquica y sin considerar la aplicación de los instrumentos de la planeación urbana y el ordenamiento territorial.

Del mismo modo, desean precisar que los últimos años han estado marcados por una política de vivienda enfocada a reducir del rezago habitacional, pero también ha generado retos significativos en materia de desarrollo urbano y expansión de las ciudades, así como en la relación de la vivienda con su entorno.

Consecuentemente, los integrantes de la Comisión de Vivienda desean expresar que, después de analizar con toda puntualidad la presente Proposición, y considerando la necesidad de despejar todas las dudas señaladas en el capítulo de consideraciones, existe un consenso generalizado sobre la importancia de tener información precisa por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Vivienda sementemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 130, numeral VII y del artículo 133, numeral VIII del Reglamento del Senado, solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, remita a la Comisión de Vivienda del Senado de la República, toda la información necesaria y detallada sobre el Plan Nacional de Vivienda y los criterios con los que fueron seleccionados los 400 municipios en los cuales se focalizarán las acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 17 de abril de 2013.

COMISION DE VIVIENDA”.

De la Comisión Para la Igualdad de Género, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las 14 entidades de la República Mexicana y a los partidos políticos en donde se celebrarán elecciones este 2013, a cumplir con la cuota de género.





 

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)



De la Comisión Para la Igualdad de Género, que contiene punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a incluir la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.





 

COMISION DE MARINA

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene punto de Acuerdo que solicita un informe sobre el título de la concesión minera del proyecto de San José, otorgada a la empresa Fortuna Silver Mines.





 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a tomar medidas para evitar la especulación y el incremento del precio del huevo.





 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene punto de Acuerdo por el que se desechan los resolutivos tercero y cuarto de la proposición en torno al proyecto Dragon Mart Cancún.





 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

 

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a analizar las presuntas prácticas monopólicas de los hoteles ubicados en Cancún, Quintana Roo.





 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Derechos Humanos, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a impulsar las acciones necesarias tendientes a eliminar y sancionar la práctica de solicitar pruebas de no gravidez y de detección del VIH/SIDA.





 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Derechos Humanos, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fortalecer y expedir el marco jurídico contra la discriminación.





 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Derechos Humanos, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.





 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Derechos Humanos, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a remitir información correspondiente del estado que guarda el proceso de migración de la información de las bases de datos sobre las personas extraviadas o desparecidas.





 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Derechos Humanos, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un diagnóstico sobre la violencia sexual y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.





 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Justicia, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Procurador General de la República a remitir un informe sobre el estado de las averiguaciones previas relacionadas con el caso de la deuda de Coahuila





 

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Justicia, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de Sinaloa a llevar a cabo el proceso legislativo tendiente a armonizar su legislación en materia de ejecución de sentencias penales.





 

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Justicia, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit a garantizar a la joven agredida en un Centro de Salud Rural de la comunidad de "El Macho", el cumplimiento de sus derechos consagrados en la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el estado de Nayarit.





 

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Justicia, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de San Luis Potosí a llevar a cabo un análisis sobre la constitucionalidad del artículo 168 del Código de Procedimientos Penales para dicho estado.





 

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Justicia, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar el estado que guardan las investigaciones, así como el proceso de identificación de las personas que fueron asesinadas en los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010.





 

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Justicia, que contiene punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta al titular del Ejecutivo a desistirse y retirar del procedimiento legislativo la iniciativa de Ley General de Atención y Protección de Víctimas.





 

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Justicia, que contiene punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a establecer elementos objetivos de selección para integrar quince ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.





 

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)



De la Comisión de Justicia, que contiene punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que solicita resolver la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas.





 

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Están a discusión dichos dictámenes. No habiendo oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de visitantes del municipio de Acaxochitlán del estado de Hidalgo, invitados por nuestro compañero Senador Omar Fayad Meneses.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)

Igualmente, esta Presidencia saluda al Presidente de la Red Chiapaneca en el Valle de Anáhuac, al Presidente de la Agrupación de Chiapa de Corzo en el Distrito Federal y al Presidente de la Asociación de Chiapanecos de la Sierra, invitados por nuestro compañero el Senador Zoé Robledo Aburto.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Turismo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo a expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, presentada por el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el acuerdo propuesto.

ANTECEDENTES

1.- El 4 de abril de 2013 el Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el reglamento de la Ley General de Turismo publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, misma que fue suscrito por las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez García, Hilda Estela Flores Escalera, Laura Itzel Sarahí Ríos de la Mora y por el Senador Carlos Mendoza Davis.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de Acuerdo propone lo siguiente:

Unico: Se formula un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal a fin de que en el ámbito de sus facultades, expida el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicada con fecha 17 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El promovente da cuenta que la actividad turística en nuestro país, ha sido una importante plataforma de desarrollo y ha contribuido de manera fundamental a mejorar el nivel de vida de muchos mexicanos por ser una fuente importante de generación de empleos y de divisas, permitiendo al mismo tiempo, un aprovechamiento racional de nuestros recursos.

Comenta que el turismo representa el 9 por ciento del PIB y es la tercera fuente de divisas en el país, genera 2.5 millones de empleos directos y participa en él más de 43 mil unidades económicas (80 por ciento pequeñas y medianas empresas).

Refiere también que en los últimos años la realidad ha demostrado quela industria turística nacional, aun cuando se trata de un destino de reconocimiento internacional, requiere de la adopción de medidas que incentiven el sector, que debe considerarse como estructural. Señala que es necesario que las políticas públicas le den un nuevo impulso, para hacer del turismo una industria competitiva, moderna, sostenible y responsable.

El Senador promovente establece que en concordancia con la trascendencia de la actividad turística con fecha 17 de junio de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Turismo, se reforma la fracción VI y se deroga la fracción VII, del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en virtud de lo anterior, quedo abrogada la Ley Federal de Turismo.

También señala que en el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Turismo se estableció que la Secretaría de Turismo debía emitir el Reglamento de la ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto, asimismo, dicho precepto mandataba la reestructuración administrativa de la SECTUR, sin embargo, comenta el promovente, es el caso que hasta la fechano se ha expedido este reglamento.

Finalmente señala que esta facultad reglamentaria tiene la finalidad de desarrollar a detalle el contenido de una ley a fin de facilitar el ámbito de su aplicación, tomando en cuenta que el Ejecutivo se encuentra en contacto más cercano de los hechos que la ley pretende normar, además de estar en mejor posibilidad de realizar las adecuaciones de manera oportuna a las circunstancias variables en que tiene que ser aplicada.

Así, la facultad reglamentaria es uno de los pilares fundamentales de la función administrativa y en la materialización de la ejecución de las leyes, que en el caso concreto es la Ley General de Turismo, por ello, el promovente considera necesario que el Ejecutivo Federal, proceda a la publicación del Reglamento con el contenido de las normas y preceptos necesarios para que el contenido de la leyen mención, pueda ser aplicada y cumplida en sus términos.

CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en señalar que la actividad turística en nuestro país, ha sido una importante plataforma de desarrollo y ha contribuido de manera fundamental a mejorar el nivel de vida de muchos mexicanos, por ser una fuente importante de generación de empleos y de divisas, lo que sin duda, contribuye a combatir la pobreza en los países en vías de desarrollo.

La actividad turística se ha caracterizado por tener una constante tasa de crecimiento a nivel mundial, por mantener un importante grado de competitividad entre los diferentes destinos turísticos y por potenciar los atractivos naturales, históricos y culturales de cada nación.

En este sentido, los Senadores integrantes de esta Comisión Legislativa, reconocen la importancia de conservar nuestra basta herencia natural y cultural, es necesario que la actividad turística mantenga procesos ecológicos esenciales, que mantenga pleno respeto por la autenticidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas y que logre que el potencial económico beneficie prioritariamente a todos los habitantes de las zonas con atractivos turísticos.

Bajo estas premisas, en 2009 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Turismo, la cual establece el marco jurídico para impulsar la inversión, la captación de divisas, la generación de empleos y el desarrollo regional, promoviendo la competitividad que requiere el sector bajo criterios de sustentabilidad.

De manera muy puntual, este nuevo ordenamiento contempla las bases de coordinación al distribuir obligaciones y facultades de los tres órdenes de gobierno en materia de turismo, bajo los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad.

La premisa fundamental de la Ley General de Turismo es convertir al sector turístico en un detonante de desarrollo económico y social, manteniendo siempre la protección a nuestros recursos naturales y culturales.

Para lograr lo anterior, la ley dotó de nuevas facultades a la Secretaría de Turismo, y se estableció que su reestructuración se daría en el Reglamento de la ley, el cual, como lo señala el promovente, lo emitiría la Secretaría dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de su entrada en vigor.

Esta Comisión Dictaminadora reconoce que la emisión del Reglamento, es fundamental para el accionar de este nuevo ordenamiento jurídico, ya que entre otras acciones, incluye la reestructuración de la Secretaría de Turismo, de acuerdo a los nuevos señalamientos que tiene la ley.

En el Reglamento también se deberán establecer los requisitos y el procedimiento para la emisión de la Declaratoria de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, así como la clasificación de las mismas.

Otro de los asuntos que se deberá desarrollar en el Reglamento de la Ley General de Turismo es el establecer las personas físicas y morales que están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo.

Con estos ejemplos, los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora, reafirman la importancia que tiene la publicación del Reglamento de la Ley General de Turismo, ya que será el que le de aplicación a las facultades que la ley da a todos los que intervienen en la actividad turística.

Es importante mencionar, que la Secretaría de Turismo ha hecho del conocimiento de esta Soberanía que uno de los motivos por los cuales no emitía el Reglamento de la Ley General de Turismo es porque en 2009 el Gobierno del Distrito Federal, interpuso ante la Suprema Corte de la Nación una Controversia Constitucional en contra de la Ley General de Turismo, ya que, entre otras razones, se consideraba que el Congreso de la Unión invadió facultades que de manera exclusiva le corresponden al Gobierno del Distrito Federal en materia de turismo, además establecía que el artículo Cuarto, Transitorio de la citada ley es anticonstitucional ya que la facultad reglamentaria es exclusiva del Ejecutivo Federal y no de la Secretaría de Turismo, como lo establece la ley.

Así, por la razón mencionada, el Ejecutivo Federal, considero necesario esperar la resolución de la Controversia Constitucional para emitir el Reglamento, dado que su emisión era litis jurisdiccional.

En enero de 2013, por mayoría de seis votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que es constitucional la Ley General de Turismo que emitió el Congreso de la Unión.

Más sin en cambio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la Inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley General de Turismo. Entre ellos los artículos 39, el 54 y el 48, estos dos últimos en la porción normativa que indica: “la secretaría mediante”.

Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del Artículo Cuarto Transitorio, que establecía la obligación de la Secretaría de Turismo de emitir el Reglamento de la ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto.

Los integrantes de la Comisión de Turismo, reconocen la situación procesal que guardaba la Ley General de Turismo, razón por la cual, la actual administración federal y la anterior, no publicaron el Reglamento de esta ley, pero una vez que ya se conocen los alcances de la Resolución de la Suprema Corte de Justicia, y la ley fue declarada constitucional, creemos que el Ejecutivo Federal puede emitir el Reglamento de la Ley General de Turismo.

Cabe señalar que en la pasada reunión que tuvo esta Comisión con la Titular de la Secretaría de Turismo, Lic. Claudia Ruiz Massieu, ésta comentó que ya se está trabajado con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para a la brevedad, publicar dicho Reglamento, incluso mencionó que ya se está trabajando con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la autorización presupuestal de la reestructura que la Secretaría de Turismo debe realizar como lo indica La Ley General de Turismo.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO: El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad posible el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009 y con ello darle aplicabilidad a las facultades y obligaciones que se enumeran en esta ley, en beneficio de la actividad turística nacional.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 17 de abril de 2013.

COMISION DE TURISMO”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Y para hablar a nombre de la comisión, ha pedido hacer uso de la palabra, y se le concede el uso de la misma, a la Senadora Angélica Araujo Lara para presentar el dictamen.

- La C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

En días pasados, el Senador Ricardo Barroso y varios Senadores suscribimos este importantísimo punto de Acuerdo al cual el día de hoy hago uso de esta tribuna, a nombre de las y los integrantes de la Comisión de Turismo, para posicionar este dictamen que pretende hacer un exhorto de manera respetuosa al Ejecutivo Federal a fin de que se emita el Reglamento de la Ley General de Turismo para darle funcionalidad a ese ordenamiento jurídico y potencializar la actividad turística.

Todos sabemos que el turismo es una importante plataforma de desarrollo y contribuye de manera fundamental a mejorar el nivel de vida de muchos mexicanos por ser una fuente importante de generación de empleos y de divisas.

Sólo por darles una cifra, el turismo representa el 9% del Producto Interno Bruto, es la tercera fuente de divisas y genera aproximadamente 2.5 millones de empleos directos y 5 millones de empleos indirectos. Es la actividad con mayor crecimiento en nuestro país, y si la encaminamos hacia metas concretas potenciará el desarrollo económico y social de México.

Bajo esa visión y logrando un gran consenso, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Turismo, instrumento que establece el marco jurídico que nos permitirá promover inversión, generar empleos, impulsar el desarrollo regional y la competitividad. Para ello la ley dotó de nuevas facultades a la Secretaría de Turismo y se establecieron las bases de coordinación de los tres niveles de gobierno en materia turística bajo criterios de legalidad, sustentabilidad y competitividad.

Para lograr el pleno accionar de este nuevo ordenamiento jurídico es importante y fundamental contar con su reglamento, ya que, entre otras acciones, en este reglamento se incluiría la reestructuración de la Secretaría de Turismo, de acuerdo a sus nuevas facultades; asimismo, ahí se establecerían los requisitos y el procedimiento para determinar las declaratorias de las zonas de desarrollo turístico sustentable, así como la clasificación de las mismas. Además, en este reglamento estarán señaladas las personas físicas y morales que estarán obligadas a inscribirse en el registro nacional de turismo, que va a ser el catálogo público que permitirá conocer mucho mejor el mercado turístico y establecer comunicación con los prestadores de estos servicios cuando todos así lo requieran.

Desde su entrada en vigor de esta ley, el pasado año 2009, esta ley no se ha podido aplicar, ya que no cuenta con el reglamento respetivo; hay que aclarar que esto debido a que el gobierno del Distrito Federal interpuso ante la Suprema Corte de la Nación una controversia constitucional en contra de esta ley, ya que consideraba que el Congreso de la Unión invadió facultades que de manera exclusiva le correspondían al gobierno del Distrito Federal en esta materia. Además, controvirtió la inconstitucionalidad del Artículo Cuarto Transitorio de la ley que mandataba a la Secretaría de Turismo a emitir su reglamento dentro de los 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto, toda vez que la ley reglamentaria es una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal y no de la Secretaría de Turismo, como lo establecía en su momento la ley.

En virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal consideró necesario esperar la resolución de la controversia constitucional, dado que la emisión del ya citado reglamento estaba en litis jurisdiccional.

Compañeras y compañeros Senadores, a principios de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la Ley General de Turismo que emitió el Congreso de la Unión es constitucional, no obstante, declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la misma, entre ellos los artículos 39, 54 y 48, estos dos últimos porque daban a la Secretaría de Turismo las facultades que le corresponden únicamente al titular del Ejecutivo. Asimismo, declaró la inconstitucional del Artículo Cuarto Transitorio.

Ahora, y una vez que tenemos la certeza de su constitucionalidad, creemos que es importante y necesario emitir a la brevedad posible su reglamento.

Tenemos claro cuáles fueron los motivos por los que el actual Poder Ejecutivo Federal, y también, en su momento, el anterior Poder Ejecutivo Federal no emitieron el reglamento en oportunidad, pero una vez que ya se conocen los alcances de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es momento de darle aplicabilidad a las facultades y obligaciones que se enumeran en esta ley en beneficio de la actividad turística nacional.

Por lo anterior, y a nombre de todos los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo, les pido a todos ustedes, compañeros Senadores, su voto a favor de este importante dictamen, a fin de hacer una petición muy respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para que a la brevedad posible se publique este reglamento, lo que sin duda será una herramienta para alcanzar el objetivo que se trazó, que es colocar a nuestro país como un destino de clase mundial.

Muchas gracias, Senadores.

(Aplausos)

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Angélica Araujo. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a rendir un diagnóstico sobre las condiciones actuales en las que opera dicho instituto.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Está a discusión. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en pro del dictamen.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Este dictamen plantea la necesidad de contar con información precisa sobre las actividades y acciones que realiza el Instituto Nacional de Migración para su mejora y fortalecimiento.

En los últimos seis años se realizó un esfuerzo sin precedentes a través del instituto para dimensionar el tamaño de la tarea que ha realizado tan solo del 1º de enero de 2007 al 30 de junio de 2012.

El Instituto Nacional de Migración brindó orientación a 1 millón 440,000 migrantes nacionales y extranjeros.

Brindó asistencia social a 1 millón 100,000 personas y localizó a 933 migrantes desaparecidos.

Desde luego que es una institución perfectible y por eso requerimos de un diagnóstico preciso.

Pero no podemos ni debemos dejar a un lado los resultados que ha dado a la fecha.

Este fin de semana, junto con la Senadora Layda Sansores y el Senador Zoé Robledo, visitamos la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, es la más grande de América Latina con capacidad para 900 personas.

Tan sólo en el 2012 de esa estación fueron repatriados más de 72,000 migrantes.

Hace falta profundizar en los cambios que requiere nuestra política migratoria. Y es necesario también que como país tengamos una visión de largo plazo y realista para dar seguimiento a un fenómeno que se ha agravado en los últimos años por dos razones, tan sólo entre 2012 y 2013, el número de mujeres migrantes aumentó en 9 por ciento y la cantidad de menores de edad migrantes creció en un 21 por ciento.

Ningún otro país en el mundo enfrenta un fenómeno migratorio tan complejo como el que vivimos. A diario transitan por nuestro país, por nuestras carreteras, por el sistema ferroviario, miles de personas desde Chiapas hasta Baja California, este fenómeno nos impacta a todos.

Las mejoras que podamos impulsar desde el Legislativo con base en un diagnóstico preciso como el solicitado, serán muy importantes no sólo para fortalecer el instituto, sino para avanzar en el desarrollo de una política de Estado que garantice el respeto a los derechos humanos; y sobre todo porque debemos ser congruentes e impulsar en nuestro país las mismas acciones que buscamos que en los Estados Unidos estén contempladas en su proyecto de reforma migratoria.

Se trata de ver a largo plazo y buscar soluciones de carácter regional, es por eso que vamos a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo, para hablar sobre el mismo asunto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia.

Estamos hoy aquí discutiendo este punto de Acuerdo a la proposición que presentó la Senadora Ana Gabriela Guevara el pasado 19 de febrero, por el que está exhortando al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a que remita a esta Soberanía un diagnóstico sobre las condiciones actuales en las que opera el Instituto Nacional de Migración.

Lo quiero suscribir de manera enérgica, porque como ya lo ha mencionado la Senadora Gómez del Campo, este fin de semana, este sábado y domingo, tuvimos oportunidad de hacer una visita la Senadora Gómez del Campo y la Senadora Layda Sansores, acompañados por personal de ACNUR a la estación Siglo XXI y también a otros centros de albergue de migrantes centroamericanos, que en su paso por Chiapas, viven una serie de abusos, muchos ocasionados y perpetrados por la delincuencia organizada, pero también muchos otros por autoridades, lo mismo del estado que de la Federación.

Por eso estamos sumándonos a este punto de Acuerdo, convencido de que lo que está ocurriendo, no solamente en Chiapas, en otros puntos de paso migratorio, se trata de una emergencia humanitaria de la que no podemos ser omisos.

Que nos condene nuestra representación si en unos años volteamos a ver lo que está ocurriendo hoy y nos damos cuenta de que está ocurriendo una catástrofe humanitaria y que no hicimos nada.

Lo hicimos, y lo hago convencido de que no podemos pensar en una integración regional entre el sur sureste de nuestra nación y el mercado centroamericano, como se ha planteado en muchas ocasiones y por diferentes gobiernos, llámese Plan Puebla-Panamá, llámese Proyecto Mesoamérica, no podemos pensar en esa integración, si no empezamos por atender los derechos humanos de los migrantes, cómo podemos pensar en ser socios comerciales si no empezamos defendiendo los derechos de nuestros connacionales, de personas que están buscando simplemente un mejor destino, están buscando nuevas condiciones de vida, hermanos centroamericanos que alguna vez fuimos parte de un mismo país, no podemos hablar de negocios, no podemos hablar de economías complementarias si no empezamos por atender esta catástrofe humanitaria.

Lo hago también convencido de que es hora de que se termine el doble discurso. En esta tribuna hemos escuchado enérgicos, vehementes discursos para los Estados Unidos de Norteamérica pidiendo que se protejan los derechos humanos de los migrantes mexicanos en su paso por el Río Bravo, y lo seguiremos haciendo, pero no tendremos la misma calidad moral, ni la misma autoridad, si no lo hacemos primero también defendiendo y protegiendo a los migrantes centroamericanos en su paso por nuestro país.

En este país también se está discutiendo la reforma migratoria en los Estados Unidos, es una reforma que puede ayudar a once millones de mexicanos y centroamericanos en la situación que viven actualmente.

Creo que es el momento en que hagamos uso de nuestra facultad exclusiva de atender y trabajar sobre el tema de las relaciones internacionales, empezando por lo más delicado, empezando por los derechos humanos de los migrantes.

Finalmente, quiero decirles que en este mismo viaje, vimos, pudimos observar muchas fallas institucionales. Por eso es tan importante este punto de Acuerdo, hay fallas institucionales por parte de autoridades del gobierno del estado que hacen un esfuerzo importante, por ejemplo, en el albergue del DIF, de Tapachula, un albergue con unas condiciones extraordinarias para recibir a muchísimos migrantes, sin embargo, hoy había, cuando llegamos nosotros, cinco migrantes nada más en unas instalaciones que podría albergar a cerca de 80 migrantes. Eso no puede estar ocurriendo, hay algo que no está funcionando bien, porque por el otro lado observamos al albergue del Padre Heyman en Arriaga, observamos el albergue del Padre Flor de María en Tapachula o de Olguita Sánchez, que el gobierno federal se llenó la boca cuando le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos y hoy tiene necesidades gigantescas que deben de ser atendidas en coordinación con las instituciones.

Este no es el trabajo nada más de una institución o de un orden de gobierno, creo que es trabajo absolutamente de todos nosotros.

En el momento en que podamos nosotros garantizar que en México no se violan los derechos de ningún migrante, que en México no vamos a permitir que personas como Elvira que se cayó de la Bestia, perdió una pierna y tiene un hijo en Guatemala, siga teniendo esa condición frente a un Estado mexicano que no hace nada.

Cada migrante que es invisible ante nuestros ojos, es una falla de nosotros, es una falla de todo el Estado y de la clase política en su conjunto.

Por eso estamos pidiendo el voto favorable para este punto de Acuerdo tan importante.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Zoé Robledo.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente.

Sí, para presentar mi apoyo y subrayar lo que dijo la compañera Mariana y el compañero Zoé después de esta visita, me convenzo que esta iniciativa, no tenemos de otra, Ana Guevara es una mujer muy prudente, pide que nos informe, que hagan diagnósticos, yo ya lo tengo, yo no pedía diagnóstico, yo pedía que el señor debe desaparecer, debe renunciar, Ardelio, porque no existe autoridad, al menos nos consta en la parte de la frontera sur, pero creo que debería desaparecer también el instituto y es a lo que voy, para qué sirven estos institutos cuando estamos viendo que la sociedad organizada es la que realmente está dando los frutos, y la que está dando la solidaridad y la que tiene la preocupación a la orden del día.

Yo creo que he llegado a la conclusión de que la frontera sur no existe y tampoco existe la autoridad, decía el Padre Flor de María con mucha puntualidad: “En la frontera sur hay ocho puertas, pero no hay ninguna pared y se cuelan a la vista de todos cientos y cientos de migrantes y los ocho puntos formales que tienen no pasan ni las moscas, gran fuente, gran aduana”. ¿Par qué sirve? Para gastar dinero, los dejan ir a morir ahí en La Bestia, que vayan más lejos para ver quién los mata, si los Zetas, o quién los encuentra en el camino y luego los regresan en autobuses Pullman, muy elegantes, que visitaron, yo no sé con quién es el negocio y entran 20 cada día a la estación, y ahorita tengo a dos migrantes ahí en la oficina de Honduras que vienen en la desesperación huyendo de los Zetas, porque ahí en Tenosique 72, donde me canso de pedir medidas cautelares para el Padre Tomás y para Rubén Figueroa, ya las pusieron, pero hoy se les fue la mano y pusieron tantos policías, lo tienen rodeado, es una muralla, que ahora ya no se acercan los migrantes a la casa de Fray Tomás y hoy pido medidas cautelares pero para los delincuentes, por favor, para que la policía les dé seguimiento, para que vean cómo es el recorrido a las orillas del tren y cómo bajan a los migrantes y tienen que pagar 100 dólares o se enfrentan a la muerte.

Aquí están ellos, denuncian lo que ellos vivieron, y fueron cuatro los compañeros que denunciaron, uno ya está muerto, el otro fue balaceado y dos están ahorita en mi oficina.

Creo que no puede ser esta indiferencia del gobierno, ¿para qué el señor Ardelio?, ¿para qué el Instituto Nacional de Migración?, nada más para que vayan a hacer ahí las colas por horas y por días para que les puedan dar alguna atención.

Y yo insistiré, porque esto es de vida o muerte, el Chakira, el 30-30, el Mudo, el Tartamudo, el Fantasma o el Pájaro los detuvieron cuando presentaron la denuncia, estuvieron 15 días y pagaron fianza, y hoy ellos son los que están presentando la denuncia contra Fray Tomás, ¿por qué? porque es una red de Los Chuchos, el Chucho 1 y el Chucho 2, que operan junto a la estación y nadie los ve, dónde está la policía, dónde están los institutos, tienen a los Grupos Beta y a no sé cuántas organizaciones cuidando, pero no pasa nada.

Entonces, si esto es un llamado de atención, tienen que actuar, pero aquí nada más actúan para poner cruces cuando encuentran las fosas, porque no hay manera de detener a los migrantes y tiene que haber otras estrategias como decía Mariana, si a largo plazo vencemos en un cerco de productividad, hablaba con una gente de la embajada, tenemos que visualizar de otra manera este problema, porque no es con balas, ni con muros como vamos a detener, estos son ejércitos de valientes dispuestos a jugarse la vida por un mejor destino, y nada más termino con una frase de un joven de 17 años, de muchos de ellos que encontramos en las cárceles, que les llaman estaciones migratorias con mucha elegancia, son viles cárceles y les decimos: ¿Y qué vas a hacer cuando regreses a tu tierra? “Pues descansar una semana y volver a intentarlo”.

Entonces, hay que buscar otras estrategias y yo creo que debe de haber otra forma de organizarnos, no con institutos sumamente costosos, nadie quiso decir cuánto cuesta sostener tantos camiones, tanta gente, 450 solamente de personal en la región de Chipas, creo que hay que cambiar el chip a estos señores encargados e irresponsables, y al señor Peña Nieto, también que se ponga las pilas.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Layda Sansores.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Víctor Hermosillo, del grupo parlamentario del PAN, para hablar sobre el mismo tema.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Verdaderamente es muy triste ser candil de la calle y oscuridad de la casa; lo que sucede en la frontera sur, de otra manera también sucede en la frontera norte.

A nuestros paisanos que expulsan de Estados Unidos no se les da ayuda alguna, se bajó el presupuesto total y ahorita en Baja California están expulsando al año a 180 mil de nuestros compatriotas, imagínense la presión que hay en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, cuando expulsan a 250 diarios, y antes se les daba como 100 pesos, ahora se cortó el presupuesto.

Yo tengo precisamente en puerta, ya está por salir, un exhorto para cambiar el artículo 84 de la Ley de Migración, para que sea obligación de nuestro país y del gobierno federal atender este asunto, este no es un asunto ni de Tijuana ni de Mexicali, ni del estado de Baja California, cuyas finanzas ya están precisamente muy recortadas, sino es un problema de la Federación.

Y lo mismo sucede en Chihuahua, y lo mismo sucede en Sonora, y lo mismo sucede en Tamaulipas. La manera como se soluciona esta situación no es la misma en Baja California como en Chihuahua, como en Sonora, como en Tamaulipas, es a base de la sociedad civil.

Compatriotas nuestros que se apiadan precisamente de la situación de estos compatriotas expulsados que vienen, se puede decir sin nada, y que han cooperado mucho para nuestro país a través de todo el fondo que mandan año con año, que es la tercera fuente de divisas que tenemos.

Por otro lado, personas que estén en el otro lado de una manera u otra, qué sucede, pues también, aquí en nuestro país la situación del empleo y cuando regresan nosotros los tratamos inhumanamente.

Es muy conveniente que venga precisamente esta autoridad a que nos dé cuentas aquí, qué está haciendo y qué presupuestos va a tener. A mí me dijeron que sí tienen presupuesto, nada más que lo canalizan para turismo, entonces, primero hay que atender lo nuestro.

Es muy difícil precisamente en una situación de comparecencia y quererle reclamar a Estados Unidos cuando nos enseñan las fotos nos dicen: oigan, pero cómo se atreven ustedes a venir a decirnos a nosotros que les demos a sus emigrados hot cakes en la mañana, hecho al mediodía, si cuando se regresan a su país ustedes los tratan de una manera despiadada.

Y lo mismo sucede en el sur del país con todo este peregrinar que ya todo mundo lo conoce, esa situación tiene que cambiar, digo, por dignidad nacional, cómo podemos nosotros como país tratar a nuestra gente así y después pedir que otro país los trate de una manera diferente.

Señores, entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que la comparecencia esta, y también de acuerdo en que pronto, cuando esté la reforma esta del artículo 84, sea apoyada por todos ustedes.

Ayer fui a Mexicali a ver los centros estos, y les compré a todos de esas sopas maruchan, para que todo el mes tengan comida. Y saben una cosa, un empresario de Mexicali me dijo, yo también coopero, o sea, hay voluntad de la ciudadanía, hay voluntad de los que van a Baja California, que la mayoría somos emigrantes, que fuimos a buscar a Baja California una mejor vida, y es gente de primera, de todo el país que entiende precisamente el drama de estos expulsados de Estados Unidos que llegan a nuestro país y los tratamos con tanta indiferencia.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Víctor Hermosillo. En virtud de no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de la comunicación que nos remite la Secretaría de Gobernación.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el nombramiento que hace el Presidente de la República a favor del ciudadano Dionisio Pérez-Jácome Friscione, como representante permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, con sede en París, Francia.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION DE ADMINISTRACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de abril del 2013.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de abril del 2013.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido en el mes de febrero de 2013.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que propone modificaciones en la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Está a discusión el presente Acuerdo. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.





 

EXCITATIVAS

En otro apartado del Orden del Día, recibimos una solicitud de excitativa del Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, en relación con el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado el 4 de diciembre de 2012, por lo que esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponda sobre el asunto referido.

EXCITATIVA A LA COMISION DE JUSTICIA DE ESTA CAMARA DE SENADORES, PARA QUE CONVOQUE A LA BREVEDAD POSIBLE A REUNION DE TRABAJO DE ESA COMISION, A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El que suscribe, Senador Isaías González Cuevas, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 212 numeral 1 y 4, y 216 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, la presente solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la sesión ordinaria del 4 de diciembre del 2012, presenté ante el Pleno del Senado de la República, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios legislativos.

Las reformas y adiciones plateadas en el proyecto, pretenden perfeccionar el marco jurídico existente en materia de acciones colectivas, con la finalidad de hacer de estas herramientas legales, verdaderos instrumentos de defensa de los intereses de amplios grupos de la sociedad. Es necesario que el reconocimiento de estas instituciones jurídicas se traduzca en resultados concretos para quienes desde la sociedad hacen uso de ellos, y que no se conviertan en complejos expedientes judiciales que retarden la petición de justicia.

Con las propuestas que se presentan, en la iniciativa citada, se busca que este tipo de procedimientos sean más ágiles al proponer que se acorten de manera considerable los términos para todo el procedimiento, con la finalidad de que se resuelvan a la brevedad estos asuntos, en atención a la urgencia que para la colectividad demandante tienen los problemas que motivan este tipo de demandas.

Es importante insistir que el criterio que oriente esta normatividad debe ser la protección de los intereses de los consumidores de los bienes o servicios, y no de quienes los ofrecen, es por ello que se propone que la competencia de los tribunales que conocen de estos juicios quede a elección de los demandantes.

Por lo