Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 23 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 23

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 11 de Abril de 2013

SUMARIO                                              


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DECRETO QUE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LOS BATALLONES DE COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA DE LA ARMADA DE MEXICO, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR SECCIONES CON LA LEGION EXTRANJERA FRANCESA EN GUYANA, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO Y PARA PERMITIR EL PASO AL TERRITORIO NACIONAL DE ELEMENTOS PERTENECIENTES AL 3ER. REGIMIENTO EXTRANJERO DE INFANTERIA DE LA REPUBLICA DE FRANCIA, QUE ESTARAN EN TERRITORIO NACIONAL DEL 14 DE ABRIL AL 6 DE MAYO A FIN DE LLEVAR A CABO EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO CON PERSONAL DE LA ARMADA DE MEXICO EN SAN LUIS CARPIZO, CAMPECHE, ASI COMO PARA QUE PARTICIPEN EN LA CEREMONIA CONMEMORATIVA RELATIVA A LA BATALLA DE CAMARON, EN EL ESTADO DE VERACRUZ QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina. Se remite al Ejecutivo Federal.




PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación. Para presentar el dictamen intervienen los CC. Senadores Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia; Angélica de la Peña Gómez Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación.

- Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios intervienen los CC. Senadores Zoé Robledo Aburto, del PRD; Fernando Yunes Márquez, del PAN; y Graciela Ortiz González, del PRI.

- Para su discusión en lo general intervienen los CC. Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas, Angel Benjamín Robles Montoya, Mariana Gómez del Campo Gurza y Ninfa Salinas Sada. Se remite a la Cámara de Diputados.





















 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (12:48 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 91 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se abre la sesión del jueves 11 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponderán a la agenda de hoy.

"ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas del día martes nueve de abril de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Jorge Álvarez Fuentes, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Árabe de Egipto y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Reino Hachemita de Jordania, la República Árabe Siria y la República del Sudán.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Africa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano José Octavio Tripp Villanueva, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Luis Bravo Cardoza pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1070 del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Los Grupos Parlamentarios intervinieron, para referirse al conflicto de relaciones que prevalece entre Corea del Sur y Corea del Norte.- Hicieron uso de la palabra los senadores: Teófilo Torres Corzo del PRI; Gabriela Cuevas Barrón del PAN; Dolores Padierna Luna del PRD; y Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM.

(Iniciativas)

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, a nombre propio y del Senador Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina y Pablo Escudero Morales, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Iniciativa Popular y Consulta Ciudadana y adiciona una fracción I) al artículo 105; una fracción Z.1 al artículo 118 y una fracción q), recorriéndose la actual a una nueva fracción r), del artículo 119, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción  y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Turno a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20 y 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera,  con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

 

El Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción VI y se adiciona la fracción VII al artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el existente para quedar como tercero, al artículo 11 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, a nombre propio y con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de las Haciendas Públicas Federal, Estatales y Municipales.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre propio y de los Senadores Daniel Amador Gaxiola, Raúl Morón Orozco, Javier Corral Jurado, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilda Esthela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Raúl Aarón Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Mely Romero Celis y María Marcela Torres Peimbert, e integrantes de la Comisión de Educación, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, con proyecto de Ley General de Cultura Física y Deporte.- Con dispensa de segunda lectura, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Carlos Alberto Puente Salas por las comisiones para presentar el dictamen; Daniel Avila Ruiz del PAN a favor; Lilia Merodio Reza del PRI a favor; Salvador Vega Casillas del PAN a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD a favor; Ana Gabriela Guevara del PT. Fue aprobado en lo general y en lo particular por 95 votos en pro, 2 en contra y 6 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a remitir un informe de las acciones realizadas por el Estado Mexicano para dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Fernández Ortega y Otros Vs. México y Rosendo Cantú y Otros Vs. México.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta a diversas dependencias a informar sobre los programas a implementar para aminorar el impacto sufrido por la Reserva de la Biósfera “El Triunfo” tras los recientes incendios.- Intervino el Senador Zoé Robledo Aburto del PRD a favor. Fue aprobado en votación económica.
2) Que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre el inventario nacional de delfinarios que existen funcionando en el país, el número de ejemplares de mamíferos marinos que existen, así como su procedencia, ubicación, nacimientos en cautiverio, y causas de muerte.- Fue aprobado en votación económica.

3) Que solicita al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del estado de Quintana Roo información sobre el sustento para la aprobación de la obra Centro Comercial Dragon Mart Cancún.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Salud a emprender una cruzada para promover la lactancia materna.- Intervino la Senadora Martha Palafox Gutiérrez del PT. Fue aprobado en votación económica.

2) Que exhorta a las entidades federativas a informar sobre las medidas adoptadas para reducir el consumo y abuso del alcohol.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito por la comisión para presentar el dictamen. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas dependencias a continuar con los estudios de investigación de la red prototipo y de otros artes de pesca que permitan mejorar la selectividad y eficiencia de las capturas      de camarón en el Alto Golfo de California.- Fue aprobado en votación económica.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal promover, instalar y desarrollar programas permanentes de farmacovigilancia, a fin de proteger a los usuarios de dichos servicios médicos y contribuir al registro de reacciones adversas a los medicamentos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a esclarecer y, en su caso, sancionar las posibles irregularidades e ilegalidades que diversos reportajes de investigación sobre la actuación del Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones han dado a conocer en distintos medios de comunicación.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Alejandro Tello Cristerna, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación esclarecer los hechos relacionados con la presunta intención de atentar contra la vida de los legisladores federales David y Ricardo Monreal Avila.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, efeméride en conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efeméride en conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, intervención sobre el fallecimiento de Margaret Thatcher, ex primera ministra británica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diez minutos y citó a la siguiente el jueves once de abril a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día, en consecuencia, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada el acta. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación de las Senadoras Graciela Ortiz González, Lilia Merodio Reza, Lucero Saldaña Pérez y Angélica de la Peña Gómez, con la que remiten el informe de actividades de la reunión “Estrategias Parlamentarias para hacer frente a la violencia contra la mujer y la niña”, efectuada los días 5 al 7 de marzo del año en curso, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite cinco ternas para la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a la Comisión de Educación, para su análisis y dictamen correspondiente.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió cuatro oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que diversos ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/330/2013
México, D.F., a 10 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-04192, el Min. Miguel Angel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. María Graciela Orozco Moreno, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/329/2013
México, D.F., a 10 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-04188, el Min. Miguel Ángel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. José Hugo Roldan León, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Naval Almirante Padilla, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/328/2013
México, D.F., a 10 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-04179, el Min. Miguel Ángel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Genevieve Aliñe Marie Beraud Barraquet, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/331/2013
México, D.F., a 10 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-04039, el Min. Miguel Ángel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Martha Elena Federica Barcena Coqui, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnense a la Comisión de Gobernación para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió una invitación del gobierno del Distrito Federal, para asistir a la ceremonia conmemorativa del 318 aniversario luctuoso de Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, a realizarse el próximo miércoles 17 de abril, en esta ciudad.

“SECRETARIA DE CULTURA
COORDINACION DE PATRIMONIO
HISTORICO, ARTÍSTICO V CULTURAL

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2013
CPHAC/399/2013

Asunto: Oficio de invitación

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE
CAMARA DE SENADORES
LXIII LEGISLATURA
PRESENTE.

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas correspondientes al mes de abril de las cuales anexo su descripción.

FECHA

HORA

CEREMONIA

LUGAR

Miércoles 17

10:00 Horas

318 ANIVERSARIO Luctuoso De Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana mejor conocida como Sor Juana Inés De la Cruz

Monumento Erigido en su memoria, ubicado en calle San Jerónimo entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores. Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dichos actos.

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus órdenes el teléfono 55 18 55 31 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área de Cívica.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Guadalupe Lozada León

Coordinadora”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para asistir a dicha ceremonia en representación del Senado, se designa en comisión a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

Informo a la Asamblea, que el día de hoy se recibió una comunicación del Presidente de la Cámara de Diputados con la que remite una solicitud de la Comisión de Justicia, de esa Cámara, para que se gestione una fe de erratas a la minuta con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Víctimas y el Código Federal de Procedimientos Penales, aprobada por el Senado el pasado 21 de marzo.



Para la atención que corresponda esta solicitud, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, responsables del dictamen correspondiente.

Señoras y señores Senadores, esta Mesa Directiva desea expresar su más sentido pésame a nuestro compañero Senador Aarón Irízar López, por el sensible fallecimiento, la madrugada de este día, de su señora madre, la señora Amalia López Elizalde.

Para él y para toda su familia, nuestras más sentidas condolencias.





 

MINUTO DE SILENCIO

Les pido, atentamente, nos acompañen poniéndonos de pie, para guardar un minuto de silencio en memoria de la señora Amalia López Elizalde.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

Compañeras y compañeros Senadores, por Acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse al aniversario luctuoso de don Emiliano Zapata Salazar.

Antes, permítanme, nada más, saludar la presencia, en este salón de sesiones, de un grupo de 24 alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, acompañados de la maestra Rosalía Rodríguez. Ellos acuden a este recinto a invitación del Senador Enrique Burgos García.

¡Bienvenidos jóvenes estudiantes!

(Aplausos)

En primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI.





 

INTERVENCIONES

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

“Es mejor morir de pie, que vivir arrodillado”. “La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos” Emiliano Zapata Salazar.

Recordar a don Emiliano Zapata Salazar, es referirse a un ícono de nuestro país, un personaje ilustre de la Revolución Mexicana.

Es hacer historia sobre la vida progresista del Caudillo del Sur, es traer a la memoria a un incansable reformador agrarista mexicano que pugnó por las tierras a favor del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.

Cómo soslayar esta fecha, en donde dejó de existir uno de los líderes militares más importantes durante la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina de nuestro país.

Caudillo de la Revolución Mexicana, que nació el 8 de agosto de 1879, en San Miguel Anenecuilco, del distrito de Villa de Ayala, en el hermoso estado de Morelos. Y que murió un día 10 de abril del año de 1919, víctima de una celada.

Zapata fue asesinado en la Hacienda de Chinameca, en el mismo lugar que ocho años atrás le tendieron una traición.

Lo que lo motivó a luchar por la defensa de la tierra, fue el ver como su padre lloraba de impotencia al verse despojado injustamente de sus tierras por los caciques del pueblo y el ver como eran tratados los campesinos de esa época.

En esos momentos Emiliano lloró de coraje y exclamó: “Cuando yo sea grande, haré que te las devuelvan”.

Entre algunas de sus actividades están las siguientes: haber participado en Cuautla en una junta, en la que se planteó la necesidad de defender la tierra de los campesinos morelenses de la voracidad de los hacendarios porfiristas.

Fue elegido Presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco y se incorporó a las fuerzas maderistas atraídos por las demandas agraristas al Plan de San Luis.

Siempre se mostró fiel a los principios del Plan de Ayala, ideario agrarista, en el que se reflejaban los anhelos de los campesinos, sintetizados en la frase: “Tierra y Libertad”

La recuperación de las tierras que les habían quitado a los campesinos, era su objetivo principal.

Liquidó el latifundismo y repartieron la tierra, confiscaron los ingenios y una gran empresa papelera y las pusieron a trabajar en beneficio de la población; fundaron un banco agrícola y abrieron numerosas escuelas primarias, incluso para adultos; reorganizaron la vida política de los municipios.

Compañeras Senadoras y Senadores, el recordar a un célebre y distinguido revolucionario, como Emiliano Zapata Salazar, es emular sus acciones de apoyo y ayudar a favor del pueblo y de los más desprotegidos, salvaguardando los derechos de los que menos tienen y preservando su libertad.

Imitemos esa conducta erradicando toda acción que lacere los intereses de nuestra sociedad y propiciemos siempre el respeto irrestricto de los derechos de todas y todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto hoy, enaltecemos desde esta tribuna a una insignia de nuestra nación. Nuestra entrega de esta fecha la hemos dedicado a exaltar la gran obra que este prócer aportó a la Revolución Mexicana.

Y para concluir, termino con una de sus frases que ha quedado indeleble en la historia de nuestra nación:

“Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senadora Lisbeth Hernández.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Jorge Luís Preciado Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hablar de Zapata implica bastante tiempo que a veces es muy limitado por el Reglamento del propio Senado y vamos a tratar de platicar un poco cómo fue su muerte y el legado que dejó.

Para 1919 Zapata ya era una piedra muy incómoda para el gobierno constitucionalista. Ya con la guerra de guerrillas ya traía muy complicado el escenario con el gobierno federal, y sólo una traición, o a través de una traición, es como se mata a estos caudillos, y fue el gonzalista Jesús Guajardo quien le tendió la trampa para poder asesinarlo.

Zapata como era muy desconfiado le pidió a Guajardo, que se hacía pasar por enemigo del gobierno constitucionalista, que le diera una prueba de que se iba a sumar a sus filas. Guajardo, general del Ejército Federal, formó a 50 soldados y los fusiló, y cuando fusila a estos soldados, era la prueba que necesitaba Zapata para creer que efectivamente este general lo iba a apoyar. Se quedan de ver en la Hacienda de Chinameca, en Morelos, y Zapata sólo es acompañado por una escolta de cien hombres y, por supuesto, dentro de la Hacienda, cuando ingresa Zapata, suena el clarín para rendirle honores. Esta era la señal que necesitaba Guajardo para asesinarlo y nada más alcanzó a sacar su arma, la cual le desprendieron de la mano con un balazo, y así muere uno de los auténticos luchadores de la Revolución Mexicana.

A partir de allí, la Revolución se convirtió, en lo que Krauze decía en un libro que se llama “Siglo de Caudillos”, en lo que continúa la Revolución fue el caudillismo y ya no la lucha real por el pueblo que sí enarbolaba Zapata; sino que se convirtió en una lucha por el poder, donde Huerta había asesinado a Madero, Carranza ataca a Zapata, Obregón asesina a Carranza, Calles asesina a Obregón después de su reelección en 1928. Y bueno, lo llevamos hasta 1936 cuando es expulsado del país don Plutarco Elías Calles, después de que el General Cárdenas no le reconoce el triunfo a su hijo como gobernador del estado de Nuevo León en 1934, y finalmente hasta el año de 1940 con Avila Camacho como Presidente, que fue de los últimos generales, con lo que se termina este tránsito de la Revolución hasta la institucionalización del gobierno.

¿Qué nos deja Zapata?

Acción Nacional reconoce la importancia indiscutible de Emiliano Zapata como Caudillo de la Revolución Mexicana por su valor, entrega y pasión por el pueblo mexicano y coincide en que las comunidades del campo, en especial las que se encuentran en pobreza extrema, deben ser el centro de una política integral capaz de generar una nueva promoción de la dignidad de las personas, es decir, en la humanización integral de las condiciones de vida de los habitantes del campo.

Para nuestro partido, el problema agrario no se resolverá si no se atienden las injusticias con que se enfrentan cotidianamente los campesinos mexicanos, por ello coincidimos con el ideal de Zapata de que la tierra es de quien la trabaja, pero que la trabaje para hacerla producir y no para que permanezca ociosa e improductiva.

Las y los Senadores del PAN estamos convencidos que las comunidades del campo, especialmente las comunidades indígenas, los pequeños productores y quienes viven en condiciones de pobreza extrema, deben ser el objetivo prioritario de las políticas públicas.

Si se requiere hacer de México una patria justa, ordenada y generosa, Acción Nacional sostiene que es preciso poner al servicio de los campesinos recursos técnicos y económicos, orientados para dotarle medios eficaces que incrementen la producción y garantizar la certidumbre de los derechos de la propiedad.

Bajo este contexto, el PAN ha propuesto en su plataforma mejorar las acciones de integración de productores y productoras rurales a las redes de valor o cadenas productivas, haciendo énfasis en esquemas de asociación. Asimismo, promoveremos estrategias tecnológicas y apoyos especiales al campo que incentiven la migración ordenada y gradual de cultivos poco competitivos hacia productos de mayor rentabilidad económica, incluyendo actividades industriales no agropecuarias, tomando en cuenta la vocación económica y de microclimas de las distintas regiones del país y garantizando apoyos financieros durante la transición.

Compañeras y compañeros Senadores, no basta con reivindicar discursivamente a don Emiliano Zapata en este aniversario luctuoso del que fue cobardemente asesinado en esta fecha pero en 1919. Hoy implica instituciones eficaces y derechos de propiedad, más capacidad productiva y libertad para los campesinos ante los intereses políticos y corporativos.

Los campesinos mexicanos exigen y merecen una mejor calidad de vida, pueden estar ustedes seguros que los Senadores del PAN seguiremos impulsando los cambios a la que nuestra legislación para el desarrollo integral y sustentable del campo y para blindar electoralmente la política en materia agropecuaria.

Recordemos a Zapata, símbolo de lucha de muchos mexicanos y comparto una de sus frases que ha denotado, inclusive, la lucha de la oposición durante muchos años que es: Es mejor morir de pie, que vivir de arrrodillado.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Preciado Rodríguez.

Este Senado de la República da la bienvenida a alumnos de la Universidad de Colima, Facultad de Letras y Comunicación, invitados por la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, e igualmente da la bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el Senador Carlos Mendoza Davis.

¡Sean todos bienvenidos!

Muchas gracias.

(Aplausos)

Se concede el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venía, señor Presidente; compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

Emiliano Zapata Salazar nació en Morelos el 8 de agosto de 1879 en el pueblo de Anenecuilco, municipio de Ayala, sus padres fueron los campesinos Gabriel Zapata y Cleofas Salazar; sus estudios primarios los realizó con el profesor Emilio Vera, un viejo soldado de Benito Juárez. En su juventud trabajó como labrador y arriero; en su pueblo destacó defendiendo a los campesinos frente a los diversos abusos de los hacendados. Muere el 10 de abril de 1919, en la Hacienda de Chinameca, municipio de Ayala, víctima de una traición.

Emiliano Zapata se levanta en armas contra la dictadura de Díaz apoyando a Francisco I. Madero que había convocado a una rebelión nacional el 28 de noviembre de 1911, proclama el Plan de Ayala, donde exige distribuir las tierras de los grandes hacendados a los campesinos.

¿Por qué estalla la Revolución?

La perpetuación de Porfirio Díaz por más de 30 años en el poder generó una terrible situación en el pueblo de México en donde la opresión, la pobreza, el hambre, la muerte por enfermedades curables, el analfabetismo, era la constante que sufría la gente; las libertades y los derechos de todo tipo eran ignorados, existía una terrible desesperanza, y la mayoría de la población estaba sumida en el fondo del sufrimiento humano.

La rebeldía natural de los habitantes de Morelos fue aprovechada y bien conducida por el joven rebelde Emiliano Zapata Salazar, que al levantarse en armas cumplía así su juramento de niño, cuando en una ocasión, a la edad de 5 años, vio llorar a su padre y le preguntó:

"¿Por qué lloras, padre?, preguntó Emiliano, no llores que nos aterras. Es porque los amos con pistola en mano, nos han quitado las tierras.

En nuestro propio terreno nos vienen a maltratar, como perro en rancho ajeno, cuando somos del lugar.

¿Por qué no pelean contra esos tiranos y acaban la esclavitud? Hijo, tus palabras son brotes tempranos, no entras ni a la juventud.

Ellos son muy poderosos, no los podemos vencer; parecen perros rabiosos parientes de Lucifer.

Yo haré que devuelvan las tierras robadas y se calme tu dolor; es un juramento, no bravuconadas, te doy palabra de honor.

Aunque yo he sido el noveno de tus hijos en nacer, he de trocar el veneno de tu dolor, en placer".

La letra de este corrido la hizo realidad, y después de 9 años de lucha provocó condiciones que cambiaron la vida en este país de manera radical, pero como siempre sucede, el gobierno en turno veía a Zapata como su enemigo, a tal grado que al revolucionario le empezaron a colgar calificativos de bandido y roba vacas, se generó la conjura desde el Palacio Nacional por órdenes de Venustiano Carranza quien encontró en el Coronel Guajardo al traidor que acabaría con la vida del prócer del agrarismo en México, y el 10 de abril de 1919 mataron su cuerpo, pero su pensamiento y su obra se expandió por México y el mundo.

A hombres como Zapata no se les puede matar de frente, siempre se acaba con ellos de manera cobarde y a traición.

Desde la tribuna más alta de la nación, recordando la muerte de este prócer, quiero hacer con ustedes algunas reflexiones en voz alta, compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

La República vive momentos aciagos similares a los que se vivía antes de que estallara la Revolución en 1910.

Tenemos un país con 60 millones de mexicanos en pobreza patrimonial; 28 millones de ellos en pobreza alimentaria, los cuales comen cuando mucho una vez al día, y algunos de ellos no saben siquiera si comerán algo el día de mañana.

El hambre es el caldo de cultivo más idóneo para generar la irritación social y la desesperación que hace que el pueblo busque por la fuerza lo que no puede lograr con el producto de su trabajo y por la vía pacífica.

La violencia, producto de la delincuencia organizada y la incapacidad gubernamental para controlarla, está desatada en todo México; de manera inusitada el día de ayer, 10 de abril, el Secretario de Gobernación en una actitud triunfalista da a conocer a la población que en cuatro meses de gobierno de Peña Nieto van más de 4,200 ejecutados por el crimen organizado.

Lo que no dijo, ni creo que se atreva a decirlo, es: ¿cuántas desapariciones forzadas ha habido en su gobierno?, ¿cuántos desplazados por la violencia?, ¿cuántos secuestros?, ¿cuántos feminicidios?, ¿cuántos robos?, y menos se atreverá a comentarle al pueblo que en México que la situación es alarmante, y como refiere el poeta Javier Sicilia, estamos al borde de la insurrección social, el miedo, el pánico y el terror se han apropiado del país; por eso no nos debe de sorprender que el pueblo se organice a través de los grupos de autodefensa, para el que no sabe leer los mensajes de Juan Pueblo, es un ¡ya basta!, de miles de compatriotas, que ante la indiferencia, la incapacidad y las complicidades de quienes gobiernan decidieron tomar la justicia por su propia mano, y el gobierno, lejos de atender el reclamo social, hoy los ve como a Zapata en su tiempo, como enemigos y quebrantadores de la ley.

Profesores inconformes con la reforma educativa, que pretenden conculcar derechos históricos y conquistas laborales.

Trabajadores que se ven agraviados por la reforma laboral.

Campesinos que están ofendidos por no ser tomados en cuenta en la Cruzada contra el Hambre, y que en lugar de ser ellos quienes produzcan los alimentos para mitigar este terrible mal, hoy el gobierno de Peña Nieto prefiere que las transnacionales Pepsi Co., Nestlé y Quaker, responsables de la desnutrición y la obesidad en México, sean premiadas; y nuevamente la política de darle más a los ricos y no darle nada a los pobres la aplica sin ninguna consideración.

Organizaciones civiles, estudiantes, el pueblo organizado disidente del régimen, intelectuales, periodistas honestos alzan la voz para plantear su desacuerdo con el estado de las cosas con el que vivimos.

Algunos turistas podrán calificar, podrán criticar las formas, pero nunca podrán criticar las causas.

Compañeros Senadores y compañeras Senadoras, esta institución republicana tiene que mandar un mensaje claro al país en esta fecha en que estamos conmemorando el 94º aniversario de la muerte del prócer zapata.

Le exigimos al gobierno de Peña Nieto y a los gobernadores de los estados que agoten el diálogo hasta sus últimas consecuencias con todos los movimientos sociales que existen en el país, y que no caigan en la tentación de la represión de ningún tipo para acallar las voces de los mexicanos y las mexicanas que haciendo uso legítimo de su derecho constitucional de manifestarse, hoy le reclaman al gobierno solamente justicia, vivir en paz y con dignidad.

Si el gobierno con el argumento de hacer respetar la ley, decide aplicar la misma fórmula que le aplicaron a Zapata y a sus revolucionarios para disolver la inconformidad social, los Senadores patriotas de la República sabremos las respuestas contundentes para que México entre en la vía de la convulsión social que absolutamente nadie quiere.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente; señoras Senadoras y señores Senadores:

El día de hoy recordamos el trágico y vil asesinato de Emiliano Zapata. Líder revolucionario que encarnó los más altos ideales en defensa del pueblo campesino y sus tierras, desprotegidos históricamente.

No sólo eso, desde la Revolución Mexicana iniciada en 1910, Zapata ha sido una bandera de resistencia popular y nacionalista frente a la injusticia social, económica, política, jurídica, en fin, frente a los abusos del poder y la entrega de la patria.

Zapata pasó a la historia y los mexicanos que coincidimos con sus ideales, con su lucha, hemos visto en él al héroe vigente que nos inspira a continuar su legado, porque a pesar de avances que se dieron a lo largo del siglo XX, y lo que va del presente, la injusticia sigue permeando el campo mexicano.

No obstantes a más de un siglo de la lucha que se dio por el reparto de tierras, hoy día seguimos teniendo dos Méxicos de contrastes: el que vive en la opulencia, sin preocuparse por el otro que sobrevive a pesar de los intentos por acabar con ese México que Zapata defendió.

Mucho se ha dicho acerca de la modernidad del campo mexicano, sí, se ha modernizado en beneficio de pocos terratenientes, y ahora también de grandes empresas que han industrializado ciertos sectores del campo, sin que ello se haya traducido en beneficios a la población a la que han despojado sus medios de subsistencia.

Con la llegada de las políticas, en particular aquellas que modificaron el artículo 27 constitucional como requisito para la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se ha acentuado el rezago del campo mexicano, se ha convertido, en su mayoría, en unidades habitacionales.

En contraste, con esas mismas políticas, se ha beneficiado a los grandes productores. Este ha sido el resultado de políticas entreguistas y de sometimiento a los grandes capitales nacionales e internacionales.

Recodar a Zapata nos sigue inspirando para continuar la búsqueda de sus ideales que trascienden la lucha campesina y que seguramente muchos gobiernos retóricamente han enarbolado y tomado como punta de lanza para mal encausar la lucha del pueblo mexicano, pero aquí estamos en la oposición, la izquierda, no sólo para recordarlo, sino sobre todo para continuar esa lucha frente a la injusticia, los abusos del poder y la entrega de la patria, que no se nos olvide, "la tierra es de quien la trabaja".

¡Zapata vive!

¡Viva Zapata!

¡Viva el pueblo campesino desprotegido!

¡Viva México!

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Martha Palafox.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativos de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES

(Presentada por el C. Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los CC. Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Isaías González Cuevas, René Juárez Cisneros, Carlos Antonio Romero Deschamps y Angel Benjamín Robles Montoya)

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, mejor conocidas en México como Cajas Populares, fueron creadas en el año de 1951, tienen ya cerca de 60 años en que de manera silenciosa, pero consistente, han estado apoyando el desarrollo de muchas familias y comunidades a lo largo y ancho del país.

La fortaleza de estas organizaciones como parte de sistema financiero mexicano, consiste en que sus costos de transacción han sido muy bajos y no tienen problemas de implementación en sus políticas institucionales, dado que se basan en la confianza, en el conocimiento directo de las personas y en la práctica de la ayuda mutua.

En los últimos 15 años, las casi mil cooperativas y más de 6 millones de socios, han estado impulsando la institucionalización de su propio sector, ya que están conscientes que se requiere orden y disciplina para garantizar entidades seguras que no pongan en riesgo el ahorro y el patrimonio de la población, sin embargo, es necesario evitar una excesiva regulación que les haga salir de su mercado natural.

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo son generadoras de fuentes de trabajo de manera directa e indirecta, debido a que prestan servicios de ahorro y préstamo en las comunidades donde no hay servicios bancarios o donde otras instituciones no prestan el servicio, debido a la poca rentabilidad o a la falta de medios de comunicación para acceder a la población alejada.

El sector de ahorro y préstamo integrado por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en este momento atraviesa dos grandes problemas que es indispensable resolver. Por un lado, lograr que las sociedades que se encuentran funcionando, puedan continuar realizando operaciones y que las que no lo hagan, puedan tener una salida ordenada; y por el otro, que los ahorradores que han sido defraudados por seudo cooperativas recuperen sus ahorros que les han costado mucho esfuerzo a todas sus familias.

En las comunidades rurales, los pequeños productores, los microempresarios y la población en general requieren servicios adicionales al crédito, tales como servicios de ahorro, liquidación de remesas, pago de servicios, cambio de cheques, entre otros. El ahorro en particular es fundamental para mejorar la condición de vida de la gente, dado que les posibilita oportunidades de inversión y previsión para épocas de mayores gastos; así como enfrentar dificultades y riesgos de índole diversa.

En las comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes, los servicios financieros no están disponibles, lo que genera un aislamiento geográfico en todos los campos del desarrollo económico y productivo de estas comunidades. Sin intermediarios localizados cerca de las poblaciones, es difícil y costoso acceder a servicios de ahorro, préstamos, remesas, entre otros, quedando los ciudadanos en manos de agiotistas y de relaciones comerciales abusivas. Por ello las cooperativas se establecen como una palanca de desarrollo de las comunidades rurales, considerando que mitigan los riesgos y facilitan la aceleración de la producción y la formación de capital productivo en las familias de escasos recursos.

Es indispensable evitar que la excesiva regulación haga que estas organizaciones pierdan su orientación humanista, atendiendo al plazo establecido para que las Sociedades Cooperativas presenten sus expedientes para ser autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria, de ahí es necesario apoyar y fortalecer a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo ya existentes, mediante trabajos de asistencia técnica en materia de mejora, estabilización, saneamiento o liquidación de sociedades, servicios que serán contratados por el gobierno federal conforme a esta ley que se propone reformar.

Por ello, es importante destacar que esta reforma pretende adecuar la ley a la realidad, en virtud de que se han modificado otras leyes con las cuales guarda relación directa; así como algunos aspectos que han dificultado la instrumentación de los procesos de apoyo y fortalecimiento a las sociedades cooperativas y a sus ahorradores.

Por lo anterior, las Senadoras y Senadores que suscribimos la presente iniciativa, el de la voz, Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Raúl Aarón Pozos, Blanca Alcalá, Isaías González, René Juárez Cisneros, Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del PRI; y Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa que, en obviedad del tiempo, hago entrega a la Mesa Directiva para que se integre textualmente en el Diario de los Debates y adicionalmente solicito a la Presidencia, independientemente a las comisiones que sea turnada, que se turne también a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Es cuanto, muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“Gerardo Sánchez García, Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruíz, Isaías González Cuevas, René Juárez Cisneros, Carlos Antonio Romero Deschamps y Angel Benjamín Robles Montoya, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y PrEstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, mejor conocidas en México como “Cajas Populares”, fueron creadas en el año de 1951 por el Secretariado Social Mexicano, tienen ya cerca de 60 años en que de manera silenciosa, pero consistente, han estado apoyando el desarrollo de muchas familias y comunidades a lo largo y ancho de nuestro país.

La fortaleza de estas organizaciones como parte del Sistema Financiero Mexicano, consiste en que sus costos de transacción han sido muy bajos y no tienen problemas de implementación en sus políticas institucionales, dado que se basan en la confianza, en el conocimiento directo de las personas y en la práctica de la ayuda mutua.

En los últimos 15 años, han estado impulsado la institucionalización de su propio sector, ya que están conscientes que se requiere orden y disciplina para garantizar entidades seguras, que no pongan en riesgo el ahorro y patrimonio de la población, sin embargo es necesario evitar una excesiva regulación que las haga salir de su mercado natural que vienen atendiendo.

Las Sociedades Cooperativas, son generadoras de fuentes de trabajo de manera directa o indirecta, debido a que prestan servicios de ahorro y préstamo en las comunidades donde no hay servicios bancarios o donde otras instituciones no prestan el servicio, debido a la poca rentabilidad y falta de medios de comunicación para acceder a poblaciones alejadas donde las cooperativas si se arriesgan.

El Sector de Ahorro y Préstamo integrado por Sociedades Cooperativas, en este momento atraviesa, dos grandes problemas que es indispensables resolver. Por un lado lograr que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que se encuentran funcionando, puedan continuar realizando operaciones y que las que no hagan, puedan tener una salida ordenada; y por el otro, que los ahorradores que han sido defraudados por seudo cooperativas recuperen sus ahorros que les han costado mucho esfuerzo.

En las comunidades rurales, los pequeños productores, los microempresarios y la población en general requieren servicios adicionales al crédito, tales como servicios de ahorro, liquidación de remesas, pago de servicios, cambio de cheques, entre otros. El ahorro en particular es fundamental para mejorar la condición de vida de la gente, dado que les posibilita oportunidades de inversión y prever para épocas de mayores gastos; así como enfrentar dificultades y riesgos de índole diversa.

En las comunidades con menos de 2,500 habitantes, los servicios financieros no están disponibles, lo que genera un aislamiento geográfico en todos los campos del desarrollo económico y productivo de estas comunidades. Sin intermediarios localizados cerca de las poblaciones, es difícil y costoso acceder a servicios de ahorro, préstamo, remesas, entre otros, quedando los ciudadanos en manos de agiotistas y de relaciones comerciales abusivas. Por ello las cooperativas se establecen como palanca de desarrollo de las comunidades rurales, considerando que mitigan los riesgos y facilitan la aceleración de la producción y la formación de capital productivo en las familias de escasos recursos.

Es indispensable evitar que la excesiva regulación haga que estas organizaciones pierdan su orientación humanista, atendiendo al plazo establecido para que las Sociedades Cooperativas presenten sus expedientes para ser autorizadas por Comisión Nacional Bancaria, de ahí que es necesario apoyar y fortalecer a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo ya existentes, mediante trabajos de asistencia técnica en materia de mejora, estabilización, saneamiento y/o liquidación de Sociedades, servicios que serán contratados por el Gobierno Federal conforme a esta ley que se propone reformar.

La ley motivo de esta reforma, fue promulgada en el año 2000, con la finalidad de atender una problemática específica, relacionada con el quebranto de varias sociedades denominadas como Cajas de Ahorro, que utilizaron diversas figuras en diferentes regiones del país, mediante la cual se creó un Fideicomiso como mecanismo para resarcir los daños económicos de ahorradores defraudados. A la fecha se le han hecho diferentes reformas y adiciones, con la finalidad mantener dicho Fideicomiso para afrontar problemáticas similares.

En el año 2009, fue promulgada la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, identificada también como LRASCAP, ley que tiene como finalidad regular solamente a la Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, cuya regulación anterior a esa fecha era contemplada por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, vigente desde el año de 2001.

La LRASCAP, estableció el proceso transitorio para que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que no estaban autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria, implementaran una serie de medidas a fin integrar los expedientes que la normatividad regulatoria exige para ser autorizadas así como los plazos para el cumplimiento de las referidas medidas. El término para presentar la solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria, fue establecido en la Ley hasta el pasado 31 de de diciembre de 2012.

Sin embargo, debido a las complicaciones que se presentaron en el proceso, de emisión de las normas regulatorias para la integración del Comité Técnico, del Comité de Supervisión, la integración de los expedientes y las medidas administrativas que se tuvieron implementar, un gran número de cooperativas se vieron imposibilitadas para integrar los expedientes para presentar la solicitud de autorización antes del 31 de diciembre de 2012 pasado.

Debido a las complicaciones aludidas, tanto el Sector Cooperativo, como las entidades reguladoras, se estuvo consciente de que dicho término resultaba insuficiente, por ello en el mes de diciembre del año 2012, se impulso un reforma a la LRASCAP, con la finalidad de ampliar los plazos para integrar los procesos necesarios para llegar a la autorización de las cooperativas, estableciéndose como plazo máximo para presentar la autorización el día 30 de marzo del año 2014.

El espíritu de la reforma que se propone, tiene como finalidad afrontar una situación muy particular en la coyuntura del proceso final de autorización del Sector Cooperativo de Ahorro y Préstamo, a fin apoyar al fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas que tienen alguna dificultad para ser autorizadas en los términos de la nueva legislación y su regulación, instrumentando además las diferentes medidas que esta ley ya contempla desde que fue promulgada en el año 2000.

Además, está reforma pretende adecuar la ley a la realidad, en virtud de que se han modificado otras leyes con las cuales guarda relación directa; así como algunos aspectos que han dificultado la instrumentación de los procesos de apoyo y fortalecimiento a las sociedades cooperativas y a sus ahorradores.

Por lo que se propone reformar el artículo 2, en sus fracciones III, IX, X, XI XII, a efecto de adecuar la referencia que se hace a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sustituyéndola por la LRASCAP, cuya Ley regula al Sector de las Cooperativas en lugar de la antes citada, así mismo se propone en este mismo artículo que los recursos que se aporten para el apoyo y fortalecimiento provengan exclusivamente del Fideicomiso Pago, normado por la presente ley, excluyendo la aportación de los Gobiernos Estatales, en virtud de que condicionar la implementación de los programas de apoyo a la aportación de los estados donde se encuentran las cooperativas ha dificultado su implementación, ya que estosconsideran que esta problemática no es de su competencia, así como a la insuficiencia de recursos en sus presupuestos.

Otro aspecto que se propone reformar en el artículo 2, es no limitar los estudios de consolidación y auditoria a consultores internacionales con experiencia en finanzas populares, sino que este pueda llevarse a cabo por cualquier consultor con experiencia en el ramo o las propias federaciones, como se contemplaen la modificación expuesta en la fracción XII del artículo citado.

Se propone además, modificar el artículo 3º, en su primer párrafo, con la finalidad de sustituir, a la Contraloría y Desarrollo Administrativo por la Función Pública. También se propone integrar a un representante de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México al Comité Técnico del Fideicomiso y suprimir la participación de los Gobiernos Estatales.

En el artículo 5º, de la presente iniciativa de reforma, se propone derogar la fracción II para excluir la obligación de las aportaciones al fondo por parte de los gobiernos estatales por los motivos ya señalados.

De igual manera, se propone modificar la fracción I del artículo 7, a efecto de precisar una cuestión de redacción de esta fracción al referirse a las sociedades cooperativas organizadas conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, a efecto de que quede bien establecido, proponemos que se le agregue “organizadas o constituidas”, conforme a la Ley general de Sociedades Cooperativas.

En el artículo 8º, se propone una modificación a la fracción I, a fin de dar cobertura a las sociedades constituidas hasta antes del 13 de agosto de 2009, en vez de diciembre de 2002. Para esta modificación se toma como referencia la fecha citada atendiendo que fue cuando fue promulgada la Ley que Regula las Actividades de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

En este mismo artículo, se propone adicionar un párrafo segundo con la finalidad precisar que las sociedades deberán de realizar los actos corporativos necesarios en los plazos que le establezca el Comité, como una condición para que se efectué el pago a los ahorradores. En la fracción III, de este mismo artículo se precisan las fracciones en las cuales se establecen los apoyos a que se refiere el artículo 8 bis.

De igual forma, en el artículo 8 y 8 Bis, se modifican todas las referencias a la entidad de Ahorro y crédito popular y se propone substituirla por la de “Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo”, cuyas Sociedades se propone apoyar en el proceso de autorización y se sustituye el término “sociedad” en singular por el plural de “Sociedades”.

Por lo que respecta al artículo 8º. Bis, se propone eliminar la fracción I, correspondiente a los apoyos para liquidación y disolución y recorrer el contenido de las actuales fracciones, para quedar como I, II y III que corresponde exclusivamente a los apoyos de mejora, saneamiento y estabilización de Sociedades contenidos en la definición de trabajos de consolidación.

Adicionalmente se propone una modificación en la redacción y porcentajes establecidos en los incisos c) y d) de la fracción II relativa al otorgamiento de créditos del Fideicomiso a Sociedades Objeto de esta Ley y/o adquisición de instrumentos de capitalización emitidos por éstas a cargo del Fideicomiso, se modifica el porcentaje del 30% al 50% de préstamos sobre los depósitos de ahorros y se aumenta el límite del 10% al 20% sobre la subcuenta del fideicomiso para este fin. En lo que se refiere al inciso d) antes mencionado, se modifica la redacción con el fin de aclarar que se refiere al apoyo del 100% del capital necesario para cumplir el requerimiento de capitalización correspondiente.

Se propone también, reformar el segundo párrafo del Base Primera del artículo 11, a efecto de eliminar la segunda modalidad de calcular la tasa de rendimiento que se refiere de un proveedor de precios y calculada a partir de diciembre del año 2000 al mes de diciembre de 2002, a fin de hacer acorde con el resto de las modificaciones que se proponen.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Unico. Se reforman los artículos 2º, fracciones III, IX, X y XI; 3º, primer párrafo; 6º, fracción IV; 7º, fracción I; 8º, fracciones I, II segundo párrafo III primer párrafo, V párrafos tercero, quinto y sexto; 8º. BIS fracción II incisos a, b, c, e y g, subincisos I, III, IV y V, fracción III, incisos a, b, c, d y f, fracción IV, se recorre al número VI y reforman el párrafo primero, segundo y cuarto; artículo 11 Base Primera párrafo segundo; se adicionan una fracción XII al artículo 2º, una fracción V al artículo 8º Bis; y se derogan,la fracción segunda del artículo 5º, el párrafo primero, segundo y tercero del artículo;10, primero, segundo y tercer párrafo; 11, segundo párrafo base quinta, todos de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. …

II. ...

III. Federación: a los organismos de integración a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas.

IV a VIII. …

IX. Sociedad Objeto de esta Ley, en singular o plural: a las sociedades a que se refiere el artículo 7o. de esta Ley y que manifiesten su intención de apegarse a los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que en virtud de no poder ajustarse a los requisitos establecidos en la misma, deban proceder a su disolución y liquidación o que se encuentren en procedimiento de quiebra, en concurso o entren en concurso mercantil;

X. Trabajos de Auditoría Contable: a los trabajos de análisis y evaluación de los estados financieros de una sociedad cuyos ahorradores sean sujetos de apoyo en los términos de esta Ley, los cuales deberán ser pagados con recursos de este fideicomiso. Estos trabajos deberán realizarse con apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y con base en normas de auditoría generalmente aceptadas, y

XI. Trabajos de Consolidación: a los trabajos que se lleven a cabo en las Sociedades Objeto de esta Ley, con excepción de las señaladas en el artículo 7o. fracción I, por consultores con experiencia en finanzas populares o federaciones; estos trabajos comprenden asistencia técnica en materia de mejora, saneamiento y estabilización de Sociedades, los cuales serán contratados por el Gobierno Federal a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal.

XII. Trabajos de Liquidación y Disolución: a los trabajos que se lleven a cabo en las Sociedades Objeto de esta Ley que les fue imposible acceder a los trabajos de consolidación, por consultores con experiencia en finanzas populares o federaciones; estos trabajos comprenden asistencia técnica en materia de liquidación, disolución y pago a ahorradores de Sociedades, los cuales serán contratados por el Gobierno Federal a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal.

ARTICULO 3o.- El Fideicomiso será público y contará con un Comité que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes Instituciones: de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Gobernación; de la Función Pública; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Banco de México, y un representante de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas. Por cada representante propietario del Comité habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

. …

. …

ARTICULO 5o.-. …

I. …

II. Se deroga

III a V. …

ARTICULO 6o.- El fideicomitente del Fideicomiso será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría.

. …

. …

I a III. …

IV. Instruir que se lleven a cabo las acciones pertinentes para la implementación del esquema de apoyo que se determine en el Trabajo de Consolidación, el cual establecerá cuando es viable la recuperación financiera de las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, y cuando no, así como el esquema que se implementará, y el monto necesario para su saneamiento;

V a XVIII. …

ARTICULO 7º.-. …

I.- Sociedades de Tipo “I”: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que dentro de su objeto se encuentre el ahorro y préstamo o cuenten con secciones de ahorro y préstamoque se hayan organizado o constituidas conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas.

II. …

ARTICULO 8º. …

I.Haberse constituido legalmente antes del 13 de agosto de 2009, acreditar que cumplen con los supuestos a que se refiere el artículo 7o de la Ley y contar con evaluación por parte del Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a más tardar el 31 de agosto de 2013.

II.

III.

En caso de que se determine la procedencia del esquema de disolución y liquidación, dicho Trabajo establecerá cuáles son los activos de la Sociedad en cuestión. La Sociedad de que se trate utilizará sus activos líquidos para disminuir sus pasivos con los Ahorradores, previo a la participación del Fideicomiso en el proceso de apoyo. Adicionalmente deberán realizar los actos corporativos para estos efectos, en los plazos que dicte el Comité, como condición para que se efectúe el pago a sus Ahorradores, además de cumplir con los demás requisitos que al efecto se establecen en la presente Ley.

III. Firmar el convenio correspondiente con la Fiduciaria, en caso de que el Trabajo de Consolidación que se le haya aplicado determine la procedencia para el otorgamiento de alguno de los apoyos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 8o. BIS siguiente; en dicho convenio las Sociedades Objeto de esta Ley se obligarán a dar seguimiento y cumplimiento en forma exacta al esquema que el Trabajo de Consolidación respectivo haya determinado que es más conveniente para que se mantengan en operación.

IV. …

V. …

. …

Las disponibilidades e inversiones en valores a que se refiere el párrafo anterior, serán clasificadas de acuerdo con los criterios emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo.

. …

En el caso de los apoyos a que se refiere el esquema descrito en la fracción I del artículo 8o. BIS, las Sociedades Objeto de esta Ley deberán presentar copia certificada del o los acuerdos de los órganos competentes en el o los que se hayan acordado su fusión con alguna cooperativa de ahorro y préstamo, o bien, del esquema jurídico o financiero que implique la cesión de activos y pasivos a ésta, cumpliendo con los requisitos que se establecen en esta Ley, así como aceptar someterse a lo que la cooperativa de ahorro y préstamo fusionante o cesionaria determine, con relación a la integración de sus Órganos de Gobierno.

Para poder recibir los apoyos a que se refiere el esquema descrito en la fracción III del artículo 8o. BIS, las Sociedades Objeto de esta Ley deberán exhibir copia certificada del o los acuerdos de los órganos competentes en el que se haya acordado su transformación en cooperativas de ahorro y préstamo.

VI. …

ARTICULO 8o Bis.-. …

I. Fusión con una cooperativa de ahorro y préstamo, o bien algún otro esquema jurídico o financiero que implique la cesión de activos y pasivos provenientes de alguna Sociedad Objeto de esta Ley, a una cooperativa de ahorro y préstamo. Este esquema deberá sujetarse a lo siguiente:

a) Sólo podrán participar en este esquema, las cooperativas de ahorro y préstamo que no hayan sido objeto de apoyo a través de alguno de los esquemas señalados en la presente fracción, así como en las fracciones II y III siguientes;

b) El Trabajo de Consolidación correspondiente, deberá clasificar contablemente la cartera crediticia de la Sociedad Objeto de esta Ley de que se trate, identificando la cartera vigente y la vencida, así como calificar la propia cartera crediticia y estimar el faltante de provisiones, de acuerdo con las Reglas que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aplicables a las cooperativas de ahorro y préstamo en esta materia;

c) El faltante de provisiones que se determine de conformidad con la calificación que se haga de la cartera en el Trabajo de Consolidación, será cubierto con cargo al patrimonio del Fideicomiso y la totalidad de la cartera será administrada por la cooperativa de ahorro y préstamo, llevándose a cabo los actos jurídicos necesarios;

d)……

e) En el convenio con la Fiduciaria, se establecerá entre ésta y las cooperativas de ahorro y préstamo, un esquema de incentivos a efecto de lograr la mayor recuperación posible de la cartera que dicha entidad tenga bajo su administración y que hubiere sido provisionada con cargo al patrimonio del Fideicomiso;

f)………

g) Las Sociedades Objeto de esta Ley, deberá llevar a cabo los actos corporativos y administrativos necesarios, para efectuar la amortización de pérdidas y aportaciones necesarias, de acuerdo a lo siguiente:

I) Aplicar las partidas positivas del capital contable de las Sociedades Objeto de esta Ley, a la absorción de las pérdidas que tenga la misma derivadas del provisionamiento de la cartera de conformidad con las reglas aplicables;

II)………

III) Derivado de lo anterior, las partes sociales de las Sociedades Objeto de esta Ley serán tomadas a su valor contable para efectos del canje a que se refiere el numeral IV) siguiente;

IV) En ejercicio de su derecho preferente y conforme al porcentaje de su participación social, los socios efectuarán las aportaciones correspondientes a fin de obtener el canje de las partes sociales, dentro del plazo que se convenga con la cooperativa de ahorro y préstamo, y

V) Las Sociedades Objeto de esta Ley que haya cedido sus activos y pasivos, deberá entrar en estado de disolución.

II. …………

a) Con base en el presente esquema y en virtud de lo determinado por el Trabajo de Consolidación correspondiente, el Fideicomiso otorgará un crédito a las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, o bien, adquirirá instrumentos de capitalización emitidos por ésta, cuando la normatividad que les sea aplicable así lo permita. Los términos y condiciones del crédito, así como las características de los instrumentos de capitalización, serán determinados por el Comité;

b) Las Sociedades Objeto de esta Ley deberán depositar los recursos que obtenga conforme al esquema a que se refiere esta fracción, en un fondo de disponibilidad restringida administrado por una institución de banca de desarrollo;

c) El monto del crédito que en su caso otorgue el Fideicomiso, no podrá ser mayor al 50% del total de los depósitos de los Ahorradores de las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, y en ningún caso será mayor en una o sucesivas operaciones, al 20% de la subcuenta del Fideicomiso destinada al saneamiento de sociedades;

d) En el caso de emisión de instrumentos de capitalización, éstos no podrán representar más del 100%del capital contable que requieren las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, para cumplir con el requerimiento de capitalización correspondiente, ni más del 100% del total de los depósitos de los Ahorradores; en ningún caso será mayor en una o sucesivas operaciones, al 20% de la subcuenta del Fideicomiso destinada al saneamiento de sociedades;

e)………

f)Los recursos que se depositen en la institución de banca de desarrollo de que trate, con motivo del presente esquema, servirán de garantía para el propio Fideicomiso, con motivo del crédito otorgado o bien, la adquisición de los instrumentos emitidos por las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate.

III. Cualquier otro esquema diverso de los anteriores, señalando las reglas y condiciones correspondientes, que sea propuesto en los Trabajos de Consolidación como alternativa para el saneamiento de las Sociedades Objeto de esta Ley de que trate.

Las sociedades a las cuales se aplique cualquiera de los esquemas señalados en el presente artículo, tendrán la obligación de presentar informes trimestrales del cumplimiento de las metas establecidas en los convenios a que se refiere la fracción III del artículo 8o. anterior a la Fiduciaria. Tratándose de los esquemas señalados en las fracciones I y II de este artículo, deberán presentarse al Comité de Supervisión. Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades a que se refiere el presente párrafo deberán proporcionar cualquier otra información que en su momento les sea solicitada por la Fiduciaria o el Comité.

……………

Los esquemas previstos en las fracciones I a III de este artículo, únicamente aplicarán cuando el apoyo que deba otorgar el Fideicomiso en términos de lo que en esas fracciones se establece resulte inferior al monto que para la misma sociedad debería aportar el Fideicomiso para el caso de pago a Ahorradores.

ARTICULO 10.- Se deroga

Se deroga

Se deroga

ARTICULO 11. …

BASES GENERALES

PRIMERA.-. …

El monto básico de pago será de 10 mil pesos, el cual se ajustará con el resultado de aplicar la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación denominados en moneda nacional, a plazo de 182 días, que publique Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, esto se aplicará para cualquier Sociedad Objeto de esta Ley que se encuentre en estado de insolvencia comprobada o no sea financieramente viable de conformidad con los Trabajos de Auditoría Contable y de Consolidación, según sea el caso.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y artículos transitorios de anteriores reformas de esta ley, que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 9 de abril de 2013.

Sen. Gerardo Sánchez García, PRI.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, PRI.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, PRI.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, PRI.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz, PRI.- Sen. Isaías González Cuevas, PRI.- Sen. René Juárez Cisneros, PRI.- Sen. Carlos Romero Deschamps, PRI.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya, PRD”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Sánchez García. Suscríbase el texto en su totalidad en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Román Rosas González.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño)Buenas tardes.

Sólo para solicitarle al Senador Gerardo Sánchez y a los que firman esta propuesta, si me permiten adherirme a ella.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Lo ha aceptado.

Quién se quiera adherir a esta iniciativa, sólo manifiéstelo.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 56 y 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 56 Y LA FRACCION V DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

En 1987, el desarrollo sustentable fue presentado formalmente por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, como una alternativa al desarrollo socioeconómico tradicional, causante de graves daños ambientales al planeta, en México, se ha buscado instaurar un régimen jurídico normativo que nos ayude a coordinar los problemas ambientales.

La incesante presión ejercida sobre el capital natural ya sea por la creciente población humana y por el daño ambiental, han vuelto apremiante la necesidad de hacer frente a dicho deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, para tal fin, y como alternativa, surgen los conceptos de cambio climático y desarrollo sustentable, los cuales no deben ser opuestos al desarrollo económico; no obstante, la maximización del crecimiento económico basado en el deterioro del capital natural, hace que hoy en día estos conceptos, en ocasiones, no sean compatibles.

Tal es el caso de nuestro país, que de acuerdo a su evolución histórica muestra, aunque lenta, una consolidación institucional en materia ambiental, con el fin de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y contribuir a los efectos del cambio climático; se ha creado un conjunto de herramientas jurídicas que han hecho posible los avances en torno a la gestión ambiental, ya que no sólo regulan la contaminación ambiental, sino que también incorporan el tema de uso sustentable de los recursos naturales.

En esta línea, México ha emprendido una serie de acciones y estrategias para lograr que su sector contribuya al desarrollo de una actividad productiva más amigable con el medio ambiente y que se fomente un desarrollo rural sustentable, entendiendo que la presión sobre los recursos naturales enfrenta nuevos retos derivados, buena parte de ellos, de los cambios observados a raíz del calentamiento global, derivado principalmente de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El cambio climático ya se ha hecho notar en el sector rural mexicano, los impactos más significativos están relacionados con su posición geográfica, que hace que regiones principalmente del centro y norte del territorio, particularmente vulnerables a una mayor severidad y frecuencia de los meses secos, acentuándose sus efectos en el sector agropecuario; en contraparte, las precipitaciones se presentan ahora con mayor intensidad y concentración en las épocas de lluvia, de tal manera que las depresiones tropicales y huracanes que azotan las costas de México son cada vez más frecuentes; como lo demuestran los registros en los que se aprecia la temporada de huracanes de este año. La presencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos degrada la calidad de las tierras, que también son afectadas por la deficiencia o exceso de uso.

El actual modelo de desarrollo no ha podido dar solución a los grandes problemas que enfrentamos hoy en día los países subdesarrollados, por el contrario los ha agudizado, reflejando un mayor empobrecimiento de algunos sectores de la sociedad y un enriquecimiento desmedido de otros. Además, este modelo de desarrollo ha contribuido de manera constante al deterioro del capital natural y, en consecuencia, el deterioro de la calidad de vida de la población.

El desarrollo rural sustentable enfrenta hoy nuevos y profundos retos, la planificación en el uso de los recursos naturales utilizados en la producción primaria, de el suelo, el agua y la vegetación y su manejo sustentable son, indudablemente, dos de los principales; sin embargo, los efectos del cambio climático se han hecho sentir con mayor intensidad en los últimos años, y estos efectos pueden alterar de forma rápida y radical todas las variables del desarrollo rural; por tanto, es imprescindible que la administración federal ponga en marcha acciones que permitan modificar y disminuir en cada parte del país las tendencias que hoy día presentan las emisiones de gases de efecto invernadero; esto es un problema que requiere la participación y compromiso de todos, con el único objetivo, que es el de alcanzar el desarrollo rural sustentable que todos queremos y necesitamos.

Si bien, el Poder Ejecutivo Federal tendrá que contemplar en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que los recursos y apoyos se destinen a los productores y organizaciones, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, y que estos puedan ser complementados por los que asignen los gobiernos de las entidades federativas, y los municipios deberán tener como uno de los propósitos fundamentales la restauración y mejoramiento de la tierra, el agua, el aire y en general del ambiente, a través del uso de la tecnología, para tratar de preservar, restaurar, conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos y los recursos hídricos; asimismo, el Ejecutivo Federal establecerá dentro del marco normativo las bases e instrumentos que apoyen de manera económica el fortalecimiento de los productores y organizaciones para que incorporen cambios tecnológicos y de procesos tendientes a fomentar la investigación científica y tecnológica, para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, ejecutando acciones de adaptación ante el cambio climático a través de la conservación, adaptación y saneamiento ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara Alta el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 56 y la fracción V del artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 56.- ...

VIII-

Usar eficientemente los recursos económicos, naturales y productivosque fomenten el desarrollo rural sustentable a través de la investigación científica y tecnológica que trate de evitar la desertificación y pérdida de los recursos naturales.

Artículo 71.- ...

V.- La inversión en restauración y mejoramiento de las tierras y servicios ambientales,a través de la investigación científica y tecnológica que trate de evitar la desertificación y pérdida de los recursos naturales.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura;con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 56, Y LA FRACCION V DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, A FIN DE ARMONIZARLA CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En 1987, el desarrollo sustentable fue presentado formalmente por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, como una alternativa al desarrollo socioeconómico tradicional, causante de graves daños ambientales al planeta, en México, se ha buscado instaurar un régimen jurídico normativo, que nos ayude a coordinar los problemas ambientales, así como la utilización racionalsustentable del capital natural, observando, que el grado de capacidad de dichas normas y su aplicabilidad realicen de ellas mecanismos fundamentalmente efectivos y que sirvan para la preservación del ambiente y de los recursos naturales.

La Carta Magna, establece en su articulado diversas disposiciones de carácter ambiental, que son la base fundamental del sistema jurídico actual.

La incesante presión ejercida sobre el capital natural ya sea por la creciente población humana y por el daño ambiental, han vuelto apremiante la necesidad de hacer frente a dicho deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente, para tal fin, y como alternativa surgen los conceptos de cambio climático y desarrollo sustentable, los cuales no deben ser opuestosal desarrollo económico; no obstante, la maximización del crecimiento económico basado en el deterioro del capital natural, hace que hoy en día estos conceptos, en ocasiones, no sean compatibles.

Tal es el caso de nuestro país, que de acuerdo a su evolución histórica muestra aunque lenta, una consolidación institucional en materia ambiental, con el fin depreservar y restaurar el equilibrio ecológico y contribuir a los efectos del cambio climático; se ha creado un conjunto de herramientas jurídicas que han hecho posible los avances en torno a la gestión ambiental, ya que no sólo regulan la contaminación ambiental, sino que también incorpora el tema del uso sustentable de los recursos naturales.

En esta línea, México ha emprendido una serie de acciones y estrategias para lograr que su sector contribuya al desarrollo de una actividad productiva más amigable con el medio ambiente y que sefomente un desarrollo rural sustentable, entendiendo que la presión sobre los recursos naturales enfrenta nuevos retos derivados, buena parte de ellos, de los cambios observados a raíz del calentamiento global, derivado principalmente de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El cambio climático, ya se ha hecho notar en el sector rural mexicano, los impactos más significativos están relacionados con su posición geográfica, que hace que regiones principalmente del centro y norte del territorio, particularmente vulnerables a una mayor severidad y frecuencia de los meses secos,acentuándose sus efectos en el sector agropecuario; en contraparte, las precipitaciones se presentan ahora con mayor intensidad y concentración en la época de lluvias, de tal manera que las depresiones tropicales y huracanes que azotan las costas de México son cada vez más frecuentes; como lo demuestran los registros en los que se aprecia que la temporada de huracanes del año. La presencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos degrada la calidad de las tierras, que también son afectadas por la deficiencia o exceso de uso.

El actual modelo de desarrollo no ha podido dar solución a los grandes problemas que enfrentan hoy en día los países subdesarrollados, por el contrario los ha agudizado, reflejando un mayor empobrecimiento de algunos sectores de la sociedad y un enriquecimiento desmedido de otros pocos. Además este modelo de desarrollo ha contribuido de manera constante al deterioro del capital natural y en consecuencia el deterioro de la calidad de vida de la población.

En nuestro país el error ha sido el desmedido uso de los recursos naturales bajo el criterio de la rentabilidad inmediata, provocando la destrucción de recursos potenciales cuyo valor no se refleja en el mercado.

El desarrollo rural sustentable, enfrentan hoy nuevos y profundos retos, la planificación en el uso de los recursos naturales utilizados en la producción primaria, de el suelo, el agua y la vegetación y su manejo sustentable son, indudablemente dos de los principales; sin embargo, los efectos del cambio climático se han hecho sentir con mayor intensidad en los últimos años, y estos efectos pueden alterar de forma rápida y radical todas las variables del desarrollo rural; por tanto, es imprescindible que la administración federal pongan en marcha acciones que permitan modificar y disminuir en cada parte del país las tendencias que hoy día presentan las emisiones de gases de efecto invernadero; esto es un problema que requiere la participación y compromiso de todos, con el único objetivo, que es el de alcanzar el desarrollo rural sustentable que todos queremos y necesitamos.

Si bien, el poder Ejecutivo Federal tendrá que contemplar enla Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que los recursos y apoyos que se destinen a los productores y organizaciones, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, y que estos puede ser complementados por los que asignen los gobiernos de las Entidades Federativas, y los Municipios, deberán tener como uno de los propósitos fundamentales la restauración y mejoramiento de la tierra, el agua, el aire y en general del ambiente, a través del uso de la tecnología, para trata de preservar, restaurar, conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, los ecosistemas terrestres,los ecosistemas acuáticos y los recursos hídricos; así mismo, el Ejecutivo Federal, establecerá dentro del marco normativo las bases e instrumentos que apoyen de manera económica el fortalecimiento de los productores y organizaciones para que incorporen cambios tecnológicos y de procesos tendientes a fomentar la investigación científica y tecnológica, para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, ejecutando acciones de adaptación ante el cambio climático a través de la conservación, adaptación y saneamiento ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara Alta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 56, Y LA FRACCION V DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Artículo 56.- Se apoyará a los productores y organizaciones económicas para incorporar cambios tecnológicos y de procesos tendientes a:

VIII. Usar eficientemente los recursos económicos, naturales y productivos; que fomenten el desarrollo rural sustentable a través de la investigación científica y tecnológica que trate de evitar la desertificación y pérdida de los recursos naturales;

Artículo 71.- Los apoyos que se otorguen deberán orientarse, entre otros propósitos, para:

V. La inversión en restauración y mejoramiento de las tierras y servicios ambientales, a través de la investigación científica y tecnológica que trate de evitar la desertificación y pérdida de los recursos naturales;

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de abril de 2013.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, a nombre propio y de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANY ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, a nombre propio y de los CC. Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

Es un hecho irrefutable que en México, y gran parte del mundo, la violencia y el acoso escolar o bullying, como también es conocido, es un fenómeno social que tiene cada vez mayor fuerza y presencia en las instituciones educativas y sus alrededores. Se trata de conductas antisociales que ocasionan todo tipo de daños entre quienes son afectados por la violencia verbal, física, psicológica, sexual y de exclusión social producida por una o varias personas que pertenecen a una comunidad escolar en contra de alguno de sus miembros, pero cuyos efectos colaterales se extienden más allá de las propias fronteras escolares.

De acuerdo con el sondeo realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, el 6% de los niños y el 10% de las niñas afirman que no son tomados en cuenta por sus maestros. Destaca además que 12.7% de los niños entrevistados aceptan que les han pegado en la escuela y el 25.5% que han sido insultados. Al 7.8% los han hecho sentirse avergonzados; mientras que al 36.5% asegura que los han hecho enojar.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que en México al menos un 40% de los estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas, han sido víctimas de bullying, lo que significa que alrededor de 7.5 millones de menores de edad son hostigados, intimidados, víctimas de discriminación o golpeados en su entorno escolar.

Otras cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, han revelado que del 2001 al 2011, más de 231 mil niños sufrieron algún tipo de maltrato, lo que representó el 20 por ciento del total de hechos denunciados ante el Ministerio Público, revelando que los estados con el mayor índice de maltrato infantil mediante esta forma de violencia o acoso escolar son Guanajuato, Yucatán, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa.

Por eso, los esfuerzos de los gobiernos y autoridades educativas por erradicar la violencia en las escuelas, tanto en nuestro país como en el exterior, no se ha hecho esperar, casos muy significativos han sido los de Puerto Rico, Perú, Chile y Canadá, que cuentan con una legislación específica para combatir este problema social y cuyo análisis de contenido conforma parte de la base jurídica comparada sobre la que se ha estructurado la presente iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en México, para prevenir y atender la violencia y el acoso escolar.

En el ámbito nacional, los esfuerzos públicos por atender este fenómeno socio-educativo han sido diversos e igualmente importantes y marcan, sin duda, un precedente legislativo para la elaboración de la presente iniciativa de reforma, partiendo de enfoque de atención particular o regional hacia la adopción de una estrategia legislativa general que resuelva similares problemas en todo el país.

Los casos de regulación normativa sobre el tema en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Distrito Federal, Nayarit y Puebla, dejan constancia de ello.

El interés por aprobar una legislación nacional que atienda la violencia y el acoso escolar no son tampoco un caso inédito. Desde el año 2010 diferentes compañeras y compañeros Diputados y Senadores de esta y anteriores legislaturas, entre los que se encuentran los Senadores Mario Delgado, Mariana Gómez del Campo, José María Martínez y otros, han destacado la urgente necesidad de anteponer integralmente esta problemática.

A través de distintas iniciativas, puntos de Acuerdo y participaciones parlamentarias hemos expresado en reiteradas ocasiones nuestra preocupación por el incremento indiscriminado de este fenómeno social que ya ha causado la muerte de varios menores de edad, a consecuencia de acoso escolar o maltrato, como fue el caso del niño Jonathan Ortiz Avalos, del estado de Jalisco, denunciado en esta misma tribuna parlamentaria hace uno cuantos días.

Definitivamente, la violencia y acoso escolar, o bullying, es un problema muy grave que trae consecuencias para el buen desarrollo físico, psíquico y social de los niños y niñas agredidos. Los afectados, por lo general, se encuentran en pleno proceso de búsqueda de su identidad, y este fenómeno afecta gravemente el desarrollo de su personalidad; disminuye su autoestima; les genera sentimientos de miedo, vergüenza, debilidad y frustración; les provoca una baja en su rendimiento escolar; marginación, desinterés por el trabajo en equipo, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y salidas falsas, lamentablemente algunos niños y adolescentes, para no tener que soportar más esa situación, se quitan la vida.

No podemos callar e ignorar la grave problemática que estamos viviendo en diferentes establecimientos escolares de todo el país, estos hechos nos obligan a revisar a la brevedad posible todos los esfuerzos legislativos y antecedentes con los que hoy se cuentan, conjuntamente con la iniciativa que ahora se presenta, para contar con una legislación general en México que atienda urgentemente de forma integral y con un enfoque multifactorial y restaurativo este peligroso problema social.

Es por eso que nos hemos propuesto establecer en la legislación federal del sector educativo políticas públicas para erradicar esta práctica tan inhumana, que haga responsables a los adultos encargados de la educación de los niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente para que se asuma desde el Estado un mayor compromiso para prevenir, atender y eliminar estas malas conductas.

La presente iniciativa forma parte de la idea de no atender la violencia en el entorno escolar como un problema aislado, sino como un problema multifactorial que debe ser atendido desde un enfoque integral, donde todos los miembros de la comunidad educativa se involucren en el diseño y desarrollo de estrategias, lineamientos y protocolos para la prevención y atención de la violencia y acoso escolar, el fomento de la sana convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la educación en derechos humanos y la cultura de paz en los centros escolares.

La iniciativa pondera la etapa de la prevención de la violencia, como una parte fundamental de la política educativa, pues no sólo ha establecido la obligación del Estado para la adopción de mecanismos que prevengan y atiendan la violencia y el acoso en cada establecimiento escolar, sino que ha puesto énfasis en el desarrollo de un programa especial de sana convivencia escolar donde se arraigue una nueva cultura de convivencia escolar libre de violencia que involucre a toda la comunidad educativa en la construcción conjunta de la paz. Para ello, se han ampliado las facultades de los Consejos Escolares de Participación Social y se ha previsto la creación de los Comités de Sana Convivencia Escolar y las unidades de atención integral, que dependerá directamente de éstos pero con funciones de atención y resolución pacífica de conflictos, promoción y fomento de una convivencia libre de violencia y prevención de acciones de acoso escolar. En estos comités se ha asegurado la participación obligada de padres de familia, personal docente, directivos, cuerpo administrativo y representantes estudiantiles de cada grupo escolar, como un principio de participación democrática y construcción colectiva de soluciones, mientras que para las unidades de atención integral se ha dispuesto la necesaria participación de trabajadores sociales, médicos escolares y psicólogos educativos debidamente capacitados para el apoyo profesional a los menores.

Dentro de la iniciativa se ha realizado una muy breve descripción de los tipos y modalidades de violencia y acoso escolar, así como de sus consecuencias, sanciones y mecanismos de atención integral, pero bajo un enfoque restaurativo, es decir, no bastará el resarcimiento de los daños físicos o morales ocasionados, es indispensable adoptar medidas profesionales para asegurar que tanto los responsables del daño, como los afectados puedan continuar el desarrollo de sus vidas personal escolar y familiar, bajo condiciones de normalidad física, psicológica, emocional, sexual y de inclusión social, erradicando en lo posible este grave problema social de los centros escolares de nuestra población.

Finalmente, se ha planteado dentro del contenido de la presente reforma de Ley General de Educación, la obligación de la autoridad educativa para emitir los reglamentos necesarios que establezcan los derechos de los estudiantes a su seguridad; a estudiar en un ambiente sano; a su intimidad y dignidad personal; así como las obligaciones de los estudiantes, docentes, directivos y demás personal administrativo, las reglas de comportamiento y sanciones disciplinarias respectivas.

En ese sentido, no solo es indispensable que el Estado adopte políticas públicas y medidas legislativas regulatorias y coercitivas, como la iniciativa de mérito que se propone, sino también es urgente que quienes legislamos en esta materia, con el apoyo de todos los sectores público, social y privado, responsables de la educación de nuestros hijos y adolescentes, asumamos un mayor compromiso para prevenir y erradicar estas conductas antisociales.

México requiere y exige el desarrollo de una sociedad pacífica, armónica, responsable y con mayor calidad de vida, pero sobre todo libre de violencia en la escuela, en la casa y en las propias comunidades sociales.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Sen. Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la RepUblica
PRESENTE.

Los que suscribimos, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, en nuestro carácterde Senadores de la República a la LXII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 164,169 y 172 del Reglamento del Senado y demás disposiciones aplicables, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma: El artículo 69 incisos c) y f); el Ultimo párrafo del mismo artículo y el artículo 76 fracción III; y se adiciona: la fracción XIII del artículo 14, recorriéndose la subsecuente; la Sección Seis del Capítulo Cuarto, con los artIculos 53 bis al 53 bis 9 y la fracción XVII del artIculo 75 de la Ley General de Educación, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. INTRODUCCION

El derecho educativo, es el “conjunto de normas, principios y conductas que regulan el proceso de formación educativa, su organización, su entorno, sus actores, y su inserción en la comunidad, para el logro del desarrollo humano”, desarrollo, que en muchas ocasiones se ve mermado en los niños y niñas que sufren de bullying.

Los estudios sobre el bullying, también conocido como violencia, hostigamiento o acoso escolar, tuvieron sus inicios en los años setentas, como objeto central de la investigación realizada por el Doctor Dan Olweus, quien estableció que en situaciones en donde “un estudiante es acosado o victimizado, o cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes” está siendo víctima de bullying o acoso escolar, siendo también uno de los pioneros a nivel internacional, al crear el Proyecto Bergen, el primer programa anti-acoso escolar en Noruega.

El acoso escolar o bullying, hace referencia a una forma de agresión en la que interviene alguien que agrede, alguien que es agredido y los testigos en general. En esta relación, la violencia va más allá de la forma de solucionar un conflicto y en algunas ocasiones puede ocurrir sólo con un fin lúdico; además, suele ser unidireccional, lo que genera desequilibrio entre las partes.

El bullying tiene características que lo definen como un concepto en sí mismo de acuerdo a cuatro elementos centrales:

1. El bullying, es una forma de comportamiento violento, intencional, dañino y persistente, que se puede ejercer durante semanas o incluso meses, y supone una presión hacia las víctimas que las deja en situación de completa indefensión.

2. El bullying, es un fenómeno que normalmente ocurre entre dos (o más) iguales, la semejanza más común reside en la edad. A pesar de esta coincidencia, debe existir un desequilibrio entre los participantes (de poder) con el fin de que a través del abuso se domine e intimide al otro.

3. El bullying, son actos negativos generalmente deliberados, reiterativos, persistentes y sistemáticos. Se trata de actos que pocas veces son denunciados, pues en la mayoría de los casos el agredido no puede defenderse y se generan en él muchos sentimientos encontrados que le impiden pedir ayuda.

4. En el caso del bullying puede o no haber daños físicos, pero siempre hay daño psicológico o emocional, característica necesaria para definir una conducta como bullying.

De acuerdo a Olweus, los criterios para poder identificar la presencia de bullying son: a) que la víctima se sienta intimidada, excluida, o perciba al agresor como el más fuerte; y b) que las agresiones sean cada vez de mayor intensidad o en privado, y que al principio se interpreten como juego.

De igual forma los componentes estimados como básicos para que el bullying se presente son:

a) Desbalance de poder que se ejerce en forma intimidatoria al más débil y, por tanto, escogido, no al azar;

b) Con intención premeditada de causar daño; y

c) La conducta se repite en el tiempo. Esta forma de agresión puede ser física, verbal o no verbal, puede ser indirecta o relacional (daño a una relación social), por expulsión social, por esparcimiento de rumores o por coacción a otro para que intimide a la víctima.

Comúnmente en las investigaciones realizadas en materia de acoso escolar, se han clasificado a los estudiantes bajo tres categorías: agresores, víctimas y espectadores.

Psicología Iberoamericana, señala que estos estudios (Salmivalli, Lagerspetz, Bjórkqvist, Österman y Kaukiainen, 1996), dan una muestra clara de esta tipología, destacando que no sólo los acosadores y sus víctimas influyen en el acoso escolar, sino también otros compañeros de la clase debido a sus acciones o ausencia de ellas. De acuerdo con este estudio, el 87% de los escolares ha asumido uno de los diferentes roles que existen en el acoso escolar, ya que existen los que establecen alianza con los agresores y se convierten en sus asistentes o secuaces, hay otros que se alinean con las víctimas y tratan de defenderlas, y por último están los testigos o mirones, identificándose también a un estudiante más: el alumno neutral, definido como el que no se involucra en situaciones de acoso escolar o bullying (Eslea, Menesini, Morita,O´Moore, Mora-Merchán, Pereira, Smith y Zhang, 2003).

II. REGULACION INTERNACIONAL Y NACIONAL.

La prevalencia del bullying por países es variable, encontrándose estudios que reportan desde un 9% en Suecia hasta extremos alarmantes como un 54% en Lituania. En Latinoamérica existen estudios en México y Chile, que reportan porcentajes de aparición del fenómeno de 40 y 46%, respectivamente. Según el estudio realizado en Chile, la prevalencia de agresores es del 10.2%, victimas 12% y victima/ agresor de 12% (Albores-Gallo, Sauceda-García, Ruiz- Velasco & Roque-Santiago, 2011; Harel- Fisch et al., 2011).

Es un hecho irrefutable que en México y en gran parte del mundo el bullying es un fenómeno que tiene cada vez mayor fuerza y presencia en las instituciones educativas y sus alrededores, por lo que los esfuerzos de los gobiernos y autoridades educativas por erradicar la violencia en las escuelas no se ha hecho esperar, casos muy significativos han sido los de Puerto Rico, Perú, Chile y Canadá, que cuentan a la fecha con una legislación específica para combatir este problema social y que conforman parte de la base jurídica comparada sobre la que se ha estructurado la presente iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en nuestro país, tal como se muestra en la siguiente tabla:

PAÍS

LEY

CONTENIDO SOBRE EL BULLYING O ACOSO ESCOLAR

PUERTO RICO

Ley número 149 (año 1999), según enmendada, conocida como LEY ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO.

*La reforma de la citada ley se llevo a cabo por medio de la Ley 49.

Artículo 3.07. - El Estudiante: Ambiente de la Escuela. El Secretario promulgará un Reglamento de Estudiantes para el Sistema de Educación Pública. Los Consejos Escolares, por su parte, adoptarán reglamentos complementarios para sus escuelas. Los reglamentos precisarán los derechos y obligaciones de los estudiantes, las normas de comportamiento en las escuelas y establecerán las sanciones que correspondan por su infracción. Tanto el reglamento que promulgue el Secretario como los que adopten los consejos escolares reconocerán el derecho de los estudiantes a su seguridad personal; a estudiar en un ambiente sano; a su intimidad y dignidad personal; a promover la formación de organizaciones estudiantiles; a una evaluación justa de su trabajo académico; a que se custodien debidamente los documentos relacionados con su historial académico y su vida estudiantil; a seleccionar su oficio o profesión libremente; a recibir servicios de orientación vocacional u otros servicios especializados; a una educación que les permita proseguir estudios superiores o les proporcione acceso al mercado de trabajo dentro y fuera de Puerto Rico; y a organizar y participar en las actividades de sus escuelas.

Los reglamentos también reconocerán la obligación de los estudiantes de asistir a la escuela; de cumplir sus tareas escolares; de ser honestos; de auxiliar a sus compañeros; de respetar la integridad física y moral de sus maestros y compañeros; de prestar servicios a su escuela y a la comunidad en casos de emergencia; y de respetar el derecho de los demás alumnos a estudiar.

PERÚ

LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

*Ley número 29719.

Art. 1 La presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas

Art. 2 Alcance de la ley. Esta ley regula la prohibición del acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades, cometido por los alumnos entre sí, que provoca violencia y saldo de víctimas.

Art. 4 Consejo Educativo Institucional (CONEI). El Consejo Educativo Institucional (CONEI) de cada institución educativa realiza, además desus atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus manifestaciones; acuerda las sanciones que corresponden y elabora un plan de sana convivencia y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emitidas de el Ministerio de Educación, que recogen y concretan los valores, objetivos y prioridades de actuación que orientan y guían el mutuo respeto y la solución pacífica de los conflictos.

Art. 5. Obligaciones del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones:

1. Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que sea entendida por todos los miembros de la institución educativa.

2. Diseñar un boletín informativo sobre los principios de sana convivencia para ser difundido entre las instituciones educativas.

3. Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar.

4. Supervisar el cumplimiento de esta Ley.

5. Formular sus estadísticas, de conformidad con el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 11, para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este fenómeno.

Art. 6 Obligaciones de los docentes. Los docentes y los miembros del personal auxiliar de la institución educativa tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato ante el Consejo Educativo Institucional (CONEI) los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso entre estudiantes, incluyendo aquellos que se comprometan por medios telefónicos, electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados. Para tales casos dichos consejo se reúne dentro de los dos días siguientes para investigar la denuncia recibida y la resuelve en un plazo máximo de siete días...

+

CHILE

LEY NÚM. 20.536 SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR.

*A través de esta Ley se hicieron modificaciones al decreto con fuerza de ley número 2, del Ministerio de Educación, del año 2010, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley número 20.536 sobre Violencia Escolar.

Artículo 16 A. Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.

Artículo 16 B. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último,

maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.

Artículo 16 D. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento

...

Artículo 16 E. El personal directivo, docente, asistentes de la educación y las personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares al interior de todos los establecimientos educacionales recibirán capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto.

CANADÁ

CARTA DE ESCUELAS SEGURAS

(Provincia de Manitoba, Canadá año 2004).

Se dispone que el bullying o abuso físico, sexual o psicológico, verbal, escrito o de cualquier otra manera es inaceptable. La Carta requiere que todas las escuelas desarrollen códigos de conducta y planes de emergencia en consulta con los Comités asesores de la escuela.

* Durante el año 2009, fue introducido a la Asamblea Legislativa de Alberta el proyecto de ley Bill 206. Esta iniciativa proponía incorporar a través de programas medidas educativas en las que participaría los abusadores o acosadores. La legislación requería que todos los incidentes de bullying fueran reportados al director que consultaría después con un oficial de policía y con la junta escolar, quien a su vez reportaría todos los incidentes al Ministerio de Educación antes del término del año escolar.

Además de las regulaciones legislativas específicas realizadas en materia de prevención y atención de la violencia y acoso escolar, existen diversos instrumentos y protocolos internacionales suscritos por diversos países y organismos para la atención integral de este problema como el “Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz de los Derechos Humanos y la Democracia” de la 28ª Reunión de la Conferencia General de la UNESCO y la “Declaración del Programa de Acción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1999”.

En el ámbito nacional, los esfuerzos públicos por atender este fenómeno socio-educativo han sido también diversos e igualmente importantes y marcan sin duda, un precedente legislativo para la elaboración de la presente iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, partiendo de enfoque de atención particular o regional hacia la adopción de una estrategia legislativa general que resuelva similares problemáticas en todo el país, como se muestra en la siguiente tabla:

AGUASCALIENTES

Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes.

Artículo 8°.- La educación que se imparta dentro del Estado de Aguascalientes tendrá como fines:

I. a IV. …

V. Instruir en la observancia de la Ley, la justicia y los derechos humanos; así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones;

VI. a X.

BAJA CALIFORNIA

Ley de Educación del Estado de Baja California.

Artículo 14.- La Educación que impartan el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial en cualquiera de sus tipos, niveles y modalidades, deberá sujetarse a los principios establecidos por el artículo 3ro. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá los siguientes fines:

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones...

CAMPECHE

Ley de Educación del Estado de Campeche.

Artículo 13.- Compete al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte:

XXII.- Difundir los derechos de la niñez y la adolescencia, así como los mecanismos y canales de prevención y denuncia de abusos a su integridad física y mental, entre el alumnado de las escuelas de educación básica en el Estado, en colaboración con los demás organismos competentes;

XXII-Bis.- Promover en todo el sistema educativo estatal mecanismos de prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones.

DISTRITO FEDERAL

Ley para la promociónde la convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general en el Distrito Federal y tienen por objeto:

I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de género y de derechos humanos de la infancia y juventud, orienten el diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir la violencia en el entorno escolar, especialmente el maltrato escolar que se presenta en los niveles básico y medio superior que se imparten en el Distrito Federal;

II. Diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las personas que integran la comunidad educativa a una vida libre de violencia en el entorno escolar promoviendo su convivencia pacífica;

III. Impulsar la coordinación interinstitucional para atender, contribuir a erradicar y prevenir la violencia en el entorno escolar y el maltrato escolar;...

NAYARIT

Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Nayarit.

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general y tienen por objeto:

I. Establecer las normas conforme a las cuales se llevarán a cabo las acciones en materia de seguridad escolar;

II. Procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos elementos que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar y la propia sociedad, así como establecer las bases para el funcionamiento de los organismos encargados de diseñar y aplicar las políticas que surjan sobre la base de dicha comunicación;

III. Regular las acciones, proyectos y programas en la materia de corto, mediano y largo plazo, que permitan su seguimiento y evaluación constante, así como una eventual rectificación;

PUEBLA

Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Artículo 1.- Las disposiciones establecidas en la presente Ley son de orden público e interés general en el Estado Libre y Soberano de Puebla y tienen por objeto:

I.- Establecer los lineamientos conforme a los cuales se deberán realizar las acciones de prevención y ejecución en materia de seguridad escolar en las Escuelas del Estado;

II.- Crear y fortalecer vínculos permanentes entre las diferentes instancias que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar con los integrantes de ésta, a fin de mejorar la seguridad en las Escuelas;

...

IV.- Prevenir la violencia, el hostigamiento y el acoso escolar en las instituciones educativas del Estado, así como otorgar apoyo asistencial a las víctimas;

V.- Propiciar un ambiente de seguridad en las escuelas, generando una cultura de prevención, atención y solución de riesgos que puedan surgir en cualquier momento en las escuelas; así como fomentar la participación de maestros, padres de familia, alumnos y autoridades en estas actividades; y

VI.- Establecer un Programa de Seguridad Escolar Integral, que servirá de instrumento rector para el diseño e implementación de programas en materia de seguridad escolar, los que una vez aprobados deberán ser de observancia obligatoria para las instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, estudiantes y en general para los habitantes del Estado.

III. ESTADISTICAS

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, (ENADIS 2010), revela algunas estadísticas acerca de las vivencias desagradables de los menores en su entorno escolar. Por ejemplo, se afirma que 5.1% de los niños entre 9 y 11 años de edad experimenta enojo, tristeza o miedo en la escuela; 1 de cada 10 siente esta misma emoción respecto a sus maestros, y 4.2% se siente de esa forma respecto a sus compañeros de aula.

El Consejo Nacional paraPrevenir la Discriminación (CONAPRED) llevó a cabo un sondeo en el que se detalla que el 6% por ciento de los niños y el 10% de las niñas afirman que no son tomados en cuenta por sus maestros.Destaca además que 12.7% de los niños en este rango de edad aceptan que les han pegado en la escuela y 25.5%, que han sido insultados. Al 7.8% los han hecho sentirse avergonzados; 36.5% asegura que los han hecho enojar.

Los niños son más insultados (31% a 19%) e ignorados (18% a 10%) que las niñas, mientras que las niñas han sentido más vergüenza (10% y 6%).

Así también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que en México al menos un 40% de los estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas, han sido víctimas de bullying, lo que significa que alrededor de 7.5 millones de menores de edad son hostigados, intimidados, víctimas de discriminación o golpeados en su entorno escolar, además que en México tres de cada 10 alumnos de primaria han sufrido alguna agresión física por parte de un compañero, por lo que “ante el riesgo que representa para 18 millones 781 mil 875 niños que estudian primaria o secundaria ser víctima de este fenómeno, es imprescindible reforzar las acciones para erradicar esta práctica nociva”.

IV. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS E INICIATIVAS

De acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, de 2001 al 2011, más de 231 mil niños sufrieron algún tipo de maltrato, lo que representó el 20 por ciento del total de hechos denunciados ante el ministerio público, revelando que los estados con el mayor índice de maltrato infantil son Guanajuato, Yucatán, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa.

En tanto, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado y diversas compañeras y compañeros Senadores, a través de distintas iniciativas y puntos de acuerdo parlamentario, hemos expresado en reiteradas ocasiones nuestrapreocupación por el incremento indiscriminado de este fenómeno social que ya ha causado la muerte de menores de edad, a consecuencia de acoso escolar o maltrato, como el ocurrido, por cierto, recientemente en el estado de Jalisco, con el caso de Jonathan Ortiz Ávalos, quien falleció la mañana del pasado30 de marzo, debido a un problema de salud generado por una infección pulmonar derivada de la sumersión en el excusado de los baños de su escuela primaria, para quitarle el dinero que le daban para gastar, de acuerdo a la versión de la víctima.

Este caso, como otros tantos, no puede quedar impune, ni tampoco podemos callar e ignorar la grave problemática que estamos viviendo en diferentes establecimientos escolares en todo el país, lo que sin duda debe obligarnos a revisar a la brevedad posible todos los esfuerzos legislativos y antecedentes con los que hoy se cuentan, conjuntamente con la iniciativa que ahora se presenta, para contar con una legislación general en México, que atienda urgentemente de forma integral y con un enfoque multifactorial este grave problema social.

En la siguiente tabla, se muestran algunas de las propuestas presentadas por los Diputados y Senadores, respectivamente, acerca de la regulación del Bullying en México:

NOMBRE

PARTIDO

FECHA

PROPUESTA

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Partido Acción Nacional.

Martes, 02 de Abril de 2013.

Proposición con punto de acuerdo relativo al bullying.

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO

Partido de la Revolución Democrática

11 de diciembre del 2012

Iniciativa de Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar

SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA

Partido Acción Nacional

11 de diciembre del 2012

Iniciativa General de convivencia, prevención y atención del acoso escolar.

DIP. JAIME AGUILAR ÁLVAREZ Y MAZARRASA

Partido Revolucionario Institucional.

Miércoles, 22 de Agosto de 2012

Solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a cumplir con su obligación y responsabilidad en el combate al fenómeno que ocurre en las escuelas denominado “bullying”, de acuerdo a las resoluciones del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación.

DIP. GERARDO DEL MAZO MORALES

Nueva Alianza

Miércoles, 06 de Julio de 2011

Se exhorta a los congresos locales a atender y regular la problemática que representa la violencia escolar (bullying) en los niños y adolescentes de nuestro país.

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO

Partido de la Revolución Democrática

Martes, 16 de Noviembre de 2010.

Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar una investigación de manera fehaciente respecto a los casos de bullying que se presentan en las escuelas de educación básica y a fortalecer las medidas de vigilancia de las escuelas que permitan establecer políticas públicas que combatan este fenómeno social de agresión entre los menores.

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

//

Lunes, 13 de Diciembre de 2010

Se exhorta a las autoridades educativas de los órdenes federal y estatal de gobierno a reforzar las acciones en contra de la violencia entre pares, comúnmente denominada bullying, a efecto de favorecer ambientes libres de violencia y discriminación.

V. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

La violencia dentro y fuera de las aulas ha sido difundida con mayor celeridad debido a varios casos propagados en las redes sociales y los canales de videos por internet, y por la televisión, dando cuenta de la violencia que se vive al interior de las aulas educativas, situación que ha generadouna gran preocupación en la sociedad mexicana.

El bullying, es un fenómeno que se da dentro de una situación asimétrica entre el afectado y el agresor, y el carácter repetitivo que presenta en el tiempo, haciéndose cada vez más frecuente en las escuelas. En México a pesar de que actualmente se ha hecho presente en la mayoría de los establecimientos educativos, no se le ha dado al tema la importancia que merece, ni por parte de las autoridades, ni por parte de los padres, profesores, y de todos aquellos que inciden en la educación de los niños y adolescentes.

El agresor regularmente actúa de forma cobarde e insidiosa, acosando al afectado en situaciones de soledad, en los pasillos, en los baños, en el comedor, en el patio de juegos, etc., razón por la cual, los maestros y maestras, en muchas ocasiones no están enterados, o bien sirven de cómplices.

El bullying, no se trata únicamente de un empujón o comentario groseros, sino que se trata de una situación alarmante y delicada, ya que si no se detiene a tiempo puede provocar daños emocionales, psicológicos y físicos en el afectado, incluso puede dar paso al suicidio.

Definitivamente el acoso escolar o bullying, es un problema grave, que trae consecuencias para el buen desarrollo físico, psíquico, y social de los niños y niñas agredidos. Los afectados, por lo general se encuentran en pleno proceso de búsqueda de su identidad, y este fenómeno afecta gravemente el desarrollo de su personalidad; disminuye su autoestima; les genera sentimientos de miedo, vergüenza, debilidad y frustración; les provoca una baja en su rendimiento escolar; marginación, desinterés por el trabajo en equipo, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, lamentablemente algunos chicos, para no tener que soportar más esa situación se quitan la vida.

Por lo que si no surgen acciones legislativas y de política educativa encaminadas a frenar este fenómeno, el niño o niña agresores, comenzaran a tener la firme creencia de que gozan de completa impunidad frente a hechos que son abiertamente dañinos, mal acostumbrándose al abuso de poder, lo que es además sumamente peligroso para el desarrollo de sus relaciones futuras.

Todos los niños, niñas, y adolescentes tienen el pleno derecho a ser educados en un ambiente de calidad y libre de violencia, pero también tienen deberes, y uno de ellos es el respeto hacia los que le rodean.

Esta es una de las principales razones que motivan la presente reforma legislativa, para establecer desde la legislación general políticas públicas para erradicar esta práctica tan inhumana, que haga responsables a los adultos encargados de la educación de los niños, niñas, y adolescentes y fundamentalmente para que se asuma desde el Estado un mayor compromiso para prevenir, atender y eliminar estas malas conductas.

La presente iniciativa, parte de la idea de no atender la violencia en el entorno escolar como un problema aislado, sino como un problema multifactorial que deber ser atendido desde un enfoque integral, donde todos los integrantes de la comunidad educativa se involucren en el diseño y desarrollo de estrategias, lineamientos y protocolos para la prevención y atención de la violencia y acoso escolar, el fomento de la sana convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la educación en derechos humanos y la cultura de paz en los centros escolares.

La iniciativa pondera la etapa de la prevención de la violencia, como una parte fundamental de la política educativa, pues no sólo ha establecido la obligación del Estado para la adopción de mecanismos que prevengan y atiendan la violencia y el acoso en cada establecimiento escolar, sino que ha puesto énfasis en el desarrollo de un programa especial de sana convivencia escolar donde se arraigue una nueva cultura de convivencia escolar libre de violencia que involucre a toda la comunidad educativa en la construcción conjunta de la paz. Para ello, se han ampliado las facultades de los Consejos Escolares de Participación Social y se ha previsto la creación de los Comités de Sana Convivencia Escolar, que dependerá directamente de éstos pero con funciones de atención y resolución pacífica de conflictos, promoción y fomento de una convivencia libre de violencia y prevención de las acciones de violencia y acoso escolar.En estos Comités se ha asegurado la participación obligada de padres de familia, personal docente, directivos, cuerpo administrativo y representantes estudiantiles de cada grupo escolar, como un principio de participación democrática y construcción colectiva de soluciones.

Dentro de la iniciativa se ha realizado una muy breve descripción de los tipos y modalidades de violencia y acoso escolar, así como de sus consecuencias, sanciones y mecanismos de atención integral, pero bajo un enfoque restaurativo, es decir no bastará el resarcimiento de los daños físicos o morales ocasionados, es indispensable adoptar medidas profesionales para asegurar que tanto los responsables del daño, como los afectados puedan continuar el desarrollo de sus vidas personal, escolar y familiar, bajo condiciones de normalidad física, psicológica, emocional, sexual y de inclusión social, erradicando en lo posible este grave problema social de los centros escolares.

Para ello, se contempló dentro de la presente reforma la creación de las unidades de atención integral y restaurativa de la violencia y el acoso escolar, como instancias escolares que en cada centro de educación básica y media superior atienda de manera profesional las funciones de mediación, conciliación del conflicto escolar y en su caso, los daños físicos, psicológicos, morales, sexuales o de exclusión social ocasionados por violencia o acoso escolar, bajo un enfoque integral y restaurativo, con apoyo de trabajadores sociales, médicos escolares y psicólogos educativos, capacitados para la atención de este tipo de asuntos y con el apoyo, en su caso de otras instancias públicas, privadas o sociales especializadas.

Finalmente, se ha planteado dentro del contenido de la presente reforma a la Ley General de Educación, la obligación de la autoridad educativa para emitir los reglamentos necesarios que establezcan los derechos de los estudiantes a su seguridad; a estudiar en un ambiente sano; a su intimidad y dignidad personal; a las obligaciones de los estudiantes y sus normas de comportamiento; a las obligaciones para los docentes y los miembros del personal de las instituciones educativas, así como sus sanciones disciplinarias respectivas.

En este sentido, no solo es indispensable que el Estado adopte políticas públicas y medida legislativa al respecto, como en esta iniciativa se propone, sino también es urgente que quienes legislamos en estas materias, con el apoyo de todos los sectores público, social y privado, responsables de la educación de nuestros niños y adolescentes, asumamos un mayor compromiso para prevenir y erradicar estas conductas antisociales.

México requiere y exige el desarrollo de una sociedad pacífica, armónica, responsable y con mayor calidad de vida, pero sobre todo libre de violencia en la escuela, en la casa y las propias comunidades sociales.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación para quedar como sigue en el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico: Se REFORMA: El artículo 69 incisos c) y f); el último párrafo del mismo artículo y el artículo 76 fracción III; y se ADICIONA: la fracción XIII del artículo 14, recorriéndose la subsecuente; la Sección Seis del Capítulo Cuarto, con los artículos 53 bis al 53 bis 9 y la fracción XVII del artículo 75 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I a la XII…

XIII. Diseñar e instrumentar estrategias, lineamientos, acciones pedagógicas y protocolos para la prevención y atención de la violencia y acoso escolar, el fomento de la sana convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la educación en derechos humanos y la cultura de paz en los centros escolares, tomando en cuenta las opiniones de todos los integrantes de la comunidad escolar.

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables

CAPITULO IV

DEL PROCESO EDUCATIVO

Sección seis

De la Prevención de la Violencia y Acoso Escolar 

Artículo 53 Bis. Es obligación del Estado garantizar que cada institución educativa de nivel básico y medio superior,  cuente con una política encaminada a promover la sana convivencia escolar, la resolución pacífica de conflictos y una cultura de paz, tolerancia y no discriminación, en concordancia con el proyecto educativo del país; por consiguiente prevenir y evitar todo tipo de violencia del personal de la institución hacia los estudiantes o entre éstos,cometida por cualquier medio.

Artículo 53 Bis. 1. Es obligación del Estado garantizar condiciones para que alumnas y alumnos ejerzan su derecho a una vida libre violencia en el entorno escolar, a estudiar en ambiente de respeto mutuo, a que se preserve su integridad física, psicológica y moral y se promueva el ejercicio pleno de sus demás derechos humanos. Por tanto, se implementarán políticas públicas de prevención de la violencia, cultura de paz y respeto a los derechos humanos, que tomarán en cuenta los ámbitos familiar, comunitario y escolar, y garantizaran la participación de las y los estudiantes.

Las políticas, reglamentos o programas en materia de prevención de la violencia escolar tomarán en cuenta que se trata de un problema multifactorial, por tanto, su atención responderá a un enfoque integral y restaurativo.

Las autoridades escolares deberán garantizar el derecho de alumnas y alumnos a la participación y a que su opinión sea tomada en cuenta en la construcción de una cultura de paz y resolución pacífica de conflictos.

Artículo 53 Bis 2. Se entiende por violencia escolar toda conducta agresiva, intencional y dañina reiterada en el tiempo; donde existe el desequilibrio de poder entre el agredido y el agresor, provocando con ello una situación de indefensión del afectado, la cual ocurre en la escuela y sus alrededores. Puede ser ejercida por una o varias personas, en su calidad de estudiante, personal docente, directivo escolar, personal administrativo, familiares o tutores y que situacionalmente pueden asumir roles de reproductores o receptores de la misma, tanto de forma directa como indirecta.

Artículo 53 Bis 3. Los tipos de violencia escolar, se clasifican en acciones de violencia verbal, física,psicológica, sexual y exclusión social.

Se entiende por:

a). Violencia escolar verbal. Las acciones no corporales, como poner apodos, insultar, amenazar, expresar dichos raciales o sexistas con la finalidad de discriminar, realizaracciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas.

b). Violencia escolar física. Toda acción corporal como lesiones, excoriaciones, contusiones, formas de encierro, daño a pertenecías o cualquier otra que atente contra la integridad física de las personas.

c). Violencia escolar psicológica. Cualquier persecución, hostigamiento, intimidación, chantaje, manipulación y amenazas al otro.

d). Violencia escolar sexual. Cualquier acto de asedio, seducción, inducción o abuso sexual.

e). Violencia escolar por exclusión social. Cuando se ignora, se aísla y se excluye al otro.

Queda prohibido todo tipo de violencia o acoso escolar, sean reiterados o no, en forma individual y colectiva, realizados dentro de la institución educativa o en sus alrededores, aprovechando una situación de superioridad o de indefensión del afectado, que le cause a éste maltrato, humillación, temor, daño físico o psicológico u otro efecto de similares características, sin importar el medio empleado, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos.

Artículo 53 Bis 4. Los padres, madres y tutores, así como los docentes, directivos o personal administrativo que integren la comunidad educativa  tienen la obligación de informar las situaciones de violencia escolar en cualquiera de sus tipos, que afecten a un miembro de dicha comunidad.

Artículo 53 Bis 5. La Secretaría establecerá en el Reglamento respectivo los lineamientos básicos de la política de convivencia escolar, que contendrá al menos acciones de prevención de la violencia y acoso escolar, resolución pacífica de conflictos, educación en derechos humanos y cultura de paz en los centros escolares.

El reglamento a que refiere el párrafo anterior, deberá establecer las obligaciones del personal docente y administrativo, dirigidas a promover una sana convivencia y una cultura de la no violencia dentro de la institución educativa, las acciones que pueden ser consideradas como infracciones disciplinarias en el caso de los estudiantes, o faltas administrativas, en el caso del personal, y las sanciones o medidas disciplinarias que puedan ser aplicables.

Dicho reglamento deberá establecer, además el procedimiento para la aplicación de sanciones en el caso del personal y de medidas disciplinarias apropiadas a la edad de alumnas y alumnos respetando en todo momento los derechos humanos; las funciones e integración de los Comités de Sana Convivencia Escolar y de la Unidad de Atención Integral y Restaurativa de la Violencia y el Acoso Escolar; los lineamientos para su capacitación en materia de orientación, atención y resolución pacífica de conflictos; y los lineamientos para la elaboración del programa de concientización sobre la sana convivencia escolar con la participación social de todos los integrantes de la comunidad educativa.

El reglamento deberá incorporar también políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de seguridad, e indicaciones para actuar ante un acto de agresión,hostigamiento o acoso.

Artículo 53 Bis 6. En cada institución educativa se constituirá un Comité de Sana Convivencia Escolar, que dependerá directamente del Consejo Escolar de Participación Social, con funciones de concientización respecto a la sana convivencia, detección de factores y situaciones de riesgo, prevención de la violencia, atención y resolución pacífica de conflictos, promoción y fomento de una convivencia libre de violencia y prevención de las acciones de violencia y acoso escolar. Este Comité deberá estar conformado por padres de familia, personal docente, directivos, cuerpo administrativo y representantes estudiantiles de cada grupo escolar.

Artículo 53 Bis 7. Los Comités de Sana Convivencia Escolar realizarán una evaluación de los asuntos que el Consejo Escolar de Participación Social ponga a su consideración y atenderá de forma directa aquellos cuya problemática no requieran una intervención especializada, de lo contrario harán la canalización de los que estimen pertinentes a la Unidadde Atención Integral y Restaurativa de la Violencia y el Acoso Escolar para tal efecto.

Artículo 53 Bis 8. La Unidad de Atención Integral y Restaurativa de la Violencia y el Acoso Escolar, será la instancia escolar que en cada centro de educación básica y media superior atienda de manera profesional las funciones de mediación, conciliación del conflicto escolar y en su caso, los daños físicos, psicológicos, morales, sexuales o de exclusión social ocasionados por violencia o acoso escolar, bajo un enfoque integral y restaurativo.

En cada unidad de atención integral y restaurativa de la violencia y el acoso escolar, deberá participar por lo menos un trabajador social, un médico escolar y un psicólogo educativo, quienes deberán contar con capacitación especial para la atención de este tipo de asuntos.

En los casos en que la unidad señalada en el presente artículo considere necesaria la intervención o participación de otras instancias públicas, privadas o sociales especializadas, realizará la canalización correspondiente.

Artículo 53 Bis. 9. Las autoridades educativas que no cumplan con lo establecido en este artículo podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de esta ley.

Artículo 69. …

Este Consejo:

a) y b)…

c) Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos conozcan, detecten y denuncien la posible comisión de actos de violencia y acoso escolar, así como de hechos delictivos que le afecten de forma directa o indirecta.

d) y e)…

f) Propiciará la colaboración de maestros, padres de familia, trabajadores administrativos, personal directivo y estudiantes para salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos. Cuando conozca actos de violencia o acoso escolar en forma directa o a través de quejas presentadas por el afectado o por terceros, los canalizará para su atención y seguimiento al Comité de Sana Convivencia Escolar.

g) al o)…

Consejos y Comités análogos deberán operar en las escuelas particulares de educación básica y media superior.

Articulo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I a la XVI….

XVII. Infligir, permitir y no evitar todo tipo de violencia o acoso escolar hacia los estudiantes.

Artículo 76. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I y II…

III. En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIII, XIV y XVII del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que resulten contradictorias con el contenido de la presente Ley.

TERCERO. El Ejecutivo Federal emitirá el reglamento correspondiente, en las disposiciones relativas al presente decreto, dentro de los 90 días posteriores al inicio de su vigencia.

CUARTO. Las entidades federativas contarán con un plazo de 120 días para armonizar sus legislaciones educativas en materia de prevención de la violencia y acoso escolar a partir de las disposiciones generales establecidas en el presente Decreto.

QUINTO. La Secretaría de Educación Pública, dispondrá lo necesario para el adecuado funcionamiento de los Comités de Sana Convivencia Escolar y de las Unidades de Atención Integral y Restaurativa de la Violencia y el Acoso Escolar en las instituciones educativas públicas.

En su oportunidad remítase la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Titular del Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

Dado en el Pleno Legislativo de la Cámara de Senadores, a 11 de abril de 2013.

Sen. RaúlMorónOrozco.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Garza Galván.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Creo que los datos que nos comenta aquí el Senador Raúl Morón, son muy fuertes y graves, y quisiera pedirle si me permite adherirme a su proyecto de Decreto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño Senadora Hernández Lecona.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. En el mismo sentido, solicitarle al promovente, Senador Raúl Morón, si puedo signar su iniciativa.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Se toma nota, muchas gracias.

Este Senado le da la bienvenida a las alumnas y alumnos de la Universidad de Izúcar de Matamoros del estado de Puebla, invitados por el Senador Manuel Bartlett Díaz.

(Aplausos)

Igualmente, damos la bienvenida a las alumnas y alumnos del TEC de Monterrey, invitados por el Senador Félix González Canto.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

(Aplausos)

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Comúnmente utilizado en forma sinonímica para definir al acoso escolar, al hostigamiento escolar, o violencia escolar y se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. MENDOZA ESTRADA, María Teresa, La Violencia en la Escuela: bullies y víctimas, Editorial Trillas, México, 2011. Pág. 9.

Información consultada el 02 de Abril del 2013,en el sitio de internet Acosomoral.org, con el título Acoso escolar,“bullying”, en las Escuelas: hechos e intervenciones, de Dan Olweus: http://www.acosomoral.org/pdf/Olweus.pdf

ARROYAVE, Pilar, Factores de vulnerabilidad y riesgo asociados al bullying, Revista CES Psicología, ISSN 2011-3080, Universidad CES, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, Volumen 5 Número 1 Enero-Junio 2012 p.119

COBO OCEJO, Paloma, y TELLO GARRIDO, Romeo, Bullying en México, Conductas violentas en niños y adolescentes, Editorial Quarzo, Primera Edición, México, 2008. Pág. 56.

Ibídem

MENDOZA GONZÁLEZ, Brenda, Bullying entre Pares y el Escalamiento de Agresión en la Relación Profesor-Alumno, Psicología Iberoamericana, vol. 19, núm. 1, enero-junio, 2011, Universidad Iberoamericana México, p. 59.

ARROYAVE, Pilar. p. 119.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 2o. Y 8o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Presentada por la C. Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM)

- La C. Senadora Ninfa Salinas Sada: Con su venia, señor Presidente.

Hago uso de la voz para proponer reformas a los artículos 2o. y 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

El problema identificado es que la autoridad administrativa puede solicitar se nulifique prácticamente cualquier resolución favorable al particular, con el peligro de convertir el juicio de lesividad en un instrumento malicioso que desnaturaliza esta figura y la aleja de su propósito original, que es combatir resoluciones ilegales contra el fisco.

La solución propuesta es establecer la imposibilidad para la autoridad de solicitar nulidad o revocación de una resolución, si esta se emitió basada en una interpretación jurisprudencial vigente, al momento de resolución, o bien, si se pretende nulificar con fundamento en ley o jurisprudencia posterior.

Justificamos la improcedencia en los casos anteriores, en el principio constitucional de irretroactividad de la ley. También proponemos que la autoridad deberá comprobar que la resolución se consiguió de mala fe, con engaños, induciendo al error o por corrupción.

La legislación debe establecer candados y límites claros al actuar de la autoridad, en defensa del contribuyente.

El abuso en el uso de figuras como estas ocasionan graves vulneraciones al principio de seguridad jurídica.

Es injusto que un contribuyente preocupado por cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, acuda a la autoridad para preguntar sobre el modo del cumplimiento de estas, y no obstante haber obtenido una respuesta favorable, sea esa misma autoridad quien se retracte de su respuesta y demande con posterioridad su nulidad, con consecuencias obviamente negativas para el particular.

Esta iniciativa se presenta para asegurar que la autoridad actúe de manera responsable y objetiva.

Con fundamento en lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Senadores, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 2o. y el artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, fracción I y 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma los artículos 2° y 8° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el derecho mexicano la materia administrativa, y la rama fiscal, resultan muytécnicas y complejas en su interpretación. Existen múltiples disposiciones que generan dudas, permitiendo al menos, dos interpretaciones con efectos fiscales distintos.

Afortunadamente los particulares tienen la posibilidad de formular a la autoridad fiscal, consultas. La consulta en materia fiscal es el derecho de petición que puede ejercer todo contribuyente, a efecto de que la autoridad fiscal comunique su postura con respecto a la regulación que le corresponde aplicar en su carácter de ente público regulador.

Su fundamento constitucional es el artículo 8°, el cual establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.

Por su parte, el artículo 34 del Código Fiscal Federal, dispone:

Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente.

La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente:

I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto.

II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad.

III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta.

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable.

Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas.

Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este Código.

En efecto, el particular para evitar conductas que le generen como contribuyente, un efecto legal negativo, realiza una consulta sobre situaciones reales y concretas para obtener seguridad jurídica en la interpretación y aplicación de alguna disposición de carácter fiscal que resulte poco clara en cuanto a su alcance y contenido, o bien, genere varias interpretaciones.

La respuesta no obliga al particular, y no constituye instancia, tal como lo estipula el artículo 36.

Artículo 36.- Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones administrativas de carácter general, estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución.

Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal.

Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes.

Lo anterior significa que una respuesta desfavorable no obliga al particular y no es impugnable, hasta que sea sustento de una resolución definitiva; sin embargo, la contestación favorable no podrá ser revocada por la propia autoridad que contestó, y sólo podrá acabar con sus efectos acudiendo al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa demandando la nulidad del acto en el proceso conocido en la doctrina, como juicio de lesividad.

El juicio de lesividad es un procedimiento administrativo especial, iniciado por la Administración Pública para revocar o nulificar un acto administrativo dictado por la misma autoridad, por error o que perjudique al fisco. 1

Su fundamento jurídico es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 2° y el Código Fiscal de la Federación, artículo 36. Esta institución es un instrumento necesario en la legislación nacional, toda vez que sería contrario a un sistema de justicia, reconocer plenos efectos a una resolución obtenida de manera ilegal.

Sin embargo, es injusto que un contribuyente preocupado por cumplir en tiempo y forma sus obligaciones fiscales, acuda a la autoridad a preguntar sobre el modo de cumplimiento de estas, y no obstante haber obtenido una respuesta favorable, sea esa misma autoridad quien se retracte de su respuesta y demande, con posterioridad, su nulidad.

Esto no solo atenta contra la certeza jurídica, además, permite la posibilidad de generar repercusiones económicas negativas para el contribuyente como resultado de un error de la propia autoridad o por aplicar disposiciones no vigentes en el momento de la resolución.

Imaginemos, un contribuyente consulta sobre la interpretación de una disposición fiscal, recibe una respuesta y en función de ella cumplimenta sus obligaciones fiscales. Sin embargo, tiempo después, la misma autoridad que contestó a su solicitud, cambia de criterio por considerar estuvo en un error, un cambio de funcionario interpreta de manera distinta, o incluso por existir jurisprudencia o legislación posterior que sustentan una interpretación distinta. De nulificarse la respuesta, se tendrá que pagar intereses, actualizaciones, recargos e incluso multas, por haber actuado de una manera incorrecta pero en su momento confirmada por la misma autoridad.

Resulta peligroso permitir que la autoridad esté facultada para impugnar cualquier resolución administrativa favorable al particular. El abuso en el uso de figuras como el juicio de lesividad, ocasionan graves vulneraciones al principio de seguridad jurídica.

La legislación debe determinar con precisión los supuestos de procedencia del juicio de lesividad y establecer candados y límites claros al actuar de la autoridad, en defensa del contribuyente.

Permitir a la autoridad fiscal, impugnar cualquier determinación favorable al particular, fundada en criterios que ella misma utilizó o confirmó, incitaría un actuar irresponsable y abusivo. El funcionario, sabiendo que pese a confirmar o aplicar criterios incorrectos, tiene la posibilidad de, en un futuro, cambiarlos, no obstante y esto pueda ser más perjudicial para el contribuyente que haber negado la aplicación de un criterio de interpretación, en el momento oportuno. De igual forma, la autoridad tendría amplias facultades para solicitar revocaciones a sus propios actos, sobre cualquier resolución favorable al particular.

Como legisladores no debemos permitir siquiera, la posibilidad de que las autoridades fiscales por simple cambio de criterio en la interpretación de alguna disposición legal, fundada en cambio de administración o de funcionarios; eviten responsabilidades y causen perjuicios a los sujetos privados.

El problema identificado es dejar al arbitrio que la autoridad elija qué resoluciones favorables puede impugnar, y convertir así el juicio de lesividad en un instrumento malicioso que desnaturalizará la figura y se aleja de su propósito original, combatir resoluciones ilegales.

La solución propuesta es establecer límites claros a los supuestos de procedencia del juicio de lesividad.

Se propone establecer la improcedencia del juicio de lesividad en los siguientes casos:

• Si la resolución favorable a un particular se emitió basada en una interpretación avalada por jurisprudencia vigente al momento de la resolución.

• Si la resolución favorable se pretende nulificar con fundamento en criterios interpretativos sobre legislación o jurisprudencia que entró en vigor con posterioridad a la resolución.

Justificamos la improcedencia del juicio de lesividad en los casos anteriores, en el principio de irretroactividad en perjuicio de los particulares, tutelado en el artículo 13 constitucional.

De igual forma, para evitar la arbitrariedad y discrecionalidad en el proceso, proponemos incluir en el supuesto de procedencia del juicio de nulidad, que la resolución considerada ilegal y lesiva al fisco, se haya obtenido de mala fe engañando a la autoridad, se haya inducido al error o se haya obtenido por corrupción; entendiendo este último término como la aceptación y entrega de dinero o dádivas para conseguir un trato favorable o beneficioso, de manera ilegal.

No obstante, con los supuestos de improcedencia sugeridos, no pretendemos crear situaciones al margen del marco jurídico vigente. Es decir, si algún particular realiza una consulta sobre una situación real y concreta, su criterio de interpretación es confirmado favorablemente, pero con posterioridad se emitedisposición normativa expresa, que cambia de manera sustancial las circunstancias sobre las cuales se realizó la petición, es evidente que los efectos de la consulta se modificarán, porque los elementos facticos también lohicieron.

Se trata de interpretaciones posteriores más no de aplicación estricta, púes hemos hablado de situaciones en que disposiciones fiscales generen dudas en cuanto a su interpretación, permitiendo criterios distintos de consecuencias fiscales diversas. Cabe recordar que donde la ley no distingue, no es dable hacerlo. Y al efecto debemos recordar lo que menciona el artículo 5 del Código Fiscal Federal:

Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica.

A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.

[El resaltado es nuestro].

Con las medidas que esta iniciativa propone, pretendemos hacer valer principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley en perjuicio del contribuyente. Así en caso de las consultas en materia fiscal, el contribuyente podrá tener la certeza que de haber actuado de buena fe, proporcionar los datos suficientes y necesarios sobre una situación real y concreta, en el futuro no habrá efectos fiscales y económicos en su contra.

Con fundamento en lo anterior, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2° Y 8° DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Artículo Unico.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 2°, y se adiciona un segundo párrafo, recorriendose en el orden el subsecuente de la fracción XVI del artículo 8°, ambos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.-

Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley y se haya obtenido de mala fe engañando a la autoridad, se haya inducido al error o se haya obtenido por corrupción.

ARTICULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

I a XIV...

XVI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa.

En el supuesto que establece el párrafo tercero del artículo segundo, de esta Ley, el juicio es improcedente si se trata de nulificar o revocar, resolución favorable al particular, interpretando jurisprudencia o legislación posteriores a la resolución.

…..

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del H. Senado de la República, a 11 de abril de 2013.

Sen. Ninfa Salinas Sada”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Salinas Sada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Amparo.

1 Derecho Administrativo, Segundo Curso. Serra Rojas, Andrés. México, 2033. Ed. Porrúa. p. 831.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE AMPARO

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 1º de abril se promulgó la nueva Ley de Amparo, sin embargo, entró en vigor con deficiencias que le impiden gozar de un enfoque plenamente garantista, necesario para satisfacer las obligaciones del Estado previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. de la Constitución, es decir, en materia de derechos humanos.

Desgraciadamente, esta nueva ley no es la idónea para proteger los derechos fundamentales que nos merecemos los mexicanos. Posee enormes carencias, algunas profundamente regresivas con los derechos fundamentales, tales como: la ampliación de las causales de improcedencia, la imposibilidad de promover mediante el juicio de amparo la inconstitucionalidad de adiciones y reformas a la Constitución y el permiso que inconstitucionalmente se otorga a las autoridades administrativas para que funden y motiven el acto de autoridad hasta que rinden el informe justificado.

Es una ley que fue elaborada sin conexión necesaria y suficiente con la reforma constitucional en materia.

La legislación secundaria no desarrolla puntualmente las nuevas disposiciones constitucionales, en concreto el concepto de interés legítimo que no lo define y sólo lo enuncia en el artículo 5o. de la nueva Ley de Amparo, la cual también es omisa respecto a la regulación amplia y expresa del amparo colectivo.

Se trata de una nueva Ley de Amparo que incrementa en su artículo 61 las causales de improcedencia del juicio de amparo y con ello afecta la garantía de acceso a la justicia contemplada en el artículo 17 de la Constitución.

La Ley de Amparo del 10 de enero de 1936 estableció 18 causales de improcedencia del juicio de amparo. En la nueva Ley de Amparo existen 23 causales. Es evidente que con el nuevo reordenamiento no se busca maximizar los derechos humanos sino limitarlos al establecer nuevas causales para declarar improcedentes, sobreseer y archivar los amparos, sin entrar al estudio del fondo de los asuntos planteados, que promueven los quejosos.

Otra crítica, resulta de la causa de improcedencia para impugnar vía juicio de amparo de adiciones o reformas a la Constitución.

Lo anterior, contrario a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permitió la procedencia del amparo en contra de las reformas constitucionales que violan el procedimiento de reformas establecido en los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución.

La nueva Ley de Amparo niega el control constitucional de lo que realiza el poder revisor de la Constitución. El poder revisor de la Constitución podrá violar el procedimiento de reforma constitucional o aprobar reformas en contra de los derechos humanos y no procederá el juicio de amparo en contra de estos actos.

Se trata de una ley en materia de amparo agrario, estableció un plazo de preclusión de 7 años para promover la demanda de amparo cuando la Ley de Amparo anterior no prevenía plazo alguno.

Se trata de un retroceso derivado del modelo neoliberal que prevalece en México, en el que los derechos sociales son sistemáticamente limitados por el orden jurídico.

Se trata de una reforma que afectará a los ejidos y a los pueblos indígenas en materia de suspensión.

La Ley de Amparo vigente no sólo afectará los concesionarios mineros o a los de la televisión, la radio y las telecomunicaciones, sino también dañará los derechos de los pueblos indígenas y de los núcleos agrarios. Los derechos de los campesinos e indígenas deben estar protegidos de manera diferenciada a la de los concesionarios del espacio radioeléctrico o a la de los concesionarios mineros. La nueva Ley de Amparo no establece ningún tratamiento diferenciado. En este sentido a una modificación legal antisocial, contraria a los principios de justicia social.

Igualmente, es poco garantista con los derechos de los gobernados, privar a éstos de la posibilidad de solicitar en los amparos directos la facultad de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En síntesis, la nueva Ley de Amparo debe de seguir estudiándose y analizándose, por tal razón, y para ir corrigiendo algunas deficiencias jurídicas, presento ante esta Soberanía la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS A LA LEY DE AMPARO, CON EL OBJETO DE REDUCIR LAS EXCESIVAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA APROBADAS EN LA RECIENTE LEY DE AMPARO.

Posibilitar la procedencia del amparo en contra de las reformas constitucionales, así como la ratificación de nombramientos avalados por el Congreso de la Unión.

Obligar a que las autoridades administrativas respeten el principio de legalidad para que no funden o motiven a posteriori en el informe justificado, el acto de autoridad.

Proteger a los pueblos indígenas y a los núcleos agrarios.

Dotar a la Ley de Amparo de contenidos que garanticen efectivamente el interés legítimo, así como establecer los sujetos legitimados y procedimientos a seguir en el amparo colectivo.

Permitir que las partes de un juicio de amparo puedan solicitar a la Corte atraer un caso por su relevancia y trascendencia.

Prever el recuso de amparo en contra de las resoluciones que emitan las nuevas autoridades que se encuentran en el proyecto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 y 164, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE AMPARO PARA REDUCIR LAS EXCESIVAS CAUSALES DE IMPRODENCIA APROBADAS EN LA RECIENTE LEY DE AMPARO, DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES, OBLIGAR A QUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS RESPETEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AL EMITIR EL ACTO RECLAMADO, PROTEGER A LOS PUEBLOS INDÍGENEAS Y LOS NUCELOS AGRARIOS, IMPEDIR EL OTROGAMIENTO DE LA SUSPENSION A FAVOR DE LOS MONOPOLIOS, DOTARLA DE CONTENIDOS QUE GARANTICEN EFECTIVAMENTE EL INTERÉS LEGITIMO, ESTABLECER LOS SUJETOS LEGITIMADOS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL AMPARO COLECTIVO Y, EN GENERAL, ORIENTARLA A FAVOR DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS GOBERNADOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. El antecedente: la reforma constitucional en materia de amparo publicada el 6 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma constitucional en materia de amparo modificó los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución. Es una reforma constitucional muy ambiciosa que debe ser entendida en relación con la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó unos días más tarde en el Diario Oficial de la Federación, el día 10 de junio de 2011, en tanto que ambos cambios constitucionales, sitúan a los tratados en materia de derechos humanos en una posición preponderante en el ordenamiento y promueven la maximización de los derechos humanos en la interpretación y aplicación para su debida garantía. Entre las aportaciones más destacables de la reforma constitucional en materia de amparo podemos mencionar las siguientes: 1) Se determina que el juicio de amparo es procedente por violaciones a normas contenidas en los tratados sobre derechos humanos y no sólo por violaciones a los derechos reconocidos en la Constitución; 2) En algunos supuestos se elimina el principio decimonónico -cláusula Otero- de la relatividad de las sentencias de amparo para señalar que algunas resoluciones de amparo pueden tener efectos “erga omnes”; 3) Se proponen nuevos criterios para que la jurisprudencia tenga carácter obligatorio; 4) Se incorpora el interés legítimo en cierto tipo de amparos; 5) Amplía a los sujetos legitimados para promover contradicciones de tesis; 6) Crea los Plenos de Circuito para resolver los conflictos suscitados con motivo de las contradicciones de tesis; 7) Introduce constitucionalmente la figura del amparo adhesivo; y, 8) Limita los amparos para efectos; entre otras trascendentes innovaciones.

A pesar de la importancia de la reforma constitucional en amparo, consideramos que presenta inconvenientes indudables, entre otros los siguientes1:

1) La adición al párrafo octavo del artículo 94 constitucional establece la substanciación prioritaria de juicios de amparo, de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, cuando sean promovidas por las Cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal, principio que viola el principio de igualdad de acceso a la justicia. Se coloca a ciertas autoridades -al Congreso y al Ejecutivo- sobre otras autoridades -las autoridades estatales y municipales, por ejemplo- y se les sitúa sobre los gobernados, pues tendrán trato preferente en la tramitación de esos procedimientos en las instancias judiciales federales.

2) El párrafo noveno del artículo 94 constitucional fija la obligatoriedad de la jurisprudencia y no alude como en el texto anteriormente vigente a la modificación de la jurisprudencia (sólo la reforma refiere a interrupción y sustitución). La obligatoriedad de la jurisprudencia, aunque se supone salvaguarda la certeza y el principio de igualdad en la aplicación de la ley2, limita la independencia judicial interna y la libertad interpretativa del juzgador. Es una camisa de fuerza que obliga al juez inferior, por razones formales y no materiales o de contenido, a acatar criterios interpretativos que se imponen de arriba abajo (por tribunales superiores a tribunales inferiores). Además violenta el federalismo judicial, pues los tribunales locales deben acatar la jurisprudencia obligatoria que establecen los tribunales federales. La jurisprudencia obligatoria demuestra el autoritarismo judicial de los tribunales superiores sobre los inferiores. La jurisprudencia debiera ser, exclusivamente, indicativa para los tribunales federales. Sólo en el caso de jurisprudencia de amparo contra leyes, ésta debe ser obligatoria, a condición de que los ministros de la Corte y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos democráticamente por los ciudadanos.

3) Los párrafos 10 y 11 del artículo 94 constitucional no establecen que nadie en el poder judicial federal puede recibir emolumentos superiores a los del Presidente de la República y, tampoco se deroga el haber de retiro que perciben los ministros al dejar sus encargos. La austeridad republicana que debe privar en todas las instancias públicas, a efecto de que ningún servidor público tenga privilegios que los demás servidores y ciudadanos no tienen, no está presente en esta reforma. Ningún miembro del poder judicial federal debe recibir salarios y prestaciones superiores al presidente de la república, tal como lo dispone el vigente artículo 127 de la Constitución. En cuanto al haber de retiro del que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éste carece de fundamento constitucional e infringe el principio de igualdad entre los servidores públicos.

4) La reforma no concedió autonomía constitucional al Consejo de la Judicatura Federal, ni estableció un procedimiento democrático para la elección de los Consejeros de la Judicatura. Tampoco ciudadanizó ni incrementó sus atribuciones de disciplina, vigilancia y administración del poder judicial.

5) La fracción I, del artículo 103 constitucional es deficiente por tres motivos: 1) Por no contemplar expresamente el amparo social para proteger derechos colectivos, de grupo y difusos y, no solo para proteger, como hasta ahora, derechos individuales; 2) por no permitir la procedencia del amparo contra actos departiculares que violen derechos humanos reconocidosen la Constitución y en los tratados, así como las garantías para su protección; y, 3) Por no establecer que los tratados deben ser aprobados mediante el mismo procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional, el que se sigue para aprobar las reformas a la Constitución, añadiendo que además deben ser aprobados por los ciudadanos mediante referéndum. En una futura reforma constitucional debe adicionarse la fracción I del artículo 103 constitucional para incorporar el amparo social, colectivo y para proteger intereses difusos; para permitir la procedencia del amparo contra actos de particulares que violen derechos humanos y las garantías para su protección; y, para establecer que los tratados deben aprobarse con el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional, añadiendo el referéndum ciudadano, previa derogación de la fracción VIII del artículo 76 constitucional y XVIII del artículo 89 de la Carta Magna, preceptos que contemplan los procedimientos para aprobar los tratados.

6) El párrafo segundo del artículo 107, fracción I, de la Constitución es cuestionable, pues el interés jurídico sólo debe prevalecer en el derecho privado -mercantil y civil- porque se trata de intereses privados que en principio no tienen incidencia en el interés general, público o social. En materia administrativa, laboral, familiar o cualquiera que tenga relación con el derecho público o social, debe bastar que el quejoso aduzca un interés legítimo o un interés simple, pues aquí si se afecta en principio el interés general, público o social. Si queremos que el amparo proteja efectivamente a los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución estamos obligados a ampliar los supuestos del interés legítimo y simple y, reducir los supuestos del interés jurídico. Debe bastas el interés legítimo y simple en materias de derecho público y social y, en todo caso, se debe exigir el interés jurídico en amparos que estén dentro del ámbito del derecho privado y no tengan consecuencia social alguna.

7) La fracción II del artículo 107 constitucional es criticable, pues la Corte podría invalidar normas generales, cuando se establezca jurisprudencia por reiteración, si los ministros de la Corte fuesen elegidos democráticamente. Al no ser electos democráticamente, por voto popular, ¿cómo puede una autoridad sin legitimidad democrática anular lo que aprueba otra que si tiene legitimidad democrática? La Constitución debe adicionarse para que la Corte invalide normas generales si sus ministros son elegidos democráticamente por los ciudadanos.

8) La fracción II del artículo 107 de la Constitución no es atinente, pues no es razonable, poner fin a la cláusula Otero en todas las materias y no en las tributarias. En materia tributaria también debiera proceder la derogación de la cláusula Otero si los ministros fuesen elegidos democráticamente.

9) El párrafo quinto de la fracción II del artículo 107 constitucional no es aceptable, pues la suplencia de la queja, debe existir en cualquier materia relacionada con el derecho social, público o familiar, dado que está en juego el interés general y la supremacía de la Constitución.

10) El inciso a) de la fracción III del artículo 107 constitucional limita la interposición del juicio de amparo directo en relación con las disposiciones vigentes anteriores a la reforma constitucional. La reforma apuntala a los Tribunales Superiores de Justicia que suelen estar en manos de los gobernadores. La justicia en las entidades federativas no debe quedar supeditada y controlada por ellos. Las reglas del amparo directo que han estado vigentes hasta antes de la reforma constitucional deben mantenerse, salvo lo concerniente a los amparos para efectos, a fin de que en las resoluciones de amparo directo se fijen los términos precisos en que deben dictarse las nuevas resoluciones para evitar las resoluciones que prolongan de manera absurda la determinación definitiva de los asuntos. Por otra parte no debe ser necesario impugnar durante la tramitación del juicio que da origen al amparo directo mediante recurso ordinario violaciones a las leyes de procedimiento en amparos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de las familias ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado.

11) La fracción IX del artículo 107 constitucional limita el recurso de revisión en el amparo directo. Con ello, la Corte pretende ser Tribunal Constitucional, lo que no es y no será, porque las Cortes Constitucionales no forman parte del poder judicial y, porque tienen a su disposición un gran arsenal de instrumentos procesal constitucionales para defender la Constitución, lo que nuestra menguada Corte no tiene.

12) La fracción XIII del artículo 107 no abre el sistema de contradicción de tesis a los ciudadanos. No sólo los ministros de la Corte, el Procurador, los tribunales, jueces de distrito o las partes, deben tener legitimación para promover una contradicción de tesis, también los ciudadanos, aunque no sean parte, deben tener esa legitimación porque los criterios interpretativos del poder judicial federal, cuando resuelven una contradicción (al fin y al cabo es jurisprudencia obligatoria), afectan a todos los miembros de la comunidad y no exclusivamente a las partes o a las autoridades. Debe ser modificada la fracción XIII de ese artículo para cualquier ciudadano esté facultado para promover el procedimiento de contradicción de tesis.

13) La fracción XVI del artículo 107 constitucional no distingue entre servidores públicos que repiten el acto reclamado y que tienen origen en una elección democrática de los que su cargo no proviene de ella. La Corte no puede retirar del cargo a una autoridad electa porque estaría violando los principios de soberanía popular y el de división de poderes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe separar de su cargo a una autoridad electa popularmente cuando se esté en el supuesto de repetición del acto reclamado. En los casos donde las autoridades electas repitan el acto reclamado debe estarse a los supuestos de los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución.

Los artículos primero y segundo transitorio de la reforma constitucional en materia de amparo establecieron que las normas constitucionales entrarían en vigor 120 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, que el Congreso de la Unión expediría las reformas legales en ese mismo plazo. Como es sabido, el Congreso de la Unión excedió el plazo de 120 días y no aprobó las reformas legales sino hasta el mes de marzo de 2013, incumpliendo por omisión y sin responsabilidad alguna, como ya es costumbre, el texto de la Constitución.

II. Los contenidos de la nueva Ley de Amparo.

La llamada nueva Ley de Amparo se debe a una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, planteada por el entonces Senador Jesús Murillo Karam, la que fue presentada el 15 de febrero de 2011 en el Senado como cámara de origen, es decir, antes de la aprobación de la reforma constitucional en materia de amparo sobre la que hemos dado cuenta en los párrafos anteriores.

La iniciativa del Senador Murillo fue aprobada en el Senado con algunos cambios y con posterioridad, hasta el 12 de febrero de 2013, en Cámara de Diputados como Cámara revisora. Nuevamente fue turnada al Senado para cumplir con el procedimiento del apartado E del artículo 72 constitucional, esto es, la minuta regresa a la Cámara de origen sólo para que se discutan las modificaciones hechas por la Cámara revisora. El Senado, sin cambio alguno a lo aprobado en la Cámara de Diputados, el día 20 de marzo de 2013 aprobó definitivamente y extemporáneamente las reformas a la Ley de Amparo que había ordenado el poder revisor de la constitución en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional de 6 de junio de 2011.

El dictamen definitivo de la Cámara de Senadores, que se envió al ejecutivo para que este cumpliera con el procedimiento del apartado A del artículo 72 de la Constitución, no sólo se ocupa de las reformas a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, sino que se ocupa de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La nueva Ley de Amparo posee, entre otras, las siguientes innovaciones:

1. La nueva Ley de Amparo es un ordenamiento jurídico integrado por cinco títulos. El Título Primero “Reglas Generales”, constituido por once capítulos, el Título Segundo “De los Procedimientos de Amparo” integrado por dos capítulos; el Título Tercero “Cumplimiento y Ejecución” de siete capítulos; el Título Cuarto “Jurisprudencia y Declaración General de Inconstitucionalidad” de seis capítulos; el Título Quinto “Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos” integrado por tres capítulos.

2. Entre otras innovaciones, se define el acto de autoridad independientemente de la naturaleza formal de quién lo emitió, cuya potestad derive de una norma general y abstracta, que sea unilateral e imperativa sobre el quejoso, que sea asimilable por ley a una función pública y que no tenga un medio adecuado o vía ordinaria para remediarlo y, que lo deje en estado de indefensión. Todo ello amplia el concepto de autoridad responsable.

3. El juicio de amparo procede por violación a normas generales, actos u omisiones que transgredan los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado.

4. El juicio de amparo protege a las personas por actos de los poderes públicos o de los particulares en los términos que determina la ley. Es decir, se incorpora la doctrina de la “Drittwirkung der Grundrechte”3.

5. Se posibilitan actuaciones electrónicas mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal.

6. Se faculta al Consejo de la Judicatura Federal para establecer Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada circuito.

7. Se desarrollan las disposiciones secundarias para que en los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, se resuelvan de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal así lo solicite y, siempre que justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público.

8. Se especifica que los tribunales federales conocerán de los procedimientos relacionados con los delitos del orden federal y con las controversias del orden mercantil. En este último caso, a elección del actor, podrán conocer de ellas, los tribunales del orden común.

9. Se determina con precisión la incompetencia de origen del juicio de amparo para conocer controversias en materia electoral. Estas son competencia de las Salas del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

10. Se incorpora la procedencia del juicio de amparo por violaciones a un interés legitimo, individual o colectivo, siempre que el quejoso alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple no puede invocarse como interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

11. Se dota de efectos generales de las sentencias de amparo, estableciendo que la jurisprudencia en la que se determine la inconstitucionalidad de una norma general, excepto en materia tributaria, tendrá efectos generales. En estos casos,la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificará a la autoridad emisora, y transcurrido un plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad.

12. Se legisla para que en tratándose de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, decida respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

13. También se especifica, que la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado.

14. Por lo que hace a la materia administrativa, el amparo, procederá además de los supuestos que se contemplan actualmente, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. No existirá obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución.

15. Por otra parte, en esta nueva Ley de Amparo, se establece que procede el recurso de revisión en el amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia.

16. Las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito serán resueltas por el pleno del circuito correspondiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá la contradicción de tesis de plenos de circuito de distintos circuitos, de plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o, de los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.

17. Se elimina el sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, y se hace más expedito y claro el procedimiento para el cumplimiento de ejecutorias de amparo. Si la autoridad incumple con la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento. Transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de Distrito.

18. Se indica que quien tenga la representación legal en caso del fallecimiento del quejoso, éste continuará el trámite del amparo hasta que exista representación de la sucesión.

19. Se prevé que el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la nación podrán ejercer de manera oficiosa o a solicitud del Procurador General de la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten.

20. Se incrementan las causales de improcedencia en el juicio de amparo, en relación con las que estaban anteriormente vigentes, entre otras se incluye, la referida a la improcedencia del amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

21. Se establece en materia de suspensión del acto reclamado, entre otras causas, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución.

22. Por lo que toca a las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta expresamente al Pleno de la Suprema Corte para resolver las solicitudes de atención prioritaria en juicios de amparo, acciones y controversias constitucionales, asimismo se faculta al Presidente Ministro para atender dichas solicitudes y otorgar el trámite que corresponda.

23. En lo que atañe a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incorporan las declaratorias generales de inconstitucionalidad de normas generales derivadas de la jurisprudencia, así como las consecuencias del incumplimiento de tales declaraciones.

24. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se faculta expresamente al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal a efecto de que pueda ejercer la facultad a que se refiere el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de asuntos ante la justicia federal.

25. En lo que corresponde a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a los Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores para que puedan solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de la representación legal que poseen de sus respectivas Cámaras, la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

26. Las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República otorgan competencia al Procurador General de la República y al Ministerio Público Federal para actuar en los términos de la Ley de Amparo en los procedimientos que ésta prevé expresamente.

III. Críticas a la nueva Ley de Amparo.

A reserva de un análisis más pormenorizado, encontramos deficiencias en la nueva Ley de Amparo que le impiden corresponderse con un enfoque plenamente garantista, el que debiera ser necesario para satisfacer las obligaciones del Estado previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo primero de la Constitución. Es evidente que la nueva Ley de Amparo será un instrumento objeto de numerosas críticas y de reformas inmediatas. Desgraciadamente no es la ley protectora de nuestros derechos fundamentales que nos merecemos los mexicanos. Las críticas inmediatas que realizó a ese ordenamiento son las siguientes:

1. Es una Ley que fue elaborada sin la conexión necesaria y suficiente con la reforma constitucional en la materia.

Si comparamos la reforma constitucional en materia de amparo que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio de 2011 con la “nueva” legislación secundaria sobre el amparo, encontramos que la legislación secundaria no desarrolla puntualmente las nuevas disposiciones constitucionales, en concreto el concepto de interés legítimo que no lo define y sólo lo enuncia en el artículo 5 de la nueva Ley de Amparo. La legislación secundaria es omisa también respecto a la regulación amplia y expresa del amparo colectivo. La ley secundaria de amparo se diseñó prescindiendo de la reforma constitucional porque no se ocupa del desarrollo puntual de muchos de los temas que fueron objeto de la reforma constitucional en materia de amparo.

2. Se trata de una Ley de Amparo que incrementa en su artículo 61 las causales de improcedencia del juicio de amparo y con ello afecta a la garantía de acceso a la justicia contemplada en el artículo 17 de la Constitución.

La ley de Amparode 10 de enero de 1936 estableció 18 causales de improcedencia del juicio de amparo. En la nueva Ley de Amparo existen 23 causales. Es evidente que con el nuevo ordenamiento no se busca maximizar los derechos humanos sino limitarlos al establecer nuevas causales para declarar improcedentes, sobreseer y archivar los amparos –sin entrar al estudio del fondo de los asuntos planteados- que promueven los quejosos.

A los obstáculos económicos, sociales y culturales para que los mexicanos puedan ver garantizados sus derechos fundamentales, se suman ahora cinco causas jurídicas que legalmente no estaban previstas y, que dificultarán más el acceso a la justicia en nuestro país. La reforma a la Ley de Amparo, contrario a lo que se hizo, debió haber reducido el número de causales para hacer asequible a los habitantes este instrumento y no incrementarlas para dificultar el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales.

3. Se establece como causa de improcedencia la impugnación vía juicio de amparo de adiciones o reformas a la Constitución.

En contra de lo resuelto recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 186/2008, que permitió la procedencia del amparo en contra de reformas constitucionales que violan el procedimiento de reforma de los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución, la nueva Ley de Amparo niega el control constitucional de lo que realiza el poder revisor de la Constitución. El poder revisor de la Constitución podrá violar el procedimiento de reforma constitucional o aprobar reformas en contra de los derechos humanos y, no procederá el juicio de amparo en contra de esos actos.

Como se ha manifestado por algunos autores4, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende ser un Tribunal Constitucional, deben ser potenciadas sus competencias de control constitucional. En un Estado constitucional y democrático de derecho, que es lo que queremos construir en México, no puede haber cuestión constitucional que se quede sin la debida defensa procesal constitucional. El mayor déficit de nuestro sistema jurídico sigue consistiendo en que las normas constitucionales establecen derechos, obligaciones, facultades y procedimientos que en la realidad no se materializan y, en buena medida las normas constitucionales no son realidad, porque el propio ordenamiento jurídico lo impide, tal como en este caso ocurre.

4. Se trata de una nueva Ley de Amparo que permite, en contra del principio de legalidad (artículos 14 y 16 de la Constitución) que las autoridades responsables funden y motiven a posteriori, en el informe justificado, el acto de autoridad.

Si revisamos el artículo 117 (último párrafo) de la nueva Ley de Amparo encontramos que las autoridades responsables de carácter administrativo pueden en el informe justificado fundar y motivar el acto de autoridad aunque no lo hubiesen fundado y motivado al momento de emitirlo. El párrafo de marras en su parte conducente indica:

“Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en estos aspectos el acto reclamado. En estos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional”.

Desde nuestro punto de vista esta es la parte más grave de la ley, que me atrevo a señalarla como regresiva para con el Estado de Derecho, e inconstitucional por dos motivos: 1) Porque la fundamentación y motivación debe realizarse siempre al emitir el acto de autoridad para cumplir con la Constitución –primer párrafo del artículo 16-; y, 2) Porque sólo tendrán derecho a que los actos de autoridad de la autoridad administrativa se encuentren fundados y motivados, las personas que puedan pagar un abogado y presenten el amparo correspondiente.

5. Se trata de una Ley que en materia de amparo agrario estableció un plazo de preclusión de siete años para promover la demanda de amparo cuando la Ley de Amparo en vigor antes de estas nuevas disposiciones no preveía plazo alguno.

En violación a los derechos sociales de los núcleos agrarios y en infracción al carácter social de nuestra Constitución –artículo 27-, así como a las características del amparo agrario previstas en los párrafos 6 y 7 de la fracción II del artículo 107 de la Constitución (entre otras la suplencia de la queja y la especial protección constitucional a los núcleos agrarios), la nuevaley de Amparo en su artículo 17 fracciónIII, establece exclusivamente un plazo de siete años para promover la demanda de amparo cuando la ley que estaba en vigor no contemplaba plazo alguno. Se trata de un retroceso derivado del modelo neoliberal que prevalece en México, en donde los derechos sociales, son sistemáticamente limitados por el orden jurídico.

6. Se trata de una reforma que afectará a los ejidos y a los pueblos indígenas en materia de suspensión.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 129 fracción XIII de la nueva Ley, la suspensión del acto reclamado se restringe, sin hacer diferenciación alguna entre el interés privado y el social, cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución. Ello no sólo afectará a los concesionarios mineros o a los de la televisión, la radio y las telecomunicaciones, sino también dañará los derechos de los pueblos indígenas y de los núcleos agrarios. Los derechos de los campesinos e indígenas deben estar protegidos de manera diferenciada a la de los concesionarios del espacio radioeléctrico o a la de los concesionarios mineros. La nueva Ley de Amparo no establece ningún tratamiento diferenciado. Es en este sentido una modificación legal antisocial, contraria a los principios de justicia social.

7. Se trata de una Ley que en materia de suspensión protege a los monopolios.

Así, como el artículo 129 de la nueva Ley de Amparo, restringe en su fracción XIII la suspensión provisional para los concesionarios de los bienes de dominio directo previstos en el artículo 27 de la Constitución, también debió haber restringido la posibilidad de la suspensión respecto a los amparos que se promuevan en contra de resoluciones que la autoridad competencia y de telecomunicaciones –la Comisión Federal de Competencia Económica y el propuesto Instituto Federal de Telecomunicaciones- dicte en esta materia, tal como lo propone el texto del dictamen en discusión en materia de telecomunicaciones que se encuentra a debate en el Congreso de la Unión –al momento que se redacta este comentario- en la fracción VII del párrafo 17 del artículo 28 de la Constitución5. La nueva Ley de Amparo favorece con esta omisión a los grandes intereses monopolistas del país y del extranjero.

8. Es una Ley de Amparo que no regula con claridad lo que debe entenderse por interés legítimo y que impide que los intereses simples se consideren legítimos con grave perjuicio a los grupos sociales y a las minorías6.

La modificación constitucional que constitucionaliza la noción de interés legítimo en el primer párrafo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución establece: “El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico”.

La modificación constitucional puede ser de gran importancia si se le da al interés legítimo un alcance amplio y no restringido. Sin embargo, por las opiniones de la doctrina nacional, los precedentes recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos relacionados con controversias constitucionales y, por derivar el modelo mexicano de interés legítimo del modelo español, mucho nos tememos que el significado y extensión del concepto no será tan amplio, ni en el juicio de amparo ni en las controversias constitucionales ni en las acciones de inconstitucionalidad.

Si al interés legítimo no se le dota de significados robustos en la ley (artículo 5 de la nueva Ley de Amparo), que maximicen los derechos fundamentales, este concepto puede acabar terminando como el concepto de interés jurídico tradicional, mismo que se ha constituido en un valladar para la protección de los derechos fundamentales de millones de personas. El principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución y en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos debe hacerse realidad y, las puertas del sistema judicial, sobre todo, cuando se trata de medios de defensa de la Constitución, deben estar abiertas para el mayor número posible de gobernados.

Como dijimos, el artículo 5 de la nueva Ley de Amparo, incorpora la procedencia del juicio de amparo por violaciones a un interés legitimo, individual o colectivo, siempre que el quejoso alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple no puede invocarse como interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

La nueva Ley de Amparo repite los contenidos de la fracción I del artículo 107 de la Constitución pero los restringe por las siguientes razones: 1) Indica que la afectación debe ser real y actual, lo que no señala la norma constitucional; 2) Señala que el interés simple no puede invocarse como interés legítimo; 3) Prevé que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; y, 4) No establece criterios adicionales a los de la Constitución para saber con más o menos precisión cuando estamos en presencia de un interés legítimo, lo que significa que será la jurisprudencia la que podrá ensanchar o angostar el concepto de interés legítimo, cuando era la ley la que en principio debió haber abundado en esta categoría jurídica.

La introducción del principio de interés legítimo reviste una gran importancia, pues durante décadas el juicio de amparo sólo fue procedente cuando exclusivamente se acreditaba un interés jurídico. El concepto interés jurídico ha tenido, en contra de los derechos de millones de quejosos, las siguientes implicaciones jurídicas, económicas y sociales: 1) La base de la procedencia del amparo ha sido la existencia de un perjuicio inmediato y directo en los intereses jurídicos del quejoso, y no el mediato o indirecto que no es lesivo de un derecho; 2) El perjuicio no es de carácter económico sino jurídico, es decir, se debe acreditar fehacientemente por el quejoso la violación a un derecho subjetivo; 3) El interés jurídico para promover el amparo no debe ser presuntivo sino debe acreditarse en forma indubitable; 4) La demostración del interés jurídico es una obligación del quejoso, y no es suficiente la sola presentación de la demanda, la protesta de decir verdad, ni la presunción de certeza de los actos reclamados por fala de informe justificado de las autoridades responsables; 5) El interés jurídico se debe probar fehacientemente también en el amparo contra leyes; 6) En los amparos contra leyes para acreditar el interés jurídico la ley debe estar en vigor y no en el periodo de vacatiolegis; 7) Al interés jurídico lo tutela el derecho objetivo a través de alguna de sus normas; 8) El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo: es decir, como facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva; 9) Los intereses simples, que no son jurídicos, son aquellas situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado, cuando éste en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con dichos intereses particulares y en cambio, sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo, se perjudican; pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada; 10) Los intereses simples no tienen protección jurídica directa y particular sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, toda vez que no puede crearse una defensa especial para intereses particulares indiferenciables para el Estado; 11) Hay, pues intereses jurídicos, cuando tienen una tutela jurídica; cuando existen preceptos legales que les otorgan medios para lograr su defensa así como la reparación del perjuicio que les irroga su desconocimiento o violación por parte de las autoridades; y, 12) Solamente cuando hay interés jurídico hay acción de amparo, o lo que es igual, sin interés jurídico no hay acción, pues éste es la medida de la acción7.

La falta de interés jurídico ha sido el mecanismo formal que ha impedido, en aproximadamente un 70% de los casos, que los jueces federales conozcan el fondo de los amparos planteados por los quejosos. Es un instrumento que desde nuestro punto de vista hace nugatorio el acceso a la justicia de millones de mexicanos.

Como muchos autores ya lo han señalado, la redacción vaga e indeterminada del párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución y del nuevo artículo 5 de la Ley de Amparo, sumada a las facultades interpretativas de los jueces, ocasionarán inseguridad jurídica, hasta en tanto se precise lo que se entiende por interés legítimo. El concepto de interés legítimo que se introdujo en México se adoptó siguiendo el modelo español. La Constitución española en sus artículos 24 y 162.1, b) incorporan el interés legítimo. Para el Tribunal Constitucional español, al resolver el recurso de amparo 47/1990, el interés legítimo es “…un concepto más amplio que el de interés directo, y, por tanto, de mayor alcance que el del derecho subjetivo afectado o conculcado por el acto o disposición objeto del recurso, siendo evidente que en el concepto de interés legítimo hay que entender incluido el interés profesional de promoción y defensa de una gran cantidad de trabajadores, del que se puede ser titular no sólo cada uno de ellos individualmente considerados, sino también cualquier asociación o entidad que haya asumido estatutariamente esos fines…” En este sentido, con el interés legítimo se pueden proteger a través del amparo los intereses de grupo, como por ejemplo, por lesiones o ataques al medio ambiente; lesiones a los consumidores de un determinado producto; lesiones al patrimonio artístico o cultural; o a la imagen urbanística; ataques a las minorías étnicas y nacionales; discriminación sexual o religiosa, etcétera. Nosotros proponemos que estén legitimados para promover el juicio de amparo los individuos, las asociaciones civiles, las asociaciones públicas, etcétera8.

Lo anterior es así, porque la fuerza normativa de la Constitución y la regularidad constitucional no pueden estar sujetas al regateo y discrecionalidad jurisdiccional. Si no se concede interés a cualquier ciudadano para impugnar leyes contrarias al orden constitucional, los principios de supremacía constitucional, de jerarquía normativa y de validez quedan de lado con merma para la existencia de una Constitución normativa y la construcción del Estado Constitucional y Democrático de Derecho9.

Lo anterior se sostiene, puesa partir de la reforma constitucional sobre derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación –principalmente el párrafo segundo del artículo 1 de la Carta Magna- y, con apoyo también, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada en el expediente Varios 912/2010 (caso Rosendo Radilla Pacheco, su engrose fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de octubre de 2011) que delimitó el contenido del control de convencionalidad en nuestro país, admitió el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad y, reconoció que éste debía ejercerse de oficio10; que es obligatorio y no potestativo para jueces, interpretar de oficio y en su caso desaplicar las disposiciones secundarias conforme a la Constitución y los tratados y a la luz de los principios pro homine y favor libertatis. Lo señalado entraña para los jueces de amparo maximizar para las personas los derechos fundamentales por encima de cualquier consideración formal o procesal.

Desde nuestro punto de vista, deben tener interés legítimo individual o colectivo quienes: aleguen que la norma, acto u omisión reclamados de autoridades o particulares violan, los derechos o sus garantías, reconocidos en la Constitución y en los tratados, de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, e inciden en sus intereses y/o derechos individuales, difusos o colectivos; sean afectados por normas, actos u omisiones de autoridades o particulares que incidan en su ámbito material, económico, social o cultural; impugnen leyes o disposiciones materialmente legislativas que sean contrarias a la Constitución y/o los tratados; y, sus derechos o garantías sean afectados por normas, actos u omisiones de autoridades o particulares en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

9. Se trata de una Ley que no regula la figura del amparo colectivo. Se pospone legislativamente con irresponsabilidad una decisión materialmente legislativa que se delega en el poder judicial federal.

La reforma constitucional en materia de amparo -6 de junio de 2011-, y la nueva Ley de Amparo deben estudiarse también a la luz de la reforma al párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución en materia de acciones colectivas y, a partir de la reforma de diversas leyes secundarias que en ese ámbito desarrollaron la modificación constitucional sobre acciones colectivas y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011.

Ambas reformas, la de amparo que alude al interés legítimo colectivo y la de las acciones colectivas de carácter constitucional y legal, obligan a una reforma a la Ley de Amparo que precise quiénes son los sujetos con legitimación procesal activa que puedan promover amparos colectivos, así como las reglas y principios que se deben seguir en este tipo de amparos de carácter no individual. Tal como quedó redactada la nueva Ley de Amparo prevalece en ella su estructura y arquitectura individualista. No existe un solo capítulo o apartado en la nueva Ley de Amparo que regule con precisión las características y procedimientos de los amparos colectivos. Será la jurisprudencia la que se encargará de definir esos contenidos con evidente irresponsabilidad por omisión del poder legislativo.

El instrumento procesal del amparo colectivo debe dotar a losgobernados, grupos e instituciones de un poderoso mecanismo de defensa de derechos fundamentales frente a los abusos de las grandes empresas, instituciones financieras y respecto a un sinnúmero de corporaciones privadas que actúan como autoridad y, también frente a las autoridades que incumplen por acción u omisión con sus competencias y fines jurídicos en la tutela debida de los derechos fundamentales.

Consideramos que la percepción social sobre la crisis del sistema judicial reside en buena medida en la insuficiencia de los medios procesales para garantizar a millones de ciudadanos un efectivo acceso a la justicia. La introducción del amparo colectivo debe colocar al sistema judicial mexicano más cerca de las personas y de la protección de sus derechos fundamentales. Su finalidad es que el entramado institucional cumpla con el objetivo de servir a los sectores más débiles de la sociedad, para que a ellos y no sólo a los poderosos llegue la justicia.

El amparo colectivo debe comprender:

-La protección jurisdiccional de los intereses difusos y derechos colectivos pero también derechos e intereses individuales de incidencia colectiva en cualquier tipo de materia relacionada con la tutela de los derechos fundamentales en los ámbitos del medio ambiente, los derechos de los consumidores, los derechos de los usuarios de la banca, el patrimonio de la nación, los recursos naturales, el patrimonio histórico o cultural de la República, los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, etcétera.

- Debe conceder legitimación procesal activa a los ciudadanos, grupos, partidos, sindicatos y autoridades –lo que a este respecto no hace la nueva Ley de Amparo-. Así se propone que estén legitimados para promover el juicio de amparo los individuos, las asociaciones civiles, las asociaciones públicas, etcétera11. En consonancia con el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución y con el primer párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional propongo que el amparo colectivo lo puedan promover: 1) Cualquier persona física, para la defensa de intereses o derechos fundamentales difusos del que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho; 2) Cualquier miembro del grupo, categoría o clase para la defensa de intereses o derechos fundamentales difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase para la defensa de intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base y para la defensa de intereses o derechos individuales homogéneos; 3) La entidad pública relevante, entendida como aquella a cargo de la protección o tutela del derecho fundamental o interés amenazado o vulnerado de acuerdo a la legislación aplicable; 4) La Federación, los Estados, el Distrito Federal y, los municipios; 5) Asociaciones sin fines de lucro legalmente constituidas que defiendan objetivos sociales jurídicamente previstos en sus documentos constitutivos; 6) El Ministerio Público; y, 7) Los sindicatos para la defensa de los intereses y derechos fundamentales de sus agremiados y laborales.

- Se deben establecer las reglas básicas del procedimiento orientándolo hacia la garantía efectiva de los intereses difusos, derechos colectivos e intereses individuales de incidencia colectiva. El juez de amparo puede acudir a petición de parte o de oficio a cualquier medio probatorio y dato o elemento proveniente de la ciencia.

-Se deben determinar las reglas de las sentencias, en particular la reparación del daño a la colectividad y a los miembros del grupo en los términos de lo previsto en el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.

-Se deben prever medidas precautorias para salvaguardar y proteger derechos colectivos e individuales, así como medidas de apremio para que los jueces puedan hacer cumplir sus determinaciones.

- Se deben indicar las reglas en materia de conexidad y litispendencia en los términos de lo previsto en el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.

-Se deben incorporar figuras como el amicuscuriae para que distintos sectores sociales argumenten y deliberen sobre las pretensiones objeto de los amparos colectivos.

-Se debe establecer como principio, que la sentencia tendrá efectos para todos los miembros de la colectividad o grupo.

El amparo colectivo es una figura que existe en diversos países de latinoamericanos. En Argentina desde tiempo atrás, pero sobre todo con la reforma constitucional de 1994, se plasmaron en el artículo 43 de la Constitución de ese país, dos tipos de amparo colectivo: los de incidencia colectiva y los generales implícitos. Entre los amparos colectivos de incidencia colectiva se encuentran: los amparos en contra de la violación al principio de no discriminación; los amparos para proteger el medio ambiente; y, para garantizar la libre competencia, la salud, los derechos de los usuarios de servicios y de los consumidores. Los generales implícitos, son amparos que tienen relación con la defensa de derechos fundamentales que involucran a sectores y grupos sociales12.

En Colombia, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución de 1991, establece la procedencia de la misma contra actos, hechos y omisiones de autoridades y en algunos casos, de particulares. Faculta al Defensor del Pueblo a defender y proteger derechos fundamentales de personas en lo individual pero también de grupos y sectores sociales.

La reciente constitución ecuatoriana de 2008 en su artículo 86 establece un modelo abierto en materia de amparo –acciones de protección- con apoyo en la premisa de que las violaciones a los derechos fundamentales no pueden ser toleradas por la colectividad (actiopopularis). En Ecuador no es necesario que grupos específicos de la sociedad con identidades históricas o de otro tipo, por ejemplo, los indígenas, promuevan el amparo colectivo, según el texto del citado artículo 86, “cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá presentar las acciones previstas en la Constitución”. No se requiere para ejercer las acciones de protección ser el titular del derecho o representante legal de la comunidad13.

Los ejemplos anteriores muestran la evolución del amparo colectivo en los países latinoamericanos. La importancia de este breve recuento tiene por propósito indicarnos que en México debemos trascender la esfera del individualismo jurídico para pensar el derecho y sus sistemas de protección en calve social y colectiva.

Es patente que el sistema jurídico mexicano desde sus inicios fue diseñado para proteger derechos e intereses desde una visión individualista y liberal, sin que el derecho procesal, incluyendo al constitucional, se entendiese desde una vertiente colectiva para garantizar derechos e intereses difusos, generales o colectivos. Con la excepción primero del derecho social, agrario y laboral, y posteriormente, aunque de manera tímida, del derecho para la protección de los consumidores, del derecho ambiental e indígena, todo el derecho nacional está concebido para proteger situaciones, intereses y derechos individuales. Así es comprendido y practicado por los operadores jurídicos el juicio de amparo que es el principal instrumento interno de tutela de derechos fundamentales en México.

La evolución en la teoría de los derechos fundamentales, en donde los instrumentos internacionales garantizan generaciones de derechos (de la primera, segunda, tercera y cuarta generación), exige que en el nivel internacional e interno existan instrumentos procesales para proteger derechos fundamentales que no residen solo en los individuos sino en las colectividades y grupos14. Igualmente, la realidad de nuestro tiempo, reivindica la protección de grupos y colectividades para generar condiciones igualitarias y equitativas entre ellos y entre las personas que los conforman.

En la doctrina jurídica, el término derecho colectivo comprende los derechos difusos, colectivos en sentido estricto, e individuales de incidencia colectiva. Los derechos e intereses difusos y colectivos en sentido estricto son aquellos derechos e intereses transindividuales, de naturaleza indivisible de los que es titular una colectividad indeterminada (derechos difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido estricto) cuyos miembros se encuentran vinculados por circunstancias de hecho o de derecho. En cuanto a los derechos o intereses individuales de incidencia colectiva, son aquellos de carácter individual y divisible que, por circunstancias comunes de hecho o de derecho, permiten su protección y defensa en forma colectiva15.

Los sistemas jurídicos del commonlaw desde antiguo han tutelado los intereses o derechos transindividuales. El instrumento procesal más conocido en el derecho anglosajón es el de las classactions del derecho norteamericano. Las classactions están basadas en la equity y tienen antecedentes en el Bill of Peace del siglo XVII. Las Federal Rules of Civil Procedure de 1938 fijaron, en la regla 23, las normas rectoras de las classactions. Posteriormente, el Advisory Comité on Civil Rules modificó esas normas fundamentales. Las classactions son procedentes en materias tales como: accidentes, responsabilidad por productos, libre competencia económica, derechos de autor, propiedad industrial, derecho del consumidor, derecho corporativo, discriminación y, desempeño administrativo del gobierno, entre otras16.

En los sistemas jurídicos del civil law corresponde en América Latina a Brasil la primacía de la introducción en su ordenamiento de la tutela de los intereses difusos y colectivos, de naturaleza indivisible mediante la reforma de 1977 a la Ley de la Acción Popular y, posteriormente, a través de la ley de 1985 sobre la acción civil pública. En 1988 se eleva a nivel constitucional la protección de los intereses difusos y colectivos y, en 1990 en el Código de Defensa del Consumidor (cuyas disposiciones procesales son aplicables a la tutela de todo y cualquier interés o derecho transindividual). Este ordenamiento fue más allá de la dicotomía de los intereses difusos y colectivos y, creó la categoría de los intereses individuales homogéneos, que abrieron camino a las acciones reparadoras de los perjuicios individualmente sufridos, las que corresponden en el sistema norteamericano, a las “classactionsfordamages”. Las decisiones de los jueces brasileños en la materia tienen efectos “erga omnes”.

Tanto por los antecedentes comparados mencionados como por las reformas constitucionales recientes en nuestro país, primero la que introdujo las acciones colectivas al párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución y, después las reformas a la Carta Magna del año 2011 en materia de amparo, es que debemos establecer expresamente en la Ley de Amparo la figura del amparo colectivo para proteger derechos fundamentales de naturaleza transindividual transgredidos por autoridades o por particulares.

10. La nueva Ley de Amparo faculta a la Procuraduría General de la República pero no a las partes a solicitar a las Salas o al Pleno de la Suprema Corte la atracción de los amparos directos de la competencia de los Tribunales Colegiados.

Es indebido que las partes, sobre todo en asuntos vinculados al derecho público y social, que en los juicios de amparo no tengan el derecho de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción asuntos de interés y trascendencia. Al menos, se debió permitir que los grupos sociales, para defender sus intereses legítimos, pudieran hacerlo. Si no se realiza así se cercena el derecho de acceso a la justicia.

IV. Conclusiones.

La nueva Ley de Amparo no satisface las expectativas para garantizar la protección de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos reconocidos en nuestro país. Posee enormes deficiencias, algunas profundamente regresivas con los derechos fundamentales, tales como: la ampliación de las causales de improcedencia, la imposibilidad de promover mediante el juicio de amparo la inconstitucionalidad de adiciones y reformas a la Constitución y, el “permiso” que inconstitucionalmente se otorga a las autoridades administrativas para que funden y motiven el acto de autoridad hasta que rinden el informe justificado.

La estructura de la nueva Ley de Amparo sigue siendo decimonónica por su carácter individualista. Tal como lo analizamos cuando atendimos lo referente al interés legítimo y al amparo colectivo, la nueva Ley de Amparo no está diseñada desde una visión amplia de protección de derechos colectivos, sociales y difusos. Los presupuestos de procedencia y los procedimientos del juicio de amparo están orientados, sobre todo y preponderantemente, hacia la protección de los derechos individuales más que en atención de los derechos colectivos.

Es una Ley que está construida desde las preocupaciones del Poder Judicial Federal y de la propia autoridad responsable. De ahí que tanto la Constitución como la Ley de Amparo impidan los efectos “erga omnes” de las resoluciones en tratándose de jurisprudencia sobre amparos que versen sobre la materia tributaria. También resulta chocante, desde una perspectiva ciudadana, que tanto la reforma constitucional como la legal, establezcan la substanciación prioritaria de juicios de amparo, de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, cuando sean promovidas por las Cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal, principio que viola el principio de igualdad de acceso a la justicia, pues se coloca a ciertas autoridades –al Congreso y al Ejecutivo- sobre otras autoridades –las autoridades estatales y municipales, por ejemplo- y se les sitúa sobre los gobernados, dado que las autoridades señaladas tendrán trato preferente en la tramitación de esos procedimientos en las instancias judiciales federales. Igualmente, es poco garantista con los derechos de los gobernados, privar a éstos, de la posibilidad de solicitar en los amparos directos la facultad de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El amparo agrario también ha sido afectado al establecer el plazo de siete años para que los núcleos agrarios promuevan la acción de amparo. Este cambio que para algunos es insignificante demuestra la factura neoliberal y ajena a lo social de la reforma a la Ley de Amparo.

En síntesis, la nueva Ley de Amparo debe seguir estudiándose y analizándose. Sin embargo, encontramos en ella, aún sin los correspondientes actos de interpretación y aplicación, deficiencias que son desalentadoras. Bien podemos decir, que no es la Ley de Amparo que esperábamos muchos mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE AMPARO PARA REDUCIR LAS EXCESIVAS CAUSALES DE IMPRODENCIA APROBADAS EN LA RECIENTE LEY DE AMPARO, DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES, OBLIGAR A QUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS RESPETEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AL EMITIR EL ACTO RECLAMADO, PROTEGER A LOS PUEBLOS INDIGENEAS Y LOS NUCELOS AGRARIOS, IMPEDIR EL OTROGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A FAVOR DE LOS MONOPOLIOS, DOTARLA DE CONTENIDOS QUE GARANTICEN EFECTIVAMENTE EL INTERES LEGITIMO, ESTABLECER LOS SUJETOS LEGITIMADOS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL AMPARO COLECTIVO Y, EN GENERAL, ORIENTARLA A FAVOR DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS GOBERNADOS.

ARTICULO PRIMERO. Se reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Tienen interés legítimo individual o colectivo quienes aleguen que la norma, acto u omisión reclamados de autoridades o particulares violan, los derechos o sus garantías, reconocidos en la Constitución y en los tratados, de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, e inciden en sus intereses y/o derechos individuales, difusos o colectivos; sean afectados por normas, actos u omisiones de autoridades o particulares que incidan en su ámbito material, económico, social o cultural; impugnen leyes o disposiciones materialmente legislativas que sean contrarias a la Constitución y/o los tratados; y, sus derechos o garantías sean afectados por normas, actos u omisiones de autoridades o particulares en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Se deroga el párrafo segundo.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales que conozcan asuntos de derecho civil y mercantil, respecto a intereses estrictamente privados, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En tratándose de tribunales judiciales que resuelvan asuntos administrativos, laborales, agrarios, familiares y, en general, controversias de derecho público o social, el quejoso podrá aducir un interés legítimo;

II…

III…

a)…

b)…

c)…

d)…

e)…

IV…

…”

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 5 bis a la Ley de Amparo para quedar en los siguientes términos:

“Artículo5 Bis. Están legitimados para promover amparo colectivo: Las personas físicas, para la defensa de intereses o derechos fundamentales difusos del que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho; Cualquier miembro del grupo, categoría o clase para la defensa de intereses o derechos fundamentales difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase para la defensa de intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base y para la defensa de intereses o derechos individuales homogéneos; La entidad pública relevante, entendida como aquella a cargo de la protección o tutela del derecho fundamental o interés amenazado o vulnerado de acuerdo a la legislación aplicable; La Federación, los Estados, el Distrito Federal y, los municipios; Asociaciones sin fines de lucro legalmente constituidas que defiendan objetivos sociales jurídicamente previstos en sus documentos constitutivos; El Ministerio Público; y, Los sindicatos para la defensa de los intereses y derechos fundamentales de sus agremiados y laborales.

El amparo colectivo comprende, entre otros, la protección jurisdiccional de los intereses difusos y derechos fundamentales colectivos pero también derechos fundamentales e intereses individuales de incidencia colectiva en cualquier tipo de materia relacionada con la tutela de los derechos fundamentales en los ámbitos del medio ambiente, los derechos de los consumidores, los derechos de los usuarios de la banca, el patrimonio de la nación, los recursos naturales, el patrimonio histórico o cultural de la República, los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda y, al trabajo.

Los tribunales de amparo, en los juicios de amparo indirecto o directo, conocerán de actos, hechos u omisiones de autoridades o particulares que transgredan los derechos fundamentales de carácter colectivo, difuso, o individuales de incidencia colectiva.

Los jueces de amparo pueden acudir a petición de parte o de oficio a cualquier medio probatorio y dato o elemento proveniente de la ciencia. Se garantizará en los amparos colectivos la participación de los amigos de la Corte.

Los amparos colectivos se desahogarán atendiendo a las reglas previstas en esta Ley y a lo establecido en el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles. Igualmente, los tribunales de amparo, podrán fundamentar sus decisiones atendiendo a las normas del Código Civil, de la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y, a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

La reparación del daño a la colectividad y a los miembros del grupo se determinará en los términos de lo previsto en el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los tribunales de amparo en materia de suspensión tienen amplias competencias para salvaguardar y proteger derechos colectivos e individuales de incidencia colectiva, así como medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones.

En materia de conexidad y litispendencia y, de gastos y costas, se estará a lo dispuesto en el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las sentencias tendrán efectos para todos los miembros de la colectividad o grupo".

ARTICULO TERCERO. Se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

I…

II…

III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar o total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en cualquier tiempo;

IV…

ARTICULO CUARTO. Se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 40 de la Ley de Amparo para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 40. El Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera oficiosa, a solicitud del Procurador General de la República o, de las partes, la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, hecha la solicitud por el Procurador General de la República o por las partes, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción de la solicitud;

II. …

III. …

ARTICULO QUINTO. Se derogan las fracciones I y V del artículo 61 de la Ley de Amparo para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

I. Se deroga;

II. …

III. …

IV. …

V. Se deroga;

….

….

….

XXII…

XXIII…

ARTICULO SEXTO. Se deroga el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 117…

Se deroga”.

ARTICULO SEPTIMO. Se modifica la fracción XIII del artículo 129 y se adiciona una fracción XIV a ese precepto de la Ley de Amparo para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

I…

XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo que se trate de pueblos y comunidades indígenas y núcleos ejidales y comunales agrarios;

XIV. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones no serán objeto de suspensión;

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de abril de 2013”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Este Senado saluda la visita de las alumnas y los alumnos de la Carrera de Sociología de la Facultad de Estudios Superiores ACATLAN de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en su semana de sociología determinaron asistir a presenciar esta sesión.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

(Aplausos)

También saludamos la presencia de las alumnas y los alumnos y docentes de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera de la Universidad Autónoma de Coahuila que hoy nos visitan por parte del Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

(Aplausos)

1 Ver, por ejemplo: CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, México, UNAM, segunda edición, 2012, pp. LIV-LVIII.

2 GASCÓN, Marina, La técnica del precedente y la argumentación racional, Madrid, Tecnos, 1993.

3 Hay una gran bibliografía a este respecto. Entre otros, ver: MIJANGOS Y GONZÁLEZ, Javier, Los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Análisis del caso mexicano, México, Porrúa, 2007.

4 CARDENAS GRACIA, Jaime, “Comentario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México al amparo en revisión 186/2008 sobre la procedencia del juicio de amparo para impugnar una reforma a la Constitución”, en Procedencia del juicio de amparo para impugnar una reforma a la Constitucional Federal, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, pp. 133-159.

5 La fracción VII del párrafo 17 del artículo 28 constitucional propuesto dice: “Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión…”

6La doctrina suele establecer ortodoxamente tres tipos de interés: el simple, el jurídico y el legítimo. El primero corresponde a una concepción más amplía identificada con las acciones populares (solo por ser miembro de una sociedad). El segundo se suele identificar con el derecho subjetivo en su concepción clásica. El legítimo, no descansa en un derecho subjetivo de forma tradicional y no tiene tampoco un mero interés legal (simple). Es una situación intermedia entre ambos. Desarrollado en el derecho administrativo italiano, en términos generales, el interés legítimo implica que: “… lo tiene cualquier persona pública o privada (moral), reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista más estricto, como concepto técnico y operativo… es una situación jurídica activa que ostenta por relación a la actuación de un tercero y no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación de los prejuicios antijurídicos que de esa actuación le deriven. En otras palabras, existe interés legítimo, en concreto en el derecho administrativo, cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el Derecho, siendo así que éste no tiene derecho subjetivo a impedir esa conducta o a imponer otra distinta, pero sí a exigir de la Administración y a reclamar de los tribunales, la observancia de la normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle. En tal caso, el titular del interés está legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales relacionados con el mismo, al objeto de defender esa situación de interés…No debe confundirse con la acción popular, la cual descansa en un interés simple y que busca satisfacer el interés de toda la comunidad. El interés legitimo esta reconducido en su aspecto de protección de derechos o intereses difusos y colectivos, que son más reducidos a intereses de grupos o colectividades (médicos, abogados, usuarios de un servicio prestado, entre otros) que sólo excepcionalmente coinciden con la totalidad de la comunidad”. Ver FERRER MAC GREGOR, Eduardo, Amparo Colectivo en México: Hacia una reforma constitucional y legal”. Ponencia, octubre de 2009.

7 GONGORA PIMENTEL, Genaro, Introducción al estudio del juicio de amparo, México, editorial Porrúa, 1999, pp. 224-231.

8 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “El acceso a la justicia de los intereses de grupo. (Hacia un juicio de amparo colectivo en México), en Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa, 2001, pp. 217-237.

9Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dice en un concepto restringido del interés legítimo lo siguiente: a) No es un mero interés por la legalidad de la actuación de la autoridad; requiere la existencia de un interés personal, individual o colectivo que, de prosperar la acción, se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante; b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo, no hay potestad frente a otro; c) Debe haber una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole. Lo contrario es la acción popular, en la cual no se requiere afectación alguna a la esfera jurídica; d) Los titulares tienen un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento cuando con motivo de la persecución de fines de carácter general incidan en el ámbito de ese interés propio; e) Se trata de un interés cualificado, actual y real, no potencial o hipotético; en suma, es un interés jurídicamente relevante; y, f) La anulación del acto de autoridad produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica del gobernado. ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo, Hacia una nueva Ley de Amparo, México, UNAM, 2002, p. 63.

10 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “El control judicial interno de convencionalidad”, Documento de Trabajo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, noviembre de 2011, 27 páginas.

11 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “El acceso a la justicia de los intereses de grupo. (Hacia un juicio de amparo colectivo en México), en Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa, 2001, pp. 217-237.

12 MARANIELLO, Patricio Alejandro, “Génesis y actualidad del amparo colectivo en la República Argentina”, en Revista Jurídica del Perú, Lima, octubre de 2003, p. 14.

13 ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro, “Del amparo a la acción de protección jurisdiccional”, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, año V, número 27, enero-junio de 2011, pp. 95-125.

14 KYMLICKA, Will (ed.), The Rights of Minority Cultures, Oxford, Oxford University Press, 1995 y, LÓPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay derechoscolectivos? Individualidad y socialidad en la teoría de los derechos, Barcelona, Ariel, 2000.

15 GIDI, Antonio, La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos: hacia un código modelo para iberoamérica, México, Porrúa-Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 2004;GUTIÉRREZ DE CABIEDES, Pablo, La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales, Pamplona, Aranzadi, 1999; y, VENTURI, Elton, Proceso civil colectivo, Sao Paulo, Malheiros, 2007.

16 GIDI, Antonio y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coordinadores), Procesos colectivos: la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en una perspectiva comparada, México, Porrúa, 2003.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para la salida de elementos de los Batallones de Comando de Infantería de Marina de la Armada de México, durante el periodo del 13 de abril y hasta el 3 de mayo del presente año y para permitir el paso al territorio nacional de elementos pertenecientes al 3er. Regimiento Extranjero de Infantería de la República de Francia, que estará en territorio nacional del 14 de abril al 6 de mayo.





 

DECRETO QUE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LOS BATALLONES DE COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA DE LA ARMADA DE MEXICO, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR SECCIONES CON LA LEGION EXTRANJERA FRANCESA EN GUYANA, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO Y PARA PERMITIR EL PASO AL TERRITORIO NACIONAL DE ELEMENTOS PERTENECIENTES AL 3ER. REGIMIENTO EXTRANJERO DE INFANTERIA DE LA REPUBLICA DE FRANCIA, QUE ESTARAN EN TERRITORIO NACIONAL DEL 14 DE ABRIL AL 6 DE MAYO A FIN DE LLEVAR A CABO EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO CON PERSONAL DE LA ARMADA DE MEXICO EN SAN LUIS CARPIZO, CAMPECHE, ASI COMO PARA QUE PARTICIPEN EN LA CEREMONIA CONMEMORATIVA RELATIVA A LA BATALLA DE CAMARON, EN EL ESTADO DE VERACRUZ QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE MARINA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la solicitud formulada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a esta Soberanía la autorización para que permita la salida de elementos de la Armada de México con fines de entrenamiento, así como el paso a territorio nacional de Tropas Francesas en el marco de un intercambio de secciones de infantería de marina, y participar en la ceremonia del “150 Aniversario de la Batalla de Camarón”, que tendrá lugar en Camarón de Tejeda, Veracruz.

Las Comisiones que suscriben, en uso de las facultades que les confiere la Fracción III del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 182, 183, 186, 187, 188, 190,233 numeral 1, 247, y 249 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. Antecedentes. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. Contenido de la solicitud del Ejecutivo Federal. Se expone el alcance de la exhortación que es materia del presente dictamen.

III. Consideraciones. Expresan los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. Decreto.

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante oficio número SEL/300/249/2013 de fecha 27 de marzo de 2013, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, sometió a consideración de la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la solicitud de la autorización para que permita la salida de elementos de la Armada de México con fines de entrenamiento, así como el paso a territorio nacional de Tropas Francesas en el marco de un intercambio de secciones de infantería de marina, y participar en la ceremonia del “150 Aniversario de la Batalla de Camarón”, que tendrá lugar en Camarón de Tejeda, Veracruz.

Segundo.- Con fecha 3 de abril de 2013, mediante oficio DGPL-2P1A.-2707, la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó la solicitud a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Tercero.- Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina se abocaron al análisis y discusión de la solicitud del Ejecutivo Federal para autorizar la salida del personal naval con fines de entrenamiento, así como el paso a territorio nacional de Tropas Francesas en el marco de un intercambio de secciones de infantería de marina, y participar en la ceremonia del “150 Aniversario de la Batalla de Camarón”, que tendrá lugar en Camarón de Tejeda, Veracruz.

II. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DEL EJECUTIVO FEDERAL

Los elementos de información y justificación de la solicitud formulada por el titular del Ejecutivo Federal se resumen a continuación:

1. Señala que el 17 de enero del presente año, la Agregaduría Militar, Aérea y Naval ante la Embajada de Francia en México, formuló una invitación para que la Armada de México participe en un intercambio de secciones con la Legión Extranjera Francesa en Guyana, para llevar a cabo actividades de entrenamiento. Asimismo, se solicitó que el contingente francés pueda participar en la ceremonia conmemorativa del 150 aniversario de la Batalla de Camarón, en el Estado de Veracruz.

2. Que el intercambio de secciones consistirá en un curso dirigido a las tropas francesas en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, en tanto que el personal de la Marina de México se trasladará durante el mismo periodo al Centro de Adiestramiento al Combate en Selva Ecuatorial en Guyana Francesa., con fines de entrenamiento.

3. Que el entrenamiento de intercambio de secciones se realiza regularmente con la finalidad de conducir ejercicios para la aplicación de diversas habilidades tácticas, fomentando, además, el intercambio de experiencias y técnicas entre las fuerzas armadas.

4. Que se tiene previsto que posteriormente, la sección francesa se traslade a Camarón de Tejeda, Veracruz, con el objeto de participar en la ceremonia conmemorativa del “150 Aniversario de la Batalla de Camarón”, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril del presente año, para lo cual se tiene prevista la participación de autoridades civiles y militares de México y la República Francesa.

5. Que en el caso de autorización, las armadas de ambos países realizarán las actividades referidas con el personal siguiente:

a) La Armada de México participará con 27 elementos pertenecientes a los Batallones de Comando de Infantería de Marina, los cuales saldrían del país durante el periodo comprendido entre el 13 de abril y el 3 de mayo del presente año.

b) El contingente francés que ingresará al territorio nacional se integra por 26 elementos pertenecientes al 3er Regimiento Extranjero de Infantería, cuya base se ubica en Kourou (Guyana Francesa), los cuales estarían en territorio nacional del 14 de abril al 6 de mayo del presente año.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El Senado de la República tiene la facultad exclusiva de autorizar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, en términos de lo establecido por la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- La salida del personal naval para elintercambio de secciones con la Legión Extranjera Francesa en Guyana, para llevar a cabo actividades de entrenamiento,se realizará con la finalidad de conducir ejercicios para la aplicación de diversas habilidades tácticas, fomentando, además, el intercambio de experiencias y técnicas entre las fuerzas armadas, por lo que será una excelente oportunidad para que el personal de nuestra institución armada, adquiera mayor experiencia en las labores que realiza en beneficio de la sociedad.

TERCERA.- Las Comisiones Dictaminadoras destacan que la Secretaría de Marina remitió como información adicional a la solicitud de autorización, la invitación de la Embajada de Francia, los programas de ejercicios y cronograma para el desarrollo de las actividades del curso, el estado de fuerza del personal participante y el costo del intercambio de secciones entre la Infantería de Marina de nuestro país y la Legión Extranjera francesa.

CUARTA.- Por otra parte, el citado artículo 76, fracción III de la nuestra Carta Magna, faculta al Senado de la República para que autorice al Presidente de la República para que pueda permitir el paso de tropas extranjeras.

QUINTA.- Que en caso de ser procedente la autorización, esta consistiría en el ingreso a territorio nacional de 26 elementos pertenecientes al 3er Regimiento Extranjero de Infantería, cuya base se ubica en Kourou (Guyana Francesa), para el efecto de que lleven a cabo ejercicios de entrenamiento con personal de la Armada de México, así como para que participen en la ceremonia conmemorativa relativa al 150 aniversario de la batalla de Camarón, en el Estado de Veracruz, del 14 de abril al 6 de mayo del año en curso.

SEXTA.- Respecto a los ejercicios entre ambas instituciones armadas que se realizarán en San Luis Carpizo, Campeche, estas Dictaminadoras consideran que fortalecen las capacidades de los elementos de la Armada de México y que representa una oportunidad para evaluar sus experiencias en relación con las fuerzas armadas de otros países. Asimismo las Comisiones que dictaminan coinciden en que representa una oportunidad para estrechar los lazos de amistad entre México y la República de Francia.

SEPTIMA.- Por cuanto hace al acto conmemorativo de la Batalla de Camarón, en el Estado de Veracruz, la participación del contingente francés, responde únicamente a su participación en una ceremonia cívico militar, en Conmemoración del Aniversario de “La Batalla de Camarón”, que evoca el enfrentamiento que se dio en ese lugar en 1863 entre legionarios franceses y el ejército mexicano.

Las Comisiones Dictaminadoras destacan que cada año, tanto en la Ciudad de Aubagne, Francia, donde está ubicado el centro de la Legión Extranjera francesa y en la localidad de Camarón, México, franceses y mexicanos celebran a los hombres caídos de ambos países, cuyos comportamientos fueron ejemplares en la batalla.

OCTAVA.- Asimismo, se resalta que dicha conmemoración constituye un reconocimiento al patriotismo, al honor, al valor y al sacrificio de las fuerzas armadas y de las instituciones de ambos países, que además han servido para construir y mantener profundos lazos para la colaboración y para el desarrollo de las relaciones entre Francia y México.

NOVENA.- Por las consideraciones vertidas, esta Soberanía considera conveniente autorizar al Presidente de la República para que permita la salida del personal naval con fines de entrenamiento, así como el paso a territorio nacional de Tropas Francesas en el marco de un intercambio de secciones de infantería de marina, y participar en la ceremonia del “150 Aniversario de la Batalla de Camarón”, que tendrá lugar en Camarón de Tejeda, Veracruz.

En virtud de lo anterior, se emite el siguiente:

DECRETO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para la salida de 27 elementos pertenecientes a los Batallones de Comando de Infantería de Marina de la Armada de México, con el fin de intercambiar secciones con la Legión Extranjera Francesa en Guyana, para llevar a cabo actividades de entrenamiento, durante el periodo comprendido entre el 13 de abril y el 3 de mayo del presente año.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que permita el paso al territorio nacional de 26 elementos pertenecientes al 3er Regimiento Extranjero de Infantería de la República de Francia, los cuales estarán en territorio nacional del 14 de abril al 6 de mayo para el efecto de que lleven a cabo ejercicios de entrenamiento con personal de la Armada de México, en San Luis Carpizo, Campeche, así como para que participen en la ceremonia conmemorativa relativa a la batalla de Camarón, en el Estado de Veracruz, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril del presente año

TERCERO.- Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Marina para que presente a esta Soberanía un informe sobre los resultados del intercambio de secciones para la realización de las actividades de entrenamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en el momento de su aprobación por la Cámara de Senadores.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 11 de abril de 2013.

Suscriben este Dictamen los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión:

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
COMISION DE MARINA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, es de primera lectura.

En virtud de la cercanía de la fecha para salir del contingente al que se refiere el proyecto de Decreto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano

(La Asamblea no asiente)

Sí se le dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. No habiendo quien se inscriba, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 73 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para la salida de elementos de los Batallones de Comando de Infantería de Marina de la Armada de México, con el fin de intercambiar secciones con la Legión Extranjera Francesa en Guyana, durante el periodo del 13 de abril al 3 de mayo del presente año y para permitir el paso al territorio nacional de elementos pertenecientes al 3er. Regimiento Extranjero de Infantería de la República de Francia, que estarán en territorio nacional del 14 de abril al 6 de mayo del año en curso. Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos correspondientes.

Tenemos la primera lectura de diez dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para prestar servicios en representaciones diplomáticas y para aceptar y desempeñar cargos de Cónsules Honorarios.





 

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES, PARA PRESTAR SERVICIOS Y PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR CARGOS DE CONSULES HONORARIOS

(Dictámenes de primera lectura)

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador de la Gran Cruz que le confiere el Gobierno de Finlandia.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL 300/246/2013 de fecha 25 de marzo de 2013, el titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Finlandia.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 2 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (pasaporte)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte de la Embajada de Japón en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Alejandro Vázquez Flores pueda aceptar y usar la Condecoración Honor al Mérito Amistad y Cooperación, que le confiere el Gobierno de Nicaragua.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL 300/247/2013 de fecha 25 de marzo de 2013, el titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Alejandro Vázquez Flores pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Nicaragua.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 02 de abril de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios

Identificación oficial (IFE)

Acta de nacimiento certificada

Currículum vitae

Notificación por parte del Gobierno de Nicaragua en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Alejandro Vázquez Flores pueda aceptar y usar la Condecoración Honor al Mérito Amistad y Cooperación que le confiere el Gobierno de Nicaragua.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata que le confiere el Gobierno del Japón.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL 300/217/2013 de fecha 19 de marzo de 2013, el titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Japón.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (pasaporte)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Notificación por parte de la Embajada de Japón en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración referida

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno del Japón.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Paulo Tort Ortega pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/202/2013, de fecha 13 de marzo de 2013, el titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Paulo Tort Ortega pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación Oficial (IFE)

• Acta de nacimiento certificada

• Currículum vitae

• Nota de nombramiento formulada por la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en México.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Paulo Tort Ortega pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Roberto Alfredo Herrera Mena pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/300/203/2013, de fecha 13 de marzo de 2013, el titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Roberto Alfredo Herrera Mena pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento (copia certificada)

• Currículum vitae

•Nota de nombramiento formulada por la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en México.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Roberto Alfredo Herrera Mena pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. Violetta Denise Soria Contreras

Asistente Ejecutiva

Embajada de Nueva Zelanda en México.

2. Walter Alfonso Bencomo Gabilondo

Asistente de Investigaciones de Fraude

Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

3. Joel Acosta Ramos

Chofer/Bodeguero

Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

4. Julio César Lozada Chávez

Guardia de Seguridad

Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

5. Luis Alberto Medina Hernández

Guardia de Seguridad

Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

6. Erika Cantú Torres

Administrador de Página Web/Asistente en Sistemas Computacionales.

Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/310/13, de fecha 25 de febrero de 2013, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr. Héctor Hugo Olivares Ventura se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar los servicios de carácter administrativo señalados.

2. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 26 de febrero de 2013, la Mesa Directiva turnó la solicitud referida a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo que fue aprobado por la mayoría de sus integrantes.

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores.

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron permiso son los que a continuación se relacionan:

6.1 Ciudadana Violetta Denise Soria Contreras para prestar servicios como Asistente Ejecutiva en la Embajada de Nueva Zelanda en México.

6.2 Ciudadano Walter Alfonso Bencomo Gabilondo para prestar servicios como Asistente de Investigaciones de Fraude en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

6.3 Ciudadano Joel Acosta Ramos para prestar servicios como Chofer/Bodeguero en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

6.4 Ciudadano Julio César Lozada Chávez para prestar servicios como Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

6.5 Ciudadano Luis Alberto Medina Hernández para prestar servicios como Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

6.6 Ciudadana Erika Cantú Torres para prestar servicios como Administradora de Página Web/Asistente en Sistemas Computacionales para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos señalados, mismos que contienen en copias simples:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento (certificada)

De estos documentos se desprende que se acredita su condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De acuerdo al puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo.

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadana Violetta Denise Soria Contreras para prestar servicios como Asistente Ejecutiva en la Embajada de Nueva Zelanda, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al Ciudadano Walter Alfonso Bencomo Gabilondo para prestar servicios como Asistente de Investigaciones de Fraude en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Joel Acosta Ramos para prestar servicios como Chofer/Bodeguero en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al Ciudadano Julio César Lozada Chávez para prestar servicios como Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso al Ciudadano Luis Alberto Medina Hernández para prestar servicios como Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la Ciudadana Erika Cantú Torres para prestar servicios como Administradora de Página Web/Asistente en Sistemas Computacionales para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. María Guadalupe Cervera Velasco

Inspector de Mantenimiento Residencial

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

2. Luis Espinosa Muñoz

Chofer

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3. Enrique Frías Moreno

Chofer

Embajada de Libia en México.

4. Jesús Humberto González Rivera

Chofer

Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/131/2013, de fecha 25 de enero de 2013, el titular dela Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr. Héctor Hugo Olivares Ventura, se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar los servicios de carácteradministrativo señalados.

2. En sesión ordinaria celebrada el treinta de enero de dos mil trece por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que diversos ciudadanos puedan prestar servicios de carácter administrativos en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Libia en México y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, turnándose el expediente relativo a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para el estudio análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo que fue aprobado por la mayoría de sus integrantes.

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores.

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron permiso son los que a continuación se relacionan:

6.1 Ciudadana María Guadalupe Cervera Velasco para prestar servicios como Inspector de Mantenimiento Residencial en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6.2 Ciudadano Luis Espinosa Muñoz para prestar servicios como Choferen la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6.3 Ciudadano Enrique Frías Moreno para prestar servicios como Choferen la Embajada de los Libia en México.

6.4 Ciudadano Jesús Humberto González Rivera para prestar servicios como Choferen el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos señalados, mismos que contienen en copias simples:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento (certificada)

De estos documentos se desprende que se acredita su condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De acuerdo al puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo.

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden.

4. Mediante el mismo Oficio No. SEL/311/131/2013, de fecha 25 de enero de 2013, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr. Héctor Hugo Olivares Ventura, se dirigió a la Cámara de Diputados, para informar que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. Aida Rosalinda Flores Sauza

Secretaria

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

2. René Solís Franco

Especialista de Producción en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3. Beda González González

Auxiliar de Compras e inventarios en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

4. Octavio Macías Moreno

Ingeniero Supervisor en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

5. Fanny Roció Santiago Cárdenas

Secretaria en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6. María Nery Núñez Villanueva

Jefe de Sección de Servicios Generales e Inventarios en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

7. Carlos Martín Pérez Cruz

Subdirector de Ingeniería en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

8. Lucina Grisel Alfaro Narváez

Subdirectora Administrativa en el Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

9. Efraín Garduño Munguía

Examinador de Cuentas (Contador) en la Oficina de Administración Financiera

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

10. Irene Vázquez Carrasco

Examinador de Cuentas (Contadora) en la Oficina de Administración Financiera

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

11. Marcia Alejandra Montaño Gamas

Cajera/ Asistente de Visas

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

12. Alicia Chávez Castillo

Inspector Alterno de Mantenimiento

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

13. Enrique Sosa González

Chofer

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

14. José Octavio Pérez Nava

Asistente Legal de la Sección de OPDAT

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sobre el particular, esta Soberanía se da por enterada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadana María Guadalupe Cervera Velasco para prestar servicios como Inspector de Mantenimiento Residencial en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al Ciudadano Luis Espinosa Muñoz para prestar servicios como Choferen la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Enrique Frías Moreno para prestar servicios como Choferen la Embajada de Libia en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al Ciudadano Jesús Humberto González Rivera para prestar servicios como Choferen el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. Antonio de la Barrera Fernández

Encargado de Asuntos Administrativos

Embajada de la República de Guatemala en México.

2. Iván Alejandro Rivas Sánchez

Auxiliar Contable

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3. Antonio Alberto Pineda Ronzón

Especialista en Protocolo

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3278/12, de fecha 3 de diciembre de 2012, eltitular dela Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar los servicios de carácteradministrativo señalados.

2. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 6 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva turnó la solicitud referida a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismos que fueron aprobados por la mayoría de sus integrantes.

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores.

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron permiso son los que a continuación se relacionan:

6.1 Ciudadano Antonio de la Barrera Fernández para prestar servicios como Encargado de Asuntos Administrativos en la Embajada de la República de Guatemala en México.

6.2 Ciudadano Iván Alejandro Rivas Sánchez para prestar servicios como Auxiliar Contable en la Embajada de los Estados Unidos de América.

6.3 Ciudadano Antonio Alberto Pineda Ronzón para prestar servicios como Especialista en Protocolo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos señalados, mismos que contienen en copias simples:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento (certificada)

De estos documentos se desprende que se acredita su condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De acuerdo al puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo.

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden.

4. Mediante el mismo Oficio No. SEL/311/3278/12, de fecha 3 de diciembre de 2012 el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación Mtro Antonio Hernández Legaspi, se dirigió a la Cámara de Diputados, para informar que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1.Cecilia Isabel Galicia Rodríguez

Cajera

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

2.Mónica Patricia Reyes

Asistente Administrativo de la Oficina del Departamento de Agricultura

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3.Javier Villanueva Guerrero

Supervisor de Mantenimientos de Residencias

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sobre el particular, esta Soberanía se da por enterada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadano Antonio de la Barrera Fernández para prestar servicios como Encargado de Asuntos Administrativos en la Embajada de la República de Guatemala en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al Ciudadano Iván Alejandro Rivas Sánchez para prestar servicios como Auxiliar Contable en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Antonio Alberto Pineda Ronzón para prestar servicios como Especialista en Protocolo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. Jesús Fernando Céspedes Meneses

Auxiliar Contable Regional

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

2. Claudia Eugenia Vargas Orozco

Contador

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3. Israel Jesús Mendoza Chávez

Auxiliar de Embarques

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

4. Porfirio García Sosa

Coordinador de Seguridad Residencial y Guardias

Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

5. Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez

Cajero/Asistente Financiero

Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

6. Fabián Salazar Gutiérrez

Empleado de Visas No Inmigrante

Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey Nuevo León.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/283/13 de fecha 21 de febrero de 2013, el titular dela Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr. Héctor Hugo Olivares Ventura se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar los servicios de carácteradministrativo señalados.

2. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 26 de febrero de 2013 Mesa Directiva turnó la solicitud referida a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo que fue aprobado por la mayoría de sus integrantes.

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores.

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron permiso son los que a continuación se relacionan:

6.1. Ciudadano Jesús Fernando Céspedes Meneses para prestar servicios como Auxiliar Contable Regional en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6.2. Ciudadana Claudia Eugenia Vargas Orozcopara prestar servicios como Contador en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6.3. Ciudadano Israel Jesús Mendoza Chávez para prestar servicios como Auxiliar de Embarques en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

6.4. Ciudadano Porfirio García Sosa para prestar servicios como Coordinador de Seguridad Residencial y Guardias en el Consulado General Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

6.5. Ciudadano Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez para prestar servicios como Cajero/Asistente Financiero en el Consulado General Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

6.6. Ciudadano Fabián Salazar Gutiérrez para prestar servicios como Empleado de Visas de No Inmigrante en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos señalados, mismos que contienen en copias simples:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios

• Identificación oficial (IFE)

• Acta de nacimiento

De estos documentos se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De acuerdo al puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo.

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden.

4. Mediante mismo Oficio No. SEL/UEL/311/28313 de fecha 21 de febrero de 2013 el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr Héctor Hugo Olivares Ventura, se dirigió a la Cámara de Diputados, para informar que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

1. Blanca Esthela Ibarra Carrillo

Asistente Consular

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

2. Laura Elena Zepeda Valadez

Empleada Consular

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

3. Shantal Nickte-Ha Escamilla Velarde

Asistente de Inmigración

Embajada de Canadá en México.

4. Nemesia Alejandra González Farías

Recepcionista

Embajada de Canadá en México.

Sobre el particular, esta Soberanía se da por enterada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al Ciudadano Jesús Fernando Céspedes Meneses para prestar servicios como Auxiliar Contable Regional en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la Ciudadana Claudia Eugenia Vargas Orozcopara prestar servicios como Contador en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Israel Jesús Mendoza Chávez para prestar servicios como Auxiliar de Embarques en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al Ciudadano Porfirio García Sosa para prestar servicios como Coordinador de Seguridad Residencial y Guardias en el Consulado General Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO QUINTO.-Se concede permiso al Ciudadano Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez para prestar servicios como Cajero/Asistente Financiero en el Consulado General Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al Ciudadano Fabián Salazar Gutiérrez para prestar servicios como Empleado de Visas de No Inmigrante en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que los Ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, puedan desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la ciudad de Torreón, Coahuila, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango, y de la República de Polonia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficios No. SEL/UEL/311/0129/2013, de fecha 25 de enero de 2013 y No. SEL/UEL/311/0136/2013, de fecha 29 de enero de 2013, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, PROFR. Héctor Hugo Olivares Ventura se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los Ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, puedan desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la ciudad de Torreón, Coahuila, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango, y de la República de Polonia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente.

2. En sesión celebrada el treinta de enero de 2013 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, puedan desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la ciudad de Torreón, Coahuila, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango, y de la República de Polonia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo que fue aprobado por la mayoría de sus integrantes.

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores.

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso a los C.C Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguezpuedanaceptar y desempeñar los cargos de Cónsules Honorarios de la República Francesa en la Ciudad de Torreón Coahuila y de la República de Polonia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

a. Escritos por los que los Ciudadanos solicitan autorización para prestar servicios.

b. Identificaciones oficiales (IFE).

c. Carta de Naturalización, constancia de la residencia en la circunscripción consular y Acta de Nacimiento Certificada.

d. Curriculum Vitae.

e. Notas de nombramiento formuladas por las embajadas de la República Francesa y de la República de Polonia en México

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos por parte de los solicitantes

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que las solicitudes cumplen con los requisitos para ser autorizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso para que el C. Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la Ciudad de Torreón, Coahuila, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso para que el C. Enrique Javier Macías Rodríguez pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Polonia, en la Ciudad de de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION”.

Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Compañeras Senadores, el siguiente asunto en el Orden del Día es la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 1o. de la Ley para la Aprovechamiento de Energía Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en relación a las centrales de generación hidroeléctrica.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño de la Senadora Díaz Salazar.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quizás en la lectura que usted estaba haciendo, no me observó, pero le estamos pidiendo los que integramos las comisiones que dictaminamos el anterior proyecto de Decreto, la dispensa de la segunda lectura, para poderlo llevar en esta ocasión al Pleno.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senadora Díaz Salazar, está analizado y aceptado por esta Mesa Directiva, después de éste, vendrá esa dispensa y entraremos al tema. Gracias.

Este asunto tuvo su primera lectura, estoy refiriéndome ahora al de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, tuvo su primera lectura el 25 de abril de 2012, después de consultar a los grupos parlamentarios y a las comisiones responsables, el acuerdo que recayó, fue continuar con su trámite de segunda lectura, discusión y votación.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO C) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 1o. DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

(Dictamen de segunda lectura)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: El dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador David Penchyna Grub, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en término de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Gracias, señor Presidente; con su permiso amigas y amigos Senadores:

El día de hoy estamos presentando a partir del acuerdo que por unanimidad votó la Comisión de Energía en días pasados, de una iniciativa de la Comisión de Energía de la legislatura pasada, que tuvo a bien presentarse en primera lectura en el Pleno de esta Soberanía.

En razón del término de la pasada legislatura, fue un procedimiento que quedó a la mitad y que por su valor en la materia, la Comisión de Energía de este Senado, de esta legislatura, tuvo a bien tomar el acuerdo, de someterlo a la discusión de la comisión respectiva y el poderlo poner a su consideración.

Por lo anterior y toda vez que es una iniciativa de la pasada legislatura, creo que, y en función de lo que me mandató la propia comisión en mi carácter de Presidente de la Comisión de Energía, me permito exponer ante ustedes de qué se trata lo que está a votación y a consideración de ustedes, que de ser aprobado podría pasar a la Cámara de Diputados.

La adición del inciso c) a la fracción II de la ley permitirá alinear el objetivo de promoción de las fuentes renovables atendiendo las preocupaciones certificadas a nivel internacional, respecto a la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de presas o embalses cuyo fin sea la generación de electricidad.

Al respecto, les comparto que durante la XXIII Reunión del Comité Ejecutivo de los Mecanismos del Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas, se discutieron los criterios para la elegibilidad de la plantas de generación eléctrica con embalses para su calificación como proyectos de energías limpias, considerados como benéficos para el desarrollo sustentable del planeta.

Dentro de estos criterios se estableció que todas las planas cuya densidad de potencia sea mayor a 10 watts de capacidad instalada por metro cuadrado de zonas inundadas, son elegibles bajo la metodología actual y que las emisiones asociadas al embalse no se considerarán como un factor negativo, ya que los beneficios correspondientes a una potencia eléctrica elevada superan en ese caso por mucho los costos ambientales de un embalse relativamente pequeño.

Este mismo comité de las Naciones Unidas, en su sesión 32, llevada a cabo en junio de 2007, acordó los criterios y las consideraciones respectivos con los que nosotros estamos poniendo a consideración dichos criterios para que México, que ha suscrito los acuerdos en la materia, tenga una legislación respecto a las hidroeléctricas pequeñas, un ordenamiento alineado con los acuerdos internacionales que hemos suscrito.

Con lo anterior es claro que alinear los criterios a nuestra ley con los parámetros definidos por las Naciones Unidas para acceder a los mecanismos de desarrollos limpios, conlleva a importantes beneficios para el país que permitirán aprovechar los recursos nacionales de manera óptima, así como ayudar a la transición energética que es precisamente lo que quiere esta ley.

Yo les agradezco mucho su atención, es un procedimiento inusual. Creímos como parte de la Comisión de Energía el brindarles una explicación de lo que está a consideración de ustedes. Les reitero, este es un Acuerdo que fue firmado por todos los partidos políticos en el seno de la Comisión de Energía y mucho agradezco la participación de mis compañeros en dicha comisión.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Penchyna Grub.

Se concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa Directiva. Amigas y amigos Senadores.

En el Partido de la Revolución Democrática vemos con optimismo la aprobación de todas aquellas iniciativas que de manera conjunta construyan un mejor escenario para nuestro país.

Menciono lo anterior porque los propios legisladores de izquierda hemos sido críticos, pero también responsables, reconociendo aquellas propuestas que impacten de manera positiva el andamiaje jurídico de nuestro país. Por ello es fundamental mencionar que vemos con optimismo la aprobación de dictámenes como el que hoy se somete a votación, pues en sus contenidos se plasma de consenso una amplia visión de lo que debe ser el uso y aprovechamiento de las energías renovables.

El dictamen que se pone a discusión y votación de este Pleno del Senado, propone adicionar un inciso c) a la fracción II de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, con el objeto de reconocer como energía renovable aquellas centrales de generación hidroeléctrica que tiene, como ya se mencionó, una densidad de potencia mayor a 10 watts por metro cuadrado y que tomando como indicador al concepto de densidad de potencia para otorgar una mejor referencia al momento de regular los proyectos de energía hidráulica considerados renovables.

Esto evidentemente beneficia enormemente al medio ambiente y al entorno.

Cabe mencionar que dicho parámetro, la densidad de potencia, está avalado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene por objeto generar electricidad a partir de fuentes renovables.

Desde el inicio de la presente legislatura, nos comprometimos a impulsar y a promover iniciativas con un alto sentido social del cuidado y protección del medio ambiente y, sobre todo, del desarrollo que garantice la sustentabilidad de nuestro país para las próximas generaciones.

Por ello es importante destacar propuestas como ésta, pues no podemos perder de vista que el agua, además de ser sustento en la existencia humana, es al mismo tiempo elemento fundamental para la generación de electricidad. Su carácter renovable debe ser plasmado en la norma que regula los proyectos de generación eléctrica a fin de incorporar en los dispositivos legales su uso y aprovechamiento sustentable a partir de disminuir en lo posible el impacto ambiental y, por ende, el económico y social.

Cabe destacar, amigas y amigos legisladores, que en el tema de energía hidroeléctrica el país de Noruega prácticamente el 60 por ciento de energía que genera es a partir de la hidroeléctrica, a pesar de que cuentan con una industria muy desarrollada en el tema petrolero. Sin embargo, han estado utilizando de una manera muy eficiente el asunto hidroeléctrico y que por las características de nuestro país tenemos todas las posibilidades de potenciarlo de igual forma.

Por ello seguiremos insistiendo desde el seno de la Comisión de Energía en el impulso de este tipo de propuestas que además de visión de futuro demuestran voluntad política en la construcción de verdaderos consensos, abonando al crecimiento de nuestro país en temas tan sensibles como en la economía, la seguridad energética, el cuidado al medio ambiente y el tejido social, buscando la sinergia que se ha venido desarrollando en este Senado, en la aprobación de iniciativas estratégicas y que además sean amigables con el medio ambiente.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Manuel Bartlett, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a expresar mi posición en contra de la aprobación de este dictamen que viene de la legislatura anterior, como aquí se expresó por el Senador Penchyna Grub.

Este planteamiento generoso que aquí se destaca de la posibilidad de las energías renovables, de su impulso como una medida positiva para la generación de energía eléctrica, tiene una buena fachada, pero en el fondo se trata de una serie de decisiones más, que van en el sentido de la privatización de la energía, que es lo que no tocó mi querido amigo, a quien tanto respeto y aprecio, el Senador Penchyna Grub.

Nada más se habla de la generación limpia, cuestión de Naciones Unidas, pero lo que no se trata, y se los voy a leer, es, ¿de qué estamos hablando?, ¿es un añadido?, se añade el artículo 1º, fracción II de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

El artículo 1º dice lo siguiente: “La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. Tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad -y esto es importante-, con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica...”.

Es decir, esta ley va a promover el aprovechamiento de las energías renovables y financiarlas por el Estado, pero cuando no tenga fines para la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Y, por tanto, establece una serie de excepciones, se dice: ...se excluye del objeto de la presente ley la regulación de las siguientes fuentes para generar electricidad... Porque obviamente si es para fines diferentes a la prestación del servicio público, elimina las fuentes de energía que tienen una característica de renovable, elimina aquellas que tienen impacto o posibilidad de participar en el servicio público.

Y es así como elimina los materiales radioeléctricos, la energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, ¿excepto cuando?, y aquí están las excepciones... y esta es la excepción que se suma, y se amplía la posibilidad de utilizar la energía hidráulica para fines del servicio público... es lo que están haciendo.

Si no leemos todo esto y de qué se trata, vamos a aplaudir esa actitud de generar energía limpia.

Y les voy a platicar qué pasa con eso. Al ampliar esas excepciones, éstas no se pueden utilizar para el servicio de energía eléctrica. Bueno, al ampliar esto y proteger bajo el manto de que no es para el servicio público, se abre la capacidad hidráulica a inversiones privadas, y además, al estar dentro de esta ley se les da el permiso o la posibilidad de recibir financiamiento para la transición energética, que es, vamos a apoyar para que haya más.

Les doy un ejemplo, nada más para que se entienda.

Ustedes saben que la Presa Necaxa, Puebla, que es una de las presas más importantes del país, fue cerrada por el golpe de estado que dio Calderón al SME, y está cerrada.

Una presa que tiene una enorme importancia para generar energía eléctrica está cerrada, no funciona, lo cual es un crimen, es un crimen contra la economía nacional, cerrar y mantener cerrada la Presa Necaxa, tan importante para generar energía eléctrica para el Distrito Federal, la zona más demandante, está cerrada, no se abre porque corresponde a todo este proceso absurdo de haber hecho la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

¿Y qué es lo que está pasando en Puebla?

Para tener una idea de lo que significa esto, de abrir la posibilidad de que se permita la inversión y la generación de energía eléctrica, contrario a lo que aquí dice, para el servicio público.

Bueno, como tienen clausurada la Presa Necaxa, en Puebla, ya están empresas privadas, entre ellos el Grupo México, utilizando el agua que llega a esa presa, que tiene mayor capacidad de generación, ya está construyendo pequeñas presas utilizando el agua que debería de llegar a la Presa Necaxa.

Es una argucia más para ir destruyendo el artículo 27 constitucional, que establece que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica está reservada al Estado.

O sea que si leemos con cuidado esto, estamos viendo cómo lo que se está haciendo al abrir las excepciones es que puedan entrar esas empresas privadas a generar electricidad para el servicio público.

Y así está claro, porque si leemos la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, vamos a ver como es todo un proceso de generación de energía eléctrica de particulares, que además se benefician de todas las redes que ha construido con un enorme sacrificio el gobierno mexicano para que metan esa electricidad a sus redes y la distribuyan como energía eléctrica ganando recursos, pero en ese caso, inclusive anulando una presa que es de una enorme importancia.

Obviamente esto es un avance, la privatización de la legislatura pasada, pero no quise dejar pasar este tipo de acciones, que lo único que hacen es burlar la Constitución de la República, privatizar la energía eléctrica, acabar con proyectos como son las presas nacionales en beneficio del interés privado y en contra del interés público.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos en pro, 6 en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso c) de la fracción II del artículo 1o. de la Ley Para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, está a discusión. Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente.

Como lo mandata el Reglamento del Senado de la República, vengo a nombre de la Comisión de Justicia a plantear los fundamentos y motivaciones que sustentan el dictamen que hoy está a consideración de esta Asamblea.

Es un dictamen profundamente relevante para la vida democrática del país.

Sin lugar a dudas, es el paso siguiente y necesario a una reforma constitucional que aprobó también este Congreso de la Unión y que buscaba fortalecer los mecanismos de protección a los periodistas, a los medios de comunicación y a la generalización de la expresión y de la información en nuestro país.

Antes de expresar los motivos que las comisiones unidas tuvieron en cuenta para formular este dictamen, debo expresar mi reconocimiento personal a las Senadoras Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Graciela Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos; Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación; Arely Gómez González y al Senador Manuel Camacho, Secretarios de la Comisión de Justicia, por su contribución a este proceso legislativo y sobre todo por su apertura y su disposición de bien para llegar al consenso que hoy presentamos ante ustedes, señoras y señores Senadores.

También es menester dar el reconocimiento a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que desde tiempo atrás, desde la reforma constitucional, se impusieron la tarea de apoyar este tema, que se asumieron en el deber de representar a muchos de los periodistas que hoy sufren condiciones de vulnerabilidad en ejercicio de su profesión y que han llevado a buen puerto no solamente esa reforma constitucional, sino también la reforma legal que hoy presentamos.

La reforma constitucional promulgada en junio de 2012 reconoció una realidad, México se ha convertido en el país más inseguro para ejercer la tarea periodística.

Reconoció, y parte de ese reconocimiento que las personas que realizan actividad del periodismo se encuentran en especial condición de vulnerabilidad y su integridad física y moral se encuentra amenazada por el crimen organizado y también por agentes estatales, particularmente por las autoridades locales.

Y también reconoce que las agresiones a los periodistas tienen un impacto en el ejercicio generalizado en las libertades de información informativa.

No solamente son casos que quedan impunes en cuanto a delitos son, sino también en cuanto a sus implicaciones o sus fines para acallar y silenciar a la democracia mexicana.

La modificación constitucional como razonamos a profundidad en las comisiones unidas, no federalizó la materia, es decir, no le dio competencia al Congreso de la Unión para tipificar los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión y las libertades informativas, no era el propósito de la reforma constitucional otorgarle al legislador federal la competencia en materia penal y sustraerla en las autoridades legislativas locales.

En una innovación constitucional, se estableció una facultad específica de atracción que viene acompañada de aquella facultad genérica de atracción cuando un delito local concurre en convexidad con un delito del orden federal.

Esta facultad de atracción también se ejerce en casos en los cuales por razones de especial importancia para el ejercicio de estas libertades es necesario que la Federación supla a la autoridad local, la ministerial y la judicial precisamente para que esos casos no queden en la impunidad.

Esa reforma constitucional también en un transitorio mandató al Congreso de la Unión a establecer las condiciones a través de los cuales los supuestos en los cuales esa facultad de atracción ha de ejercerse no potestativa, no discrecionalmente, sino como un imperativo legal.

Y es justamente lo que este dictamen el día de hoy plantea.

Hemos construido un consenso fundamental en las condiciones de realización de esa facultad específica de atracción, una serie de supuestos que no solamente reconocen el derecho de la víctima o el ofendido de apelar a la autoridad federal para que se investigue un delito en su contra, sino también una serie de supuestos que reconocen realidades de hechos y que exigen que la autoridad federal intervenga.

Hemos puesto en la minuta, en el dictamen que hoy se presenta a su consideración, que cuando existen circunstancias generalizadas, objetivas, que impidan el ejercicio adecuado y efectivo de los derechos a la expresión y a la libertad de información, la autoridad federal tenga el deber ético y jurídico de intervenir y de suplir a la autoridad legal, o bien cuando existe presunción o indicios de que un servidor público del orden estatal o municipal está involucrado en la agresión o en la omisión a investigar el delito cometido contra los periodistas.

Es una importante innovación que le da valor a este dictamen, reconocemos también que cuando órganos internacionales, reconocidos por el Estado mexicano a través de tratados internacionales ratificados por este Senado de la República, reconozca que hubo indebida diligencia en la persecución o sanción de un delito, ese caso ya no vuelva otra vez a la autoridad local que fue parte del problema, sino que la Federación reciba ese caso y lleve hasta sus últimas consecuencias las responsabilidades.

Pero también debemos destacar que en el equilibrio político, al que arribamos en las comisiones dictaminadoras, introducimos dos figuras de enorme importancia: un recurso de reconsideración en caso de que el Ministerio Público Federal se niegue a ejercer la facultad de atracción; un recurso de reconsideración que se resuelva de manera directa por el Procurador General de la República y que le da a este mecanismo una fortaleza institucional de enorme importancia.

Será el procurador el que en última instancia determinará si un caso ha de atraerse conforme a las causales que hoy establece este dictamen. Pero también, señoras y señores Senadores, recogimos la obligación del Ministerio Público de agotar la línea de investigación, la hipótesis de investigación relacionada con el atentado a la libertad de expresión o bien a las libertades informativas.

Hoy en día muchos casos quedan impunes en cuanto a su efecto silenciador, precisamente porque el único propósito de la investigación es el delito en sí, el homicidio, el secuestro; pero en este caso establecemos la obligación de que siempre y en todos los casos la línea de investigación relacionada con la finalidad o el resultado de la agresión cometida contra un periodista o contra un medio de comunicación llegue hasta sus últimas consecuencias.

¿Para qué? Para que no solamente no quede impune el delito, sino también para que no quede impune la intención o finalidad de silenciar los mecanismos democráticos de expresión o de información.

Ya decía yo hace un momento que la racionalidad constitucional de la reforma no fue federalizar los delitos. En consecuencia, se mantiene el régimen dual en el sentido de que hay una competencia originaria de las autoridades ministeriales y judiciales de sancionar delitos del orden común, salvo cuando se ejerza la facultad de atracción; pero también persiste la facultad originaria de la Federación para perseguir delitos federales, ya sea por la calidad del sujeto activo o ya sea también por los bienes jurídicos tutelados.

En el caso de los delitos federales, el dictamen establece una triple modalidad de agravante en consonancia con los estándares internacionales. Es menester decir que los estándares internacionales no solamente sugieren la posibilidad de federalizar, sino también recomiendan el establecimiento de agravantes específicos cuando concurran ciertas condiciones.

En el tono de esos estándares internacionales, este dictamen establece, ya decía, una triple agravante. Cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público, cuando exista una intención de afectar o delimitar las libertades informativas o de expresión, o bien cuando concurra una condición de género.

Y resalto este último tema, ha sido un elemento insistente de muchas organizaciones el hecho de que reconozcamos que hoy en día mujeres periodistas sufren agresiones en razón de su condición de género. Y precisamente porque reconocemos esa realidad hemos incorporado un elemento técnico de agravante, precisamente cuando además del ejercicio profesional concurra en el delito la condición de género.

La iniciativa presentada por Senadoras y Senadores de diversas fuerzas parlamentarias, planteó elevar a rango de ley la fiscalía encargada de perseguir tanto los delitos federales, como de ejercer la facultad de atracción. Es una tendencia que venía reconociendo nuestro país y también es una tendencia que han sugerido en distintos momentos los órganos internacionales.

En el equilibrio al que hemos arribado en este Senado de la República, y que hoy les presentamos a votación, se mantiene la existencia de la fiscalía encargada de perseguir estos delitos, pero al mismo tiempo se establece la potestad de la Procuraduría General de la República de presentar una reorganización integral, dentro de 180 días, precisamente para fortalecer en el ámbito administrativo e institucional la persecución de estos delitos y, sobre todo, la dimensión orgánica que hoy tiene la fiscalía.

Estamos aquí, Senadoras y Senadores, dando un paso fundamental en un pendiente del país. México no puede tener ese indecoroso lugar de ser el país donde la profesión periodística se ejerza con miedo, con temor o con riesgo.

Estamos empeñados en generar mejores mecanismos legales e institucionales para hacer efectivo ese derecho fundamental, no solamente a mantener la integridad física de las personas, sino también al libre flujo de las ideas en nuestro país.

A pesar de discursos que hoy anuncian que la reducción de la violencia es inminente y que el crimen va a la baja, la realidad es otra en Veracruz, la realidad es otra en Coahuila, la realidad es otra en Tamaulipas. Y precisamente porque la realidad es otra en esos estados, hoy el Senado de la República asume esa responsabilidad de contribuir con el gobierno de la República en mejores instrumentos legales para traer a México la paz y la seguridad que todos merecemos.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

Se ha determinado que estas participaciones sean de cinco minutos, ruego, ojalá puedan ajustarse a ese tiempo.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bien, creo que la exposición del Presidente de la Comisión de Justicia ha sido muy concreta para especificar el proceso que ha seguido la discusión que hemos emprendido a partir de diversas reformas que nos fueron entregadas por organizaciones que dedican su esfuerzo a la defensa de periodistas.

Hay un acompañamiento importante de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y de otras personalidades que están preocupadas porque podamos dar, a partir de un precepto constitucional inscrito en el artículo 73, todas las líneas jurídicas, a partir de estas reformas que hoy presentamos ante ustedes, para que el Ministerio Público de la Federación pueda atraer aquellos casos que tienen que ver con asesinatos o con violaciones a derechos a la información, a la libertad de expresión o imprenta que se encuentran en el ámbito del fuero común.

Creo que es muy importante insistir que el trabajo que realizamos las cuatro comisiones, yo tengo que distinguir que si bien teníamos que dictaminar Comisión de Justicia, Comisión de Derechos Humanos, y Comisión de Estudios Legislativos, fue muy importante la participación con su opinión, eso no demeritó de ninguna manera la relevancia de su participación en la discusión, en las mismas condiciones que las otras tres comisiones que acabo de mencionar, el caso de la Comisión de Gobernación.

Además con un acompañamiento muy importante, que también tengo que decirlo, de quienes fueron parte de la directiva de la Comisión de Justicia. Yo creo que hoy estamos dando un gran paso para atender los reclamos que desde los medios de comunicación, desde el gremio de los periodistas han estado exigiéndole al Congreso de la Unión para que respondamos en tiempo y en forma al transitorio inscrito en la reforma al artículo 73 constitucional, que también dio origen a una ley en la materia.

En la discusión tuvimos algunos cambios que es importante señalar. Yo quiero poner énfasis a una preocupación que ha quedado en algún ambiente respecto de que nosotros desde estas comisiones estamos anulando el funcionamiento de la fiscalía especializada en la materia. Eso no es así.

El transitorio tercero de este Decreto que ponemos a su consideración la legitima, y además establece que tiene las atribuciones para poner en marcha el Decreto que hoy estamos reformando.

No tenemos facultad para desaparecer esa fiscalía, simple y sencillamente no es nuestra atribución. La misma fue creada por un Decreto del titular de la Procuraduría General de la República en función de sus atribuciones, inscrita en la Ley Orgánica de la PGR; al contrario, y por cierto, no es la única unidad a la que tiene facultado crear. Si ustedes revisan la Ley Orgánica, en su artículo 10, encontrarán inscritos una serie de unidades especializadas que están cumpliendo la función de coadyuvar a las tareas de la Procuraduría General de la República, y en el caso concreto de la nos ocupa, es una fiscalía que está creada por un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Es verdad que va a tener nuevas atribuciones, es verdad que esta unidad especializada va a tener mayores encomiendas a partir de que hoy estemos aprobando este dictamen; es verdad que México va a dar un paso importante desde el ámbito jurídico, pero también es verdad que necesitamos, y eso ya no nos compete a nosotros, seguir insistiendo que con este avance en las reformas a estos ordenamientos secundarios, seguramente los gobiernos van a tener que seguir poniendo mayor índice, mayor suficiencia en sus tareas como gobernanza, para evitar que este tipo de crímenes no queden en la impunidad.

Hoy estamos otorgándole al Ministerio Público de la Federación y al Poder Judicial de la Federación la atracción en las características que aquí han sido enunciadas, pero el problema no puede ser que permanentemente ante delitos del fuero común la Federación tenga que tomar estas decisiones, tenemos que seguir fortaleciendo al estado de derecho, tenemos que seguir trabajando en las acciones gubernamentales y, sobre todo, en el funcionamiento de los Ministerios Públicos y del Poder Judicial para que exista justicia y para que no haya impunidad, esa es una tarea que sigue presente y que desde el Senado de la República seguramente coadyuvaremos.

Por lo tanto, solicito a las señoras y señores Senadores que puedan apoyar de manera positiva con su voto para que estas reformas a estos cuatro ordenamientos puedan transitar a nuestra Colegisladora y tengamos condiciones de que con calma, la Colegisladora pueda dictaminarlas, esperando que la acepte como las hemos trabajado, ha sido un trabajo colegiado muy importante, muy destacado, y podamos tener condiciones de que las mismas sean pronto publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Hemos cumplido con el compromiso que signamos con las organizaciones no gubernamentales, con los medios de comunicación, con periodistas, con el gremio.

Es cuanto, muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación.

Y aprovecho para saludar la presencia de integrantes de la Fundación Caritas, San Marón, I.A.P, invitadas por la Senadora Martha Palafox.

¡Bienvenidas, bienvenidos!

(Aplausos)

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente; señores Senadores:

El dictamen que se está presentando a esta Soberanía por parte de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación, es sin duda una muestra más del gran compromiso social y político del Senado de la República, y de los grupos parlamentarios en esta Cámara representados.

En un amplio consenso, las comisiones dictaminadoras hemos alcanzado el acuerdo suficiente y necesario para transitar a una nueva regulación del derecho a la libertad de expresión y la protección de aquellas personas que en su ejercicio periodístico forman parte importante y trascendental de la sociedad, tanto para acceder a la información, como para informar en la parte que corresponde a la sociedad, de aquello que sucede en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo.

Las reformas que ahora se presentan y que estoy segura serán aprobadas por el Pleno del Senado, por su amplio contenido y su naturaleza intrínseca en favor de la protección de periodistas y la libertad de expresión, atienden la necesidad de reglamentar la fracción XXI del párrafo segundo del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instaura la facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación sobre delitos del orden común que agravien a periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Esta facultad es una innovación en el sistema jurídico mexicano, como bien lo ha expresado el Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Roberto Gil, puesto que con ella se “inauguró” la atribución de las autoridades federales para conocer de investigaciones que no tengan "conexidad" con delitos federales.

Estas reformas tienen como finalidad reconocer a los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones y las violaciones a sus derechos humanos, por lo que ha resultado imperativo, para este órgano legislativo, proteger la actividad esencial que realizan en beneficio de la vida pública del país, y en especial en los casos en que los profesionales de la información cubren en situaciones de alto riesgo.

En los últimos años gran parte de estas agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión constituyen delitos de la competencia de la autoridad local, por lo que se considera conveniente que cuando estos delitos trasciendan del ámbito de las entidades federativas, o tengan efectos a nivel internacional, sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales para garantizar una mayor eficacia en el manejo de los procesos correspondientes, evitando la impunidad.

Las recomendaciones internacionales que recibimos de la OEA y de la ONU, fueron consideradas como un llamado de alerta para los legisladores y ameritó la renovación del marco normativo para permitir a las autoridades competentes de los distintos ámbitos, accionar de manera inmediata en contra de aquellos que atenten contra la libertad de expresión.

En la Comisión de Gobernación consideramos que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser tutelado por el derecho penal, porque esta se constituye en un bien jurídico que a la sociedad, como su titular, le interesa sea protegido y sancionen a quienes lo vulneren.

Existen diversas posturas que sirven de sustento a este argumento. De acuerdo con la opinión consultivo OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión involucra, por una parte, el derecho y la libertad de expresar el pensamiento propio, y por otra, el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir información, ideas, libertades, de buscar y recibir información que en el ordenamiento nacional se encuentran ya plasmados el derecho a la información y tutelado en el artículo 6o. de nuestra Constitución.

Por tanto, ambos campos deben ser garantizados simultáneamente para la concreción de las libertades de expresión, en su sentido más amplio, porque como bien afirma la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles.

Proteger la libertad de expresión en nuestro país en beneficio de la sociedad, es un tema de interés de Estado.

Por ello, en la Comisión de Gobernación reconocemos el proceso de dictaminación llevado a cabo por las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, ya que en este proceso previo a la elaboración del dictamen se llevaron a cabo, no sólo un análisis minucioso y profesional de la iniciativa, como lo mandata el Reglamento del Senado, sino también debemos de reconocer que se escucharon todas las voces interesadas a través de un proceso de audiencias públicas, todas de una gran importancia, sin dejar de señalar, por supuesto, la opinión de expertos nacionales e internacionales; también contamos con el Alto Comisionado de la ONU.

Es por ello que quiero agradecer la participación de quienes integran estas comisiones, y felicitar a las comisiones que dictaminaron.
Como integrante de la Comisión de Gobernación, a nombre de mis compañeros, felicito a todos mis compañeros por este alto compromiso en beneficio de la sociedad mexicana.

A sus Presidentes: Roberto Gil, de la Comisión de Justicia; Angélica de la Peña, de la Comisión de Derechos Humanos; Graciela Ortiz, de la Comisión de Estudios Legislativos; a nuestra compañera Arely Gómez, como Secretaria de la Comisión de Justicia, a quien le tengo un amplio respeto y reconocimiento a su trabajo cotidiano.

Muchas gracias, y esperamos contar con el voto de todos ustedes

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Procedemos ahora al posicionamiento de los grupos parlamentarios, a los cuales les rogamos pudieran ajustarse a un tiempo de 5 minutos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su venia, señor Presidente.

Hoy es un día para congratularnos por nuestra labor como Senadores, porque al proteger esa noble labor periodística, esa democrática profesión, estamos también haciendo honor al Senador, por excelencia, Don Belisario Domínguez, en el año del centenario de su cruel asesinato por haber dado una opinión, por haber ejercido un derecho, el derecho a la libertad de expresión que en su momento, a esas horas álgidas de la República, era motivo de represalias, tales como la muerte de un Senador de la República.

Hoy estamos haciendo votos por reconocer este pilar fundamental de la democracia.

Sólo con el libre ejercicio de este derecho podremos pensar en que realmente México es un país democrático, antes no.

Mientras siga habiendo periodistas que tienen que cerrar sus medios de comunicación, que caen en la peor desgracia que puede caer un periodista, que es la autocensura, no podemos decir que México es democrático.

Mientras haya periodistas que tengan miedo, mientras haya periodistas muertos, no podemos pensar que México es democrático. Y las cifras así lo señalan.

Tan sólo entre 2000 y 2010, como ya se ha señalado, dice la Organización de Naciones Unidas: “El número de periodistas asesinados en México ascendió a 66, mientras que 12 más se han reportado desaparecidos”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice: “Que para el año 2011, en México, la impunidad por delitos violentos es de 98 por ciento, lo que propicia la repetición de las conductas delictivas, principalmente por el riesgo de obtener una sanción para quien delinque”.

La Organización de los Derechos Humanos publicó su informe trimestral para enero, febrero y marzo de 2013, y contabilizaba ahí 50 agresiones contra periodistas en el primer trimestre, entre ataques a medios, secuestros, asesinatos y desapariciones. Esta cifra representa un incremento del 11 por ciento con respecto al año anterior.

Esta situación, en la que son las bandas criminales las que perpetran estos delitos, estas amenazas, estas acciones de privación ilegal de la libertad, pues no podían seguir ocurriendo sin la reacción, sin la acción inmediata por parte de nosotros como Senadores.
Acallar las diversas voces en una sociedad, dejar a periodistas muertos, a periodistas heridos, obligar, como ya se ha mencionado, el cierre de medios de comunicación, no va a ser que nuestro país sea más democrático.

Por eso, el hecho de que hoy podamos votar a favor de que en el marco de la ley, el ejercicio y la garantía del ejercicio informativo, contribuye a que nuestro país tenga un sistema político y un sistema democrático más sólido.

Tal como se establece en el dictamen, las reformas legales que se están proponiendo constituyen el bloque indispensable para construir un México respetuoso de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Hoy esta iniciativa dictaminada constituye realmente un proyecto integral en cumplimiento de una mandato constitucional que aclara las competencias entre las instancias ministeriales, federales y locales garantizando la protección jurídica de los derechos de información y de libertad de expresión, así como las condiciones de seguridad de las personas que realizan esta actividad, que no es una profesión, no es un oficio, es una vocación democrática, de profundo arraigo para quienes así lo deseen hacer, aún cuando su vida corra riesgo.

En nuestro deber como legisladores, garanticemos, pues, este ejercicio informativo libre, un ejercicio informativo seguro, en el marco de protección de derechos fundamentales, lo que aporta elementos sustanciales para la democracia nacional.

Compañeros Senadores:

Hoy a la hora de votar, yo les pido que recuerden al prócer, a Belisario Domínguez, y con él, parado en nuestros hombros, votemos y legislemos a favor de la protección del periodismo.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Hoy es un día en el cual nos debemos de congratular como Senado de la República, al dictaminar y votar una serie de medidas que, sin duda alguna, beneficiarán en mucho a la protección de los periodistas.

Sin embargo, esta serie de iniciativas y medidas nunca debieron de haber existido, si los gobernantes en turno, de manera especial, en las entidades federativas se preocuparan por darle seguridad a quienes ejercen esta noble profesión.

De acuerdo a algunas organizaciones civiles, el estado de Veracruz, al cual represento, es sin duda alguna el estado más peligroso para ejercer el periodismo en el país, y de acuerdo al Artículo 19, también en América Latina.

En solamente 47 días, en Veracruz asesinaron a 5 de los 7 periodistas que fueron asesinados en el año 2012.

Desde 2011 a la fecha han sido asesinados 9 compañeros de los medios de comunicación en Veracruz.

En los últimos 2 años se ha documentado la salida de 23 comunicadores por situaciones de apremio debido a la ausencia de garantías de seguridad en este estado.

Ante esta situación, en el estado de Veracruz se creó una Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en el Estado, organismo que simple y sencillamente sirvió para pagarle a algunos periodistas que le trabajan al gobierno en opiniones y columnas.

El 8 de febrero de este año, Jorge Morales, periodista integrante de esta comisión, acusó la falta de transparencia y apego de la ley de la misma.

De los 15 millones de pesos que le fueron presupuestados, el 85% se utilizó en el pago de nómina y pago de bonos a periodistas.

Esto nos debe de servir de ejemplo, para que la Fiscalía, en el caso federal, no sirva de esta misma manera; debe ser una Fiscalía eficiente, una Fiscalía que verdaderamente proteja y persiga  los delitos que se cometen contra los periodistas y que en las entidades federativas no están siendo perseguidos de la manera correcta.

Pero no solamente se ha afectado la vida y la integridad física de los periodistas, aún más grave, se ha buscado asesinar la libertad de expresión y la divergencia de ideas en muchos estados.

Una vez más en Veracruz, el fotoperiodista Félix Márquez, hace unos cuantos días fue fustigado y también fue acorralado y atosigado por el Secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, por tomar fotos de grupos de autodefensa.

Y cito: Señaló que el que debería de estar detenido, es quien sacó las fotos y pagó a los ciudadanos para que rayen las paredes, pongan graffiti y que puedan hacer las cosas.

Pero aún más grave, y abro comillas “el gobernador del estado, Javier Duarte Ochoa, declaró lo siguiente: esa nota es una vacilada, tiene el mismo efecto de tomar una foto disfrazado de Blue Demon, la Mujer Maravilla y Batman, no tiene ninguna consecuencia, es un tema que no tiene que ver con la realidad. Una cosa muy diferente es que existan este tipo de circunstancias en otros lugares del país”.

Aunque parezca broma, así habla el gobernador del estado. Una situación por demás compleja.

Pero no solamente esto, el 28 de marzo de este mismo año, hace unos cuantos días, el subdirector de tránsito y vialidad del gobierno estatal, golpeó a un reportero gráfico en la ciudad de Xalapa, por no quererse retirar a la hora de que habían tomado las fotografías. No hubo una sola, disculpa del gobierno estatal para este reportero o el medio de comunicación.

De igual forma, el 4 de abril de este año, el jefe de información del periódico El Mundo de Córdoba en Huatusco, Enrique Zamora y la reportera Juliana Rincón, del mismo medio de comunicación, fueron golpeados y agredidos por el empresario Jorge Quezada Cobi, quien les reclamó la publicación de una nota en dichos medios de comunicación, los cuales, en palabras de él, habían negociado la no publicación de los mismos, con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz. Una vez más tratando de acallar las voces opositoras.

Esto no solamente ocurre en Veracruz. Hace unos cuantos días en Chihuahua fue despedido un periodista, por atreverse a entrevistar a Andrés Manuel López Obrador. Esto en un país democrático como México no puede ocurrir. Las voces que no piensan igual a las de un gobierno, sin importar de qué color sea, deben ser escuchadas para que nuestra democracia crezca día a día.

De igual forma en Tamaulipas, una situación muy compleja, del portal de Internet, Valor por Tamaulipas, miembros de la delincuencia organizada ofrecieron 600 mil pesos por la cabeza de la persona que lleva dicho portal de Internet. El portal tuvo que ser bajado.
No podemos también reprimir las voces de la sociedad, que día a día se expresan en contra de la violencia y en contra de situaciones que no les parezcan de sus gobiernos estatales, municipales o federales.

No podemos dejar de lado esta situación. Hoy damos un gran avance, hoy damos un paso importante, pero no podemos dejar pasar por alto, que lugares como Veracruz y otras entidades federativas, hoy son más complicadas y más peligrosas para los periodistas que ir a Afganistán a cubrir un conflicto armado o ir a cualquier otro lugar.

Pero aún más grave que esto, compañeras y compañeros, sin demeritar el hecho de proteger la integridad física de las y los periodistas, es que no podemos permitir que la libertad de expresión se vea asesinada en México; no podemos permitir que uno o dos o tres medios de comunicación sean prácticamente desmantelados por no coincidir con las ideas del gobierno estatal o el gobierno federal, en su caso.

En Veracruz van cuatro reporteras y periodistas, titulares de noticieros que son despedidas por algún día dar una nota discordante de lo que decía el gobernador del estado en el momento.

Quiero hacer un llamado a ustedes, una vez más, a que votemos a favor, como lo haremos los Senadores de Acción de Nacional, en este dictamen y esta serie de medidas.

Pero, sobre todo, que utilicemos esta alta tribuna para siempre exigir cuando la libertad de expresión en nuestro país, quiera ser coartada o detenida.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Yunes Márquez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Me parece que estamos tratando un tema de la mayor importancia para el desarrollo de la vida democrática del país.

Sin estridencias, creemos en el Partido Revolucionario Institucional que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de la humanidad, porque nos permite, a partir de su ejercicio libre, a la ciudadanía tomar decisiones más asertivas, forjarnos criterios y de esta manera forjar naciones independientes, democráticas y plenas en el respeto a los derechos humanos, y México es uno de ellos.

Tal como lo hemos venido haciendo desde que inició la presente legislatura, una de las responsabilidades que esta Soberanía ha privilegiado en todo momento, es el relativo a la defensa y protección de los derechos humanos, de las garantías individuales que nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales reconocen y protegen.

En los últimos años, México ha transitado del reconocimiento de derechos y libertades, buscando, ahora, la efectividad de los mismos.

Sin embargo, no podemos desconocer, y aquí se ha dicho con claridad, habremos de ubicar también fechas, que existen situaciones de riesgo y amenazas que en ocasiones hacen imposible garantizar plenamente los valores que estamos obligados a tutelar.

Y es el caso que nos ocupa. Bien lo han dicho aquí los compañeros que nos anteceden.

En el caso del ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión e información, que es una condición sine qua non para el desarrollo democrático del país, éste debe sustentarse en un grado de efectividad con que se ejercitan estos derechos, sin más prohibiciones, limitaciones o restricciones que las señaladas en las normas, en virtud del interés público social.

Y ciertamente esto no fue cumplido, habría nada más que revisar las cifras que nos dan organismos internacionales. México ha sido nombrado en diversas ocasiones como el país latinoamericano con el mayor peligro para ejercer el periodismo.           

Ocupamos el lugar 149 de 179 en el ranking mundial, redactado por la organización no gubernamental, Reporteros sin Fronteras.

En la administración pasada, debemos de recordar que la incidencia de crímenes fatales en contra de periodistas, aumentó en más del 240%, respecto a la administración de Vicente Fox.

De diciembre de 2000 a noviembre de 2006, fueron asesinados, en promedio, 4.3 periodistas por año.

Mientras que en el gobierno anterior, de Felipe Calderón, el cálculo rondaba los 10.4 homicidios de comunicadores anuales. Esto en todo el país.

No olvidemos que México es un país compuesto por 32 entidades federativas y que tiene establecida en la Constitución, atribuciones, facultades y competencias para los tres órdenes de gobierno.

En la medida en que logremos que esos tres órdenes de gobierno cumplan con su función, en esa medida lograremos avanzar como país. No podemos ver una parte y desconocer la otra.

Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el tema de la protección de las personas y en general de todos los actores y entes que intervienen en la actividad periodística de comunicación e información, en cualquiera de sus modalidades, nos resulta un asunto sensible y prioritario, un asunto que no podemos postergar en el debate y en las acciones legislativas conducentes, pero sobre todo un asunto que no podemos manipular a modo para buscar con ello un resultado político.

Por esto, la situación que se ha venido generando en los últimos años en perjuicio de algunos miembros del gremio periodístico del país, debe dimensionarse y atenderse, sobre todo en aquellas regiones del país que han sido vulneradas por la delincuencia organizada que tuvo un crecimiento exponencial en la pasada administración.

Es claro que en el entorno generado por el combate a las organizaciones del crimen organizado, los derechos fundamentales de los periodistas se han visto gravemente afectados.

Como es del conocimiento de todos, entre los años de 2007 y 2012, los delitos y actos contra periodistas se incrementaron de manera alarmante.

Las cifras reportadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, adscrita a la Procuraduría General de la República, conformada en la pasada administración, indican que se cometieron en ese periodo poco más de 55 homicidios, incremento que se da respecto a los años que le precedieron. Así como también un incremento en algunos años de 3 a 1 en cuanto a agresiones y lesiones físicas, amenazas, abusos de autoridad, entre otros cometidos contra periodistas que estaban ejerciendo su profesión.

La propia Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocen que del periodo de 1999 a julio de 2012, emitió 77 recomendaciones al gobierno mexicano por presuntas violaciones a la libertad de expresión.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró desde el año 2000 al año 2012, 87 homicidios de periodistas; 16 desapariciones y 18 atentados, de los cuales 19 por ciento han sido investigados y sólo 7 por ciento han derivado en condena.

Estos registros lo que nos muestra es la necesidad urgente de hacer frente al problema, sin partidarismos y sin posiciones maniqueas y buscando con ello evitar las agresiones y los crímenes contra periodistas y trabajar unidos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, incluyendo a los sectores involucrados, por supuesto, y a la sociedad en general, en razón de una sola causa común que es la de garantizar la protección de los derechos humanos y el régimen de garantías a favor de los ciudadanos.

En este sentido, el dictamen que hoy se somete a consideración del Pleno y por el cual mi grupo parlamentario votará a favor, atiende ese reclamo, el reclamo de un gran sector social que se encuentra atento y preocupado para que se legisle de manera clara, oportuna y de modo plural e incluyente sobre el marco legal que se deriva de la reforma constitucional del 25 de junio de 2012, por el que se facultó a la Federación para conocer, perseguir y resolver sobre delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta.

Yo quiero destacar que este dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales y las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República, recoge las opiniones y recomendaciones vertidas a lo largo de innumerables foros por especialistas y expertos en la materia, tanto de organizaciones de la sociedad civil organizada, dedicada a la promoción de la libertad de expresión, como de organismos internacionales para la protección de los derechos humanos, los cuales concluyeron en su momento de manera genérica lo siguiente:

Dijeron estas organizaciones:

“La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse debido a factores como el crecimiento del crimen organizado en ciertas zonas del país. Por ello, es necesario adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión y garantizar que las posibles violaciones de este derecho sean siempre investigados por la jurisdicción penal ordinaria. Por lo que estas reformas que se proponen reglamentan justamente esta facultad de atracción prevista en la Constitución a efecto de que sea la Federación quien se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza trascienden el ámbito de las entidades federativas, soporte que no existía hasta esta reforma.

Esta facultad sólo podrá ser ejercida, ya se dijo aquí, en aquellos casos en que por su relevancia y una vez que se presuma la comisión de delitos y que en estos exista una intención dolosa y se actualice cualquiera de las nueve causales que prevé el código adjetivo, procederá tal facultad tratándose del Ministerio Público Federal y de los tribunales federales para conocer, perseguir y resolver al respecto”.

Sin embargo, debemos dejar claro que esta facultad, esta reforma en ningún momento federaliza delitos o crea nuevos delitos federales ni tampoco tiene el objeto de permitir que se invadan esferas de competencia de las autoridades estatales, sino que pretende, repito, crear un nuevo régimen procesal para la facultad de atracción que podrá ejercer la Federación en las hipótesis que ya hemos comentado.

Yo quisiera aprovechar para concluir, compañeras y compañeros legisladores, la oportunidad, no quisiera dejarla pasar, de hacer un reconocimiento muy sentido, muy amplio a los integrantes de la Comisión de Justicia, de manera especial a nuestra compañera Arely Gómez, sin cuya participación no se hubiese avanzado con la celeridad con que se hizo, hacia el Presidente de la propia comisión, al Senador Roberto Gil, que mostró en todo momento la disposición para que avanzáramos en el desarrollo de esta reforma.

A la Comisión de Derechos Humanos, a su Presidenta Angélica de la Peña y así como a la propia que preside su servidora de Estudios Legislativos, en la que los integrantes de mi comisión mostraron siempre la disposición de establecer en un ánimo propositivo los requerimientos que la reforma necesitaba para salir adelante.

No quiero desconocer la valiosísima opinión emitida por la Comisión de Gobernación, cuya Presidenta Cristina Díaz estuvo aportando a lo largo y ancho de este tiempo.

Estos trabajos resultaron muy provechosos, porque son en su conjunto un análisis y discusión de las reformas mismas que estamos seguros van a fortalecer la política de Estado que busca preservar uno de los mayores derechos que debe de proteger nuestra Constitución, los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto, que es el de la libertad de expresión.

Sin estridencias, sin acusaciones falaces, sin posiciones partidistas, me parece que este es un momento histórico que la nación en su conjunto debe celebrar.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Ortiz González. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los siguientes Senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas, del PT; Benjamín Robles Montoya, del PRD; y la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN. Todos ellos en pro. Se cierra la lista de oradores.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Con el permiso del señor Presidente de la Asamblea.

Quiero igualmente felicitar a los compañeros que han dictaminado, porque indudablemente tanto sus mesas directivas como los integrantes aplicaron bastante tiempo para el dictamen de estas regulaciones.

Quiero decir que efectivamente la federalización de los delitos cometidos contra periodistas y sus agravios era una cuestión ciertamente ociosa.

Hay que decir que el hecho de que esto haya quedado en diferentes vertientes, como por ejemplo la petición de la víctima, la omisión del Ministerio Público en las investigaciones y algunas situaciones específicas fueran el signo y fueran la condición para la atracción del delito, es totalmente correcto.

Sin embargo, quiero llamar la atención de todos mis compañeros en el sentido de que se ha eliminado la creación de una fiscalía especial para atender los delitos contra periodistas con autonomía plena de gestión.

La creación de esta fiscalía estaba incluida en el dictamen sobre reformas secundarias para proteger la labor de los periodistas.

Asimismo, también en este dictamen se descarta la posibilidad de que estas fiscalías sean creadas a nivel estatal.

Esto obviamente es una situación que nos preocupa a quienes estamos relacionados en el Senado en la materia, y es una cuestión que preocupa al gremio periodístico y a sus agrupaciones.

Porque la creación de esta fiscalía especializada con total autonomía no es un capricho ni es una petición graciosa que el gremio y que las agrupaciones estuvieren demandando de nosotros, sino es una realidad, es una necesidad total y absoluta.

Quiero recordar aquí, palabra por palabra, la demanda del gremio periodístico en torno a la creación de esta fiscalía especializada que ha sido negada, que ha sido omitida por este dictamen.

Es necesaria la creación de un cuerpo técnico especializado y que éste cuente con autonomía financiera y recursos humanos para tener capacidad de reacción inmediata y atender de manera puntual y eficaz al gremio periodístico, generando con ello certeza jurídica y confianza, respeto a la institución a la que acuden para la atención de este tipo de ilícitos.

Con ello, al negar la creación de esta fiscalía obviamente estamos generando lo que parece será una iniciativa incompleta, y no quiero de ninguna manera demeritar a los compañeros que participaron en este dictamen, sino simple y sencillamente decirles que esta reforma no está completa porque se ha eliminado esta figura.

Se argumenta que algunos compañeros de una numerosa fracción parlamentaria hicieron un comentario en relación a la reestructuración de la Procuraduría General de la República, y se estableció un plazo de 180 días para que esta institución vertebral del sistema público federal se reestructure.

Por ello, no seré yo quien promueva el voto en contra de esta reforma, al contrario, mis compañeros del grupo parlamentario del PT y su servidor votaremos a favor, pero quiero aprovechar esta presencia en este foro para invitar desde aquí a la Procuraduría General de la República a que en el marco de esos 180 días de reestructuración contemple la existencia de la fiscalía especial, lo repito, para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, a fin de que se fortalezca o, en su caso, se especifique con claridad qué instancia y a qué nivel estructural será la competente para investigar los delitos relacionados con la libertad de expresión.

Reitero, la creación de esta figura es necesaria, porque quienes nos dedicamos a esto hemos encontrado que uno de los más grandes temores de la víctima, que el más grande temor del agraviado, que es un periodista, es precisamente comparecer ante instituciones en las que definitivamente no cree.

Es cuanto, señor Presidente, y mi voto será a favor, con esa reserva, no técnica, sino moral.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente.

He solicitado el uso de la palabra porque estoy convencido de la relevancia del tema que hoy discutimos, porque el tema de la protección a periodistas, como aquí se ha expresado, es un reclamo de toda la sociedad mexicana, y es un reclamo que ha cobrado fuerza, muchísima fuerza durante los últimos años.

¿Por qué?

Pues a consecuencia de la violencia que el crimen organizado ha venido ejerciendo en contra de la labor periodística a lo largo y ancho del país.

Y desde luego quiero subrayar que no se trata de un reclamo que proviene solamente del gremio periodístico, sino de la sociedad mexicana en general, pues al atentar contra la labor de los periodistas se atenta también contra la libertad de expresión y en contra del derecho de información de los mexicanos.

El problema no es menor, apenas el 23 de diciembre pasado, es decir, hace poco menos de 4 meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que del año 2000 a noviembre de 2012, se han recibido 807 quejas por agravios a periodistas, y que desde el 2005 ha registrado 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores.

Además señaló que en los últimos 5 años, de manera particular, ha investigado 28 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación.

Por eso es el tema tan relevante, y por eso también era necesario y urgente que el Senado de la República asumiera el compromiso de sacar adelante esta reforma, no solamente por la obligación derivada del Decreto de la reforma constitucional del 25 de junio de 2012, sino, y lo quiero subrayar, por los riesgos y amenazas que la realidad de nuestro país impone hoy en día, como se ha insistido y se ha subrayado durante los últimos minutos al ejercicio de la labor periodística, la libertad de expresión y al derecho de la información.

Pero a pesar de la presente reforma, también me parece necesario llamar la atención sobre otra faceta de la problemática de la violencia contra periodistas. Me refiero al hostigamiento proveniente de los agentes del Estado, que aquí también ya se abordó, y que muchas veces se hace utilizando incluso las vías legales.

Bien vale la pena, compañeras y compañeros Senadores, recordar recientemente que el Relator Especial de Naciones Unidas Sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, a quien por cierto recibimos en comisiones unidas como parte de los trabajos de la elaboración del presente dictamen, señaló que en México las agresiones contra periodistas no provienen sólo del crimen organizado, sino también de agentes del Estado como una forma de represalia en contra de aquellos que investigan asuntos públicos, tales como los casos de corrupción o como actuaciones indebidas.

Más aún, el propio representante de las Naciones Unidas en la materia, ha señalado también que el acoso judicial es un ejemplo de este hostigamiento por parte de los agentes del Estado, es decir, se utiliza a las instituciones como un mecanismo de hostigamiento en contra de los periodistas.

Otro método es el uso de la publicidad oficial como mecanismo para presionar, para premiar, para castigar o para privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.

Por ello, celebro la aprobación, señor Presidente, del presente dictamen, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer también un llamado a esta Soberanía para que no quitemos el dedo del renglón y veamos también qué otras formas son necesarias para proteger la labor periodística del acoso proveniente de los agentes del Estado, sirviéndose para ello de mecanismos legales.

No asumamos que nuestra labor en este tema termina aquí. Aún hay mucho camino por recorrer, porque como ya lo he señalado, atentar contra la labor periodística es atentar contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información de todos los mexicanos. Y como lo han comentado aquí quienes han hecho uso de la palabra, pues no quiero concluir sin felicitar a los presidentes de las comisiones unidas en esta larga jornada de audiencias públicas de discusión que hoy nos trae a la aprobación de este dictamen, porque yo estoy seguro que todos lo vamos a aprobar.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Bueno, primero las reformas legales que se proponen en este dictamen constituyen un bloque indispensable para seguir construyendo el México respetuoso de la libertad de expresión y del derecho a la información, parte central de los derechos fundamentales de toda persona, garantizar la procuración y administración de justicia imparcial y expedita en que los periodistas o medios de comunicación se vean vulnerados en sus derechos cuando estos casos estén relacionados directamente con su actividad, es una obligación irrenunciable de todas las autoridades, pero en especial de aquellas que deben legislar la reglamentación secundaria de la facultad de atracción que se ha tratado.

No obstante lo anterior, no se puede garantizar una efectiva protección sin proteger los derechos fundamentales de informar y expresar desde todos los ámbitos de competencias del Estado y de las instituciones protectoras de los derechos humanos.

El titular del Poder Ejecutivo Federal dentro de sus compromisos asumidos el 1º de diciembre del año pasado en materia de seguridad, se comprometió a implementar una eficiente estrategia que permita proteger, entre otros aspectos, el libre ejercicio del derecho de expresión y labor periodística, no obstante lo anterior, hasta el momento no hemos visto nada al respecto.

Por lo que estas reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, son un importante avance en materia de protección del derecho de expresión.

Lo cierto también es que estas acciones resultan insuficientes si no se implementan acciones serias que conlleven estrategias puntuales por parte del gobierno federal.

Por eso, desde esta tribuna convocamos al Presidente de la República a que implemente de manera inmediata la estrategia nacional de seguridad en la que incluya acciones eficientes para la protección de la libertad de expresión y que a su vez garanticen la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora Ninfa Salinas Sada: Con su permiso, señor Presidente.

El día de hoy, damos pasos firmes en el cumplimiento de instrumentos internacionales y la consolidación de un estado de derecho garantista.

La bancada del Partido Verde Ecologista de México manifiesta su apoyo al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación, sobre la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.

Conscientes de que la realidad no cambia por decreto, pero con la clara convicción de crear cambios positivos en nuestro país; consideramos que el contenido del dictamen son transformaciones necesarias. En él se establecen reglas claras para garantizar mayor protección de derechos fundamentales vinculados con la libertad de expresión, derecho a la información y el propio derecho a la vida.

Es importante mencionar que no se pretende federalizar delitos ni crear tipos penales nuevos, y tampoco se invaden esferas de competencia entre órdenes de gobierno o autoridades. Por el contrario, se han definido criterios específicos, con los que el Ministerio Público Federal podrá atraer e investigar las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

De igual forma, se establece que cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista o instalación con la intención de limitar la libertad de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito o se incremente hasta en 50% cuando el agravio sea cometido por algún servidor público.

Otros aspectos que deben subrayarse en las reformas que hoy se presentan, son:

1. El Ministerio Público de la Federación podrá  atraer los delitos contra la libertad de expresión, porque representan un ataque grave y directo contra todos los derechos fundamentales.

2. Se permite que el Ministerio Público de la Federación, de oficio, tenga la posibilidad de determinar cuáles casos serán atraídos al ámbito de investigación de la autoridad federal.

3. Se creará el derecho de la víctima o afectado para solicitar la acción del órgano ministerial federal para conocer de un asunto y, en su caso, atraerlo.

4. Otorga la facultad al Ministerio Público de la Federación para atraer las investigaciones que considere pertinentes en las entidades federativas en donde exista una vulneración sistemática y permanente de los derechos que se busca proteger y de los delitos que signifiquen un ataque relevante a periodistas o medios de comunicación.

5. De igual forma, la Federación podrá atraer la investigación cuando existan indicios de participación de algún servidor público, cuando la víctima señale a algún servidor público como responsable o cuando se trate de delitos graves.

6. También cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real, cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad, cuando los hechos impacten en el ejercicio al derecho a la información, cuando en la entidad existan circunstancias de riesgo para ejercer el derecho a la información o por sentencia de un órgano previsto en cualquier tratado internacional.

7. En todos los casos que el Ministerio Público Federal atraiga el caso, deberá agotar las diversas líneas de investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho a la información o de las libertades de expresión.

Se trata de una victoria de los derechos humanos y la libertad de expresión. No es un tema exclusivamente de periodistas, se trata de proteger derechos de todos.

Con el dictamen que hoy se presenta, se cubre la parte jurídica desde la perspectiva de los derechos humanos. 

Compañeros legisladores, el respeto a la dignidad humana debe ser directriz fundamental de nuestro trabajo. Los invito a aprobar el presente dictamen y dar a esta sociedad los resultados que nos demanda.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Ninfa Salinas.

En virtud de que no hay más oradores ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que a propósito de la recepción de las ternas para la designación de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo sobre el procedimiento para la designación, el cual solicito a la Secretaría dé lectura.





 

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias. Está a discusión el presente Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo sobre el procedimiento para la designación de integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION DE ADMINISTRACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Para los efectos de los artículos 66 inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2013.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias. Está a consideración de la Asamblea el Proyecto de Presupuesto. Al no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2013.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido en el mes de diciembre de 2012.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de los asuntos que se turnarán a comisiones directamente.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Informo a la Asamblea de los asuntos que se turnarán a comisiones.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México en materia educativa, particularmente la que reciben niñas, niños y adolescentes coexisten por una parte el derecho a recibir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; y, por otra el principio universalmente reconocido del Interés Superior de la Niñez.

Partiendo de éstos principios, los cuales derivan no sólo de nuestro texto constitucional sino de los tratados internacionales en la materia, se puede afirmar que es obligación para todas las autoridades -federales, estatales, del Distrito Federal y de los municipios- que en la toma de sus decisiones se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar estos principios.

Ello significa que no sólo las decisiones de las autoridades, sino el actuar o los intereses de las personas tanto físicas como morales no pueden estar por encima de estos derechos fundamentales.

A nivel internacional existe un amplio consenso en el hecho de que la protección de la niñez no debe obviada. En la Opinión Consultiva OC-17/2002, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:

“…un mundo que descuida de sus niños, que destruye el encanto de su infancia dentro de ellos, que pone un fin prematuro a su inocencia, y que les somete a toda suerte de privaciones y humillaciones, efectivamente no tiene futuro. Por tanto, es importante que los estados tomen todas las medidasnecesarias para prevenir que los niños queden expuestos a castigos denigrantes ocorporales, a la humillación, al acoso y a la violencia, en especial a manos del personal que trabaja dentro de las instituciones educativas y que son responsables de los niños.

Cabe señalar que tanto las resoluciones como los pronunciamientos que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de observancia obligatoria para el Estado Mexicano, de conformidad con lo que establece el artículo 1º de nuestra Constitución, así como lo dispuesto por el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual el Estado mexicano ha reconocido su competencia.

La propia Corte Interamericana ha establecido que el principio del interés superior de la niñez, “implica que el desarrollo de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

Parte fundamental de este bloque de protección lo es la Convención sobre los Derechos de la Niñez que establece en el artículo 3 que “todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, atenderán siempre al interés superior del niño”.

Dicho principio se encuentra reconocido en nuestra Constitución en el artículo 4, donde se establece que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado debe velarse y cumplirse con el principio de interés superior de la niñez, garantizando sus derechos de manera plena. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Es decir, este principio implica la satisfacción integral de sus derechos por parte no sólo de la persona a que se encuentra a cargo de la o el menor, sino además que las autoridades legislativas, administrativas y judiciales se encuentran obligadas a sujetar su conducta y sus decisiones al bienestar de niñas, niños y adolescentes.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que: “La protección que tienen los niños y las niñas tiene como objetivo lograr su desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad”.

Sin embargo, la realidad nos demuestra que tanto el derecho a recibir educación como el interés superior de la niñez, se encuentran afectados por factores que limitan, anulan o menoscaban su progresividad.

La deserción escolar; el bullying; la discriminación; el cierre de escuelas por la intolerancia religiosa; los usos y costumbres o las marchas y huelgas de maestros donde miles de niñas y niños están siendo afectados por la suspensión de clases; son alguno de los factores que afectan estos derechos y de los cuales el Estado mexicano no puede desentenderse.

Recientemente y derivada de los compromisos asumidos en el Pacto por México se ha dado inicio a la llamada reforma educativa, en la cual a raíz de la reforma al artículo 3º se establecen las bases para que en materia educativa se puedan contar con un Servicio Profesional Docente con escuelas de tiempo completo; la creación del Instituto Nacional de Evaluación que medirá el desempeño de los docentes y el cual deberá regir sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

Si bien es cierto que esta reforma sienta bases para un mejor desarrollo educativo en el país, el derecho a la educación, así como el interés superior del menor, siguen siendo derechos ausentes en nuestro marco legal.

Muestra de ello lo podemos encontrar en la Ley General de Educación donde el principio del interés superior de la niñez no se encuentra consignado en el texto de la Ley.

Por tanto la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía propone que en la Ley General de Educación consigne como criterio rector que oriente la política y los servicios educativos, el interés superior de la niñez y que partiendo de éste principio fundamental, no pueda estar por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, cualquier interés gremial, particular o de grupo que les impida el acceso a los servicios educativos, instalaciones e infraestructura para recibir educación en días escolares.

Adicionalmente proponemos que el derecho a la educación debe ser de calidad y que fomente el respeto a su dignidad, impulse sus capacidades, desarrolle sus potencialidades y les prepare para la consecución de su proyecto de vida, en apego de los principios de democracia, paz, respeto y ejercicio de los derechos humanos.

Finalmente no podemos hablar de una reforma educativa, si el interés superior de la niñez no es el principio rector de quienes tiene la responsabilidad de educar a la niñez de nuestro país.

Por estas razones, presento a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

UNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 1º; el primer párrafo del artículo 2º, el primer párrafo del artículo 3º y el primer párrafo del artículo 8º; se adiciona un cuarto párrafo al artículo 2º y un segundo párrafo al artículo 3º, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social atendiendo al interés superior de la niñez como base en todas las decisiones y actuaciones de las autoridades que integran el sistema Educativo Nacional.

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

...

Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, ningún interés podrá estar por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescente que les impida el acceso a los servicios educativos, instalaciones e infraestructura para recibir educación en días escolares.

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Conforme al interés superior de la niñez, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que fomente el respeto a su dignidad humana, impulse sus capacidades, desarrolle sus potencialidades y les prepare para el logro de su proyecto de vida, en apego de los principios de democracia, paz, respeto y ejercicio de los derechos humanos de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales.

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- Atenderá en todo momento el interés superior de la niñez, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I a III…

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de abril de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

PROPUESTAS

De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera y Armando Neyra Chávez, integrantes de la Comisión de Salud, un punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales a trabajar de manera coordinada con el gobierno federal contra la hipertensión arterial, mismo que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES A TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON EL GOBIERNO FEDERAL EN EL AÑO 2013 CONTRA LA HIPERTENSION ARTERIAL, DENTRO DEL MARCO DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

Los que suscriben, Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera y Armando Neyra Chávez, integrantes de la Comisión de Salud en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS ESTATALES A TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON EL GOBIERNO FEDERAL EN EL AÑO 2013 CONTRA LA HIPERTENSION ARTERIAL, DENTRO DEL MARCO DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD; ASIMISMO, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS ESTATALES PARA QUE SOLICITEN A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE SALUD RESPECTIVAS A TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON EL GOBIERNO FEDERAL, EN LOS 3 EJES RECTORES DE LA POLITICA NACIONAL DE SALUD, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las sociedades modernas, llegan a forman una nación fuerte y plena, capaz de desarrollar todo su potencial, gracias al resultado de sistemas de salud pública eficientes. Las evidencias prueban que dichas sociedades cuentan con mecanismos sofisticados para el cuidado, prevención y financiamiento de la salud pública entre sus ciudadanos.

Cada país y cada gobierno nacional, debe asumir su responsabilidad en el cuidado y atención de la salud de la población. Las Naciones Unidas iniciaron la celebración del “Día Mundial de la Salud”, el 7 abril de 1950, ocasión que se aprovecha para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la humanidad en esta materia fundamental.

En salud, las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, las adicciones, los accidentes, lesiones y violencia, las discapacidades y los problemas de salud mental, constituyen algunos de los retos más relevantes.

Por ello, la celebración en 2013 hace énfasis en una de las enfermedades más devastadoras de los últimos años, llamada por muchos expertos como la epidemia silenciosa del siglo XXI, la “Hipertensión Arterial”.

Según la OMS, este mal causa la muerte de 9.4 millones de personas al año y afecta a uno de cada tres adultos a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, la hipertensión es el segundo mayor factor de riesgo de enfermedades cardiacas después de la obesidad, en todo el mundo el 40% de los adultos de más de 25 años padece hipertensión.

Finalmente, una de cada tres personas con hipertensión desconoce que tiene esta enfermedad.

En el mundo, las enfermedades cardiovasculares constituyen un importante problema de salud pública. En México, las enfermedades del corazón han ocupado el primer lugar como causa de defunción: en el año 2000 ocurrieron poco más de 68 mil muertes y se estima que el 2012, la cifra ascienda a más de 105 mil.

Estudios realizados en nuestro país muestran de manera consistente un incremento en la prevalencia de la hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes, sobrepeso y obesidad, siendo precisamente la hipertensión arterial uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad cardiovascular.

La Encuesta Nacional de Salud 2012 muestra que la prevalencia de la hipertensión arterial se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos 6 años,siendo del 31% en la población adulta de mayores de 20 años. Esta cifra se incrementa cuando se asocia a la obesidad (42%) y aún más,cuando se asocia a diabetes mellitus (65%).

En la encuesta también se pudo observar que del 100% de adultos hipertensos 47.3% desconocía que padecía hipertensión arterial.

No obstante los avances en el tratamiento y manejo de la hipertensión, las complicaciones se siguen presentando y representan para el Sistema Nacional de Salud costos muy elevados, y para la sociedad, los enfermos y sus familias, una reducción de las capacidades productivas, elevados costos laborales, y problemas psicológicos individuales y familiares.

Ante este panorama una política pública eficaz en salud debería considerar de manera fundamental hacer de la prevención de las enfermedades y de la promoción de la salud una prioridad.

De la mayor importancia es la participación de la sociedad, ya que solo así, habrá de reducir los factores de riesgo asociados y lograr intervenciones más oportunas y efectivas.

En México, gracias al esfuerzo institucional de varias décadas, se han alcanzado logros importantes en el sector salud. Hoy, la nación cuenta con profesionales preparados y especializados; con científicos e investigadores dedicados a combatir y prevenir la enfermedad, así como con sólidas instituciones de protección a la salud.

Así, se ha logrado controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión y la difteria; y se ha erradicado la poliomielitis del territorio nacional.

A pesar de ello, se debe reconocer, también, que México vive una situación compleja en materia de Salud Pública. La fragmentación del sector; el uso ineficiente de recursos y la saturación de los servicios, afectan la oportunidad y calidad de la atención médica.

Además, el cambio epidemiológico por el que se está transitando, representa un reto adicional para nuestro sistema de salud. México, aún enfrenta retos típicos de países en desarrollo, como la persistencia de enfermedades infectocontagiosas y altos índices de mortalidad materna e infantil.

Al mismo tiempo, hay una mayor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, la diabetes y la hipertensión, propias de los países desarrollados. Esta doble condición obliga a actuar de inmediato.

Los diferentes niveles de Gobierno deberán actuar de manera coordinada para alcanzar implementar una estrategia enfocada a prevenir las enfermedades, promover la salud y procurar el bienestar de las familias mexicanas.

En ocasión del Día Mundial de la Salud 2013, el Gobierno Federal, a través del Ejecutivo, presentó la estrategia nacional de política de salud de los próximos 6 años.

La estrategia se divide en tres grandes ejes. Primero: Acceso Efectivo. El Estado debe asegurar los servicios de salud a toda la población, independientemente de su nivel socioeconómico o su condición laboral.

Además, se debe trabajar hacia la portabilidad y convergencia de los servicios de salud. Para lograrlo, se pretende fortalecer la rectoría y autoridad de la Secretaría de Salud, como responsable de la política nacional en la materia. Finalmente, asegurar una coordinación efectiva de las acciones, programas y esfuerzos de los actores que conforman el Sistema Nacional de Salud.

Segunda prioridad: Calidad en el Servicio. Se busca que por igual, se cuente con médicos, profesionales calificados e instalaciones para recibir un servicio de salud de calidad, así como seguir ampliando y modernizando la infraestructura hospitalaria y, en particular, trabajar para que las comunidades aisladas cuenten con personal médico capacitado.

Y finalmente, la tercera prioridad: Prevención. Se debe anticipar a la enfermedad y evitar las condiciones que la generan, ese es el ideal de la mejor forma de cuidar la salud.

En este aspecto, la estrategia planteada buscaría continuar con el esfuerzo de vacunación nacional. En congruencia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, debemos lograr una reducción significativa de las tasas de mortalidad materna e infantil.

Lo anterior, llevará a construir un modelo de atención primaria homologado y enfocado a la prevención de enfermedades.

En este sentido, una de las acciones más importantes de prevención, será la dirigida a reducir la obesidad y sobrepeso, toda vez que se han convertido en las más grandes amenazas para la salud de los mexicanos. Se busca poner en marcha una Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y la Diabetes.

Esta estrategia incluye el fomento de estilos de vida y hábitos de alimentación saludables; la generación y rescate de espacios para la actividad física; la capacitación del personal de salud; y el fortalecimiento de la atención primaria.

En este esfuerzo, deberá involucrarse el sector educativo y promoverse la participación de la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. Las acciones gubernamentales son importantes, pero sin el autocuidado de los mexicanos, nunca serán suficientes.

Todo lo anterior sentaría las bases para cimentar un Sistema de Seguridad Social Universal que proteja a las familias del país.

Además es prioritario garantizar lacalidad como producto del reordenamiento y delreforzamiento de la regulación de los establecimientos de atención médica en el ámbito público y privado y la participación que corresponda de la autoridad sanitaria en los ámbitos federal y estatal. Los mexicanos requieren contar con servicios de calidad uniforme a lo largo y ancho de nuestro país, disponibles y con cada vez mayor capacidad resolutiva local.

Por otro lado, la lógica de continuidad de laspolíticas públicas en salud,nos encamina a una nueva Reforma Sanitaria que atienda las justas demandas y necesidades de nuestra población, situación que exige el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad, como elemento central.

La gran contribución del Sistema Nacional de Salud para lograr un México incluyente y próspero, y transformarlo en una sociedad de derechos acorde a la política establecida por el Presidente de la República, se concretará cuando todos los mexicanos, sin importar su condición laboral, lugar de residencia, preferencia política, género o edad, tengan pleno acceso a servicios de salud, con resultados favorables y medibles en su nivel salud.

Para lograr la universalidad de los servicios de salud, será necesario reforzar la rectoría de la Secretaría de Salud, promover la separación de funciones entre el financiamiento y la prestación de los servicios, lograr una articulación plena de todos los actores a través de la adecuada coordinación y gestión de los recursos disponibles, trabajar unidos (todos los involucrados) en el Sistema Nacional de Salud bajo un modelo único, homologado y con la operación de redes de servicios de atención plurales y escalonadas, tanto públicas comoprivadas.

Uno de los elementos fundamentales, para alcanzar la universalidad de los servicios de salud, será la transformación y unificación de los mecanismos de financiamiento público de la atención médica, rompiendo con la segmentación artificial por grupos de población que es la original y principal fuente de inequidad del sistema, tanto en financiamiento como de acceso a los servicios; lo que permitirá garantizar el uso ordenado de los recursos disponibles y la necesaria rendición de cuentas.

La prestación de los servicios de salud también debe garantizar las acciones de salud pública, muchas de ellas de atención primaria a la salud y de acción comunitaria, las cuales son aplicadas desde el ámbito local, junto con las acciones preventivas y de promoción de la salud, lo que permitirá lograr de una mejor manera la reducción deriesgos a la saludy las acciones que en materia de salubridad general es obligación del Estado Mexicano atender.

En atención a lo anteriormente expuesto, la Senadora de la República que suscribe pone a consideración del Pleno de ésta Honorable Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal en el año 2013 contra la hipertensión, dentro del marco del Día Mundial de la Salud.

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales para que soliciten a los Titulares de las Secretarías de Salud respectivas, a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal, en los 3 ejes rectores de la Política Nacional de Salud.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 9 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen.Miguel Romo Medina.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen.Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen.Armando Neyra Chávez”.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo con relación al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, mismo que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO CON RELACION AL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA DOMESTICA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACION AL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA DOMESTICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 11 de mayo de 2011 en Estambul, Turquía, fue signado el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Dicho instrumento internacional ha quedado abierto para la firma de los Estados Miembros del Consejo de Europa y de los Estados no miembros que hayan participado en su elaboración, y de la Unión Europea y por lo tanto sujeto a su ratificación, aceptación o aprobación. Cabe señalar que México participa como Observador Permanente del Consejo de Europa desde el año de 1999, junto a Estados Unidos, Canadá, Japón y el Vaticano.

Parte fundamental de este Convenio es el reconocimiento de “que la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre privando así a la mujer de su plena emancipación”.

Establece en su Preámbulo que “la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género, y esta la violencia es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres”.

Asimismo, este documento manifiesta su preocupación porque “las mujeres y niñas se exponen a menudo a formas graves de violencia como la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del “honor” y las mutilaciones genitales; estos actos constituyen violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental para la realización de la igualdad entre mujeres y hombres”.

Este Tratado establece un marco para que los Estados que lo ratifiquen o se adhieran, garanticen la adopción de medidas y políticas públicas para prevenir, investigar y enjuiciar la violencia contra las mujeres ya que contiene modelos actualizados de legislación, un avance en las definiciones sobre violencia contra las mujeres, violencia doméstica, violencia por razones de género, violación, violencia sexual, el acoso, la evaluación de riesgos, medidos de protección, así como los servicios para mujeres y niñas víctimas de violación. Considerando inaceptable cualquier justificación de aquellos delitos cometidos supuestamente en nombre del honor, las costumbres, la religión o la tradición.

Por tanto, resulta importante que nuestro país en su carácter de Observador Permanente pueda adherirse a este instrumento; ya que la situación existente de violencia en contra de niñas y mujeres en nuestro país requieren adicionalmente de un marco de referencia para la implementación de modificaciones sustanciales en nuestro marco jurídico respecto de lo señalado por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará),y además, porque coadyuva a la implantación de políticas y buenas prácticas para erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas en México.

Finalmente, es importante señalar que en el marco de la 57ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la cual tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 4 al 15 de marzo del presente año, se realizó un encuentro entre la Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa, Sra. Gabriella Battaini-Dragoniy representantes de gobiernos y parlamentos de América Latina, a fin de discutir el estatus actual de la Convención del Consejo de Europa sobre la Prevención y la Lucha contra la Violencia contra las mujeres y la Violencia Doméstica, en donde expresaron su preocupación por las firmas de los Estados miembros, así como la falta de las adhesiones que permita su entrada en vigor.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de esta representación nacional la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal se adhiera al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, para favorecer su entrada en vigor. Asimismo una vez suscrito dicho instrumento internacional se envíe al Senado de la República para su aprobación.

Dado en el Senado de la República, a 9 de abril de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a realizar las acciones necesarias para cumplir a la brevedad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos

"SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Las suscritas DOLORES PADIERNA LUNA y ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadoras de la República de la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ACUERDE CON LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR A LA BREVEDAD CON LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS SOBRE LAS DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La magnitud de los casos de desaparición de personas en los últimos años es alarmante. En su Informe Anual 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que la Base de Datos de Personas Extraviadas, Ausentes y/o Desaparecidas registra 24,091 expedientes cuyos antecedentes fueron proporcionados por las procuradurías de los Estados y del Distrito Federal; asimismo informó que por el período sobre el que se rendía cuenta, se habían registrado 4,894, quedando pendientes por registrar 19,197 casos.1 En el mismo sentido, el 28 de febrero pasado, la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación precisó que la cifra oficial de personas desaparecidas es de 26, 121 casos.2

En este contexto, en marzo de 2011, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Grupo de Trabajo) realizó, por invitación del Gobierno de México, una visita para conocer los esfuerzos de México en el tratamiento de las desapariciones forzadas, examinar el estado de las investigaciones, las medidas adoptadas para prevenirlas, erradicarlas y combatir su impunidad, así como temas relativos a la verdad, la justicia y la reparación. En el Informe presentado por este grupo se señala que desde su creación, y hasta su informe anual 2010, se transmitieron 412 casos al Gobierno de México. De ellos, señala que 24 fueron esclarecidos sobre la base de la información suministrada por las fuentes, 134 se han esclarecido sobre la base de la información aportada por el Gobierno, 16 se han discontinuado y 238 siguen sin resolverse.3

El Grupo de Trabajo formuló una serie de recomendaciones que abarcan desde la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, hasta la protección de grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Por lo que respecta al marco legislativo, las recomendaciones dirigidas tanto al H. Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores; como a los Congresos de las 32 Entidades Federativas son, entre otras, realizar las siguientes acciones:

- Armonizar la definición de la desaparición forzada de la legislación penal con lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes, así como garantizar la homologación del delito para que sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas;

- Eliminar la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal para prevenir casos de desaparición forzada; y,

- Modificar el marco jurídico sobre la flagrancia a fin de restringir su uso al momento preciso de la comisión de un delito y eliminar los conceptos de cuasiflagrancia y flagrancia equiparada, para prevenir las desapariciones forzadas.

En lo que toca a las recomendaciones que deben observar y cumplir los Poderes Ejecutivos, tanto Federal como local, destacan:

El retiro de las fuerzas militares, a corto plazo, de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas; así como, establecer protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos;

- La coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar adecuadamente la desaparición forzada de personas;

- La completa identificación de todas las autoridades competentes en la detención de personas durante las operaciones en el cumplimiento de la ley;

- El registro de detención para garantizar que sea permanentemente actualizado y armonizado con otras bases de datos para monitorear la localización física de las personas detenidas, incluyendo controles estrictos sobre las autoridades responsables del registro de las detenciones y la imposición de sanciones adecuadas para aquellos que no lo hagan;

- La generación de datos estadísticos, desagregados por sexo, edad, lugar y autoridades presuntamente involucradas, sobre las desapariciones forzadas para desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación;

- La jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones forzadas;

- Un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata; y,

- El derecho a la reparación integral a las víctimas de desaparición forzada.

Por otra parte, no es posible pasar inadvertido que el clamor de la sociedad civil para que el Gobierno de México atienda esta situación tan delicada es constante. El 20 de febrero pasado, Human Rights Watch (HRW) presentó el Informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada” en el que documentaron casi 250 desapariciones de este tipo desde 2007. De éstas, más de 140 constituyen desapariciones forzadas, es decir, que participaron actores estatales en forma directa, o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia.

Los esfuerzos del Estado mexicano por combatir este grave problema han sido varios, como lo demuestra la entrada en vigor de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; sin embargo, el combate para disminuir el número de personas desaparecidas y mejorar los procesos de búsqueda y localización de personas extraviadas, requiere de todos los instrumentos normativos necesarios que complementen los alcances de esta norma.

Es de resaltar que, el 23 de junio de 2011, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) propuso a la Secretaría de Gobernación, siete demandas básicas que representan el consenso de familias que se acompañan a sí mismas, ante el desconcierto de las recurrencias en las desapariciones. Estas demandas son, la búsqueda inmediata, el registro nacional, la atención o atracción por parte de la Procuraduría General de la República, la creación de una Subprocuraduría especial, el desarrollo e implementación de Protocolos de Investigación, el desarrollo de un Programa emergente de apoyo a familias y el cumplimiento de Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

El Secretario de Gobernación asumió estas demandas como aceptables por el Gobierno de México. Es más, la reunión en que ello ocurrió, tuvo como uno de sus objetivos dar a conocer los resultados de un ofrecimiento hecho por la Secretaría de Gobernación, crear una fuerza de tarea abocada a la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, el cual hasta la fecha no ha sido cumplido.

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos poner a la consideración de esta representación nacional el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular del Ejecutivo Federal, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, acuerde con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para cumplir a la brevedad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Dado en el Senado de la República a los 09 días del mes de abril de 2013.

Sen. Dolores Padierna Luna,Sen. Angélica de la Peña Gómez".





 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se solicita información sobre el trabajo del Instituto Nacional de Medicina Genómica, mismo que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENOMICA INFORME CUAL HA SIDO EL TRABAJO QUE ESA INSTITUCION ESTÁ REALIZANDO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

"La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD, EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENOMICA, INFORME CUAL HA SIDO EL TRABAJO QUE ESA INSTITUCION ESTÁ REALIZANDO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Los datos obtenidos del Portal de Internet refieren que el Instituto Nacional de Medicina Genómica es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa en los términos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, agrupado en el Sector coordinado por la Secretaría de Salud, que tiene por objeto, en el campo de la medicina genómica, la investigación científica, la formación y capacitación de recursos humanos especializados, el desarrollo de tecnología y la vinculación con la industria para el desarrollo de productos y servicios de base genómica, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.

Las funciones del Instituto son las siguientes:

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básico en las áreas de su especialidad, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud;

En ningún caso realizará investigación en células troncales humanas de embriones vivos, o aquellas obtenidas por trasplante nuclear;

II. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, así como difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud y medicina genómica registre;

III. Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y celebrar convenios de coordinación, intercambio o cooperación con instituciones afines;

IV. Formar recursos humanos en medicina genómica, así como aquellas en materia o áreas, que le sean afines;

V. Formular y ejecutar programas, estudios y cursos de capacitación, enseñanza, especialización y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en medicina genómica y áreas afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje;

VI. Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados y títulos, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VII. Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en sus áreas de especialización, a través de otras instituciones de salud;

VIII. Proporcionar servicios de consulta externa y en medicina genómica a la población que requiera atención médica en sus áreas de especialización, a través de otras instituciones de salud y hasta el límite de la capacidad instalada de las mismas;

IX. Asesorar y formular opiniones en materia de medicina genómica a la Secretaría cuando sea requerido para ello;

X. Actuar como órgano de consulta, técnica y normativa, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en medicina genómica, así como prestar consultorías a título oneroso a personas de derecho privado;

XI. Asesorar en medicina genómica a los centros especializados de investigación, enseñanza o atención médica de las entidades federativas y, en general, a cualquiera de las instituciones públicas de salud;

XII. Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a las áreas y acciones propias de su especialidad;

XIII. Impulsar la vinculación con instituciones nacionales para conformar una red de investigación y desarrollo en el campo de la medicina genómica y disciplinas afines, con la participación de instituciones internacionales; de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

XIV. Fomentar la realización de proyectos de desarrollo de tecnología especializada, obteniendo con ello innovación tecnológica en cuanto a la elaboración de medios de diagnóstico, fármaco- genómica y terapia génica;

XV. Ser el Centro Nacional de Referencia para asuntos relacionados con el genoma humano y sus aplicaciones;

XVI. Coadyuvar con la Secretaría a la actualización de los datos sobre la situación sanitaria general del país, respecto de las especialidades en medicina genómica; y

XVII. Realizar las demás actividades que les correspondan conforme a la Ley y otras disposiciones aplicables.

El Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) es el undécimo Instituto Nacional de Salud, fundado en el año 2004, como resultado del trabajo efectuado desde 2001 por el Consorcio Promotor del Instituto de Medicina Genómica, integrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Salud, la Fundación Mexicana para la Salud y finalmente l el poder legislativo le dio el status de Instituto Nacional, en la ley de los institutos de salud.

El Portal de Internet del Instituto menciona que éste es líder nacional e internacional en la investigación genómica y tiene como objetivo principal contribuir al cuidado de la salud de los mexicanos a través del desarrollo de proyectos de investigación científica con tecnología de vanguardia, formación de recursos humanos de excelencia y generación de aplicaciones genómicas innovadoras para mejorar la atención de la salud, con apego a principios éticos universales y de respeto a los Derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud el Instituto Nacional de Medicina Genómica, informe cual ha sido el trabajo que esa Institución está realizando ylos resultados obtenidos.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 11 de abril de 2013.

Sen. Cristina Díaz Salazar".





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a adoptar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas desplazados, mismo que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ADOPTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y ATENCION DE LAS Y LOS PERIODISTAS DESPLAZADOS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, SE ADOPTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y ATENCION DE LAS Y LOS PERIODISTAS DESPLAZADOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a la libertad de expresión constituye un pilar fundamental para la vigencia de una sociedad abierta, plural y democrática. Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos consagran dicha libertad y son varios los organismos internacionales que a nivel mundial y regional se ocupan de supervisar y evaluar su cumplimiento1.

Las relatorías especiales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han detectado que los principales desafíos que enfrenta el derecho a la libertad de expresión en el mundo son2:

• Los mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación;

• La vigencia de leyes penales que criminalizan la difamación;

• La discriminación en el ejercicio del derecho, particularmente en agravio de los grupos históricamente menos favorecidos;

• Las limitaciones al derecho de acceso a la información;

• Las presiones comerciales que amenazan la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público;

• Los obstáculos que padecen las emisoras públicas y comunitarias;

• Las restricciones injusticadamente amplias a la libertad de expresión con motivo de los retos que enfrenta el mundo en materia de seguridad;

• Los esfuerzos de algunos gobiernos para controlar el potencial que ofrece Internet;

• La falta de acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación por parte de la mayoría de la población; y,

La violencia en contra de periodistas.

Este último obstáculo: la violencia ejercida contra periodistas, ha sido y sigue siendo motivo de especial preocupación por los organismos nacionales e internacionales. En el mes de agosto del años 2010, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Sr. Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sra. Catalina Botero, realizaron una visita oficial conjunta a México, generando informes de la misión que se hicieron públicos en el año 2011. Ambas relatorías especiales concluyeron que:

“[…] los obstáculos más preocupantes en materia de libertad de expresión en México son los asesinatos de periodistas y otros actos de violencia; la impunidad generalizada; la vigencia de una legislación que permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión; […].”3

Es importante mencionar que, el Estado mexicano ha avanzado significativamente, especialmente en el ámbito legislativo. Desde el año 2007 en el ámbito federal se despenalizó los delitos de calumnia, difamación e injurias.

Si bien, actualmente varios códigos penales del ámbito local, aún conservan conductas sancionadas como delitos que son utilizadas contra periodistas para coartar el ejercicio de libertad de expresión, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la resolución del amparo directo en revisión 2044/2008, determinó declarar inconstitucional Ley de Imprenta del Estado de Guanajuato, por contener el tipo penal de “ataques a la vida privada” el cuál considero idóneo para generar censura a la libertad de expresión que ejercen las personas en los medios de comunicación.4

En el año 2012, nuevamente desde el H. Congreso de la Unión, se generaron adecuaciones al marco legislativo, aprobándose el 25 de junio, dos reformas de gran envergadura:

• El Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que “las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”5.

• El Decreto por el que se expide la “Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Dicha Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la finalidad de que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos6.

Finalmente, el día 10 de abril del presente año, las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Gobernación del Senado de la República, aprobaron el Dictamen de la Iniciativa para reformar diversas disposiciones relativas a la Protección de Periodistas, así como Personas e Instalaciones contra actos que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Esta iniciativa, signada por todos los Grupos Parlamentarios del Senado, recoge las solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil, que día a día monitorean el goce de la libertad de expresión en México en todas sus facetas, incluyendo las agresiones contra las y los periodistas; así como las recomendaciones hechas por ambas relatorías sobre la importancia de contar con un marco jurídico adecuado que responda efectivamente a contribuir a garantizar su protección y el ejercicio de la libertad de expresión.

Pese a lo anterior, México está considerado como el más mortífero para las y los periodistas, donde se dan las peores condiciones para ejercer la información en libertad. De acuerdo con el Informe Anual La Libertad de Información en el Mundo 2012 de Reporteros Sin Fronteras, en nuestro país, las bandas de narcotraficantes asesinan y amenazan con impunidad; la corrupción constituye un cerco constante a la libertad de prensa; aumentaron notablemente las desapariciones de periodistas y se constató que las amenazas lograron apartar a varios periodistas de su profesión y de sus lugares de residencia7.

De igual forma se sabe que la mayor parte de las agresiones extremas en contra de periodistas se concentran en entidades federativas que padecen fuerte presencia del crimen organizado, quien representa la mayor amenaza a la vida y a la integridad física de las y los periodistas, particularmente de aquellos que cubren noticias locales sobre corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, seguridad pública y asuntos conexos. Y se informa que, la ausencia de investigaciones concluidas por parte de las autoridades en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes8.

La organización Artículo 19 reportó que para el año 2012 arribaron a la Ciudad de México “18 comunicadores de provincia, quienes por razones de seguridad tuvieron que abandonar su lugar de residencia”.

De acuerdo con esta misma organización, “no hay una cifra oficial de las y los periodistas que han tenido que desplazarse a consecuencia de las amenazas que viven y la falta de garantías por parte de las autoridades”. Según esta información, la mayoría dehuyó de Veracruz pero también se reportan caso de Morelos, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca.9

Dicha situación ha obligado a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a enfrentar la situación de las y los periodistas desplazados de manera emergente, tal como establece la encargada de la Relatoría para la Libertad de Expresión, Laura Salas:

“En 2010 recibimos 5 casos, en 2011 fueron 10, y en lo que va de 2012 hemos recibido a 15 periodistas o familiares de periodistas de Veracruz, más dos periodistas de Morelos y uno de Coahuila”10.

La falta de una política pública que atienda esta nueva forma de desplazamiento forzado por parte de las y los periodistas que deriva del ejercicio de su profesión deja en evidencia que el Estado mexicano está fallando como garante del ejercicio y respeto a de los derechos humanos de las y los personas pero también está fallando en proteger y garantizar el derechoa la libertad de expresión. Tal como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“es fundamental que [las y] los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca en un Estado Democrático”11.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de esta representación nacional el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se adopten las acciones necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas, que como consecuencia de la violencia y amenazas que enfrentan en el ejercicio de su profesión, se ven en la necesidad de desplazase de forma forzada de sus lugares de residencia.

Dado en el Senado de la República, a 11 de abril de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

Del Senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a establecer acciones efectivas de prevención y control para impedir brotes de influenza aviar en el estado de Michoacán, mismo que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, ASI COMO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN A ESTABLECER ACCIONES EFECTIVAS DE PREVENCION Y CONTROL PARA IMPEDIR BROTES DE INFLUENZA AVIAR EN DICHO ESTADO

El suscrito, Senador de la República, SALVADOR VEGA CASILLAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 fracción II del artículo 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- En el mes de junio de 2012, el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), organismo público desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) informóse presentaron focos de infección de Influenza Aviar AH7N3 en el Estado de Jalisco.

Segunda.- En fechas subsecuentes, la SENASICA ha informado que los focos de infección se incrementaron en el estado de Jalisco; y se detectaron nuevos focos en los estados de Aguascalientes y Guanajuato.

Tercera.- En el último reporte del SENASICA, de fecha 5 de marzo de este año, se ha informado la presencia de Influenza Aviar en 23 granjas y 2 predios de traspatio en Guanajuato; 16 unidades avícolas en Jalisco. Adicionalmente en el mes de enero se informó de la presencia de 2 focos de infección en el estado de Aguascalientes.

Cuarta.- De acuerdo a informes oficiales, se han sacrificado más de 22 millones de aves. De manera preventiva se han aplicado más de 18 millones de vacunas de una meta de 210 millones de las mismas.

Quinta.- El estado de Michoacán es importante productor de carne de ave. En materia de huevo de plato, es un estado deficitario, importando de estados vecinos casi la totalidad del consumo local. En cambio la producción de carne de pollo, la demanda estatal se satisface en el 80% con la producción local.

Sexta.- Adicionalmente, hay movilización importante de aves vivas al Estado, provenientes de los estados vecinos infectados, sin los controles pertinentes.Tan solo en los dos primeros meses de este año ingresaron a Michoacán más de 60 mil aves vivas de los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco.

Séptima.- Si bien, el SENASICA, ha implementado medidas de vacunación en Michoacán y otros estados, es necesario que de manera inmediata se realicen acciones de prevención y control suficientes ante el riesgo inminente de aparición de focos de influenza aviar en Michoacán.

Octava.- El virus de influenza aviar H7N3 no ha entrado al estado de Michoacán. El riesgo es alto y de no actuar a tiempo y de manera efectiva los daños a la entidad pueden ser graves. Se estima que en Michoacán hay 6.3 millones de aves en riesgo.

Novena.- Un brote de influenza aviar en un estado autodependiente de carne de pollo, ocasionaría graves daños a la economía familiar y sobre todo a los productores locales de carne de pollo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular de la SAGARPA, el Comisionado en Jefe de la SENASICA y las autoridades locales competentes del Gobierno del Estado de Michoacán, para que de inmediato se reúnan con los productores avícolas del estado de Michoacán con el fin deacordar e implementar medias de protección al alto riesgo de presencia del virus de influenza aviar H7N3.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la SAGARPA y la SENASICA para que, ante el alto riesgo de brotes de influenza aviar en la entidad, se implementen medidas de protección a la sanidad avícola en el Estado de Michoacán, entre ellas:

a) La vacunación de las aves en riesgo.

b) El control estricto de la movilización de aves vivas al estado provenientes de estados con presencia de influenza aviar.

c) Reforzar los controles de vigilancia, monitoreo y bioseguridad.

Dado en la sede del Senado de la República, a 9 de abril de 2013.

Sen. Salvador Vega Casillas”.





 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo para que se incorpore la protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México, mismo que se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE INCORPORE LA PROTECCION INTEGRAL, PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PACTO POR MEXICO

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución para que se incorpore la protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México , al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, niñas, niños y adolescentes representan aproximadamente el 37 por ciento de la población mexicana, lo cual indica que este sector constituye una importante proporción de la población, que incide de manera directa e indirecta en el desarrollo del país.

La UNICEF en México1 proporciona cifras que reflejan que aproximadamente 4 de cada 10 habitantes en México son niños y adolescentes, más de 3 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años no van a la escuela, y finalmente 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en México han vivido directamente alguna forma de violencia en casa o en la escuela.

En el ámbito educativo la UNICEF señala que en 2008, más de 357 mil niños y niñas entre 5 y 11 años de edad no asistían a la escuela debido a diversas causas. La principal causa se relaciona con la pobreza y el trabajo infantil: en 2007, se estimó que 556 mil niñas y niños entre los 5 y los 11 años trabajaban.

Una problemática más, es la violencia que sufren principalmente las niñas, esto de conformidad con el Estudio Nacional Sobre Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres2, el cual señala que a lo largo de 30 años (1980-2010), los homicidios entre las niñas menores de cinco años representan 7.4 por ciento del total de homicidios ocurridos en todos los grupos de edad.

Con lo referente al ejercicio de la titularidad de los derechos de la niñez y la adolescencia, la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 2010 menciona que seis de cada diez personas opina que los niños deben tener los derechos que les da la Ley, mientras que tres de cada diez consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar. Poco más de tres por ciento considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad.

Por otro lado, nuestro andamiaje jurídico contempla en el artículo 4º Constitucional que a la letra dice, “en todos las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de la políticas públicas dirigidas a la niñez”, no obstante, resulta importante puntualizar que lo establecido en el artículo 1º constitucional, en un sentido amplio respecto a la reforma de derechos humanos, es complementario del artículo 4º y por tanto, ofrece en efecto una concepción integral de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y su reconocimiento a partir de la Convención sobre Derechos del Niño.

Además, de lo establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de garantizar la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales, sin embargo, resulta de trascendental importancia la armonización de la legislación y plantear una agenda de la mano con los diferentes órdenes de gobierno respecto a los derechos de los niños, las niñas, y los adolescentes atendiendo los principales retos y problemáticas como: la falta de acceso a los servicios de salud, el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna, la deserción escolar, el trabajo infantil, la pobreza en la niñez y la violencia en el núcleo familiar y en el ámbito comunitario, especialmente en el escolar, el abuso sexual infantil, entre otras.

Es así que resulta pertinente que la protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sea colocada en la agenda nacional, como un tema de relevancia para México.

En ese sentido, el Pacto por México, es el resultado de un consenso político manifestado en un acuerdo que más allá de las diferencias políticas, coloca los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier interés partidario.

Este nuevo acuerdo es necesario para realizar cambios en la forma en que la sociedad transita para lograr el crecimiento económico, la transición democrática, la disminución de la pobreza y la desigualdad social.

En este marco resulta adecuado, referirnos a la situación de la niñez y la adolescencia en México, que lejos de gozar de un estado de derecho y la protección integral de los derechos que se consagran en el marco jurídico nacional e internacional, vive una situación de pobreza, desigualdad y discriminación que lacera profundamente su dignidad como personas.

La evidencia nos muestra que con mayor frecuencia la infancia se encuentra concentrada en las grandes y pequeñas ciudades, que si bien encuentran ciertas bondades cercanas a los servicios de salud, de educación y de instalaciones recreativas, también se enfrentan a situaciones de desigualdad social y niveles de pobreza que sitúan a la niñez en un plano de vulnerabilidad que desestabiliza la formación de las futuras generaciones y visibiliza la falta de servicios tan esenciales como la electricidad, el agua potable, atención a la salud, entre otros.

No obstante, para contribuir a garantizar las demandas que la infancia presenta, resulta necesario comprender la magnitud y la naturaleza de cómo las niñas, los niños y los adolescentes resultan gravemente afectados por fenómenos como la pobreza, la exclusión y la discriminación. Sin embargo, también resulta necesario eliminar los obstáculos que atentan contra la inclusión de las personas menos favorecidas; garantizar acciones tendientes a prevenir, reducir y eliminar la discriminación, la pobreza y la desigualdad, así como que se satisfagan las necesidades e intereses que demanda la infancia.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, introduce en el marco jurídico mexicano, la visión fundamental del ser humano y la obligación del Estado Mexicano de velar por los derechos de la niñez y de la adolescencia, principalmente por el principio del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4º constitucional. No obstante, obliga al Estado para dar cumplimiento con el andamiaje jurídico contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos y con los demás tratados internacionales.

Por otro lado, hoy más que nunca existe la conciencia de los retos para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, esto es así, que en septiembre de 2000 en la Cumbre del Milenio, se acordarondiversos objetivos que incorporan metas específicas relacionadas con la infancia, como lo son lareducción de la pobreza extrema en la niñez hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA, la reducción de la mortalidad mundial de niños menores de cinco años en dos terceras partes, y el logro de la educación básica universal para el 2015.

México, definitivamente requiere del respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, el actuar responsable y comprometido de quienes fungimos como representantes o gobernantes es necesario para llevar a cabo un consenso que permita que el tema de la niñez y de adolescencia se encuentre inmerso en la agenda pública en todos los ámbitos de la vida.

El cumplimiento de la reforma de derechos humanos, es apenas el piso mínimo que la infancia requiere y necesita del compromiso de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno y de la sociedad organizada, sólo así podremos consolidar una política de Estado desde el enfoque de los derechos humanos, cuya plataforma garantice las necesidades y demandas más apremiantes de una parte de la población más vulnerable.

La inclusióndel tema de la niñez en la agenda pública, es un ejercicio de voluntad, de responsabilidad y de compromiso frente a la situación de discriminación y desigualdad que viven en México, cientos de niñas, niños y adolescentes.

Es así que resulta importante incluir la protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México, toda vez que serequiere de un esfuerzo coordinado en aras de incorporar el tema de manera prioritaria y de esta manera lograr el efectivo ejercicio de estos derechos.

Considerando que el Consejo Rector del Pacto por México es el responsable de articular las negociaciones centrales de las reformas del Pacto, así como determinar las mesas de trabajo por materia y/o reforma, y que será el Congreso de la Unión el que se encargará de su discusión, es que se propone exhortar a dicho Consejo para que considere e incluya el tema de referencia al Pacto.

Compañeras y Compañeros Senadores:

Una sociedad que se mire justa y democrática, no puede serlo, sino antes se establecen las condiciones necesarias para que la niñez y la adolescencia se desarrollen en un ambiente en el que se de efectividad a sus derechos con igualdad, no discriminación y un espacio libre de violencia.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Senador el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, al Consejo Rector del Pacto por México, y a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, a que sea incorporada la protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de abril de 2013.

Sen. Martha Elena García Gómez”.





 

Del C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a otorgar partidas extraordinarias de presupuesto para que el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense pueda atender la demanda de servicios clínico-hospitalarios de la zona. Se turna a la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo y a la Comisión de Salud el tercero de ellos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS, A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A OTORGAR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS DE PRESUPUESTO PARA QUE EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE, PUEDAN ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS CLINICO HOSPITALARIOS DE LA ZONA

"El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que la pobreza y la marginación son dos grandes problemas que enfrenta México y de manera particular el estado de Guerrero y que la salud es una condición y un derecho lejano para millones de mexicanos. Estos elementos determinan en mayor medida que la población que la padece no tenga oportunidad de acceder a una vida digna.

Que la mortalidad materna es reflejo del rezago en salud de una población y de México, ya que diariamente mueren tres mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, es ejemplo de ello la tasa nacional de defunciones de 54 mujeres por 100 mil nacidos vivos, cifra que sigue muy lejos del compromiso asumido por México en las Metas de Desarrollo del Milenio, según el cual para el año 2015 la tasa de mortalidad materna debería ser de 22 por 100 mil nacidos vivos. Números de por sí altos, pero que palidecen con los de la mortalidad materna de las comunidades indígenas, pues alcanza a colocarse dentro de las más elevadas en el mundo. El 30 por ciento de las mujeres fallecidas en sus hogares por alguna razón vinculada con la maternidad, son indígenas. De hecho, las entidades con los niveles más elevados de mortalidad son las que también tienen mayor presencia de comunidades indígenas. A detalle los datos son: en Oaxaca 56 por ciento de los decesos fueron de mujeres indígenas; en Guerrero, 47 por ciento y Chihuahua, 36. En resumen, el promedio de mortalidad de las madres indígenas en México es de 151 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos.

Que los mayores rezagos se concentran en los sectores de más bajos ingresos y en las poblaciones indígenas, donde existen los mayores obstáculos para el acceso a la salud. En estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, una de cada cuatro mujeres murieron en su casa, y hasta 15 por ciento de ellas fallecieron en la vía pública en Guerrero y San Luis Potosí.

Que la mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del niño pueden ser preventivos, detectados y tratados con éxito, sin embargo no hay infraestructura hospitalaria suficiente. Casi 96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y equipamientos básicos.

Qué a pesar de los esfuerzos estatales, muchos de ellos exitosos, como la creación de la Escuela de Parteras Profesionales donde además el gobierno estatal otorgó becas de alimentación, comida y hospedaje a mujeres estudiantes de comunidades marginadas para garantizar que puedan asistir a sus clases, el curso taller de Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres para la prevención de la Mortalidad Materna, realizado en noviembre pasado con el apoyo del Instituto Simone de Beauvoir A.C., la campaña permanente “Código Rojo” para atender embarazos de alto riesgo y la implementación de Teleconsultas y Telemedicina, acciones que han logrado disminuir hasta en un 30 por ciento el problema en relación al año 2012, pasando de 117 a 84 muertes de madres en este año, el problema sigue siendo importante.

Quiero mencionar esta ocasión en especial, el caso del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense en la ciudad de Tlapa, institución que se inauguró el 18 de octubre de 2005, hace ya casi ocho años, para dar atención a 19 municipios de la región de La Montaña principalmente, cuya población de influencia actual es alrededor de 311,335 habitantes, de los cuales más de 280,000 son de pueblos originarios. El Hospital hoy atiende a un total de 110 mil familias afiliadas al seguro popular. La mayoría de los Municipios son considerados de alta marginación, y donde los indicadores de morbilidad y mortalidad materno-infantil son los más elevados de la Entidad, hasta 248 madres mueren por cada 100 mil habitantes.

En ese contexto el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense es el único hospital especializadodesegundo nivel de atención de la región. Sin embargo actualmente por razones de presupuesto, no se cuenta con la plantilla completa, hacen falta 16 especialistas, 4 médicos generales y 14 enfermeras, así como 4 químicos, 3 técnicos radiólogos, 3 trabajadoras sociales y dos auxiliares administrativas, lo que dificulta la calidad del servicio.

Es urgente la ampliación o construcción de dos nuevos quirófanos / sala de expulsión pues solo se cuenta con uno, claramente insuficiente.

Asimismo, resulta impostergable la construcción de una unidad de terapia intensiva para las madres, necesidad crucial para la atención de las mujeres con embarazo de alto riesgo, trasladarlas a otros hospitales implica riesgo de muerte en el trayecto.

Además de la construcción de un albergue para familiares de pacientes que han tenido que viajar desde sus comunidades, donde puedan descansar, asearse y esperar a sus familiares en condiciones dignas, disminuyendo así los costos que implica el mismo traslado y los costos remanentes al de su propia atención y la de sus familiares.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría Hacienda y Crédito Público, se autorice una partida especial de recursos para el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses.

Segundo. Se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados para que en el presupuesto del año 2014 se contemple una partida especial para la ampliación, servicios y mantenimiento del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal, para que con sus buenos oficios, se restituya a la brevedad, al patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, el monto pendiente por recursos del Seguro Popular correspondientes al año 2011.

Cámara de Senadores, 13 de marzo de 2013

Sen. Sofío Ramírez Hernández".





 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo las medidas necesarias a fin de garantizar que el operativo “Veracruz Seguro” continúe, mismo que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR QUE EL OPERATIVO VERACRUZ SEGURO CONTINUE Y NO SEAN RETIRADAS LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS MUNICIPIOS QUE CONTEMPLA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El que suscribe, Senador de la República, Fernando Yunes Márquez, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El mes de septiembre del año 2011, la Secretaría de Marina tomó el control de la Policía Estatal y Municipal de la zona Conurbada de Veracruz-Boca del Río, ante la absoluta incapacidad de los cuerpos policiacos y del gobierno estatal, para detener la oleada de violencia que impera en esa zona.

Todos recordamos con mucho pesar, los acontecimientos aterradores que han sembrado terror y miedo a los ciudadanos. Basta señalar la aparición de 32 cadáveres arrojados en la avenida más turística y de mayor plusvalía de todo el estado, justo cuando se celebraba la Conferencia Nacional de Procuradores de todo el país, enviando un claro mensaje retador a las autoridades de que en Veracruz se hace lo que los delincuentes desean.

El presente Punto de Acuerdo no tiene el objetivo amarillista de dar un recuento de lo que ha sucedido en Veracruz desde ya unos años en materia de seguridad, ya que sería mezquino señalar cada uno de los lamentables hechos delictivos de alto impacto, pero no por ello, puede dejar de mencionarse que en los últimos años, los secuestros, las balaceras, extorsiones, robos, homicidios dolosos y muchos delitos más se cometen día a día en el estado; en algunas zonas como en el municipio de Zongolica, incluso existe lo que se le conoce comúnmente como “toque de queda”. Por si fuera poco, recientemente estudios de las Asociaciones Artículo 19 y Amnistía Internacional colocan a Veracruz como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo.

Precisamente por eso, la Marina Armada de México tomó el control absoluto de la Policía conurbada, mediante la firma del Operativo “Veracruz Seguro”. Los resultados fueron exitosos desde el primer momento, y la ciudadanía empezó a sentir un poco más de seguridad de salir a las calles a realizar sus actividades diarias.

En la actualidad, la Marina ha ido expandiendo su radio de operaciones a los principales municipios como Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán, entre otros. La ciudadanía empieza a sentirse más segura y poco a poco se recobra la alegría de un pueblo que hasta hace poco, fue azotado duramente por el crimen organizado.

En los últimos días, ha crecido fuertemente el rumor de que el Gobierno de Veracruz, en coordinación con el Gobierno Federal, cancelaría el convenio denominado “Operativo Seguro”, y dejaría la seguridad del estado a las fuerzas estatales y municipales. Dicha situación, dejaría en estado de indefensión a todos los ciudadanos de Veracruz. El asunto no es menor, la sociedad se encuentra realmente preocupada por los rumores que cada vez son más fuertes.

Cabe recordar, que el 4 de abril del 2012, el entonces candidato a la Presidencia, y hoy Jefe del Ejecutivo Federal, el Licenciado Enrique Peña Nieto, en el puerto de Veracruz, señaló que, de acuerdo al compromiso número 13 de su campaña, la Marina Armada de México se quedaría en el estado, hasta tener orden y paz, para que de esta forma los veracruzanos se sintieran más seguros. Es decir, es una promesa de campaña, por lo cual, una vez que tomó posesión, debe considerarse una política pública. Igualmente, el Gobernador de Veracruz, ha emitido el mismo pronunciamiento en diversas ocasiones, así como los altos mandos de la Secretaría de Marina.

Este Operativo, se encuentra en prácticamente todos los 212 municipios del estado. En los últimos días, se ha reforzado en los lugares de mayor incidencia y focos rojos donde podrían estar asentadas células delictivas, abarcando también carreteras y comunidades en donde informes de inteligencia señalen que hay grupos vinculados al crimen organizado.

Los resultados del citado operativo “Veracruz Seguro” son a la vista, inmensamente positivos. Por ejemplo, de acuerdo al último resultado reportado, en el estado han sido capturados 212 integrantes del cártel de Los Zetas y 55 del cártel Jalisco Nueva Generación. Asimismo, han sido confiscadas 722 armas y 172 granadas, así como 97 mil 820 cartuchos. Además se decomisaron 4 millones 633 mil pesos, 2 mil 852 dólares, 2 mil 911 vehículos, tonelada y media de marihuana, 55 kilogramos de cocaína y 400 dosis de crack. Por otra parte, se desmantelaron en septiembre pasado una red de telecomunicaciones de radio encriptadas, computadoras, sistemas de comunicación UHF, amplificadores de potencia, transreceptores portátiles, celdas solares y cableados de Los Zetas en las ciudades y comunidades de Jalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Tantoyuca, Pánuco, Tepetzintla, Naranjos y Cofre de Perote, que permitían al grupo delictivo tener una red eficiente y segura de comunicaciones digitales1. El monto de las drogas incautadas equivale a 80 millones de pesos2.

De esta forma, los delincuentes han mermado sus acciones delictivas, y se han dispersado minando claramente sus objetivos y propósitos. Es por ello, que los marinos que día a día arriesgan su vida por su país, son reconocidos ampliamente por los veracruzanos. Es común observar, a lo largo del estado, cómo las personas felicitan y reconocen el trabajo llevado a cabo por una de las dos instituciones más reconocidas del país. A pesar de que no es su función primordial, la situación gravísima por la que atraviesa Veracruz, obligó al Gobierno Federal a emprender este tipo de medidas, que sin duda, han tenido resultados extraordinarios.

El deseo popular es muy claro, que la Marina Armada de México, continúe con sus operativos para capturar a los delincuentes que desestabilizan la paz y tranquilidad del estado. Los veracruzanos no confían en sus policías locales, por lo que, en caso de que se ordene retirar a los marinos de las calles, se crearía un colapso social y terror en cada uno de los veracruzanos.

El presente punto de Acuerdo, tiene como su objetivo principal, hacer un respetuoso exhorto al Gobierno Federal y Estatal, para que la Marina no sea retirada de las calles, si no al contrario, se sigan reforzando las estrategias de combate al crimen organizado dentro del Operativo “Veracruz Seguro”, hasta en tanto no se cuente con policías confiables, tal como lo ha señalado el Presidente Enrique Peña Nieto. Es importante destacar, que en ese sentido Veracruz no ha cumplido su parte, ya que actualmente se reporta que solamente al 46.48% de sus policías se les ha aplicado exámenes de control de confianza.

El día de hoy, traigo a esta Honorable Tribuna, la petición de millones de veracruzanos que se ven afectados por la delincuencia. Represento a una sola voz, unívoca, unificada, que clama porque Veracruz recobrar su alegría y su paz. No podemos seguir con la incertidumbre de que tal vez un día, podamos ser víctimas de algún delito, o alguno de nuestros familiares.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de que es un asunto de interés estatal y nacional, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución:

Punto de Acuerdo

UNICO. Se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que lleve a cabo las medidas necesarias, a fin de garantizar que el Operativo Veracruz Seguro continúe, y no sean retiradas las Fuerzas Armadas de los municipios en los que se encuentran protegiendo a los veracruzanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Fernando Yunes Márquez”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Compañeras y compañeros Senadores, informo también a ustedes que la Mesa Directiva autorizó la rectificación de turnos a diversos proyectos, los cuales se harán de su conocimiento a través de la publicación de la Gaceta.

Les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a comisiones. Las y los Senadores que deseen mantener inscrito su asunto, sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.





 

PROPUESTAS

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un informe sobre el endeudamiento real de las entidades federativas mexicanas y de los municipios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A RENDIR UN INFORME SOBRE EL ENDEUDAMIENTO REAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS Y DE LOS MUNICIPIOS

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se recurre al endeudamiento de los Estados, cuando los ingresos ordinarios no son suficientes para hacer frente a los gastos públicos, esta figura debe ser emitida con el único objeto de recabar fondos para una acción en específico.

Es importante mencionar que para que un estado o municipio tenga acceso al sistema financiero, es necesario que cuente con al menos dos calificaciones crediticias otorgadas por agencias calificadoras reconocidas.

Los estados y municipios recurren a la deuda pública debido a la débil captación de recursos propios, por tal razón la deuda estatal tuvo un crecimiento anual promedio del 19%, en términos nominales durante el periodo 2003-2012 y se aceleró debido a que en el año 2007, se formalizó el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.1

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que durante el pasado sexenio, 9 estados registraron un incremento exponencial en su deuda: Chihuahua, con un incremento de 8 mil 579%; Zacatecas con un aumento de 2 mil 193%; Campeche con 1788%; Chiapas con 1562%; Tamaulipas con 1266%; Quintana Roo con un alza de 664%; Veracruz con 518% y Michoacán con 473%.

Adicionalmente, el problema de la deuda no radica solamente a nivel estatal, también abarca el tercer nivel de gobierno, es decir, los municipios; los ayuntamientos cada vez recurren más al endeudamiento para cubrir sus gastos administrativos, actualmente existen diez ayuntamientos en el país que concentran el 33.5% de la deuda subnacional de toda la República.2

Al respecto, la Federación Nacional de Municipios de México, la Asociación Nacional de Alcaldes y la Asociación de Autoridades Locales de México AC, revelaron que los 15 municipios con más deuda pública3 son:

1.- Guadalajara, Jalisco, con 2 mil 681 mdp

2.- Tijuana, Baja California, con 2 mil 540 mdp

3.- Monterrey, Nuevo León, con 2 mil 146 mdp

4.- Zapopan, Jalisco, con mil 447 mdp

5.- Benito Juárez, Quintana Roo, con mil 366 mdp

6.- Nuevo Laredo, Tamaulipas, con mil 115 mdp

7.- Mexicali, Baja California, 950 mdp

8.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 902 mdp

9.- Tlaquepaque, Jalisco, con 845 mdp

10.- Tonalá, Jalisco, 786 mdp

11.- Cuernavaca, Morelos, 761 mdp

12.- Hermosillo, Sonora, 736 mdp

13.- Ecatepec, Estado de México, 730 mdp

14.- Guadalupe, Nuevo León, 643 mdp

15.- Aguascalientes, Aguascalientes, 543 mdp

La deuda de los municipios hasta octubre de 2012 ascendía a 44 mil 589 millones de pesos, lo que equivalía al 2.7% del Producto Interno Bruto, esto realmente es preocupante; asimismo, es de llamar la atención el pobre desempeño administrativo que han tenido los gobiernos estatales y municipales, en torno al tema del endeudamiento.

Estos dos niveles de gobierno son quienes ejecutan el 57% del ingreso público total; sin embargo, existen muchos gobernadores y presidentes municipales solapados por sus Congresos locales que han abusado sistemáticamente de la deuda pública, a tal grado que se ha incrementado desproporcionalmente esta figura.

A simple vista pereciera que no existe una correlación entre deuda pública e inversiones productivas; asimismo, no hay una transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos hacia los ciudadanos ante esta situación, lo que genera varias preguntas:

• ¿Cuáles son las condicionantes financieras de las entidades federativas y municipios más endeudados?

• ¿En qué se gastaron el dinero adquirido por medio de la deuda pública?

• ¿Quiénes fueron los realmente beneficiados del endeudamiento de los estados y municipios?

• ¿Cuáles fueron los elementos considerados para que las entidades federativas y municipios contrataran una deuda pública?

La opacidad que han mostrado las distintas administraciones locales denota una ausencia total de respuesta ante tales interrogantes. Por tal motivo, es alarmante que haya crecido de esta manera la deuda pública, pero es más preocupante aún la vaguedad y en muchos casos, la complicidad e impunidad que existe por parte de las autoridades encargadas de vigilar este rubro, lo que deja ver que no existen mecanismos de control sobre dicha figura.

El saldo total del endeudamiento estatal pasó de los 90 mil millones de pesos en el año 2000, a los 406 mil millones de pesos a septiembre del año pasado; por tal razón, el sector más interesado en este rubro son las instituciones financieras.

Para ejemplificar más el panorama de la importancia que tiene el tema de la deuda pública estatal, véase el cuadro “Deuda total 2006-2011 y Deuda per cápita de las 32 entidades federativas”, en el cual se muestra el endeudamiento de los estados por habitante.

DEUDA TOTAL 2006-2011 Y DEUDA PER CAPITA DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS4

Lugar

Entidad

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Población

Deuda/Hab.

1

Coahuila

420.0

486.9

1,831.9

1,561.6

8,267.1

36,509.6

2,748,391

13,284.0

2

Quintana Roo

1,880.0

2,427.8

2,756.4

3,743.2

10,037.2

13,025.7

1,325,578

9,826.4

3

Nuevo León

16,711.1

17,346.2

17,959.9

27,070.7

33,971.5

38,590.5

4,653,458

8,292.9

4

Distrito Federal

44,085.9

44,079.5

45,579.6

47,529.5

52,578.5

56,232.2

8,851,080

6,353.1

5

Sonora

6,248.8

6,922.5

11,390.7

11,258.2

17,287.4

14,023.9

2,662,480

5,267.2

6

Nayarit

547.9

648.0

1,539.7

2,215.7

3,150.9

5,534.5

1,084,979

5,101.0

7

Chihuahua

6,896.7

6,623.3

6,300.6

13,183.0

12,547.0

16,401.6

3,406,465

4,814.8

8

Veracruz

5,514.3

7,074.4

9,169.7

9,331.2

21,499.9

27,938.1

7,643,194

3,655.3

9

Baja California

4,556.0

5,809.9

6,438.2

8,895.2

9,490.8

11,450.7

3,155,070

3,629.3

10

Michoacán

2,811.4

6,581.1

6,757.8

7,770.9

10,069.5

15,140.6

4,351,037

3,479.8

11

Tamaulipas

782.9

1,344.0

1,507.4

6,637.4

10,069.8

11,277.3

3,268,554

3,450.2

12

Colima

889.7

901.6

1,068.0

1,270.0

1,303.9

2,223.0

650,555

3,417.1

13

Jalisco

8,830.8

8,480.4

12,309.9

20,163.4

22,122.9

24,309.0

7,350,682

3,307.0

14

Chiapas

881.7

6,005.4

7,069.9

9,215.0

8,236.2

14,225.9

4,796,580

2,965.8

15

Baja Calif. Sur

647.9

662.3

731.0

2,015.4

2,030.8

1,800.0

637,026

2,825.6

16

Durango

2,680.9

2,692.1

3,153.3

3,643.7

3,697.7

4,425.5

1,632,934

2,710.2

17

Aguascalientes

958.4

2,347.4

2,440.2

2,816.1

2,603.1

3,076.1

1,184,996

2,595.9

18

México

31,975.7

32,316.3

32,838.6

33,017.5

38,249.7

38,207.9

15,175,862

2,517.7

19

Zacatecas

216.1

133.7

639.6

572.8

682.0

3,708.5

1,490,668

2,487.8

20

Sinaloa

4,226.1

4,579.2

4,514.7

4,476.5

4,879.3

5,271.4

2,767,761

1,904.6

21

San Luis Potosí

2,712.8

2,771.5

2,865.4

4,580.1

4,823.5

4,754.3

2,585,518

1,838.8

22

Puebla

3,360.3

6,250.0

6,327.4

6,501.8

9,104.7

9,318.2

5,779,829

1,612.2

23

Morelos

737.8

653.3

486.1

346.2

1,269.6

2,856.9

1,777,227

1,607.5

24

Guanajuato

1,972.4

3,174.9

3,801.1

6,410.0

7,632.2

8,493.0

5,486,372

1,548.0

25

Oaxaca

1,506.2

4,245.3

4,544.6

4,483.8

4,615.4

5,360.3

3,801,962

1,409.9

26

Hidalgo

2,451.8

2,481.4

2,466.4

3,909.2

4,022.9

3,745.1

2,665,018

1,405.3

27

Tabasco

639.4

4,561.7

2,068.0

1,962.7

2,233.2

2,900.1

2,238,603

1,295.5

28

Yucatán

743.1

476.0

730.9

2,076.1

1,844.3

2,504.8

1,955,577

1,280.8

29

Campeche

0.0

56.4

35.0

0.0

328.6

1,010.9

822,441

1,229.1

30

Querétaro

1,717.9

1,891.2

1,975.2

2,355.8

2,219.8

2,082.8

1,827,937

1,139.4

31

Guerrero

2,309.5

2,236.3

1,773.0

3,140.8

3,794.9

3,528.9

3,388,768

1,041.4

32

Tlaxcala

180.0

210.0

0.0

0.0

0.0

52.8

1,169,936

45.1

TOTALES

160,093.5

186,470.0

203,070.2

252,153.5

314,664.5

389,980.1

112,336,538

3,471.5

Es realmente delicado y escandaloso el tema de la deuda pública, por tal razón se deben redoblar esfuerzos para fortalecer la transparencia y robustecer la rendición de cuentas; es decir, los ciudadanos tienen que contar con información confiable que permita contener los excesos y la opacidad con la que se han manejado los recursos públicos.

La SHCP debe otorgar información fidedigna de la deuda de los estados y los municipios, es urgente e impostergable que se le ponga orden a este rubro con información confiable, apegada a la realidad.

Resulta inadmisible que la misma Asociación de Bancos de México, la SCHP y el Banco de México no tengan conocimiento de los verdaderos montos de la deuda pública,5 en este sentido, existen supuestos cálculos que realizó dicha Asociación de algunos de los Estados más endeudados, pero no cifras claras y lo peor aún, reales de la cantidad que se debe.

Por lo tanto, lo que se deja en claro es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Asociación de Bancos de México, no han sido capaces de sacar a la luz pública cifras contundentes y fidedignas sobre dicha problemática, para su análisis y posterior resolución; y de ésta forma, deslindar responsabilidades conforme a derecho a quien resulte responsable por el endeudamiento adquirido en distintas partes del país.

Si bien es cierto que la SHCP envió un primer paquete de información al Senado de la República, está es muy genérica; por lo cual, es importante ver el costo del financiamiento, porque solamente se habla del monto de la deuda, pero no del costo.

Por tal razón se requiere de información fidedigna para poder contener estos excesos, esta opacidad y por supuesta esta impunidad con la que han actuado en el tema de la deuda pública que es en perjuicio de la sociedad.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- EL Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que rinda un informe a esta Soberanía sobre el endeudamiento público de las entidades federativas mexicanas y de los municipios, en dicho documento se debe especificar el objeto, el destino de los recursos y los beneficiarios de esta figura.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, informe a esta Soberanía sobre los montos y cantidades reales a que ascienden los créditos otorgados a los estados y municipios del país, así como los criterios y requisitos que establecen las entidades financieras para otorgar dichos créditos financieros a los estados y municipios del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de abril de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas estatales, revisen, analicen y evalúen los planes de estudios de los institutos particulares que se ostentan como universidades. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA PARA QUE, EN COORDINACION CON SUS HOMOLOGAS ESTATALES, REVISEN, ANALICEN Y EVALUEN LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LOS INSTITUTOS PARTICULARES QUE SE OSTENTAN COMO UNIVERSIDADES

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las universidades son el medio por el cual los países inician su desarrollo en los ámbitos económico, político, social, cultural y científico; sin embargo, en nuestro país no se ha desarrollado ninguna política pública para fortalecer nuestras universidades públicas y privadas.

El panorama a nivel superior es desalentador, tan sólo en febrero de 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) admitió solamente a 11,116 jóvenes de un total de 121,970 que presentaron el examen de admisión, excluyendo con esto de la educación superior en esta universidad a 110,854 estudiantes.

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) el paisaje es similar, de los 92,772 aspirantes que se registraron, sólo 23,000 fueron aceptados para estudiar alguna de las 54 carreras que ofrece esta casa de estudios, lo anterior refleja que 69,772 jóvenes no fueron aceptados.

En ese mismo periodo, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tenía lugar para 15,000 personas, pero más de 80,000 realizaron el examen de ingreso en sus dos convocatorias.1

¿Por qué son rechazados más de la mitad de los estudiantes que aspiran a ingresar a una universidad pública? La respuesta siempre es la misma, no se cuentan con los suficientes espacios para cubrir la demanda estudiantil, así como, no son aceptados porque no pasan el examen de admisión; no obstante, resulta totalmente incomprensible que más del 50 por ciento de los aspirantes no tengan un lugar para poder continuar sus estudios en alguna universidad pública.

Lo anterior provoca que muchos jóvenes deseos de seguir estudiando a nivel superior, opten por ingresar a una universidad privada; sin embargo, este sector estudiantil, al no contar con los suficientes recursos económicos para pagar las colegiaturas de los institutos superiores de gran prestigio académico, se vean seducidos y obligados a ingresar a universidades más accesibles económicamente.

Así pues, la proliferación de “universidades privadas” se ha intensificado, las cuales, lo único que buscan es lucrar con el futuro de los jóvenes, pues precisamente ellos, al no tener las posibilidades económicas y al mismo tiempo ser rechazados de las universidades públicas, ven en estas “universidades” una opción de superación académica y una oportunidad para un futuro profesional.

Lamentablemente estas universidades no ven a los jóvenes como alumnos, sino como clientes, de lo contrario cómo se explican licenciaturas de tres años o menos con la posibilidad de un futuro laboral muy atractivo.

Esto es un terrible malestar que se está agudizando en todo el país, pues actualmente hay más de 1,100 instituciones privadas de educación superior, pero sólo 74 comprueban su calidad académica;2 es decir, 1,026 universidades, no cuentan con el registro Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Estas cifras dejan en claro que la SEP no cuenta con los suficientes controles, supervisiones y seguimientos para otorgar el RVOE, de lo contario no se presentaría el excesivo crecimiento de estas universidades, las cuales, no cumplen de ninguna manera con las descripciones de una universidad, tales como son la docencia, la investigación, la extensión, la planificación y la administración.

Estos institutos lo único que buscan es un lucro excesivo y no ofrecen programas de estudios acorde a los oficiales, no tienen interés alguno por la investigación y el nivel académico que se ofrece deja mucho a que desear.

Por su parte, el artículo 55 de la Ley General de Educación señala que: “Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21;

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.”

Estos requisitos a simple vista no son cumplidos por todas las universidades particulares, es decir, no existe una certeza de lo que ofrecen dichos institutos haya sido revisado, valorado y avalado por la SEP.

Asimismo, cada año se revocan en promedio 1,180 programas de licenciatura, pero aparecen 2,000 más, los cuales generalmente son planes con escasa calidad académica,3 sin que exista algún control para detener la proliferación de estos institutos.

El Rector del Colegio Jurista, Jorge Manrique, señaló que existen instituciones en las que se ofrece un título universitario por 25,000 pesos, incluso "sólo con un mes de clases". En los últimos 12 años bastaba con dar de alta la universidad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acreditar la apertura de un negocio, es decir, una universidad privada.

Por tal razón, no se puede permitir que estas instituciones sigan defraudado a los jóvenes que lo único que buscan es continuar con sus estudios universitarios; así pues, el objeto del presente punto de acuerdo es solicitar a la SEP y a sus homólogas estatales, revisen, analicen y evalúen todos los planes de estudios de los institutos particulares que se ostentan como universidades.

Asimismo, solicitar a esta dependencia que publique, a través de diversosmedios de comunicación, una relación de las universidades privadas a las que se les haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, tal y como lo señala el artículo 56 de la Ley General de Educación.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con sus homólogas estatales revisen, analicen y evalúen los planes de estudios de los institutos particulares que se ostentan como universidades.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública para que publique y difunda, a través de diversos medios de comunicación, una relación de las universidades privadas a las que se les haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de abril de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.

Las efemérides inscritas en nuestro Orden del Día se integran al Diario de los Debates.





 

EFEMERIDES

De la C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con motivo de la conmemoración del 61 aniversario del Reconocimiento de los Derechos Políticos de la Mujer en México.







 

De la C. Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, con motivo de la conmemoración del centenario del natalicio de la Maestra Griselda Alvarez Ponce de León, primera gobernadora del país.







 

Del C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del cuadragésimo aniversario luctuoso del General Agustín Olachea Avilés, quien fue dos veces gobernador por Baja California Sur y Presidente del CEN del PRI.

"EFEMERIDE PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACION DEL CUADRAGESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES.

PRONUNCIAMIENTO DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN OCASION DEL 40 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES.

(3 de septiembre de 1890 – 13 de abril de 1973)

Senadoras y Senadores:

Pocos hombres, a lo largo de la historia mexicana, han logrado reunir una serie de cualidades que los convierta en personas destacadas y dignas de admiración, tal es el caso del General Agustín Olachea Avilés, quien desempeñando diversos cargos militares y políticos, consagró su vida con lealtad y disciplina dedicada al crecimiento y fortalecimiento de nuestro país y en especial al de su tierra natal, el estado de Baja California Sur.

Fue un mexicano honorable que desde temprana edad tuvo inquietud por formar parte del ejército mexicano e inmiscuirse en la política, porque sabía que el medio para apoyar y defender a México era precisamente actuando, por lo que, defender con toda su valentía a nuestra nación se convirtió en uno de sus principales objetivos desde el año de 1913 en el que inició su carrera militar, y gracias a su rigurosa disciplina  y lealtad,  fue ostentando distintos grados hasta ser ascendido a General de Brigada.

Enrolarse en el ejército mexicano fue uno de sus importantes logros, ya que pudo demostrar la tenacidad y disciplina que lo caracterizaban para poder alcanzar triunfos militares, mismos que están revestidos de un nivel trascendental en la historia de nuestro país y que lo impulsaron a obtener la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el gobierno de Adolfo López Mateos.

Su vida no sólo estuvo concentrada en la milicia, sino que también se mostró preocupado por resolver los principales problemas que estaban aquejando al estado de Baja California Sur y Baja California, por lo que en el año de 1929 fue designado gobernador de su tierra natal y por la trascendente participación que desempeñó en su primera administración, gobernó por segunda vez  Baja California Sur en el año de 1946, a su vez, tuvo oportunidad de gobernar Baja California en el año de 1931; asimismo para sumar más logros a su trayectoria política, en el año de 1956 se desempeñó como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, orgullosamente, del Partido Revolucionario Institucional.

Hoy evoco a este gran hombre por los logros que alcanzó durante su desempeño como gobernador de mi tierra natal y de Baja California, porque durante su gobierno en el territorio de Baja California apoyó a los trabajadores con la justa aplicación de la Ley Federal del Trabajo y siempre estuvo atento en impulsar la educación pública con la creación de instituciones educativas ; asimismo, logró transformar al estado de Baja California Sur, porque se enfrentó con un estado rebasado por las limitaciones presupuestales y escaso en materia de comunicaciones y de servicios en general, con un estado alejado del centro del país, sin embargo, por el cariño y arraigo a su tierra, siempre le hizo frente a los retos y problemas que se le presentaban, transformó un estado desértico en una zona agrícola productiva, impulsó el turismo, promoviendo la pesca deportiva y consiguió, mediante la implementación de una política de estímulos fiscales, la construcción de hoteles de calidad turística en Los Cabos y La Paz, en todo momento impulsaba políticas de desarrollo para apoyar con gran atención a todos los sectores de la población, realizó importantes obras de infraestructura como carreteras, presas, hospitales, el aeropuerto de La Paz, y una serie de logros que convirtieron a mi tierra natal en un estado moderno, que únicamente pudo alcanzar por la excelente administración y organización que caracterizaron a sus gobiernos, y así el General Olachea pudo demostrar que mi estado necesita de grandes hombres que puedan impulsar el crecimiento de Baja California Sur, que se muestren ocupados en conocerlo y saber cuáles son sus problemáticas principales para poder actuar y resolverlas, la mentalidad de dedicación, esfuerzo y trabajo constante es digna de imitarse y jamás de perderse, porque los que tenemos el honor de servir a nuestro país, siempre tenemos que hacerlo persiguiendo el objetivo de fortalecerlo.

De manera personal, admiro al hombre que es reconocido como uno de los gobernantes que más ha hecho en favor de su tierra, porque fue un mexicano con sed de promover a mi estado, de hacerlo crecer, y hoy a 40 años de su aniversario luctuoso, deseo que sus ideales sigan vivos, que sus valores de honestidad y lealtad sean admirados, que sus principios de dedicación y esfuerzo sean imitados y que podamos firmemente creer, como él lo hizo, que los cambios y retos, por muy distantes que los podamos percibir, siempre son posibles de alcanzar.

Muchas gracias.

Sen. Ricardo Barroso Agramont".





 

De la C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración de la celebración del Día Mundial de la Salud.







 

CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 16 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:10 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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