Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 11 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 22



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 09 de Abril de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (12:01 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 84 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 9 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con doce minutos del día jueves cuatro de abril de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se autoriza el uso de escaño para la presentación de iniciativas y proposiciones en sesión ordinaria.- Fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, que propone el procedimiento para la discusión y votación de dictámenes que propongan desechar iniciativas y proyectos de la Colegisladora.- Fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió del Secretario General de Servicios Administrativos, oficio en respuesta al Acuerdo aprobado el 19 de febrero sobre las condiciones de seguridad del edificio sede del Senado.- Quedó de enterado y se comunicó a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

 

El Presidente abrió un receso para llevar a cabo la Sesión Solemne con motivo de la visita de los Presidentes de Parlamentos al IV Foro de Presidentes de Parlamentos de países miembros del grupo de los 20.

 

(RECESO)

 

(SESIÓN SOLEMNE)

 

Se reanudó la sesión ordinaria a las doce horas con nueve minutos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

(Iniciativas)

La Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano y Salvador Vega Casillas, presentó iniciativa con aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de crear el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos en el Exterior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 53 de la Ley Federal de Metrología y Normalización.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

(Proposiciones)

El Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fin de que, previo los estudios técnicos pertinentes que realice la Secretaría de Economía, gestione con la República Popular China la disminución de aranceles a la importación de productos pesqueros de origen mexicano, en especial la Langosta Roja “Panulirus interruptus” (Viva), de la Región del Pacífico Norte de la Península de Baja California, con el objeto de que dicho producto esté en condiciones competitivas en relación a otros países.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra de las intimidaciones a la libre expresión en el país.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD a favor y Javier Corral Jurado del PAN a favor. Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a establecer, en consonancia con lo estipulado en el punto 2.9 del Pacto por México, una regla clara de distribución de recursos que corresponda a las necesidades de los estados del sur-sureste, acabando con el rezago de los programas sociales en la región y asegurando el pleno cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

El Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir una política multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD y Luz María Beristain Navarrete del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento proposición con punto de Acuerdo sobre el daño de la explotación minera a la zona arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de Temixco, estado de Morelos.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo en relación al grave fenómeno de erosión y la situación económica de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD a favor, quien presentó propuesta de adición; Aarón Irízar López del PRI a favor. La propuesta del Senador Robledo fue aceptada. El punto de Acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a dar puntual seguimiento al presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en los pagos durante la construcción del centro integralmente planeado, Playa Espíritu, Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal presente la denuncia correspondiente.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar el lote ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi, a nombre propio y de las Senadoras Mely Romero Celis, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se crea una comisión especial que coadyuve a la armonización legislativa entre el Congreso de la Unión y los congresos locales y la Asamblea Legislativa.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

El Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que analice la posible creación de un fondo emergente para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se convoca a las y los Senadores a que, en el marco de la consulta pública para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, presenten sus propuestas en una sede receptora a instalarse en la Cámara de Senadores.- Fue aprobado en votación económica.

(Excitativa)

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de Decreto que adiciona el artículo 23 bis a la Ley de la Propiedad Industrial, presentado el 23 de enero de 2013.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1197 y se adiciona un artículo 1197 bis al Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA a impulsar, a través del Programa para el Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización y Acopio de Granos y Oleaginosas, la construcción de silos para el almacenaje de maíz en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Raúl Cervantes Andrade, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Agraria, para acelerar la ejecución del programa nacional de infraestructura.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la dirección local de la conagua en Puebla a informar sobre el estado que guarda la presa de Huachinantla.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a autorizar a la Comisión Federal de Electricidad implementar un ajuste y reestructuración en los cobros de las tarifas de suministro de energía eléctrica.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Social, oficio por el que informan de la comparecencia del Dr. Gonzalo Hernández Licona, Titular del CONEVAL; sobre el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre.- Quedó de enterado.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con trece minutos y citó a la siguiente el martes nueve de abril a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el nombramiento expedido en favor del ciudadano Jorge Alvarez Fuentes, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Arabe de Egipto y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Reino Hachemita de Jordania, la República Arabe Siria y la República de Sudán.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/305/2013
México, D.F., a 5 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Jorge Alvarez Fuentes, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Árabe de Egipto y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Reino Hachemita de Jordania, la República Árabe Siria y la República del Sudán.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Africa para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el nombramiento expedido en favor del ciudadano José Octavio Tripp Villanueva, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/306/2013
México, D.F., a 5 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. JosE Octavio Tripp Villanueva, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: La Secretaría de Gobernación remite un oficio con solicitud de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Luis Bravo Cardoza, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/307/2013
México, D.F., a 5 de abril de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-04046, el Min. Miguel Angel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Luis Bravo Cardoza, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Oro al Desempeño Militar, que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original dela solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-1-0805
EXPEDIENTE NO. 5533

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de devolver a ustedes el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 3 de abril de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 99, fracción I; 101, fracción I; 101 BIS; 102 y se adicionan los artículos 99 con una fracción XIII; 101, con un segundo y tercer párrafo y 103, con un segundo párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTICULO 99.- Los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán en:

I. Las actividades agropecuarias, así como los apoyos que a dichas actividades otorgue el Gobierno Federal, de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la progresiva incorporación de cultivos y animales compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas;

II. a X. ...

XI. Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales; las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos forestales;

XII. La formulación de los programas de ordenamiento ecológico a que se refiere esta Ley, y

XIII. La determinación de usos, reservas y destinos que se lleven a cabo en ecosistemas de montaña o en predios de jurisdicción federal cuya pendiente propicie la erosión del suelo.

ARTICULO 101.- En las zonas selváticas y de montaña, el Gobierno Federal atenderá en forma prioritaria, de conformidad con las disposiciones aplicables:

I. La preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas selváticos y de montaña, donde existan actividades agropecuarias establecidas;

II. a VII. ...

Quedan prohibidas las actividades que impliquen el retiro de la vegetación natural de las montañas o predios cuya inclinación natural pueda generar procesos erosivos severos o de desertificación.

En todo caso, las autoridades ambientales determinarán en qué casos las actividades que se pretendan llevar a cabo que generen dichos impactos podrán realizarse, siempre y cuando se sujeten al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en el artículo 28 del presente ordenamiento.

ARTICULO 101 BIS.- En la realización de actividades en zonas áridas y de montaña deberán observarse los criterios que para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se establecen en esta Ley y las demás disposiciones que resulten aplicables.

ARTICULO 102.- Todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las zonas selváticas, de montaña o áridas, así como el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y disposiciones que establecen esta Ley y demás aplicables.

ARTICULO 103.-...

La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan prevenir la erosión del suelo en los ecosistemas de montaña o en los predios de jurisdicción federal cuya pendiente propicie este fenómeno. En caso de que se presente la erosión de los suelos en los ecosistemas o en los predios antes citados, la Secretaría deberá promover ante el Ejecutivo Federal la expedición de la declaratoria para el establecimiento de zonas de restauración ecológica, en los términos de lo dispuesto por el artículo 78 BIS de la presente Ley.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 3 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Cambio Climático, para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0561
Exp. 6835

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Me permito devolver a ustedes para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 4 de abril de 2013.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACION CIVIL.

Artículo Unico.- Se reforman la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 10

I. Hubiere cumplido con las obligaciones señaladas en la concesión que se pretenda prorrogar. Para tales efectos el titular de la concesión deberá de remitir al área respectiva de la Secretaría, anualmente un informe que se refiera a los doce meses anteriores, con datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos del concesionario que permitan conocer la forma en que se ha prestado y desarrollado el servicio público de transporte aéreo nacional regular en relación con el interés público y del Estado;

II. a IV. ...

Artículo 32. ...

La obtención del certificado de aeronavegabilidad se sujetará a las pruebas, al control técnico y a los requisitos de mantenimiento que establezcan los reglamentos y las normas oficiales emitidas por la Secretaría.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 4 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Secretaria”.

Y una minuta proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-4-580
Exp. 5548 LXI Leg.

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 4 de abril de 2013.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE AVIACION CIVIL

Artículo Unico. Se reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 52. ...

I. a

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que será del cien por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 4 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, la Cámara de Diputados remite una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0554
Exp. 333

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 3 de abril de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 1390 Bis 42; 1390 Bis 47, primer y tercer párrafos; y 1390 Bis 48 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1390 Bis 42.- Las partes tendrán la obligación de presentar sus propios testigos, para cuyo efecto se les entregarán las cédulas de notificación. Cuando estuvieren imposibilitadas para hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación con el apercibimiento de que, en caso de desobediencia, se les aplicarán y se les hará comparecer mediante el uso de los medios de apremio señalados en las fracciones III y IV del artículo 1067 Bis de este Código.

Cuando la citación deba ser realizada por el juez, ésta se hará mediante cédula por lo menos con tres días de anticipación al día en que deban declarar, sin contar el día en que se verifique la diligencia de notificación. Si el testigo citado de esta forma no asistiere a rendir su declaración en la audiencia programada, el juez le hará efectivo el apercibimiento realizado y reprogramará su desahogo. En este caso, podrá suspenderse la audiencia.

La prueba se declarará desierta si, aplicados los medios de apremio señalados en el párrafo anterior, no se logra la presentación de los testigos. Igualmente, en caso de que el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte inexacto o en caso de que se ofrezca prueba testimonial con el propósito de retardar el procedimiento, se impondrá al oferente una sanción pecuniaria a favor del colitigante hasta por la cantidad señalada en la fracción II del artículo 1067 Bis de este Código. El juez despachará de oficio ejecución en contra del infractor, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad en que hubiere incurrido, declarándose desierta de oficio la prueba testimonial.

Artículo 1390 Bis 47.- En caso de que alguno de los peritos de las partes no acepte el cargo o no exhiba su dictamen dentro del plazo señalado por el juez, precluirá el derecho para hacerlo y, en consecuencia, la prueba quedará desahogada con el dictamen que se tenga por rendido. En el supuesto de que ninguno de los peritos acepte el cargo o no exhiba su dictamen en el plazo señalado, se declarará desierta la prueba.

El perito tercero en discordia deberá rendir su dictamen en la audiencia de juicio, su incumplimiento injustificado dará lugar a que el juez le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes y de manera proporcional a cada una de ellas, el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el cargo. En el mismo acto, el juez dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito tercero en discordia, además de hacerla saber al Consejo de la Judicatura Federal o de la entidad federativa de que se trate, o a la presidencia del tribunal, según corresponda, a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes, independientemente de las sanciones administrativas y legales a que haya lugar.

Artículo 1390 Bis 48.- Los peritos asistirán a la audiencia respectiva con el fin de exponer verbalmente las conclusiones de sus dictámenes, a efecto de que se desahogue la prueba con los exhibidos y respondan las preguntas que el juez o las partes les formulen, debiendo acreditar, en la misma audiencia y bajo su responsabilidad, su calidad científica, técnica, artística o industrial para el que fueron propuestos, con el original o copia certificada de su cédula profesional o el documento respectivo. En caso de no asistir los peritos designados por las partes, se tendrá por no rendido su dictamen y, la ausencia injustificada del perito tercero en discordia se le impondrá una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus servicios, en favor de las partes, en igual proporción.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los juicios mercantiles que se encuentren en proceso al momento de la vigencia del presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las disposiciones vigentes al día en que se emitió el auto de admisión de la demanda.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 3 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Merilyn Gómez Pozos, Secretaria”.

Y una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1070 del Código de Comercio.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0553
Exp. 603

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 3 de abril de 2013.

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún

Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1070 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Artículo Unico.- Se reforma el primer párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1070.- Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva gratuitamente en el sistema electrónico administrado por la Secretaría de Economía referido en la fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y tres veces consecutivas en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser demandado

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Economía contará con el plazo de un año contado a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para establecer mediante publicación en este medio de difusión, el sistema electrónico señalado en el artículo 1070.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 3 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Fernando Bribiesca Sahagún, Secretario”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnense los dos expedientes a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Por último, la Cámara de Diputados remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0552
EXPEDIENTE No. 1209

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o, fracción XVII; 7o, primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos Humanos, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 3 de abril de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2o., 7o., 23 Y 52 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 2o, fracción XVII; 7o, primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XVI. ...

XVII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

XVIII. a XXI. ...

ARTICULO 7o.- Corresponden a la Federación, a través de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las siguientes atribuciones:

I. a XVI. ...

ARTICULO 23.- La comisión de conurbación prevista en el convenio a que se refiere el artículo anterior, tendrá carácter permanente y en ella participarán la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos. Dicha comisión será presidida por un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.

...

ARTICULO 52.- ...

Asimismo, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se coordinarán a efecto de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan en su caso, con lo dispuesto en esta Ley.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 3 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse al conflicto de relaciones que prevalece entre Corea del Sur y Corea del Norte.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, a nombre del grupo parlamentario del PRI.






INTERVENCIONES

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente; Honorable Cámara de Senadores:

Vengo a esta tribuna a manifestar nuestra preocupación por los hechos que están sucediendo en la península de Corea.

Nos inquieta que los esfuerzos que la comunidad internacional ejecuta a favor de la estabilidad regional parece ser que no tienen grandes avances.

Los principios de política exterior del Estado mexicano han sido formados con pleno respeto a los pueblos del mundo y a su soberanía.

El diálogo, la concertación, la negociación, la cooperación entre las naciones, los hemos defendido como la única vía por la que deben de conducirse las relaciones internacionales, por ser éstas el eje de la negociación y cooperación entre los Estados del mundo.

Nuestro rechazo ha sido permanente, rotundo y categórico a cualquier manifestación de violencia, por ser contraria a las aspiraciones de estabilidad, de respeto y de amistad que México propone al mundo.

El Estado mexicano, fiel a su compromiso por la paz, históricamente ha defendido el desarme y la no proliferación de las armas nucleares como un elemento necesario para que el desarrollo sustentable y la prosperidad de los pueblos ocurra en un ambiente de libertad.

México propone al mundo: la amistad, el diálogo, la cordialidad y el entendimiento. Este ha sido nuestro permanente señalamiento en la historia de la política exterior.

México se enorgullece de su postura internacional, de su postura pacifista, de las acciones que ha emprendido a favor de privilegiar el diálogo en las diferencias, y México se enorgullece, también, de que su voz enérgica sea escuchada contra el armamento de destrucción masiva.

Tal como lo señaló el Embajador emérito y Premio Nóbel de la Paz en 1982, Alfonso García Robles: “No podemos caer en la locura de pretender la seguridad de las naciones a costa de aumentar la inseguridad internacional”.

El desafío latente de que los desencuentros en la península coreana escalen a mayores proporciones vuelve a colocar al mundo ante un conflicto y contiene un elemento subyacente en donde la vigencia de la lógica, de la disuasión, vuelve a ser puesta a prueba.

Ante la situación actual, hay que expresar con vehemencia, con fuerza y con certidumbre que la voluntad de paz y estabilidad que propone México debe quedar registrada claramente una vez más ante la comunidad internacional, porque nuestra propuesta es un mundo más armónico donde impere la paz y el progreso para todos los pueblos del orbe.

Esta expresión que brinda continuidad al hilo de nuestra historia, no sólo es una manifestación de principios, no es solamente una manifestación de política exterior, es también producto del anhelo del pueblo mexicano.

Al refrendar, señoras y señores Senadores, el principio de la solución pacífica de las controversias por la vía de la diplomacia, estamos revalidando nuestro respaldo al sistema multilateral como la senda legal y justa para tomar las decisiones y las definiciones que incidan en el escenario internacional.

Los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con el pensamiento claro y con la voz firme, desde la más alta tribuna de México, desde el Senado de la República, señalamos que queremos enviar nuestros mejores deseos a nuestros amigos coreanos para que pronto restablezcan el diálogo y la cordialidad, para que se restablezca el entendimiento y que se encuentren fuentes para la paz, para la concordia y para la estabilidad, es preciso señalar que el Senado de la República debe también fijar su posición ante este grave problema internacional.

Por ello, desde esta tribuna, la fracción parlamentaria que represento fija su postura, la que seguramente será apoyada por otras fracciones parlamentarias en este Senado de la República.

Tengo la certeza que la expresión de solidaridad y de amistad para el pueblo coreano recoge también el sentimiento de todo el pueblo de México.

Es cuanto, Honorable Asamblea.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Teófilo Torres Corzo.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros Senadores:

El grupo parlamentario de Acción Nacional expresa su profunda preocupación ante los pronunciamientos de carácter bélico emitidos por parte del gobierno de la República Popular Democrática de Corea. Declaraciones que en las últimas semanas han provocado una situación crítica en la península de Corea y una profunda preocupación en varias regiones del mundo.

Las Senadoras y los Senadores de Acción Nacional hacemos un respetuoso exhorto a todos los actores involucrados para que se garantice la seguridad internacional y se mantenga en todo momento una disposición al diálogo por encima de cualquier diferencia regional.

En especial hacemos un llamado a la República Popular Democrática de Corea para que retire cualquier amenaza de recurrir a armamento nuclear en contra de la República de Corea y de los Estados Unidos de América.

México siempre ha defendido la autodeterminación de los pueblos impulsando la libertad que tiene cada nación para elegir sus propias formas de gobierno, perseguir el desarrollo económico, político, social, cultural y de estructurarse libremente sin injerencias externas, de acuerdo con el principio de igualdad, respetando en todo momento y por encima de cualquier valor, la paz y la seguridad internacional y, sobre todo, protegiendo los derechos humanos de toda persona sin importar cuál sea su nacionalidad.

El Senado de la República, ante cualquier conflicto, siempre ha llamado a privilegiar al diálogo y la negociación. Estamos convencidos que cualquier tipo de diferencias políticas e ideológicas deben resolverse siempre y en todo momento sobre la base del principio de la solución pacífica de controversias y del respeto al derecho internacional.

Conscientes de la urgencia y gravedad de los problemas que se podrían derivar por las declaraciones del gobierno de la República Popular Democrática de Corea, las y los Senadores de Acción Nacional consideramos esencial que la Organización de las Naciones Unidas, a través de los buenos oficios de la oficina del Secretario General, continúen impulsando la construcción de consensos para que la paz impere en la península coreana y se evite la pérdida de vidas humanas.

La política internacional mexicana siempre ha sido activa para impulsar los mecanismos internacionales que tienen como objetivo mantener la paz en el mundo. La vocación pacífica de nuestro país lleva a México a manifestar una posición de respeto y diálogo para que la paz prevalezca ante cualquier conflicto.

En este sentido, hemos aprobado y seguiremos aprobando en el Senado todos los tratados por los cuales se establezcan las normas internacionales para respaldar acciones en el mantenimiento de la paz, de los derechos humanos y del derecho humanitario.

México, amparándose en el respeto al derecho internacional, así como los acuerdos y convenciones suscritas, respalda la resolución adoptada el pasado mes de marzo por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, relativo a las sanciones contra los ensayos nucleares llevados a cabo el mes de febrero en la República Democrática de Corea.

Hacemos un llamado por la paz y por la estabilidad mundial, pedimos respeto a los derechos humanos y expresamos nuestra más sincera preocupación por el posible desenlace de estos acontecimientos de no alcanzarse soluciones pacíficas que dejen de lado cualquier amenaza beligerante.

En México siempre encontrarán un amigo y un aliado para promover la paz.

Desde este recinto queremos manifestar de la manera más respetuosa, pero contundente, que apoyaremos cualquier solución pacífica y que desde la diplomacia parlamentaria contamos con amplios mecanismos que nos permitan evitar cualquier acción beligerante.

Estamos seguros que cualquier esfuerzo por alcanzar una resolución favorable para todas las partes será bien recibida por la comunidad internacional y especialmente por los habitantes y ciudadanos que serán directamente afectados en caso de materializarse cualquier amenaza.

Una vez más nuestro país reitera su compromiso con el orden mundial, con el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.

Condenamos cualquier atentado contra los acuerdos internacionales y, sobre todo, unimos nuestros votos por una pronta y pacífica solución.

En este mismo sentido, exhortamos al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a difundir a través de todas sus misiones diplomáticas la posición mexicana a favor de la resolución pacífica de controversias y el rechazo enérgico de nuestro país a cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad internacional.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Los principios de nuestra diplomacia obligan a México a retomar con seriedad nuestra tradición de participar en el concierto internacional como un activo promotor de la paz.

Recordemos que México fue un importante impulsor del proceso de paz en Centroamérica a través del Grupo Contadora. Igualmente nuestra nación promovió el Tratado de Tlatelolco, primer acuerdo de congelamiento de pruebas nucleares firmado en 1967 y que sumó a las naciones de la región latinoamericana.

Más recientemente, en el proceso de paz en Colombia, nuestro país fue sede e impulsó los Diálogos de Paz de Tlaxcala en 1992, que culminaron con un acuerdo de desmovilización del Ejército de Liberación Popular y el Movimiento 19 de abril, el M-19.

La vocación pacifista de nuestra nación se ha manifestado en foros multilaterales con temas de desarme, terrorismo y seguridad. México se encuentra obligado a promover la paz y la justicia internacional al haber firmado y ratificado la Carta de las Naciones Unidas.

El grupo parlamentario del PRD expresa su enorme preocupación por el conflicto que se está presentando en la región asiática, confrontando, por una parte, a Corea del Sur y Estados Unidos y, por la otra, a Corea del Norte que ha despertado consternación a nivel global por su posible trascendencia.

Las relaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte se han caracterizado por un conflicto constante desde la guerra de 1950-1953; no obstante, existía la expectativa de que ambas naciones pudieran acercar sus posiciones, llegar a acuerdos y avanzar en la desnuclearización de la zona.

Desafortunadamente, a partir de este mes de febrero, hemos visto que se ha generado una crisis en la península coreana, después de que la ONU impuso sanciones a Corea del Norte, afirmando que había realizado una prueba con un misil balístico, en respuesta, Corea del Norte consideró hostil que las fuerzas militares estadounidenses y surcoreanas realizaran ejercicios militares en la zona, a partir de ese momento solo se han multiplicado las amenazas entre ambas partes y el conflicto se ha venido agravando y agravándose también la delicada situación.

El 30 de marzo, Corea del Norte anunció que las relaciones en la península coreana habían entrado en un estado de guerra, en respuesta, el gobierno sudcoreano respondió que tales declaraciones era una amenaza provocadora y Estados Unidos señaló que tomaría muy en serio la declaración de Norcorea. El conflicto escaló un peldaño más en días recientes cuando Corea del Norte amenazó con una guerra termonuclear en la península y aconsejó a las misiones diplomáticas que viven en Corea del Sur que consideren evacuar el país y advirtió que a partir del 10 de abril ya no podría garantizar su seguridad, alimentando los temores de un ensayo nuclear inminente.

Estados Unidos, por su parte, ha mencionado en diversas ocasiones que ya tomó medidas con el envío de dos buques destructores y sistemas antimisiles para potenciar su defensa en el Pacífico.

El Secretario de Estado, John Kerry, señaló que su país defendería con todo a Corea del Sur.

Este nivel de algidez del conflicto representa, sin duda, una amenaza para la paz internacional. Existe ya una gran preocupación de que el conflicto pueda incluir a China, que tiene un tratado de defensa bilateral con Corea del Norte, aunque a la fecha China ha intentado persuadir a Corea del Norte de que abandone su programa nuclear y apenas el pasado 3 de abril, el Viceministro de Asuntos Exteriores de China Chan Ye Sui, aseguró que no quería ninguna guerra ni caos en la península coreana. China ha estado movilizando tropas a la frontera con Corea del Norte, incluidos aviones de combate.

La inestabilidad en la región se hace presente también en otros países vecinos. Japón ha afirmado que desplegó misiles Patriot en el centro de Tokio con la finalidad de hacer frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo al archipiélago, y anunció que más misiles serán trasladados a la isla de Okinawa.

Frente a este escenario y dado que nuestro país se ha distinguido por ser un promotor de la paz, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, manifestamos nuestra preocupación y hacemos nuestros mejores votos por la paz en la península coreana.

Asimismo, hacemos un respetuoso exhorto y esperamos que las partes en conflicto puedan encontrar caminos compartidos que permitan revertir la actual situación en la región, así como para que se restablezca la estabilidad en la península asiática.

México no puede permanecer en la apatía y la pasividad, debemos volver a ser un Estado activo en acompañar los procesos de paz; consideramos impostergable que el gobierno federal asuma un mayor compromiso con la tradición diplomática que nos distingue como una nación pacifista. Aunque el Estado mexicano haya fijado posición a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, exhortando a Corea del Norte de retomar la vía del diálogo y la negociación, además de cesar sus amenazas beligerantes, creemos que se debe dar un paso más adelante y manifestar su firme apoyo en un esfuerzo de negociar la paz antes de que escale aún más el conflicto.

Nos pronunciamos por una participación más activa de nuestro país al seno de las Naciones Unidas para que este organismo prevenga futuras situaciones similares impulsando negociaciones para consolidar acuerdos eficaces sobre el comercio internacional de armas, el uso pacífico de la energía nuclear y el fin de las armas atómicas.

El grupo parlamentario del PRD en el Senado, se suma a los llamados de las diferentes naciones, organizaciones internacionales, sectores civiles e institutos políticos alrededor del mundo para que se retome el diálogo en el conflicto coreano. Nos manifestamos firmemente a favor de un México comprometido por la paz, y hacemos nuestros mejores votos para que en los próximos días la humanidad recupere la tranquilidad que se merece.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Flores Ramírez: Buenas tardes, con su venia, señor Presidente; estimados legisladores:

En nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, vengo a esta tribuna a expresar nuestra preocupación por el clima de incertidumbre política y alteración de la paz mundial propiciados por las amenazas de un posible ataque nuclear por parte de Corea del Norte.

Si bien México ha mantenido su posición, una posición imparcial y de respeto a su fundamental principio de no intervención a la soberanía de los pueblos y de las decisiones de sus gobiernos, no podemos ser indiferentes a la situación que hoy en día ocupa gran parte de los encabezados de la prensa internacional y que ha puesto en alerta a gobiernos e instancias internacionales.

El inminente ataque obliga a los países a expresar su rechazo a la actitud de Corea del Norte y la posibilidad de emprender un ataque militar de carácter nuclear que tendría graves consecuencias para los países, no sólo en lo relativo a la posibilidad de pérdidas humanas, sino a la generación de un clima de inestabilidad política, económica y social en todo el mundo, aunado, desde luego, a los daños irreparables al medio ambiente.

Las hostilidades manifestadas por el gobierno de Corea del Norte nos hacen recordar aquellos conflictos casi cotidianos de ese gris periodo de nuestra historia, que hoy llamamos o que se ha llamado “La Guerra Fría”, y que luego de diversos acuerdos y consensos entre los países y el avance democrático de los entonces integrantes del bloque soviético, creíamos superados.

Esta situación pone en vulnerabilidad y alerta a la comunidad internacional, misma que hoy exige a los países dedicar sus esfuerzos a atender las necesidades básicas de la sociedad global como la escasez de agua y alimentación y, por supuesto, la crisis económica.

Es importante apoyar decisivamente una solución política, por vía del diálogo, a este conflicto, ya que es el mejor escenario para todas las partes involucradas; evitar una guerra inútil que podría traer consecuencias desastrosas para la economía y, como ya lo señalé antes, para el medio ambiente a escala global.

Ello resulta imprescindible en estos tiempos difíciles por los que pasa la humanidad, en los que en vez de conflictos, necesitamos una unidad y el apoyo mutuo.

México, siendo siempre un ferviente promotor de la paz, tiene la autoridad moral para expresar esta posición, que esperemos, sea considerada por los países inmiscuidos en este conflicto.

Por ello, reconocemos la actitud que ha tenido Estados Unidos que a pesar de estar recibiendo constantes amenazas ha mantenido una postura prudente.

Instamos a que esa nación siga actuando de la misma manera, hasta agotar el diálogo.

México convoca, con base a su posición imparcial y con lo suscrito en el Tratado de Tlatelolco, propuesto por el entonces Presidente Adolfo López Mateos, negociación que tuvo lugar en la ciudad de México, por cierto, a que todos los países miembros de este fructífero tratado, que son nuestros hermanos, países latinoamericanos y de El Caribe, adopten esta postura de promover la desnuclearización en los demás territorios del mundo, así como también incentivar la solución del actual conflicto por la vía del diálogo.

El grupo parlamentario del Partido Verde da la bienvenida a los posicionamientos ya pronunciados en esta tribuna, y de la misma manera nos sumamos a los llamados que ha realizado el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, urgiendo a Corea del Norte a abstenerse de continuar realizando acciones provocadoras tales como las pruebas de tipo nuclear.

Coincidimos en que Pyongyang no puede seguir enfrentando y desafiando directamente a la totalidad de la comunidad internacional.

Nos adherimos también al llamado conjunto realizado por el Primer Ministro Japonés, Shinzo Abe y el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que Corea del Norte cese sus amenazas beligerantes y cumpla íntegramente con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por lo anterior, y de conformidad con las facultades constitucionales del Senado de la República en materia de política exterior, consideramos adecuado hacer un llamado a la paz, al respeto de la soberanía de los pueblos y, sobre todo, a privilegiar los mecanismos de solución pacífica de las controversias antes de cualquier intervención militar.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gerardo Flores Ramírez.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina y Pablo Escudero Morales, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Iniciativa Popular y Consulta Ciudadana y adiciona el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE INICIATIVA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR Y ADICIONA UN INCISO I) AL ARTICULO 105; UN INCISO Z.1 AL ARTICULO 118 Y UN INCISO Q), RECORRIENDOSE EL ACTUAL A UN NUEVO INCISO R) DEL ARTICULO 119 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, a nombre propio y de los CC. Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina y Pablo Escudero Morales)

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con su permiso, señor Presidente.

La reforma constitucional en materia política publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, compañeras y compañeros Senadores, constituye, sin duda, un momento relevante en la construcción de un régimen político basado en la legalidad y en la legitimidad del poder público y representa, al mismo tiempo, un logro en la integración del consenso entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión.

Con esta reforma se incorporaron al sistema jurídico nacional nuevas figuras para la participación de los ciudadanos en las tareas de interés público.

Me refiero a las figuras de la iniciativa ciudadana, a la consulta popular sobre temas de trascendencia nacional, a la participación de candidatos independientes en procesos electorales.

Así también a las modifcaciones constitucionales que crearon las figuras de iniciativa preferente y que los comisionados de diversos órganos reguladores fueran designados por el Presidente de la República, pero sean ratificados por el Senado de la República.

Efectivamente, la reforma constitucional en materia política creó una serie de dispositivos que pretenden conferirle mayor vigor al régimen político, que buscan favorecer su legitimidad y fortalecer la articulación de los poderes políticos con la ciudadanía.

Sin duda, al potenciar los medios de participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público, se amplía el universo de sus derechos, es evidente, compañeras y compañeros Senadores, que la alternancia en el Poder Ejecutivo y la pluralidad política en el Congreso de la Unión de la que todas y todos ustedes forman parte, son la muestra fehaciente de que en democracia no puede ni debe prevalecer una sola visión, estas deben ser responsabilidad pública refrendada de manera permanente por la acción del gobierno y la sociedad en su conjunto.

Por ello, las sociedades complejas requieren incorporar instrumentos que garanticen no sólo la viabilidad jurídica, sino también mecanismos para vigorizar el consenso social, es decir, que el régimen se sostenga no sólo por la vía de la legalidad formal, sino que goce de amplios niveles de legitimidad.

Así como la Constitución establece diferentes elementos para el control de la constitucionalidad del poder político, basados en dispositivos legales cuyo propósito es establecer la actuación de los servidores públicos, también son necesarios medios de control de legitimidad del poder político, para garantizar niveles altos de consentimiento respecto de la delegación de la representación política y de la función pública en aras de la gobernabilidad democrática.

En este contexto puede entenderse la inclusión del derecho ciudadano a presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, como hace poco se presentó la primera, y también a la posibilidad de que se realicen de manera simultánea a los procesos electorales, consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Estos instrumentos, compañeras y compañeros Senadores, identificados como formas de democracia directa, contribuyen a establecer parámetros de gobernabilidad a partir de los cuales se manifieste el consentimiento social respecto del poder político en funciones.

La iniciativa ciudadana y la consulta popular son medios de control de la legitimidad del poder político, sustentándose en la idea de que la legitimidad es a lo político lo que la legalidad es a lo jurídico, señores legisladores, señoras legisladoras, legitimidad y legalidad constituyen elementos claves para que el ejercicio del poder en las sociedades democráticas esté al servicio del bienestar general de los ciudadanos. Un gobierno puede tener una actuación conforme a sus bases legales, pero sin mecanismos de control de legitimidad del poder político, difícilmente podrá garantizar una sustentabilidad democrática, porque la intervención ciudadana en las acciones de gobierno es garantía de un ejercicio responsable.

Desde ahora, con la reforma constitucional que fue aprobada, con la figura de iniciativa ciudadana, grupos de individuos, como sucedió hace algunos días, en uso de sus derechos políticos pueden expresar a través de proyectos de ley o Decretos, su visión sobre el orden jurídico, de modo que las leyes los representen o atienden sus intereses y sus necesidades.

Por otra parte, cuando las decisiones de trascendencia nacional no sea posible determinarlas de manera consensuada por los medios habituales, con las reformas propuestas será posible someter a la consideración de la ciudadanía a través de la consulta popular bajo determinadas circunstancias, incluso que éstos sean vinculantes a la propia autoridad.

La propuesta que sometemos a consideración de esta Soberanía, compañeros y compañeras, busca desarrollar las disposiciones normativas necesarias para que las figuras incorporadas en la Constitución, en agosto de 2012, hagan viable el ejercicio de estos nuevos derechos ciudadanos.

Señoras y señores Senadores, todas las voces, he escuchado en reiteradas ocasiones, se han pronunciado en este recinto por la democracia; la exigencia hoy, es que esa democracia sea de calidad, una democracia que preserve la determinación de las mayorías, que dé paso a la estabilidad y al progreso, una democracia basada en la legalidad pero también que garantice amplios, muy amplios márgenes de legitimidad, lograrlo en las cartas ciudadanas como las que ya tenemos en la Constitución exigen claridad para que puedan desahogarse, requieren voluntad, decisión, atención, convicción y participación de todas y todos.

Los invito, compañeras y compañeros, para que con esa filosofía y con esa convicción analicen la propuesta de ley secundaria que hoy sometemos a consideración de esta Soberanía.

Agradeceré, señor Presidente, se incluya en el Diario de los Debates el contenido íntegro de la iniciativa que hemos suscrito Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

Muchas gracias.

Iniciativa

“BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ, EMILIO GAMBOA PATRON Y MIGUEL ROMO MEDINA, SENADORES DE LA REPUBLICA E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y PABLO ESCUDERO MORALES, INTEGRANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL Y EN LA FRACCION I DEL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETE A CONSIDERACION DEL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE INICIATIVA POPULAR Y CONSULTA CIUDADANA Y ADICIONA UNA FRACCION I) AL ARTICULO 105; UNA FRACCION Z.1 AL ARTICULO 118 Y UNA FRACCION Q), RECORRIENDOSE LA ACTUAL A UNA NUEVA FRACCION R), DEL ARTICULO 119, TODOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma constitucional en materia política publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, constituye un momento relevante en la construcción de un régimen político basado en la legalidad y la legitimidad del poder público y representa, al mismo tiempo, un logro en la integración del consenso entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, mismas que alcanzaron los acuerdos necesarios para incorporar nuevas figuras de participación de los ciudadanos en las tareas de interés público.

La reforma estableció bases constitucionales para que la participación política de los ciudadanos disponga de nuevos instrumentos para ejercer sus derechos políticos, pues formaliza la figura de la iniciativa ciudadana para su discusión en el Congreso, la elaboración de consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, así como la participación de candidatos independientes en procesos electorales.

Las modificaciones constitucionales también crearon la figura de la iniciativa preferente, con el propósito de que el titular del Ejecutivo pueda solicitar al Congreso de la Unión el desahogo de las iniciativas que así califique, para obtener un pronunciamiento del Poder Legislativo en un tiempo específico, y se determinó que los comisionados de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones, competencia económica y regulación de energía, cuya designación ha sido facultad del Ejecutivo, ahora sean ratificados por el Senado de la República.

La reforma constitucional en materia política incluyó otros temas relevantes, sin embargo, debe señalarse que con ella se crearon una serie de dispositivos que pretenden conferirle mayor vigor al régimen político, favorecer su legitimidad y fortalecer la articulación de los poderes públicos con la ciudadanía. De manera particular, se considera que el establecimiento de la iniciativa ciudadana y de la consulta popular, representan dos elementos claves para fortalecer la participación directa de la ciudadanía en la vida política del país, con independencia de su participación en los procesos electorales.

Sin duda, al potenciar los medios de participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público, se amplía el universo de sus derechos. La alternancia en el poder Ejecutivo y la pluralidad política en el Congreso de la Unión, son la muestra evidente de que en democracia no puede ni debe prevalecer una sola visión de país y que la responsabilidad pública debe ser refrendada de manera permanente por la acción de gobierno.

Por ello, las sociedades complejas requieren incorporar instrumentos que garanticen no sólo la viabilidad del orden jurídico, sino también vigorizar el consenso social, es decir, que el régimen se sostenga no solo por la vía de la legalidad formal, sino que goce de amplios niveles de legitimidad, lo cual se expresa a través del consentimiento de la sociedad hacia sus gobernantes respecto de su actuación y desempeño públicos.

Así como la Constitución establece diferentes elementos para el control de la constitucionalidad del poder político, basados en dispositivos legales cuyo propósito es establecer la correspondencia de la actuación de los servidores públicos y órganos de Estado con el orden constitucional vigente, también se precisa de medios de control de legitimidad del poder político, para garantizar niveles altos de consentimiento respecto de la delegación de la representación política y de la función pública de gobierno en aras del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

En este contexto puede entenderse la inclusión del derecho ciudadano a presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión y la posibilidad de que se realicen, simultáneamente a los procesos electorales ordinarios federales, consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Estos instrumentos, identificados como formas de democracia directa, contribuyen a establecer parámetros de gobernabilidad a partir de que manifiestan el consentimiento social respecto del poder político en funciones.

Muchos países cuentan con instrumentos tales como el plebiscito, el referéndum (constitucional y legal), la consulta ciudadana, la iniciativa popular y la revocación de mandato. Todos éstos constituyen medios de control de legitimidad del poder político, sustentados en la idea de que la legitimidad es a lo político lo que la legalidad a lo jurídico. Ambos planos de la vida política, legitimidad y legalidad, constituyen elementos claves para que el ejercicio del poder en las sociedades democráticas esté al servicio del bienestar general de los ciudadanos. Un gobierno puede tener una actuación conforme a sus bases legales pero, sin mecanismos de control de legitimidad del poder político, difícilmente podrá garantizar una sustentabilidad democrática, porque la intervención ciudadana en las acciones de gobierno es garantía de un ejercicio responsable que no se sujeta a la pura complacencia, discrecionalidad o al establecimiento de clientelas.

En México, el consenso político alcanzado con la Reforma constitucional en materia política, hace patente el reconocimiento de los legisladores al desarrollo de la sociedad en términos de ciudadanía. Desde ahora, grupos de individuos en uso de sus derechos políticos pueden expresar, a través de proyectos de ley o decreto, su visión sobre el orden jurídico, de modo que las leyes los representen o atiendan sus intereses y necesidades.

De la misma forma, cuando decisiones de trascendencia nacional no sea posible determinarlas de manera consensuada por los medios habituales, con la reformas propuestas será posible someterlas a la consideración de la ciudadanía a través de una consulta popular, misma que, bajo determinadas circunstancias, tendrá efectos vinculantes para la autoridad. Dichas consultas se activan desde diferentes ámbitos del poder público o, bien, a iniciativa de la propia ciudadanía, cuando considere que la acción de gobierno deba discutirse públicamente en temas de gran relevancia.

La configuración de una democracia representativa plena en México, sustentada en los principios de legalidad y legitimidad, será resultado de un proceso de transformación política permanente que requiere de la interlocución constante entre quienes ejercen el poder público y los ciudadanos, para dotar a éstos últimos de los instrumentos jurídicos que les den acceso a los asuntos de interés público que sean de su interés y competencia.

De las características de la iniciativa

El diseño normativo de la presente iniciativa tiene como estrategia la formulación de una ley especial para el caso de la iniciativa ciudadana y de la consulta popular, sobre la base de que, para su procesamiento y desahogo, concurren distintas autoridades sujetas a marcos jurídicos de diversa naturaleza, a saber, las cámaras del Congreso de la Unión, el Instituto Federal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe destacar que, en ningún caso, es posible establecer normas que vinculen a la autoridad electoral o al máximo tribunal del país desde los dispositivos jurídicos que regulan la actividad del Poder Legislativo, no sólo por la especificidad de sus disposiciones legales, sino porque las reglas que regulan al Congreso no son objeto de observación de parte del Ejecutivo, circunstancia que no aplica a las leyes y autoridad que rige al Poder Judicial y al órgano responsable de la materia electoral.

De hecho, la reforma constitucional en materia política precisa que será en la ley donde se establecerán los términos reglamentarios de las disposiciones incorporadas a la Constitución en materia de iniciativa ciudadana y consulta popular. No se fija una norma específica en particular pero, conforme a los enunciados, queda abierta esa posibilidad. Lo anterior se confirma en los postulados a que hace referencia en la fracción VII del artículo 35, en el inciso c) del numeral primero de la fracción VIII del mismo precepto y en la fracción IV del artículo 71, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la misma forma, la propuesta que se somete al Pleno de la Cámara, incorpora en una misma ley especial a los dos procedimientos, tanto el de iniciativa ciudadana como el de consulta popular, en virtud de que ambos constituyen medios que amplían los derechos políticos de los ciudadanos y, en cierta forma, son mecanismos de democracia directa que están relacionados con la inclusión de los ciudadanos en los asuntos de interés público. Pero sobre todo, por el hecho de que constituyen medios de control de legitimidad del poder político.

En el caso de la iniciativa ciudadana, la propuesta la define como el derecho de iniciar proyectos de ley o decreto, formulados de manera conjunta por un determinado grupo de ciudadanos, que se someten ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, en ejercicio de lo establecido en la fracción VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en los requisitos que establece la fracción IV del artículo 71 constitucional.

Se toma como base la disposición constitucional de que las iniciativas ciudadanas sean presentadas por el equivalente, al menos, al punto trece por ciento de la lista nominal de electores vigente al momento de presentarse. Al 1 de marzo de 2013, la lista nominal se integraba por 80 millones 791 mil 371 ciudadanos; el 0.13 por ciento es equivalente a 105 mil 28 ciudadanos. Esta cifra puede modificarse dependiendo del número de personas que tengan su credencial de elector vigente y estén en la posibilidad material de votar.

Toda vez que la Constitución establece que el Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que establezca la ley en la materia, y con la finalidad de homologar este procedimiento con otros que ya realiza la autoridad electoral, se considera pertinente que los requisitos para la presentación de la iniciativa ciudadana incluyan la relación identificada de personas que promueven o apoyan la iniciativa, detallando su nombre, apellidos, residencia, clave para votar y la firma autógrafa de quienes la formulan, todo en hojas que identifiquen a la iniciativa de ley o decreto de que se trata.

El requerimiento se homologa a las solicitudes de registro de nuevos partidos políticos ante la autoridad electoral, conforme lo establece la fracción II del inciso a) del artículo 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Del mismo modo, se propone que la autoridad electoral verifique la veracidad de la documentación y datos proporcionados por los ciudadanos, bajo un criterio similar al establecido por el mismo código en el numeral 2 del artículo 30, es decir, revisando la totalidad de la documentación o mediante un método aleatorio conforme al que se verifique que, cuando menos, el 0.26 por ciento corresponda de manera precisa a la lista nominal actualizada. Cabe destacar que, en caso de optar por el muestreo, dicho número sería equivalente a la revisión de, al menos, 273 personas.

Se considera muy relevante el hecho de que los requisitos tengan un parámetro similar a otros que ya operan para el ejercicio de derechos políticos. Si bien se trata de objetos jurídicos de distinta naturaleza, en ambos casos hacen referencia al ejercicio de derechos políticos; los requerimientos solicitados a los ciudadanos para presentar una iniciativa ante cualquiera de las cámaras, no pueden implicar mayores esfuerzos que los solicitados para la formación de un partido político.

El artículo 71 constitucional establece los sujetos de derecho de iniciativa y regula, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia política, un trámite especial para las iniciativas que el titular del Ejecutivo califique o presente ante el Congreso en calidad de preferentes. Las iniciativas de los demás sujetos, incluidas las del propio Ejecutivo que no tengan esa calidad o condición, guardan el mismo tratamiento conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es desde esta perspectiva que no se considera necesario brindarle un tratamiento especial a la iniciativa ciudadana porque, de lo contrario, habría que hacer la adecuación correspondiente al procedimiento legislativo establecido en la norma constitucional. No obstante, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los reglamentos a que se refiere el numeral 1 del artículo 3° de la misma, es posible desahogarla con toda oportunidad en tiempo y forma, bajo procedimientos de audiencias públicas e, incluso, con la participación de la representación de los proponentes en las sesiones de trabajo de las comisiones ordinarias a cargo del estudio y dictamen de las mismas. De ahí que se propone sujetar la iniciativa ciudadana a un procedimiento legislativo normal, equivalente al de cualquier otra iniciativa de ley o decreto presentada por las legislaturas de los Estados de la Federación, los diputados o los senadores o, bien, por el Ejecutivo cuando no la solicite bajo el procedimiento de iniciativa preferente.

En el caso de la consulta popular, la presente iniciativa la define como el derecho a través del cual los ciudadanos expresan su consentimiento en asuntos de trascendencia nacional respecto de los actos de autoridad del gobierno Federal en términos de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los términos de la consulta popular no podrá aplicarse a los asuntos relativos a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios establecidos en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente. Desde esta perspectiva, podrán someterse a consulta los asuntos tales como la entrada en vigor de disposiciones normativas, políticas públicas, creación o disolución de órganos públicos, la celebración de tratados, la transferencia de atribuciones federales a otros órdenes de gobierno, etcétera. En general, cualquier tema que, salvo las reservas señaladas, apruebe el Congreso o solicite la ciudadanía en términos del inciso c) del apartado primero de la fracción VIIII del artículo 35 constitucional.

Esta circunstancia abre un amplio espectro de temas, de los cuales únicamente podrá ser sometido a consulta uno en cada una de las elecciones federales ordinarias para que los electores se pronuncien a favor o en contra. En tal virtud, se precisa que la solicitud y aprobación de la consulta pública por parte del Congreso y de las instituciones que participan en el procedimiento, hayan concluido antes del inicio del proceso electoral, en términos del calendario que fije la autoridad en la materia.

Asimismo, para que los resultados de la consulta pública reflejen la voluntad ciudadana respecto del tema o asunto a debate, la iniciativa propone que los poderes públicos, en el ámbito de su competencia, generen la información suficiente, clara, objetiva e imparcial, sobre el tema que se vaya a consultar.

La consulta popular tiene diferentes hipótesis normativas para dar inicio: cuando la solicitan el titular del Ejecutivo, cuando la solicita, cuando menos, un 33 por ciento de los legisladores que integran una cámara o cuando un conjunto de ciudadanos proponer realizarla. En los primeros dos casos el procedimiento de inicio es similar y ocurre, hasta su aprobación, en el seno del Congreso de la Unión, sin la intervención del Instituto Federal Electoral.

Cuando la solicitud tiene su origen en el dos por ciento de ciudadanos con registro en la lista nominal vigente, el procedimiento involucra a la autoridad electoral, únicamente para verificar que la documentación solicitada cumple con los requisitos que establece la ley: nombre, apellidos, residencia, clave de la credencial para votar y firma autógrafa, además de la identificación de las hojas en la parte superior con la denominación del tema de trascendencia nacional que se solicita poner a consulta.

Adicionalmente los peticionarios deberán acompañar su solicitud con la pregunta formulada, la designación de un representante para recibir notificaciones y una exposición de los motivos sobre la necesidad de la consulta. Se determina que la autoridad electoral debe resolver el asunto en treinta días hábiles, con la posibilidad de revisar toda la documentación o, bien, aplicando un método de muestreo similar al utilizado para el registro de nuevos partidos políticos bajo los mismos argumentos expuestos para el caso de la iniciativa ciudadana.

Confirmada y comunicada la veracidad de la información por parte de la autoridad electoral, se considera que las tres hipótesis de petición de consulta popular se homologan en el procedimiento subsecuente, es decir, durante el procesamiento interno en las Cámaras y en la verificación de la constitucionalidad por parte de la suprema Corte de Justicia de la Nación.

De manera particular se propone que el procesamiento interno en las cámaras se dé bajo la dinámica que caracteriza el procedimiento legislativo a que son sujetas las iniciativas de ley o decreto, pero con la diferencia de que la realización de la consulta puede ser aprobada por una cámara y rechazada por su correspondiente, en cuyo caso, se daría por desechada la solicitud. Esta circunstancia se propone así, por el hecho de que la Constitución establece que las consultas deberán aprobarse por ambas cámaras del Congreso de la Unión.

En el caso de las consultas populares generadas desde la ciudadanía, su desahogo en el Congreso será de manera tácita cuando se cumplan los requisitos establecidos en la constitución, es decir, que sean solicitadas por el equivalente a un dos por ciento de personas con registro en la lista nominal de electores, además de que se verifique la veracidad de los datos y la firma autógrafa de los peticionarios, en los mismos términos previstos en esta propuesta legislativa para el caso de la iniciativa ciudadana.

Cubiertas estas etapas del procedimiento se someterá a la Corte la pregunta, con la finalidad de que se pronuncie respecto de la constitucionalidad de la misma y, en todo caso, proceda la realización de la consulta popular en el marco de las elecciones federales ordinarias. Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad, la autoridad electoral queda como responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular. Cabe destacar que, durante el desarrollo del proceso electoral, la presente iniciativa propone la elaboración de una boleta especial para la consulta que cuente con los mecanismos de certeza que considere la autoridad electoral, así como la asignación especial del espacio correspondiente para que el ciudadano se pronuncie a favor o en contra del tema que ha sido puesto a su consideración.

Finalmente, se establece un artículo segundo en el proyecto de decreto, con el propósito de establecer en los fines del Instituto Federal Electoral llevar a cabo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de las consultas populares, así como facultar al Consejo General y al Presidente del Consejo General del propio instituto respecto de las acciones de verificación de documentos y plazos disponibles con motivo de las consultas ciudadanas que al efecto se realicen.

Con base en lo anterior y con fundamento en la fracción II del artículo 72 constitucional y en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con:

“PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE INICIATIVA POPULAR Y CONSULTA CIUDADANA Y ADICIONA UNA FRACCION I) AL ARTICULO 105; UNA FRACCION Z.1 AL ARTICULO 118 Y UNA FRACCION Q), RECORRIENDOSE LA ACTUAL A UNA NUEVA FRACCION R), DEL ARTICULO 119, TODOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

ARTICULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE INICIATIVA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

La presente ley es reglamentaria de las fracciones VII y VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden e interés público y tienen por objeto establecer las bases y procedimientos para la presentación de iniciativas ciudadanas y para hacer efectiva la consulta popular.

Artículo 2

Para efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Autoridad electoral: Instituto Federal Electoral

II. Iniciativa ciudadana: derecho de los ciudadanos de iniciar proyectos de ley o decreto en términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Consulta ciudadana: derecho de los ciudadanos para expresar el consentimiento o rechazo en temas de transcendencia nacional respecto de las decisiones o actos de autoridad del gobierno Federal en términos de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3

Las resoluciones que con motivo de la aplicación de la presente ley emita el Consejo General del Instituto Federal Electoral, serán susceptibles de la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo que dispone la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Artículo 4

Las resoluciones sobre constitucionalidad que para efectos de la aplicación de la presente ley emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán inapelables.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA INICIATIVA CIUDADANA

Artículo 5

La iniciativa ciudadana es el derecho de iniciar proyectos de ley o decreto formulados por ciudadanos que se someten ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en ejercicio de lo establecido en la fracción VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6

Para que se le dé trámite a un proyecto de ley o decreto en los términos de la fracción IV. del artículo 71 constitucional, deberá ser presentado por ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal nacional de electores.

Artículo 7

Los proyectos de ley o decreto a que se hace referencia en el artículo anterior deberán acompañarse del nombre, apellidos, residencia, clave de la credencial para votar y firma autógrafa de las personas que formulan la iniciativa, así como el nombre y datos de localización de un representante para recibir cualquier notificación. Toda la documentación deberá estar plenamente identificada señalando en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de ley o decreto a que se hace referencia.

Artículo 8

Recibido un proyecto de iniciativa de ley ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, el Presidente de la Mesa Directiva enviará a la autoridad electoral, sin más trámite, la documentación original que acompaña al proyecto de ley o decreto, a fin de que verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 9

La autoridad electoral verificará la veracidad de la documentación y datos proporcionados en un plazo no mayor a 30 días hábiles, ya sea en su totalidad o mediante un método aleatorio, conforme al cual se verifique que cuando menos el 0.26 por ciento corresponda a la lista nominal actualizada a la fecha de la solicitud de que se trate.

Artículo 10

Hecho el análisis, la autoridad electoral comunicará los resultados a la Cámara de origen. De no cumplirse los requisitos establecidos en la fracción IV del artículo 71 constitucional, se declarará improcedente por la Cámara de origen, se dará por desechada la iniciativa y se notificará de ello al representante señalado en el artículo 7.

Artículo 11

Todo proyecto de ley o decreto que se presente en los términos de la fracción VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y cumpla con los requisitos establecidos en la fracción IV. del artículo 71 constitucional, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, será aprobada o desechada bajo el procedimiento legislativo normal, observándose la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos a que se refiere el numeral 1 del artículo 3° de la misma, sobre la forma, intervalos y modo de proceder las discusiones y votaciones.

CAPITULO TERCERO

DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 12

La consulta popular es el derecho a través del cual los ciudadanos expresan su consentimiento o rechazo respecto a decisiones o actos de autoridad del orden Federal de gobierno en temas de transcendencia nacional tales como:

1. Entrada en vigor de disposiciones normativas;

2. Establecimiento de políticas públicas;

3. Creación o disolución de órganos públicos;

4. Celebración de tratados, convenios o suscripción de documentos por parte del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con otros países u organismos internacionales;

5. Transferencia de atribuciones Federales a otros órdenes de gobierno, o

6. Asuntos o temas que, diferentes a los anteriores, apruebe el Congreso de la Unión o, en su caso, solicite la ciudadanía en los términos y requisitos establecidos en el inciso c) del apartado primero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

Artículo 13

No serán objeto de consulta popular en el marco de la presente ley la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Artículo 14

Toda consulta popular supondrá la difusión de información suficiente, objetiva, clara e imparcial, sobre el tema que se vaya a someter a consulta. Los poderes públicos federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo las acciones necesarias para que la sociedad disponga de información suficiente.

Artículo 15

La solicitud para iniciar el procedimiento de consulta popular podrá ejercitarse a petición de:

a) El titular del Ejecutivo Federal;

b) Por, cuando menos, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o

c) Por ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo16

Toda consulta popular se realizará simultáneamente con las elecciones federales ordinarias y deberá aprobarse por el Congreso de la Unión o declarada la validez de la misma previo al inicio del proceso electoral que corresponda a su realización, conforme al calendario que establezca la autoridad electoral.

Artículo 17

a petición de consulta ciudadana que se presente ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión deberá incluir formulada la pregunta sobre el tema de trascendencia nacional que se propone someter a consulta pública, así como la exposición de las razones por las que se considere necesario llevarla a cabo.

Artículo 18

Cuando la solicitud para iniciar el procedimiento de consulta pública sea a petición del titular del Ejecutivo Federal o de, cuando menos, el 33 por ciento de los integrantes de alguna de las cámaras, será turnada a la comisión ordinaria que en razón del tema de su competencia corresponda, misma que formulará un dictamen en los mismos términos y tiempo que establezca el reglamento respectivo para las iniciativas o proyectos de decreto.

Artículo 19

De aprobarse la petición de consulta ciudadana conforme al artículo anterior sobre algún tema de trascendencia nacional por alguna de las cámaras, se turnará a la cámara revisora para que se pronuncie al respecto; de considerarlo procedente se continuará con el procedimiento de consulta popular; en caso de ser calificado improcedente por la Cámara revisora, se dará por desechada la petición.

Artículo 20

Las peticiones de consulta popular bajo los supuestos del inciso c) del apartado primero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, serán presentadas de manera indistinta en cualquiera de las Cámaras de Congreso de la Unión.

Artículo 21

Las peticiones a que se refiere el artículo anterior deberán presentarse conjuntamente con la documentación de los peticionarios que apoyan la realización de la consulta, de modo que se acredite el equivalente al dos por ciento de la lista nominal vigente al momento de su formulación. La petición deberá ser acompañada de la siguiente documentación:

a) Pregunta sobre el tema de trascendencia nacional que se propone someter a consulta pública;

b) Motivos por los que se considera de trascendencia nacional la pregunta a que se hace referencia en el inciso anterior;

c) Nombre, apellidos, residencia, clave de la credencial para votar y firma autógrafa de las personas que formulan la petición, y

d) Nombre y datos de localización de un representante para recibir cualquier notificación.

Toda la documentación deberá estar plenamente identificada, señalando en la parte superior de cada hoja la referencia al tema de trascendencia nacional que se propone someter a consulta pública.

Artículo 22

Recibida en cualquiera de las cámaras una solicitud de consulta en los términos del inciso c) del apartado primero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, la Mesa Directiva informará a su correspondiente de la petición presentada y enviará a la autoridad electoral, sin más trámite, la documentación original a fin de que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso c) y párrafo último del artículo anterior.

Artículo 23

La autoridad electoral resolverá sobre la veracidad de la documentación y datos proporcionados en un plazo no mayor a 30 días hábiles, ya sea en su totalidad o mediante un método aleatorio, conforme al cual se verifique que cuando menos el 0.26 por ciento corresponda a la lista nominal actualizada a la fecha de la solicitud de que se trate.

Artículo 24

Hecho el análisis, la autoridad electoral comunicará los resultados a la Cámara de origen. De no cumplirse los requisitos establecidos en el inciso c) del apartado primero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, se declarará improcedente por la Cámara de origen, se dará por desechada la petición, concluido el procedimiento y se notificará de ello al representante señalado en el numeral d) del artículo 21.

Artículo 25

Cuando la autoridad electoral confirme que las peticiones de consulta popular en términos del inciso c) del apartado primero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional cumple los requisitos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de la pregunta, cuya respuesta se emitirá en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Artículo 26

Cuando la petición de consulta popular en términos de los incisos a) y b) del apartado primero del artículo 35 constitucional sea aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara revisora solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad del contenido de la pregunta, cuya respuesta se emitirá en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Artículo 27

Emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y comunicada a la cámara donde dio inicio el procedimiento de consulta popular, ésta procederá a declarar la validez o no de la petición bajo el siguiente procedimiento.

a) En caso de que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea a favor de la constitucionalidad de la pregunta:

1. El Presidente de la Mesa Directiva comunicará al Pleno de la Cámara el sentido de la Resolución y hará la declaratoria de validez de la consulta popular;

2. El Presidente de la Mesa Directiva mandará publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de validez de la consulta popular;

3. Se comunicará a la Cámara revisora y a la autoridad electoral sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

4. En su caso, notificará a la representación legal de los peticionarios la validez de la consulta pública.

b) En caso de que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sea a favor de la constitucionalidad de la pregunta:

1. El Presidente de la Mesa Directiva comunicará al Pleno el sentido de la resolución, dará por desechada la petición y concluido el procedimiento, y

2. En su caso, notificará de ello al representante señalado en el inciso d) del artículo 21.

Artículo 28

El Instituto Federal Electoral estará a cargo de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular.

Artículo 39

El voto en las consultas populares será libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Artículo 30

Los procesos electorales en los que se haya aprobado realizar una consulta popular, deberán incluir una boleta especial, distinta a las boletas de elección de candidatos, en la que el votante emita su consentimiento o rechazo sobre el contenido de la pregunta formulada en la consulta.

Artículo 31

Para los efectos procedimentales y legales a que haya lugar, las boletas dispuestas para la consulta popular recibirán el mismo tratamiento que la documentación y material electoral a que se refiere el Título Segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 32

La boleta de consulta popular contendrá únicamente la pregunta con los apartados correspondientes para que el elector se pronuncie a favor o en contra y aquellos elementos de certeza que el Consejo General del Instituto Federal Electoral estime pertinentes.

Artículo 33

Se emitirá una boleta de consulta popular por cada ciudadano conforme a la lista nominal de electores.

Artículo 34

El Presidente del Consejo General de Instituto Federal Electoral dará a conocer, antes del domingo siguiente al de la jornada electoral, el número de electores que se pronunció a favor y el número de electores que se pronunció en contra respecto de la consulta popular.

Artículo 35

Al informar los resultados de la consulta, el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral informará, además, el número de electores que participaron de manera efectiva en la consulta y la proporción que este número representa respecto de la lista nominal de electores vigente al momento de celebrar la elección.

Artículo 36

Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.

Artículo 37

El titular del Poder Ejecutivo será responsable de iniciar las acciones correspondientes con motivo de los resultados de la consulta popular.

Artículo 38

Los resultados de las consultas populares que impliquen declarar nulos, dejar sin efecto o suspender actos de autoridad, restablecerán el estado jurídico o condición material previa de los asuntos o cosas que hayan sido materia de la pregunta.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan una fracción I) al artículo 105; una fracción z.1 al artículo 118 y una fracción q), recorriéndose la actual a una nueva fracción r), del artículo 119, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como siguen:

Artículo 105

1. Son fines del Instituto:

a) a la g)…

h)Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia, y

I) Llevar a cabo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de las consultas populares conforme a las disposiciones aplicables.

2. y 3. …

Artículo 118

1.El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) a la x) …

y)Nombrar de entre los consejeros electorales propietarios del Consejo General, a quien deba sustituir provisionalmente al consejero presidente en caso de ausencia definitiva e informarlo a la Cámara de Diputados para los efectos conducentes;

z) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en este Código, y

z.1) Verificar, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, la veracidad de la documentación y datos proporcionados de las iniciativas ciudadanas o consultas populares que sometan a su consideración cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión.

2. y 3. …

Artículo 119

1. Corresponden al presidente del Consejo General las atribuciones siguientes:

a) a la o) …

p) Ordenar, en su caso, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General;

q) Recibir la documentación original e informar sobre la resolución de la veracidad de la misma respecto de las iniciativas ciudadanas o consultas populares que sometan a su consideración cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, y

r)Las demás que le confiera este Código.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, México, D.F., a 2 abril de 2013.

Atentamente

Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Emilio Gamboa Patrón.- Sen. Miguel Romo Medina”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Blanca Alcalá Ruiz. Pido a la Secretaría que se integre de manera puntual en el Diario de los Debates el texto íntegro que presentó la Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Fayad Meneses.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, para felicitar a la compañera Senadora Blanca Alcalá y a los compañeros que trabajaron en esta iniciativa y pedirle y rogarle a usted que le pregunte a la Senadora si me permite suscribirla junto con ellos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto. Senadora Blanca Alcalá, ¿acepta usted el que se puedan incluir como proponentes a compañeras y compañeros Senadores?.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Sí.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, se suscriben a su iniciativa los Senadores Javier Lozano, Alejandra Barrales, Gerardo Sánchez. Pido a la Secretaría que tome nota de todos los que deseen que se les pueda incluir como proponentes de dicha iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los CC. Senadores Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al sistema de justicia penal, como producto del esfuerzo de cambio estructural y de modernización de dicho sistema, motivado en gran medida por el imperativo de la sociedad de contar con instituciones jurídicas eficientes y eficaces que garanticen una correcta administración e impartición de justicia.

Esta reforma constitucional en la concepción de un nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, a través del cual se han materializado los principios y reglas propias de un debido proceso, cuyos contenidos fundamentales deberán de ser reglamentados por la legislación secundaria.

En consecuencia, y derivada de esta reforma constitucional tan importante, el siguiente paso, por supuesto, para que se consolide este sistema acusatorio, debe ser la correspondiente adecuación de la legislación adjetiva penal y de ejecución de sanciones penales aplicables en todo el país en función del mandato constitucional.

La presente iniciativa de reforma constitucional motiva estas consideraciones y pretende también complementar la iniciativa que anteriormente suscribió el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia de este Senado.

Esta iniciativa es igualmente suscrita por todos los compañeros que integran la Comisión de Justicia, por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, porque consideramos que la importancia de contar con un sistema normativo en materia adjetiva y de ejecución de sanciones penales que con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas es trascendental, es necesario, además, establecer un modelo jurídico uniforme, homogéneo, sistematizado y acorde a los postulados constitucionales que evite en todo momento la dispersión normativa, criterios encontrados o incluso inseguridad jurídica.

Nuestra iniciativa no solamente está enfocada a la consolidación de un código único en materia procesal, sino que también pretende abarcar una única Ley de Ejecución de Sanciones Penales.

Las consideraciones son las siguientes:

Sin dejar de reconocer los importantes esfuerzos que algunas entidades federativas han realizado para la concreción de su legislación, ajustada al sistema penal acusatorio, se hace conveniente y necesario en el ámbito normativo la concreción de una codificación adjetiva penal única, así como una ley de ejecución de sanciones penales únicas aplicables a todas las entidades federativas y a la Federación, tal y como se propone a través de la presente iniciativa, con la finalidad de lograr un sistema jurídico uniforme sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y, consecuentemente, el descrédito del sistema.

La existencia de una legislación única en materia adjetiva penal evitará la presencia de 33 legislaciones distintas que pueden dar lugar a criterios encontrados, tratamiento desigual, dispersión normativa o excesos entre una legislación y otra en cuanto a la interpretación y regulación de diversas figuras jurídicas procesales propias del nuevo sistema de justicia.

A manera de ejemplo, diversas figuras procesales que presentan divergencias en cuanto a interpretación de su contenido y alcance en los diversos cuerpos normativos vigentes.

Tan solo por mencionar algunos ejemplos, figuras como los procedimientos abreviados, la acción penal particular, los criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público, los medios de impugnación, las etapas del procedimiento penal, las medidas cautelares, los mecanismos alternativos de solución de controversias, las atribuciones de la policía en la investigación del delito, entre otras, presentan en diversos casos divergencias notables en la normatividad entre una entidad federativa y otra.

De igual manera, en materia de ejecución de sanciones también existen figuras que presentan divergencias en cuanto a la interpretación de su contenido y alcance en los diversos cuerpos normativos vigente.

Un ejemplo son las atribuciones del juez de ejecución de sanciones que en diversas entidades han sido interpretadas de distinta forma.

Estas divergencias y la dispersión normativa que genera el actual modelo de competencia para legislar en materia adjetiva penal y de ejecución de sanciones ha ocasionado dificultades en la unificación y sistematización de criterios y bases respecto de aquellos principios fundamentales del sistema de justicia, que dificultan la definición de un modelo acusatorio uniforme para todo el país.

Si bien es cierto que la implementación de la reforma constitucional en su aspecto normativo constituye una labor compleja, ya que por un lado es necesario atender a las diversas necesidades y problemáticas que aquejan al sistema de justicia en el país en función de los nuevos postulados constitucionales y, por el otro, consensuar la diversidad de opiniones, visiones y propuestas concretas que se han esgrimido en torno a la confección del modelo jurídico acusatorio por parte de operadores del sistema, académicos y de diversos sectores de la sociedad, lo cierto es que dicha complejidad aumenta exponencialmente ante la exigencia de diversos cuerpos normativos encargados de regular el aspecto adjetivo y de ejecución de sanciones previsto por la reforma constitucional, que en la realidad implicaría la existencia de 33 códigos de procedimientos penales y 33 disposiciones de ejecución de sanciones penales, susceptibles de ser distintos y distinguibles entre sí, por falta de una armonización y de criterios homogéneos y claros.

En tal virtud, entre las principales ventajas que genera la adopción de un sistema de codificación penal y de ejecución de sanciones únicos, se encuentran las siguientes:

Se logra una adecuada sistematización, homogeneidad y unificación de los criterios legislativos en el ámbito procesal penal. Se origina una mayor certidumbre jurídica con respecto al gobernado al tener claridad sobre las normas jurídicas a observar en todo este país en materia adjetiva penal y de ejecución, sin temor de cambiar de criterios o tratamientos en virtud del lugar en donde se encuentre.

Se combate la corrupción e impunidad al existir menores resquicios legales que genere la actual dispersión, incluso contradicción, de normas; propiciaría criterios judiciales más homogéneos al tener que interpretar un solo cuerpo normativo de naturaleza adjetiva y de ejecución para toda la República.

Se retoman ejemplos ya existentes en derecho comparado en países federalistas, tales como Brasil, Alemania y Suiza, así como a nivel nacional en el caso laboral o mercantil, se incide de manera positiva en aspectos como la capacitación de los operadores del sistema en los procesos de enseñanza y formación de los estudiantes de derecho sobre la misma base aplicable en todo el país, entre otras muchas ventajas.

No omito señalar que la presenta iniciativa que suscribimos diversos Senadores del Partido Acción Nacional, está inserta también en nuestra agenda legislativa, y también que actualmente hay un grupo de trabajo que se está abocando al estudio y análisis del nuevo Código Procesal Penal.

En suma, la propuesta esgrimida por la presente iniciativa, implica el establecimiento de un mecanismo constitucional que permita la concreción de una legislación adjetiva penal única y de ejecución de sanciones penales, aplicable a todo el territorio nacional, reforzando la idea de seguridad jurídica de una justicia pronta, expedita, eficaz y eficiente, que reduzca la confrontación de criterios, que se aplique de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el justiciable y demás intervinientes en el procedimiento.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los suscritos, María del Pilar Ortega Martínez, Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martnez Martínez, Senadores de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la H. Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por la que seREFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES PARA ESTABLECER LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNION PARA EXPEDIR UNA LEGISLACION PROCESAL PENAL ASI COMO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES UNICAS, APLICABLE A LA FEDERACION, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El dieciocho de junio de dos mil ocho fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal, como producto del esfuerzo de cambio estructural y modernización de dicho sistema, motivado en gran medida por el imperativo de la sociedad de contar con instituciones jurídicas eficientes y eficaces que garanticen una correcta administración e impartición de justicia, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y garantías de los ciudadanos.

Dicha reforma constitucional ha constituido el parteaguas en la concepción de un nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, al transitar de un sistema de justicia mixto preponderantemente inquisitivo hacia un sistema de corte acusatorio y oral, propio de un estado democrático de derecho.

En tal virtud, con la reforma constitucional se han materializado los principios y reglas propias de un debido proceso legal, cuyos contenidos fundamentales deberán de ser reglamentados por la legislación secundaria, guardando en todo tiempo la debida congruencia con lo establecido por el precepto constitucional correspondiente.

Así, tomando en cuenta que el establecimiento de las bases del debido proceso previstas por la citadareforma constitucional han constituido un paso fundamental y sin precedente en la confección del nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, se estima que en consecuencia, el siguiente paso obligatorio para la consolidación de la reforma deberá de ser la correspondiente adecuación de la legislación adjetiva penal y de ejecución de sanciones penales aplicables en todo el país en función del mandato constitucional, lo cual tendrá que verse reflejada en la concreción de un modelo jurídico congruente con los postulados constitucionalmente establecidos, que recoja el espíritu y alcance planteado por el Constituyente en el texto constitucional, sin llegar a desvirtuarlo o propiciar excesos en detrimento de los justiciables y demás intervinientes del procedimiento penal.

De ahí la importancia de contar con un sistema normativo en materia adjetiva y de ejecución de sanciones penales que con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, establezca un modelo jurídico uniforme, homogéneo, sistematizado y acorde a los postulados constitucionales, que evite en todo momento dispersión normativa, criterios encontrados o incluso inseguridad jurídica.

Lo anterior, tomando en consideración que la dispersión y desigualdadnormativa, los criterios legales contradictorios o las omisiones existentes entre una legislación y otra, puede constituir una puerta que sea aprovechada para generar impunidad, la cual a su vez propicia que la delincuencia prolifere.

En tal sentido, reconociendo que el propio Constituyente al momento de aprobar la referida reforma constitucional estableció tanto para la Federación como para las Entidades Federativas un plazo máximo de ocho años para concretar las acciones necesarias para la adopción del modelo acusatorio, lo cierto es que -sin dejar de reconocer los importantes esfuerzos que algunas entidades federativas han realizado para la creación de su correspondiente legislación-, se hace conveniente y necesario en el ámbito normativo la concreción de una codificación adjetiva penal única y de una ley de ejecución de sanciones penales única aplicables a todas las entidades federativas y a la federación, con la finalidad de lograr un sistema jurídico uniforme sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema.

En efecto, la existencia de una legislación única en materia adjetiva penal evitaría la presencia de treinta y tres legislaciones en la materia que puedan dar lugar a criterios encontrados, tratamiento desigual, dispersión normativa o excesos entre una legislación y otra en cuanto a la interpretación y regulación de las diversas figuras jurídicas procesales propias del nuevo sistema de justicia.

A manera de ejemplo, cabe señalar que una figura constitucional respecto de la cual han existido diversos criterios en cuanto a su alcance en las legislaciones de corte acusatorio ha sido la relativa al hecho delictivo, en donde algunas legislaciones han interpretado su contenido y alcance de manera diversa, situación que forzosamente repercute en el diseño del modelo jurídico acusatorio, en virtud de que dicha figura resulta ser fundamental para la procedencia de la orden de aprehensión o, en su caso, para la vinculación a proceso del imputado.

De esta forma, existen otras figuras procesales que presentan divergencias en cuanto a la interpretación de su contenido y alcance en los diversos cuerpos normativos vigentes, que en muchos de los casos son generadas por cuestiones de naturaleza dogmática penal o, en general, por cuestiones conceptuales.

Tan sólo por mencionar algunos ejemplos, figuras como los procedimientos abreviados, la acción penal particular, los criterios de oportunidad por parte del ministerio público, los medios de impugnación, las etapas del procedimiento penal, la prisión preventiva y otras medidas cautelares, los mecanismos alternativos de solución de controversias, las atribuciones de la policía en la investigación del delito, entre otras, presentan en diversos casos divergencias notables entre la normatividad de una entidad federativa y otra.

De igual forma en materia de ejecución de sanciones también existen figuras que presentan divergencias en cuanto a la interpretación de su contenido y alcance en los diversos cuerpos normativos vigentes.

Tales divergencias y la dispersión normativa que genera el actual modelo de competencia para legislar en materia adjetiva penal, ha ocasionado dificultades en la unificación y sistematización de criterios y bases respecto de aspectos fundamentales del sistema de justicia, que dificultan la definición de un modelo acusatorio uniforme para todo el país, que contribuya de manera positiva en el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia.

Sin dejar desconocer que el proceso de implementación del sistema de justicia penal no se reduce exclusivamente al aspecto normativo, en virtud de que en su integralidad, se requieren de diversos aspectos, como por ejemplo, de un rediseño institucional, de un modelo de planeación, de mecanismos de apoyo técnico, de sistemas de capacitación y de difusión, de cuestiones presupuestarias, entre otras. Cierto es que el aspecto normativo -en su vertiente adjetiva- juega un papel determinante en la construcción de los mecanismos de implementación, ya que determinados aspectos como el apoyo técnico, la capacitación e incluso el rediseño institucional dependen directamente del modelo jurídico en que descansará el nuevo sistema, de ahí la importancia de contar con una normatividad uniforme en todo el país.

En ese sentido, si bien la implementación de la reforma constitucional en su aspecto normativo constituye una labor compleja, ya que por un lado es necesario atender a las diversas necesidades y problemáticas que aquejan al sistema de justicia en el país en función de los nuevos postulados constitucionales y, por otro, consensuar la diversidad de opiniones, visiones y propuestas concretas que se han esgrimido en torno a la confección del modelo jurídico acusatorio por parte de operadores del sistema, académicos y diversos sectores de la sociedad, lo cierto es que dicha complejidad aumenta exponencialmente ante la existencia de diversos cuerpos normativos encargados de regular el aspecto adjetivo y de ejecución de sanciones previsto por la reforma constitucional, que en la realidad implicaría la existencia de 33 códigos de procedimientos penales y 33 disposiciones de ejecución de sanciones penales susceptibles de ser distintos y distinguibles entre sí, por la falta de armonización y criterios homogéneos y claros.

Por tal razón, la propuesta de establecer un mecanismo constitucional que permita el establecimiento de una legislación adjetiva penal única y de ejecución de sanciones penales, aplicable a todo el territorio nacional, refuerza la idea de la seguridad jurídica, de una justicia pronta, expedita, eficaz y eficiente, que reduzca la confrontación de criterios, que se aplique de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el justiciable y demás intervinientes en el procedimiento.

De igual forma, al adoptarse un sistema de codificación único en materia adjetiva y una sola ley de ejecución de sanciones penales única se facilitaría el proceso de implementación de la reforma a nivel nacional,ya que a través de ello se podrían unificar criterios en torno a su aspecto adjetivo y de ejecución, tales como las reglas de aplicación, interpretaciones en torno al alcance de las garantías, estructura de la ley, criterios para la delimitación de los delitos graves, plazos, términos, aplicación de mecanismos alternativos, criterios de oportunidad, facultades de los jueces de ejecución, procedimientos uniformes para la ejecución de las sanciones penales, entre otros.

Asimismo, la adopción de este sistema incidiría de manera positiva en otros aspectos como por ejemplo, en la capacitación de los operadores del sistema, en los procesos de enseñanza y formación de los estudiantes de derecho u abogacía, toda vez que partirían en su estudio de una misma base aplicable en todo el país.

Adicionalmente, se podrían generar criterios jurisprudenciales más uniformes al tener que analizar una misma normatividad en todo el territorio nacional, con independencia del correspondiente ámbito de competencia, así como se contarían con elementos más homogéneos para la planeación del correspondiente rediseño institucional que requiere la reforma.

A la par de ello, esta reforma otorgaría una mayor certidumbre jurídica al ciudadano y al operador, al existir reglas claras respecto de las consecuencias jurídicas que en el ámbito procesal y de ejecución puede generar la actualización de la norma penal en todo el territorio nacional, con independencia en donde se hubiese actualizado el probable hecho delictivo.

Ahora bien, cabe señalar que la propuesta que se plantea en torno a la codificación adjetiva penal única y de ejecución de sanciones única no contraviene el pacto federal, ni pretende suplantar la competencia de las autoridades locales en el conocimiento de los delitos del orden del fuero común, ya que sólo se constriñe a establecer constitucionalmente que sea el Congreso de la Unión la instancia legislativa encargada de crear el marco normativo adjetivo penaly de ejecución de sanciones aplicable en todo el país, tanto para el fuero federal como para el fuero común, respetando los respectivos ámbitos de competencia en cuanto a su aplicación, es decir, se sigue respetando la división competencial existente en la actualidad en cuanto a la observancia y aplicación de la normas adjetivas penales.

Incluso, se prevé que con este mecanismo de reforma constitucional, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, continúen legislando en cuestiones sustantivas penales así como de naturaleza orgánica de las instituciones encargadas de aplicar el nuevo sistema de justicia, tomando en consideración las diversas concepciones y necesidades existentes en la actualidad respecto del diseño sustantivo penal en cada entidad federativa, así como respecto de la organización de sus instancias de procuración y administración de justicia, y de ejecución de sanciones penales.

A mayor abundamiento, cabe precisar que, dado el alcance y los efectos que podría generar esta reforma, es que la misma se ha propuesto a nivel constitucional, en donde al final de cuentas se delimita la competencia legislativa en materia penal, y en el caso concreto, en su vertiente adjetiva penal y de ejecución de sanciones penales.

En efecto, precisamente la naturaleza del proceso de reforma constitucional, obliga de conformidad con lo previsto por el artículo 135 constitucional, a que ambas Cámaras del Congreso de la Unión aprueben la reforma propuesta, sin olvidar que dichos órganos camarales se encuentran integrados por representantes populares de todo el país, y particularmente en el Senado, de acuerdo a la teoría clásica, se encuentra la representación de los Estados. Por si ello fuera poco, por tratarse de una reforma constitucional, se requiere que la misma sea aprobada por la mayoría de los Estados, lo que implicará que la aprobación de esta reforma derive de un consenso y aceptación de los mismos, con lo cual se legitima el proceso federalista de la reforma.

En este mismo orden de ideas, es oportuno señalar que un esquema como el que se propone a través de la presente iniciativa, en donde exista una sola instancia para legislar sobre determinada materia y derivado de ello, los distintos órdenes de gobierno competentes apliquen dicha normatividad, no es ajena a nuestro sistema constitucional, tal como acontece en materia de comercio, de títulos y operaciones de crédito e incluso laboral, entre otras.

En el caso específico de la materia penal, ello ya ha acontecido con la aprobación de reformas constitucionales a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, por medio de la cual se faculta de manera exclusiva al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de secuestro y de trata de personas.

En el ámbito internacional, ha venido adoptando este tipo de mecanismos como el que se propone, baste recordar los esfuerzos realizados por la Comunidad Europea respecto de una legislación única en materia penal para todos sus integrantes.

Asimismo, en el ámbito nacional se han presentado posturas de diversos académicos que se inclinan por la viabilidad de esta propuesta, a la par que dicho tema se ha venido previendo, en términos generales, en las plataformas legislativas de diversos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, existiendo incluso actualmente varios antecedentes legislativos al efecto, como por ejemplo la iniciativa de reforma constitucional presentada en la pasada administración federal que planteaba la codificación penal única. De igual forma existen propuestas establecidas tanto en el Libro Blanco del Poder Judicial de la Federación, como en el entoncesForo para la Reforma del Estado relativo a la reforma al sistema de justicia, así como en el “Pacto por México”.

En suma, la presente iniciativa tiene como finalidad propiciar mayores herramientas que permitan consolidar la reforma constitucional al sistema de justicia penal, optimizando y potencializando su implementación en los diversos órdenes de gobierno, bajo una óptica de cooperación y coordinación plena entre todas las instancias involucradas en el sistema, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas.

Por lo expuesto, los suscritospresentamos a esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES PARA ESTABLECER LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNION PARA EXPEDIR UNA LEGISLACION PROCESAL PENAL, ASI COMO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES UNICAS.

Unico. Se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73, el inciso h) fracción V base primera aparatado C del artículo 122; se adiciona un último párrafo al artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 20.

A. …

I. a X. …

B. …

I. a IX. …

C. …

I. a VII. …

La legislación procesal penal a que se refiere el artículo 73 fracción XXI párrafo primero de esta Constitución, deberá de observar invariablemente los principios y derechos consagrados en el presente artículo.

Artículo 73.

I. a XX. …

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir la legislación procesal penal así como de ejecución de sanciones penales aplicable a la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada.

XX. a XXX. …

Artículo 122.

A. …

I. a V. …

B. …

I. a V. …

C. …

BASE PRIMERA. …

I. a V. …

a) a g) …

h) Legislar en las materia civil, establecer delitos; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio;

i) a p) …

BASE SEGUNDA. …

I. a II. …

a) a f) …

BASE TERCERA. …

I. a II. …

BASE CUARTA. …

I. a VI. …

BASE QUINTA. …

D. a G. …

a) a c) …

H. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en el artículo transitorio siguiente.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir el Código Procesal Penal Único así como la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Única, las cuales en sus artículos transitorios deberán establecer criterios de inicio de vigencia diferenciados en función de la etapa de proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren la Federación, los estados y el Distrito Federal, en lo relativo a la expedición y vigencia de sus respectivos códigos de procedimientos penales y leyes de ejecución de sanciones.

Los ordenamientos en materia adjetiva penal y de ejecución de sanciones penales, que hayan sido expedidos por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados así como por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, previamente a la entrada en vigor de este decreto, continuarán aplicándose hasta el inicio de vigencia del Código Procesal Penal Único y de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Única, respectivamente, que el Congreso de la Unión expida en ejercicio de la facultad conferida por el primer párrafo de la fracción XXI del artículo 73 de esta Constitución.

TERCERO. Los procedimientos penales y de ejecución de sanciones de la Federación, los estados y el Distrito Federal, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Código Procesal Penal Único y de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Única, deberán concluirse y ejecutarse, conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de las referidas leyes.

Dado en el Senado de la República, a 9 de abril de 2013.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. José María Martínez Martínez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Pilar Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

[1] Hasta ahora al 13 Entidades Federativas (Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas y Yucatán) ya cuentan con el sistema acusatorio en vigencia en alguno de sus distritos o, en su caso, por géneros de delitos, mientras que entidades como Coahuila, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Sonora, constituyen entidades que ya aprobaron sus Código de Procedimientos Penales y se encuentran pendientes de entrar en vigor.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En estos momentos, en el Senado de la República nos encontramos discutiendo, sin duda alguna, uno de los temas más trascendentes, más importantes de la presente legislatura, una discusión alrededor del tema de las telecomunicaciones, pero sobre todo, y fundamentalmente, una discusión alrededor del tema de la competencia económica.

Y es importante poner este tema sobre la mesa porque la difusión mediática e incluso la percepción que me ha tocado escuchar de varios compañeros y compañeras es que ese es el único tema, el tema de la telecomunicaciones e incluso de una forma, tal vez pequeña, solamente se considere esta reforma como una visión de darle solución al conflicto trascendente que ha habido en los últimos años entre dos de los principales sectores, el sector de la telefonía y el sector de la televisión.

Nada más lejano a esa visión, y me parece indispensable que pongamos atención en la trascendencia de la discusión que en este momento se encuentra en distintas comisiones, en este momento no solamente se analiza la posible autonomía a un instituto que regule las telecomunicaciones, sino también en el artículo 28 constitucional se revisa la posibilidad de darle plena autonomía a la Comisión Federal de Competencia.

Y este tema, compañeros y compañeras, tenemos que verlo con especial atención. Nuestro país, según un último informe de la OCDE, cada uno de sus consumidores, desde el decil más humilde hasta el decil más alto, gasta alrededor de 30%, 30 centavos de cada peso de todos los que están aquí, de todos quienes votaron por ustedes y de millones, 110 millones de mexicanos que destinan día con día 30 centavos de cada peso que gastan en mercados, que como el de la telecomunicaciones, que están acaparados por una visión monopólica, por una visión oligopólica, por la ausencia clara de competencia que permita tener mejores condiciones de mercado, mejores condiciones para los consumidores y mejores condiciones también para la micro, la pequeña y la mediana industria que cuando encuentra mercados bloqueados en huevo, en carne, en tortilla, en refresco, pues no pueden desarrollar capacidades de innovación, que son las que permitan tener desarrollo económico y a final de cuentas generar empleo.

Solamente algunos datos que son interesantes cuando revisamos lo acaparada que se encuentra nuestra economía, y el por qué en gran medida el salario de los trabajadores es insuficiente para poder adquirir una canasta básica si la comparáramos con trabajadores en otros lugares del mundo, si la comparáramos con la condición que enfrenta el empleo y el poder adquisitivo en otros países, como Chile, como Brasil, incluso países que no se encuentran en las mismas condiciones de Productor Interno Bruto que México.

Un ejemplo, en la parte de tortilla dos empresas controlan el 93% de la producción de harina de maíz, solamente dos empresas controlan ese mercado. Los medicamentos, cuando uno revisa el precio de los mismos en la OCDE, tienen el precio más alto que todos los países que componen ese bloque, tienen precios más altos que los que enfrenta Brasil, precios más altos que los que enfrenta India, precios más altos que muchos países que, repito, tienen peores condiciones de Producto Interno Bruto que nosotros.
En el mercado del refresco, por ejemplo, se tiene un 73% de concentración en solamente dos empresas. Si nosotros nos ponemos a ver el mercado de leche, dos empresas concentran el 80% del mercado; y cerrando solamente con algunos datos que tenemos que profundizar, tres empresas a nivel nacional concentran prácticamente el mercado de pollo y de huevo.

La reforma que tenemos enfrente, compañeros y compañeras, la transformación constitucional que tenemos no es exclusivamente en materia de telecomunicaciones, es una transformación que tiene que ir a fondo para garantizar que en estos temas, que son aquellos que implican la canasta básica de millones de padres de familia, de millones de madres de familia, pues sea posible disminuir los costos que enfrentan para mejorar lo que queremos, que es su capacidad de ingreso y que a final de cuentas las transformaciones económicas impacten donde no han impactado, que es en el bolsillo de la gente.

¿Y por qué es importante hacer esta reflexión a unos 25, 30 años de que las ideas del neoliberalismo han imperado en nuestro modelo económico? Pues porque se hicieron una gran cantidad de transformaciones a partir de los años 80’s y 90’s que no aterrizaron como se planteó que aterrizarían.

Por una razón, compañeros y compañeras, hemos seguido un modelo de transformación liberal, un modelo de competencia que en lugar de buscar cada vez más y más un proceso democratizador de la economía se quedó en eso que Joseph Stiglitz califica como el "capitalismo de compadres”, el capitalismo de “los amigos”, el capitalismo donde la competencia no se genera si no prevalecen condiciones de ayudarle a unos cuantos.

Es por eso por lo que hoy no debiéramos extrañarnos de que cuando uno revisa la revista Forbes, pues el hombre más rico del mundo sea un hombre mexicano, y esa es la discusión que hoy tenemos no solamente en telecomunicaciones, sino cómo garantizamos que en esos productos que forman la canasta básica realmente hagamos un proceso de evolución y verdaderamente vayamos por competencia económica y no por ayudarle a unos cuantos “compadres”.

Hay un libro que les recomiendo, tuve la oportunidad de revisarlo recientemente en semana santa, que se llama “Por qué las naciones fallan”, y es una lectura interesante no sólo porque quien lo escribe va a venir aquí el próximo martes, sino porque exhibe también cuáles han sido las deficiencias de nuestro modelo de compenetración económica, un modelo donde la competencia no ha logrado generar la innovación y los mejores precios a favor de los consumidores, porque las élites en el contexto federal, en el contexto estatal y en el contexto municipal, han impedido que la cadena tenga la libre competencia que se requiere en productos como estos, pero en muchos otros que tienen una clara incidencia en la vida diaria de millones de mexicanos.

Es por eso, compañeros y compañeras, que esta iniciativa de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica que hoy ponemos a su consideración, sin duda alguna seguirá parte del debate que estamos haciendo en materia constitucional; pero lo que busca es que la reforma constitucional que estemos haciendo no se quede a medias, que vayamos al fondo de los detalles, que no mantengamos ese error de percepción de que es solamente una reforma para arreglar un problema en materia de telecomunicaciones.

Eso es indispensable, sin duda alguna, pero necesitamos garantizar que los mercados en todo el contexto estatal, municipal y federal sean eficientes en beneficio de la gente. Hay millones de personas que aún esperan que esta economía detone; no va a detonar si nosotros pensamos en la competencia y nosotros pensamos en la innovación productiva solamente para arreglar el problema de unos cuantos adinerados, de unos cuantos que hoy son dueños de las decisiones económicas y en gran medida de las decisiones políticas.
Tenemos que hacer una gran transformación a través de la competencia y, por eso, queremos no solamente darle autonomía, no solamente darle dientes, sino darle una nueva forma de participar a la sociedad que con su consumo día con día es la que puede impulsar el crecimiento del país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 6 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

(Presentada por la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, solicito, por favor, se integre en su totalidad la iniciativa en el Diario de los Debates, solamente leeré una síntesis.

La cultura de la efeméride suele recrearse y también circunscribirse a través de actos protocolarios y formales que algunas veces propician que la potencialidad del momento, la energía del tema o el prestigio de la persona conmemorada, se limite a que se olviden una vez concluidos los eventos. En esta ocasión, vengo aquí a proponer a esta Honorable Asamblea, un tema que es de interés social para que sea amplificado en un día especial por todas las instancias y las personas que tengan alguna articulación a él. Propongo a ustedes que hagamos todo el esfuerzo institucional necesario para que el día 27 de abril sea enunciado y celebrado como el DIA DEL DEPORTE MEXICANO, LA ACTIVACION Y LA SALUD FISICA.

Ya este órgano colegiado está perfectamente enterado del estado que guarda la salud pública en nuestro país, la institucionalidad de la activación física en la ciudadanía y el deporte nacional.

No se requieren aquí cifras y estadísticas para saber que las cosas, en esos 3 rubros, vive un momento crítico, ni las causas, ni los procesos profundos o visibles que incidieron a que la situación en estos 3 temas se encontraran en esta situación y conjunción de fenómenos.

Por ello, si juntos decidimos impulsar esta nominación de efeméride, el "Día del Deporte Nacional Mexicano, la activación y la salud física", ese día puede ser un buen día para construir acuerdos, diseñar presupuestos, hacer eventos deportivos masivos en el país, emitir anualmente el análisis y diagnósticos de los rubros mencionados por instituciones, grupos y estudiosos del tema. Así las instituciones interesadas en ejecutar, regular, vigilar, sancionar, opinar o legislar sobre los tópicos nodales y transversales que tengan relación con el deporte, activación y salud física, puedan contar con espacios y ambientes técnicos para compartir experiencias, evaluaciones, propuestas y proyectos.

Estamos entrando, gracias a estos avances tecnológicos, en un umbral propicio para construir y desarrollar nuevas formas de acercamiento, de maniobras de datos, análisis prontos y complejos, programas y observatorios simultáneos, comunicaciones de altísima velocidad. Esto poco a poco está trastocando varias esferas, la de la información, la de decisión, la de concentración de conocimientos y argumentación y la del Estado en el aparato de gobierno mismo. Por ello, es necesario abrirnos a una expectativa que ya dibuja la hiper-tecnología y que, por ejemplo, ya las y los jóvenes y las generaciones infantiles manejan con más sencillez. Por parte de las enormes crisis de los procesos sociales es porque evidentemente y eminentemente la efervescente vía social está sobrepasando las formas tradicionales del poder. La dinámica de la toma de decisiones tiene que adaptarse a los horizontes que perfilan la democratización del conocimiento.

La red de conferencias, simposios, seminarios e informes que pueden darse en las nuevas plataformas virtuales para que podamos, como el caso que aquí se propone, hallar caminos de solución a las tensiones sociales, los desequilibrios y las oportunidades del deporte, la activación y la salud física.

¿Por qué el 27 de abril? Es sencillo, porque es el mes en que la infancia y la salud coinciden en una celebración. La propuesta de llamar así este día tiene el objetivo de percutir en la salud pública, especialmente en la salud de las generaciones infantiles.

Actualmente, el artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte dice en su párrafo “La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas, la cultura física a la práctica del deporte”. A ello, le proponemos un segundo párrafo que explica y justifica la conmemoración del día 27 de abril de cada año para destacar la importancia de realizar ejercicio físico de manera permanente y sobre todo el sistema para el beneficio personal de toda la población.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

UNICO.- Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte por el que se declara el día 27 de abrilde cada año como“DIA NACIONAL DEL DEPORTE MEXICANO, LA ACTIVACION Y LA SALUD FISICA”, para quedar como sigue:

Artículo 6...

Asimismo y con el objeto de reconocer, fomentar y promover el deporte como medida de prevención de enfermedades y adicciones que perjudiquen a las nuevas generaciones de México, la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el 27 de abril de cada año como el “Día Nacional del Deporte Mexicano, la activación y la salud física”, con el fin de construir y desarrollar las posibilidades positivas a favor de la salud pública mexicana.

Transitorio

Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

Iniciativa

“La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo, 8, numeral 1, fracción I, y 164, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 6 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA QUE SE DECLARE EL 27 DE ABRIL “EL DIA NACIONAL DEL DEPORTE MEXICANO, LA ACTIVACION Y LA SALUD FISICA”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La cultura de la efeméride suele recrearse y también circunscribirse a través de actos protocolarios y formales que algunas veces propician que la potencialidad del momento, la energía del tema o el prestigio de la persona conmemorada, se limite a manifestaciones que se olviden una vez concluidos los eventos. En esta ocasión, vengo aquí a proponer a esta soberanía, un tema que es de interés social para que sea amplificado en un día especial por todas las instancias y las personas que tengan alguna articulación a él. Propongo a ustedes que hagamos todo el esfuerzo institucional necesario para que el día 27 DE ABRIL sea enunciado y celebrado el “DIA DEL DEPORTE MEXICANO, LA ACTIVACION Y LA SALUD FISICA”.

La propuesta de conjugar deporte, activación física y que estos dos conceptos posean un día para ser caracterizados, descansa en que los días de conmemoración suelen activar a las instituciones, a la memoria colectiva, a las academias, a los análisis mediáticos, la actualización de los estudios y del estado que guarda un concepto tan caro en estos tiempos de cultura sedentaria, como lo es la activación física. Un día conmemorativo en el que se especifique la activación física como una cultura del cuidado de sí, a través de todo un esquema de participación institucional como es la escuela, los medios de comunicación, la publicidad prudente y la familia misma servirán de frente común, asociado a programas gubernamentales para aminorar causas y efectos de la obesidad que ya caracteriza la condición física de millones de mexicanos hasta convertirse en un franco problema de salud pública.

Para lograr convencer de esta iniciativa presentaremos argumentos especializados en el tema comenzando por la cuestión de la obesidad, pasando a la activación física y su asociación con el Deporte y finalizando con una reiteración sobre la caracterización de un día para conmemorar los conceptos.

Ya este órgano colegiado está perfectamente enterado del estado que guarda la salud pública en nuestro país, la institucionalidad de la activación física en la ciudadanía y el deporte nacional.

La obesidad. Extracto del libro: Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, trabajo realizado por el Grupo Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia Nacional de Medicina y dotado por CONTRAPESO ContraPESO, una alianza de más de 40 Organizaciones de la Sociedad Civil de 8 áreas diferentes.

La obesidad es una enfermedad multifactorial, caracterizada por aumento en los depósitos de grasa corporal causado por un balance positivo de energía (cuando la ingesta de energía excede al gasto energético).1-3 El balance positivo de energía es la causa inmediata de la obesidad, la cual está modulada por factores fisiológicos, genéticos y epigenéticos. Además, existen causas subyacentes, entre las que destacan la alta disponibilidad y accesibilidad de alimentos con elevada densidad energética y bebidas azucaradas y el bajo consumo de agua, frutas, verduras, cereales de grano entero y leguminosas; el mercadeo masivo de alimentos procesados, los bajos precios relativos por caloría tanto de alimentos procesados con alta densidad energética como de bebidas con azúcar adicionada, la falta de orientación alimentaria; todo esto aunado a la pérdida de la cultura alimentaria y un medio ambiente sedentario.

Dado el carácter multifactorial de la obesidad, se requiere de una respuesta compleja coordinada por el Estado, con un abordaje transectorial, multidisciplinario, aplicado por los distintos órdenes y niveles de gobierno en diferentes entornos: en el hogar, la comunidad, la escuela, los centros de trabajo y los espacios públicos; con participación de la sociedad civil, la academia y la industria y basada en la mejor evidencia científica disponible.

La obesidad está asociada causalmente con pérdida de la salud, es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares (especialmente la cardiopatía isquémica y los infartos cerebrales), enfermedades osteoarticulares, ciertos tipos de cáncer como el de mama, próstata y colon y apnea del sueño, entre otras enfermedades; además, la obesidad es causa de estigma social. Dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda de servicios de salud, además de afectar el desarrollo económico y social de los mexicanos. Por estas razones es urgente actuar para su prevención y control.

El costo de la obesidad ha sido estimado en 67 mil millones de pesos del 2008 y se calcula que para el 2017 fluctúe entre $151 mil millones y $202 mil millones en pesos del 2008. De no actuar de inmediato, el costo que pagará la sociedad en las siguientes tres décadas será mucho mayor a la inversión requerida para implementar estas acciones.

La distribución de la obesidad entre grupos socioeconómicos avanza de manera rápida, en mujeres adultas, entre 1988 y 2006 aumentó más la prevalencia en los quintiles más bajos de ingreso que en los altos. Actualmente, la prevalencia de peso excesivo es similar en los quintiles extremos de condiciones de vida en la población de mujeres adultas y es ligeramente superior en el quintil intermedio. En niños y adolescentes la prevalencia es aún mayor en los quintiles más altos de ingreso, en este grupo entre 1988 y 1999, se registraron aumentos en las prevalencias de sobrepeso y obesidad >30% por año. Sin embargo, el mayor aumento en la prevalencia de obesidad entre 1999 y 2006 se observó en la población indígena (>15% por año). Estas tendencias sugieren que México transita hacia una situación en las que la carga de peso excesivo será eventualmente mayor para la población más pobre en todas las edades.

En un análisis sobre costos por caloría en México se encontró que los patrones de consumo de los hogares mexicanos entre 1992-2010 son diferentes según el nivel de ingreso. Los hogares con menor ingreso toman decisiones de gasto que les permiten consumir un mayor nivel de calorías a un menor precio, pero de menor calidad nutricional; mientras que en los ingresos altos se consumieron alimentos de mayor costo por caloría. Se observó que era más económico consumir energía en 2010 que en 1992. El costo de mil calorías ha disminuido en términos reales y eso permite obtener más calorías a un menor precio de lo que se obtenía en 1992. El nivel de ingreso en México es por tanto un determinante de la estructura y las decisiones de consumo de los individuos, volviendo a las personas con menores ingresos más proclives al sobrepeso y la obesidad, como sugieren los datos epidemiológicos mencionados anteriormente.

Por otro lado, las intervenciones agrícolas pueden ayudar a cumplir las metas de una dieta saludable a nivel poblacional. Las políticas agrícolas y de producción tienen implicaciones para el consumo de alimentos que se asocian tanto de manera positiva como negativa con enfermedades crónicas asociadas a la alimentación, por lo tanto son elementos importantes para intervenciones potenciales en el sector agrícola y pueden contribuir a la promoción de dietas saludables y combatir la obesidad y enfermedades crónicas relacionadas a la dieta.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido en una serie de reportes, en especial en el reporte técnico 916: Dieta, Nutrición y la Prevención de Enfermedades Crónicas recomendaciones basadas en evidencia, que proponen cambios de conducta en el ámbito individual, prácticamente todos los reportes técnicos de la OMS, la ops, los Institutos de Medicina de los Estados Unidos y el Fondo Mundial para la Investigación en Cáncer (WCRF),identifican la necesidad de que los gobiernos trabajen sobre el entorno promotor de obesidad (“obesigénico”), buscando hacerlo más propicio para la práctica de alimentación saludable y actividad física por parte de la población. Entre los cambios de entorno de manera que la disponibilidad de alimentos saludables y oportunidades para la actividad física sean la regla en las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades.

La combinación de la voluntad de adoptar patrones de alimentación correcta y actividad física y la creación de entornos en los que las opciones saludables se conviertan en las más viables y fáciles de adoptar es indispensable para la incorporación masiva de conductas saludables a la vida cotidiana.

Una de las recomendaciones que este texto propone es: Contar con un plan nacional para expandir las oportunidades para fomentar la actividad física, incluyendo espacios recreativos, parques, rutas peatonales, rutas para bicicletas, así como seguridad en las calles y favorecer el desarrollo de sistemas de transporte público masivos en lugar de la construcción de calles que den preferencia al uso de vehículos particulares.

Ahora bien, el asunto de la activación física, conducta poco practicada en nuestro país y menos alentada como una cultura del cuidado de sí, apenas va tomando relevancia dado los efectos catastróficos que está propiciando los altísimos índices de obesidad, sobre todo en las generaciones infantiles. Por ello al reconocer esta institución que un paso importante y urgente es crear un día de la activación física alentará a estudiosos y gobiernos de todos los estratos a crear opciones para la activación física. De hecho ya hay datos, que ahora son recurrentes, sobre este tema en específico. Hace años, el 23 de enero de 2009 se presentó la Estrategia Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte, una guía para transformar el deporte mexicano: masificando la activación física y la práctica diaria de deporte e impulsando de fondo la obtención de mejores resultados en el alto rendimiento.

En esa ocasión se presentaron puntos clave de la problemática del deporte en México que la Estrategia Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte buscó resolver, sobre todo en el tema de nuestro interés la activación física. Dichos puntos sintetizan los resultados del análisis de la consulta nacional y de las encuestas, nacionales y de estudiantes de media superior, que se realizaron entre los meses de febrero y octubre de 2008. En estas consultas participaron los diversos actores que conforman el sistema deportivo mexicano.

Estas fueron algunas de las observaciones que son tema conocido que fueron obtenidas de la consulta para elaborar la Estrategia Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte:

• Se necesita una política pública claramente definida y un plan estratégico integral para la masificación de la activación física que cuente con una visión de largo plazo por parte de los organismos rectores del deporte.

• Que utilice el potencial de la activación física y deportiva para lograr mayores niveles de seguridad y salud, con un enfoque transversal de desarrollo humano y social

• El sistema deportivo carece de aprovechamiento de lugares públicos para la estructuración de programas deportivos locales y de detección de talentos.

• Que la activación física sea un rubro prioritario en los presupuestos locales

• No hay una inversión adecuada para infraestructura para la activación física.

• En otros aspectos que dejan ver las causales que inhiben la práctica cotidiana deportiva normal, son: La Encuesta Nacional en Vivienda arrojó los resultados de que la falta de tiempo (40%) y la falta de interés (12%) son las principales barreras para la práctica del deporte. Y es que a pesar de que el mexicano está consciente de la importancia del deporte para la salud, este lo ve como una responsabilidad que resta tiempo a actividades “más importantes” como lo son el trabajo o la familia.

• Se necesita que la mayoría de los mexicanos cuenten con las condiciones propicias para la práctica cotidiana de actividades físicas y deportivas, que la infraestructura sea suficiente y esté en condiciones adecuadas/disponibilidad de la infraestructura.

• No existen instalaciones deportivas o están en malas condiciones por falta de mantenimiento, equipo y seguridad, creando un gasto para las familias el poder realizar algún deporte al verse en la imposibilidad de acceder a espacios públicos y tenerse que afiliar a algún centro deportivo o club, uno de cada cuatro jóvenes pertenece a algún club.

• Esto se hace más evidente conforme nos alejamos de las zonas más pobladas y urbanas, ya que poblaciones marginadas y rurales no cuentan con un programa deportivo, atención o instalaciones.

• Que las condiciones laborales (duración de jornadas) y económicas de los hogares mexicanos, permitan hacer uso de las instalaciones deportivas disponibles

• El deporte está por debajo de prioridades como las obligaciones (escuela, trabajo…) y actividades de ocio como el estar con los amigos o la familia; por lo que la disponibilidad de tiempo para la activación física se encuentra en relación directa con las preferencias y la cultura física de la sociedad.

• Las empresas no procuran tener horarios y espacios adecuados para involucrar a los trabajadores, a demás las que cuentan con las instalaciones han aprovechado el bajo interés para reducir horas que posibiliten el uso de estas; pocas empresas cuentan con programas o personas encargadas de la promoción de activación física en el trabajo.

• Que los mexicanos contemos con una guía/orientación para realizar actividades físicas y deportivas

• Que los espacios públicos sean adecuados para la activación física y la práctica deportiva. La inadecuación, inseguridad y poco mantenimiento obliga a las familias a un gasto para poder realizar deporte.

• Se necesita una mayor participación del sistema educativo (educación física, concientización, promoción) en el desarrollo de la activación física y deporte.

• Parte de la falta de cultura física se le atribuye a la poca contribución de las escuelas en el fomento al deporte; ya que se le da poco valor curricular y nula importancia a las clases de educación física causando que los estudiantes no desarrollen interés por aprender acerca de salud y la relación que tiene con el deporte.

• Poca calidad de las clases de educación física

• Pocas horas (a veces ninguna) dedicadas a la clase de educación física por semana

• Los jóvenes de entre 14 y 18, años dejan de practicar deporte pues la materia deja de ser obligatoria a nivel bachillerato

• Incumplimiento de la recomendación dada por la UNESCO respecto de horas enfocadas al deporte.

• Cobertura de maestros de educación física muy por debajo de las necesidades

• Instalaciones inadecuadas y sin equipo

• Las organizaciones y promotores del deporte en México no cuentan con compromisos institucionales.

• Estas fueron declaraciones recurrentes en la encuesta.

Todas estas observaciones que tienen incidencia con la activación física institucional tienen mucho que ver con la decisión de que sea declarado un día específico para ello pues cada año, cada ciclo anual sería instituido un balance sobre el avance de esta cultura de salud, para lo cual se instituirían tales criterios de evaluación desde legislaciones pertinentes.

Si juntos decidimos impulsar esta nominación de efeméride, el “Día del Deporte Nacional Mexicano, la activación y la salud física”, ese día puede ser un buen día para construir acuerdos, diseñar presupuestos, hacer eventos deportivos masivos en todo el país, emitir anualmente análisis y diagnósticos de los rubros mencionados por instituciones, grupos y estudiosos del tema. Así las instituciones interesadas en ejecutar, regular, vigilar, sancionar, opinar y legislar sobre los tópicos nodales y transversales que tengan relación con deporte, activación y salud física, puedan contar con espacios y ambientes técnicos para compartir experiencias, evaluaciones, propuestas y proyectos.

Estamos entrando, gracias a los avances tecnológicos en un umbral propicio para construir y desarrollar nuevas formas de acercamiento, de maniobras de datos, análisis prontos y complejos, programas y observatorios simultáneos, comunicaciones de altísima velocidad. Esto poco a poco está trastocando varias esferas, la de la información, la de decisión, la de la concentración de conocimientos, la de la argumentación y la del Estado y el aparato de gobierno mismo. Por ello, nosotros también necesitamos renunciar a la cultura de comunicación y administración de recursos, de cualquier naturaleza, y abrirnos a la expectativa que ya dibuja la hiper-tecnologízación y que, por ejemplo, ya las y los jóvenes e infantiles generaciones manejan con una sencillez natural. Parte de las enormes crisis de procesos sociales es porque evidente y eminentemente la efervescente vida social está sobrepasando a las formas tradicionales del poder. La dinámica de la toma de decisiones tiene que adaptarse a los horizontes que perfila la democratización del conocimiento.

Red de conferencias, simposios, seminarios e informes pueden darse en las nuevas plataformas virtuales para que podamos, como el caso que así se propone, hallar caminos de solución a las tensiones sociales, los desequilibrios y las oportunidades del Deporte, la activación y la salud física.

Por qué el 27 de abril, sencillo porque es un mes en donde la infancia y la salud coinciden en celebración. La propuesta de llamar así a este día tiene el objetivo de percutir en la salud pública especialmente en la salud de las generaciones infantiles. El 27 de abril es un día propicio que no tiene una efeméride general, de concepto social amplio.

Actualmente, el artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte dice en su párrafo único: “La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte”. A ello, proponemos un segundo párrafo que explica y justifica la conmemoración del día 27 de abril de cada año para destacar la importancia de realizar ejercicio físico de manera permanente y sobre todo sistemática para beneficio personal de toda la población.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte por el que se declareel día 27 de abril de cada año como “DÍA NACIONAL DEL DEPORTE MEXICANO, LA ACTIVACION Y LA SALUD FISICA”, para quedar como sigue:

Artículo 6.

Asimismo y con el objeto de reconocer, fomentar y promover el deporte como medida de prevención de enfermedades y adicciones que perjudiquen a las nuevas generaciones de México, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el 27 de abril de cada año como el “Día Nacional del Deporte Mexicano, la activación y la salud física”, con el fin de construir y desarrollar las posibilidades positivas a favor de la salud pública mexicana.

TRANSITORIO

Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 9 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara. Pido que se registre de manera íntegra este proyecto que ha presentado la Senadora para que quede constancia en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20 y 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 20 Y 31 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza)

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; compañeros y compañeras legisladoras:

¡Al Pueblo de México!

Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano la escucha.

El avance tecnológico sin duda ha contribuido de manera gradual a aumentar la diversidad y complejidad de los desechos que contaminan nuestro medio ambiente.

Cuando los aparatos electrónicos son desechados, se afecta directamente al medio ambiente a través de su disposición en la tierra al ser enterrados; en el agua por transmisión directa o indirecta por percolación o en el aire al ser quemados. Las sustancias tóxicas que producen los desechos generados por tales dispositivos electrónicos son igualmente nocivas para la salud de los seres humanos.

Gran parte de estos aparatos contienen piezas con plomo, cadmio, mercurio, cromo y otros componentes que pueden causar severos daños a la salud humana si no son tratados de forma adecuada y responsable.

Estos y otros elementos contenidos igualmente en los aparatos son tóxicos y peligrosos por su capacidad de desplazamiento de un lugar a otro y por su difícil largo proceso de descomposición. Luego de ser introducidas al medio ambiente, las sustancias tóxicas pueden transportarse, transformarse y acumularse, factores por las que se convierten en agentes aún más dañinos para la salud y de difícil eliminación.

De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los residuos peligrosos son aquellos que posean algunas de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como embases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio.

Para el manejo de estos bienes y materiales, en la legislación vigente no existen disposiciones para la efectiva aplicación del concepto de responsabilidad extendida del productor o importador que lo obligue a colaborar con los esfuerzos emprendidos por parte del gobierno.

En otras palabras, todavía hace falta una señal decidida por parte de los diferentes sectores para el impulso de un plan de manejo sostenible y ambientalmente adecuado.

Debido a las características tan particulares de la basura electrónica, o también denominada WEEE, que pudiera ser considerada peligrosa y las insuficientes experiencias internacionales desarrolladas hasta el momento; resulta indispensable enfatizar el principio de responsabilidad compartida, entendida como una corresponsabilidad social que requiere de la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos y de los tres órdenes de gobierno, según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.

Es común que empresas particulares, que ya se encuentran comprometidas con el reciclaje y la recuperación de materiales, amplíen sus servicios y empiecen a gestionar residuitos eléctricos y electrónicos.

Si bien se incentiva la reutilización y posterior reciclaje, el mercado de la informática y de las nuevas tecnologías, motivan la constante de renovación y el aprovechamiento no exhaustivo de los bienes tecnológicos, eléctricos y electrónicos. Sin pensar que todos estos desechos contaminan al medio ambiente y perjudica la salud al no poder nunca dejar de ocupar un espacio material.

Los periodos de vida útil que alcanzan algunos dispositivos no terminan de darse cuando los usuarios ya se ven obligados a cambiar por nuevas versiones que prácticamente son más compatibles con plataformas operativas inherentes al equipo en uso.

En este sentido, organismos oficiales ligados a la Organización de las Naciones Unidas, aseveran que para el año 2020 el volumen de basura electrónica se incrementará considerablemente en China, Brasil, México e India. El factor predominante de los residuos electrónicos lo representará el sector de la informática, abarcando pantallas, teclados, bocinas, ordenadores y otros dispositivos en desuso.

Por su parte, un informe realizado por el Business Monitor International, subraya que para el año 2013, un mexicano en promedio gastará alrededor de 119 dólares al año, por la compra de aparatos electrónicos varios, y que muchos destinaran cantidades mayores a la renovación de equipos electrónicos, como celulares, laptops y otros dispositivos que aún estando en excelentes condiciones, serán cambiados por versiones más nuevas.

Por desgracia en nuestro país, en el mejor de los casos, los artefactos terminan apilados en bodegas, basureros tecnológicos o simplemente van a parar a los rellenos sanitarios.

En este orden de ideas, el Estado debe encargarse de determinar la regulación necesaria mediante leyes y otras normas, para el mejor aprovechamiento de las tecnologías y mitigar y resolver el grave problema que representa los desechos tecnológicos, electrónicos y eléctricos.

Compañeras y compañeros Senadores, es necesario hacer un compromiso efectivo y sustentable en el manejo de residuos peligrosos y productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El consumidor debe de responsabilizarse de que los desechos de equipos o aparatos, después de cumplir su vida útil, lleguen a una disposición adecuada y ambientalmente amigable, que no dañe su propia salud y que las empresas deben obligarse a manejar y procesar los residuos de la mejor manera posible, preferiblemente con tecnología de punta, para así garantizar el cierre de los ciclos de los materiales, a través de una gestión conveniente.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la promoción y concertación con representantes de organismos privados y sociales, con relación a la formulación y empleo de los planes de manejo pertinentes para los distintos residuos que generen y sean de su competencia, es una de las tareas primordiales a emprender, en aras de un desarrollo ambiental sustentable que dé rumbo y viabilidad de existir a las futuras generaciones.

Por ello, proponemos que los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, así como los productos eléctricos y electrónicos de fabricantes, cuando sean considerados peligrosos y resulten dañinos para la salud y el medio ambiente, deban ser contemplados en el artículo 31, como sujetos de un plan de manejo.

Al día de hoy, como se ha expuesto, existe la urgencia de actualizar el marco jurídico frente a la problemática que conllevan los avances tecnológicos, pero sobre todo, por la necesidad de proteger al medio ambiente y la vida de los seres humanos ante el uso de estos productos, su exposición por consumo y por el daño ocasionado al ambiente por la falta de un manejo especial en el post consumo.

Adicionalmente, la presente iniciativa propone dotar de facultades a la SEMARNAT, para fomentar una cultura relacionada con el acopio y gestión de desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos.

Nueva Alianza presenta esta iniciativa, como parte de nuestros compromisos de campaña.

Y agradece a los Senadores Luis Armando Melgar, Gabriela Cuevas, Miguel Herrera Chico y María Victoria Martínez Espinosa, quienes se sumaron a esta iniciativa en la pluralidad y el compromiso de generar leyes mejores para los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20 y 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en los términos que han quedado expuestos.

Por su atención, muchísimas gracias.

Iniciativa

“La suscrita, Senadora de la República, Mónica T. Arriola Gordillo, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artIculos 20 y 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El avance tecnológico sin duda ha contribuido de manera gradual a aumentar la diversidad y complejidad de los desechos que contaminan nuestro medio ambiente.

Televisores, estéreos, computadoras y celulares son sólo algunos de los objetos que se renuevan cada vez con mayor frecuencia. Se calcula que, en promedio, cada 2.5 años se adquiere un nuevo equipo o aparato; lo que conlleva costos e impactos definitivos tanto al medio ambiente como a la salud de los habitantes. No obstante, nadie sabe qué pasa y en dónde terminan cuando ya no son utilizados.

Es ampliamente sabido que Estados Unidos tira sus desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, en territorio mexicano. Sin embargo, esta basura, que en términos de volumen equivale a aproximadamente 50 por ciento de lo que se produce cada año en equipos nuevos, sigue sin contar con el manejo y tratamiento adecuados, debido a la poca atención que se le presta a los componentes que la integran, así como a los generadores.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define tratamiento como “procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad”.

Asimismo, define generador como la “persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo”.

Cuando los aparatos electrónicos son desechados, se afecta directamente al medio ambiente a través de su disposición en la tierra al ser enterrados; en el agua por transmisión directa o indirecta por percolación, o en el aire al ser quemados. Y por ende, las sustancias tóxicas que producen los desechos generados por tales dispositivos electrónicos son igualmente nocivas para la salud de los seres humanos.

Al eliminar los aparatos electrónicos de manera inadecuada e irresponsablemente, se liberan una gran diversidad de sustancias químicas y metales pesados al medio ambiente; estas sustancias tóxicas son peligrosas por su capacidad de desplazamiento de un lugar a otro y por su difícil y largo proceso de descomposición. Además, luego de ser introducidas al medio ambiente, las sustancias tóxicas pueden transportarse, transformarse y acumularse, factores por las se convierten en agentes aún más dañinos para la salud y de difícil eliminación en el medio ambiente, lo que representa un claro riesgo ya no sólo exclusivo para el medio ecológico, sino también para la salud de todos los seres vivos.

De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los residuos peligrosos son "aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta ley".

Empero, en su manejo, la legislación existente no ofrece experiencia alguna en la efectiva aplicación del concepto de responsabilidad extendida del productor -importador-, que lo conjunte con los esfuerzos emprendidos en la materia por parte del gobierno, por lo que todavía hace falta una señal decidida, por parte de los diferentes sectores, en cuanto a su disposición y compromiso por impulsar un plan de manejo sostenible y ambientalmente adecuado de los productos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, una vez que estos hayan caído en desuso y puedan ser considerados peligrosos (también contemplados como basura electrónica o e-waste).

Por plan de manejo se entiende, de acuerdo a la Ley, el “instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno.

Tal como lo apunta el artículo 42 de la Ley citada: “la responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera”. La disposición final es la "acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos”.

Por tanto, es indispensable que prevalezca el principio de responsabilidad compartida, definido en el artículo 5 de la Ley en comento, -de corresponsabilidad- en la materia, “[…] mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos; y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno, según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social”.

Debido a las características tan particulares de la basura electrónica que pudiera ser considerada peligrosa, y a las insuficientes experiencias internacionales desarrolladas hasta el momento, es indispensable enfatizar el principio anteriormente referido, que abarque los principales aspectos de la gestión y manejo de este tipo de residuos. De hecho, es bastante común que empresas que ya están de alguna manera involucradas en el reciclaje y la recuperación de materiales, amplíen sus servicios y empiecen a gestionar residuos eléctricos y electrónicos.

Luego entonces, se incita a la re-utilización y posterior reciclaje, pero el mercado de la informática y de las nuevas tecnologías invitan a la constante renovación y al aprovechamiento virtual, sin imaginar y mucho menos pensar que todos los desechos electrónicos contaminan al medio ambiente y perjudican a la salud, y que éstos nunca dejan de ocupar espacio en automático.

De acuerdo a un informe realizado por el Business Monitor International, México y Brasil son los mercados más importantes en Latinoamérica para la Electrónica de Consumo, por lo tanto sus niveles de basura electrónica o e-waste son superiores a otras naciones debido a la fuerte actividad comercial de reemplazo de productos que prevalece entre los compradores, y sin un marco normativo lo suficientemente eficaz y eficiente para regular esta problemática.1

Asimismo, se señala que Brasil es el principal mercado de productos electrónicos de América Latina, con una concentración del 45 por ciento de las inversiones del sector tecnológico de la región, mientras que México le sigue en el listado en donde el consumo de electrónica es cada vez más una moda.

De la misma forma, el estudio subraya que para el año 2013, cada mexicano en promedio gastará alrededor de 119 dólares al año por la compra de aparatos electrónicos varios, y que muchos destinarán cantidades mayores a la renovación de equipos electrónicos como celulares, laptops y otros dispositivos que aun estando en excelentes condiciones serán cambiados por versiones más nuevas.2

Se calcula que los períodos de vida útil que alcanzan algunos dispositivos no consiguen terminar cuando los usuarios se ven obligados a cambiarlos por nuevas versiones que prácticamente son más compatibles con plataformas operativas inherentes al equipo en uso.

Por su parte, organismos oficiales ligados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseveran que para el año 2020 el volumen de basura electrónica se incrementará considerablemente en China, Brasil, México e India, en éste último país se estima que la cifra superará 500 por cierto la generación con respecto a lo registrado en el año 2007, mientras que en China y Sudáfrica la producción de e-waste se cuadruplicará al aumentar en 400 por ciento. El factor predominante de los residuos electrónicos lo representará el sector de la informática, abarcando pantallas, mouses, teclados, bocinas, CPUs y otros hardwares en desuso.

Por su parte, la Agencia Europea del Medio Ambiente afirma que el volumen de la basura electrónica aumenta en la actualidad hasta tres veces más rápido que los mismos desperdicios urbanos; es decir, aquella basura generada por los ciudadanos.3

Ante este panorama, en lo que respecta a las empresas que se encuentran involucradas en el reciclaje y la recuperación de materiales, así como en la gestión de residuos eléctricos y electrónicos; por ejemplo, a partir de 2006, en la Unión Europea los fabricantes de equipos electrónicos no pueden comercializar sus productos dentro de este continente si contienen plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilospolibrominados y éteres de difenilo policromado en cantidades superiores a las dictadas por la comunidad internacional competente en la materia.

Por su parte, Estados Unidos invierte grandes cantidades de dinero en el reciclaje de estos productos, mientras China e India los destruye. A su vez, Japón ha adoptado medidas similares a las de la Unión Europea en su lucha contra el uso de sustancias dañinas en eléctricos y demás equipos de cómputo y electrónicos.

Según estudios recientes revelados por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU (US Environmental Protection Agency–EPA-) en los próximos cinco años, sólo en Estados Unidos, alrededor de 250 millones de computadoras se convertirán en basura electrónica.

En Finlandia se ha dispuesto que al menos el 75 por ciento del peso promedio de los equipos de telecomunicaciones debe ser recuperado, y un 65 por ciento reciclado o reutilizado. Los productores se encargarán del mejor tratamiento posible de los procesos de separación, recuperación y reciclaje. Deberán retirar y tratar los fluidos de todos los componentes.

En el caso Noruego toman mayor relevancia los gobiernos locales, pues cada Municipalidad está obligada a garantizar un espacio adecuado para la recepción de los desechos eléctricos y electrónicos, y podrá cobrar por su tratamiento. Asimismo, tienen la obligación de clasificarlos, almacenarlos y transmitirlos a un centro de tratamiento aprobado por el gobierno, donde el desecho sea procesado en su fase final. Las Municipalidades que realicen este procedimiento estarán obligadas a informar a las autoridades nacionales sobre las características y tonelajes del desecho tratado.

En Suecia, los desechos eléctricos y electrónicos son tratados básicamente en 2 fases, una de preselección (se ordena y se desmantelan los dispositivos) y otra posterior de tratamiento de residuos específicos. En la mayoría de los casos el ordenamiento y desmantelamiento lo realizan empresas certificadas por el Estado. Misma situación se presenta en Japón, donde el proceso de tratamiento es realizado por las empresas productoras de equipos en las plantas debidamente autorizadas.

Por su parte, existen marcas pioneras en el manejo de la gestión ambiental que fabrican un ordenador ecológico con placa de circuitos carentes de halógenos y antimonio. Del mismo modo, encontramos otras marcas que han comenzado a retirar los materiales tóxicos de sus ordenadores, y a eliminar las sustancias para retardar el fuego basadas en bromo y los PVC. Asimismo, han participado en la denominada WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), la cual obliga a la recolección y reciclaje de residuos electrónicos.

Empresas preocupadas por el medio ambiente tienen planes formales para liberar sus procesos de fabricación de sustancias que puedan contener plomo. Otras más contribuyen con la fabricación de monitores para computadora, los cuales crean un ambiente favorable a la salud, que purifique el aire e incremente el nivel de endorfinas para liberar el estrés.

En este mismo sentido, el Secretariado del Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico (SPREP), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha elaborado una guía que ayuda a los periodistas a producir noticias sobre los residuos eléctricos y electrónicos e-waste, en una clara misión de educar y concientizar a las comunidades locales, en aras que éstas emprendan iniciativas positivas para construir un futuro más sostenible.

Por iniciativa propia, la industria ha adoptado códigos voluntarios de conducta para mejorar su desempeño ambiental, tal es el caso del Programa de Responsabilidad Integral de la Industria Química o las normas de la serie ISO 14000, aspecto que debe incidir en la generación de residuos peligrosos, contribuyendo a su reducción, dado que aun cuando son pocas, las empresas que usan estos códigos suelen ser las más grandes y las que generan el mayor volumen de residuos de este tipo.

En México, por desgracia, en el mejor de los casos, los artefactos terminan apilados en bodegas, basureros tecnológicos o simplemente van a parar a la basura y a los rellenos sanitarios.

Por tal motivo, el gobierno, por su lado, debe encargarse de determinar las condiciones marco del sistema y proveer las regulaciones necesarias, leyes y normas, en el mejor interés de todos los actores involucrados. Tiene que comprometerse con un efectivo y sustentable plan de manejo de residuos peligrosos y productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente, tal y como lo señala el artículo 31 de la ley multicitada. Dentro de los mismos, se deberán incluir los desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, cuando sean considerados peligrosos, ya que pueden causar serios daños tanto ambientales como de salubridad general.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos normalmente se dividen en tres categorías: línea blanca (refrigeradores, hornos, cocinas, lavadoras, etcétera), línea gris (celulares y equipos informáticos como teclados, ratones o CPU) y línea marrón (televisores, equipos de música y de video). Como se mencionó con anterioridad, gran parte de estos aparatos contienen piezas con plomo, cadmio, mercurio, cromo y otros componentes que pueden causar severos daños a la salud humana si no son tratados de forma adecuada.

Posibles impactos sobre la salud

• Cromo. Puede dañar el ADN y causar defectos genéticos. Es irritante de los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Efectos tóxicos

• Plomo. Daños al sistema nervioso, cardiovascular, endocrino y riñones. Problemas en el desarrollo mental y físico en niños y fetos.

Acumulación en ecosistema. Presenta efectos tóxicos en flora, fauna y microorganismos

• Mercurio. Daños cerebrales y en riñones.

Se acumula con organismos vivos al disolverse con el agua.

• Cadmio. Daña los riñones y el hígado. Provoca desmineralización ósea y cáncer.

Es bioacumulativo, persistente y tóxico.

• Retardantes de inflamación bromados. Pueden afectar la fertilidad, además de ser cancerígenos y neurotóxicos.

En un vertedero, pueden ser volátiles, solubles, bioacumulativos y persistentes. Su incineración genera dioxinas y furanos.

Fuente: Estrategia para el manejo integrado y sostenible de los residuos de equipos electrónicos en Costa Rica, 2003-2007.

Por su parte, el consumidor debe comprometerse a que los desechos de equipos o aparatos, después de cumplir su vida útil, lleguen a una disposición adecuada y ambientalmente amigable, que no dañe su propia salud. Y las empresas, obligarse a manejar y procesar los residuos de la mejor manera posible, preferiblemente con tecnología de punta, para así garantizar el cierre de los ciclos de los materiales, a través de una gestión responsable y sostenible.

Cabe resaltar que para manejar de manera exitosa un sistema de gestión de residuos peligrosos, provenientes de equipos o aparatos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, es necesario tener una distribución transparente de las responsabilidades de todos los actores involucrados, puesto que cada uno tiene su rol en el procedimiento.

Pese a que actualmente existe entre los responsables de la administración pública, de las empresas privadas y en algunos sectores de la sociedad, la sensación de que es necesario hacer algo para detener este creciente flujo hacia vertederos o incineradoras, en la práctica, como ya se dijo, las medidas que se empiezan a adoptar están dirigidas casi en exclusiva al reciclado. Claro reflejo de ello es el Capítulo V, Título Quinto, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, sobre el manejo integral de los residuos peligrosos.

De acuerdo a Nico Krukenberg, directivo de una empresa de renombre alemana, entre los grandes problemas sin resolver de los electrónicos está la separación de sus componentes y el modo de tratarlos, ya que cuentan con partes muy disímiles o se componen de varios materiales que no se mezclan entre sí, lo que hace que el proceso de gestión integral sea difícil y costoso.

La propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos marca, en su artículo 54, que "se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos naturales." Y que además, la federación, entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y según proceda, y con el fin de proteger la salud, prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por el manejo de los residuos, deberán promover la suscripción de convenios con los grandes generadores para que formulen e instrumenten los planes de manejo de los residuos que arrojen. Asimismo, de diseñar e instrumentar programas para incentivarlos a reducir su generación (usando tecnología limpia y no tóxica) y someterlos a un manejo integral.

Como claramente señala el artículo 46 de la Ley referida, los grandes generadores de residuos peligrosos, entre otros deberes, están obligados a someter a consideración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, así como llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos.

Esto, vinculado a lo que señalan los artículos 36 y 96 de la misma Ley, en cuanto a que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones y con los propósitos antes citados, integrarán órganos de consulta en los que participen entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas, de investigación y desarrollo tecnológico, organizaciones sociales y empresariales -representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios-, asociaciones profesionales y de consumidores, y redes intersectoriales relacionadas con el tema, que tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en la materia, así como para que tomen parte en los procesos destinados a clasificar los residuos, planificar el desarrollo de la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los objetivos ya descritos.

Cabe destacar que también el artículo 60 hace alusión al tema, observando que “los representantes de los distintos sectores sociales participarán en la formulación de planes y acciones que conduzcan a la prevención, reducción o eliminación de emisiones de contaminantes orgánicos persistentes en el manejo de residuos, de conformidad con las disposiciones de esta ley, y en cumplimiento de los convenios internacionales en la materia de los que México sea parte”.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la promoción y concertación con representantes de organismos privados y sociales, en relación a la formulación y empleo de los planes de manejo pertinentes para los distintos residuos que generen y sean de su competencia, es una de las tareas primordiales a emprender, en aras de un desarrollo ambiental sustentable que de rumbo y certeza a las futuras generaciones.

Por ello, los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, así como los productos eléctricos y electrónicos de fabricantes, cuando sean considerados peligrosos y resulten ser dañinos para la salud y el medio ambiente, deben ser contemplados en el artículo 31, como sujetos de un plan de manejo.

Ciertamente, como señala la Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes (CANAJAD), persiste la necesidad de una legislación que abogue por los intereses ambientales, sociales y económicos, sustentada en el bien común de la sociedad, y que tenga por objeto la preservación de los recursos naturales.

Al día de hoy, como se ha expuesto, existe la urgencia de actualizar el marco jurídico frente a la problemática que conllevan los avances tecnológicos, pero sobre todo, la necesidad de proteger al medio ambiente y la vida de los seres humanos ante el uso de estos productos tecnológicos, su exposición por consumo y el daño ocasionado al ambiente por la falta de un manejo especial en el post consumo.

En este sentido, la presente Iniciativa propone además dotar de facultades a la SEMARNAT, para fomentar una cultura relacionada con el acopio de desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20 y 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 20; y una fracción VI al artículo 31, y se recorre subsecuentemente su numeración de la fracción VI y siguientes vigentes, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue:

Artículo 20.- La clasificación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sujetos a planes de manejo se llevará a cabo de conformidad con los criterios que se establezcan en las normas oficiales mexicanas que contendrán los listados de los mismos y cuya emisión estará a cargo de la Secretaría.

Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán publicar en el órgano de difusión oficial y diarios de circulación local, la relación de los residuos sujetos a planes de manejo y, en su caso, proponer a la Secretaría los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que deban agregarse a los listados a los que hace referencia el párrafo anterior.

En el caso de los desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos provenientes de estas industrias, la Secretaría, en coordinación con las entidades federativas, fomentará la cultura del acopio de estos desechos y la difusión de acciones que permitan su debido tratamiento y disposición final entre la ciudadanía, las instituciones y centros educativos, empresas, establecimientos mercantiles, industriales, comerciales y de servicios, instituciones públicas y privadas, y dependencias gubernamentales.

Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:

I. a V. …

VI. Desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos cuando sean considerados peligrosos.

VII. a XVI. …

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de abril de 2013.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Arriola Gordillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Si es tan amable de preguntarle a la proponente, si podemos suscribirla con ella.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Mónica Arriola Gordillo, ¿acepta el que se incluya al Senador Omar Fayad?

- La C. Senadora Mónica Arriola Gordillo: Con mucho gusto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública y la Ley de Migración.

1 http://www.latinamericamonitor.com/

2Ibidem

3http://www.eea.europa.eu/publications/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION VI Y SE ADICIONA LA FRACCION VII AL ARTICULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO, RECORRIENDOSE EL EXISTENTE PARA QUEDAR COMO TERCERO, AL ARTICULO 11 DE LA LEY DE MIGRACION

(Presentada por el C. Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Héctor Yunes Landa: Gracias, señor Presidente.

El suscrito, Héctor Yunes Landa, Senador de esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa por la que se modifica la Ley Federal de Defensoría Pública y la Ley de Migración, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La falta de desarrollo económico y la inestabilidad socio-política, son las principales causas de la migración en Centroamérica. En ese sentido, México por su posición geográfica es un país de tránsito y retorno migratorio. De ahí la necesidad de abordar el tema como parte importante de la agenda federal.

Desafortunadamente, durante el periodo comprendido en el año 2006 al 2012 se vivió una de las etapas más violentas e inseguras en la historia moderna de nuestro país, lo que no sólo perjudicó la convivencia cotidiana en gran parte de la nación, sino que afectó otros entornos sociales, entre los que destaca la migración, mayormente de los países centroamericanos en su paso hacia los Estados Unidos de América.

Los informes que en los últimos años han emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil, con relación a los delitos que se cometen en contra de este sector, principalmente agresiones, secuestros, extorsiones, abusos sexuales e incluso asesinatos, así lo confirman.

Actualmente existe un número importante de asuntos de carácter penal que involucran a los migrantes como presuntos responsables de la comisión de diversos delitos, viéndose sometidos a procesos judiciales, en una franca desventaja, por no contar con los recursos económicos para contratar los servicios de un abogado que pueda representarlos ante dichos procesos, lo que los pone en un estado de vulnerabilidad frente al sistema de impartición de justicia.

Bajo este contexto, los migrantes carecen de representación legal ante la autoridad, sufriendo sistemáticamente la violación de uno de los derechos fundamentales de cualquier sociedad, el que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad y por lo cual tiene el derecho de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado.

Todo lo anterior conlleva a la necesidad de modificar también la Ley Federal de Defensoría Pública, con la intención de incluir a los migrantes, en razón de la situación de desventaja que tienen en el contexto social.

Lo anterior nos permitirá cumplir con lo que al respecto contempla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José. Ambos instrumentos internacionales de los que formamos parte.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión, y en su caso aprobación, del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Primero.- Se modifica la fracción VI y se adiciona la fracción VII del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 15.- ...

VI.- Los extranjeros que ingresen al país, independientemente de su condición migratoria, y

VII.- Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el existente en orden subsecuente, al artículo 11 de la Ley de Migración, para quedar como sigue.

Artículo 11.- ...

Asimismo podrán acceder a los servicios previstos en la Ley Federal de Defensoría Pública, los cuales serán de forma gratuita y sin restricción alguna, a fin de garantizar su defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Dentro de un plazo de 90 días a partir de la vigencia de este Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito Héctor Yunes Landa, Senador de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa por el que se modifica la fracción VI y se adiciona la fracción VII, al artículo 15, de la Ley de Federal de Defensoría Publica y, a su vez, se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el existente para quedar como tercero, al artículo 11 de la Ley de Migración, con base en lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La falta de desarrollo económico y la inestabilidad socio-política, son las principales causas de la migración en Centroamérica, por tal motivo las personas salen de sus hogares en busca de mejores oportunidades. En este sentido, México por su posición geográfica es un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio, por lo cual surge la necesidad de abordar el tema migratorio desde una política a nivel nacional convirtiéndose en parte fundamental de la agenda federal.

Desafortunadamente, durante el periodo comprendido entre el año 2006 al 2012 se vivió una de las etapas más violentas e inseguras en la historia moderna de nuestro país, esto debido a la conformación, fortalecimiento y expansión de diversos grupos de crimen organizado a lo largo del territorio nacional.

De tal forma, el creciente fenómeno delictivo no sólo perjudicó la convivencia cotidiana en gran parte de la nación, sino que afectó otros entornos sociales entre los que destaca la migración, mayormente de los países Centroamericanos durante su paso por México hacia los Estados Unidos.

Si bien es cierto, el Gobierno Federal durante este periodo realizó acciones para disminuir esta ola de crímenes, también es necesario mencionar que estas fueron simples y ausentes de estrategias de prevención y mitigación de la violencia.

Lamentablemente, es bien sabido que día a día los migrantes son víctimas de diferentes agresiones; basta con observar los informes que han emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil, con relación a los delitos que se cometen en contra de este sector, principalmente secuestros, extorsiones y abusos sexuales.1

Distintos testimonios recabados por la Casa del Migrante en Saltillo, dan cuenta de la tortura física y psicológica a la que son sometidos, además de que dichos actos van acompañados de humillaciones, insultos, burlas, agresiones físicas,abusos sexuales y asesinatos.

Bajo este contexto, existe un gran porcentaje de asuntos de carácter penal que involucran a los migrantes como presuntos responsables de la comisión de algún delito, viéndose sometidos a procesos judiciales de forma irregular. De esta manera resulta indiscutible que este sector social no cuenta con los recursos económicos necesarios para contratar los servicios de un abogado privado que los pueda representar ante dichos procesos, en este caso su situación de desventaja económica se ve reflejada en un estado de vulnerabilidad frente al sistema de impartición de justicia.

Por tal motivo, la inseguridad, la falta de certeza jurídica y la calidad migratoria de las personas, han sido factores para que los grupos del crimen organizado encuentren una forma de financiamiento ilícito, particularmente con acciones vinculadas a la comisión de delitos, motivo por el cual, el Congreso de la Unión decidió crear un marco jurídico que le diera un nuevo cauce a este fenómeno.

Una de las principales preocupaciones de los legisladores durante el proceso de elaboración de este Marco Jurídico fue la protección de los migrantes en tránsito por nuestro país, toda vez que ha sido el sector más vulnerable de la movilidad humana por su situación de fragilidad.

Por esta razón, los principios básicos que constituyeron la Ley de Migración son: el reconocimiento pleno a sus derechos humanos, la procuración y acceso a la justicia y la despenalización de la migración irregular.

Si bien, con la promulgación de esta Ley el Estado Mexicano avanzó en la protección sistemática de los derechos humanos, es necesario mencionar que el marco jurídico que regula el fenómeno migratorio requiere de una consolidación de prácticas e instrumentos para el acceso efectivo a sus derechos, la Ley de Migración como toda ley es perfectible.

En este sentido, hay disposiciones en esta Legislación que deben ser revisadas y corregidas. Por ello, es necesario realizar modificaciones con la finalidad de ser congruentes con los conceptos y las motivaciones que le dieron origen, con sus principios y con los fines que persigue.

Bajo este contexto, los migrantes por su condición de vulnerabilidad carecen de representación legal ante la autoridad, sufriendo sistemáticamente la violación de uno de los derechos fundamentales de cualquier sociedad, “el que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad y por lo cual tiene el derecho de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado.”

Por otra parte, el 28 de mayo de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Defensoría Pública, la cual abrogó la Ley de la Defensoría de Oficio Federal.

La Defensoría fue creadacon el propósito de establecer nuevas y mejores normas respecto a la prestación del servicio de defensoría pública, con el fin de promover y garantizar la defensa en materia penal de los derechos fundamentales de los individuos.

En este sentido, nos referimos a los grupos vulnerables de la sociedadcomo son los indígenas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad o necesidad especial que afrontan diferentes adversidades en el transcurso de su inserción social, económica, educativa, laboral, cultural, política y de respeto a sus derechos fundamentales.

Por tal motivo, dicho organismo se creó como un mecanismo encargado de vigilar y procurar la seguridad jurídica de dichos sectores. De ahí de la necesidad también de proteger los derechos de los Migrantes.

En este sentido, el artículo 5º de la Ley de Federal de Defensoría Publica señala que los servicios de asesoría jurídicase prestarán preferentemente a:

I .Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

III. Los trabajadores eventuales o subempleados;

IV. Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos mensuales inferiores a los previstos en las bases generales de organización y funcionamiento;

V. Los indígenas,

VI. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

Todo lo anterior conlleva a la necesidad de modificar la Ley Federal de Defensoría Pública, con la intención de incluir a los migrantes, en razón de la situación de desventaja que tienen en el contexto social. Esto, sin duda, nos permitirá abatir las desigualdades sociales y consolidar el estado de derecho, a favor de los que más protección necesitan por su alto grado de vulnerabilidad.

Bajo este contexto, podemos hacer mención que el 24 de marzo de 1981, México pasa a formar parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 14, numeral 3, inciso d), dice a la letra:

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

A la par, el 3 de febrero de 1981 México firma su adhesión al Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que en su artículo 8, numeral 2, inciso e), señala:

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

En este sentido, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales de los migrantes, ya que como resultado de este flujo, dicho sector se ha convertido en un blanco fácil para ser víctimas de algún delito o de la violación de sus derechos, todo esto por su especial situación de fragilidad ante la autoridad y la sociedad.

Por lo anterior, los migrantes requieren mayores apoyos institucionales independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, y resulta necesario privilegiar el principio de complementariedad de ambas leyes con el fin de perfeccionar su regulación y, más aún, con el objetivo de brindar mayor seguridad y certeza jurídica en su interpretación y aplicación.

Por ello, es importante que ambos ordenamientos armonicen las disposiciones relacionadas con las normas internacionales antes mencionadas, preservando en estas leyes su rango y naturaleza.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se modifica la fracción VI y se adiciona la fracción VII, del artículo 15, de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 15.-

I. a V.

VI. Los extranjeros que ingresen al país, independientemente de su condición migratoria., y

VII. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el existente en orden subsecuente, al artículo 11 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 11.- …

Asimismo podrán acceder a los servicios previstos en la Ley Federal de Defensoría Pública, los cuales serán de forma gratuita y sin restricción alguna, a fin de garantizar su defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro de un plazo de noventa días a partir de la vigencia de este Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan.

Dado en la Cámara de Senadores, a 9 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Héctor Yunes Landa”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Yunes Landa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Saludo la presencia de un grupo de jóvenes estudiantes del equipo La Fuerza de Nuestras Ideas, invitados por la Senadora Luisa María Calderón.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)

1http://mucd.org.mx/recursos/Contenidos/Exigenciaalasautoridades/documentos/Informe%20sobre%20Secuestro%20de%20Migrantes%20final.pdf

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_secmigrantes.pdf

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Adriana Díaz Lizama: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Los partidos políticos en México, por definición constitucional, tienen como fin la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, así como hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

Por ello es que a través de la formación, capacitación e intenso diálogo con su militancia, los partidos políticos preparan a los ciudadanos que bajo sus siglas tendrán la responsabilidad de aportar en una campaña política o en un cargo político la esencia de los programas, principios e ideas que postulan.

La norma electoral en nuestro país, a partir de 1993, ha procurado que en las postulaciones a cargos de elección popular, las mujeres tengan un espacio en las candidaturas para la promoción de sus ideas, visiones y proyectos para la vida pública.

Sin duda, desde el establecimiento de las leyes de cuotas en la década de los 90’s al día de hoy, hemos avanzado como país en forma importante hacia la igualdad de los géneros.

Como ejemplo tangible de ello, hoy en el Senado de la República estamos 44 mujeres y en la Cámara de Diputados 187 mujeres ocupan una curul.

Las cifras, sin duda, son alentadoras, pero aún insuficientes cuando el objetivo al que aspiramos es la igualdad entre géneros.

Por ello estimo que en este camino en el ámbito político resulta preciso ampliar los alcances de equidad hasta la vida interna de los partidos políticos, puesto que es tiempo de dar un paso más hacia esa igualdad desde el lugar donde se forma a quienes aspiran a participar en la vida pública, pero sobre todo donde se da una convivencia viva entre los géneros, en la discusión de las formas y los medios en los que una institución como un partido político ha de dirigirse hacia la ciudadanía.

Es tiempo que la igualdad de género no sea un trámite para los institutos políticos en el momento de registro de candidaturas, sino que debemos aspirar a que se convierta esa igualdad en una práctica cotidiana al interior de los partidos políticos, en todos sus ámbitos, porque en la toma de decisiones trascendentales para la vida interna de estos medios, de la ciudadanía, las mujeres tenemos mucho qué decir desde los órganos directivos, pero más aún tenemos mucho que aportar a ellos mismos.

Por ello, el día de hoy se presenta esta iniciativa en la que se introduce la obligación de los partidos políticos para que observen paridad de géneros en la integración de sus órganos directivos, incluso a nivel municipal, al tiempo que se vincula al Instituto Federal Electoral para que sea vigilante del cumplimiento de la elección e integración de estos cuerpos directivos, tomando las medidas necesarias para que la presencia de ambos géneros esté presente en la toma de decisiones al interior de los partidos políticos.

Asimismo debemos estimular la participación de las mujeres para la formación de los partidos políticos, es decir, que desde las organizaciones de ciudadanos que pretendan su registro como partidos políticos, sean tomadas en cuenta. Por ello se propone que las organizaciones de ciudadanos soliciten su registro al Instituto Federal Electoral, observen en su número de militantes que al menos el 40 por ciento de ellos sea de género distinto con respecto a su total.

Estimo que es desde el interior de los partidos políticos donde debemos y podemos empezar a impulsar los esfuerzos por la igualdad de género. Incluso, estimo y deseo que la propuesta que hoy se presenta motivará y enriquecerá las propuestas y los discursos que veamos en una próxima contienda electoral, porque sin duda se elevará el nivel de las contiendas electorales, pues la energía y capacidad de las mujeres mexicanas puesta al servicio de la nación no pueden sino arrojar resultados positivos.

La paridad de género y no la supremacía entre uno y otro, es el criterio que debe orientar el aliento a la participación ciudadana en la vida pública y política de nuestro país. Es la total apertura de los espacios y no la simulación legal lo que debe llevar a las mujeres a tomar el lugar que la patria nos tiene reservado para que llevemos a este país siempre adelante.

Por eso presento esta iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se reforman los incisos c) y s) del artículo 38, numerales 5 y 6 del artículo 47; se adiciona un párrafo segundo al inciso b) del numeral 1 del artículo 24; y un segundo párrafo al inciso c) del artículo 27.

Pido a las comisiones a las que serán turnadas se considere esta iniciativa porque es de trascendencia y relevancia para la vida igualitaria en nuestro país entre hombres y mujeres.

Es cuanto, señoras Senadoras y Senadores.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del COdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La igualdad de oportunidades, así como la igualdad de género en la participación dentro de la vida política del país, sin el favorecimiento de de un género u otro, en particular, son metas y objetivos deseables en los programas de acción de los partidos políticos nacionales así como del Estado mismo.

La paridad de género, y no la supremacía entre uno y otro, es el criterio que debe orientar el aliento a la participación ciudadana en la vida pública y política de nuestro país.

En materia de derechos políticos de las mujeres, probablemente la principal innovación institucional en nuestro país, lo sean las medidas de acción afirmativa, específicamente las denominadas cuotas de género, consideradas como mecanismos que permiten avanzar hacia democracias que estimulen la participación de mujeres y hombres en los procesos de decisión política.

En México, el desarrollo del sistema de cuotas comenzó en 1993, con la reforma al artículo 175, fracción tercera del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ( en adelante COFIPE). En ella se estableció la necesidad del criterio de acción afirmativa a favor de las mujeres, para compensar las desventajas de su participación en la vida pública; dicha reforma recomienda que los partidos políticos promuevan en los términos que determinen su documentos internos una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de si postulación a cargos de elección popular. Posteriormente en 1996 se aprueba la adición a la fracción XXII transitoria del artículo 5 del COFIPE, donde se señala que “Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan del 70% para un mismo género, Asimismo proveerán la mayor participación política de las mujeres”.

En 2002, se profundizó la normatividad especificando que “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, en ningún caso incluirán más del 70%de candidatos propietarios de un mismo género” (art 175 A)

En el año 2008, con la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, mismo que abrogó al anterior, se detalló un porcentaje para candidaturas propietarias de mujeres, aumentando el mismo al 40% (art 219), continuándose con la determinación de un sistema de ubicación de candidaturas femeninas en las listas de representación proporcional (art. 220).

No obstante lo anterior, en el COFIPE siempre se ha mantenido la excepción de estas disposiciones para las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

En México, el número de mujeres que acceden al cargo de diputadas por mayoría relativa es menor al que lo hace por representación proporcional, esto nos lleva a considerar la conclusión consistente en que dentro de los partidos existe una comodidad de cumplimiento mínimo de la ley en la promoción de la participación política de la mujer, al preferir su ubicación en las listas plurinominales.

Así, las cuotas implican un tratamiento preferencial necesario a las mujeres, pues esta medida tiene un objeto equilibrador de las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder a cargos políticos, al forzar su ingreso al poder público y no dejarlo a la buena fe de los partidos políticos y sus órganos de dirección, ni a sus procedimientos de selección,

Sin duda, todas las consideraciones plasmadas en el Código Electoral Federal, han favorecido el aumento en el acceso de las mujeres a cargos de elección popular; sin embargo, resulta provechoso que, sosteniéndose de este impulso legal, la paridad de la participación de la mujer en la vida pública, alcance la vida interna de los partidos.

En efecto, si bien las “leyes de cuota” han permitido que al menos por cumplimiento a la ley se tenga la participación de las mujeres en los órganos legislativos, estas no se han potenciado para que lleven sus efectos al interior de los partidos políticos que es donde se gesta la vida política, donde inicia o debiere iniciar la participación de las mujeres, sobre todo en su preparación para los retos de la vida y cargo públicos.

Por ello, es que la presente iniciativa busca ir más allá de la búsqueda de espacios para las mujeres en los cargos públicos, ya que si bien es un tema en el que aún falta mucho por lograr, se estima que es tiempo de incidir en la perspectiva de género ahora desde los órganos directivos y la conformación de los partidos políticos, al ser ellos la génesis de las plataformas y opciones de gobierno que se ofrecen a la ciudadanía, entre otros objetivos de bienestar social que les encomienda la ley.

En efecto, la perspectiva de género en nuestro país, debe alcanzar ahora a estos entes de interés público en cuanto a su creación, pues si bien la afiliación a los partidos políticos es un derecho político electoral inalienable de los ciudadanos mexicanos, también tiene especial importancia para la sociedad que desde el intento de constitución de estas instituciones se observen cuotas de género, puesto que de esta forma se garantiza una participación rica en perspectivas y puntos de vista en el concierto de la paridad de géneros, que indudablemente beneficiarán a la sociedad en su vida democrática.

Por lo anterior, es que dentro de los requisitos que establece el inciso b del artículo 24, se propone incluir un párrafo en el que se establece que del número total de afiliados por el que opte la organización de ciudadanos que solicita su registro como partido político, deberá integrarse por al menos 40% de género distinto.

Ahora bien, el mínimo propuesto para la integración de los partidos políticos se establece también como obligación de los mismos, previéndose en un transitorio la excusa de obligación a los partidos políticos que hayan alcanzado su registro antes de la entrada en vigor de la iniciativa que se presenta en caso de ser aprobada.

Por otra parte, se estima que las cuotas de género deben instituirse no solo en la constitución de los partidos, sino también en la conformación de sus órgano de dirección, pues resulta indudable que las aportaciones de los géneros en las decisiones de la vida interna de los institutos políticos, seguramente nutrirá las directrices, plataformas y acciones que emprendan los mismos, además de reforzar esta consideración la perspectiva de género en la vida política y democrática pública, evitando así la simulación en el tema de género.

Por ello, se propone agregar un párrafo al inciso c del artículo 27 en el cual se establece un mínimo de 40% de género distinto en la conformación de órganos de dirección, con la misma directriz, se propone integrar la equidad de género en los órganos de dirección de los partidos políticos en el nivel municipal en caso que estas organizaciones cuenten con ese nivel de organización.

Además de lo anterior, se vincula al Instituto Federal Electoral para que en sus facultades de verificación ponga especial atención en la conformación de los órganos directivos de los partidos políticos, a fin de constatar la correcta aplicación del porcentaje de género.

Por lo anteriormente expuesto, se propone:

Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN los incisos c y s del artículo 38, numerales cinco y seis del artículo 47; se ADICIONAN un párrafo segundo al inciso b del numeral 1 del artículo 24, un segundo párrafo al inciso c del artículo 27; para quedar como sigue:

Título segundo

De la constitución, registro, derechos y obligaciones

Capítulo primero

Del procedimiento de registro legal

Artículo 24

1. Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos:

[...]

b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

El número total de afiliados a que se refiere el presente inciso, deberá estar integrado por al menos el 40% de género distinto.

Artículo 27

1. Los estatutos establecerán:

Incisos a y b [...]

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:

I. [...]

II. [...]

III. [...]

IV. [...]

En la integración de los órganos directivos a que se hace referencia en el presente inciso, deberá observarse un mínimo de 40% de personas de género distinto.

Incisos d a g [...]

Capítulo cuarto

De las obligaciones de los partidos políticos

Artículo 38

1 Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

Incisos a y b [...]

c) Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, así como el porcentaje de género requeridos para su constitución y registro,

Incisos d a r [...]

s) Garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular, incluso en el nivel municipal;

Incisos t a u [...]

2. [...]

Artículo 47

1 a 4 [...]

5. En el caso del registro de integrantes de los órganos directivos, el Instituto deberá verificar, en un plazo de diez días contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos que comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos, poniendo especial atención en las cuotas de género, mismas que no serán menores al 40 por ciento del total.

6. En caso de que el Instituto determine que no se cumplió con el procedimiento interno o las cuotas de género, deberá emitir resolución, debidamente fundada y motivada, estableciendo un plazo para que el partido reponga la elección o designación de sus dirigentes.

7. [...]

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los partidos políticos nacionales que hayan obtenido su registro antes de la entrada en vigor del presente decreto, no estarán obligados a observar lo establecido en el en el inciso c del artículo 38.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reiterando mi consideración a sus distinguidas personas, quedo de ustedes.

Recinto del Senado de la República, a 9 de abril de 2013.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para preguntarle a la Senadora si me permite sumarme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora, ¿acepta el que se pueda incluir como proponente la Senadora Luisa María Calderón?

Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, para presentar, con el aval del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de las Haciendas Públicas Federal, Estatales y Municipales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LAS HACIENDAS PUBLICAS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES

(Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Acudo a esta, la máxima tribuna parlamentaria del país, para referirme a un tema fundamental: el federalismo mexicano, cuya situación crítica impacta de manera profunda en diversos ámbitos del acontecer nacional.

El espíritu federalista está plasmado en la Ley Suprema de 1917, pero tiene como antecedente las ideas de los constituyentes de 1824 y de 1857. Como sabemos, nuestra República adoptó la forma representativa democrática y federal, resultado de intensos debates y luchas históricas.

El federalismo mexicano es origen y destino del ser nacional, de él emanan la mayoría de las construcciones normativas de nuestra vida social y es aspiración de quienes desde le pluralidad aspiramos a una democracia más participativa, que tome en cuenta la base social no sólo en las elecciones, sino en todas las decisiones públicas de los tres órdenes de gobierno.

Hoy, desde el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, venimos a proponer que esta Cámara asuma íntegramente su papel como garante del Pacto Federal. Proponemos iniciar el camino para retomar la vocación federalista del pueblo mexicano e impulsar un proceso que redistribuya con mayor justicia y equidad los recursos públicos de la nación. Proponemos la construcción de un nuevo federalismo hacendario que redistribuya los ingresos públicos sobre la base de inaplazable impulso del desarrollo de las regiones del país, de acuerdo con sus condiciones y características socioeconómicas.

La iniciativa que ponemos a consideración de esta Asamblea plantea redistribuir los ingresos públicos atendiendo a tres criterios:

Por un lado el demográfico, que sin duda debe seguir orientando la asignación de recursos a las entidades federativas y municipios mayormente poblados.

El segundo criterio responde a la necesidad de elevar sensiblemente la participación de los gobiernos de los estados y de los municipios en los ingresos públicos, por lo que proponemos que los tres órdenes de gobierno participen en proporciones iguales en los ingresos públicos locales, esto es: federales, estatales y municipales.

El tercer criterio que proponemos es atender al grado de desarrollo existente en las entidades federativas y municipios, lo que revertirá paulatinamente las asimetrías existentes y garantizará mayores recursos públicos para las regiones menos favorecidas.

Es insostenible el actual modelo, pues perpetúa los desequilibrios y amplía la inadmisible brecha de desigualdad. Es nuestra obligación impulsar un nuevo modelo que corrija los desequilibrios y que dé paso a una nueva fórmula de asignación de los recursos públicos.

En México resulta urgente revertir el proceso de descentralización que se ha experimentado a partir de la concentración de facultades tributarias en el gobierno federal en detrimento de los gobiernos de las entidades federativas, y de los municipios y su autonomía.

Sostenemos que la inequitativa distribución de recursos y capacidades financieras entre estados y gobierno federal, propicia una situación de dependencia, con ello se da en los hechos una forma de control político por parte de gobierno federal sobre los gobiernos estatales y municipales.

Apostamos por recuperar el auténtico federalismo, porque es una garantía para no restaurar el presidencialismo exacerbado y centralista, la autonomía de los estados en una Federación debe funcionar como freno ante los abusos del poder por parte del gobierno federal.

Para circunscribirlo a su marco de actuación constitucional en el cual se le establecen metas específicas como la planeación del desarrollo nacional o la ejecución de la política exterior.

Recordemos los orígenes del federalismo mexicano, las provincias existentes decidieron libremente constituirse en una Federación para fortalecerse y defenderse de las amenazas externas, sin renunciar a su autonomía frente al gobierno federal que habría de crearse y no para debilitar el estado nacional en formación y mucho menos para someterse a un gobierno central que decidiese su destino.

Hoy, los ciudadanos de los estados eligen a sus autoridades, pero éstas quedan atadas de manos en mayor o menor medida, según sea la situación de dependencia respecto al gobierno federal. Muchas medidas que debieran ser decisiones soberanas de los estados pasan por la revisión y voluntad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La misma distorsión se da entre los ejecutivos estatales y las autoridades de los municipios, por eso nuestra propuesta fortalece a los municipios en la misma proporción que a los gobiernos de las entidades federativas.

La iniciativa que hoy proponemos obedece a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios ante los enormes flagelos que enfrentamos como sociedad, ante las grandes necesidades de la población. Ellos son quienes conviven diariamente y tienen mayor cercanía con las demandas sociales.

La viabilidad de los gobiernos locales y municipales, así como el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, dependen en buena medida de su autonomía financiera, de ahí que sea necesario asignarles mayores recursos a partir de un nuevo modelo de distribución de los ingresos públicos.

Al fortalecer las finanzas locales y municipales estaremos contribuyendo a un desarrollo regional equilibrado, estaremos creando condiciones para una mayor inclusión social, para que las mujeres y hombres de todas las regiones se integren y sean parte activa y actuante del proceso de desarrollo. Por ello esta ley cambiará las condiciones que propician el drama de la migración, al promover equilibrios sociales y regionales y restaurar capacidades del Estado podremos reconstruir el tejido social y combatir la exclusión.

Estos factores son hoy caldo de cultivo para la violencia y la expansión del crimen organizado.

Hoy requerimos en un nuevo arreglo que fortalezca el Estado nacional serio desde abajo y desde lo local.

Un nuevo modelo de redistribución de los ingresos públicos que propicie la participación en línea horizontal de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y del gobierno federal en la asignación de los recursos públicos.

Los tres órdenes de gobierno deben hacerse responsables del desarrollo nacional en el marco de sus facultades constitucionales, pero en un contexto de corresponsabilidad federalista.

El problema de la deuda no sólo es producto de desvíos o abusos, los gobiernos de los estados y de los municipios ante la crónica insuficiencia de recursos, encuentran en la deuda pública una respuesta a las amplias demandas de la ciudadanía en materia de infraestructura social en el sector educativo y social, se requiere una reforma profunda que ponga orden a las finanzas públicas en los tres órdenes de gobierno y evitar así una crisis mayor.

Al mismo tiempo debemos revisar el esquema hacendario vigente en el que se reconozca la urgente necesidad de asignar mayores recursos a los gobiernos de las autoridades de las entidades federativas y municipios, ninguna reforma hacendaria puede ser integral si no pasa por un nuevo modelo de distribución de los recursos públicos.

Es indispensable suscribir un nuevo pacto federativo que reconozca la pluralidad del país, pero que revierta los inaceptables desequilibrios regionales, que impulse un desarrollo más armónico y que refuerce la capacidad financiera de los estados con mayores rezagos.

El nuevo pacto requiere de nuevas bases normativas que nos permitan dejar atrás el pernicioso centralismo que encontró arraigo en el país desde el inicio de nuestra vida independiente o antes, pero asentando en gran medida durante la vigencia del régimen autoritario, en el que un solo partido, al predominar en el Congreso Federal, otorgó crecientes fuentes de ingresos al gobierno federal en menoscabo de las finanzas públicas estatales y municipales.

Asumamos, finalmente, la responsabilidad que tiene el Congreso de la Unión, y en lo particular el Senado de la República, de impulsar una verdadera transformación del federalismo que garantice desarrollo, justicia y equidad para todos.

Por fin último, es garantizar para los mexicanos el ejercicio pleno de sus derechos económicos, sociales y culturales. Es propiciar mayor bienestar social en un contexto de desarrollo económico incluyente y equitativo, buscamos cimentar la nación próspera que estamos destinados a construir y disfrutar todos los mexicanos, sin distinción alguna, convencido de que ninguna posición es absoluta; ofrecemos, desde aquí, la construcción de una ley acorde a nuestros tiempos; queremos compartir nuestra visión de un México federalista con las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

Finalmente, deseo dejar constancia de que esta propuesta ha sido socializada con diversos sectores de quienes obtuvimos importantes aportaciones, muchos de los cuales orientan y reorientan nuestra propuesta original.

Pudimos recoger las visiones de economistas y contadores públicos profesionales, empresarios organizados, prestigiados investigadores de instituciones de educación superior como el Seminario de la Cuestión Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre muchas otras; de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Por último, deseo proponerles que convoquemos a una gran consulta nacional para conocer las distintas propuestas que de todas las regiones del país se formulen para planear el nuevo federalismo del siglo XXI y las nuevas responsabilidades que deban de asumir cada uno de los tres órdenes de gobierno para lo cual, en breve, habremos de poner a consideración de esta Soberanía la propuesta de acuerdo respectivo.

Iniciemos, entonces, la discusión del federalismo que deseamos todos los mexicanos para construir un México más justo y equitativo.

Toca a este Congreso de la Unión, y a este Senado en lo particular, participar en el diseño de un nuevo pacto federal que siente las bases normativas e institucionales que remodelen el federalismo y el sistema de coordinación fiscal vigentes de esta dimensión.

Este es nuestro desafío, señoras y señores legisladores.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“Raúl Morón Orozco, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre propio y con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LAS HACIENDAS PUBLICAS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Federalismo Mexicano es origen y destino del ser nacional, de él emanan la mayoría de las construcciones normativas de nuestra vida social y es aspiración de quienes desde la pluralidad aspiramos a una democracia más participativa, que tome en cuenta la base social no solo en las elecciones, sino en todas las decisiones públicas de los tres órdenes de gobierno.

Sobre la idea federalista, se han cimentado los municipios, las entidades federativas y los órganos del poder federal, para cuya fundamentación siempre se han argumentado los atributos de los sistemas federales, en su esencia de dar a las partes de una federación, una representación equilibrada, en beneficio de sus comunidades y de sus integrantes en lo individual, salvaguardando siempre que la suma de voluntades y esfuerzos, fortalezcan el desarrollo de su base social y de su capacidad de interlocución con las otras partes.

La búsqueda de la paz ha sido el motor que ha impulsado la formación de las federaciones en todos los tiempos. De una u otra forma, paz y federalismo se equiparan, como fines y como medios de la convivencia social. Es lo que aún hoy en día quieren los comuneros, los ejidatarios, los pequeños propietarios, los obreros, los colonos, los usuarios de los servicios públicos, los empresarios, los profesionistas y en general todos los mexicanos, aunque directa o indirectamente paguen o no impuestos locales y federales. Al contribuyente le resulta indistinta la procedencia del impuesto, lo que le interesa es que al pago de sus contribuciones se traduzca en un beneficio social tangible, que sus impuestos se transformen en bienes y servicios públicos y cuando no es así, busca la forma de evadir o eludir la carga fiscal impuesta.

El Federalismo es inherente a la vida en sociedad, no es lógico entender una convivencia justa en otra forma de organización estatal, aún en las monarquías, surgidas de formas absolutistas de gobierno, la participación social ha evolucionado en esquemas de representación, en los cuales se privilegia la territorialidad, en cualquiera de sus formas, para que los habitantes de tales demarcaciones intervengan en las definiciones de su gasto público y en consecuencia de las formas para recaudar los impuestos.

Los monarcas que han fincado su poder en el sometimiento, la ignorancia, el fanatismo y la opulencia para unos cuantos, en contraste con la miseria y la explotación para las grandes masas, están expuestos a que sus pueblos se revelen y se constituyan en un nuevo pacto social más equilibrado y no sería remoto que ese pacto social fuera un pacto federal, en el cual el peso específico de los factores de la producción tenga una representación regional y local, en la definición de lo que quieren como sociedad y lo que están dispuestos a dar para lograrlo.

El Estado Federal, tiene su justificación en el cumplimiento de los fines que le demandan las células territoriales, como los municipios y las regiones a través de los gobiernos estatales, por lo que el rescate financiero de los gobiernos de las entidades federativas no debiera ser escatimado, sino por el contrario debiera privilegiarse, por encima de otras necesidades de recursos y sobre otros rescates de entidades financieras privadas que ha hecho el gobierno federal, en contra del interés del pueblo.

El Gobierno Federal ha perdido su esencia federalista y ha agudizado su tendencia centralista, en contravención de las leyes y de la lógica de organización social, gastando los recursos fiscales en obras superfluas que en nada benefician a las bases sociales, en términos de mejorar sus niveles reales de ingresos y de proporcionarles infraestructura para la producción y la productividad que genere riqueza, ahorro interno y desarrollo económico.

Los regímenes federales basan su solidez en la fuerza contributiva y distributiva de sus haciendas estatales y municipales o sus equivalentes órganos territoriales, tales como los condados, en los Estados Unidos y en que la mayor parte de sus ingresos regrese a las áreas geográficas en donde se generaron, con mecanismos compensatorios, claramente definidos para la armonización económica nacional.

El principio constitucional en el que se sustentan los estados federales es la pluralidad de los poderes soberanos de los estados federados, de tal forma que a los órganos federales solo se le dejan los poderes indispensables para garantizar la unidad política y económica de los estados federados, a los cuales se les asignan la mayor parte de facultades tributarias y de ejercicio del gasto, inherentes a sus territorios.

La autonomía de los estados en una Federación debe funcionar como freno ante los abusos de poder por parte del Gobierno Federal, para circunscribirlo a su marco de actuación constitucional, en el cual se le establecen metas específicas, como la planeación del desarrollo nacional o la ejecución de la política exterior y no así, la determinación de estrangular las economías de las entidades en donde el poder político es ejercido por un partido diferente al del Presidente en turno.

En un régimen federal se amplían las opciones para la democracia popular y para el ejercicio de las libertades políticas, es posible unificar los esfuerzos de diversas comunidades en objetivos comunes, protegiendo el principio de indivisibilidad de la soberanía para hacer coexistir a dos órdenes de gobierno, sumandocon ello los esfuerzos tributarios en las obras y programas de gobierno que los habitantes quieren, con una supervisión estrecha de ellos mismos, mediante mecanismos de control directo de parte del pueblo, lo cual favorece la acción participativa de las comunidades locales.

Pugnar por hacer efectivo el Federalismo, plasmado en la evolución constitucional del País es un acto de congruencia fundamental, ya que ningún equilibrio constitucional es duradero sin apoyo social, compatibilizando las políticas públicas para atender las demandas específicas de las pequeñas poblaciones, con las políticas macroeconómicas que deben concurrir también en su diario beneficio.

La sociedad civil se unifica en contra de los factores externos que la vulneran y actúa de forma leal a sus intereses primarios, tales como la estabilidad económica y la seguridad en su entorno, dicha unidad es equiparable al peso de la Federación, porque la fuerza es la misma, solo que cuando la Federación no es congruente con la sociedad civil, tal fuerza actúa en contra, en tanto que si es congruente y hace lo que la sociedad civil quiere, recibe el apoyo correspondiente. Ello sirve para ilustrar el carácter contundente que tienen las partes plurales de una sociedad, que se organiza en defensa de lo que le es común, para que su representación asuma frente a otros estados el papel de garante de sus mandatos y le canalice buenos resultados. De otra forma no le sirve ser parte de una federación.

Por ello el Federalismo es connatural a la organización social. En el mundo hay una gran mayoría de países que han adoptado el régimen federal y los restantes o se encuentran en una forma de gobierno de excepción, claramente definida o equiparable a una dictadura o están regidos por gobiernos absolutistas unipersonales, que viven días contados por la tiranía que representan y en donde la paz no es una divisa contante y sonante que tengan los habitantes a la mano.

Los sentimientos que las naciones conservan son precisamente los de unidad en la pluralidad, es decir el de apego a cada una de sus partes, en donde se respeten las particularidades y diferencias de tales partes y en donde ninguna de ellas prevalezca sobre la otra, como actualmente sucede en el federalismo formal mexicano. Sin embargo, en nuestra vida real, en la cual la formalidad legal transita por una vía de apego al arreglo social, plasmado en las leyes y por otra vía la impunidad, la informalidad y la simulación han constituido gobiernos paralelos, que realmente dominan los territorios y que mantienen a la población en un estado de totalindefensión, por no contar con tribunales para su defensa y en donde, en lugar de pagar impuestos se padecen extorsiones, cuotas, secuestros y penas corporales que no se encuentran en ningún código penal.

En estos momentos de zozobra, la sociedad mexicana precisa de unidad, para resolver de forma unitaria los problemas de inseguridad y desempleo, para transformar el régimen de simulación federalista, por uno verdaderamente federal, en el que los municipios, los estados y el Gobierno Federal en una relación horizontal, jueguen en las mismas condiciones un papel de unidad, para hacer frente a los grandes problemas nacionales, pero desde lo local, de la periferia al centro o de abajo para arriba, si el lenguaje entendible es el verticalista, para dar origen a una reforma profunda de las instituciones políticas, empezando por las hacendarias, puesto que si no se inicia por ellas, se corre el riesgo de seguir en la simulación.

Por ello se hace necesaria una profunda revisión del federalismo actual para transformarlo en un nuevo federalismo, en el que los tres órdenes de gobierno se reconozcan como parte de una Federación y concurran en un marco de colaboración y no de subordinación, a la atención de las demandas de los municipios, de los estados y de la Federación en su conjunto. Resulta imperativo, revisar entonces, las facultades y los recursos con los que en la actualidad cuentan estos órdenes de gobierno y así formular un nuevo pacto en el que las partes de la Federación, con un espíritu genuinamente federalista, redistribuyan las facultades y los recursos necesarios para que cada orden de gobierno responda con puntualidad y eficacia a los crecientes reclamos sociales.

Es en este sentido que la reforma hacendaria planteada por el Ejecutivo Federal y aún no materializada, debe responder a ese espíritu federalista, pues a juzgar por el sinnúmero de trabajos teóricos presentados, así como las iniciativas de ley enviadas a este Honorable Congreso, sólo se reducen a una visión reformista que pretende introducir de forma gradual los cambios de un esquema de coordinación fiscal, agotado y disfuncional, en el cual el gobierno federal sigue siendo el gran recaudador de los impuestos más productivos y por su parte, los estados y los municipios siguen siendo, con márgenes cada vez de mayor responsabilidad para el acopio de impuestos no productivos, los que tienen la obligación de resolver las inequidades sociales, sin recibir los recursos que sus propias economías han generado.

Conviene recordar a propósito de la presentación de esta Iniciativa que plantea un nuevo federalismo fiscal, algunos de los esfuerzos que se han realizado para revisar el tema relativo a las participaciones en impuestos federales, como lo fue la Primera Convención Nacional Hacendaria del 2004, que abrió un foro de análisis y discusión para la evolución de la coordinación fiscal entre los gobiernos de la Federación y las entidades federativas, y cuyos objetivos fueron diagnosticar las haciendas públicas, lograr un nuevo federalismo integral, definir responsabilidades de gasto para cada orden de gobierno, revisar facultades tributarias, simplificar la legislación, programar las reformas necesarias, transparentar la información y fortalecer la rendición de cuentas, entre otros. Las propuestas se centraron en siete temas: 1) Gasto Público, 2) Ingresos, 3) Deuda Pública, 4) Patrimonio Público, 5) Modernización y Simplificación de la Administración Hacendaria, 6) Colaboración y Coordinación Intergubernamental y 7) Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas.

En materia de gasto público se propuso reformular la distribución competencial entre ámbitos gubernamentales con orientación federalista, mejorando los procesos de asignación de recursos, con acciones tales como el establecimiento de reglas homogéneas para su ejecución, mecanismos y foros de interacción para afinar los procesos presupuestales, redefinición de responsabilidades y roles por órdenes de gobierno en la prestación de los servicios de salud, educación, desarrollo social, seguridad pública y procuración de justicia, ciencia y tecnología, infraestructura portuaria y carretera, desarrollo económico, agua y eficiencia gubernamental en los tres órdenes ya mencionados.

Asimismo, se planteó la necesidad de contar con mecanismos compensatorios para acelerar el abatimiento de las desigualdades sociales y la reducción de asimetrías en la prestación de los servicios y sobre todo, pugnar porque en todas las facultades descentralizadas se cuente con los recursos suficientes para el financiamiento de las facultades transferidas.

En el tema de ingresos se propuso plantear soluciones a la insuficiencia de recursos fiscales, la centralización de la política fiscal, así como a la evasión, elusión y a la complejidad de un costoso sistema fiscal, mediante la restitución de facultades fiscales a las entidades federativas, eficiencia en la recaudación, fortalecimiento de las finanzas municipales e impulso a la simplificación tributaria, entre otras estrategias.

En relación a la deuda pública se buscaba mejorar y ajustar su marco legal, ampliar fuentes de financiamiento para los gobiernos de los estados y municipios, además de dar viabilidad a los sistemas de pensiones a través de la reconducción presupuestal, la diversificación del financiamiento, la armonización contable y la integración de un sistema nacional de pensiones.

En cuanto al patrimonio público se propusieron estrategias y acciones para optimizar su aprovechamiento, uso, disposición y control mediante la optimización de su administración, uso, aprovechamiento, venta, control contable y el mejoramiento de sus marcos jurídicos.

Para modernizar y simplificar la administración hacendaria se propuso mejorar los sistemas de recaudación, modernizar la ejecución del gasto y los procesos presupuestales, promover la profesionalización de funcionarios hacendarios y aplicar modelos simplificados de atención ciudadana.

En el rubro de colaboración y coordinación intergubernamental, se propuso construir un modelo tendiente a reducir los costos de transacción en el sistema de las haciendas para maximizar el impacto económico y social, redefiniendo reglas y fórmulas de los fondos de participaciones y aportaciones, rediseñando los sistemas de colaboración y coordinación intergubernamental, mejor acceso a fuentes de financiamiento y mayor participación de los tres órdenes de gobierno, en un sistema nacional de coordinación hacendaria que procure el equilibrio horizontal y vertical de ingreso y gasto, por citar los más relevantes.

En el tema de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas las propuestas se orientaron a la homologación, armonización, sistematización de la información, el control y el impulso a una mayor participación ciudadana para darle mayor certidumbre de la acción gubernamental.

En la actualidad, el Gobierno Federal se asigna el ejercicio del 75 al 80 por ciento del gasto público federal, que si bien recae en obras y acciones que territorialmente se ubican en alguna entidad federativa, su derrama económica, no necesariamente beneficia a esa entidad.

Por todo lo anterior y una serie de argumentos de casos similares, es evidente que se ha roto el equilibrio político interno entre los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal, con lo cual la unidad de las colectividades sociales se pone en peligro, la pluralidad social se ve amenazada y las formaciones político–burocráticas del estado nacional tratan de ganar lealtades orientando el gasto público a las clásicas estructuras corporativistas sectoriales, para sustituir el apoyo social–territorial que han perdido.

Ante tal realidad, es indispensable replantear uno de los aspectos fundamentales del Federalismo, el referido al denominado Federalismo Hacendario, pues es éste, por su carácter estratégico para las definiciones económicas, el que puede iniciar la reivindicación nacional hacia el Pacto Federal establecido en la Constitución de 1824, al que al paso de los años se le ha ido disminuyendo fuerza, en aras del presidencialismo centralista, latente en las veleidades de los estilos personales de gobernar y en los compromisos de los grupos de poder que arriban a la Presidencia de la República.

La Constitución de 1824, no precisó los ámbitos de competencia entre el Gobierno Federal y los estados para definir contribuciones, lo que originó un régimen de facultades concurrentes, motivo de todos los vaivenes de la historia fiscal de México en los siglos XIX, XX y lo que va del XXI.

Por su parte, la Constitución de 1857 no detalló cuáles serían los impuestos a establecer por el Gobierno Federal, reservándole solo los relacionados al comercio exterior y la emisión de estampillas, lo cual generó mayor debate sobre la concurrencia, dejando la posibilidad a las entidades de gravar todas las materias en las que no se plasmaba prohibición expresa.

Finalmente la Constitución de 1917 reprodujo lo que sobre el particular establecía la anterior de 1857, al reservar al Gobierno Federal los impuestos relativos al comercio exterior y a la emisión de estampillas. Sin embargo, en un proceso inercial se ha reformado la Constitución para adicionar distintos impuestos federales a los originalmente aprobados por el Constituyente del 17, con lo cual se ha agudizado el proceso de centralización encabezado por el Gobierno Federal y que desde luego ha restado facultades a los Congresos de los Estados para establecer contribuciones. Tal tendencia centralista ha disminuido la disponibilidad de recursos de los restantes órdenes de gobierno y en consecuencia, su capacidad de respuesta a los reclamos de la sociedad, pese a las participaciones y aportaciones federales previstas en el actual sistema de coordinación fiscal.

Así se explica que la actual Ley de Coordinación Fiscal responda a una lógica de dependencia centralista, puesta en vigor en 1978, pues su papel fue regular las situaciones que de hecho sucedían en una hacienda pública, en la que el Gobierno Federal ya se había apropiado casi de todas las facultades tributarias de las entidades federativas y requería legitimar el reparto discrecional de los reducidos recursos que se les entregaban a los gobernadores de los Estados.

El paulatino y creciente proceso de centralización de las facultades tributarias que fue ganando el Gobierno Federal, en detrimento de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, se explica por la hegemonía de un partido político del que surgió invariablemente el Presidente de la República hasta el año 2000 y quien, en buena medida, decidía la integración de las cámaras de diputados y de senadores y desde luego, quienes habrían de gobernar las entidades federativas, lo que le permitió reformar a su arbitrio, tanto la Constitución como las leyes secundarias y así atribuirle al Gobierno Federal nuevas facultades tributarias.

Es así que la Ley de Coordinación Fiscal no establece las facultades originales de las entidades federativas, sino que se enfoca a determinar procedimientos para la entrega de recursos “federales” y las modalidades para convenir la recaudación, por parte de éstas, de los segmentos impositivos que le resultaban más onerosos de cobrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En las múltiples reformas que sucesivamente se han hecho a este ordenamiento, la tendencia ha sido la misma, es decir que se han perfeccionado los mecanismos para continuar en un sistema de dependencia de las entidades federativas sobre lo que recauda el Gobierno Federal, cuando el espíritu federalista, en dondequiera que se le refiera, señala que debe ser al contrario, son las entidades las que deben recaudar todos los impuestos y dejar sólo al Gobierno Federal, los relativos al comercio y a todo tipo de relaciones con el exterior, además de asignarle a éste un porcentaje de las recaudaciones estatales y municipales para el funcionamiento de su aparato y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

Los gobiernos de las entidades federativas, históricamente han contado con sendas estructuras recaudatorias, al igual que los municipios, a tal grado completas que hoy en día superan ampliamente a la cobertura del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e incluso, en muchos casos albergan en sus espacios rentísticos a bancos y otros intermediarios financieros que sólo encuentran seguridad, garantías de credibilidad y economía en las instalaciones gubernamentales de los municipios y de los gobiernos estatales.

El argumento de la ineficiencia recaudatoria de los gobiernos estatales y municipales ha caído por su propio peso. En el caso de los gobiernos de los estados, han demostrado, al asumir la cobranza de los pequeños contribuyentes, que pueden dar resultados óptimos, con amplias economías en sus procesos administrativos y en el caso de los municipios, con el cobro del impuesto predial han confirmado que tienen la estructura para recaudar cualquier impuesto y que por su cercanía a la población, cuentan con el más pleno conocimiento de las capacidades de pago de cada uno de los contribuyentes.

Hace falta, en todo caso, estandarizar los métodos, sistemas y procedimientos para profesionalizar la función hacendaria en los tres órdenes de gobierno, pero fundamentalmente en los órdenes estatal y municipal. Es sobre este particular que debe regularse en un ordenamiento que sustituya el viejo esquema de la Ley de Coordinación Fiscal, por uno nuevo en el que sean el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en un nuevo arreglo, los que establezcan las modalidades de recaudación de la totalidad de los impuestos y definan los porcentajes que de ellos corresponda a cada uno de los tres órdenes de gobierno.

La Ley de las Haciendas Públicas Federal, Estatales y Municipales que se propone, pretende restituir a las entidades federativas y municipios sus facultades tributarias, para que sean aquéllas y éstos, las que ejerzan la recaudación de todos los impuestos y el ejercicio de la mayor parte de los presupuestos públicos, con perspectiva de desarrollo regional y con plena responsabilidad para ejecutar los proyectos interestatales, en coordinación con los gobiernos de las entidades y municipios que estén de acuerdo en que se lleven a cabo.

La Ley que proponemos tiene como uno de sus objetivos dar su justa participación y reconocimiento nacional en esta materia a los gobiernos municipales, que son la autoridad más cercana a la ciudadanía, ante quienes llegan de primera instancia los reclamos y las problemáticas principales de los gobernados, exigiendo soluciones inmediatas a las mismas, por lo que deben siempre contar con los recursos financieros para atender las necesidades más inmediatas de la población. Son las autoridades municipales las que deben tener mayor capacidad de respuesta y son sin embargo, paradójicamente, las que menos recursos reciben de lo que hoy se conoce como la Recaudación Federal Participable.

Por tanto, proponemos incluir activamente a los gobiernos municipales en los procesos de recaudación y distribución de los recursos nacionales, proponemos dotar a los gobiernos de los municipios de las facultades tributarias necesarias para que coadyuven con los gobiernos de las entidades federativas en la recaudación hacendaria y en la ejecución presupuestal y con ello responder a las necesidades de cada localidad, e instauración de sistemas de profesionalización y capacitación, así como de transparencia y rendición de cuentas efectivos.

De esta manera, estaremos hablando de una verdadera reforma hacendaria, que permita acercarnos como País a esquemas realmente federalistas, como palanca efectiva para lograr mejores estándares de desarrollo integral. Por ello no proponemos solamente modificar algunas fórmulas, mecanismos y porcentajes, que alivien solo de momento la difícil situación financiera de los gobiernos de los estados y municipios, sino buscamos que la reforma hacendaria sea una que reconozca las verdaderas causas de nuestra realidad político-financiera: el centralismo y la discrecionalidad.

La definición de los porcentajes que deban asignar a cada uno de los tres órdenes de gobierno no debiera ser un factor de análisis o debate, sino constituir una regla contundente de la igualdad y el equilibrio en los que se basa el régimen federal establecido en la constitución mexicana. Por lo tanto, a cada uno de los tres órdenes debiera corresponderle una tercera parte de los ingresos públicos, con lo cual se restablecería el equilibrio que debe prevalecer entre los tres órdenes de gobierno.

En un ejercicio legislativo debemos no solo ser críticos y exhaustivos en la reformas que se proponen. Sin embargo reconocemos que para instrumentar el nuevo modelo financiero, es necesario transitar en un proceso ordenado, sistemático y gradual hasta que el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, se encuentren en condiciones de adoptar el nuevo sistema de federalismo hacendario. Por ello el andamiaje instrumental y la operación de los diversos Fondos Federales, se mantienen de forma transitoria con su mismo esquema y subsistirán hasta que funcione de manera plena el nuevo modelo de federalismo hacendario.

La presente Iniciativa se estructura en diez capítulos:

En el Capítulo Primero se establecen las disposiciones generales, en él se concentran los preceptos de aplicación amplia y se constituye, como pilar de la iniciativa el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

En el Capítulo Segundo se hace referencia a la integración del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, las normas aplicables que lo regularán, así como los organismos en materia de coordinación hacendaria y que se definen de acuerdo a lo siguiente:

1. El Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria;

2. La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;

3. Los Subsistemas de Coordinación Hacendaria de la Comisión Permanente; y,

4. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.

En este Capítulo se establece la integración, facultades y funcionamiento de cada uno de los organismos, y se definen los mecanismos de articulación para el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria.

Uno de los aspectos significativos de la Iniciativa es el relativo a las facultades que se le confieren a la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias y al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, para que ambos asuman el papel de factor de equilibrio para arribar al Federalismo Hacendario Integral que se propone, a la interlocución justa entre Gobierno Federal, gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como al desarrollo de los programas y acciones para contar con un servicio civil de carrera, mediante la profesionalización obligada de los funcionarios hacendarios de los tres órdenes de gobierno.

Por lo que corresponde al Capítulo Tercero, se norman las prevenciones generales para los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con respecto ala constitución y distribución del Fondo General de Participaciones; la planeación, programación y ejecución de los recursos transferidos a las entidades federativas; la colaboración administrativa y la constitución, organización y funcionamiento de organismos auxiliares y técnicos en materia de coordinación hacendaria.

En el Capítulo Cuarto se regulan las participaciones de los gobiernos de las entidades federativas y municipios en ingresos y se establece el Fondo General de Participaciones, el cual se constituirá con dos terceras partes de la recaudación participable que se obtenga en un año fiscal que se destinará a entidades federativas y municipios, y una tercera parte que se reservará el Gobierno Federal. Contempla asimismo los ingresos e incentivos que se incluirán en el Fondo General de Participaciones y especifica los montos de distribución de dicho Fondo. Al mismo tiempo, define la manera en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resarcirá a los gobiernos de las entidades federativas los ingresos que dejen de percibir por reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones a las leyes federales respectivas, respecto de las cuales se haya convenido, que sean administrados por los gobiernos de las entidades federativas y se haya establecido como incentivo un determinado monto de su recaudación.

En el mismo Capítulo se establece la cantidad que corresponderá del Fondo General de Participaciones a los gobiernos de las entidades federativas, así como la forma en que se les cubrirán los anticipos a cuenta de participaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación.

En el Capítulo Quinto se establecen las autoridades competentes y las disposiciones que regularán el control y supervisión de los recursos que conforman el Fondo General de Participaciones en sus distintas etapas.

El Capítulo Sexto señala la forma en la que se llevará a cabo la coordinación administrativa entre los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal, por lo que podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que incluirán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, a ejercer por las autoridades fiscales de las entidades federativas o de los municipios cuando así se pacte expresamente.

Se establece que en los referidos convenios se especificarán los ingresos a recaudar, las facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas y se fijarán las percepciones que recibirán los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, por las actividades de administración hacendaria que realicen. Asimismo, prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por el gobierno de la entidad federativa, con las cantidades que a ésta corresponda en el Fondo General de Participaciones.

En el Capítulo Séptimo de la Iniciativa, se plantea que la asignación y calendarización de los recursos que conforman el Fondo General de Participaciones, se efectúe durante el mes de enero de cada año, para tal efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en el Diario Oficial de la Federación los montos calendarizados que correspondan a cada una de las entidades federativas, así como los datos oficiales, factores y variables tomados en cuenta para la entrega de los recursos públicos que les corresponden.

En el Capítulo Octavo se prevén los casos en los que se pueden afectar las participaciones que correspondan a los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, las cuales serán inembargables.

Asimismo, establece que los gobiernos de las entidades federativas y los municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en las leyes estatales de deuda.

De igual manera se define que cuando se pretenda llevar a cabo descuentos de las participaciones de las entidades federativas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá notificarlo por escrito y no podrá llevar a cabo el descuento, hasta en tanto no haya transcurrido el término de treinta días, sin que se haya interpuesto el medio de defensa que establece la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el Capítulo Noveno se definen las disposiciones a las que se sujetará la aplicación de los recursos convenidos, para los programas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a sus atribuciones y con independencia de las participaciones y aportaciones federales ya señaladas en esta Iniciativa de Ley.

De igual manera, en el Capítulo Décimo se prevé la posibilidad de que los gobiernos de las entidades federativas, acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infrinja las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación hacendaria.

Por último, conviene enfatizar que el nuevo federalismo hacendario que se propone debe concebirse como consecuencia de un replanteamiento de los ámbitos de competencia entre los tres órdenes de gobierno, por lo que resulta inaplazable la revisión exhaustiva de las distintas atribuciones de las que disfrutan dichos órdenes de gobierno sobre la base de otorgarle más facultades y recursos a aquellos órdenes de gobierno que se encuentran más próximos a los ciudadanos. Tal redistribución de facultades y recursos, sin duda redundará en el fortalecimiento del Federalismo y en consecuencia, del Estado Nacional.

Los mexicanos hemos expresado, a lo largo de nuestra vida independiente, nuestra voluntad de constituirnos en una república representativa, democrática y federal. Honremos pues la vocación federalista del Constituyente del 17 y transformemos nuestro federalismo formal en un federalismo real, con el que redistribuyamos competencias y recursos para garantizar mayor justicia y equidad entre todos los mexicanos, de suerte tal que al fortalecer las finanzas públicas de los gobiernos de los estados y municipios, éstos puedan responder con mayor eficacia a los reclamos de sus gobernados.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

UNICO. Se expide la LEY DE LAS HACIENDAS PUBLICAS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, con el texto siguiente:

LEY DE LAS HACIENDAS PUBLICAS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1° La presente Ley tiene por objeto establecer las facultades tributarias, las condiciones de igualdad y equilibrio en la distribución de los recursos recaudados y del gasto asignable, las modalidades de coordinación hacendaria, así como la participación que corresponda a las haciendas públicas, para la recaudación efectiva y profesional de los impuestos y la ejecución del gasto público en cada uno de los ámbitos de competencia y profesionalizar la función hacendaria, en los tres órdenes de gobierno.

Artículo 2° Son facultades tributarias de los gobiernos de las entidades federativas, todos los ingresos públicos existentes, reservando sólo al Gobierno Federal, las materias previstas en la fracción XXIX del artículo 73 Constitucional.

Los gobiernos de las entidades federativas recaudarán todos los ingresos públicos de su competencia, por medio de sus órganos hacendarios y coadyuvarán con los municipios, para cuyo fin, al personal profesional que realice tales actividades se le concederá el carácter de autoridad hacendaria federal, de conformidad con la celebración de los convenios de coordinación aplicables.

Artículo 3° Corresponde a cada uno de los tres órdenes de gobierno, en condiciones de igualdad y equilibrio entre los mismos, una tercera parte de la recaudación total, la cual constituye su universo de recursos aplicables al ejercicio de sus atribuciones.

CAPITULO SEGUNDO

Del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria

Artículo 4° Se crea el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, del que forman parte los órganos hacendarios de los tres órdenes de gobierno y el cual funcionará en Pleno; será la máxima autoridad para garantizar, a través de sus órganos, la igualdad y equilibrio de la distribución de los ingresos entre órdenes de gobierno. El Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria incluirá:

I. Las normas aplicables que regularán el cumplimiento de todas las facultades tributarias por el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, así como su participación en el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria;

II. La conformación y distribución de los recursos públicos que correspondan al los gobiernos de las entidades federativas y municipios;

III. La planeación, programación y la aplicacide los recursos que se asignen con motivo de la descentralización de facultades;

IV. Los procedimientos para la afectación y registro de los recursos públicos del Fondo General de Participaciones, con motivo de las obligaciones que contraigan los gobiernos de las entidades federativas y los municipios;

V. Las modalidades de coordinación administrativa entre las autoridades hacendarias de los distintos órdenes de gobierno;

VI. Las facultades y organización de los órganos auxiliares y técnicos que en materia de coordinación hacendaria y de profesionalización de las autoridades hacendarias de los tres órdenes de gobierno, establece la Ley; y,

VII. Los medios de defensa ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.

SECCION I

De los Órganos Auxiliares y Técnicos del Sistema

Nacional de Coordinación Hacendaria

Artículo 5º El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los gobiernos de las entidades federativas, por medio de su órgano hacendario y los municipios a través de sus representantes participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, a través de:

I. El Pleno del Sistema;

II. La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;

III. Los Subsistemas de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;

IV. Los grupos de trabajo de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias; y,

V. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.

La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias, los subsistemas y los grupos de trabajo de la misma, serán los órganos auxiliares del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, en tanto que el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y tendrá el carácter de órganos técnicos.

SECCION II

Del Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria

Artículo 6º El Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, se integrará por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por los titulares de los órganos hacendarios de los gobiernos de las entidades federativas y por un presidente municipal electo para tal fin, que fungirá como representante de los municipios de cada entidad, para el caso de las delegaciones del gobierno del Distrito Federal, concurrirá un jefe delegacional electo por sus iguales; será presidido conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y un presidente municipal, electo entre los 32 participantes por los municipios y el titular del órgano hacendario de la entidad federativa en donde se lleve a cabo la reunión del Pleno. El Gobernador de dicha entidad podrá asistir y tomar el lugar que le corresponda al titular del órgano hacendario a su mando.

A las reuniones del pleno, tendrán la obligación de asistir el Secretario de Hacienda y Crédito Público y los Subsecretarios con que cuente esa Secretaría, cuando menos dos veces en cada año, en los meses de febrero y agosto, así como los titulares de los órganos hacendarios de las entidades federativas, los presidentes municipales y el jefe de la demarcación territorial del Distrito Federal electos como representantes ante el Pleno.

SECCION III

De la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias

Artículo 7º La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias se integrará por los nueve coordinadores de grupo de trabajo, entre los cuales estarán los coordinadores de los subsistemas, sesionará, cuando menos, cuatro veces al año en el lugar del territorio nacional que elijan sus integrantes. Será convocada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público o por cuando menos una tercera parte de sus integrantes. En la convocatoria se señalarán los asuntos de cada sesión.

Artículo 8º.- Son facultades de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias:

I. Proponer al Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria las disposiciones, reglas, fórmulas, lineamientos y determinaciones que la Ley le ordena, así como los reglamentos internos y de funcionamiento de los Subsistemas de Coordinación Hacendaria, y del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas;

II. Proponer ante el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cubrir el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas, las demarcaciones y los municipios para el sostenimiento de los órganos citados en la fracción anterior;

III. Fungir como Junta de Gobierno del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y aprobar su presupuesto anual, que será financiado como sigue:

a) Un tercio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

b) Un segundo tercio parte por parte de los gobiernos de las entidades federativas, que se cubrirá el cincuenta por ciento en partes iguales y el restante en proporción al coeficiente efectivo de repartición del Fondo General de Participaciones recibidas en el año anterior a aquel en que se apruebe el presupuesto correspondiente; y,

c) Un tercio por parte de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y los municipios;

IV. Establecer y formalizar por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los asuntos correspondientes al Gobierno Federal y por medio de los gobiernos de las entidades federativas, por conducto del titular de su órgano hacendario, los programas, medidas y acciones que acuerde para actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, la normatividad hacendaria, la profesionalización y certificación de las autoridades hacendarias y el sistema de seguimiento y evaluación de las haciendas públicas;

V. Nombrar y remover en su caso, al Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el que será seleccionado por examen de oposición a realizarse de acuerdo a las bases que apruebe la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;

VI. Elegir de entre los titulares de los órganos hacendarios de los gobiernos de las entidades federativas al coordinador de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias y entre los representantes de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los municipios al vice coordinador de la misma. En esta elección no participará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VII. Vigilar la creación, incremento, distribución, destino, liquidación y pago de los recursos públicos del Fondo General de Participaciones;

VIII. Crear los Grupos de Trabajo técnico necesarios para el análisis de los asuntos de su competencia y establecer a cuál subsistema se integrarán;

IX. Las demás que le encomiende el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria.

Artículo 9º La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias se conducirá en apego a las reglas siguientes:

I. Será presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que podrá ser suplido por el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría y el titular del órgano hacendario estatal que elija la propia Comisión;

II. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios serán representadas por el titular de su órgano hacendario o por quien designen como suplente;

III. Los grupos de trabajo contarán con un Coordinador elegido de los integrantes en forma rotatoria y anual. Sus acuerdos se tomarán por mayoría y tendrá derecho a voz y voto un representante por cada una de los gobiernos de las entidades federativas y un representante de los municipios de cada entidad. Los grupos de trabajo atenderán los asuntos relacionados con las entidades federativas de la siguiente manera:

a) Grupo Uno: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

b) Grupo Dos: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

c) Grupo Tres: Hidalgo, Nuevo León. Tamaulipas y Tlaxcala.

d) Grupo Cuatro: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit.

e) Grupo Cinco: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí.

f) Grupo Seis: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos.

g) Grupo Siete: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

h) Grupo Ocho: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

j) Grupo Nueve: Ocho representantes de los municipios, de acuerdo a la división regional de los primeros ocho grupos.

IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comisionará un representante en cada Grupo y Subsistema.

En los grupos de trabajo podrán participar otras entidades federativas que no pertenezcan a él, de conformidad a lo establecido en la fracción anterior, que así lo deseen, con voz, pero sin voto; y,

V. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas comisionará a una persona por cada grupo, para que funja como Secretario Técnico, quién tendrá la obligación de levantar las actas correspondientes, circular los acuerdos y recabar las firmas de los participantes.

SECCION IV

De los Subsistemas para la Coordinación Hacendaria

Artículo 10.- La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias contará con tres Subsistemas para la Coordinación Hacendaria, de acuerdo a las reglas siguientes:

I. Los Subsistemas serán:

a). Ingreso;

b). Gasto, y

c). Deuda;

II. Cada Subsistema se integrará por acuerdo del Pleno, con tres coordinadores de grupo de trabajo y contará con un representante ante la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;

III. Los Subsistemas, serán parte de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias; y,

IV. Cada Subsistema se conformará con los coordinadores de los Grupos de Trabajo creados en la presente Ley.

Artículo 11.- Son facultades de los coordinadores de los Subsistemas:

I. Coordinar los trabajos de los grupos de trabajo técnico que lo conformen;

II. Recibir, tramitar y difundir la información y acuerdos que se generen al interior de los grupos de trabajo técnico; y,

III. Presentar ante la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias, los resultados y acuerdos de los grupos de trabajo técnico.

Artículo 12.- Los acuerdos y resoluciones propuestas por los grupos de trabajo y los coordinadores de los subsistemas, tendrán el carácter de obligatorios para los gobiernos de las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez que sean aprobados por el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria.

SECCION V

Del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

Artículo 13.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, es un organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, y tendrá las facultades siguientes:

I. Realizar estudios, programas y acciones relativos al Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria y fungir como órgano técnico y de apoyo a la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;

II. Hacer estudios, investigación y análisis permanentes de la legislación relativa al ingreso, gasto y deuda pública federal, estatal y municipal;

III. Proponer medidas tendientes a coordinar la acción impositiva federal, estatal y municipal, para lograr la más eficiente y equitativa distribución de los ingresos entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios;

IV. Actuar como consultor técnico de las haciendas públicas federal, estatales y municipales;

V. Promover y coadyuvar al desarrollo técnico de las haciendas públicas, federal, estatales y municipales;

VI. Diseñar, implementar, operar, supervisar, evaluar, certificar y acreditar los programas de profesionalización y el servicio civil de carrera de autoridades hacendarias y capacitar técnicos y funcionarios fiscales en los tres órdenes de gobierno;

VII. Desarrollar los programas y actividades que apruebe el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria y la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias; y,

VIII. Asistir por conducto de su Director General como consultor y Secretario Técnico a las sesiones tanto del Pleno, como de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias, los Subsistemas y los Grupos de Trabajo.

Artículo 14.- Para su funcionamiento el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas contará con los órganos siguientes:

I. La Junta de Gobierno, integrada por los miembros de La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;

II. La Dirección General, cuyo titular tendrá la representación legal del mismo; y,

III. Las unidades administrativas especializadas que prevea su Estatuto Orgánico.

CAPITULO TERCERO

De las Prevenciones para los Gobiernos de las Entidades

Federativas y de los Municipios

Artículo 15.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, asumirán las facultades tributarias que les competan y aplicarán los recursos presupuestales que establezca esta Ley, con sujeción a las normas y lineamientos que establezca el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria y participarán de todos los ingresos públicos que conforman el Fondo General de Participaciones.

Artículo 16.- Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin perjuicio de la recaudación de los ingresos a que se refiere esta Ley, podrán establecer, entre otros ingresos públicos, los siguientes:

I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, concesiones, permisos, autorizaciones, certificaciones, obligaciones y requisitos que condicionen el desarrollo de actividades comerciales e industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa, tales como la ampliación de horario y específicamente las siguientes:

a) Licencias de construcción;

b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y alcantarillado;

c) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos;

d) Licencias para manejar vehículos;

e) Expedición de placas y tarjetas para la circulación de vehículos;

f) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de tales bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente en áreas de atención al público en general;

g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o efectuar actividades de publicidad, solo las que se hagan por medio de periódicos, televisión, radio y revistas;

h) Autorizaciones en referencia a ecología, seguridad y protección civil;

i) Concesiones o sus equivalentes para la prestación del servicio de transporte público;

j) Certificación de origen de productos; y,

k) Servicios públicos no especificados en los incisos anteriores.

II. Registros o cualquier acto relacionado con éstas, sin excluir los siguientes:

a) Registro Civil;

b) Registro Público de la Propiedad y el Comercio;

c) Registro por servicios de notarías; y,

d) Registro de prestadores de servicios en materia de ecología, inmobiliarios y de construcción.

III. El uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. Se considerarán incluidos dentro de lo establecido en esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por parte de comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, por el uso o tenencia de anuncios, sujetos a las disposiciones que para tal fin expida el sistema; y,

IV. Actos de inspección y vigilancia, evaluaciones o verificaciones en materia de ecología y medio ambiente, seguridad y protección civil.

Los derechos estatales o municipales no podrán ser diferenciales, tomando en cuenta el tipo de actividad a que se dedique el contribuyente, solo cuando se trate de derechos diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos de la a) a la j) de la fracción I y los previstos en la fracción III de este artículo.

La certificación de documentos así como la reposición de éstos por pérdida o destrucción parcial o total, constituyen derechos recaudables por las entidades federativas y los municipios, aunque no quedarán incluidas dentro de lo establecido en las fracciones I y II de este artículo. Tampoco serán incluidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes que son parte de las entidades federativas o de los municipios.

De ninguna forma lo establecido en este artículo, se tomará como una restricción de la facultad de los gobiernos de las entidades federativas y municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y llevar a cabo actos de inspección y vigilancia.

Los gobiernos de las entidades federativas acordarán con los gobiernos municipales, los mecanismos para precisar los conceptos de derechos que recauda cada uno de los dos órdenes de gobierno y las modalidades para entregar a cada parte lo que les corresponda.

Artículo 17.- Para efectos de la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, se considerarán derechos, aun cuando se cobren por un concepto distinto o tengan un nombre distinto en la legislación local correspondiente, los ingresos públicos que encuadren en el concepto de derecho del artículo 2, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación.

Artículo 18.- Los gobiernos de las entidades federativas se reservan el derecho de coordinarse con el Gobierno Federal, sin perjuicio de continuar dentro del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria. Para tal fin operarán las condiciones similares que a cada ingreso público corresponda, con base en las disposiciones de coordinación fiscal que para tal fin se establecen en esta Ley.

CAPITULO CUARTO

De las Participaciones del Gobierno Federal, de los Gobiernos de las

Entidades Federativas y de los Municipios

Artículo 19.- El Fondo General de Participaciones, se formará con la totalidad de los ingresos públicos que recauden los tres órdenes de gobierno en un ejercicio fiscal.

Artículo 20.- El Fondo General de Participaciones se integra por tres partes iguales: una tercera parte que se reserva el Gobierno Federal, como autoridad concentradora del los ingresos públicos; otra tercera parte para los gobiernos de las entidades federativas y otra igual para los gobiernos de los municipios y lo distribuye la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre los tres órdenes de gobierno una vez que el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria haya adoptado la resolución respectiva.

Artículo 21.- Los ingresos que no perciban los gobiernos de las entidades federativas por reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones a las leyes federales respectivas, respecto de las cuales se haya convenido que sean administradas por los gobiernos de las entidades federativas y se haya establecido como incentivo un determinado porcentaje de su recaudación, serán resarcidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la forma siguiente:

I. Los ingresos percibidos en el último año, serán medidos en términos porcentuales con relación al Fondo General de Participaciones y los montos a resarcir serán iguales a dicho porcentaje; y,

II. El monto a que se llegue de acuerdo a la fracción anterior será distribuido entre los gobiernos de las entidades federativas en proporción a la recaudación obtenida en el último año de aplicación del ingreso.

Artículo 22.- A cada gobierno de entidad federativa corresponderá una parte del Fondo General de Participaciones, la cual se obtendrá por medio de la aplicación del coeficiente de participación que se determinará de acuerdo a la fórmula que acuerde el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria.

Los recursos del Fondo General de Participaciones que correspondan a los gobiernos de las entidades federativas y a municipios, se asignarán de conformidad con la resolución que adopte el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, atendiendo a la población existente en cada entidad federativa, demarcación territorial del Distrito Federal y municipio y a su grado de desarrollo, para lo cual se tomarán en consideración las cifras y los índices que publiquen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Artículo 23.- Los cálculos de participaciones previstos en esta Ley, serán discutidos y en su caso aprobados por el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, a propuesta del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, para todas las entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y los municipios.

Las participaciones serán cubiertas en efectivo y no podrán ser objeto de deducciones. Los gobiernos de las entidades federativas, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación, el calendario de entrega y monto estimados de las participaciones correspondientes a entidades federativas, deberán publicar en sus órganos oficiales de difusión el calendario de entrega y montos estimados de las participaciones que entregarán a los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Los gobiernos de las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada año fiscal.

Artículo 24.- El Fondo General de Participaciones se determinará por cada año fiscal, por el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, con la información de que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuanto a los ingresos públicos recaudados por los tres órdenes de gobierno.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en forma provisional hará un cálculo mensual tomando en cuenta los ingresos públicos recaudados en el mes inmediato anterior.

Los gobiernos de las entidades federativas dentro del mismo mes en que se realice el cálculo mencionado en el párrafo que antecede, recibirán puntualmente las cantidades que les corresponde de acuerdo a esta Ley, por concepto de anticipos a cuenta de participaciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación cubrirá mensualmente a los gobiernos de las entidades federativas, los anticipos a cuenta de participaciones.

Trimestralmente el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, con apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llevará a cabo un ajuste de las participaciones, efectuando el cálculo sobre la recaudación obtenida en ese período. Las diferencias resultantes serán liquidadas dentro de los dos meses siguientes.

Dentro de los treinta días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la Cuenta Pública del año anterior a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su revisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, determinará las participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en el año, aplicará las cantidades que hubiera afectado provisionalmente al Fondo General de Participaciones y formulará de inmediato las liquidaciones que procedan.

Durante los primeros cinco meses de cada año, las participaciones en el Fondo General de Participaciones, se calcularán provisionalmente con los coeficientes del año inmediato anterior, en tanto el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria cuente con la información necesaria para calcular los nuevos coeficientes de participación.

Artículo 25.- Para los efectos de las participaciones a que esta Ley se refiere y de los incentivos que se establezcan en los convenios de coordinación administrativa, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y el Gobierno Federal estarán al resultado de la determinación y pago, que hubieren efectuado de créditos fiscales derivados de la aplicación de leyes que prevén ingresos públicos.

Artículo 26.- El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará mensualmente en el Diario Oficial de la Federación bajo los lineamientos que establezca el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, el comportamiento detallado de las participaciones que les corresponda a los gobiernos de las entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y a los municipios, así como todos los elementos que sirvan para su determinación.

Artículo 27.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación, el calendario y montos a entregar, así como el monto estimado para cada uno de los meses del año, que recibirá cada gobierno de entidad federativa del Fondo General de Participaciones para cada año fiscal, a más tardar el último día del mes de octubre del año anterior.

Dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en el Diario Oficial de la Federación los montos estimados en la forma y términos previstos en el párrafo anterior, que se deriven de los conceptos e importes contenidos en la misma.

Artículo 28.- En los informes trimestrales sobre las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega a la Cámara de Diputados, deberá incluir detalle por conceptos, según lo establece la Ley de Ingresos de la Federación, de la totalidad de los ingresos obtenidos en el periodo, así como un análisis de cada uno de los conceptos que conforma el Fondo General de Participaciones y, en su caso de las disminuciones que la hayan afectado.

Artículo 29.- Habrá una reserva de compensación para los gobiernos de las entidades federativas, afectadas con una baja de sus ingresos en un año, en comparación con el anterior, para garantizar a los Gobiernos de las entidades federativas los recursos que les correspondan por participaciones. El Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria determinará las modalidades de distribución de dicha reserva.

Artículo 30.- Los congresos locales expedirán disposiciones de carácter general, para distribuir las participaciones que correspondan a los gobiernos municipales y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y calendarizar su entrega.

El Gobierno Federal enterará las participaciones que les correspondan a los gobiernos municipales por conducto de las entidades federativas, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el Estado las reciba. El retraso dará lugar al pago de las actualizaciones y recargos que establece el Código Fiscal de la Federación. En caso de incumplimiento, el Gobierno Federal hará la entrega directa a los municipios.

CAPITULO QUINTO

Del Control y Supervisión del Fondo General de Participaciones

Artículo 31.- Las participaciones del Fondo General, estatales y municipales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, por los gobiernos municipales que las reciban, de acuerdo a sus propias leyes.

Artículo 32.- El control y supervisión de la aplicación del Fondo General de Participaciones, quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican:

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en apego a la legislación presupuestal federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a los gobiernos de las entidades federativas, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;

II. Recibidos los recursos del Fondo General de Participaciones por los gobiernos de las entidades federativas, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los municipios, hasta su erogación total, corresponderá a los órganos de control interno de los gobiernos de las entidades federativas, de los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

III. La supervisión, vigilancia y aplicación de los recursos del Fondo General de Participaciones, se llevará cabo de conformidad con las disposiciones legales de las entidades federativas;

IV. La fiscalización de las cuentas públicas de las entidades federativas y los municipios, será efectuada por los respectivos congresos locales, por conducto de sus órganos de fiscalización de acuerdo a sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatales y municipales aplicaron correctamente los recursos del Fondo General de Participaciones;

V. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por la aplicación indebida de los recursos del Fondo General de Participaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda, de acuerdo a las etapas a las que se refiere este artículo, de conformidad con sus propias legislaciones; y,

VI. El Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, a través del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, integrará un sistema de seguimiento y evaluación de las haciendas públicas de las entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y municipios con fines estadísticos y de apoyo, para lo cual requerirá de la información sistematizada que estime procedente y que le proporcionen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los gobiernos de las entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y municipios.

CAPITULO SEXTO

De la Coordinación Administrativa entre las

Entidades Federativas y el Gobierno Federal

Artículo 33.- Los gobiernos de las entidades federativas, de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los municipios a través de sus autoridades hacendarias ejercerán, con base en los convenios de coordinación que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, de recaudación, de fiscalización y de administración.

El Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria determinará las percepciones a recibir por los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, relacionadas con las actividades de administración hacendaria que lleven a cabo en virtud de los convenios celebrados.

Artículo 34.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios serán consideradas como autoridades hacendarias federales, en virtud de los convenios de coordinación celebrados. En contra de los actos que lleven a cabo cuando actúen con tal carácter, sólo procederán los recursos y medios de defensa que establezcan la legislación federal aplicable.

El Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, asumirá la facultad de fijar a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, los criterios generales y específicos de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de los procedimientos de colaboración administrativa, los cuales serán publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 35.- La recaudación de los ingresos la harán las oficinas autorizadas por los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentrarán la recaudación de los ingresos directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y rendirán cuenta pormenorizada de la misma. Esa Secretaría, hará el pago a los gobiernos de las entidades federativas, de las cantidades que les correspondan y pondrá a su disposición la información correspondiente y establecerá un sistema de compensación permanente.

La falta de entero dará lugar a que dichas cantidades se actualicen por inflación y a que se carguen al gobierno de la entidad federativa o el Gobierno Federal según corresponda, actualizaciones que prevé la legislación fiscal federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por los gobiernos de las entidades federativas, con las cantidades que a ésta correspondan con las participaciones establecidas por la Ley.

CAPITULO SEPTIMO

De la Asignación y Calendarización de los Recursos que integran

el Fondo General de Participaciones

Artículo 36.- Durante el mes de enero de cada año, el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, acordará los montos calendarizados que correspondan a cada uno de los gobiernos de las entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los municipios. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CAPITULO OCTAVO

De la Afectación de los Recursos Públicos del

Fondo General de Participaciones

Artículo 37.- Las participaciones que con cargo al Fondo General, reciban los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, no serán embargables.

La Auditoría Superior de la Federación, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al afectar las participaciones que les correspondan, cumplieron con las disposiciones legales aplicables.

Cuando los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que en el cumplimiento de sus atribuciones de control y supervisión tengan conocimiento de que los recursos del Fondo General de Participaciones no han sido aplicados a los fines previstos, deberán hacerlo del conocimiento de los órganos internos de control competentes.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cuando el órgano de fiscalización del Poder Legislativo Local, advierta que los recursos del Fondo General de Participaciones no se han destinado a los fines establecidos en la Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o la aplicación indebida de los recursos del Fondo General de Participaciones, serán determinadas y sancionadaspor las autoridades federales o locales, según corresponda, de conformidad con sus propias legislaciones.

Artículo 38.- Las participaciones que con cargo al Fondo General de Participaciones correspondan a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, solo podrán afectarse para garantizar el pago de pasivos, en los términos de la Legislación que en materia de deuda pública le resulte aplicable.

Artículo 39.- En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se propusiera efectuar descuentos de las participaciones de los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios, deberá notificarlo por escrito y no podrá llevarlo a cabo, sin quehaya vencido un plazo de treinta días posteriores a la notificación.

Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hubiese realizado el descuento en contravención a lo señalado en el párrafo anterior, y el gobierno de la entidad federativa o del municipio, contara con resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la devolución de lo descontado se realizará en un término no mayor de diez días hábiles.

CAPITULO NOVENO

De otras Aportaciones Federales

Artículo 40.- La aplicación de los recursos convenidos en las entidades federativas y por conducto de éstas a los municipios, para los programas previstos en el Presupuesto por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo a sus atribuciones y con independencia de las participaciones que correspondan del Fondo General se regirá de acuerdo a lo siguiente:

I. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, someterá a consideración del Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria para su análisis y acuerdo, las propuestas de programas, antes de presentar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal siguiente, las que precisarán de forma detallada de los programas de gasto que pretenda llevar a cabo durante el año, la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal encargada de su ejecución, el monto total del programa y el monto a ejercer en cada una de las entidades federativas; y,

II. Una vez aprobado y publicado el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propondrá al Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, los calendarios de administración de los recursos y las modalidades para su ejecución para que éste determine las reglas de operación a que se sujetará su ejecución, a más tardar el día quince de febrero de cada año.

CAPITULO DECIMO

Del Incumplimiento de las Obligaciones Hacendarias

Artículo 41.- Cuando el Gobierno Federal o el de alguna Entidad Federativa infrinja esta Ley y las disposiciones del Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, la parte afectada podrá ejercer la acción que en derecho proceda en términos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, demandando a la parte presuntamente infractora a efecto de que cumpla con sus obligaciones hacendarias y resarza el daño causado.

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, infringiera las disposiciones legales relativas a la coordinación hacendaria, en perjuicio del gobierno de una entidad federativa, ésta podrá reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a cualquiera de las partes a devolver cantidades indebidamente cobradas o autoriza que las mismas se reduzcan de sus participaciones, tales cantidades incrementarán el Fondo General de Participaciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los artículos siguientes:

ARTICULO SEGUNDO. Se establece un término de tres años para constituir el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria y todas las normas y procedimientos contenidos en la presente Ley, por lo que concluido dicho término, se abrogará la Ley de Coordinación Fiscal dando lugar de manera paulatina durante este periodo, a la cabal vigencia de esta Ley, una vez que haya concluido el plazo para la total transferencia a que se refieren los artículos tercero y cuarto transitorios.

ARTICULO TERCERO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público transferirá a los gobiernos de las entidades federativas los recursos humanos, materiales y financieros a su disposición para ser incorporados a sus órganos hacendarios, a fin de que bajo las condiciones que establezca cada entidad federativa, se inicie un proceso de asunción de las facultades tributarias y de los recursos que formen el Fondo General de Participaciones, en los términos y proporciones que establece esta Ley, en un periodo que no será mayor de tres años, contados a partir de la publicación de la presente Ley, durante el cual se aplicarán las disposiciones de la actual Ley de Coordinación Fiscal y de manera gradual las disposiciones de esta Ley, de conformidad con los acuerdos que adopte el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria. Los servidores públicos de las entidades federativas y de los municipios estatales que actúen como autoridades hacendarias asumirán las facultades para la recaudación, fiscalización y todas las facultades que resulten necesarias para el cumplimiento de la función recaudatoria, como si se tratase de una autoridad fiscal federal.

ARTICULO CUARTO. El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, iniciarán el proceso de profesionalización del personal y de instrucción en los sistemas operativos, informáticos y administrativos. El personal capacitado asumirá de inmediato sus facultades en las haciendas públicas estatales y municipales se harán cargo de las obras, acciones y programas federales, para su completa operación.

ARTICULO QUINTO. Las normas que regulan la organización y funcionamiento de carácter secundario y orgánico de los órganos auxiliares y técnicos del Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, deberán ser expedidos en un término de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Las facultades conferidas al Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria deberán ser acordadas con la periodicidad que corresponda al grado de evolución del proceso del cambio de modelo de participación y distribución de los recursos públicos y los tiempos necesarios de programación presupuestal. En tanto, continuarán vigentes las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en todo lo que no se opongan a la presente Ley.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 9 abril de 2013.

Suscriben

Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, Coordinador.- Sen. Dolores Padierna Luna, Vicecordinadora.- Sen. Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Manuel Camacho Solís.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Luis Sánchez Jiménez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Morón Orozco. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de alumnos del Colegio Real de Querenda de la ciudad de Querétaro, invitados por el Senador Francisco Domínguez, ¡bienvenidos!

Se le concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar, a nombre de los integrantes de la Comisión de Educación, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre propio y de los CC. Senadores Daniel Amador Gaxiola, Raúl Morón Orozco, Javier Corral Jurado, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilda Esthela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Raúl Aarón Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Mely Romero Celis y María Marcela Torres Peimbert)

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Señor Presidente; distinguidos legisladores:

A nombre de los 15 miembros de la Comisión de Educación, queremos presentar una iniciativa en materia de las cuotas escolares.

Tres comentarios introductorios, primero, esta es la respuesta del Senado de la República para que quede con toda claridad el concepto de que no se va a privatizar la educación.

Segundo, que vamos a requerir una mayor cantidad de recursos fiscales para hacer de manera plena una verdadera reforma educativa.

Tercero, que tenemos que clarificar las normas en un terreno de una práctica que se ha venido repitiendo a lo largo y a lo ancho del país y que tiene que ver con el pago de las cuotas.

Partimos en la exposición de motivos de tres aspectos: primero, el derecho a la educación; segundo, clarificar el tema de la gratuidad; y tercero, el darle las normas específicas para este tipo de conductas.

En el mundo educativo se habla de varios derechos y tiene que ver primero con el acceso a la educación; segundo, para el desarrollo del proceso en el medio educativo; y tercero, los derechos propios que tienen que ver con el acceso a la educación como son la libertad de expresión y fortalecer la propia ciudadanía.

Dicho de otra forma, tiene que ver con la asequibilidad para que el Estado mexicano tenga disponible la cobertura y la educación; segundo, para que sea accesible y tiene que ver con el aspecto de la equidad; y tercero, con aspectos de la calidad que son indeclinables y que esta Soberanía ubicó como un derecho constitucional y, por último, la parte de adaptabilidad, que tiene que ver con la pertinencia del medio educativo.

En qué consiste la iniciativa, son cuatro aspectos fundamentales: Primero, y agradezco aquí a todos los miembros de la comisión, clarificar de manera muy precisa que no se puede condicionar el servicio educativo a cambio del pago de las cuotas, y eso tiene que ver con el ingreso, la permanencia o la entrega de documentos de los alumnos.

Incluye la posibilidad que no podemos permitir la entrega de dinero, dádivas o cualquier tipo de contraprestaciones numerario, bienes o servicios; segundo, especificar que es un carácter estrictamente voluntario de los padres de familia cuando lo hagan; tercero, pueden conocer y conducir el proceso del destino y la aplicación del recurso y; finalmente, en cuarto término, establecer infracciones a las personas que eventualmente cometan conductas de carácter inapropiado.

Esto, entonces, es la manera de recoger algo para un tema que se ubica en la Ley General de Educación y que esperamos que pueda servir para poder reglamentar conductas que son muy importantes, porque lamentablemente la estimación que ha hecho la Secretaría de Hacienda en el año 2010, es de que 6 mil 380 millones de pesos se recolectan por fondos y desgraciadamente tenemos que reconocer que hay algunos planteles educativos que de no tener esas cuotas voluntarias, supervisables, verificables, tendrían poca viabilidad.

Es cuanto.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Los suscritos, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Amador Gaxiola, Raúl Morón Orozco, Javier Corral Jurado, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilda Esthela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Raúl Aarón Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Mely Romero Celis y María Marcela Torres Peimbert, Senadores de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unióne integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 constitucional; en los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta H. Cámara iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de cuotas escolares.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Del Derecho a la Educación

El Derecho a la Educación (DE), amén de ser pilar del catálogo de derechos universales, constituye la base del desarrollo individual y es vehículo de primer orden para el desarrollo de la sociedad, que garantiza el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad, la paz y la democracia. El DE cristaliza el bienestar humano y es, en sí, “el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos” (Comité de los DerechosEconómicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, Observación General 11, párrafo 2). En sentido inverso, la desigualdad en oportunidades educativas, específicamente de escolarización, limita severamente el progreso individual e implanta, al interior de las sociedades, una espiral de exclusión, pobreza y marginación, que restringe la posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida social.

Esta idea integral de la educación como derecho abarca, en principio, tres perspectivas claras: en primer lugar refiere un derecho a la educación, es decir, al derecho a acceder a los servicios educativos. En segundo término refiere a los derechos en la educación, faceta que abarca todos aquellos derechos que deben ser respetados dentro de los procesos educativos, a fin de que las prácticas pedagógicas correspondan a los derechos humanos. En tercer lugar, algunas corrientes distinguen aquellos derechos que se logran a través de la educación. Dentro de esta dimensión, el derecho a la educación es visto como un medio para alcanzar otros derechos, tales como el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libre expresión de las ideas o el mejoramiento de las capacidades productivas, que redunda además en el mejoramiento de los niveles de ingreso. En este contexto, la gratuidad educativa, tema fundamental de esta iniciativa, se sitúa esencialmente en el derecho a la educación, es decir: en la obligación del Estado de asegurar el acceso y la permanencia a y en los procesos educativos, sin menoscabo de la confluencia de las acciones gubernamentales y de otros actoresde la sociedad.

Ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 el Derecho a la Educación es explícitamente afirmado en su artículo 26, cuyo primer párrafo consigna el derecho de todo individuo a la educación y, de modo general, se refiere a la obligatoriedad y gratuidad de ésta.

Durante la segunda mitad del siglo XX, al elaborarse en la ONU -a partir de1966-, los instrumentos vinculantes con la Declaración Universal, surgieron diversos cuerpos jurídicos que recogieron como parte constitutiva el Derecho a la Educación en estos términos, tales como los pactos internacionales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y de los Derechos Civiles y Políticos, (PIDCyP).En las décadas subsecuentes dichos instrumentos han sido plataforma para la consolidación del Derecho a la Educación entre la comunidad internacional, impulsándolo como un corpus jurídico consistente, que se ha ido incorporando a los ordenamientos normativos de los diversos países. En cualquier caso, los distintos marcos jurídicos derivados de esta plataforma desencadenaron la validación del principio de gratuidad en los servicios educativos de car,y entre los años 60 y 90 un gran número de naciones fueron capaces de establecer una educación elementalgratuita que eliminó para las familias el pago de cuotas escolares, gastos de infraestructura y aportaciones por otros conceptos vinculados a la educación.

La cristalización de dichas normas supuso, además, una serie de obligaciones de los Estados para proteger y hacer cumplir este derecho. En1999 Katarina Tomasevski, RelatoraEspecial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación entre 1998 y 2004, propuso la comúnmente denominadaDoctrina de las Cuatro Aes, que establece el mismo número de obligaciones para los Estados comprometidos con el Derecho a la Educación: 1) la obligación de asequibilidad, también llamada de disponibilidad, que implica satisfacer la demanda educativa ya sea por la oferta pública o la protección de la oferta privada. Ello supone la doble obligación de establecer o financiar instituciones educativas, y de abstenerse de prohibir a los particulares la fundación de instituciones educativas; 2) la obligación de accesibilidad, según la cual el Estado se compromete a garantizar el acceso a las escuelas públicas disponibles sin discriminación alguna; 3) la obligación de aceptabilidad, conforme a la cual el Estado debe asegurar la adecuada calidad de la educación, y 4) la obligación de adaptabilidad de la educación, que implica la obligatoriedad de los Estados de brindar en sus centros educativos la educación que mejor se adapte a los niños y niñas.

II. Del principio de gratuidad

Bajo el marco descrito, la gratuidad de la educación se sitúa como una obligación suplementaria del principio de accesibilidad, ya que implica garantizar que no existan obstáculos económicos en el acceso y permanencia de las personas en los procesos educativos. La gratuidad parte entonces de una idea básica: si una persona tiene un derecho, es deber del Estado remover todos los obstáculos que se interponen para que pueda gozar de ese derecho.

En Latinoamérica, la gratuidad en la educación ha sido formalmente garantizada como derecho constitucional desde hace varias décadas. No existe un país en la región que formalmente mandate o reconozca el cobro de cuotas de inscripción; sin embargo, existen evidencias del incumplimiento reiterado de esta premisa, lo que cuestiona a fondo el principio de gratuidad educativa. Las cuotas, aportaciones o dádivas indirectas u ocultas, en forma de cobros por materiales, libros, mantenimiento y otros conceptos en las escuelas, originan gastos familiares directamente asociados a la educación.

En México, el artículo tercero de la Constitución Política se refiere al DE. El primer párrafo delartículo dispone que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

La fracción IV del mismo artículoañade que: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Y la V indica que: “Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y la educación superior– necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

No es intención de los promoventes revisar de manera exhaustiva las disposiciones constitucionales, pero sí lo es la referencia a cómo éstascorresponden a las obligaciones emanadas del corpus jurídico internacional. Lo mismo sucede con la legislación secundaria en materia educativa: la Ley General de Educación (LGE) de 1993 establece con mayor precisión los alcances del Derecho a la Educación, principalmente en cuanto a la extensión de la enseñanza obligatoria, la gratuidad y laicidad de la educación pública, sus fines y criterios, la igualdad de oportunidades y la equidad. Conviene resaltar que la LGE, además de repetir que “todo individuo tiene derecho a recibir educación”, añade “y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables (artículo 2).

Por su parte, el artículo 3° de esta Ley refiere explícitamente las obligaciones del Estado, lo que no hace el texto constitucional: “El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley".

Sobre la gratuidad de la educación, el artículo 6° de la Ley estipula que: “La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dichaeducación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo”. Dicha disposición sedesdobla de esta manera principalmente por una razón: porque el cobro a las familias a través de contraprestaciones de cualquier índole es incompatible con el Derecho a la Educación y pone en riesgo la accesibilidad, al traer consigo el potencial efecto de que algunas familias decidieran no enviar a sus hijos a la escuela, o bien, interrumpir su permanencia en ésta, reduciendo los años de escolaridad o la asistencia promedio al sistema educativo.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través delos Acuerdos 96 y 97, por los que se establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias y Secundarias, respectivamente, establece el derecho de los alumnos de ser inscritos sin el cobro de cuotas u otros conceptos (artículo 35, fracción VI del Acuerdo 96),y la prohibición expresa al personal escolar de solicitar a la comunidad escolar cuotas o aportaciones de cualquier especie que no hayan sido previamente aprobadas por las autoridades correspondientes (artículo 14, fracción XII del Acuerdo 97). Asimismo, las normas de control escolar para la inscripción, reinscripción, acreditación, regulación y certificación aplicables a la educación básica y media superior, emitidas por la misma Secretaría, establecen los requisitos y procedimientos para el acceso, permanencia y certificación de los servicios, los cuales excluyen, naturalmente, cualquier tipo de contraprestación.

III. De las cuotas escolares y la participación social en el ámbito educativo

A pesar de estas categóricas enunciaciones, desde hace décadas, en las escuelas públicas, se suscita una práctica que ha perturbado el principio de gratuidad de la educación consagrado en el orden jurídico mexicano: al inicio de cadaciclo escolar, mediante los órganos directivos o a través de las asociaciones de padres familia, se solicita el pago de aportaciones que, en muchos casos, se convierten en exigencias que condicionan el acceso y la permanencia a y en los servicios educativos.

La persistencia de estas prácticas ha sido ampliamente documentada y denunciada en todo el territorio nacional. Tanto padres de familia, como diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos estatales de derechos humanos han evidenciado su recurrencia.

En México, si bien la participación de la sociedad en el ámbito educativo está reconocida en la misma LGE (Capítulo VII), los casos de condicionamiento de los servicios educativos y, por ende, la violación al principio de gratuidad, ha ido en aumento, en parte -explican los denunciantes-, por la ambigüedad a que ha dado lugar la Ley.

De acuerdo con un análisis realizado por la SEP en 2010, el monto de las aportaciones voluntarias en ese año ascendió a más de 6 mil 380 millones de pesos. Asimismo, hasta 2011, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reportaba que, en promedio, los padres de familia de una escuela de educación básica pública, en contexto urbano favorable, pagan anualmente 690 pesos, lo cual sucedía en un 97.7 por ciento de las escuelas. En el estudio La educación preescolar en México. Condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, el INEE establece que en las escuelas públicas de este nivel educativo la principal fuente de recursos económicos son los padres de familia. En la inversión en mobiliario, las “cuotas voluntarias” pagan el 60.5 por ciento del gasto; en infraestructura el 58 por ciento; en equipo el 56.4 por ciento y en servicios el 46.7 por ciento; el resto lo cubren las autoridades estatales, junto a los recursos del Programa Escuelas de Calidad, asociaciones civiles o empresas, entre otros donantes. “En la mayoría de los rubros examinados, los padres de familia son la principal fuente de recursos económicos para financiar los gastos de operación de las escuelas”.1

Si bien diversas fuentes han reconocido la importancia de la participación de la comunidad en el mejoramiento de los centros escolares -en tanto que permite que otros actores se involucren en los procesos educativos y coadyuven en el establecimiento de mecanismos para garantizar la transparencia en la toma de decisiones sobre el uso de recursos escolares-, también han sido contundentes al señalar que las contribuciones a los centros educativos pueden ocasionar que éstos se vuelvan dependientes de los apoyos externos, sin tener la certeza de que en el corto, mediano y largo plazos podrán satisfacer sus necesidades a través de dichas fuentes.2

Estas prácticas se añaden a los obstáculos económicos que impiden el acceso a la educación y que se encuentran estadísticamente verificados. Por ejemplo, de acuerdo con la última edición del Panorama Educativo de México, elaborado por el INEE, al inicio de esta década, 13 millones 332 mil niños en el país vivían en hogares donde el jefe de familia carecía de instrucción o sólo contaba con la primaria o secundaria incompleta. Esta condición, junto con la desigualdad y la pobreza, han impedido que terminen la primaria 51 por ciento de los adolescentes entre 15 y 17 años con un tutor sin escolaridad; 43.2 por ciento de quienes viven en zonas rurales y 42.9 por ciento de los indígenas en ese rango de edad.El Instituto señala, además, que de cada 100 niños de 12 a 14 años, 49 no asistieron a la escuela entre quienes realizan una jornada de trabajo, 15 de cada 100 no fue a un plantel al vivir en pobreza alimentaria y 13 de cada 100 tampoco acudió a un centro escolar en las zonas rurales e indígenas, por lo que existen retos importantes para lograr la universalización de la asistencia escolar.3

El organismo enfatiza que este derecho entre los niños de tres a cinco años y los adolescentes de 12 a 17 años aún no se ejerce totalmente en México y su cumplimiento está asociado a las condiciones étnicas, económicas y de ubicación de residencia de los menores.4

Es claro que en el país existen barreras económicas que aún obstaculizan el acceso a los servicios educativos. Si a ellas se les suman las prácticas que condicionandichos servicios a la entrega de cualquier tipo de contraprestación, habría entonces un camino directo al ensanchamiento de la espiral de exclusión, pobreza ymarginación.De allí la certeza de que una de las obligaciones suplementarias del Estado en materia educativa es crear las condiciones para remover los obstáculos, incluidos los económicos, que impidan el ejercicio pleno de este derecho.

IV.- De la reforma constitucional en materia educativa y el principio de gratuidad

El pasado 26 de febrero fue promulgada la reforma a los artículos 3o y 73 constitucionales, que fue concebida para dar continuidad a la ampliación y reorientación del Sistema Educativo Nacional (SEN). Ampliarlo, para que no sólo se garantice el acceso al Sistema, sino para promover que éste sea de calidad; reorientarlo, para crear los mecanismos que aseguren una mejora continua de los componentes de la dinámica educativa, a través de la evaluación.

Con el propósito de consolidar los contenidos de la Reforma, los artículos transitorios establecen, entre otros aspectos, que el Congreso de la Unión deberá promover reformas al marco jurídico para:

Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. [Quinto transitorio, fracción III, inciso a)].

Durante el curso de las discusiones, en el seno de la opinión pública, diversos actores encontraron dicha disposición como un resquicio para la validación del cobro de cuotas escolares y, en consecuencia, fue calificada como el detonante legal de unproceso privatizador de la educación.En apego a las argumentaciones precedentes, es objeto de quienes presentan este instrumento eliminar la imprecisión de este razonamiento, reiterando que, en efecto, si la educación es entendida como un deber del Estado y como un derecho de la personas, el acceso a este servicio no puede estar condicionado a la capacidad de compra de ese derecho. No pasan inadvertidos los debates en torno a los alcances de la gratuidad y de las responsabilidades del Estado; sin embargo, es propósito de los promoventes reiterar el acceso a la educación como un derecho fundamental de toda persona, cumplimiento que no es potestativo, sino obligatorio para el ente recipendario de tal responsabilidad (en este caso el Estado), y que, bajo ninguna circunstancia, puede condicionarse o limitarse, pues ello haría nugatorio el Derecho a la Educación.

V.-Del proyecto de decreto

A efecto de acentuar el sentido de las premisas anteriores, se propone adicionar el artículo 6° de la LGE, con el objeto de establecer, de manera explícita, la prohibición de condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación.

Asimismo, se propone ampliar el horizonte de los derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, al establecer que bajo ninguna circunstancia podrá ser condicionada la inscripción y permanencia de sus hijas, hijos o pupilos, a cambio de la entrega de dinero, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. En el caso de las cooperaciones provenientes de las asociaciones de padres de familia, reconocidas en el artículo 67, fracción III de la actual LGE, se propone explicitar el carácter voluntario de las mismas, así como la prohibición de que éstas sean mecanismos para condicionar los servicios educativos.

En el caso de los Consejos escolares de participación social, implementados para promover mecanismos participativos y de integración de la comunidad escolar (padres de familia, maestros, directivos, ex alumnos y demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la escuela), se propone ensanchar sus atribuciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Para ello, se establece que estos Consejos deberán conocer el destino y la aplicación de las cooperaciones que, en su caso, realicen las asociaciones de padres de familia. Ello, con el propósito de erradicar las prácticas fraudulentas que han sido identificadas al interior de dichos entes.

En correspondencia a estas modificaciones, se propone considerar,como una nueva infracción, realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado, a cambio de la entrega de dinero, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 constitucional; en la fracción I del numeral 1 del artículo 8°, y en los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de la Comisión de Educación sometemos a consideración del Pleno de esta H. Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 6°, 65°, 67, 69, 75 y 76; Y ADICIONA LOS ARTICULO 69, 75 y 76 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 6º; 65, fracción I; 67, fracción III; 69, inciso n); 75, fracciones XV y XVI; 76, fracción III; y se adicionan el inciso o) al artículo 69, recorriéndose el subsecuente para quedar como inciso p); la fracción XVII al artículo 75; y un último párrafo al artículo 76, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.En ningún caso la inscripción, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser condicionadas a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

II.-… a VII.-…

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I.-…y II.-…

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo;

IV.-…y V.-…

Artículo 69.- …

Este Consejo:

a)…a m)…

n) Respaldará las labores cotidianas de la escuela;

o) Conocerá el destino y la aplicación de las cooperaciones a las que refiere el artículo 67,fracción III de la presente ley.

p) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I.-…a XIV-. ...

XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y

XVII. Realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado, a cambio de la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I.- …y II.-…

III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIV y XV del artículoanterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

En cualquier caso, además de las sanciones previstas en este artículo, se estará a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público educativo.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

México, D.F., a 9 de abril de 2013.

Atentamente”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Sonido en el escaño del Senador Oscar Román Rosas.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Para solicitarle al Senador Romero Hicks y a los que conforman la Comisión de Educación, si me permiten sumarme a la iniciativa presentada.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Romero Hicks, ¿acepta la inclusión del compañero Oscar Román Rosas?

Con gusto, pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente al Senador López Brito, el Senador Octavio Pedroza, la Senadora Silvia Garza, el Senador Vega Casillas e igualmente la Senadora María del Pilar Ortega. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

1 INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2010). La educación preescolar en México. Condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. México, pp. 29-41

2 Cfr.Bracho, T. (1995). Gasto privado en educación. México, 1984-1992. Revista Mexicana de Sociología, pp. 91-119;Bracho, T. & Zamudio, A. (1997). El gasto privado en educación. México, 1992. Revista Mexicana de Investigación Educativa, pp. 323-347; Schmelkes, S., González, R. & Rico, A. (1983). La participación de la comunidad en el gasto educativo. Conclusiones de 24 estudios de caso en México. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 8 (1), pp. 9-47.

3 INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2012). Panorama Educativo de México 2011. Educación Básica y Media Superior. México: Autor.

4ïbidem.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura Física y Deporte.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Dispensada la segunda lectura.

Iniciamos el proceso de discusión, y en primer término se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones y en los términos de lo dispuesto en el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Con su venia, señor Presidente. Muchas gracias, con la venia de la Presidencia, muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores.

Uno de los primeros y más importantes compromisos asumidos al inicio de la presente legislatura por los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, fue la creación de una ley reglamentaria de la reforma constitucional que reconoce el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, y que asigna al Estado mexicano la responsabilidad de garantizar su promoción, fomento y estímulo.

Con la presentación de este dictamen, respondemos a dicho compromiso y refrendamos nuestra capacidad de generar acuerdos en beneficio de un México más próspero y más sano.

No deseo hacer el día de hoy un recuento de los detalles técnicos que conforman al presente dictamen, sino aprovechar este tiempo en tribuna para responder una sencilla pregunta.

¿Qué beneficios concretos traerá la aprobación de esta nueva ley a la sociedad mexicana?

Sin duda uno de los beneficios más importantes será acercar la cultura física y la práctica del deporte a un mayor número de mexicanos, lo que nos permitirá elevar su calidad de vida y atender de manera integral y eficiente problemas como el sobrepeso y la obesidad que son el origen de graves enfermedades y que además ejercen una importante presión financiera sobre nuestro sistema de salud.

¿Cómo se logrará? A partir de esta nueva ley, la cultura física deberá de ser promovida, fomentada y estimulada en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del país, como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano.

Se promoverá la celebración de competiciones y eventos deportivos, con especial atención en la identificación y formación de talentos deportivos.

Se fomentarán las investigaciones científicas sobre la cultura física con el objetivo de mejorar el desempeño de los atletas. Se promoverá la profesionalización de directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos, se buscará que un mayor número de personas se integren al deporte de alto rendimiento.

La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias para hacer que el deporte siga siendo un bien social y un hábito de vida.

Las federaciones y asociaciones deportivas colaborarán con las autoridades en la disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que ésta provoca.
Se integra el concepto de deporte social que promoverá la igualdad de oportunidades para participar en actividades deportivas de carácter recreativo, educativo, de salud o rehabilitación.

Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios naturales deberán garantizar la preservación de nuestra diversidad biológica y la protección de los ecosistemas. Los juegos deportivos autóctonos y la charrería serán estimulados y considerados como patrimonio cultural de deportivo.

Por otra parte, la aprobación de esta nueva legislación permitirá que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y recupere la capacidad de diseñar, coordinar, evaluar y dar seguimiento permanente a las políticas públicas en materia de cultura física y deporte.

Lo cierto es que el valioso papel que desempeñan los particulares y las asociaciones civiles en la vida deportiva nacional, necesita del estímulo y la planeación estratégica que solo puede aportar el Estado.

Con esta ley se clarifican y fortalecen las funciones e instancias del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, el cual tendrá entre sus principales tareas el desarrollo de la infraestructura deportiva y el fortalecimiento de los recursos financieros y humanos relacionados.

Se elimina la duplicidad de responsabilidades y funciones y se ratifica a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como el conductor y articulador de la política nacional en materia deportiva.

La CONADE participará en la formulación de los programas deportivos de las federaciones deportivas y verificará que los estatutos y reglamentos que expidan estas federaciones y sus organismos afines, especifiquen los derechos y obligaciones de sus asociados y deportistas, así como los procedimientos disciplinarios y sanciones.

De esta forma paralela, este nuevo marco normativo establece mecanismos institucionales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos destinados al deporte y la eliminación de prácticas caducas o autoritarias dentro de las asociaciones deportivas nacionales.

Cabe preguntarse, ¿en qué ha beneficiado al deporte mexicano la entrega de recursos públicos a asociaciones civiles de carácter deportivo, que no rinden cuentas detalladas a los mismos? ¿Acaso la perpetuación de algunas personas al frente de responsabilidades directivas en el ámbito deportivo contribuye a garantizar la defensa del interés general en la materia?

Si piensan al igual que nosotros, que no, entonces estarán de acuerdo en el presente dictamen, de lograr la aprobación de ustedes, señoras y señores legisladores, los estatutos de las federaciones deportivas nacionales deberán contemplar órganos de administración y auditoría, normas sobre administración patrimonial y establecimiento de cuotas, así como procedimientos claros para la adopción de acuerdos.

Se establecen mecanismos para la correcta fiscalización de los recursos públicos, así como para garantizar un mejor aprovechamiento de los mismos a través de una política de evaluación de resultados.

Cualquier organismo público o privado relacionado con el deporte, que reciba recursos del erario, deberá presentar a la CONADE un informe semestral sobre la aplicación de los mismos; a través de un Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, se vigilará que los procesos electorales para conformar los órganos de gobierno de las asociaciones deportivas nacionales y organismos afines, se realicen con apego a las disposiciones estatutarias vigentes y en apego a los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad.
Ahora bien, ¿cómo lograr una efectiva planeación en materia deportiva si desconocemos cuantos deportistas existen en cada disciplina y dónde se encuentran? La Ley General de Cultura Física y Deporte vigente prevé la existencia de un Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, el RENADE, pero éste no ha dado los frutos esperados.

En esta nueva ley se establecen mecanismos para garantizar el funcionamiento efectivo del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, los estados, el Distrito Federal y los municipios deberán actualizar sus registros deportivos en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte.

En otro orden de ideas, nadie puede perder de vista las enormes aportaciones de nuestros deportistas paralímpicos, quienes han brindado grandes triunfos y satisfacciones a México, gracias a su alto desempeño en diversas justas y competencias internacionales.

Hace apenas algunos meses este Senado de la República entregó reconocimientos a los atletas paralímpicos de Londres 2012. Con su voto a favor del presente dictamen, por primera vez se reconocerá en la ley al Comité Paralímpico Mexicano, se reconocerá al deporte paralímpico como una actividad pública con el objetivo de fomentarlo y fortalecerlo. El Senado y los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte cumplirán con su compromiso de generar las oportunidades que permitan no sólo a estos deportistas, sino a todas las personas con discapacidad, tener una mejor calidad de vida.

Otro tema fundamental que aborda esta nueva ley, es el relativo a la violencia, sin duda los hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas en diversos espectáculos, preocupan y ocupan a los legisladores, al gobierno en su conjunto, incluso a las federaciones.

A partir de la presente ley, se fortalece la prevención de la violencia para todo evento público; se amplía la definición de actos violentos, lo que permitirá una coordinación y planeación estratégica para atender el fenómeno de manera integral.

Se pone especial énfasis de atención en la prevención y erradicación de estos actos, por ello se crea la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, que será la responsable de articular y potenciar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para prevenir y erradicar la violencia.

De forma paralela a lo anterior, es importante señalar que el espíritu que lleva la presente ley, es hacer del deporte una sociedad para tener un México en paz; fenómenos como el crimen organizado y la desigualdad han quebrantado el tejido social, expandir la práctica del deporte se traducirá en recuperación de los espacios públicos, mejores condiciones de salud, reducción de la violencia, promoción del ánimo de equipo y mentalidad triunfadora. El deporte será entonces el generador del capital social que requiere nuestro país para su desarrollo.

Se fortalece la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, se amplía su margen de acción hacia todas las personas físicas o morales inscritas en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; se fortalecen los mecanismos de justicia alternativa en materia deportiva donde podrá fungir como conciliador en el recurso de apelación e intervenir como panel de arbitraje y se establecen nuevas disposiciones para prevenir el uso de sustancias prohibidas y velar por la aplicación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el deporte y otros ordenamientos aplicables.

Compañeras y compañeros Senadores, hoy tenemos la última palabra, frente a nosotros está la posibilidad de impulsar un cambio cualitativo en el deporte de nuestro país en beneficio de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, en general, de todos aquellos mexicanos que compartimos un sentimiento común, que es el amor por México

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Carlos Alberto Puente Salas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Avila Ruiz, para hablar a favor del proyecto.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores, tengan muy buenas tardes, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a manifestar nuestra posición a favor de este dictamen.

Durante las últimas décadas, los hábitos de vida de millones de mexicanos se han alterado drásticamente por múltiples razones, muchos de ellos han sido a causa de la disminución de la actividad física y deportiva y del aumento del sedentarismo, tales como los periodos prolongados que pasan en el empleo, los cambios en los medios de transporte, la creciente urbanización y la escasez de espacios deportivos, así como la influencia de las tecnologías de la información que mantienen en un estado de inactividad a millones de personas, principalmente a niños y a jóvenes.

A este problema se suman, por otra parte, los hábitos alimenticios, los cuales han presentado una tendencia al aumento de alimentos ricos en grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Estas han sido las principales causas que ubican a México entre los principales países en el mundo con el mayor número de personas obesas, sin duda alguna, no es menor el problema.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nuestro país se ubica en la segunda posición tan sólo por debajo de Estados Unidos en cuanto al porcentaje de su población con sobrepeso u obesidad con 44 millones de personas. Es preocupante que dos de cada tres mexicanos sufran de sobrepeso u obesidad, que el 40% de la población infantil presente problemas de sobrepeso y obesidad, y que cada vez haya más personas con diabetes y otras enfermedades cardiovasculares que alteran su calidad de vida y ponen en riesgo su vida misma.

Hasta ahora, el deporte nacional organizado ha sido insuficiente para contribuir a revertir estos padecimientos debido en gran parte al estancamiento que ha tenido causado por la dinámica del deporte nacional y mundial, y por las omisiones y rezagos que presenta la ley de deporte vigente.

En Acción Nacional estamos convencidos de que la cultura física y la práctica deportiva, además de significar un ejercicio físico, un juego o una competencia, constituyen un papel preponderante para prevenir y comenzar a contrarrestar todos estos problemas de salud pública que atentan contra la sociedad. La cultura física y la práctica deportiva, por poner algunos ejemplos, ayudan a prevenir y a controlar la diabetes y la hipertensión arterial, constituyen una de las acciones más importantes de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares e incrementan la capacidad respiratoria y la fortaleza de las estructuras óseas y musculares.

Pero más aún, la cultura física y el deporte representan un instrumento eficiente y eficaz de organización y cohesión social al desempeñar una clara función integradora y socializadora, le permiten a las personas desarrollar y preservar aptitudes físicas, intelectuales, morales y conductas decorosas que contribuyen a mejorar su calidad de vida, además de ser uno de los medios idóneos para prevenir e inhibir la comisión de delitos.

Por todo lo anterior, en 2010 en este Poder Legislativo reformamos la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho de las personas a la cultura física y el deporte. El día de hoy, los Senadores que integramos las Comisiones de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, estamos poniendo a consideración de la Asamblea un proyecto de ley reglamentaria que tiene como finalidad garantizar, impulsar y fomentar el acceso a los mexicanos a la cultura física y la práctica deportiva.

El proyecto de Ley General de Cultura Física y Deporte que vamos a votar en un momento más, se coloca a la vanguardia para responder a las nuevas realidades sociales. Quiero destacar alguna de sus virtudes.

Primero.- Se reestructura la organización nacional del deporte nacional y se fortalecen las instituciones públicas y privadas con el propósito de ofrecer el dinamismo que demanda la comunidad deportiva y la sociedad en general.
Segundo.- Los objetivos de las instituciones y organismos deportivos serán: acercar la cultura física y el deporte a todos los mexicanos, tanto de aquellos que hacen de la cultura física y del deporte un estilo de vida, como de aquellos que lo practican ocasionalmente para mejorar su salud, para su esparcimiento o sencillamente para su recreación, así como a las personas que aún no conocen los beneficios de estas disciplinas.

Tercero.- Con el propósito de contar con una verdadera coordinación que se refleje en mayores resultados sociales y en el incremento deportivo, se establecen las obligaciones y atribuciones para las autoridades deportivas, así como las bases para la coordinación y distribución de competencias entre autoridades federales, estatales y municipales, igual que la participación de los sectores social y privado.

Cuarto.- Se vincula al Poder Legislativo Federal con el propósito nacional de cultura física y deporte, para que los legisladores conozcamos de cerca el desarrollo de la cultura física y el deporte nacional y tengamos los elementos necesarios para evaluar los resultados, proponer y realizar las mejoras pertinentes.

Quinto.- Se enriquecen los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para conocer en qué y cómo se están gastando los recursos públicos que se invierten en la materia, de este modo, además, se recobrará la credibilidad de nuestras instituciones y organismos deportivos.

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional reafirmamos nuestro compromiso social con los mexicanos para seguir legislando y aprobando las leyes que mejoren su calidad de vida, por eso votaremos a favor de este dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Daniel Avila Ruiz.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza.

- La C. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente, y compañeros de la Mesa Directiva; Senadoras y Senadores:

La Comisión de Juventud y Deporte, en trabajo conjunto con la Comisión de Estudios Legislativos, presenta ante este Pleno, de la soberanía del pacto federal, el dictamen a nuestra iniciativa de una nueva Ley de Cultura Física y Deporte, la cual de ser aprobada por ustedes no sólo modernizará el marco normativo de un ámbito tan importante para el desarrollo integral de México, sino que modificará las relaciones de quienes dirigen el deporte organizado de nuestro país, simplificará las estructuras, hará más sencilla la asignación, entrega, operación y fiscalización de los recursos, fortalecerá la verificación de su productividad social y facilitará el acceso masivo al deporte, la recreación física y el ejercicio.

El dictamen contiene previsiones y conceptos novedosos, incorpora la visión de la UNESCO y de las recomendaciones de la Convención Iberoamericana del Deporte. Los legisladores hemos sido muy rigurosos en la visión y elaboración de este dictamen, pues conscientes de que hasta hoy ninguna ley de deporte ha aportado los beneficios tangibles a la sociedad, fuimos cuidadosos en su redacción, dado que si bien existe la certeza de que la ley vigente ya no refleja nuestra realidad por obsoleta, no quisimos proponer algo disfuncional e inalcanzable.

También debe asumirse que los beneficios reales para el deporte mexicano no han provenido de las leyes, sino de los programas sólidos, como la Olimpiada Nacional, la cual tiene sus orígenes en los exitosos Juegos Nacionales Juveniles e Infantiles, ahora con mucho más deportes y categorías de competencia que diversificó la práctica, fortalece a las entidades federativas y cambió para siempre la visión y resultados, inclusive en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

Igual impacto, aunque lamentablemente con menos difusión, ha tenido la Universiada Nacional que también cada año conjunta y evalúa los programas deportivos de las instituciones de educación superior. Las ediciones 2013 desde ambos programas se efectuará en estos días, la Olimpiada Nacional que será su sede en Baja California y su subsede será en Aguascalientes, Jalisco y Querétaro, será del 25 de abril al 2 de junio, y participarán 5 millones en todo el proceso.
La Universiada Nacional, que será su sede en Sinaloa, del 22 de abril al 6 de mayo, participando cerca de 900 mil estudiantes en todas sus etapas.

Sí, es verdad que una mejora sustantiva provino del Congreso, dado que los grandes incrementos al presupuesto federal para el deporte, de más de 7 mil millones de pesos, contra los 750 de 2006, provinieron de una legislatura comprometida y visionaria que rompió también para siempre el estancamiento en este rubro.

Esa misma legislatura creó el fondo para infraestructura municipal que ha posibilitado la construcción, ampliación, rehabilitación y actualización de cientos de instalaciones populares, justo donde más falta hacen.

Por cierto, su servidora y varios de los presentes, tuvimos el orgullo de formar parte de esa diputación, entre ellos el Senador Emilio Gamboa, quien supo conjuntar las diferentes visiones que había en esa legislatura tan plural y ayudarnos a llegar a acuerdos tan trascendentes como los que menciono.

Compañeras y compañeros:

En congruencia, esta ley que esperamos sea aprobada en este día, plantea serle útil, sobre todo a las familias, que son las que hacen posible que los niños ejerciten, que los mayores jueguen con ellos, que son las que asumen esfuerzos y gastos, para que incluso tengamos deportistas de alto nivel.

Asimismo, como todos conocemos, el impacto positivo que el deporte tiene en la salud, con las disposiciones de esta nueva ley, aportamos mejores bases para atacar efectivamente el gran reto que representa el problema de la obesidad infantil, lo cual el gobierno federal atenderá como prioridad, como ya lo anunció nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, reto social que desde esta Cámara estamos apoyando en diversos frentes en beneficio de nuestra población.

También tenemos identificadas las aportaciones potenciales de la cultura física, la integración familiar, la reducción de accidentes, la prevención del delito, el incremento del rendimiento escolar y el aumento en la productividad laboral, lo cual también está previsto con disposiciones en este dictamen.

Aunque debemos de reconocer que la mejora del deporte mexicano, y sobre todo la ampliación y profundidad en beneficios sociales, no sólo saldrá únicamente de lo que aquí aprobemos, pues su aplicación ya no compete a los legisladores y ni siquiera al deportista común, sino a quienes dirigen el deporte en todos los niveles y ámbitos, tanto gubernamentales como de los sectores social y privado.

Quiero resaltar que me llena de alegría que al fin estará en la ley el Comité Paralímpico Mexicano, que integra las federaciones del deporte adaptado y representa a nuestro país en las competencias de nuestros queridísimos y muy triunfadores deportistas con discapacidad.

En consecuencia, como Secretaria de la Comisión y Deporte, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicito a ustedes su voto favorable a este dictamen que renueva la ley de la materia, pues a partir de ella, quienes conducen el deporte, tendrán mejores elementos para acercar a las mayorías el derecho constitucional a la cultura física y el deporte, y con ello mejorar de manera sustantiva la calidad de vida de la población, con la esperanza adicional de que sepan entender el claro mensaje que emite el Pacto por México, diagnósticos claros, debate, suma de ideas y análisis conjunto de acuerdos en beneficios del país.

¡Por un México seguro!

¡Por un México sano!

¡Por un México de campeones!

Muchas gracias, y solicito su voto a favor.

(Aplausos)
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Salvador Vega Casillas, para hablar en pro del dictamen.

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, he pedido la palabra para apoyar el dictamen.

Me parece que es una iniciativa que verdaderamente tendrá trascendencia en la salud de los mexicanos, y especialmente con los problemas que se tienen de obesidad, de falta de movilidad de los propios mexicanos, de ejercicio.

Sin embargo, y quiero que me permitan usar también la palabra para otro tema, para condenar el cobarde asesinato de Virgilio Camacho Zepeda, el día de hoy, en Lázaro Cárdenas, un ingeniero que se desempeñaba como Director de Desarrollo Institucional de la Empresa Arcelor Mittal.

Fue candidato del PAN en el 2003 a Diputado Federal.

Un destacado profesionista, respetado en la comunidad, participante en muchos consejos; hombre de familia, hombre de respeto, y le exijo al gobierno del estado de Michoacán y al gobierno federal que pongan fin ya a los asesinatos impunes…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Señor Senador, le pido que se centre nada más en el tema.

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: …que sucede en el estado de Michoacán, en el abandonado estado de Michoacán.

Perdón por haber aprovechado este tema, pero no podía dejar de hablar de él. Y asimismo exijo que esclarezcan este cobarde asesinato.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salvador Vega Casillas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar en pro del dictamen.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, derivado de la reforma constitucional que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la cultura y al deporte, y unida precisamente a la creciente necesidad de contar con una planeación estratégica en todos los niveles de gobierno que permita el fomento de la actividad física y deportiva entre los diversos grupos sociales de la población, nació al interior de diversos Senadores la inquietud de consolidar esta nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

Las bases legales de una actividad tan prioritaria, como aquí se ha comentado, para la población mexicana, y en especial para la niñez y la juventud de nuestro país.

Por ello, es que hoy es un día muy importante para todos aquellos sectores de la población involucrados en el ámbito deportivo.
El dictamen que hoy se somete a votación es un gran paso que nos permitirá consolidar el reconocimiento del derecho al deporte y su regulación.

Todos, quiero subrayarlo, todos concebimos al deporte como un bien común de indudable trascendencia y disfrute para los ciudadanos de la sociedad actual.

Y es evidente de la importancia de la práctica deportiva en el desarrollo integral de las personas, ya sea para el mantenimiento de su salud, como para el esparcimiento, o simplemente como una expresión de la mejora en su calidad de vida.

Por ello, y a eso he venido a esta alta tribuna, quienes conformamos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, creemos que para la presente administración debe ser prioritario establecer un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y del deporte, que promueva a la población el acceso masivo a la práctica sistemática de actividades físicas, recreativas y deportivas y a su población organizada en ellas.

Hay que aceptar y decirlo, que desgraciadamente en México no se ha establecido un modelo en el que el deporte sea parte fundamental de una cultura nacional; un modelo que incluya, fomente y difunda en todos los sectores e instituciones públicas y privadas la cultura física y el deporte.

También hay que decir que hoy en día el deporte se ha generalizado, además de ser un auténtico fenómeno recreativo y de espectáculo de masas, como un eficaz instrumento de solidaridad, convivencia y sociabilidad, sin olvidar su creciente importancia económica.

El deporte, sus reglas y principios son un componente esencial de nuestra cultura contemporánea. De ahí que se exija a todos los poderes públicos que adopten una favorable aptitud ante el fenómeno deportivo como consecuencia de las exigencias planteadas en todo el estado de derecho.

Buscamos, quienes también participamos desde la Comisión de Estudios Legislativos, que esta nueva ley sea capaz de garantizar el derecho que tiene la sociedad desde la simple práctica de cualquier actividad deportiva, hasta el beneficio de los deportistas de alto rendimiento.

En el cuerpo de la presente ley, se promueve también coordinación con las federaciones deportivas y los organismos públicos y privados para el logro de mejores resultados en las competencias deportivas nacionales e internacionales, misma que debe permitirnos, que debe coadyuvar en la detección de talentos deportivos en edades tempranas para desarrollar habilidades y lograr conformar un grupo de alto rendimiento que logre resultados sobresalientes y que no sólo exista el más mínimo de los pretextos de la falta de apoyo, que así se conviertan en los ídolos de los niños y los jóvenes en el futuro, para que con su ejemplo se fomente la actividad física y se consiga levantar el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios de nuestro país.

Señor Presidente, revisamos muy bien, la Comisión de Estudios Legislativos, la técnica, precisamente, que debe cubrir toda norma jurídica, y yo también vengo a nombre de mi grupo parlamentario a solicitar el voto de todas y todos los Senadores presentes, para que se apruebe esta iniciativa.

Muchísimas gracias, señor Presidente

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Señor Presidente.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, sonido en el escaño de la Senadora Gabriela Guevara.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente. Para hacer una postura en lo general, también, por favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Queda registrada su reserva.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) No, antes de pasar a la reserva, ¿puedo pasar a tribuna?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hoy me invade un sentimiento encontrado, al poner esta ley a votación. Por supuesto me da gusto, porque es un tema relacionado con el deporte y que reiteradamente se ha tocado aquí en esta Cámara.

He escuchado con gran atención la postura de cada uno de quienes me han antecedido y diferentes visiones que se tiene en torno al deporte en nuestro país.

Déjenme aclararles una situación que tiene en este encono al deporte. Hoy vemos esta ley, hablan aquí de Olimpiada Juvenil, hablan aquí de promoción, hablan aquí de infraestructura, hablan aquí de organización; y esto lo hemos venido escuchando históricamente alrededor del deporte, y no ha pasado absolutamente nada.

Yo nací en la Olimpiada Juvenil como atleta, ahí empecé mi carrera como atleta, y déjenme decirles que alrededor de esta ley, lo importante sería trazar, primeramente, el plan del deporte nacional.

No se está poniendo en la ley cuál es el plan del deporte nacional, ni tampoco, hoy el presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, hasta el día de hoy, después de cuatro meses de haber entrado el reciente gobierno federal, ha mostrado cuál es el plan nacional del deporte.

Por lo tanto, hoy vamos a votar esta ley a ciegas, porque no sabemos hacia dónde vamos siquiera.

La Olimpiada Nacional le ha costado millones de pesos a este país y no hemos tenido grandes resultados de los que se esperaban.

Las federaciones han sido el dolor de cabeza del deporte en nuestro país.

16 de enero de 2008, fue el motivo por el cual decidí retirarme del deporte. Esa falta de atención de una federación, esa falta de organización de una federación y la corrupción interna que existe en el sistema deportivo nacional. Y se tiene que decir así, a lo ancho de las letras: corrupción, que es la misma que nos ha llevado a estar en la posición en la que el país prevalece actualmente.

La ley, en la letra se oye muy bien, pero en la práctica no sucede.

Las federaciones se han vuelto la caja chica de muchos y la manera de vivir también. Quiero nada más acotar diciéndoles que dentro de las adecuaciones que le hicieron a la ley, están en desaparecer la Confederación Deportiva Mexicana, que es quien rige y ordena a las federaciones.
Decirles que, al hacerlo, no solamente nuestro sistema es regido por asociaciones estatales y federaciones nacionales, sino el mundo, el deporte mundial está regido por federaciones.

Y estas federaciones se les prohíbe la intervención de los gobiernos en sus asuntos internos. Y hoy, en esta ley, al quitarle ese orden y esa confederación que las rige, pues estamos dejando una ley media chueca, porque no está muy claro, repito, y menos claro está, al no saber cuál es el plan del deporte en nuestro país.

La ley en cuestión, que pretende eliminar a la Confederación Deportiva Mexicana, que es un órgano independiente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y que pretende regular las federaciones, estaríamos incurriendo en una gran falta y que lo único que lograríamos en la inmediatez, es que las federaciones deportivas empiecen a ampararse.

Y es lo consecuente, lograríamos una descomposición del deporte nacional.

Repito, no es solamente el sistema. Debemos empezar por lo más débil, y no necesariamente es de la ley, lo más débil hoy en nuestro país, en torno a la salud, en torno a juventud, infancia, actividad física y toda la degradación de salud que tiene hoy actualmente el país, empieza desde los municipios.

Y yo propondría que se planteara desde ahí, una visión desde el origen, desde donde nacemos todas y todos quienes hemos hecho deporte en este país.

El hilo más delgado del sistema deportivo son los municipios; son lo que no reciben presupuesto y se quiere satisfacer desde la Cámara de Diputados un incremento del presupuesto del deporte, que fue hace varios años de más de 7 mil millones de pesos, cuando no hay plan; y lo único que estamos haciendo es más elefantes blancos y más elefantes blancos y no hay plan.

Como lo dije hace unos meses en el Puerto de Veracruz, y lo decía, el deporte de nuestro país es un gran titanic, y tiene esa visión y tiene sus alcances de un gran titanic.

Pero lamentablemente no tenemos ni plan ni rumbo; y no hay capitán hoy que sepa zarpar en ese titanic, y saber en qué destino y hacia dónde vamos.

No hay ningún plan, y lo único que sirve el titanic, es para seguirse tomando fotos y para subir a conocerle y no más.

La ley que hoy ponemos a votación incurre en que vamos a vulnerar a los que trabajan, se esfuerzan, se dedican y entregan su vida para representar a su ciudad, a su familia, al estado y a la nación, que son los deportistas.

Y es ahí donde deberíamos de poner mayor énfasis y no solamente la rimbombancia de cambiar artículos y desaparecer una confederación de más de 80 años de historia.

Con esto no estoy diciendo que estoy a favor de uno o de otro, sino que focalicemos verdaderamente a dónde queremos llevar el deporte de la nación.

Y hablo de deporte en toda su gama, no solamente selecciones nacionales y estatales, sino el costo que conlleva y hacia dónde queremos llegar.

Les pido su razonamiento, y de la misma forma le solicito al presidente de la comisión, de que convoque a las federaciones y que convoque a los conocedores del tema, y no solamente dictaminar a grosso modo y que se tome una decisión tan a la ligera, cuando lo que se nos puede venir es un grave problema en torno al sistema deportivo nacional.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Pregunto si hay registro de oradores para reservar algún artículo. No habiendo ningún registro de reservas en lo particular, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Aplausos)

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo sobre sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA;
Y DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el proyecto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

h. asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Oficio No. DGPL-2P1A.-438 al que se anexa la proposición con punto de Acuerdo, por elque se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informar sobre las acciones y medidas a implementar en el Reserva de la Biósfera “El Triunfo” tras los incendios que ha sufrido, presentado por los Senadores por Chiapas Zoé Robledo Aburto y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente.

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación del presente Dictamen.

En el apartado de “Contenido” se señala el objeto que le da razón de ser a la proposición con punto de Acuerdo.

En el apartado deComisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el punto de Acuerdo propuesto.

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 12 de febrero de 2013, los Senadores por Chiapas Zoé Robledo Aburto y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México respectivamente, sometieron a consideración del Pleno la proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a la Comisión Nacional Forestal; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informar sobre las acciones y medidas a implementar en la Reserva de la Biósfera “El Triunfo” tras los incendios que ha sufrido.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Senado de la República turnó dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente, y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión mediante Oficio No. DGPL-2P1A.-438, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente:

CONTENIDO

El presente dictamen tiene por objeto atender la proposición con punto de Acuerdo en donde se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a la Comisión Nacional Forestal; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informar sobre las acciones y medidas a implementar en la Reserva de la Biósfera “El Triunfo” tras los incendios que ha sufrido.

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su análisis, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) enmarca en su Artículo 3º, Fracción II, el concepto de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) como zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen provisto en dicha norma. En el mismo sentido, considera en su Artículo 46 como ANPs a las Reservas de la Biósfera, los Parques Nacionales, los Monumentos Naturales, las Áreas de Protección de Recursos Naturales, las Áreas de Protección de Flora y Fauna, los Santuarios, los Parques y Reservas Estatales, las Zonas de Conservación Ecológica Municipales y las Áreas destinadas voluntariamente a la Conservación.

El concepto de Reserva de la Biósfera, desarrollado en el seno del marco del Programa MAB (“Man and Biosphere Reserve”, “Programa sobre el Hombre y la Biósfera” en español) de la UNESCO, ha dado lugar desde 1976, a la designación de Reservas de Biósfera, que actualmente suman 610 lugares en 117 países, 41 de las cuales se encuentran en nuestro país, dedicadas a abordar y desarrollar iniciativas orientadas a lograr y mantener un equilibrio entre la conservación de la naturaleza y su biodiversidad y el desarrollo socioeconómico de los distintos territorios y poblaciones.

Los esfuerzos internacionales a los que México se ha adherido para lograr la preservación de su riqueza biológica y el desarrollo socioeconómico de su población a través del uso sustentable de aquélla, se amplifican mediante la ratificación de nuestro país al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 1993, el cual tiene como objetivos la conservación de la diversidad biológica, el uso sustentable de sus componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

México, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) signatario de la Declaración de Madrid1 en 2008 y activo partícipe del CBD, ha concertado los esfuerzos internacionales por conciliar la conservación de sus valiosos espacios naturales con las dinámicas de desarrollo social y económico de los núcleos de población que habitan en ellos, a través de la LGEEPA que enmarca el concepto de ANPs y establece las Reservas de la Biósfera como una de ellas. Actualmente, nuestro país cuenta con 176 ANPs que cubren 25,387,972 hectáreas, es decir, el equivalente a casi el 13% de la superficie total del país, de las cuales 41 son Reservas de la Biósfera, extendiéndose en tan sólo el 6.4% de la superficie de la nación2.

La Reserva de la Biosfera El Triunfo, establecida mediante Decreto Presidencial3, es considerada el bosque de niebla más biodiverso del país, alberga la más amplia diversidad de especies de árboles de América del Norte y Centroamérica y es uno de los sitios más importantes para la migración de aves. La Reserva se localiza en la porción central de la Sierra Madre de Chiapas, entre los 15°09’10” y 15°57’02”, latitud norte y 92°34’04” y 93°12’42”, longitud oeste. Cuenta con una superficie total de 119,177.00 has y abarca siete municipios del Estado de Chiapas: Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, la Concordia, Mapastepec, Pijijiapan, Siltepec y Villa Corzo4.

En 1993 le fue otorgada la distinción internacional “Man and Biosphere Reserve” por la UNESCO, programa que se centra en ecosistemas específicos tales como montañas, tierras áridas, bosques tropicales, sistemas urbanos, zonas húmedas y ecosistemas marinos, insulares y costeros, para promover la colaboración interdisciplinaria e intersectorial, la investigación y la creación de capacidades. De este modo, fomenta enfoques innovadores para alcanzar un desarrollo económico adecuado socioculturalmente y sostenible desde el punto de vista ambiental.

La Reserva alberga gran riqueza florística, pues cuenta con 10 tipos representativos de vegetación: matorral perennifolio de neblina, bosque lluvioso de montaña y bosque perennifolio de neblina, bosque lluvioso de montaña baja, bosque estacional perennifolio, bosque de pino-encino-liquidámbar, bosque de pino-encino, bosque de galería o ripario, selva baja caducifolia y comunidades secundarias arbóreas y arbustivas. Aunque el conocimiento de la flora de la Reserva es aún bastante incompleto, se han reportado 791 especies de plantas, de 476 géneros y 122 familias, entre las que destacan Gaultheria acuminata, Ugni myricoides, Vaccinium matudae, Sphyrospermum majus, Chusquea sp., Quercus spp. Ocotea sp., Dendropanax populifolius, Perrottetia longistylis, Ocotea chiapensis, Morus sp., Trophis cuspidata, Symplocos hartwegii, Symplocarpon flavifolium, Drimys granadensis var., mexicana, Persea liebmannii, Phoebe siltepecana, Guarea glabra, Ardisia neomirandae, Myrsine juergensenii, Gentlea tacanensis, Erythroxylon tabascence, Turpinia paniculada y Chamaedorea spp, además se han descrito ampliamente las relaciones florísticas de la Sierra Madre, y se conoce que es nicho ecológico de los árboles de Ulmus mexicana, los más altos de México, con alturas máximas de hasta 70 m.

La diversidad florística en la Reserva se debe a la presencia de elementos de la flora mexicana sudoriental, característicos del norte de Chiapas y el sur de Veracruz; especies de la flora occidental mexicana, y componentes de las montañas del centro y sur de México, aunados a elementos endémicos de la región y más ampliamente de Centroamérica.En un estudio comparativo sobre la diversidad de árboles en los bosques de niebla de Norte y Centroamérica y los de Colombia, se señala que El Triunfo es el que contiene mayor diversidad en Centro y Norteamérica5.

En cuanto a diversidad faunística de la Reserva, de acuerdo con datos de publicaciones, colecciones científicas y catálogos, existen 548 especies de vertebrados terrestres, lo cual representa el 45% de los reportados para Chiapas y el 22% de los de México; se han registrado 22 especies de anfibios, las cuales constituyen el 23% de las registradas para Chiapas y el 7.5% de las del país y se conocen 63 especies de reptiles, número equivalente a un 32% de las conocidas para Chiapas y el 9% de las del país. De los mamíferos, se han registrado 112 especies, lo cual corresponden al 56% de las de Chiapas y 23% de las de México. La Reserva de la Biósfera El Triunfo ocupa el segundo lugar en riqueza de especies de mamíferos en Areas Naturales Protegidas del país, después de la Reserva de la Biosfera Montes Azules.

En cuanto a ornitofauna, las aves forman el grupo más diverso y más estudiado de los vertebrados de la Reserva, con 390 especies, correspondiente al 56% de las especies registradas para Chiapas y al 37% de la del país. La Sierra Madre es paso obligado para las aves migratorias que se desplazan entre el Valle Central y la Costa del Pacífico.

Además, la Reserva alberga a 13 especies de vertebrados endémicos de México, 7 endémicas de Chiapas y 3 endémicas de la Sierra Madre. De las especies que habitan El Triunfo, 135 se encuentran bajo algún régimen de protección. Resalta en la Reserva la presencia de especies muy importantes desde diversos puntos de vista, como lo son el quetzal (Pharomachrus mocinno), el pavón (Oreophasis derbianus), la tángara de alas azules (Tangara cabanisi), el pajuil (Penelopina nigra), el zopilote rey (Sarcoramphus papa), el mono araña (Ateles geoffroyi), el tapir (Tapirus bairdii) y 5 especies de felinos, incluido el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor). Entre las especies endémicas para Chiapas, resaltan la salamandra del Cerro Ovando (Dendrotriton xolocalcae) y el chupahuevo (Campylorhynchus chiapensis).

Aunado al valor ecológico de las especies de flora y fauna que habitan en la Reserva, las características fisiográficas y biológicas de la región ofrecen servicios ambientales con impactos económicos y sociales de gran relevancia para la población local y nacional, entre los que destacan su función hidrológica para la producción de energía eléctrica a nivel nacional.La Reserva El Triunfo está enclavada en el parteaguas de la Sierra Madre de Chiapas, donde se encuentran las fronteras de dos de las tres regiones hidrográficas del Estado: la del Grijalva-Usumacinta (en la vertiente de la Depresión Central) y la de la Costa (en la vertiente del Pacífico). La región Grijalva-Usumacinta, una de las más importantes del país, tiene influencia en el complejo hidrológico de la Sierra Madre. A lo largo del cauce del río Grijalva se han construido 4 centrales hidroeléctricas (Belisario Domínguez, Manuel Moreno Torres, Netzahualcóyotl y Angel Albino Corzo). Juntas generan el 14.5% de la energía eléctrica nacional y aportan el 35.8% de la generada por este medio.

Debido a las altas precipitaciones alcanzadas en la Reserva, numerosos arroyos y ríos descienden a cotas altitudinales más bajas. Aunado a ello, las características fisiográficas de la Reserva hacen converger diversos tipos de climas, los cuales también tienen un impacto relevante en la economía del Estado de Chiapas, pues sus tres regiones productivas más importantes dependen del agua captada y aquella que provee, en general, la Sierra Madre de Chiapas6. La economía de las regiones Soconusco, Frailesca e Istmo-Costa está sustentada en el agua que fluye de las partes altas y medias de la Sierra Madre y la Reserva.

Los servicios ambientales derivados de las condiciones naturales de la Reserva consistentes en la regulación de los factores climáticos, captación y retención de aguas pluviales y escorrentías, enriquecimiento de suelos, generación de energía eléctrica y hábitat para un diverso banco genético faunístico y florístico benefician social y económicamente a la población de la Reserva estimada de 9,946 habitantes de los cuales casi el 5% corresponde a población indígena.

Chiapas es la Entidad Federativa con mayor porcentaje de pobreza del país, 78.4% en 20107. Los siete Municipios de la Reserva no escapan de esta problemática social y de acuerdo con el CONEVAL8, en promedio el 85% de su población vive en condiciones de pobreza. Los habitantes de la Reserva son mayoritariamente jóvenes, registran altas tasas de crecimiento y debido a que se dedican principalmente a las actividades primarias, los impactos socioeconómicos de los servicios ambientales radican principalmente en la aportación de agua para la irrigación de cultivos y actividades ganaderas, en un escenario de producción de pequeña a mediana escala para el autoconsumo y abastecimiento de mercados locales.

La agricultura es la principal actividad económica de la zona, siendo el frijol y el maíz cultivos de autoconsumo. El café es el cultivo más importante, tanto por superficie ocupada como por su destino comercial. Aunado a ello, en la mayor parte de la Reserva, la ganadería para producción de leche y carne se practica en baja escala y de manera extensiva, lo cual implica relativamente poca inversión en mano de obra e insumos. El crecimiento natural de los hatos provoca que esta actividad se expanda, incluso hacia terrenos de mayores pendientes y áreas de vegetación arbórea. La ganadería ovina se practica en algunos ejidos, es extensiva, de pequeña escala y únicamente para autoconsumo y comercio al interior de la comunidad. En gran parte de las unidades productivas de la Reserva, con excepción de las fincas cafetaleras, se da la producción pecuaria de traspatio destinada al autoconsumo o al comercio interno.

Todas estas actividades agropecuarias de subsistencia, principales fuentes de abasto de alimento y sustento económico para los pobladores de la Reserva, dependen del potencial de captación y condiciones naturales para la disponibilidad de agua y fertilidad del suelo en la región derivados de sus condiciones biológicas y fisiográficas, por lo que la alteración a esta dinámica ecológica tendría afectaciones negativas directas al desarrollo socioeconómico de la Reserva. Algunas de las reportadas amenazas a la integridad ecológica de El Triunfo son la tala clandestina, cacería ilegal, explotación no planificada de recursos forestales (maderables y no maderables), sobreexplotación de especies, expansión de frontera agrícola, especies invasoras y plagas, ganadería extensiva e incendios forestales9.

Los incendios forestales promueven directamente el cambio del uso de suelo en los ecosistemas terrestres de México. De acuerdo con las cifras oficiales de la SEMARNAT y de la CONAFOR, durante el período de 1970 a 2007 ocurrieron en promedio 6,790 incendios anuales con una afectación de alrededor de 220,986 ha por año en todo el territorio nacional. Dadas las características propias del fenómeno, el impacto de los incendios no es igual en todos los estados de la vegetación, pues afecta en mayor proporción áreas de matorral y vegetación arbustiva que a las arboladas; las selvas altas y medianas son las que están sufriendo más de lo esperado por este tipo de perturbación, con probables efectos negativos10.

En las últimas dos décadas se ha observado en México la presencia creciente de grandes incendios en áreas protegidas en donde están contenidos ecosistemas sensibles al fuego. Es necesario enfatizar que estos incendios, además de dañar grandes extensiones de áreas naturales, alteran el régimen de fuego11. Los datos indican que en bosques tropicales del sureste mexicano y el Golfo de México se han acortado los intervalos de tiempo entre los picos de grandes incendios. Las causas principales reportadas son las prácticas agrícolas (58%) y la limpia de carreteras (42%). Sobre efectos en los ecosistemas, el más referido es la modificación en la cubierta vegetal (estructura y composición), cambios en el uso de hábitat y la alteración de poblaciones de fauna silvestre12.

Cuando el régimen del fuego se ve alterado por acciones humanas, es decir, existe más o menos fuego en zonas o tiempos equivocados, los cambios son repentinos y se provoca la transformación del paisaje, la alteración de ecosistemas y su biodiversidad, la modificación de la estructura del suelo y cambios en el patrón hidrológico. Estas consecuencias se acentúan cuando los incendios ocurren en un ANP, ya que los territorios comprendidos contienen reservorios de especies y ecosistemas que ya no se encuentran representados en otros sitios y que además salvaguardan bienes y servicios ecosistémicos indispensables para el desarrollo de comunidades y ciudades13.

En lo que va del 2013, se han registrado 1,358 incendios forestales en 28 Estados de la República Mexicana, afectando una superficie de 12,708.85 has, siendo Chiapas una de las Entidades Federativas con mayor número de incendios y mayor número de superficie afectada. Tan sólo en el Estado durante los meses de enero y febrero se registraron 43 incendios acumulados afectando un total de 984 has14.

La mayor parte de los incendios forestales en la Reserva de El Triunfo y la región de influencia tienen su origen principalmente en el descuido de agricultores y ganaderos, quienes queman sus terrenos como preparación para siembra de maíz y la renovación de pastos para el ganado, sin tomar las medidas precautorias para evitar que estas quemas traspasen las áreas agrícolas y se conviertan en incendios que afectan extensiones considerables de bosques, selvas, cafetales y otros tipos de vegetación y usos del suelo.

Si bien es cierto que la incidencia de incendios forestales se debe en su mayoría a descuidos de naturaleza humana que contravienen lo dispuesto por la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 que establece las Especificaciones Técnicas de los Métodos de Uso del Fuego en los Terrenos Forestales y en los Terrenos de Uso Agropecuario, con el propósito de prevenir y disminuir los incendios forestales, los efectos potenciales del cambio climático propiciarían el aumento de eventos de este tipo15.

La variabilidad climática y la probable intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos representan condiciones propicias para la presencia de incendios destructivos en ecosistemas sensibles al fuego, tales como los bosques de niebla, bosques tropicales y humedales. Y esto, a su vez, dificulta la mitigación de cambio climático, pues los incendios afectan los reservorios de carbono y lo liberan directamente a la atmósfera. Algunos análisis sobre las condiciones futura prevén que los efectos del cambio climático aumentarán la frecuencia de los incendios en todas las regiones biogeográficas16.

Los incendios forestales menoscaban la consecución de los objetivos primarios para los que se establecen las ANPs, ha decir, según las correspondientes Fracciones del Artículo 45 de la LGEEPA: I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; III. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos; IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional; VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

En vista de los impactos negativos de los incendios sobre la conservación y el aprovechamiento sustentable de las ANPs, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en su Artículo 35, Fracción XII que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación debe participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes.

En sentido similar, la Ley General de Cambio Climático establece en su artículo 34 que para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando, de acuerdo con su Fracción III, la reducción de emisiones y captura de carbono en el sector de agricultura, bosques y otros usos del suelo y preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, inciso f) fortalecer el combate a incendios forestales e inciso g) fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y agropecuarias, que contribuyan a fortalecer el combate a incendios forestales.

Con respecto a los programas y subsidios para actividades ambientales y agropecuarias convocados por el numeral anteriormente comentado, desde 1995, el Gobierno Federal inició el Programa de Empleo Temporal (PET) consistente en subsidios dirigidos a generar oportunidades temporales de empleo para la mano de obra rural desocupada y en pobreza de localidades de alta y muy alta marginación, para realizar, entre otras acciones, obras de conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad en nueve ámbitos de acción: vida silvestre, suelos degradados forestales, suelos degradados no forestales, vigilancia comunitaria de los recursos naturales, prevención de incendios, reforestación, ecoturismo, cultura ambiental y manejo de residuos17.

En el marco de la estrategia de Transversalidad de Políticas Públicas para el Desarrollo Humano Sustentable, la SEMARNAT participa del Programa de la Administración Pública Federal de Empleo Temporal a través del cual atiende temas ambientales proporcionando a hombres y mujeres de 16 años de edad o más, apoyos temporales en su ingreso para afrontar los efectos de una emergencia o de baja demanda temporal. En 2011, se erogaron 566.3 millones de pesos al PET a través de SEMARNAT con los cuales se realizaron 7,968,986 jornales, se atendió a un total de 163,097 personas beneficiarias en las 32 entidades federativas y se llevaron a cabo acciones en un total de 908 municipios de media, alta y muy alta marginación con acciones tendientes a la conservación de suelos, captación de agua, construcción de brechas cortafuego, limpieza de canales y desazolve de presiones, entre otras18.

El Programa resulta pertinente ante las reportadas limitaciones, de acuerdo con la Organización Mundial para la Agricultura y Alimentación, en cuanto a la participación de las comunidades locales en la atención a los incendios y del manejo del fuego debido a un nivel “ineficaz de sensibilización, divulgación y comprensión de la información y experiencias existentes, falta de socialización de la información y los conocimientos técnicos”. El fomento de la participación social y comunitaria en actividades de prevención y control de incendios forestales mediante el esquema gubernamental de empleo temporal permite reducir al máximo el uso negligente del fuego para abatir los riesgos de incendios forestales y fomenta la adopción de mejores prácticas de uso del fuego en los sistemas productivos campesinos y manejo de ecosistemas, objetivos claramente definidos en la Estrategia y Lineamientos de Manejo del Fuego en Áreas Naturales Protegidas, apoyando de manera simultánea el desarrollo de capacidades y la conformación de grupos comunitarios con una preparación suficiente para la participación segura en las acciones de prevención, detección y combate de incendios19.

Dada la reportada incidencia de incendios forestales y sus consecuentes impactos negativos en los objetivos intrínsecos de las Áreas Naturales Protegidas tutelados en los compromisos internacionales suscritos por México, así como en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sus repercusiones en el equilibrio ecológico y en el desarrollo socioeconómico de la Reserva de la Biósfera El Triunfo inmersa en un escenario contrastante de gran diversidad biológica pero altos índices de pobreza poblacional, observando lo establecido en la Ley General de Cambio Climático concerniente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a incendios forestales y la conservación de reservorios de carbono y atendiendo a la distribución de competencias a la luz de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en cuanto a la conservación de suelos agrícolas y bosques, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así como a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que informen a esta Cámara de Senadores sobre los programas a implementar, desde sus respectivos ámbitos de competencia, para aminorar el impacto sufrido por la Reserva de la Biósfera “El Triunfo” tras los recientes incendios, así como las medidas preventivas que se adoptarán para evitar daños futuros.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la SEMARNAT para que disponga de los recursos de empleo temporal que favorecen esquemas de atención, manejo del fuego y monitoreo del mismo, especialmente en los municipios de alta incidencia a incendios.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para el establecimiento de un Comité para la Prevención y Combate de Incendios y Quemas Urbanas. Dicho Comité deberá fortalecer el aspecto preventivo y privilegiar estímulos económicos y empleos de acuerdo a los diagnósticos del sector forestal y ambiental. Igualmente, deberá establecer estrategias diferenciadas que involucren a los comités locales y fuerzas de protección civil con el fin de alertar, prevenir, capacitar e involucrar a la ciudadanía a participar en esta cruzada por la naturaleza y manejo integral del fuego. Asimismo, deberá llevar a cabo acciones inmediatas en coordinación con sus Presidencias Municipales, Autoridades de las Comunidades y Pueblos Indígenas, Asambleas de Barrios y Comisariados Ejidales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de abril de 2013.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES”.

1 Declaración de Madrid sobre el Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (RMRB), 2008. México manifiesta su preocupación por la creciente pérdida de biodiversidad, los efectos del cambio climático y los cambios demográficos, la necesidad urgente de mantener un equilibrio entre la conservación de la naturaleza, la protección medioambiental y los desarrollos sociales, económicos, técnicos y científicos que constituyen la globalización en las reservas de la biosfera,y asimismo se suma a la petición deaprovechar el potencial de acción de las mismas para abordar los nuevos problemas, como son la pérdida del conocimiento tradicional y la diversidad cultural, la demografía, la pérdida de terrenos cultivables, el cambio climático, la biodiversidad y el desarrollo sostenible; y, en particular, como lugares para invertir e innovar, con el objetivo de mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo, promocionar un mayor uso de la energía renovable en alternativas sostenibles tanto en áreas rurales como urbanas, además de incrementar y aprovechar los servicios y productos de los ecosistemas en el desarrollo sostenible para el bienestar humano; reconoce además la importancia de establecer asociaciones eficaces en las reservas de la biosfera a través de la cooperación entre todos los niveles gubernamentales, el sector privado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y locales.

2 CONANP. [en línea], [ref. 13 de marzo de 2013]. Disponible en http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 1990.

4 CONANP. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación. Ficha General del Área Natural Protegida “El Triunfo”.[en línea], [ref.13 de marzo de 2013].

5 CONANP. Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera.El Triunfo, ubicada en los municipios de Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La Concordia, Mapastepec, Villacorzo, Pijijiapan y Siltepec, Chiapas. [en línea]. [ref. 13 de marzo de 2013]. Publicado enel Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2000.

6 CONANP. Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera El Triunfo, ubicada en los municipios de Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La Concordia, Mapastepec, Villacorzo, Pijijiapan y Siltepec, Chiapas. [en línea]. [ref. 13 de marzo de 2013]. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2000.

7CONEVAL. Anexo estadístico del Análisis y Medición de la Pobreza en México 2010. [en línea]. [ref.13 marzo 2013]. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Anexo-Estadistico-Pobreza-2010.aspx.

8CONEVAL. Medición Municipal de la Pobreza 2010. [en línea]. [ ref.13 de marzo de 2013]. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Informacion-por-Municipio.aspx.

9CONANP. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación, Ficha General del Área Natural Protegida “El Triunfo”. [en línea]. [ref. 13 de marzo de 2013].

10 SEMARNAT. Cuarto Informe Nacional de México a la Convención sobre la Diversidad Biológica.2009. [en línea]. [ref. 13 marzo de 2013].

11 Régimen de fuego: frecuencia e intensidad de los incendios forestales en un ecosistema o grupos de ecosistemas, definido en CONANP, SEMARNAT. México 2011. Estrategia y Lineamientos de Manejo del Fuego en Áreas Naturales Protegidas. [en línea]. [ref. marzo 2013].

12 CONANP, SEMARNAT.Estrategia y Lineamientos de Manejo del Fuego en Áreas Naturales Protegidas. [en línea]. [ref. marzo 2013]. 2011. México.

13 CONANP, SEMARNAT.Estrategia y Lineamientos de Manejo del Fuego en Áreas Naturales Protegidas 2011. México. [en línea]. [ref. marzo de 2013].

14 Reporte semanal de resultados de incendios forestales 2013. Datos Acumulados del 1 de enero al 28 de febrero de 2013. Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales.

15MANSON, R., JARDEL, E., JIMÉMENZ, M.Perturbaciones y desastres naturales: impactos sobre las ecorregiones, la biodiversidad y el bienestar socioeconómico en México. En R. DIRZO, R. GONZÁLEZ E. MARCH. México: Ed Capital Natural de México. 2008.Vol. II: Estado de la Conservación y Tendencias de Cambio. CONANP.

16 SEMARNAT, CONANP.Estrategia para Manejo de Fuego en Áreas Naturales Protegidas. [en línea]. [ref. marzo de 2013]. 2011.

17 SEMARNAT.Cuarto Informe Nacional de México a la Convención sobre la Diversidad Biológica. [en línea]. [ref. marzo de 2013]. 2009.

18 SEMARNAT. 2012. Sexto Informe de Labores. México. [en línea]. [ref. marzo 2013]. 2009.

19 CONANP, SEMARNAT. . Estrategia y Lineamientos de Manejo del Fuego en Áreas Naturales Protegidas. México. [en línea]. [ref. marzo de 2013]. 2011.






COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al segundo dictamen.








COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al tercer dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Para hablar a favor del dictamen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hablar a favor de los dictámenes, se le concede el uso de la palabra, al Senador Zoé Robledo Aburto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En particular, me quiero referir al primero de los dictámenes que está a discusión, y se pondrá a votación en unos minutos.

El pasado 12 de febrero propuse, ante esta Honorable Asamblea, un punto de Acuerdo que, como ya se ha mencionado, exhorta a la SEMARNAT, a la SAGARPA, a la CONAFORT y a la PROFEPA para que informen a este Senado de la República sobre los programas que implementarán para aminorar el impacto sufrido en la reserva de la biosfera El Triunfo, tras la serie de incendios que se han presentado en esta Area Natural Protegida desde que inició este año.

Pedí que se informara a esta Cámara de las medidas preventivas para evitar daños adicionales a ese valuarte ecológico durante los próximos meses de estiaje, que se pronostica serán con una tasa de incendios altísima, dado que el año pasado llovió menos de lo esperado, y en el mismo punto de Acuerdo, igualmente se exhortó, además, que la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales disponga de los recursos para el Programa de Empleo Temporal que ofrecen esquemas de atención para el manejo del fuego, y dentro del mismo.

De la misma manera se exhortó al gobierno federal que establezca el que el Comité para la Prevención y Combate de Incendios y Quemas Urbanas en coordinación con las presidencias municipales, los comisariados ejidales y la ciudadanía organizada.

Como lo señalamos en aquella oportunidad, la reserva de la biosfera El Triunfo es considerado el bosque de niebla más rico del país, ya que alberga la mayor diversidad tanto en especies forestales como florísticas de América del Norte y de Centroamérica, y es uno de los sitios más importantes para los procesos de migración de las aves; además es el hogar y uno de los últimos reductos del bello y mítico quetzal, ave que nos da identidad a los chiapanecos y que nos hermana con gran parte de Centroamérica.

Pero además de todo esto, compañeros Senadores, la relevancia ecológica y biogenética de El Triunfo la hace un área rica y estratégica que es insustituible. Quisiera aquí recordar que gracias a la función de captación y condensación de agua que se realiza en este bosque mesófilo de montaña, Chiapas es la mayor fábrica de agua de México, representando el 28 por ciento de las reservas de agua de nuestra nación y, además, gracias a estos fenómenos que ocurren allí en la Sierra Madre de Chiapas y en la parte donde está la reserva de la biosfera El Triunfo, es que Chiapas tiene todo el sistema hidroeléctrico de México, y gracias al cual se puede generar el 48 por ciento de esta energía.

Por eso, si perdemos los bosques de la reserva de la biosfera El Triunfo, si perdemos los bosques de la Sierra Madre de Chiapas, estaremos perdiendo, además, una de las mayores capacidades nacionales de generación de energía eléctrica limpia y barata, y pondremos en riesgo el patrimonio ambiental y la viabilidad de millones de chiapanecos.

Hasta hace unos días, las cifras sobre incendios en Chiapas se están actualizando de manera muy rápida, se habían registrado en la entidad un total de 43 incendios acumulados que han afectado 984 hectáreas.

Por esta razones, que son tan relevantes, es que no quisiera abundar, por obvio de tiempo, y quisiera pedir su voto favorable a este dictamen, un reconocimiento enorme a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los miembros de esta comisión que ya han aprobado, y ponen a consideración de este Pleno el punto de Acuerdo en referencia para su aprobación.

Compañeras y compañeros Senadores:

Nuestro patrimonio natural, nunca hay que olvidarlo, no es un bien fortuito, no es sólo una riqueza de la que debemos sentirnos orgullosos y hablar y llenarnos la boca de vez en cuando,  su cuidado y su mantenimiento requiere de una serie de acciones y requiere de nuestra responsabilidad en todos los niveles de gobierno.

Por estas consideraciones es que solicito a ustedes su voto en el mismo sentido, cada ciudadano, cada ámbito de gobierno, cada poder público tenemos responsabilidades y velar por nuestro patrimonio natural y estratégico, que además puede ser la fuente de una nueva economía, la economía verde que puede simbolizar el desarrollo de las próximas décadas del siglo XXI, es una de esas responsabilidades.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Roblebo.

No habiendo más Senadores sobre este tema, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los tres dictámenes que se presentaron de manera conjunta.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse de manera conjunta los tres Acuerdos anteriores. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, sobre lactancia materna.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativo emprender una cruzada para promover la Lactancia Materna.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de febrero de 2013, las Senadoras Ana Gabriela Guevara, Angélica de la Peña Gómez, Martha Palafox Gutiérrez, Silvia Garza Galván, Luz María Beristain Navarrete, Hilda Esthela Flores Escalera, Lizbeth Hernández Lecona, Mónica T. Arriola Gordillo, Maki Esther Ortiz Domínguez y Adriana Dávila Fernández, presentaron la proposición con punto de Acuerdo relativo a emprender una cruzada para promover la lactancia materna.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Las Senadoras proponen que la Secretaría de Salud en coordinación con las entidades federativas y las instituciones de salud emprendan una cruzada para promover la lactancia materna, dada la tendencia negativa en los consumos de leche materna que se han registrado en el país.

Las proponentes señalan que la lactancia con líquidos como él te o la leche de fórmula antes de los seis meses de edad puede ocasionarle al bebe problemasgraves de salud. Es por ello la importancia de promover la Lactancia Materna.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud.

B. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la leche materna ya no es el alimento exclusivo de los primeros seis meses de un recién nacido, principalmente en las zonas rurales. A nivel nacional el 5% de niños menores de seis meses fueron alimentados con fórmula láctea en comparación con los resultados de 2006, además de que aumentó 4.4 puntos porcentuales el uso de agua. 

C. La Secretaría de Salud advierte que el índice de lactancia materna entre 2006 y 2012 registró una caída de 7.9 puntos porcentuales, ya que pasó de 22.3% a 14.5%, esto principalmente por la introducción temprana de fórmulas lácteas y el consumo de agua; donde en el área rural el porcentaje bajó de 36.9 a 18.5 mostrando una caída dramática. En el mismo sentido, las mujeres de las zonas urbanas redujeron el tiempo que amamantan a sus hijos: mientras que hace seis años el promedio era de 8.5 meses ahora es de 4.9 siendo la media nacional de 10.4 meses. Se atribuye la preferencia de algunas mamás por las fórmulas lácteas, derivado de la practicidad de las mismas, que facilitan no tener que amamantar al bebe en público, por la falta de espacios adecuados en los centros de trabajo para la extracción de leche materna e incluso su promoción y difusión de los beneficios.

D. Es importante subrayar que los menores amamantados experimentan menor mortalidad, incluido el síndrome de muerte súbita, y menor frecuencia y gravedad de morbilidad por diarreas, infecciones respiratorias y dermatitis. También incrementa el coeficiente intelectual, protege al niño de alergias, desnutrición, obesidad, asma y leucemia, hay menos riesgo de diabetes juvenil y deficiencia de micronutrientes. También garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia del niño y fortalecimientodel vínculo afectivo.Las células madre contenidas en la leche protegen al bebé hasta que sea adulto.

E. La Secretaría de Salud señala que algunas de las ventajas para la mujer por amamantar, son la disminución de la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad materna, además disminuye el riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios, la lactancia incrementa el amor entre la madre, el hijo y la familia. Una de las ventajas que tiene para la familia es que disminuye el riesgo de enfermedad de los niños y las niñas, se ahorra dinero al no comprar otras leches, teteros chupones y combustible y la lactancia materna integra la familia, promueve el amor y genera cultura.

F. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las Entidades Federativas y las instituciones de salud, se emprenda una cruzada para promover la lactancia materna, dada la tendencia negativa que se muestra en los índices de consumo de leche materna que se han registrado en nuestro país. Este exhorto se acompaña de una convocatoria de parte del Senado de la República para ser coadyuvante en todo lo que nuestras facultades nos permitan para impulsar urgentemente esta empresa a favor de la infancia mexicana.

COMISION DE SALUD”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Pidió oportunamente hacer uso de la palabra sobre este asunto la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, para presentar el dictamen. Adelante Senadora Palafox.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores.

Con fecha 28 de febrero de 2013, las Senadoras Ana Gabriela Guevara, Maki Esther Ortiz Domínguez, Angélica de la Peña Gómez, Silvia Garza Galván, Luz María Beristain Navarrete, Hilda Flores Escalera, Lisbeth Hernández Lecona, Mónica Arriola Gordillo, Adriana Dávila Fernández y su servidora Martha Palafox, presentamos un punto de Acuerdo relativo a emprender una cruzada para promover la lactancia materna.

La Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente que hoy sometemos a este Pleno.

Las Senadoras proponemos que la Secretaría de Salud, en coordinación con las entidades federativas y las instituciones de salud, emprendan una cruzada para promover la lactancia materna, dada la tendencia negativa en los consumos de leche materna que se han registrado en el país.

Señalando que la lactancia con líquidos como el té o la leche de fórmula antes de los seis meses de edad puede ocasionarle al bebé problemas graves de salud. Es por ello la importancia de promover la lactancia materna.

La Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud en que es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la leche materna ya no es el alimento exclusivo de los primeros seis meses de un recién nacido, principalmente en las zonas rurales. A nivel nacional, el 5% de niños menores de seis meses fueron alimentados con fórmula láctea en comparación con los resultados de 2006, además de que aumento 4.4 puntos porcentuales el uso de agua.

La Secretaría de Salud advierte que el índice de lactancia materna entre 2006 y 2012 registró una caída de 7.9 puntos porcentuales, ya que paso de 22.3% a 14.5%, esto principalmente por la introducción temprana de fórmulas lácteas y el consumo de agua; las mujeres de las zonas urbanas redujeron el tiempo de amamantar a sus hijos.

Se atribuye la preferencia de algunas mamás por las fórmulas lácteas, derivado de la practicidad de las mismas, que facilitan no tener que amamantar al bebé en público, por la falta de espacios adecuados en los centros de trabajo para la extracción de leche materna e incluso su promoción y difusión de los beneficios.

Es importante subrayar que los menores amamantados experimentan menor mortalidad, incluido el síndrome de muerte súbita y menor frecuencia y gravedad de morbilidad por diarreas, infecciones respiratorias y dermatitis. También incrementa el coeficiente intelectual, protege al niño de alergias, desnutrición, obesidad, asma y leucemia, hay menos riesgo de diabetes juvenil y deficiencia de micronutrientes. Garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia del niño y fortalecimiento del vínculo afectivo. Las células madre contenidas en la leche protegen al bebé hasta que sea adulto.

Algunas de las ventajas para la mujer por amamantar, son la disminución de la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad materna, además disminuye el riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios, la lactancia incrementa el amor entre la madre, el hijo y la familia.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de todos ustedes y les pedimos su voto a favor de este dictamen:

Unico.- El Pleno del Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las entidades federativas y las instituciones de salud, emprenda una cruzada para promover la lactancia materna, dada la tendencia negativa en los índices de consumo de leche materna que se han registrado en nuestro país, éste exhorto se acompaña de una convocatoria de parte del Senado de la República para ser coadyuvante en todo lo que nuestras facultades nos permitan para impulsar urgentemente esta empresa en favor de la infancia mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el mismo. Comuníquese.

Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Salud, sobre el uso nocivo del alcohol.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativa a exhortar a las entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el uso nocivo del alcohol.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio conla responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 4 de diciembre de 2012, los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Miguel Angel Chico Herrera, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, David Penchyna Grub y María Lucero Saldaña Pérez integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaronproposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el uso nocivo del alcohol.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto de Acuerdo pretende exhortar a las entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el uso nocivo del alcohol.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud invoca el párrafo cuarto del Artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. El alcoholismo es considerado como una enfermedad que no distingue fronteras sociales, culturales, económicas, de género o edad; se ha propagado por todo el mundo hasta situarse como una de las principales causas que provocan la muerte de millones de personas al año, no solo perjudica la salud física del bebedor, sino también, la salud mental del enfermo y de su familia. Un gran porcentaje de los accidentes automovilísticos están vinculados al consumo de bebidas alcohólicas. Por ende, podemos decir que el consumo del alcohol es nocivo y con efectos perjudiciales en la sociedad.

C. En el mismo sentido, el uso nocivo del alcohol se define: como el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de edad; el consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas; el consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas que van a manejar vehículos de transporte público de pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la integridad de terceros; el consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de Salud en el programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo; el consumo en personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y cuando haya sido indicado por prescripción médica.

D. La Organización Mundial de la Salud, también ha determinado que las consecuencias del consumo de alcohol sobre las enfermedades y traumatismos dependen de dos factores importantes; el primero tiene que ver con el volumen total de alcohol ingerido y el segundo, con las características de la forma de beber y sus efectos pueden recaer en trastornos neuropsiquiátricos, así como enfermedades no transmisibles de tipo cardiovascular, cirrosis hepática y diversos cánceres.

E. Por su parte, el alcoholismo en México es un problema de salud pública ya que el 65 por ciento de la población de entre 17 a 65 años de edad ha consumido o consume de manera habitual bebidas embriagantes. Cabe mencionar que en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, arroja que el alcohol es el principal problema de adicción en México, pues mientras que en el año 2008, en la población total de entre 12 a 65 años de edad, el 61.3% aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; para el año 2011 la cifra incrementó a 71.3%, así mismo, de 2008 a 2011 la dependencia de alcohol aumentó un 1.2%. En los jóvenes aumentó significativamente la tasa de consumo de alcoholismo pues la dependencia se elevó 2.6%.

F. Se debe subrayar que las entidades federativas en las que se presentó, en el último año, mayor dependencia al alcohol y por encima del promedio nacional son: Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, en estas regiones son los jóvenes los más afectados y quienes se encuentran considerados dentro del 12.6% de hombres y mujeres que inician su adicción entre los 16 y 19 años, de acuerdo con datos de la ya referida Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

G. Diversas causas pueden originar la ingesta de alcohol y una de las principales, es el deterioro de los valores en el núcleo familiar, la falta de comunicación entre sus integrantes, la falta de cuidado de los niños y los jóvenes compete a la madre y el padre, entre muchas otras.

Es por ello que se debe poner énfasis en ir contrarrestando este gran problema de salud pública con acciones y estrategias que conlleven a dar información, además de concientizar a los jóvenes y adultos sobre el gran problema que conlleva el uso nocivo del alcohol.

H. Uno de los objetivos principales es dirigir especialmente a menores de edad y a grupos vulnerables la educación sobre los efectos del alcohol y su uso nocivo, como método preventivo para su consumo; a su vez en establecer las acciones tendientes a la promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol, así como el fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.

I. México tiene que reducir el uso nocivo del alcohol reforzando las iniciativas nacionales destinadas a proteger a las poblaciones en riesgo, los jóvenes y las personas afectadas por el consumo nocivo del alcohol de terceros y velar por la aplicación de la estrategia mundial para reducir el uso nocivo, para combatir de manera frontal e integral este grave problema.

Por todo lo anterior es que esta Comisión dictaminadora considera loable y viable el Punto de Acuerdo que incumbe a este dictamen, para poder bajar los índices del uso nocivo del alcohol y poder contrarrestar este gran problema de salud pública.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a las entidades federativas, para que dentro del ámbito de su competencia, informen a esta Soberanía sobre las medidas adoptadas para reducir el consumo y abuso del alcohol, en su caso, si cuentan con programas de carácter preventivo o con programas de rehabilitación para los enfermos de alcoholismo.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a los municipios de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato a que adopten medidas más estrictas por cuanto a la expedición de permisos se refiere, para la venta de bebidas alcohólicas, así como a vigilar su estricto cumplimiento.

TERCERO.- El Senado de la República Exhorta a los Gobiernos Estatales y Municipales que, en caso de no contar con programas de salud pública en materia de adicciones, puedan elaborar lo más pronto posible los que correspondan de acuerdo con la Resolución de la Sexagésima Tercera Asamblea Mundial de la Salud de mayo 2010, identificada como “Wha63.13 Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol” y en coordinación con la Secretaría de Salud, encargada de atender y elaborar las políticas públicas en la materia.

COMISION DE SALUD”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Para hablar en nombre de la comisión, ha pedido hacer uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, por lo cual se le concede.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores, muy buenas tardes:

La Comisión de Salud de esta Cámara, ha recibido una importante propuesta que el día de hoy se presenta dictaminada a su consideración y votación en un tema de salud pública muy importante como es la enfermedad del alcoholismo.

Y va en el sentido de exhortar a las entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el uso nocivo del alcohol.

El alcoholismo es considerado como una enfermedad que no distingue fronteras sociales, culturales, económicas, de género o edad.

Se ha propagado por todo el mundo hasta situarse como una de las principales causas que provocan la muerte de millones de personas al año y no sólo perjudica la salud física del bebedor, sino también la salud mental del mismo enfermo y lamentablemente quienes están en su entorno, principalmente la familia.

Un gran porcentaje de los accidentes automovilísticos están vinculados al consumo de bebidas alcohólicas, por ende, podemos decir que el consumo de alcohol es altamente nocivo y con efectos perjudiciales en y para la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud ha determinado que las consecuencias del consumo de alcohol sobre las enfermedades y los traumatismos que derivan de él dependen de dos factores importantes: el primero tiene que ver con el volumen total del alcohol ingerido y el segundo con las características de la forma de beber y sus efectos pueden recaer incluso en trastornos neuropsiquiátricos así como enfermedades no transmisibles de tipo cardiovascular, hepática e incluso neoplasias malignas.

Es importante considerar que el alcoholismo en México es un problema de salud pública, ya que el 65 por ciento de la población entre los 17 y los 65 años de edad ha consumido o consume de manera habitual bebidas embriagantes.

Cabe mencionar que en la Encuesta Nacional de Adicciones del año 2011, arroja que el alcohol es el principal problema de adicción en México, puesto que en el año 2008 en la población total de entre 12 y 65 de años, el 65.3 por ciento aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas.

Para el año 2011, la cifra se incrementó a un 71.3 por ciento.

Asimismo, de 2008 a 2011, la dependencia de alcohol aumentó en 1.2 por ciento y en los jóvenes se incrementó significativamente la tasa de consumo de alcoholismo o la dependencia se elevó a 2.6 por ciento.

Es importante subrayar que las entidades federativas en las que se presentó en el último año mayor dependencia de alcohol y por encima del promedio nacional son: Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, y en esas regiones son los jóvenes los más afectados y quienes se encuentran considerados dentro del 12.6 por ciento de hombres y mujeres que inician su adicción entre los 16 y los 19 años, de acuerdo con datos de la ya referida Encuesta Nacional de Adicciones.

Es por ello que se debe poner énfasis en ir contrarrestando este gran problema de salud pública con acciones y estrategias que conllevan a llevar información además de concientizar a los jóvenes y adultos sobre el gran problema que conlleva el uso nocivo del alcohol y que precisamente termina con la propuesta de punto de Acuerdo que se presenta ante ustedes, dictaminada para su consideración y la cual les pido aprobarla.

Muchas gracias, con permiso.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salvador López Brito.

No habiendo más oradores en este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Pesca, en torno a la captura de camarón en el Alto Golfo de California.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE PESCA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión este dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto antes referido.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Esta Mesa Directiva saluda a los alumnos de la Universidad Cristóbal Colón, de la carrera de Derecho, del estado de Veracruz, invitados por el Senador Fernando Yunes. ¡Bienvenidos!

(Aplausos)

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, sobre movimientos en comisiones, el cual solicito a la Secretaría dé lectura.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Está a discusión este Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que presenta la Junta de Coordinación Política.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de los asuntos que se turnarán a comisiones de manera directa.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Informo a la Asamblea los asuntos que se turnarán a comisiones:

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION I DEL ARTICULO 119 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

(Presentada por el C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

El que suscribe, Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ylos artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 119 fracción de la Ley General de Bienes Nacionales, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los litorales presentan formas muy variadas en función de las particularidades de la erosión marina, las características respecto a la formación, destrucción y transformación de una roca. La superficie rocosa más o menos inclinada y expuesta a la actividad directa del oleaje recibe el nombre de acantilado marino, donde la erosión es más intensa en su base debido a que la fuerza del oleaje y el impacto de los fragmentos rocosos son mayores.

Un acantilado es un escarpe litoral de pendiente abrupta que ha sido modelado por la acción de la erosión litoral sobre los elementos del relieve continental, que en muchos de los casos resultan de interés geológico, además de su valor paisajístico, pero que también alberga algunas especies amenazadas y protegidas.

La estructura geomorfológica de los acantilados permite la existencia de lugares no alterados que constituyen áreas de refugio para la fauna, en particular aves marinas que anidan en las zonas más inaccesibles del escarpe, lo cual justifica la protección del espacio natural, junto con la existencia de los diferentes hábitats que existen dentro de sus límites y que favorecen que la fauna, en su conjunto, sea relativamente rica, pero además son puntos de atracción, como los espectaculares acantilados que hay en mi Entidad, Baja California Sur, donde por ejemplo el oleaje produjo una arco o puente natural en Cabo San Lucas, de alto valor turístico.

México, destaca entre las naciones del mundo por la extensión de sus litorales de más de 11, 000 kilómetros, la mayor parte de sus costas se ubican en el océano Pacífico, con más de 8, 000 kilómetros. En este litoral destaca la península de Baja California, con cerca de 4,000 kilómetros de frente marítimo o costa. Las costas del golfo de México y el mar Caribe suman un poco más de 3, 000 kilómetros.

Por su parte, los litorales del pacífico se caracterizan por ser altos y rocosos, con presencia de sierras cercanas a la costa, lo que origina la formación de acantilados y bahías, como Bahía de Banderas y Acapulco, en tanto que en el Golfo de México es más bien plano.

Ahora bien, además de la importancia de las formaciones rocosas o acantilados en materia ambiental y turística, consideramos que es necesario precisar en la ley respectiva la manera en que habrá de delimitarse la zona federal marítimo terrestre en estas formaciones naturales, con la finalidad de que la autoridad ambiental haga efectiva sus atribuciones en dicha zona, en términos de las disposiciones nacionales e internacionales en la materia.

La Ley General de Bienes Nacionales, establece en su artículo 119 que tanto en el macizo continental como en las islas que integran el territorio nacional, la zona federal marítimo terrestre se determinará:

I.- Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará constituida por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien metros río arriba;

II.- La totalidad de la superficie de los cayos y arrecifes ubicados en el mar territorial, constituirá zona federal marítimo terrestre;

III.- En el caso de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar, la faja de veinte metros de zona federal marítimo terrestre se contará a partir del punto a donde llegue el mayor embalse anual o límite de la pleamar, en los términos que determine el reglamento; y

IV.- En el caso de marinas artificiales o esteros dedicados a la acuacultura, no se delimitará zona federal marítimo terrestre, cuando entre dichas marinas o esteros y el mar medie una zona federal marítimo terrestre. La zona federal marítimo terrestre correspondiente a las marinas que no se encuentren en este supuesto, no excederá de tres metros de ancho y se delimitará procurando que no interfiera con el uso o destino de sus instalaciones.

El último párrafo de este artículo dispone que a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponderá el deslinde y delimitación de la zona federal marítimo terrestre, sin embargo, no se contempla la forma en que habrá de delimitar dicha zona respecto a los acantilados, lo que genera incertidumbre jurídica para la autoridad ambiental para la aplicación de la ley, habida cuenta que conforme al principio de que la autoridad puede hacer solamente lo que la ley le permite, no puede actuar para la delimitación de la zona federal marítimo terrestre ni realizar actos de verificación y vigilancia conforme a sus atribuciones.

No obstante que el artículo 4º del “Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar” contempla la determinación y no determinación de la zona federal marítimo terrestre, cuando se trate de costas que carezcan de playas y presenten formaciones rocosas o acantilados atendiendo a la inclinación que estas presenten, consideramos de suma importancia armonizar nuestras disposiciones legales y, sobre todo, que lo establecido en el reglamento en cita, encuentre su regulación en una ley que emana de manera directa de nuestra Constitución Política, como lo es la Ley General de Bienes Nacionales. De esta manera el dominio sobre las formaciones rocosas o acantilados y su correspondiente delimitación respecto a la zona federal marítimo terrestre, quedarán definidas las facultades de las dependencias y consecuentemente la correspondiente tutela del Estado en dicha zona. Con lo anterior, se estaría resolviendo el vacío jurídico queimpide el ejercicio del derecho del Estado sobre los bienes que conforme a nuestra Constitución, forman parte del dominio público de la Federación y no se deje a meras interpretaciones y criterios cuando se puede brindar certeza y seguridad jurídica respecto a este tema.

Por tales consideraciones, se propone una adición del artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, acorde a lo establecido en el artículo 4º del “Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar”, para que se establezca dentro del ámbito de la zona federal marítimo terrestre a las formaciones rocosas o acantilados, en atención a la inclinación que presenten.

Lo anterior permitirá una ordenación del litoral que permita una compatibilización de los usos del litoral con su equilibrio ecológico, evitando aquellos que lo alteren de forma importante e irreversible y asimismo, se favorezca la protección integral de los ecosistemas litorales.

Por las razones y fundamentos que han quedado precisados, someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales para quedar de la siguiente manera:

Artículo 119. Tanto en el macizo continental como en las islas que integran el territorio nacional, la zona federal marítimo terrestre se determinará:

I. Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará constituida por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de estos en el mar, hasta cien metros río arriba.

Tratándose de costas que carezcan de playas y presenten formaciones rocosas o acantilados, dicha zona se determinarádentro de una faja de 20 metros contigua al litoral marino, únicamente cuando la inclinación en dicha faja sea de 30 grados o menor en forma continua;

II a IV.- ...

TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO A LA FRACCION III DEL ARTICULO 108 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.
H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 108, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 2 de enero de 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública con el objeto de regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la coordinación entre las instituciones de procuración de justicia y los cuerpos de seguridad pública.

Además se creó, entre otras, el Consejo Nacional de Certificación y Acreditación, al cual le corresponde verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la Federación, Estados y Distrito Federal realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública.

Ello, evidentemente aparejado de las acciones de certificación y control de confianza, como parte de los procedimientos de ingreso y permanencia de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública. Así, para el caso de los cuerpos de seguridad se implementó la carrera policial como el sistema de carácter obligatorio y permanente conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las instituciones Policiales.

A partir de entonces, con independencia de los plazos contenidos en las disposiciones transitorias de la legislación invocada, ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema, mientras que los ya integrantes de dichas instituciones, tienen la obligación de obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial.

La certificación, entendida como el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

Luego entonces, el ingreso y la permanencia de los elementos dependerá de que conserven los requisitos de su certificación. Dicha certificación, a su vez, tiene por objeto:

A.- Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones.

B.- Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las instituciones Policiales:

I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;

III. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas, y

V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público.

Así, para verificar que un integrante de las instituciones policiales cuente con los requisitos necesarios para permanecer en activo, debe sujetarse a los exámenes conducentes; esto es, los relativos a los controles de confianza. El no contar con los requisitos generará la baja del elemento policiaco; incluso incumplir con la obligación de someterse a los exámenes causa baja.

En los exámenes de control de confianza, se destacan los médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás que se considerennecesarios.

Exámenes, que de acuerdo a su naturaleza, podemos advertir que se encuentran relacionados con los objetivos de la certificación; por ejemplo, el toxicológico encaminado a corroborar el no uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes;o el de entorno social y patrimonial, encaminados a la ausencia de factores de riesgo relacionados con la buena conducta y la ausencia de vínculos con organizaciones delictivas, por mencionar algunos.

Otro de los exámenes es el polígrafo.

Un polígrafo es un instrumento de gran sensibilidad y precisión utilizado con la finalidad de detectar mentiras en diferentes tipos de pruebas. Tiene la capacidad de registrar, de forma continua y mediante varios canales, variables fisiológicas que produce una persona en el momento de la prueba.

Los datos fisiológicos recogidos en un gráfico, relativos a un protocolo de preguntas específicamente elaborado para una propuesta concreta, pretenden después de un análisis algorítmico, evaluar si una persona miente o dice la verdad respecto a una cuestión previamente determinada.

En ese tenor, el polígrafo constituye una herramienta valiosa para la determinación de la verdad, en grado aceptable de probabilidad. Pero, ya desde el momento en que no pertenece al ámbito de la certeza, sus alcances deben ser suficientemente ponderados a efecto de dar por cierto en lo absoluto alguno de sus resultados.

Esto, porque es importante recalcar que una prueba de polígrafo no es determinante por sí sola, ya que el polígrafo sólo determina, como ya se dijo, posibilidades de mentira o verdad. Esto es así, porque otras razones pueden producir resultados idénticos al de la mentira, entre ellos el propio estrés producido por enfrentarse a la prueba.

En mérito de su reconocido valor, tampoco puede desestimarse una evaluación poligráfica, pero sí es necesario contemplarla en su adecuada dimensión. Esto es, como una herramienta que coadyuva con el resto de exámenes, incluso, algunos que pueden alcanzar en la medida de su importancia, un cierto grado de investigación, como pueden serlo los socioeconómicos.

De tal suerte, que el polígrafo debe tener un esquema de verificación que bien puede encontrarse en el contexto de las demás denominadas pruebas de confianza.

Las pruebas de polígrafos no son consideradas como determinantes por sí solas. Por eso, los resultados vertidos al respecto por los examinadores o peritos refieren una conclusión de “presunción de vínculos con organizaciones delictivas”, mas no refieren ningún grado de certeza. Cosa muy distinta podría ser el concatenar los resultados de la prueba poligráfica con un examen de entorno social, en el cual, por ejemplo, los vecinos del examinado proporcionen información que aporte para advertir de factores de riesgo, incluso, los patrimoniales, que alertan de desproporción entre los ingresos y el nivel de vida o riquezas adquiridas por el examinado.

Caso contrario es el examen de toxicología, en el que el resultado positivo al uso de estupefacientes y psicotrópicos sin prescripción médica, sí resulta determinante para dar por cierto un factor de riesgo que culmine con la baja del elemento policiaco.

No obstante, en la práctica se han advertido problemas relacionados con los exámenes poligráficos, pues es generalizado el grado de inconformidad de los integrantes de los cuerpos policiacos y la preocupación de las autoridades de la Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno, por la eventual baja de elementos, tomando como base determinante el resultado del examen poligráfico. Esto, en virtud de que se advierte una posibilidad, de una destitución masiva de elementos policiacos, pues se especula que un 25% no acreditan de manera satisfactoria sus exámenes de control de confianza.

Aunado a la anterior preocupación, tampoco podemos dejar de ver que el Estado debe velar por la certeza y fiabilidad de los procesos de control de confianza, pues lo que está de por medio es la Seguridad Pública de nuestra sociedad. No está por demás decir que la certeza jurídica no es en favor de la sociedad en general, sino de los mismos elementos y sus familias, puesto que un cese indebido les repercutiría en los ámbitos laboral, económico, familiar y moral, entre otros.

Actualmente existen 34 Centros de Control de Confianza acreditados, 29 en los Estados y 3 federales, los cuales han realizado más de 260 mil evaluaciones a elementos activos. Al mes de diciembre de 2012, se estimaba que 8,792 elementos policiacos habían sido ya cesados. Esto, con variantes muy amplias de un estado a otro; por ejemplo, el Distrito Federal con 101,839 evaluaciones a personal activo, mientras que Sonora con 7,830 evaluaciones a elementos activos.

Números que sirven para advertir el problema que puede sobrevenir, si existe un margen grave de error, en la “calificación” dada a las evaluaciones.

Considero que estamos a tiempo de prever o evitar alguna probabilidad de error, si dimensionamos en su adecuada realidad los resultados que puedan arrojar cada una de las pruebas de los controles de confianza implementados en México, para el caso que me permito compartirles, los exámenes poligráficos.

En concreto, la propuesta está encaminada a prever la posibilidad de inexactitud de los exámenes poligráficos para ser considerados por sí mismos, como determinantes.

Luego, considero que dicha previsión debería hacerse en los documentos idóneos, en este caso, en los lineamientos para la aplicación y evaluación de los exámenes.

En ese tenor, la sugerencia es la adición de un párrafo a la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, referente a laspruebas que implican los procedimientos de control de confianza, y las propuestas para los lineamientos referidos.

Así, la propuesta que tengo a bien someter a la consideración de esta Soberanía es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOMEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PARRAFO A LA FRACCION III DEL ARTICULO 108, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

UNICO.- Se adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 108, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 108.- Los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; para tal efecto, tendrán las siguientes facultades:

I. a la II. (….)

III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable.

Los lineamientos para la aplicación y evaluación de los exámenes poligráficos deberán prever y atender a la posibilidad de inexactitud para ser considerados por sí mismos como determinantes; procurando un análisis concatenado al o a los exámenes con los cuales resulten compatibles;

IV. a la XV. (….)

(….)

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 9 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.






PROPUESTAS

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal promover, instalar y desarrollar programas permanentes de fármacovigilancia, mismo que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL PROMOVER, INSTALAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS PERMANENTES DE FARMACOVIGILANCIA, A FIN DE PROTEGER A LOS USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS MÉDICOS Y CONTRIBUIR AL REGISTRO DE REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS

“La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LA SECRETARIA DE SALUD, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LAS DEMAS INSTITUCIONES DE SALUD, PROMUEVAN, INSTALEN Y DESARROLLEN PROGRAMAS PERMANENTES DE FARMACOVIGILANCIA, A FIN DE PROTEGER A LOS USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS MEDICOS Y CONTRIBUIR AL REGISTRO DE REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La Farmacovigilancia nace como disciplina orientada a la evaluación del uso y los efectos de los medicamentos una vez comercializados, con interés especial en sus Reacciones Adversas, entendiendo por Reacción Adversa a: "aquella respuesta que es nociva y no deseada, y que ocurre a dosis normalmente usadas en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o la terapia de una enfermedad, o para la modificación de una función fisiológica". La contribución de la Farmacovigilancia a la Salud Pública en estos 40 años de existencia ha sido considerable, aunque algunos fracasos han puesto de manifiesto la necesidad de introducir nuevos métodos de investigación que complementen los ya existentes.

La OMS crea a nivel internacional, el programa de Farmacovigilancia que fue definido como la "disciplina que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes" (OMS 2002). México se incorporó a este programa en el año de 1998.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La COFEPRIS tiene la responsabilidad de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que se comercializan en el país y de establecer normas para reglamentar no solamente su comercialización, sino tambiénsu utilización en pro de la defensa de la salud de los consumidores. El organismo de control de medicamentos y demás insumos para la salud, empleando los medios de una Vigilancia Sanitaria efectiva y concreta, controla los insumos que están en el mercado independientemente del tipo de rotulación, mecanismos de comercialización y origen de los productos.

La vigilancia sobre el comportamiento de los medicamentos durante su comercialización y su utilización por un número considerablemente mayor de personas a las que participan en los ensayos clínicos y por núcleos de población diferentes (por ejemplo: grupos de riesgo como niños y ancianos, poblaciones sometidas a condiciones diferentes de calidad de vida, etc.), son un componente importante de las acciones a cargo de los organismos reguladores de los insumos. Una Farmacovigilancia efectiva puede ser capaz de detectar, oportunamente, problemas potenciales entre productos intercambiables.

La situación existente en materia de regulación sanitaria en países como el nuestro, crea numerosos obstáculos administrativos y técnicos concretos para llevar a cabo una Farmacovigilancia adecuada. La carencia de personal capacitado, especialmente de epidemiólogos, farmacéuticos y farmacólogos clínicos y las dificultades para el seguimiento de los estudios farmacoepidemiológicos sobre el consumo de medicamentos, son algunos de los problemas que se presentan en el desarrollo de estas actividades.

La introducción relativamente reciente de medicamentos muy útiles para el tratamiento de ciertas enfermedades, que por otro lado, pueden producir efectos graves, hacen necesaria la puesta en marcha de una vigilancia especial para el control médico de los pacientes tratados.

La Farmacovigilancia Intensiva se define como el monitoreo sistemático de la aparición de eventos adversos de un principio activo durante toda la etapa de prescripción.

Para este efecto es necesario diseñar una herramienta capaz de limitar los riesgos que puedan afectar a los pacientes que reciben dichos medicamentos, siendo ésta una responsabilidad compartida entre todos los sectores de la salud involucrados en el tema de los medicamentos: los profesionales de la salud, los laboratorios productores y la autoridad sanitaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y las demás instituciones de Saludpromuevan, instalen y desarrollen programas permanentes de farmacovigilancia, a fin de proteger a los usuarios de dichos servicios médicos y contribuir al registro de reacciones adversas a los medicamentos.

SEGUNDO. Se exhorta a la COFEPRIS, para que de acuerdo con sus obligaciones impulse en las unidades prestadoras de servicios de salud de las instituciones mencionadas la integración de un diagnóstico de la situación que presenta actualmente la farmacovigilancia e impulse la aplicación del modelo recomendado para cada tipo de unidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 9 de abril de 2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.






Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo por el que se exhorta esclarecer las posibles irregularidades e ilegalidades que diversos reportajes de investigación sobre la actuación del comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones han dado a conocer en distintos medios de comunicación, mismo que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A ESCLARECER Y, EN SU CASO, SANCIONAR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES QUE DIVERSOS REPORTAJES DE INVESTIGACION SOBRE LA ACTUACION DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES HAN DADO A CONOCER EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTES.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta con toda atención a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, a través de sus respectivos titulares, para que se sirvan esclarecer y, en su caso, sancionar las posibles irregularidades e ilegalidades que diversos reportajes de investigación sobre la actuación del Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones han dado a conocer en distintos medios de comunicación en relación con los contratos a que se hace referencia en esta proposición, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con base en datos que aparecen en el portal de Internet de la dependencia, el Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones: a) autorizó o celebró adquisiciones de productos y servicios con los que ya contaba la Comisión y b) asignó contratos a un proveedor que, conforme a las propias reglas de la Comisión, previamente había sido descalificado.

Con fecha 21 de junio de 2011 la COFETEL y la Universidad Autónoma del Estado de México (en adelante UAEM) celebraron un “Convenio Marco de Colaboración y Coordinación” A partir del instrumento anterior, la Comisión realizó diversas adquisiciones por adjudicación directa con el proveedor que presentaron posibles irregularidades. Dichas operaciones son las siguientes:

Contrato CFT/CGOTI/UAEM-FONDICT/01/11 de fecha 12 de julio de 2011, cuyo objeto es: “…el “FONDICT-UAEM” elabore para “LA COMISIÓN” un “Diseño Funcional de la estructura del Modelo Operativo Básico de la COFETEL”, por un monto de $9´229,133.60 (Nueve millones doscientos veintinueve mil ciento treinta y tres pesos 60/100M.N:) (aunque en el contrato dice la cantidad antes citada, la cantidad que publica la COFETEL a través de su portal es de $10´705,794.98 Los trabajos de la FONDICT-UAEM, se basan, de acuerdo a lo que señalan los anexos de este contrato, en procesos que ya se encuentran definidos y cuentan con su manual.

Contrato CFT/CGOTI/UAEM-FONDICT/02/11 de fecha 12 de julio de 2011, cuyo objeto es: “…el “FONDICT-UAEM” preste para la “LA COMISIÓN” “Servicios de Soporte, Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones para la COFETEL”, por un monto mínimo de $9´000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100M.N.) y máximo de $16´901,500.00 (Dieciséis millones novecientos un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) iva incluido. El Contrato carece de un cronograma sugerido para los trabajos, solo cuenta con un presupuesto mensual por su administración y desarrollo.

Contrato CFT/CGOTI/UAEM-FONDICT/03/11 de fecha 13 de julio de 2011, cuyo objeto es: “…el “FONDICT-UAEM” preste para la “LA COMISIÓN” un “Desarrollo del Modelo de Alineación Estratégica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones”,por un monto de $2´080,112.50 (Dos millones ochenta mil ciento doce pesos 50/100M.N.) iva incluido. La labor del FONDICT-UAEM para este contrató fue fortalecer los mecanismos que definen los objetivos, líneas de acción, estrategias y procesos, así como las herramientas necesarias para su seguimiento y evaluación con enfoque de rendición de cuentas, implementando un Tablero de Control Estratégico.

Contrato CFT/CGOTI/UAEM-FONDICT/04/11 de fecha 13 de julio de 2011, cuyo objeto es: “…el “FONDICT-UAEM” preste para la “LA COMISIÓN” un “Programa de Comunicación Vía Internet de COFETEL”, por un monto de $2´320,000.00 (Dos millones trescientos veinte mil pesos 00/100M.N.) iva incluido. Los trabajos de FONDICT-UAEM consisten para este contrato, en desarrollar y documentar el diagnóstico, plan estratégico (sitio web, presencia en redes sociales y e-mailing) y la pre-producción (creación de imagen, diseño gráfico, redacción y edición de contenidos visuales y de texto para el sitio web), de lo que se denomina “HUB DIGITAL” de la COFETEL.

Contrato FT/CGOTI/UAEM-FONDICT/01/12 de fecha 06 de enero de 2012, cuyo objeto es: “Soporte, Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones de COFETEL 2012”, por un monto de $10´454,690.00 (Diez millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 00/100M.N.) iva incluido.

Se aprecia que del 12 de julio al 31 de diciembre de 2011, la COFETEL ejerció una cantidad máxima total en contratos con la FONDICT-UAEM de $38´967,406.00 (Treinta y ocho millones novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.) y en el año 2012 la cantidad de $23´545,310.00 (Veintitrés millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), ambos montos establecidos en su totalidad en los contratos referidos anteriormente.

A pesar de que en el artículo 1° antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) se establece que este tipo de contratos celebrados entre dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o de una entidad federativa no estarán comprendidos en el ámbito de la Ley en comento (salvo que el prestador del servicio no tenga la capacidad para cumplir el objeto del contrato y requiera para ello de uno o varios terceros para su cumplimiento), la COFETEL debió obtener de la proveedora-ente público, a efecto de constatar que esa operación no se sujeta a la LAASSP, declaración de que esta última cuenta con la capacidad técnica y humana para el cumplimiento del contrato y, como consecuencia, la COFETEL debe contar con una relación de empleados del FONDICT-UAEM que colaboraron y colaboran para el desarrollo de cada contrato, con la información que los acredita como empleados del proveedor y, al menos, un cronograma de actividades con las fechas de entregables y responsables de las partes; es decir, la COFETEL se encuentra obligada a tener en sus archivos la información que acredite que dicha proveedora es responsable de NO contratar con terceros más del 49% del importe total de la contratación.

Aun cuando se demuestre que las contrataciones en comento no son sujetas a la LAASSP, dichos acuerdos de voluntades deben asegurar al Estado Mexicano las mejores condiciones a que alude el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, que se realicen bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. Lo anterior deberá ser acreditado en el expediente de contratación respectivo. Sin embargo, todo parece indicar que no existe tal acreditación, o al menos no es pública. Incluso, el ejercicio del gasto y el pago efectuado con motivo de los contratos anteriormente referidos deben cumplir las disposiciones en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, lo cual tampoco es acreditado en los contratos ya citados.

De la misma manera cabe hacer mención de otros aspectos que implican incumplimiento, ilegalidad y carencias en los contratos antes señalados:

• No se identifica la información que justifique que económicamente es factible contratar a la UAEM, sobre cualquier otro especialista en los servicios contratados.

• No se identifica la información que justifique que el FONDICT-UAEM cuenta con la experiencia suficiente para el desarrollo de los trabajos contratados y que dicha experiencia es superior en comparación a otros prestadores de servicios.

• No cuenta con información y firma de documento por las partes, que obligue específicamente al FONDICT-UAEM a no divulgar la información reservada, información confidencial y datos personales a los que pudiera tener acceso por el ejercicio de sus actividades, con el fin de proteger a los usuarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones y a la propia COFETEL.Con lo que se contraviene lo establecido en el Código Civil, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Propiedad Intelectual, entre otras aplicables.

No obstante las posibles irregularidades antes señaladas, con fecha 07 de mayo de 2012, la COFETEL celebró el CONTRATO PLURIANUAL CFT/CGA/CGOTI/CAAS/AD/015/12, con la empresa ENAPSYS MEXICO, S.A. DE C.V., bajo el procedimiento de adjudicación directa, por un monto máximo de $52´379,716.38 (Cincuenta y dos millones trescientos setenta y nueve mil, setecientos dieciséis pesos 38/100 M.N.), mismo que tiene por objeto desarrollar exactamente las mismas labores que fueron asignadas en el año 2011 e incluso en el año 2012 a la FONDICT-UAEM. Esto es, COFETEL contrata al proveedor ENAPSYS MEXICO, S.A. DE C.V. repitiendo con ello, como ya lo señalé, los servicios contratados en los años 2011 y 2012 a FONDICT-UAEM.

Aunado a lo anterior, el mismo contrato carece de información que permita justificar lo siguiente:

• Justificación de la contratación de los servicios bajo el procedimiento de adjudicación directa y bajo la modalidad de contrato plurianual. En específico las razones por las que no se llevó a cabo la contratación bajo el procedimiento de licitación pública y por qué fracasó el procedimiento de contratación a cuando menos tres proveedores.

• Justificación con la que se pueda determinar que el proveedor del servicio es el más capacitado del mercado y que por ello se le asigna un contrato de manera directa a pesar de haber sido descalificado en un procedimiento previo de contratación.

• Justificación para la contratación de servicios para el año 2012, para el desarrollo de los mismos trabajos hechos por la FONDICT-UAEM en el año 2011 y 2012.

• Información y firma de documento por las partes, que obligue específicamente a no divulgar la información reservada, información confidencial y datos personales a los que pudiera tener acceso el prestador de servicios ENAPSYS MEXICO, S.A. DE C.V. y su personal, por el ejercicio de sus actividades, con el fin de proteger a los usuarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones y a la propia COFETEL.Con lo cual se contraviene el marco jurídico ya señalado.

Es importante resaltar la posible ilegalidad bajo la que se otorgó a la empresa ENAPSYS, mediante adjudicación directa, el contrato en comento por parte del Comisionado Presidente de la COFETEL (Mony Sacha de Swaan Addati), pues dicha empresa ya había sido declarada como descalificada y, en consecuencia, desechada para la realización del mismo en la “Invitación a cuando menos tres personas” en la que había participado.

En total contradicción a lo declarado en el Fallo, el servidor público que funge como Comisionado Presidente de la COFETEL, otorgó el contrato en comento a la empresa ENAPSYS MEXICO, S.A. DE C.V. sólo 7 días hábiles después de que fuera declarada como una propuesta descalificada y desechada en el Acta de Notificación de Fallo emitida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dependiente de la Coordinación General de Administración de la COFETEL.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta, con toda atención, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, a través de sus respectivos titulares, para que se sirva esclarecer y, en su caso, sancionar las posibles irregularidades e ilegalidades que diversos reportajes de investigación sobre la actuación del Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones han dado a conocer en distintos medios de comunicación en relación con los contratos a que se hace referencia en esta proposición.

México, Distrito Federal, a 9 de abril de 2013.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.






Del Senador Alejandro Tello Cristerna, a nombre del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación esclarecer los hechos relacionados con la presunta intención de atentar contra la vida de los legisladores federales David y Ricardo Monreal Avila, mismo que se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y A LA SECRETARIA DE GOBERNACION ESCLARECER LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA PRESUNTA INTENCION DE ATENTAR CONTRA LA VIDA DE LOS LEGISLADORES FEDERALES DAVID Y RICARDO MONREAL AVILA

“ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y A LA SECRETARIA DE GOBERNACION ESCLARECER LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA PRESUNTA INTENCION DE ATENTAR CONTRA LA VIDA DE LOS LEGISLADORES FEDERALES DAVID Y RICARDO MONREAL AVILA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 4 de abril se informó por parte de la Procuraduría General de la República, PGR, la desarticulación de una banda de criminales que trabajaban para perpetrar el asesinato del diputado federal Ricardo Monreal Ávila y del senador David Monreal Avila, quienes fueron comunicados del hecho el mismo día, resultado de las labores de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, lo que dio lugar a la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/43/2013 por “algunos hechos que pudieran constituir diversos delitos”.

La PGR procedió con sus protocolos para integrar una célula operativa que se avocó a investigar el paradero de los presuntos sicarios, mismos que, según datos de la dependencia, fueron ubicados en un hotel del centro del Distrito Federal. Ninguna de las autoridades involucradas ofreció mayor información en torno a las presuntas razones por las que serían asesinados los dos políticos zacatecanos, sólo mencionaron que en los próximos días se ofrecerían mayores datos, conforme el avance de las investigaciones.

La Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, únicamente señaló que los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación y expresó que en las primeras declaraciones, los presuntos delincuentes aceptaron que se encontraban en la Ciudad de México para materializar el homicidio de los legisladores.

Se indicó también que el señor Arturo Guardado permanece retenido como presunto autor intelectual del hecho citado en contra del senador David Monreal y el diputado Ricardo Monreal, ambos de Movimiento Ciudadano.

Las instituciones de la República se han construido a lo largo de siglos con el esfuerzo físico, creatividad, inteligencia y brillantez de millones de mexicanos leales, honorables y comprometidos con México.

Con la independencia de nuestra nación se forjaron los pilares de los derechos civiles de las mexicanas y los mexicanos en un país respetuoso de la pluralidad étnica y de la diversidad de ideas, que también otorgó certeza a quienes con el resultado de su trabajo contribuyeron al desarrollo económico y cultural de este territorio, consolidando una identidad propia.

Así se entendió, por ello a lo largo del siglo XIX la ampliación de derechos de una sociedad viva y con la influencia de la ilustración europea, los derechos políticos se detonaron en la Constitución de 1857. Uno de ellos, muy importante debido al contexto histórico y político, el fuero, cuya figura encontramos desde 1812 en diversos textos, y que desde 1917 encontramos en el artículo 61 constitucional apuntando que: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus encargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

Esta institución se perfeccionó con la reforma de diciembre de 1977 cuando se añadió que el Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Se preguntarán ¿por qué es importante recuperar este tema?

Precisamente porque los presuntos hechos delictivos en contra de los hermanos Monreal Avila, son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes, adscritas tanto al poder ejecutivo como al poder judicial de la federación; pero también es cierto que, para el poder legislativo federal no puede pasar por inadvertido lo ocurrido, pues cualquier atentado en contra de un legislador federal, no es en contra del individuo per sé, sino de la institución más representativa del pueblo, “el poder legislativo”.

No es ajeno que derivado de las tareas parlamentarias, los miembros del poder legislativo son mayormente vulnerables de recibir amenazas para atentar contra su patrimonio, su familia e incluso, su vida. Es conocido por todos de diversos antecedentes al respecto, tanto a nivel local como federal, cito algunos de ellos:

1.- En enero de 2013 el diputado local del PRI en Sonora, Humberto Jesús Robles Pompa, fue amenazado de muerte1 presuntamente por actos propios de su trabajo como representante popular.

2.- En junio de 2012 el diputado federal del PRI por Oaxaca, Javier Villacaña Jiménez, entones presidente de la Comisión Permanente de Atención a Movimientos Sociales, fue amenazado de muerte2 por actos propios de su labor legislativa.

3.- En febrero de 2012 al entonces senador Manuel Velasco Coello del Partido Verde, lo amenazaron de muerte de manera reiterada mediante su línea telefónica, por actos relacionados con sus tareas político - legislativas.

4.- En octubre de 2011 el diputado local del PRD en Yucatán, Félix Varguez Canul, fue amenazado de muerte3 presuntamente por asuntos de carácter interno electoral de su partido, lo cual fue condenado por todas las fracciones parlamentarias del Congreso estatal.

5.- En mayo de 2010 al entonces senador Hugo Laviada del PAN fue amenazado de muerte4 por actos relacionados con asuntos electorales.

6.- En mayo de 2008 los entonces senadores Alejandro Moreno Cárdenas delPRI y Manuel Velasco Coello, del Partido Verde les quitaron diversas pertenencias y los amenazaron de muerte5 porque “los conocían perfecto” en un aparente asalto.

7.- En julio de 2002 el diputado federal del PAN por Veracruz, Sergio Baca Betancourt, fue amenazado de muerte6 presuntamente por actos propios de su trabajo parlamentario.

Es decir, pretender atentar o atentar contra la vida de los legisladores, si bien no es una acción permanente, tampoco ha sido aislado como aquí se ha expresado, por ello, consideramos importante, ético y responsable rechazar cualquier hecho que vulnere la tarea de los parlamentarios, pues son la voz en de quienes no la tienen y ello en ocasiones incomoda a algunas personas o sectores.

Es por lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión condena de manera rotunda todo acto que pretenda vulnerar las tareas propias de los integrantes del Poder Legislativo Federal.

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación para que profundicen y se esclarezcan las investigaciones relacionadas con un presunto atentado en contra de la vida de los legisladores federales, David y Ricardo Monreal Avila.

TERCERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión expresa su más amplia solidaridad con el Senador David Monreal Avila y con su hermano, el Diputado federal Ricardo Monreal Avila, por los hechos relacionados con presuntos actos delictivos que atentarían contra su vida y por tanto, contra las instituciones parlamentarias.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de abril de 2013.

Sen. Alejandro Tello Cristerna”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.

Las efemérides y las intervenciones de la agenda política inscritas en el Orden del Día, se integrarán al Diario de los Debates.






EFEMERIDES

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar.

“SEN. LISBETH HERNANDEZ LECONA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 72, NUMERAL 1, FRACCION XVI, 76 NUMERAL 1, FRACCION XI Y 87 NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, PARA LA PROGRAMACION DE LA EFEMERIDE RESPECTO DEL DIA 10 DE ABRIL DE MARZO DE 1919, FECHA DEL FALLECIMIENTO DE DON EMILIANO ZAPATA SALAZAR:

1Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”.
2La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos”

Recordar a Don Emiliano Zapata Salazar, es referirnos a un ícono de nuestro país, un personaje ilustre de la Revolución Mexicana, es hacer historia sobre la vida progresista del caudillo del sur, es traer a la memoria a un incansable reformador agrarista mexicano que pugnó por las tierras a favor del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Cómo soslayar ésta fecha en donde dejó de existir uno de los líderes militares más importantes durante la Revolución mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en nuestro país.

Caudillo de la Revolución Mexicana. Nació el 8 de agosto de 1879, en San Miguel Anenecuilco, del Distrito de Villa de Ayala en el hermoso Estado de Morelos.

Lo que lo motivó a luchar por la defensa de la tierra, fue el ver como su padre lloraba de impotencia, al verse despojado injustamente de sus tierras por los caciques del pueblo y el ver cómo eran tratados los campesinos de esa época. En esos momentos Emiliano lleno de coraje exclamó: “Cuando yo sea grande haré que te las devuelvan”.

En 1906 participó en Cuautla en una junta en la que se planteó la necesidad de defender la tierra de los campesinos morelenses de la voracidad de los hacendados porfiristas.

El 12 de septiembre de 1909 fue elegido presidente de la junta de defensa de las tierras de Anenecuilco. El principal planteamiento de Zapata fue defender el derecho del pueblo a la tierra, que significaba el derecho a la existencia misma de las comunidades campesinas. Emiliano estaba dispuesto a luchar contra todo y contra todos contando solamente con la confianza y apoyo de su pueblo.

Al estallar la revolución, Zapata se incorporó a las fuerzas maderistas, atraído por las demandas agrarias del Plan de San Luis; pero una vez que triunfó este movimiento, el reparto de la tierra no se llevó a cabo. Los hacendados, aprovechando que el ejército porfiriano se mantuvo en pie, presionaron para que las fuerzas campesinas fueran desarmadas y tramaran una traición que por poco le costaba la vida a Zapata. En esas condiciones, Zapata reorganizó a su ejército y tomó Yautepec, Cuautla y Cuernavaca. Al triunfo de la revolución maderista, se negó a deponer las armas mientras no se hiciera efectivo el reparto de tierras.

Esta actitud la mantendría hasta el fin de su vida, la cual le provocó enfrentamientos con quienes ocuparon el poder, mostrándose fiel a los principios del Plan de Ayala, ideario agrarista en el que se reflejaban los anhelos de los campesinos, sintetizados en la frase “Tierra y Libertad”. La recuperación de las tierras que les habían quitado a los campesinos era su objetivo principal.

A partir de la proclamación del Plan de Ayala los zapatistas defenderían su arrojo contra los gobiernos de Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Liquidaron el latifundismo y repartieron la tierra; confiscaron los ingenios y una gran empresa papelera y los pusieron a trabajar en beneficio de la población; fundaron un banco agrícola y abrieron numerosas escuelas primarias, incluso para adultos; reorganizaron la vida política de los municipios, dando impulso a la organización tradicional de los campesinos y crearon comités de vigilancia.

Derrotado Villa en 1915, sólo el zapatismo representaba un obstáculo a la consolidación del nuevo gobierno. Contra Zapata se dirigieron numerosas fuerzas que prácticamente arrasaron el estado de Morelos. La mujer también tuvo un papel muy importante en la vida de Emiliano, desde su madre que fue una mujer de mucho temple y carácter hasta sus fieles revolucionarias que lo apoyaron incondicionalmente hasta el día de su muerte. En 1919, víctima de una celada, Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca, en el mismo lugar que ocho años atrás le tendieron igual traición. El movimiento zapatista fue derrotado militarmente, más no sus ideales de justicia. En una carta dirigida a Pancho Villa, Zapata escribió:

“La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que
rebaños de esclavos para la tiranía”

Compañeras Senadoras y Senadores, el recordar a un célebre y distinguido revolucionario como Emiliano Zapata, es emular sus acciones de apoyo y ayuda a favor del pueblo y de los más desprotegidos,  salvaguardando sus derechos de los que menos tienen y preservando su libertad, imitemos esa conducta, erradicando toda acción que lacere los intereses de nuestra sociedad y propiciemos siempre el respeto irrestricto de los derechos de todas y todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, hoy enaltecemos desde esta Tribuna a un insigne de nuestra nación, nuestra entrega de esta fecha la hemos dedicado a exaltar la gran obra que este prócer aportó en la Revolución mexicana. En México fue conocido como “el Atila del Sur”, Zapata es, hoy por hoy, el mártir del agrarismo, el símbolo de la redención social en México. Algunos lo consideran como un bandido, otros más como un hombre sin escrúpulos que supo aprovechar la oportunidad, pero lo que sí es cierto, es que este singular personaje ayudó a mucha gente, que luchó por sus ideales, que finalmente no fueron sólo de él sino de muchos mexicanos que ya estaban cansados del abuso, maltrato, prepotencia y explotación de sus dirigentes. Y para concluir, termino con una de sus frases que ha quedado indeleble en la historia de nuestra nación:

3“Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a 9 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona”.

1 Emiliano Zapata Salazar.

2 IDEM.

3 IDEM.






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, en conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar.

“Conmemoración del 94 Aniversario luctuoso de Emiliano Zapata

El caudillo del Sur”.
…Ambos comen en el lugar y ambos se sientan en la silla presidencial.
“¿Qué tiene la silla presidencial?” –preguntó Villa, respondiéndole Zapata:
 “¡Nada, absolutamente nada!”.1

Hoy se conmemora un año más de la muerte de uno de los máximos hombres de la historia mexicana.

Hasta este día, el legado de Emiliano Zapata es el símbolo total de la defensa del agrarismo, la cooperación y el trabajo de amor y dedicación a la tierra labrada.

Emiliano Zapata desde muy joven fue un ciudadano con carácter y, dentro de su modesta educación, fue un revolucionario dispuesto a impulsar el amor por la patria y el alto a la discriminación y a los abusos cometidos por caciques de la época, como enunciaba comúnmente: “Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”.

Recordemos que antes de tomar las armas, fue Presidente de la Junta de Defensa de la Tierra y fue en ese entonces que conoció a Ricardo Flores Magón con quien afianza la ideología en la lucha determinando que aquellos que violentaban a sus hermanos mexicanos “por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o por soborno, están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos”2; situación que le generaba un inmensurable dolor al conocer de manera directa de las humillaciones y explotación que sufrían los mexicanos por tener hambre y querer labrar la tierra que otros permanecían en ociosidad.

Posteriormente, y entendiendo que por medio de la revolución como única arma de participación en esa época decidió entrevistarse con Francisco I. Madero para unirse a su lucha, pues el Plan de San Luis incluía un párrafo agrarista.

Así es como encabeza al Ejército Libertador del Sur con el que se hace acompañar durante toda la Revolución Mexicana enarbolando la idea de: “Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo”.

Don Emiliano Zapata constituyó uno de los pocos líderes de la Revolución Mexicana, que lucharon en ella para conseguir algo para los demás; fue de los únicos, junto con Francisco Villa, que no satisfechos con los “cambios” de Madero, Huerta, Carranza y Obregón, siguieron luchando para conseguir “tierra para los mexicanos” hasta que en su sueño revolucionario encontraron la muerte en manos de la traición3.

Posteriormente y al no compartir las ideas de Madero en cuanto al tema agrario y el reparto de la tierra se declara en armas por medio del Plan de Ayala4 y es en ese momento en que exclamó el lema: “La tierra es para quien la trabaja” y “La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos”, frase que no agradó en absoluto a los grandes latifundistas y terratenientes como la misma familia de Madero.

Recordemos pues con orgullo el legado de Emiliano Zapata y vayamos más allá de “la ignorancia y el oscurantismo que en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía” como bien decía.

Finalmente compañeras y compañeras legisladores, rindámosle honor a un mexicano que prefirió “Morir de pie que vivir una vida arrodillado” y continuemos a través de las Instituciones y de las leyes, continuando la construcción de un país justo y digno para todos.

Es cuanto”.

1 ESTRADA, Barrera Enrique. “Emiliano Zapata, El Caudillo del Sur”. Consejero del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.

2 (cita textual atribuible a Emiliano Zapata)

3 ESTRADA, Barrera Enrique. “Emiliano Zapata, El Caudillo del Sur”. Consejero del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.

4 25 de Noviembre de 1911.






INTERVENCIONES

De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, sobre el conflicto de relaciones que prevalece entre Corea del Sur y Corea del Norte.

"PRONUNCIAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
EN EL SENADO DE LA REPUBLICA

Con su permiso, Señor Presidente.

Compañeras Senadoras, Compañeros Senadores:

Los principios e historia de nuestra diplomacia obligan a México a retomar con seriedad nuestra tradición de participar en el concierto internacional como un activo promotor de la Paz. Existen diversos ejemplos al respecto, recordemos que México fue un importante impulsor del proceso de paz en Centroamérica por medio del Grupo Contadora establecido en 1983 y que tenía la finalidad de encontrar vías pacíficas a los conflictos armados en el Salvador, Nicaragua y Guatemala. Igualmente nuestra nación promovió el Tratado de Tlatelolco, primer acuerdo de congelamiento de pruebas nucleares firmado en 1967 y que sumó a las naciones de la región Latinoamericana. 

Más recientemente, en el caso del proceso de paz colombiano nuestro país fue sede e impulsó los “Diálogos de paz de Tlaxcala” que tuvieron lugar en 1992 y que  culminaron con la desmovilización total del Ejército de Liberación Popular (EPL) y Movimiento 19 de abril (M-19).  La vocación pacifista  de nuestra  nación también ha sido manifestada en foros multilaterales donde ha participado en temas de desarme, terrorismo y seguridad.

México se encuentra además obligado a promover la paz y la justicia internacional al haber firmado y ratificado la Carta de las Naciones Unidas. En este tenor, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no puede dejar de expresar su preocupación por la escalada en el conflicto que se está presentando en la región asiática confrontando directamente a Corea del Sur y Estados Unidos por un lado y a Corea del Norte por el otro, y que ha despertado consternación a nivel global por su posible trascendencia.

Como sabemos, las relaciones de Corea del Sur y Corea del Norte se han caracterizado por el conflicto constante desde la guerra de 1950-53. No obstante, existía una expectativa en los últimos años de que ambas naciones pudieran acercar sus posiciones y llegar a acuerdos de cooperación conjunta, entre los temas en los que se habían presentado adelantos se incluyó el compromiso de avanzar en la desnuclearización de la zona.

Desafortunadamente, a partir del mes de febrero hemos visto que se ha generado una crisis en la península coreana, después de que se impusieron sanciones al gobierno norcoreano por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuando concluyó que este gobierno había realizado una prueba de un misil balístico y que fuerzas estadounidenses así como surcoreanas realizaron ejercicios militares que norcoreanos consideraron hostiles. A partir de este momento sólo se han multiplicado las manifestaciones de amenazas entre los gobiernos en conflicto.

Entre los eventos más relevantes de los últimos días y que denotan la delicada situación,  está el del 30 de marzo, cuando Corea del Norte anunció que las relaciones en la península coreana habían entrado en estado de guerra y se resolverían los asuntos con el Sur según las normas de guerra. En respuesta, el gobierno surcoreano respondió que “la declaración de Corea del Norte no es una amenaza nueva, sino la continuación de sus amenazas provocadoras”, por su parte el gobierno de los Estados Unidos señaló que tomaría esta decisión del Gobierno Norcoreano “en serio”.1

El conflicto escaló un peldaño más cuando el pasado martes 2 de abril Corea del Norte señaló que planea poner en operación un reactor nuclear inactivo desde 2007 capaz de producir bombas nucleares. Por su parte Estados Unidos respondió con dos portaviones que fueron desplegados en el océano Pacífico y con las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, John Kerry, quien señaló que su país defenderá a Corea del Sur.

Este nivel de algidez del conflicto representa sin duda una amenaza seria a la paz internacional y ha generado reacciones de diversos gobiernos y organizaciones alrededor del mundo. Algunas de las principales preocupaciones se encuentran no solamente en la confrontación directa entre los países mencionados sino que se pudiera incluir a China que tiene un tratado de defensa bilateral con Corea del Norte. Los especialistas han sostenido que esta posibilidad es menor, sin embargo, algunos como el profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Pekín, Efe Jia, señalan que China "no se involucraría de lleno si Corea del Norte lo comenzase, pero tendría que analizar bien la situación si es Corea del Norte quien lo recibe".2

Aunque hasta la fecha Pekín  ha intentado persuadir a Corea del Norte de que abandone su programa nuclear y que el día de ayer 3 de abril el viceministro de Asuntos Exteriores chino, Zhang Yesui, aseguró que no querían ninguna guerra o caos en la península coreana", según información en medios de días anteriores, China, habría estado movilizando a tropas del Ejército de Liberación Popular (ELP) a la frontera con Corea del Norte, incluidos aviones de combate. Por esta razón, aunque como mencioné se ha considerado como un probabilidad menor, no deja de ser preocupante que el conflicto pueda extenderse.

Frente a este escenario y con base en una de las mejores tradiciones diplomáticas de nuestro país que se ha distinguido por ser un promotor de la paz, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República manifestamos nuestra preocupación y hacemos nuestros mejores votos por la paz en la península coreana. Asimismo, hacemos un respetuoso exhorto y esperamos que las partes en conflicto puedan encontrar caminos compartidos que permitan revertir la actual situación en la región, así como para que se restablezca la estabilidad en esta península asiática.

Consideramos asimismo que es impostergable que el actual Gobierno Federal asuma un compromiso mayor con nuestra tradición diplomática que nos distingue como una nación pacifista. México no puede permanecer en la apatía  y pasividad, debemos volver a ser un  actor activo en acompañar así como facilitar diferentes procesos de paz.

Aunque el Estado Mexicano ya ha fijado posición, a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), exhortando a Corea del Norte a retomar la vía del diálogo y la negociación y a cesar sus amenazas beligerantes, creemos que la diplomacia mexicana debe dar un paso más adelante y manifestar su firme apoyo a un esfuerzo de negociación, así como su total disposición a colaborar en el éxito del diálogo ofreciendo todo aquello que las partes consideren que México este en posibilidad de aportar a este fin. Igualmente, nos pronunciamos por una participación activa de nuestra nación en el seno de las Naciones Unidas. Para que este organismo prevenga futuras situaciones similares impulsando las negociaciones para consolidar acuerdos eficaces sobre el comercio internacional de armas, el uso pacífico de la energía nuclear y el control equilibrado de armas atómicas.

En resumen, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, se suma a los llamados de las diferentes Naciones, organizaciones internacionales, sectores de la sociedad civil e institutos políticos alrededor del mundo para que se retome la moderación y al diálogo en el conflicto norcoreano, nos manifestamos firmemente a favor de un México comprometido con la promoción de la paz y hacemos nuestros mejores votos porque en los próximos días la humanidad recupere la tranquilidad que se merece.

Muchas Gracias".

1 Jorge Paucar Albino, La historia de más de 60 años de conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, http://lamula.pe/2013/03/30/cronologia-conflicto-corea-del-norte-corea-del-sur-internaciona/jorgepaucar

2 “Apuesta China por la diplomacia para evitar una guerra en Corea”,  Milenio, Miércoles 3 de abril, http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/14f23737be8838ab225e2d22ce24bd1d  -






Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, sobre el fallecimiento de Margaret Thatcher, ex primera ministra británica.

"PRONUNCIAMIENTO REFERENTE AL FALLECIMIENTO DE MARGARET THATCHER, EX PRIMERA MINISTRA BRITANICA.

9 abril de 2013

Margaret Thatcher, la primera y la única mujer que, a la fecha, ha alcanzado el cargo de Primer Ministro del Reino Unido y que transformaría profundamente la vida política británica desde aquella lejana primavera de 1979 hasta nuestros días, falleció el día de ayer a los 87 años de edad.

Margaret Thatcher ha sido de esos personajes de la historia moderna que nació para ejercer el liderazgo. Desde el principio de su carrera política dio muestras destacables de tenacidad, preparación, profesionalismo y determinación.

La también llamada “Dama de hierro” fue demostró ser una política de convicciones; amante de los debates y los grandes retos.

Thatcher, que gobernó Reino Unido entre 1979 y 1990, dio un giro fundamental y definitivo a la vida política, económica y social. De alguna manera vino a rememorar las añejas glorias imperiales perdidas durante la primera mitad del siglo XX, sin embargo, también es preciso reconocer que durante su mandato, fue una figura profundamente polémica liquidando el poder de los viejos sindicatos que no tuvo reparo en atacar los privilegios de la antigua casta dominante a favor del capitalismo popular y de las clases medias.

De manera paradójica, su revolución económica no significó la creación de un país mucho más eficiente. Detrás del espejismo del poderío financiero neoliberal, cuyos cimientos de barro han quedado al descubierto desde la crisis financiera de principios del siglo XXI, el Reino Unido, sigue viviendo, sobre todo en estos días, profundas diferencias y padeciendo el agrietamiento de una clase media. Su dogmatismo le llevó a negar la necesidad de la presencia del Estado, en muchos ámbitos de la vida cotidiana que a la postre acabaría conduciendo a un profundo deterioro de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y el transporte.

Su llegada al poder supuso una completa transformación del Reino Unido al apoyar la privatización de industrias estatales y el transporte público; la reforma de los sindicatos, a los que prácticamente despojó de poder, la reducción de los impuestos y del gasto público, así como la flexibilidad laboral.

Estas medidas pronto consiguieron rebajar una inflación que parecía no tener freno, pero tuvieron un costo muy alto para la población británica por el aumento del número de desempleados; sin embargo, siempre supo reinventarse y posicionarse lista para una nueva batalla electoral, no en vano lideró a los conservadores a tres victorias electorales consecutivas hasta 1990.

John Campbell en la última biografía no oficial de 'Margaret Thatcher. Señaló que “para sus admiradores, Margaret Thatcher recuperó el adjetivo 'grande' para Gran Bretaña. Para sus críticos, fue una ideóloga que legitimó las desigualdades, deterioró la educación y la sanidad, causó un terrible daño a los servicios públicos, prostituyó la prestigiosa BBC y destruyó el arraigado sentido de solidaridad y de orgullo cívico de los británicos”.

Thatcher se caracterizó por su arrojo y valentía. Fue una de los pocos miembros del parlamento en apoyar la proposición de Ley de para despenalizar la homosexualidad. También votó a favor de la proposición de Ley para legalizar el aborto terapéutico. También se mostró, sin embargo, a favor del mantenimiento de la pena capital y votó en contra de facilitar los divorcios.
Estas críticas que ya forman parte de la historia biográfica, vienen a sumarse al cúmulo de análisis de la vida y obra de quien sin lugar a duda es y será referente de la participación de la mujer en la política, dando testimonio cierto de que la capacidad femenina en el ejercicio del poder público es una realidad. Thatcher, supo ganarse con su peculiar estilo, la confianza de toda la sociedad, haciendo posible que la igualdad de oportunidades entre géneros y el ejercicio del poder con valor, pasara a formar parte de la vida política, tanto en la comunidad británica como en el ámbito internacional.

Hoy, desde esta tribuna queremos recordar a la líder mundial, a esa mujer con tesón y estilo agresivo a la hora de negociar, a la política que se atrevió con todo para defender sus ideales, su fuerza, voluntad y determinación, características de su personalidad que le valieron el bien ganado nombre de “La Dama de Hierro”.

Aunque Margaret Thatcher se afilió al Partido Conservador, lo cierto es que, sobre todo en los albores de su carrera, sus acciones fueron, sin duda, progresistas. Desafió a su época y al propio Partido Conservador, que veía con desprecio el que fuese hija de un tendero y miraba con escepticismo su condición de mujer.

Más allá de ideologías, sirvan el testimonio y las acciones de un personaje como Margaret Thatcher para que las próximas generaciones conozcan la labor de una de las mujeres más destacadas de nuestro tiempo y para que reflexionemos sobre el papel y la trascendencia de la participación de las mujeres en la vida política. El mejor legado de la llamada “Dama de hierro” ha de ser la inspiración para que en la política se materialicen las condiciones de igualdad y equidad; tal y como lo logró la que en palabras del propio David Cameron, Primer Ministro de Gran Bretaña ha sido “la mejor Primer Ministra en tiempos de paz del último siglo”. Descanse en paz, Margaret Thatcher".






CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 11 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:10 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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