Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 20 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 24



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 16 de Abril de 2013

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:32 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 72 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 16 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
ONCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cuarenta y ocho minutos del día jueves once de abril de dos mil trece, encontrándose presentes noventa y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de las Senadoras Graciela Ortiz González, Lilia Merodio Reza, Lucero Saldaña Pérez y Angélica de la Peña Gómez, informe de actividades de la reunión “Estrategias Parlamentarias para hacer frente a la violencia contra la mujer y la niña”, efectuada los días 5, 6 y 7 de marzo del año en curso, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con cinco ternas para la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, cuatro oficios con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que diversos ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 318 aniversario luctuoso de Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, a realizarse el miércoles 17 de abril del año en curso, en esta ciudad.- Se designaron en comisión a las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, solicitud de la Comisión de Justicia para que se gestione una fe de erratas a la minuta con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Víctimas y el Código Federal de Procedimientos Penales, aprobada por el Senado el 21 de marzo del año en curso.- Se turnó a las Comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, responsables del dictamen correspondiente.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de la C. Amalia López Elizalde.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

Los Grupos Parlamentarios intervinieron, para referirse al Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar.- Hicieron uso de la palabra los Senadores: Lisbeth Hernández Lecona del PRI; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Martha Palafox Gutiérrez del PT.

(Iniciativas)

EL Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruiz, Isaías González Cuevas, René Juárez Cisneros, Carlos Antonio Romero Deschamps y Ángel Benjamín Robles Montoya, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción viii del artículo 56 y la fracción V del artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, a nombre propio y de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que  reforma los artículos 2° y 8° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Amparo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de Decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para la salida de elementos de los Batallones de Comando de Infantería de Marina de la Armada de México, con el fin de intercambiar secciones con la Legión Extranjera Francesa en Guyana, durante el periodo del 13 de abril y el 3 de mayo del presente año y para permitir el paso al territorio nacional de elementos pertenecientes al 3er. Regimiento Extranjero de Infantería de la República de Francia, que estarán en territorio nacional del 14 de abril al 6 de mayo a fin de llevar a cabo ejercicios de entrenamiento con personal de la Armada de México en San Luis Carpizo, Campeche, así como para que participen en la ceremonia conmemorativa relativa a la batalla de Camarón, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril del presente año.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 73 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio Primera Lectura a diez dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para prestar servicios en representaciones diplomáticas y para aceptar y desempeñar cargos de cónsules honorarios.- Quedaron de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.- Con dispensa de segunda lectura. Intervinieron los Senadores: para presentar el dictamen, Roberto Gil Zuarth, por la Comisión de Justicia; Angélica de la Peña Gómez, por la Comisión de Derechos Humanos; Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación. Para fijar la posición de los Grupos Parlamentarios, hicieron uso de la palabra los Senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD; Fernando Yunes Márquez del PAN; y Graciela Ortiz González del PRI. Para la discusión en lo particular, intervinieron los Senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas del PT en pro; Benjamín Robles Montoya del PRD en pro; y Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN en pro. Fue aprobado en lo general y en lo particular por 86 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso c) de la fracción II del artículo 1° de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.- Intervinieron los Senadores: David PenchynaGrub, por las comisiones, para presentar el dictamen; Rabindranath Salazar Solorio del PRD en pro; y Manuel Bartlett Díaz del PT en contra. Fue aprobado por 87 votos en pro y 6 en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación al procedimiento para la designación de integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.- Fue aprobado en votación económica.

(Comisión de Administración)

Se sometió a consideración de la Asamblea, el proyecto de presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2013.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de diciembre de 2012.- Quedó de enterado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera y Armando Neyra Chávez, integrantes de la Comisión de Salud, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal en el año 2013 contra la hipertensión arterial, dentro del marco del Día Mundial de la Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo con relación al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo que el Instituto Nacional de Medicina Genómica informe cuál ha sido el trabajo que esa institución está realizando y los resultados obtenidos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a adoptar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas desplazados.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como al gobierno del estado de Michoacán a establecer acciones efectivas de prevención y control para impedir brotes de influenza aviar en dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo para que se incorpore la protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo las medidas necesarias a fin de garantizar que el operativo Veracruz Seguro continúe y no sean retiradas las fuerzas armadas de los municipios que contempla.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un informe sobre el endeudamiento real de las entidades federativas mexicanas y de los municipios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas estatales, revisen, analicen y evalúen los planes de estudios de los institutos particulares que se ostentan como universidades.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a realizar las acciones necesarias para cumplir a la brevedad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a otorgar partidas extraordinarias de presupuesto para que el hospital de la madre y el niño indígena guerrerense puedan atender la demanda de servicios clínico-hospitalarios de la zona.- Se turnó a la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo y a la Comisión de Salud el tercero de ellos.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.- Quedó de primera lectura.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con diez minutos y citó a la siguiente el martes dieciséis de abril a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con la que remite la “Convocatoria de la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2013”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Asimismo, informo a ustedes que dicha convocatoria está publicada en la Gaceta del Senado, para su conocimiento.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos:

Jorge José Borja Navarrete, como Consejero Profesional del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y Guillermo Zúñiga Martínez, como Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/362/2013
México, D.F., a 15 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito comunicar a ustedes que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 8 de la Ley de Petróleos Mexicanos; y 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que confiere al Titular del Ejecutivo Federal la facultad para nombrar, a los integrantes del Órgano Colegiado encargado de la regulación en materia de energía, con la ratificación de ese Órgano Legislativo, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto ha tenido a bien designar a:

• C. Jorge José Borja Navarrete, como Consejero Profesional del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y

• C. Guillermo Zúñiga Martínez, como Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

Por lo anterior, me permito remitirles, anexo al presente, las comunicaciones originales de las personas antes citadas, suscritas por el titular del Ejecutivo Federal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Petróleos Mexicanos, someto a la consideración de esa Cámara de Senadores la designación del C. Jorge José Borja Navarrete como consejero profesional del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

En términos de su ley, Petróleos Mexicanos es dirigida y administrada por un Consejo de Administración y un Director General, los cuales, en el desempeño de sus funciones, tienen la responsabilidad de buscar en todo momento la creación de valor económico en beneficio de la sociedad mexicana, con responsabilidad ambiental, manteniendo el control y la conducción de la industria y procurando fortalecer la soberanía y la seguridad energética, el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitución de reservas de hidrocarburos, la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de hidrocarburos, la satisfacción de las necesidades energéticas, y el ahorro y uso eficiente de la energía.

Asimismo, al Consejo de Administración le corresponde, fundamentalmente, la conducción central y la dirección estratégica de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como vigilar y evaluar el desempeño del organismo y aprobar el plan de negocios de la entidad.

Por la trascendencia de los referidos cargos y en virtud de que el Consejo de Administración sesiona válidamente con la asistencia de por lo menos diez de sus miembros, siempre que la mayoría de los asistentes sean de los consejeros representantes del Estado; que prácticamente todos los comités de apoyo al Consejo, por disposición legal, son presididos por consejeros profesionales y dos de ellos están integrados exclusivamente por estos últimos, y considerando que a la fecha existe una vacante dentro de dicho órgano de gobierno, resulta imprescindible garantizar la continuidad de sus funciones y la operación de sus comités, mediante la designación del consejero profesional correspondiente, y que la persona que asuma esa responsabilidad cuente con la experiencia necesaria para desarrollar las funciones propias del referido órgano colegiado.

El C. Jorge José Borja Navarrete es ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; cuenta con el título de Ingeniero Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y de Maestro en Administración por la Universidad de California en Los Ángeles, y se ha desempeñado como Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Petróleos Mexicanos, Director General y miembro del Comité Ejecutivo de Ingenieros Civiles Asociados, Asesor del Grupo Xignux en la División de Infraestructura y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, El C. Jorge José Borja Navarrete no ha ocupado cargos directivos en partido político alguno, ni de elección popular, en los últimos tres años, de modo que, como podrá corroborarse con la documentación que se adjunta al presente, reúne los requisitos previstos en el artículo 11 de la Ley de Petróleos Mexicanos, por lo que el Ejecutivo Federal a mi cargo está convencido de que resulta la persona idónea para desempeñarse como consejero profesional del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 11 y 14 de la Ley de Petróleos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esa Soberanía, la ratificación del C. Jorge José Borja Navarrete, como consejero profesional del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para un periodo de seis años a partir de la determinación respectiva.

Reitero a Usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 12 de abril de 2013.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Enrique Peña Nieto”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 89, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, someto a la consideración de esa Soberanía la designación del C. Guillermo Zúñiga Martínez, como Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

Uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, aprobada en días pasados por el H. Congreso de la Unión, es la inclusión social, para la que resulta indispensable tanto el mejoramiento del acceso a la energía como el fortalecimiento regulatorio. En estos temas, la Comisión Reguladora de Energía tiene una participación clave en el desarrollo de líneas de acción que permitan facilitar el establecimiento o ampliación de infraestructura estratégica cuando el bienestar social y la presencia de externalidades lo justifiquen; mejorar y adecuar los instrumentos regulatorios para dar certidumbre e incentivar las inversiones del sector privado con fuentes renovables; promover esquemas de auto abastecimiento apoyados por las instituciones públicas y empresas operadoras; establecer objetivos de conexión o cobertura en contratos o permisos, y promover la entrada de operadores independientes en zonas no atendidas por el servicio público de energía eléctrica, definiendo esquemas financieros de apoyo público para su abastecimiento, entre otras.

En ese contexto, es innegable que la solidez de dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía es vital para enfrentar los retos que el desarrollo energético del país nos presenta y, por ello, la integración del mismo constituye un asunto de gran trascendencia que el Ejecutivo Federal a mi cargo y esa Soberanía asumimos con responsabilidad, en cumplimiento al mandato de los artículos 76, fracción II, y 89, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, por virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, disponen que corresponde al Presidente de la República nombrar, con ratificación del Senado, a los integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía.

En virtud de que la Ley de la Comisión Reguladora de Energía establece que los integrantes de dicho órgano desconcentrado deliberan en forma colegiada y deciden los asuntos por mayoría de votos, y considerando que a la fecha existe una vacante en el cargo de comisionado, resulta necesario garantizar la continuidad de sus funciones mediante la designación correspondiente y que la persona que asuma esa responsabilidad cuente con la capacidad, experiencia y profesionalismo que un cargo de esta naturaleza exige y que por mandato legal debe cubrirse.

Así, es de señalarse que el C. Guillermo Zúñiga Martínez es ciudadano mexicano por nacimiento sin haber adquirido otra nacionalidad, está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con la Maestría en Regulación Económica, por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, y la Maestría en Leyes, por la Universidad de Chicago.

Actualmente se desempeña como Director General Adjunto de Análisis Regulatorio de la Comisión Federal de Competencia y ha ocupado otros cargos como Director Legal de Operación Petrolera en la Secretaría de Energía, Asesor Legal en la Oficina de Nuevos Modelos de Negocio de Pemex Exploración y Producción, Subdirector de Sectores Regulados en la Comisión Federal de Competencia y Abogado de la Gerencia Legal de Proyectos de Inversión Financiada de la Comisión Federal de Electricidad.

En el plano académico, el C. Guillermo Zúñiga Martínez ha sido profesor de asignatura en materias relacionadas con el Derecho Económico, Administrativo y de los Energéticos y es articulista recurrente en temas de política energética.

Finalmente, el C. Guillermo Zúñiga Martínez ha manifestado no tener conflicto de interés alguno con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas a éstas, por lo que, como podrá corroborarse con la documentación que se adjunta al presente, reúne los requisitos previstos en el artículo 5 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, por lo que el Ejecutivo Federal a mi cargo está convencido de que resulta la persona idónea para desempeñarse como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5 y 6 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, previa propuesta del Secretario de Energía, me permito someter a la consideración de esa Soberanía la ratificación del C. Guillermo Zúñiga Martínez como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía para el periodo comprendido entre la fecha de la determinación respectiva y el 31 de diciembre de 2017.

Reitero a Usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 12 de abril de 2013.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Enrique Peña Nieto”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnense ambas propuestas a la Comisión de Energía para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Secretaría de Gobernación se recibieron dos oficios:

Uno por los que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 23 al 25 de abril de 2013, a efecto de atender la invitación del Presidente de la República del Perú, Ollanta Moisés Humala Tasso, para realizar una visita de trabajo a ese país, sostener un encuentro bilateral con el Presidente peruano, participar en el Octavo Foro Económico Mundial para América Latina y el Caribe y participar en una Cumbre de la Alianza del Pacífico.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/360/2013

México, D.F., a 15 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0604/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual comunica que el Presidente de la República, Lie. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 23 al 25 de abril de 2013, a efecto de atender la invitación del Presidente de la República del Perú, Ollanta Moisés Humala Tasso, para realizar una visita de trabajo a la República del Perú, sostener un encuentro bilateral con el Presidente peruano, participar en el Octavo Foro Económico Mundial para América Latina y el Caribe, y participar en una Cumbre de la Alianza del Pacífico.

Con la participación del Presidente Enrique Peña Nieto, en el encuentro bilateral con el Presidente de Perú, se confirma la voluntad de continuar profundizando y 1 fortaleciendo la relación en lo político, económico, comercial y cultural de ambos países.

Durante la participación en el Octavo Foro Económico Mundial para la América Latina y el Caribe, el Presidente Enrique Peña Nieto, difundirá los ejes rectores de su gobierno, las acciones emprendidas para transformar al país y la solidez de la economía mexicana, con el fin de posicionar a México como un acto con responsabilidad global.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

Y otro por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional, a efecto de participar en la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, que tendrá lugar el 26 de abril de 2013, en Pétion-Ville, Haití.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/361/2013

México, D.F., a 15 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0605/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual comunica que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional a efecto de participar en la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que tendrá lugar el 26 de abril de 2013 en Pétion-Ville, Haití.

La participación del Presidente Enrique Peña Nieto, contribuirá a refrendar el compromiso de México con la integración y el desarrollo de la región, y a promover los intereses de nuestro país con el Caribe, particularmente en materia de turismo y reducción de desastres, así como para estimular los intercambios comerciales y la promoción de misiones empresariales de México a los países del Caribe.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Remítase copia de la documentación descrita a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el informe de la visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, al Estado de la Ciudad del Vaticano, con motivo de su participación en la ceremonia de inicio del pontificado del Papa Francisco, del 18 al 20 de marzo de 2013.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/337/2013

México, D.F., a 11 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-0589/13, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Visita del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, al Estado de la Ciudad del Vaticano, con motivo de su participación en la Ceremonia de Inicio del Pontificado del Papa Francisco, del 18 al 20 de marzo de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Igualmente, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con solicitud de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Raphael Steger Cataño, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Polonia.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/358/2013

México, D.F., a 12 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-04360, el Min. Miguel Angel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Raphael Steger Cataño, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Comandante, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-4-611
Exp. 324

SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 11 de abril de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 7; 10, fracción III; 11, último párrafo y 14, fracción I; y se adiciona el artículo 9, con una fracción V; de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Artículo 9.-...

I. y II. ...

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas;

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta Ley, y

V. Perspectiva de género.

Artículo 10.-...

I y II. …

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres;

IV. a IX. ...

Artículo 11.-

I. a VIII. ...

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para la mujeres.

Artículo 14.-...

I. La formación de una cultura empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la competitividad en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, Asesoría y Consultoría;

II. a XIII. …

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 11 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió un oficio por el que comunica la modificación en la integración de los Diputados ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1487
EXPEDIENTE No. 870

SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados el Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la modificación en la Integración de los Diputados ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 11 de abril de 2013.

Dip. Angel Cedillo Hernández

Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a la Junta de Coordinación Política.

Compañeros Senadores; informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se propone realizar sesión solemne, el jueves 18 de abril, con motivo de la visita del Presidente del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe y Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Dicho Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






MESA DIRECTIVA



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo para realizar sesión solemne, el jueves 18 de abril, con motivo de la visita del Presidente del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe y Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Comuníquese.

Señoras y señores Senadores, el Senado mexicano desea expresar sus más sentidas condolencias a las familias de las personas que resultaron lesionados el día de ayer, como resultado de los lamentables hechos registrados en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Al expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Estados Unidos y con la comunidad deportiva internacional, también deseamos condenar este espantoso y artero ataque que afrenta una de las más libres actividades humanas, como lo es el atletismo.

Manifestamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos en este trágico y lamentable acto, y hacemos votos porque la nación norteamericana recupere a la brevedad el clima de paz y tranquilidad que requieren las sociedades progresistas.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Cervantes Andrade, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: Buenos días, Senadoras y Senadores.

Hoy presenta la Comisión de Puntos Constitucionales un dictamen, evidentemente, de una reforma constitucional que atiende un tema en donde todos los grupos parlamentarios y la sociedad en su conjunto tenían una preocupación importante sobre el marco constitucional y legal de las entidades federativas en el tema de deuda de estados y municipios.

La discusión se pensó que era un tema técnico y resultó que en su conclusión era un tema político, legal y que su instrumentación constitucional tenía la problemática de tener, en primer lugar, el respeto a las entidades federativas; el segundo, una revisión natural del federalismo; el tercero, la intervención del Senado de la República y un equilibrio entre los controles de legalidad y los controles políticos.

Se pensaba en una primera fase en que el Senado de la República debería de intervenir en todo momento con respecto a los temas de deuda. Y era parcialmente cierto.

También se pensaba que no se podían abandonar los controles jurídicos con respecto a la deuda de los estados y municipios, y se advertía de todas y cada una de las iniciativas que el marco que existía en las entidades federativas era precario.

Invitamos una vez que se inició el proceso de dictaminación, en donde todas las iniciativas se iban a tomar en cuenta para la misma y en donde teníamos que hacer una reflexión sobre llegar a converger y buscar un punto ecléctico sobre los temas constitucionales del tema de deuda, hicimos un cuadro de convergencias y divergencias de las iniciativas.

Generamos el problemario constitucional y legislativo que teníamos que desahogar y abrimos un procedimiento abierto a los expertos, a la CONAGO, a la organización de los presidentes municipales, a la academia, a los calificadores, a las instituciones bancarias y a la problemática del régimen de contabilidad gubernamental.

Hemos hecho en este Senado una integralidad constitucional en el tema porque iniciamos con contabilidad gubernamental que tiene y está vinculada necesariamente con este dictamen, continuamos con el tema de transparencia y estamos también en el proceso de dictaminar el de anticorrupción. Todas tienen una vinculación en facultades, en ejercicio y en lógica institucional en una arquitectura constitucional funcional.

Se va a emitir, después de la modificación a la Constitución, una ley general, se le da facultades al Congreso, ¿para qué? Para homologar a todas las entidades federativas en el tema de deuda de municipios.

Y esto también va a una vinculación de forma natural con el registro contable de la hoy aprobada ley.

Pero no queda ahí, la problemática se cuadraba en un punto específico, no es problema sustancial por no tener más allá de 3.5% del PIB la deuda de los estados, no estamos en un problema sistémico, pero sí estamos en un problema de atención.

Se desprendió que cinco entidades federativas tenían un problema grave y que todas habían incurrido, a unas porque su Constitución se los permitía en quirografarios a seis meses sin autorización del Congreso; otros porque contrataban deuda para pagarle a sus proveedores los últimos meses de su administración, como pasaba en los municipios y en los gobiernos de los estados.

Pero también se advirtió que no había tanto problema en el tema de la deuda institucional con el sistema bancario. Pero eso no obstaba que no hubiera una lógica de arquetipo para poder construir adecuadamente este nuevo diseño constitucional.

La conclusión fue: no más deuda, aún y cuando ya había una provisión previa para gasto corriente. Regulemos la de corto plazo, se haga prohibición de dejarle deuda a la siguiente administración, generemos la homologación en leyes concretas tanto constitucionales como a nivel de ley en las entidades federativas. Tengamos un equilibrio específico entre éste diseño y el manejo de la ley.

Vincúlenla con el artículo 108 constitucional en las sanciones que ya vienen en la Ley de Contabilidad y, por lo tanto, tengamos este privilegio de tener claramente beneficiar el Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia.

El problema fundamental de la deuda de los estados es que no se conocía, por principio de transparencia, la totalidad de la deuda. Tan es así que se pensaba en el inicio de las iniciativas o la discusión parlamentaria, y hasta algunos expertos, que sólo estábamos hablando de deuda, cuando lo que teníamos que evolucionar era hablar de obligaciones.

Cualquier obligación de pago, el cien por ciento de las obligaciones de pago de los municipios y de los gobiernos estatales, debe de ser público, transparente.

Tenemos que privilegiar los controles políticos de las entidades federativas en donde ellas puedan aprobar hoy por las dos terceras partes, no por la mayoría simple, sino por las dos terceras partes que haya una voluntad política del control del presupuesto.

Se invita a los gobiernos de los estados que hagan lo que no han venido haciendo. No conozco presión presupuestal en los congresos para disminuir el déficit, normalmente es para aumentarlo, lo que significa deuda.

Estos controles de asumir las dos terceras partes invita a transparentar hasta la sociedad, sabiendo el cien por ciento del registro de la deuda, equilibrando los sistemas de rendición de cuentas si es necesario aumentar este déficit, pero también había que regular las tasas que existían en el mercado. Muchas entidades federativas también, y de manera más importante los municipios, pagaban cantidades exorbitantes en relación a tasa.

¿Cómo se logra? Generar convenios con el gobierno federal. Convertir la deuda estatal en una deuda federal con su aval. Esto en automático regula el mercado, esto en automático baja la tasa y, por lo tanto, estás teniendo acceso a recursos que le pueden beneficiar a los ciudadanos de manera mucho más accesible para las entidades federativas y los municipios.

Ahí no queda.

¿Qué sucede cuando se da en esta garantía de las entidades federativas por parte de Hacienda?

Se discutía si sólo tenía que tener el control la Secretaría de Hacienda o si tenía que haber una intervención por parte del Senado de la República. Y yo sí creo que llegamos a un punto de equilibrio, de construcción constitucional adecuado.
Y vimos el esquema de Brasil sobre el semáforo, lo que significa las advertencias de la calidad de deuda, lo que significa cuando no tiene problemas. No tiene por qué haber controles jurídicos, federales.

Cuando empieza a emproblemarse y cuando ya es problema, hay convenios que va a presentar la Secretaría de Hacienda, se hace aval, se controlan las tasas del mercado, viene una aprobación final del Senado de la República y el Auditor Superior de la Federación al convertirse ese dinero no en estatal, sino en federal, su naturaleza jurídica se modifica por llevar el aval, el que debe de auditar es el Auditor Superior de la Federación.

Se logra un excelente equilibrio constitucional en el tema de fiscalización de los recursos y en qué casos lo revisará el auditor local y cuándo lo revisará el auditor federal.

En este orden de ideas y en este camino institucional de esta modificación, en breve habrá una ley reglamentaria que, sin duda, se ha vislumbrado por parte de los grupos parlamentarios de este Senado que aquí no se podía dictaminar, pero y ¿cuál es el acercamiento? Se vislumbra en el dictamen hacia dónde va y se visibiliza cómo podemos hacer una ley general específica, reglamentaria, sobre el tema de deuda.

Yo me felicito, felicito a la comisión y felicito al Senado por este trabajo.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Cervantes Andrade.

A continuación, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, se le concede el uso de la palabra a su Presidente, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Retomando la intervención del Senador Raúl Cervantes, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, yo quisiera destacar, en primer lugar, el trabajo de audiencia y consulta pública que las comisiones unidas realizamos para las formulación de este proyecto de dictamen que pretende, traducirse a una reforma constitucional, que va a replantear de manera muy significativa el manejo de los recursos públicos tanto en los estados como en los municipios y necesariamente en la Federación.

El procedimiento de audiencia seguido, sin lugar a dudas, demuestra que cuando se abre el Senado a la discusión de las iniciativas de leyes y reformas en su discusión, evidentemente hay aportaciones importantes que cualifican el contenido de nuestros trabajos.

Vaya pues este reconocimiento de un trabajo que realizamos anteriormente en el dictamen en materia de reformas constitucionales respecto a transparencia y rendición de cuentas con la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos; y destacar también, en segundo término, que en el proceso de dictamen se consideraron todas y cada una de las 6 iniciativas que 4 distintas fracciones parlamentarias presentaron en este Senado de la República, con lo cual se atiende la pluralidad y distintos puntos de vista que se manifestaron respecto a esta materia.

Yo quisiera destacar simple y sencillamente algunos de los contenidos más importantes de esta reforma.

En primer término, hay que señalar que se incorporan principios constitucionales fundamentales en materia de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero que van a permitir generar condiciones para el crecimiento económico y el empleo, por supuesto, garantizando un ejercicio más eficiente y transparente de los recursos públicos que incluso en su manejo y en el diseño de su ejercicio establece la obligatoriedad para que tanto los planes estatales y municipales como el Plan Nacional de Desarrollo se consideren los criterios a seguir en el ejercicio de las finanzas públicas.

En segundo lugar, cabe destacar que por primera vez se faculta con precisión al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, en los estados de la República, en los municipios y en el Distrito Federal.

Para ello, se establecen las bases para crear una Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios, que establecerá las bases de coordinación en materia de deuda, límites y modalidades en que podrán afectar los estados y municipios sus participaciones federales para cubrir los empréstitos y las obligaciones de pago que asuman.

En tercer lugar, vale la pena destacar la creación de un registro único de empréstitos y obligaciones de los tres órdenes de gobierno y el establecimiento de la obligación de transparencia y oportunidad en el manejo de esta información, con ello se creará un sistema de alerta sobre el manejo de deuda en todos los órdenes de gobierno.

El cuarto término, se faculta al Ejecutivo Federal para otorgar garantías sobre el crédito de la nación y además se faculta al Senado para sancionar, objetar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados y municipios que tengan niveles altos de endeudamiento.

Esto, sin lugar a dudas, va a ser un tema de mucha polémica con la Colegisladora, ya que por primera vez el Senado de la República asumirá responsabilidades en la fiscalización y seguimiento de recursos públicos, particularmente los garantizados por el gobierno federal, ya que en ese momento al otorgarse la garantía por parte del gobierno federal al endeudamiento de los estados y municipios, asumen una naturaleza jurídica, tratándose de recursos federales.

Por ello, se faculta en este dictamen a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la deuda, las garantías otorgadas por el gobierno federal respecto a empréstitos de las entidades federales y los municipios, así como las condiciones de contratación y destino de estos recursos, y subrayo, se trata de los recursos en donde cuenten con la garantía de la Federación.

Por otro lado, se establecen diversas disposiciones para fortalecer los controles de los congresos locales en materia de votación calificada para autorizar la deuda. Ello implica que las legislaturas, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para que en condiciones adecuadas se contraten los empréstitos y obligaciones. Esto además de eliminar mucha de la discrecionalidad con la que los ejecutivos locales administran los recursos, obligará transparentar y debatir en los congresos con toda claridad, no solamente el monto de las obligaciones y empréstitos adquiridos, sino su destino, su capacidad de pago y, en su caso, también el otorgamiento de la garantía que establezca el propio gobierno federal.

Se establecen también mecanismos claros de fiscalización que obligan a las legislaturas locales a fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos federales y deuda pública.

Se limita la deuda de corto plazo, ya que los estados y municipios podrán contratar financiamientos para cubrir sus necesidades urgentes de corto plazo sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley que expida en esta materia reglamentaria el Congreso de la Unión, y en dicho financiamiento se establece que deberán pagarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, a fin de evitar herencias, lamentablemente de muy malos manejos, a las administraciones que iniciarán su mandato.

Y finalmente se establecen también con toda precisión sanciones, ya que las constituciones de los estados precisarán las responsabilidades de los servidores públicos por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Creo que de manera muy importante se ha cuidado mantener el respeto pleno a la soberanía de los estados y al municipio libre, y con estas medidas, con mayor participación del Congreso no solamente se establecen mecanismos de control parlamentario, sino particularmente a través de la Auditoría Superior de la Federación, los mecanismos de fiscalización que ayudarán a evitar los abusos, la malversación de recursos, que lamentablemente ha llevado a algunos estados de la República y a varios municipios del país, a no solamente enfrentar situaciones financieras adversas, sino problemas graves de corrupción en el manejo de los recursos.

Me felicito también por haber participado en este proceso de dictaminación, y reconozco a todos los miembros de las Comisiones de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, Segunda, el trabajo hasta ahí desempeñado.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Antes de darle el uso de la palabra a quienes harán los posicionamientos por los diversos grupos parlamentarios, esta Mesa Directiva se permite saludar al artista visual Jazzamoart, quien nos acompaña y presenta su obra “Pasiones e Invenciones” en este Senado de la República, a invitación del Senador Ascensión Orihuela Bárcenas, bienvenido señor artista.

(Aplausos)

Para fijar su posicionamiento por los diversos grupos parlamentarios, en primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, por el PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente, y con su autorización; señores Senadores y Senadoras:

No cabe duda que este dictamen en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios es de una gran trascendencia.

Hemos analizado el tema a una gran velocidad, porque así se está acostumbrando en este Senado, hay que leer rápido y concluir lo más rápido posible, porque si no, se le va a uno el camión.

Yo quisiera hacer una serie de planteamientos anunciando que votaremos por abstención, en este caso.

Hemos escuchado aquí a los presidentes de las comisiones sobre toda una serie de tecnicismos que nos llevan a una dirección, aunque se diga lo contrario, que atenta contra la soberanía de los estados de la Federación.

No es extraño el Pacto por México, en prácticamente todas sus recomendaciones o acuerdos tiene un contenido centralista, ese lo tiene claramente.

En algunos momentos en temas diferentes, en este Senado se discutió el endeudamiento de un estado particular. El partido de otro gobernador señaló que el endeudado y situación grave era del otro partido, y en esas atribuciones o amputaciones surgieron ideas muy importantes que creo que seguramente saldrán hoy aquí, porque se señaló que ese no es el fondo del problema, en consecuencia, creo que esto no soluciona el problema.

El problema que tenemos en el endeudamiento de los gobiernos de los estados es la falta de un federalismo fiscal. Esa es la razón de ser de todo este caos en los que se encuentran los estados de la Federación y eso no lo viene a solucionar, establece principios neoliberales, faltaba más como la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio presupuestal, toda una serie de principios neoliberales, en fin, en esa línea nos están metiendo cada vez con mayor profundidad.

Pero cuál es el problema real, independientemente de la corrupción que habrá que atender, hay una enorme corrupción en los estados y en la Federación, si no es una enfermedad estatal, si no es una enfermedad nacional gravísima, la corrupción corrompió todo el sistema político nacional económico.

El otro asunto que también es gravísimo, y acaban de salir datos en la prensa, es que todos los gobernadores se consideran aspirantes a ser Presidente de la República por la vía de las televisoras TV Azteca y Televisa, que son los creadores de presidentes ahora, todos están en la misma posición.

Bueno, el ejemplo de Puebla para ser local, el gobernador de Puebla tiene un gasto brutal en medios de comunicación, es el aspirante aún según a un encumbramiento televisivo.

Y así están todos, es otro tema grave que no provoca precisamente el contubernio que ha existido entre las televisoras y el poder político, son temas que no corrigen esto, no lo corrige.

La verdadera causa del endeudamiento de los estados, es que la Federación se ha reservado, en un centralismo financiero, las principales fuentes de ingreso de la nación; ha sido todo un proceso de reforma constitucional, seguimos en esa línea, la reforma del artículo 73 una y otra vez, pasando a la Federación fuentes de financiamiento que van fortaleciendo el poder económico del presidencialismo.

Ahí está el problema y qué es lo que ha ocurrido, primero la participación, los regímenes de participación, la distribución que siempre queda en manos del Ejecutivo en turno.

Cuando cambió de partido la Presidencia de la República y propusieron un gran cambio, ese personaje que no sabemos dónde está ahora, el señor Fox, se sentó en Palacio Nacional y le gustó el sistema y obviamente lo conservó.

Ese es el problema, la Federación, el gobierno, la Presidencia de la República tiene todos los recursos de la nación.

Pero si además eso se da y hay un viejo reclamo antiguo por el federalismo fiscal, quienes hemos sido gobernadores, y aquí veo muchos, sabemos cuál es la verdad de este asunto, y además les pido atención, porque aquí en este Senado, como debe de ser, no solamente hay ex gobernadores, pero hay pues casi 120 aspirantes a gobernadores, entonces pónganse abusados para ver qué es lo que va a pasar con los estados, con esta serie de medidas que están realmente mermando claramente la soberanía de los estados.

Mientras no haya un auténtico federalismo fiscal no hay federalismo y esto no sirve para remediar ese problema.

Además de la concentración de los recursos, en manos del gobierno federal por reformas constitucionales, hasta la cerveza se hizo federal, yo me acuerdo que en época de Miguel Alemán, consideró que como era una bebida nacional de moderación pues los impuestos deberían ser nacionales y venga para acá los impuestos de la cerveza.

Todo se ha venido concentrando en el Ejecutivo y cuando llegan de otro partido les encanta la idea, y todo ese endeudamiento que nadie se dio cuenta, fue una manera, seamos sinceros, de un control político de los gobernadores de otro partido, déjalos, vamos ir avanzando y así se pusieron gobernadores del PRI, del PAN, y del PRD con el Presidente de la República, porque además tienen todo el dinero.

Además de esta concentración de los recursos en manos del gobierno federal, además de esa concentración viene otra peor, la política de la descentralización, vamos a descentralizar, se descentraliza la educación, porque eso se les olvidó ahora en su supuesta reforma educativa, los maestros son empleados de los estados no de la Federación en la descentralización educativa, pues sí, descentralizan la función pero no descentralizan el dinero; en consecuencia existe ese poder dictatorial del Secretario de Hacienda, que lo entienden muy bien, porque los recursos de los estados están en manos de la Federación y tienen que negociar los gobernadores con la Federación y luego con la CNT que aparece otra vez ahí a negociar también en los estados.

La descentralización de los policías, la descentralización de las universidades tecnológicas, la descentralización de todo, además de que los recursos los tiene la Federación, además les mandan nuevas responsabilidades y esas nuevas responsabilidades no las soportan los estados, ya no digamos los municipios verdad, los municipios están siendo liquidados como unidades autónomas, ahora ni las policías son ya municipales, estamos destruyendo la Constitución de la República con criterios además neoliberales que aparecen en esa reforma que habremos escuchado aquí criterios tecnocráticos, no hemos escuchado que haya que tener un cuidado en una presencia en la Constitución de la redistribución del ingreso, del crecimiento y del empelo, no, todo es tecnocrático y control.

Mientras no se haga una reforma fiscal para dotar a los estados de autonomía fiscal no se va a resolver este problema, nos estamos engañando.

Entonces, yo considero que el esfuerzo es inútil, tenemos que entrar al fondo, ya lo dijo por aquí un ex gobernador que me está oyendo, con gran sabiduría de que no se va a resolver este problema, sigue teniendo el Ejecutivo Federal y el poderoso Secretario de Hacienda el control de los estados a través de los recursos.

Es lo que tenemos que hacer para evitar el endeudamiento de los estados, independientemente de los pillos, que hay muchos en todos los niveles, todavía habría que revisar lo que van dejando los ejecutivos neoliberales, pero a final de cuentas el problema de la corrupción y el problema de ese deseo de todo ser candidato a la Presidencia vía Televisa, ahora, el problema de fondo es que los recursos los tiene el Presidente de la República y su ejecutor y dictador absoluto en materia económica en este país, que es el Secretario de Hacienda.

Nosotros no consideramos que sea válido esto que está haciendo, sería más bien por la vía penal y de responsabilidades que atacar el problema de quienes lo han violentado y abusado de sus posiciones de gobernadores, pero lo que tenemos que hacer, señoras y señores, ya lo han dicho aquí varias gentes, tenemos que entrarle al fondo, hay que redistribuir los ingresos para que los gobiernos de los estados y los municipios sean realmente lo que la Constitución establece, entidades autónomas; entidades autónomas y el municipio libre que han acabado con él y que ya no existe ni para protegerse ahora hay la necesidad de crear policías municipales, de verdad, porque nadie protege a los municipios.

De manera que estaremos en contra de las posiciones neoliberales en la Constitución de la República, vamos a abstenernos para no parecer que estamos protegiendo pillastres, pero el problema es otro, el problema de robo, de corrupción, de gasto, de publicidad que lo tenemos en todos los niveles, ese no resuelve el problema, tenemos que redistribuir los ingresos para crear un verdadero federalismo fiscal sin el cual no hay ya federalismo en este país.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Esta Mesa Directiva saluda también la presencia de alumnos del Colegio Real de Querenda, Querétaro, invitados por el Senador Francisco Domínguez Servién.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente; amigas y amigos Senadores:

El dictamen que hoy se pone a su consideración de esta Soberanía representa una reforma de gran trascendencia en materia de finanzas públicas y responsabilidad hacendaria. En primer lugar, establece un nuevo esquema de control y de responsabilidad en materia de la deuda pública local y, en segundo lugar, esta reforma constitucional fue generada mediante un amplio consenso y colaboración de las fuerzas políticas aquí representadas, en conjunto con el Poder Ejecutivo Federal, con quien se tuvo una estrecha comunicación y trabajo, dando como resultado esta propuesta.

Lo anterior en cumplimiento de los compromisos del Pacto por México y que deriva de la necesidad apremiante de normar los esquemas de contratación y registro de la deuda pública de los estados y los municipios.

Ello demuestra que si nos podemos poner de acuerdo y generamos los espacios de consenso y cooperación necesarios para impulsar reformas de esta trascendencia estaremos haciendo un bien por México. Este dictamen que hoy analizamos incluye propuestas generadas por los grupos parlamentarios con el fin de contar con un marco constitucional y legal que garantice, en el mediano y largo plazo, un manejo responsable, adecuado de las finanzas públicas, principalmente porque la deuda pública juega un papel relevante en la sostenibilidad de las finanzas públicas y puede conducir a problemas de pago, como ya lo hemos visto, de forma potencialmente riesgosa y bajo una enorme irresponsabilidad de los gobernantes.

Los cambios resultan tan relevantes que se consideró necesario reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de plasmar en dicho ordenamiento las normas de carácter general que habrán de adoptarse en un esquema de corresponsabilidad y participación de los poderes federales y locales, así como del Legislativo en respeto a la soberanía de los estados y de los municipios.

Hoy tenemos en nuestras manos un instrumento que pretende poner orden a un problema, que de no atenderlo nos representaría un riesgo grave en materia financiera para las haciendas públicas, al igual que para el sistema financiero y bancario. Lo hemos visto en los años recientes, hemos visto cómo entre algunos estados se compiten generándose mayores endeudamientos con un atroz resultado que en nada beneficia porque sólo se socializan las pérdidas bajo una total y absoluta irresponsabilidad.

Para tal fin, se considera vital establecer que el Estado vele por la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero plasmando dicha obligación en el esquema de planeación democrática nacional y local. Faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de responsabilidad hacendaria para regular la deuda pública en los tres órdenes de gobierno, así como las participaciones federales.

Destaca una figura en la cual el Senado tendrá participación en un esquema innovador, que sin violar la soberanía de los estados lo va a facultar para aprobar la deuda estatal garantizada mediante un sistema de controles políticos y jurídicos, así como incentivos adecuados y disciplina financiera con garantías nacionales y con un esquema de sanción de estrategias para los estados con altos niveles de deuda.

Asimismo, se crea un registro único de empréstitos y obligaciones, y se faculta al Congreso de la Unión para definir este esquema de vanguardia y controles adecuados que incluye las participaciones a cargo de la Secretaría de Hacienda, así como el Sistema de Alertas sobre el Manejo de la Deuda, creando conceptos tales como el nivel elevado de deuda, garantía del gobierno federal y financiamientos a corto plazo.

Adicionalmente, se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar al gobierno federal a fin de verificar que el otorgamiento de las garantías, con cargo al crédito de la nación, haya sido adecuada y fiscalizada de manera correcta hacia los estados y los municipios cuando accedan a dichas garantías, así como asegurar que la deuda no se haya destinado a gasto corriente.
Esta fiscalización será realizada de manera conjunta con las entidades de fiscalización locales que se fortalecen con el fin de fiscalizar fondos, recursos federales y locales, así como la deuda de los estados y los municipios. Se mandata a los gobiernos locales a que contemplen en sus marcos jurídicos que serán responsables los servidores públicos de los estados y de los municipios por el manejo indebido de estos recursos públicos y de la deuda pública. Con el fin de fomentar un uso responsable del endeudamiento, se prohíbe contraer obligaciones con gobiernos de otras naciones, personas físicas o morales, extranjeras, así como aquellos que deban cubrirse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Las legislaturas locales expedirán sus propias leyes en esta materia y aprobarán los montos de endeudamiento y los conceptos a los cuales serán destinados por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Señoras Senadoras y señores Senadores, estamos ante una reforma constitucional trascendente. Esta reforma implica responsabilidad, implica modernidad, implica al Estado mexicano al que todos debemos de aspirar; un Estado que sepa que la palanca del gasto público tiene ese fin, ese fin obligado de rendir cuentas y de ser utilizado de manera eficiente.

Por lo tanto, distinguidos Senadoras y Senadores, los invito a que voten a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Luis Armando Melgar Bravo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy estamos a punto de votar una importante modificación al marco constitucional en un tema que generó enorme polémica que está presente en la mente de los ciudadanos, especialmente cuando hablamos de municipios, toda vez que en ese orden de gobierno es donde con mayor cercanía la gente puede ver y verificar la forma en la que funciona la autoridad en la que, incluso, cuando se sabe del uso de recursos públicos, donde se aterrizan, y muchas veces la percepción de corrupción es ahí en el marco de estados y municipios donde con mucho mayor nitidez y claridad los ciudadanos pueden analizar el desempeño del gobierno.

Es por eso que yo celebro que estemos el día de hoy ya con un dictamen que tiene un antecedente importante, tiene un antecedente que me parece indispensable subrayar toda vez que a diferencia de otras iniciativas que nos ha tocado discutir, y que hemos criticado porque no se han construido aquí en el Senado, ésta de manera particular tiene anotaciones y tiene aportaciones que debemos mantener y rescatar para las importantes discusiones que siguen aquí en el país.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el grupo parlamentario del PRI, el del Partido Acción Nacional, presentaron cada uno de ellos distintas posiciones sobre cómo atender el problema de una deuda estatal que al superar los más de 400 mil millones de pesos, al encontrar información de que de cada 10 pesos de la deuda 9 se han ido al gasto corriente. Hicieron propuestas y planteamientos con distintas ópticas, pero debo subrayar que cada una de ellas con el interés de darle atención a un problema estructural.

Un problema que, también hay que decirlo y que estoy convencido que debe de quedar anotado para el trabajo legislativo que sigue, evidencia los graves problemas que tenemos en el marco estatal y municipal en términos de egresos y en términos de gasto público.

Pero así con la presentación de las distintas visiones hicimos un trabajo constructivo, fuimos acercando posiciones, fuimos buscando que los pesos y los contrapesos, que los equilibrios que se requieren en este contexto, respetando el marco constitucional, respetando una visión federalista, permitieran involucrar nuevos instrumentos para transparentar la deuda, y ahí, por ejemplo, el hecho de contar con un registro nacional de deuda, que de manera periódica cada tres meses permita a la gente, a los ciudadanos, a los actores públicos, a las fuerzas políticas revisar cómo va la deuda en cada una de las 32 entidades federativas, es un avance significativo.

Y este avance se viene a sumar con la que ya hicimos en materia de transparencia, con lo que ya hicimos en materia de contabilidad gubernamental y, sin duda alguna, compañeros y compañeras, con lo que tenemos que hacer en materia de combate a la corrupción.

No podemos pensar este dictamen como un dictamen aislado, se trata de un conjunto de transformaciones que nos lleven a una nueva lógica constitucional en el entramado federalista, respetando a los órdenes de gobierno, pero buscando que desde el más humilde de los municipios, hasta la más encumbrada de las Secretarías de Estado federal, garanticemos que la transparencia y la rendición de cuentas sean objeto de estas leyes, y por eso también hay que destacar dos cambios que me parecen fundamentales para lo que habremos de votar.

El primero es que, respetando a los estados de la República, a los gobiernos estatales, se pidan las dos terceras partes de la votación en los congresos; porque todos sabemos, compañeros y compañeras, que tenemos un problema virreinal en los estados, tenemos un problema donde los gobernadores han llevado hasta los límites la capacidad de definir frente a congresos que desafortunadamente en muchos estados votan a modo de la voluntad del gobernante en turno.

Se cambió así un presidencialismo por un conjunto virreinal que esperamos que soluciones prácticas como ésta de las dos terceras partes ayuden a corregir.

Y una tercera parte, el garantizar que tanto la Federación representada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Senado de la República como representante del Pacto Federal podamos darle seguimiento a la deuda.

Así, compañeros y compañeras Senadoras, lo que hoy tenemos es un mayor equilibrio democrático en el contexto de los estados, pero también la capacidad de involucrar a ciudadanos que revisando el registro de la deuda avalen lo que también a nivel federal se pueda hacer en el contexto de la Secretaría de Hacienda, y un contrapeso, que lo que busca es mayor equilibrio democrático, como el que ofrece el Senado de la República.

De tal forma, compañeros y compañeras, que este tipo de leyes, este tipo de cambios deben ofrecernos una visión de cómo trabajar el tema de la anticorrupción que tenemos pendiente, y especialmente el gran tema para el país, que es la Reforma Hacendaria que tanto requerimos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Armando Ríos Piter.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Con la venia de la Presidencia; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Desde el 2010, en el Congreso de la Unión se han discutido iniciativas con alcances diversos para regular el endeudamiento de los estados y de los municipios, desde su proceso de contratación hasta el destino de sus recursos, todo esto derivado de su crecimiento acelerado y, en muchos casos, irresponsable en los últimos años.

Tan solo durante la presente legislatura, en esta Soberanía se han presentado seis iniciativas que implican cambios constitucionales en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.
Las iniciativas fueron presentadas por distintas fuerzas políticas con lo cual se comprueba que el Senado, una vez más, es el espacio propicio para construir acuerdos y proponer soluciones concretas a los retos que estamos enfrentando, en este caso, en materia de finanzas públicas.

Hoy me es muy grato anunciar a la República que los Senadores que integramos las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos; y de Hacienda y Crédito Público, hemos alcanzado un acuerdo para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, como norma de conducta en los gobiernos estatales y municipales en el manejo de su deuda pública. Llegó la hora de la responsabilidad.

Se presenta hoy ante esta Soberanía el dictamen que permitirá a los mexicanos tener la certeza que brinda la estabilidad económica, la certidumbre a estados que inviertan más y que inviertan bien. La garantía de que el provenir no estará nunca más hipotecado de manera irresponsable.

México ha avanzado en el desarrollo de sus instituciones democráticas y de gobierno, hoy no es ya más el tiempo de la personalización del ejercicio del poder público, sino el de la profesionalización.

El Senado de la República tiene la oportunidad de decirle a los mexicanos, con la aprobación de este dictamen, que hay una nueva etapa en México en donde la democracia les garantiza el orden y la eficiencia en las políticas públicas.

Esta iniciativa, sin duda, emana del consenso y para el consenso; consenso que genera el acuerdo que prohíbe el abuso en el uso de recursos públicos, consenso que incluye puntos de las iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios que adicionan puntos de vista diversos y coincidentes, incluyendo, por supuesto, los contenidos en la iniciativa que tuve el honor de presentar con aval del grupo parlamentario ante esta Soberanía en el mes de febrero pasado.

Mandamos así el mensaje al país que la pluralidad nutre y enriquece, jamás divide ni obstruye. Desde hace 12 años el país cambió, los gobiernos federales encabezados por Acción Nacional iniciaron una cruzada por alcanzar el anhelo de concebir una nueva nación; una nación más justa, más humana y más íntegra; una nación que sembrara certidumbre para cosechar confianza, una nación que se cimentara en la decencia para edificar honestidad; una nación que contara con un gobierno eficiente y políticas públicas incluyentes, y no dudo en afirmar que el anhelo se cumplió.

Con la segunda alternancia debemos asegurarnos que los logros alcanzados permanezcan y construir, con altura de miras, con amor a México un porvenir mejor.

El día de hoy México puede dar un gran paso a favor de la transparencia y la responsabilidad, persiste hasta hoy una dualidad en el funcionamiento de las políticas públicas, en donde la eficiencia federal no siempre corresponde a la realidad local.

Pareciera que nuestro país cambió, pero en temas como la deuda pública el cambio no alcanza a muchos de los gobiernos locales. Los acuerdos alcanzados hoy nos permiten cerrar el círculo perverso de una Federación eficiente y estados deficientes, si así lo determina esta Soberanía, las reglas ahora serán más claras para todos y, por ende, más eficientes en lograr el objetivo.

El dictamen que hoy presentamos aprovecha el equilibrio de poderes que genera una democracia madura y permite tener objetivos nacionales más claros, homologar prácticas y alcanzar juntos mejores resultados.

A través del dictamen se logrará otorgar al Congreso de la Unión atribuciones para legislar en materia de responsabilidad hacendaria en general y en materia de deuda subnacional en lo particular. También se garantizará que dicha deuda no deberá ser canalizada a gasto corriente, no más deuda para cubrir deudas en nuestro país, a su vez, en un avance trascendental, reconociendo que el tema es de tal importancia que requiere la intervención, no sólo de los tres niveles de gobierno, sino también de distintos poderes, el Senado de la República, esta Soberanía, obtiene atribuciones para sancionar convenios para acceder a garantía federal, celebrados entre la Federación y los estados que presenten altos niveles de endeudamiento, así como conocer también de los que celebren el resto de los estados y los municipios.

El Senado tendrá así un rol directo en la supervisión y el control de la deuda pública de los gobiernos subnacionales, con esto afianzamos el espíritu de nuestra función, defender los intereses de nuestras entidades y municipios, honrando el voto de quienes nos dieron su confianza para representarlos.

En esto radica la verdadera esencia de la soberanía y el federalismo, en velar por las demandas de nuestros ciudadanos.

Por otro lado, con las nuevas modificaciones, nuestra Colegisladora, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, podrá fiscalizar el otorgamiento de garantías concebido por el gobierno federal y, de manera concurrente, con los órganos de fiscalización locales podrá vigilar los recursos provenientes de deuda, así como los convenios con gobiernos subnacionales en los que la Federación funja como garante para permitir a estados y municipios contraer deuda en condiciones por demás favorables.

Igualmente, se establece que los refinanciamientos y reestructuras se realicen en condiciones adecuadas para reducir el riesgo de contratación de créditos costosos que deterioren el perfil de la deuda.

Con esto frenaremos que las malas decisiones repercutan en la salud financiera de las entidades y municipios y que al final tengan que cargar con este costo los mismos ciudadanos.

También se garantiza que no se contratará deuda de corto plazo que pueda ser transferida a gobiernos subsecuentes.

Todas las obligaciones de esta naturaleza deberán ser saldadas en su totalidad 3 meses antes de que concluya la administración de un estado-municipio, cerrando la posibilidad de contratación de nuevos créditos durante este plazo.

Respetando nuestro federalismo, se propone también que sean las legislaturas locales quienes, por mayoría calificada, autoricen los montos máximos de endeudamiento, previo análisis del destino, la capacidad de pago y fuente de pago ordenando el proceso de endeudamiento futuro.

Que la herencia de los mandatarios en turno sea sólo de prosperidad y no de opacidad y de oscuridad.

Compañeras y compañeros, hoy refrendamos nuestra obligación como legisladores, buscado reconstruir la confianza perdida por nuestros ciudadanos mediante el único instrumento que tenemos en nuestras manos: la ley.

Podemos asegurar que las diferencias se acortan y los acuerdos fluyen cuando trabajamos en conjunto por nuestro principal objetivo: México.

En el grupo parlamentario del PAN sabemos que aún quedan puntos por determinarse dentro de esta búsqueda por asegurar la total transparencia en el manejo de los recursos públicos y la deuda de estados y municipios.

Por mencionar algunos, falta definir en ley, de manera clara y específica, los sujetos responsables de violaciones en materia de deuda pública, que los causantes de los quebrantos tengan nombre y tengan apellido.

Debemos también establecer la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que habrá de administrar el nuevo Registro Nacional de Deuda, de informar periódicamente, de manera integral y detallada, al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el tema de deuda en estados y municipios.

También tenemos que normar la responsabilidad de los acreedores, aquellos irresponsables, que no obstante la vulnerabilidad financiera de algunos estados y municipios, por el sólo hecho de contar con garantía del gobierno federal, les permiten acceder a financiamiento, deteriorando aún más su situación financiera en perjuicio de sus ciudadanos.

En resumen, esta reforma privilegia los principios de responsabilidad financiera, transparencia, rendición de cuentas, regulación eficiente y a la soberanía de las entidades en materia de finanzas públicas y contratación de deuda.

En democracia, no hay la posibilidad de autoridad sin control, desde Acción Nacional seguiremos trabajando para que el bienestar y el futuro de nuestros hijos no queden hipotecados.

En la democracia no hay control sin el consenso de la sociedad, ni legitimidad sin responsabilidad.

Abrimos una nueva etapa que orientará a que siempre tengamos autoridad para la prosperidad pero no para el capricho y el derroche.

Estoy convencido que este acuerdo alcanzado por todas las fuerzas políticas representadas en el Senado y en el que participaron de todos los sectores: gobierno, iniciativa privada y sociedad, no es el final, sino el comienzo hacia una nueva era de desarrollo, estabilidad y justicia para México.

Esa es nuestra principal lucha y nuestra mayor convicción, y les aseguro, compañeros, que habrá de ser también nuestro mayor legado.

Pido a esta Soberanía el voto que nos permita garantizar que así será.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Carlos Mendoza Davis.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores, compañeros de esta legislatura:

Después de sendas iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios, 6 iniciativas en esta materia, desde hace varios meses, tanto la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como la Comisión de Puntos Constitucionales nos abocamos a hacer un trabajo constructivo para poder construir una legislación que pudiera generar, en nuestro esquema constitucional, un esquema legislativo para advertir lo que hoy no es un problema estructural de las finanzas públicas, pero que sin duda necesita atención y una legislación mucho más prudente que evoque los principios de transparencia y de regulación bancaria en los órdenes estatales y municipales.

Las iniciativas eran del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional.

Abrimos el espacio a todas las voces. En este Senado, desde hace varios meses, hubo audiencia pública donde asistieron no sólo los involucrados, estados y municipios, sino la Federación a través de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los entes privados involucrados en los sistemas de contratación de crédito, como son las calificadoras y las comisiones reguladoras de los organismos empresariales.

Quien quiso trabajar en esta iniciativa, así lo hizo. Abrimos el espacio a todas las voces y a todos les pedimos su opinión.

Con vocación constructiva y con el ánimo de avanzar en un tema sin rebasar una línea muy delgada, que es la tentación de violar la soberanía que en la materia tienen los estados y los municipios, hoy yo me felicito por pertenecer a este Senado de la República, porque estamos generando una legislación que va a poner los términos de solución para no permitir los abusos en el endeudamiento sin trastocar la soberanía de los estados y los municipios.

En esa línea muy delgada, hubo el entendimiento y la generosidad de no rebasarla, y no de dar atrás un paso en el federalismo que tanto se evoca.

Hemos hablado durante mucho tiempo de la reforma hacendaria que necesita este país y hoy es tiempo de que nosotros digamos: que estamos construyendo una reforma hacendaria, que la construimos a partir de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, de una nueva Ley de Contrato de Seguros y Fianzas, de esta modificación constitucional en materia de deuda para estados y municipios, porque la materia hacendaria es muy amplia y muy diversa, y sería imposible, políticamente, pensar que en una sola iniciativa pudiéramos resolver todo.

Hoy con esta legislación seguimos dando pasos seguros a la construcción de una nueva hacienda pública.

Estoy cierto que hay muchos pendientes, entre ellos, las distribuciones fiscales en los órdenes de gobierno de un centralismo fiscal que ya no le funciona al país, pero que eso no nos puede detener a seguir realizando los cambios que el enorme complejo hacendario así lo demanda.

Hoy tenemos las facultades en la Constitución, que estamos sometiendo a votación en esta Soberanía, en donde mantenemos el equilibrio presupuestal entre los gastos y los ingresos.

Inculcamos en la Constitución la sostenibilidad financiera, es decir, la capacidad de pago y el tamaño del endeudamiento con los que los estados y los municipios pueden enfrentar.

Nunca más debemos de caer en la tentación de satanizar el instrumento de deuda, que en un país en vías de desarrollo es un instrumento fundamental para cambiar la nación de todos, que es México. La deuda por sí misma no es mala, es malo cuando se abusa de ella, o cuando se contrata y no se tiene la capacidad financiera para pagarla. Pero en un país con tantas deudas sociales, tenemos que aspirar a un esquema legal, desde nuestra Constitución, donde el buen endeudamiento ayude a construir y abatir las deudas sociales.

Hoy en la Constitución introducimos el concepto de inversión productiva, en donde se cancela la oportunidad de tomar deuda por estados y municipios para el gasto corriente, y tenemos por primera vez la regulación, que seguramente se desarrollará en la legislación secundaria, de los famosos endeudamientos de corto plazo que hoy guardan con opacidad.

Hoy también se genera el incentivo para que a través de un conjunto de reglas que definiremos en la legislación secundaria, el Estado con aquellas entidades federativas y municipios que estén emproblemados puedan reestructurar en un esquema de garantías a partir de condiciones de orden, de transparencia y de regulación de aquellos esquemas que estén rebasados por la realidad.

Amigas y amigos, esta reforma es producto de un esfuerzo profesional, en donde, reitero, se escuchó a todos, es producto de unir las diferentes visiones a partir de tres conceptos:

La transparencia, el límite del endeudamiento para no volver esto un problema estructural de finanzas públicas, pero sobre todo, el respeto y la responsabilidad en la rendición de cuentas que exigimos y demandamos de los tres órdenes de gobierno, a través de generar facultades a la Auditoría Superior de la Federación para poner atención en el desarrollo de los empréstitos en qué, cómo y para qué son usados.

Me parece que hoy tenemos que dar este paso hacia adelante, un paso de una legislación que genera un paraguas constitucional que, junto con la Colegisladora, tendremos que reglamentar; tendremos que especificar muchos de los aspectos que a muchos de ustedes les preocupan, pero que no son materia de la Constitución, y tendremos que mantener la prudencia y el equilibrio en ese gran reto de la construcción de la legislación secundaria, en que sin invadir la soberanía de estados y municipios, y sin dar un paso atrás en el federalismo, que todos deseamos, sea el pretexto para no poner atención de algo, que hay que corregir hacia adelante para seguir usando el instrumento de la deuda pública, para combatir los rezagos sociales, que hoy la desigualdad acecha a la sociedad mexicana.

Me felicito y los felicito, reconozco el trabajo de la Comisión de Hacienda y de todos los compañeros de la de Puntos Constitucionales, porque hoy estamos avanzando en la construcción de una nueva hacienda pública, que México y el país necesita.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Penchyna Grub.

Informo a esta Asamblea, que para la discusión en lo general, en este dictamen, se han inscrito los siguientes oradores: el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, en contra; la Senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, a favor; Senador Marco Antonio Blásquez, del PT, para razonar su voto; y el Senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, a favor del dictamen.

Sonido en el escaño del Senador Preciado Rodríguez.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Sólo que se me registre para razonar mi voto en contra del dictamen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En contra del dictamen, se le inscribe, para darle la palabra en su momento.

No habiendo más oradores que deseen registrarse para la discusión en lo general, se cierra la lista de los mismos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, en contra, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

Me parece que hay avances importantes en estas reformas constitucionales, pero también hay puntos muy delicados que requieren toda su atención.

Los avances ya se han mencionado aquí en materia de transparencia, de rendición de cuentas, una referencia muy importante que el Estado debe velar por las finanzas públicas y generar condiciones favorables para el crecimiento económico del empleo y procurar el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, de acuerdo a los ciclos económicos.

Sin embargo, lo que está en disputa aquí, es la definición del modelo de deuda nacional y local que le vamos a dar a nuestro país. En un marco de un país, que según la Constitución, estamos constituidos como una República Federal, en un federalismo.

Y la creciente dependencia de las participaciones federales ha exagerado las disparidades regionales y no ha permitido la aparición de iniciativas dirigidas a mejorar su desarrollo. Los estados dependen en un 90% de las participaciones federales y el modelo que estamos planteando el día de hoy, va acentuar esa concentración; fortalece el centralismo, porque desde el centro se va decidir ahora la deuda de los estados.

Me parece grave que legislemos a ciegas, esta era una batalla por la transparencia y no la dimos.

Se han felicitado aquí casi todos los que han participado, pero no dijeron lo fundamental. Nunca nos llegó la información, no hay en este recinto un legislador que sepa a cuánto ascienden los pasivos de estados y municipios del país, ni qué características tienen.

Ese problema que queríamos corregir, no lo conocemos y el pretexto fue el secreto bancario, es decir, la deuda pública no puede ser pública, esa era una batalla fundamental que debimos de haber dado aquí.

El artículo 73 de la Constitución como se está proponiendo me parece muy peligroso.

Lo estricto que había sido la redacción y la definición de deuda pública, protegió a este país, por ejemplo, de abusos como el FOBAPROA. Esa definición tan estricta, ahora, se está volviendo muy general, por ejemplo, el Estado puede dar garantías de lo que sea, y se abre peligrosamente la definición de deuda a la ley en la materia.

Puede ser lo que sea, lo que defina la siguiente ley. Estamos abriendo la puerta al mayor rescate financiero de toda la historia de nuestro país.

¿Por qué? Porque ya sabemos que la deuda pública en este país es de 30 puntos del PIB, pero tenemos muchos pasivos ocultos, que tan solo en el caso de sistemas de pensiones puede llegar hasta 100 puntos del PIB.

Con esta apertura del artículo 73 constitucional, en su definición, que no nos extrañe, se abre la posibilidad de regularizar la deuda que ha estado escondida y que esa definición tan estricta nos había protegido de una buena cantidad de excesos, esta era una deuda para controlar una reforma, para controlar, y se abre generosamente la definición de deuda, donde puede caber todo.

El debate no era regular el control del Congreso o la participación de Hacienda. Si estamos en un sistema federal, el problema era corregir o el reto era corregir las situaciones que han provocado excesos y abusos en el endeudamiento y eso era un problema de transparencia, eso era pedirle, por ejemplo, al Banco de México que cumpla con lo que marca el artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, donde le da poder al Banco de México para regular tasas y comisiones y hacerlas públicas.

¿Quién conoce las tasas y comisiones que se cobran a las deudas de estados y municipios?

Tan sólo hacerlas públicas generaría un mercado competitivo de deuda local en el país, de eso se trataba, cómo respondemos con un golpe al federalismo.

Le damos la deuda estatal garantizada, no es otra cosa más que la tarjeta de crédito de Hacienda para los estados, convertimos a la deuda pública que debería ser una variable financiera estrictamente técnica que completara el financiamiento de los estados para alcanzar cierto nivel de desarrollo en una variable política.

A partir de hoy el crédito que va a tener cada estado se va a definir en la Secretaría de Hacienda y eso es control político para Hacienda.

Vamos a hacer a la Secretaría de Hacienda más poderosa de todos los tiempos, vamos a aumentar la dependencia de los estados hacia el centro.

¿Control de deuda en los estados?

Veamos cómo se redactó el artículo 117.

No definimos inversión pública productiva.

Hasta la Corte han llegado los litigios, porque esa definición tal como está y como se está ratificando, ha permitido la discrecionalidad en la contratación de créditos y en lugar de definirla le damos otra vez la vuelta.

Y no sólo eso, abrimos la posibilidad de que la deuda sea considerada como deuda de los estados, la deuda de organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos.

Queríamos menos deuda en los estados. Carta abierta para tener más.

Y otra que me parece una aberración: deuda de corto plazo.

Bueno, se supone que la deuda es para inversiones públicas productivas. Deuda de corto plazo y con la ingenuidad de poner que debe de liquidarse tres meses antes.

¿Para qué le ponemos ese plazo si se puede refinanciar? Hasta parece un mal chiste.

Lo que hay que limitar es que en la deuda pública de corto plazo no puedan darse garantías y no tenga salida, que no pueda regularizarse como el resto de la deuda. Cosa que se está permitiendo en el mismo artículo 117 constitucional.

¿Qué país queremos?

Uno donde tengamos 32 estados con todos los incentivos a tener finanzas públicas responsables, a incrementar sus ingresos, a cuidar sus gastos, a construir proyectos de inversión que impacten el desarrollo de la entidad, de la ciudad, del municipio; o queremos a 32 gobernadores que no les importe tener responsabilidad fiscal, porque su capacidad de financiamiento depende de una relación política.

Esa es la opción y eso es lo que se define el día de hoy aquí. Confundimos la batalla, la batalla no es por el control, esta era una batalla por la transparencia en el ámbito del federalismo.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

La reforma en materia de deuda de estados y municipios no es todo lo que hubiéramos deseado, pero responde a una realidad del país a la que tampoco hubiéramos deseado llegar y peor es ver la realidad y no hacer absolutamente nada.

Tiene razón el Senador Mario Delgado en la parte que dice que en reiteradas ocasiones se le ha solicitado a la Secretaría de Hacienda nos envíe toda la información correspondiente y a la fecha no la ha enviado. Pero esta iniciativa, esta reforma constitucional ahora establece que las entidades y los municipios de manera obligatoria entregarán la información directamente a este Senado.

Como sabemos, el tema de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios cobró especial relevancia en los últimos meses ante escenarios de que varios gobiernos locales pudieran llegar a poner en peligro la estabilidad de sus finanzas públicas y con ello perjudicar a la población.

La Secretaría de Hacienda reportó una deuda subnacional incrementada de 1.7 a 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto, sólo entre 2009 y 2012, alcanzando un monto de 435 mil millones de pesos. Esta deuda representa además el 86.1 por ciento de las participaciones federales.

El crecimiento de la deuda se inició en 2009, la principal razón fue la disminución de las participaciones federales por efectos de las crisis económicas de 2009. En ese año se recortaron las participaciones federales en 11.3 por ciento que en recursos monetarios fueron de 48 mil millones de pesos.

En ese año la deuda de las entidades y municipios aumentó prácticamente en la misma cantidad en 49 mil millones de pesos, pasando de 1.7 a 2.2 del PIB.

De aquí se puede deducir que el endeudamiento de 2009 se utilizó para compensar la pérdida de ingresos de las participaciones, es decir, que las entidades decidieron endeudarse, lo que no es en principio criticable, ya que lo mismo hizo la Federación, pero es importante señalar que en 2010, una vez que se subsanó el problema, que la Federación entregó casi 50 mil millones de pesos a las entidades, éstas a su vez aumentaron la deuda en 111 mil millones de pesos más y a partir de entonces se ha seguido incrementando hasta llegar ahora al 34.4 por ciento del Producto Interno Bruto.

Además del diagnóstico económico, nuestro grupo parlamentario también tomó en cuenta que el crecimiento de la deuda subnacional estuvo marcada por la opacidad y sospechas de corrupción de funcionarios públicos. Por ello, es importante decir y enfatizar, enviar un mensaje claro al país, ésta reforma tiene como objetivo central mejorar la regulación, la transparencia y la fiscalización de todas las obligaciones de pago de los estados y municipios.

De ninguna manera debe entenderse como un borrón y cuenta nueva sobre las investigaciones en curso, o en casos como los de Coahuila, Chiapas y otros, que pusieron en tela de juicio la incapacidad o más bien quedó muy evidente la incapacidad de los gobernantes para cumplir y rendir cuentas a las y los ciudadanos que los eligieron.

En este Senado nosotros vamos a votar a favor porque esta iniciativa brinda la posibilidad, primero, de establecer los principios en que el Estado mexicano en su conjunto deberá respetar el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad financiera, entre otros.

Se amplían las facultades del Congreso para legislar sobre la forma en que el Ejecutivo pueda otorgar garantías, solamente cuando así lo decidan los gobiernos. El avance es que las garantías serán otorgadas bajo criterios que establezca la ley reglamentaria en la materia y no de manera discrecional por parte del Ejecutivo.

Varios aspectos que tocó el Senador Mario Delgado estarán contenidos en la ley reglamentaria correspondiente.

En el artículo 73 constitucional, se logra facultar al Congreso para que establezca las bases generales en que los estados, el Distrito Federal y municipios puedan endeudarse. Podrán fijarse en leyes secundarias los límites para comprometer participaciones federales, para cubrir empréstitos y otras obligaciones.

Se incorpora también la facultad de establecer un registro único de todos los empréstitos y obligaciones de pago, así como un sistema de alerta que puedan enviar señales y prevenir casos de sobreendeudamiento. Estos dos aspectos fundamentales fueron la propuesta de nuestro grupo parlamentario.

Se reforma el artículo 76, para otorgarle al Senado facultades, control en la materia, es un control democrático, el PRD decidió estar a favor de esta nueva facultad para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos que deben regir en todo sistema democrático.

En este sentido, los convenios serán sancionados por el Senado en caso de los que tengan elevados niveles de deuda.

Un avance también de esta reforma, será fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, especificando que pueden fiscalizarse los recursos en materia de deuda y los posibles esquemas de garantías que hoy no establece con toda claridad la ley de fiscalización, y podrá, en su caso, los estados y los municipios solicitar garantías siempre y cuando dé su autorización el Senado y pueda ésta ser fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

A propuesta del PRD, también se reformó el artículo 108 que forma parte de las responsabilidades de los servidores públicos, se incorporó que los servidores públicos serán responsables por un manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública como un claro mensaje para evitar abusos y corrupción de quienes toman las decisiones.

En el artículo hay otras cosas, pero nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta reforma, aunque tiene claro que para resolverse de fondo este problema de deuda y de falta de recursos en los estados y los municipios, pasa por hacer una reforma hacendaria que amplíe las potestades tributarias de las entidades y los municipios. Este es un reto que tendremos en los próximos meses, en esta discusión pedimos a otros grupos parlamentarios que sean congruentes a que, como ahora, muestren apertura de conciliar posiciones y acordar una reforma hacendaria que responda a la realidad del país y que proponga cambios necesarios para fortalecer a nuestros gobiernos locales en el marco de nuestro Pacto Federal.

Es cuanto, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para razonar su voto.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Con el permiso de la Asamblea y del Presidente de la misma. Quiero dividir mi posición ante esta Asamblea en tres puntos.

Primero, un comentario, después un análisis de las inconsistencias y cerraré con una conclusión.

El comentario.

Este dictamen somete a los estados y municipios al régimen de crédito de los particulares, cuando los bancos administran recursos y recibieron fondos del FOBAPROA a tasas preferenciales.

Se observa que no hay restricciones para:

A).- Proteger las aportaciones, los recursos destinados a superar la pobreza y los derechos sociales como derechos económicos, culturales y ambientales que se sirven para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones de dar eficacia al derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, etcétera.

Esto es asumido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y clarificadas por las observaciones del Comité de Derechos Humanos y otros organismos.

B).- Fijar tasas bajas acordes al mínimo riesgo que implica para los bancos, los créditos a estados y municipios respaldados por el gobierno.

C).- Inhibir comisiones por apertura, administración y finiquito de las deudas que muchas veces disparan el costo total financiero.

Hemos encontrado también en el análisis algunas inconsistencias que doy a conocer.

Se sugiere el término “vigilará” en lugar del término “velará”, pues éste término no clarifica qué deberes tendrán los sujetos obligados.

El precepto se refiere al Estado, y pregunto, ¿el Banco de México ahora sí tendrá el objetivo de fomentar la creación de empleos además de contener la inflación?

El lugar de ciclos económicos es más amplio y por tanto de mayor protección para nuestra economía hablar de situación o entornos económicos.

En la fracción VIII, párrafo primero, al introducir la facultad de dar garantías sobre los empréstitos, debiera excluirse a los bienes del dominio de la nación, ya que de quedar así, el Decreto legitimaría la garantía que algún ex presidente dio sobre la renta petrolera a los Estados Unidos, y se comprometerían a futuro nuestros hidrocarburos y los recursos naturales a los que refiere el artículo 27, como propiedad de la nación.

Autorizar refinanciamiento sobre estructuras, sobre condiciones de mercado, es dejar el crédito de la nación a la voracidad de la banca internacional que fue precisamente lo que provocó la crisis en Europa y en los Estados Unidos.

Debieran también analizarse restricciones como tasas de desarrollo para que ese destino, es precisamente el dinero de acuerdo con el artículo 117 constitucional a menor riesgo, menor tasa.

Para no hipotecar el desarrollo nacional, debiera precisarse que los recursos para superar la pobreza y aquellos destinados a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no serán afectados, es decir, las aportaciones no serán dadas en garantías.

Párrafo tercero, las participaciones representan para algunos municipios entre el 20 y 60 por ciento de su hacienda, de ahí que debiera fijarse en la Constitución una razón o porcentaje máximo del endeudamiento y no dejarlo a la ley secundaria como se pretende.

Las participaciones federales Ramo 28, se destinan a pago de sueldos, gasto corriente y obligaciones financieras, por tanto debiera precisarse que las administraciones municipales deberán tener un tamaño racional para no financiar abusos o nóminas infladas como ha estado ocurriendo.

Debiera excluirse de las participaciones los sueldos del personal que atiende a grupos vulnerables y que no quedan comprendidos en las aportaciones, como por ejemplo el DIF, Protección Civil, etcétera.

Debiera también quedar claro que las participaciones para educación, salud, SUBSEMUN no son susceptibles de darse en garantía ni de reducirse para ampliar las participaciones que sí garantizan.

Y también quiero señalar sobre el artículo 76, fracción XI, no debe de haber borrón y cuenta nueva para los estados y municipios con deudas enormes.

El rescate requiere que informen y comprueben detalladamente en qué se gastó el dinero, los desvíos serán nulos y los recursos conservarán su carácter de públicos para recuperarlos de quien los detente, ya sean inmuebles en el extranjero, en cuentas en paraísos fiscales, etcétera.

Y el artículo 117, fracción VIII, último párrafo, autorizar a estados y municipios créditos a corto plazo sin justificar el déficit en sus finanzas que lo motiva y que es un incentivo a la corrupción.

Encontramos, además de premura legislativa, que este dictamen es limitante de la autonomía estatal y municipal, que este dictamen no tiene o carece de perfil republicano y que además somete a los estados y municipios a una sujeción avasallante.

Por lo cual el voto de la fracción parlamentaria del PT será en contra.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar en pro del dictamen.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vaya que este tema que, por cierto, se decidió por parte de quienes integramos esta legislatura, tendría que ser parte fundamental de la agenda del Senado. Es también parte, evidentemente, de la agenda nacional y ha sido sujeto a una serie de señalamientos, de comentarios, pero yo me permito señalar que evidentemente este gran esfuerzo de consenso, realizado por todas las fuerzas políticas que conforman el Senado, hay que reconocerlo, no ha sido fácil, y es que este tema, compañeras y compañeros, es uno de los que mayor preocupación nos despierta como legisladores.

Así se puede revisar al echarse un clavado, válgase el término, a lo que se ha venido proponiendo desde los distintos grupos parlamentarios, pero además porque evidentemente ha contado en las agendas particulares de cada grupo en un lugar fundamental, y no es para menos, yo creo que el exponencial crecimiento de la deuda subnacional, como aquí se le ha llamado, aunque muchos recalcitrantemente afirman lo contrario, a mí sí me parece que es un problema sistémico que claramente atenta contra la estabilidad del Pacto Federal, y lo digo porque a pesar de que hay que enseñar lo contrario, todos estuvimos de acuerdo en que era un asunto que había que discutir y yo creo que lo hemos hecho con mucho éxito.

Me quiero referir también, por supuesto, a lo que hemos llamado el endeudamiento irresponsable, a lo que hemos comentado también aquí como manifestaciones de las más abusivas en las que han incurrido algunas administraciones estatales y, por supuesto, que esto no se debe consentir y estoy seguro que ninguno de los legisladores aquí presentes así lo consideran.

En este sentido, también creo que es importante recordar que desde un principio se plantearon preguntas fundamentales que en buena medida ayudaron a definir finalmente las adecuaciones que hoy estamos nosotros por votar.

Cómo inhibir, era una de las preguntas, ¿cómo inhibir el uso irresponsable de un instrumento legal y legítimo como es la contratación de deuda?, que tampoco hay porque satanizar, o nos preguntábamos, ¿con qué atribuciones constitucionales el Senado de la República podría abocarse a esta labor o hasta qué punto con estas modificaciones se estaría atentando contra la soberanía de los estados?

Alguien más preguntaba, ¿qué tanto margen de acción estaríamos dispuestos a dejarle a los gobiernos locales para endeudarse de manera irresponsable, como ha sido el caso de muchas entidades bajo la legítima proclama federalista? Esas son muchas preguntas que nos formulamos.

Pues bien, yo he pedido el uso de la palabra para afirmar que si de algo estoy seguro, es que con este dictamen hemos logrado, como aquí se ha planteado, un justo medio, un punto de encuentro donde todas estas válidas preocupaciones anteriormente expresadas encontraron su justa consideración, y por eso creo prudente, señor Presidente, compañeras y compañeros, reflexionar acerca del objetivo ulterior de esta reforma constitucional.

Yo creo, y lo afirmo con mucha firmeza, y así lo han mantenido también los miembros de las comisiones dictaminadoras, que lo que aspira alcanzar esta reforma es la institución de un marco normativo que como estipula el apartado 3o. de la fracción VIII del artículo 73 constitucional, que nosotros mismos estamos incorporando, busca establecer en las leyes correspondientes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, pero también los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrían afectar sus respectivas participaciones para poder afectar, para poder cubrir los empréstitos y las obligaciones del pago que tendrían que estar contrayendo.

También establecimos en este marco jurídico la obligación de esos órdenes de gobierno para inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y las obligaciones de pago en un registro único, de manera oportuna y de manera transparente, y un sistema de alertas que aquí ya también se aludió sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan con estas disposiciones.

Esto significa una serie de criterios, una serie de lineamientos de carácter prudencial que detengan el crecimiento exponencial de la deuda de los estados que repito, en muchos casos ha sido irresponsable y como ya mencioné, puede, incluso poner el riesgo la estabilidad del Pacto Federal.

Todo eso creo que fue debidamente valorado, todo eso se reflexionó, se discutió ampliamente, a detalle, y por eso hoy vengo también a exponer no solamente como uno de los proponentes de las seis iniciativas, sino como integrante del grupo parlamentario del PRD, nuestro grupo votará a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en contra del dictamen.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su venia, señor Presidente; amigos Senadores y amigas Senadoras:

Yo hice un esfuerzo extraordinario para buscar la forma de votar a favor de este dictamen, inclusive de buscar la forma de abstenerme reconociendo que tiene avances importantes, pero yo quiero ser congruente con lo que señalamos durante la campaña electoral y a lo que nos comprometimos.

La gente andaba muy enchilada allá en mi pueblo, porque el gobierno de Coahuila se había endeudado con más de 30 mil millones, hoy en día le acaban de congelar la cuenta a la hija del ex gobernador de Tabasco por 3 mil millones, y cuando hacemos este señalamiento viene el reclamo del otro lado, que el gobernador de Jalisco del PAN, pues también endeudó a Jalisco, y luego cuando tocamos a algún otro partido pues le señalamos a su gobernador, pero se nos olvida que al final del día la deuda no es ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD ni de ningún otro partido, la deuda es de los ciudadanos que al final del día esos ciudadanos que nos dieron su confianza para que estuviéramos hoy aquí, son los que van a tener que pagar hasta el último peso de la deuda que fue contraída o por sus gobernadores o por sus municipios.

Entonces amigos, cuando a mí me dicen que esto se va a resolver en ley secundaria significa lo mismo, que hay que crear una comisión para que no resuelva nada.

En la propuesta del PAN venían algunos avances importantes, avances que yo no estoy viendo en el dictamen.

En primer lugar, se dice que se le va a informar al Senado y eso es mentira, el dictamen dice: a una de las comisiones del Senado, a la comisión correspondiente.

Pero además esta información se le va a informar después de que se haya firmado el convenio y no antes, entonces dónde está el control que puede ejercer el Senado.

En segundo lugar, viendo estos casos de exceso se había planteado la posibilidad que los gobernadores, Diputados locales, miembros del Consejo de la Judicatura local y Magistrados del Tribunal Local fueran sujetos de responsabilidad penal cuando avalaran endeudar al estado de manera totalmente irresponsable, y eso también fue retirado del dictamen.

Se señaló que podrían ser sujetos de juicio político, una reforma al artículo 110 constitucional y que a partir de ahí como sujetos a juicio político podría iniciársele un procedimiento en las Cámaras, en el Congreso General para notificarle a la legislatura de los estados y concluyeran ese proceso y esa reforma también se eliminó, es decir, por endeudar a los estados y a los municipios no se les puede aplicar ninguna sanción a los gobernadores ni a los presidentes municipales, ni a los titulares de órganos descentralizados o desconcentrados de los estados, no hay responsabilidad. Entonces estamos hablando de una reforma imperfecta porque obviamente señala observaciones, pero no pone sanciones.

Y por último, y aquí sí creo que fue bastante el exceso, es que el artículo 117 de la Constitución señalaba que no se podía endeudar al estado para pagar deuda, sólo para inversiones, pero no para gasto corriente. Y en la reforma, y en la adición que están haciendo las comisiones sí están agregando la posibilidad, y lo leo textual: “se destinan a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura de las mismas que deberán realizarse bajo las condiciones del mercado”.

Es decir, constitucionalmente le estamos autorizando a los estados a que adquieran deuda para pagar deuda, ¿bajo qué condiciones? Bajo las que diga el mercado. Es la primera reforma que sufre nuestra Constitución, y digo sufre en la que la sujetamos a las condiciones del mercado, es decir, esta Constitución en su artículo 117 va a permitir que los estados adquieran deuda para pagar deuda, según como estén las tasas en ese momento.

Creo que esos razonamientos y los excesos que se han cometido, que no pueden ser sancionados, me lleva a votar en contra de este dictamen. No les pido lo mismo, sólo les pido que piensen lo que va a pasar después de que esta decisión haya sido tomada por el Senado de la República.

Allá hay gente que nos está observando, allá hay gente que nos dio su confianza, allá hay gente que va a ser defraudada en su confianza, porque no pudimos ni meter a la cárcel a los que se excedieron endeudando a sus estados, y no pudimos siquiera como Senado de la República, detener el endeudamiento excesivo en ese dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

El artículo número 73 por parte del Senador Mario Delgado Carrillo y de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, dos reservas distintas, según entiendo.

El artículo 76, fracción XI del Senador Mario Delgado Carrillo en el sentido de suprimir la reforma.

El artículo 79, fracción I también para suprimir reforma por el Senador Mario Delgado Carrillo.

El artículo 117 se reserva por el Senador Mario Delgado Carrillo, también por la Senadora Laura Angélicas Rojas Hernández y el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Reservado está también el Segundo Transitorio, Senador Mario Delgado Carrillo.

Quinto Transitorio, Senador Raúl Cervantes Andrade, y el Séptimo Transitorio, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

¿Algún otro artículo?

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.
Esta Mesa Directiva saluda a los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, invitados a dialogar con las Comisiones de la Frontera Norte, de Migrantes y de América del Norte.

Bienvenidos compañeros migrantes al Senado de la República.

(Aplausos)



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al registro electrónico, se emitieron 103 votos en pro, 8 en contra y 3 abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Se concede la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al artículo 73 del proyecto de Decreto.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

La reserva es muy sencilla. Es quitar la frase que dice “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, lo que estoy pidiendo eliminar, “o en los términos de la Ley de la Materia”. ¿Por qué? Porque como ya mencioné aquí, lo estricto de la definición en la Constitución de deuda pública y sus fines, nos ha protegido como país de que no se incremente la deuda pública más allá de los límites que tenemos actualmente.

También eso es lo que ha protegido en materia de refinanciamientos, ese artículo era un ancla. Todo refinanciamiento de deuda que se hacía siempre tenía que llevar a disminuir el costo financiero de esa deuda. De otra manera se interpretaba que se estaba endeudando de manera adicional y no se tenía el sustento constitucional, pero si se podía mejorar las condiciones de la deuda siempre y cuando fuera menos de la deuda contratada originalmente.

Al abrir esto, al meter refinanciamiento, la lógica de los refinanciamientos para disminuir costos financieros de mediano y largo plazo se elimina. Decir, puede haber refinanciamientos que van a costar más, sí a condiciones de mercado, pero las condiciones del mercado pueden variar en un crédito que tenga un plazo considerable. Es muy peligroso abrir, como estamos abriendo aquí, el concepto de deuda. Gracias a este artículo y su redacción, insisto, no se pudo hacer lo que se pretendía con el FOBAPROA, de convertir de inmediato pasivos que genera de manera ilegal o irregular el gobierno y que después lo pretende acreditar como deuda pública. Se vuelve muy general; deuda pública puede ser lo que sea, a partir de cómo estamos abriendo este concepto constitucional.

Y abrir la posibilidad de la reestructura, pues quita ese candado. Todas las reestructuras tenían como límite que cuesten menos. Al darse la posibilidad constitucional de la reestructura pueden tener un costo mayor, decir, se puede cambiar las condiciones de los pasivos, que eso significa refinanciar a condiciones más adversas dependiendo de cómo estén las condiciones del mercado. Que mínimo debería ponerse en este artículo que sean las mejores condiciones del mercado para garantizar que la deuda cueste menos.

Entonces, la reserva va en ese sentido, quitar la frase “o en los términos de la Ley de la Materia” y si se va a contratar términos de mercado, pues que sean las mejores condiciones, sino, esto va a costar más.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 73 e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: “Artículo 73, fracción VIII.- En materia de deuda pública para:

Primero.- Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos o los que se realicen con propósitos de regularización monetaria.

Las operaciones de refinanciamiento o reestructura de células que deberán realizarse en las mejores condiciones del mercado, así como los que contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.

Tercero.- Establecer en las leyes correspondientes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento que en todo momento deberán preservar la estabilidad de las finanzas públicas en términos del artículo 25 de esta Constitución.

La obligación de dichas órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus emprestititos y obligaciones de pago en un registro público de manera oportuna y transparente.

Un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quién esté por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se concede la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al artículo 73 del proyecto de Decreto.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señor Presidente.

En primer lugar, quiero reconocer a los integrantes de las comisiones dictaminadoras por la construcción de este dictamen que representa un avance importante para la mejor regulación de la deuda pública subnacional.

Ese dictamen hace énfasis en que los gobiernos deberán buscar que la contratación de deuda pública sea bajo condiciones favorables de mercado. Esto es, la menor tasa posible, las comisiones más bajas en el plazo óptimo.

Una forma de garantizar la concreción de esta intención contemplada en el dictamen, es la licitación. Esta es una herramienta eficiente que ya es utilizada en el gobierno, que precisamente busca obtener las mejores condiciones de contratación para el gobierno.

La contratación de deuda a través de un contrato gubernamental en el que está en juego dinero público, no debería estar exenta.

La licitación para deuda es utilizada en Uruguay, Chile y Argentina, por citar algunos países.

Por lo anterior, propongo incorporar en el texto del artículo 73 las condiciones de licitación de deuda pública como una de las facultades de ese Congreso. Incorporar este precepto garantiza las mejores condiciones en la contratación de deuda para obtener los mejores resultados, el menor costo en beneficio, por supuesto, de los ciudadanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 73 e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: “Artículo 73.-Tercero.- Establecer en las Leyes correspondientes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento los límites y modalidades bajo las cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan.

La obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente, un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda, las condiciones para su licitación, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones".

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Las reservas a los artículos 76 y 79 que anunció el Senador Mario Delgado en la votación nominal, fueron retiradas.

En la votación nominal que realizaremos, pondremos a su consideración los 3 artículos: El artículo 73, el artículo 76 y el artículo 79. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos en pro, 17 en contra y 6 abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 73, 76 y 79 del proyecto de Decreto.

Se le concede el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al artículo 117 del proyecto de Decreto.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Hace algunas semanas tuve la oportunidad de ir al estado de Tabasco para revisar, analizar con las autoridades, gracias al favor que me hizo el gobernador, de darme acceso a la información, y me encontré lo siguiente:

En Tabasco la ley estatal fue modificada en 2010 para incorporar la deuda de corto plazo.

La deuda de corto plazo era aquella que se podía contratar y se tenía que liquidar el mismo año en que se contrataba, hasta por 8 por ciento de los ingresos totales del estado. En el 2011 se modificó y se elevó a 15 por ciento.

En 30 de septiembre de 2012, hace apenas unos meses, una calificadora internacional daba el reporte de deuda de Tabasco, alrededor de mil 300 millones de pesos, con calificación “AA”, con perspectiva positiva. Tabasco era el edén de las finanzas públicas.

El 13 de noviembre, el gobernador Andrés Granier, envió un Decreto al congreso local para informales que la deuda de corto plazo era de más de 3 mil 500 millones de pesos, y le pedía a su congreso que se la regularizara y que la hiciera en deuda adicional del estado. El 15 de noviembre el estado lo autorizó; el 17 de noviembre se publicó este Decreto y la deuda de Tabasco se triplicó.

Esto es lo que se está proponiendo en la Constitución de la República.

Esto es lo que se permite ahora desde la Constitución en el artículo 117.

Esto es la solución, con esto se va a poner en orden a los estados, de verdad.

No sólo eso, ahora puede ser deuda lo que se contraten los fideicomisos que tengan los estados.

¿Alguien sabe cómo se utilizan los fideicomisos y cómo puede convertirse ahora en deuda pública?

Damos la posibilidad a nivel constitucional de que los estados puedan hacer refinanciamientos.

Otra vez, como antes no existía el concepto, todo refinanciamiento, necesariamente llevaba a que la deuda costara menos, ahora no, se abre la posibilidad de cualquier refinanciamiento. Me parece que va en sentido contrario: se va a volver más discrecional la contratación de deuda.

Y al igual que en el artículo 73, estamos dejando, en términos muy generales, el concepto de deuda.

Ni siquiera definimos inversión pública productiva, que dio origen a litigios en la Corte, y la Corte tuvo que dar una interpretación del artículo 117 constitucional respecto de que esa inversión pública productiva, porque es muy general. Tenemos la oportunidad de definirla. Eso es lo que estoy proponiendo.

Inversión pública productiva, es aquella que se utiliza para aumentar la calidad o la cantidad de infraestructura, que sirva para ofrecer servicios públicos. Que esa es la función del gobierno.

En ese sentido van estas reservas y que nadie se diga sorprendido, que nadie se llame a la sorpresa, de lo que aquí se va a votar.

En el artículo 73 y en el artículo 117, lo que vamos a ver a continuación es el mayor incremento de deuda pública que haya tenido nuestro país al amparo de la Constitución.

Y quitarle, me parece, la posibilidad a los estados de decidir entre ellos mismos, con total transparencia, los montos de financiamiento, nosotros los Senadores de la República, que somos los representantes de los estados en el Pacto Federal, quitarle su facultad de endeudamiento, me parece que es un acto de claudicación.

Gracias, compañeros Senadores.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Delgado Carrillo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 117 e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: "Artículo 117, fracción VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas que contribuyan a la creación y mantenimiento de infraestructura con rentabilidad social y al refinanciamiento o reestructura de aquellas que hayan aprobado las legislaturas locales. Mismas que deberán realizarse en las mejores condiciones de mercado. Inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas.

Lo anterior conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben.

Los ejecutivos informaran de su ejercicio al rendir las cuenta pública y en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos, en las mejores condiciones del mercado, para contratar dichos empréstitos y obligaciones. Previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Los estados y municipios podrán contratar financiamientos para cubrir sus necesidades de corto plazo, siempre que se cubran en el mismo ejercicio fiscal o en el siguiente.

Dichos financiamientos no podrán obtener garantía alguna, ni se podrá refinanciarlos o reestructurarlos".

Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Rojas Hernández, para presentar su propuesta de modificación al artículo 117 del proyecto de Decreto.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente.

El presente dictamen propone el fortalecimiento de las garantías federales para la contratación de deuda únicamente. Esto mantiene la dependencia de las finanzas públicas de la Federación.

México es uno de los países con mejor recaudación local dentro los miembros de la OCDE. Por lo que es importante incentivar el incremento de los ingresos propios de los estados y municipios para que estos sean autosustentables, estableciendo al menos un porcentaje como garantía que debe provenir de sus propios ingresos. Esto como un incentivo para que los estados y los municipios recauden más.

Esta medida también fomentaría una mayor responsabilidad en la contratación y el ejercicio de la deuda pública local, además de avanzar en la autosuficiencia financiera de cada estado.

Ya instituciones como el INCO han realizado estudios de los beneficios de esta medida, e incluso del impacto y viabilidad que podría tener y que por supuesto debería estar regulado en la ley secundaria.

Por ello, propongo que se incorpore un párrafo en el artículo 117, que establezca, expresamente, que toda contratación de deuda pública deberá de ser respaldada por un porcentaje de contribuciones propias del estado o de los municipios.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 117 e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Artículo 117, fracción VIII. Se agregaría un cuarto párrafo, que diría a la letra:

“Toda contratación de deuda pública, deberá ser respaldada por un porcentaje de contribuciones propias del estado o municipios”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se le concede el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar su propuesta de modificación al artículo 117 del proyecto de Decreto.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Sin duda, el tema que estamos discutiendo es un tema de altísima relevancia para la vida pública de nuestro país.

Votamos a favor en lo general, porque coincidimos con los planteamientos que se están haciendo en la citada reforma constitucional.

Pero sí nos preocupa que la esencia del Senado de la República se esté perdiendo, y la esencia de cualquier Parlamento, pues es la discusión, es el debate, es el argumento para combatir otro argumento con el que no coincidimos.

Y hoy que estamos viendo en todas las propuestas que se han hecho, una mayoría mecánica, que se niega a discutir cuestiones torales, como las que ha señalado el compañero Senador Mario Delgado, que efectivamente van a comprometer a las entidades federativas y a los municipios.

Sí les hago un llamado atento, un exhorto atento, a que se revise con atención los planteamientos y no se niegue la esencia del Parlamento, que es la discusión, el debate.

Hay levanta dedos, pues qué lástima que vengan a levantar el dedo y negar el debate. Lo digo con todo respeto.

La propuesta que queremos hacer para modificar el artículo 117, en su fracción III, tiene que ver con lo que son las mayorías calificadas en los congresos.

La propuesta que se está haciendo de parte de las comisiones unidas es, las legislaturas locales por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Es decir, lo que estamos cancelando en los congresos locales es exactamente lo que estamos cancelando aquí, la posibilidad del debate y que las mayorías mecánicas se impongan y entonces lo que se pretende prevenir, que es el endeudamiento irresponsable, pues se va a dar en muchas entidades federativas por las mayorías de los grupos parlamentarios mayoritarios que se va a hacer su santa voluntad y no va a haber posibilidad de discutir con los grupos minoritarios si se endeuda o no se endeuda al estado o algún municipio.

Ejemplos:

En el Estado de México se tienen 75 Diputados locales, el quórum reglamentario para que pueda sesionar el congreso es de 38 legisladores.

Si se presentara este escenario de 38 legisladores, la mayoría, los dos tercios, lo completarían 26 legisladores, es decir, el 34 por ciento de la Cámara, la minoría, ni siquiera la mayoría simple, sería la minoría y sólo el Revolucionario Institucional en el Estado de México tiene 40 legisladores, es decir, haría lo que el señor Eruviel quisiera en materia de endeudamiento público para esa entidad federativa y para los municipios.

Quedan relegados las demás fracciones en un escenario de esta naturaleza.

¿Qué pasaría si le colocamos a la Constitución de la República que sea la mayoría calificada o los dos tercios de los Diputados que tiene cada Legislatura?

En el Estado de México se obligaría la discusión al debate, al acuerdo, al consenso porque la mayoría calificada en el Estado de México la representan 50 legisladores, es decir, 10 Diputados más que el grupo parlamentario que tienen la mayoría en ese estado. No se está a discusión cómo ganó, lo importante es que es el escenario.

En el estado de Chiapas se tienen 41 legisladores, 21 es el quórum y en un escenario de esta naturaleza solamente con mayoría simple se tendrían 14 legisladores que es también la minoría.

En Morelos, mi entidad federativa, y con esto voy a concluir, tenemos 30 legisladores, 16 son el quórum, 11 Diputados en ese escenario serían los dos tercios, es decir, el 36 por ciento de los Diputados, solamente es decir la parte minoritaria estaría autorizando empréstitos.

En Morelos tenemos 13 legisladores del PRD y sólo se requieren 11 en un escenario completando solamente el quórum.

Por eso compañeros, la propuesta concreta es que las legislaturas locales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros deberán autorizar los montos máximos para en condiciones de mercado contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

No permitamos que las minorías en los congresos, que normalmente están controladas por el Ejecutivo, endeuden de manera irresponsable. Permitamos el debate y los acuerdos en los congresos locales adicionando o eliminando esta parte que dice que los miembros presentes.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 117 e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Artículo 117.- Se agregaría un tercer párrafo que a la letra dice: “Las legislaturas locales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros deberán autorizar los montos máximos para, en condiciones de mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levanta la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 117.

Voto a favor significa votar a favor del artículo 117 en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos en pro, 15 en contra y 5 abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el artículo 117 del proyecto de Decreto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al Artículo Segundo Transitorio del proyecto de Decreto.

El Senador Delgado Carrillo, que me parece no está en la sala, entregó de manera oportuna su reserva; le pido a la Secretaría dar lectura de su resolutivo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Transitorio Segundo.

"La ley reglamentaria que deberá expedirse en términos de la fracción VI del artículo 73 constitucional, así como las reformas correspondientes que sean necesarias para cumplir lo previsto en este Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto".

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del Artículo Segundo Transitorio. El voto a favor es en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 92 votos en pro, 7 en contra y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el Artículo Segundo Transitorio del proyecto de Decreto.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación al Artículo Quinto Transitorio que presentan los Senadores Raúl Cervantes Andrade y Alejandro Encinas Rodríguez e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Artículo Quinto Transitorio.

"La ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación a la contratación de financiamiento de corto plazo, a que se refiere el artículo 117, fracción VIII, último párrafo de este Decreto".

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aceptada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del Artículo Quinto Transitorio con la propuesta aceptada.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, informo a usted que de acuerdo al sistema electrónico de votación, se emitieron 95 votos en pro, 8 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el Artículo Quinto Transitorio del proyecto de Decreto.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación al Artículo Séptimo Transitorio que presentan también los Senadores Raúl Cervantes Andrade y Alejandro Encinas Rodríguez e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: "Artículo Séptimo Transitorio.

La ley reglamentaria establecerá que en el registro a que se refiere el artículo 73, fracción VIII, apartado 3o. constitucional, se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para efectos del fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información.

En tanto se implemente el referido registro se pondrá a disposición de las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión, un reporte de las obligaciones y empréstitos a que se refiere el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 días naturales, así como aquella información adicional que las comisiones legislativas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma, igualmente, se deberá informar cada cierre trimestral, marzo, junio, septiembre y diciembre, los empréstitos y obligaciones registrados en cada periodo, especificando en su caso si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos existentes. Lo anterior con el objeto de que en tanto entre en vigor la Ley Reglamentaria y se implementa el registro, el Congreso de la Unión pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios.

Los servidores públicos y demás personal del Congreso de la Unión que tengan acceso a la información referente al presente Artículo Transitorio, serán responsables del manejo de la misma y responderán por los daños y prejuicios que en su caso ocasionen por su divulgación”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aceptada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del Artículo Séptimo Transitorio con la propuesta aceptada.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, se emitieron 96 votos en pro y 5 en contra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el Artículo Séptimo Transitorio del proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. Se remite a la Cámara de Diputados.

(Aplausos)

Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en esta Mesa Directiva, un oficio suscrito por el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, por la que solicita se aplique una fe de erratas al proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal, aprobado por este Pleno el pasado 11 de abril.

La corrección solicitada se haría en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el Artículo Transitorio Segundo del proyecto de Decreto.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a las adecuaciones que se harían en dichos artículos e inmediatamente se pondrán a su consideración en forma nominal.






COMUNICACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a consideración de la Asamblea la fe de erratas que se acaba de describir. No habiendo oradores para referirse a esta adecuación, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 98 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se autoriza la aplicación de la fe de erratas y se instruye a la Secretaría Parlamentaria para realizar los ajustes necesarios al proyecto de Decreto y remitirlo a la Cámara de Diputados.

Compañeras y compañeros Senadores, a fin de dar cumplimiento al resolutivo segundo del Acuerdo aprobado el pasado jueves 11 de abril, recibimos a los 15 candidatos que conforman las ternas para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quienes harán una exposición en torno al papel que desempeñarían en el instituto. Su presentación en la tribuna será conforme al orden en que aparecen en la comunicación enviada por el Ejecutivo Federal. Dichas exposiciones no darán lugar a debate ni interpelaciones por parte de los Senadores.

En consecuencia, para recibir e introducir a los aspirantes al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, solicito a los Senadores Daniel Amador Gaxiola, Juan Carlos Romero Hicks, Raúl Morón Orozco, Juan Gerardo Flores Ramírez, Marco Antonio Blásquez Salinas y Mario Delgado Carrillo, reciban e introduzcan a este salón a los señores Benilde García Cabrero, Lorenza Villa Lever, Margarita María Zorilla Fierro, Eduardo Bockhoff Escudero, Angel Rogelio Díaz Barriga Casales, Pedro Alejandro Flores Crespo, Teresa Bracho González, Tiburcio Moreno Olivos, Carlos Muñoz Izquierdo, Gilberto Ramón Guevara Niebla, Mario Rueda Beltrán, Felipe de Jesús Tirado Segura, María Luisa Chavoya Peña, Aurora Guadalupe Loyo Brambila y Sylvia Irene Schmelkes del Valle.

Esperamos, en tanto la comisión designada cumpla con su cometido, para iniciar las comparecencias de los aspirantes al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, los cuales hablarán por un término de hasta diez minutos cada uno de ellos.

Señoras y señores, a nombre del Senado de la República doy a ustedes la bienvenida a esta sesión. Conforme al Acuerdo aprobado, cada uno de los aspirantes tendrá un tiempo máximo de diez minutos para su exposición y no habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de los Senadores.

En consecuencia, iniciamos la exposición con la ciudadana Benilde García Cabrero, hasta por diez minutos.





COMPARECENCIAS

- La C. Benilde García Cabrero: Muy buenas tardes, Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara, Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación, distinguidos coordinadores de las fracciones parlamentarias, señoras y señores todos:

Quiero compartir mi visión y comprensión sobre la situación general de la educación en nuestro país y sobre los retos que enfrenta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para generar la información que se requiere sobre los actores, procesos, agentes, recursos y contextos en los que se desarrolla el acto educativo y que influyen de manera significativa sobre la calidad de la educación que se ofrece en nuestras escuelas y, por ende, en los resultados de aprendizaje de los alumnos.

Durante el ejercicio de mi profesión, como psicóloga educativa he tenido el privilegio de desarrollar diversos proyectos en los distintos niveles del sistema educativo nacional, desde el nivel de educación inicial hasta el de educación universitaria, incluyendo los niveles de licenciatura, maestría y doctorado.

Son diversas las tareas que he desempeñado en estos ámbitos y que incluyen el diseño, y de evaluación curricular el desarrollo de materiales educativos, incluyendo aquellos que se apoyan en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la formación docente, la evaluación de los resultados y el impacto de programas educativos.

Por citar algunos proyectos en los que me he involucrado, en el año 2004 diseñé, junto con un equipo de colaboradores, el Programa de Educación Inicial Escolarizada del Consejo Nacional de Fomento Educativo, basado en un modelo de competencias que beneficia a familias que tienen niños de 0 a 3 años de edad, en los 31 estados de la República, en 1887 municipios que representan el 79 por ciento del total nacional; la estructura curricular y la estrategia de aplicación de este programa representan un giro importante en la manera de educar a los padres que tienen niños pequeños.

A partir de una propuesta curricular base, los padres eligen los temas y secuencias didácticas que responden a mejorar las necesidades de desarrollo de los niños, es decir, el programa tiene un componente prescrito y otro exploratorio.

Las tareas de desarrollo de los niños se abordan a través del modelamiento y moldeamiento a los padres de familia, a quienes se demuestran las formas de estimulación más eficientes para diversas áreas de desarrollo de los niños, partiendo de sus propios intereses, lo que los convierte en significativas, con sentido para los padres.

La evaluación constituye en este programa un aspecto fundamental, por lo cual se desarrollaron escalas y materiales educativos complementarios.

Asimismo, desde 1983 hasta el año 1993, trabajé con la adopción y adaptación del currículum de educación preescolar, diseñado por la Fundación de Investigaciones Educativas High Scope con sede en los Estados Unidos, este es uno de los programas educativos más innovadores que se desarrollaron en el contexto del combate a la pobreza en los años 60´s y 70´s, que ha impactado significativamente en la educación preescolar y sentaron las bases del desarrollo educativo posterior de niños provenientes de contextos desfavorecidos.

En la realización de este proyecto, tuve a mi cargo el componente de evaluación y vinculación con los padres de familia, los resultados encontrados en nuestro país, mediante el seguimiento que realizamos de cinco generaciones de egresados, constata la efectividad del programa para promover altos niveles de desarrollo cognitivo y social, incluso en niños provenientes de familias uniparentales con escaso capital económico y cultural.

Este proyecto constituye uno de los pocos experimentos educativos controlados y sistematizados que se han llevado a cabo en nuestro país, gracias a los esfuerzos de colaboración desarrollados por la Facultad de Psicología de la UNAM y la Secretaría de Educación Pública.

El proyecto se realizó a través de la creación de un centro de demostración curricular donde investigadores y educadores podían ver en operación todos los componentes del programa. El proyecto se extendió a todo el país e involucró a más de mil educadoras de preescolar en numerosos jardines de niños, públicos y privados.

El centro de demostración curricular, que se ubicó en el jardín de niños “Macaren”, en la ciudad de México, estuvo en operación 28 años, desde el año 1983 hasta el año 2012. Estas experiencias han puesto de manifiesto que la solución para mejorar la calidad de la educación no es engrosar el currículum con más materias y actividades, sino lograr un equilibrio o una profundización en tópicos focalizados que garanticen que los alumnos cuenten con los requerimientos mínimos necesarios en un nivel educativo y en un grado particular para seguir aprendiendo de forma eficiente en el subsiguiente.

Se requiere, por tanto, enseñar para promover la comprensión, y enseñar para que los alumnos quieran seguir aprendiendo.

La diversidad poblacional, su distribución espacial, la inequitativa distribución de la riqueza y de los recursos culturales, han segmentado los tipos de servicios educativos dando lugar a un importante número de escuelas con equipamientos y condiciones precarias.

Así, por ejemplo, un poco más de 2 quintas partes del total de escuelas primarias del país, un docente atiende todos los grados, y en una quinta parte de las mismas, los profesores no son profesionales, sino jóvenes habilitados con secundaria o bachillerato, que permanentemente son remplazados y que duran en su cargo 1 ó 2 años.

Este es sólo un ejemplo de la diversidad de condiciones en que trabajan los docentes del país, y por lo tanto, la necesidad que existe de ajustar las funciones docentes a las características particulares del contexto en que se enseña.

A parte de esta multiplicidad de contextos donde se sitúa la escuela y la labor docente, debe reconocer que los procesos de formación inicial y de mejora continua de los maestros no han podido dar respuesta cabal a la necesidad de profesionalización de la enseñanza que permita que los maestros desempeñen de manera eficiente sus funciones.

La información de la que parten los maestros para enseñar ha cambiado en función de los paradigmas educativos que adoptan las reformas.

Se pasó de un modelo que privilegiaba la transmisión de información a la construcción del conocimiento, y recientemente al desarrollo de competencias, sin que estos 2 últimos paradigmas hayan sido entendidos a cabalidad por los maestros.

Paralelamente, las funciones psicopedagógicas que debiesen realizar los directivos y supervisores para apoyar la comprensión de estos nuevos paradigmas, no se han desarrollado plenamente.

Las funciones directivas y de supervisión se concentran fundamentalmente en tareas de gestión administrativa en lugar del acompañamiento y apoyo continúo para fortalecer la función docente.

La docencia es una actividad cuyo pleno dominio se alcanza en el propio ejercicio profesional.

Comprende varios aspectos que ocurren de manera simultánea y en contextos específicos vinculados, no solamente a las particularidades que reviste la enseñanza de diferentes asignaturas, sino a las características inherentes de las escuelas, sus alumnos y más generalmente de sus entornos sociales y culturales y de las diversas modalidades de enseñanza, y por tanto se desarrolla en condiciones particulares vinculadas con condiciones específicas que es necesario captar mediante estrategias y técnicas de evaluación ad hoc, pero que, sin embargo, se despliega mediante habilidades y destrezas que son comunes a muchas de estas situaciones, como son las capacidades para la planeación, la conducción de secuencias didácticas y la evaluación del logro de los aprendizajes de los alumnos.

El reconocimiento de la diversidad de las situaciones de enseñanza, así como de las dimensiones comunes de las mismas, deberán verse reflejadas en el sistema de evaluación que desarrolla el INEE para la puesta en marcha de la evaluación universal de los maestros.

En este sistema deberá adoptarse una estrategia de evaluación mediante la utilización de tareas significativas y propias del quehacer docente en sus diferentes niveles y modalidades educativas, así como en los que se haga evidente la concepción de que el alto logro de niveles de desempeño docente no se considerado como un evento, sino como un proceso que requiere del monitoreo constante y del apoyo al quehacer docente.

Para enfrentar los retos que implica la evaluación de los docentes y la enorme responsabilidad que se asume para construir un sistema de evaluación íntimamente relacionado con los procesos de formación docente, el INEE deberá construir un sistema de indicadores y estándares de lo que es ser un buen profesor, y la construcción de los mismos debe revelar un profundo conocimiento de lo que implica diseñar y validar socialmente los estándares para que los maestros puedan apropiarse de ellos como la base para la construcción de instrumentos de evaluación dinámica, es decir, aquellos que permiten determinar el tipo y la cantidad de ayuda que requieren los maestros para alcanzar diferentes niveles de desempeño.

Si bien es cierto que no se puede atribuir al maestro los resultados del aprendizaje de los alumnos, el rol fundamental que desempeña a los profesores, ha sido ampliamente documentado en la literatura sobre el tema.

La evaluación de los profesores se debe centrar en valorar si el docente sabe enseñar lo que los niños necesitan aprender; debe sustentarse en una perspectiva apreciativa que permita enfocar el proceso evaluativo de las fortalezas y éxitos del pasado.

Se debe usar un lenguaje positivo y afirmativo que se base en la creatividad de los participantes, la pasión y la emoción sobre el futuro que puede esperar a la educación.

A través de esta perspectiva, no sólo se estaría pretendiendo mejorar el uso de los resultados de la evaluación, sino se estarían sentando las bases para contribuir al proceso, el uso y la creación de la capacidad de evaluación del sistema educativo.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, ciudadana Benilde García Cabrero. Pido que ocupe el lugar que se le ha asignado. Gracias.

Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Lorenza Villa Lever, hasta por 10 minutos.

- La C. Lorenza Villa Lever: Muy buenas tardes. Estimados miembros del Senado:

La educación es crucial para México porque a través de ella se transmiten valores y hábitos de relación humana, como los de democracia, participación, ciudadanía, solidaridad, libertad y justicia, porque es el lazo que permite la unión de los mexicanos a través de una identidad común con respeto a las diferencias; porque brinda conocimientos útiles para transformar la realidad a través del trabajo productivo; porque es un vehículo primordial para disminuir las desigualdades económicas de conocimientos y oportunidades; porque es la instancia que permite al mismo tiempo conservar la riqueza pasada y presente e innovar para forjar un mejor futuro.

Si estos son sus atributos, en México la educación enfrenta enormes retos, porque somos un país con grandes desigualdades sociales, de género, regionales, productivas.

Somos un país en desarrollo con enormes diferencias en el impulso científico y tecnológico respecto de otros países.

En ese contexto, el primer reto que enfrenta el INEE, es evaluar, en qué medidas se cumplen los objetivos educativos que México se ha propuesto alcanzar. Entre ellos destacan la equidad y la calidad.

Asegurar el derecho a la educación es una condición para la equidad.

La educación obligatoria y gratuita debe distribuirse cuidando que llegue a todos los hombres y las mujeres de los distintos grupos sociales, de las regiones del país, sobre todo en donde se presentan los mayores rezagos que es donde se necesita compensar las carencias.

Sólo si el servicio educativo es distribuido con base en un principio de inclusión equitativa, será posible hablar de una educación nacional equitativa.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha realizado un trabajo importante en esta línea, ha subrayado las diferencias y ha concluido que tenemos un sistema educativo injusto que propicia la desigualdad.

Nos ha enseñado, a partir de sus estudios, que hay poblaciones vulnerables, no sólo en las escuelas indígenas, en los cursos comunitarios y en las telesecundarias del nivel básico, también lo ha señalado para la educación media-superior.

El instituto ha sido claro al confirmar que el rezago educativo entre la población joven está entre la que tiene menores ingresos, vive en zonas rurales y es indígena.

En cuanto a la calidad de la educación, esta es la que propicia una mejora contínua, y un instrumento esencial para lograrla es la evaluación de los aprendizajes, los métodos y procesos de enseñanza, la formación de los recursos humanos, el gasto educativo y su distribución y la infraestructura escolar.

La calidad de la educación incluye también mejorar los métodos, las técnicas y los indicadores de evaluación que ayudan, a su vez, a mejorar los objetivos, las preguntas y las formas de intervención, tareas centrales del INEE.

El INEE necesita seguir perfeccionando una estrategia que le permita transmitir los resultados de sus estudios, tanto a la sociedad y a las instituciones educativas, los maestros, directores y supervisores, como a quienes toman las decisiones de la política educativa.

Es necesario trabajar para que los resultados de las evaluaciones sean aprovechados en su justa medida, sin sobredimensionarla, ni convertirla en un fin en sí misma, sino ponerla al servicio del objetivo fundamental, que es encontrar las soluciones ante los problemas que impiden la mejora continua de la educación del país.

La evaluación señala, por lo tanto, logros y desafíos. Es importante reconocer los primeros sin complacencias y es fundamental identificar y encontrar soluciones a los segundos, para lograr la calidad educativa deseada.

El segundo reto del instituto, es construir consenso entre los diversos agentes de la educación sobre la importancia de la evaluación educativa; tanto de los actores y de las instituciones, como de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Es importante que el INEE tome la iniciativa de convertirse en una instancia organizadora y coordinadora de grupos de expertos, de maestros, de funcionarios de la SEP y de tomadores de decisiones que sean capaces de generar propuestas concretas y viables de mejora para el sistema educativo, de los alumnos, los maestros y las escuelas.

Además, otra tarea cardinal del INEE, es definir los alcances y los límites de la evaluación en continuo diálogo con los maestros, actores centrales para la calidad educativa que necesita el país.

El tercer reto está relacionado con la autonomía del instituto. Su arquitectura institucional y su fortaleza profesional y técnica, auguran la autonomía necesaria que como ente coordinador del Sistema Nacional de Evaluación Educativa le corresponde.

Esas características son la base para que el instituto realice una evaluación con propósitos, criterios y procedimientos claros.

Pensar en la evaluación, es plantearse problemas con una mirada amplia y relevante tanto para el sistema educativo, como para sus procesos y sus actores.

En la Ley General de Educación, la evaluación del sistema educativo nacional es exclusiva de las autoridades federales.

Es, por tanto, obligada una reforma a dicha ley, para que se incluya al INEE, en el entendido que el instituto deberá ser la instancia que dirija el Sistema Nacional de Evaluación para la Educación Obligatoria.

La claridad en este punto evitará el juego ambivalente de las autoridades educativas, frente al resultado de las evaluaciones, al mismo tiempo que promueven la evaluación y son responsables del sistema educativo.

Es por eso que la autonomía del INEE cobra relevancia.

En relación con el papel que desempeñaría en el INEE, en caso de ser electa, mis objetivos principales serían:

Reforzar y ampliar la autonomía, que de hecho ya tiene el instituto, por dos vías: asentándola en la ley y reforzando su posición de dirección en el tema.

Pugnar por una evaluación que esté en diálogo con los actores, que alimente la toma de decisiones y genere confianza en sus resultados.

Para que la calidad de la educación mejore, es indispensable trabajar de manera intensa para encontrar espacios de diálogo e incorporar a los profesores, los directores y las escuelas a las discusiones, los análisis y las propuestas.

El fin último de la evaluación es la mejora educativa.

Hacia el interior del INEE, seguir apoyando el trabajo en equipo, la formación técnica y la investigación, todas son condiciones indispensables para tener resultados pertinentes, aunque es importante enfatizar la capacidad que corresponde a la investigación, para explicar los resultados de las evaluaciones.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, ciudadana Lorenza Villa Lever, por su exposición.

Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Margarita María Zorrilla Fierro, hasta por diez minutos, para hacer su exposición.

- La C. Margarita María Zorrilla Fierro: Buenas tardes, distinguidas Senadoras y Senadores de la República Mexicana. Colegas de estas ternas.

Es un honor y una gran responsabilidad comparecer ante ustedes el día de hoy. Y sólo para que tengan ustedes un referente de quien habla, es relevante saber que estoy prácticamente inventariada en el sistema educativo mexicano. He transitado por casi todos sus pasillos y realizado distintas funciones, desde la enseñanza, la investigación y la evaluación, hasta la dirección y conducción de programas e instituciones.

La dirección del INEE en los años anteriores, contribuyó a fraguar mi experiencia personal y profesional en el campo de la educación y la su evaluación.

La reciente reforma del artículo 3o. de nuestra Constitución, promovida y llevada a cabo por este órgano legislativo, incorpora y enfatiza elementos indispensables para el aseguramiento del derecho a la educación. Más específicamente, el derecho a una educación de calidad para todos.

En este nuevo marco constitucional, la importancia estratégica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, se ve acrecentada al vincular de manera explícita sus tareas y funciones con el avance en la realización del derecho a la educación, al utilizar la evaluación como un medio de apoyo a la elaboración de política educativa.

En este sentido, los grandes desafíos que el INEE debe resolver, se relacionan estrechamente con la conducción y coordinación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Obligatoria, en el cual desempeña un papel preponderante la evaluación docente.

Desde mi punto de vista, el INEE tiene también un conjunto de desafíos específicos que habrá de resolver con base en su experiencia previa, y al mismo tiempo, con una mirada larga hacia el futuro. En otras palabras, se trata de innovar a partir de la tradición.

Identifico desafíos de carácter estrictamente técnico, como los que se desprenden del artículo 3o. constitucional reformado, esto es, diseñar y realizar las mediciones que correspondan a distintos componentes, procesos o resultados del sistema educativo.

Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, federal y locales, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan.

Generar y difundir información, y con base en ello, proponer directrices relevantes que contribuyan a tomar decisiones para el mejoramiento de la calidad de la educación, así como de la equidad en la distribución de las oportunidades educativas.

Si bien estos desafíos tienen una carga técnica importante, no se debe perder de vista su dimensión política.

Se trata de construir decisiones técnicas en materia de evaluación, que tengan pertinencia política y que estén al servicio de los sistemas educativos, nacional y estatal, de las escuelas, de los docentes y de directivos escolares, de las autoridades educativas, los padres de familia, las organizaciones sociales y la sociedad en general.

Por ello es que me atrevo a hablar de desafíos técnico-políticos, estos se relacionan con la necesidad de conseguir consensos y acuerdos con todos los actores implicados.

Me parece que la primera gran tarea del INEE, respecto del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Obligatoria, es el diseño de una política nacional de evaluación de esta educación, en la que se definan los propósitos de las distintas evaluaciones, su periodicidad, las consecuencias, según sea el objeto o ámbito o sujetos de dicha evaluación; la difusión y el uso de resultados, entre lo más importante.

En esta política también será necesario precisar la distribución de responsabilidades entre los distintos actores, individuales o colectivos, que se encuentren implicados, así como el papel fundamental que deberá jugar la investigación educacional en esta materia.

Desde otro ángulo, un gran desafío que tenemos en México, es el de conseguir un nuevo arreglo institucional en materia de evaluación de la educación obligatoria.

El diseño y funcionamiento de los distintos proyectos de evaluación, requieren de equipos de personas que los lleven a cabo bajo una conducción y dirección firmes, técnicamente inobjetables, así como económica y políticamente viables.

Se trata de cuidar al máximo la solidez técnica de los proyectos, la utilización de procedimientos justos, así como su pertinencia educativa, social y política.

¿Quiénes están implicados en este nuevo arreglo institucional? De manera directa y explícita está la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública; los estados, a través de sus secretarías de educación u organismos equivalentes, el INEE, así como las áreas institucionales u organismos de evaluación que existan en las entidades y en el Distrito Federal.

De otra manera también están presentes las organizaciones gremiales de los docentes, las organizaciones de académicos e investigadores en el campo de la educación, las universidades y organizaciones de la sociedad civil, entre los actores más importantes.

El propósito es construir redes de colaboración y comprensión entre todos estos actores.

Según se establece en la reforma constitucional del artículo 3o., el INEE es ahora un órgano autónomo del Estado y le corresponde ejercer liderazgo y autoridad sobre el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Obligatoria, que incluye desde el diseño hasta su operación y valoración.

Necesitamos avanzar en la construcción de una evaluación más pertinente, que sea percibida como buena porque es justa, técnicamente sólida y porque contribuye a que los actores sociales y políticos estemos mejor informados y podamos tomar las decisiones que se orienten al aseguramiento del derecho a una educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes.

Además, la evaluación de la educación, en cualquiera de los ámbitos que se definan para ello, alumnos, docentes y directivos escolares, políticas y programas educativos, sistema educativo en su conjunto, deberá ser federalizada y con un sistema de supervisión en combinación entre las instancias de la Federación y las estatales.

En suma, el asunto de la evaluación en la educación no es trivial, ya que tiene que ver con instituciones, procesos y actores diversos.

El INEE debe tomar en cuenta que la evaluación tiene varias aristas que corresponden a las de un prisma de geometría desconocida.

No obstante, parecen surgir por sí mismas los fines y propósitos de la evaluación, los aspectos técnicos relacionados con la medición, con la definición de referentes y con la evaluación propiamente dicha, los sujetos, objetos y ámbitos de la evaluación, los aspectos políticos relacionados con la construcción de consensos entre los actores implicados cuya procedencia es disímil.

Los resultados de las evaluaciones, sus consecuencias, su difusión y la promoción de su uso en los distintos niveles de la gestión del sistema educativo.

La investigación científica al servicio de la evaluación en la construcción de métodos, técnicas, instrumentos, procedimientos, entre otros aspectos.

Además, la evaluación no se produce en el vacío. De ahí la importancia de un nuevo arreglo institucional para realizar evaluaciones y conseguir que el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Obligatoria funcione con eficiencia y sea eficaz por el logro de sus objetivos.

Por lo que a mi persona se refiere, para la concreción del nuevo INEE, pongo a su disposición lo que soy y lo que tengo: conocimiento del sistema educativo nacional y de muchos de sus actores; una buena relación con los docentes y directivos; conocimiento y experiencia en el campo de la evaluación e investigación educativa; capacidad de gestión de procesos e instituciones para construir ambientes dignos de trabajo colaborativo y que permitan conseguir lo mejor del otro; experiencia en el diseño e implementación de políticas educativas, así como la capacidad y competencia para convocar educadores, expertos especialistas, a fin de construir consensos colocando siempre a la tarea por delante.

No quiero despedirme sin antes expresar mi reconocimiento y respeto al mecanismo diseñado por este cuerpo colegiado para la selección de quiénes integrarán la Junta de Gobierno del Instituto, el cual se caracteriza por su transparencia y porque es congruente con los principios republicanos y democráticos consignados en nuestras normas jurídicas del más alto nivel.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias por su exposición, ciudadana Margarita María Zorrilla Fierro.

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Eduardo Backhoff Escudero, hasta por diez minutos.

- El C. Eduardo Backhoff Escudero: Muy buenas tardes tengan ustedes, señoras y señores congresistas:

Comparezco ante ustedes en mi calidad de aspirante a formar parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, oportunidad que considero un verdadero honor.

Los inicios de la evaluación de los sistemas educativos en el mundo se pueden ubicar con el nacimiento de la psicometría aplicada a la educación a inicios del siglo pasado, hace más de cien años. Sin embargo, fue el estudio TIMSS, un estudio comparativo sobre matemáticas y ciencias en los años 60’s, donde participaron una docena de países en la que se puede ubicar y se puede considerar como el primer esfuerzo internacional por conocer la calidad de los sistemas educativos.

35 años después, la OCDE lanzó el proyecto “PISA 2000”, con el fin de aportar información relevante para mejorar la calidad de la educación y, en consecuencia, el desarrollo económico de los países participantes.

En cuanto al interés de México por evaluar su sistema educativo, podemos ubicar sus inicios con la creación de la Dirección General de Evaluación, desde ese entonces hacia los años 90’s, dos eventos marcaron el interés por evaluar el sistema educativo mexicano, la participación de México en TIMSS 1995, y la aplicación del examen nacional de estándares nacionales que impulsó la SEP en su momento.

En ambos casos debo de decir que no se publicaron los resultados inmediatamente, sino hasta varios años después con la aparición del propio INEE.

La participación de México en PISA 2000, la creación del INEE en 2002 y la creación del proyecto ENLACE en 2004, son muestras de que México empezaba a transitar hacia una cultura de la evaluación, la rendición de cuentas y la transparencia.

En este contexto político, es importante destacar el papel central que ha jugado el INEE para impulsar esta cultura evaluativa.

El instituto atendió cuatro temas centrales en su momento: la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, las condiciones escolares y prácticas pedagógicas en las escuelas, los indicadores educativos y los estudios internacionales.

Sus grandes logros son, a mi manera de ver, su conformación y relativa consolidación en poco tiempo, el gran impacto que tuvo en los medios de comunicación en un principio, su gran producción de información, su solidez académica y su aceptación social como la máxima autoridad en materia evaluativa.

Por ello concibo al INEE como una institución eficaz, de rápido aprendizaje que se sabe asesorar de los mejores especialistas nacionales e internacionales, que no reinventa el hilo negro y que no se compromete a dar soluciones fáciles y rápidas a costa de su calidad.

Desgraciadamente, en su momento, la SEP no supo apreciar el gran potencial que tenía el INEE en materia de evaluación y prefirió darle su atención a la prueba ENLACE, con lo cual minimizó al INEE del interés de los medios de comunicación y de las autoridades educativas.

Sin embargo, a fines del sexenio pasado se publicó un Decreto por el ex Presidente Felipe Calderón para darle mayor autonomía y mayor fortaleza al instituto, lo que desgraciadamente ocurrió a fines de sexenio en tiempos electorales y en medio de una transición de gobierno.

Ahora bien, la reforma educativa impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, explícitamente se atienden dos grandes temas para mejorar la calidad de la educación: transformar al INEE en una institución con plena autonomía y reformar las normas y mecanismos para el ingreso, promoción y permanencia de los profesores de educación básica.

En este contexto, la reforma educativa le pide al INEE que contribuya a elevar la calidad de la educación, evaluando en lo que corresponda a los maestros del sistema educativo nacional y, en consecuencia, también a los centros escolares donde trabajan.

Esta función evaluativa de los docentes, es precisamente donde el viejo INEE, y digo viejo porque apenas tiene diez años, no había avanzado mucho por la dificultad técnica, por sus implicaciones políticas y por la falta de acuerdo entre especialistas.

La evaluación de los docentes puede cumplir dos funciones: la formativa y la sumativa. La primera es de bajo impacto y busca identificar las fortalezas y debilidades de los docentes para darles retroalimentación y poderles indicar el camino para superar sus deficiencias que en lo general debería ser atendida a través del desarrollo profesional de los docentes en servicio.

La evaluación sumativa se considera de alto impacto debido a que tiene el propósito de rendir cuentas a la sociedad y delegar responsabilidades correspondientes a los profesores. Por lo general se utiliza para poder ingresar a una institución, ascender vertical y horizontalmente en su carrera profesional y tener elementos para el otorgamiento de una plaza definitiva o permanente, el diseño e implementación de la evaluación de docentes, de tal manera que sea eficaz, válida, confiable y justa, es una tarea muy compleja a la que se tendrá que enfrentar el INEE de acuerdo con las leyes secundarias y normatividad que se desprendan de la reforma educativa.

Por supuesto dicho reto deberá enfrentarse con la concertación de todos los actores involucrados, autoridades educativas, sindicatos, representantes de docentes, así como de especialistas nacionales e internacionales expertos en la materia.

Ante la falta de experiencia y la diversidad de opiniones sobre la mejor forma de evaluar a los docentes, el INEE enfrentará el reto de hacer un trabajo limpio técnicamente en un lapso de tiempo muy comprometido, de tal manera que pueda cumplir con las altas expectativas que gubernamental y socialmente se esperan del instituto autónomo sin perder el nivel de calidad que lo caracteriza.

Para ello, utilizar el esquema que al menos en materia de evaluación del aprendizaje le funcionó impecablemente, es decir, establecer objetivos concretos y realistas en el tiempo, apostarle a la calidad de las evaluaciones que diseñe, aprender de las experiencias nacionales e internacionales más exitosas y pertinentes para nuestro contexto y trabajar de manera colegiada.

La evaluación de los docentes se deberá entender como un engrane más del sistema que ayudará a mejorar la calidad de los servicios educativos en el país.

La evaluación por sí misma no resuelve ningún problema, a lo más lo evidencia de manera precisa y oportuna para que otros tomen las decisiones adecuadas para su solución.

El sistema de evaluación docente deberá articularse desde un principio con los sistemas de ingreso, promoción y permanencia magisterial, así como con el sistema de formación inicial y contínua de los profesores, de tal manera que las decisiones de estos sistemas en su conjunto sean congruentes y complementarios.

Para ello se deberá construir una argumentación muy sólida con el siguiente razonamiento: En principio nadie quiere recibir un servicio público de mala calidad, que serían los servicios de salud, por ejemplo, ninguna persona en su sano juicio desearía poner la vida propia o la de sus seres queridos en manos de médicos incompetentes, lo deseable es que los profesionistas más brillantes sean quienes nos atiendan, lo mismo pasa en la educación, por ello sería deseable tener un sistema que garantice que los mejores estudiantes sean los que ingresen a las instituciones que imparten educación en el país.

Que los mejores egresados de esas escuelas sean quienes ingresen como maestros frente a grupo; que los mejores maestros sean los que permanezcan en el sistema, obtengan los más altos reconocimientos y sean quienes asciendan en el escalafón y se conviertan en directores de escuela, y que los mejores directores de escuela se conviertan en los mejores supervisores.

Esto solo se puede lograr con un esquema racional donde se definan muy bien los perfiles y características básicas e ideales de los estudiantes, docentes, directores y supervisores. Asimismo, será necesario diseñar, elaborar y también implementar instrumentos de evaluación docente de mucha calidad que garantice la validez de las interpretaciones y decisiones de sus resultados.

Dichas evaluaciones tendrán que centrarse en las prácticas que los docentes realicen dentro del salón de clase a través de portafolios y otros instrumentos de medición válidos y confiables.

Igualmente, será necesario coordinar los esfuerzos de los distintos sistemas que intervienen en todo este proceso, de tal manera que los resultados de las evaluaciones de los docentes sean consideradas para el desarrollo profesional de los profesores.

Lo anterior no se podría hacer sin tomar en cuenta los contextos escolar y social donde se desempeñan los docentes, así como la gran inequidad de nuestro sistema educativo.

Finalmente, para apreciar el papel que pudiera juzgar como integrante de la Junta de Gobierno, pongo a su consideración los siguientes elementos:

El aporte que podría hacer es en relación con la parte conceptual, metodológica y técnica en el diseño, construcción y validación de los instrumentos evaluativos, así como en el análisis, interpretación y difusión de los resultados.

Esta fue mi aportación como director de pruebas y medición en los cinco años que tuve el honor de dirigir, en donde encabecé los trabajos para diseñar y validar los exámenes para la calidad del logro educativo, así como para elevar los informes técnicos sobre los aprendizajes que logran adquirir los estudiantes de México.

El reto al que nos enfrentamos en ese entonces fue diseñar, implementar desde un inicio un sistema de exámenes que tuvieran la calidad técnica suficiente para evaluar un sistema tan grande, diverso y complejo como el mexicano.

Los resultados de ese sistema de instrumentos evaluativos hablan por sí mismos, de no tener dichos instrumentos y nunca haber tenido la experiencia de evaluar en un país o a un país, pasamos muy pronto a contar con un sistema robusto que nos posicionó como entre los mejores de Iberoamérica.

Nuestra estrategia fue aprender rápidamente de las mejores prácticas evaluativas y psicométricas de los distintos países y organismos internacionales, como fue el caso de los programas TIMSS y PISA.

Igualmente, podría aportar las experiencias de los estudios internacionales de la OCDE en los que he tenido la oportunidad de participar como asesor y miembro de los grupos técnicos de trabajo. Tales son los casos de los proyectos TALIS y PISA.

Termino diciendo que el INEE jugará un papel central en la implementación de la reforma educativa, y que ahí yo podría hacer una contribución básicamente técnica.

Muy amables, gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias, doctor Backhoff Escudero, muy amable.

Tiene el uso de la tribuna el doctor Angel Rogelio Díaz Barriga Casales, hasta por 10 minutos, para su exposición.

- El C. Angel Rogelio Díaz Barriga Casales: Buenas tardes, señoras y señores Senadores:

Me presento ante este órgano de la República para atender la invitación de plantear mi visión sobre el futuro del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el marco de su reciente reforma.

Un impulso al cambio en la educación se refrenda, además en este momento, con el establecimiento de un conjunto de ternas integradas por académicos. Participar en ellas significa un reconocimiento a nuestro interés por lograr mejorar de manera significativa la educación y representa un compromiso frente a la magnitud de este reto.

En caso de ser designado integrante de esta junta, pondré mi formación como maestro y pedagogo, mi experiencia como profesor en prácticamente todos los niveles del sistema educativo, así como mi trabajo de investigación que me ha permitido tener contacto con muy diversos problemas de la realidad educativa del país.

Como académico he podido construir una perspectiva integral de la educación, vinculando diversos temas de la evaluación con los procesos y proyectos curriculares y sus reformas, así como desde lo que acontece en el aula.

Esto me permite tener una concepción amplia de la evaluación para articular problemas estructurales del sistema educativo con formas de trabajo docente en el salón de clases.

La evaluación es una tarea relevante y de suma importancia por la información que genera, pero no es suficiente para lograr un cambio profundo en la educación.

Para ello se requiere que converja el esfuerzo de diversos actores, estudiantes, profesores y padres de familia, autoridades y especialistas, sociedad y medios de comunicación.

En este momento de consenso en los diversos sectores de la sociedad mexicana sobre la necesidad de mejorar la calidad del sistema educativo, los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales no son satisfactorios.

Diversos diagnósticos muestran insuficiencias también en la infraestructura escolar, en el sistema de formación inicial y contínua de los docentes, en los procesos de reforma curricular, sólo por mencionar algunos.

Actores de la sociedad civil demandan cambios, incluso los alumnos reclaman que lo que acontece en el salón de clases sea significativo y tenga utilidad para su formación y para su inserción social como ciudadanos, como trabajadores, como profesionistas y como personas que puedan desarrollarse con plenitud.

La sociedad mexicana, a través del Estado, realiza una inversión considerable de recursos tanto económicos como humanos en sus diversas estrategias de evaluación.

Es fundamental que esta inversión económica se convierta en una inversión social que contribuya a la mejora del sistema educativo.

El INEE entra en la tercera etapa de su vida institucional, lo que permite reconocer lo que ha logrado durante sus más de 10 años de existencia, revisar críticamente sus limitaciones y asumir las nuevas tareas que se le han asignado en su estatus de autonomía constitucional.

Para una mejor claridad en mi exposición, subdividiré los temas que considero de mayor relevancia.

Primero. Actividades de gestión del instituto a través de la estructura de una Junta de Gobierno.

El primer cambio relevante en el funcionamiento del instituto es de integración de una Junta de Gobierno.

Su finalidad es establecer un trabajo colegiado, es decir, un espacio de discusión, análisis y aportaciones desde distintas ópticas.

Si reconocemos la existencia de diversas posiciones conceptuales, técnicas y de uso de información en el campo de evaluación, la participación en esta junta de académicos que representan necesariamente diversas perspectivas, es un elemento que ayudará a construir una visión enriquecedora y complementaria de evaluación.

Segundo. Vínculo con las entidades federativas, coordinación de diversas instancias de evaluación y relación con diversos sectores de la sociedad.

Al instituto le corresponde generar lineamientos para las acciones y usos de los resultados de la evaluación, con el fin de evitar tanto la duplicidad de esfuerzos, alumnos del mismo grado que presentan varios exámenes en el mismo ciclo escolar, como impulsar un conjunto de actividades que contribuyan al mejoramiento de la educación.

Diversos actores sociales, en particular organizaciones de la sociedad civil, muestran un creciente interés por la situación del sistema educativo mexicano.

El INEE puede ayudar a canalizar los esfuerzos de estos actores.

Tercero. Asunción de una perspectiva multidisciplinaria e integral de la evaluación.

Partimos de la premisa de que medir no es evaluar; la evaluación es una acción compleja que requiere reconocer dificultades intrínsecas en su tarea.

El INEE ha contribuido en el desarrollo de pruebas a gran escala, pruebas censales para medir el aprendizaje de sus alumnos a través de su prueba EXCALE, que cumple con normas de confiabilidad y validez.

No se puede reconocer que las pruebas a gran escala contienen un factor de discriminación social entre diversos sectores, tal como lo formuló la CONAPRED en 2011.

Frente a este tema, diversos especialistas, tanto nacionales como extranjeros, han considerado la necesidad de elaborar pruebas paralelas que respondan a la diversidad cultural y al mismo tiempo midan los mismos conocimientos básicos de una disciplina, este será uno de los retos que tendrá que enfrentar el instituto en su futuro inmediato.

En distintos países, la evaluación es concebida como una práctica profesional, como una acción que tiene fundamentos y debe ser realizada con rigor técnico, teórico y académico.

Nuestro país cuenta con los elementos para lograr la profesionalización de las acciones de evaluación.

La necesidad de una evaluación profesional demanda integrar conceptos y técnicas que proceden de diversas disciplinas y enfoques, reconocer que es una actividad compleja, que sus resultados afectan a las personas, a la dinámica de las instituciones y al sistema educativo.

El INEE debe de dirigir su atención hacia la realización de estudios de evaluación como se realizan en distintos países sobre experiencias exitosas en educación.

Cuarto. Transmisión y uso de resultados.

El INEE ofrece resultados de su trabajo de manera abierta a través de su portal electrónico, en su nueva etapa, deberá potenciar el uso de la información disponible y dar lineamientos para su mejor empleo.

En la actualidad realiza presentaciones de resultados ante autoridades educativas quienes pueden tomar decisiones en función de ellas. También organiza mesas redondas para la sociedad.

Queda pendiente, sin embargo, el trabajo de estos resultados con los docentes.

En los países donde los resultados de la evaluación tienen mejor impacto en la calidad de la educación, se establecen talleres en los que los profesores analizan esos informes.

La actual página del INEE ofrece información valiosa para que los docentes puedan realizar esa tarea, incluso hay secciones, como en los reportes de los exámenes denominados EXCALE, en donde aparecen preguntas de acuerdo al grado de dificultad que presentaron.

Ciertamente no le toca al instituto generar estos talleres, pero sí le corresponde trabajar con la autoridad educativa sobre la importancia de ello, así como generar un mayor acercamiento y más confianza en los docentes para que se considere que la evaluación es un servicio educativo que ofrece información para mejorar su trabajo.

Quinto. INEE y evaluación de docentes.

La evaluación de docentes es un nuevo reto que asume el instituto, esta es una tarea delicada y compleja, el debate contemporáneo sobre el tema es intenso y se ubica en dos extremos, aplicación de examen o análisis de desempeño -dicho en otros términos- resolver una prueba o evaluar a partir de un portafolio de evidencias lo que el profesor realiza con sus alumnos.

Asumir la responsabilidad de evaluar a los docentes no va a ser una tarea fácil, no sólo por la dimensión política de la misma, sino porque construir un sistema de evaluación de la docencia que permita mejorar el desempeño es una necesidad de nuestro sistema educativo y una forma por medio de la cual el INEE debe ganarse la confianza de los profesores mexicanos.

Está comprobado que los docentes que logran mejores resultados con sus alumnos son los que tienen prácticas exitosas y son aquellos que logran establecer condiciones adecuadas de relación y trabajo con sus estudiantes.

Para finalizar, el INEE tiene el reto de lograr que las autoridades educativas, la sociedad mexicana, los estudiantes y sobre todo los docentes, consideren que la evaluación es un proceso que coadyuva a mejorar la calidad de la educación.

El INEE tendrá que luchar contra la visión de la evaluación que la concibe como un juicio implacable que coloca por un lado a los buenos y del otro a los malos, ha de verse como una práctica que ofrece información significativa como punto de partida para el análisis de lo que acontece en el sistema y para lograr mejor calidad en educación.

Gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, doctor Díaz Barriga Casales, tome asiento, por favor.

Tiene el uso de la tribuna el doctor Pedro Alejandro Flores Crespo, hasta por diez minutos, para su exposición.

- El C. Pedro Alejandro Flores Crespo: Buenas tardes, Senadores de la República:

Al igual de muchos temas que van a tratar ustedes en esta semana, me parece que la educación es de alta prioridad por lo tanto, hablar de ella en la tribuna de la Cámara alta es un gran honor y es un gusto estar aquí, y agradezco de ante mano su atención.

Siguiendo lo establecido en el Acuerdo de la Mesa Directiva, en mi exposición trataré de responder a dos preguntas, la primera es, ¿qué retos observo para el futuro de la evaluación educativa y del INEE en particular? Y la segunda es, ¿qué haría en caso de ser elegido como miembro de esta Junta de Gobierno?.

Entonces, primer punto, ¿qué retos observo del INEE? Como analista de políticas públicas he identificado que los retos del INEE son básicamente tres: uno político, uno de corte organizacional y otro técnico.

Sobre el reto político.

Ante la dispersión de poder que trajo la democratización en nuestro país, una nueva forma de actuar políticamente con actores diversos es necesaria, creo que la experiencia democrática nos ha demostrado que un solo actor, sea éste el Ejecutivo, el sindicato, la televisión como poder fáctico o la técnica por sí sola, no puede generar cambios en la educación de México, y es aquí donde veo y encuentro uno de los retos políticos del INEE, que es cómo insertarse con su autonomía constitucional dentro de un marco institucional que fue diseñado para otras cosas, menos para volver al conocimiento y a la pluralidad, una fuerza tras del mejoramiento de la política educativa.

En este sentido, creo que el INEE tendrá que desplegar capacidades políticas para establecer nuevas rutas de cooperación con otros actores.

Y aquí recordaría que el INEE no solamente es una organización técnica que aplica y diseña pruebas, sino que también es una organización especializada, técnica que, dentro de sus atribuciones, tendrá que desarrollar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que a su vez englobará las instancias, procesos y procedimientos de evaluación existentes.

De este reto político paso a hablar del reto organizacional, durante mi experiencia como Consejero Técnico del INEE pude observar una creciente demanda porque los resultados de las pruebas de logro escolar y de los indicadores que aparecen en el panorama de la educación en México, sirvieran de insumo para la toma de decisiones.

Pero ligar el dato con las decisiones políticas raramente es una acción lineal y directa, se requieren de formas de organización distintas para hacer que el conocimiento generado por el INEE será aprovechado al máximo por las escuelas, por los maestros y por los diversos sistemas educativos de los cuales muchos de ustedes representan.

Hablaré de las formas de organización en la segunda parte.

Ahora paso al reto técnico, el tercero, me parece que hay una justificada preocupación sobre el bajo nivel de aprovechamiento escolar en el nivel básico.

Pero esto tampoco nos ha permitido ver las pruebas y los juicios globales sobre la educación de México, tenemos poco tiempo haciendo este tipo de pruebas.

El hecho de salir mal evaluados comúnmente se convierte en la búsqueda de un culpable único, de un villano favorito; sin embargo, una vez que la crítica corre como pólvora bien se podría encender el interés por discutir más profundamente si lo que medimos con las pruebas y con los exámenes es central e importante para mejorar la efectividad de las políticas.

Desde mis estudios de doctorado, he desarrollado un interés para identificar dimensiones de evaluación mucho más amplias para explicar los fenómenos educativo y social, y en este caso considero que uno de los retos del INEE a futuro será discutir tres puntos básicos: el primero, el cómo capturar las múltiples competencias de los docentes en un esquema integral de evaluación.

Actualmente los comentarios y el debate público sobre las formas de evaluación docente nos alertan y previenen. Los retos técnicos no deben enfrentarse como si no hubiera también retos políticos, pero seguir exclusivamente algunos de estos puntos creo que podría echar por la borda varios cambios estructurales del sistema educativo.

Segundo punto dentro de la parte técnica. Hay dimensiones del proceso educativo que no estamos aún capturando en las pruebas y en los indicadores que ha desarrollado el INEE, y me refiero específicamente a la pertinencia de la educación.

¿Cómo sabemos que los conocimientos y habilidades de los niños y los jóvenes les sirven para ampliar sus capacidades y libertades?

Tercer punto. Aunque en su composición pasada el INEE tenía entre sus atribuciones evaluar las políticas y los programas educativos, no se avanzó lo suficiente. Dar un juicio sobre qué programa funciona para elevar el logro escolar de los niños y jóvenes es una capacidad técnica que podría convertirse, a mi juicio, en una fuerza política.

Me explico, el instituto por su rigor y conocimiento podría brindarle insumos a los tomadores de decisión sobre qué es lo que realmente funciona en el ámbito escolar y educativo. En resumen, los tres retos técnicos del INEE que observo es: uno, pensar cómo la técnica podría aportar sus mejores conocimientos y elementos para tratar el tema de la evaluación de los docentes que es por naturaleza un tema políticamente complejo; segundo, avanzar en el desarrollo de indicadores que revelen fenómenos más amplios y; tercero, incentivar la evaluación rigurosa e integral de los programas educativos para poner en la mesa insumos para la discusión y el razonamiento público.

¿Qué haría en caso de ser elegido?

Bueno, los tres retos mencionados: el político, el técnico y el organizacional serían la guía de mi actuación como miembro de la Junta de Gobierno en caso de que este cuerpo legislativo me eligiera, y más específicamente propondría desarrollar tres estrategias, que a su vez se pueden multiplicar por varias acciones que aquí no tengo tiempo de explicar:

La primera, fortalecimiento de la autonomía del INEE. La autonomía no es un valor trivial, implica la capacidad de actuar libre, razonada e independientemente.

Si bien la autonomía constitucional es un atributo externo que fortalece al INEE, la autonomía orgánica, es decir, aquella que se construye desde dentro es también un atributo central. Por eso, en caso de ser elegido me comprometo a seguir fortaleciendo, cuidando y cultivando la autonomía del INEE por medio de tres acciones: la primera, es la construcción de mejores referentes de información para poder dar un juicio más acertado de cómo la educación contribuye al bienestar social y humano; segundo, fortalecer permanentemente los equipos técnicos y, sobre todo, crear un grupo que se haga cargo de la diseminación sistemática de los datos que produce el INEE; tercero, comunicar con la apertura, responsabilidad e independencia que demanda la sociedad mexicana los resultados de la evaluación.

Como miembro de la Junta de Gobierno actuaré en plena independencia y con juicio propio.

Segunda estrategia. Estudiar y promover procesos de evaluación de política y programas educativos con el propósito de que el INEE pueda brindar a los tomadores de decisiones mejores insumos. Actualmente, como muchos de ustedes saben, los diseños de programas y políticas toman como referencia o modas, presión política o esquemas ideológicos, o una combinación de las tres cosas.

El INEE tiene toda la capacidad técnica para generar evidencia científica sobre la efectividad de las políticas y de los programas orientados a elevar el aprovechamiento escolar de las niñas, niños y jóvenes de México.

Tercera estrategia. Diseñar modelos de organización distintos para poder aprovechar los resultados de evaluación en las escuelas.

¿En qué basa su actuar cotidiano el director y los maestros de las escuelas primarias, secundarias y bachilleratos de México?

Seguramente no en un marco de información generado por las agencias de evaluación independiente. Por lo tanto, desearía darle impulso a los talleres en las escuelas para que dentro del esquema o del marco de participación social se discutan los resultados de la evaluación y se deliberen formas para mejorar el aprendizaje significativo de todas las niñas, niños y jóvenes de las escuelas.

La evaluación de la educación es un buen recurso para introducir cambios al sistema educativo de México, no lo satanicemos, ni lo idealicemos. Echemos mano de ella para tratar de asegurar el derecho de todas las niñas, niños y jóvenes de este país ha recibir educación bajo condiciones de calidad digna.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, doctor Flores Crespo. Tome asiento.

Tiene el uso de la tribuna la doctora Teresa Bracho González, hasta por diez minutos, para presentar su exposición.

- La C. Teresa Bracho González: Muchas gracias, distinguidas Senadoras y Senadores:

Agradezco a esta Cámara el recibirme en calidad de candidata a la Junta de Gobierno del querido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Trataré aquí tres temas de evaluación que atañen a la concepción de un órgano público autónomo al que se encomienda la trascendente tarea de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional, en lo que la Constitución marca como niveles obligatorios.

Para ello, inicio identificando algunos avances representados en la evaluación educativa durante la última década del país con la creación del INEE. A partir de ahí, sintetizo los principales retos que me parece representa la reforma del artículo 3o. constitucional para la evaluación del sistema educativo y finalizo con una breve reflexión.

En primer término, puede decirse que otorgar autonomía constitucional al INEE es de suyo un reconocimiento a la calidad, el rigor y la pertinencia con que ha atendido a su misión. El otorgamiento de autonomía es, sin duda, un paso muy importante para la evaluación del sistema educativo nacional que facilitará su desarrollo y, sobre todo, su diálogo con los diferentes agentes y sectores interesados en la educación, así como con las autoridades educativas.

Esta autonomía fortalece la capacidad de decisión del instituto sobre las evaluaciones que juzgue relevantes para el diagnóstico actual del sistema, pero sobre todo para aquellas que se emitan pertinentes para la mejora educativa.

La última década fue marcada por eventos que trazaron también una ética profesional del trabajo del instituto, que no es despreciable. Se tomaron decisiones importantes que condujeron a hacer valer su independencia técnica marcada por el constante aprendizaje, por la búsqueda de mejora de su información y por la eficiencia de sus procesos.

Buscó también una forma de transmitir sus resultados para toda la comunidad, sin embargo, creo que estos han de mejorarse. Sin embargo, esto robusteció su vocación para contribuir a la mejora de la educación ante los diferentes sectores involucrados en ella.

El instituto realizó también evaluaciones internacionales en las que participa el país, lo que redundó en un valioso reconocimiento internacional a su calidad profesional. Lo anterior ha sido el fruto del esfuerzo de muchos que en muy poco tiempo han mostrado la capacidad de un trabajo altamente especializado y que ha destacado en los estándares de evaluación más avanzado.

Me honra haber sido parte del inicio del instituto como Consejero Técnico del instituto.

Refiero ahora los retos que plantea la reforma para señalar algunas de las demandas que habrán de atenderse en el corto plazo, y también mencionaré una mirada hacia el futuro.

Puede reconocerse en los cambios recientes a nuestra Constitución una voluntad firme por avanzar en la distribución de la oferta educativa en sus ciclos obligatorios. Hacerlo con equidad, calidad y pertinencia no va a ser una tarea fácil para la autoridad y para la sociedad, y también será una línea sustantiva que demandará evaluaciones rigurosas por parte del instituto.

No voy agobiarlos aquí con todo lo que creo que podemos anticipar en relación a las tareas del instituto, pero sí quiero decir algunos puntos que son importantes:

Primero. De la evaluación docente, esta es la que más ha ocupado a la opinión pública y, por supuesto, al Magisterio. El INEE ha de ser ahora una institución de evaluación capaz de proponer parámetros y estándares sustantivos sobre los que puede evaluarse el perfil docente, esto tiene que ser de manera pertinente y apegado a la complicada labor que desempeñan los docentes, esto se hará utilizando mecanismos de evaluación que permitan identificar sus fortalezas y debilidades, pero sobre todo que apuntalen su mejora.

En este renglón, juzgo prudente esperar a la legislación respectiva. Ahora bien, podemos anticipar también tareas importantes para el instituto, entre ellas complementar y revisar el actual sistema de pruebas de logro, que si bien es exitoso, habrá de revisarse.

La calidad de la educación no se expresa, y eso hay que comunicarlo contundentemente, sólo en el resultado de una u otra prueba, no importa que tan buena pueda ser esta. Cuando hablamos de educación se trata, sí, de aprendizaje, de conocimientos y desarrollo de competencias, pero también en la formación integral de los individuos, de la ampliación de las capacidades ciudadanas para enfrentar su contexto y construir con este la realidad deseada por el colectivo social.

Es una de sus funciones que el sujeto se desenvuelva eficazmente en una sociedad cambiante. Sabemos que las escuelas no son espacios aislados de la sociedad y tampoco son homogéneos, habremos de tener conciencia en todo momento de la diversidad que caracteriza a la escuela mexicana y juzgar la forma como puede buscarse su mejora concibiendo a la escuela como un espacio privilegiado de oportunidades de aprendizaje.

Mirando hacia el futuro, será necesario contar con un sistema de evaluación educativo nacional, como bien señala la reforma, este ha de operar con un alto rigor en la información producida y ha de atender a las diversas formas de la evaluación, ser responsable por sus recomendaciones, así como por el compromiso ético, sólido de todas sus acciones.

En este sistema, la Constitución otorga al INEE un papel central que habrá de cumplir de manera muy responsable. El proceso de institucionalización de la evaluación educativa en México no podría completarse sin un sistema autónomo, con los medios y las capacidades suficientes.

Al poner en marcha esta nueva etapa del INEE, el país tendrá una herramienta poderosa para la construcción de su futuro educacional; podrá contar con evaluaciones completas en términos de señalar con una mayor claridad la distancia entre las normas que rigen a nuestro sistema, su operación y resultados.

Señoras y señores Senadores, para concluir quiero mencionar brevemente algunas visiones sobre la tarea de los evaluadores.

Para la evaluación, particularmente en un momento de cambio, es importante tener presente algunas preguntas sustantivas relativas a: para qué evaluar, por qué evaluar y cómo hacerlo.

Se evalúa para contribuir con información sólida en propuestas de líneas de acción que conduzcan de manera informada a la mejora de nuestros niños y jóvenes, este es el propósito fundamental, la educación de nuestros niños.

Por sí misma la evaluación no genera cambios en el sistema, eso lo sabemos todos, lo hace a través del uso de información relevante en las decisiones de políticas, en las decisiones de operación del sistema, en las decisiones legislativas, así como las relativas a currículum, pedagogía y operación de los centros escolares.

¿Para qué evaluar? Desde mi perspectiva, le evaluación educativa encuentra sus objetos más preciados en el análisis de la distribución más equitativa del servicio educativo, su expansión hacia las metas de obligatoriedad y en todos los aspectos de la formación de ciudadanos integrales, capaces de contribuir al desarrollo de la nación.

Se trata de un tema sustantivo de justicia social, el tema que me ha ocupado en mí investigación, y además garantía del derecho a la educación.

¿Y cómo evaluar? Brevemente señalo que no hay una sola forma de evaluar, y es necesario tener claridad en los criterios a partir de los cuales se emiten los juicios de evaluación.

En el, ¿por qué y para qué de cada ejercicio de evaluación? Ello con el fin de elegir concienzudamente sus procedimientos y para poder así reconocer también sus límites y sus alcances.

La autonomía constitucional del órgano evaluador otorga ahora lo que antes no tenía el instituto, la capacidad de ser un órgano de evaluación y no uno que brinde elementos para la misma.

Como ya se dijo aquí, la evaluación era una función que la ley reservaba para la autoridad nacional. Ahora podremos tener resultados rigurosos producto de la evaluación; en sentido estricto de esta tarea, evaluación obliga.

Senadoras y Senadores, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación transita hoy, merced a la reciente reforma constitucional, hacia una desafiante etapa, ustedes han hecho una gran parte al aprobar la reforma, es turno ahora de otros de cristalizar este trabajo.

Para la construcción de esta nueva etapa estoy segura que México cuenta con profesionales altamente capacitados y reconocidos nacional e internacionalmente. Algunos tenemos el altísimo honor de ser escuchados por esta Soberanía, en calidad de candidatos a la Junta de Gobierno del instituto, por ello, gracias por escucharnos, pero sobre todo muchas gracias por su empeño y compromiso por una mejor educación nacional.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, doctora Teresa Bracho González. Tome asiento por favor.

En uso de la tribuna, hasta por diez minutos, el doctor Tiburcio Moreno Olivos, para presentar su posición.

- El C. Tiburcio Moreno Olivos: Buenas tardes, honorables miembros del Senado, estimados colegas, señoras y señores.

Es para mí un gran privilegio el poder dirigirme ante ustedes para compartir algunas reflexiones en torno a un tema delicado y trascendente para el país, como es la evaluación de la educación básica obligatoria, dadas las condiciones actuales del proceso de reforma puesto en marcha.

La creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el año 2002, sin duda representa un parteaguas en la historia del sistema educativo mexicano, pues por vez primera se cuenta con un instituto nacional encargado de evaluar la calidad de la educación básica en el país.

Después de una década de su creación, podemos afirmar que el balance es positivo, pues durante este periodo el INEE ha ampliado su espectro de actuación y gradualmente ha ido consolidando sus funciones.

Hoy día tenemos un conocimiento más completo y un panorama mucho más claro respecto a las fortalezas y debilidades del subsistema de educación básica, gracias a la encomiable labor que el INEE ha realizado.

Estamos viviendo una época de cambios profundos y vertiginosos, que demandan de los sistemas educativos nacionales replantear sus sistemas de formación. En la llamada sociedad del conocimiento, la competencia entre las naciones es cada vez más fuerte y el conocimiento se ha convertido en su capital más valioso.

El sistema educativo mexicano enfrenta dos grandes retos: la calidad y la equidad. Necesitamos garantizar que todos los niños y niñas mexicanas reciban una formación que desarrolle plenamente su potencial humano, es decir, una educación que les permita adquirir competencias para la vida, se trata de las llamadas competencias genéricas o generales, las cuales son necesarias para actuar social y cognitivamente en el mundo actual.

Algunos autores las denominan transversales, porque consideran que son susceptibles de aplicarse en situaciones variadas, permitiendo su transferencia de unos contextos a otros. Ejemplo de este tipo de competencias son la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad para el trabajo independiente, el aprendizaje autónomo, la colaboración y la comunicación, el liderazgo, las habilidades de organización y planeación y comunicación eficaz, oral y escrita.

De la lista de competencias clave que los especialistas señalan, yo destacaría fundamentalmente dos: aprender a aprender, y aprender a lo largo de la vida. Pero, ¿cómo podemos saber si la educación que reciben nuestros niños y jóvenes es de calidad? ¿Cómo saber si están adquiriendo las competencias básicas que se señalan en los planes y programas de estudio?

Precisamente se requiere de la evaluación educativa, y particularmente de la evaluación de los aprendizajes, y es aquí donde el papel del INEE cobra protagonismo y trascendencia. Se necesita una evaluación educativa de calidad, según David Nevo, experto israelita en evaluación educativa, esta tiene dos componentes fundamentales: primero, una dimensión técnico-metodológica, y segundo, una dimensión ético-moral, siendo más importante la última que la primera.

Por otro lado, el sistema educativo mexicano, como ya han mencionado algunos de mis colegas, se caracteriza por una gran diversidad y heterogeneidad social, económica, cultural y ambiental, por tanto, se precisa una concepción de la evaluación que sea sensible, que valore y reconozca esas diferencias, que incorpore en sus enfoques e instrumentos de evaluación de forma mucho más decisiva la dimensión cualitativa del aprendizaje, de forma que se valoren no sólo los productos, sino también los procesos, las prácticas, las experiencias, las condiciones en las que los protagonistas desarrollan su quehacer educativo.

Si hablamos del aprendizaje situado, también deberíamos proclamar una evaluación situada o contextual, una evaluación del aprendizaje entendida como un proceso de diálogo, comprensión y mejora.

El cambio más dramático en nuestra concepción de la evaluación está representado por la noción de ésta como una herramienta para el aprendizaje.

En el pasado hemos visto a la evaluación sólo como un medio para determinar la medición y después la certificación.

Ahora hay una comprensión de que los beneficios potenciales de la evaluación son mucho más amplios y afectan a todas las etapas del proceso de aprendizaje.

Las tendencias más recientes aluden a la evaluación para el aprendizaje y como aprendizaje. No se trata sólo de un juego de palabras, la idea tiene un calado profundo.

Si bien esta expresión puede resultar novedosa, no así su contenido o esencia.

Desde hace tiempo se viene pugnando por la necesidad de hacer de la evaluación una experiencia de aprendizaje.

Una evaluación educativa, que no educa a quienes participan de ella, debería ser llamada de cualquier otra forma, menos educativa.

De acuerdo con Black y sus colegas, la evaluación para el aprendizaje es cualquier evaluación que tiene como primera prioridad, en su diseño y en su práctica, servir al propósito de promover el aprendizaje de los estudiantes.

Se trata de usar la evaluación para aprender y no sólo para verificar lo aprendido.

Por lo tanto, difiere de la evaluación que se diseña, sobre todo, para servir a los propósitos de rendición de cuentas, clasificación o acreditación de competencias.

Una actividad de evaluación puede ayudar al aprendizaje si proporciona información que los profesores y los estudiantes pueden usar como retroalimentación para evaluarse a sí mismos y para evaluar a otros y para modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje en las cuales participan.

Dicha evaluación se convierte en evaluación formativa cuando la evidencia es utilizada efectivamente para adaptar la enseñanza de modo que responda a las necesidades de aprendizaje.

Nuestro sistema educativo afronta un fuerte problema de fracaso escolar, más acentuado en los niveles de secundaria y bachillerato, que hunde sus raíces, en gran medida, en un enfoque erróneo del proceso evaluador, que frecuentemente se realiza siguiendo unas tradiciones y cánones que están al margen de los planteamientos educativos contemporáneos.

Bien, después de esta breve reflexión respecto a la evaluación educativa, aludiré algunos de los retos, que según mi juicio, afronta el INEE de cara a las próximas décadas.

Ejercer plenamente su autonomía que le ha sido otorgada, pues de ello dependerá su prestigio y credibilidad ante la sociedad mexicana.

Diseñar y llevar a cabo mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema educativo, que sean objetivas, confiables y justas.

Mejorar sustancialmente los resultados de aprendizaje de los alumnos, tanto en las evaluaciones nacionales como internacionales.

Construir sanos ambientes de evaluación.

Remplazar una cultura de la evaluación caracterizada por el control, punitiva y clasificadora por una cultura de la evaluación democrática, justa, participativa y formativa.

Insistimos en que la evaluación es buena, sólo si sirve para enriquecer plenamente a las personas que en ella intervienen y para desarrollar los programas e instituciones evaluadas, si produce confianza y deseos para continuar aprendiendo a lo largo de la vida.

Diseñar un sistema de evaluación del profesorado que sea objetivo, confiable y transparente, toda vez que la calidad de la enseñanza está asociada a la calidad del aprendizaje.

La evaluación docente, en principio, debe servir a cada maestro para retroalimentar y mejorar su práctica.

Es prioritario la profesionalización de los docentes y esto sólo se podrá lograr con su participación y su implicación.

Un examen de conocimientos no es sinónimo de evaluación, se debe ampliar el foco hacia una evaluación docente integral.

Fortalecer y ampliar el diseño de instrumentos desde un paradigma de evaluación cualitativa, toda vez que valorar las competencias constituye, hoy en día, un reto para los sistemas educativos en todo el mundo.

Generar lineamientos que sean relevantes para la toma de decisiones que contribuyan a mejorar la calidad y la equidad del sistema.

Conformar un grupo de asesores nacionales e internacionales en el que participen expertos adscritos a distintos paradigmas y tradiciones de evaluación del aprendizaje.

Coadyuvar a la formación de evaluadores profesionales que tanta falta hacen a nuestro sistema educativo nacional.

La evaluación en México ha estado perneada por una visión empirista que descansa en el principio. Todos sabemos de evaluación porque alguna vez hemos sido evaluados. Esta frase la retomo del doctor Angel Díaz Barriga.

Vigilar el uso que se hace de los resultados de la evaluación para evitar que esa información se emplee, como ha ocurrido muchas veces, para establecer clasificaciones o rankings que no contribuyen a mejorar el desempeño de las escuelas, sino que minan la confianza y la motivación de los profesores y los alumnos, en ese sentido, hay que tener claridad respecto a ¿qué se va a hacer con los resultados de la evaluación?

Y por último, respecto a este punto, pugnar porque la información generada por el INEE sea considerada por los tomadores de decisiones para el diseño y orientación de políticas públicas en materia de educación.

Respecto a la pregunta de, ¿cuál sería mi papel en caso de ser elegido para la Junta de Gobierno del INEE? Bueno, pues yo respondo en los siguientes términos:

Ofrecer mis conocimientos, experiencia y profesionalismo en el ámbito de la evaluación del aprendizaje, línea de investigación que cultivo desde hace 2 décadas al servicio del INEE, para proporcionar una guía general o rumbo institucional a la importante labor que el país le ha encomendado.

Participar activamente en la designación, apoyo y seguimiento del desempeño del presidente del INEE.

Contribuir a clarificar la misión del instituto.

Supervisar los proyectos de evaluación educativa que emprenda el instituto.

Aprobar los planes de largo alcance y asegurar la salud financiera del INEE.

Contribuir a mejorar la imagen pública del instituto, vincular a éste con su entorno y preservar la autonomía institucional.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, doctor Moreno Olivos, por su participación.

Tiene el uso de la tribuna el doctor Carlos Muñoz Izquierdo, hasta por 10 minutos, para formular su exposición.

- El C. Carlos Muñoz Izquierdo: Muchas gracias. Honorables miembros del Presidium. Señoras y señores Senadores. Señoras y señores.

Enrespuestaaloficioque eldía 11del mes en cursome hizo llegar laMesa Directivadeesta HonorableCámara,comparezco anteustedespara exponermivisión sobrelos retosdel nuevo INEE ydel papelque desempeñaríaen caso de ser electopara serintegrantedelajunta directiva delmismo.

Visióngeneraldel INEE:

Elnuevotextodelartículo3o.delaConstituciónofrecealpaís la oportunidadinéditadecontarconunsistemanacional de evaluación educativaarmónicamenteintegradoysujetoala aplicación de la normatividad que, a juicio del INEE, sea pertinentepara las distintascircunstanciasque caracterizan a loscomponentesydestinatariosdelsistema educativonacional.

Silainformaciónque generey difundaelINEEcumpleconestas condiciones,lasautoridadeseducativas dispondrándelos elementosque hastaahorano han tenidoa su alcancepara asegurarquelas políticas deformación yasignaciónderecursos humanos, y las de distribuciónde recursos financieros, contribuyaneficazmenteaasegurarlacalidad delaeducación queseimparteenlaeducación preescolar,primaria,secundaria ymedia superiorde sostenimientopúblico. Merefiero, muy particularmente, a la que se ofrece a los sectores más vulnerablesdenuestrasociedad.

Tareasinmediatas.

Porloanterior,elINEEdeberá emprenderenelcorto plazo,la tarea dediseñaryponer enmarcha elnuevosistema nacionalde evaluación educativa. Para lograrlo, deberá cumplir los siguientesobjetivos inmediatos:

1)Rescatar los programas que hayan sido eficaces y eficientes; mejorarlosqueasílorequieran, sustituir los quenohayan cumplido esascondiciones ni estén en condiciones de hacerlo; e identificar, a la luz de las nuevasfunciones del instituto,los programas que sean necesariosparadesempeñarlas.

2)Corregir lasdeficiencias que han sido identificadasenlos procesosdeevaluaciónque,sinhaber estado directamente acargo delpropio instituto, deberánajustarseala normatividadquepromulgueelmismo.

Merefiero específicamenteala"Evaluación Nacional del Logro EducativoenCentrosEscolares"(o pruebas "ENLACE");que ha venido aplicando la Secretaría de EducaciónPúblicaFederaldesdeelañode2006,asícomoa losprocedimientosquesehanaplicado alevaluar al magisterio.

Las pruebas ENLACEhan sido cuestionadas por los investigadoresporlassiguientesrazones:

1) Sehaobservadoquelaspruebasestandarizadasinducen a los alumnos y maestros a "estudiar, o enseñar, para resolver dichos instrumentos, en detrimento de proponerseadquirir, o impartir, otros aprendizajes relevantes".Estecuestionamientopodrá ser evitado sise logra que las pruebas sean capaces de valorar si los estudiantesadquirieron, no necesariamente los conocimientos, sino los estándares de competencias prescritosenlosrespectivoscurrículos.

2)Se ha señalado que los resultados de las pruebas estandarizadasnosonsuficientemente confiables,porque frecuentementelas escuelas permiten que los alumnos copienlasrespuestasdesuscompañeros.

Evidentemente,esteproblemanodepende delos instrumentos deevaluación ensímismos,sinodela honestidaddelosprofesoresydelosalumnos. Portanto,el INEEdeberá dictar y comprobarla aplicación de las medidasquesean necesariasparaevitar queestasituación sesigarepitiendo.

3)También sehahecho notar quelaspruebasqueseaplican alos alumnos de origen indígena no reúnen las indispensablescondiciones devalidez, porquenoestán elaboradasenlas lenguas maternasdedichosestudiantes. Además,sehaobservadoquelaspruebasnoresponden a loscódigosculturales de otros alumnos, nosólodeorigen indígena, queasisten anuestrasescuelas.Así,pues,elINEE deberárevisar el diseño de dichos instrumentos de medición.

4)Finalmente,sehaconstatadoquela informacióngenerada por el INEEno es suficientemente aprovechada por los alumnos,maestros, directoresde escuelas y padres de familiayautoridadeseducativas.

Elnuevotextodelartículo3o. constitucional ordena al INEE"contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y,particularmente, laequidad", estoobligará al institutoadistanciarsedesu papel desimple generadorde información,para emprender,proactivamente,acciones que seannecesariasparaquelainformación repercutaenlatoma dedecisiones.

Me referiré, finalmente, a los procedimientos que se han aplicado enlaevaluación delmagisterio. Estoshansido cuestionados, principalmente, por dos motivos: El primero señalaqueunsolo examende aplicacióngeneral, independientementedesucalidad,noessuficienteparaconocer las competenciasde los docentes;elsegundo, a su vez, hace notarquelosrendimientosdelosestudiantes nodependen solamentedeldocente, porqueestán contaminadosporla influencia de diversos factores, principalmente de origen externo.

Aestosseñalamientosyoresponderíadeestamanera:

Para valorar correctamentelosresultadosdelosexámenes de aplicación general, esnecesario utilizar, complementariamente, losllamados "portafolios",en losquelosdocentesregistransus distintasactividades.Y para evitar que los resultadosde los estudiantes estén contaminados por la influencia de otros factores, es necesariomedir el"valor agregado"delos aprendizajesgenerados por el docente; es decir, los incrementos que se registren en el rendimiento de sus estudiantesdurante el año lectivo. De este modo, se puede controlarlainfluenciadelosfactoresmencionados.

Mipapel en caso de ser electo para formar parte de la junta directiva delINEE.

Todossabemos quelosproblemaseducativos,ymuy particularmentelosqueserefieren alageneracióndelrezagoy alainjusta distribucióndeoportunidades, requieren ser analizados enformainterdisciplinaria ysólopueden ser solucionadosmediantelaaplicación deestrategiasdediversos géneros.

Mi formación, como economista de la educación, me ha permitido analizar en diversas ocasiones y desde distintos ángulos, laequidad yeficiencia delosprocesos educativos,así comolosresultadosdelosmismos.

Estoyconvencidodeque laequidad (que sólose puede lograr impartiendo, entodos loscasos,unaeducación relevantey pertinente) es indispensable para asegurar la eficacia pedagógicay laeficienciaeconómica delaeducación.Poresto procuraría,entre otras cosas, impulsaren elINEE(y/o en las instituciones de investigación pertinentes) diversas investigacionesquepermitanprofundizar y actualizarconel conocimiento disponiblesobre losgrados,lugares ycondiciones en elque esta condición está siendo satisfecha; asícomo para diseñar, implementaryevaluar las estrategiasque sean adecuadasparalograr unmayoracercamientoalamisma.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, doctor Muñoz Izquierdo.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por diez minutos, el doctor Gilberto Ramón Guevara Niebla, para presentar su exposición.

- El C. Gilberto Ramón Guevara Niebla: Gracias, señor Presidente. Muchísimas gracias, señores Senadores, compañeros académicos.

Bueno, en primer lugar quiero presentarme, yo dirigí en 1990, con patrocinio de la Presidencia de la República, la Primera Evaluación Nacional de Resultados de Aprendizaje de Alumnos de Primaria y Secundaria.

Con base en una muestra representativa, sus resultados, publicados en la Revista Nexos, fueron coincidentes con los que más tarde produjeron las pruebas del IEA en 1995, y PISA en el año 2000.

En 1991 dirigí una evaluación de las escuelas normales, que incluyó encuestas a alumnos, a profesores y directores.

En esa misma época, encabecé la Primera Evaluación de Maestros de Educación Básica, estos estudios y la publicación ulterior del libro que coordiné: La Catástrofe Silenciosa, en 1992, contribuyeron a promover el debate público sobre la calidad de la educación.

Otro trabajo que realicé en 1994, fue la Evaluación Internacional de Alumnos de tercero de secundaria, entre ciudades de Canadá, Estados Unidos y México.

Finalmente, como director de la Revista Educación 2001, durante los últimos 18 años me he dedicado a difundir los resultados de distintas evaluaciones.

Quiero comenzar mi intervención, hablando de los principios que deben fundar la evaluación.

Pienso que toda evaluación debe redundar en beneficio del aprendizaje de los alumnos y del desarrollo académico de los docentes.

Evaluación que no repercute en estos dos campos, debe ser observada con cautela.

La evaluación debe desmitificarse y humanizarse.

Desmitificarse, significa que debe contemplarse como un elemento más de la educación y no como su único y principal determinante.

Humanizarse, significa que la evaluación debe hacer visibles a los sujetos de la misma, que hasta ahora aparecen invisibles.

El campo global de la evaluación del estudiante, es el desarrollo de la persona en todas sus facetas; conductual, cognitiva, moral, emocional, física y escéptica.

La evaluación cognitiva, que es la que usualmente se practica, sólo ofrece una imagen parcial e incompleta del educando.

Pero también hay que evaluar el trabajo de los docentes, el desempeño de los directores y supervisores, la eficacia de determinadas reformas, evaluar el éxito académico de las escuelas, el del sistema escolar y, desde luego, evaluar las mismas evaluaciones.

Las evaluaciones válidas, auténticas y confiables, ayudan a mejorar las prácticas educativas en todos los niveles y colocan al aprendizaje del estudiante como el elemento central para la creación de un sistema escolar de alto desempeño.

Sólo hay evaluación efectiva cuando se tienen claros y precisos los fines y objetivos que persigue la educación en cada grado, en cada nivel del bloque integrado de la educación básica.

Si no hay precisión en cuanto a los objetivos, tampoco puede haber una evaluación eficaz.

La evaluación debe fomentar el aprendizaje y sus resultados retroalimentar las decisiones en planes y programas de estudio didáctica, en formación de maestros, etcétera.

No hay evaluación neutra u objetiva, toda evaluación está cargada de valores, y de la misma manera no hay evaluación definitiva o última.

No debe abrumarse a las escuelas con evaluaciones repetidas y diversas.

Los avances prodigiosos en las tecnologías de la información han permitido un vasto desarrollo tanto de evaluaciones en gran escala como evaluaciones individuales y facilitando la manipulación y el intercambio de datos.

Par que México no se rezague en este campo, necesita establecer vínculos activos con los núcleos académicos que más se destacan en esta materia.

La evaluación contribuye por igual a elevar la calidad y a combatir la desigualdad.

Al evaluar los aprendizajes de los alumnos se debe poner de manifiesto la desigual distribución de la calidad o del aprendizaje dentro del sistema escolar y ofrecer recomendaciones para combatir las causas de esa desigualdad.

Hay que asegurar que los datos que aportan las evaluaciones sean efectivamente utilizados por quienes toman las decisiones que impacten sobre los salarios, sobre la distribución de recursos financieros, etcétera, etcétera. Una evaluación que no causa efectos en la esfera de las decisiones es inútil.

Hasta ahora, la evaluación de aprendizajes que ha habido en México ha consistido lamentablemente en exámenes nacionales o internacionales que ofrecen resultados agregados. Estos ejercicios comprueban una y otra vez que el sistema educativo mexicano produce bajos, muy bajos aprendizajes.

Un efecto indeseable de estas pruebas repetidas es que suscitan malestar, desmoralización y prejuicios, es decir, convierten estos ejercicios en autoflagelación.

Estos resultados negativos satisfacen las expectativas de los medios de comunicación de algunos grupos académicos, de las organizaciones de empresarios, de los funcionarios públicos y de ciertos grupos de la sociedad civil. Pero no tienen ningún efecto positivo ni en la toma de decisiones, ni en el diseño de planes educativos, ni en las prácticas del aula.

Existe una dramática separación entre evaluación y desarrollo pedagógico de la escuela, además, esas evaluaciones suscitan mucha molestia entre los maestros, son experimentadas como intervenciones externas, cuyos resultados no les ofrecen a los docentes beneficios académicos y, en cambio, se convierten en elementos de presión psicológica y política sobre ellos.

El sistema nacional de evaluación no se puede improvisar un sistema de evaluación, mucho más cuando se trata de algo tan importante como la educación. Mi idea es que por lo menos durante un tiempo mantengamos intocadas ciertas actividades del INEE, las pruebas EXCALE y ENLACE que avancemos sometiendo a escrutinio estos exámenes para probar su validez y objetividad, su representatividad, su rigor, valor, etcétera.

Cuando lo hayamos hecho hay que introducir los correctivos necesarios. Pero quiero hablar de lo positivo, de los aspectos deseables de un nuevo sistema.

Yo creo que la escuela es la célula funcional, el corazón del sistema educativo.

Ustedes pueden advertir que la recomendación principal de la OCDE es fortalecer a la escuela. Esto es un acierto.

Por lo mismo, la creación de un sistema nacional de evaluación no debe partir de arriba, sino de abajo, es decir, de la escuela; es decir, la primera evaluación a tomar en cuenta es la que hace o debe hacer el maestro a sus alumnos en el aula.

Esta evaluación se basa en exámenes escritos y orales, en ejercicios prácticos u observaciones. Sería excelente que las calificaciones de cada grupo de alumnos se convirtieran en una base de dato escolar y que luego se agregaran al otro nuevo avance de datos.

Pienso que las escuelas deben organizarse en distritos o zonas escolares, para que haya una identidad y se construyan redes escolares adecuadas.

Bueno, pienso que la segunda evaluación la deben realizar los supervisores, que una tercera la deben realizar las entidades federativas y la cuarta, una evaluación como nacional, como la que hace el INEA actualmente en la escala que sea vía anual.

Y creo que con esto cerraría el círculo, digamos, virtuoso de la evaluación.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, doctor Guevara Niebla, muy amable.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por diez minutos, el doctor Mario Rueda Beltrán, para hacer su exposición.

- El C. Mario Rueda Beltrán: Muy buenas tardeas a todas y a todos los Senadores:

Mi agradecimiento por la oportunidad de dirigirme al Pleno de la Cámara de Senadores, una de las más altas tribunas del país, para tener la oportunidad de compartir algunas ideas sobre los retos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las características de mi posible participación en la Junta de Gobierno, si así se juzgara conveniente.

Bueno, para mí el primer reto que tenemos enfrente tiene que ver con ubicar en su justa dimensión a la evaluación como herramienta fundamental en el proceso de mejora del sistema educativo.

Me parece que esta actividad tiene que recuperar las tradiciones de los paradigmas de evaluación más modernos en donde hay un reconocimiento explícito de los límites de cada una de las acciones de evaluación.

Digamos, la perspectiva no es la búsqueda de la mejor evolución, sino del reconocimiento de los límites que cada una de las acciones de evaluación tienen en sí mismos.

Me parece que es muy importante mantener la perspectiva del instituto, de contribuir a esta concepción de la educación como un derecho, un derecho al que todos tenemos acceso y el señalamiento del Estado como el garante de ese derecho, me parece que las evidencias que se han mostrado desde los estudios que ha realizado el INEE, han mostrado cómo los grupos considerados como más vulnerables son los que reciben los servicios de menor calidad que se les está ofreciendo.

Creo que es muy importante continuar y mantener las tareas encomendadas hasta ahora que están, de hecho, en curso en el instituto, así como el diseño de las nuevas funciones adquiridas con su autonomía.

Es muy importante para nuestra sociedad que se consolide el INEE como un organismo confiable que produce conocimiento sistemático, útil para todos los actores sociales interesados en el quehacer educativo.

Creo que es muy importante trascender esta idea de una institución que aplica evaluaciones, que aplica exámenes solamente a estudiantes, a profesores o a los actores del sistema educativo.

Es muy importante pensar en el instituto como una entidad que produce conocimiento, que comparte y difunde no solamente para los que diseñan las políticas, sino para todos los actores interesados en el sistema educativo y que pueden contribuir, sin duda, a la mejora del mismo.

Es muy importante, en lo inmediato, velar porque las leyes que ahora se están diseñando, o están a punto de diseñarse, se encuentran en armonía para contribuir al desarrollo pleno de las metas que socialmente le han sido encomendadas actualmente al instituto.

Es muy importante también garantizar procedimientos académicos que den cabida al personal que sin duda se incorporará al INEE, y permita a todo su personal actual contar con vías claras de superación personal y profesional de forma permanente.

Aquí creo que la autonomía está dando la posibilidad al instituto de trascender esta situación, de formar parte como de otras instituciones del Estado con una normativa sumamente, digamos, rigurosa, pero que desconoce los objetivos y los propósitos de cada una de las instituciones y que por lo mismo va alterando y perjudicando el quehacer de cada una de ellas.

La autonomía no solamente va a consolidarse, ya de hecho reconocida constitucionalmente, sino creo que en el día a día es donde se va a ir consolidando esta autonomía.

Fortalecer la federalización será un punto también crucial, no solamente en la perspectiva que el INEE produce información y la comunica a cada uno de los estados, sino alentar la producción local que nos dé conocimiento de los municipios, por ejemplo, hasta ahora siempre entidades que permanecen muy a la zaga y en el mayor o en el mejor de los casos se llega al conocimiento del estado, de la localidad y creo que esta situación es sumamente importante, dado que esto nos permitiría un conocimiento mucho más preciso de la diversidad de país que somos y, por lo tanto, las posibilidades de actuar son distintas para cada una de estas necesidades, todo referido, digamos al sistema educativo, pero me parece que es válido también para las condiciones socioeconómicas.

Uno de los temas que más ha llamado la atención tiene que ver con la evaluación del desempeño docente, creo que a todos nos interesa mucho pensar en los mejores profesores para nuestros hijos.

Creo que la evaluación tiene necesariamente que contribuir a dignificar el rol del docente, creo que es la oportunidad que tenemos socialmente de reflexionar y de definir cuáles son las expectativas que estamos fincando en nuestros profesores, reconociendo, por un lado, la complejidad de su tarea, simplemente pensando en lo diverso que puede ser el rol exigible al profesor de preescolar que al de secundaria o al de preparatoria o al de bachillerato, al que enseña distintas disciplinas, al que atiende poblaciones estudiantiles muy diversas como pueden ser poblaciones estudiantiles prioritariamente pertenecientes a otras culturas, que hablan otras lenguas, y que conviven en un sistema educativo que está pensado como único, como en una sola perspectiva, y entonces creo que es una gran oportunidad de repensar cuál es este rol. Creo que es muy importante advertir de la dificultad, cuando sobre todo se habla de estándares o de patrones mínimos o cualesquiera que se les quiera llamar a éstos, el riesgo de homologar o pensar que hay un solo papel que puede cumplir el profesor, yo creo que parte de la riqueza de esto tiene que ver con discutir un modelo que sea apropiado para las distintas regiones de nuestro país, de las distintas poblaciones a las que se atiende.

Creo que es muy importante contar con un modelo, en este caso de enseñanza, un modelo didáctico, pero también para que nos dé la posibilidad de analizar y de pasar bajo escrutinio muy detallado, cuáles son las condiciones que cada uno de estos profesores tienen en sus escuelas, para ver si efectivamente tienen las condiciones apropiadas para desarrollar el rol que socialmente les estamos asignando.

Me parece muy importante no solamente quedarnos en lo que podía ser diagnóstico y el reconocimiento, sino en la atención de estas condiciones.

Creo que eso es lo que realmente nos va a permitir avanzar y considerar los resultados de las evaluaciones en la medida que diseñemos acciones apropiadas que compensen las distintas condiciones de enseñanza que tienen las poblaciones que componen nuestro país.

Creo que es muy importante, y la Literatura Universal así lo señala, pensar en la escuela como una unidad, más que pensar en el profesor y en su actuar que todos podemos reconocer lo importante que es un profesor en la vida de cada uno de los que vivimos la experiencia escolar, pero que pensando en el sistema educativo la escuela tiene que ser la unidad, se ha señalado muy claramente el papel del director como líder académico, como uno de los actores claves en el aprendizaje de los niños.

Y la otra es señalar como la acción colegiada, es decir, no el resultado del actuar de un profesor aislado en su aula, sino el ambiente, la comunidad de aprendizaje que se pueda generar y el liderazgo del director que necesariamente puede vincularse con lo que podía ser la zona escolar, y por lo tanto pensar en las características de cada una de las diversidades que conforman este país, y entonces pensar en la evaluación de profesores, pero desde esa perspectiva, no solamente el profesor aislado, sino el profesor que actúa colegiadamente, el papel del director que esté en combinación con el maestro logra aprendizajes, y en fin, la acción que puede incorporar inclusive las actividades de las comunidades más cercanas y en particular de la familia.

Creo que es muy importante que la evaluación genere información y la comunique de manera apropiada a todos estos actores sociales, que es evidente que nuestro país cada vez tiene mucho más presencia, me refiero no solamente obviamente a los Diputados, a los Senadores, sino a los diseñadores de políticas, pero también a los directivos, a los padres de familia y a distintos actores sociales que se muestran muy activos y muestran mucha voluntad para mejorar nuestro sistema educativo.

Creo que es muy importante la presencia de la ética en la evaluación, es completamente indispensable que comience con aclararnos cuál va a ser el propósito de la evaluación, cuáles van a ser los procedimientos y quiénes son los actores claves que participarán en dicha evaluación.

Por supuesto, regresando a revisarnos finalmente qué tan pertinente fue nuestra evaluación y qué tanto está contribuyendo a la mejora del sistema.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, doctor Beltrán, muy amable.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el doctor Felipe de Jesús Tirado Segura, para presentar su propuesta.

- El C. Felipe de Jesús Tirado Segura: Distinguidos miembros del Senado, qué bueno que evalúen a los evaluadores.

Me es altamente honroso y satisfactorio se me conceda la oportunidad para expresar ante el Senado de la República mis consideraciones en torno a la evaluación educativa, lo que haré de manera sucinta dada las limitaciones del tiempo.

Celebro la reforma constitucional que le da autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, lo cual ha requerido superar las diferencias partidarias en aras de construir políticas de Estado en beneficio de la nación, que es lo que la ciudadanía anhela.

La educación es un proceso que tiene grandes propósitos, favorecer la formación de las personas para que logren una buena calidad de vida, que la sociedad tenga prosperidad y bienestar.

La educación no es escolaridad, es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, comienza en la familia, se intensifica en la escuela y finalmente en la sociedad, en la casa y en la escuela el niño adquiere estructuras de pensamientos, conocimientos, valores, modos de ser, estilos de vida, hábitos.

De aquí que la educación es sistémica, tiene que ser entendida como un sistema complejo integrado por múltiples componentes estrechamente interrelacionados con efectos combinados.

La evaluación es un componente del sistema de enorme importancia, en tanto tiene una gran capacidad reguladora que al darle consecuencias, energetiza al sistema, puede desencadenar grandes fuerzas, que si se saben canalizar, se podrán modelar comportamientos que nos conduzcan a la mejora de la calidad educativa.

La revolución cognoscitiva nos requiere construir significado y significación, que avancemos de las respuestas puntuales a las de contexto; de la especificidad a los campos semánticos; de la información al conocimiento; del dato a la significación; de la memorización a la comprensión; de los objetivos específicos a competencias genéricas para la vida.

Todo proceso de evaluación debe de ser legítimo, la legitimidad de un acto se obtiene cuando éste es razonable, justo, ético, cierto, apegado a la verdad y, por tanto, socialmente aceptado.

Muchas pueden ser las razones para legitimar la evaluación, la más importante es que sirva para mejorar.

Para mejorar la calidad de la educación se requieren construir parámetros de referencia y determinar los niveles de logro escolar.

Pero lo más importante es saber si los resultados empeoran o mejoran. De aquí que debemos transitar de la evaluación descriptiva a la formativa, donde el fin es distinguir prácticas deficientes, identificar sus causas y corregirlas.

La evaluación formativa es muy distinta a la evaluación sumativa, en la que sólo se valoran los resultados alcanzados, por ello se deben complementar.

Un factor central al valuar es la responsabilidad, el que se cumpla con los compromisos socialmente asumidos, nuestro desempeño en mucho depende de nuestros esfuerzos realizados para cumplir nuestras responsabilidades, para ello es fundamental la autocrítica, la autoevaluación, más no la autocomplacencia.

También es razonable el principio de rendición de cuentas, quien asume libremente responsabilidades está llamado a ofrecer pruebas de que posee las competencias y que cumple con las responsabilidades asumidas.

Para que la evaluación sea legítima debe de ser justa, tiene que haber reciprocidad, que todos rindan cuentas, pero con equidad, reconociendo las diferencias, no todos tienen las mismas funciones ni las mismas condiciones, los resultados de los alumnos de una zona urbana marginal pueden ser comparados más no equiparados con los de una zona urbana privilegiada, porque es injusto.

Las desigualdades en el desempeño escolar pueden llegar a ser muy grandes, pero no se puede segregar el contexto para comprenderlas.

A partir del Estudio de la Influencia del Capital Cultural de Coleman, se ha encontrado, por ejemplo, que la escolaridad de los padres está estrechamente relacionada con la calificación que obtienen sus hijos, la escuela no parece ser determinante en la formación de los alumnos, menos un profesor en lo particular.

Se trata de un problema complejo, un problema multifactorial que en buena medida está determinado por la cultura.

En la evaluación también está la dimensión ética, debe buscar el beneficio, servir para mejorar y no para perjudicar, ese principio puede resultar polémico al haber intereses encontrados.

El profesor conforme a sus intereses demanda que la evaluación no lo perjudique, lo que está bien, pero si los alumnos no se ven beneficiados por la acción docente, el profesor se debe superar, no se puede, de manera ética y responsable, aceptar que los niños sean los perjudicados otro aspecto de la legitimidad es que haya certeza, que los juicios de la evaluación estén basados en hechos reales, verdaderos, verificables, de aquí que todo proceso de evaluación debe de ser válido y confiable, para que sea válido se debe de valuar lo que se pretende evaluar y no otra cosa, para que sea confiable debe de haber consistencia, los resultados de la evaluación tienen que ser relativamente los mismos si se aplica dos o más veces, debemos transitar de la teoría ciclométrica clásica a la teoría de la respuesta al ítem, tiene que haber transparencia, es decir, poder revisar el proceso de la evaluación, si la evaluación es razonable, justa, ética, equitativa, transparente, válida y confiable, ésta ganará aceptación social y con ello cumplirá con los elementos que le darán legitimidad.

¿Qué evaluar? Hay múltiples aspectos del proceso educativo que se deben de evaluar, la asistencia, la puntualidad, los programas, las escuelas, los directores, supervisores, profesores, alumnos, también son muchos los procedimientos metodológicos para hacerlos.

Se tiene que precisar qué se quiere evaluar y cómo se puede evaluar sin menospreciarme todos los días.

Es muy diferente evaluar conocimientos matemáticos a formación cívica y ética o el desempeño de una escuela al de un profesor.

¿A quién evaluar? Normalmente se ha apuntado al alumno, ahora se señala al profesor, desconociendo que el aprendizaje es un fenómeno distribuido, el alumno aprende en todos los grados, en todos los contextos de la escuela y fuera de ella.

Los aprendizajes están articulados, secuenciados, el alumno de un profesor mañana será el del otro, si los niños no aprendieron el profesor del siguiente grado tendrá que remediar esto para poder avanzar, las responsabilidades están entrelazadas, si un profesor no cumple aceptará a los otros, el rezago se irá diseminando y acumulando, dañará a toda la escuela, van en el mismo barco, la resultante no son las acciones individuales, es la suma de los esfuerzos colectivos, de aquí que la unidad de análisis debe de ser la escuela como una misión compartida que promueva la colaboración, no sólo los aspectos cognoscitivos están articulados, también lo están las dimensiones éticas y emocionales, las cuales pueden ser, incluso, de mayor relevancia, se debe de promover la participación académica colegiada, la coevaluación, generar incentivos con base al rendimiento, ofrecer estímulos por escuela, establecer estándares de logro escolar por contextos socioculturales, hacer comparaciones en condiciones equivalentes, dibujar trayectorias de profesores y escuelas, reconocer e impulsar los liderazgos académicos de los directores que lleven a reedificar el prestigio del magisterio.

Cómo evaluar un procedimiento para neutralizar las variables de contexto, es medir el valor agregado, la ganancia obtenida entre un momento y otro para poder comparar con ciclos anteriores o con otras escuelas que compartan condiciones análogas. La evaluación relativizada a la misma escuela o al mismo profesor resulta ser más equitativa en cuanto prácticamente se mantiene constante la situación sociocultural.

De este modo se pueden reconocer las mejoras prácticas, aprender de ellas y estimular el buen desempeño, al comparar el valor que se agregó en los ciclos anteriores, se dibujarán trayectorias, se observarán tendencias.

Las trayectorias podrán ser comparadas con los profesores de la misma escuela con los de otras escuelas que sean similares y crear así referentes nacionales.

Habrá que definir y ajustar a la luz de la experiencia bajo un proceso que demanda planeación, tiempo, fases bien definidas con propósitos delimitados por metas.

Por último, y no menos importante, tenemos que seguir con la evaluación comparada a nivel internacional, reconociendo que las diferencias y los factores explicativos para así construir nuestras propias vías atendiendo a nuestra propia circunstancia, hay muchas y muy buenas razones de por qué y para qué evaluar, pero lo importante es hacerlo bien.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, doctor Tirado Segura.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por diez minutos, la doctora María Luisa Chavoya Peña, si es tan amable.

- La C. María Luisa Chavoya Peña: Señoras y señores; honorables miembros de este Senado de la República, colegas que me acompañan como candidatos de las ternas.

Para mí es un honor estar nominada como candidata de una de las ternas para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en este momento que es crucial, ya que se han realizado modificaciones de trascendencia a nuestro artículo 3o. de la Constitución Política de la República Mexicana.

Indudablemente existe un consenso en cuanto a la importancia de la evaluación en la toma de decisiones, los once años de funcionamiento del INEE han dado muestra de la relevancia que para el país ha sido la generación de información confiable, de indicadores y resultados educativos nacionales.

Esta información no sólo ha servido para la toma de decisiones más informadas, sino que ha alimentado la investigación educativa del país.

Las pruebas que de manera normal se aplican y cuyos resultados se difunden tales como la internacional PISA y las pruebas ENLACE y EXCALE, han servido para monitorear las habilidades y conocimientos que adquieren nuestros estudiantes y nos son obligados a poner más atención en su mejora.

Ahora, en un escenario nuevo, las atribuciones del INEE se han extendido y se pretende que ahora este instituto amplíe su ámbito en el diseño y realización de mediciones de conocimiento de los estudiantes de educación básica y media básica, el INEE ha mostrado su experiencia y ha desempeñado con esmero su trabajo, aún y cuando se trate solamente de aplicar pruebas internacionales como PISA que no son diseñadas en México.

Se ha acumulado una gran experiencia, hay indicadores importantes cuya consulta debe incentivarse.

Y si bien se ha generado mucha información e indicadores, es indispensable que sean consultadas por un sector más grande, es decir, es necesario que más investigadores procesen estos resultados como parte de su quehacer y fundamentalmente por parte de los docentes, ya que de ello dependen el logro educativo.

Los usuarios principales han sido las autoridades educativas federales, estatales y municipales, aunque no son las únicas. También es una información que compete a los padres de familia y a los diversos sectores de la sociedad.

La divulgación de la información es uno de los retos más grandes para este instituto, su página es consultada, pero habría que agregar formatos informativos dirigidos a un público más amplio. Cuando se empiezan a ampliar las atribuciones del INEE hacia el diseño y mediciones de otros componentes y procesos, es cuando empiezan a surgir los principales retos que va a tener este instituto.

Todavía tenemos un grado de incertidumbre porque no tenemos conocimiento de estas leyes y reglamentos específicos que incumbe justamente a estas Cámaras que forman el Poder Legislativo. Sin duda, en esta reforma la autonomía del INEE realmente ha sido el mejor logro, ya que es indispensable realmente para este instituto y para que no se tambalee por los embates políticos que se sucedan.

Es menester que el INEE se conserve como un instituto con aportes técnicos, con miras a proveer a la autoridad competente la información suficiente para realizar modificaciones que estime convenientes para lograr una educación de calidad. Que el carácter del instituto sea técnico no es de ninguna manera un supuesto ingenuo, ya Max Weber lo decía, que hay una diferencia entre los científicos y los políticos en tanto que los que realizan la tarea del INEE tendrían que realizar más juicios de hecho, que de valor.

Las tareas encomendadas al INEE son de carácter técnico y de alta responsabilidad, pues ya no se trata sólo de diseñar y realizar mediciones, sino también de expedir lineamientos a los que se sujetarán las autoridades federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden. Esta enorme tarea es un verdadero ejercicio que el INEE deberá realizar y buscar la mejor manera de realizarlo.

Estoy convencida de que será necesaria la construcción de consensos que involucren a los sectores, sobre todo magisteriales, porque no pueden ser marginados. La evaluación de los docentes debe partir de considerar que ellos también forman un universo diverso y que realmente no se puede utilizar la misma vara para medir lo diverso.

No es posible, además, evaluar a los maestros y alumnos con una simple prueba, a ir trabajando en instrumentos cada vez más complejos. Debemos pugnar cada vez más por ejercicios fundamentados en el pleno federalismo.

Si bien hay atribuciones generales, lo específico de cada cualidad, de cada región, debe tomarse en consideración, puesto que existen muchas realidades educativas. Son las entidades federativas y los municipios quienes deberán tener una participación más activa en la evaluación no sólo como ejecutores de los lineamientos y las pruebas, sino también como diseñadores de los procesos de evaluación y, sobre todo, como usuarios del conocimiento que se produzca.

Evaluar la educación en este México tan diverso, atravesadas por tantas diferencias locales, sociales, étnicas, de género, económicas, no es tarea fácil, y suponen conocimiento de los diferentes contextos, pues los resultados e indicadores no pueden homogenizarse, sino justamente reflejar esta diversidad.

Una educación igual para todos fue la cruzada que inició la Secretaría de Educación Pública, y han transcurrido ya casi, falta poco tiempo para que pasen dos siglos y aún no alcanzamos este anhelo. Realmente el estancamiento demográfico nos brinda una excelente oportunidad para afrontar rezagos y brindar una educación que atienda la diferencia y a la vez que sea pertinente para que realmente se produzca una educación que permita a los niños y jóvenes de México tener logros educativos similares, así debe entenderse la igualdad.

Los adolescentes que están tanto en secundarias como en el sistema de educación media, son parte de nuestro bono demográfico, siempre y cuando los eduquemos. Estamos enfrente de recursos humanos que mañana nos habrán de sustituir, estamos trabajando con el futuro y eso es una gran responsabilidad.

Nuestros problemas educativos aquí son muchos, como también son los retos y oportunidades que nos ofrecen la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y la educación media superior, son mundos diferentes y hay que atender también a las especificidades de cada nivel a la hora de proponer sistemas de evaluación.

El reto sigue siendo que la evaluación sea capaz de dar cuenta a lo que ocurre en la unidad más pequeña, en el aula y en el contexto escolar, y de ahí trasladarla a nivel local, regional, estatal, para posteriormente brindar un panorama nacional.

Considero que se espera de los integrantes de la junta del INEE, además del saber técnico, un código ético y de compromiso con la educación de México. Quienes han formado parte del INEE han dejado un legado que habrá de continuar quienes formen posteriormente esta Junta de Gobierno.

Hago público mi reconocimiento a los integrantes del INEE, a quienes han estado en la dirección de este instituto.

Senadoras y Senadores, concluyo mi presentación con la visión que tengo del INEE y que está unida a mi visión de la educación del país, a los retos y problemas que tenemos enfrente y al futuro que deseamos. Está presente un compromiso, que es el que me hizo realmente venir a este recinto y presentar mi postura y mi visión, de algo que considero que es una misión, alcanzar una educación de calidad, y es ahí donde pongo todo mi conocimiento y toda mi formación.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, doctora María Luisa Chavoya, por su participación.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por diez minutos, la maestra Aurora Guadalupe Loyo Brambila, para presentar su exposición.

- La C. Aurora Guadalupe Loyo Brambila: Distinguidas Senadoras y Senadores; queridos colegas:

Me siento muy honrada de ocupar la alta tribuna del Senado de la República como una de las quince personas que el Ejecutivo tuvo a bien designar para integrar las ternas de entre las cuales este órgano legislativo elegirá a los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Nos encontramos hoy ante una oportunidad histórica para impulsar la educación en nuestro país. Recientemente se han introducido modificaciones y adiciones al artículo 3o. constitucional que abren la puerta a una reforma educativa de gran calado. Uno de los aspectos más relevantes del nuevo texto consiste en el establecimiento de un sistema nacional de evaluación, cuya coordinación estará precisamente a cargo del INEE.

Como candidata a la Junta de Gobierno, creo necesario compartir con ustedes mi reflexión en torno a dos aspectos: el primero, el sentido que a mi juicio debe adquirir la autonomía constitucional de este órgano público, y que estará desde luego precisado en la legislación secundaria. Y el segundo, el carácter de la participación, que a partir de mis conocimientos y trayectoria podría yo desempeñar de ser designada para tan honrosa encomienda.

La autonomía constitucional conferida al INEE, deriva directamente del nuevo texto del artículo 3o. constitucional en el que queda establecido “que la educación será de calidad”. Son muchos los factores intervinientes en la calidad de los servicios educativos, pero de entre ellos la evaluación posee, sin duda, un carácter estratégico.

La evaluación para, ser útil tiene que cumplir los más altos estándares de confiabilidad técnica al tiempo que genera, entre los actores involucrados y en la sociedad toda, confianza y certidumbre basadas en la imparcialidad y en la transparencia de sus procedimientos. Solamente un órgano especializado puede realizar esta delicada tarea.

Estamos ante un órgano público especializado, encargado de una función estratégica, pero hay algo más, el nuevo INEE ha de continuar realizando todas las tareas que le dieron prestigio nacional e internacional a lo largo de sus primeros 10 años de vida.

Con la misma eficiencia ha de cumplir las nuevas responsabilidades que se le han conferido en materia de la evaluación de los docentes. Pero el desafío más importante que plantea el nuevo diseño institucional consiste en combinar el desempeño de esas tareas con la coordinación del sistema nacional de evaluación.

Los legisladores, al encomendarle al INEE esta función coordinadora, asumen con atingencia el hecho de que la evaluación no es un fin en sí misma, sino una valiosa herramienta para mejorar el sistema educativo. Es, ya lo dijimos, una herramienta estratégica, pero la estrategia naufraga cuando no se enmarca dentro de una visión sistémica.

Introducir esta dimensión, la de sistema, es uno de los grandes aciertos de la reforma constitucional. De lo anterior se desprende que el pilar sobre el cual ha de descansar el éxito del nuevo INEE es la coordinación, su recién adquirida autonomía así lo exige, le exige también que se atenga de manera estricta al ámbito de sus competencias sin limitarse, pero también sin excederse, y le exige, sobre todo, que su organización permita y facilite el fortalecimiento de los vínculos que como institución de Estado se encuentra obligada a mantener con la sociedad, con los actores sociales y con las instancias públicas y privadas de los tres niveles de gobierno que se encuentran involucradas en el quehacer educativo.

Es, por tanto, la autonomía del INEE una autonomía que opera en el sentido de fortalecer la legitimidad, la credibilidad y la eficacia del órgano público, pero que no se designe, sino que por el contrario, busca formas adecuadas de coordinación y de vinculación.

Finalizo con estas consideraciones. Las quince personas que integran las ternas son, y me incluyo, investigadores de alto nivel y conocedores del ámbito educativo y de la evaluación no obstante, se pueden apreciar, entre ellos, diferencias en su trayectoria y en sus campos de especialización.

La Junta de Gobierno no debiera de ser una suma de individuos, sino que a mi juicio debe ser un órgano directivo que exime e integre saberes, perspectivas y capacidades específicas.

En mí caso, decidí aceptar la candidatura a la Junta de Gobierno del nuevo INEE porque mantengo un compromiso ético con el mejoramiento de la educación, y estamos, ya lo dije, ante una oportunidad histórica.

En segundo lugar, porque considero que mi formación en el campo de la sociología y de la sociología política, así como los conocimientos sobre el sistema educativo y sobre el Magisterio, acumulados a través de varias décadas de investigación y reflexión, aportan elementos de valor para el funcionamiento eficaz y armónico de la Junta de Gobierno y, por ende, para la conducción del INEE en este periodo de cambio.

Mi formación en el campo de la sociología me faculta para tener una visión sistémica indispensable, dadas las funciones del nuevo INEE, la comprensión del ámbito educativo como un campo de poder en que gravitan diversos actores sociales, el análisis y seguimiento que he efectuado sobre las políticas de educación básica a partir de los años 90´s, y sobre todo mi trabajo sobre el Magisterio como gremio y como profesión, tanto en México como en América Latina, son aspectos que me parece podría yo aportar a este selecto grupo.

Soy consciente de la gran responsabilidad que con el simple hecho de aceptar mi candidatura he contraído, expreso ante ustedes que si he aceptado formar parte de una de las ternas, es por el convencimiento de que el nuevo INEE podría beneficiarse de mi capacidad para arribar a consensos de mi sensibilidad política y de mi experiencia.

No me queda sino asegurar a ustedes que en caso de ser designada pondré en esta empresa toda mi voluntad, mi esfuerzo y mis capacidades.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, maestra Guadalupe Loyo Brambila.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por diez minutos, la maestra Sylvia Irene Schmelkes del Valle.

- La C. Maestra Sylvia Irene Schmelkes del Valle: Buenas tardes, distinguidas Senadoras y Senadores; colegas, para mí también es un honor poderme dirigir en esta alta tribuna.

Yo he trabajado en investigación educativa desde 1970, desarrollando estudios relacionados con la calidad de la educación básica, la educación de adultos y la educación intercultural.

Mi primera investigación en 1971, fue una evaluación de las escuelas radiofónicas de la Tarahumara, esta experiencia marcó mi preocupación por la equidad en la educación. En el año de 1996, se publicó mi estudio sobre la calidad de la educación primaria en México, que basó sus conclusiones en la aplicación de pruebas, en este caso, de competencias para la vida a estudiantes de cuarto y sexto grado de primaria; ahí pudimos dimensionar por primera vez la enorme desigualdad en los resultados de la educación primaria en nuestro país.

Entre 2001 y 2007 fui Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, desde donde intenté definir políticas para ofrecer una educación cultural y lingüísticamente relevante a los indígenas, a todos los niveles educativos y a toda la población una educación con enfoque intercultural.

Participé en el equipo de transición en materia educativa que convocó el entonces presidente electo Vicente Fox, me correspondió, entre otras cosas, elaborar el borrador de la propuesta de creación del INEE, que fue presentado y asumido prácticamente en su totalidad con la excepción de la autonomía que recién ahora se logra por el gobierno en turno.

Fui miembro del Consejo Técnico del INEE entre 2002 y 2008, y nuevamente entre 2010 y 2012, por lo que he seguido de manera muy cercana su trayectoria y he sido parte de la misma.

A lo largo de mi vida profesional, mi principal preocupación ha sido la falta de equidad educativa en nuestro país, me ha ocupado conocerla, dimensionarla, tratarla de explicar y tratarla de atender mediante el diseño de política pública, desde la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y a través de proyectos de intervención educativa en zonas indígenas en marcha actualmente en los estados de Yucatán, Chiapas y Guerrero, poniendo a prueba hipótesis acerca de vías posibles para la disminución de esta desigualdad.

El INEE tiene entre sus propósitos evaluar la equidad de la educación; de resultar electa a la Junta de Gobierno, yo quisiera poner mi experiencia al servicio de este propósito de manera especial.

Una causa importante de la inequidad educativa es la falta de relevancia de la educación que reciben los alumnos, lo que conduce al abandono del sistema de muchos de ellos, sobre todo de los más pobres y de los que pertenecen a culturas distantes de la nacional.

Esto es consecuencia de la homogeneidad de las políticas públicas en materia educativa, desde el currículum hasta la concepción de la organización escolar, pasando por la formación docente.

Entre los sectores más perjudicados por este trato homogéneo están los indígenas, que representan el 15 por ciento de la población nacional, si atendemos al criterio de autodescripción utilizado en el Censo Nacional de Población de 2010.

La evaluación también corre el riesgo de pretender homogeneizar propósitos educativos y de basar sus juicios en criterios que no toman en cuenta la diversidad.

De trabajar en el INEE, me gustaría mucho poder atender la cuestión de la evaluación en condiciones de diversidad cultural y lingüística, pero también de diversidad en las condiciones del ejercicio de la práctica docente. Así, equidad y diversidad serían mis principales propósitos y, por tanto, aportes de formar parte de la Junta de Gobierno del INEE.

La evaluación formativa de docentes ha sido también una de mis preocupaciones recientes, con Carlos Mancera, y como consecuencia de una petición de la SEP a la OCDE, formulamos una propuesta de evaluación de docentes centrada en el conocimiento de su práctica, cuyo propósito, además de distinguir niveles de desempeño docente y reconocer a los buenos docentes, era fundamentalmente el de tener elementos para ofrecer a los docentes una forma continua que permitiera mejorar su práctica.

Esto en el entendido de que la calidad de la educación no mejora con la evaluación, esta, sin duda, dimensiona el problema y señala diferencias y brechas, pero la calidad de la educación más bien mejora como consecuencia de la transformación de la práctica docente.

Las orientaciones que se derivan de esta visión son las que considero que el INEE tendría que formular a la SEP a fin de que esta evalúe a sus docentes y pueda ofrecerles la formación adecuada para que mejoren su práctica y con ello la calidad de los resultados de aprendizaje de sus alumnos.

Desde la perspectiva de la gestión, una de las prioridades que yo asumiría, de trabajar en el INEE, sería la definición colegiada de la mejor forma de defender y aprovechar la oportunidad histórica que le da la autonomía.

El INEE que yo tuve la oportunidad de conocer de cerca en estos últimos diez años, tuvo en los hechos una autonomía porque construyó una gran solidez técnica y defendió su aplicación.

La solidez técnica de las evaluaciones del INEE es condición para ahora darle sustento y credibilidad a la recién otorgada autonomía. Es ella la que permitirá defender al INEE de la injerencia de intereses de grupos diversos y de la propia Secretaría de Educación Pública. Por eso me parece que el INEE debe crecer, pero a un ritmo que le permita ir consolidando su capacidad y calidad técnica.

Un reto fundamental que tiene el INEE, y que en su historia pasada no ha logrado enfrentar con éxito, es la comunicación eficaz de los resultados de sus evaluaciones y de las implicaciones de las mismas.

Las propias autoridades educativas utilizan poco los resultados de las evaluaciones del INEE y, por lo mismo, su impacto en el diseño de política ha sido menor al esperado.

La sociedad en general los conoce poco, y por lo mismo no se ha convertido en fuente de presión sobre autoridades educativas para modificar políticas y programas, y quizás lo más preocupante es que a pesar de esfuerzos conocidos por lograrlo, los docentes tampoco han derivado provecho de lo que las evaluaciones le sugieren respecto de su propia práctica.

Este reto habría que asumirlo con toda seriedad y convertido en prioridad. Ello también abona a la credibilidad de su autonomía.

Por último, el nuevo gran reto del INEE es coordinar el sistema nacional de evaluación. Esto no se ha hecho, está por construirse, implica darle coherencia a la evaluación de políticas, programas, instituciones, agentes, procesos y resultados.

Implica intentar respondernos de forma integral a la pregunta de, ¿qué tanto en México se avanza en el cumplimiento del derecho a la educación de todos sus habitantes?

La Junta de Gobierno tendrá que darse a la tarea prioritaria de la conceptualización de dicho sistema, de la definición de sus partes y de la coordinación de sus acciones.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, maestra Schmelkes del Valle, muy gentil.

Les solicitaríamos a los participantes, de ser posible, tuvieran la amabilidad, a través del personal de apoyo, de facilitarnos sus participaciones, independientemente de que están las versiones estenográficas, a efecto de que se hagan llegar a la Comisión de Educación.

El Senado de la República les expresa su más cumplido agradecimiento por las extraordinarias participaciones de todas y de todos ustedes, y con esto damos por terminadas las intervenciones y cumplidas las comparecencias de los candidatos propuestos para integrar la Junta del Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Solicitamos atentamente a las comisiones designadas acompañen a su salida a los participantes cuando deseen hacerlo.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

(Las comisiones cumplen)

Continuamos con nuestra sesión.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES X, XXVI Y XLVII, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I DEL ARTICULO 1o. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE,
Y RECURSOS NATURALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales; y, de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan, diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 113, 114, 117, 135, 175, 182, 183 y 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada iniciativa, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGIA

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo del asunto turnado a estas Comisiones Unidas, desde su presentación hasta la formulación del presente Dictamen.

En el apartado denominado “Contenido de la Iniciativa” se sintetiza el objeto de las adiciones presentadas, su contenido y el espíritu de los legisladores para su propuesta.

En el apartado de “Consideraciones”, estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la adiciónpropuesta, con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten pertinentes y mediante las cuales se sustenta el Decreto propuesto.

ANTECEDENTES

1.- En sesión plenaria celebrada el día 21 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores recibió la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, iniciándose así un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La propuesta presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, tiene como objeto incorporar tanto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el termino de medio ambiente sano a efecto de empatar este en las legislaciones secundarias lo anterior en concordanciacon la reforma al artículo 4° de nuestra Carta Magna.

Para ello el Senador promovente sugiere la siguiente redacción:

ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;

II a X.-…

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1.-...

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para:

I. a XIII. …

En atención a dicha solicitud, las Comisiones Legislativas que elaboran el presente Dictamen proceden a iniciar el análisis de la misma bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Derechos Humanos de tercera generación según Karel Vasak se inspiran en una cierta concepción de la “vida humana en comunidad”, y tales derechos solo pueden ponerse en práctica gracias al esfuerzo conjunto de todos: desde los individuos hasta los estados, las entidades y órganos públicos y privados.1

Asimismo, la Dra. Mireille Roccatti, en su obra “Los Derechos Humanos y la Experiencia del Ombudsman", al referirse a los derechos de la tercera generación, dice que son derechos que pertenecen a una categoría denominada derechos “difusos”, “colectivos” o “supraindividuales”, los cuales han sido recogidos por algunas constituciones a fin de que paulatinamente se vayan implementando mecanismos jurídicos para facilitar su eficacia. Considerando en esta categoría el derecho a un ambiente sano, se llaman difusos por su amplitud, por su extensión, por la dificultad de realización y por la constante confusión con los deberes de la humanidad.2

Cabe mencionar que el Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional, sustento la necesidad de aprobar estos nuevos derechos en la “evolución de la sociedad y el derecho”, reconociendo, además su unidad con los derechos y libertades del hombre, ya aceptados.

Este organismo afirmó:

Los nuevos derechos en los que necesariamente se incluyen el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, que garantice un mínimo de condiciones de vida digna para todos los pueblos, con objetivo inmediato; el derecho a gozar de un ambiente sano, adecuado y ecológicamente equilibrado, y el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad son interdependientes con todos los demás derechos y libertades de la persona humana, constituyendo una unidad indivisible.3

En este sentido no podemos soslayar tal y como lo refiere el Senador Promovente, que México se ha caracterizado por suscribir instrumentos internacionales a favor de la protección y conservación del medio ambiente y ha incorporado derechos humanos de tercera generación en la propia Constitución.

Lo anteriormente aludido guarda sustento con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a velar por los derechos humanos que consagra el texto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de febrero de 2012, en donde se incorpora al artículo 4° Constitucional el derecho a un ambiente sano, que a la letra dice:

“Artículo 4º...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Asimismo es de hacer hincapié que con las reformas constitucionales que se comentan la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comentado la pertinencia de un control de la convencionalidad por parte de los jueces nacionales. Es decir, el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas”. Dicho principio, recogido en el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la obligación general de los Estados de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechosprevistos en ella,lo cual implica también que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet utile4).

En este sentido, la Corte Interamericana5 ha interpretado que tal adecuación, que se debe realizar por virtud del artículo 2º, implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: I) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y II) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.

Viene a robustecer lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales:

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. LA OBLIGATORIEDAD DE LA EMITIDA ANTES DE LAS REFORMAS A LOS ARTICULOS 1° Y 103, DE DIEZ Y SEIS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, EN RELACION CON EL 133, TODOS DE LA CONSTITUCION FEDERAL, SE SUJETA A QUE AQUELLA SEA ACORDE CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CARTA MAGNA Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS 2a./J. 108/2010).

Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militaresy judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Ahora bien, el mecanismo para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control de constitucionalidad que deriva del análisis sistemático de la reforma que sufrieron los artículos 1o. y 103, en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la observancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria siempre que se ajuste a esas reformas constitucionales, es decir, que sea acorde con la protección de los derechos humanos, reconocidos tanto por la Carta Magna como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De tal suerte que, la no aplicación de criterios jurisprudenciales emitidos con anterioridad a la reforma constitucional aludida, porque el tratado internacional contempla un derecho humano de mayor beneficio al justiciable, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona, no implica desacato a lo dispuesto por el citado artículo 192, pues la obligatoriedad de la jurisprudencia se encuentra sujeta a que ésta interprete un sistema jurídico vigente aplicable al caso concreto de que se trate. Esta premisa generó que este tribunal ejerciera oficiosamente el control difuso de convencionalidad e inaplicara la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: “EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO”, que en esencia, considera que a efecto de que no se sobresea en el juicio de garantías por incumplimiento de recoger los edictos, el quejoso debe comparecer a manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto de su publicación y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos deben existir indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Ello es así, porque mediante el principio de interpretación conforme en sentido amplio, respecto de los numerales 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que el Estado Mexicano, en su orden, adquirió la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en él, a efecto de garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, entre otros motivos, por la posición económica, así como que todas las personas son iguales ante la ley; además, el Estado deberá contar o implementar los mecanismos legales idóneos, necesarios o suficientes para permitir a toda persona en el ejercicio de su derecho de defensa contra actos que estime transgresores de su esfera jurídica, lo cual está referido a toda materia de derecho. De ese modo, si la citada jurisprudencia condiciona la procedencia del juicio de garantías a que el particular comparezca a manifestar y evidenciar su imposibilidad para cubrir el gasto de los edictos, entonces esa circunstancia se estima contraria a los derechos humanos de gratuidad de la administración de justicia, que consagra el artículo 17 constitucional, de igualdad ante la ley y no discriminación por posición económica, en virtud de que se condiciona el derecho de gratuidad de la administración de justicia a que se colmen los requisitos que no establece la ley de la materia, los que giran en torno a motivos de índole económica, lo que significa que el citado derecho se reserva sólo para las personas que no tengan la capacidad económica para sufragar el pago de la publicación de los edictos, que se traduce en clara violación a los derechos humanos referidos, pues la garantía de igualdad y la no discriminación prohíben la diferencia de tratamiento entre seres que no se correspondan con su única e idénticanaturaleza.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGION CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA JALISCO

Amparo directo 402/2012 (cuaderno auxiliar 685/2012). 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos con voto aclaratorio del Magistrado José de Jesús López Arias. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Abel Ascencio López.

DERECHO A LA SALUD. SU REGULACION EN EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 173/2008. Yaritza Lissete Reséndiz Estrada. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

En este sentido cabe mencionar que el término de gozar de un ambiente sano surge con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, con la finalidad de exhortar a reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados a crear mecanismos jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos, el derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el desarrollo de si vida.

Asimismo en este contexto se encuentran las Declaraciones emanadas de las Cumbres sobre la Tierra llevadas a cabo en:

• Estocolmo en el año de 1972 de donde surge una Declaración constituida por 26 principios y que en el 1 resume la preocupación por el medio que habita el ser humano, estableciendo por primera vez en la comunidad internacional, el derecho de la persona humana a disfrutar de las condiciones de vida adecuadas en un medio que le permita llevar una vida digna y sin discriminación y a gozar del bienestar físico y espiritual necesario para su desarrollo integral.6 Este el primer documento adoptado por la comunidad internacional en materia ambiental.

• Río de Janeiro de 1992, en esta la comunidad internacional integro un conjunto de 27 principios sobre derechos y deberes relativos al medio ambiente, además de formularse la denominada agenda 21.

Los principios que emanan de la declaración determinaron el compromiso por parte de los Estados participantes de introducir los diferentes aspectos que de ellos surgen. Es decir se conmina a los Estados a incorporar la consagración jurídica a un medio ambiente adecuado el derecho a la información y la participación pública, la responsabilidad por daño ambiental y el uso de instrumentos económicos en la gestión del medio ambiente.

Como consecuencia del desarrollo paulatino de los diversos instrumentos de carácter internacional y reconocimiento universal de la importancia del derecho a un ambiente sano, surge en el 1998 por primera vez su consagraciónnormativa en documento internacional de naturaleza convencional en el sistema interamericano de protección de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el denominado Protocolo de San Salvador.

Este protocolo fue a probado por la Asamblea General de la Organización deEstados Americanos el día 17 de noviembre de 1988, establece en su artículo 11 el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado7

En este orden de ideas es importante mencionar que varias constituciones americanas consagran ya a nivel constitucional el derecho a un ambiente sano, así como nuestra Carta Magnay entre ellas encontramos a:

La Constitución deArgentina en su artículo 41 establece lo siguiente:

“Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.8

La Constitución de Brasil en su artículo 225 establece que:

“Artículo 225.- Todos tienen derecho a un medio ambiente sano ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras”.9

La Constitución de Paraguay10 establece en su artículo 7° que a la letra dice:

Artículo 7.-…

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.

De los argumentos vertidos con antelación esta Comisión coincide plenamente con el Senador promovente, en el sentido incorporar el termino derecho a vivir en un ambiente sano en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que no lo consideran, lo anterior en razón a la reforma al artículo 4o Constitucional11 y a los compromisos internacionales asumidos por México.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

decreto

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;

II a X.-…

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1o.-...

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para:

I. a XIII

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 16 de abril de 2013.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

1 MOLLANO, B. CESAR. Derecho a un Ambiente Sano [en línea]. [ref. 8 de marzo de 2013]. Disponible en web: http:/biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf.

2 ROCATTI, M. Los Derechos Humanos y la Experiencia del Ombudsman en México. México: Ed. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 1995. 176p.

3 Ibidem

4 Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas. Principio del Effet Utile. [ en línea] [ref. 8 de marzo de 2013]. Disponible en Web: http:// www.linguee.es/ingles-espanol

5Los Derechos Humanos y el Nuevo Artículo 1° Constitucional. Rev IUS.2011, vol 5, n° 28. Puebla: Instituto de Ciencias jurídicas de Puebla.

6 Organización de las Naciones Unidas. Resolución de la Asamblea de Naciones Unidas 3 de diciembre de 1968. [en línea]. [ref. 8 de marzo de 2013].

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Protocolo Adicional a la Convención Americanasobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, Artículo 11. 1988. [en línea]. [ref.8 de marzo de 2013].

8 Argentina. Constitución Nacional de República Argentina. [en línea] [ref. 8 de marzo de 2013] Disponible en Web:

http:/pdba.georgetown.edu/constitutions/ argentina/argen.html.

9 Brasil. Constitución de la República Federativa de Brasil. [ en línea] [ref. 8 de marzo 2013]. Disponible en Web:

http://wipo.int/wipolex/es/test.jsp.

10 Paraguay. Constitución Política de Paraguay de 1992. [ en línea] [ref. 8 de marzo de 2013]. Disponible en Web:

http://pdba.georgetown.1992

11 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012.

Artículo 4º ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION XI DEL ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 310 Bis y se reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 310 BIS Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 420, 421 Y 421 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de productos milagro.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 16 de octubre de 2012, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura presentó Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para la regulación de los Productos Milagro.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa que nos ocupa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 309, 310 y 420; se adiciona un artículo 310 Bis., todos de la Ley General de Salud, para regular los productos milagro o frontera.

Esta iniciativa propone regular la publicidad de estos productos en toda su extensión ya que como se publicitan actualmente en medios masivos, algunos se publicitan con engaños al consumidor menciona la proponente.

Por otra parte en el mismo artículo se pretende plasmar que tratándose de los rubros antes mencionados se deberá incluir permanentemente de forma visual y mencionarse de forma auditiva, o ambas, según el medio de que se trate, el texto: No es un medicamento, además de las leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud.

Pretende prohibir cualquier clase de publicidad y/o promoción que sea engañosa, induzca al error y que genere un riesgo para la salud y el patrimonio de las personas, de esta forma se hace mención de ocho supuestos que se considera quedaría regulada tal prohibición, conductas que se sancionarán con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, invocan el párrafo cuarto del Artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. Es de mencionarse que la salud es un derecho universalmente reconocido y del que gozamos todos y cada uno de los mexicanos, el cual es privilegiado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos imperando el ya mencionado precepto de la Carta magna donde marca que Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Actualmente en nuestro país, a consecuencia del desarrollo cada vez más dinámico de la sociedad, sus habitantes por sus múltiples ocupaciones, escasez de tiempo e incluso por ignorancia y hasta comodidad, optan por adquirir productos que les simplifiquen sus actividades y el cumplimiento de sus metas, general y comúnmente en el ámbito de salud.

Situación que aprovechan las industrias cuyo objetivo es brindar satisfactores a sus consumidores, quienes desesperados por encontrar remedios inmediatos a sus problemas, los adquieren con la esperanza de lograr los resultados esperados, y rápidos. Adquiriendo productos llamados milagro o frontera. Los cuales se distinguen, de otros que pueden encontrarse en el mercado, por la sencilla razón de destacar en los medios publicitarios algún o algunos atributos terapéuticos, preventivos, curativos, rehabilitatorios o auxiliares, abarcando diversas áreas de interés para el consumidor que pueden comprender desde remedios para alguna problemática grave de salud hasta cuestiones simples comúnmente estéticas, cuyo blanco se centra en alcanzar a todas las personas, indistintamente de su edad.

C. Cabe señalar que dentro del catálogo de los “productos milagro” podemos encontrar una extensa gama, la cual engloba tanto alimentos y suplementos de éstos, como medicamentos herbolarios, remedios herbolarios y productos cosméticos, mismos que para su fabricación utilizan como insumos plantas, sustancias naturales o sintéticas o, en su defecto, son elaborados con gran variedad de nutrimentos, que aunque inocuos y no tóxicos para la salud, no son sinónimo de efectividad, es decir, no garantizan fehacientemente que producirán los resultados previstos y sin riesgos. A pesar de esto, el consumidor opta por la utilización de estos productos y deja a la deriva tratamientos prescritos por médicos especialistas, esto debido a la glorificación y al bajo costo económico de los artículos milagro que, en comparación con las medicaciones galenas, resultan más cómodos y simples, en otras palabras, al hacer atractiva la “mercancía Frontera” paralelamente desorienta a la población, quien ingenuamente deposita su confianza y esperanzas en estos consumibles que generalmente solo “disfrazan” las enfermedades, las alivian, más no las curan, y en el peor de los casos no proporcionan ninguno de los resultados prometidos, poniendo en riesgo su salud.

D. Por otro lado, la presentación para la venta al público de estos productos se materializa generalmente en forma de pastillas, soluciones, jarabes, bebidas, geles, cremas, jabones, parches, inyecciones, etc., que por estrategia de mercadotecnia los colocan para su venta al público en farmacias o en establecimientos especiales fijos, semifijos o móviles, acciones que confunden al comprador haciéndole creer que efectivamente son medicamentos aunque en realidad no lo son y se escudan detrás de la clasificación hecha por la Secretaría de Salud como remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, mismos que no necesitan receta médica y, por ende, son de libre acceso. Tema importante que debe saber todo aquel consumidor que adquiere estos productos.

E. Por su parte nuestra legislación y en específico la Ley General de Salud, autoriza solamente tres tipos de medicamentos: los alopáticos, homeopáticos y herbolarios, pero la industria de los “artículos frontera” para evitar las estrictas pruebas a que se someten los medicamentos, es que introducen al mercado sus productos como remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos sin el rigor de las comprobaciones científicas establecidas, y así obtener mucho más fácil las autorizaciones de la Secretaría de Salud para comercializarlos.

F. El problema es que a dichos productos se le atribuyen cualidades preventivas, terapéuticas o de rehabilitación, nutritivas, estimulantes o de otra índole que no corresponden a su función o uso según su autorización o, en su defecto, que no contenga los ingredientes o las propiedades a que hacen alusión.

G. Esto conlleva a poner en peligro la salud de las personas derivado desu consumo, especialmente los que se ingieren, tales como suplementos alimenticios o remedios herbolarios.

H. Los productos milagro han logrado posicionarse dentro del mercado con firmeza debido a los vacíos y a las lagunas legales que existen en la legislación sanitaria, primordialmente en lo que a publicidad para su venta se refiere.

I. Es de enfatizarse que es la misma industria la que ofrece esta solución al inundar prácticamente, a través de los medios, con una inmensa gama de “artículos milagro”, los cuales se sustentan vendiendo la idea equívoca al público de una promesa de resultados inmediatos con el mínimo esfuerzo o incluso sin éste, provocando a su vez, desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia.

J. Los productos milagro manipulan la publicidad al omitir, parcial o totalmente en ella, información del producto, ya sea del contenido de sus ingredientes, modo de empleo, dosis, restricciones, o de sus efectos secundarios y, aunado a la escasa regulación de este tema en nuestra legislación, es que estos productos no requieren de una comprobación exhaustiva de sus cualidades, amparándose de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera generarse en su contra al manifestar en su publicidad que tal responsabilidad es del usuario o consumidor.

K. Por lo anterior, es que la venta y publicidad engañosa de productos milagro a los mexicanos pone en riesgo su salud, y como consecuencia de estas prácticas en nuestro país y en el mundo se ha generado un grave problema sanitario debido a la falta de regulación para controlar la venta y publicidad de estos productos convirtiendo a diversos países en un paraíso publicista para promover entre el público seducido la compra de dichos artículos milagro.

L. Es por ello que se pretende reformar diversos artículos de de la Ley General de Salud así como adicionar uno más que regule la publicidad de este tipo de productos y dar certeza jurídica al consumidor.

M. En cuanto areformar el artículo 309, para adicionar la publicidad en los horarios de las estaciones de radio y televisión, los medicamentos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos. Estas Comisiones estiman innecesaria esta reforma ya que aparte aunado a que el Reglamento de Publicidad ya lo regula, no se puede englobar la publicidad de bebidas alcohólicascon la publicidad de medicamentos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos.

N. Por lo que respecta al artículo 310, se anexa que en materia de los remedios herbolarios y suplementos alimenticios, su clasificación será como lo marca el propio precepto. Sin embargo, estas comisiones consideran que esta parte de la reforma es de carácter reglamentario por ello se sugiere omitirla. Por otra parte, en el mismo artículo, se pretende plasmar que tratándose de los rubros antes mencionados se deberá incluir permanentemente de forma visual y mencionarse de forma auditiva, o ambas, según el medio de que se trate, el texto: “No es un medicamento”, además de las leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud. Con ello estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el espíritu de la legisladora al plasmar esta leyenda, sin embargo, por técnica legislativa se sugiere incluirlo en el Artículo 310 bis.

O. En lo que respecta a la adición del artículo 310 Bis, estas Comisiones coinciden plenamente en dar certeza jurídica para aquellos productos que su publicidad es engañosa.

P. Por último, se hace un cambio en cuanto a las sanciones con el fin de especificar claramente la sanción a las diversas conductas en consonancia con las ya previstas en la propia Ley y en el Reglamento de publicidad de la Ley General de Salud.

F. Derivado de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, estiman viable aprobar con cambios la propuesta contenida en la Iniciativa que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se adiciona el Artículo 310 Bis. y se reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 310 Bis.- Para el caso de remedios herbolarios y suplementos alimenticios, queda prohibida cualquier clase de publicidad y/o promoción dirigida a la población en general, mediante la cual:

I. Se ostenten como solución definitiva para la prevención, tratamiento, rehabilitación o curación de una o varias enfermedades;

II. Se exageren las características o propiedades, que les atribuya un carácter extraordinario o bien se pretenda sustituir la consulta o la intervención de los profesionales de la salud;

III. Se pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios autorizados por la Secretaría;

IV. Se atribuya a los suplementos alimenticios que son destinados a regímenes dietéticos o especiales, propiedades preventivas, terapéuticas, curativas, rehabilitatorias, o de otra índole, diferente a su uso o función;

V. Se promuevan hábitos de alimentación nocivos o que pretendan sustituir el régimen de una alimentación o nutrición equilibradas;

VI. Se implementen comparativos reales o supuestos no comprobables, que puedan generar riesgos o daños a la salud, para avalar una pretendida finalidad sanitaria;

VII. Se mencione o sugiera que su uso o consumo, estimula o potencia el rendimiento físico, intelectual o sexual de los individuos, y no se acredite con la totalidad de las pruebas técnicas o científicas expresamente reconocidas por la autoridad correspondiente;

VIII. Se contravengan las disposiciones y programas de alimentación, educación nutricional, higiénica y de salud que establezca la Secretaría; y

IX. Se determine como engañosa, que induzca al error o que genere un riesgo para la salud, de acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría.

Asimismo la publicidad de remedios herbolarios y suplementos alimenticios, deberá incluir de forma visual o auditiva, según el medio de que se trate, la leyenda: “No es un medicamento”, además de las leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud.

Artículo 420. Se sancionará con multa de dosmil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 310 Bis, fracción V 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de esta Ley.

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 310 Bis, fracción I, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley.

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 310 Bis, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 325, 327 y 333 de esta Ley.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que se turnarán a comisiones directamente.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Informo a la Asamblea los asuntos que se turnarán a comisiones.

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan las fracciones II y III y se reforma la fracción IV del numeral 1 del artículo 202 del Reglamento del Senado, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES II Y III Y SE REFORMA LA FRACCION IV DEL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 202 DEL REGLAMENTO DEL SENADO

(Presentada por el C. Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN)

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

FERNANDO YUNES MARQUEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el numeral 1 del artículo 8, numeral 1 y 2 del artículo 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES II Y III, Y SE REFORMA LA FRACCION IV DEL NUMERAL 1; TODAS DEL ARTICULO 202 DEL REGLAMENTO DEL SENADO. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho de proponer iniciativas está fundamentado por el artículo 71 de la Constitución, así como por los demás artículos de la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento de ambas Cámaras.

Este derecho, como bien se sabe, lo posee el Presidente de la República, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y recientemente, los ciudadanos.

El mismo artículo 71 de la Carta Magna establece que la Ley del Congreso determinará el trámite que debe darse a las iniciativas.

Es igualmente por todos conocido, que el proceso legislativo inicia precisamente con la presentación de una iniciativa de ley o decreto, misma que se turna a Comisiones, y éstas deben dictaminar en un cierto período de tiempo, votarla en Comisiones y si es aprobado por la mayoría absoluta de sus integrantes, se somete a consideración del Pleno su probable aprobación.

Si se desglosa el proceso legislativo establecido en la Constitución, la Ley y los Reglamentos, se podrá concluir que la iniciativa per se tiene trámite automático una vez que se presente ante alguna de las Cámaras. Es decir, es obligación de las Comisiones el analizar y dictaminar toda iniciativa que se presenta, así como es obligación del Congreso de la Unión, el discutir y votar todas las iniciativas que se presentan, con independencia de su viabilidad.

En ese orden de ideas, se concluye que toda iniciativa, una vez que recorra el proceso legislativo establecido en la norma, debe ser discutida y votada en el Pleno de la Cámara de Origen, para después de ser discutida y votada en la Cámara Revisora.

El artículo 72 de la Constitución, señala que “todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones”. Es así, que la obligación de discutir todo proyecto de ley o decreto por parte de las dos Cámaras está expresamente establecido en nuestra Carta Magna. Asimismo, la Ley y el Reglamento establecen que los Dictámenes que se discuten, pueden ser modificados, ya sea en Comisiones, o posteriormente en el Pleno.

Para que ocurra esto, existen, entre otras, la figura de “reservar artículos”, misma que se encuentra fundamentada en el artículo 200, así como su procedimiento en el artículo 201 y 202 del Reglamento que rige a esta Cámara Alta.

En este sentido, actualmente dichos artículos establecen lo siguiente:

Artículo 200

1. Concluido el debate en lo general, el Presidente abre el registro para la reserva de artículos o la presentación de adiciones al texto normativo del dictamen, las cuales serán objeto de debate y votación en lo particular.

2. El Presidente informa al Pleno sobre los artículos reservados o las adiciones propuestas, así como de los votos particulares que se refieren a artículos o apartados específicos del dictamen.

3. Inmediatamente ordena someter a votación en un solo acto el dictamen en lo general y los artículos no reservados.

Artículo 201


1. Los debates en lo particular, se refieren a los artículos reservados contenidos en el cuerpo normativo de un dictamen sea para suprimirlos o modificarlos.

2. Los debates en lo particular también se refieren a propuestas de adición de artículos al cuerpo normativo del dictamen.

3. Cada artículo o grupo de artículos reservado o propuesta de adición, se debate y resuelve sucesivamente en el orden que les corresponde dentro del cuerpo normativo del dictamen.

Artículo 202

1. Para los debates en lo particular sobre artículos reservados o adiciones, el Presidente procede a desahogar cada propuesta registrada, de la manera siguiente:

I. El autor o, en su caso un representante de los autores, explica al Pleno el sentido y los alcances de la misma;

II. Se consulta al Pleno si se admite o no a debate;

III. Si no se admite, se tiene por desechada; en su oportunidad, se somete a votación el artículo reservado, en los términos del dictamen;

IV. De admitirse, se levantan listas de oradores en contra y a favor; inicia el primero registrado en contra;

V. Concluida cada ronda de dos oradores en contra y dos a favor, se consulta al Pleno si el asunto ha sido suficientemente debatido o no. En función de la respuesta, se dispone lo previsto en las fracciones VI y VII del párrafo 1 del artículo 199 de este Reglamento, en cuyo caso intervienen hasta dos oradores en cada nuevo turno;

VI. De sólo registrarse oradores a favor, al concluir sus intervenciones los dos primeros, se procede de acuerdo a la fracción anterior; y

VII. Agotada la lista de intervenciones registradas, se declara concluido el debate y, previa lectura por un Secretario del texto a considerar, se somete a votación del Pleno; de ser aprobado, se incorpora en el cuerpo normativo; de no ser así, prevalecen los términos originales propuestos en el dictamen y se somete a votación el artículo reservado.

El procedimiento para el desarrollo de la reserva de artículos, se traduce en una grave contradicción en la misma norma, ya que el artículo 200 establece de manera clara que la reserva de artículos serán objeto de debate y votación en lo particular.

Posteriormente, el artículo 201 señala, también de manera muy clara, que los debates en lo particular se refieren a los artículos reservados o a propuestas de adición al cuerpo normativo de un dictamen; las dos vertientes tienen el mismo objetivo, que es el proponer la modificación del dictamen que se discute.

Empero, el artículo siguiente, establece ya, de manera minuciosa, cómo será el procedimiento para el desahogo de los artículos reservados. Dicho artículo contempla la posibilidad de coartar el derecho y facultad constitucional de todo legislador de proponer. Es decir, el abrir un espacio a que un artículo reservado, que no es otra cosa que una propuesta clara y concisa de un legislador, ni siquiera sea discutido por el pleno, limita su derecho parlamentario y deliberativo.

Si bien es cierto, un Dictamen representa en la teoría el consenso de las distintas fuerzas políticas que previamente en Comisiones se votó por el mismo, también es cierto que no se puede coartar o limitar el derecho a los legisladores, pertenecientes o no a las Comisiones que dictaminan, de proponer ante el Pleno modificaciones al mismo, ya que contemplar la figura de votar de manera económica, para que se apruebe o rechace si es aceptado a discusión el artículo reservado, no garantiza el respeto de los derechos políticos del parlamentario.

En consecuencia, todo artículo reservado o de adición al dictamen, debe por sí solo, ser discutido por el Pleno de la Cámara Alta, y una vez discutido, debe ser votado para determinar si se incluye al dictamen o se rechaza.

Cabe resaltar que un Parlamento y/o Congreso es el centro del debate, de la deliberación, y de la legitimidad de representar a los ciudadanos, y de esta forma, convertirse en la voz para expresar la voluntad de los mexicanos que depositan su confianza mediante el voto directo en las urnas. Por esta razón, considero que el artículo 202 del Reglamento que rige a esta Cámara resulta contrario al espíritu del Parlamento mismo.

En ese orden de ideas, esta iniciativa propone derogar las fracciones II y III del artículo 202 del Reglamento del Senado, con el objeto de que toda propuesta de reserva de artículos, ya sea para modificar el dictamen, o adicionar una propuesta al cuerpo normativo, sea discutido y votado.

De aprobar esta iniciativa, se daría un avance significativo en la manera en la que se desarrollan las Sesiones en el Pleno, se aumentaría la calidad de las discusiones, y en consecuencia, se haría más eficiente la elaboración de leyes. La ideología, intelectualidad y libertad constitucional de proponer que tiene cada legislador no puede ser coartada, limitada o privada por intereses colectivos, que sin mayor discusión, rechazan propuestas sin entrar al fondo de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES II Y III, Y SE REFORMA LA FRACCION IV DEL NUMERAL 1; TODAS DEL ARTICULO 202 DEL REGLAMENTO DEL SENADO.

UNICO. Se derogan las fracciones II y III, y se reforma la fracción IV del numeral 1 del artículo 202 del Reglamento del Senado, para quedar como sigue:

Artículo 202

1. …

I.…

II. (Se deroga)

III. (Se deroga)

IV. Se levantan listas de dos oradores en contra y dos a favor; inicia el primero registrado en contra.

V. …

VI.…

VII. ...

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 16 de abril del 2013.

Atentamente

Sen. Fernando Yunes Márquez”.






PROPUESTAS

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo que exhorta a informar respecto a las investigaciones realizadas por el presunto fraude realizado por la agencia de empleos “Chamba México” en contra de trabajadores migrantes, mismo que se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO Y A LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEON A INFORMAR RESPECTO A LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL PRESUNTO FRAUDE REALIZADO POR LA AGENCIA DE EMPLEOS “CHAMBA MEXICO” EN CONTRA DE TRABAJADORES MIGRANTES

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO Y A LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANIA RESPECTO A LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL PRESUNTO FRAUDE REALIZADO POR LA AGENCIA DE EMPLEOS “CHAMBA MEXICO” EN CONTRA DE TRABAJADORES MIGRANTES, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) del estado de Nuevo León catearon las oficinas de la agencia de empleos “Chamba México”, en las ciudades de Toluca, Estado de México y Monterrey, Nuevo León, luego que dicha empresa habría defraudado a cientos de personas de varios estados de la República, a las que prometió tramitarles visa de trabajo para Estados Unidos o Canadá a cambio de pagar entre 7 mil y 11 mil pesos. La PGJEM abrió una carpeta de investigación para indagar la presunta estafa masiva, luego de la manifestación que cientos de hombres y mujeres provenientes de Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, entre otras entidades, realizaron en la capital mexiquense. En la denuncia, a la que se han sumado más de 600 afectados, según dijo Óscar Altamirano, representante de los defraudados procedentes de Querétaro, se señala al director de “Chamba México”, Arturo Fernando Ayala Renaud, como responsable de la estafa.

Mientras, en Monterrey, entre el lunes 1 y martes 2 del mes en curso 138 personas presentaron denuncias penales contra “Chamba México”, elementos de la AEI catearon la sede de la empresa, ubicada en Jerónimo Treviño 1553 esquina con Miguel Nieto, en el centro de la ciudad.

Se dice que personal de esta empresa solicitaban a los interesados mil pesos para revisar si contaban con antecedentes penales en Estados Unidos o Canadá, los cuales debían depositar en las cuentas 264-572 de Banamex y 4055276265 de HSBC; luego debían pagar 6 mil pesos para cubrir los gastos de la visa y el traslado. Según el consulado de Estados Unidos, “Chamba México” tiene el registro federal de contribuyentes CMA120877CA y los permisos 2471107736 y 1501535 de las secretarías de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social.

Rocío Alejandra Ocádiz, quien era Directora del Centro de Atención al Migrante de Nuevo León y ahora designada Directora de Gobierno de la entidad, informó que desde el mes de enero la oficina en ese entonces a su cargo, emitió una alerta nacional para advertir que “Chamba México” estaba cometiendo fraudes.

2.- Es de conocimiento general que la situación económica de muchas regiones del país obliga a miles de mexicanos a tomar la determinación de irse a trabajar a Estados Unidos, una cultura de expulsión, y que debido a ello han aparecido empresas de toda naturaleza, legales e ilegales, que sirven de gestión para emprender esa aventura. Desgraciadamente, la ausencia de legislaciones para conformar empresas de esta naturaleza propicia negocios ilícitos y fraudulentos con miles de personas que tienen la urgencia de encontrar un trabajo que en su país no tienen. Las personas sin empleo, potenciales migrantes, se enteran por rumores que hay una empresa que les dará trabajo inmediato en Estados Unidos o Canadá y acuden presurosos a pagar los costos como los señalados anteriormente.

Dada también la cultura de corrupción y de falta de vigilancia específica, los fraudes a los migrantes se desarrollan hasta el grado de conformar empresas, ya que no hay una obligación o sanción que inhiba la aparición de fraudes sistemáticos. Afortunadamente, en esta ocasión la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León, tomaron procedimientos para desmantelar esta estafa sistemática.

3.- De los resultados derivados de la investigación a esta empresa, es interés de la Cámara de Senadores estar enterada del modo de operar, de instalarse y establecer sus relaciones para tener conocimiento de cómo se despliegan agencias que abusan de la necesidad de los migrantes mexicanos, por ello, también se solicita la información que resulte una vez concluidas las investigaciones pertinentes.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

UNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO Y A LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A QUE INFORME A ESTA CÁMARA DE SENADORES DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS DEL CASO DE LA AGENCIA DE EMPLEOS “CHAMBA MEXICO” QUE PRESUNTAMENTE REALIZA FRAUDES CONTRA LOS TRABAJADORES MIGRANTES.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a 9 de abril de 2013.

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.






De la Senadora Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a rastrear y congelar todas las cuentas del sistema bancario mexicano a nombre de la empresa “Chamba México”, mismo que se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A SOLICITAR A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES QUE RASTREE Y CONGELE TODAS LAS CUENTAS DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO A NOMBRE DE LA EMPRESA CHAMBA MEXICO

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

La suscrita, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora de la República por el Estado de Coahuila de Zaragoza, e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 103, numeral 2, fracción III; 108, 109 y 110; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición conpunto de Acuerdo de Urgente Resoluciónpor el que el Senado de la RepúblicaEXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE SOLICITE A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES QUE RASTREE Y CONGELE TODAS LAS CUENTAS DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO A NOMBRE DE LA EMPRESA CHAMBA MEXICO AGENCIA DE EMPLEOS S.A. DE C.V. O CHAMBA MEXICO S.A. DE C.V. Y DE SUS SOCIOS O ACCIONISTA, A FIN DE QUE EL DINERO SEA DEVUELTO A LOS DEFRAUDADOS.

CONSIDERACIONES

A principios de este mes de abril, nos enteramos de una muy desagradable noticia que se dio a conocer a nivel nacional, me refiero al fraude encausado por una empresa de supuesta colocación de personal laboral para nuestros compatriotas mexicanos en los países de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, Chamba México Agencia de Empleos S.A. de C.V. o Chamba México S.A. de C.V.

Esta empresa fraudulenta, aprovechándose de la necesidad que tanto atañe a nuestro país, el empleo, encausó todos sus esfuerzos para defraudar a más de 3000 personas dentro de por lo menos 15 Estados de la República Mexicana de los cuales se encuentran Coahuila, Aguascalientes, Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Jalisco, Distrito Federal entre otros, y que estoy segura que se irán sumando más Estados a esta lista.

Si tomamos en cuenta que la sociedad en general en nuestro país ha tenido complicaciones serias en la tarea de conseguir un empleo, éstos se encuentren totalmente vulnerables; y que por este motivo de vulnerabilidad y desesperación y sumándole a esto las escasas posibilidades de oportunidades laborales en nuestro país, tomen decisiones sin ninguna asesoría jurídica laboral para conseguir un empleo y sean defraudados fácilmente con falsas promesas de crecimiento laboral y de recursos económicos.

La situación se torna como muy grave, ya que más de 3000 personas defraudadas dejaron sus trabajos o se negaron aceptar otros que en un futuro pudieran aceptar para el sostenimiento diario de sus familiares y que con este fraude dejaron pasar.

Nuestras oportunidades laborales en México han sido escasas para las necesidades del crecimiento de nuestra sociedad. Estamos superados por una creciente demanda de espacios laborales que no hemos podido construir como políticos a lo largo de tantos años que si ha crecido nuestra sociedad laboral.

Estamos pues inmersos por obligación como legisladores de responderles y proteger conforme a nuestras atribuciones a nuestros compatriotas que en esta ocasión se encuentran defraudados y mal orientados por las autoridades que corresponden a salvaguardar este tipo de delitos que marcan a nuestra sociedad como una de las más corrompidas en el Mundo.

Finalmente, senadoras y senadores, les solicito que no abandonemos a nuestros compatriotas que aportaron con mucho sacrificio cantidades que les solicitaron estas empresas fraudulentas, demostrémosle a los ciudadanos en general que estamos inmersos a los temas que consideramos que corrompen sus derechos apoyando este Punto de Acuerdo, ya que las cantidades solicitadas a cada aspirante a un empleo, es en ocasiones el ahorro de muchos años de todos los integrantes de una familia que aspira a tener una mejor condición de vida.

Las investigaciones ya iniciaron y se empiezan a dar los primeros resultados, de lo cual estaremos dando seguimiento, pero no pretendemos que únicamentese encuentren culpables ostentando dinero que no es suyo, queremosresponsables en la cárcel y que el dinero que se recupere se entregue a las familias defraudadas y no pase a formar parte de los bienes decomisados por la Procuraduría.

Con fundamento en lo anterior, someto a consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE SOLICITE A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES QUE RASTREE Y CONGELE TODAS LAS CUENTAS DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO A NOMBRE DE LA EMPRESA CHAMBA MEXICO AGENCIA DE EMPLEOS S.A. DE C.V. O CHAMBA MEXICO S.A. DE C.V. Y DE SUS SOCIOS O ACCIONISTA, A FIN DE QUE EL DINERO SEA DEVUELTO A LOS DEFRAUDADOS.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 9 de abril de 2013.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores a cumplir con el deber de convencionalidad y propone emitir excitativas sobre el proyecto de reformas a la Ley de INFONAVIT, presentado el 24 de febrero de 2011. Por lo que hace al punto de Acuerdo se turna a la Comisión de Vivienda, y se emite atenta excitativa a las Comisiones de Vivienda; y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponda al asunto ya referido.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES A CUMPLIR CON EL DEBER DE CONVENCIONALIDAD, RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ACREDITADOS DERIVADOS DE LA OBSERVACION GENERAL NUMERO 4 DEL COMITE DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS Y ACTUANDO CON EL SENTIDO DE APOYO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y PROPONE EMITIR EXCITATIVA SOBRE EL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DEL INFONAVIT, PRESENTADO EL 24 DE FEBRERO DE 2011

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, invocando el artículo 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, respectivamente, en ejercicio de la facultad que confieren el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea las siguientes: a) atenta excitativa a la Comisión de Vivienda de esta Cámara a fin de que se sirva dictaminar la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores turnada con fecha 24 de Febrero del 2011 así como b) la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) para que cumpla con el deber de convencionalidad respetando los derechos de los trabajadores acreditados derivados de la Observación General Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas y actuando con el sentido de apoyo que establece el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conceder una prórroga y suspender los juicios incoados contra los trabajadores, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Miles de familias en el país han padecido o están expuestas a sufrir una vulneración de uno de los derechos humanos primordiales. En toda la república se registran quejas por desalojos impulsados por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (en adelante INFONAVIT). Cada vez es más arraigada la convicción en diversos segmentos sociales de que el Instituto se ha apartado del noble espíritu con que fue creado hace más decuarenta años.

La asociación Movimiento Social en Defensa del Patrimonio, A.C. se creó frente a la problemática que se vive con la adquisición de viviendas por medio del INFONAVIT. Alvaro Zarate Vélez, presidente del movimiento, aseguró -en entrevista con El Sol de Tijuana, de fecha 30 de Octubre del 2012- que “los créditos hipotecarios se vuelven una carga financiera para las familias mexicanas, y detalló que todo es consecuencia de la inestabilidad económica del país, donde los principales afectados son los de clases media y baja, ya que dependen totalmente de sus salarios, mismos que se contemplan en la mínima paga que marca la ley”.

La secretaria de la asociación, Araceli Macedo, informó lo siguiente: “hemos tenido casos de personas que han pagado su crédito por 19, 20 años y que ahorita por problemas de salud o trabajo o pensión que no alcanza a pagar una mensualidad, están siendo demandadas para ser desalojadas de sus propiedades”.

El origen de la desviación institucional parte del año 2005. El Consejo de Administración tomó una decisión contraria al espíritu e intención del legislador: cedió la recuperación de los créditos (se habla de cincuenta y seis mil créditos iniciales) a empresas particulares, algunas de ellas de capital extranjero y otras constituidas ad hoc y, por tanto, sin compromiso alguno con los principios de seguridad social que inspiran la ley de la materia y los objetivos del Instituto. En abierta violación de la ley, dio comienzo una auténtica persecución de los acreditados ya que las empresas echaron mano de despachos, ajenos al servicio público, que recurrieron al hostigamiento sistemático para obligar a los deudores a que terminaran por entregar sus viviendas al requerirles el pago total del adeudo. La substanciación de miles de juicios continúa hoy día. De ahí que mientras se revisan los derechos que favorecen a los trabajadores y que se invocan enseguida, es necesaria la suspensión de los juicios.

Las empresas recuperadoras adquirieron viviendas en promedio en veinte mil pesos y las revendieron en precios de trescientos a setecientos mil pesos, según estudios de la especialista en derecho de la seguridad social Norahenid Amezcua cuando los derechos de los trabajadores no están en el comercio. La finalidad de esta proposición es recuperar la obligatoriedad de seguridad social que tiene para el INFONAVIT el otorgamiento de créditos a los trabajadores, no gracioso pues es producto de su trabajo cotidiano y de las luchas seculares obreras por el reconocimiento de sus conquistas laborales.

Hasta que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 397 votos de los presentes la prohibición de ceder los créditos considerados vencidos. Sin embargo, dicha minuta no ha sido llevada al Pleno del Senado a pesar de que fue turnada desde el 24 de Febrero del 2011. El contenido de la minuta es el siguiente:

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 3, fracción I; y se adiciona un cuarto párrafo, pasando el actual a ser quinto párrafo al artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- El Instituto tiene por objeto:

I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, en beneficio de los trabajadores y sus familias;

II. a IV....

Artículo 41.- …

….

….

En ningún caso podrá el Instituto ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares los créditos otorgados de conformidad con esta Ley que de acuerdo con los criterios y disposiciones emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se consideren vencidos.

….

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 22 de febrero de 2011.”

El derecho a la vivienda está consagrado en nuestra Ley Fundamental. Su tratamiento normativo es con un sentido de equidad y justicia social. No queda duda alguna del texto constitucional:

Artículo 4º.

(Séptimo párrafo):

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

El derecho a la vivienda es considerado como el cimiento de otros derechos fundamentales. El derecho a la protección a la salud descansa en la vivienda que habite la familia pues la finca se convierte en un escudo protector frente a las enfermedades. Las niñas, niños y adolescentes encuentran en la vivienda el asiento para la eficacia y ejercicio de muchos de los derechos que caracterizan su condición de niñez.

Antes de la recepción en el orden jurídico nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos era claro su carácter de seguridad social, no mercantilista. Con la reforma constitucional publicada el 10 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación dicho carácter del derecho a la vivienda se clarifica y resulta hoy día indubitable.

La mayoría de las declaraciones y tratados internacionales reconocen, consagran y tutelan del derecho a la vivienda: la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), la Convención Internacional sobre Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5), la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 27). La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo también contiene una referencia al respecto (artículo 8)

Por efecto de la reforma mencionada, las autoridades tienen nuevas obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales confirman su exigibilidad aun en sede judicial bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, como resulta evidente del precepto siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En este orden de ideas, la preceptiva sobre los derechos humanos en general y el derecho a la vivienda en particular se integra no únicamente con la Ley Fundamental y los tratados que reconocen derechos humanos sino con la denominada jurisprudencia internacional, la cual se forma con las resoluciones del Sistema Regional de Protección básicamente los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y las observaciones de los diversos organismos de las Naciones Unidas en torno al cumplimiento que los Estados informan sobre las obligaciones contraídas para hacer realidad dichos derechos.

Destaca la Observación General 4, relativa a una vivienda adecuada, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que precisa que las personas gozan de los derechos siguientes:

Seguridad Jurídica de Tenencia:

Todos los individuos están protegidos por la ley contra el desahucio, el hostigamiento y otras amenazas. Los Estados Parte están obligados a adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia a quienes carecen de esa protección, tras consultar realmente a los afectados.

Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura:

Todos los individuos tienen derecho a un acceso sostenible a los recursos comunes, al agua potable, el combustible de cocina, la calefacción y el alumbrado, las instalaciones de saneamiento y lavado, el almacenamiento de alimentos, la eliminación de residuos, la evacuación de aguas residuales y los servicios de emergencia.

Precios razonables:

Los costos relacionados con la vivienda no deben alcanzar un nivel que amenace o comprometala consecución y satisfacción de otras necesidades básicas. Hay que establecer subsidios de vivienda para las personas que no tengan acceso a ésta y proteger a los arrendatarios contra los alquileres excesivos. Los Estados deberían garantizar la disponibilidad de materiales de construcción en las regiones en las que éstos se obtienen principalmente de sustancias naturales.

Vivienda habitable:

Una vivienda adecuada es aquella cuyos moradores disponen de espacio suficiente y están protegidos contra los elementos y otros riesgos para la salud, como las estructuras peligrosas y los vectores de enfermedades. Se debe garantizar la seguridad física de los ocupantes.

Acceso a la vivienda:

Todos los individuos que tengan derecho a una vivienda adecuada también deben tener acceso a ella. Hay que garantizar cierto grado de prioridad en la esfera de la vivienda a grupos desfavorecidos, como las personas de edad, los niños, las personas con discapacidades físicas, los enfermos desahuciados, los individuos infectados con VIH, los enfermos crónicos, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, los que viven en zonas expuestas a desastres naturalesy otros grupos.

Ubicación:

Una vivienda adecuada debe estar ubicada de modo que permita el acceso a los lugares de trabajo, los servicios de atención de salud, las escuelas, las guarderías infantiles y otros servicios sociales. No se deben construir viviendas en zonas donde la contaminación represente una amenaza para el derecho a la salud.

Adecuación cultural:

Una vivienda adecuada debe permitir la expresión de la identidad y la diversidad culturales. No se deben sacrificar las dimensiones culturales de la vivienda en aras del desarrollo o de la modernización.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia al sopesar la relación entre el orden jurídico nacional y el derecho internacional de los derechos humanos llegó al criterio de que todas las autoridades de la república tienen el deber de convencionalidad a efecto de ajustar sus actos a los tratados que reconozcan derechos humanos.

En este orden de ideas, no caben el hostigamiento ni las amenazas en el requerimiento a los trabajadores para que cumplan sus obligaciones de pago. El Instituto debe revisar sus procedimientos para estar seguro de que brinda opciones a los trabajadores apoyándolos al máximo para que cubran sus créditos en proporción adecuada a su capacidad de pago. De ahí que se formula esta proposición con los puntos siguientes:

EXCITATIVA

PRIMERO.- Se formula atenta excitativa a la Comisión de Vivienda de esta Cámara a fin de que se sirva dictaminar la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores turnada con fecha 24 de febrero del 2011; y

PUNTO DE ACUERDO

SEGUNDO.- Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), por conducto de su Director General, para que cumpla con el deber de convencionalidad respetando los derechos de los trabajadores acreditados derivados de la Observación General Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas y actuando con el sentido de apoyo que establece el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano para conceder una prórroga y suspender los juicios incoados contra los trabajadores

México, Distrito Federal, a 16 de abril de 2013.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.






Del Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta abstenerse de negar la atención médica y garantizar el derecho a la salud a los migrantes mexicanos y sus familias retornados al país, mismo que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARIAS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ABSTENERSE DE NEGAR LA ATENCION MEDICA Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD A LOS MIGRANTES MEXICANOS Y SUS FAMILIAS, RETORNADOS AL PAIS

“H. ASAMBLEA:

El Senador FERNANDO HERRERA AVILA integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La migración de miles de compatriotas hacia Estados Unidos ha sido una válvula de escape ante las crisis económicas y la falta de oportunidades en México. Sin embargo, ante la reciente crisis financiera y el endurecimiento de las políticas migratorias en el vecino país del norte, en la última década, cerca de 3 millones de migrantes mexicanos han retornado a nuestro país voluntariamente o deportados.

En muchos de estos casos se trata de familias cuyos hijos carecen de documentación que les acredite la nacionalidad mexicana ya sea porque nacieron en Estados Unidos o se los llevaron a muy temprana edad. Al retornar a México, particularmente estos niños y jóvenes, suelen ser los más vulnerables debido a que reiteradamente se les niega el acceso a los servicios de salud y a la educación.

El reporte especial sobre Migración de la Publicación Animal Político, en su cuarta entrega narra como una niña de 13 años cuya familia retornó de Estados Unidos al Estado de Zacatecas, necesita una operación de cataratas, padecimiento que es cubierto por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, pero que no se le brinda la atención por carecer de acta de nacimiento y CURP. Sus hermanas, aunque no tiene padecimientos que requieran tratamiento prolongado o intervención quirúrgica, tienen que pagar las cuotas de recuperación por la atención que reciben en el centro de salud.

Igualmente, se menciona el caso de una madre michoacana de tres hijos recién retornada al país, cuya hija mayor padece un problema de sinusitis que no ha podido ser tratado por carecer de la documentación para afiliarse al Seguro Popular o la institución de seguridad social que le pudiera corresponder.

Como estos, hay miles de casos que están ocurriendo en diversos estados del país con las familias de migrantes retornados, donde a sus hijos con nacionalidad americana nunca les tramitaron la nacionalidad mexicana, a fin de tener la doble nacionalidad.

No obstante, independientemente de la carencia de la documentación que acredite la nacionalidad mexicana, los servicios de salud no se deben negar a ninguna persona independientemente de su ciudadanía, ya que se trata derecho humano consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y cuya protección está garantizada por el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De hecho, así se rescata en la Ley de Migración en vigor desde el 26 de mayo de 2011, la cual en su artículo 27 obliga a la Secretaría de Salud acoordinarse con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno para que, la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su situación migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Es incongruente que reconozcamos derechos a la asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros y, en la práctica, estemos negando los servicios de salud a los migrantes mexicanos y sus familias que han vuelto al país, quienes en su momento contribuyeron con sus remesas a la economía nacional y hoy lo hacen con su talento y trabajo. Revirtamos esta situación y apoyemos a nuestros compatriotas repatriados en su integración y acceso a la protección de la salud a que tienen derecho.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que, en coordinación con las Secretarías de Salud de las entidades federativas, especialmente de los estados de Zacatecas y Michoacán, se abstengan de negar los servicios de salud a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno federal para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se oriente y facilite, en su caso, la afiliación al Seguro Popular a los migrantes mexicanos retornados y a sus familias.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que faciliten a las familias de mexicanos repatriados la obtención de la documentación necesaria para ejercer plenamente los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes les confieren a los ciudadanos y residentes del país.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 16 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Fernando Herrera Avila”.






De los Senadores Luz María Beristain Navarrete y Fernando Yunes Marquez, un punto de Acuerdo que exhorta a realizar un estudio concreto a la empresa “Cemento Moctezuma Apazapan”, ubicada en Apazapan, Veracruz, mismo que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A REALIZAR UN ESTUDIO CONCRETO EN COADYUVANCIA CON LA UNAM, IPN Y OTRAS INSTITUCIONES ACADEMICAS DE INVESTIGACION, A LA EMPRESA CEMENTO MOCTEZUMA APAZAPAN UBICADA EN APAZAPAN, VERACRUZ

De la Senadora, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE y el Senador FERNANDO YUNES MARQUEZ, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad existen severas denuncias por parte de los pobladores del mal funcionamiento que lleva acabo la empresa Cemento Moctezuma Apazapan en el Estado de Veracruz, la cual funciona con severas irregularidades a la normatividad ambiental.

Los daños y perjuicios que dicha Empresa ocasiona al medio ambiente y a las viviendas son los siguientes:

• Los pobladores de la localidad nos informan que la empresa ocasiona daños continuos a sus viviendas, debido a que la cementera que hace uso continuo de explosivos. Ocasionando con ello movimientos vibracionales que están dañando a innumerables casas habitación en un radio próximo al establecimiento de la Empresa. Por lo tanto se está causando un grave perjuicio a la población y a sus viviendas en las localidades de Cerro Colorado, Tigrillos y Chahuapan.

• Respecto de la Contaminación por Ruido, los procesos de producción de cemento (de acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental de la Empresa Cemento Moctezuma en Apazapan) llegan a los 85 decibeles, los cuales rebasan los niveles permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM 081-SEMARNAT-1994, la cual establece un máximo de 68 decibeles y que perjudican a los mismos trabajadores de la fábrica exponiéndolos a lesiones auditivas. Además de que la empresa siempre ha hecho caso omiso de realizar estudios de los niveles de ruido que se producen por las explosionesde la Cantera.

• Los pobladores denuncian el uso de un material peligroso y radioactivo. Se informa que en dicha fábrica se está haciendo uso de un elemento radioactivo sin las autorizaciones correspondientes ni los debidos manuales de manejo de riesgos.

• Respecto de la fauna en la zona, la actividad anormal de la cementera pone en peligro la existencia de especies catalogadas por la NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, como “especies en grave peligro de extinción”, sujetas a protección especial como por ejemplo; el ocelote, oso hormiguero, armadillo, mapache, puerco espín, búho, lechuza, especies de murciélagos, estos últimos cumplen una función especial tanto en el desarrollo de la actividad agrícola como en el control de las especies de insectos y plagas.

• Respecto de la flora del lugar, la autoridad SEMARNAT omitió realizar un análisis correcto en los terrenos adquiridos por la cementera, lo que permitió que dicha Empresa derribara zonas forestales sin la correspondiente emisión de los permisos, en perjuicio del Medio Ambiente.

Cabe mencionar que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Por lo que debemos atender lo dispuesto en nuestra Carta Magna, con la finalidad del Interés General.

En conocimiento de otras cementeras donde su operabilidad han provocado severas enfermedades con daños irreversibles a las personas que habitan en las zonas aledañas debido a su desempeño, es necesario garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano en beneficio de la población.

La quema de combustibles fósiles y PRODUCCION DE CEMENTO son los principales emisores de CO2, ambos factores responsables del cambio climático, por lo que es estrictamente necesario que la cementera debe funcionar bajo las normativas que regulan este tipo de industria para prever problemas de salud y evitar posibles problemas ambientales.

Es necesario hacer un estudio objetivo para encontrar las deficiencias e irregularidades con la finalidad de establecer la normatividad para su correcto funcionamiento acorde al medio ambiente y a la población de Apazapan, Veracruz.

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice un estudio concreto en coadyuvancia con la UNAM, IPN y otras instituciones académicas de investigación por medio de sus convenios, a la “Empresa Cemento Moctezuma Apazapan” ubicado en Apazapan, Veracruz, para determinar el impacto ambiental de la cementera con la finalidad de cumplir con la normatividad concerniente aplicable a dicha cementera en relación al medio ambiente.

Presentado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 16 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Fernando Yunes Márquez”.






Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que respete la libertad de expresión e implemente medidas urgentes para garantizar la seguridad de los periodistas en el territorio veracruzano, mismo que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.








Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar que la ampliación del Puerto de Veracruz sea apegado a las leyes nacionales y los tratados internacionales en materia de medio ambiente, mismo que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, ASI COMO A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE LA AMPLIACION DEL PUERTO DE VERACRUZ SEA APEGADO A LAS LEYES NACIONALES Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El que suscribe, Senador de la República, Fernando Yunes Márquez, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 29 de noviembre del 2012, el Diario Oficial de la Federación publicó un Decreto del Ejecutivo Federal que modifica al diverso por el que se declara Area Natural Protegida, con el carácter de Parque Marino Nacional, la zona conocida como Sistema Arrecifal Veracruzano, ubicada frente a las costas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado del Estado de Veracruz Llave, con una superficie de 52,238-91-50 hectáreas, publicado los días 24 y 25 de agosto de 1992.

En ese sentido, entre otras muchas cosas, la fracción XII del artículo octavo del mismo, señala:

ARTICULO OCTAVO. Dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, podrán realizarse las siguientes actividades:

XII. La navegación de embarcaciones menores y mayores.

Asimismo, la fracción XII del artículo noveno, señala:

ARTICULO NOVENO. Las actividades que, conforme al artículo anterior, se desarrollen dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, se realizarán de conformidad con la subzonificación referida en el artículo cuarto del presente Decreto y se sujetarán a las siguientes modalidades:

XII. Las demás modalidades que de acuerdo con la subzona correspondiente, establezcan las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de Vida Silvestre, y de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La Administración Portuaria Integral de Veracruz ha señalado recientemente que el Puerto de Veracruz se encuentra en un proceso de saturación avanzado, con instalaciones insuficientes, muelles de tamaño pequeño y restricciones para atender buques de última generación.

Asimismo, señala que la capacidad de los barcos porta-contenedores se ha venido incrementando conforme al desarrollo tecnológico y la demanda de los mercados, por lo que el Puerto debe modernizarse para poder seguir recibiendo dichos buques con la mejor tecnología y con mayor volumen de carga.

Por otra parte, señala que Punta Gorda, que es en donde ocurriría la ampliación del puerto, presenta características muy marcadas de deterioro por situaciones naturales, como el ecosistema coralino que ha sido afectado por una disminución significativa de coral vivo a favor de macroalgas carnosas. Además, presenta la mayor tasa de sedimentación, debido a factores naturales y antropogénicos. Por último, señala que es la zona con la calidad de agua más empobrecida.

Señala además, que dentro de las medidas de mitigación y compensación se establece para el proceso de obra, la colocación de geomallas para evitar que los arrecifes se vean afectados por sedimentos producto de la obra. De igual manera, se considera el establecimiento, paralelo a la estructura del rompeolas poniente, arrecifes artificiales para contrarrestar lo que se afectaría con la construcción de las obras portuarias, mejorando las condiciones ambientales de la zona.

Es importante señalar, que dicha ampliación permitiría la creación directa de 10 mil empleos, así como 20 mil empleos de manera indirecta. Se trata pues, de la obra más ambiciosa que se puede tener en los últimos años en la materia. De forma práctica, se concluye que dicha ampliación permitiría doblar el tamaño de barcos comerciales que ingresan al Puerto de Veracruz, y en consecuencia, aumentaría de forma considerable, los ingresos del país, así como las importaciones de productos. Además, detonará la inversión y proyectos productivos para la región; será, punta de lanza para el mejoramiento de las condiciones ambientales del Parque Nacional del Sistema Arrecifal de Veracruz.

Los beneficios, de acuerdo a la Administración Portuaria Integral S.A. de C.V., serán, además de los ya señalados, los siguientes:

1. Mayor comercio nacional e internacional.

2. Desarrollo económico y generación de empleos.

3. Saneamiento de la Bahía

4. Restauración y conservación del Parque

5. Cultura y educación ambiental.

6. Reordenamiento urbano de la Zona Norte de la Ciudad.

7. Fortalecimiento de la cultura pesquera

8. Fomento al turismo.

Debido a la expedición del citado Decreto, algunas organizaciones de la sociedad civil presentaron un juicio de amparo, el día 20 de diciembre del 2012, radicado bajo el número 1242/2012. Debido a esto, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, concedió la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que hasta el momento no han iniciado los trabajos de ampliación del Puerto de Veracruz.

El juicio de amparo promovido por las organizaciones de la sociedad civil, es en el sentido de los arrecifes que se pudieran ver afectados por la ampliación del puerto. Por supuesto que este es un tema grave, del cual la autoridad debe cerciorarse de que no se atente contra la naturaleza en ninguna de sus formas.

Los ecosistemas de la flora y fauna deben pertenecer intactas ante esta obra de primera necesidad para Veracruz y para el país. En ese orden de ideas, como senador de la República, considero trascendente que pronto se le dé una respuesta concreta a este tema que está detenido por la vía judicial.

Dentro de las determinaciones del Poder Judicial de la Federación, que vienen aparejadas de la suspensión provisional, está el que las autoridades responsables, es decir, el Ejecutivo Federal, así como la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno Federal, rinda su informe respectivo a la autoridad judicial. El término vence en dos semanas contadas a partir de la presentación de este Punto de Acuerdo y hasta la fecha las autoridades federales no han rendido su informe respectivo.

Esta magna obra representa un crecimiento en las importaciones de nuestro país, se moderniza el puerto más importante de México, que es el de Veracruz, se crean miles de empleos directos e indirectos, y se aumenta considerablemente la derrama económica, tanto del estado, como del país, por lo que es urgente que el Gobierno Federal lleve a cabo las acciones necesarias para que la ampliación del Puerto se dé cumpliendo con absolutamente todas las normas aplicables al caso, se preserve el medio ambiente, y se garantice el total respecto a la diversidad silvestre y marítima del “Parque Marino Nacional”. De igual forma, es trascendente que el Gobierno Federal tenga un acercamiento con las organizaciones ambientales que iniciaron el juicio de amparo, y se intente llegar a un común acuerdo que beneficie a todas las partes.

La situación no es menor, la queja de los ambientalistas tampoco es menor, pero sin duda, ampliar el Puerto de Veracruz, traería beneficios indescriptibles para la economía de nuestro estado y de nuestro país. Apelo porque esta situación se resuelva en los mejores términos, se cumpla con todas las exigencias de las organizaciones protectoras del medio ambiente, para que de esta forma, se pueda llegar a un acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a rendir el informe respectivo dentro del término que dictó el Juzgado Tercero de Distrito del Séptimo Circuito Federal, dentro del juicio de amparo número 1242/2012, derivado del “Decreto que modifica al diverso por el que se declara Area Natural Protegida, con el carácter de Parque Marino Nacional, la zona conocida como Sistema Arrecifal Veracruzano, ubicada frente a las costas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado del Estado de Veracruz Llave, con una superficie de 52,238-91-50 hectáreas, publicado los días 24 y 25 de agosto de 1992”.

SEGUNDO. Se hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que lleve a cabo las medidas necesarias para continuar con la ampliación del Puerto de Veracruz, cumpliendo estrictamente con las leyes nacionales y los tratados internacionales en materia de medio ambiente.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 16 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Fernando Yunes Márquez”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos que se han dado por conducto de la Secretaría.






CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 18 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 17:20 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

México, Distrito Federal

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2522&lg=62&anio=1