Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 28 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 20

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Abril de 2013

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:12 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 86 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se abre la sesión del jueves 4 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día miércoles tres de abril de dos mil trece, encontrándose presentes sesenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, informe de actividades realizadas durante la sesión de Asamblea Plenaria del parlacen, efectuada los días 20 y 21 de febrero del 2013 en Guatemala.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para realizar sesión solemne el jueves 4 de abril, con motivo de la visita de los Presidentes de Parlamentos asistentes al IV Foro de Presidentes de Parlamentos de Países Miembros del Grupo de los 20.- Fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación nombramiento a favor del ciudadano Julián Ventura Valero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Popular China.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación nombramiento a favor del ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Islandia y el Reino de Noruega.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación nombramiento a favor del ciudadano Agustín García López Loaeza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Francesa y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Mónaco.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación nombramiento a favor del ciudadano Luis Alfonso de Alba Góngora, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Austria, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Eslovaca y la República de Eslovenia. Así como Representante Permanente de México ante la Academia Internacional Anticorrupción (IACA), la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, Austria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación nombramiento a favor del ciudadano Jaime Manuel del Arenal Fenochio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Ecuador.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación nombramiento a favor del ciudadano Roberto Rodríguez Hernández, como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación nombramiento a favor del ciudadano Francisco Javier Díaz de León, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación nombramiento a favor del ciudadano Claudia Franco Hijuelos, como Cónsul General de México en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación nombramiento a favor del ciudadano Francisco Eduardo Del Río López, como Cónsul General de México en Montreal, Quebec, Canadá.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente del proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y se adiciona una fracción y se reforman las fracciones I y III al artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz y Maki Ortiz Domínguez, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 26 de la Ley del Banco de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 48 bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 133, 148, 158, 183 y 184 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Producción de la Actividad Artesanal; y se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN, para presentar el dictamen, a nombre de las comisiones; Martha Palafox Gutiérrez del PT a favor; Fernando Mayans Canabal del PRD a favor; María Elena Barrera Tapia del PVEM a favor; y Cristina Díaz Salazar del PRI a favor. Fue aprobado por 93 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de Acuerdo por el que expresan su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Diputados de desechar el proyecto de Decreto que reformaba el artículo 31 de la Ley General de Turismo.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a prever y, en su caso, realizar una transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que ésta los canalice a los 50 consulados de México en Estados Unidos de América para apoyar oportunamente a los connacionales que estarían en posibilidad de beneficiarse con la promulgación de una reforma migratoria integral en ese país.- Intervinieron los Senadores: Marcela Guerra Castillo, por la comisión, para presentar el dictamen; y Benjamín Robles Montoya del PRD a favor. Fue aprobado en votación económica.

2) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre el número y situación en que se encuentran los connacionales sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos de América.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de la Senadora Ninfa Salinas Sada, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a iniciar los estudios previos justificativos para declarar la figura de hábitat crítico para la conservación de la vida silvestre a la ensenada de Xpicob, en el municipio de Campeche, en el estado de Campeche.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

El Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo referente a la importación de cerdos.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a conceder el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Los Grupos Parlamentarios, remitieron proposición con punto de Acuerdo en relación con los problemas que afectan al sector agropecuario, a consecuencia de la sequía que padecen diversas entidades del país.- Considerado de urgente resolución. Intervino la Senadora Blanca Alcalá Ruiz del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisar la relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y con sus empleados, así como rendir el informe de la revisión al Senado de la República, con la finalidad de que se regule y se cumpla con los derechos del trabajador según lo dispuesto en la Ley Federal vigente.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, a nombre propio y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la semarnat a transformar las edificaciones gubernamentales según su infraestructura lo permita en edificios verdes, así como a la Comisión Federal de Electricidad a actuar en coadyuvancia para la implementación de los paneles fotovoltaicos que se requieran.- Se turnó a la Comisión de Medio  Ambiente y Recursos Naturales.

 

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de Gobernación, así como del Instituto Mexicano de la Juventud a llevar a cabo una campaña nacional de prevención de accidentes viales, dirigida principalmente a la juventud de nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Ernesto Gándara Camou, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación a considerar la adaptación de la red de Arrastre Prototipo RS-INP-MEX para que la captura de camarón sea más productiva y selectiva con las especie objetivo; asimismo, se intensifiquen las acciones de inspección y vigilancia en el Alto Golfo de California por parte de la misma institución y de la Secretaría de Marina.- Se turnó a la Comisión de Pesca.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones a corto y mediano plazo que se piensan implementar con los países de Centroamérica en materia de narcotráfico y migración.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Gobernación.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo en relación al alto porcentaje de colisión de afiliados a la seguridad social.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Angélica Araujo Lara,  Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir lo más pronto posible en los planes de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas del país, de los niveles preescolar, primara y secundaria, respectivamente, una nueva asignatura denominada “educación alimentaria sana y nutricional”, misma que deberá ser impartida por especialistas de la materia.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace patente su preocupación por el creciente y agravado problema de la extorsión telefónica en el país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un estudio y diagnóstico sobre la violencia sexual y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México e informe sobre los asuntos de su competencia en la materia.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y de los Senadores Layda Sansores San Román y Adán Augusto López Hernández, integrantes de la directiva de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la pronta suscripción del Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a reforzar acciones de restauración, protección y conservación del área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a instituir la comisión especial de movilidad para los trabajos legislativos de la Cámara de Senadores.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República cambio de denominación de dicha Comisión.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a emitir una ley estatal para promover e impulsar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil e invitar a los municipios del país a que en sus ordenamientos jurídicos administrativos se regule el promover e impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil.- Se turnó a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos del país a destinar recursos, promover y llevar a cabo la implementación de espacios y mobiliario urbano exclusivos para el estacionamiento de bicicletas, también denominados ciclopuertos, principalmente en zonas de edificios públicos.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a implementar acciones que coadyuven al Sistema Nacional de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

(Efemérides)

La Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó efeméride con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Autismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Excitativa)

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibido el 26 de abril de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de Distrito Federal a realizar las acciones y gestiones necesarias, propias o ante las instancias que corresponda, a efecto de impedir que continúe el desperdicio de agua en las redes primarias y secundarias del caudal total de agua potable para uso público urbano que abastece a la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo a favor de las personas con Síndrome de Down.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, los gobiernos de los estados, a la semarnat y a la sagarpa a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 un programa a corto, mediano y largo plazo sobre políticas públicas enfocadas a prevenir y reducir riesgos ante los incendios forestales en el país.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a mitigar todos los efectos de la sequía de los últimos 30 meses en dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo con relación a la integración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, así como la integración de la Base Nacional de Información Genética.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efeméride con motivo de la conmemoración del centenario de la firma del Plan de Guadalupe.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veinte minutos y citó a la siguiente el jueves cuatro de abril a las once horas y a Sesión Solemne a las once treinta horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada el acta. Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se autoriza el uso del escaño para la presentación de iniciativas y proposiciones en sesiones ordinarias. Esta práctica la iniciamos ya en la sesión de ayer y permitió avanzar de manera importante en la presentación de proposiciones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo:



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo para la presentación de iniciativas y proposiciones en sesión ordinaria desde su escaño.

En la sesión de este día, continuaremos con esta práctica que se inició el día de ayer.

Hago del conocimiento de ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo que contiene el procedimiento para la discusión y votación de dictámenes que propongan desechar iniciativas y proyectos de la Colegisladora.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo:



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de referencia. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo para la discusión y votación de dictámenes que propongan desechar iniciativas y proyectos de la Colegisladora.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió una comunicación suscrita por el Secretario General de Servicios Administrativos, en respuesta al Acuerdo aprobado el 19 de febrero sobre las condiciones de seguridad del edificio del Senado.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que la comunicación referida está disponible en el monitor de sus escaños. Esta Asamblea ha quedado enterada, comuníquese a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

Compañeras y compañeros Senadores, abrimos un receso en nuestra sesión ordinaria, para iniciar la sesión solemne, en la que recibiremos la vista de Presidentes de los Parlamentos de Países Miembros del Grupo de los 20.

Se declara un receso en tanto se lleva a cabo la sesión solemne, la cual iniciaremos en unos minutos más.

(Receso)

(Se reanuda la sesión)

- El C. Presidente Aispuro Torres: (12:09 horas) Se reanuda la sesión ordinaria.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de diversas Senadoras, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 335 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las CC. Senadoras Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, María del Rocío Pineda Gochi, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: Gracias, señor Presidente.

A nombre de las Senadoras Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, Rocío Pineda Gochi, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Angélica del Rosario Araujo Lara, presentamos esta iniciativa.

El abandono, el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores es un problema social que se observa en todas las esferas de la sociedad. Se manifiesta no sólo por el daño físico, sino también por agresiones psicológicas, financieras e incluso patrimoniales que traen como consecuencia que el daño ocasionado pudiera ser irreversible, lo que conlleva a su vez vergüenza y miedo para pedir ayuda o, en su caso, para denunciar a quienes lo someten a este tipo de tratos.

De conformidad con la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, son consideradas personas adultas mayores, aquellas que cuenten con 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas en tránsito o en territorio nacional.

El abandono es un tipo de maltrato que consiste en privar a una persona de las necesidades básicas como alimentación, higiene, calor, ropa adecuada al clima, asistencia sanitaria y médica.

Debido al envejecimiento de la población se han iniciado, a nivel nacional e internacional, diversas estrategias para hacer frente a este cambio demográfico. Entre ellas destaca la Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982, en donde México se comprometió a crear políticas económicas, sociales, culturales y jurídicas que permitieran mejorar el entorno y desarrollo de las personas adultas mayores. En la segunda asamblea llevada a cabo en Nueva York en el 2002, se estableció en su apartado de "Recomendaciones para adopción de medidas", la eliminación de toda las formas de abandono, abuso y violencia contra las personas de edad, en la que se establece que se deberán "promulgar leyes y establecer medidas legales para eliminar los abusos contra las personas de edad".

Como se advierte, en México además de comprometerse en el marco internacional, ha implementado diversas políticas, una de las más importantes fue la promulgación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en junio de 2002, que dio paso a la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), órgano encargado del diseño e instrumentación de las políticas públicas de las personas de 60 años o más, con la participación de los tres niveles de gobierno y los diferentes sectores del país.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2011 en México residían 10.1 millones de adultos mayores, lo que representa un 9 por ciento de la población total del país, 1 de cada 10 vive solo; de cada 100 hogares, 27 están integrados por lo menos una persona de 60 años y más, 83.9 por ciento de esos hogares son familiares.

El INEGI señala también que la población de 65 años y más se multiplicará por 4 en los próximos 3 ó 4 decenios, es decir, el envejecimiento de la población está creciendo rápidamente y el instituto estima que en 50 años México alcanzará el mismo porcentaje de envejecimiento como Francia. Por lo que dada la velocidad de crecimiento, será uno de los temas demográficos más relevantes a estudiar en el futuro de nuestro país.

Desafortunadamente, con el envejecimiento de la población, una gran cantidad de personas adultas mayores se han vuelto un grupo vulnerable por su estado precario de salud, dependencia, abuso, descuido y pobreza.

Por lo que es de suma importancia para el Estado no sólo contar con leyes e instituciones que se encarguen de crear políticas públicas, programas y acciones, que permitan atender las necesidades de las personas adultas mayores, sino también contar con leyes federales que contemplen este rubro toda vez que se trata de una situación de vulnerabilidad que en muchos de los casos no se denuncian a los probables responsables.

Entendiéndose por situación de vulnerabilidad, la condición de una persona o grupo de personas que por sus condiciones, permanentes o temporales, se encuentran en condiciones de riesgo, inseguridad, indefensión y desventaja, en que se encuentran infantes, personas adultas mayores y personas enfermas.

Es por ello que el Estado debe no sólo ocuparse de la prevención y atención sobre las personas adultas mayores, sino contar con un marco jurídico más sólido que permita castigar este tipo de actos u omisiones, sobre todo cuando se trata de las personas que no sólo dieron la vida, sino a las que estamos obligadas en términos de ley.

En razón de lo anterior, hoy hablamos a nombre de todas aquellas personas adultas mayores que se encuentran abandonados en el mejor de los casos en asilos o en casas de asistencia social o en algunos lugares carentes de algún tipo de asistencia, cuyos familiares han sido omisos y abusan de sus condiciones provocándoles un rápido deterioro físico o mental.

Por lo anteriormente expuesto, y sobre todo por experiencia propia, yo tuve la oportunidad de trabajar en la asistencia social durante muchos años, y una de las causas de las cosas que la gente llevaba era el abuso sobre el adulto mayor, cuando se sabía que un adulto mayor vivía solo y que contaba con alguna pensión o que contaba con alguna propiedad, no faltaba quién fuera apoderarse de su sustento y aprovecharse de su situación de vulnerabilidad.

Por eso, se propone en el siguiente proyecto de Decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 335.- Al que abandone a un infante, a una persona adulta mayor o a una persona enferma, en situación de vulnerabilidad, incapaz de cuidarse a sí mismo, teniendo la obligación de cuidarlos, se le aplicarán de 1 mes a 4 años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además de la patria potestad o de la tutela si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

Es cuanto, señor Presidente, gracias.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Las que suscriben, MARGARITA FLORES SANCHEZ, MELY ROMERO CELIS,  LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA Y ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, Senadoras de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 335 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, de conformidad con la siguiente:

ExposiciOn de Motivos

El abandono, el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores es un problema social que se observa en todas las esferas de la sociedad. Se manifiesta no sólo por el daño físico, sino también por agresiones psicológicas, financieras e inclusopatrimoniales que traen como consecuencia que el daño ocasionado pudiera ser irreversible, lo que conlleva a su vez vergüenza y miedo para pedir ayuda o en su caso para denunciar a quienes los someten a este tipo de tratos.

De conformidad con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, son consideradas personas adultas mayores, aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.

El abandono es un tipo de maltrato que consiste en privar a una persona de las necesidades básicas como alimentación, higiene, calor, ropa adecuada al clima, asistencia sanitaria y médica.

Debido al envejecimiento de la población se ha iniciado a nivel nacional e internacional diversas estrategias para hacer frente a este cambio demográfico. Entre ellas destaca la Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento, celebrada en 1982 en Viena, en donde México se comprometió a crear políticas económicas, sociales, culturales y jurídicas, que permitieran mejorar el entorno y desarrollo de las personas adultas mayores. En la segunda asamblea llevada a cabo en New York en 2002, se estableció en su apartado de “Recomendaciones para la adopción de medidas”, en su apartado C, numeral 110, objetivo 1, inciso c, la eliminación de todas las formas de abandono, abuso y violencia contra las personas de edad, en la que se establece que se deberán “promulgar leyes y establecer medidas legales para eliminar los abusos contra las personas de edad”.

Como se advierte del párrafo anterior, México además de comprometerse en el marco internacional, ha implementado diversas políticas, una de las más importantes fue la promulgación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en junio de 2002, que dio paso a la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), órgano encargado del diseño e instrumentación de las políticas públicas de las personas de 60 años o más, con la participación de los tres niveles de gobierno y los diferentes sectores del país. Los principales objetivos del INAPAM son proteger, atender, apoyar y ayudar, a las personas adultas mayores, así como conocer y analizar su problemática a fin de brindar soluciones adecuadas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011 en México residían 10.1 millones de adultos mayores, lo que representa 9% de la población total del país, uno de cada diez vive sólo; de cada 100 hogares, 27 están integrados por al menos una persona de 60 años y más, 83.9% de estos hogares son familiares.

De acuerdo a cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, afirman que 60 de cada 100 personas de la tercera edad que ingresan a sus centros gerontológicos, presentan un rechazo o total abandono de sus hijos, además carecen de recursos económicos, por lo que la institución hace un llamado para fortalecer la cultura del envejecimiento con calidad de vida.

El 21.4% del total de personas de 65 años y más, presenta carencia por acceso a la alimentación.

En la República mexicana existen 744 casas hogar para adultos mayores o asilos de ancianos en los que les proporcionanatencióny cuidados médicos.

El INEGI señala que la población de 65 años y más se multiplicará por cuatro en los próximos tres o cuatro decenios, es decir, el envejecimiento de la población está creciendo rápidamente, y el citado instituto estima que en cincuenta años México alcanzará el mismo porcentaje de envejecimiento que Francia. Por lo que dada la velocidad de crecimiento, será uno de los temas demográficos más relevantes a estudiar en el futuro de nuestro país, y en virtud del cual, el Estado deberá implementar las políticas sociales necesarias para atender este delicado asunto.

Desafortunadamente, con el envejecimiento de la población, una gran cantidad de personas adultas mayores, se han vuelto un grupo vulnerable por su estado precario de salud, dependencia, abuso, descuido y pobreza.

Las personas adultas mayores sufren innumerables violaciones a sus derechos fundamentales consagrados en nuestra carta magna, el abandono de este segmento de la población y el maltrato que viven diariamente, principalmente de sus familiares más cercanos, quienes a cambio de proporcionarles alimentos y un espacio donde vivir abusan de ellos; incluso en sus propios inmuebles son abandonados en habitaciones carentes de salubridad, alimentos, atención médica y cuidados mínimos.

Es de suma importancia para el Estado no sólo contar con Leyes e Instituciones que se encarguen de crear políticas públicas, programas y acciones, que permitan atender las necesidades de las personas adultas mayores, sino también contar con leyes federales que contemplen este rubro, toda vez que se trata de una situación de vulnerabilidad que en muchos de los casos no se denuncian a los probables responsables, quedando impunes y lo más triste aún es que el abandono se ejerce por el círculo familiar más cercano, quienes no sólo realizan los actos u omisiones sobre los padres y abuelos en su caso, sino que además terminan despojándolos de su patrimonio y en varias ocasiones dejándolos a su suerte, sin ningún tipo de asistencia, ni apoyo que en muchos casos culminan en la muerte.

Entendiéndose por situación de vulnerabilidad, la condición de una persona o grupo de personas que por sus condiciones, permanentes o temporales se encuentren en condiciones de riesgo, inseguridad, indefensión y desventaja, en que se encuentran infantes, personas adultas mayores y personas enfermas.

Es por ello que el Estado debe no sólo ocuparse de la prevención y atención sobre las personas adultas mayores, sino contar con un marco jurídico más sólido que permita castigar este tipo actos u omisiones, sobre todo cuando se trata de las personas que no sólo nos dieron la vida, sino a las que estamos obligadas en términos de ley.

El Código Penal Federal contempla el Abandono de Personas en el Capítulo VII, del Título Decimonoveno, denominado Delitos contra la Vida y la Integridad corporal, de cuyo análisis no se advierte que se refiera en ninguno de sus artículos a las personas adultas mayores, por lo que se reitera que es necesario legislar sobre este delicado tema.

En razón de lo anterior, hoy hablamos en nombre de todas aquellas personas adultas mayores que se encuentran abandonados en el mejor de los casos en asilos o casas de asistencia social o peor aún en lugares insalubres, carentes de algún tipo de asistencia, cuyos familiares han sido omisos y abusan de sus condiciones provocándoles un rápido deterioro físico, mental, psicológico e incluso la muerte, y cuyas conductas quedan impunes.

En razón de lo anterior, es necesario contar con un marco jurídico virtuoso que contemple las conductas ilícitas que la sociedad misma va presentando.

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente proyecto de Decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 335. Al que abandone a un infante, a una persona adulta mayor o a una persona enferma, en situación de vulnerabilidad, incapaz de cuidarse a sí mismo, teniendo la obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

TRANSITORIO

Unico.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Sánchez. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Pido a la Secretaría que tome nota de quienes han manifestado el interés por sumarse a la iniciativa presentada por la Senadora Margarita Flores.

Iborra Marmolejo, Isabel, (2010), “Reflexiones sobre la violencia”, en Sanmartín Esplugues, José, (Coordinador), Violencia contra las personas mayores”, 1ª. Ed., México, Editorial Siglo XXI. P. 133.

http://daccess-adds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN7N02/397/54/PDF/N0239754.pdf 4/03/2013.

http://www.inapam.gob.mx/03/03/2013.

http://.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/estadísticas/2011/edad11.asp?=2811&ep=71. 04/03/2013.

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/adultosmayores/Adultos_mayores_web2.pdf 02/03/2013

http://www.inegi.org.mx/inegi/conacyt/doc/Ficha_Demanda_5_Convocatoria_1_2012.pdf. 28/02/2013.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Laura Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano y Salvador Vega Casillas, con el aval del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales, a efecto de crear el Sistema Nacional del Combate a la Corrupción.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE CREAR EL SISTEMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCION

(Presentada por la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los CC. Senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano y Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Las numerosas prácticas de corrupción que se han enquistado como hechos de la realidad contemporánea de México, imponen a nuestro grupo parlamentario la responsabilidad de encarar de forma decidida un fenómeno que daña la imagen del país y deteriora la imagen que los ciudadanos tienen sobre sus instituciones y autoridades.

En especial, nos obliga a los legisladores a construir modelos institucionales para erradicar uno de los problemas más graves de nuestra agenda nacional. A lo largo de su historia y en la participación de nuestra vida pública, Acción Nacional conforme a nuestros principios, ha enarbolado siempre la bandera del combate contra la corrupción.

Los datos que arrojan diversos ejercicios de evaluación sobre el fenómeno de corrupción en México y sobre la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, fija nuestra agenda como legisladores un mandato al que debemos abocarnos de forma inmediata.

Por ejemplo, el índice de Corrupción, elaborado por la organización Transparencia internacional, ubica a México en la posición 105, con calificación de 3.4 en 2012, de 160 países evaluados.

Es por ello que el grupo parlamentario de Acción Nacional, a través de la iniciativa que presentamos el día de hoy, damos cumplimiento a uno de los objetivos planteados en la plataforma electoral de nuestro partido y a nuestros compromisos de la agenda legislativa.

Proponemos una respuesta institucional que en forma integral nos permita enfrentar la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Consideramos indispensable crear un nuevo entramado institucional cuyo objetivo sea desarrollar y fortalecer la cultura de la legalidad entre los servidores públicos y los ciudadanos, conjuntando los esfuerzos de los tres Poderes y de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y las instituciones de educación superior.

Es de gran relevancia señalar que esta iniciativa es el resultado del trabajo conjunto de diversas mesas de análisis en las que colaboraron activamente mis compañeros Senadores Fernando Torres Graciano, Laura Rojas, Salvador Vega, José María Martínez, Javier Corral, entre otros.

Este ejercicio plural nos muestra una vez más la riqueza del proceso de deliberación al interior de nuestro grupo parlamentario y el profesionalismo con que conducimos nuestra labor.

Para la consecución de esta iniciativa, se tomaron en cuenta las críticas y sugerencias presentados por diversos expertos en el tema de corrupción, por ejemplo, las vertidas en las sesiones de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, adicionalmente analizamos a profundidad las propuestas que anteriormente han realizado otros legisladores de Acción Nacional, en especial las iniciativas presentadas por los Senadores García Cervantes y Elizondo durante la LXI Legislatura y los proyectos del Diputado Marcos Aguilar y del Senador José María Martínez durante la actual legislatura.

Así también en el diseño del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, que propone Acción Nacional, fueron considerados los tratados internacionales en la materia y las recomendaciones y lineamientos de organismos internacionales como la OCDE, del cual se adoptó un concepto amplio de corrupción, que entre otros aspectos incluye:

La autorización, manejo, uso o supervisión indebida de fondos o recursos públicos.

Las omisiones graves en el cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.

El favorecer o inducir favores, privilegios o ventajas de manera indebida a un tercero o a su persona, por parte de los servidores públicos en las decisiones bajo su competencia o supervisión.

El obtener beneficios de cualquier tipo fuera de sus prestaciones oficiales así como promover o celebrar actos administrativos donde exista un conflicto de interés.

Por lo que esta iniciativa, lejos de obstaculizar los trabajos que ya se están realizando en las comisiones vienen a fortalecerlos.

El concurso de voces y expertos en temas de corrupción nos permite impulsar una iniciativa seria y verdaderamente comprometida con la enorme tarea de combatir frontalmente la corrupción.

Algunos aspectos relevantes de la iniciativa que hoy ponemos a su consideración, es en principio la creación del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, que permita coordinar con mayor efectividad a las diversas instancias encargadas del combate a la corrupción; el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción se abocará no solamente a la aplicación de sanciones, sino también a la prevención mediante políticas públicas, educación, creación de un Registro de Servidores Públicos y de su patrimonio, se implementarán mecanismos para la evaluación de los programas y se crean canales para la participación ciudadana.

Se faculta al Congreso de la Unión a la expedición de una Ley General de Combate a la Corrupción que homologue las responsabilidades administrativas y los tipos penales que facilitarán la estandarización de procedimientos; establecerá una distribución de competencias, así como formas de coordinación entre Federación, estado y Distrito Federal.

Impulsaremos mayor eficacia a la investigación y persecución de los delitos en materia de corrupción, dotando de autonomía a un órgano especializado denominado Fiscalía General de Combate a la Corrupción, el cual estará a cargo de un Fiscal General por la mayoría calificada del Senado de la República.

Se crea una Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, que tendrá por objeto fiscalizar la adecuada administración y aplicación de los recursos públicos federales que realicen los servidores públicos federales y locales, así como los particulares, fideicomisos, fondos, mandatos o cualquier otra figura análoga; así como prevenir, conocer e investigar las conductas que en el ámbito federal pueden constituir responsabilidades administrativas.

Se establece también una vinculación entre las entidades de fiscalización para que den vista y coadyuven en los procedimientos, ya sea administrativos o penales, con los órganos competentes.

En los artículos 116 y 122 constitucionales, se prevén órganos autónomos que repliquen en las entidades federativas y en el Distrito Federal las funciones de la Fiscalía General de Combate a la Corrupción, así como de la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción.

No debemos olvidar que ante la decisión de desaparecer la Secretaría de la Función Pública, será indispensable que las funciones de control y fiscalización que antes desarrollaba, en lo sucesivo sean ejecutadas bajo un marco de mayor eficiencia por órganos dotados de la fuerza institucional necesaria para acabar en México con el lacerante fenómeno de la corrupción.

Es por ello que no debemos menguar nuestro esfuerzo por lograr un cambio profundo que combata frontalmente y sin cortapizas a la corrupción.

En Acción Nacional estamos comprometidos con resultados que impacten positivamente en la realidad de la gente y por ello no aceptaremos ninguna propuesta superficial, ni cosmética. En Acción Nacional estamos decididos a combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno, en este tema, esperamos también una respuesta decidida de todas las fracciones parlamentarias.

Y en este sentido, no podemos dejar de lado, que aún cuando se encuentra pendiente de discusión en la Cámara de Diputados un esfuerzo legislativo que resulta de la mayor trascendencia para Acción Nacional, es la propuesta con la cual se actualiza el marco normativo en materia de transparencia, por ello desde esta tribuna hago un atento llamado a la Colegisladora a avanzar en el dictamen correspondiente.

Igualmente debemos seguir impulsando que en México se cuente con un adecuado modelo de control de la deuda pública de los estados y de los municipios, porque es indudable que a través del endeudamiento indebido se ha alimentado la corrupción en diversas entidades del país.

Los ciudadanos pueden estar seguros que los y las Senadoras de Acción Nacional, daremos un seguimiento puntual y cercano a todo estos temas, que los seguiremos impulsando decididamente desde esta tribuna y las comisiones del Senado, ya que en su conjunto, la transparencia, el control del endeudamiento público y el combate a la corrupción constituyen la base sobre la cual será posible construir un nuevo y más efectivo modelo de rendición de cuentas.

Muchas gracias.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Laura Rojas.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Señor Presidente, muchas gracias.

Pues para solicitar también que esta iniciativa que se acaba de presentar a nombre del grupo parlamentario del PAN, sea turnada a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, igual que las otras iniciativas que han versado sobre el mismo tema.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto tomamos nota de ello y pido que se turne también a la Comisión de Anticorrupción.

Sonido en el escaño de la Senadora Beristain Navarrete.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Para sumarme, si me permite la Senadora Ortega Martínez, a su iniciativa, por favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora María del Pilar Ortega, ¿acepta la incorporación de la Senadora Beristain? Pido a la Secretaría que tome nota de ello, con todo gusto.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos en el Exterior.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE ATENCION Y PROTECCION DE LAS Y LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR

(Presentada por el C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Muchas gracias, con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

A lo largo de los últimos años se ha incrementado de manera significativa el número de mexicanas y mexicanos que por múltiples razones y bajo distintas circunstancias hacen su vida diaria en diversas partes del mundo.

El número creciente de compatriotas en el extranjero ha ido a la par de un importante desarrollo de acciones de protección y apoyo consular, como parte fundamental de la política exterior mexicana.

En ello, la legislación no es ajena, y desde la promulgación, en 1874, de la Ley Consular, nuestro país ha procurado brindar protección a los mexicanos en situación de tránsito o residentes en otros países.

Es durante de la década de los 80`s que la atención y protección de los derechos humanos y derechos civiles de los migrantes mexicanos cobró importancia trascendente, ya que se fortaleció desde distintos ordenamientos la defensa jurídica y se creó la figura del canciller de protección, abocado preponderantemente a la protección de migrantes, promoviendo acciones preventivas de protección consular.

Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solamente los flujos migratorios del país hacia Estados Unidos, han integrado una numerosa comunidad que representa alrededor del 10 por ciento de la población total de nuestro país, estimándose que habitan allá, aproximadamente 12 millones de personas nacidas en territorio mexicano.

Es una realidad que los mexicanos que se trasladan al extranjero buscan mejores condiciones y oportunidades para su desarrollo, para compartir y transmitir formas de expresión, de pensamiento, y costumbres, al tiempo que asimilan un modo distinto de vida y el tipo de cultura imperante en el lugar donde se residen, todo ello en un proceso de interacción recíproca.

Por ello, es preocupación de los legisladores el dotar a las autoridades de herramientas idóneas que les permitan coadyuvar para que los connacionales puedan hacer frente a circunstancias jurídicas, económicas y sociales del país en que residen con la celeridad y eficacia que exige un mundo globalizado.

Proponemos crear una legislación específica de protección y apoyo a los mexicanos en el exterior, que incluya en sus contenidos medidas de política pública y acciones programáticas que desarrollen las autoridades mexicanas, a efecto de dotar a las y los connacionales de un auténtico blindaje solidario y jurídico, que no se agoten programas anuales revestidos de buenas intenciones, pero sin la fuerza de ley, y en pocas ocasiones dependientes de adecuaciones presupuestales o de visión del gobernante en turno.
Cabe señalar que esta propuesta no aborda de ninguna manera compromisos y obligaciones de los países donde se residen, ya que la tradición mexicana es de absoluto respeto a la política de no intervención, sino definir en un cuerpo normativo especializado los marcos de actuación de la representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, que realiza funciones de carácter permanente, para la protección a los mexicanos que se encuentren bajo su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento.

La iniciativa que hoy se presenta, tiene por objeto el establecimiento de los criterios generales que regirán las políticas de protección, apoyo y asistencia a las y los mexicanos en el extranjero por parte de las oficinas consulares, ya no en forma de programas aislados, sino como principios y políticas de apoyo obligatorios con una base mínima de atención elevadas a rango de ley.

Aunque la protección consular implica acciones en los ámbitos de defensa y promoción de los derechos humanos, de gestión en materia penal, migratoria, laboral y administrativa, es importante destacar que se atiende un porcentaje de asuntos que se concluyen igual o superior al 80 por ciento, aunado a ello, las políticas y programas de protección y atención consular se encuentran dispersas en NOM reglamentarias, manuales, oficios, circulares y acciones aisladas de política pública no permanente.

Ello genera dispersión y dificulta su operatividad y aplicabilidad, por ello proponemos consolidar en un solo cuerpo normativo estos dispositivos y acciones, entre ellos los derechos de los connacionales frente a las autoridades mexicanas en el exterior.

Las funciones de estas últimas, el papel y estructura del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, las políticas consulares e incluso las sanciones a que se harán acreedores los servidores públicos que incumplan con la normatividad y la gratuidad de los trámites. Todo ello armonizado de manera cuidadosa con los principios que rigen la política exterior de nuestro país.

La legislación en la materia, y haciendo especial énfasis en que se trata de una legislación que no invada la esfera territorial del país donde se resida el connacional, pues se trata de normar la relación de este último con la autoridad encargada de la protección y apoyo consular.

El apoyo que los mismos brindan a los connacionales no deben agotarse únicamente en programas anuales o en estadísticas con cierto triunfalismo, no olvidemos que quedaron pendientes de resolver durante 2012 casi 24 mil solicitudes de asistencia y protección consular, y en los últimos cuatro años, de 2009 al 2012, un total de 108 mil 527 casos, prácticamente lo correspondiente a todo un año de solicitudes, todo ello nos obliga a las y a los legisladores a discutir y aprobar con prioridad todas aquellas iniciativas que tengan tintes ideológicos para salvaguardar a nuestro hermanos que están lejos, pero que nuestra prioridades deben de estar hoy más cerca que nunca.

Las y los legisladores estamos obligados a proteger con toda la fuerza de la ley a quienes por distintas razones y circunstancias salen de nuestro país, por lo que los invito a que utilicemos la facultad legislativa que le confiere al Congreso de la Unión nuestra Carta Magna en su artículo 76, fracción XVI y XX, para legislar en la materia consular, con el objeto de cumplir la obligación que tenemos con los connacionales de dotarles de dispositivos normativos que les permita una integración plena y una convivencia armónica, mediante la aprobación de esta propuesta, con la cual estaremos dando un paso importante en la revaloración del papel de los migrantes y del desarrollo internacional y regional.

La ubicación y protección de nuestros connacionales y su influencia en el desarrollo de los países donde residen, todo ello, a fin de identificar espacios de oportunidad para su pleno desarrollo con dignidad y con solidaridad.

Es cuanto, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos planteando esta iniciativa que pude recoger varios de los esfuerzos que se han venido dando desde hace ya muchos años, finalmente en una ley para protección de todos nuestros compatriotas en el extranjero. Muchísimas gracias.

Y le solicito al señor Presidente, amablemente, que pueda ser incluida en su totalidad, por obvio del tiempo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Salazar Solorio, con todo gusto pido a la Secretaría que se integre el documento de manera íntegra para que deje constancia en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.

Se recibió del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, que se turna a la Cámara de Diputados.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM)



Se le concede el uso de la palabra al Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 42 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Félix González Canto: Con su venia, señor Presidente.

En la década de los 70´s se emprendieron acciones para consolidar el andamiaje institucional del sector turístico del país. En 1974, se expidió la Ley Federal de Fomento al Turismo y en ese mismo año, se creó la Secretaría de Turismo como órgano del Poder Ejecutivo Federal encargado de aglutinar las acciones del sector y de mejorar la coordinación de esta actividad.

En las administraciones del licenciado Luis Echeverría Alvarez y del licenciado José López Portillo, la política turística se reorientó al mercado nacional publicando las primeras declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Nacional, mismas que buscaban potenciar el desarrollo turístico en lugares estratégicos del país.

Bajo este contexto, la Ley Federal de Fomento al Turismo de 1974, estableció que el Departamento de Turismo promovería en coordinación con las entidades federativas, Zonas de Desarrollo Turístico Nacional, considerando como tales, las que por sus cualidades naturales, históricas, culturales o típicas constituyen un atractivo turístico. Estas zonas, compañeras y compañeros Senadores, tendrían el otorgamiento de estímulos y facilidades necesarias para su desarrollo.

En concordancia con lo anterior, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expedida en 1976, estableció en su artículo 42, fracción II la facultad de la Secretaría de Turismo para promover en coordinación con las entidades federativas, las Zonas de Desarrollo Turístico Nacional y formular de manera conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la declaratoria respectiva.

La importancia de las zonas de desarrollo turístico quedó reflejada en las diversas leyes de turismo que han estado vigentes en México.

Y la importancia de la Ley Federal de Turismo de 1980, contemplaba la regulación de las Zonas de Interés y Desarrollo Turístico.

Por su parte, la Ley Federal de Turismo expedida en 1984, creó también las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, mismas que se conservaron en la Ley Federal de Turismo de 1992.

Como ya se mencionó, las características fundamentales de estas zonas radicaban en que, por sus características, constituyen un atractivo turístico real o potencial evidente y en el apoyo que los niveles de gobierno deberían de dar para que se impulsaran inversiones en estas zonas.

La diferencia entre las Zonas de Desarrollo Turístico Nacional, las Zonas de Interés y Desarrollo Turístico y las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, se encontraba en las diferentes autoridades que conjuntamente con la Secretaría de Turismo emitirían la declaratoria respectiva.

En el año de 2009, con la intención de establecer nuevas condiciones para el desarrollo de la actividad turística, se aprobó la Ley General de Turismo.

Una de las nuevas acciones que contempla es la declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que son aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico.

La ley establece que esta declaratoria la llevará a cabo el titular del Poder Ejecutivo Federal a propuesta de la Secretaría de Turismo.

Compañeras y compañeros Senadores, como se puede apreciar en las distintas leyes de turismo, el concepto de las Zonas de Desarrollo Turístico ha ido evolucionando, al pasar de Nacional a Prioritaria, y de Prioritaria a Sustentable, esto último en función de la necesidad de que el turismo se realice bajo criterios de sustentabilidad que permitan dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando, por supuesto, a conservar los atractivos naturales de las regiones.

Es de destacar que pese a esta evolución que han tenido las zonas de desarrollo turístico en las leyes de turismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no actualizó el concepto contenido en la fracción II de su artículo 42, en el que se continua haciendo referencia a la declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Nacional que debe hacer la Secretaría de Turismo, mismo que se mantiene vigente desde 1976.

En virtud de la nueva conceptualización que plantea la Ley General de Turismo, esta iniciativa propone reformar la fracción II del citado artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin de homologar su contenido con lo señalado en la fracción XXI, del artículo 3 de la Ley General de Turismo.

Así, se propone que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que establezca que sea la Secretaría de Turismo a la que le corresponderá solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, la emisión de la declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

Compañeras y compañeros Senadores, como órgano legislativo, es nuestra responsabilidad revisar los diversos ordenamientos jurídicos a fin de armonizarlos, actualizarlos y crear un marco coherente que beneficie, sobre todo, la implementación de las políticas públicas que México requiere.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

El suscrito, Senador de la República Félix González Canto integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley OrgAnica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A mediados de la década de los años cuarentas el turismo fue reconocido como una actividad útil para impulsar el desarrollo del país, la cual contribuiría a aumentar los ingresos de los ciudadanos, estimular otras actividades económicas y dar vida a las regiones productivas.

Para consolidar esta actividad el entonces Presidente de la República, Miguel Alemán, promulgó la primera Ley Federal de Turismo, en 1949.

En los años posteriores, los esfuerzos gubernamentales se centraron en el mercado internacional por lo que se mejoró la infraestructura de acceso al país, fortaleciendo y construyendo tramos carreteros, centrales de autobuses y aeropuertos. También se fortaleció la promoción de los principales polos turísticos de México en el exterior, facilitándose los trámites migratorios para los turistas extranjeros, y se les comenzó a ofrecer como atractivo turístico la cultura e identidad nacional, para lo cual se edificaron museos y se remodelaron vestigios de nuestra cultura prehispánica y colonial.

En la década de los setentas, se emprendieron acciones para consolidar el andamiaje institucional del sector turismo. En 1974 se expidió la Ley Federal de Fomento al Turismo y en ese mismo año, se creó la Secretaría de Turismo, como órgano del Poder Ejecutivo Federal encargado de aglutinar las acciones del sector y de mejorar la coordinación de esta actividad.

En las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo la política turística se reorientó al mercado nacional publicando las primeras declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Nacional mismas que buscaban impulsar el turismo doméstico y potenciar el desarrollo turístico en lugares estratégicos.

Bajo este contexto, la Ley Federal de Fomento al Turismo de 1974, estableció que el Departamento de Turismo promovería en coordinación con las entidades federativas, Zonas de Desarrollo Turístico Nacional, considerando como tales, las que por sus cualidades naturales, históricas, culturales o típicas constituyen un atractivo turístico. Estas zonas tendrían el otorgamiento de estímulos y facilidades necesarias para su desarrollo.

En concordancia con lo anterior la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expedida en 1976 estableció en su artículo 42, fracción II la facultad de la Secretaría de Turismo para promover en coordinación con las entidades federativas, las Zonas de Desarrollo Turístico Nacional y formular de manera conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, la declaratoria respectiva.

Bajo este esquema de fortalecimiento turístico, en 1980 se emitieron la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional relativa al Desarrollo Turístico Santa Agueda, ubicado en el Municipio Nativitas, Distrito de Zacatelco, Tlaxcala; la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional relativa al Desarrollo Turístico el Tamarindo, ubicado en los Predios el Tamarindo, Majahua y Dorada, Pertenecientes al Municipio de la Huerta, Jalisco; y la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional relativa al Desarrollo Turístico el Faro, ubicado en el Municipio de la Huerta, Jalisco.

En 1981, para continuar fortaleciendo los diversos polos turísticos de México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una Declaratoria por la que se establecen las Regiones de Desarrollo Turístico Prioritario, contemplando como tales al Distrito Federal, a diversos municipios de los Estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, a la franja de 20 km paralela a la frontera norte del país, y a la comprendida dentro de la franja de 2 km paralela a la línea costera del Estado de Oaxaca. Estas regiones recibirían estímulos fiscales para la actividad turística.

Con el fin de continuar impulsando esta actividad, en 1984, se expidió una nueva Ley Federal de Turismo, la que estableció la creación de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, para ello determinó que la Secretaría de Turismo conjuntamente con la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y con la participación de los gobiernos estatales y municipales, promovería la determinación de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, a efecto de que se expidan las declaratorias de uso de suelo turístico en los términos de las leyes respectivas, para crear o ampliar centros de desarrollo turístico, estableciendo además, que cuando procediera recabaría a opinión de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Al igual que las Zonas de Desarrollo Turístico Nacional, contempladas en la ley de 1974, la ley estableció que las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario serían aquellas que por sus características constituyen un atractivo turístico real o potencial evidente.

La ley también previó que se apoyaría la creación de empresas turísticas que realicen inversiones turísticas en estas zonas; y se estimularía la constitución de empresas turísticas ejidales o comunales, y de sociedades cooperativas de índole turística.

La regulación de las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario se modernizó con la Ley Federal de Turismo de 1992, la cual estableció que la Secretaría de Turismo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios formularía la declaratoria de desarrollo turístico prioritario, estableciendo que se consideraría como tales aquellas zonas que a juicio de la Secretaría de Turismo constituyen un atractivo turístico por sus características naturales, histórico-monumentales o culturales.

De igual forma que en la ley anterior, este ordenamiento estableció que la Secretaría de Turismo fomentaría la creación de empresas turísticas que realicen inversiones en estas zonas, y que impulsaría la dotación de infraestructura necesaria para su desarrollo.

Bajo esta nueva concepción se emitieron las Declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario del Área Colindante a la Presa de la Amistad, Municipio de Acuña, Coahuila; del Corredor Turístico Ecológico, denominado Costa Alegre en el Estado de Jalisco; de la Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de Puebla de Zaragoza; de la Ciudad de Oaxaca de Juárez y los Valles Centrales y del Área Denominada Playa Miramar, ubicada en el Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Ya con la intención de establecer nuevas condiciones para el desarrollo de la actividad turística, en la LX Legislatura el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Turismo, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009.

Entre las nuevas acciones que se contemplaron fue la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que son aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico.

Esta declaración la llevará a cabo el titular del Ejecutivo Federal y las propuestas las hará la Secretaria de Turismo.

Se estableció que en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable el Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, podrán intervenir para impulsar la actividad turística en la zona, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población.

Como se puede apreciar en las leyes de turismo, el concepto de las Zonas de Desarrollo Turístico ha ido evolucionando, al pasar de Nacional a Prioritaria, y de Prioritaria a Sustentable, esto último en función de la necesidad de que el turismo se realice bajo criterios de sustentabilidad que permitan dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservar los atractivos de las regiones.

Es de destacar que pese a esta evolución que han tenido las zonas de desarrollo turístico, en las leyes de turismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no actualizó el concepto contenido en la fracción II de su artículo 42, en el que se continua haciendo referencia a la declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Nacional que debe hacer la Secretaría de Turismo, mismo que se mantiene desde 1976.

En virtud de la nueva conceptualización que plantea la Ley General de Turismo, esta iniciativa propone reformar la fracción II, del citado artículo 42, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin de homologar su contenido con lo señalado en la fracción XXI del artículo 3º de la Ley General de Turismo.

Así, se propone que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establezca que a la Secretaría de Turismo le corresponderá solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, la emisión de la Declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa al tenor del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 42 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

ARTICULO UNICO: Se reforma la fracción II del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 42.- …

I.- …

II.- Solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal emitir la Declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

III.- XXI.-

TRANSITORIOS

Unico.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de marzo de 2013.

Atentamente”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador González Canto.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Rocío Pineda Gochi.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño)Sí, señor Presidente, para solicitarle al Senador Félix Canto, si me puedo sumar a la importante propuesta que está haciendo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Igualmente se adhieren a su iniciativa los Senadores Beristain Navarrete, Cota Jiménez, Fayad Meneses, Ortiz González, Casillas Romero, Araujo Lara, Romero Celis, Flores Escalera, Díaz Salazar, Barrera Tapia, Pavlovich Arellano, Humberto Mayans, Irízar López y Alcalá Ruíz. Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION

(Presentada por el C. Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Con el permiso de la Presidencia.

La Normatividad Mexicana tiene como objetivo asegurar que los valores, cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio de los bienes de consumo entre personas morales y/o físicas, sobre todo los de uso extenso y fácil adquisición por el público en general, poniendo atención especial en el público no especializado en la materia; para este fin, en la legislación mexicana existen dos tipos básicos de Normas: Las Normas Oficiales Mexicanas llamadas Normas NOM y las Normas Mexicanas llamadas Normas NMX, de las cuales sólo las primeras son de uso obligatorio en su alcance y las segundas sólo expresan una recomendación de parámetros o procedimientos, aunque si son mencionadas como parte de una NOM como de uso obligatorio su observancia es a su vez obligatoria.

La iniciativa que pongo a consideración de esta Soberanía, hace referencia a las Normas Oficiales Mexicanas que se encuentran reguladas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

El artículo 40 de la mencionada ley, establece la finalidad de las NOM, entre las que se encuentran: la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones, técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben de cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, en el medio ambiente en general o laboral, o causar daños en la preservación de los recursos naturales, y determinar la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos a cumplir en las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario, y para el efecto se dividen en dos tipos de NOM: NOM de Etiquetado y la NOM de Información Comercial o Calidad y NOM Especificaciones.

Es pertinente destacar que no sólo los productos nacionales que se comercializan en México, son objeto del cumplimiento de la NOM, sino también los de procedencia extranjera, por ello, es importante acatar las disposiciones regulatorias de dichas NOM y su obligatoriedad para la comercialización de los productos en el territorio nacional.

De conformidad al artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada NOM, ésta también será aplicable a los similares o idénticos que se importen.

Las mercancías sujetas al cumplimiento de NOM se encuentran identificadas en el "Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, de las NOM clasificadas de las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país y en el de su salida", de acuerdo con la NOM, que fue publicado en el Diario Oficial el 27 de marzo de 2002, el cual ha sido reformado en diversas ocasiones.

En el documento mencionado anteriormente se localizan aquellas mercancías identificadas por fracción y nomenclatura al cumplimiento de la NOM emitidas por la Secretaría de Economía, principalmente sobre la calidad e información comercial o seguridad.

Aún cuando existen grandes diversidades de NOM, en materia de salud, equilibrio ecológico, fitosanitario y zoosanitario, cabe resaltar que aquéllas que regulan el mercado o etiquetado con información comercial de los productos y envases de las mercancías de origen de extranjero a importar para su comercialización al territorio nacional, se debe de informar en español de las características y cantidades del producto, país de origen, forma de uso, manejo de conservación, así como las leyes precautorias, se podrán tomar adecuadamente las decisiones de compra y uso de los productos adquiridos; lo anterior con la finalidad de otorgar una seguridad a los consumidores finales.

Para la introducción de los bienes de procedencia extranjera, se dará cumplimiento con las NOM aplicables, antes de su internación al país y, en su caso, se deberá contar con la certificación o constancia de las dependencias competentes que acrediten el cumplimiento de ésta, según se trate, a efecto de su presentación ante la Aduana, así como de la demás documentación requerida.

La NOM tiene, como objetivo ser Regulaciones No Arancelarias (RNA) para el aseguramiento de estándares internacionales de calidad y en este sentido la Ley de Comercio Exterior, en su artículo 16, establece que se puedan establecer las Regulaciones No Arancelarias para impedir prácticas desleales de comercio internacional, además de regular situaciones no previstas por las NOM, en materia de seguridad nacional, salud pública, fito-zoosanitaria o ecológica, entre otras.

De acuerdo con la Secretaría de Economía sólo el 43% de las importaciones están sujetas a alguna Regulación No Arancelaria, principalmente por la Secretaría de Economía, Salud y Agricultura.

Sin embargo, a pesar de que los ordenamientos legales contemplan que los productos a importar, estén regulados por alguna NOM, o en su defecto se establezca una Regulación No Arancelaria, es de notar que la autoridad no ha tenido homogeneidad en los criterios y en casos documentados se ha omitido requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o por falta de éstas, las de los fabricantes cuando no exista una NOM que los regule, tal como lo establece la ley.

En relación a lo anterior, diferentes sectores y organizaciones de productores han realizado denuncias ante las autoridades e instituciones sobre el tema y es preocupante la escasa y deficiente vigilancia que existe para verificar si los productos de importación cumplen con las NOM. Además de que los puntos de entrada son pocas las NOM que exigen en bienes de importación.

Dos ejemplos de sectores productivos importantes que se han visto disminuidos por prácticas desleales de comercio, como son: el sector pecuario, donde han sustituido el 42% del consumo nacional de carne de cerdo, de res y de leche, debido principalmente a que no cuentan con NOM de calidad y sanidad, lo cual favorece la importación de productos de baja calidad, sin adecuados protocolos de inspección sanitaria y a precios dumping, por debajo de los costos de producción, muchos de estos productos son considerados como desechos en su país de origen, generando una competencia desventajosa para la producción nacional a la par de los términos de calidad, transformados como pastas, embutidos, que realmente no son productos 100% de carne.

México tiene una NOM para la leche, la cual es flexible en sus criterios con el objetivo de promover un mayor consumo de este producto básico, (NOM-184-SSA1-2002, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado), existe otra NOM para yogures, (NOM-181-SCFI-2010, Yogurt-Dominación, especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba), que se aprobó en el 2010 y se modificó en el 2012.

Compañeras y compañeros, esta iniciativa reforma el espíritu constituyente que a veces olvidamos. La responsabilidad que el Estado debe de ser, en todo momento, garante de la protección, de la integridad y el patrimonio de sus gobernados; es cierto, de la dinámica de la globalización y los tratados internacionales han sido importantes y muy benéfico para México en varios aspectos.

Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de una adecuada normatividad ha transformado una oportunidad de grave amenaza para diferentes sectores productivos.

Como lo dije anteriormente, son muchas las actividades productivas, industriales y de transformación que se han visto afectadas de manera implacable; por otro lado, es lamentable que al día de hoy sigan considerando a nuestro país un comprador de desechos. El pueblo mexicano no merece que se abuse de sus necesidades y se engañe al consumidor, a la gente, insertando en nuestro mercado productos y servicios que ponen en riesgo la salud, la economía y el medio ambiente.

Nuestra propuesta, con esta iniciativa, es el inicio de una serie de trabajos y reformas con temas que son fundamentalmente para cerrarle el paso a la competencia desleal, impedir productos patitos, como se dice coloquialmente, de dudosa calidad y, en muchos casos, productos de valor residual.

Es necesario poner un alto, México no necesita un tiradero de país alguno, basta ya, no más productos basura.

Desde aquí hago un llamado, respetuoso, al gobierno federal, a organismos empresariales, industriales y productores, de manera indistinta de su filiación política, para que nos unamos en un movimiento que ponga un alto a aquellos pillos que pretenden manipular los mercados para su beneficio a costa de los mexicanos.

Sugiero que trabajemos firme, con plena convicción de que lo que hagamos hoy puede marcar la diferencia, podemos continuar desarrollando alianzas virtuosas a través de tratados internacionales, pero nunca más sobre los intereses de los mexicanos.

Esta iniciativa es un paso obligado que nos lleva a la modificación y armonización de otras leyes, como la Aduanera y de Comercio Exterior, y más allá del ámbito legal de esta iniciativa, les pido que honremos el compromiso que nos congrega con esta Soberanía: la defensa de quienes nos otorgaron su confianza con la esperanza de un mejor porvenir.

En la iniciativa con proyecto de Decreto.

UNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para que quede como sigue:

Artículo 53...

Cuando no exista Norma Oficial Mexicana, las dependencias competentes deberán requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.

Yo quiero agradecer, señor Presidente, porque se ofrecieran a firmar los coordinadores parlamentarios del PRD, del PRI y del PAN, y a suscribir esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

EL SUSCRITO, FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, SENADOR DE LA REPUBLICA PARA LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 71 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASI COMO LOS ARTICULOS 8° NUMERAL 1, FRACCION I, 164 NUMERAL 1, 169 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 53 PARRAFO TERCERO DE LA LEY FEDERAL DE METROLOGIA Y NORMALIZACION AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Normatividad Mexicana tiene como objetivo asegurar que los valores, cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio de los bienes de consumo entre personas morales y/o físicas, sobre todo los de uso extenso y fácil adquisición por el público en general, poniendo atención especial en el público no especializado en la materia; para este fin; en la legislación mexicana existen dos tipos básicos de Normas; las Normas Oficiales Mexicanas llamadas Normas NOM y las Normas Mexicanas llamadas Normas NMX, de las cuales solo las primeras son de uso obligatorio en su alcance y las segundas solo expresan una recomendación de parámetros o procedimientos, aunque si son mencionadas como parte de una NOM como de uso obligatorio su observancia es a su vez obligatoria.

La iniciativa que pongo a consideración de esta Soberanía, hace referencia a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que se encuentran reguladas en la Ley Federal de Metrología y Normalización.

El artículo 40 de la mencionada Ley, se establece la finalidad de las NOM, entre las que se encuentran: la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o laboral, o causar daños en la preservación de los recursos naturales, y determinar la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos a cumplir en las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario y para tal efecto, se dividen en dos tipos de NOM:

NOM de Etiquetado. Es la NOM que establece que en una etiqueta se indique toda la información comercial del producto para que el consumidor tenga conocimiento de todas las características de la mercancía.

NOM de Información Comercial o Calidad y Especificaciones: Es aquella que otorga la Secretaria de Economía después de análisis de laboratorios autorizados para inspeccionar los distintos aparatos y verificar que cumplan con las especificaciones de calidad de la NOM.

Es pertinente destacar que, no sólo los productos nacionales que se comercializan en México, son objeto de cumplimiento de NOM, sino también los de procedencia extranjera, por ello, es importante acatar las disposiciones regulatorias de dichas NOM y su obligatoriedad para la comercialización de productos en el territorio nacional.

De conformidad con el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada NOM, ésta también será aplicable a los similares o idénticos que se importen.

Las mercancías sujetas al cumplimiento de NOM se encuentran identificadas en el “Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación, de Exportación las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país y en el de su salida” (Acuerdo de NOM), que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2002, el cual ha sido reformado en diversas ocasiones.

En el documento mencionado anteriormente se localizan aquellas mercancías identificadas por fracción y nomenclatura que requieren el cumplimiento de las NOM emitidas por la Secretaria de Economía, principalmente sobre calidad e información comercial o seguridad.

Aun cuando existe una gran diversidad de NOM (en materia, de salud, equilibrio ecológico, fitosanitario, zoosanitario, etc.), cabe resaltar aquéllas que regulan el marcado o etiquetado con información comercial de los productos y envases de las mercancías de origen extranjero a importar para su comercialización en territorio nacional y deben contener la información en español de: características y cantidad del producto, país de origen, formas de uso, manejo o conservación, así como las leyendas precautorias, se podrán tomar adecuadamente las decisiones de compra y uso de los productos adquiridos; lo anterior con la finalidad de otorgar seguridad a los consumidores finales.

Para la introducción de los bienes de procedencia extranjera, se dará cumplimiento con las NOM aplicables, antes de su internación al país; y en su caso, se deberá contar con el certificado o constancia de la dependencia competente que acredite el cumplimiento de ésta, según se trate, a efecto de su presentación ante la aduana, así como de la demás documentación requerida.

Las NOM tienen también como objetivo ser Regulaciones No Arancelarias (RNA) para el aseguramiento de estándares internacionales de calidad y en este sentido la Ley de Comercio Exterior, en su artículo 16, establece que se pueden establecer Regulaciones No Arancelarias para impedir prácticas desleales de comercio internacional, además de regular situaciones no previstas por las NOM, en materia de Seguridad Nacional, Salud Pública, Fito-zoosanitaria o Ecológica, entre otras.

De acuerdo con la Secretaria de Economía solo el 43% de las importaciones están sujetas a alguna regulación no arancelaria, principalmente por las Secretaria de Economía, Salud y Agricultura.

Sin embargo, a pesar de que los ordenamientos legales contemplan que los productos a importar, estén regulados por alguna NOM o en su defecto se establezca una Regulación No Arancelaria, es de notar que la autoridad no ha tenido homogeneidad en los criterios y en casos documentados se ha omitido requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante; cuando no existe una NOM que lo regule, tal como lo establece la Ley.

En relación a lo anterior diferentes sectores y organizaciones de productores han realizado denuncias ante las instituciones sobre este tema y es preocupante la escasa y deficiente vigilancia que existe para verificar si los productos de importación cumplen con las NOM; además de que en los puntos de entrada son pocas las NOM que se exigen en bienes de importación.

Dos ejemplos de sectores productivos importantes que se han visto disminuidos por la practicas desleales de comercio son: El de la Porcicultura Nacional, donde las importaciones hacia México, han sustituido en un 42% el consumo nacional de carne de cerdo, debido principalmente a que no se cuentan con NOM de calidad y sanidad, lo cual favorece la importación de productos de baja calidad, sin adecuados protocolos de inspección sanitaria y a precios de “dumping” (por debajo de sus costos de producción), muchos de estos productos son considerados como desechos en su país de origen, generando una competencia desventajosa para la producción nacional a la par que en términos de calidad una vez que entran a procesos de transformación en pastas y embutidos no son realmente productos 100% carne.

El otro ejemplo es el sector lechero que ha padecido por décadas esta falta de regulación; que ha generado que miles de Ganaderos hayan despoblado los establos y que la industria así como nuestro sector gubernamental haya dado preferencia a la compra de leche en polvo, formulas lácteas y derivados lácteos.

En importante resaltar que en la última década, del 2000 al 2009, la producción de leche se incrementó únicamente 13.8%, mientras que las importaciones de leche en polvo aumentaron en 24%, durante el periodo en comento. Hacia el año 2012, México produjo 10,946 millones de litros de leche e importó 5,080 millones de litros equivalentes de leche en polvo, representando el 31.39% del total que se consume en el país.

México sólo tiene una NOM para la leche, la cual es flexible en sus criterios con el objetivo de promover un mayor consumo de ese producto básico (NOM-184-SSA1-2002, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado); existeotra NOM para yogures (NOM-181-SCFI-2010, Yogurt-Denominación, especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba) que se aprobó en 2010 y se modifico en 2012; pero hay otros tantos derivados y subproductos que carecen de NOM dentro de los cuales podemos observar quesos, cremas, natillas, gelatinas, entre otros.

Estoy seguro que muchos de ustedes observan en sus Estados, ciudades y comunidades esta problemática día con día; en donde somos testigos de la forma en que se debilitan sectores productivos; aquí he dado testimonio solo de dos ejemplos en el sector agropecuario; pero podemos entrar a revisar otros sistemas producto como son: El pollo, carne de res, textiles, maderables, de manufactura etc; es dramático ver como miles de familias que dependen de estos sectores pierden empleos, migran ó buscan alguna otra fuente de sustento ante las afectaciones de una apertura comercial con otros países sin una adecuada regulación; México necesita homologar las políticas públicas no solo en materia productiva, hacendaria y económica; también, deben ser estas políticas congruentes y homologar la normatividad; esto permitirá una competencia más justa y en el caso del sector agropecuario, es fundamental que se considere como una estrategia de seguridad alimentaria.

En virtud de lo antes expuesto y dado que es una facultad de las autoridades competentes el requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen; y que el no hacerlo, pone en clara desventaja a los productores nacionales, a quienes sí, se les obliga el observar una Norma Oficinal Mexicana. El espíritu de esta iniciativa pretende generar equilibrios y que nuestros sectores productivos compitan con similares condiciones en cuanto a normatividad aplicable.

Someto respetuosamente a esta Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, para quedar como sigue:

ARTICULO 53.-

Cuando no exista NOM oficial mexicana, las dependencias competentes deberán requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.

Es cuanto, Sr. Presidente.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de abril de 2013”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Domínguez Servién.

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para pedirle al Senador proponente, Francisco Domínguez, si me permite sumarme a esta importante iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: También se suman a esta iniciativa los Senadores García Gómez, Vega Castillas, Yunes Márquez y Beristain Navarrete, pido a la Secretaría tome nota de quienes se suscriben. Se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las CC. Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente.

Quisiera puntualizar que además de las Senadoras que estamos suscribiendo esta iniciativa, fuera tan amable también, además de las Senadoras Hilda Flores y Diva Gastélum, la Senadora Graciela Ortiz, por favor.

Les compartimos el día de hoy y presentamos esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos.

Y esta iniciativa es producto de un esfuerzo grupal de varios meses en los que hemos trabajado con un grupo de académicos y especialistas. Para ellos quiero, a nombre de las Senadoras, nuestro reconocimiento al Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, la Asociación Nacional de Derecho Penal y Criminología, entre otros.

Con esta iniciativa se busca unificar la legislación procesal penal en el país para evitar la dispersión que actualmente prevalece en el proceso de implementación de la reforma constitucional de 2008, y procurar así que la justicia penal sea igualitaria para todos. Esto con el propósito de generar en México una legislación que se ajuste efectivamente a las realidades y necesidades nacionales y responda a las expectativas de la sociedad mexicana.

Es importante subrayar que esta propuesta integral contiene tres elementos no contemplados en otras que han sido presentadas.

Primero, es la única que propone un código único.

Segundo, es la única que incluye un capítulo de derechos humanos de las víctimas para contemplarlos desde la prevención.

Tercero, es la única que incluye preceptos de justicia restaurativa.

Lo que buscamos es atender el sentido de reclamo social de justicia, mismo que retomó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que también se incluye en el Pacto por México, y el propósito es adecuar los mecanismos para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.

Quiero presentarles de manera breve algunas características de este proyecto.

Parte, primero, del reconocimiento de los motivos que determinan el cambio en el sistema de justicia penal que son el incremento de la violencia y la inseguridad pública provocada por el delito, la impunidad y la falta de funcionalidad de los órganos encargados de investigar y perseguir el delito, de procurar y administrar la justicia penal, es decir, que el sistema de justicia penal y de seguridad pública se encuentra en crisis.

Porque su manera de funcionar no ha podido ajustarse a las exigencias del estado democrático de derecho ni ha podido ser una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad. Por ello, la reforma al sistema procesal penal del que depende la función que corresponde desarrollar el Ministerio Público y el órgano judicial, la forma y los límites en que cada uno debe de desarrollar dicha función, así como la función y los alcances de la defensa y el rol de la víctima de delito, no puede apartarse de esos grandes objetivos.

Dos.- Si la reforma constitucional de 2008, obedeció al acuerdo sobre la necesidad de fortalecer el sistema procesal acusatorio y oral para mejorar la calidad de justicia y hacer que el sistema sea más funcional.

Todo lo que buscamos con ello, es la uniformidad de criterios y una aplicación igualitaria de la ley que está propiciando una mayor dispersión de formas de aplicar la ley procesal penal en el país, una situación que también se está reflejando en otras iniciativas presentadas por las diversas fuerzas políticas.

Las diferencias de criterio legislativo entre ellas, se observa en torno a la función del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo, las etapas del procedimiento penal ordinario y, por ende, sobre los momentos procedimentales al que deben observarse los derechos, principios y garantías procesales; el equilibrio que debe existir entre la fase de investigación y el proceso, el restarle importancia a la etapa de investigación de los delitos y no preverse el uso de técnicas modernas de investigación. No obstante ser esta la parte que más tiene que ver con la expectativa de la sociedad ante el problema de la delincuencia, la inseguridad y la impunidad; los casos y las condiciones en que debe proceder la aplicación de criterios de oportunidad o de mecanismos alternativos de solución a los conflictos; los requisitos materiales para la orden de aprehensión y el acto de vinculación al proceso o de formal prisión.

Así como la sentencia condenatoria y los criterios para la individualización de la pena, los alcances que debe tener la aplicación del juicio oral al que ahora se le asigna un papel secundario, entre otros.

Tres.- Para consolidar un sistema de justicia penal que se ajuste a las exigencias del estado democrático de derecho, es necesario contar con un código de procedimientos penales únicos que se sustenten principios y criterios de corte democrático para que los objetivos políticos criminales del derecho penal y de la reforma constitucional se puedan alcanzar.

Asimismo, la nueva legislación procesal penal debe responder a las expectativas actuales de la sociedad que exige una más efectiva protección de sus bienes jurídicos frente al delito y que en el ejercicio del poder penal sus derechos se vean respetados, además de atender el aspecto meramente garantista que tiene que ver con los límites del poder penal y la garantía de protección de los derechos humanos de los actores del drama penal, víctimas y victimarios.

La legislación procesal penal debe también atender las otras aspiraciones sociales, como es contar con un sistema penal que garantice de manera más efectiva la protección de sus bienes jurídicos frente al delito, que se combate fiscalmente la delincuencia y la inseguridad pública provocada por ésta y que se abata la impunidad y la corrupción, entre otros males que aquejan al sistema.

Cuatro.- El proyecto que se presenta procura regular instituciones y estrategias más realistas y racionales en lugar de proponer medidas utópicas o que resulten irrealizables y, por ello, hace un lado los mitos y se ubica más en las realidades nacionales, sabiendo cuáles son las fortalezas y las debilidades.

Se sugiere establecer otras estrategias políticos-criminales para atender de manera eficaz los conflictos sociales para que el sistema penal pueda estar en condiciones de cumplir su objetivo de manera más razonable, pues de otra manera se seguirán creando falsas expectativas y nuevos desencantos sociales.

Por razón de lo anterior, lejos de sólo adoptar y transplantar algún modelo procesal que finalmente pueda resultar estratégico en una realidad como la nuestra, la propuesta se esfuerza en autogenerar un modelo nacional.

Primero, que se reconozca que México es una República representativa, democrática, federal y laica compuesta de estados libres y soberanos, a quienes se reserva, entre otras, la facultad de legislar en materia penal del fuero común y que, por esa razón, en nuestro país existen tantos códigos penales y códigos de procedimientos penales como estados de la Federación existen, incluyendo el Distrito Federal.

Se reconoce que la existencia de una gran cantidad de códigos ha traído como consecuencia la diversidad de criterios legislativos y la falta de una justicia igualitaria en materia penal, por ello se sugiere la unificación de la legislación procesal penal.

Ahora bien, dado que uno de los principales escollos que se ha hecho valer en contra de la idea de la unificación legislativa ha sido la soberanía de los estados y el federalismo, y en este propósito único se parte de la idea de que la unificación nos representa un atropello a la soberanía de los estados y al federalismo, sobre todo cuando en otras materias no se ha negado el régimen federal al atribuírsele a la federación facultades para legislar, como es en salubridad, impuestos, seguridad social, entre otros.

Se ha buscado por medio de la coordinación el bienestar de la colectividad sin dañar al sistema federal. También se pueden seguir sistemas parecidos, por lo que se refiere a la justicia penal y a la lucha contra el crimen que, sin duda, son problemas que plantean mayores exigencias y que las entidades federativas deben estar interesadas de que frente a ellos se uniforme o unifiquen los criterios políticos criminales.

La unificación de la legislación procesal penal hará que los criterios políticos criminales se unifiquen en torno a las estrategias y mecanismos aplicables en la investigación del delito.

Segundo, a la relación que debe existir entre el Ministerio Público y la policía para que aquel asuma su rol de conducir la investigación, al uso de las medidas cautelares, a la aplicación de criterios de oportunidad y de mecanismos alternativos de solución de conflictos, y lo anterior también implique igualmente unificar criterios para que los derechos y las garantías que consagra la Constitución se hagan efectivos de manera igualitaria en la sociedad mexicana.

Es evidente que una única legislación procesal penal válida para toda la República tendrá sus implicaciones, además de requerir una previa reforma constitucional para darle al Congreso de la Unión la facultad exclusiva de legislar en esta materia. Por ello, los convoco a analizar y discutir sobre la viabilidad, según nuestras condiciones actuales.

Si existen diversos modelos y prácticas procesales, habrá que procurar que la legislación procesal penal única se adopte el que mejor se acomode a las realidades sociales, culturales y jurídicas de la nación, y a la realidad del propio sistema de justicia penal que se quiere modificar.

Reconocemos, además, que en torno a las cuestiones de la política criminal y la justicia penal que debe funcionar en determinado lugar, existen siempre diferentes puntos de vista y perspectivas que exigen lograr conciliación en este tipo de tareas. Por eso, la propuesta procura adoptar una posición racional y equitativa y busca el equilibrio entre los extremos, garantismo y eficientismo, y entre los derechos de los victimarios y de las víctimas, procura responder a las exigencias del estado democrático de derecho que tiene que ver con los derechos y garantías del debido proceso y a las expectativas de la sociedad mexicana que tiene que ver con la funcionalidad del sistema penal.

Busca el equilibrio entre la investigación del delito y el proceso del inculpado para evitar acusaciones sin sentido o sin sustento, pero también para garantizar acusaciones consistentes que eviten la impunidad a toda costa, y a la vez que procuren una mayor racionalidad entre el uso de los juicios orales y de las salidas alternas o procesos abreviados.

Finalmente, quiero reconocer al grupo de académicos y especialistas que participaron en la elaboración de esta iniciativa, principalmente a los doctores Patricia Olamendi, Moisés Moreno, Julio Hernández, Samuel González, María Elena Leguízamo, Elías Huerta, Jorge Nader, Sergio Correa, Juan Moreno, Ernesto Mendieta.

A todos los que participaron gracias por este esfuerzo.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pido a la Secretaría que se añada a esta iniciativa también como suscritora a la Senadora Graciela Ortiz González…

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Yo no suscribiré la iniciativa de la Senadora Cristina Díaz, aunque la he leído y me parece que es un gran trabajo, está muy bien lograda la iniciativa, la felicito a ella y a todas las organizaciones de la sociedad civil que la han presentado, pero yo voy a presentar la próxima semana el mío.

Es para pedirle, si usted fuera tan amable, lo que le he insistido sesión tras sesión, es que homologuemos los turnos y que le dé vista a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Si usted escuchó la exposición que tan brillantemente hizo la Senadora Cristina Díaz, habrá escuchado que en cuatro, cinco ocasiones habló de que es una propuesta en conjunto de ella con un grupo de organizaciones civiles, es decir, de la participación ciudadana.

Los foros que estamos llevando a cabo todos los días miércoles es, precisamente, con la participación ciudadana de los académicos, es decir, es la materia que corresponde, ya tenemos una de estas iniciativas turnada a nuestra comisión en la que estamos participando, y le pediría con el objeto de homologar los turnos, y además con el objeto de que el Presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, no tenga que hacer siete dictámenes diferentes y que podamos hacer un solo dictamen, por eso le pido la ampliación del turno.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pablo Escudero.

En virtud de que la naturaleza de esta iniciativa es de carácter penal, por ello es que se está enviando a la Comisión de Justicia y, desde luego, a la de Comisión de Estudios Legislativos, lo platicaremos con el Presidente de la Comisión de Justicia, pero en este momento el turno sería a la Comisión de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Simplemente para dejar de manifiesto mi molestia que ha habido por parte de la Mesa Directiva. Lo quiero expresar en este momento no sólo por esta iniciativa, sino por otras que se han presentado en este Senado de la República, hemos visto cómo la Mesa se conduce con diferentes criterios.

El día de ayer, la iniciativa de Telecomunicaciones fue turnada a más de seis comisiones. Cuando se presentó la iniciativa justamente que hablaba del tema de anticorrupción se omitió darle el turno a la comisión que yo presido, es decir, ha habido diferencias de criterios constante por parte de la Mesa Directiva.

Yo le pediría de manera amable y respetuosa que se deje de entorpecer el trabajo técnico que se hace en las comisiones. Lo digo con respeto y lo digo, además, por respeto a cada uno de los integrantes de estas comisiones que son los expertos en los temas que están participando de manera activa, que están asistiendo a todas las reuniones públicas de los días miércoles, que están estudiando a detalle justamente todas las iniciativas que se han presentado respecto al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Unico, que presenta ahora la Senadora Cristina Díaz.

Y yo le pediría que nos deje trabajar, señor Presidente, ha sido un criterio constante de la Mesa entorpecer los trabajos de esta comisión, y quiero que quede en el Diario de los Debates.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Mesa Directiva ha actuado en función de las responsabilidades, a las obligaciones que nos consagra la propia normatividad interna y en función de la materia de que se trate una iniciativa, en función de ello, se hacen los turnos correspondientes, por eso lo habremos de platicar con el Presidente de la Comisión de Justicia para homologar estos criterios, pero en este momento, reitero, el turno es a las comisiones antes señaladas.

Sonido en el escaño del Senador Escudero Morales.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. No voy abrir el debate, ojalá que lo podamos ver y me inviten a la Mesa Directiva para hablar.

Yo le preguntaría: Si ese ha sido el criterio, ¿por qué la iniciativa, justamente para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, no fue turnada a la Comisión Anticorrupción? Es evidente que los criterios no han sido los mismos.

Entonces, yo creo que no es adecuado abrir el debate en este momento. Mi planteamiento está que quede registrado, ojalá me inviten a las mesas que tienen, a las reuniones que tienen en Mesa Directiva, pero quiero manifestar mi inconformidad.

Sé perfectamente que la iniciativa que se presentó, tenía reformas constitucionales, pero eso no omitía que fuera turnada a la comisión sustantiva que es la de anticorrupción, con lo cual queda claro que ha sido sesgado el manejo que ha dado la Mesa Directiva, y quiero que quede patente y registrado.

-  El C. Presidente Aispuro Torres: Le agradezco su comentario, y debo informarle que a petición de una compañera Senadora, se turnó a la Comisión de Anticorrupción la iniciativa que usted ha señalado.

Señor Senador, no están permitidos los diálogos, creo que ha sido muy clara la disposición de esta Directiva, se turna a la Comisión de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda, y queda abierta la posibilidad del diálogo con la Comisión de Justicia para ver los criterios y que permita que el trabajo legislativo se desarrolle con la mayor rapidez y con la mayor responsabilidad posible.

Y si es para otro asunto, Senador Pablo Escudero, le pido nada más que nos permita desahogar el Orden del Día que tenemos y con gusto atendemos su inquietud.

Sonido en el escaño del Senador Escudero Morales.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Señor Presidente, si usted me da la oportunidad, es para bien informarlo, no ha sido así, no fue turnada a la comisión, fue para opinión nada más, es incorrecto lo que está usted diciendo en el Pleno, es para opinión, no para dictamen, aquella iniciativa que es de anticorrupción, de la cual hemos estado trabajando, nada más para aclararle, para que tenga la información completa y que se informe bien al Pleno.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Escudero Morales., mire, si es para este tema, yo les pediría que, ya la decisión de la Directiva está muy clara, aquí a comisiones se ha turnado, si es para otro asunto, también les pediría que respetemos el Orden del Día.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Es para el mismo asunto, pero no para contrariar el turno legislativo, sino para hacer una sugerencia.

Como, en efecto, existen antecedentes de turno a diversas comisiones, el artículo 179 del Reglamento del Senado da la posibilidad de que la Mesa Directiva en análisis posterior a esta discusión, pueda considerar la posibilidad de ampliar el turno para opinión a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, con el efecto de que la regla que se ha aplicado en otras ocasiones sea una regla que beneficie a todos y no en determinadas ocasiones.

Creo que los argumentos del Senador Escudero Morales son atendibles.

El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado, efectivamente, lo que hemos comentado es que estaremos abiertos para dialogar con las comisiones involucradas en estos temas y buscar que se le dé el mejor trámite que permita el desahogo oportuno de sus temas.

Sonido en el escaño de la Senadora Calderón Hinojosa.

- La C. Senadora Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, sólo para recordar que todos los Senadores estamos remitidos de asistir a las sesiones donde se discute y se dictamina, yo creo que a nadie le estorbará que la comisión en Pleno asista a las reuniones de comisiones a las que usted ha enviado, en turno de esta iniciativa.

El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias por su comentario, lo tomamos en cuenta desde luego, y aquí está plasmado en la normatividad interna.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEXTO PARRAFO DEL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Es y será para México, un motivo de orgullo que su responsabilidad en materia de medio ambiente y cambio climático, lo hayan llevado a ser el segundo país, después del Reino Unido, en lograr la promulgación de su Ley General de Cambio Climático.

La políticas públicas adoptadas y el empuje de un gran grupo de legisladores con amplio conocimiento e interés en el tema, hicieron que los efectos adversos propiciados por el cambio climático, que sin duda sufriremos todos los habitantes del mundo, hoy tengan un espacio dentro de la legislación mexicana, lo cual genera una verdadera coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de adaptación y mitigación de estos efectos.

Es una ley reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico, y como toda ley general, determina la competencia de la Federación, de los estados y municipios, sobre acciones preventivas y reactivas consecuentes de la variación climática a consecuencia de la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero, que los seres humanos hemos incrementado por años.

Una tarea importante también es su difusión, para hacer de ésta ley un ordenamiento participativo y que la población se involucre en su cumplimiento, ya que las acciones de millones de mexicanos se deben sumar a la tarea de mitigar y adaptar el cambio climático y con ello se podrá realmente percibir una disminución de actividades humanas que afectan los recursos naturales y generen emisiones que dañan a la atmósfera.

Las actividades humanas son las directamente responsables del calentamiento global, ya que si bien es cierto, existen variaciones climática naturales, científicamente se ha comprobado que a causa de la inmensa cantidad de emisiones de gases llamado “Gases de Efecto Invernadero”, este calentamiento se ha desencadenado y ha salido de control natural provocando, principalmente:

- Incremento de temperatura acelerado.

- Variaciones de ciclos climáticos.

- Derretimiento de los polos árticos.

- Lluvias más intensas.

- Huracanes de mayores categorías.

- Temporadas de sequía cada vez más prolongadas.

Las emisiones de “Gases de Efecto Invernadero” se han profundizado y se ha logrado medir o cuantificar para cada país o región determinada, colocando a México en el lugar número 12 a nivel mundial aportando el 1.4 por ciento del total, según lo establece la “Quinta Comunicación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", publicada por la SEMARNAT e INECC en noviembre de 2012.

De igual forma, el país se ubica, geográficamente hablando, en esa zona, que tiende a ser una región con alta vulnerabilidad de los desastres que en el presente y futuro se deriven del cambio climático, ya que se encuentra dentro de la franja que de forma alarmante se está modificando e incluso en un futuro cercano el tema de insuficiencia de agua y producción de alimentos, puede desatar una crisis de consecuencias muy importantes.

No obstante lo anterior, desgraciadamente existen aún resistencias de gobiernos y gobernantes en México y en el mundo entero, y creo que no deben de contar con la información necesaria sobre esta problemática del cambio climático.

La expedición de la Ley General del Cambio Climático da inicio a una jornada de trabajo exhaustiva para echarla a andar y uno de los primeros pasos que debemos dar, es lograr que el marco jurídico regulatorio mexicano se armonice con los conceptos de esta nueva ley incorporándola al léxico normativo.

Por fortuna, la actual Constitución Política ya cuenta con instrumentos muy valiosos que dan paso al desarrollo de políticas públicas y tareas legislativas encaminadas al crecimiento sustentable y al cuidado de los recursos naturales, así como el indiscutible derecho a un medio ambiente sano en el artículo 4o. y de forma implícita ya se contempla el cambio climático, por tratarse de un tema transversal, sin embargo, es importante e indispensable que nuestra Constitución exprese puntualmente que el Estado reconozca y asuma la problemática derivada del cambio climático y otorgue a los gobernados la garantía de establecer la coordinación y acciones necesarias para enfrentarlo.

Por lo anterior, se propone a esta Soberanía lo siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL EN SU SEXTO PARRAFO, A FIN DE ARMONIZARLO CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO, para quedar como sigue:

Artículo 4o., párrafo sexto: “...Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho y establecerá las disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. El daño y deterioro ambiental que generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos dispuestos en esta ley...”.

Compañeros y compañeras Senadores, esta iniciativa es muy importante porque por primera vez reconoceríamos constitucionalmente hablando el fenómeno tan grave del cambio climático.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván.

Sonido en el escaño del Senador José María Martínez.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

La iniciativa en cuestión que presenta la Senadora Silvia Garza, será por primera vez la base normativa a nivel constitucional que establezca la obligación del Estado mexicano para trabajar por el cambio climático.

Por lo tanto, le pediría, si usted me lo permite, preguntarle a la Senadora por su conducto si me permite sumarme a la misma iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Garza Galván, acepta la inclusión de los Senadores Adriana Dávila, Calderón Hinojosa, Fernando Yunes, Javier Lozano, López Brito, Octavio Pedroza y Ruffo Appel. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En el apartado de proposiciones, se le concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo sobre los aranceles a la importación de productos pesqueros de origen mexicano.





 

PROPUESTAS

- El C. Senador Ricardo Barroso Agramont: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de la voz haciendo eco de un reclamo sentido y un anhelo de los pescadores de la Península de Baja California.

Las pesquerías de langosta en la zona pacífico norte es una de las más importantes debido a su alto valor comercial en el mercado internacional.

Cada día son mayores los volúmenes de captura y más las cooperativas interesadas en su explotación y comercialización, de ahí que se haya convertido el modelo de esta federación de cooperativas en un ejemplo a nivel mundial, poniendo a las cooperativas del pacífico norte como ejemplo a seguir no solamente en México, sino a nivel internacional.

Sabemos que además de alentar el desarrollo social en las comunidades pesqueras, las cooperativas atienden a miles de ciudadanos, ayudan a beneficiar los mercados globales y es aquí donde estas 128 pesquerías en el mundo, ya certificadas, de las cuales de estas 128 pesquerías, solamente 5 corresponden a la captura de langosta en entidades como Baja California y Baja California Sur.

A partir del año 2000, la captura promedio anual de la langosta ha sido de mil 400 toneladas, con un valor estimado de cerca de 65 millones de dólares, lo que significa una gran derrama económica para las cooperativas pesqueras de ambas entidades.

Más de 500 pescadores participan en esta pesquería agrupados en cerca de 10 cooperativas que representan el 80 por ciento de la captura nacional de esta especie.

Estas cooperativas han asumido el reto de la comercialización internacional del crustáceo con base en el acuerdo de cooperación en materia de pesca y acuacultura celebrado entre México y China el 30 de mayo de 2012.

Se ha logrado la aceptación sanitaria de las pesquerías mexicanas para las exportaciones de los productos del mar hacia este país.

Sin embargo, el sector pesquero nos ha hecho patente la preocupación por los altos aranceles establecidos por el gobierno chino a los productos pesqueros mexicanos, especialmente la langosta, colocándonos a México en desventaja contra otros países, donde debemos retomar camino y debemos posicionarnos aún más.

En virtud de lo anterior, desde esta tribuna hacemos un llamado a la Secretaría de Economía, para que realice los estudios técnicos necesarios y finalmente se pueda concretar una reducción arancelaria que permita lograr precios internacionales competitivos a favor de la economía en México y de los pescadores de la pacífico norte.

Señor Presidente, toda vez que el Presidente de la República participará en el Foro Económico de Boao para Asia 2013, entre el 6 y el 8 de este mes en China, con el fin de fortalecer las relaciones económicas con los países asiáticos y ampliar los vínculos de cooperación internacional, considero que es una excelente oportunidad para que el tema del arancel establecido a la langosta sea analizado por los funcionarios correspondientes de ambos países.

Por tal motivo, solicito respetuosamente que el punto de Acuerdo presentado ante ustedes en estos momentos, sea considerado como de urgente resolución.

Es cuánto, señor Presidente, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE, PREVIO LOS ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES QUE REALICE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, GESTIONE CON LA REPUBLICA POPULAR CHINA LA DISMINUCION DE ARANCELES A LA IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS DE ORIGEN MEXICANO, EN ESPECIAL LA LANGOSTA ROJA “PANULIRUS INTERRUPTUS” (VIVA), DE LA REGION DEL PACIFICO NORTE DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA, CON EL OBJETO DE QUE DICHO PRODUCTO ESTE EN CONDICIONES COMPETITIVAS EN RELACION A OTROS PAISES

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El que suscribe, Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, la proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se formula exhorto al titular del Ejecutivo Federal, a fin de que previo los estudios técnicos pertinentes que realice la Secretaría de Economía, gestione con la República Popular China la disminución de aranceles a la importación de productos pesqueros de origen mexicano, en especial la Langosta Roja “Panulirus interruptus” (Viva), de la Región del Pacifico Norte de la Península de Baja California, con el objeto de que dicho producto esté en condiciones competitivas en relación a otros países. Lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Después de la fundación de la República Popular China en 1949, sobre tododesde la reforma y apertura al exterior en que China empezó a aplicar a partir de 1978,Méxicoes unode los países latinoamericanos que tiene más contacto con China, dehecho, es uno de los primerospaíses en esa latitud que estableció relaciones diplomáticas, políticas,económicas y comerciales, intensificándolas en los últimos años, en donde claramente ha salido beneficiada China, que hasta 1978 había sido una economía cerrada y centralmente planificada.

Es importante mencionar, que la relación diplomática de México con la República Popular de China está cimentada en los principios de respeto a la no intervención, la soberanía y la integridad territorial de cada país, así como en la coexistencia pacífica y la cooperación para el beneficio mutuo.

La economía mundial ha venido avanzando a pasos agigantados en los más recientes años, esto por la gran necesidad de los países de liberar sus políticas económicas, no como un fin, sino como un medio para aspirar a mejores niveles de desarrollo.

Este proceso de comercialización la República Popular de China, ha sido un factor importante geoestratégico que incide en los principales temas de globalización, lo cual ha sumado a la dimensión de su economía convirtiéndose en un valioso interlocutor internacional.

En ese sentido, la relación México-China se ha caracterizado por su fluidez en el diálogo político, el cual se ha intensificado en los últimos años, permitiéndole desarrollar acuerdos bilaterales en distintos ámbitos que han facilitado el intercambio y la cooperación, dando como resultado instrumentos bilaterales en materia comercial, turística, de planeación, económica, energética y agrícola.

Uno de estos instrumentos es el Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca y Acuacultura celebrado entre México y China de fecha 30 de Mayo 2011, mediante el cual se ha logrado la aceptación de las autoridades chinas del certificado sanitario mexicano para las exportaciones de productos del mar hacia ese mismo país.

Con dicho acuerdo ambos países han salido beneficiados, y los productos de origen mexicano pueden ingresar de manera directa al mercado chino satisfaciendo gran parte de la demanda que existe por estos productos, sin embargo, los altos aranceles de importación establecidos por el gobierno chino a los productos dela pesca, especialmente a la langosta en Baja California,colocan en desventaja competitiva a México respecto a los demás países productores, toda vez que al establecer ese arancel se ve afectada la economía nacional, pues las ganancias son menores a lo que se pretende obtener, a causa del porcentaje elevado de éste, por lo que podemos decir que los exportadores mexicanos son quienes salen más perjudicados con las medidas arancelarias.

Es importante mencionar que con la aceptación del certificado sanitario mexicano para productos pesqueros, y para el caso específico de la langosta1 viva, ésta es gravada por las autoridades chinas con un arancel 2 de entre el 15% y 30%, sin embargo, en otros países como Nueva Zelanda y Sudáfrica la aplicación de la tasa arancelaria es del 0%, a pesar de que éstos compiten fuertemente con la producción nacional.

Asimismo, Estados Unidos y Australia realizan gestiones para reducir la tasa arancelaria deeste producto a 0%, y en el caso particular de México que se le aplica una tasa arancelaria del 15% al 30%, limita las ganancias de las exportaciones, elevando el precio de la langosta, dejándonos fuera del nivel competitivo con otros países de producción de langosta y consecuentemente, una importante pérdida económica para el país.

Consideramos la conveniencia de apoyar al sector pesquero nacional, reduciendo el arancel impuesto por China a la exportación de la langosta viva a tasa 0% o en un porcentaje mínimo, por lo que en nuestra consideración y con la finalidad de apoyar al sector pesquero, la Secretaría de Economía debe realizar los estudios técnicos que al caso concreto proceda, a fin de lograr dicha reducción arancelaria y lograr precios competitivos e incrementar la economía nacional en materia de exportaciones, posicionando a México dentro de los países altamente competitivos económicamente hablando a nivel mundial, medida que beneficiaría tanto al país, como también a nuestros productores mexicanos.

El Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en Inglés), establece que se podrán efectuar las negociaciones entre los estados que hayan celebrado un convenio, cuando dicho convenio obstaculice con niveles arancelarios elevadosa la importación respecto a productos cuya exportación ofrece o puede ofrecer un interés especial para las partes contratantes poco desarrollados, con elobjeto de reducir los aranceles y derechos que se hayan estipulado.

En México, los aranceles forman parte de los impuestos al comercio exterior, es decir, de los impuestos generales de importación y de exportación, mismos que se encuentran determinados en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), la cual contiene la Tarifa que establece los montos de losaranceles a pagar respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, a fin de que previo los estudios técnicos pertinentes que realice la Secretaría de Economía, gestione con la República Popular China la disminución de aranceles a la importación de productos pesqueros de origen mexicano, en especial la Langosta Roja “Panulirus interruptus” (Viva), de la Región del Pacifico Norte de la Península de Baja California, con el objeto de que dicho producto esté en condiciones competitivas en relación a otros países.

Dado en Senado de la República, a 4 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ricardo Barroso Agramont.

Sonido en el escaño del Senador Carlos Mendoza.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solicitarle respetuosamente al Senador Ricardo Barroso si me permite adherirme a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Barroso Agramont, ¿acepta la inclusión del Senador? Y, efectivamente, tal y como lo está solicitando el propio proponente, que se le dé el procedimiento que establece los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución este asunto.

Pido a la Secretaría que tome nota de las Senadoras y Senadores que manifiestan el interés por sumarse, Senador Gerardo Sánchez García, Senador Omar Fayad, Senador Ruffo Appel, Senadora Ivonne Alvarez, Senadora Rocío Pineda Gochi y Senador Oscar Rosas, con mucho gusto también, pido que se incorporen a este punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo.

No habiendo oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la presente propuesta.

- La C. Senadora Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra de las intimidaciones a la libre expresión en el país.

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente, compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

Subo a esta tribuna para manifestar un enérgico rechazo, a lo que los conmino se sumen y lo consideren como un asunto de urgente resolución.

En los últimos días nos hemos enterado de que las cuentas de redes sociales, de Facebook y Twitter, de la organización Valor por Tamaulipas, ha sido suspendida temporalmente, lo que nos parece un hecho lamentable por sí mismo.

Pero significa un grave atentado contra la libertad de expresión y derecho a la información dadas las razones de fondo que explican esta medida.

Diversos medios han dado cuenta de las amenazas públicas que han sufrido los administradores de Valor por Tamaulipas, se ha puesto precio a su cabeza y se ha ofrecido recompensa a quien revele sus identidades amagando con dañarlos a ellos y a sus familias.

Lo anterior se deriva de su contribución con un servicio a la ciudadanía de reportar los hechos violentos que se realizan por parte de las organizaciones criminales.

Valor por Tamaulipas es tan sólo una muestra de la grave situación de inseguridad que se vive hoy en Tamaulipas y en muchas regiones del país, como muestra de ello basta referir los casos que más han conmocionado a los medios en fechas recientes.

El pasado 3 de marzo Jaime Guadalupe González, director de un diario digital del norte de México, fue asesinado por un grupo armado en Ojinaga, Chihuahua. Después de su muerte se cerró definitivamente el portal.

El 6 de marzo en las instalaciones del diario de Ciudad Juárez y del Canal 44 de televisión local, recibieron ataques de la delincuencia organizada.

En febrero, el diario El Siglo de Torreón sufrió el secuestro de cinco de sus trabajadores y se atentó contra las instituciones en tres ocasiones.

En marzo de este año, el diario El Zócalo de Saltillo anunció que dejarían de reportar actos del crimen organizado ante las amenazas sufridas. Esto es sólo una muestra de los atentados en contra de la libertad de expresión y de la situación de violencia de inseguridad en nuestro país.

Cabe mencionar que desde septiembre de 2011 la Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció por proteger las redes sociales como Genuinos Medios de Comunicación, tras condenar el asesinato de dos jóvenes del municipio de Laredo, Tamaulipas, quienes aparentemente fueron del crimen organizado en represalia por sus denuncias en Internet sobre la violencia de la entidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció la necesidad de proteger la libertad de expresión en las Américas y el deber de los Estados de prevenir e investigar como asesinatos, secuestros, intimidaciones y amenazas a los comunicadores sociales, sancionar a los autores y asegurar a las víctimas su reparación adecuada.

Por lo anterior, resulta necesario defender toda manifestación, opinión y expresión, ya sea a través de los medios de comunicación tradicionales o de los nuevos medios tecnológicos. Esa defensa debe de ser un compromiso de todos: de legisladores, de gobierno, de sociedad y de medios de comunicación.

No podemos ser omisos ante hechos como éste, no podemos aceptar que no se otorguen las garantías a quienes cumplen con un servicio ciudadano; no podemos permitir que el fenómeno de la autocensura por temor a represalias del crimen se apoderen también de las redes sociales, y menos cuando en nuestro país se encuentra en el lugar 149 de 179, en la clasificación mundial en materia de libertad de prensa, de acuerdo al estudio del 2011-2012 de la organización mundial Reporteros sin Fronteras.

Por lo anterior, someto a su consideración los siguientes resolutivos:

Primero. El Senado de la República manifiesta su rechazo más enérgico a las amenazas vertidas en contra de Valor por Tamaulipas, así como cualquier tipo de agresión en contra de los medios de comunicación, los periodistas y todos quienes trabajan en los medios nacionales o locales.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal y a los titulares de las entidades federativas a implementar las acciones necesarias para proteger la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LAS INTIMIDACIONES A LA LIBRE EXPRESION EN EL PAIS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DELA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Senador de la República Francisco García Cabeza de Vaca, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LAS INTIMIDACIONES A LA LIBRE EXPRESION EN EL PAIS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos días nos hemos enterado que las cuentas de las redes sociales de Facebook y Twitter de la organización “Valor por Tamaulipas” han sido suspendidas temporalmente. Esto nos parece un hecho muy lamentable por sí mismo, pero significa un grave atentado contra la libertad de expresión y al derecho a la información dadas las razones de fondo que explican esta medida.

Diversos medios de comunicación han dado cuenta de las amenazas públicas que han sufrido los administradores de Valor por Tamaulipas. Se ha puesto precio a su cabeza y se ha ofrecido una recompensa a quien revelara sus identidades, amagando con dañarlos a ellos o a sus familias. Lo anterior, se deriva del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y su contribución con un servicio a la ciudadanía al reportar los hechos violentos que cotidianamente realizan las organizaciones criminales.

Volantes repartidos en el Estado de Tamaulipas, mencionaban que con el propósito de “callar a quienes se creen héroes se ofrecen 600 mil pesos para el que aporte datos exactos del dueño de la página de Valor por Tamaulipas, o en su caso familiares directos”.

El volante comenzó a ser distribuido en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, y otras ciudades del estado, y contiene un número de teléfono celular al que se debe llamar para que entregar la información.

El caso de Valor por Tamaulipas es tan solo una muestra de la grave situación de inseguridad que se vive hoy en Tamaulipas y prácticamente en todo el país. Como muestra de ello, basta referir la lista de los casos que más han conmocionado a los medios de comunicación del país en los meses recientes.

Los atentados contra la libertad de expresión no se limitan a las redes sociales. El pasado 3 de marzo el periodista Jaime Guadalupe González, director de un diario digital del norte de México, fue asesinado por un grupo armado en Ojinaga, población localizada en el estado de Chihuahua. Después de su muerte se cerró definitivamente su portal informativo.

Además, el 6 de marzo las instalaciones de El Diario de Ciudad Juárez y del canal 44 de televisión local recibieron ataques de la delincuencia organizada.

En febrero, el diario “El Siglo de Torreón” sufrió el secuestro de cinco de sus trabajadores y se atentó contra sus instalaciones en tres ocasiones.

En marzo, el diario “El Zócalo de Saltillo” anunció que dejaría de reportar los actos del crimen organizado ante las amenazas que han sufrido.

Pero estos no son los únicos actos dramáticos que han marcado la cobertura informativa este año. En su columna del 3 de abril del presente en el Diario La Razón, Salvador Camarena enumera algunos de los casos más dramáticos:

El pasado 23 de marzo, siete personas fueron asesinadas y decapitadas en Uruapan, Michoacán.

En diciembre unos sicarios mataron a un hombre dentro del Médica Sur, y un hecho similar ocurrió en el Hospital Ángeles de Interlomas, hace un par de días.

En enero fueron secuestrados y asesinados en Nuevo León 17 integrantes del grupo Kombo Kolombia.

También en marzo, asesinaron en Jalisco al recién nombrado secretario de Turismo y el 30 de marzo en algo inédito en Guadalajara en dos ataques a bares murieron seis personas.

Debemos decirlo de manera clara y sin rodeos, el promedio de homicidios se ha incrementado en forma sostenida en los primeros meses de la actual administración. Solamente el diario Reforma ha contabilizado 2,351 asesinatos durante los primeros 100 días de gobierno, mientras que Lantia Consultores identifica 3,045 ejecuciones en el mismo periodo.

Definitivamente, nadie puede decir que los resultados de seguridad del actual gobierno federal son halagadores. A este ritmo para abril de 2014, una vez que se venza el año de gracia que pide el Presidente Peña Nieto para comenzar a dar resultados,la cifra podría ascender a más de 14,000 ejecuciones.

No obstante, debemos concederle al presidente Peña Nieto la posibilidad de implementar su propia política de seguridad, pero estaremos muy atentos a las acciones que se realicen para combatir al crimen organizado, porque la sociedad tiene el derecho de saber la verdad y para que puedan comparar y medir con la misma vara, las acciones y resultados de la administración actual y de la de Felipe Calderón.

Valor por Tamaulipas es solo un ejemplo de los atentados en contra de la libertad de expresión y de las situaciones de violencia e inseguridad en nuestro país.

Cabe mencionar que desde septiembre de 2011 la Sociedad Interamericana de Prensa, se pronunció por proteger las redes sociales como “Genuinos Medios de Comunicación”, tras condenar el asesinato de dos jóvenes del municipio de Nuevo Laredo Tamaulipas, quienes aparentemente fueron víctimas de crimen organizado en represalia por sus denuncias en internet sobre la violencia en la entidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas adoptó una serie de principios entre los que destaca el que establece lo siguiente:

El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a los autores y asegurar a las victimas su reparación adecuada.

Por lo anterior resulta necesario defender toda manifestación, opinión o expresión, se realice a través de medios de comunicación tradicionales o de los nuevos medios tecnológicos. Esta defensa debe implicar un compromiso de todos los mexicanos: legisladores, gobierno, sociedad y medios de comunicación.

No podemos ser omisos ante hechos como este. No podemos aceptar que la autoridad no otorgue las garantías a quienes cumplen con un servicio ciudadano desde la TV, el radio, la prensa o el internet, sea abiertamente o en el anonimato. No podemos permitir que el fenómeno de la autocensura por temor a represalias del crimen se apodere también de las redes sociales, y menos cuando nuestro país se encuentra en el lugar 149 de 179 en la clasificación mundial en materia de libertar de prensa de acuerdo al estudio 2011-2012 de la organización mundial Reporteros sin Fronteras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, como un asunto de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta su rechazo más enérgico a las amenazas vertidas en contra de “Valor por Tamaulipas”, así como cualquier tipo de agresión en contra de los medios de comunicación, los periodistas y todos quienes trabajan en los medios nacionales o locales.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal y a los titulares de las entidades federativas a implementar las acciones necesarias para proteger la libertad de expresión y a garantizar el derecho a la información en el país.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a las comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y de Senadores, a dar seguimiento puntual a cualquier atentado en contra de Medios de comunicación y Periodistas, así como a los actos que pongan en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, México, D.F., 4 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco García Cabeza de Vaca”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco García Cabeza de Vaca.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) El proyecto de pronunciamiento que ha hecho el Senador García Cabeza de Vaca, es de la mayor importancia para las libertades de expresión y de información en nuestro país.

Por lo tanto, le quiero solicitar al Senador que acepte mi adhesión a esta propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Aceptado por el Senador proponente. Quiero informarles, primero, que el Senador Francisco García Cabeza de Vaca está pidiendo que se le dé el trámite parlamentario que señalan los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, para que la Asamblea determine si se considera que se someta a discusión de inmediato, y para ello...

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para razonar en este sentido que para nosotros es un tema de vital importancia lo que ha planteado aquí el Senador Francisco García.

Nosotros queremos apoyar, no solamente que sea un punto de urgente resolución, sino que efectivamente el Senado pueda pronunciarse en esta materia, en virtud de que hoy pende una amenaza sobre una persona, que lo único que hacía es prestarle un servicio a la comunidad.

Dos cosas: Le pido me permita suscribir, junto con el Senador Francisco García este punto de Acuerdo.

Y segundo, invitar a nuestros compañeros a que le concedamos la posibilidad de que sea tratado de urgente resolución.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fayad Meneses. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Efectivamente ha sido preocupación de este Senado este tema, para ello hay que reconocer, primero, la voluntad de la Junta de Coordinación Política y, posteriormente, de todos los integrantes de este Pleno, para aprobar la creación de una comisión legislativa especial, que preside el Senador Marco Antonio Blásquez, quien propuso precisamente la creación de esta comisión, que ya está trabajando.

Creo que todo lo que venga a abonar, a fortalecer el trabajo de quienes se dedican a esta actividad, y que en los últimos años, de acuerdo a las cifras de agresiones, de homicidios y de atentados a instalaciones de medios de comunicación, ya es una actividad de alto riesgo.

Y por otro lado, el perjuicio que esto conlleva a limitar la libertad de todos los mexicanos a informar, por eso también además de sumarme a la propuesta de que sea tratado este tema como de urgente resolución, solicitarle, por su conducto, si tiene a bien aceptar el Senador Cabeza de Vaca, que me pueda adherir a su propuesta y suscribirla con él.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Francisco García Cabeza de Vaca, ¿acepta? Adelante. Pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente la Senadora Calderón Hinojosa, el Senador López Brito y pido a la Secretaría que tome nota de ello.

En función de las manifestaciones que se están haciendo aquí, como lo ha pedido el propio proponente, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución, y si es así, iniciaríamos ya la etapa de discusión.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sólo para sumarme también a apoyar el punto, señor Presidente. Continúe con el proceso.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Tomamos nota de ello. Señora Secretaria, le pido que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, para hablar en pro de la propuesta.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

No puede ser más pertinente que estemos apoyando este punto de Acuerdo, que, sin embargo, quiero dar mi opinión respecto de que es una propuesta que está inscrita en la coyuntura que tenemos que avalar, que tenemos que promover para que repercuta, como los propios conceptos del punto están siendo planteados, enunciados en el propio punto y que puedan las autoridades, efectivamente, dar respuesta a la solicitud que se está planteando en el mismo.

Yo creo que, y les invito, Senadoras y Senadores, les invito también a quienes tienen la conducción de la discusión de las reformas que están esperando ser dictaminadas para modificar los códigos y sigamos el proceso ya iniciado a partir de la modificación de la Constitución, de la promulgación de la Ley General para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos con la constitución de la fiscal que está bajo la jurisdicción de la Procuraduría General de la República, pero también para que nos demos cuenta que ya estamos en falta precisamente con uno de los transitorios de la ley que acabo de mencionar, que otorgó un vacatio legis de 6 meses al Congreso de la Unión para que siguiera revisando el marco jurídico en el Código Penal Federal, en el Código de Procedimientos Penales Federal, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y por supuesto en la que refiere a la delincuencia organizada.

Yo creo que ya necesitamos trabajar, y también incluyo al Poder Judicial de la Federación, para que estas fiscalías tengan condiciones de tener funciones de autoridad y puedan proceder y puedan, incluso, a partir de que lo determine el Ministerio Público Federal, atraer los casos que necesitan una pronta justicia.

Este punto, insisto, es relevante, hay que apoyarlo, hay que perseguirlo, pero sobre todo, tenemos que atender la tarea legislativa que tenemos y comprometámonos en serio para que antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, le podamos cumplir a los periodistas de este país; le podamos cumplir a los defensores de derechos humanos que han tocado permanentemente las puertas de este Senado para que dictaminemos esas iniciativas, por cierto, de puño precisamente de todas estas organizaciones.

Entonces, yo creo que conviene insistir en que lo aprobemos, pero también permítanme respetuosamente sugerir que ya salgamos con una fecha para el dictamen por parte de las comisiones que tienen que hacerlo.

Hemos discutido mucho esas reformas.

Hemos hecho ya todas las audiencias que teníamos que haber hecho y que fueron programadas por las comisiones unidas. Ahora tenemos que entrar a dictaminar esas reformas, para que este tipo de puntos de Acuerdo no queden por encima de lo que tiene que ser la ley.

Cuando la ley empiece a funcionar, empiece a ser invocada, entonces no vamos a tener necesidad de estar en la coyuntura aprobando puntos como el que ahora nos están planteando en el caso concreto de Tamaulipas.

El problema lo tenemos en todo el país.

Algo similar pasó con lo de sequía, que presentó aquí la Senadora Cristina Díaz.

Todos los estados, decíamos: “Yo también quiero estar ahí”.

¡Ah, bueno!

Aquí pueden decir: “Todos los estados de la República”.

La situación terrible que están viviendo los periodistas, los medios de comunicación, los y las defensoras de derechos humanos en el país es complicada y estamos obligados a fortalecer el estado de derecho.

Muchas gracias por su atención, y ojalá que podamos dictaminar antes de que termine este periodo ordinario de sesiones esas reformas que ya están pendientes.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Para hablar a favor de este mismo asunto, se ha registrado el Senador Javier Corral Jurado, y para ello se le concede el uso de la palabra, desde su escaño.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño)Muchas gracias.

Yo quiero llamar la atención de los compañeros del Senado de la República sobre el punto 3 de la propuesta de punto de Acuerdo del Senador García Cabeza de Vaca, porque no solamente se trata de pedirle a las Comisiones de Derechos Humanos; de Seguridad Pública; a la especial que ha creado el Senado y la Cámara de Diputados para el seguimiento de las agresiones y atentados contra periodistas y medios de comunicación, sino porque además del seguimiento de los actos que agreden o atentan contra la integridad física y el ejercicio de la profesión, ambas Cámaras del Congreso tienen un enorme pendiente en la revisión de la legislación secundaria e incluso en la concreción de la reforma constitucional para la federalización de delitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

En realidad los exhortos, que son llamados de atención, que son, de alguna manera, pronunciamientos con el peso político del Senado, podrían tener más relevancia e importancia si nos unimos a la acción legislativa que está pendiente para que en México, país de alto riesgo en el ejercicio de la actividad periódica, se concreten en la Constitución y en la ley derechos que los profesionales de la comunicación han conquistado en otros países del mundo.

No sólo me refiero a la federalización de los delitos contra periodistas, sino también el derecho a la colegiación profesional de los periodistas; el respeto a la integridad de su trabajo profesional; garantizar plenamente la cláusula de conciencia de los trabajadores de los medios de comunicación frente a la empresa periodística, pero también frente al Estado; los derechos que tienen que ver con la secrecía de las fuentes de información de los periodistas; por supuesto los mecanismos de protección y los protocolos de protección a los periodistas en el ejercicio de la función.

Si las Cámaras del Congreso quieren ser consecuentes con estos exhortos, debiéramos aplicarnos a la tarea que nos es propia y a la tarea prioritaria o primigenia de nuestra función que es legislar, y que es garantizar en la Constitución y en la ley estos derechos que darán un marco de mayor garantía a los comunicadores.

No se trata, compañeros, como se ha dicho por ahí, de generar un estatus especial o privilegiado para los periodistas en México.

No se trata de crear ciudadanos de primera o de segunda, se trata de reconocer a la tarea informativa, como la ha reconocido el sistema de los derechos humanos, como la piedra angular sobre la que se construye la democracia para la justicia y la libertad.

No se protege al periodista por ser un personaje privilegiado o excepcional, sino porque ahí confluyen 2 valores jurídicos a tutelar: la integridad de la vida, pero también el valor fundamental del derecho a informar, del que florecen las libertades de expresión y de información como bienes públicos para la sociedad mexicana.

Ojalá que al aprobar este punto de Acuerdo también estemos de alguna manera llamando a las comisiones del Congreso a cumplir su principal cometido, que es garantizar en la ley derechos para comunicadores y medios de comunicación.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral Jurado. No habiendo más oradores sobre este tema, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.

(Aplausos)

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de un grupo de jóvenes de la Alianza Estudiantil de Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua, invitados por el Senador Javier Corral Jurado.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a establecer un regla clara de distribución de recursos que corresponda a la región sur-sureste.

- El C. Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, en vista del profundo rezago que los programas sociales acusan en la región sur-sureste del país, estamos proponiendo a esta Soberanía exhortar al Poder Ejecutivo, a efecto de establecer una regla clara de distribución de recursos, que corresponda a las necesidades de los estados del sur-sureste de nuestro país, acabando así con el rezago de los programas sociales y asegurando el pleno cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social.

Me permito argumentar, con este propósito, que de acuerdo con el propio CONEVAL, en su inventario de programas y acciones federales de desarrollo social 2010, se identificaron un total de 273 programas y acciones, mientras que en programas y acciones estatales, se detectaron 2,391 programas.

Esta amplia gama de programas se evalúa por el CONEVAL, como una potencial falta de coordinación, entre los programas de la Federación, situación amplificada a incluirse evidentemente los programas locales.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, reconoce que en el año 2010 el total de pobres ascendió en nuestra nación a 52 millones de mexicanos, de los que más de 40 millones, señor Presidente, vivían en una situación de la llamada pobreza moderada; en tanto, 11.7 millones se situaban en la llamada, también, pobreza extrema.

Vale plantear, que de estos mexicanos, más del 30%, aproximadamente 17 millones, y más del 41% de los ciudadanos que viven en pobreza extrema, aproximadamente 5 millones, viven, precisamente, en estados como Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La franja sur-sureste de nuestra nación.

Por lo tanto, 6 de las 10 entidades con mayor número de pobres, corresponden al sur-sureste de México: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tabasco; mientras que 8 de las 9 entidades que integran esta región, tienen el mayor porcentaje de pobres con relación al promedio nacional. Estamos hablando del 46.2%

Adicionalmente, los estados que conforman la región sur-sureste de nuestro país, han visto reducida su participación en el Producto Interno Bruto, que va del 23 al 22% en los últimos ocho años.

En esta reducción, el caso menos complejo, es de Campeche, que ha reducido de 5 a 3%; pero es el resultado de los recursos naturales del petróleo que tienen en esa entidad.

Pero hay un notorio estancamiento, que sí vale la pena subrayar, en el caso de los estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que estamos hablando en los dos primeros casos del 1.6 y del 1.5%, y en Chiapas ha bajado esta participación respecto del PIB del 2 al 1.9%.

Además, compañeras y compañeros, estas cuatro entidades han observado un crecimiento menor que el promedio nacional, lo que implica que el dinamismo económico es menor en relación con otras regiones del país.

Esto significa, compañeras y compañeros, que las entidades del sur-sureste no están siendo lo suficientemente activas económicamente, para remontar la situación de marginación regional en la que se encuentran.

Lo que en última instancia viene a provocar que las oportunidades de trabajo para los habitantes de estas entidades sean menos y, por consiguiente, haya menos posibilidades para salir adelante de la situación, me refiero a las personas que están viviendo en esa condición de pobreza.

Estos programas sociales, compañeras y compañeros, tienen una asignación presupuestaria del orden del 27% para el sur-sureste.

Menor al 30% de los pobres del país que se encuentran en la región y muy lejano al 41.3% de los pobres extremos.

De los programas mencionados arriba, sólo 5, menos del 10%, alcanzan una cobertura mayor al porcentaje de pobres extremos en el sur-sureste, estamos hablando del 58.4% del llamado Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías; 52.7% del Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas; el 47.6% del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales; el 4% del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena; el 43.7% del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

En contraparte, quiero decir, señor Presidente, y con esto concluyo, hay 56 programas que no alcanzan el porcentaje de pobres extremos del CONEVAL y que están en el sur-sureste, y 49 que le asignan un menor porcentaje del que les correspondería, si se siguiera la regla de distribución de pobres totales.

Por lo tanto, estamos proponiendo que se exhorte al Poder Ejecutivo a establecer una regla clara para la distribución de los recursos que corresponda a las necesidades del sur-sureste del país.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de Acuerdo sobre la venta ilícita de Gas LP.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente; amigos de la Mesa Directiva; Senadoras y Senadores:

Durante mucho tiempo hemos venido escuchando en este país un gran reclamo, este reclamo implica el combate a un ilícito, que es la práctica ilegal en el comercio.

¿Quién no ha escuchado el tema de la piratería? Que ya sacaron un disco pirata, que ahora una película es pirata, que ya venden ropa pirata; han acusado hasta Senadoras de traer bolsas pirata.

Pero yo, hoy estoy sorprendido, y se los quiero compartir, de que se está distribuyendo gas en gran escala en la zona metropolitana, Gas LP pirata.

Pirata en su origen; pirata en su transportación; pirata en la venta.

Y no me pareció poca cosa, por eso lo quise traer a esta tribuna del Senado, porque por la vía del mercado ilegal en la zona centro, el 10% del Gas LP que se comercializa, se da por la vía del mercado ilegal; con una venta aproximada de más de 750 mil litros diarios en el Valle de México y en toda la zona centro.

Imagínense, 750 mil litros de un millón 666 mil litros de combustible por día.

Y genera, evidentemente para quien practica esta práctica comercial, ingresos millonarios diarios.

Esto produce, a su vez, un conjunto de violación a los ordenamientos relativos a la protección de la propiedad industrial. Obviamente a la falta de vigilancia y regulación del traslado, almacenamiento, venta del producto, con la conllevada pérdida de recursos del Estado por la venta, impuestos, pagos de derechos y otros ingresos indirectos.

Y con esto además, creo, y la parte que me interesa, porque es muy delicada, se pone en riesgo a la integridad física y patrimonial de por lo menos 9 millones de los 90 millones de mexicanos que aún tienen la necesidad de utilizar el Gas LP en sus hogares, y que adquieren el dicho Gas LP, con la falsa tranquilidad de que lo están adquiriendo como un producto que cumple con los estándares de las NOM oficiales y con la seguridad necesaria de las empresas debidamente establecidas.

Entre los riesgos se derivan muchas cosas. Imagínense que no hay mantenimiento de las unidades que lo transportan, podría generar accidentes, incendios en el momento en que abastecen los hogares, además de que no cuentan con ningún tipo de verificación ni medidores. Engañan a la gente vendiendo litros de a medio litro o de tres cuartos, dañan a la economía de las familias y a nombre de empresas legales que vulneran además la intimidad del hogar, porque ustedes saben que este tipo de gas tiene que entregarse en los hogares, penetrando en la intimidad del hogar a través de los tanques correspondientes.

Hay un paso franco para el cambio de cilindros o del llenado de los estacionarios y además se proporciona información clara sobre la fragilidad de la seguridad de los hogares para actos delictivos posteriores. Esto no sólo lo señalo aquí como un asunto que yo lo vea, sino que AMEXGAS ha hecho lo propio a través de la información que ha hecho llegar a los mexicanos.

Las empresas distribuidoras del Valle de México donaron al gobierno federal, donaron a la Secretaría de Energía, los equipos necesarios para mantener un registro de todos los autotanques, así como cinco lectores portátiles de radiofrecuencia para verificar en campo a los vehículos y detectar a los piratas que están operando sin registro ante la propia secretaría.

Aún con eso hubo reiteradas solicitudes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas para que se combata la distribución ilegal. Sin embargo, la dependencia correspondiente durante la pasada administración sólo efectuó dos operativos de vigilancia, lo que resulta a todas luces insuficiente ante el potencial peligro que presenta que estén circulando por las zonas urbanas autotanques pirata y en los domicilios cilindros ilegales que pueden llegar a propiciar una tragedia de enormes proporciones.

Señalaron después de esos dos operativos que detuvieron o retuvieron ocho autotanques ilegales. Por lo que con base en este magro resultado nos encontramos que se requiere de 75 operativos para lograr retener un estimado de 300 autotanques en la zona centro. Esto es por lo menos un operativo cada cuatro días.

Por eso, ya sin hacerles más el cuento largo, amigas y amigos Senadores, vengo a proponer este punto de Acuerdo sencillo, una proposición única a través de la cual se exhorte a la Secretaría de Energía aplique dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas LP en el país por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques pirata que lo transportan y comercializan.

Por su interés y el apoyo que tengan a este asunto, muchísimas y anticipadas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ENERGIA A APLICAR, DENTRO DEL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, MAYORES MEDIDAS PARA ERRADICAR LA VENTA ILICITA DE GAS L.P. EN EL PAIS, POR MEDIO DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE VIGILANCIA PARA DETECTAR Y DETENER AUTOTANQUES “PIRATAS” QUE LO TRANSPORTEN Y COMERCIALICEN

“El suscrito, OMAR FAYAD MENESES, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Energía, aplique dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen: Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Gas Licuado de Petróleo, mejor conocido como gas L.P., es un hidrocarburo derivado del petróleo, quese obtiene durante el proceso de refinación de gasolina y gas natural, en estado de vapor, pero por los procesos que se realizan en las refinerías lo convierten en líquido mediante la compresión y enfriamiento simultáneos de estos vapores, y pese a que para la producción de un litro de gas líquido, se necesitan 273 litros de vapor, este es utilizado por más de 90 millones mexicanos en su uso es doméstico, a lo que hay que añadir su uso industrial, comercial y de carburación automotriz, de acuerdo a lo señalado por los distribuidores de Gas L.P.

Su transporte y manejo desde las refinerías hasta las plantas de almacenamiento para distribución y de estas a los usuarios finales, se realiza mediante auto-tanques (pipas) o recipientes portátiles (cilindros) y se distribuye a tanques estacionarios o cilindros, para que pueda ser utilizado en calderas y aparatos domésticos.

Por la demanda que tiene, el gas L.P. e independientemente a que se han ido comercializando otras formas de gas para uso doméstico, aún presenta una importante demanda del producto con el consecuente ingreso a las arcas del estado vía venta, impuestos, derechos y otros ingresos indirectos que se generan.

Por medio de un boletín de prensa, la Asociación Mexicana de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS), señala cifras alarmantes en relación con el robo y comercialización ilegal de Gas L.P., afirmando qué:

1. Ha venido aumentando el número de autotanques de Gas LP informales que circulan diariamente en el país, debido a una deficiente vigilancia del mercado por parte de las autoridades.

2. En la zona centro, por ejemplo, existen 3,000 autotanques formales y 300 ilegales, esto últimos ponen en riesgo a la población porque no cumplen con las NOM establecidas.

3. Se estima que cada autotanque ilegal comercializa 2,500 litros de Gas LP diariamente, con marcas que han sido “pirateadas”, por lo que es necesario sean inmovilizados debido a que ponen en riesgo la seguridad de la población.

De lo señalado se desprende que por lo menos en la zona centro, el 10% del gas L.P. que se comercializa en nuestro país, se da por vías del mercado ilegal, con una venta aproximada de 750,000 litros diariamente en el Valle de México y en todo el centro del país, de por lo menos un millón 666 mil litros del combustible por día, según lo denunció el Director de Central de Fugas.

Es por ello que el valor del mercado ilícito se calcula en 10 millones de pesos diarios y que junto con la violación a los ordenamientos relativos a la protección de la propiedad industrial, por la falta de vigilancia y regulación del traslado, almacenamiento y venta del producto, la pérdida de los recursos del Estado, se está poniendo en riesgo la integridad física y patrimonial de por lo menos 9 millones de mexicanos que adquieren el producto con la falsa tranquilidad de que están adquiriendo un producto que cumple con los estándares de las NOM oficiales para su seguridad, cuando lo que están adquiriendo es un potencial peligro.

Entre los riesgos que se destacan de estas prácticas, están la falta de mantenimiento que se les da a estas unidades, lo cual podría generar accidentes o incendios en el momento en que abastecen los hogares, además de que no cuentan con ningún tipo de verificación a los medidores, por lo que también, engañan a la gente vendiendo litros incompletos a nombre de empresas legales y vulneran la intimidad de los hogares, quienes al permitirles el paso franco para el cambio de cilindros o llenado de tanques estacionarios, se les proporciona información sobre la fragilidad de la seguridad de los hogares para actos delictivos posteriores.

Para hacer frente a este problema, el año pasado, mencionan las empresas distribuidoras del Valle de México que donaron a la Secretaría de Energía los equipos necesarios para mantener un registro de todos los autotanques, así como 5 lectores portátiles de radio frecuencia para verificar en campo los vehículos y detectar a los vehículos que están operando sin registro ante la propia Secretaría.

Aún con eso, y las reiteradas solicitudes de la Asociación de Distribuidores de Gas para que se combata la distribución ilegal, la dependencia durante la administración pasada, sólo efectuó dos operativos de vigilancia, lo que resulta insuficiente ante el potencial peligro que presenta el que estén circulando por las zonas urbanas autotanques “piratas” y en los domicilios cilindros ilegales, que pueden llegar a propiciar una tragedia de enormes proporciones.

Señalaron que en los dos operativos que se realizaron en el año 2012, se retuvieron 8 autotanques ilegales, por lo que con base en este magro resultado, nos encontramos con que se requieren 75 operativos para lograr retener el estimado de 300 autotanques en la zona centro, esto es, por lo menos un operativo cada 4 días, y con ello erradicar el daño patrimonial que está afectando tanto al ingreso del Estado, como el de los particulares que arriesgan su patrimonio instalando un negocio lícito, pero sobre todo, insisto, la integridad física de las familias que adquieren el producto transportado ilícitamente y que en muchas de las ocasiones, por no señalar que en todas, es producto de robo tanto a los ductos de PEMEX, como a los mismos distribuidores.

Por ello, reclaman los distribuidores de Gas y en coincidencia asiento, que la solución en contra de esta práctica, se encuentra en establecer un programa permanente de vigilancia por parte de la Secretaría de Energía, dentro del marco de sus facultades y si lo necesita, con la coadyuvancia de otras instancias de gobierno.

La solución no es difícil, sólo requiere de interés real de las autoridades para combatir el mercado ilícito de Gas L.P. ya que los vehículos transitan abiertamente por las calles portando logos o colores no registrados o desconocidos, y en algunos casos, falsificando las marcas y registros, por lo que su detención en campo para revisión y verificación, no sólo detendría a los vehículos y personas involucradas en el ilícito, sino que eliminaría la tentación que genera la impunidad de incurrir en actividades ilegales.

Es obligación del Estado por medio de las instancias facultadas para cada caso, el propiciar y fomentar la participación del Sector Privado en las áreas económicas de su competencia para buscar el desarrollo individual, familiar y social tal y como se plasma en el artículo 25 constitucional, y esto sólo se logra protegiendo la inversión en cada rama de la industria y atacando la competencia desleal que se agrava con acciones ilícitas, sin riesgo de inversión, y sin importar el peligro al que exponen a los millones de mexicanos que caen en su engaño.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Energía, aplique dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen.

Dado en el Senado de la República, a 12 de marzo de 2013.

Sen. Omar Fayad Meneses”.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Omar Fayad Meneses. Túrnese a la Comisión de Energía.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert, para presentar un punto de Acuerdo sobre el combate al sobrepeso y la obesidad.

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores:

México es el país con el mayor número de niños obesos en el mundo, 5 millones de niños.

Es el primer lugar del planeta en obesidad femenina.

Somos el segundo lugar del mundo en obesidad general.

Siete de cada diez mexicanos padecen obesidad o sobrepeso.

La Organización Mundial de la Salud alerta que estos padecimientos incrementan sustancialmente el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer o la diabetes. Ocho de cada diez mexicanos mueren actualmente por este tipo de enfermedades.

80 mil mexicanos y mexicanas mueren cada año a consecuencia de la diabetes solamente.

Económicamente hablando, las cifras tampoco son alentadoras. Tan sólo en 2010, los padecimientos relacionados con la obesidad y el sobrepeso nos costaron 67 mil millones de pesos.

Para el 2017, este se incrementará hasta 151 mil millones de pesos, sólo atender las enfermedades, no prevenirlas.

Las personas que padecen estas enfermedades gastarán en promedio 36 por ciento más en servicios de atención médica y 77 por ciento más en medicamentos, en comparación con personas cuyo peso es NOMl.

Además de la merma en el presupuesto familiar, implica la discapacidad que generan este tipo de padecimientos.

En México el sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los principales factores de muerte para los mexicanos y pone en riesgo la sustentabilidad del propio sistema de salud pública.

Razones para hacer algo sobran, la pregunta es: si la vida es un valor categórico, ¿no vamos a hacer nada?

Como Senadora de la República, pero sobre todo como ciudadana, hago una vez más uso de esta tribuna para abanderar la demanda de más de 41 organizaciones de la sociedad civil conformadas por médicos, nutriólogos, especialistas, pacientes y ciudadanos conscientes de la urgencia que tiene nuestro país de abatir un problema que atañe a una mayoría, al 70 por ciento de nuestra población.

Un problema que afecta la calidad de vida de más de 5 millones de niños y que nos coloca como líderes mundiales en los ranking de obesidad y sobrepeso.

Las cifras, fuera de enorgullecernos, también deben alarmarnos, sobre todo a nosotros como legisladores y legisladoras para tomar cartas en el asunto, para tomar medidas que realmente protejan a nuestra gente.

La publicación Obesidad en México: Recomendaciones para una Política de Estado, de la Academia Nacional de Medicina, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Autónoma de México, presentan una serie de recomendaciones de política pública, entre las cuales sirve destacar el incluir en la política nacional de prevención de obesidad al Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, el ANSA, como parte del Plan Nacional de Desarrollo y otorgarle suficiente presupuesto para la implementación de las acciones y evaluación de las mismas.

Para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es imprescindible contar con las aportaciones y participación no sólo de los diferentes niveles de gobierno, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, para que de esta manera logremos realmente un impacto en el control y las causas y las consecuencias de estas enfermedades.

En días pasados, el Presidente de México invitó a todas las mexicanas y mexicanos a participar en la consulta ciudadana para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

A través de este punto de Acuerdo solicito hacer llegar estas demandas al Presidente Peña Nieto y retomo sus palabras, porque también como él, creo que México puede ser una nación propositiva en el mundo y estar al servicio de las mejores causas.

En ese sentido, las y los invito a que juntos solicitemos al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya una política multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018, mediante la integración de este Acuerdo Nacional por la Salud y las siguientes estrategias:

  • Disminución del consumo de bebidas azucaradas.
  • Regulación del etiquetado frontal en los alimentos.
  • Regulación de la publicidad dirigida a niños en medios masivos de comunicación.
  • Promoción de una alimentación saludable y equilibrada en las escuelas públicas de todo el país, así como el acceso de agua potable a estos mismos lugares.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR UNA POLITICA MULTISECTORIAL PARA EL COMBATE AL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 2013-2018

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPUBLICA

DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTES.

“Marcela Torres Peimbert, Senadora de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LA TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LASECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO INCLUYA UNA POLITICA MULTISECTORIAL PARA EL COMBATE AL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA AL PERIODO 2013-2018, MEDIANTE LA INTEGRACION DEL ACUERDO NACIONAL POR LA SALUD ALIMENTARIA ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD, COMO PRINCIPAL POLITICA NACIONAL DE PREVENCION DE LA OBESIDAD, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

En México el sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los principales factores de riesgo para la sustentabilidad del propio Sistema de Salud Pública. En este sentido, es de suma importancia incluir estos temas mediante estrategias multisectorial que incluyan la alimentación y la promoción de ambientes saludables dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, 71.2% de los adultos mexicanos sufren de sobrepeso y obesidad, lo que nos posiciona, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, así como el primer lugar en obesidad en mujeres (37.5%).

El sobrepeso y la obesidad tienen una alta incidencia en enfermedades como diabetes y cáncer, así como diversas enfermedades crónicas no transmisibles, mismas que ocasionan 8 de cada 10 muertes en el país. Cabe mencionar que la diabetes es la segunda causa de muerte en México, responsable de más de 80 mil fallecimientos al año, con un aumento del 33% en el último sexenio. A su vez, el cáncer ocasiona 70 mil muertes al año y es la segunda causa de mortalidad infantil.

Según el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria de 2010, el costo total de tratar enfermedades relacionadas al sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, incrementando de 35 mil a 67 mil millones de pesos. Se estima que dicho gasto aumentará a 151 mil millones de pesos en el año 20171.

El documento anterior señala además que el costo indirecto estimado por la pérdida de productividad por muerte prematura provocada por la obesidad fue de 25 mil millones de pesos en 2008, con un crecimiento anual de 13.51%. Si este problema no se soluciona mediante programas y políticas públicas de prevención y disminución de los factores obesogénicos, este costo alcanzará los 73 mil millones de pesos en 2017, afectando a aproximadamente 68 mil familias por año2.

La obesidad incide en altos costos de atención médica y en el aumento de incapacidades en todas las edades. Comparado con una persona de peso NOMl, aquellas con sobrepeso gastan 36% más en servicios de atención médica y 77% más en medicamentos. Si se comparan estas cifras con lo que gastan los fumadores y los que toman alcohol el gasto en atención médica es 21% más y 28% más respectivamente3.

Por otra parte, las personas con obesidad mórbida o severa mueren entre 8 y 10 años antes que aquellas con un peso equilibrado. Con cada 15 kilogramos extra de peso, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares aumenta en un 30%, lo que representa un gasto más para los servicios de salud pública4. De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las personas que sufren estos padecimientos estarán enfermas aproximadamente 18.5 años de su vida, afectando su desarrollo personal y profesional5.

La carga económica que representan para el sistema de salud pública los costos de atención de las enfermedades ocasionadas por un peso excesivo, son un riesgo para la sustentabilidad de dicho sistema, pero también para los hogares mexicanos. Si el número de personas con sobrepeso y obesidad continúa en aumento, México será incapaz de atender estos casos debido al costo tan alto que implican, lo que llevará a un colapso del sistema de salud nacional.

Para hacer frente al enorme reto que representa la obesidad y el sobrepeso en México es necesaria la implementación de acciones más allá del sector salud y educativo, mediante una política integral de Estado para el desarrollo de estrategias multisectoriales, intersectoriales y multinivel.

En este sentido, se reconoce el rol del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria como un eje rector de la política pública en materia de salud, en especial en el tema del sobrepeso y la obesidad, por lo que debería ser la base del capítulo de salud en el próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el periodo 2013-2018.

La publicación “Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado”, de la Academia Nacional de Medicina, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta una serie de recomendaciones de política pública entre las cuales sirve destacar el “Incluir a la política nacional de prevención de obesidad, [el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria] (el ANSA) como parte del Plan Nacional de Desarrollo y otorgarle suficiente presupuesto para la implementación de las acciones y evaluación de las mismas”.

Para la elaboración de PND es imprescindible contar con las aportaciones y la participación no sólo de los diferentes niveles de gobierno, sino también de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para de esta manera lograr un mayor impacto en el control de las causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad en el país.

En el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio anterior 2006-2012, solamente se le dio prioridad a la actividad física en las escuelas como un elemento clave para combatir la obesidad infantil, más se dejaron de lado estrategias multisectoriales y de prevención a nivel nacional, por lo que el presente Punto de Acuerdo pretende modificar esta situación.

La intención es favorecer el desarrollo humano y la calidad de vida de los mexicanos, a la vez que se busca impulsar medidas preventivas que ayuden a disminuir los costos relacionados con el sobrepeso y la obesidad, mediante la asignación de recursos y la canalización de la participación de la sociedad civil.

De esta manera, entre los principales obstáculos para el control y la prevención de la obesidad en México que se deberán incluir en el PND son: disminución del consumo de refrescos y bebidas azucaradas; regulación del etiquetado de los alimentos; regulación de la publicidad destinada a los niños; la calidad de la alimentación en las escuelas públicas y privadas; y mayor acceso al agua potable en espacios públicos, oficinas de gobierno y escuelas.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público incluya una política multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad en el Plan Nacional de Desarrollo para al periodo 2013-2018, mediante la integración del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria estrategia contra el sobrepeso y la obesidad de la Secretaría de Salud, como principal política nacional de prevención de la obesidad, enfatizando en el Plan las siguientes estrategias:

• Disminución del consumo de bebidas azucaradas, tales como refrescos y jugos.

• Regulación del etiquetado frontal de los alimentos.

• Regulación de la publicidad dirigida a niños en medios masivos de comunicación, como la televisión, radio y otros.

• Promoción de una alimentación saludable y equilibrada en las escuelas públicas y privadas de todo el país.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. María Marcela Torres Peimbert”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Marcela Torres Peimbert. Como ha pedido ella que se le dé el trámite legislativo establecido en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Benjamín Robles Montoya, ¿para hablar sobre este asunto?

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Para hablar sobre este asunto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra al Senador Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Le agradezco mucho, señor Presidente. Antes quisiera yo hacerle un reconocimiento muy puntual a la Senadora Marcela Torres Peimbert, es un tema que ha traído al Pleno en varias ocasiones y creo que debe merecer el respaldo de cada uno de los integrantes de esta legislatura, y yo lo que me permito es pedirle, que independientemente de que cuenta con nuestro voto, es solicitarle si también podemos suscribir con ella este punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya. Pido a la Secretaría que tome nota de ello en virtud de que la Senadora Marcela Torres acepta la incorporación a este punto de Acuerdo.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Luz María Beristain.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Bueno, es una vez más para rectificarle a la Senadora Marcela Torres el apoyo que le brindamos desde el primer momento a esta propuesta y para exhortar a todos los compañeros a que revisemos ya este punto, que como ella dice, es grave, es muy delicado y creo que ya es hora de irle entrando al tema y de tomar una determinación en este sentido.

Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete. No habiendo más oradores en este tema, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo sobre el daño de la explotación minera a la zona arqueológica del cerro del Jumil, municipio de Temixco, Morelos.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

Debido a la laxitud de la actual legislación minera, el desarrollo de esta actividad ha presentado en nuestro país diversas experiencias altamente nocivas para el entorno social y ambiental de algunas comunidades en el país. Según el informe del resultado de la Auditoría Superior de Fiscalización de la Cuenta Pública 2010, los procesos mineros habían generado impactos ambientales con altos costos sociales que además habrían de perdurar durante largos periodos de tiempo, algunos de los casos señalados por la Auditoría Superior de la Federación son: incendios en las minas de carbón mal selladas o restauradas, es decir, con emanaciones de monóxido de carbono, fracturas y colapso de la superficie de la tierra; enfermedades en comunidades y trabajadores mineros; filtraciones de agua en las minas abandonadas con el riesgo de tener un alto nivel de acidez o estar contaminadas debido a metales peligrosos; alteración de los acuíferos, con la consecuencia de poder causar la pérdida o degradación de las fuentes locales de agua potable; y minerales residuales peligrosos expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pilas de desechos.

Actualmente, el cerro del Jumil, municipio de Temixco, en el estado de Morelos, se está viendo amenazado por un proyecto minero de la empresa denominada Esperanza Resources Corporation que comprende 437 hectáreas; por lo que existe un alto riesgo de daños ambientales, así como al patrimonio cultural de las comunidades aledañas. La primera comunidad afectada sería el pueblo de origen nahua, Tetlama, cuyas tierras de propiedad comunal forman parte de la superficie concedida a la minera mencionada.

Según el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gilberto López y Rivas: “los pozos de agua que planean abrir para los trabajos que la corporación requiere afectarían directamente la vida de esta población, así como las circundantes e, incluso, a la propia ciudad de Cuernavaca, en su región sur, que se encuentra a tan sólo 12 kilómetros en línea recta”. Adicionalmente, existe un dictamen del INAH fechado en 2008 desfavorable a la minera debido a que este cerro es de relevancia arqueológica pues cuenta con varias plataformas, una muralla de piedra caliza y un juego de pelota. Adicionalmente, las rocas naturales y las construcciones en la cima fueron referencia geográfica para el trazado de plazas y edificios de Xochicalco, Patrimonio de la Humanidad en 1999. En 2011, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer también que se habría establecido un área de 15 hectáreas en la cima para resguardar los vestigios arqueológicos para su posterior estudio, sin embargo, no se conoce al momento el dictamen final de dicho estudio.

Adicionalmente, es importante señalar que otras seis concesiones se otorgaron entre marzo de 2002 y agosto de 2009 a la empresa minera Esperanza Resources Corporation, que comprenden una superficie de aproximadamente 15 mil 25 hectáreas dentro las cuales se encuentran yacimientos de oro y plata, principalmente. De concretarse lo anterior, la etapa de explotación iniciaría en el año 2014 y constituiría un grave daño a la salud, a la fauna, flora, recursos hídricos, al patrimonio cultural en los municipios de Temixco, Miacatlán, Puente de Ixtla y Cuernavaca, principalmente.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, firmada por México en 2007, señala en el artículo 32 que los “Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.”

Adicionalmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado por México en 1990, mandata a una consulta de buena fe mediante procedimientos apropiados y en particular a través de las instituciones representativas de una comunidad cuando se tomen medidas o acciones públicas que puedan afectarla. Asimismo, en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se establece la posibilidad de realizar, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, una consulta pública respecto al impacto ambiental de algún proyecto que se fuera a autorizar.

Cabe señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, organizó una supuesta consulta pública del proyecto “Mina Esperanza, Tetlama, Morelos” que se llevó a cabo el 21 de febrero de 2013 en las instalaciones de la Ex Hacienda de Temixco, Morelos. Con ella, la SEMARNAT presupone el Convenio 169 de la OIT ya referido. Sin embargo, esta consulta se presentó fuera de tiempo con procedimientos que limitaron la participación de los representantes de la comunidad de Tetlama, por lo que no se logró la participación directa de las diversas instituciones o grupos representativos de la comunidad como lo señala el Convenio de la OIT, para que emitieran de manera conjunta su punto de vista y se les hubiese otorgado la calidad de argumento prioritario. La SEMARNAT dirigió la convocatoria a las instituciones académicas, investigadores, agrupaciones sociales y productivas, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en general a participar en la reunión pública de información. Pero todas esas opiniones que pudieron ser útiles y enriquecedoras, porque no fueron escuchadas, trajeron como consecuencia una simulación, al sustituir la consulta directa de los ciudadanos e instituciones de la comunidad.

Asimismo, según el Secretario de Desarrollo Sustentable de la entidad de Morelos, Einar Topiltzin Contreras MacBeath, no había hasta la fecha claridad de qué tanto el proyecto pudiera afectar al aire, tanto los polvos que se pueden disolver, como el cianuro que va a usar, por lo que la SEMARNAT sería la que finalmente deberá decidir sobre el proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración de las Senadoras y Senadores de la República la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta al Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Raúl Arroyo García, para que proporcione a esta Soberanía los dictámenes o estudios realizados por esta institución respecto al cerro del Jumil, municipio de Temixco, estado de Morelos, y la situación de riesgo que pudiera enfrentar el patrimonio arqueológico en esta zona frente a la explotación minera que se pudiera realizar por la compañía Esperanza Resources Corporation.

Segundo.-Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, para que proporcione a esta Soberanía los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental del proyecto minero de la empresa minera Esperanza Resources Corporation en el cerro del Jumil, municipio de Temixco, estado de Morelos, así como para que en cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por nuestro país, referidos en el presente documento y nuestra legislación se realice una consulta libre, informada mediante los procedimientos apropiados y considerando a las instituciones representativas de la comunidad de Tetlama respecto al proyecto minero señalado.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DAÑO DE LA EXPLOTACION MINERA A LA ZONA ARQUEOLOGICA DEL CERRO DEL JUMIL, MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DAÑO DE LA EXPLOTACION MINERA A LA ZONA ARQUEOLOGICA DEL CERRO DEL JUMIL, MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Debido a la laxitud de la actual legislación minera, el desarrollo de esta actividad ha presentado en nuestro país diversas experiencias altamente nocivas para el entorno social y ambiental de algunas comunidades en el país. Por ejemplo, según el informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, los procesos mineros habían generado impactos ambientales con altos costos sociales que además habrían de perdurar durante largos periodos de tiempo, algunos de los casos señalados por la Auditoria Superior de la Federación eran: incendios en las minas de carbón mal selladas o restauradas, es decir, con emanaciones de monóxido de carbono, fracturas y colapso de la superficie de la tierra; enfermedades en comunidades y trabajadores mineros; filtraciones de agua en las minas abandonadas con el riesgo de tener un alto nivel de acidez o estar contaminadas debido a metales peligrosos; alteración de los acuíferos, con la consecuencia de poder causar la pérdida o degradación de las fuentes locales de agua; y minerales residuales peligrosos expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pilas de desechos.

Actualmente, el cerro del Jumil, municipio de Temixco en el estado de Morelos, se está viendo amenazado por un proyecto minero de la Esperanza Resources Corporation que comprende 437 hectáreas; por lo que existe un alto riesgo de daños ambientales, así como al patrimonio cultural de las comunidades aledañas. La primera comunidad afectada sería el pueblo de origen nahua, Tetlama, cuyas tierras de propiedad comunal forman parte de la superficie concedida a la minera mencionada.

Según el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gilberto López y Rivas: “los pozos de agua que planean abrir para los trabajos que la corporación requiere afectarían directamente la vida de esta población, así como las circundantes e, incluso, a la propia ciudad de Cuernavaca, en su región sur, que se encuentra a tan sólo 12 kilómetros en línea recta”. Adicionalmente, existe un dictamen del INAH fechado en 2008 desfavorable a la minera debido a que este cerro es de relevancia arqueológica pues cuenta con varias plataformas, una muralla de piedra caliza y un juego de pelota. Adicionalmente, las rocas naturales y las construcciones en la cima fueron referencia geográfica para el trazado de plazas y edificios de Xochicalco, Patrimonio de la Humanidad en 1999. En 2011 el INAH, dio a conocer también que se habría establecido un área de 15 hectáreas en la cima para resguardar los vestigios arquitectónicos para su posterior estudio sin embargo no se conoce el dictamen final del INAH.

Adicionalmente, es importante señalar que otras seis concesiones se otorgaron entre marzo de 2002 y agosto de 2009 a la Esperanza Resources Corporation que comprenden una superficie de aproximadamente 15 mil 25 hectáreas dentro las cuales se encuentran yacimientos de oro y plata, principalmente. De concretarse lo anterior, la etapa de explotación iniciaría en el 2014 y constituiría un grave daño a la salud, a la fauna, flora, recursos hídricos, al patrimonio cultural en los municipios de Temixco, Miacatlan, Puente de Ixtla y Cuernavaca principalmente.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, firmada por México en 2007, señala en el artículo 32 que los “Estados celebraran consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.

Adicionalmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT) firmado por México en 1990, mandata a una consulta de buena fe mediante procedimientos apropiados y en particular a través de las instituciones representativas de una comunidad cuando se tomen medidas o acciones públicas que puedan afectarla. Asimismo, en el Artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se establecen la posibilidad de realizar a “solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate llevar a cabo una consulta pública” respecto al impacto ambiental de algún proyecto que se fuera a autorizar.

Cabe señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), organizó una “supuesta” consulta pública del proyecto “Mina Esperanza, Tetlama, Morelos” que se llevó a cabo el 21 de febrero de 2013, en las instalaciones de la Ex Hacienda de Temixco, Morelos. Con ella la Semarnat presupone el Convenio 169 de la OIT ya referido. Sin embargo, esta consulta se presentó a destiempo, con procedimientos que limitaron la participación de los representantes de la comunidad de Tetlama; por lo que no se logró la participación directa de las diversas instituciones o grupos representativos de la comunidad como lo señala el Convenio de la OIT, para que emitieran de manera conjunta su punto de vista y se le hubiese otorgado la calidad de argumento prioritario. La Semarnat dirigió la convocatoria “a las instituciones académicas, investigadores, agrupaciones sociales y productivas, organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en general (sic), a participar en la reunión pública de información”. Pero todas esas opiniones que pudieron ser útiles y enriquecedoras no fueron escuchadas, lo que trajo como consecuencia una simulación,al sustituir la consulta directa de los ciudadanos e instituciones de la comunidad.

Así mismo según el Secretario de Desarrollo Sustentable de la Entidad de Morelos, Einar Topiltzin Contreras MacBeath, no había hasta la fecha “claridad de qué tanto (el proyecto) pudiera afectar al aire, tanto los polvos que se pueden disolver, como el cianuro que van a estar usando” por lo que la Semarnat sería la que finalmente deberá decidir sobre el proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración de las senadoras y senadores de la República la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta), Sergio Raúl Arroyo García, para que proporcione a esta Soberanía los dictámenes o estudios relazados por esta institución respecto al cerro del Jumil, municipio de Temixco, Estado de Morelos y la situación de riesgo que pudiera enfrentar el patrimonio arqueológico en esta zona frente a la explotación minera que se pudiera realizar la compañía Esperanza Resources Corporation.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que proporcione a esta Soberanía los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental del proyecto minero de la Esperanza Resources Corporation en el cerro del Jumil, municipio de Temixco, Estado de Morelos, así como para que en cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por México referidos en el presente documento y nuestra legislación se realice una consulta libre, informada, mediante procedimientos apropiados y considerando a las instituciones representativas de la comunidad de Tetlama respecto al proyecto minero señalado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Rabindranath Salazar Solorio”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Rabindranath Salazar Solorio. Túrnese a la Comisión de Cultura.

Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Para solicitarle al Senador Rabindranath poderme adherir a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador, ¿acepta la adhesión? Con gusto, pido a la Secretaría que tome nota de ello.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar un punto de Acuerdo en relación al grave fenómeno de erosión y la situación económica de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su permiso, señor Presidente; y con la atención de mis amigas y amigos, Senadores compañeros todos.

Nuestro país necesita transitar de un sistema de protección civil reactivo a un sistema de protección civil preventivo, con la corresponsabilidad y la participación de los tres órdenes de gobierno, con la población y los sectores privados y sociales, así como de las Cámaras legislativas.

La creación del atlas estatal de riesgo nos permite conocer los peligros y las amenazas para saber dónde, cuándo y cómo nos afectan en Chiapas, como en todo el país, saber que existen riesgos que tienen que ser prevenidos.

Sin embargo, aun cuando los riesgos no son conocidos, no es fácil dar atención a los mismos, por lo que debemos diseñar acciones y programas para mitigar y reducir oportunamente estos riesgos.

A través del reforzamiento y la adecuación de la infraestructura, mejorando NOM y procurando su aplicación, y finalmente preparando e informando a la población para que sepa actuar antes, durante y después de las contingencias.

Si no intervenimos en la prevención, esto genera de manera onerosa costos materiales, sociales y compromete, sin duda alguna, el desarrollo y la vida de seres humanos.

Por cada peso que se invierte en la prevención, se invierten 34 pesos para la atención y la reconstrucción de emergencias y/o desastres.

Entendamos la prevención como una inversión que representará a la postre para los ciudadanos un ahorro sustantivo el cual podrá utilizarse para el crecimiento y para el desarrollo del país.

La reubicación es vista como una acción responsable y oportuna de protección civil.

Puerto Madero, antes San Benito, se encuentra ubicado en una zona de riesgo debido a la erosión del suelo en la línea de la costa del estado de Chiapas.

Puerto Madero pertenece al municipio de Tapachula. Tapachula junto con otros 15 municipios conforman la Región del Soconusco, y de los cuales, junto también con otros 9 se conforma la Cuenca Hidráulica llamada del Río Suchiate y Afluentes, y éstos en su conjunto ocupan una superficie de total importancia agrícola, ganadera y piscícola en el firme continental de nuestro pacífico mexicano.

Puerto Chiapas es uno de los 16 puertos de altura con que cuenta México para diversificarse y consolidar su economía. La infraestructura del puerto es excelente para el arribo de buques de gran porte, y tiene condiciones para recibir buques porta-contenedores de primera y de segunda generación.

El puerto está ubicado a 27 kilómetros de la ciudad de Tapachula, que es una población de más de 400,000 habitantes. Se prevé que este año llegarán a Puerto Madero cerca de 35 cruceros, con lo que se está evidenciando su importancia.

Sin embargo, este patrimonio nacional, así como sus habitantes y cerca de 3,000 viviendas, están en serio riesgo por la erosión marina.

Como muestra, en octubre de 2012 las autoridades de protección civil del municipio determinaron cerrar la Playa de San Benito por el grave riesgo. De no tomar medidas oportunas es probable que pronto esta playa tenga que ser cerrada por completo de manera oficial.

La erosión continúa y ya ha hecho retroceder la playa por más de 150 metros, afectando todo género de construcciones y con esto generando un grave daño no solamente en la seguridad física de las personas, sino en la economía del lugar.

A la erosión del suelo contribuyen actividades agrícolas inadecuadas, lo que provoca un incremento y una aceleración significativa en los procesos erosivos.

En la medida en que pase el tiempo, el peligro será más intenso y se pierde un importante patrimonio territorial del estado y del país.

Por todos estos antecedentes, es urgente la acción concurrente entre la Federación, el estado, el municipio de Tapachula y los municipios colindantes

Las acciones no deben delimitarse a las reubicaciones, sino que tendría que realizarse un trabajo de restauración de la costa.

Existen alternativas de solución para atender un problema creciente que no solamente afecta una región sino a un estado de la República.

Por ello, se formula un respetuoso exhorto a los tres ámbitos de gobierno para generar un plan integral de rescate y reubicación de Puerto Chiapas; que se inicie su rescate y se detone su desarrollo recuperando la economía de ese lugar.

Por lo tanto:

Primero. Se solicita a este Senado de la República exhortar respetuosamente a los tres ámbitos de gobierno, a la Federación, el estado de Chiapas y el Municipio de Tapachula, para coordinarse y tomar las decisiones necesarias para rescatar a Puerto Chiapas de la intensa erosión que enfrenta, así como para reubicar la infraestructura afectada con un enfoque de protección de la seguridad humana, social y sustentable.

Segundo.- Se exhorta al H. Gobierno Municipal de Tapachula para que, ante la urgente amenaza que enfrenta Puerto Chiapas por la erosión, considere la modificación de su Plan de Desarrollo Urbano para atender el eminente riesgo que padecen los habitantes apostados en esta playa.

Tercero.- Se exhorta atentamente a las Secretarías de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como de Turismo para realizar los convenios necesarios y tomar las acciones urgentes que se requieren.

Cuarto.- Se exhorta también a la Comisión Nacional de Pesca para desarrollar un programa especial para la actividad pesquera en la zona señalada, para fortalecer las acciones existentes y crear nuevas formas de aprovechamiento, y con esto rescatar la economía de este lugar.

Quinto.- Se hace un respetuoso llamado a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación; a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a la Secretaría de Desarrollo Social y a todas las demás dependencias involucradas en este proceso, que es un proceso de urgente y pronta resolución.

Por lo tanto, se enfatiza que dicho plan pueda considerar la reubicación de las casi 3,000 viviendas en situación de riesgo.

Por ésto, y lo antes dicho, amigas y amigos Senadores, se solicita que este punto sea considerado como de urgente resolución.

Con la atención a su debido respeto les doy las gracias, y es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL GRAVE FENOMENO DE EROSION Y LA SITUACION ECONOMICA DE PUERTO CHIAPAS, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

“El suscrito, Senador, Luis Armando Melgar Bravo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 87, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con puntos de Acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Chiapas es uno de los 16 puertos de altura con que cuenta México para diversificarse y consolidar su economía. La infraestructura del Puerto es excelente para el arribo de buques de gran porte y tiene condiciones para recibir buques porta-contenedores de 1era y 2da generación, graneleros de hasta 30,000 ton. y cruceros de hasta 115,000 TBR1 pues tiene 33 pies de calado, además de un área de almacenamiento de 2500m2 y un cobertizo de 630m2 así como 22,300m2 de patios, además de contar con un señalamiento marítimo muy confiable.

Durante los años del porfiriato, el nombre original del puerto era "San Benito", por el pueblo en donde se encuentra asentado, en el que se construyó el primer malecón de madera. Durante el último tercio del siglo XX se plantaron los cimientos de lo que desde el año de 1975 llevó el nombre de "Puerto Madero".

Adoptó el nombre de Puerto Chiapas el 4 de abril del 2005 y su operación y explotación fueron concesionadas a la Administradora Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. (API).

El puerto está ubicado a 32 kilómetros de la ciudad de Tapachula, municipio con una población de más de 400 mil habitantes, consumidores de bienes provenientes de todo el país y el extranjero, susceptibles de transportarse vía marítima a través de Puerto Chiapas.

Como referencia, el estado de Chiapas tiene una población de más de 4 millones de habitantes y un área de influencia de 40 millones de personas. El aeropuerto internacional se localiza a sólo 11 kms del puerto. Asimismo, cuenta con espuela de ferrocarril hasta la terminal marítima.

Además, está ubicado en un lugar estratégico como puerta de un corredor logístico multimodal entre México y Centroamérica para conectar sus rutas comerciales. Se prevé que este año llegarán a Puerto Chiapas 35 cruceros, lo que evidencia su importancia.

Sin embargo, este patrimonio nacional, y los habitantes de tres mil viviendas, están en serio riesgo a causa de la amenaza natural, que constituye la erosión marina. Este fenómeno ha avanzado tanto en las últimas décadas, que provoca pérdidas paulatinas y con ello, su aprovechamiento humano y económico.

El Atlas de Peligros del Estado de Chiapas tiene plenamente identificadas las zonas que padecen la erosión, y una de ellas es la sección entre Puerto Chiapas y Emiliano Zapata, en dónde el peligro es muy alto para las personas, las viviendas, los negocios y la infraestructura.

A pesar de que la playa de esta bahía es turística, el rompeolas genera una turbulencia intensa y produce fuertes corrientes de resaca que ponen en riesgo la seguridad de los turistas y de los habitantes. En consecuencia, en octubre del 2012, las autoridades de Protección Civil del Municipio determinaron cerrar a bañistas la playa “San Benito”, por el grave riesgo que ello representa para la población.

La erosión continua ha hecho retroceder la playa más de 150 m, afectando todo género de construcciones.

De no tomar medidas oportunas, es probable que pronto esta playa tenga que ser cerrada por completo de manera oficial, considerando que el mar se ha ido metiendo y derribando instalaciones comerciales, afectando otras edificaciones como producto de corrientes marinas, efectos de mar de fondo y oleaje fuerte.

A la erosión del suelo contribuyen negativamente actividades agrícolas inadecuadas, tales como la conversión de suelos forestales en suelos agrícolas, lo que incrementa y acelera significativamente los procesos erosivos.

El sedimento que llega a las cuencas, ríos y lagunas, las azolva y provoca que la producción de pescado y camarón sea cada vez más baja, a tal grado que en un futuro no muy lejano podría inclusive ser nula.

Con el apoyo de las autoridades de SAGARPA, los pueblos de la región Costa y Soconusco, debieran diversificar la agricultura, por ejemplo, mediante proyectos de café bajo sombra, que es una alternativa viable que permite el aumento del cauce de los ríos, pero sin lodo ni sedimentaciones.

En la medida en que pase el tiempo, será mayor el peligro para la población las construcciones y un importante patrimonio territorial del Estado y del país.Por ello, es necesario tomar decisiones oportunas y de fondo, que permitan salvaguardar la estructura económica, el bienestar social y proteger la zona de este fenómeno.

Por todos estos antecedentes, es urgente la acción concurrente de la Federación, el Estado, el Municipio de Tapachulay los municipios colindantes, para (i) realizar un estudio ambiental y socioeconómico que evalúe el estado actual de la zona; y (ii) en su caso, fundamentar la creación de una nueva zona de población dentro del Municipio de Tapachula, para reubicar a la población de Puerto Chiapas cuya seguridad está en riesgo.

En este sentido, resulta necesario modificar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, para (i) restringir la ampliación de la zona ubicada en el frente de playa, así como el desarrollo de nuevas obras, exceptuando las necesarias para restaurar la costa; y (ii) designar la zona nueva de población, estableciendo criterios que la hagan más atractiva para los pobladores a ser reubicados.

El hecho de contar con condiciones favorables en la nueva zona, pudiera atraer desarrolladores y pobladores de otras zonas, por lo que una alternativa sería coordinar la planeación de la nueva zona a través de unfideicomiso, del que sólo sean beneficiarias las personas que acrediten tener una propiedad en el frente de la playa o cuyo sustento derive de actividades propias de Puerto Chiapas, como quienes prestan servicios complementarios a los pescadores.

También es posible alinear estas acciones a aquellas contempladas por la Federación y el Estado para la adaptación al cambio climático, las cuales cuentan con recursos y son socialmente respaldadas. Las acciones no deben limitarse a las de reubicación, sino que tendría que realizarse un trabajo de restauración de la costa, preferiblemente con mangle para que se detenga su erosión y se recupere paulatinamente el terreno perdido.

En ese orden de ideas, se precisa modificar la Ley de Desarrollo Urbano (LDU) del Estado, para establecer un fondo presupuestal que cubra la restauración de la costa y permita atender emergencias, a efecto de evitar mayores riesgos para la población.

Paralelamente, es pertinente que la LDU prohíba las construcciones de desarrollos urbanos en zonas de alto riesgo, con base en la Ley General de Protección Civil de 2012, que en su artículo 84 menciona: “Se considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional y no cuente con la autorización de la autoridad correspondiente”.

En el mismo sentido, su artículo 87 determina: “En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgo específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para migar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción”.

En materia financiera, es necesario considerar distintas maneras de acceder a recursos para el desarrollo de infraestructura y servicios, como pueden ser licitaciones y/o el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

También se pueden obtener recursos del Programa Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que cuenta con acceso a fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM).

En este sentido, estamos convencidos de que la recuperación de Puerto Chiapas debe acompañarse de una estrategia de preservación y de ampliación de la planta productiva, que genere más y mejores empleos, que incentive la inversión productiva que se traduzca en mejores condiciones de vida para sus habitantes.

Existen alternativas de solución para atender un problema creciente que no solo afecta a una región y a un Estado de la República, sino que impacta la actividad turística y comercial del país en su frontera sur.

Por ello, formulamos un respetuoso exhorto a los tres ámbitos de gobierno para generar un plan integral que inicie con el rescate de Puerto Chiapas, que en su caso, permita la reubicación de la población en riesgo, a la vez que detone su desarrollo sustentable con una visión integral de mediano y largo plazo, que se traduzca en bienestar seguro y sostenido para los chiapanecos y para todo el país.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres ámbitos de Gobierno, la Federación, el Estado de Chiapas y el municipio de Tapachula, para coordinarse y tomar las decisiones necesarias para rescatar a Puerto Chiapas, de la intensa erosión que enfrenta, así como para reubicar la infraestructura afectada, con un enfoque de protección de la seguridad humana, social y sustentable.

Segundo. Se exhorta atentamente al Gobierno Municipal de Tapachula para que, ante la urgente amenaza que enfrenta Puerto Chiapas por la erosión,considere la modificación de su Plan de Desarrollo Urbano, para atender el inminente riesgo que padecen los habitantes apostados en el frente de su zona de playa.

Tercero. Se hace un respetuoso llamado al Congreso del Estado de Chiapas, para que pueda estudiar e impulsar las reformas conducentes a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, para evitar el establecimiento de desarrollos en zonas de riesgo, y fortalecer los esquemas sancionadores para las autoridades que los autoricen, así como para la creación de un fondo para realizar los estudios y las primeras acciones de reubicación de poblaciones en riesgo en la zona señalada, considerando el desarrollo de infraestructura en dichas zonas y los servicios requeridos para su uso habitacional.

Cuarto. Se exhorta atentamente a las Secretarías de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación y de Turismo, para realizar los convenios necesarios con el Gobierno del Estado de Chiapas, para enfocar recursos y acciones para la reubicación de las comunidades pesqueras en la zona ubicada entre los paralelos 14°32’24’’ y 17°59’08’’ de latitud norte, y los meridianos 90°20’32’’ y 94°07’13’’ de longitud oeste, que incluya acciones para impulsar nuevas fuentes de empleo e inversión en la región, con nuevas formas de producción.

Quinto. Se exhorta a la Comisión Nacional de la Pesca, para desarrollar un programa especial para la actividad pesquera en la zona señalada, que fortalezca las opciones existentes y permita crear nuevas formas de aprovechamiento, replanteando a esta actividad como palanca de desarrollo.

Sexto. Se hace un respetuoso llamado a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Administradora Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V), a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, así como al Gobierno del Estado de Chiapas y al Gobierno Municipal de Tapachula, a efecto de que atiendan de manera inmediata la problemática que se enfrenta en el Municipio de Tapachula, Chiapas, en específico en la localidad de Puerto Chiapas, para realizar los trabajos necesarios para crear un Programa enfocado en la restauración de la duna costera y el frente de playa, así como para evitar la pérdida de suelos frente.

Se enfatiza que dicho plan pueda considerar la reubicación de las casi 3 mil viviendas en situación de riesgo.

H. Senado de la República, a 3 de abril de 2013.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Luis Armando Melgar Bravo. Como lo ha solicitado el propio Senador proponente y conforme a lo establecido en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Puerto Madero, como era conocido anteriormente el ahora llamado Puerto Chiapas, es un fundamental patrimonio económico de nuestro estado. Lo es como motor del desarrollo regional; lo es sin duda por su amplísimo potencial en materia comercial y turística que aún no ha alcanzado su plenitud, pero lo es principalmente porque es el único puerto con el que cuenta nuestro estado, y una de las pocas herramientas de conectividad entre el sur-sureste del país, y en particular Chiapas, con el resto de Centroamérica.

Por eso es tan importante el escenario que nos ha planteado aquí el Senador Luis Armando Melgar, porque una de las pocas oportunidades de desarrollo económico que podría tener Chiapas, estado que como todos ustedes saben, tiene enormes carencias y necesidades, podría estar en un riesgo real y latente.

Como ya se ha dicho aquí, las razones sobre las corrientes, el oleaje y demás ha generado esta erosión; y quisiera destacar en particular que estos prejuicios afectan la integridad, el patrimonio y el modo de vida de personas que muchas veces se ven obligadas a desplazarse de manera forzada de su lugar de origen, ya sea por los cambios en las condiciones climáticas o por la afectación derivada de proyectos de desarrollo o por la falta muchas veces de empleo.

Si bien nadie sabe con certeza lo que supondrá el tema del cambio climático para los movimientos de población y en particular para el desplazamiento interno, hay un cálculo muy conocido para quienes han estudiado este tema de un catedrático de la Universidad de Oxford, de Norman Myers, que establece que una producción hacia el año 2050 en la que podría haber, por el calentamiento global, si éste sigue su tasa y su ritmo de crecimiento, hasta 200 millones de personas desplazadas por alteraciones de sistemas de lluvias, por sequías, así como por la subida del nivel del mar y de la inundación de los litorales.

Por ese motivo, tomando en cuenta esta aproximación al mismo tema, concuerdo plenamente con el Senador Melgar, se deben de tomar medidas oportunas por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno, con un sentido social de preservar vidas y patrimonio de las familias que radican ahí, hay que hacerlo con una visión sustentable, hacerlo con una perspectiva que mantenga e incremente oportunidades económicas.

Pero en particular, quisiera hacer un énfasis en una de las posibilidades que tiene que atender este asunto y que tiene que ver con la posible reubicación de 3 mil viviendas, y bueno, seguramente con tres mil familias.

De llegar a ser necesaria esta acción, me parece que es indispensable que atendamos el problema de manera humana, de manera responsable, técnicamente sustentada y sobre todo bajo los principios de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas que está vigente desde febrero de 2012.

Por ese motivo, le quisiera solicitar al Senador Melgar, me permita adherirme a su solicitud y solicitarle también que se adicionara un punto de Acuerdo que iría en el siguiente sentido, exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal de Chiapas, a reglamentar la Ley para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno en el Estado, publicado el 22 de febrero de 2012, para que en caso de considerarse indispensable la reubicación de pobladores del área de Puerto Chiapas y de la Playa San Benito y sitios aledaños, pues se apliquen los principios, se apliquen las NOM y programas establecidos en esta ley, que por cierto, es la única ley que existe en el mundo de un estado subnacional, la primera, el primer cuerpo normativo de nuestro país que atiende el tema del desplazamiento y que con una determinación y la voluntad de reglamentarla, podría hacerse valer y hacerse efectiva ya para un grupo de población que se está viendo amenazada y que quizás tendría esta condición de desplazamiento producto de fenómenos naturales con los que ningún hombre, ninguna persona puede combatir.

Solicitarle eso, Senador Melgar, y felicitarlo por esta importante iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señor Senador.

A continuación, antes de someter a consideración de la Asamblea la adición que está proponiendo el Senador Zoé Robledo, se le concede el uso de la palabra al Senador Aarón Irízar López.

- El C. Senador Aarón Irízar López: Muchas gracias, señor Presidente.

Hago uso de la palabra para sumarme con alta convicción a esta propuesta sensible y responsable que hace el Senador Melgar.

Tenemos vastos ejemplos que por no atender por la vía de la previsión, en este país hemos sufrido daños muy lamentables, en ocasiones muchas debidas y también en ocasiones muchas en daños patrimoniales que dañan la economía de familias y propiamente de regiones y del país.

Esta propuesta tiene un sentido serio y que se requiere escuchar a tiempo, hoy la naturaleza no avisa, pero sí impacta.

Basta decir que tan sólo del 2008 al 2010 México fue impactado por la naturaleza en diferentes regiones del país, impactando financieramente por más de 426 mil millones de pesos.

En el 2012 por tan sólo 36 mil millones de pesos, que van desde inundaciones, sequías entre otras cosas.

Por eso creo que es latente la potencialidad del riesgo que tienen personas y bienes patrimoniales en la propuesta que hace atinadamente el Senador Melgar y que los Senadores de la República debemos dar un voto aprobatorio a esta propuesta.

A veces no atender en tiempo y forma estos planteamientos, nos encontramos de que actuamos en crisis y cuando estamos en crisis hacemos a un lado la prevención y los costos son sumamente lamentables.

Me sumo decididamente a la propuesta del Senador Melgar.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señor Senador Aarón Irízar López.

No habiendo más oradores sobre este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la adición que presenta el Senador Zoé Robledo para su discusión y aprobación en su caso.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la adición presentada por el Senador Zoé Robledo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión , señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Pido que consulte nuevamente a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la modificación presentada por el Senador Zoé Robledo y la cual ha sido respaldada por el Pleno de esta Cámara.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada con la adición del Senador Zoé Robledo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta presentada, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Compañeras y compañeros Senadores, damos paso ahora a la presentación de proposiciones con punto de Acuerdo desde los escaños, como ya sabemos, la presentación de esos asuntos únicamente se refieren a dar lectura a los puntos resolutivos que contenga cada punto de Acuerdo.

En ese sentido, se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para que pueda presentar su propuesta desde su escaño.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Esta proposición es muy sencilla, por eso quise aprovechar esta nueva modalidad de la cual felicito a la Mesa Directiva que haya podido establecer este espacio para que las cosas que no requieren de mayor discusión, puedan ser presentadas aquí.

Quiero exhortar a la Secretaría de Turismo para que se dé puntual seguimiento al presunto daño patrimonial ocasionado a FONATUR por las irregularidades en los pagos durante la construcción del centro integralmente planeado, Playa Espíritu, Sinaloa.

Quiero exhortar a la propia Secretaría de Turismo para que en el caso de que se comprueben las irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación, se presente la denuncia penal en contra de los responsables.

Y por último, quiero exhortar a la propia Secretaría de Turismo para que realice las gestiones necesarias a fin de que en caso de que no se justifique o presente un respaldo documental, se recuperen los recursos mencionados.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE TURISMO A DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO AL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL OCASIONADO AL FONATUR POR LAS IRREGULARIDADES EN LOS PAGOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO, PLAYA ESPIRITU, SINALOA Y EN CASO DE QUE EXISTA RESPONSABILIDAD PENAL PRESENTE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE

“El suscrito, OMAR FAYAD MENESES, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a fin de que se dé puntual seguimiento al presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en los pagos durante la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal, presente la denuncia correspondiente Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Conforme a la información que publica el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, éste tiene como antecedente la creación, por Decreto Presidencial del 14 de noviembre de 1956, del Fondo de Garantía y Fomento de Turismo (FOGATUR), habiéndose encargado de su manejo a Nacional Financiera, S.A., con el objeto de otorgar créditos para estimular la inversión turística nacional.

Por contrato de fideicomiso de fecha 22 de mayo de 1969 y a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, S.A., se constituyó el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR), cuyos objetivos eran los de promoción y realización de obras de infraestructura, relacionados con el programa diseñado por el Gobierno Federal para el desarrollo de nuevos centros turísticos de importancia y la mejora sustancial de otros que habían mostrado su potencialidad como centros de atracción turística.

Con fundamento en la Ley Federal de Fomento al Turismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1974, fue creado el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y formalizado mediante contrato de fideicomiso el día 29 de marzo del mismo año, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de Fideicomitente único del Gobierno Federal y Nacional Financiera, S.A., como fiduciaria, fusionándose de esta forma los dos fideicomisos mencionados.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, FONATUR forma parte del sector público paraestatal y cuenta con un Comité Técnico, que estudia y aprueba los programas y acciones del Fideicomiso.

Por Decreto Presidencial del 22 de febrero de 2001, FONATUR se encuentra bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo y ajusta sus acciones al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Turismo.

Si bien FONATUR, debiera ser un importante impulsor del desarrollo turístico,queda como una utopía por malos manejos, tal y como se desprende del informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que señaló queen los pagos durante la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, Sinaloa, existela presunción de irregularidades con un daño patrimonial al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) por un monto superior a los 13 millones 103 mil pesos, cifra que podría verse incrementando conforme se vaya desglosando el informe.

De acuerdo con el informe de la ASF se deriva el presunto daño a la Hacienda Pública Federal superior a los 13 millones de pesos, desglosados en:

a) 11 millones 549 mil pesos con IVA, correspondientes al importe de rendimientos generados por el pago que se otorgaron como anticipo;

b) Del anticipo del 30 por ciento que recibió FONATUR Constructora de un total de 42 millones 17 mil pesos, correspondiente a 12 millones 605 mil pesos, como lo indicó la ASF y;

c) 730 mil pesos, correspondientes al importe de rendimientos originados por el pago de anticipo

En el año 2009ante la inactividad en la construcción de un Centro Integralmente Planeado (CIP) se proyectó la construcción de uno en el Pacífico con una inversión programada de 12 mil 200 millones de pesos, contemplando en su programa original 40 mil habitaciones, con lo que sería uno de los proyectos más grandes del Sector Turismo.

El reporte de la Auditoria Superior de la Federación, reportó irregularidades en los contratos adjudicados CPDU-0901/11-O-01 y CPDU-0901/11-O-02, con las irregularidades mencionadas.

La Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que la inversión para este CIP en la región del Pacífico requeriría recursos por 12 mil 200 millones de pesos y detonaría recursos privados por 170 mil millones de pesos.

La Auditoría indicó en su reporte que en caso de que no se logre justificar o presentar un respaldo documental de los 13 millones 103 mil pesos, la entidad fiscalizada o la instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

El manejo de las finanzas públicas, requieren de transparencia y claridad, por lo que toda duda que pueda resultar en afectación a programas sociales y máxime en las que derive en la presunción de responsabilidades, debe darse un seguimiento preciso e inmediato, para prevenir que este se siga acrecentando por falta de las acciones legales y que el asunto quede en el olvido por el simple transcurso del tiempo.

Las irregularidades en el manejo de los recursos del Estado, no sólo debe considerarse como un acto de corrupción, hay que verlo como un crimen contra la sociedad, en la que más de la mitad de la población se encuentra con algún tipo de pobreza con un incremento anual en ésta cifra y en el que muchos municipios, ni siquiera cuentan con los recursos mínimos para alimentarse.

Por ello, debe investigarse seriamente la presunción de irregularidad en la asignación y manejo de contratos y en caso de que estas se comprueben, procederse penalmente contra el o los responsables, y recuperarse estos recursos para que sean ejercidos responsablemente, tal y como lo señala la Auditoria Superior de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que se dé puntual seguimiento al presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en los pagos durante la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, Sinaloa.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que en caso de que se comprueben las irregularidades reportadas por la Auditoria Superior de la Federación, se presente la denuncia penal en contra de los responsables.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que realice las gestiones necesarias a fin de que en caso de que no se justifique o presente un respaldo documental, se recuperen los recursos mencionados.

Dado en elSenado de la República, a 7 de marzo de 2013.

Sen. Omar Fayad Meneses”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Omar Fayad Meneses. Túrnese a la Comisión de Turismo.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo sobre la donación de un lote ubicado en el municipio de Benito Juárez.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

El día de hoy hago un exhorto al FONATUR, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que done al municipio de Benito Juárez o a un fideicomiso esta playa que se encuentra muy cercana a la población de Cancún, que es Benito Juárez, para que los habitantes de Cancún, de Quintana Roo y de todo el resto del mundo que nos visitan, tengan un acceso digno a la playa.

Ahí tenemos una playa muy hermosa que tiene algunos edificios abandonados que estaban en un litigio que acaba de concluir, y antes de que piensen en venderlos, en seguirle apostando al desarrollo material, yo quiero exhortar al FONATUR para que se le apueste al desarrollo humano, al desarrollo social, a ese desarrollo que tenemos que apostarle en Quintana Roo y en todo México, y no tanto al material, porque hoy por hoy el todo incluido, tal y como lo comentábamos aquí hace unos momentos con el Presidente del Congreso Español y el Presidente del Senado Español, ha pauperizado el ambiente en Quintana Roo.

Hace diez años tenemos esta nueva modalidad de vender los centros turísticos que es el todo incluido, que ha generado un ambiente de pauperización en los centros poblacionales, y todas esas personas que llegaron a Quintana Roo, habiendo quemado sus naves en otros lugares, y apostándole todo al desarrollo de Quintana Roo, hoy están viendo una muy delicada situación económica.

Muchos lugares están rentando, se están vendiendo, y si le sumas el tema de que las células criminales también se la pasan queriendo cobrar derecho de piso y queriendo hacer la parte del gobierno, realmente Quintana Roo en este momento está en un proceso de pauperización, como les comento, bastante delicado.

Y me dio gusto y me dio pena que hoy los Presidentes de los Congresos Españoles hayan hecho el comentario conmigo que aunque la mayor inversión que le apuesta al todo incluido es española, ellos están conscientes de cómo se ha generado un ambiente muy triste y muy deplorable en el estado de Quintana Roo.

Por eso yo le pido y exhorto hoy respetuosamente al FONATUR para que esta playa sea un acceso digno a todos los trabajadores del estado de Quintana Roo, que son ciudadanos de todo el país, que han apostado todo por el desarrollo de Quintana Roo; Quintana Roo genera muchísima derrama económica, ya no tanta porque ahora el todo incluido se lo lleva a otras lugares del planeta, ni siquiera las cuentas de los grandes consorcios están en este país, son capitales golondrinos.

Entonces, este es el momento para destinarle un trato digno a la población que trabaja todos los días y que además hoy está sufriendo una crisis severa económica y de valores en Quintana Roo.

Entonces, es un punto de Acuerdo para que done FONATUR el lote denominado Playa Tortugas, ya sea al municipio de Benito Juárez, o a un fideicomiso, con la finalidad de crear un centro cultural deportivo público para todos los ciudadanos que nos visitan en Quintana Roo y para tener accesos dignos a las playas.

Gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO A DONAR EL LOTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, CON LA FINALIDAD DE CREAR UN CENTRO CULTURAL-DEPORTIVO PUBLICO

“La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En seguimiento a el Punto de Acuerdo (anexo “A”) presentado con anterioridad donde se hacen algunas peticiones a el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR) donde pretende realizar la venta del lote “Tortugas Sección “C” 4C 11 (anexo “B”) ubicado en el Municipio de Benito Juárez”, donde actuará más como una inmobiliaria que vende al mejor postor las riquezas de nuestro país que como un mecanismo para fomentar el turismo, es pertinente manifestar que en el desarrollo turístico no siempre la mejor opción es invertir en el sector privado.

En relación a la respuesta DG/HMB/009/2013 (anexo “C”) la cual expresa que acertadamente en el pasado FONATUR ha contribuido en forma directa con el Ayuntamiento de Benito Juárez, mediante la donación de diversas superficies de tierra que eran de su propiedad y que colindan con playas públicas, tal es el caso de la donación realizada a favor del citado Municipio el 6 de julio de 2007, según consta en la escritura público número 3151, mediante la cual se transmitió la propiedad de los siguientes lotes con acceso a playas públicas:

a) Acceso a Playa Las Perlas, Lote “D01-A1” con una superficie aproximada de 658.13 m².

b) Acceso a Playa Ballenas, Lote 38-A, con una superficie aproximada de 2,240.93 m².

c) Acceso a Playa Tortugas, Lote 11F, con una superficie aproximada de 533.70 m².

d) Acceso a Playa Gaviota Azul, Lote 9B-2 con una superficie aproximada de 490.70 m².

Los accesos son fundamentales para fortalecer el desarrollo regional, así como para que los mismos habitantes de la región tengan acceso a las playas de donde son originarios, sin embargo en la actualidad las necesidades de la población requieren más que un acceso a playas, necesitan un lugar para desarrollarse mental y físicamente, además de que el turista también demanda el complemento cultural el cual enriquecería su visita.

La posible venta mencionada anteriormente causará un daño a todos los mexicanos. En la actualidad los espacios públicos frente al mar se han reducido de manera exagerada para la población que habita en Quintana Roo y en específico Cancún, razón por la cual es necesario establecer un alto al criterio de decisiones que toma FONATUR.

La población del Estado de Quintana Roo es olvidada, vedándolos de tener igualdad en el derecho a la recreación y esparcimiento, a razón de que no toda la población tiene la capacidad económica para accesar a las playas de su Estado natal, además de que se pone en dificultades a los habitantes ya que teniendo tan cerca las playas, el acceso a ellas se les dificulta.

Es necesario para que exista una igualdad en la sociedad hacer justicia a todos los pobladores quintanarroenses y turistas connacionales fomentando el derecho a la igualdad de recreación y esparcimiento, para que todos los mexicanos tengan accesoy gocen de espacios dignos de primera calidad frente a nuestro Mar Caribe y así detener el crecimiento de más desigualdad entre el pueblo mexicano.

El camino que toma FONATUR restringe el disfrute de nuestras playas a un mínimo sector de la población en ningún sentido prevalece el interés público.

Es necesario mejorar la calidad de vida de los mexicanos que menos tienen y reducir las brechas de desigualdad, utilizar mecanismos para fomentar la igualdad de oportunidades hacia todos los mexicanos para que seamos una población más equitativa e incluyente.

En la actualidad en una sociedad que está en rápido y constante cambio además de proteger y vigilar el bienestar de la sociedad es necesario impulsar a todos los mexicanos para desarrollar un país que mejore día a día, dar la herramienta clave para el desarrollo en toda sociedad, la educación, razón por la cual brindar un Centro Cultural-Deportivo Público beneficia a toda la población de Quintana Roo y demás connacionales, atendiendo las necesidades primarias, indispensables del sector público, que finalmente son los ciudadanos que conforman nuestra nación, al satisfacer las necesidades que necesita la ciudadanía hacemos un bien a todo el país creando individuos más preparados y competitivos.

Ya que atreves de la donación del lote; “Tortugas Sección “C” 4c-11 ubicado en el Municipio de Benito Juárez” al Ayuntamiento de Benito Juárez, actuando junto a la Secretaría de Educación Pública Puede llevarse a cabo la creación de un centro cultural-deportivo en donde se puede impulsar el mejoramiento físico, cultural, educacional de los habitantes de esa Entidad Federativa y de los demás connacionales que visiten ese lugar donde también pueden hacer disfrute de los servicios e instalaciones de una forma segura, así como brindar un complemento turístico al visitante.

Así como buscar acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas de asistencia social.

Además de hacer un bien común, este centro cultural deportivo también actúa como un medio preventivo, en donde se orienta a niños jóvenes y a toda la población que acuda a dicho centro, a través de la cultura y el deporte para disminuir el índice de criminalidad evitando que caigan en prácticas de drogadicción, robo, o cualquier otra práctica delictuosa.

Es menester mencionar que Cancún al ser el centro turístico que genera más derrama económica es importante sostener su calidad en cuanto seguridad y oferta de atracciones turísticas, debemos prevenir situaciones de delincuencia para evitar que crezca el índice delictuoso como en otros estados a ocurrido, hasta el grado de dejar casi nula la actividad económica en el sector turístico.

En los últimos años Cancún se ha ido deteriorando, la delincuencia incrementa, tenemos que tomar cartas en el asunto antes de que los grandes problemas lleguen.

Es necesario comprender que nuestro país está pasando por problemas muy serios de delincuencia, es por eso que debemos prevenir la delincuencia que tanto ha dañado nuestro país, es obligación del estado brindar seguridad a los ciudadanos, a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que la solución radica en gran parte en la prevención del delito.

Si en algún momento el turista no quiere viajar a Cancún por la delincuencia sería un daño que tendría muy difícil reparación, es por eso que debemos tomar la estrategia de prevención del delito así como brindar el complemento turístico cultural a todos los visitantes de Quintana Roo.

Por lo antes expuesto es conveniente se cree un centro cultural-deportivo, en donde sea un centro de fomento de cultura y al deporte.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que done el lote; “Tortugas Sección “C” 4c-11 ubicado en el municipio de Benito Juárez” al ayuntamiento de Benito Juárez, con la finalidad de crear en colaboración de la Secretaría de Educación Pública un Centro Cultural-Deportivo Público.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 19 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Beristain Navarrete. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, para presentar los resolutivos de un punto de Acuerdo sobre el que se crea una comisión especial que coadyuve a la armonización legislativa entre el Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A nombre de mis compañeras legisladoras que apoyan este punto de Acuerdo y la de la voz, daré lectura a los resolutivos de la presente proposición con punto de Acuerdo:

Primero. Se crea la comisión especial que coadyuve a la armonización legislativa entre el Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa.

Segundo. La comisión especial tendrá los siguientes objetivos:

a) Dar seguimiento a los Decretos aprobados que tengan implicaciones en las leyes estatales.

b) Brindar asesoría técnica con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos en los Decretos con implicaciones en las leyes estatales a fin de que se armonicen.

c) Realizar foros y mesas de trabajo con la Colegisladora y la conferencia permanente de congresos locales, a fin de establecer rutas críticas para atender las diversas problemáticas y contribuir a su solución.

d) Consolidar el marco legislativo mediante el intercambio de experiencias y puntos de vista de los miembros de los órganos legisladores locales, para la educación de su normativa a los lineamientos constitucionales e internacionales.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA UNA COMISION ESPECIAL QUE COADYUVE A LA ARMONIZACION LEGISLATIVA ENTRE EL CONGRESO DE LA UNION Y LOS CONGRESOS LOCALES Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

“Las que suscriben, Senadoras María Del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Alvarez García y Lisbeth Hernández Lecona integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 Fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la medida que la democracia de un país se va consolidando, otros órganos de poder, diferentes al Ejecutivo, comienzan a tener una mayor participación en la vida política de cualquier nación.

En el caso de nuestro país, una de las instituciones que más se ha venido fortaleciendo, a partir del avance democrático, es el Poder Legislativo. Sin embargo, normativamente cuando se habla de dicho poder, la atención suele dirigirse principalmente hacia el Honorable Congreso de la Unión, y poco se piensa en el papel que desempeñan actualmente los Congresos Estatales.

A raíz de los procesos de alternancia política a nivel federal y estatal, los poderes legislativos han adquirido una mayor autonomía y desempeñan un papel determinante en la toma de decisiones políticas. En 1997, cuando el gobierno entrante pierde mayoría en el Congreso, se produjo un mayor equilibrio en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Algunos estudios demuestran que en la Cámara de Diputados ha existido un mayor protagonismo de los grupos parlamentarios y un descenso del ejecutivo en la producción legislativa, bajo periodos de gobierno sin mayoría contra gobierno unificado.

Este escenario de pluralidad, ha provocado dos principales cambios en las legislaturas locales. En primer lugar, los congresos estatales han adquirido mayor autonomía y han comenzado a fungir como instituciones de contrapeso a los gobernadores a consecuencia de la no coincidencia de mayorías en el ejecutivo y legislativo. En estas circunstancias, se rompe la vieja inercia de subordinación del legislativo hacia el ejecutivo y se activa la división de poderes que estipulan los marcos constitucionales. En segundo lugar, las legislaturas experimentan un cambio institucional interno como respuesta a las situaciones de la creciente pluralidad partidaria, que dan pasó a diseños pluripartidistas para la integración y asignación de los órganos directivos, de gobierno y de las comisiones.

Prueba de ello, es que a partir del año 2000 se han hecho 58 reformas constitucionales a la fecha, sin que en ninguna de ellas haya sido aprobada por unanimidad por los 31 Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa.

Este proceso de democratización y transformación de las relaciones entre los poderes, no ha tenido los mismos cambios y repercusiones inherentes en el ámbito de los órganos legislativos locales, dado que sus estructuras, tanto orgánica como funcional tienen múltiples deficiencias en sus sistemas de comisiones y debilidad de los órganos de asesoría y apoyo parlamentario. Lo anterior impacta directamente en la magra productividad legislativa; en múltiples casos de inactividad y omisión legislativa; incumplimiento de armonización de sus legislaciones locales y de diversos artículos transitorios, mandatados por decretos federales; y deficiencia en la transparencia y rendición de cuentas.

Respecto al último punto, en el 2010 la Unión Interparlamentaria, organización internacional que agrupa a la totalidad de Parlamentos democráticos del mundo, suscribió la “Declaración de Presidentes de Parlamentos” destacando en su primer postulado “el compromiso de hacer nuestros parlamentos más representativos, transparentes, accesibles, efectivos y sujetos de rendición de cuentas, y permitir a los diversos componentes de la sociedad, la participación en los procesos políticos decisorios…”

El Congreso mexicano adoptó la resolución anterior en virtud del compromiso para impulsar mejores prácticas de transparencia y accesibilidad en ambas cámaras de la legislatura federal. Sin embargo, este compromiso no necesariamente se ha expresado en una mejora del marco jurídico en la materia o en acuerdos internos dentro de las legislaturas locales. La soberanía de las entidades federativas impide que ese tipo de acuerdos entre parlamentos nacionales tengan efectos en las dinámicas internas de parlamentos subnacionales, ya que existen desfases en sus respectivos procesos democratizadores.

Un estudio realizado por Khemvirg Puente, especialista en Estudios Legislativos de la Universidad Nacional Autónoma de México, denominado “La transparencia legislativa local en México” demuestra que las legislaturas locales se encuentran por debajo de los estándares mínimos de accesibilidad a la información, y que son pocos los congresos locales que tienen evaluaciones favorables respecto a la transparencia y su funcionamiento, dentro de los que destacan, el del Estado de México, Guanajuato y la Asamblea Legislativa, seguidas, en menor grado de Tabasco y Veracruz.

Por su parte, Salvador Nava Gomar académico de la Universidad Anáhuac en su estudio “Servicios de apoyo parlamentario (letrados) en los congresos mexicanos” revela la precariedad y la falta de profesionalización de los servicios de apoyo, demostrando que la función legislativa se desarrolla de manera improvisada, carente de técnica legislativa y con poco conocimiento sobre las materias sobre las que legisla.

En general, haciendo un análisis sucinto damos cuenta que los congresos estatales han sido abandonados a su suerte yescasamente analizados. En la investigación “Regulación del poder legislativo Estatal: Estudio Teórico Doctrinal y de Derecho Comparado a Nivel Constitucional de los 31 Estados y del Estatuto del Distrito Federal” realizada por la Cámara de Diputados en el 2005, se refrenda que la doctrina mexicana ha descuidado el estudio de los aspectos constitucionales de cada una de las entidades federativas en nuestro país y que el derecho público mexicano se ha circunscrito alrededor de la Constitución federal y de sus instituciones; Además de que las constituciones particulares de los estados miembros de la federación no han tenido un tratamiento sistemático, ni aun esporádico, con la debida profundidad, como se observa con aquellas instituciones federales.

Todos estos elementos forman parte del rompecabezas de la realidad de los parlamentos locales, que en los últimos años han incurrido en diversas omisiones con implicaciones de inconstitucionalidad. En las tesis jurisprudenciales y aisladas del Poder Judicial de la Federación es posible encontrar constantes referencias al silencio del legislador, a la omisión del legislador, a la omisión de la ley y al silencio de la ley.

Es importante destacar, que la omisión e inactividad legislativa puede llegar a constituir una infracción a la Constitución al crear situaciones normativas contrarias a ésta, principalmente por la falta de desarrollo de algún precepto constitucional. Esta inactividad puede llegar a afectar la plena vigencia de la Constitución, por lo que deben crearse mecanismos procesales idóneos para dar solución a los problemas que la ausencia de vigencia plena de la NOM constitucional puede acarrear. En este sentido, es preciso distinguir entre situaciones normativas contrarias a la Constitución creadas por la inactividad legislativa del Poder Legislativo que afectan derechos públicos subjetivos y aquellas que, sin llegar a constituir un agravio personal y directo a algún individuo, afectan la plena vigencia de la Constitución y de sus leyes que de ella se derivan.

Por mencionar algunos ejemplos, al día de hoy, muchos de los congresos locales no han hecho las reformas correspondientes en materia de juicios orales, narcomenudeo, transparencia y rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, educación media superior, protección civil, delitos contra periodistas etc., a pesar de que en algunos casos se han vencido los plazos establecidos y otros están por fenecer.

México ha optado por un sistema federal desde la Constitución de 1824, conformado por estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación. De este modo, el gobierno federal cumple con determinadas funciones, en tanto que la soberanía de los estados se manifiesta en la capacidad que tienen para darse sus propias leyes en materias sobre las que no legisla la federación. Pero también están obligados a cumplir la supremacía constitucional como lo establece el artículo 133 constitucional, que a letra dice:

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos losTratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de laRepública, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cadaEstado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario quepueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

En cumplimiento a las disposiciones constitucionales, las legisladoras que suscribimos el presente punto de acuerdo retomamos los objetivos de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, que plantean la necesidad de impulsar un federalismo legislativo renovado para promover un equilibrio frente al Congreso de la Unión, tratándose de actos que impacten la esfera competencial local. Así como el fortalecimiento de la democracia mediante la participación más activa de los órganos legislativos locales, en el procedimiento de actualización de la Constitución federal, emisión de leyes generales y fiscales y en todas las decisiones políticas, legislativas y financieras que impongan obligaciones o afecten el ámbito de gobierno en las entidades federativas.

Los congresos estatales se encuentran frente al reto de modernizar sus procedimientos parlamentarios y mejorar las funciones técnicas legislativas para hacerlas acordes a las circunstancias actuales. Con miras hacia la consolidación de un nuevo federalismo, existen indicios que nos obligan a poner mayor interés en la vida jurídica de carácter local de nuestro país, tal situación nos conlleva a la necesidad de crear una adecuada permeabilidad de la NOM jurídica en general, hacia cada uno de los Estados integrantes de la federación.

Estamos convencidas, que la actual coyuntura de consenso político materializará diversas reformas constitucionales y de leyes secundarias que nos llevarán a transitar a estadios de crecimiento y desarrollo económico, los cuales sólo podrán lograrse en completa coordinación y colaboración con las legislaturas estatales, respetando sus ámbitos de competencia y atribuciones respectivas.

Por tal razón y dado lo imperativo de este tema, consideramos necesario y urgente crear una Comisión Especial que coadyuve con asesoría técnica para armonizar todos y cada uno de los decretos aprobados, que requieran de normatividad complementaria y adecuación a leyes con repercusión en las legislaturas locales, dando cabal cumplimiento a los tiempos establecidos en los artículos transitorios a fin de homologar las leyes correspondientes y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de la ley en los Estados de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se crea la Comisión Especial que Coadyuve a la armonización legislativa entre el Congreso de la Unión y los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa.

SEGUNDO.- La Comisión Especial se integrará por el número de senadores que considere la Junta de Coordinación Política en proporción a la representación de cada una de las Fracciones Parlamentarias con representación en el Senado de la República y tendrá las siguientes funciones:

a) Dar seguimiento a los decretos aprobados que tengan implicaciones con las leyes estatales.

b) Brindar asesoría técnica con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos en los decretos con implicaciones en las leyes estatales a fin de que se armonicen.

c) Realizar foros y mesas de trabajo con la Colegisladora y la Conferencia Permanente de Congresos Locales a fin de establecer rutas críticas para atender las diversas problemáticas y contribuir a su solución.

d) Consolidar el marco legislativo mediante el intercambio de experiencias y puntos de vista de los miembros de los órganos legislativos locales, para la adecuación de su normativa a los lineamientos constitucionales e internacionales.

e) Las demás que establezca la Junta de Coordinación Política.

TERCERO.- La Comisión Especial deberá contar con recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su funcionamiento. Lo anterior, de conformidad con la normatividad aplicable de la Cámara de Senadores.

CUARTO.- La duración de la Comisión Especial será durante la LXII y LXIII Legislatura.

Dado en el Senado de la República, a 7 de marzo de 2013.

Suscriben

Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Angélica Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Rocío Pineda Gochi. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo.

- El C. Senador Ricardo Barroso Agramont: (Desde su escaño) Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El turismo es un pilar fundamental en la economía de nuestro país, somos el décimo lugar en el mundo como destino turístico.

Recibimos alrededor de 22 millones de turistas extranjeros al año, y cerca de 160 millones de visitantes a nivel nacional. Así es que, toda acción que promueve, incentive, contribuya para el fortalecimiento de este sector es de suma importancia.

Existe la certeza respecto a los beneficios que aporta la actividad turística, tal como la generación de empleos, que reporta hasta 7.5 millones de empleos directos e indirectos, lo que representa ya el 14 por ciento de los empleos a nivel nacional.

El turismo como actividad económica está registrado que aporta el 9 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y en zonas costeras, como lo es en el caso de mi estado, Baja California Sur, llega a aportar hasta el 45 por ciento de la economía local.

Los ingresos que aporta a nuestro país, ascienden a casi 12 mil millones de dólares al año, y el 89 por ciento de la industria turística nacional está compuesta por las micro, pequeñas y medianas empresas.

La Ley General de Turismo tiene como eje fundamental mejorar y fortalecer desde la administración pública la planeación, programación y ejecución de la actividad turística del país, bajo los criterios de desarrollo social, sustentabilidad y competitividad, todo esto mediante el trabajo coordinado con los sectores público, privado y social.

De acuerdo a lo dispuesto por la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene la facultad de expedir las leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación, de las facultades concurrentes entre la Federación, estados, municipios y el Distrito Federal.

Esta fue la base constitucional para que finalmente, después de mucho trabajo, se publicara la Ley General de Turismo el 17 de junio de 2009. El Congreso cumplió con la expedición de esta ley, pero aún no se ha llevado a cabo la publicación del reglamento correspondiente.

Es por eso, compañeros Senadores, que hacemos uso de esta tribuna para solicitar, respetuosamente, mediante punto de Acuerdo que someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, a fin de que el Ejecutivo Federal proceda en el ámbito de sus facultades constitucionales y se expida la disposición reglamentaria de la Ley General de Turismo con el objeto de contar con el marco jurídico que permita que se aplique en la esfera administrativa las disposiciones contenidas en la ley, además de que de esta manera se dará respuesta a las necesidades y requerimientos de un sector tan importante, como es el sector turístico mexicano.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ricardo Barroso Agramont.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Hilda Flores.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño)Buenas tardes. Simplemente para pedir al Senador proponente, si nos permite sumarnos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto le consulto al Senador si no tiene inconveniente de ello, igualmente la Senadora Itzel Sarahí.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, Senador Carlos Mendoza, ¿para qué asunto? ¿Para el mismo?

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: (Desde su escaño) Lo mismo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para el mismo.

Si no tiene inconveniente el Senador Ricardo Barroso.

- El C. Senador Ricardo Barroso Agramont: Adelante, señor Presidente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto, pido a la Secretaría que tome nota de ello. La Senadora Ivonne Alvarez, también, con gusto. Túrnese a la Comisión de Turismo.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo para un fondo emergente para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: (Desde su escaño)Muchas gracias, señor Presidente.

En el pasado paquete económico se logró que la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos se canalizarán recursos extraordinarios por 5 mil millones de pesos para el fortalecimiento del Ramo 38.

Esos 5 mil millones de pesos provienen de los recursos acumulados del Fondo Sectorial-CONACYT-Secretaría de Energía Hidrocarburos.

No estamos hablando de recursos nuevos, entonces, el resolutivo del punto de Acuerdo que pongo a su consideración el día de hoy, primero, es apoyar a la red nacional, a los 32 estados de nuestro país y el Distrito Federal, que hace unos días, precisamente en mi estado, Zacatecas, tuvieron su reunión, y en donde a diferencia de otros sectores, no tienen recursos que provengan de la Federación.

Entonces, se está planteando que la red, la REDNACECYT, de esos 5 mil millones de pesos se les pudieran asignar mil millones de pesos.

Como segundo punto de este resolutivo, es de que también se fortalezcan los fondos mixtos, becas para las entidades federativas y el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Y por último, en el tercer punto, se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados, a que pongan un pari passu, a que le inviertan a la ciencia y tecnología, y que bajen recursos mezclándolos con ese fondo.

Eso sería, en términos generales.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE ANALICE LA POSIBLE CREACION DE UN FONDO EMERGENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

“ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura,con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE CONACYT, ANALIZAR LA POSIBLE CREACION DE UN FONDO EMERGENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un país que no impulsa e invierte en educación, ciencia, tecnología e innovación no puede crear más empleos, no puede crecer su economía, no puede distribuir mejor el ingreso ni tampoco atender con eficiencia los grandes problemas y preocupaciones nacionales.

Sabemos que el gran reto es lograr la materialización e instrumentación de acciones que estén orientadas a atender los principales rezagos, atrasos y necesidades que México hoy tiene.

Actualmente en México la política de fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación enfrenta un preocupante problema: su alto grado de centralización.

Nuestro país se caracteriza por una gran asimetría en el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación entre las distintas entidades federativas, así como por la ausencia de políticas públicas que consideren, en su justa dimensión, los problemas y capacidades de cada estado y región.

Por otra parte, la mayoría de los órganos que a escala nacional tienen a su cargo el desarrollo de la investigación científica y tecnológica siguen bajo estándares centralistas, en nuestro país se ha impulsado desde hace 35 años una política que no ha logrado del todo hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación factores estratégicos de desarrollo social y competitividad económica nacional, mucho menos construir una sociedad del conocimiento justa y equitativa en todos los estados del país.

Pese a las dificultades económicas, en los últimos años diversos gobiernos estatales han realizado esfuerzos para asumir con responsabilidad, aunque con serias limitaciones presupuestales, el compromiso por fortalecer las capacidades locales en ciencia, tecnología e innovación, vinculadas con su realidad regional.

Hoy día, y para nadie es un secreto, las finanzas públicas de varios estados del país, enfrentan serios problemas presupuestales, lo que hace que aún siga siendo más complicado poder dirigir recursos a las actividades científicas y tecnológicas, pues para ser sinceros, en muchos casos existen otras necesidades que atender en el día a día.

En la actualidad no existe dentro de la estructura presupuestal (federal) vigente, un federalismo en materia de ciencia, tecnología e innovación que asigne directa y de forma permanente recursos a los estados, a semejanza de otros rubros presupuestales como los destinados a la salud, la educación, la cultura, el campo, etc.

Una de las recomendaciones más importantes que ha hecho la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en su Revisión de la Política de Innovación en México (OCDE, 2008), es la delegación, por parte del Conacyt, de responsabilidades en materia de selección de proyectos y administración de temas relacionados con la ciencia y la tecnología en las entidades federativas.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) no ha sido ajena a la solicitud de federalización de los recursos en ciencia y tecnología, los mandatarios estatales en diversas ocasiones han solicitado al Congreso la constitución de un fondo especial de fortalecimiento a los sistemas estatales de ciencia y tecnología, tal es el caso de la declaratoria firmada el pasado mes de febrero del presente año, donde expresamente la Comisión de Ciencia y Tecnología de la CONAGO refrendó su solicitud al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Uniónpara la creación de un fondo emergente para el apoyo de las actividades científicas y tecnológicas en los estados.

Hoy día nos encontramos en un momento importante para México, el cambio de gobierno federal ha dado señales positivas paraquienes estamos preocupados por el desarrollo científico y tecnológico del país, pues con acciones se ha demostrado un apoyo decidido a este sector estratégico, un ejemplo de ello es el llamado “Pacto por México” firmado por representantes de las distintas fuerzas políticas y en la que se consideran de manera especial acciones para fortalecer la ciencia, la tecnología e innovación en todo el territorio nacional.

En ese sentido, en el acuerdo 47 de dicho pacto, se establece como prioridad la “definición y el impulso de objetivos nacionales y regionales concretos para estructurar un programa de largo plazo para el desarrollo especializado de la ciencia y la tecnología en todo el país”. Con este acuerdo se observa que existe una clara intención de todas las fuerzas políticas de impulsar las capacidades de innovación a nivel local y regional.

Por otra parte, en el discurso pronunciado el pasado 4 de enero del año en curso por el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la presentación del nuevo director de Conacyt, el titular del ejecutivo instruyó al Dr. Enrique Cabrero como tarea fundamental a cumplir, la creación de “políticas públicas diferenciadas que permitan impulsar el progreso científico y tecnológico en regiones y estados con base en sus vocaciones económicas y capacidades locales”.

Por otra parte, gracias a la gestión del Senado y de la Cámara de Diputados, se logró que en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos 2013 se establecieran recursos extraordinarios por un monto de 5,000 millones de pesos para el fortalecimiento del ramo 38 CONACYT, derivados de la reasignación de los recursos acumulados en el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos.

Es por lo anterior que considero existe la oportunidad de solicitar a la federación analice la posibilidad de constituir para este año un fondo emergente para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología, a fin de posibilitar una asignación directa de recursos a las entidades federativas.

El objetivo es que mediante el uso de los recursos extraordinarios disponibles para este año (5000 millones) aprobados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se destinen para este fondo emergente 1000 millones de pesos a las entidades federativas a través de sus consejos de ciencia y tecnología, conforme a fórmulas de distribución acordadas conjuntamente por la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),con el fin de aplicarlo considerando las necesidades establecidas por los propios consejos estatales.

La creación de un fondo emergente busca hacer un reconocimiento a todos los estados de la república pues, a final de cuenta, son ellos los que mayores aportes realizan al crecimiento del país en diferentes ámbitos; el de la ciencia, la tecnología y la innovación es uno de ellos.

Se propone que el fondo para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología se distribuya entre los estados conforme a tres criterios: diversidad, equidad y reconocimiento al esfuerzo en ciencia y tecnología de la entidad.

• Diversidad: Considerando las diferencias entre los estados.

• Equidad: A menor desarrollo, mayor apoyo para desarrollar actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

• Reconocimiento: Considerando el esfuerzo de inversión de recursos de la entidad realizado en los últimos años.

La creación de un fondo para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología llevaría a la práctica un verdadero federalismo en la materia, pues con la asignación de manera directa y permanente a los estados de un recurso de este tipo, estas actividades tendrían un pleno desarrollo. Además, se seguiría el camino que ya se ha tomado en temas fundamentales como la educación y la salud, donde los recursos se destinan directamente a cada estado.

Es momento de que podamos empezar a buscar nuevas alternativas y mecanismos que más allá de los fondos hoy existentes, puedan incrementar e incentivar la participación de los estados y de los municipios en ladistribución y aplicación de recursos que el gobierno federal destina a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Sin duda, son justo las entidades federativas quienes conocen de manera directa las necesidades y problemas a resolver, y quienes están en condiciones de aplicar mecanismos de solución.

Asimismo, es claro que los problemas que enfrentan las actividades científicas y tecnológicas en el país no se reducen a un asunto presupuestario o de“mayores recursos”, sino de saber con certezaqué hacer con los recursos ya disponibles, y enfrentar el reto de colocar los mismo en aquellos lugares, grupos, regiones, instituciones, actividades, centros y empresas que están demostrando un mejor y mayor efecto multiplicador, y por lo tanto sean aprovechados con mayor eficiencia y precisión.

Por otra parte, no se trata solo de pedir y pedir a la federación, sino también estimular la inversión por parte de los gobiernos locales y municipales, y sobre todo convencerlos de los importantes beneficios que para su economía puede traer el fortalecimiento y apoyo a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación locales.

El desarrollo nacional no puede prescindir de la ciencia, la tecnología y la innovación. Independientemente de las grandes reformas estructurales que requiere México, la competitividad y la calidad de vida de los mexicanos son el resultado directo del nivel de inversión y de las capacidades construidas en materia de ciencia, tecnología e innovación en cada uno de nuestros estados.

Hoy más que nunca necesitamos continuar realizando esfuerzos para seguir impulsando la ciencia y la tecnología en todos los rincones del país.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice a la brevedad la posible constitución de un fondo emergente para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología, que opere bajo los principios de diversidad, eficiencia, pertinencia, compensación, mérito y calidad.

SEGUNDO.- Teniendo en consideración los recursos extraordinarios destinados este año para el Ramo 38 Conacyt, y con el fin de impulsar el progreso científico y tecnológico de las regiones y estados de nuestro país, se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a incrementar para el año 2013 los recursos disponibles para los Programas de Fondos Mixtos, Becas para las entidades federativas, Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, así como para los proyectos de infraestructura y apropiación social de la ciencia y la tecnología.

TERCERO.- Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia realicen las gestiones pertinentes a fin de incrementar en este año la inversión destinada a las actividades científicas y tecnológicas locales, particularmente los recursos disponibles para los Programas de Fondos Mixtos, Becas para las entidades federativas, Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, así como para los proyectos de infraestructura y de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Lo anterior con el fin de que conla gestión conjunta entre la federación y los estados se logre un impulso equitativo y permanente a las áreas estratégicas y prioritarias de desarrollo regional y local.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2013.

Sen. Alejandro Tello Cristerna”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Tello Cristerna. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, sobre movimientos en comisiones, al cual solicito a la Secretaría le dé lectura.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión dicho Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No habiendo quien haga uso de la palabra sobre este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.





 

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, al cual solicito a la Secretaría dé lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En tal virtud, está a discusión la propuesta de la Junta de Coordinación Política. No habiendo quien haga uso de la palabra sobre este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que se recibió de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que adiciona el artículo 23 Bis a la Ley de Propiedad Industrial, presentado el 23 de enero de 2013, por lo que esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Salud; y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen correspondiente.





 

EXCITATIVA

“3 DE ABRIL DE 2013.

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

LA SUSCRITA, SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN ESTA LXII LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 216 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, RESPETUOSAMENTE SOLICITO SE HAGA UNA EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, PARA QUE SE DICTAMINE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 23 BIS, A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DICHA INICIATIVA LA PRESENTE ANTE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, Y TURNADA A LAS COMISIONES ANTES SEÑALADAS EL DIA 5 DE FEBRERO DE ESTE MISMO AÑO, SIN QUE A LA FECHA SE HAYA EMITIDO EL DICTAMEN RESPECTIVO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE”.

Solicito a la secretaría dé cuenta con los asuntos que se turnarán directamente a comisiones.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy cuenta de los asuntos que se turnarán directamente a comisiones:





 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA           EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Presentada por la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por virtud del cual se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, con base en la siguiente

ExposiciOn de Motivos

El propósito de esta reforma es propiciar una mejor representación de los gobernados en materia contencioso administrativa, procurando mayor inmediatez, sencillez, expeditud y seguridad jurídica en la presentación de juicios de amparo.

Nuestro sistema de amparo es la piedra angular del sistema procesal mexicano, en la que se dirimen en última instancia todas nuestras controversias jurídicas.

Sin embargo, al ser el amparo, un crisol en el que confluyen todas las controversias sin importar la materia de legislación de las que estas deriven, el espíritu de sencillez del juicio de garantías se ve complicado por la multitud de variables técnicas que se le acaban derivando de las propias peculiaridades, muchas veces de redacción, contenidas en la legislación ordinaria de donde se derivó el acto reclamado en el amparo.

Tal es, un efecto paradójico que se deriva de la lectura estricta de la Ley Federal del Contencioso administrativo que da el estado guarda la jurisprudencia actual.

Es el caso que, el artículo 5, cuarto párrafo, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que:

“Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.”

Esta disposición ha sido interpretada por la judicatura federal de manera contradictoria, estableciéndose precedentes que, por un lado, le concedían alcances para que los abogados autorizados por las partes pudieran interponer amparo contra resoluciones del Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa de la Federación contrarias a los intereses de sus autorizantes y, por otro lado, se dictaron otras resoluciones estableciendo que el amparo sólo competía invocarlo a los propios perjudicados por dichas resoluciones y no a sus autorizados conforme al artículo 5º de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

La resolución más reciente respecto a este particular es de fecha 12 de mayo de 2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. En ella se determinó que de conformidad con el artículo 107, fracción I de la Constitución, la interposición de la demanda de amparo era un acto a instancia de parte agraviada y que el nombramiento de autorizado conforme al artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo no tenía los alcances requeridos para considerar a la persona así autorizada como nombrada como un representante para los efectos de los artículos 4 y 13 de la Ley de Amparo.1 Por esta razón, actualmente en materia contenciosa por lo que este no puede pedir el amparo por su cliente, sino que el cliente a tiene que hacer personalmente la demanda.
La resolución dio motivo a la siguiente jurisprudencia:

AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACION DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria.”

Nada reprochamos al análisis lógico que realizo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, atendiendo a los principios de economía e inmediatez procesal, así como el de representación efectiva e integral, nos parece que como órgano legislativo nos compete proponer un cambio que permita a los abogados representar con mayor eficacia a sus clientes, procurando así una mejor y más equitativa defensa de los intereses de los gobernados y su derecho humano al acceso a la justicia.

Esto es así, porque muchas veces cuando se dicta una resolución adversa a los intereses de su cliente, el abogado que está llevando el caso, tiene, además que de cumplir con la responsabilidad de redactar apropiadamente la demanda de amparo correspondiente, que lograr localizar al cliente lo que no necesariamente siempre es fácil.

El justiciable, una vez derivó su causa a un abogado, muchas veces no estar disponible, sea porque no se encuentre en la ciudad o el país, esté absorto en otras ocupaciones o simplemente no esté localizable. Lo cual, desde su perspectiva resulta entendible puesto que ya puso su caso en otras manos.

Es pertinente señalar que habida cuenta de que en las demás materias, el carácter reconocido en el procedimiento da lugar al reconocimiento como abogado es suficiente para promover el amparo y que la misma redacción del artículo 5º es ambigua (de ahí que haya dado lugar a diversas posturas inclusive en la propia judicatura federal). Esta circunstancia induce a un error de graves consecuencias para los justiciables.

Redacción actual

Redacción propuesta

 

Artículo 5.-

(…)

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones.          La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de                 lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quién no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.

 

Artículo 5.-

(…)

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos            e interponer recursos, y se considerara representante del quién lo nombró para efectos de la interposición y seguimiento              de las demandas de amparo que se deriven del procedimiento. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.

No escapa a nuestra atención, el que el proyecto de Ley de Amparo presentado el día 15 de febrero de 2011, ante esta soberanía, durante la legislatura pasada, se encuentra muy cerca de culminar exitosamente su proceso legislativo. Sin embargo, como ya lo señalamos anteriormente este es un caso en los que el juicio de amparo absorbe las peculiaridades técnicas que provienen de la Ley que da origen al acto reclamado, en concreto la representación de las partes en juicio contencioso administrativo como viene establecido en el artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por otra parte, los artículos 6 y 11 de la Proyectada Ley de Amparo en nada varían a los efectos de esta situación, lo establecido en los artículos 5 y 13 de la todavía vigente Ley de Amparo. De ahí se sigue que “donde existe la misma razón, debe regir la misma solución.”

Por ello someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el cuarto párrafo del  artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Unico.- Se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo para quedar como sigue:

Artículo 5.- (…)

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, y se considerara representante del quién lo nombró para efectos de la interposición y seguimiento de las demandas de amparo que se deriven del procedimiento. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de abril de 2013.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza".

1 En el proyecto de Ley de Amparo que fue presentado ante el pleno del senado el 15 de febrero de 2011, sus correspondientes son los artículos 6 y 11 del Proyecto de Ley de Amparo.





 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1197 y se adiciona un artículo 1197 Bis al Código de Comercio, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1197 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 1197 BIS AL CODIGO DE COMERCIO

(Presentada por la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 1197 y se adiciona un artículo 1197 bis al Código de Comercio, con base en la siguiente

ExposiciOn de Motivos

El propósito de esta reforma es facilitar el reconocimiento del derecho extranjero en materia mercantil para así facilitar el comercio internacional y fomentar la inversión extranjera. Eliminando de esta manera trabas para la internacionalización de la economía Mexicana.

A menudo los optimistas hablan de que estamos en una aldea global. Lo que amenudo olvidamos es que, como dijera en 1999 el entonces Secretario General de laComisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el señorGeroldHermann: “Vivimos en una aldea global con reglamento de tránsito distinto en cada calle.”

El hacer valer el derecho de un país en otro país, comporta dificultades procesales que se llegan a convertir en verdaderos dolores de cabeza para los operadores económicos globales. Esta problemática acaba saboteando el flujo económico mundial.

En cuanto al tratamiento del Derecho Extranjero, existen dos corrientes biendibujadas.

La primera de origen italiano llamada de la incorporación (o rinvioricettizio) que considera que, cuando NOM extranjeras resulten aplicables a una cuestión, estas NOM extranjeras deberán tener pie de igualdad con las  NOM del foro y el juez deberá investigarlas e interpretarlas tal y como funcionarían en su propio sistema.

Los ordenamientos que siguen esta tendencia recogen el principio conocido en latín como iuranovit curia que implica que las partes han de dar al juzgador los hechos y que al juzgador le corresponde el conocer, o investigar el derecho. Cuando se lleva el principio iuranovit curia a las NOM de Derecho Internacional Privado el juez tendrá la carga de determinar el derecho aunque se trate de Derecho Extranjero.

A partir de una reforma de amplio calado acerca de Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en 1988 esta es la tendencia que se sigue por el artículo 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles. La tendencia ha sido seguida así mismo por diversas legislaciones civiles locales.1 Sin embargo los alcances de esta reforma jamás llegarona la legislación mercantil.

Los artículos 86 y 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles dicen a la letra:

ARTICULO 86.- Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho.

ARTICULO 86 Bis.- El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero.

Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes.

Por otra parte existe la otra tendencia, raigambre inglesa, llamada de no incorporación. Esta tendencia, niega el pie de igualdad al derecho extranjero y exige a quien lo invoca el comprobar su existencia. Según esta tendencia derecho extranjero se viene a tratar como un hecho y no como un derecho; de ahí que tenga que ser probado. Esta es la que desafortunadamente sigue el artículo 1197 del Código de Comercio de nuestro país desde que dicho cuerpo legal fuera promulgado en 1889.

El artículo 1197 del Código de Comercio, desde 1989, dice a la letra:

Artículo 1197.- Solo los hechos están sujetos a prueba: el derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras: el que las invoca debe probar la existencia de ellos y que son aplicables al caso.

Considero que la legislación mercantil, en este supuesto requiere un cambio para ser adecuada a los tiempos globalizados que corren.

Resulta paradójico que, México, que gasta mucho dinero en su promoción como destino de negocios, que tiene oficinas federales y oficinas de muchos estados dedicadas a promover el comercio exterior y la inversión extranjera, no reconozca carta de igualdad al derecho extranjero en materia mercantil.

Esta actitud en un menoscabo para la seguridad jurídica y consecuente competitividad de nuestro país. ¿Cómo podemos decir a los extranjeros que sí queremos hacer negocios con ellos pero que su derecho no nos merece respeto?

Esta actitud territorial y cerrada en el Código de Comercio resulta entendible porque hace 124 años, en 1889, cuando este se publicaron el Código de Comercio y su artículo 1197, era francamente difícil averiguar con cierta certidumbre el contenido del Derecho Extranjero.

Sin embargo, hoy por hoy existen medios sumamente expeditos como el Internet, muchos países igual que el nuestro tienen la información legal plenamente accesible en páginas web, existen convenios celebrados para averiguar el derecho extranjero, las universidades mexicanas tienen multitud de convenios de intercambio académico con casi todo el globo y tenemos un servicio exterior sumamente eficaz para desahogar consultas sobre derecho extranjero que les formulen los juzgadores.

Además la Universidad Nacional Autónoma de México posé un sistema de consulta computarizado al que tiene acceso todo el mundo (UNAM-JURE) que es el más grande de América Latina.

Considero que ya no hay porque seguir con la misma actitud.

Cabe además apuntar que México es parte de la Convención Interamericana sobre Prueba e Información Acerca del Derecho Extranjero2 y de la Convención Europea sobre Prueba Relativa al Derecho Extranjero3.

Aunque, del estudio del derecho de los estados se notan diversas maneras de transponer el principio iuranovit curia a efectos del Derecho Extranjero en el Derecho Civil Nacional, pensamos que lo más armónico es recoger la redacción existente en los artículo 86 y 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, habida cuenta que es una definición bendecida por la experiencia y ya inserta en el cuerpo normativo federal, por lo que la transposición a la legislación mercantil tendría que ser más adecuada.

Explico lo anterior en el siguiente cuadro comparativo

 

CÓDIGO DE COMERCIO ACTUAL.

 

PROPUESTA DE REFORMA Y ADICIÓN AL CÓDIGO DE COMERCIO.

 

Artículo 1197.- Solo los hechos están sujetos a prueba: el derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras: el que las invoca debe probar la existencia de ellos y que son aplicables al caso.

 

ARTICULO 1197.- Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho.

ARTICULO 1197 Bis.- El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero.

Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes.

Por ello, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1197 y se adiciona el artículo 1197 bis del Código de Comercio.

UNICO.- Se reforma el artículo 1197 y se adiciona el artículo 1197 bis del Código de Comercio para quedar como sigue:

ARTICULO 1197.- Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho.

ARTICULO 1197 Bis.- El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero.

Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de abril de 2013.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza”.

Bibliografía.

CONTRERAS VACA, Francisco José, Derecho Internacional Privado, 4ª ed, México, Oxford, 2007, pp. 192 – 194.

ODRIOZOLA MARISCAL, Carlos Enrique, El principio iuranovti curia en México: Hacia un Instituto Federal de Especialistas en Derecho Internacional Privado y Comparado, en Obra en homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes, México, UNAM, Instituto de investigaciones Jurídicas, t I, 2008, pp. 97 – 116.

PEREZNIETO CASTRO, Leonel, Derecho Internacional Privado (Parte General), 8ª Ed, México, Oxford, 2007, pp. 209 – 213.

RABAGO DORBECKER, Miguel, Ley Aplicable al Proceso com Elemento Extranjero, Asistencia Judicial Internacional y Cooperación Internacional de Autoridades, en GONZÁLEZ MARTIN, Nuria, coord, Lecciones de Derecho Internacional Privado Mexicano, México, Porrúa, 2007, pp. 314 – 316.

SILVA SILVA, Jorge Alberto, Derecho Internacional Privado, México, Porrúa, 1999, pp. 179 -183.

VAZQUEZ PANDO, Fernando Alejandro, Nuevo Derecho Internacional Privado, 2ª Ed, México, Themis, 2000, pp. 88 – 90. 





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE EXPROPIACION, LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES Y LA LEY AGRARIA, PARA ACELERAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

(Presentada por el C. Senador Raúl Cervantes Andrade, a nombre del grupo parlamentario del PRI)

"SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

RAUL CERVANTES ANDRADE, Senador de la República, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones legales para acelerar la ejecución del programa nacional de infraestructura, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Objetivos de la iniciativa

La presente iniciativa tiene los siguientes objetivos específicos:

1. Simplificar y transparentar el proceso expropiatorio.

2. Dar certeza jurídica a las comunidades que se vean afectadas por una expropiación y a los proyectos de infraestructura nacional.

3. Armonizar la legislación en materia de expropiaciones.

Motivación de la Iniciativa

En los últimos años se ha observado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estado subejerciendo una parte de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para construir carreteras y autopistas. Asimismo, también se ha observado que los proyectos de vías férreas para transporte de personas en la zona metropolitana del Valle de México se han retrasado mucho tiempo. Una de las causas principales que explica lo anterior es que el proceso para obtener la liberación de los derechos de vía es demasiado largo.

No es fácil llevar a cabo una expropiación porque los afectados pueden recurrir a la justicia federal a combatir los decretos expropiatorios; principalmente, éstos impugnan las causas de utilidad pública expuestas por el Ejecutivo en tales decretos. Incluso, existe en el país un "mercado del litigio" que aprovechan los despachos jurídicos para controvertir las expropiaciones a fin de suspender las obras y alargar su ejecución, sabedores de que la suspensión provoca cuantiosas pérdidas y así, de esta manera, obligarlos a negociar acuerdos que les reditúen ganancias, tanto a los mismos despachos como a los afectados, en el entendido de que para el Estado mexicano y para los contratistas es mejor pactar que mantener un litigio por tiempo indeterminado.
Cuando se va a ejecutar un proyecto carretero, el principal insumo para ello es obtener el derecho de vía. Por las características del territorio nacional, la mayor parte de la tierra es propiedad social. Con base en el Registro Agrario Nacional, la tenencia de la tierra en la República se concentra en ejidos y comunidades:

TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA

SUPERFICIE (HECTÁREAS)

%

PROPIEDAD SOCIAL

103’155,317

53%

Ejidos

84’703,131

44%

Comunidades

17,452,186

9%

PROPIEDAD PRIVADA

78,818,604

40%

TERRENOS NACIONALES

17,124,265

7%

TOTAL

200’077,525

100%

De esta manera, la problemática más importante que enfrentan las dependencias federales (no sólo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) para adquirir la propiedad de las tierras donde pretenden efectuar un proyecto de infraestructura puede resumirse en:

• Es frecuente que fracasen las expropiaciones porque los titulares de los Poderes Ejecutivos no motivan adecuadamente la causa de utilidad pública, lo que provoca que los afectados obtengan la suspensión de las obras cuando recurren al amparo. En adición, el marco jurídico vigente no contempla el derecho de audiencia para los afectados, lo que refuerza los argumentos a favor de la suspensión. Este derecho fue apenas reconocido en 2006 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis de jurisprudencia:

Novena Época.

Segunda Sala.

Tesis Aislada, 2a. V/2009,

Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, XXIX, febrero 2009, pág. 468

EXPROPIACIÓN. LA LEY RELATIVA VIOLA EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN, AL NO CONTENER PROCEDIMIENTO ALGUNO POR EL QUE SE OTORGUE AL GOBERNADO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 124/2006, de rubro: "EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO.", sostuvo que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por regla general, mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese tenor, la Ley de Expropiación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936, viola la garantía de audiencia previa contenida en el precepto constitucional citado, pues no prevé procedimiento alguno del que se infiera que el gobernado tenga la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas en su defensa antes de la emisión del acto de afectación, criterio que tiene como excepción lo considerado por la Segunda Sala en la tesis 2a. LXI/2007, de rubro: "EXPROPIACIÓN. SI LA DECLARATORIA SE REALIZA INVOCANDO COMO CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA LAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES V, VI Y X DEL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA, NO SE REQUIERE OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIAMENTE A LA OCUPACIÓN DEL BIEN EXPROPIADO.", en la que determinó que respecto de los supuestos contenidos en las fracciones V, VI y X del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, la ocupación del bien expropiado puede realizarse inmediatamente después de la declaratoria correspondiente, sin oír previamente al afectado, pero respetando su garantía de audiencia con posterioridad y antes de que el Estado disponga definitivamente de la propiedad, en virtud del carácter urgente e inaplazable de esa medida en tales casos.

Amparo en revisión 974/2008. Ricardo Oliva Sandoval y otros. 14 de enero de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Nota: Las tesis 2a./J. 124/2006 y 2a. LXI/2007 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXIV, septiembre de 2006 y XXV, junio de 2007, páginas 278 y 342, respectivamente.

• La probabilidad de que un proyecto de infraestructura, principalmente carreteras, afecte terrenos ejidales es muy alta, y conforme al marco jurídico vigente, la apropiación de este tipo de terrenos requiere observar requisitos y trámites tardados y difíciles de cumplir.

• A los afectados se les indemniza con montos muy bajos tratándose de terrenos de propiedad social. En adición, las indemnizaciones se pagan con mucho tiempo de retraso.

• Los decretos expropiatorios que elabora la Secretaría de la Reforma Agraria toman mucho tiempo.

• A las comunidades afectadas se les expropia sin buscar la manera de que salgan beneficiados con las obras.

• Muchos proyectos de inversión, públicos y privados, se detienen o se cancelan, por los altos costos que se tiene que erogar para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad de las tierras ejidales o comunales.

Descripción de la Iniciativa

El 16 de enero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Expropiación; la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles".

Este Decreto trató de resolver la problemática señalada en la presente Iniciativa, entre otros objetivos; es decir, trató de remover los obstáculos que implica llevar a cabo una expropiación. No obstante, dicho Decreto sólo se circunscribe a los proyectos de asociaciones público-privadas.

Tales proyectos de asociación público-privada son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País.

Por lo mismo, el Congreso de la Unión ya reconoció la necesidad de revisar el marco legal de las expropiaciones para no detener el desarrollo nacional, habida cuenta que muchas de las obras benefician o fueron impulsadas por las mismas comunidades que posteriormente serán afectadas por una expropiación. Por ello, se considera necesario hacer una armonización del marco jurídico para extender las disposiciones del Decreto antes señalado a todos los proyectos de infraestructura para el desarrollo regional y nacional, muchos de los cuales no necesariamente se ejecutarán bajo las modalidades de asociaciones público privadas.
A dicho fin, es necesario hacer modificaciones a varias leyes efecto de agilizar la liberación de los derechos de vía para las carreteras y para los proyectos de infraestructura a que se refieren los artículos 27 y 28 constitucionales:

Ley de Expropiaciones

• Incluir en lo que debe entenderse por causa de utilidad pública a cualquier obra y proyecto de infraestructura de largo plazo y los vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo nacional a que se refieren los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Los proyectos de largo plazo como son por ejemplo las carreteras y los previstos en las áreas estratégicas y prioritarias contemplados en la Constitución Política como por ejemplo los de electricidad y petróleo deberían tener la máxima prioridad nacional por lo cual su procesamiento dentro del proceso expropiatorio no debiera tener dilaciones, pues en los hechos, ello significaría ir no solo en contra del mandato constitucional sino del mismo desarrollo económico. Lo anterior en adición a las causas que por definición de ley sean consideradas como tales, toda vez que en distintas leyes se establece lo que debe considerarse como causa de utilidad pública.

• Establecer claramente en la ley que la utilidad pública se acreditará con su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tratándose de los proyectos de infraestructura de largo plazo y los vinculados y los vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo nacional a que se refieren los artículos 27 y 28 constitucionales. Lo anterior porque con su inclusión en el PEF se cumplieron automáticamente dos requisitos esenciales: a) se efectuaron los estudios de factibilidad técnica y económica conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y b) los diputados, en su calidad de representantes del pueblo, mayoritariamente votaron por su ejecución lo que representa una autorización política. De aquí que lo que será justiciable ante tribunales es que el Decreto haya cumplido con los requisitos de ley y que el proyecto o las obras hayan sido autorizadas en el Presupuesto de Egresos.

• Instituir que las dependencias que pretenden llevar a cabo una expropiación, si lo estiman procedente, pueden pedir opiniones a los actores involucrados, especialistas y expertos sobre los beneficios e implicaciones de los proyectos. No se omite señalar que una disposición similar ya está contemplada en artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el caso de determinar las áreas naturales protegidas.

• Mandatar que en el Decreto expropiatorio se incluya el razonamiento (fundar y motivar) de la autoridad respecto a lo que hayan manifestado los afectados durante el ejercicio de su derecho de audiencia así como lo que hayan señalado los expertos y especialistas.

• La ley vigente establece que la resolución mediante la cual se determine la causa de utilidad pública solamente puede ser impugnada a través del juicio de amparo. Cuando esto ocurra, se propone adicionar que la autoridad judicial revise que el Decreto Expropiatorio reúna los requisitos de ley y la inclusión de los proyectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se reitera: lo único que es justiciable por lo mismo, es el cumplimiento de los requisitos legales y la autorización de la Cámara de Diputados. Esta disposición por cierto, ya está prevista en el artículo 78 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el caso de los proyectos que se ejecutarán mediante la modalidad de asociaciones público privadas.

• Precisar que en el supuesto de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, el expediente de expropiación será tramitado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esta disposición también es espejo de la aprobada por el Congreso de la Unión en el artículo 81, fracción I de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

• Establecer que en caso del juicio de amparo, no procederá la suspensión de la expropiación ni de la ocupación de los inmuebles, bienes o derechos expropiados tratándose de las obras y proyectos de infraestructura de largo plazo y los vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo nacional a que se refieren los artículos 27 y 28 constitucionales (disposición similar a la que consigna el artículo 84, último párrafo de la Ley de Asociaciones Público Privadas).

• Determinar que en caso de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, éstos sólo podrán ser ocupados previo pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente (disposición espejo a la establecida en el artículo 81, fracción VI de la Ley de Asociaciones Público Privadas).

• Aclarar que para el cálculo de la indemnización se tomará en cuenta lo previsto en la Ley General de Bienes Nacionales.

• Finalmente, incluir la disposición establecida en el artículo 81, fracción VII de la Ley de Asociaciones Público Privadas relativa a que cuando se trate de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, la indemnización deberá pagarse de inmediato, una vez publicado el decreto de expropiación.

Ley General de Bienes Nacionales

• Establecer que las indemnizaciones por expropiaciones se pagarán a valor comercial, que es lo justo que deben recibir los afectados. Asimismo, especificar los criterios que se tomarán en cuenta para calcularlas, tomando como base la disposición aprobada por el Congreso de la Unión en el "DECRETO por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Expropiación; la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles" del 16 de enero de 2012; en concreto, retomar el artículo 68 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. Estos criterios en esencia contemplan que el valor tome en cuenta la plusvalía que adquieren las tierras con motivo de los proyectos. De lo anterior se desprende que también podrá ser justiciable el cómputo del monto de la indemnización ante tribunales.

Ley Agraria

• Establecer el plazo máximo para que la Secretaría de la Reforma Agraria elabore el decreto expropiatorio mediante el cual se afecten tierras de propiedad social y para que la indemnización se pague simultáneamente y directamente a los beneficiarios al momento de ser notificados. Cuando no se conozca el beneficiario o haya duda o litigio respecto a los derechos, la indemnización se depositará en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal hasta en tanto los tribunales agrarios determinen. La notificación deberá darse en un plazo no mayor a 1 semana posterior a la publicación del decreto expropiatorio. Asimismo, mandatar a las dependencias para que procuren diseñar programas y proyectos de incorporación que en su caso sean necesario para que las comunidades no sean expulsadas o marginadas de las obras y/proyectos.

• Autorizar por ley que las dependencias podrán proceder a la ocupación inmediata de las tierras una vez que se emita el Decreto, se notifique al núcleo de población afectado y se les haya pagado a los afectados.

IV. Conclusiones

Las reformas a las leyes antes propuestas permitirían que una dependencia inicie sin demora la obra dejando a salvo el derecho de audiencia de los afectados, mismo que fue establecido por la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia de 2006.

Asimismo, de ser aprobada esta Iniciativa, tanto el Estado mexicano como los afectados tendrían una mejor certeza jurídica del proceso expropiatorio evitando los litigios que no benefician a ninguna de las partes. En adición, los afectados tendrán derecho a una indemnización justa y expedita, que ya habrían recibido en el momento en que fueron notificados.

En lo que respecta a las impugnaciones en tribunales, éstas sólo únicamente se circunscribirán a tres aspectos: que se hayan cumplido los requisitos legales, que las obras o los proyectos se hayan autorizado en el presupuesto de egresos de la federación y el cómputo del monto de las indemnizaciones.

De concretarse esta reforma se estaría avanzando en la solución del serio problema de la seguridad jurídica de la tierra, que ya se está convirtiendo en un cuello de botella para emprender proyectos de infraestructura del país y para la inversión privada, como lo son además de los proyectos carreteros, los desarrollos turísticos, los parques industriales, las presas, las centrales eléctricas, los aeropuertos, los proyectos de transporte público y las refinerías, en perjuicio de la competitividad nacional, la calidad de vida, el crecimiento y el empleo.

Por las consideraciones antes expuestas, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES PARA acelerar la ejecución del programa nacional de infraestructura.

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona una fracción XII al artículo 1o, recorriéndose la actual fracción al XIII; se modifican las fracciones I, III, V y VI del artículo 2o; se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o; se adiciona un cuarto y quinto párrafo al artículo 7o, y se modifica el cuarto párrafo y se adiciona un quinto párrafo, ambos del artículo 20, todos de la Ley de Expropiación, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- ...

...

I. a XI. ...

XII.- Obras y proyectos de infraestructura de largo plazo y los vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo nacional a que se refieren los artículos 27 y 28 constitucionales;

XIII.- Los demás casos previstos por leyes especiales.

Artículo 2o.- ...

I. La causa de utilidad pública se acreditará con base en los dictámenes técnicos correspondientes. Tratándose de los casos previstos en la fracción XII del artículo anterior, se acreditará con la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

II. ...

...

III. Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación para manifestar ante la Secretaría de Estado correspondiente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que estimen pertinentes. Asimismo, la secretaría de Estado competente, podrá solicitar una o más opiniones entre los siguientes:

a) Los gobiernos locales en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área o inmuebles sujetos a declaratoria;

b) Las dependencias de la Administración Pública Federal;

c) Las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas, y demás personas físicas o morales interesadas, y

d) Las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y privado interesados.

Las opiniones que en su caso se reciban se incluirán en el Decreto expropiatorio correspondiente.

IV. ...

V. Presentados los alegatos o transcurrido el plazo para ello sin que se presentaren, la autoridad contará con un plazo de diez días hábiles para confirmar, modificar o revocar la declaratoria de utilidad pública. El Decreto expropiatorio incluirá el razonamiento que haga la autoridad respecto a lo que hayan manifestado los afectados durante el ejercicio de su derecho de audiencia.

VI. La resolución a que se refiere la fracción anterior no admitirá recurso administrativo alguno y solamente podrá ser impugnada a través del juicio de amparo. En su caso, la autoridad judicial revisará que el Decreto reúna los requisitos de ley y la inclusión de los proyectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

VII. ...

Artículo 3o.- ...

...

En el supuesto de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, el expediente de expropiación será tramitado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Artículo 7o.- ...

...

...

En caso del juicio de amparo, no procederá la suspensión de la expropiación ni de la ocupación de los inmuebles, bienes o derechos expropiados tratándose de los casos previstos en la fracción XII del artículo 1o de esta Ley.

En caso de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, éstos sólo podrán ser ocupados previo pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente.

Artículo 20.- ...

...

...

La indemnización por la ocupación temporal o por la limitación de dominio consistirá en una compensación a valor de mercado, así como los daños y perjuicios, si los hubiere, que pudieran ocasionarse por la ejecución de dichas medidas, misma que deberá pagarse conforme al plazo referido en el párrafo primero de este artículo. Para el cálculo de la indemnización se tomará en cuenta lo previsto en la ley general de bienes nacionales.

Cuando se trate de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, la indemnización deberá pagarse de inmediato, una vez publicado el decreto de expropiación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un tercer párrafo con cuatro fracciones y se adicionan un cuarto y quinto párrafos, todos al artículo 54 BIS de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

ARTICULO 54 Bis. ...

...

En cualquier caso, los avalúos citados podrán considerar, entre otros factores:

I. La previsión de que el proyecto a desarrollar generará, dentro de su zona de influencia, una plusvalía futura de los inmuebles, bienes y derechos de que se trate;

II. La existencia de características en los inmuebles, bienes y derechos por adquirir que, sin reflejarse en su valor comercial, los hace técnicamente idóneos para el desarrollo del proyecto de que se trate;

III. La afectación en la porción remanente de los inmuebles, bienes o derechos del cual forme parte la fracción por adquirir; y

IV. Los gastos complementarios no previstos en el valor comercial, para que los afectados sustituyan los inmuebles, bienes y derechos por adquirir, cuando sea necesaria la emigración de los afectados.

La aplicación de los factores citados en las fracciones anteriores se hará en términos que el Reglamento señale. En ningún caso el valor de adquisición o de expropiación será menor al valor fiscal de los inmuebles y, en su caso, bienes y derechos de que se trate.

Los avalúos tendrán una vigencia de un año, vencido el cual, procederá su actualización.

ARTICULO TERCERO.- Se modifica el primer párrafo y se añade un cuarto párrafo al artículo 94 y se añade un segundo párrafo al artículo 95, ambos de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 94.- La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. Dicho decreto deberá emitirse en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la solicitud formal que le haga la dependencia interesada. El monto de la indemnización será determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o las instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados determinado conforme a lo previsto en la Ley General de Avalúos Nacionales; en el caso de la fracción V del Artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.

...

...

Las Dependencias procurarán incorporar a las comunidades afectadas a los beneficios del proyecto o en su caso, diseñarán programas o proyectos para que puedan desarrollar nuevas actividades productivas.

Artículo 95.- Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación.

Tratándose de las obras y proyectos de infraestructura de largo plazo y los vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo nacional a que se refieren los artículos 27 y 28 constitucionales, las tierras sólo podrán ser ocupadas previo pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente.

Salón de Plenos del Senado de la República a .4 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Raúl Cervantes Andrade".





 

PROPUESTAS

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA a impulsar la construcción de silos para el almacenaje de maíz en el estado de Guerrero, misma que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SAGARPA A IMPULSAR, A TRAVES DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIZACION Y ACOPIO DE GRANOS Y OLEAGINOSAS, LA CONSTRUCCION DE SILOS PARA EL ALMACENAJE DE MAÍZ EN EL ESTADO DE GUERRERO

“El suscrito, Senador de la República, RENE JUAREZ CISNEROS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276  del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La agricultura, en el medio rural guerrerense, sigue siendo la actividad económica más importante, no tanto por la vocación productiva de sus suelos, que en la mayoría de los casos es limitada para dichos propósitos, sino por el número de personas dedicadas a la actividad agropecuaria.

De acuerdo a los datos del Centro de Investigación Regional Pacífico Sur, Campo Experimental Iguala, en Guerrero se siembran anualmente, en promedio, 450 mil hectáreas con maíz, que corresponden casi al 50 % de la superficie agrícola del estado, y en cuyo cultivo se emplean directamente cerca de 20 millones de jornales por año que benefician a 120 mil familias rurales.

El 96 % de la superficie cultivada con maíz corresponde a temporal y el rendimiento medio estatal es de 2.1 toneladas por hectárea; sin embargo, en alrededor de 125 mil hectáreas ubicadas principalmente en las regiones del Centro, Norte y Tierra Caliente, se alcanza un rendimiento promedio de 3.5 toneladas por hectárea.

Por sus múltiples variedades criollas y mejoradas, el maíz se adapta y cultiva prácticamente en todas las regiones de la entidad, bajo condiciones diversas de clima, suelo y topografía, destinándose la mayor parte de su producción al autoconsumo.

A pesar de los esfuerzos emprendidos, se puede afirmar, en términos generales, que en un contexto nacional la agricultura de Guerrero, aún siendo bastante diversificada, sigue estando atrasada tecnológicamente; persiste la limitación de créditos; son frecuentes los problemas de tenencia de la tierra; coexiste una insuficiente y deficiente infraestructura de acopio y almacenamiento, con marcado predominio del individualismo; y se viven problemas de minifundio y comercialización deficiente, con elevado intermediarismo.

Para el caso que nos ocupa, existen dos aspectos de gran importancia y que han venido perjudicando a los agricultores, sobre todo a los productores de maíz: la comercialización y el almacenamiento.

Recientemente, las autoridades de la entidad informaron que en el pasado ciclo de producción agrícola, esta arrojó una cifra record de casi un millón 500 mil toneladas de maíz; sin embargo, reconoció que el estado no tiene capacidad para almacenarlo; lo que genera problemas de comercialización  que perjudica la economía de los productores.

El excedente de producción que anualmente ya supera las 400 mil toneladas se vende a otras entidades, cuyos comerciantes lo almacenan, lo limpian, lo embolsan y finalmente regresa a Guerrero, con un costo superior.

Debido a lo anterior, también  genera otro problema que afecta la economía de los empresarios de la masa y la tortilla, quienes compran el maíz fuera del estado, con el consecuente incremento en el precio del alimento, lo que afecta la economía de las familias guerrerenses.

Ante esta problemática, reconocida por las mismas autoridades, es necesario que las dependencias responsables implementen las acciones necesarias que permitan mitigar esta situación que tanto afecta a los productores de la entidad.

Es necesario, desde luego, seguir alentando la producción agrícola, pero al mismo tiempo se requiere garantizar a los campesinos una buena comercialización, además que se requieren acciones  institucionales para crear la infraestructura que permita guardar la semilla para periodos difíciles que generen escases, por lo que la falta de centros de acopio y almacenamiento para los productores locales, es un gran problema que debe ser resuelto.

Aunado a lo anterior, resulta indispensable se destinen mayores recursos para adquirir mediante su compra la producción del maíz que se cosecha en Guerrero, evitando se ofrezca fuera del estado; pues ello obliga a venderse a precios por debajo del costo de producción.

De nada sirve que en Guerrero haya una cosecha anual cercana a un millón 500 mil toneladas de maíz, si más de la mitad no se puede comercializar y acopiar apropiadamente por la falta de bodegas de almacenamiento.

De ahí el presente punto de acuerdo, por el cual hacemos una atenta solicitud al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que dentro del Programa para el Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilizacióny Acopio de Granos y Oleaginosas (FIMAGO), que dentro de sus componentes contemplaApoyos para la construcción, modernización, ampliación y acondicionamiento y/o equipamiento de centros de acopio, para el almacenamiento de granos básicos u oleaginosas, en zonas de producción o de consumo”, destine los recursos necesarios para impulsar la construcción de silos para el almacenaje de maíz en el estado de Guerrero.

Asimismo, solicitamos al Director General de DICONSA, S.A. de C.V. para que, conjuntamente con las organizaciones de productores de maíz del estado de Guerrero, suscriban un convenio para que dicha empresa de participación estatal mayoritaria incremente la compra de maíz a pequeños y medianos productores del estado y establezca con ello una alianza para abastecer de granos a la población más necesitada del país en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre; tal como se realizó en días pasados en los estados de México y Chiapas, con lo que se  beneficiará a miles de familias en la entidad y con lo que se impulsa el desarrollo económico regional.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través del Programa para el Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización y Acopio de Granos y Oleaginosas (FIMAGO), impulse la construcción de silos para el almacenaje de maíz en el estado de Guerrero.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Director General de DICONSA, S.A. de C.V, para que conjuntamente con las organizaciones de productores de maíz del estado de Guerrero suscriban un convenio para incrementar la compra de maíz, a fin de abastecer de granos a la población más necesitada del país en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 4 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la dirección local de la CONAGUA, en Puebla, a informar sobre el estado que guarda la presa de Huachinantla, misma que se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y A LA DIRECCION LOCAL DE LA CONAGUA EN PUEBLA A INFORMAR SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA PRESA DE HUACHINANTLA

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Santiago Mitepec es una localidad perteneciente al municipio de Jalolpan, en el Estado de Puebla, de aproximadamente 1145 habitantes,1 en donde mayoritariamente vive población indígena dedicada principalmente al sector primario, esto es la agricultura, la ganadería, y la pesca. Esta Comunidad indígena posee sus tierras y aguas en forma comunal, amparados por un título virreinal que data desde el año de 1697.

Hay que recordar que en 1994 las autoridades Agrarias de la Comunidad de Santiago Mitepec realizaron trámites de Reconocimiento y Titulación de sus tierras y aguas, obteniendo una sentencia favorable el 24 de marzo de 1994, así como su respectiva ejecución en el 2001.

Posteriormente se realizaron trabajos de parcelamiento; todos estos trabajos técnicos se notificaron a las comunidades colindantes, quedando dentro de los terrenos comunales la llamada “Presa Huachinantla”, sin que un tercero particular, pueblo vecino o autoridad manifestara su derecho de exclusión o algún documento de decreto expropiatorio y su consecuente indemnización a la Comunidad.

Aún y cuando todos los certificados de tierras y aguas se encuentran expedidos con estricto apego a derecho, en 2009, el ex Gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín Torres, entregó apoyos económicos a un grupo de personas del poblado de Huachinantla (comunidad vecina de Santiago Mitepec), para la construcción de un proyecto ecoturístico, sin considerar los derechos de propiedad y posesión de Santiago Mitepec.

La Presa Huachinantla se construyó para uso común de Mitepec, sin embargo, en 2009, los vecinos campesinos de Huachinantla, a través de la Unidad de Riego Huachinantla, solicitaron al gobierno estatal una concesión de uso y aprovechamiento para uso agrícola de la Presa multicitada; por tal motivo, el comisario en funciones, en representación de la comunidad de Santiago Mitepec, interpuso una demanda de amparo, a fin de que se dejara sin efectos la concesión y se cancelara su registro; amparo que fue obtenido con una sentencia lisa y llana en el 2011.

Derivado del recurso de amparo número 4111/2010, interpuesto contra la autoridad responsable, la Dirección local de la Comisión Nacional del Agua en Puebla, fue que se obtuvo la protección y salvaguarda de los derechos de la Comunidad de Santiago Mitepec, así como la revocación de la concesión otorgada ilegalmente a la Unidad de Riego Huachinantla.

No obstante que la autoridad judicial resolvió revocar la concesión, la Unidad de Riego y un grupo de personas, siguieron y siguen explotando las aguas superficiales para uso agrícola y acuícola de la presa.

Las autoridades estatales, así como la Comisión Nacional del Agua ya están notificados de tal problema, el cual ya tiene cuatro años sin ser atendido, y no por falta de diálogo o conciliación por parte de la Comunidad de Santiago Mitepec, sino por la poca atención que se le está dando al conflicto por parte de las autoridades mencionadas.

De las violaciones a la ejecutoria de amparo narradas, se han hecho del conocimiento a la Comisión Nacional del Agua, no sólo en una ocasión sino en diversas fechas, en septiembre de 2010 ante la Dirección local en Puebla, en diciembre de 2011 a la Subdirección General de Administración del Agua con sede en la Ciudad de México, igualmente al organismo de Cuenca de Balsas en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Aun así, no se ha tenido la respuesta de alguno de ellos, ninguna autoridad se ha hecho responsable de que se respete la resolución del recurso de amparo y obligue a la Unidad de Riego Huachinantla a dejar de extraer el agua de manera irregular de la presa. De ahí que exista un conflicto entre las comunidades Huachinantla y Mitepec.

A fin de obligar a los servidores públicos a cumplir con sus responsabilidades, se interpuso un recurso de queja ante la Secretaria de la Función Pública en noviembre de 2012, sin que se haya tenido alguna respuesta aún.

Finalmente, para asumir su papel de mediador en tal conflicto, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección General de Gobierno, convocó a una reunión en octubre de 2012, con el fin de dar solución al problema, pero aseguran los campesinos de la comunidad de Santiago Mitepec, que se muestra un notable favoritismo hacía los integrantes de la Unidad de Riego, incluso pidieron que el  Comisionado de la Comunidad de Santiago Mitepec asistiera a una reunión el pasado 12 de  marzo de 2013, en las oficinas del actual Gobernador, lugar al que asistió formalmente, sin que se le atendiera, con el pretexto vano de que no había programada ninguna reunión.

Adicionalmente y por falta de arreglo al conflicto, los ejidatarios de Mitepec así como los pobladores de Huachinantla se han encarado en varias ocasiones, por lo que el ambiente se ha tornado tenso y podría presentarse algún enfrentamiento si no se logra conciliar este problema.

Un conflicto que se puede solucionar por medios institucionales, pero que denota claramente la falta de eficiencia por parte de los servidores públicos, no sólo locales, sino también de la Comisión Nacional del Agua, al hacer caso omiso a esta problemática de una Comunidad indígena, que como muchas otras siempre está en desventaja.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a la Dirección local de la CONAGUA en Puebla, informen a esta Soberanía sobre el estado que guarda la Presa de Huachinantla, en relación a la revocación de la concesión otorgada a la Unidad de Riego de Huachinantla y los motivos acerca de por qué se ha hecho caso omiso a la sentencia de amparo concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en el expediente 4111/2010.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a través de la Dirección local de la CONAGUA en Puebla, explique qué acciones llevará a cabo para la solución del presente conflicto.

TERCERO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla para que ejecute, sin dilación alguna, la sentencia de amparo concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en el expediente 4111/2010.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2013”.

1 Santiago Mitepec- Puebla. 2013. http://www.nuestro-mexico.com/Puebla/Jolalpan/Santiago-Mitepec/. [consulta 25 de marzo de 2013].





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a autorizar a la Comisión Federal de Electricidad, implementar un ajuste y reestructuración de los cobros de las tarifas de suministro de energía eléctrica, misma que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A AUTORIZAR A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD IMPLEMENTAR UN AJUSTE Y RESTRUCTURACION EN LOS COBROS DE LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La economía popular mexicana se encuentra desde hace tiempo estancada, es realmente complicado que con un salario mínimo ($64.76 para la zona geográfica A, la cual es la mejor pagada en el territorio mexicano), una familia pueda vivir dignamente; sin embargo, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo establece que “el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. 

No obstante, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, informó que en los últimos cuatro años el precio de los productos de la canasta básica se incrementó en un 30.9 por ciento en el ámbito rural y 28.9 por ciento en el resto del país.

A estos incrementos se le tienen que sumar los aumentos mensuales a los hidrocarburos (gasolinas, gas etcétera), lo que deja ver que en el país no existe una correspondencia entre el salario mínimo y los precios establecidos en los productos de la canasta básica, así como a los servicios de primera necesidad, con lo cual, se contradice severamente lo establecido en el artículo mencionado.

Asimismo, los constantes aumentos a los servicios públicos, hidrocarburos y a la canasta básica, demuestran que la decisión tomada en el paquete fiscal 2010 de aumentar los impuestos como son: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 16%, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 30% y el de telecomunicaciones al 3%, no han producido los resultados esperados; supuestamente con el alza de estos impuestos, sería posible superar la crisis económica sufrida el año 2009, pero la realidad demostró lo contrario.

La propia inercia de la economía mundial aumentó los precios de los hidrocarburos  y de los productos de la canasta básica, por lo que, los únicos perjudicados fueron, como siempre, la ciudadanía, que con un salario paupérrimo, tiene que hacer verdaderos milagros para sobrevivir, en un país ya muy desgastado y cansado de tanta injusticia social.

Por otra parte, los mexicanos tienen que sufrir otro dolor de cabeza, es decir, los altos cobros de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la cual, hasta diciembre del año pasado, tenía 7,500 quejas por cobros excesivos, las cuales siguen sin resolverse.1

Derivado de lo anterior, la importancia de que se realice un ajuste y restructuración en los cobros de las tarifas de suministro de energía eléctrica, en beneficio de la economía popular, pues con un salario mínimo de $64 pesos diarios, cómo pretende el Gobierno Federal que una familia pague más de 150 o 200 salarios mínimos al mes por este servicio.
Los consumidores de energía eléctrica están en desacuerdo de pagar costos excesivos e injustificados por dicho servicio, pues existen irregularidades en los cobros por el servicio de luz eléctrica; algunos usuarios pagan mil pesos en un bimestre y al siguiente bimestre seis mil pesos, las razones de estos desmedidos abusos en los cobros de la luz eléctrica no se conocen, pues a simple vista no existe transparencia en el cobro del servicio.

Por ende, tiene que existir una reglamentación de precios por la distribución y consumo de la energía eléctrica, más aún en aquellos lugares donde operaba Luz y Fuerza del Centro (Distrito Federal, 80 municipios del Estado de México, 2 municipios de Morelos, 2 municipios de Puebla y 5 municipios de Hidalgo), pues es precisamente en estos lugares donde se están presentando los mayores problemas en los cobros de la luz eléctrica.

En la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación 2011, elaborada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se señaló que la CFE consiguió instalar a los clientes de la zona céntrica de distribución eléctrica, 51 por ciento de los medidores electrónicos nuevos, con lo cual, no logró esta empresa el objetivo planteado de instalar 531 mil 237 medidores, pues sólo se alcanzaron 270 mil 374.

Lo anterior generó que en el año 2011, el 37.7 por ciento de los cobros a los clientes se dio por medio de estimaciones y no con la revisión del medidor por parte de un trabajador de la empresa; además de este número de estimaciones, el 69.1 por ciento se dio bajo criterios que no se apegan a los procedimientos de la paraestatal eléctrica.2

Por tal razón, la ASF aseveró que la CFE no cumplió con las disposiciones NOMtivas aplicables a la recuperación de los recursos pendientes de cobro correspondientes al suministro de energía eléctrica que proporcionó Luz y Fuerza Centro hasta antes del 11 de octubre de 2009.3

La CFE suma casi 100 mil denuncias interpuestas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en toda la República, por cobros excesivos, los cuales, seguirán aumentando; ante este malestar la CFE ha realizado cortes del servicio eléctrico y presenta querellas jurídicas contra los usuarios. 

Por tal razón y con fundamento en lo establecido en la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; lo que se solicita en el presente punto de acuerdo, es exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que autorice a la Comisión Federal de Electricidad, implemente un ajuste y restructuración en los cobros de las tarifas de suministro de energía eléctrica, en beneficio de la economía popular.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Que esta Soberanía exhorte al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que autorice a la Comisión Federal de Electricidad implementar un ajuste y restructuración en los cobros de las tarifas de suministro de energía eléctrica para uso doméstico, en beneficio de la economía familiar.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de abril de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.

1 Artículo web: “7,500 quejas por cobros excesivos de CFE siguen sin resolverse”, disponible en:
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201212191838_AGE_81857094. Consultado el 21 de marzo de 2013.

2 López, Alejandra et. al. “Ponen lupa a paraestatales” en el periódico Reforma, disponible en:
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx. Consultado el 22 de marzo de 2013.

3 Ibídem. 

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.





 

COMUNICACION

Se recibió comunicación de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Desarrollo Social, por la que informan que se llevó a cabo la comparecencia del doctor Gonzalo Hernández Licona, titular del CONEVAL, sobre el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Esta Asamblea ha quedado de enterada.





 

CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 9 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:13 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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