Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 17 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 19



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Abril de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:45 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 65 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 3 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con trece minutos del día martes dos de abril de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veintiuno de marzo de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Roberto A. Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, el Plan de Trabajo de dicha comisión.- Quedó de enterado.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre la colocación de una leyenda en torno al centenario del Ejército Mexicano.- Fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento de la ciudadana Norma Bertha Pensado Moreno, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de Estonia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento del ciudadano Mariano Palacios Alcocer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Santa Sede.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento del ciudadano Juan José Bremer de Martino, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Cuba.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México con fines de entrenamiento, así como el paso por el territorio nacional de Tropas Francesas, en el marco de un intercambio de secciones de infantería de marina, y participar en la ceremonia del "150 aniversario de la Batalla de Camarón", que tendrá lugar en Camarón de Tejada, Veracruz.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 4 al 10 de abril del año en curso, a efecto de realizar una visita oficial a la República Popular China y participar en la Conferencia Anual del Foro Boao para Asia, en la Provincia de Hainan de ese mismo país; así como una visita oficial de trabajo a Japón.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, cuatro propuestas de nombramientos por un periodo de 10 años y tres para nombramientos por un nuevo periodo de 10 años de magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Anual 2012 de Petróleos Mexicanos.- Se remitió a la Comisión de Energía.

 

Se remitieron de la Secretaría de Gobernación, dos solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que los ciudadanos Alejandro Vázquez Flores y Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Nicaragua y de Finlandia, respectivamente.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, documento que contienen: los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014; los escenarios sobre las principales variables macro económicas para el año 2014: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo; los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y la enumeración de los programas prioritarios y sus montos.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Reporte anual del cumplimiento de actividades y metas programadas, relativo a 2012.- Se remitió a la Comisión de Energía.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Estadística e Informática, su Informe de actividades correspondiente a 2012.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población y Desarrollo.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 94 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, a realizarse el miércoles 10 de abril, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia.

 

Se guardó un minuto de silencio en memoria de la ciudadana Soraya Jiménez Mendivil, medallista olímpica mexicana.

(Iniciativas)

El Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador José María Martínez Martínez, a nombre propio y de los Senadores Carlos Mendoza Davis, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Benjamín Robles Montoya, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior y se reforman la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.- Fue aprobado por 102 votos en pro y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Intervinieron las Senadoras: Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN y Diva Gastélum Bajo del PRI. Fue aprobado por 108 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican los nombramientos de seis Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.- Fue aprobado por 104 votos en pro. Los magistrados rindieron su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican los nombramientos de cuatro Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.- Fue aprobado por 109 votos en pro. Los magistrados rindieron su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con puntos de Acuerdo por los que se aprueban los nombramientos de tres Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.- Fue aprobado por 108 votos en pro. Los magistrados rindieron su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea diez dictámenes en sentido negativo de las siguientes comisiones y asuntos:

1) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que reformaba el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que adicionaba un quinto y sexto párrafos al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3) De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adicionaba el artículo 8 bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

4) De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que adicionaba la fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

5) De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.

6) De las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reformaban diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y se abrogaba la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

7) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adicionaba un párrafo quinto a la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reformaban los artículos 95  y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10) De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 124 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los diez dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con relación al proyecto de Decreto por el que se adicionaba la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Intervinieron los Senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado por 81 votos en pro, 21 en contra y 4 abstenciones. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluidos e informar al promovente.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de Acuerdo:

1) Que solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe sobre las investigaciones referentes a los hechos que dieron lugar a la queja promovida por la señora Julia Alonso Carbajal sobre la desaparición de su hijo Julio Alberto López Alonso y los ciudadanos Óscar Chavana, Daniel Treviño y Leonardo Garza.

2) Sobre desaparición forzada de personas.

Intervinieron las Senadoras: Angélica de la Peña Gómez, por la comisión, para presentar los dictámenes y Mariana Gómez del Campo Gurza para referirse al dictamen sobre desaparición forzada de personas. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad a expedir un protocolo de seguridad para el traslado de joyería de los fabricantes nacionales.

2) Que solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a considerar la inclusión del municipio de Sayula de Alemán, del estado de Veracruz, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013.
3) Que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una estrategia que permita involucrar a empresas y sus respectivas cámaras y confederaciones en la localización de personas extraviadas o desaparecidas.

4) Por el que se desecha la proposición que citaba a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública sobre el caso de Tres Marías.

Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Salud a implementar acciones tendientes a prevenir, combatir y sancionar el contrabando, la piratería y venta ilícita de los cigarros para evitar su proliferación en el mercado nacional.- Intervino el Senador David  Monreal Ávila del PT.

2) Que exhorta a la Secretaría de Economía a otorgar asistencia técnica al gobierno de Guerrero y a los municipios que conforman la región de Tierra Caliente para analizar la viabilidad y el impacto económico y social que tendría la construcción de una central de abastos que contribuya en el desarrollo sostenible de la región.

3) Que exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar, de manera coordinada con las entidades federativas, programas que incentiven la creación y fortalecimiento de agrupamientos empresariales agroindustriales que permitan avanzar en el desarrollo de las regiones del país y mejorar las condiciones económicas de los productores.

4) Por el que se dan por concluidas dos proposiciones relativas a la Alianza del Pacífico y al Acuerdo de Asociación Transpacífico.

Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a brindar la información pertinente a fin de conocer el estado que guarda la conformación y funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de contingencia por sequía atípica en los 46 municipios afectados del estado de Nuevo León e implementar las acciones inmediatas y de largo plazo necesarias para mitigar los daños ocasionados en la población y en los sectores productivos.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Ivonne Álvarez García del PRI en pro; Raúl Gracia Guzmán del PAN en pro; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD en pro y presentó propuesta de adición; David Monreal Ávila del PT en pro; Francisco Domínguez Servién del PAN; Miguel Romo Medina del PRI; Omar Fayad Meneses del PRI; Manuel Cavazos Lerma del PRI; Teófilo Torres Corzo del PRI; Luz María Beristán Navarrete del PRD; Marcela Guerra Castillo del PRI; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; Patricio Martínez García del PRI. La propuesta fue aprobada en votación económica. La Mesa Directiva informó que en virtud del interés de diversos senadores de incluir a otros estados en la petición al Ejecutivo Federal con respecto a la emisión de la declaratoria de contingencia por la sequía, se presentaría en la siguiente sesión un punto de Acuerdo que agrupe las diversas propuestas.

 

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra de las amenazas de muerte que ha recibido el activista en pro de los derechos de los migrantes Rubén Figueroa; y se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga, radique, apoye e investigue, respecto de las amenazas de muerte en contra del señor Rubén Figueroa.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román en pro y Víctor Hermosillo y Celada del PAN en pro. Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y del Senador Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a conformar un grupo de trabajo plural, integrado por los senadores de los 9 estados de la región sur-sureste, dedicado a analizar y promover las modificaciones necesarias al marco regulatorio en materia de desarrollo social para promover la generación de políticas orientadas a resolver las problemáticas más apremiantes de la región.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal girar instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores a fin de propiciar mayor cooperación con las autoridades de los Estados Unidos de América para agilizar los cruces en la frontera norte.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar, ajustar y reestructurar las tarifas del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana para crear una tarifa aplicable a centros educativos.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a implementar diversas acciones a fin de asegurar la correcta aplicación del programa y blindarlo de fines electorales o partidistas.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 42 de la Ley Minera, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 128 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ampliar el plazo establecido en el programa “Ponte al Corriente”, en concordancia con los principios que rigen a la Ley de Ingresos de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo relativo al bullying.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo para que el Centro Integralmente Planeado denominado Playa Espíritu, ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, en construcción, prosiga hasta su conclusión por ser inversión turística prioritaria estratégica para México.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo referente a la situación de inseguridad en la que viven las familias de la ciudad de Monclova, Coahuila.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar las medidas pertinentes y necesarias para la prevención de accidentes en las carreteras de todo el país, derivado de los próximos periodos vacacionales.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos estatales y municipales, a crear programas de prevención y atención a siniestros para el periodo vacacional de semana santa del 2013 en las principales carreteras y parajes turísticos del país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se invita a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Distrito Federal, a que asistan ante esta soberanía con el objeto de que informen sobre la estrategia "Escudo Centro", así como la situación que guarda el Distrito Federal en materia de seguridad pública y procuración de justicia.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a proponer un Acuerdo para modificar la denominación de la Comisión de la Reforma Agraria a fin de crear la Comisión de Desarrollo Agrario.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública considerar la inclusión del municipio de Chiconcuac de Juárez, Estado de México, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Procurador General de la República a reconsiderar su decisión de desaparecer el Consejo Ciudadano de la PGR y a mantener un enfoque en la procuración de justicia en el que se privilegie la participación ciudadana.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a intervenir para analizar las presuntas prácticas monopólicas de los hoteles ubicados en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los gobiernos de los estados a fortalecer las acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuatro minutos y citó a la siguiente el miércoles tres de abril a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de actividades realizadas durante la sesión de Asamblea Plenaria del PARLACEN, efectuada los días 20 y 21 de febrero del 2013, en Guatemala.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeros Senadores; informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo que propone realizar sesión solemne el día de mañana jueves 4 de abril, con motivo de la visita de los Presidentes de Parlamentos asistentes al IV Foro de Presidentes de Parlamentos de Países Miembros del Grupo de los 20.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo para realizar sesión solemne el jueves 4 de abril, para recibir la visita de Presidentes de Parlamentos de Países Miembros del Grupo de los 20. Comuníquese.

Solicitamos su puntual asistencia a dicha sesión solemne, mañana a la hora señalada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Asimismo, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el nombramiento expedido a favor del ciudadano Julián Ventura Valero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Popular China.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con nombramientos a favor de los ciudadanos:

José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Islandia y el Reino de Noruega.

Agustín García López Loaeza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Francesa y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principiado de Mónaco.

Y de Luis Alfonso de Alba Góngora, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Austria y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Eslovaca y la República de Eslovenia, así como Representante Permanente de México ante la Academia Internacional Anticorrupción, la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, Austria.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnense los tres nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa para su análisis y dictamen correspondiente.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, se recibió el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jaime Manuel del Arenal Fenochio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Ecuador.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Igualmente se recibieron oficios con los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos:

Roberto Rodríguez Hernández, como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América.

Francisco Javier Díaz de León, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.

Claudia Franco Hijuelos, como Cónsul General de México en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

Y Francisco Eduardo del Río López, como Cónsul General de México en Montreal, Quebec, Canadá.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnense los cuatro nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-3-638
EXPEDIENTE NO. 481

SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2o, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 2 de abril de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 2O. DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE.

Artículo Unico.- Se adiciona el artículo 2o., con una fracción I, recorriéndose las demás en el orden subsecuente, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-...

I. Derecho a contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.

II. a XV. ...

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, México, D.F., a 2 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados se recibió el expediente de la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte, devuelto para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-4-567
EXPEDIENTE NUMERO: 3057 LXI

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Deporte, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

México, D.F., a 2 de abril de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Protección al Consumidor.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTICULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SE ADICIONA UNA FRACCION II BIS Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTICULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Presentada por el C. Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

Agradezco la oportunidad de poder presentar ante ustedes un tema que me parece fundamental en la vida cotidiana del país.

Pero permítanme una reflexión previa.

El día de ayer se anuncia la presentación de la iniciativa en materia de telecomunicaciones, que creo que los mexicanos recibimos con enorme gusto.

Primero, por la apertura.

Segundo, por la voluntad política.

Y yo quiero felicitar, porque esta mañana he leído y escuchado las opiniones de los coordinadores de las fracciones parlamentarias en este Senado de la República; de mi coordinador Emilio Gamboa, del Senador Barbosa, del señor Presidente de la Mesa Directiva, el Senador Ernesto Cordero.

Y los felicito y coincido con ellos. Este es un tiempo de cambios este es un tiempo de grandes transformaciones, este no es momento de decirle no a las cosas, sino con un sentido analítico y crítico revisarlas perfectamente bien para que el país pueda avanzar.

Al felicitarnos me sumo a ellos, me sumo a nuestros coordinadores parlamentarios en pro de poder lograr una gran reforma, una reforma de alto calado en materia de comunicaciones en este país, y que se puedan incluir absolutamente todos los rubros.

Aplaudo al Pacto por México, aplaudo que hayamos encontrado los mexicanos un camino por la vía del acuerdo y la concertación para construir lo necesario en el andamiaje de un país deseoso de salir adelante.

Y simplemente hoy traigo un apéndice muy pequeño que quiero pedirles que escuchen, que revisen y que sumado a la gran iniciativa en materia de telecomunicaciones pueda ser tomado en consideración. Porque es una cosa muy sencilla, pero es una cosa de los ciudadanos, es una cosa que tiene que ver con las referencias que el pueblo nos hace respecto del trabajo y la labor de lo que debemos de hacer.

Y ni más ni menos estoy hablando de las tarifas en materia de telefonía celular y la calidad del servicio de la telefonía celular.

Yo creo que van a coincidir conmigo que hoy en día somos un país que pagamos muy altas tarifas de telefonía celular, con una calidad pésima, una calidad que deja mucho que desear y que los ciudadanos se cuestionan por qué alguien no hace alto para poder detener esas tarifas y para poder detener ciertas condiciones leoninas con las que contratamos la telefonía celular.

Para darle solidez al argumento, permítanme compartirles unos datos que me parecen a mí muy interesantes.

De acuerdo a la COFETEL, en México existen 97.6 millones de suscriptores de telefonía celular hasta el año 2012, es decir, una penetración de 87 de cada 100 mexicanos dispone de una línea de telefonía celular móvil.

Me parece un dato impresionante, esto era una cifra al 2012, hoy de cada 5 mexicanos sólo uno no cuenta con una línea de telefonía celular móvil, o sea, 4 de cada 5 mexicanos tienen un teléfono celular.

Y el esquema de prepago concentra el 86.6 por ciento de las líneas, con 84.5 millones de usuarios y el restante 13.5 corresponde a usuarios de pospago, o sea, aquellos que conocemos como el que hace un contrato para tener el servicio de la telefonía móvil.

Los servicios de datos registran un mayor crecimiento, por lo que los operadores móviles se enfocan a una estrategia comercial, a la provisión de Internet móvil de banda ancha a través de las terminales móviles, así como las computadoras por medio de los dispositivos extraíbles que todas y todos conocemos.

Claramente, y esto seguramente ustedes lo tienen así de preciso, la telefonía móvil ya dejó muy atrás a la telefonía fija, que tiene 20.1 millones de líneas, es decir, una teledensidad de 17.9 líneas, casi 18 líneas por cada 100 habitantes.

Ya estamos en la época en la que, prácticamente, ha disminuido la telefonía fija y ha tenido un crecimiento brutal la telefonía móvil.

No obstante, parece ser que el crecimiento acelerado de suscriptores en telefonía móvil está teniendo un impacto muy negativo en la calidad de la propia telefonía, debido a que la inversión en mayor tecnología no va aparejada al crecimiento de la demanda o al potencial del mercado. La OCDE, según sus datos, afirma: “México fue el país que menos invirtió en materia de telecomunicaciones, sólo 25 dólares per cápita, cuando en países como Canadá o Dinamarca alcanzan hasta los 300 y 350 dólares respectivamente”.

Dato que me parece muy relevante para el análisis y para lo que tenemos que revisar en los próximos días, la iniciativa en materia de telecomunicaciones.

De acuerdo a la PROFECO, los usuarios de cuatro de las empresas de telefonía móvil, hay 5, pero estos datos no los incluyeron, no lo sé por qué a una; pero de cuatro de esas empresas de telefonía, padecieron en 2010, 3 mil 500 millones de llamadas caídas o no completadas, que se tradujeron en miles de quejas que sirvieron de base, incluso, para ejercer cuatro acciones colectivas de demanda solicitando indemnizaciones de pago por daños y perjuicios.

Las quejas reflejan que hay una buena cantidad de fallas, lo cual implica que miles de usuarios de telefonía móvil están pagando por un servicio que no cumple con los estándares de calidad que supuestamente contrataron y que las empresas están obligadas a cumplir.

Esto no obstante que de acuerdo con datos de la propia OCDE, los mexicanos pagamos algunas de las tarifas más caras dentro de sus países asociados. México ocupa el tercer lugar entre países con tarifas de telefonía móvil más caras, las cuales, por cierto, son ocho veces más altas que las de países que registran las tarifas más bajas. Otro dato muy importante para que registren ahora que vamos a discutir la reforma en materia de comunicaciones.

En este contexto de afectación a los consumidores de la telefonía móvil, esta iniciativa, este granito de arena de un servidor, pretende buscar la forma de cómo fortalecer el marco legal para garantizar un derecho fundamental de los usuarios, este derecho debe de ser el de dar por terminado los contratos de prestación de servicios cuando por voluntad propia consideren que no están satisfechos con el mismo o simplemente ya no deseen continuar recibiendo ese servicio.

Esto es.

Me dan un mal servicio de teléfono, me puedo salir inmediatamente de esa compañía para que se pueda ver competencia entre ellas y no estar obligados a los famosos plazos forzosos que están en contratos de adhesión leoninos y que impiden que el ciudadano pueda defenderse ante la situación de la prestación de un muy mal servicio de telefonía celular.

Los contratos 12, 24, 36, hasta 48 meses, con el pretexto de que ese periodo está sujeto de esa manera el suscriptor, en virtud de que le dieron un aparato nuevo, pero de esto no te enteras hasta el día que les quieres ir a cancelar el servicio por el mal servicio que te brindan las compañías de telefonía celular.

Y no estoy hablando de los distribuidores de las empresas, ¿eh? Aquí en este país hay cinco grandes que son las que llevan toda la telefonía celular. Y los que hoy responden en el consumidor ante las quejas, son los distribuidores que nada tienen que ver en el servicio, porque ellos no son quienes brindan la posibilidad de mejorarlo.

En suma, existe un mercado creciente, cada vez se presentan más quejas de usuarios por la mala calidad de los servicios, que les causan daños y perjuicios, pero a los cuales no pueden escapar por estar obligados a los contratos anuales o multianuales e imposibles de cancelar sin el pago de una penalización.

Para concluir, esta reforma toca la Ley de Telecomunicaciones, pero también la del Consumidor.

Vamos a defender a la gente a la que nos debemos, vamos a exigir una telefonía de calidad a la altura del precio que pagamos porque se nos brinde, vamos a pedir un servicio de Internet de calidad a la altura del servicio que pagamos cuando contratamos, vamos, en fin, a ponerle un alto a esta situación que tanto agravia a las y los mexicanos y que muchos de ellos se han dado a la tarea de señalárnoslos, tanto pública como privadamente.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su apoyo y por su consideración ahora que vamos a ver la Reforma.

Muchas gracias compañeras y compañeros Senadores.

Iniciativa

“El suscrito, Omar Fayad Meneses, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y se adiciona una fracción al artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidory se reforman las fracciones I y III del mismo precepto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El registro de la evolución tecnológica de la telefonía móvil en nuestro país nos remite al menos a las últimas décadas.

Inició como un servicio restringido, ciertamente elitista, debido a su alto costo solo accesible para aquellos con mayor ingreso económico, pero al paso del tiempo, se ha convertido por su practicidad y relativa accesibilidad, en la opción más viable de intercomunicación para la gran mayoría de la población con menor poderadquisitivo.

La telefonía móvil es ahora un servicio que puede catalogarse de primera necesidad en materia de comunicación y más recientemente de información.

Desde el punto de vista tecnológico el servicio inicial era analógico, que registraba problemas de calidad en la captación de voz y la dificultad de interconectar a múltiples usuarios.

Diez años después entró la tecnología digital, que permitió servicios adicionales como el identificador de llamadas, conferencia tripartita, llamada en espera, transmisión de datos,mensajes de texto, y después, acceso a internet, correo electrónico, redes sociales, entre otros.

Así, la telefonía celular o móvil ha pasado por tres generaciones.

La primer generación1G, tuvo comenzó a principios de los 80s, de forma analógica, con carencias en interconexión y eficiencia en el enlace, con aparatos telefónicos muy grandes, con baterías no muy eficiente en el almacenamiento de la carga. La 1G sólo permitía la transmisión de voz a muy baja velocidad.

La segunda generación 2G, comenzó a operar a principios de los 90s, se caracterizó por ser digital, con teléfonos más pequeños y con baterías más eficientes. La 2G permitió una nueva gama de servicios digitales enfocados a voz y datos.

La tercer generación 3G, está caracterizada por posibilitar el envío de información, voz, datos, video, multimedia a más altas velocidades que van desde los 144 Kbps hasta los 2 Mbps. Esto permite servicios que requieren más ancho de banda como el acceso a Internet, correo electrónico, transferencia de archivos, videos e imágenes.

Si bien fue en 1989 cuando la telefonía celular aparece en México a través de la compañía iusacell ofertando el servicio sólo en el Distrito Federal, un año después, la compañía telcel empieza sus operaciones ofreciendo también el servicio en la capital del país. Posteriormente ambas compañías empiezan a expandir sus redes a otras áreas del territorio nacional. Hoy al menos 5 operadores prestan el servicio: telcel, movistar, iusacell, unefón y nextel.

De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL, en México existen 97.6 millones de suscriptores de telefonía celular hasta el 2012, es decir una penetración de 86.9 de cada 100 mexicanos, que disponen de una línea de telefonía móvil.

Hoy cuatro de cada cinco mexicanos cuentan con una línea móvil. El esquema de prepago concentra en promedio 86.6% de las líneas (84 millones 521 mil 600 usuarios) y el restante 13.4% corresponde a usuarios de pospago (13 millones 078 mil 400 usuarios).

La empresa telcel encabeza el mercado de telefonía móvil, con 68 millones de suscriptores móviles (70%), el segundo mayor operador es Movistar con una participación de mercado de 21.6%, ocupando Iusacell el tercer lugar con una participación de 4.7%, seguida de nextel con 3.7%.

Los servicios de datos registran mayor crecimiento, por lo que los operadores móviles, enfocan una estrategia comercial a la provisión de Internet móvil de banda ancha a través de las terminales móviles, así como en las computadoras por medio de dispositivos extraíbles.

Claramente la telefonía móvil dejo muy atrás a la fija, que tiene 20.1 millones de líneas, es decir, una teledensidad de 17.9 líneas por cada 100 habitantes.

Una pieza clave para este crecimiento ha sido el intento del Estado mexicano para traer mayor equidad en el mercado, una mayor regulación e intermediación para impulsar la competencia en el rubro, tratando de evitar las prácticas monopólicas y la concentración de mercado en un solo proveedor.

Ello ha derivado en una leve mejoría en cuestiones como la cantidad de servicios que se prestan, una mayor competitividad en las tarifas, la libertad de los usuarios de cambiar de compañía conservando su número telefónico.

No obstante, parece ser que el crecimiento acelerado en los suscriptores está teniendo un impacto negativo en la calidad de la telefonía móvil, debido quizá a que la inversión en mayor tecnología no va aparejada al crecimiento de la demanda o al potencial del mercado. Según la OCDE, México fue el país que menos invirtió en telecomunicaciones, sólo 25 dólares per cápita, cuando en países como Canadá o Dinamarca alcanza hasta los 300 y 350 dólares respectivamente.

Existe un crecimiento sostenido en el número de quejas referentes a la calidad del servicio que en realidad brindan las compañías en comparación a lo que ofertan en la contratación de planes y esquemas de servicio.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO, los usuarios de cuatro de las empresas de telefonía móvil telcel, iusacell, telefónica y nextel, padecieron en 2010, aproximadamente 3 mil 500 millones de llamadas caídas o no completadas, que se tradujeron en 7 mil 790 quejas, y sirvieron de base para ejercer cuatro acciones colectivas de demanda solicitando indemnizaciones y pago de daños y perjuicios.

El rubro de telefonía móvil abarca 41% del total de 19 mil quejas recibidas por la dependencia.

Las quejas reflejan que hay una buena cantidad de fallas, lo cual implica que miles de usuarios de telefonía móvil están pagando por un servicio que no cumple con los estándares de calidad que supuestamente contrataron y que las empresas están obligadas a cumplir.

Esto no obstante a que de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE, los mexicanos pagamos algunas de las tarifas más caras de entre los países asociados. México ocupa el tercer lugar entre los países con tarifas de telefonía móvil más caras, las cuales son 8 veces más altas que las del país que registra las más bajas.

Esta situación, ocasiona daños y perjuicios a los usuarios. Daños que están siendo reclamados por la vía que establece la ley para tal efecto, bajo la participación de la PROFECO.

En este contexto de afectación a los consumidores de la telefonía móvil, la presente iniciativa busca fortalecer el marco legal para garantizar un derecho fundamental de los usuarios, esto es a dar por terminado el contrato de prestación de servicios cuando por voluntad propia consideren que no están satisfechos con el mismo o simplemente no desean continuar recibiéndolo.

En los hechos, actualmente las compañías brindan servicios de telefonía, de transmisión de datos, de internet y otras aplicaciones por periodos de contrato en forma ordinaria por 12 meses al menos, y en algunos casos por 24, 36 y hasta 48 meses, cuando se opta por aparatos celulares de alto costo o de modelo reciente, plazos que se convierten en forzosos y que no pueden ser modificados, más que mediante el pago penalizado del conjunto de mensualidad faltantes para cumplir el plazo obligatorio, sin que el usuario pueda realizar nada para dar por terminada la prestación del servicio sin sufrir menoscabo en su patrimonio.

En suma, existe un mercado creciente de telefonía móvil, sin embargo, cada vez más se presentan quejas de usuarios por la mala calidad de los servicios, que les causan daños y perjuicios, pero a los cuales no pueden escapar por estar obligados a contratos anuales o multianuales imposibles de cancelar sin el pago de una penalización.

Por lo anterior se propone la adición de una fracción al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para establecer como obligación de los proveedores de telefonía móvil, la celebración de contratos de prestación de servicios cuya duración sea expresamente consentida por el usuario de forma verbal y escrita, quedando prohibido el establecimiento de plazos forzosos de contratación, entendiéndose por esto que en cualquier momento, el usuario contratante podrá solicitar la cancelación de la prestación del servicio, sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de la cancelación.

Con ello, fortaleceríamos los derechos de los usuarios para decidir libremente si recibe o no un servicio y por cuanto tiempo, impidiendo que sean objeto de contratos con pazos forzosos y otorgándoles una herramienta más eficaz para exigir una mayor calidad en la telefonía móvil y el cumplimiento de los parámetros que son ofertados por las compañías.

De igual forma, se propone la adición de una fracción al artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer como una prerrogativa de los consumidores de telefonía móvil, el poder solicitar en cualquier momento del cumplimiento del contrato, la terminación de la prestación del servicio básico, sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de la cancelación, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado.

Asimismo, existe una situación de hecho que también afecta la libertad de contratación de los usuarios, así como su patrimonio.

Esto es, en la actualidad la telefonía móvil de pospago opera mediante contratos de adhesión, en donde por lo regular se establecen las condiciones de prestación del servicio básico (telefonía móvil) y en su caso de servicios adicionales, especiales o conexos (internet, mensajería de texto, etc),así como el precio por dichos servicios, sin embargo, cuando se revisa la facturación mensual, se puede percibir que aparecen cargos adicionales que no fueron contratados, o no lo fueron de forma consciente y a voluntad expresa del usuario, porque simplemente no se le informa, tales como cargos por conceptos como seguros, prestación de servicios de auxilio vial, promociones, concursos, entre otros, los cuales engrosan la facturación, a veces de forma, muy significativa.

Por ello, se propone adicionar una fracción también al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para obligar a los proveedores de telefonía móvil a abstenerse de incluir de forma automática, sin informar al consumidor ni recibir de éste autorización expresa verbal y escrita, la prestación de servicios diversos al servicio básico objeto del contrato, los cuales son considerados como adicionales y que estén relacionados con el pago de seguros, prestación de servicios de auxilio vial, promociones, concursos y todos aquellos que generen un costo adicional al monto establecido como tarifa del plan de servicio contratado.

Consecuentemente se propone reformar la fracción I del artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para definir claramente como una prerrogativa del consumidor de servicios de telefonía móvil, el adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico, debiendo ser informado por el prestador del servicio sobre los costos de los mismos y debiendo mediar aceptación expresa verbal y escrita para ello.

De igual forma, se propone reformar la fracción III del mismo precepto para garantizar el derecho del consumidor de dar por terminada la prestación de tales servicios adicionales en cualquier momento del contrato, sin que implique el cese de la prestación del servicio básico, ni penalización alguna.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTICULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL MISMO PRECEPTO.

Artículo Primero.- Se adicionan las fracciones XXI y XXII, al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 44.- Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a XX.- …

XXI. Informar al momento de la suscripción de contratos de prestación de servicios, todas las condiciones y costos que deberá pagar el usuario, reflejándolas en dichos instrumentos, quedando prohibido el establecimiento de plazos forzosos de contratación, entendiéndose por esto que en cualquier momento, el usuario contratante podrá solicitar la cancelación de la prestación del servicio, sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de la cancelación, y en su caso, el monto que faltare para cubrir el costo total del equipo que hubiere contratado.

XXII. Abstenerse de incluir de forma automática, sin informar al consumidor y recibir su autorización, la prestación de servicios diversos al servicio básico objeto del contrato, los cuales son considerados como adicionales y que estén relacionados con el pago de seguros, prestación de servicios de auxilio vial, promociones, concursos y todos aquellos que generen un costo adicional al monto establecido como tarifa del plan de servicio contratado.

Artículo Segundo.- Se adiciona la fracción II bis, y se reforman las fracciones I y III, del artículo 86 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTICULO 86 TER.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de las siguientes prerrogativas:

I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico, debiendo ser informado por el prestador del servicio sobre los costos y condiciones de los mismos;

II. …

II bis. Cancelar en cualquier momento del cumplimiento del contrato, la prestación del servicio básico, sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de la cancelación, y en su caso, el monto que faltare para cubrir el costo total del equipo que hubiere contratado, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado.

III. Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico en el momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello implique el pago de penalización alguna o que proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo podrá hacer uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado; y

IV. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Losconcesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberánemplear el tiempo entre la publicación del presente decreto y su entrada en vigor, para realizar los cambios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que les imponen los preceptos de este decreto y modificar los contratos de adhesión que tengan registrados ante la autoridad correspondiente.

Tercero.- La Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor deberán verificar el cumplimiento de lo establecido en el precepto anterior.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Omar Fayad Meneses”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Me permite, señor Senador.

Senadora Guerra Castillo, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Al promovente, que es el Senador Omar Fayad, si pudiera autorizar que me pudiera adherir a su iniciativa, toda vez que es de la más alta relevancia la defensoría de los usuarios de la telefonía de alta calidad, como se demanda en esta iniciativa, además de que comulgo con esta causa, porque es un sentir general de la población, donde la población quiere gastar menos por un mejor servicio.

Entonces, por favor le solicito a mi compañero de la bancada del PRI, a Omar Fayad, que acepte que yo me pueda adherir a esta causa profunda.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Fayad Meneses, ¿está de acuerdo? .

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Sí, por supuesto, será un honor. Tanto mi compañera Marcela Guerra, como los Senadores que quieran sumarse pueden hacerlo en virtud realmente de brindarle una respuesta, como lo está pidiendo la ciudadanía, y de brindarle la mejor atención posible por parte del Senado de la República.

Claro que sí. Muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Ruego a la Secretaría tome nota de las adhesiones que están manifestando. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de diversos Senadoras de los grupos parlamentarios, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las CC. Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz y Maki Esther Ortiz Domínguez)

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Con su venia, señor Presiente.

La presente iniciativa ha sido suscrita por diversas Senadoras de la República preocupadas por establecer mejores condiciones de igualdad de género y acceso a la justicia de las mujeres. Además de mí, está suscrita por la Senadora Luisa María Calderón, por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, por la Senadora Martha Elena García, por la Senadora Mariana Gómez del Campo, por la Senadora Laura Rojas, por la Senadora Adriana Dávila Fernández, por la Senadora Sonia Mendoza y por la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

Sin duda alguna, garantizar a las mujeres un real y efectivo acceso a la justicia, ser tratadas en condiciones de igualdad, garantizar el respeto a su intimidad y dignidad, así como evitar su doble victimización, son algunos de los aspectos fundamentales que se tratan de salvaguardar en la presente iniciativa de reformas a diversas disposiciones penales en materia federal.

Lo anterior, partiendo de la óptica de que la problemática en materia de violencia contra las mujeres que se vive en nuestro país no es asunto menor, ni debe ser tomado a la ligera.

Por señalar un ejemplo, de acuerdo al Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la tasa estandarizada por homicidios en mujeres en 2010 fue más del doble que la registrada en 2007.

Mueren por homicidio más mujeres jóvenes y mayores de 60 años de edad que hombres, es decir, es mayor en las mujeres que en los hombres en estos rangos de edad.

Casi el 12% de las mujeres que acudieron a las procuradurías de justicia a interponer una demanda por violencia, fueron objeto de violencia institucional, en tanto que sus demandas fueron menospreciadas, no tomadas en serio o ignoradas.

Desde la óptica institucional existe una tendencia a asociar algunos femenicidios con el crimen organizado, la delincuencia común o incluso con la prostitución; argumentos que de entrada niegan la violencia cotidiana contra las mujeres y asumen, incluso, que el enganche de éstas al crimen organizado se deba a que muchas convivían en ambientes donde es mayor la propensión al crimen y a las drogas.

Por desgracia, concluye el referido estudio, parece que el mensaje es que si morían muchas mujeres, era porque buscaban ese riesgo, lo cual es totalmente inaceptable. Esta situación de violencia hace necesario que se revise la legislación vigente en materia penal en el ámbito federal a la luz de los instrumentos internacionales, así como a la luz de las resoluciones en materia de derechos humanos.

Por ejemplo, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero”, en donde señalaron diversas irregularidades suscitadas durante la investigación de las conductas delictivas en contra de mujeres y el proceso correspondiente.

Estas fueron, por ejemplo:

- Demora en la iniciación de las investigaciones.

- Lentitud de las investigaciones o inactividad en los expedientes.

- Negligencia e irregularidades en la recolección y la realización de pruebas y en la identificación de víctimas.

- Pérdida de información.

- Falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género.

- Presencia de estereotipo proyectados por los funcionarios hacia los familiares de las víctimas, minimización de las autoridades de los hechos motivo de las denuncias, bajo pretexto que son realmente muy deplorables.

De lo anteriormente expuesto, se desprende la obligación para nuestro país de afrontar nuevos retos en materia de igualdad y acceso a la justicia de las mujeres, de manera tal que es necesario establecer políticas públicas adecuadas y contundentes a efecto de hacer de la igualdad de género una realidad en todos los ámbitos de la política pública y legislativa del país, en donde el sistema de justicia debe ser una prioridad de Estado.

En tal virtud, entre las principales propuestas que se prevé en la presente iniciativa, sin dejar de señalar que varias de ellas son retomadas de las propuestas que ya había descrito la CONAVIM, y que además la propia CONAVIM hizo observaciones a esta iniciativa que hoy pongo a su consideración, que por supuesto han sido considerados en el texto del documento que hoy se pone a su consideración, y esas propuestas son el garantizar que la investigación de los delitos, particularmente en el caso de personas desaparecidas, se realice de manera inmediata.

Es decir, que la autoridad no deje pasar lapsos de tiempo fundamentales para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, que se evite que las investigaciones estén influenciadas de prejuicios o estereotipos en función de las víctimas, que se establezca como derecho de las víctimas del delito ser canalizadas a instituciones que les proporcionen la correspondiente atención médica y psicológica, el cual pueda ser exigible a cualquier autoridad competente.

Que se establezcan medidas tendientes a garantizar la dignidad de la persona humana que posee la víctima del delito y el respeto de su intimidad, particularmente en el caso de obtención de muestras de fluido y revisiones corporales.

Precisar la obligación del Ministerio Público de observar todos y cada uno de los derechos de las víctimas del delito previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Preservar el resguardo de identidad en el proceso penal en el caso de víctimas por trata de personas.

Establecer mecanismos procesales a efecto de evitar una doble victimización en casos de delitos de violación.

Establecer la obligación de la Procuraduría General de la República de expedir protocolos de actuación en el caso de investigación de delitos de personas desaparecidas, así como en el caso de extracción de muestras de fluido y revisiones corporales.

Establecer como delito sancionable, con pena de prisión de tres a ocho años y quinientos a mil quinientos días de multa, a los agentes del Ministerio Público Federal y a los agentes de la policía ministerial federal que actúen negligentemente en el caso de investigaciones de delitos que impliquen violencia contra mujeres, ejecuten actos de discriminación o atenten contra la dignidad de la víctima.

En suma, se estima que estas disposiciones legales vendrán a contribuir a la construcción de un marco jurídico que otorgue una mayor y mejor observancia de los derechos de las víctimas sobre una legislación procesal respetuosa en materia de igualdad de género y acceso a la justicia para las mujeres dentro del procedimiento penal.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Las suscritas, Senadoras de la República en la LXII Legislatura del Congreso de las Unión,en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la H. Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de DECRETO POR LA QUE SEREFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la equidad de género a través de la transversalización de la perspectiva de género, conlleva “valorar las implicaciones que tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción que se planifique, ya sea que se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que estos puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad1.

Por su parte, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la igualdad de género no es sólo un objetivo en sí mismo, sino también un medio importante para lograr todos los demás Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM). La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso del desarrollo humano.

Ahora bien, en los últimos años, el concepto de género se ha integrado al discurso del desarrollo. La perspectiva de género se ha convertido en una herramienta esencial para la elaboración y formulación de las políticas públicas que buscan alcanzar la equidad2.

Basta recordar que esta situación ha sido tratada en el ámbito internacional desde hace ya varios años, a través de diversos instrumentos que proscriben la protección de la mujer en contra de la violencia, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración y Objetivos del Milenio, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará, entre otros.

En tal virtud hoy nuestro país enfrenta nuevos retos en materia de igualdad, de manera tal que es necesario establecer políticas públicas adecuadas y contundentesa efecto de hacer de la igualdad de género una realidad en todos los ámbitos de la política pública y legislativa del país, en donde el sistema de justicia no es la excepción.

En tal virtud, tal y como se ha señalado con anterioridad, diversos instrumentos internacionales proscriben el respeto a los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, tal es el caso de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) que reconoce que toda mujer tiene derecho de acceder a un recurso sencillo y expedito ante los tribunales correspondientes que la amparen contra actos que violen sus derechos3.

Por su parte, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing propone promulgar y hacer cumplir las leyes e introducir medidas de aplicación, incluso mecanismos de recurso y el acceso a la justicia en caso de incumplimiento, a fin de prohibir la discriminación directa e indirecta por motivos de sexo, estado civil o situación familiar…incluso la protección legal contra el hostigamiento sexual y racial4.

Asimismo, en el ámbito nacional, el Estado Mexicano a efecto de dar cumplimiento a los diversos compromisos internacionales adquiridos con relación a la protección de la mujer a una vida libre de violencia, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene por objeto el establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin duda alguna, las acciones establecidas por la referida ley deberán de encontrar la debida armonización en la legislación que de conformidad con el ámbito personal y material de aplicación vengan a materializar algún derecho que deba ser observable desde el enfoque preventivo o protector de la norma, de ahí la necesidad de plantear la presente iniciativa.

En tal virtud, de acuerdo al alcance de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de justicia penal, además de establecer un proceso penal más garantista y respetuoso de los derechos fundamentales de toda persona, ha establecido como una de sus principales características la observancia del principio de igualdad procesal, lo cual implica que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal reciban el mismo trato y tengan las mismas oportunidades, traduciéndose en que el ministerio público y los jueces deban tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas evitando a toda costa implicaciones de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Así las cosas, se estima que dichos principios planteados en la Constitución, lejos de ser privativos del sistema acusatorio, los mismos encuentran plena actualidad en cualquier modelo de proceso penal existente, al tratar de proteger derechos inherentes a toda persona, sobre la base del debido proceso y el respeto a sus derechos fundamentales, garantizando condiciones de igualdad a todos los intervinientes del proceso penal y proscribiendo toda práctica discriminatoria. De otra forma, acotar la aplicación de estos principios al sistema acusatorio, implicaría postergar la observancia de los mismos a la vigencia del sistema acusatorio en materia federal, cuya vacatio legis puede postergarse hasta junio de 2016.

Esta situación hace necesario revisar la legislación vigente en materia adjetiva penal en el ámbito federal a la luz de la referida reforma constitucional (en cuanto al principio de igualdad y no discriminación) así como de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, por supuesto, a la luz de los instrumentos internacionales y resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos, a efecto de mejorar el marco normativo aplicable en la materia, con miras a lograr una mayor y mejor protección de la mujer cuando es parte interviniente en un proceso penal.

Por ello, en términos generales, se puede señalar que las reformas y adiciones vertidas en la presente iniciativa retoman diversas propuestas esgrimidas en su momento por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y que fueron plasmadas en el dictamen emitido por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, por la que se proponía la expedición del Código Federal de Procedimientos Penales de corte acusatorio, en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, las cuales buscan cumplimentar diversos aspectos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano el 16 de noviembre de 2009, relativa al caso González y Otras contra México, mejor conocido como caso “Campo Algodonero”, en donde se señalan diversas irregularidades suscitadas durante la investigación de las conductas delictivas y el proceso correspondiente, tales como:

• Demora en la iniciación de las investigaciones.

• Lentitud de las investigaciones o inactividad en los expedientes.

• Negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas.

• Pérdida de información.

• Falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género5.

De igual forma se señala en la resolución que durante la investigación se observaron alegados estereotipos proyectados por los funcionarios hacia los familiares de las víctimas, tales como comentarios por parte de agentes estatales sobre la conducta de sus hijas que consideran influenciaron la inacción estatal posterior, así como la minimización de las autoridades de los hechos motivo de las denuncias, bajo el pretexto de que se trataba de “muchachitas que andaban con el novio o andaban de voladas’, entre otras aseveraciones discriminatorias.

Esta serie de acontecimientos ocasionaron que el Estado mexicano en su conjuntofuera sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debiendo cumplir una serie de aspectos relacionados entro otros, con el acceso a la justicia y la igualdad de género en el proceso penal, estableciéndose entre otras obligaciones:

a) La de remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso;

b) Garantizar que la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta Sentencia; proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género, entre otras.

En tal virtud, luego de un amplio proceso legislativo suscitado en el Congreso de la Unión, el 14 de junio de 2012 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, reformas y adiciones a diversas disposiciones legales en materia de armonización y acceso a la justicia para las mujeres. Dichas reformas y adiciones se realizaron en el Código Penal Federal, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, estableciéndose entre otros aspectos, lo siguientes:

• Que no proceda libertad preparatoria para el delito de feminicidio.

• Se condiciona que el otorgamiento del perdón únicamente cuando se haya reparado la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito.

• Los plazos de cómputo para la prescripción de delitos sexuales, cometidos contra personas menores de 18 años, comienzan a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad.

• Se incorpora el delito de discriminación.

• Se incluye un capítulo de delitos cometidos contra los derechos reproductivos, a fin de sancionar los delitos de: inseminación forzada; implantación de ovulo fecundado sin consentimiento de la mujer; y, esterilidad provocada.

• Se incluye en el catalogo de los delitos cometidos por las y los servidores públicos las siguientes conductas: 1. obligar a una persona o a su representante a otorgar el perdón en los delitos que se persiguen por querella; y, 2. obligar a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo.

• Se perfecciona la redacción del artículo referente al artículo de abuso sexual.

• En el delito de estupro se cambia la edad mínima del sujeto pasivo de 12 años a 15 años. Se aumenta la sanción máxima a 20 años en el delito de violación. Se aumenta también la pena máxima en la violación equiparada o instrumental.

• Se equipara a violación cualquier relación sexual con persona menor de 15 años sin violencia. Además se aumenta la penalidad.

• Se modifica el delito de incesto, se sanciona únicamente las relaciones sexuales con personas con las que se tiene una relación de parentesco en línea directa.

• Se deroga el artículo que estipula la emoción violenta como una circunstancia de atenuante de la culpabilidad para la comisión de los delitos de homicidio y lesiones.

• Se reforma la calificativa de ventaja en los delitos de lesiones y homicidio, a fin de incluir en las hipótesis cuándo: 1. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o persona menor de dieciocho años; 2. Se ocasionen en situaciones de violencia familiar; y, 3. Exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o por discriminación.

• Se modifica el delito de homicidio en relación al parentesco a fin de aumentar las hipótesis de probables relaciones entre los sujetos activos y sujetos pasivos para que se configure el delito.

• Se tipifica el delito de feminicidio.

Asimismo con esta reforma se incorporaron como obligaciones de la Procuraduría General de la República las siguientes:

1. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas;

2. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres;

3. Elaborar y aplicar Protocolos especializadas con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual; y,

4. Crear una Base Nacional de Información Genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niña desaparecidas a nivel nacional.

Estas últimas obligaciones para la PGR derivadas del cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero,

Derivado de lo anteriormente señalado, la presente iniciativa pretende reformar y adicionar una serie de disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales a efecto de establecer diversos aspectos normativos tendientes a garantizar el enfoque de género dentro del procedimiento penal, con estricto cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, así como de las resoluciones vinculantes de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

En tal virtud, en términos generales, la presente iniciativa plantea los siguientes aspectos:

En el Código Federal de Procedimientos Penales:

• Establecer de manera textual dentro de las disposiciones generales que norman la investigación de los delitos, que dicha investigación debe realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan la identificación de quien cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito, ello en atención de las características esenciales que debe presentar toda investigación del delito, de acuerdo a lo estipulado por la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de campo algodonero. (art. 113 primer párrafo)

• Establecer como derecho de las víctimas del delito no sólo el de recibir atención medida y psicológica, sino el derecho de ser canalizada cuando lo requieraa instituciones que le proporcionen la correspondiente atención médica y psicológica, a efecto de propiciar mecanismos que hagan asequible el derecho a recibir dicha atención. (art. 141 apartado A fracción XIV)

• Establecerque en caso de delitos que atenten contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, la víctima tendrá derecho a recibir atención médica y psicológica por persona del mismo sexo o del sexo que ella elija, en atención a la dignidad de persona humana que posee la víctima del delito y el respeto a su intimidad. (art. 141 apartado A fracción XIV)

• Precisar dentro de la regulación de procedimiento penal la previsión de que en el caso de delitos que impliquen violencia contra la mujer, se deberán de observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables, a efecto de hacer efectivos en el procedimiento penal todos los derechos que establece a favor de la mujer la referida ley general. (art. 141 apartado A fracción XVI párrafo segundo)

• Actualizar la regulación procesal en torno al resguardo de identidad y datos personales ahora a las víctimas de trata de personas, derivado de la reforma al segundo párrafo del artículo 19 constitucional, publicada el 14 de julio de 2011. (art. 141 apartado B fracción IX)

• Establecer en el caso de que el Ministerio Público solicite la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello al imputado, que dichas muestras deban ser obtenidas por personal especializado del mismo sexo o del sexo que el imputado elija, ello en atención a la dignidad de persona humana que posee la víctima del delito y el respeto a su intimidad así como a los protocolos que al efecto expida la Procuraduría General de la República (art. 168 bis segundo párrafo)

• Prever que en los casos de delitos que impliquen violencia de género contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento de la voluntad de la víctima y respeto de sus derechos. (art. 169 segundo párrafo)

• Establecer expresamente que en el caso de delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad y secuestro, se deberán de observar los protocolos que al efecto expida la Procuraduría General de la República para el inicio de las investigaciones así como en lo relativo a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas o privadas de su libertad.

De igual forma, dichos protocolos además de observar las disposiciones previstas en este Código y disposiciones aplicables, deberán de encontrarse ajustados a los estándares internacionales existentes en la materia. (art. 171 bis)

• Adicionar un precepto normativo que establezca que en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. Lo anterior, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional en los casos de violencia sexual.. (art. 173 bis)

• En el caso de que sean necesario explorar físicamente a una persona personas, se prevé que la atención correspondiente deberá ser proporcionada, a petición de la interesada, por médicos del mismo sexo o del sexo que ésta elija, salvo que no las haya en el momento y sitio en que deba efectuarse la exploración, en cuyo supuesto la propia interesada podrá proponer quien la atienda. Lo anterior en atención a la dignidad de persona humana que posee la víctima del delito y el respeto a su intimidad. (art. 188 párrafo cuarto)

• Adicionar un precepto normativo a efecto de prever que en el delito de violación, las pruebas que se aporten para desestimar la existencia del delito no podrán basarse en el silencio o de la falta de resistencia de la víctima, toda vez que tal y como se ha señalado con anterioridad la investigación deberá de ser profesional, objetiva e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. (art. 285 tercer párrafo)

En el Código Penal Federal:

• Se adiciona una fracción VIII bis al artículo 225 del Código Penal Federal, a fin de considerar como delito contra la administración de justicia sancionable con pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, la inobservancia de manera reiterada por parte de los agentes del ministerio público federal y los agentes de la policía ministerial federal, de los principios que deben normar la investigación de los delitos, previstos por el primer párrafo del artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales.

En la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

• Se adiciona una fracción I bis al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a efecto de establecer como causa de responsabilidad administrativa de los agentes del ministerio público federal, de los agentes de la policía federal ministerial y en lo conducente de los peritos y oficiales ministeriales, el no observar las obligaciones previstas por los artículos 113 primer párrafo, 168 bis primer párrafo, 169 y 188 cuarto párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior a efecto de lograr una mayor observancia de dichas obligaciones s o pena de sanción administrativa al servidor público que no las observe.

En suma, se estima que estas disposiciones legales vendrán a contribuir en la construcción de un marco jurídico que otorgue una mayor y mejor observancia de los derechos de las víctimas, sobre una legislación procesal respetuosa en materia de equidad de género.

Por ello la suscrita Senadora de la República, consciente de que es necesario apoyar toda medida legislativa que venga impulsar políticas públicas que buscan alcanzar la equidad, es que someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.

PRIMERO. Se reforma el primer párrafo del artículo 113, la fracción XIV del apartado A así como la fracción IX del apartado B del artículo 141, el segundo párrafo del artículo 168 bis, el cuarto párrafo del artículo 188; se adiciona un segundo párrafo así como las fracciones I y II al artículo 113, un segundo párrafo a la fracción XVI del aparado A del artículo 141, un segundo párrafo al artículo 169, un artículo 171 bis, un artículo 173 bis, un párrafo tercero al artículo 285, todos del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 113. El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de aquél, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia, de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada, en su caso, a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan, la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la reparación del daño. La inobservancia a lo anteriormente dispuesto será sancionada por la ley.

Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la averiguación la comunicación o parte informativo que rinda la policía, en el que se hagan del conocimiento de la autoridad investigadora hechos que pudieran ser delictivos, sin que deban reunirse los requisitos a que aluden los artículos 118, 119 y 120 de este ordenamiento. A la comunicación o parte informativo se acompañarán los elementos de que se dispongan y que sean conducentes para lainvestigación. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes.

I. a II. …

Artículo 141.

A. …

I. a XIII. …

XIV. Recibir y ser canalizado a instituciones que le proporcionen atención médica y psicológica cuando la requieran y, en caso de delitos que atenten contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, a recibir esta atención por persona del mismo sexo o del sexo que ella elija;

XV. …

XVI. Solicitar que el imputado sea separado del domicilio de la víctima como una medida cautelar, cuando se trate de delitos que pongan en peligro la integridad física o mental de mujeres y niños, así como cuando la víctima conviva con el imputado; esta solicitud deberá ser canalizada por el Ministerio Público ante la autoridad judicial fundando y motivando las razones que la justifican.

En el caso de delitos que impliquen violencia contra la mujer, se deberán de observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables;

XVII. a XIX. …

B. …

I. a VIII. …

IX. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y, en otros casos, cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo casolos derechos de la defensa;

X. a XI. …

C.

Artículo 168 Bis.

Dichas muestras deberán ser obtenidas por personal especializado, mismo que en todo caso deberá de ser del mismo sexo del imputado o del sexo que éste elija, con estricto apego al respeto a la dignidad humana y de conformidad con los protocolos que al efecto expida la Procuraduría General de la República,

Artículo 169.

En los casos de delitos que impliquen violencia de género contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento de la víctima y respeto de sus derechos.

Artículo 171 bis. En caso de delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad, trata de personas y secuestro, se deberán de observar los protocolos que al efecto expida la Procuraduría General de la República para el inicio de las investigaciones así como en lo relativo a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas o privadas de su libertad.

Dichos protocolos además de observar las disposiciones previstas en este Código y disposiciones aplicables, deberán de encontrarse ajustados a los estándares internacionales existentes en la materia.

Artículo 173 bis. En los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima.

Artículo 188.

Siempre que se deba explorar físicamente a personas, la atención correspondiente deberá ser proporcionada, a petición de la interesada, por médicos del mismo sexo o del sexo que ésta elija, salvo que no las haya en el momento y sitio en que deba efectuarse la exploración, en cuyo supuesto la propia interesada podrá proponer quien la atienda.

Artículo 285.

En el delito de violación, las pruebas que se aporten para desestimar la existencia del delito no podrán basarse en el silencio o la falta de resistencia de la víctima.

SEGUNDO. Se reforma el párrafo segundo así como se adiciona una fracción VIII bis al artículo 225 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 225. …

I. a VIII. …

VIII bis. No observar de manera reiterada las obligaciones previstas por el artículo 113 párrafo primero del Código de Procedimientos Penales, relativas a la investigación de los delitos;

IX. a XXXIV. …

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, VIII bis, IX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXXIII y XXXIV, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa.

TERCERO. Se adiciona una fracción I bis al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 62.

I. …

I bis. Incumplir cualquiera de las obligaciones previstas por los artículos 113 párrafo primero, 168 bis párrafo primero, 169 y 188 párrafo cuarto del Código Federal de Procedimientos Penales;

II. a XII. …

ARTICULO TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Procuraduría General de la República deberá de emitir los protocolos a que hacen referencia los artículos 168 bis párrafo segundo y 171 bis de este Código, dentro de los 180 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 7 de marzo de 2013.

Firman

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Angélica De la Peña Gómez.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Sonia Mendoza Díaz”.

BIBLIOGRAFIA

“Análisis de la Equidad de Género en el Acceso a la Justicia de las Mujeres en México”, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, pp.8-9.

http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/womenempowerment/about_womens_empowerment/

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichmujer/uploads/PROGRAMASECTORIAL2004-2010.pdf

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Ortega Martínez. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 26 de la Ley del Banco de México.

1http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/womenempowerment/about_womens_empowerment/

2 http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichmujer/uploads/PROGRAMASECTORIAL2004-2010.pdf

3“Análisis de la Equidad de Género en el Acceso a la Justicia de las Mujeres en México”, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, pp.8-9.

4 Idem

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, relativa al caso González y/o contra México el 16 de noviembre de 2009.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 26 DE LA LEY DEL BANCO DE MEXICO

 (Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Quisiera rogarle me obsequie la oportunidad de que en esta intervención pueda yo referirme a otras dos iniciativas que están registradas, que quisiera desahogarlas, en un solo momento, y no creo pasarme del tiempo que estipula el Reglamento, pero quisiera rogarle en todo caso su tolerancia.

Compañeras y compañeros Senadores, el presente paquete de iniciativas que estamos presentando, tienen como objetivo impulsar una ruta para hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros de nuestra nación, y resulta también complementario a las propuestas de reformas para modificar los objetivos prioritarios del Banco de México establecidas en el artículo 28, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la propia reforma a los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Banco de México, que propusimos también tiempo atrás, con el propósito igualmente de modificar los objetivos de nuestro banco central, ambas presentadas por un servidor ante esta Soberanía el pasado 5 de marzo.

Nuestro interés, compañeras y compañeros Senadores, es hacer asequible el crédito y reducir considerablemente el costo de los servicios financieros.

En ese tenor, si revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los grupos financieros que operan en este país, encontramos que de 2007 a 2012 se obtuvo un total de 504,032 millones de pesos de ganancias; tan sólo en el 2012 las ganancias superaron los 103,000 millones de pesos, una cifra sin precedentes, que significó un incremento del 15.4 por ciento respecto al 2011.

A partir del 2010, vale la pena subrayarlo, las ganancias han estado por encima de los 88,000 millones de pesos.

A pesar de que el crédito colocado ha sufrido una desaceleración durante 2012 por el orden de 44 por ciento, como lo podrán observar, si tienen la oportunidad de revisar de manera completa la iniciativa que aparece en nuestra Gaceta, podrán observar que las ganancias de los grupos financieros han seguido creciendo y de manera realmente notable. De acuerdo con información del Banco de México, el crédito vigente otorgado por la Banca Comercial al sector privado del país a diciembre de 2012, sumó 2 billones 43,000 millones de pesos, mientras que al cierre de 2011 la suma ascendió a 1 billón 874,000 millones de pesos. Nadie puede quejarse de las ganancias que están recibiendo los integrantes de este sistema financiero nacional. Ahora bien, el aparente crecimiento debe encender los focos rojos de las finanzas públicas del país, ya que a lo largo de 2011 el incremento en el crédito otorgado fue de 253,548 millones de pesos, mientras que a lo largo de 2012, el crédito colocado fue de 168,937 millones de pesos, es decir, que en el año 2012 el monto colocado fue de 84,611 millones de pesos menos respecto de 2011, con esto tenemos que para el 2012 se tuvo un decremento porcentual, como dijimos anteriormente, de 44 por ciento respecto del crédito que pudo ser colocado en el 2011. Este fenómeno obedece a que tenemos un crédito caro que inhibe la inversión productiva y en consecuencia la generación de riqueza y de empleo formal.

Para afirmar, compañeras y compañeros, que contamos con un crédito caro, mismo que no esta contribuyendo al desarrollo del país, permítanme examinar con ustedes brevemente la evolución que ha obtenido durante los 6 años pasados tanto en los ingresos por intereses, comisiones y tarifas que cobran los grupos financieros que operan en el país.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de resultados de los grupos financieros para el periodo 2007-2012 señalan que los ingresos por intereses de los grupos financieros sumaron en el periodo 2 billones 355,647 millones de pesos, contra un acumulado de gastos por intereses de 1 billón 3,924 millones de pesos, lo que han tenido que erogar los grupos financieros por concepto de intereses representa apenas el 42.61 por ciento de los ingresos obtenidos por estos conceptos y con una marcada tendencia a la baja, mientras que en el 2007 los egresos representaban el 49 por ciento de los ingresos, para el año 2012 representaron el 38 por ciento, es decir, una disminución del 11 por ciento a lo largo de los 6 años pasados, esto significa pues mayores ganancias para los grupos financieros ya que cada día pagan menos intereses, para el periodo 2012 los gastos por intereses sumaron casi 159,000 millones de pesos contra un ingreso superior a los 420,000 millones.

De acuerdo también con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el monto de lo cobrado en comisiones y tarifas de 2007 a 2012, ascendió a 629,933 millones de pesos, mientras que lo que se pagó por el mismo concepto durante el periodo en cuestión fue de 126,888 millones de pesos, es decir, apenas el 20 por ciento de todo lo que se cobró.

La proporción que guardan las comisiones y tarifas cobradas en relación con los ingresos por intereses para el periodo 2007-2012 es en promedio del 27 por ciento, lo cual a todas luces es muy alto, y esta situación, evidentemente, estanca el desarrollo del crédito en México, ya que estamos haciendo que gran parte de las ganancias del sector financiero se apoye en conceptos que no tienen que ver con el manejo del crédito como tal.

Si queremos, compañeras y compañeros Senadores, un sistema financiero mejor estructurado debemos trabajar para que los principales ingresos de los grupos financieros se gesten en las áreas de ingresos por intereses y no en el de las comisiones y tarifas, específicamente debiésemos impulsar el crédito de tal manera que los conceptos de "Intereses de cartera de crédito vigente" o de "Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores" o el de "Intereses y Rendimientos a Favor de Operaciones de Reporto", o sea, los cuales hoy en día componen el 92 por ciento de todos los ingresos por estos intereses tuvieran incrementos significativos, lo que reflejaría que se está impulsando un crédito mucho más sano.

Sin embargo, compañeras y compañeros, adicional a los altos ingresos que se obtienen por vía comisiones y tarifas, a partir de 2011 se ha permitido que por concepto de primas, los grupos financieros hayan captado en tan solo 2 años la cifra de 140,687 millones de pesos, es decir, se ha tenido mucha permisividad para que en el mundo financiero se creen y se obtengan grandes ganancias por conceptos periféricos al crédito por si mismo.

Finalmente, debemos señalar que los gastos de administración y promoción de los grupos financieros suman para el periodo 2007-2012, la cantidad de 1 billón 20,227 millones de pesos, el promedio de incremento anual de los costos durante este periodo es de 8 por ciento, y estas cifras nos revelan que quizás tenemos un sector financiero muy deficiente y muy derrochador, ya que los gastos de administración y de promoción representan el 43 por ciento de los ingresos por intereses para el mismo periodo y superan en un 38 por ciento a las comisiones y tarifas cobradas.

En resumen, se tienen ingresos muy altos por comisiones y tarifas, los cuales promedian el 27 por ciento de los ingresos que se obtienen por intereses, se tienen nuevos conceptos como las primas que se están grabando más los servicios financieros y tenemos un sistema financiero con costos de administración y operación aparentemente muy altos.

Por ello y para dar cumplimiento al objetivo de que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, al tiempo que reducen el costo de los servicios financieros, debemos realizar ajustes adicionales partiendo de la base de que se deben modificar los objetivos prioritarios del Banco de México, tal y como se propuso el pasado 5 de marzo a esta Soberanía.

Partiendo de esa base, compañeras y compañeros Senadores, se requiere modificar el párrafo segundo del artículo 26 de la Ley del Banco de México, especificando que el Banco de México en su atribución de regular las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes, deberá considerar los principios de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros.

En segundo término, se requiere modificar el párrafo segundo del artículo 48 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que igualmente considere los principios de mayor accesibilidad al crédito y reducción del costo de los servicios financieros.

Y en tercer y último lugar, se requiere modificar, desde nuestro punto de vista, el párrafo primero del artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el mismo fin de incluir al principio de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros.

Por todo lo que he expuesto, señor Presidente, someto a consideración de esta Soberanía reformar el artículo 26 de la Ley del Banco de México, el artículo 48 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito y el párrafo primero del artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Muchísimas gracias por su tolerancia.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 48 BIS 4 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Quisiera rogarle me obsequie la oportunidad de que en esta intervención pueda yo referirme a otras dos iniciativas que están registradas, que quisiera desahogarlas, en un solo momento, y no creo pasarme del tiempo que estipula el Reglamento, pero quisiera rogarle en todo caso su tolerancia.

Compañeras y compañeros Senadores, el presente paquete de iniciativas que estamos presentando, tienen como objetivo impulsar una ruta para hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros de nuestra nación, y resulta también complementario a las propuestas de reformas para modificar los objetivos prioritarios del Banco de México establecidas en el artículo 28, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la propia reforma a los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Banco de México, que propusimos también tiempo atrás, con el propósito igualmente de modificar los objetivos de nuestro banco central, ambas presentadas por un servidor ante esta Soberanía el pasado 5 de marzo.

Nuestro interés, compañeras y compañeros Senadores, es hacer asequible el crédito y reducir considerablemente el costo de los servicios financieros.

En ese tenor, si revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los grupos financieros que operan en este país, encontramos que de 2007 a 2012 se obtuvo un total de 504,032 millones de pesos de ganancias; tan sólo en el 2012 las ganancias superaron los 103,000 millones de pesos, una cifra sin precedentes, que significó un incremento del 15.4 por ciento respecto al 2011.

A partir del 2010, vale la pena subrayarlo, las ganancias han estado por encima de los 88,000 millones de pesos.

A pesar de que el crédito colocado ha sufrido una desaceleración durante 2012 por el orden de 44 por ciento, como lo podrán observar, si tienen la oportunidad de revisar de manera completa la iniciativa que aparece en nuestra Gaceta, podrán observar que las ganancias de los grupos financieros han seguido creciendo y de manera realmente notable. De acuerdo con información del Banco de México, el crédito vigente otorgado por la Banca Comercial al sector privado del país a diciembre de 2012, sumó 2 billones 43,000 millones de pesos, mientras que al cierre de 2011 la suma ascendió a 1 billón 874,000 millones de pesos. Nadie puede quejarse de las ganancias que están recibiendo los integrantes de este sistema financiero nacional. Ahora bien, el aparente crecimiento debe encender los focos rojos de las finanzas públicas del país, ya que a lo largo de 2011 el incremento en el crédito otorgado fue de 253,548 millones de pesos, mientras que a lo largo de 2012, el crédito colocado fue de 168,937 millones de pesos, es decir, que en el año 2012 el monto colocado fue de 84,611 millones de pesos menos respecto de 2011, con esto tenemos que para el 2012 se tuvo un decremento porcentual, como dijimos anteriormente, de 44 por ciento respecto del crédito que pudo ser colocado en el 2011. Este fenómeno obedece a que tenemos un crédito caro que inhibe la inversión productiva y en consecuencia la generación de riqueza y de empleo formal.

Para afirmar, compañeras y compañeros, que contamos con un crédito caro, mismo que no esta contribuyendo al desarrollo del país, permítanme examinar con ustedes brevemente la evolución que ha obtenido durante los 6 años pasados tanto en los ingresos por intereses, comisiones y tarifas que cobran los grupos financieros que operan en el país.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de resultados de los grupos financieros para el periodo 2007-2012 señalan que los ingresos por intereses de los grupos financieros sumaron en el periodo 2 billones 355,647 millones de pesos, contra un acumulado de gastos por intereses de 1 billón 3,924 millones de pesos, lo que han tenido que erogar los grupos financieros por concepto de intereses representa apenas el 42.61 por ciento de los ingresos obtenidos por estos conceptos y con una marcada tendencia a la baja, mientras que en el 2007 los egresos representaban el 49 por ciento de los ingresos, para el año 2012 representaron el 38 por ciento, es decir, una disminución del 11 por ciento a lo largo de los 6 años pasados, esto significa pues mayores ganancias para los grupos financieros ya que cada día pagan menos intereses, para el periodo 2012 los gastos por intereses sumaron casi 159,000 millones de pesos contra un ingreso superior a los 420,000 millones.

De acuerdo también con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el monto de lo cobrado en comisiones y tarifas de 2007 a 2012, ascendió a 629,933 millones de pesos, mientras que lo que se pagó por el mismo concepto durante el periodo en cuestión fue de 126,888 millones de pesos, es decir, apenas el 20 por ciento de todo lo que se cobró.

La proporción que guardan las comisiones y tarifas cobradas en relación con los ingresos por intereses para el periodo 2007-2012 es en promedio del 27 por ciento, lo cual a todas luces es muy alto, y esta situación, evidentemente, estanca el desarrollo del crédito en México, ya que estamos haciendo que gran parte de las ganancias del sector financiero se apoye en conceptos que no tienen que ver con el manejo del crédito como tal.

Si queremos, compañeras y compañeros Senadores, un sistema financiero mejor estructurado debemos trabajar para que los principales ingresos de los grupos financieros se gesten en las áreas de ingresos por intereses y no en el de las comisiones y tarifas, específicamente debiésemos impulsar el crédito de tal manera que los conceptos de "Intereses de cartera de crédito vigente" o de "Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores" o el de "Intereses y Rendimientos a Favor de Operaciones de Reporto", o sea, los cuales hoy en día componen el 92 por ciento de todos los ingresos por estos intereses tuvieran incrementos significativos, lo que reflejaría que se está impulsando un crédito mucho más sano.

Sin embargo, compañeras y compañeros, adicional a los altos ingresos que se obtienen por vía comisiones y tarifas, a partir de 2011 se ha permitido que por concepto de primas, los grupos financieros hayan captado en tan solo 2 años la cifra de 140,687 millones de pesos, es decir, se ha tenido mucha permisividad para que en el mundo financiero se creen y se obtengan grandes ganancias por conceptos periféricos al crédito por si mismo.

Finalmente, debemos señalar que los gastos de administración y promoción de los grupos financieros suman para el periodo 2007-2012, la cantidad de 1 billón 20,227 millones de pesos, el promedio de incremento anual de los costos durante este periodo es de 8 por ciento, y estas cifras nos revelan que quizás tenemos un sector financiero muy deficiente y muy derrochador, ya que los gastos de administración y de promoción representan el 43 por ciento de los ingresos por intereses para el mismo periodo y superan en un 38 por ciento a las comisiones y tarifas cobradas.

En resumen, se tienen ingresos muy altos por comisiones y tarifas, los cuales promedian el 27 por ciento de los ingresos que se obtienen por intereses, se tienen nuevos conceptos como las primas que se están grabando más los servicios financieros y tenemos un sistema financiero con costos de administración y operación aparentemente muy altos.

Por ello y para dar cumplimiento al objetivo de que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, al tiempo que reducen el costo de los servicios financieros, debemos realizar ajustes adicionales partiendo de la base de que se deben modificar los objetivos prioritarios del Banco de México, tal y como se propuso el pasado 5 de marzo a esta Soberanía.

Partiendo de esa base, compañeras y compañeros Senadores, se requiere modificar el párrafo segundo del artículo 26 de la Ley del Banco de México, especificando que el Banco de México en su atribución de regular las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes, deberá considerar los principios de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros.

En segundo término, se requiere modificar el párrafo segundo del artículo 48 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que igualmente considere los principios de mayor accesibilidad al crédito y reducción del costo de los servicios financieros.

Y en tercer y último lugar, se requiere modificar, desde nuestro punto de vista, el párrafo primero del artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el mismo fin de incluir al principio de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros.

Por todo lo que he expuesto, señor Presidente, someto a consideración de esta Soberanía reformar el artículo 26 de la Ley del Banco de México, el artículo 48 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito y el párrafo primero del artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Muchísimas gracias por su tolerancia.

INICIATIVA








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Quisiera rogarle me obsequie la oportunidad de que en esta intervención pueda yo referirme a otras dos iniciativas que están registradas, que quisiera desahogarlas, en un solo momento, y no creo pasarme del tiempo que estipula el Reglamento, pero quisiera rogarle en todo caso su tolerancia.

Compañeras y compañeros Senadores, el presente paquete de iniciativas que estamos presentando, tienen como objetivo impulsar una ruta para hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros de nuestra nación, y resulta también complementario a las propuestas de reformas para modificar los objetivos prioritarios del Banco de México establecidas en el artículo 28, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la propia reforma a los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Banco de México, que propusimos también tiempo atrás, con el propósito igualmente de modificar los objetivos de nuestro banco central, ambas presentadas por un servidor ante esta Soberanía el pasado 5 de marzo.

Nuestro interés, compañeras y compañeros Senadores, es hacer asequible el crédito y reducir considerablemente el costo de los servicios financieros.

En ese tenor, si revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los grupos financieros que operan en este país, encontramos que de 2007 a 2012 se obtuvo un total de 504,032 millones de pesos de ganancias; tan sólo en el 2012 las ganancias superaron los 103,000 millones de pesos, una cifra sin precedentes, que significó un incremento del 15.4 por ciento respecto al 2011.

A partir del 2010, vale la pena subrayarlo, las ganancias han estado por encima de los 88,000 millones de pesos.

A pesar de que el crédito colocado ha sufrido una desaceleración durante 2012 por el orden de 44 por ciento, como lo podrán observar, si tienen la oportunidad de revisar de manera completa la iniciativa que aparece en nuestra Gaceta, podrán observar que las ganancias de los grupos financieros han seguido creciendo y de manera realmente notable. De acuerdo con información del Banco de México, el crédito vigente otorgado por la Banca Comercial al sector privado del país a diciembre de 2012, sumó 2 billones 43,000 millones de pesos, mientras que al cierre de 2011 la suma ascendió a 1 billón 874,000 millones de pesos. Nadie puede quejarse de las ganancias que están recibiendo los integrantes de este sistema financiero nacional. Ahora bien, el aparente crecimiento debe encender los focos rojos de las finanzas públicas del país, ya que a lo largo de 2011 el incremento en el crédito otorgado fue de 253,548 millones de pesos, mientras que a lo largo de 2012, el crédito colocado fue de 168,937 millones de pesos, es decir, que en el año 2012 el monto colocado fue de 84,611 millones de pesos menos respecto de 2011, con esto tenemos que para el 2012 se tuvo un decremento porcentual, como dijimos anteriormente, de 44 por ciento respecto del crédito que pudo ser colocado en el 2011. Este fenómeno obedece a que tenemos un crédito caro que inhibe la inversión productiva y en consecuencia la generación de riqueza y de empleo formal.

Para afirmar, compañeras y compañeros, que contamos con un crédito caro, mismo que no esta contribuyendo al desarrollo del país, permítanme examinar con ustedes brevemente la evolución que ha obtenido durante los 6 años pasados tanto en los ingresos por intereses, comisiones y tarifas que cobran los grupos financieros que operan en el país.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de resultados de los grupos financieros para el periodo 2007-2012 señalan que los ingresos por intereses de los grupos financieros sumaron en el periodo 2 billones 355,647 millones de pesos, contra un acumulado de gastos por intereses de 1 billón 3,924 millones de pesos, lo que han tenido que erogar los grupos financieros por concepto de intereses representa apenas el 42.61 por ciento de los ingresos obtenidos por estos conceptos y con una marcada tendencia a la baja, mientras que en el 2007 los egresos representaban el 49 por ciento de los ingresos, para el año 2012 representaron el 38 por ciento, es decir, una disminución del 11 por ciento a lo largo de los 6 años pasados, esto significa pues mayores ganancias para los grupos financieros ya que cada día pagan menos intereses, para el periodo 2012 los gastos por intereses sumaron casi 159,000 millones de pesos contra un ingreso superior a los 420,000 millones.

De acuerdo también con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el monto de lo cobrado en comisiones y tarifas de 2007 a 2012, ascendió a 629,933 millones de pesos, mientras que lo que se pagó por el mismo concepto durante el periodo en cuestión fue de 126,888 millones de pesos, es decir, apenas el 20 por ciento de todo lo que se cobró.

La proporción que guardan las comisiones y tarifas cobradas en relación con los ingresos por intereses para el periodo 2007-2012 es en promedio del 27 por ciento, lo cual a todas luces es muy alto, y esta situación, evidentemente, estanca el desarrollo del crédito en México, ya que estamos haciendo que gran parte de las ganancias del sector financiero se apoye en conceptos que no tienen que ver con el manejo del crédito como tal.

Si queremos, compañeras y compañeros Senadores, un sistema financiero mejor estructurado debemos trabajar para que los principales ingresos de los grupos financieros se gesten en las áreas de ingresos por intereses y no en el de las comisiones y tarifas, específicamente debiésemos impulsar el crédito de tal manera que los conceptos de "Intereses de cartera de crédito vigente" o de "Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores" o el de "Intereses y Rendimientos a Favor de Operaciones de Reporto", o sea, los cuales hoy en día componen el 92 por ciento de todos los ingresos por estos intereses tuvieran incrementos significativos, lo que reflejaría que se está impulsando un crédito mucho más sano.

Sin embargo, compañeras y compañeros, adicional a los altos ingresos que se obtienen por vía comisiones y tarifas, a partir de 2011 se ha permitido que por concepto de primas, los grupos financieros hayan captado en tan solo 2 años la cifra de 140,687 millones de pesos, es decir, se ha tenido mucha permisividad para que en el mundo financiero se creen y se obtengan grandes ganancias por conceptos periféricos al crédito por si mismo.

Finalmente, debemos señalar que los gastos de administración y promoción de los grupos financieros suman para el periodo 2007-2012, la cantidad de 1 billón 20,227 millones de pesos, el promedio de incremento anual de los costos durante este periodo es de 8 por ciento, y estas cifras nos revelan que quizás tenemos un sector financiero muy deficiente y muy derrochador, ya que los gastos de administración y de promoción representan el 43 por ciento de los ingresos por intereses para el mismo periodo y superan en un 38 por ciento a las comisiones y tarifas cobradas.

En resumen, se tienen ingresos muy altos por comisiones y tarifas, los cuales promedian el 27 por ciento de los ingresos que se obtienen por intereses, se tienen nuevos conceptos como las primas que se están grabando más los servicios financieros y tenemos un sistema financiero con costos de administración y operación aparentemente muy altos.

Por ello y para dar cumplimiento al objetivo de que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, al tiempo que reducen el costo de los servicios financieros, debemos realizar ajustes adicionales partiendo de la base de que se deben modificar los objetivos prioritarios del Banco de México, tal y como se propuso el pasado 5 de marzo a esta Soberanía.

Partiendo de esa base, compañeras y compañeros Senadores, se requiere modificar el párrafo segundo del artículo 26 de la Ley del Banco de México, especificando que el Banco de México en su atribución de regular las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes, deberá considerar los principios de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros.

En segundo término, se requiere modificar el párrafo segundo del artículo 48 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que igualmente considere los principios de mayor accesibilidad al crédito y reducción del costo de los servicios financieros.

Y en tercer y último lugar, se requiere modificar, desde nuestro punto de vista, el párrafo primero del artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el mismo fin de incluir al principio de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros.

Por todo lo que he expuesto, señor Presidente, someto a consideración de esta Soberanía reformar el artículo 26 de la Ley del Banco de México, el artículo 48 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito y el párrafo primero del artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Muchísimas gracias por su tolerancia.

Iniciativa



Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lucero Salda Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento del Senado de la República.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 133, 148, 158, 183 Y 184 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Hablar actualmente de ciudadanía, es pensar en mecanismos que abran realmente lo que es la democracia participativa, escuchar a la población puede ser un buen discurso, pero hoy el Senado tiene que buscar la manera de crear estos espacios de diálogo e interacción para acercar ambas perspectivas hacia resultados más sentidos, más eficaces.

Ante esta realidad, es labor del Poder Legislativo aportar marcos jurídicos que respondan, faciliten y formalicen e institucionalicen estos ejercicios para darles orden, certidumbre y legalidad.

A nivel internacional, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen el derecho a la participación ciudadana.

Ya sea con modalidades diversas, y hemos avanzado, el pasado 9 de agosto se estableció el derecho a la iniciativa ciudadana y la consulta popular, sentando bases para estos espacios de participación y muchas veces se dan en el terreno electoral como una sola visión de lo político.

Pero a la ciudadanía le interesan diversos temas, y desde el Senado no tenemos en el Reglamento una figura que unifique criterios para que todas las comisiones, una vez recibidas las iniciativas, puedan tener procesos de consulta.

La presente iniciativa reforma nuestro Reglamento para que no sólo haya iniciativas ciudadanas, sino que la ciudadanía pueda ser consultada en cualquier iniciativa que tengan las comisiones y de esta manera el mecanismo de participación ciudadana esté en nuestro proceso legislativo.

Estos ejercicios que hoy tenemos, según el Reglamento, no son formales, los criterios son diversos y el objetivo primordial de la iniciativa es formalizar el mecanismo de consulta ciudadana en el proceso legislativo.

Es replantear la relación sociedad civil con el Poder Legislativo, particularmente desde el Senado, y tengamos congruencia y concordancia con las demandas de la sociedad y las respuestas que demos; dar legitimidad a las decisiones enriquece también este proceso, nuestro trabajo y nos puede dar mayores elementos para tomar decisiones en el momento de dictaminar.

Escuchar la opinión ciudadana en el proceso de toma de decisiones político – parlamentario es sumar desde el Legislativo uno de los objetivos del Pacto por México hacia la consolidación de una democracia política y socialmente eficaz.

¿De qué se trata? De que la Junta Directiva de cada comisión ponga a consideración de los integrantes el realizar un proyecto de consulta para enriquecer su análisis y dictamen. En caso de aprobar el proyecto de consulta, la Junta Directiva de cada comisión deberá presentar ante los integrantes un documento, el cual estipulará objetivos, tiempos y método, y los métodos pueden ser diversos como desde consultas presenciales, audiencias, foros, hasta la utilización de sistemas electrónicos de consulta en el portal web del Senado.

A partir de ello, la comisión deberá implementar acciones contenidas en dicho proyecto y presentar un informe a los integrantes de cada comisión, con el objeto de enriquecer y aportar mayores elementos de análisis, es esta propuesta.

Tenemos que empezar por casa, tenemos que ser congruentes desde el Senado, para que la democracia participativa no sea solamente en consulta, en procesos electorales, sino que consultar sea gobernar y consultar sea legislar.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Sonido en el escaño de la Senadora Calderón Hinojosa.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Preguntarle a la Senadora Lucero Saldaña, si me permite sumarme a su iniciativa.

- El C. Presidente Burgos García: También se adhieren a la iniciativa los Senadores Hermosillo y Celada, Orihuela Bárcenas y Pozos Lanz. Tomamos nota de las adhesiones. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La trasgresión a la ley se ha convertido en una amenaza para la convivencia social y, como resultado de ello, los ciudadanos nos hemos visto en la necesidad de buscar los medios que nos permitan evitar que esta situación nos atemorice y altere nuestra vida social y económica.

En una sociedad eminentemente económica, una de las funciones del Estado consiste en crear y aplicar leyes que permitan la existencia de mercados estables y competitivos, además de proteger, mediante las instituciones públicas, que cada uno de los derechos humanos que tenemos las personas se puedan garantizar y hoy que hemos avanzado en reformas tan importantes como la reforma al artículo 1o. de nuestra Constitución, donde pasamos del sistema de garantías individuales a un sistema mucho más amplio, al sistema de la protección de los derechos humanos.

Creo que uno de los derechos más importantes, el derecho fundamental que tenemos los seres humanos, es el de nuestra libertad y esa libertad empieza por garantizar la seguridad tanto personal como la seguridad patrimonial de las personas de las familias.

Por ello, la seguridad pública es uno de los servicios básicos más demandantes e importantes que un gobierno debe de proveer a la sociedad para potenciar así la asignación eficiente de los recursos, el desarrollo económico y el bienestar social.

En México, este mandato está consagrado en el artículo 21 de nuestra Constitución; el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho en su más amplia acepción y diría que son tres los temas fundamentales en los que el Estado tiene que abocarse y garantizar este sistema de seguridad.

Primero, la seguridad jurídica, con esto la prevención de delitos con normas jurídicas y protección policial a través de instituciones especializadas eficientes y capaces.

Segundo, la administración de justicia, con autoridades apropiadas que realicen la persecución de los delincuentes y la investigación de los delitos.

Tercero, la impartición de la justicia, en la que un juez determina y/o dirime las controversias además de decidir si existe base suficiente para tomar acciones legales procediendo, en consecuencia, aplicando la ley al caso concreto para dirimir una controversia.

Estas son las responsabilidades que tiene el Estado mexicano en materia de seguridad pública, pero una de las cuestiones que hoy en día nos preocupan es que la parte más importante de la seguridad está en la prevención, si hay prevención, no hay necesidad de persecución de delitos y, por ende, no hay la necesidad de ese castigo.

Pero para ello tenemos que fortalecer a las instituciones y el Estado mexicano tiene muy bien definidas cuáles son las funciones que tiene cada orden de gobierno.

Los gobiernos municipales son la parte más débil de esta estructura gubernamental, al municipio le exigimos que nos dé seguridad, que garantice el libre tránsito de las personas tanto en la seguridad personal como la seguridad patrimonial.

Pero lamentablemente no le damos al municipio los recursos necesarios para poder atender esta situación.

Por eso es que la propuesta que vengo hoy a plantear, es que reformemos la Ley de Coordinación Fiscal para que a los municipios se les pueda asignar, se les pueda dar la garantía de que de los recursos que reciben en el fondo de aportaciones para la seguridad pública y del Distrito Federal, un porcentaje mínimo vaya a los municipios y que no como hoy en día, que de manera discrecional los gobiernos estatales distribuyen ese recurso entre los municipios de sus entidades y no le da la seguridad, la garantía a los municipios de recibir cuando menos una cantidad que le garantice el poder atender las funciones, las responsabilidades que tiene en la parte de la prevención la seguridad.

Por ello, recordamos todos que los municipios además de lo que reciben del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, donde no va contemplado, reitero, con una garantía de qué porcentaje deben de tener los municipios, además de ese recurso, qué otra participación tienen en materia de seguridad los municipios.

El SUBSEMUN, que es el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, que fue creado en el año 2008 y que surgió con el apoyo a 150 municipios; hoy en día son 251 municipios de los 2 mil 456 municipios que existen en el país, los que están recibiendo el apoyo del SUBSEMUN, se da bajo un criterio en el que es en función del número de habitantes y en función de los índices delictivos.

Pero no hay la claridad, la transparencia y, sobre todo, la garantía de que todos los municipios, todos, requerirían este tipo de apoyo, lamentablemente sólo es una parte muy pequeña, podemos decir que sólo el 10 por ciento de los municipios de este país tienen ese apoyo, ese subsidio, además de lo que cada entidad federativa le pueda dar de acuerdo a un criterio de cada uno de los ejecutivos estatales.

Por eso la propuesta que estoy haciendo es que en la Ley de Coordinación Fiscal, garanticemos que del Fondo que reciben las entidades federativas, cuando menos el 20 por ciento se asigne a los municipios para que lo utilicen en cuestiones de seguridad y habrá que seguir manejando para que el programa de Subsidio para la Seguridad Municipal no sólo se dé a 251 municipios, que el resto de los municipios también tenga la posibilidad de participar de ello, si no fortalecemos al municipio no vamos a lograr que realmente resolvamos los problemas que hoy en día se tienen, empezando por el de la seguridad.

Necesitamos fortalecer la autonomía municipal, y si bien es cierto hemos avanzado en la libertad o en la autonomía política, porque el municipio tiene la libertad para poder escoger, elegir a sus autoridades, y si bien es cierto que también hemos avanzado en la autonomía administrativa que le permite al municipio organizarse para prestar los servicios que le corresponden, falta una de las cuestiones que son básicas para garantizar esa autonomía, que es la autonomía financiera, si el municipio no tiene ese respaldo, esto hace nugatorias las otras libertades y por tanto no podemos hablar de una verdadera autonomía o libertad municipal.

Empecemos por darle al municipio los recursos que le permitan realmente tener policías mejor pagados, mejor capacitados, con mejor equipamiento para que realmente podamos contribuir a resolver ese flagelo que tanto está lastimando a la sociedad, empecemos por el espacio de gobierno más cercano a los ciudadanos. No es posible que empecemos sólo de arriba para abajo, porque ese tema, si no se resuelve en el lugar donde habitan las personas, que es en el municipio, difícilmente lo vamos a resolver queriendo hacerlo de arriba para abajo. Empecemos de dónde empezó el problema, de donde vive la gente que es en el municipio.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El Suscrito, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, Senador de la República, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; y, 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente: Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal,bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente, la inseguridad es uno de los problemas más agudos que aquejan a la sociedad mexicana, a tal grado que se ha convertido en el tema que más preocupa a las instituciones y órganos de gobierno. Como se observa a diario, cada vez son más frecuentes las demandas de los particulares y empresas respecto de este rubro, solicitando que el Estado, a través de las autoridades que competa, realice una serie de acciones más eficientes y rápidas para erradicar los actos fuera de la ley que generan temor, incertidumbre y disgusto entre la población, así como cuantiosas pérdidas económicas que se reflejan en disminución de recursos materiales, de capital humano para el país y mermando paulatinamente el desarrollo económico y productivo del país.

La inseguridad ha cambiado la configuración de las zonas urbanas, deteriorando la calidad de vida de la población mexicana y creando una psicosis general. Ello tiene consecuencias como la elevación de los costos de operación y mantenimiento de las empresas ya sean grandes o pequeñas, de capital nacional o extranjero, porque se ven en la necesidad de dedicar cuantiosos recursos a la contratación de servicios privados de seguridad y vigilancia, capital que al ser desviado a ese ámbito deja de ser un capital que arroje productividad.

La delincuencia ha afectado las actividades comerciales directas; los ciudadanos temen verse como grandes consumidores ya que esto los haría aparecer con un nivel adquisitivo que pondría en riesgo su seguridad personal y hasta familiar; además, la inseguridad en la que estamos inmersos como sociedad, se ha convertido en un factor que desalienta la inversión, nacional y extranjera, y las posibilidades de crecimiento del país se ve en un detrimento grave. Además, es una situación que ha alterado a corto plazo la asignación de los recursos públicos, que de otra forma podrían destinarse, por ejemplo, a educación, vivienda y a los programas de combate de la pobreza.

La trasgresión de la Ley se ha convertido en una amenaza para la convivencia social y, como resultado de ello, los ciudadanos nos hemos visto en la necesidad de buscar los medios que nos permitan evitar que esta situación nos atemorice y altere nuestra vida, no sólo en el ámbito social sino económico.

En una sociedad eminentemente económica, una de las funciones del Estado consiste en crear y aplicar leyes que permitan la existencia de mercados estables y competitivos, además de proteger, mediante instituciones públicas eficientes, independientes e imparciales, las garantías individuales, la propiedad privada y los ingresos derivados de las actividades económicas realizados bajo el marco legal.

En la medida que el Estado da muestras de incapacidad para garantizarle a sus gobernados su seguridad jurídica, el respeto a su integridad y a sus bienes, los ciudadanos se enfrentan solos a una condición de vulnerabilidad que causa detrimento en la atención de sus actividades productivas; este estado vulnerable obliga a los ciudadanos a invertir las ganancia de sus actividades en resguardar sus integridad personal y la de su familia; ello, en detrimento del crecimiento de las actividades productivas y, como consecuencia, en el desarrollo del país.

La seguridad pública, es uno de los servicios básicos más demandantes e importantes que un gobierno debe proveer a la sociedad para potenciar así la asignación eficiente de los recursos, el desarrollo económico y el bienestar social.

En México, este mandato está consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho en su más amplia acepción y en tres temas fundamentales:

I. La seguridad jurídica, esto, con la prevención de delitos con normas jurídicas y protección policial a través de instituciones especializadas, eficientes y capaces;

II. La administración de justicia, con autoridades apropiadas que realicen la persecución de los delincuentes y la investigación de los delitos; y

III. La impartición de justicia, en la que un juez determina y/o dirime las controversias; además de decidir si existe base suficiente para tomar acciones legales procediendo en consecuencia con lo que la Ley dicte en cada supuesto normativo.

El tema de seguridad pública, actualmente, exige que las decisiones tomadas por el gobierno, en la asignación de recursos, se orienten a fortalecer la seguridad y lograr una mejor y mayor prevención de los delitos, con corporaciones más eficaces. Únicamente con esta convicción, se logrará que el clima de inseguridad vaya en detrimento de otros servicios públicos que el gobierno debe proveer, ya sean de infraestructura o para proporcionar servicios de educación, salud y la creación de instituciones de asistencia social, entre otros.

Es necesario encontrar los mecanismos para que la asignación de recursos al tema de la seguridad pública, no afecte los recursos que se destinan a satisfacer los servicios básicos y de atención a las necesidades sociales.

En México el Poder Judicial impone las penas. En el orden federal, la seguridad pública y la persecución de presuntos delincuentes recae en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Comisión Nacional de Seguridad Pública; en el ámbito local, corresponde a las procuradurías y/o fiscalías y a las policías locales.

Uno de los obstáculos históricos para el combate eficaz a la delincuencia, ha sido la falta de coordinación entre los ordenes federal, estatales y municipales; los delitos del fuero común no son perseguidos por una autoridad distinta a la local y de esta forma los delincuentes pueden en muchos casos evadir la acción de la justicia con sólo trasladar sus operaciones a otra plaza. Para respetar las áreas de competencia de las autoridades locales y al mismo tiempo realizar un combate coordinado contra la delincuencia, en 1994 se efectuaron reformas a los artículos 21 y 73 de nuestra Constitución Política, para crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); en diciembre de 1995 fue publicada la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; este sistema, con financiamiento del gobierno federal y de las entidades federativas, provee recursos para el equipamiento de las corporaciones policiales, la construcción y la modificación del sistema penitenciario, el establecimiento de la red informática de seguridad pública, la capacitación y la profesionalización policíaca, así como para la manutención de los reos.

En términos presupuestarios, de los fondos que integran el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) sigue siendo uno de los más pequeños y está destinado a complementar las dotaciones de: agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública, y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

Otro de los aspectos preocupantes y que requiere más recursos extraordinarios es, sin duda, el incremento en la población de internos en los centros de reclusión de nuestro sistema penitenciario; este fenómeno tuvo un despunte exponencial a partir de la estrategia de combate al crimen organizado; por mencionar algunos datos, para el año 2010 la población de internos había crecido 241%; actualmente las estimaciones más optimistas consignan que nuestras cárceles están sobre pobladas hasta en una tercera parte de su capacidad de internamiento. México cuenta, además de los penales federales, con 333 prisiones estatales y 92 municipales; los cuales, requieren recursos para su funcionamiento.

Por todo lo anterior, resulta necesario reformar los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de asignar a los municipios el 20 por ciento de los recursos que la federación distribuye a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal; este porcentaje resulta válido considerando que mientras para los estados el 1 por ciento de su gasto se destinó a la seguridad pública, para los municipios esta cifra fue de sólo 0.4 por ciento.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTICULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

Artículo Unico. Se reforman el párrafo tercero del artículo 44 y el párrafo primero del artículo 45; y se adiciona el párrafo segundo al artículo 45, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la Ley de Coordinación Fiscal; para quedar como sigue:

Artículo 44….

....

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Gobernación, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria y la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados; la implementación de programas de prevención del delito y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. A su vez, las entidades federativas destinarán a los municipios, del presupuesto que la federación les asigna a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, los recursos necesarios para la ejecución de sus programas y políticas de Seguridad Pública. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación antes mencionada.

….

Artículo 45.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, selección, formación, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones de: agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los Ministerios Públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

El 20 por ciento de las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, reciban las entidades federativas se destinarán exclusivamente a los municipios.

….

….

….

….

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en el salón de Plenos del Senado de la República, a 7 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. José Rosas Aispuro Torres”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Rosas Aispuro. Se adhieren a su iniciativa los Senadores López Brito, Domínguez Servién, Mendoza Davis, Ortiz Domínguez, Calderón Hinojosa y Díaz Lizama. Solicito a la Secretaría tome nota de todas las adhesiones. Se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Yunes Zorrilla.

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, señor Presidente.

Para solicitar se pueda considerar también turno a la Comisión de Seguridad Pública.

- El C. Presidente Burgos García: Se turna también, adicionalmente, a la Comisión de Seguridad Pública.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño)Señor Presidente, pido la palabra.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Blásquez Salinas, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Es que no percibió usted que me estoy también adhiriendo a la iniciativa del compañero.

- El C. Presidente Burgos García: Tomo nota de su adhesión.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 Y 85 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Senadoras y Senadores.

Presento a ustedes las propuestas de modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En el mundo, las democracias consolidadas han logrado desarrollar sus órganos de fiscalización superior como instrumentos eficaces para alcanzar un control efectivo del gasto público y en general de su hacienda pública.

Uno de los beneficios principales de una fiscalización superior sólida, es que la población se beneficia de la transparencia y la rendición de cuentas.

Es ella, la población, la destinataria del presupuesto público sin desviaciones, sin dilaciones, sin opacidad, porque su órgano de fiscalización cuenta con las facultades y las herramientas suficientes, y son instituciones fuertes y sólidas. Así queremos ver las instituciones de México.

En México se hace indispensable fortalecer la Auditoría Superior de la Federación para que funcione como un órgano garante de la correcta aplicación del gasto público y evite la corrupción; más aún, que cuente con más facultades para que si alguien incurre en corrupción pueda obligar al resarcimiento del daño y pueda recuperar los recursos mal utilizados, y puedan también ser reinvertidos en acciones públicas que impulsen el bienestar de la población.

Desafortunadamente en nuestro país, la fiscalización, además de realizase con retraso en el tiempo, tiene un impacto relativamente bajo en la recuperación de posibles daños patrimoniales. Los datos más recientes entregados por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2011 así lo confirman.

El pasado 20 de febrero, se entregó el informe de resultados de la Cuenta Pública 2011, se hicieron 1, 103 auditorías; arrojaron 13, 413 observaciones, que dieron origen a 9, 865 acciones y recomendaciones, a 134 denuncias ante el ministerio público y una denuncia ante COFECO.

En el mismo informe se reporta que se determinaron posibles daños patrimoniales entre 2001 y 2010, de 325, 945 millones de pesos, de los cuales sólo se han recuperado 59, 689 millones de pesos, es decir, el 18.3 por ciento, y falta de recuperar 31, 951 millones de pesos, es decir, el 9.8 por ciento. En promedio sólo se recuperan 6 mil millones de pesos por año, es decir, existe una escasa capacidad de recuperación de recursos públicos desviados o mal utilizados.

Esta pérdida millonaria representa un desperdicio de recursos que bien podría servir para mejorar la calidad de vida del pueblo de México.

La corrupción es un serio problema nacional. Por ello, presentamos esta iniciativa que fortalece los mecanismos de control, los mecanismos de fiscalización, aborda desde un enfoque integral la fiscalización, incluye el control preventivo, el control correctivo a cargo del propio Poder Ejecutivo y también fortalece las tareas de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

No incluye algo más importante, como sería que la Auditoría Superior de la Federación pudiera auditar en tiempo real porque ello requiere reforma constitucional.

Esta vez estamos proponiendo adiciones y modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Hacienda Pública Federal.

Entre los principales cambios que proponemos están:

Se modifica el artículo 7 para que la Auditoría Superior de la Federación cuente con la facultad de analizar los informes mensuales y los informes trimestrales enviados por el Ejecutivo Federal al Congreso.

Que se homologuen los contenidos de dichos informes con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Un cambio fundamental que se propone, es agregar a los objetivos de la fiscalización de la Cuenta Pública la revisión de las garantías y avales que otorga el Ejecutivo Federal para la contratación de deuda o para el cumplimiento de las obligaciones, tanto de la Federación como de las entidades y los municipios, ello, en virtud de que el otorgamiento de garantías implica comprometer recursos públicos y debe garantizarse la sostenibilidad de las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno, ello se propone en el artículo 12 de esta ley.

En el artículo 37 se establece que para fortalecer las finanzas, las garantías y los avales, también son sujetos de auditoría y de fiscalización, en tanto son recursos federales administrados por los distintos órdenes de gobierno.

Un cambio muy importante se plantea en el artículo 16, donde proponemos modificar el procedimiento para la presentación de resultados preliminares de la fiscalización a los entes públicos, para que su entrega sea inmediatamente después de concluir la revisión de la Cuenta Pública y no deba esperarse todo un año para entregar los resultados.

Actualmente, por mandato constitucional, la revisión se hace en octubre.

Esta modificación lograría una mayor oportunidad en el proceso de fiscalización.

Dicho de otra manera, en octubre debe de concluir la revisión de la Cuenta Pública y la presentación de resultados debe ocurrir inmediatamente después, con lo que se lograría que la Auditoría Superior de la Federación emitiera el resultado de la fiscalización en forma más oportuna.

Se propone adelantar 3 meses el plazo con el que cuenta la Auditoría Superior para la entrega del informe de resultados, lo entregaría en diciembre y ya no hasta febrero del año siguiente. Esta propuesta es muy importante, ya que la ley establece que sólo hasta que se presente el informe de resultados se puede iniciar la promoción de acciones y recomendaciones a los entes fiscalizados y, en su caso, fincar responsabilidades.

Reducir los plazos, reduce también la posibilidad de prescripción de las acciones legales que correspondan, todo ello se establece en los artículos 28 y 85.

Aunque la Constitución otorga la facultad a la Cámara de Diputados de revisión de la Cuenta Pública, el Senado podría conocer los resultados en materia de ingresos de la cual es corresponsable.

Por ello, se propone agregar en el artículo 34 un tercer párrafo que establezca que el Senado conozca las observaciones y sugerencias de la Auditoría Superior de la Federación para que las conclusiones del informe de resultados las pueda retomar el Senado para su valoración en la Ley de Ingresos.

Debido a un gran número de irregularidades que se presentan menores a 100 salarios mínimos, ya en su conjunto representan un costo muy importante para el erario.

En estos casos se propone eliminar las restricciones para formular pliegos de observaciones en irregularidades menores a 100 salarios mínimos.

Senadoras y Senadores, la reforma que hoy se propone busca contar con un instrumento más eficaz para alcanzar un control efectivo del gasto público.

Nuestra democracia tiene que ir más allá de la mera rendición de cuentas.

Debemos resarcir los daños al erario público, ir erradicando la corrupción y eficientar el gasto público, con ello se lograrán mejores resultados en beneficio de la población. Ello se alcanza fortaleciendo las facultades de la Auditoría Superior de la Federación como elemento central para fiscalizar la administración pública.

Muchas gracias.

Iniciativa

“C. SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La Senadora Dolores Padierna Luna, integrantedel grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164 numeral 1, 169 numerales 1 y 4, 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 y 85 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación entregó el Informe de Resultado de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2011. Los resultados de las 1,103 auditorías practicadas son preocupantes: las 13, 413 observaciones derivadas de las auditorías, dieron origen a 9,865 acciones y recomendaciones, de ellas sólo se derivaron 134 denuncias de hechos que la ASF interpondrá ante el Ministerio Público Federal por la presunta comisión de ilícitos y una ante la Comisión Federal de Competencia por presuntas prácticas desleales de proveedores de bienes y servicios informáticos. Esta cifra supera las 102 presentadas con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 20101.

En el mismo Informe se reporta que como resultado de la fiscalización, entre 2001 y 2010 se determinaron 325,945 millones de pesos de posibles daños patrimoniales, de los cuales se justificó el 71.9%, se han recuperado 59,689 millones de pesos, el 18.3%, faltando por recuperar o justificar 31,951 millones, el 9.8%. Estos datos muestran que la fiscalización tiene un impacto relativamente bajo en cuanto a la recuperación de posibles daños patrimoniales, ya que la mayoría de los determinados en las auditorías, son justificados por las entidades fiscalizadas. En promedio anual, sólo se han recuperado poco menos de 6,000 millones de pesos cada año.

Por otra parte, la baja recuperación podría estar indicando que la corrupción es relativamente baja, lo que no es congruente con la percepción que al respecto se tiene y que se ha documentado en diversos estudios y análisis y que el mismo Gobierno Federal considera un serio problema nacional.

Por lo anterior, se considera importante fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de la administración pública. El fortalecimiento se debe abordar con un enfoque integral, que incluya el control preventivo y correctivo, a cargo del propio Ejecutivo y la fiscalización superior, a cargo de la Cámara de Diputados.

Como parte de dicho fortalecimiento, se proponen adiciones y modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, en tanto se discuten los cambios y adecuaciones al control preventivo y correctivo, regulados por otras leyes.

Las propuestas de reformas y adiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, se fundamentan en lo siguiente:

1. En el Artículo 74 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre otras: “Coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación” y “Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas”.

En este ordenamiento se establece con toda precisión un sistema de fiscalización a cargo de una entidad, que de acuerdo con el Artículo 79 de la propia Constitución “Tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones”. Así mismo atribuye a la Cámara de Diputados la facultad de evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización.

2. En el mismo Artículo 74 se señala que “La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley”.

De acuerdo con este ordenamiento fundamental, se establece con precisión que la revisión de la Cuenta Pública corresponde a la Cámara de Diputados y debe de cubrir todos los aspectos: financieros, operativos y programáticos del quehacer gubernamental. Así mismo es muy contundente en otorgar a dicha Cámara la facultad de determinar responsabilidades en el caso de desviaciones a lo aprobado por el Congreso en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las diversas disposiciones legales en materia de administración de recursos públicos.

3. También el Artículo 74 precisa que “La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente” y que “La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación”.

Al establecer plazos perentorios para la presentación de la Cuenta Pública, a cargo del Ejecutivo y la revisión de la misma, a cargo de la Cámara de Diputados, se elimina la discrecionalidad para la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo y la fiscalización por parte de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública no implica necesariamente la presentación del Informe de Resultados, por lo que, como se verá más adelante, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, se establece como plazo máximo para la presentación del Informe de Resultado en 20 de febrero del siguiente año al que se refiere la Cuenta Pública, cuatro meses después a que concluya el plazo de revisión.

Se propone acortar los plazos para la entrega de resultados a las entidades fiscalizadas y la presentación del Informe de Resultado.

4. Por su parte, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, reglamentaria de los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, señala, en el Artículo 1, que “La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento”. Añade que “La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad”.

En este Artículo se especifica el contenido de la fiscalización, que como puede apreciarse comprende la totalidad de los rubros que se incluyen en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, excluyendo únicamente a las participaciones que entrega la Federación a las entidades federativas y a los municipios, las cuales pueden utilizar en forma discrecional y compete a los órganos estatales correspondientes su fiscalización.

5. En el Artículo 4 se señala que “La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias de control competentes”.

La fiscalización de la Cuenta Pública se circunscribe al último ejercicio fiscal completo por lo que es una revisión ex post, lo que es adecuado en virtud de que toda auditoría se debe hacer sobre hechos consumados y no debe interferir con los procesos operativos y administrativos en curso, lo que corresponde a otros mecanismos de control, que en el caso de la Administración Pública Federal, están a cargo de los órganos de control interno de las entidades y de la Secretaría de la Función Pública, como entidad reguladora de las funciones de control interno del Ejecutivo.

Hay que señalar que está en proceso de análisis y discusión modificaciones al sistema de control interno e incluso se ha planteado la posibilidad de sustituir a la Secretaría de la Función Pública con un organismo autónomo anti corrupción, lo que, si bien pudiera reforzar los mecanismos de control, no interferiría con las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación.

6. Adicionalmente a la revisión de la Cuenta Pública, la Ley permite, según lo establecido en el Título IV, que la Auditoría Superior de la Federación pueda hacer la revisión de situaciones excepcionales, cuando “Se presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío” y “La Auditoría Superior de la Federación podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciados”.

Esta disposición flexibiliza la función fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación para que pueda actuar con mayor oportunidad en el caso de que se detecten posibles actos indebidos.

7. Adicionalmente a la fiscalización de la Cuenta Pública y a la realización de revisiones de situaciones excepcionales, la Ley establece, en el Artículo 7, la obligación para el Ejecutivo de entregar un Informe de Avance de Gestión Financiera con cierre a junio de cada año, mismo que deberá ser analizado en un plazo no mayor de 30 días al de la fecha de su presentación, por la Auditoría Superior de la Federación.

Este Artículo limita a la Auditoría Superior de la Federación a analizar sólo uno de los informes mensuales y trimestrales, que por disposición del Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria está obligado el Ejecutivo a presentar a la Cámara de Diputados. Aunque la responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación se refiere sólo al análisis del Informe, es un elemento útil para el proceso de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública y por lo tanto se considera pertinente modificar el Artículo 7 para incluir el análisis de los informes mensuales y trimestrales, así como homologar el contenido de los mismos con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

8. En el Artículo 12 se establecen los objetivos de la fiscalización de la Cuenta Pública. Se considera que a los señalados se agregue específicamente un inciso en que se incluya la revisión de las garantías y avales que otorga el Ejecutivo Federal a las entidades federativas, municipios y otras entidades públicas y privadas, para la contratación de deuda o para el cumplimiento de otras obligaciones, en virtud de que el otorgamiento de dichas garantías y avales comprometen recursos públicos.

9. En el Artículo 16 se establece el procedimiento para la presentación de los resultados preliminares de la fiscalización a las entidades fiscalizadas y se determina como plazo máximo para ello el mes de enero del año siguiente al que se presentó la cuenta pública. Es decir, la presentación de los resultados preliminares se hace tres meses después del plazo constitucional establecido para la terminación de la revisión de la Cuenta Pública.

Se propone modificar esta disposición para que la entrega de los resultados preliminares se haga inmediatamente después de concluir la revisión de la Cuenta Pública, que por mandato constitucional es en octubre, con lo que se lograría una mayor oportunidad del proceso de fiscalización.

10. En el Artículo 28 se establece que “La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública a la Cámara o, en su caso, a la Comisión Permanente, para rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado correspondiente, mismo que tendrá carácter público.

Es decir, la Auditoría Superior de la Federación cuenta con un mes, posterior a la entrega de los resultados preliminares a las entidades federativas para presentar el Informe de Resultado. Si se adelanta, como se propone, la presentación de resultados preliminares a la fecha en que constitucionalmente se debe concluir la revisión de la Cuenta Pública, se podrá contar con el Informe de Resultado tres meses antes; es decir, en diciembre del año en que se presente la Cuenta Pública.

La disminución de plazos también permitiría a las cámaras de diputados y senadores contar con información más oportuna para el análisis de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

Esta propuesta reviste particular importancia en virtud de que sólo a partir de la presentación del Informe de Resultado, de acuerdo con el Artículo 31, la Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar la promoción de acciones y recomendaciones, ante las entidades fiscalizadas y, en su caso, el fincamiento de responsabilidades ante las autoridades competentes. Con la disminución de plazos se reduce la posibilidad de prescripción de las acciones legales que correspondan.

11. En el segundo párrafo del Artículo 30 se establece que “La Auditoría Superior de la Federación informará a la Cámara, por conducto de la Comisión, del estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas. Para tal efecto, el reporte a que se refiere este párrafo será semestral y deberá ser presentado a más tardar los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año”.

El seguimiento de las observaciones y de las acciones promovidas es fundamental para dar validez a la fiscalización. Para dar congruencia a esta disposición con las atribuciones del Auditor Superior de la Federación, se propone añadir al inciso XV del Artículo 85 la formulación y entrega del informe semestral, señalado en el Artículo 30.

12. Aunque es atribución constitucional de la Cámara de Diputados, la revisión de la Cuenta Pública, es conveniente que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores, conozca y de su opinión sobre los resultados de la auditoría a los rubros de ingresos, en virtud de que es corresponsable de la aprobación de la Ley de Ingresos.

Por ello se propone agregar al Artículo 34 un tercer párrafo en el que se establezca que la Cámara de Diputados remitirá a la de Senadores la parte del Informe de Resultado que corresponda a los ingresos, para que ésta última, a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, emita sus observaciones y sugerencias para ser incorporadas en las conclusiones sobre el Informe de Resultados, que sirven de base para el dictamen de la Cuenta Pública, por el pleno de la Cámara de Diputados y que se deben presentar a éste a más tardar el 30 de septiembre, es decir, un año y nueve meses después del cierre del ejercicio fiscal.

13. Para guardar congruencia con la propuesta de incluir la fiscalización de las garantías y vales que otorgue el Gobierno Federal, se propone incluir en el Artículo 37, en el que se establece el contenido de la fiscalización de los recursos federales administrados o ejercicios por órdenes de gobierno locales y por particulares.

14. En el segundo párrafo del Artículo 55 se establece que “En los casos en que la irregularidad no exceda de cien veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal en la fecha en que se cometa la infracción, no se formulará el pliego de observaciones respectivo, sin perjuicio de las acciones que se promuevan ante las instancias de control competentes para el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias”.

No existe ninguna justificación para que no se formulen pliegos de observaciones en caso de que las irregularidades sean menores a un cierto monto, por lo que se propone eliminar este párrafo.

15. En el Artículo 77 se establecen las atribuciones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En el numeral III se señala “Presentar a la Comisión de Presupuesto el Informe del Resultado, su análisis respectivo y conclusiones tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones ordinarias de la Cámara”.

Se propone agregar las opiniones de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para guardar congruencia con la propuesta descrita en el punto 11.

16. En el Artículo 85 se establecen las atribuciones del Auditor Superior de la Federación. La número XV dice “Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado a más tardar el 20 de febrero del año siguiente de la presentación de la Cuenta Pública Federal”.

Para guardar congruencia con la propuesta descrita en el inciso 10, se propone modificar el plazo para la entrega del Informe de Resultado al 20 de diciembre. Así mismo, para guardar congruencia con lo establecido en el Artículo 30, se propone agregar, dentro de la misma atribución, la de formular y entregar el informe semestral sobre el estado que guarda la solventación de recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas.

Por las razones, consideraciones y elementos de información señalados, se propone a esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 y 85 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION.

ARTICULO UNICO. Se reforman y adicionas los artículos 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que dar como sigue:

Artículo 7.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, entregará al Congresos de la Unión, información mensual y trimestral, sobre el avance de gestión financiera, en los términos establecido en el Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Auditoría Superior de la Federación realizará un análisis de los informes mensuales y trimestrales 30 días posteriores a la fecha de su presentación y lo entregará a la Comisión.

Artículo 12.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:

I. Evaluar los resultados de la gestión financiera:

a. …..

b. …..

c. El otorgamiento de garantías y avales que otorgue el Ejecutivo a las entidades federativas, municipales y otras entidades públicas y privadas para la contratación de deuda o para el cumplimiento de otras obligaciones.

Artículo 16. La Auditoría Superior de la Federación, una vez concluida la revisión de la Cuenta Pública el 31 de octubre, según lo establecido en el Artículo 74 de la Constitución,dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la misma, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.

Artículo 28. La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de diciembre del año de la presentación de la Cuenta Pública a la Cámara o, en su caso, a la Comisión Permanente, para rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado correspondiente, mismo que tendrá carácter público y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y de la información que posea.

Artículo 34. La Comisión realizará un análisis del Informe del Resultado y lo enviará a la Comisión de Presupuesto de la Cámara y a la Cámara de Senadores,la parte del Informe de Resultados que corresponda a la revisión de los ingresos. A este efecto y a juicio de la Comisión, se podrá solicitar a las comisiones ordinarias de la Cámara una opinión sobre aspectos o contenidos específicos del Informe del Resultado.

Artículo 37. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica y las garantías y avales otorgados, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Artículo 55.

Se deroga el segundo párrafo

Artículo 77. Son atribuciones de la Comisión:

I. ……

II. …..

III. Presentar a la Comisión de Presupuesto el Informe del Resultado, su análisis respectivo y conclusiones tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones ordinarias de la Cámara y de la Cámara de Senadores, en lo relativo a los ingresos públicos;

Artículo 85. El Auditor Superior de la Federación tendrá las siguientes atribuciones:

I a XIV ……

XV. Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado a más tardar el 20 de diciembre del año de la presentación de la Cuenta Pública Federal;

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de marzo de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Senadora Dolores Padierna, ¿acepta las adhesiones de los Senadores Mendoza Davis y Yunes?

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Con gusto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: De acuerdo, se toma nota de las adhesiones.

Muchas gracias.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño del Senador Escudero.

Senador Escudero Morales, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Con tres propósitos. El primero, como usted ya lo ha dicho, es adherirme a la iniciativa de la Senadora Dolores Padierna, que me parece muy interesante.

El segundo, es para pedir la ampliación de turno. Fue turnado a las Comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, y evidentemente ahí, pues es competencia de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, que justamente lo que está haciendo, pues es diseñando todo el esquema de fiscalización nacional. Es uno de los principales objetivos, o el único objetivo de esa comisión. Pedirle la ampliación del turno para la comisión.

Y en tercer lugar, aprovecho de una vez, para luego no distraerlo, señor Presidente, veo que está en el Orden del Día una iniciativa de la Senadora Cristina Díaz, justamente del Código Unico de Procedimientos Penales. Lo que le pido en todas las sesiones, es que se homologuen los turnos y que nos de turno también a nosotros.

En la de Justicia; de Estudios Legislativos, Segunda, que preside el Senador Encinas, ya hemos empezado la discusión y los foros ciudadanos todos los miércoles; lo estamos presidiendo el Senador Gil, el Senador Encinas y su servidor.

Entonces, le pediría que esta iniciativa, que no se va a leer, también sea turnada a mi comisión.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Escudero Morales.

Le comento, efectivamente, el homologar el turno a comisiones, justamente se acordó hoy en la mañana en Mesa Directiva, y está atendida la propuesta de usted. Eso ocurrió por la mañana.

Y en cuanto a la ampliación de turno, se considera.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Para adherirme, por favor.

- El C. Presidente Burgos García: Tomamos nota de la adhesión.

Muchas gracias.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal.

1 ASF. Informe de Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXII AL ARTICULO 387 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de las CC. Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente.

Esta iniciativa la suscribimos la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora.

Y tiene la finalidad, como ya lo comentó, señor Presidente, de modificar una fracción del artículo 387 del Código Penal Federal y que tiene que ver con una conducta punitiva.

Todos sabemos que existe en nuestro país una serie de organizaciones que apoyan la asistencia social. Hay asociaciones que atienden a personas con discapacidad, hay organizaciones que atienden a adolescentes con embarazo, hay organizaciones de la sociedad civil que atienden a adultos mayores, comedores públicos y que apoyan en mucho las actividades que el Estado realiza en materia de asistencia social.

Son muchas las organizaciones que reciben recursos privados a través de los esquemas que la propia Secretaría de Hacienda establece como deducibles de impuestos y que se destinan a este tipo de organizaciones.

Pero hay organizaciones que reciben recursos públicos para realizar esas actividades que son loables, que hay que reconocerlas, que hay que apoyarlas; pero también hay que reconocer que, lamentablemente, el destino de estos recursos no siempre cumplen con el objetivo fundamental de atender a personas en situaciones delicadas, en situaciones apremiantes.

La posibilidad existe de que en algunos casos estos recursos se desvíen. En muchas ocasiones, en un mero grado de probabilidad de que los recursos aportados por los particulares, o bien, del Estado, no se empleen para los fines destinados, este es el caso, insisto, de la asistencia social.

Es lastimoso que personas abanderen nobles causas con la verdadera y oculta intención de hacerse de un beneficio o lucro moral y jurídicamente inaceptable, desviando los recursos aportados para una loable causa.

Una conducta así comparte los elementos del delito de fraude, al constituir definitivamente el delito, por estar encaminada la conducta de obtener un lucro indebido basado en el engaño, más grave aún, atentar contra los principios de solidaridad de la asistencia social, con el posible alcance de desalentar la bondad de las personas.

También es de destacar, que como una herramienta jurídica eficaz ante ciertas conductas fraudulentas, se han establecido en el código punitivo un catálogo de tipos de fraudes específicos, partiendo la idea en éstos, que aún cuando una conducta pudiera encuadrar en el fraude genérico, resultaría prácticamente imposible el fincar responsabilidad penal ante ciertas complicaciones probatorias para los casos en concreto, desde la perspectiva de los elementos del tipo en lo general. Particularidades que considero comparte la conducta que en el presente documento nos ocupa, de ahí que la propuesta en concreto sería adicionar un tipo penal específico que abone a inhibir la posibilidad de engaños y lucros bajo la bandera de la solidaridad y la asistencia social y, en su caso, a sancionar a quienes lo realicen.

En concreto, la hipótesis a sancionar, se trata, de hecho, de desviar recursos aportados para fines de asistencia social por los particulares o el Estado, en beneficio ilegítimo propio, incluso, más allá, el de un tercero.

Finalmente, debe decirse que el derecho comparado nacional e internacional, han tenido una clara tendencia de legislar fórmulas típicas como el aquí se sugiere, bajo el irrefutable argumento que el Estado, a través del derecho penal, debe proteger a la sociedad de conductas que son altamente lesivas, como lo son, sin lugar a dudas, las prácticas engañosas en perjuicio de la buena voluntad de las personas caritativas.

Por lo que respecta a los recursos otorgados por el Estado, su acepción de dinero público amerita también una protección y acción punitiva, dado que bajo el mismo tenor, el engaño efectuado debido al objeto para el cual se recibe y al que en realidad se destina, recae sobre el peculio público, es decir, el de la sociedad en general.

No existe un registro que nos muestre los alcances torales en pesos y centavos que puedan lograr la aportaciones a la asistencia social, puesto que para ella se contribuyen en los tres órdenes de gobierno en toda la República, así como en la sociedad civil. Incluso, como es sabido, existen instituciones específicamente dedicadas a generar recursos para hacer aportados para la asistencia social, como por ejemplo, la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública. Tan solo ésta última, para el presente ejercicio fiscal, en la Ley de Ingresos de la Federación, estima sus utilidades por encima de los 480 millones de pesos.

Por lo anterior, la propuesta que tenemos a bien someter a la consideración de esta Soberanía, es la contenida en el siguiente proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal.

Artículo Unico.- Se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

XXII. Al que obtenga dinero, valores o cualquier otro beneficio, ofreciendo destinarlos a la asistencia social privada y los destine a un fin diverso en beneficio propio o de un tercero.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito, señor Presidente, se incorpore al Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa, que los Senadores en comento estamos presentando.

Muchas gracias.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Senadores JESUS CASILLAS ROMERO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO e ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La importancia de la Asistencia Social, se puede concebir en una manera sencilla si se contempla desde la perspectiva de la simple forma de dar o ayudar, actuar de modo dirigido a propiciar el apoyo, la integración social y el sano desarrollo de los individuos o grupos vulnerables.

En este contexto, la Ley de Asistencia Social, la define como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. (Artículo 3)

Representa encauzar las inquietudes, acciones y esfuerzo de la sociedad para atender necesidades, superar el bienestar de los individuos y grupos. En este sentido, la asistencia social constituye una alta y valiosa expresión de solidaridad.

En esa finalidad solidaria, debe destacarse que la prestación de servicios asistenciales no es privativa del Estado. La asistencia social incumbe, en principio, al Estado, pero no le es exclusiva, ni como función ni como obligación, sobre todo cuando se acentúan problemas económicos derivados del desajuste de oportunidades personales. De este modo, podemos hablar de Asistencia Social Pública y Privada.

La Asistencia Social Pública, como son los servicios que promueven y prestan las dependencias e instituciones públicas dedicadas a ello, mientras la Asistencia Social Privada, corresponde a los servicios que prestan las personas físicas y jurídicas privadas en los términos de la propia Ley de Asistencia Social y las demás normas en la materia.

Por lo que respecta a las personas jurídicas, las instituciones de asistencia social privada, son las constituidas por voluntad de los particulares, de conformidad con las leyes vigentes, que lleven a cabo acciones de promoción, investigación, previsión, prevención, protección, incluso de financiamiento para actos de asistencia social o que presten servicios asistenciales sin fines de lucro.

En la acepción de la prestación de servicios de asistencia social privada, es relevante el animus donandi del prestador y del aportador particular y el estado verídico de necesidad del beneficiario o receptor para reconocer y garantizar sus derechos. Los primeros deben contar con la certeza del destino de su patrimonio, canalizado a las obras por ellos dispuestas, aun post-mortem, y recibir el apoyo y reconocimiento de las autoridades por sus servicios.

Así, respecto de la asistencia social, existen personas físicas que por sí o a través de la conformación de personas morales, o prestan servicios de asistencia social, o bien aportan recursos para dichos fines.

También es dable decir, que no solo es necesario dar reconocimiento a las instituciones privadas, sino que, como la Ley de Asistencia Social refiere, como prerrogativa, se amerita el otorgamiento de estímulos para fomentar el desarrollo de servicios asistenciales. Esto es, apoyos o aportaciones en especie o en numerario para ser destinados a los fines de la asistencia social, de conformidad a la fracción V del artículo 14 de la Ley de Asistencia Social.

Retomando la parte del aportador para fines de asistencia social, también en esta acepción existen personas físicas y jurídicas PRIVADAS que sin prestar directamente el servicio de asistencia social, sí realizan donaciones en especie o en dinero para ser destinadas a dichos fines sociales.

Tratándose de las personas jurídicas, a efecto de dar cauce legal al financiamiento altruista de personas que de manera bondadosa realizan aportaciones, la legislación en la materia contempla su capacidad legal para adquirir y aceptar donaciones, herencias y legados, de conformidad al artículo 48 de la legislación ya invocada. Aportaciones que, evidentemente, requieren de certeza a los donadores que de buena fe pretenden contribuir a la asistencia social.

De manera tal, que para la consecución de los fines de la asistencia social, en la acepción privada, existen personas loables que prestan tales servicio de manera altruista, también quienes aportan recursos para ello, y luego, que el Estado proporciona recursos y estímulos encaminados a tales fines.

Lamentablemente, el destino no siempre es así, la posibilidad existe, en muchas ocasiones más que en un mero grado de probabilidad, de que los recursos aportados por los particulares, o bien, del Estado, no se empleen para los fines destinados, en este caso, la Asistencia Social.

Lastimoso es, que personas abanderen nobles causas con la verdadera y oculta intención de hacerse de un beneficio o lucro moral y jurídicamente inaceptable, desviando los recursos aportados para una loable causa.

Una conducta así, comparte de los elementos del delito de fraude, al constituir definitivamente tal delito, por estar encaminada la conducta a obtener un lucro indebido basado en el engaño, más grave aún, al atentar contra los principios de solidaridad de la asistencia social, con el posible alcance de desalentar la bondad de las personas.

También es de destacar, que como una herramienta jurídica eficaz ante ciertas conductas fraudulentas, se han establecido en el Código Punitivo, un catálogo de tipos de fraude específicos, partiendo de la idea en éstos, que aun cuando una conducta pudiera encuadrar en el fraude genérico, resultaría prácticamente imposible el fincar responsabilidad penal, ante ciertas complicaciones probatorias para casos en concreto, desde la perspectiva de los elementos del tipo en lo general. Particularidades que considero comparte la conducta que en el presente documento nos ocupa, de ahí, que la propuesta en concreto sería adicionar en tipo penal específico que abone a inhibir la posibilidad de engaños y lucros bajo la bandera de la solidaridad de la asistencia social y en su caso, a sancionar a quienes lo realicen.

En concreto, la hipótesis a sancionar, se trata del hecho de desviar recursos aportados para fines de asistencia social por particulares o el estado, en beneficio ilegítimo propio, incluso, más allá, el de un tercero.

Analogía e identidad de razón, se comparte con el tipo penal contemplado en la fracción XVIII del artículo 387 del Código Penal Federal, incluso por mayoría de razón, dado que el tipo penal contenido en el dispositivo legal invocado, contempla como delito el recibir mercancías con subsidio o franquicia para darles un destino determinado, y que en su lugar las distrajere de este destino o en cualquier forma desvirtúe los fines perseguidos con el subsidio o la franquicia.

En virtud de que para el caso que nos permitimos traer a la consideración de esta honorable asamblea, a diferencia de dar un fin distinto a mercancía subsidiada, se estaría dando una desviación de los recursos destinados a la asistencia social.

Finalmente, debe decirse que el derecho comparado nacional e internacional, han tenido una clara tendencia de legislar fórmulas típicas como la que aquí se sugiere, bajo el irrefutable argumento que el Estado, a través del Derecho Penal, debe proteger a la sociedad de conductas que son altamente lesivas, como lo son, sin lugar a dudas, las prácticas engañosas en perjuicio de la buena voluntad de las personas caritativas.

Por lo que respecta a los recursos otorgados por el estado, su acepción de dinero público amerita también una protección y acción punitiva, dado que bajo el mismo tenor, el engaño efectuado debido al objetivo para el cual se recibe y al que en realidad se destina, recae sobre el peculio público, es decir, el de la sociedad en general.

No existe un registro que nos muestre los alcances totales en pesos y centavos que pueden lograr las aportaciones a la asistencia social, puesto que para ella se contribuyen en los tres órdenes de gobierno en toda la república; así como por la sociedad civil. Incluso, como es sabido, existen instituciones específicamente dedicadas a generar recursos para ser aportados a la asistencia social, como por ejemplo, la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública. Tan sólo esta última, para el presente ejercicio fiscal, en la Ley de Ingresos de la Federación, estima sus utilidades por encima de los 480 millones de pesos.

Lo cierto es que se trata de miles de millones de pesos, que en todos los casos, sea de origen público o privado, como ya se dijo, se trata de recursos que deben estar salvaguardados de toda posibilidad de desvío.

Por cuanto hace a la conducta descrita, si se trata de servidores públicos, se actualizaría el tipo penal de Peculado, mientras que para los particulares, al no tener la calidad de servidores públicos no les resulta aplicable, máxime que dicho tipo penal se encamina a los recursos públicos; por lo que a fin de salvaguardar el destino de tanto los recursos públicos como los privados para la asistencia social, se propone el tipo penal sugerido en el presente documento, como medida legislativa encaminada a desalentar toda posibilidad de desvío.

Por lo anterior, la propuesta que tenemos a bien someter a la consideración de esta Soberanía, es la contenida en la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCION XXII AL ARTICULO 387 DEL CODIGO PENAL FEDERAL.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

I.- a XXI.- (….)

XXII.- Al que obtenga dinero, valores o cualquier otro beneficio, ofreciendo destinarlos a servicios de asistencia social privada, y los destinare a un fin diverso en beneficio propio o de un tercero.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 21 de marzo de 2013.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Casillas Romero. Efectivamente, como lo solicita, se hace la inserción íntegra de su iniciativa en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para presentar a nombre del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Producción de la Actividad Artesanal; y se reforma la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y PRODUCCION DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL; Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL; DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; Y DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

(Presentada por la C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente. ¡Buenas tardes!

Bueno, estoy aquí para presentar una iniciativa de ley, como ya lo ha mencionado el Presidente, y modificaciones a algunas otras leyes del ámbito federal, porque tienen que ver con las artesanías, y las artesanías las producen más de 8 millones de mexicanos, especialmente mexicanos indígenas en condiciones difíciles de su entorno, de su historia, pero que han sostenido con ello la identidad de nuestra multiculturalidad.

Hace 36 años se creó el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, fideicomiso público del gobierno federal, instancia dedicada exclusivamente a la atención del sector artesanal mexicano, que ha impulsado la iniciativa de crear espacios que permitan el diálogo entre las instancias encargadas de atender al sector artesanal en los estados de la República, invitando a artesanos, organismos no gubernamentales y la organización civil que promueve la artesanía, financia y/o ejecutan proyectos de desarrollo artesanal, así como a especialistas y técnicos, con la finalidad de agregar acuerdos para el desarrollo efectivo de políticas públicas orientadas al sector artesanal.

Se han hechos muchas consultas en la legislatura pasada, y el resultado de esto, trajo un proyecto de “Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal”.

Tomando como base ese trabajo, presento hoy esta iniciativa que busca generar condiciones de desarrollo, bajo el amparo de una nueva visión de políticas públicas al momento de crear nuevos ordenamientos legales y políticas sociales a través de las instancias y actores cuyo intento debe ser, fomentar, incentivar y proteger la actividad artesanal en todas sus expresiones artísticas y culturales; buscando con estas acciones rescatar y consolidar la identidad cultural nacional del sector y su desarrollo.

La iniciativa parte de recordar, que la actividad artesanal ha sido medio de subsistencia principal o complementario de muchos millones de mexicanos en comunidades, locales, regiones, pueblos indígenas y centros urbanos; es importante generadora de divisas, y que sus técnicas y diseños artesanales expresan, en la mayoría de los casos, nuestros orígenes e identidad nacional y son parte de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, y es nuestra obligación protegerlos.

Destacar que el cuerpo normativo que regula esta actividad se encuentra hoy en la Ley Federal para el Fomento de Microindustrias y Actividad Artesanal. Dicha ley regula dos realidades distintas, la de perfilar al sector artesanal y su desarrollo dentro de nuestra economía formal.

La complejidad y problemática por la que atraviesa el sector, frena su desarrollo y no le permite integrarse al desarrollo productivo del país, lo que hace necesario una urgente adecuación jurídica.

En todo el mundo, esta actividad se ha desarrollado en marcos jurídicos específicos, que regulan e impulsan la actualización de todos los aspectos para hacerla competitiva: investigación, promoción, comercialización técnico de diseños y de materiales; promoción y comercialización en mercados internacionales; rescate, conservación y certificación; financiamiento con ciertos sectores sociales y empresariales; mantenimiento de bases de datos de productores y productos; asesoría para la creación de organizaciones de productores y entidades productivas, etc. Entre otros aspectos, permitirles a los artesanos a acceder a mejores formas de organización, producción, consumo y, por ende, mejores condiciones de vida.

Por ello estoy proponiendo integrar armónicamente al orden jurídico vigente la regulación del sector, toda vez que actualmente la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 34, fracción XXII establece que compete a la Secretaría de Economía “Fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares”, ya en su artículo 35, fracción XII, que a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, compete“fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares del sector rural...”

Buscamos armonizar las múltiples competencias, quitar la confusión que existe en el sector y reflejar en una sola instancia competente, que será la responsable de generar las políticas, acciones y programas necesarios para el fomento, desarrollo y promoción de la actividad artesanal.

¿Qué propone la ley?

- Propone otorgar el reconocimiento a la actividad artesanal, de conformidad con el reconocimiento general que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace del artesano en su artículo 123.

- Reconoce la personalidad jurídica de los artesanos, como creadores de sus obras, que presentan identidad cultural de nuestro pueblo como personas físicas; a sus organizaciones de acuerdo a usos, costumbres o como personas morales, asociadas de acuerdo a la legislación vigente y a las artesanías como patrimonio cultural de México y generadoras de riqueza.

- Propone articular a todo sector artesanal estableciendo, que el instituto en colaboración con las dependencias y entidades de Administración Pública Federal, deberán realizar tareas en las políticas y acciones vinculadas con el sector, las cuales, deberán contar con la aprobación del instituto, coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas y municipios y tener interlocución con el sector artesanal y de concentración de los sectores social y privado.

- Crea un capítulo especial para la protección del patrimonio cultural tangible, representado en las artesanías.

- Integra armónicamente a la actividad artesanal dentro del orden jurídico vigente, considerando dicha actividad económica como prioritaria y dejando de lado la percepción asociada a la pobreza y el subdesarrollo.

- Propone crear el Instituto Mexicano de las Artesanías como un organismos público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y fines como órgano rector y normativo en materia de fomento, desarrollo y promoción artesanal y que estará adscrita sectorialmente a la Secretaría de Economía.

- Crea un capítulo de sustentabilidad, a efecto de armonizar obtención de materias primas y cuidado del medio ambiente.

- El Instituto que proponemos apoyará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para generar un régimen fiscal especial, que le otorgue de forma directa y específica beneficios al pertenecer a dicho Régimen.

- Secrea el Consejo Consultivo Nacional para, entre otras cosas, dar voz a los representantes del sector artesanal en los estados y municipios.

- Crear un sistema que, entre otros fines, tendrá que elaborar un Padrón Unico Nacional de Artesanos.

- Crea un capítulo referente a Financiamientos, Apoyos y Estímulos para Actividad Artesanal, cuyo propósito será otorgar dichos beneficios a los artesanos con reconocida trayectoria de 70 años o más.

- Obliga al nuevo Instituto a ser Rector del Comercio Internacional de Artesanía Mexicana.

- Obliga al Instituto a generar un Plan Nacional Artesanal y alinearlo con las políticas de las demás entidades federativas.

Estos son los puntos importantes de la iniciativa federal para el fomento que crea la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Producción de la Actividad Artesanal, y la dejo a su consideración.

Entendemos que muchos pueblos tienen una belleza cultural histórica que se manifiesta en sus trabajos hechos con sus manos, que además los organiza como comunidad.

En Michoacán, hay muchos de ellos.

Está a su consideración.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, Senadora de la República a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 fracción II, 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Producción de la Actividad Artesanal; se derogan las fracciones II y III del artículo 3; fracción IV del artículo 7; párrafo segundo del artículo 20; párrafo tercero del artículo 22; fracción IX del artículo 37, del mismo modo se reforma el Titulo, y los artículos 1, 4, 8, 9, 10, y 13, todos ellos de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; se derogan la fracción XXII del artículo 34 y fracción XIII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y, se reforma el primer párrafo del artículo 5º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hace 36 años se creó el Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías, Fideicomiso Público del Gobierno Federal, instancia dedicada exclusivamente a la atención del sector artesanal mexicano, ha impulsado la iniciativa de crearespacios que permitan el diálogo entre las instanciasencargadasde atender al sector artesanal en los Estados de la República, invitando a artesanos, organismos no gubernamentales y la organización civil que promueven la artesanía, financio y/o ejecutan proyectos de desarrollo artesanal, así como a especialistas y técnicos, con la finalidad de agregar acuerdos para el desarrollo efectivo de políticas públicas orientadas al sector artesanal.

Durante los foros nacionales artesanales IV, V, VI, celebrados en los Estados de Campeche en el 2008, en Jalisco en 2009 y en Zacatecas en 2010 respectivamente, “El fondo nacional para el fomento de las artesanías, los institutos de las artesanías y las casas de las artesanías de los Estados de la República”, a través de sus representantes, manifestaron contundentemente de manera unánime en solicitar nuevamente al H. Congreso de laUnión la creación e integración de la una Comisión Especial que estudiara e impulsara, una Ley Federal que proteja y reglamente la actividad artesanal nacional y la haga competitiva.

Resultado de estos esfuerzos se creó un proyecto de “Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal”, fue un resultado del trabajo colegiado del fondo nacional para el fomento de las artesanías y los representantes del sector artesanal.

Tomando como base ese trabajo se presenta la presente iniciativa que busca generar condiciones de desarrollo, bajo el amparo de una nueva visión de políticas públicas al momento de crear nuevos ordenamientos legales y políticas sociales a través de las instancias y actores cuyo intento debe ser, fomentar, incentivar y proteger la actividad artesanal en todas sus expresiones artísticas y culturales; buscando con estas acciones, rescatar y consolidar la identidad cultural nacional del sector y su desarrollo.

La iniciativa parte de recordar, que la actividad artesanal es medio de vida principal o complementario de másde 8.5 millones de Mexicanos en comunidades, locales, regiones; pueblos indígenas y centros urbanos; es importante generadora en divisas, y que sus técnicas y diseños artesanales expresan, en muchos casos, nuestros orígenes e identidad nacional y son parte de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible.

Destacar que el cuerpo normativo que regula esta actividad se encuentra la Ley Federal para el Fomentode Microindustrias y la Actividad Artesanal. Dicha Ley, regula dos realidades distintas, lo que perfilar a Sector Artesanal y su desarrollo dentro denuestra economía formal.

La complejidad y problemática por la que atraviesa el Sector, frena su desarrollo y no la permite integrarse al desarrollo productivo del país, lo que hace necesario una urgente adecuación jurídica.

En todo el mundo, esta actividad se ha desarrollado en marcos jurídicos específicos, queregulan e impulsan la actualización de todos los aspectos para hacerla competitiva: Investigación, promoción y comercialización técnico de diseños y de materiales; promoción y comercialización en mercados internacionales; rescate conservación y certificación; financiamiento con ciertos sociales y empresariales; mantenimiento de bases de datos de productores y productos; asesoría para la creación de organizaciones de productores y entidades productivas etc. Entre otros aspectos, permitirles a los artesanos, a acceder a mejores formas de organización, producción, consumo y, por ende, de vida.

Por ello se propone integrar armónicamente al orden Jurídico vigente la regulación del sector, toda vez que actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su Artículo 34 , fracción XXII establece que compete a la Secretaría de Economía “Fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares”, ya en su artículo 35, Fracción XII, que a la Secretaria de Agricultura , Ganadería, Pesca y Alimentación, compete “fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares del Sector Rural…”

Busca armonizar las múltiples competencias la confusión que existe en el sector, en una soloinstancia competente, que será la responsable de generar las políticas, acciones y programas necesarios, para el fomento, desarrollo y promoción de la Actividad Artesanal.

Síntesis de las partes totales de la Ley; entre otros:

• Esta Ley, le otorga el reconocimiento a la actividad artesanal, de conformidad con el reconocimiento que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace al Artesanoen su Artículo123.

• Esta propuesta, reconoce la personalidad jurídica de los artesanos, como creadores de sus obras, que presentan la identidad la cultura de nuestro pueblo como personas físicas; a sus organizaciones de acuerdo a usos costumbres, o como personas morales asociadas de acuerdo a la legislación vigente, y a las artesanías como patrimonio cultural del México y generadoras de riqueza.

• La Propuesta propone, articular a todo Sector Artesanal estableciendo, que el Instituto en colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán realizar tareas en las políticas y acciones vinculadas con el sector, las cuales, deberán contar con la aprobación del Instituto; de coordinación, con los gobiernos de las Entidades Federativas y municipios; de interlocución con el sector artesanal y de concentración con los sectores social y privado.

• Se crea un capítulo especial para la protección del patrimonio cultural tangible, representado en las artesanías.

• Integra armónicamente a la actividad artesanal dentro del orden jurídico vigente, considerando dicha actividad económica, como prioritaria, dejando de lado la percepción asociada a la pobreza el subdesarrollo.

• Propone crear, el Instituto Mexicano de las Artesanías, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones obligaciones, objetivos y fines, como órgano rector y normativo en materia de fomento desarrollo y promoción artesanal y que estará adscrito sectorialmente a Secretaria de Economía.

• Se creara todo un capitulo de sustentabilidad, a efectode armonizar obtención de materias primas y cuidado del medio ambiente.

• El Instituto apoyará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generarán un Régimen Fiscal Especial, que le otorgue de forma directa y específica beneficiarse con ellos de pertenecer a dicho Régimen.

• Se crea al Consejo Consultivo Nacional, para entre otras cosas, dar voz a los representantes del Sector Artesanal en los Estados y municipios.

• Se crea un sistema, que entre otros fines, tendrá que elaborar un Padrón Único Nacional de Artesanos.

• Se crea un capitulo referente a Financiamientos, Apoyos y Estímulos para Actividad Artesanal, cuyo propósito será el de otorgar dichos beneficios a los artesanos con reconocida trayectoria, de setenta años o más.

• Se obliga al nuevo Instituto a serel Rector del Comercio internacional de artesanía mexicana.

• Se obliga al Instituto generar el Plan Nacional Artesanal y alinearlo con las políticas de las demás entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal, para quedar como sigue:

Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Producción de la Actividad Artesanal

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en todoel territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objetivo:

I.- Proteger y Fomentar la Actividad artesanal, con el propósito fundamental de hacerla competitiva; que asegure al artesano sus procesos de producción, distribución y consumo, en virtud de ser actividad generadora de riqueza cultural económica prioritaria, que propicie una mejor calidad de vida para el artesano;

II.-Apoyar a los artesanos para integrarse en organizaciones altamenteproductivas, así como sensibilizar a los grupos de artesanos acerca de las ventajas de trabajar en equipo y como empresas legalmente constituidas, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres;

III.-Propiciar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos privados y sociales afines;

IV.-Salvaguardar y desarrollar el patrimonio cultural tangible e intangible representado por las artesanías que se identifican en las diferentes comunidades, localidades, regiones, pueblos indígenas y centros urbanos de México;

V.- Fomentar la producción artesanal bajo parámetros de sustentabilidad;

VI.-Impulsar la comercialización artesanal considerándolos parámetros que marcan los mercados nacional e internacional; y

VII.-Crear el Instituto Mexicanode las Artesanías, como el organismo de vanguardiaacorde a las necesidades del sector artesanal, para proteger el patrimonio tangible e intangible que poseen las artesanías mexicanas y fomentar, desarrollar y promover la actividad artesanal.

Artículo 2.-EstaLey le otorga el reconocimiento a la actividad artesanal, de conformidad con el reconocimiento que Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace del Artesano en su artículo123.

Artículo 3.-Para los Efectos de esta Ley, se reconoce a los artesanos, como creadores, que preservan la igualdad y la cultura de nuestro pueblo y a las artesanías como patrimonio cultural de México y generadoras de riqueza.

Artículo 4.-Para lo efectos de esta Ley se entenderá por:

I.- Ley: Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal, instrumento jurídico del sector artesanal;

II.-Artesano: persona que realiza su trabajo especializadoen la creación de objetos y ejecución de técnicas de continuidad históricas, es decir, de tradición familiar o regional, con enfoques estéticos de su propia cultura y referentes simbólicos y tecnológicos aunque cambien las formas en el tiempo, mantiene el control e integración del proceso productivos con base en un saber hacer propio, especializado de conocimientos como para trasformar en objetos determinados.

III.-Artesanía: Objeto identidad comunitaria con valores simbólicos e ideológicos de cultura local donde se elabora; producido siempre mediante procesos tradicionales cuya contribución manual directa del artesano sea el componente más importante del producto acabado, auxiliada por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica quealigeran las tareas del artesano. La materia prima base es general obtenida en la región en donde se produce. Puede ser producto duradero efímero y su función original está determinada en los niveles social y cultural de su entorno natural, pero puede variar según los mercados de destino para uso doméstico ceremonial, de ornato, vestuario o como implemento de trabajo.

IV.-Actividad Artesanal: Es la actividad de producción, distribución y consumo de bienesprestación de servicios artesanales;

V.-Producción artesanal: serie de procedimientos consecutivos predominantemente manuales, mediante los cuales se trasforman la materiaprima de origen natural o industrial e insumos en producto artesanal, sin convertirse en producción industrial;

VI.-Empresa o taller artesanal: Unidad económica en donde se desarrolla una actividad artesanal de carácter profesional y permanente;

VII.-Sector Artesanal: Es el que desarrolla la actividad artesanal y se integra por artesanos, asociados de talleres y sociedades de artesanos, que conforman un gremio social específico, por las instituciones de Estado que intervienen en el fomento, producción y organización de las actividad, sea en elorden federal, estatal o municipal, y por el sector privado conformado por personas físicas y morales involucradas en la actividad artesanal, no importando que la actividad artesanal se desarrolle en medio rural o urbano; y,

VIII.- Instituto: El Instituto Mexicano de las Artesanías.

Artículo 5.- Corresponde la aplicación de esta Ley al Instituto Mexicano de las Artesanías, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales cuando no se prevean en esa.

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales y sus disposiciones reglamentarias, se aplicarán el Instituto en lo que no se contraponga con esta Ley, particularmente, en lo que se refiere al fortalecimiento de su autonomía técnica, operativa y administrativa.

Artículo 6.-El Instituto, aplicará y vigilará el cumplimiento de esta Ley con la participación correspondiente de la Administración Pública Federal, los gobiernos de los Estados y municipios.

Capítulo II

Del Instituto Mexicano de las Artesanías

Artículo 7.-Se crea el InstitutoMexicano de las Artesanías, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio y atribuciones propias, autonomía técnica y de gestión para elcumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y fines, como órgano rector y normativo en materia de fomento, desarrollo y promoción artesanal y estará adscrito sectorialmente a la Secretaria de Economía.

Artículo 8.-El Instituto tiene como objetivo, definir las políticas públicas que permitan fomentar, rescatar, promover, proteger, orientar, apoyar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas proyectos estratégicos y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable a nivel federal de la actividad artesanal. Así como establecer las acciones para el fomento, desarrollo y promoción de la actividad artesanal en colaboración con los estados y municipios.

Artículo 9.-Son facultades y atribuciones del Instituto las siguientes:

I.-Fomentar e impulsar a través de programas la actividad artesanal, privilegiado la organización de los artesanos para que logren el desarrollo y obtención de beneficios que otorgue esta Ley y promover su organización bajo las formas de asociación existente y que convenga a sus intereses;

II.- Realiza en colaboracióncon las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tareas, en las políticas y acciones vinculadas con el sector, las cuales, deberán contar con la del Instituto; de coordinación, con los gobiernos de entidades federales y municipios; de interlocución con el sector artesanal y deconcentración con los sectores social y privado;

III.- Desarrollar proyectos de investigación y consulta para formación ejecucióny evaluación de los planes y programas que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal desarrollen en la materia,

IV.- Generar las políticas públicas, ejecutar y evaluar la aplicación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral del sector artesanal y suactividad;

V.- Promover y difundir el carácter multiétnico y pluricultural de la actividad artesanal y posicionarla artesanía comopatrimonio cultural de México;

VI.- Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades da la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que los soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los artesanos y su actividad.

VII.- Participar y formar parte de organismos, foros e instrumentos nacionales e internacionales relacionados con el objeto del Instituto;

VIII.- Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta del sector artesanal, que permita la más amplia participación de las comunidades, localidades, regiones, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales;

IX.- Establecer acuerdoyconvenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los artesanos y sus actividad;

X.- Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el fin de Formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo del sector artesanal a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con la dispuestoen el artículo 2o. de la constitución Federal;

XI.- Impulsar la investigación y desarrollo de tecnología y conocimientos especializados aplicables al sector artesanal para contribuir a su desarrollo;

XII.- Impulsar planes de estudio en materia artesanalen todos los niveles educativos, en colaboración con instituciones académicas nacionales y estatales,para fortalecer la información de nuevos cuadros;

XIII.- Brindar asesoría a los artesanos en las áreas: técnicas, administrativas de comercialización y gestoría a efecto de coadyuvar y en su caso, asistir a los artesanos que lo soliciten en asuntos propios del sector, ante autoridades y sectores social y privado;

XIV.- Elaborar el Plan Nacional Artesanal y participar en la Conformidad del Plan Nacional de Desarrollo;

XV.- Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones;

XVI.- Comercializar de manera directa e indirecta productos artesanales;

XVII.- En general, estudiar y analizar necesidades y la problemática que enfrente el sector artesanal, así como proponer alternativas que aliente su crecimiento y consoliden sus niveles de responsabilidad a favor de desarrollo del artesano del País y la permanecía de sus valores tradicionales; y,

XVIII.- Las demás que se determinen en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 10.- El patrimonio del Instituto de integra con:

I.- Los bienes muebles e inmuebles permanecientes al Instituto;

II.- Las aportaciones que en su favor hagan los Gobiernos federales, estatales y municipales;

III.- Los recursos presupuestales que anualmente le asigne el Gobierno Federal;

IV.- Las aportaciones, donaciones en dinero o en especie y sucesiones que reciba de personas físicas y morales por cualquier concepto;

V.- Las utilidades que obtenga en la realización de sus actividades y prestación de servicio públicos a su cargo, mismas que serán destinada al incremento de sus actividades y subsidiariamente a la ejecución de acciones de fortalecimiento y desarrollo del sector artesanal; y,

VI.- En general losfrutos o productos de cualquier clase que obtenga de sus bienes y servicios, así como los subsidios, aportaciones o donativos que por cualquier titulo legal reciba.

Artículo 11.- El Instituto se integra por los siguientes órganos:

I.- Junta de Gobierno;

II.- Director General;

II.- Consejo Consultivo Nacional; y,

IV.-Las estructuras administrativas que se establezcan en su Estatuto Orgánico.

Artículo 12.- La Junta de Gobierno es el órgano máximo de gobierno y se integra por los siguientes miembros:

I. El Presidente, que será el C. Presidente de la República;

II. El titular de la Secretaría de Economía;

III. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social;

IV.-El titular de la Secretaría de Educación Pública;

V.-El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VI.-El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

VII.- El titular de la Secretaría de Salud;

VIII.- El titular de la Secretaría de Turismo;

IX.- El titular de la Secretaría del Medio Ambientey Recursos Naturales;

X.- El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XII.- Siete artesanos quienes serán propuestos por las organizaciones de artesanos, cuyo nombramiento será ratificado por el C. Presidente de la República;

XIII.- Un miembro distinguido de la comunidad artística en México; y,

XIV.- Un miembro distinguido de la comunidad académica en México.

Los presentes mencionados en las Facciones XIII y XIV serán nombrados por el C. Presidente de la República, a propuesta del Director General del Instituto.

Por cada miembro propietario deberá nombrarse un suplente que participará en las sesiones en su ausencia.

La junta de Gobierno contara con un Secretario Técnico que será el Director General del Instituto.

Artículo 13.- Son facultades y atribuciones indelegables de la Junta de Gobierno, las siguientes:

I.- Establecer las políticas generales y prioridades a las que deberá sugerirse el Instituto;

II.- Autorizar los programas y presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones,

III.-Aprobar los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y el director de los auditores externos;

IV.- Aprobar las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios y acuerdos que deba celebrar el Instituto;

V.- Establecer las normas para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Institutorequiera;

VI.- Constituir comités de apoyo y determinar sus bases de funcionamiento;

VII.- Aprobar el Plan Nacional Artesanal;

VIII.- Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto y el Proyecto de Estructura Orgánica Previa opinión y de las dependencias competentes;

IX.- Aprobar el Manual de Organización General y de Procedimientos y servicios al Público del Instituto;

X.- Analizar y en su caso, aprobar el informe anual que rinda el Director General;

XI.-Celebrar sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año y las extraordinarias que convoque su Presidente;

XII.- Aprobar el Reglamento de la Ley; y,

XIII.- Las demandas que son el carácter de indelegable, se le atribuyan en los términos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otrasdisposiciones legales aplicables.

Artículo 14.- El Director General del Instituto será nombradoy removido por elTitular del Ejecutivo Federal.

Para el Director General del Instituto se requiere cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, además de tener conocimientos y experiencia mínima de cinco años en materia artesanal y administrativa.

Sus facultades y obligaciones serán las que se establecen en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, además de:

I.-Formular y proponer el EstatutoOrgánico del Instituto y su Reglamento Interno a la Junta de Gobierno;

II.-Designar a los Directores y Subdirectores de Área, con la aprobación de la Junta de Gobierno;

III.- Proponer a la Junta de Gobierno el proyecto del Plan Nacional artesanal;

VI:-Elaborar el presupuesto anual de ingresos y egresos de instituto; y

VII.-Con las demás disposiciones legales, que en materia administrativa dispongan las Leyes.

Artículo 15.- El Consejo Consultivo Nacional será un órgano auxiliar de consulta con funciones deliberativas y propositivas, que orienta y propone, respeto a las actividades propias del Instituto y en general del sector artesanal; integrado o los sectores público, privado y social.

Artículo 16.- El Consejo Consultivo Nacional estará integrado por:

I.- El titular de la Secretaría de Economía, en calidad de Presidente;

II.- Los titulares de las Casas e Institutos de las Artesanías de los Estados y a falta de estos, las instituciones encargadas deatención al sector artesanal en los estados que corresponda;

III.-El Director de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;

IV.- El Titular de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes;

V.- El Titular del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes;

VI.- El Titular de PROMEXICO;

VII.- El Titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

VIII.-El Titular del Instituto Nacional de la Economía Social;

IX.- El Titular del Instituto Nacional del Derecho de Autor;

X.- Tres vocales del sector privado, que serán miembros distinguidos, designados por la Confederación Nacional de la República Mexicana, la Asociación Nacional de Bancos y Cámara Nacional de Comercio respectivamente a convocatoria del Consejo; y,

XI.- Tres vocales del sector social, que serán miembros distinguidos designados por la Comunidad Académica, Organizaciones Culturales y Organizaciones de la Sociedad Civil respectivamente a convocatoria del Consejo.

Por cada representante propietario deberá nombrarse un suplente que participará en las sesiones en su ausencia, de dichos representantes contaran con voz y voto.

El cargo de miembros del Consejo será honorífico y no remunerado.

El consejo Consultivo contará con un Secretario Técnico que será el Director General del Instituto.

Artículo 17.- Corresponderá al Consejo Consultivo:

I.- Analizar y emitir opinión por ante las autoridades competentes, sobre los comentarios, estudios, propuestas ydemandas que en materia artesanal le presente cualquier persona o grupo del país;

II.-Promover y apoyar la investigación académica que pueda dar soluciones a los problemas nacionales, estatales, regionales, y municipales en materia artesanal;

III.- Proponer la creación, modificación o supresión de las categorías en que se divide el censo artesanal;

IV.- Proponer Criterios de Coordinación ente las federación, estados y municipios para entender el sector artesanal;

V.- Solicitar la información que requiera para el adeudo ejercido de sus funciones,

VI.- Proponer al Instituto los planes, proyectos y acciones que estime pertinente para alcanzar sus objetivos comunes; y,

VII.-Formular su reglamento.

Artículo 18.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez al año y extraordinarias cuando sea convocado para ello, el Secretario Técnico convocará a las sesiones dando a conocer el orden del día. En el caso de la sesión ordinaria la convocatoria se realizará por lo menos con treinta días de anticipación. De igual forma será obligación del Secretario Técnico llevar el registro de las actas y acuerdos.

Artículo 19.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Capítulo III

De la Vinculación Interinstitucional con las entidades afines en los Estados y Municipios

Artículo 20.- El Instituto, los Estados y los municipios mediante convenios de colaboración y en absoluto respeto a su soberanía y autonomía que el PactoFederal les otorga realizarán y determinarán acciones con criterios en políticas públicas vinculadas con el fomento y desarrollo de la actividad artesanal.

Dichos Criterios estarán estrechamente ligados a los Planes de Desarrollo y los tres órdenes de Gobierno.

Artículo 21.-El Instituto gestionara la celebración de acuerdo o convenios a efecto de optimizar los recursos públicos federales y estatales, con el propósito de evitar la duplicidad de recursos en la operación de proyectos y programas vinculados con el sector artesanal y su desarrollo.

Artículo 22.- Si alguna entidad federativa no contara con un organismo de fomento del sector artesanal o no se hubieran logrado suscribir ningún acuerdo, el Instituto en cumplimiento de sus facultades y atribuciones podrá destinar recursos, a efecto de cumplir con su objeto social.

Artículo 23.- El Instituto y las dependencias de las entidades federativas y los municipios dentro de los convenios de colaboración que celebren, considerarán como prioritariola adquisición de las artesanías propias de cada región, a efecto de fortalecer su consumo.

Capítulo IV

De la Actividad Artesanal

Artículo 24.-El Instituto emprenderá las acciones necesarias que aseguren al artesano sus procesos de producción, comercialización y fomento, en virtud de ser la actividad artesanal una actividad generadora de riqueza cultural y económica prioritaria para el País, que propicie una mejor calidad de vida para el Artesano.

Artículo 25.-El Instituto brindará asesoría legal, técnica administrativa, de comercialización y de gestoría a los artesanos que lo soliciten en asuntos propios del sector.

Artículo 26.-El Instituto fomentará y gestionará ante el Congreso de la Unión y las instancias competentes, subsidios de manera directa para los artesanos productores.

Artículo 27.-El Instituto apoyará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un Régimen fiscal especial, que le otorgue al artesano productor, beneficios de forma directa y específica, le permita transitar a la economía y con ello beneficiarse de pertenecer a dicho Régimen.

Capitulo V

De los Financiamientos, Apoyos y Estímulos para la Actividad Artesanal

Artículo 28.-El Instituto con recursos propios y con el apoyo de los sectores público y privado, creará un Fondo para el Desarrollo y Fomento Artesanal.

Artículo 29.-El objeto del fondo será, financiar la administración de materia prima herramientas y equipo; elaboración y ejecución de proyectos productivos artesanales; becas de estudio orientadas al fortalecimiento de la actividad y al desarrollo empresarial; campañas de difusión y publicidad de los productos artesanales; certámenes y concursos; otorgar créditos, financiamientos, apoyos y estímulos así como realizar las gestiones necesarias para la constitución de comercializadoras o integradoras dirigidas por artesanos productores, y las demás que en opinión del Instituto se consideren necesarias.

Dicho fondo tendrá también, propósito de otorgar estimular económicos a los artesanos con reconocida trayectoria, de setenta años o más de edad y vivan en condiciones de pobreza patrimonial.

Capítulo VI

De la Promoción y Comercialización Artesanal

Artículo 30.- Con el fin de fomentar la producción y comercialización de Artesanías en los mercados nacional, el Instituto promoverá en coordinación y con el apoyo de la Secretarías de Turismo y Economía la realización de ferias, exposición, concursos, muestras y todo tipo de eventos que permitan la participación de los artesanos y la venta directa e indirecta de sus productos.

Artículo 31.- El Instituto realizará campañas de promoción permanente que fomenten el reconocimiento de valor patrimonial cultural que poseen las artesanías mexicanas, generando con esto, un mayor público conocedor y consumidor de ellas.

Artículo 32.- El Instituto se obliga a generar las condiciones necesarias para fortalecer y posicionar a las artesanías mexicanas en los mercados internacionales.

Será prioridad para el Instituto, en el marco de los tratados y convenios internacionales, celebrar acuerdos a efecto de lograr beneficios para la comercialización, financiamiento, proyectos de investigación, de intercambio cultural y difusión de la artesanía mexicana.

Capítulo VII

De la Protección del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de las Artesanías

Artículo 33.-Será responsabilidad del Instituto fomentar, proteger, preservar y rescatar el patrimonio cultural representado en las artesanías mexicanas tradiciones cumpliendo con los siguientes fines:

I.-Rescatar, preservar las artesanías propias de cada lugar, sus técnicas y procedimientos empleados para su elaboración, atendiendo su calidad representatividad, tradición, valor cultural, estética y utilidad;

II.-Preservar y proteger el patrimonio artístico, estético e histórico de México representado en las artesanías, que identifican a la diversidad cultural de comunidades, regiones, pueblos indígenas y centro urbanos;

III.-Brindar asesoría y asistencia técnica a los artesanos para la preservación y protección del patrimonio cultural e inmaterial en riesgo;

IV.-Impulsar a través de la Secretaria de Educación Pública la certificación y el reconocimiento de los saberes u oficios artesanales; y,

V.-Promover planes de estudio en materia artesanal en todos los niveles educativos, en coordinación con las instituciones educativas y los organismos y dependencias que tengan intervención en el sector artesanal;

Artículo 34.- Esta Ley reconoce que el trabajo de los artesanos y la producción artesanal constituyen un cuerpo de habilidades, de saber, destreza, expresión simbólica y estética, con un significado relevante, desde el punto de vista de la cultura, la historia de la identidad nacional por lo que se considera para efectos de esta Ley, patrimonio cultural de la nación tangible e intangible.

Artículo 35. Las artesanías son patrimonio cultural de los mexicanos y deberán salvaguardarse, por lo que el Instituto, realizará las gestiones necesarias que soliciten o tramiten por propio derecho los artesanos, para que se reconozca como creadores de sus obras, se registren sus derechos, y se les otorgue el documento que proteja su identidad.

Capítulo VIII

De la Organización y Registro de los Artesanos

Artículo 36.- El Instituto, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, creará el Sistema de Información de Artesanos y coordinara la elaboración del Padrón Nacional de Artesanos cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, Estados, Distrito Federal y municipios.

Artículo 37.- Los artesanos individualmente o sus organizaciones, podrán registrarse ante el Instituto con la finalidad de tener acceso pleno a los servicios y apoyos que presenta el Instituto, conforme a la presente Ley.

A los Artesanos que deseen asociarse para efecto del registro, el Instituto les prestará orientación, asesoría y servicios de gestión y apoyo en los trámites que deban realizar ante las autoridades correspondientes.

Una vez constituidos legalmente, los socios podrán solicitar su registro como organización artesanal ante el Instituto.

El Instituto otorgará a los artesanos, a las organizaciones artesanales registradas, una cedula de identificación que les dará acceso pleno a los servicios y apoyos que presta el Instituto.

Capitulo IX

De la Capacitación

Artículo 38.- El Instituto procurará que las instituciones de los sectores público, social y privado, previo el cumplimiento de la normatividad aplicable, establezcan talleres, centros de capacitación y escuelas de diseño y negocios, promoviendo el conocimiento y la experimentación de nuevas técnicas, diseño e innovación, procesos de producción artesanal y desarrollo empresarial.

Artículo 39.- El Instituto considerará en su presupuesto anual los recursos necesarios que garanticen la formulación y ejecución permanente de procesos y de capacitación artesanal.

Artículo 40.- El Instituto en coordinación con las instituciones académicas y los organismos y dependencias que tengan intervención en el sector artesanal, coadyuvará en las investigación y formación fundamental de general proyectos vinculados con el rescate y la salvaguardar e innovación de las artesanías.

Artículo 41.- El Instituto promoverá a través de las instituciones académicas becas e incentivos para los artesanos que decidan realizar estudios relacionados con la actividad artesanal.

Capitulo X

De la Salud y seguridad de los Artesanos

Artículo 42.- El Instituto gestionará a través de las autoridades competentes se garantice el desarrollo integral, colectivo e individual de los artesanos, en su aspecto físico, económico, cultural, social y psicológico, derivado de su actividad artesanal.

Artículo 43.- El Institutoante la Secretaría de Salud y las autoridades competentes, gestionará la inscripción formal de los artesanos a la Seguridad Social.

Artículo 44.- El Institutocoordinará acciones con las diferentes instituciones de salud que aseguren que las artesanías y el proceso de producción garanticen el uso y manejo de materiales que no generen residuos peligrosos para la salud de los artesanos, de los consumidores y del medio ambiente.

Capitulo XI

De Medio Ambiente y de la Sustentabilidad de los Procesos Artesanales

Artículo 45.- El Instituto, promoverá entre las organizaciones y los artesanos, en lo particular, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales sustentables de ser utilizados como materias primas para elaboración de artesanías. Para tal efecto solicitará el apoyo de los tres niveles de gobierno, a fin crear una cultura ecológica en el sector.

Artículo 46.- El Instituto en coordinación con las dependencias, entidades federativas y gobiernos municipales, fomentaránla utilización de materias primas e insumos, alternos en zonas en que ya no sea posible el aprovechamiento de esos recursos naturales.

Artículo 47.- El Instituto, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y las organizaciones de la sociedad civil, reconocerán el buen manejo de los recursos naturales empleados en los procesos artesanales a través de un distintivo que será un valor agregado para elconsumidor y la sociedad.

Artículo 48.- El Instituto de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la participación de las organizaciones de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento sustentable que pudieran verse amenazados con los procesos productivos derivados de la Actividad artesanal.

Artículo 49.- La presente Ley promueve las acciones que las diferentes organizaciones de la sociedad civil realicen a favor de la preservación en los procesos sustentables vinculados con la actividad artesanal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-Esta Ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de las artesanías deberá constituirse en un plazo de 60 días, a partir de la publicación de este Ley.

TERCERO.- El Instituto Mexicano de las Artesanías, absorberá las actividades recursos presupuéstales y patrimonio propios del Fondo Nacional Para Fomento a las Artesanías.

CUARTO.- El Estatuto Orgánico del Instituto, deberá expedirse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que esta Ley entre en Vigor.

QUINTO.- Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley que hubiese iniciando bajo vigencia de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, se tramitaran resolverán conforme a la Ley que se abroga.

SEXTO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, proveerá las instalaciones y recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de instituto.

SEPTIMO.- El Instituto dará a conocer en un plazo máximo de 30 días, los procedimientos mediante los cuales llevará a cabo el padrón de Artesanos a que se refiere esta Ley y los criterios para gestionar ente las artesanos y las protección correspondiente a las artesanías.

OCTAVO.- Derechos y obligaciones que los artesanos tengan con el actual FONART, se entienden trasferidos al Instituto Mexicano de las Artesanías. Esta trasformación, no modifica ningún compromiso que los artesanos tengan con otros programas, fideicomiso o cualquier mecanismo de financiamiento.

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones siguientes: fracciones II y III del artículo 3; fracción IV del artículo 7; párrafo segundo del artículo 20; párrafo tercero del artículo 22; fracción IX del artículo 37, todos ellos de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; del mismo modo se reforma el Titulo de la Ley citada en este párrafo, y los artículos 1, 4, 8, 9, 10, y 13; para quedar como el sigue:

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones se aplican en toda la República y tiene por objeto fomentar el desarrollo de la micro industria mediante, en otorgamiento de apoyos fiscales, financieros , de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o múltiples para este último objeto.

Artículo 3º.- …

I.

II. (SE DEROGA)

III. (SE DEROGA)

Artículo 4º.- Los empresarios de las microindustria, pueden ser personas fiscal o morales que se constituya con apego a las disposiciones de esta Ley, así como aplicables sin contravenir a la primera.

Artículo 7º.-…

I.…

II. …

III. …

IV. (SE DEROGA)

V. …

Artículo 9º.-Los empresarios deberán indicar su nombre o, en su caso la denominación comercial de la empresa, seguidos de la palabras “empresa micro industrial” o las siglas “MI”, para su fácil identificación y beneficios a que se refiere esta Ley.

Artículo 10.- Al cancelarse la inscripción y la cedula, el empresario no podrá seguir utilizando el término “empresa micro industria” o su sigla “MI”, en su caso, ni solicitar y obtener los beneficios que se conceden a la empresas micro industriales, quedando obligado devolver la célula a la Secretaría dentro un plazo de 15 días hábiles.

Artículo 13.- Las sociedades de que trata el artículo anterior existirán bajo una denominación o una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o razón social irán inmediatamente seguidas de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada Micro industria” o de sus abreviatura S.DE R. L. MI”. La omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Artículo 20.- La Secretaria de Economía…

(SE DEROGA)

Artículo 22.- La cédula…

A las personas…

(SE DEROGA)

Artículo 37.-

I.

II.

III.

IV. …

V.

VI.

VII.

VIII.

IX. (SE DEROGA)

X.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO TERCERO. Se derogan la fracción XXII del artículo 34 y fracción XIII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.-…

XXII.- (SE DEROGA)

XXIII.-…

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.-…

XIII.- (SE DEROGA)

XIV.-…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO CUARTO. Se reforma el primer párrafo del artículo 5º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:

Artículo 5o.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano de las Artesanías y los demás organismos de estructura análoga que hubiere, se regirán por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-Esta Ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 20 de marzo de 2013.

Suscribe

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente, para pedirle respetuosamente a la Senadora Calderón Hinojosa, si me permite sumarme a esta importante iniciativa para fomentar, desarrollar e impulsar las artesanías mexicanas, si ella me autoriza, yo le agradecería.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Esta la presento a nombre del grupo parlamentario.

- El C. Presidente Burgos García: Se toma nota de las adhesiones. Se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 165 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 165 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

El día de ayer, 2 de abril de 2013, fue publicada ya en el Diario de la Federación la Ley de Amparo. Cuando discutíamos ese tema aquí en el Senado de la República planteábamos la preocupación de lo que representa el artículo 165 de la citada ley, en materia de violación de derechos humanos. Este Senado de la República también un día después de que aprobamos aquí la Ley de Amparo, aprobamos la Ley de Víctimas con la intención de poner a salvaguarda los derechos fundamentales de quienes han sido lastimados por los delincuentes, las víctimas en todos los órdenes.

Yo he sostenido que el Senado de la República tiene que ser una instancia muy congruente, es decir, si hablamos de proteger los derechos fundamentales, como lo plantea la reforma constitucional sobre derechos humanos de 2011, como lo señala con puntualidad la Ley de Víctimas, entonces esa debiera ser la línea, la congruencia.

Sin embargo, ante este Pleno expusimos el por qué no debió de aprobarse el artículo 165 de la Ley de Amparo en los términos en que iba, porque se abría no una rendija, se abría una puerta enorme para la victimización de ciudadanos y ciudadanas de este país que cayeran en manos de una de las instituciones más desprestigiadas en materia de procuración de justicia, como es el Ministerio Público.

Nuestra solicitud en aquel entonces fue que el Pleno del Senado de la República se opusiera al texto que se nos estaba proponiendo, de que se dieran 48 horas después de autorizada la suspensión del acto reclamado y que fuera inmediatamente, es decir, no 48 horas. Decíamos en aquel entonces, ¿qué puede suceder en 48 horas estando un ciudadano a disposición del Ministerio Público?

No creo que alguno de ustedes no conozca actos aberrantes de violación de derechos humanos de parte del Ministerio Público, no creo que alguno de ustedes desconozca que esa instancia violenta de manera sistemática los derechos humanos de quienes caen en sus garras.

Entonces, 48 horas es un exceso, pero incluso estas 48 horas se pueden convertir en 96, según el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice en su párrafo décimo: “Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a la disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal”.

¿Qué dice el artículo 165? Contundentemente señala el artículo 165, cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de 48 horas. ¿Quién determina este plazo? Pues lo determina el Ministerio Público.

El juez, al que acude el que siente que se le han violado sus derechos fundamentales o sus garantías tiene también un plazo de 48 horas. Y si utiliza todo el plazo va a llegar con el Ministerio Público, seguramente algún familiar que tramitó el amparo, gustosos. Aquí está, Ministerio Público, tengo el amparo de un juez federal. Nada más que el Ministerio Público le va a decir: “aguánteme tantito, porque la ley que aprobó el Congreso de la Unión dice, en el artículo 165, que tengo 48 horas para resolver”.

Aunque el artículo 16 diga que hay sanción para quien se exceda en las 48 horas, yo les pregunto, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, ¿quién va a vigilar esa situación de que se cumpla cabalmente lo que dice el artículo 16 de la Constitución de la República? Seguramente el Senado tendría que poner un visitador en absolutamente todos los Ministerios Públicos del país, hasta en los lugares más recónditos para garantizar que el Ministerio Público no se exceda de las 48 horas que le señala la ley.

Por esos razonamientos, compañeros, aunque la Ley de Amparo se acaba de publicar el día de ayer, estamos haciendo una propuesta de modificación al artículo 165 de la Ley de Amparo, con la finalidad de evitar la victimización de inocentes, con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos que tengan el riesgo de estar bajo la custodia de los ministerios públicos.

Ese es el fondo del asunto, y el Senado de la República, yo lo seguiré sosteniendo en donde quiera que me pare y se los seguiré recalcando a mis compañeros Senadores y a mis compañeras Senadoras, se tiene que erigir como el gran defensor de los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas. Y si no hacemos eso, compañeros, entonces poco sentido tiene lo que aquí digamos con la Ley de Víctimas. Aprobamos una Ley de Víctimas, pero abrimos un portón para que se victimice a miles y miles de ciudadanos en este país.

Por tal motivo hacemos la siguiente propuesta al artículo 165 para que quede como sigue: “Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá inmediatamente, o en un plazo de 96 horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente”.

Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención muchas gracias.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA FRACCION II DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8, FRACCION 1, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO QUE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 165 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, contenidas en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, publicadas el 6 de junio del año 2011, generó un cambio de paradigma en la norma fundamental, misma que se acompaño con la reforma integral en materia de derechos humanos publicada el día 10 de junio del mismo año, en este sentido la nueva ley reglamentaria de los citados artículos 103 y 107 Constitucionales, denominada la Ley de Amparo, se discutió en las Cámaras del Congreso de la Unión, promulgándose y publicándose en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes 2 de abril del 2013.

La reforma constitucional estableció en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, lo siguiente:

“Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta;

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;

b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y

c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.

b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;

c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.

En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y

d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado;

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones;

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los Estados en los casos que la ley lo autorice;

XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.

Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción;

XIV. Se deroga;

XV. El Procurador General de la República o el Agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca a su juicio, de interés público.

XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional;

XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente;

XVIII. Se deroga.”

Esta nueva Ley Reglamentaria, al referirse en el título segundo “De los procedimientos de amparo” y en el “capítulo I” denominado “El amparo indirecto” tiene una sección tercera específica que se refiere a la “Suspensión del acto reclamado”, donde a partir del artículo 159, inicia la reglamentación de la suspensión en una “Segunda parte” denominada “En materia penal”.

Ante la minuta remitida por la Cámara de Diputados Federal, en la discusión de la segunda lectura del dictamen en esta honorable Cámara de Senadores, el suscrito reservó una modificación sustancial al primer párrafo del artículo 165 del proyecto de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para que tratándose de la suspensión que resolviera un Juez de Distrito, la Ley, faculta en los asuntos que no corresponden a la delincuencia organizada, que aplique la citada suspensión y otorgue la libertad al quejoso hasta en las siguientes cuarenta y ocho horas.

Lo anterior, pone de manifiesto que se violenta el espíritu constitucional integral de los derechos humanos, patente en la misma norma superior, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos donde el Estado mexicano sea parte. En efecto, la protección dogmática constitucional de los derechos humanos y sus garantías prepondera la protección a cualquier individuo de su esfera de derechos, y que tratándose de la libertad personal, debe atenderse como una de las facultades intrínsecas de cada individuo, misma que solo puede restringirse o suspenderse con fundamento y en los casos que la misma norma superior faculta.

En el caso concreto, cuando existe una orden de detención que ha girado un fiscal o Agente del ministerio público, constituye una afectación contra esa libertad personal, misma que el individuo afectado, puede acudir como quejoso a un Juez de Distrito, solicitando el “Amparo y la Protección de la Justicia de la Unión”, en el cual dentro del procedimiento, de oficio o a petición de parte (artículo 125 de la Ley de Amparo) el citado Juez, obsequiará o negará la suspensión, en el caso positivo se otorgará generalmente bajo la apariencia del buen derecho, para evitar un agravio mayor, de difícil o imposible reparación. Ante este escenario el primer párrafo del artículo 165 de la ley de Amparo, establece para los casos que no se identifican dentro de la delincuencia organizada, que para otorgar esa suspensión por el Juez de distrito, el ministerio público, para efectos de restituir la libertad podrá otorgarla dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, lo que resulta una contradicción intrínseca con la norma superior que bajo el mecanismo de amparo deben garantizarse el pleno disfrute y garantizarse los derechos fundamentales.

La sociedad es escéptica de las actuaciones de las autoridades investigadoras del delito y en específico del Ministerio público, donde la nota roja, informa cotidianamente los más inverosímiles sucesos, donde individuos bajo la responsabilidad de autoridades competentes han llegado al extremo de desapariciones forzadas como el caso donde se sentenció al Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como lo fue con el asunto de Rosendo Radilla Pacheco, con lo cual, una suspensión en un juicio constitucional, que privilegia la libertad puede en los casos más extremos en ser la diferencia entre la vida o la muerte, o de las penas que prohíbe el artículo 22 Constitucional Federal.

Por lo anterior, es indispensable sostener que si se trata de la libertad personal, aún en caso del cumplimiento de una orden de detención, entendida que fue dictada fundada y motivadamente, con todas las formalidades del procedimiento y bajo la más estricta responsabilidad del Ministerio público, la suspensión dictada por una autoridad constitucional competente, como es el Juez de distrito, el restablecimiento de la libertad personal del individuo debe de ser atendida de manera inmediata, y no bajo un plazo que atenta contra la institución protectora en esencia de los derechos humanos como es el juicio constitucional de protección de los derechos humanos y sus garantías.

En este sentido proponemos bajo la coherencia de la normatividad y el carácter intrínseco de las instituciones constitucionales protectoras de los derechos fundamentales, la reforma al primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminando el plazo para otorgar la suspensión de hasta en el término de cuarenta y ocho horas, en los casos de orden de detención que debe atenderse de manera inmediata y ser consignado a un juez penal o para que se le otorgue su libertad.

El sistema jurídico mexicano, en los términos en que se plantea el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, contiene un plazo inverosímil de entre cuarenta y ocho horas para otorgar la suspensión, por el cual, una autoridad constitucional, cuya naturaleza es la de proteger los derechos humanos y sus garantías, debe restringir esa facultad innata, desatendiendo su principal teleología garantista de derechos humanos, o que peor aún, otorgada la suspensión, la autoridad administrativa en persona del Ministerio Público cuente con el término de hasta cuarenta y ocho horas para dar cumplimiento a esa suspensión constitucional otorgada.

Compañeros Senadores y Senadoras, la iniciativa que presentamos contribuye al respeto pleno de los derechos humanos fundamentales de todo individuo, que un estado democrático y de derecho deben garantizar, evitando que se transgredan arbitrariamente sus prerrogativas, por lo que con lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 165 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del ministerio público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá inmediatamente, o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente.

…”

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 3 abril de 2013.

Atentamente

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Demédicis Hidalgo. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6o., 7o. y 27 de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 6o., FRACCION I Y 27, FRACCION III; Y SE ADICIONA EL ARTICULO 7o., CON UNA FRACCION II BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Atención Preventiva Integrada a la Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de marzo de 2011, los Diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Marco Antonio García Ayala, Rodrigo Reina Liceaga, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Silvia Esther Pérez Ceballos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 9 de febrero de 2012, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Salud, respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud, aprobándose con votación de 314 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Atención Preventiva Integrada a la Salud.

3. Con fecha 14 de febrero de 2012, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Atención Preventiva Integrada a la Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, la minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta pretende incluir en los objetivos del Sistema Nacional de Salud, la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, así como promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

Además establece que la Secretaría de Salud promoverá e impulsará que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Finalmente, se incluye dentro de los servicios básicos de salud, la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, fracción III; y se adicionan los artículos 6o., con una fracción IX; y 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

II. a VI Bis.

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud, y

IX. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. y II.

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

III. a XV. …

Artículo 27.

I.y II. …

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. a XI. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud y todas las instituciones relacionadas, contarán con 180 días para realizar los ajustes necesarios a fin de poder otorgar la Atención Preventiva Integrada a la Salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan que el asunto materia de la Minuta, como lo es la atención médica integrada de carácter preventivo, es merecedor de especial atención ya que representa un enfoque que permite la prevención y detección oportuna de enfermedades considerando las características físicas y determinantes de la salida de los pacientes de forma personalizada.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la atención primaria en salud es la asistencia sanitaria esencial accesible para toda la población, y tal como lo menciona la Colegisladora, dicha atención es el núcleo de los sistemas de salud de los países que representa el punto de partida para el desarrollo socio-económico de la comunidad.

Así, debido a la importancia que tiene la prevención en materia de salud, es que se propone que se implemente el modelo de Atención Preventiva Integrada a la Salud, mismo que permitirá que la población mexicana tenga mayor acceso y mejor calidad de atención a la salud.

C. Cabe mencionar que, si bien es cierto que en las instituciones de salud de nuestro país ya se contemplan múltiples programas de atención a la Salud de carácter preventivo, no todos conllevan las particularidades necesarias para combatir las diversas enfermedades, esto a consecuencia de muchos factores, entre ellos la presencia de más enfermedades en la población, cuyo tratamiento implica un costo considerablemente superior al de la prevención.

Por estas razones, las Comisiones dictaminadoras consideran necesario que la finalidad de la atención preventiva integrada a la salud se focalice en los riesgos, de acuerdo con la edad y el sexo del paciente, para que se le pueda tratar de manera más rápida y efectiva.

D. En este orden de ideas, las Comisiones Unidas que dictaminan coinciden en la necesidad de que la atención preventiva integrada a la salud, se dé de forma homogénea, por lo que estiman viable su inserción en el artículo 6o. que se refiere a los objetivos del Sistema Nacional de Salud, atendiendo a la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, ya que al realizar esta diferenciación de grupos entre la población se optimizan los procesos de atención a los pacientes.

De igual forma, no debe omitirse la necesidad de incluir en estos objetivos la promoción e impulso de la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

E. En relación con la propuesta de adición de una fracción II Bis al artículo 7°, las Comisiones dictaminadoras la estiman pertinente a afecto de que la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Salud promueva e impulse que las instituciones comprendidas en éste, implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

F. Por lo que corresponde a la adición que se propone en la fracción III Bis del artículo 27 de la Ley General de Salud, para que se consideren como servicios básicos de salud, la atención preventiva integrada a la salud, se estima viable establecer lo que comprende la atención médica integrada, siendo éstas las acciones preventivas de promoción y protección específica, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

G.No obstante, respecto de la propuesta por la cual se adiciona la fracción IX, al artículo 6º de la Ley General de Salud, estas Comisiones Dictaminadoras, han determinado modificar la Minuta, para que se elimine dicha propuesta de adición. Lo anterior toda vez que el objetivo de la misma ya se encuentra establecido en la fracción XIII del Artículo 7 de la Ley General de Salud que señala:

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII. (…)

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;

XIV y XV. (…)

H. Con base en lo anterior, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera estiman viable aprobar con modificacionesla propuesta contenida en la Minuta que se analiza, así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

II. a IX.

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. y II.

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

III. a XV. …

Artículo 27.

I. y II. …

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. a XI. …  

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud y todas las instituciones relacionadas, contarán con 180 días para realizar los ajustes necesarios a fin de poder otorgar la Atención Preventiva Integrada a la Salud”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Senadora Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, está a discusión. Tiene el uso de la tribuna la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de Salud, presento el presente dictamen que corresponde al tema de la atención preventiva en materia de salud y la importancia que requiere.

Es importante señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la atención primera en salud es la asistencia sanitaria esencial accesible para toda la población y se debe de tomar como punto de partida para el desarrollo socioeconómico de nuestro país.

Es por ello que estamos de acuerdo con la Colegisladora en proponer que se implemente el modelo de atención preventiva integrada a la salud, el cual tiene como objetivo el facilitar el acceso a la salud, y tendrá con ello un impacto en la mejora de la calidad de atención a la salud, toda vez que se pueden aminorar los efectos de las enfermedades o bien evitarlas si se tienen antecedentes de la salud de las personas y se someten a tiempo a tratamientos preventivos.

Es importante recordar que en nuestro país ya se contemplan múltiples programas de atención a la salud de carácter preventivo. No obstante, no ha sido suficiente para poder combatir las diversas enfermedades que aquejan a la población a consecuencia de diversos factores, entre ellos la presencia de más enfermedades en los mexicanos cuyo costo del tratamiento resulta considerablemente superior al de la prevención y la falta de cultura entre las personas que no acostumbran analizarse o realizarse revisiones cotidianas de salud.

Cabe señalar que se logró consenso en las comisiones dictaminadoras, con la finalidad de que la atención preventiva integral de la salud se deba focalizar en los riesgos de acuerdo con la edad y el sexo de cada paciente, con la finalidad de detectar con mayor eficiencia los padecimientos y así se le pueda tratar de manera más rápida y efectiva.

Es importante señalar que la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las atenciones de prevención y promoción para la protección de la salud de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas.

Es por ello, que para lograr que la atención preventiva integral a la salud se dé de forma homogénea, es necesario reformar diversos artículos de la Ley General de Salud, con lo cual se incluye la reforma al artículo 6o., fracción I, con el objetivo de que el Sistema Nacional de Salud proporcione servicios de salud a toda la población con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo.

Asimismo, en el artículo se plasma promover que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consiste en brindar atención médica integrada de carácter preventivo.

Y la reforma al artículo 27, señala que la atención médica integral comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Finalmente, el dictamen de esta minuta lo estamos proponiendo con una modificación que consiste en no adicionar una fracción IX al artículo 6o. de la Ley General de Salud, toda vez que dicho objetivo ya se encuentra íntegramente establecido en la fracción XIII del artículo 6o. de la ley en comento, el cual ya promueve e impulsa la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

Es por todo lo anteriormente vertido que pido su voto a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracia, Senadora Ortiz Domínguez.

Para hablar a favor del dictamen, tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox, del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias, señor Presidente.

Posicionamiento del Partido del Trabajo a favor de esta minuta con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

La salud es uno de los bienes más preciados para todos los seres humanos. La salud del pueblo es una condición imprescriptible y necesaria del estado moderno. Se otorga a través de prestaciones realizadas por el Estado en beneficio del individuo y la sociedad en general.

Los sistemas de salud que presta el gobierno generalmente están enfocados a proteger y restaurar la salud de las personas y de la colectividad con la finalidad de alcanzar un estado físicamente sano de la población, invirtiendo un porcentaje bastante grande del Presupuesto de Egresos anual en este rubro y que a veces resulta insuficiente.

No obstante, es necesario tratar de evitar las enfermedades a través de acciones de carácter preventivo, siempre es mejor prevenir que remediar.

Consideramos que la minuta tiene una gran importancia al establecer en la Ley General de Salud, como un objetivo, la promoción e implementación de atenciones integradas de carácter preventivo en materia de la salud, y que éstas estén siempre acordes con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, ya que no pueden ser de carácter genérico, sino específicas para cada caso diferente.

Es también de gran relevancia involucrar la participación de la comunidad, su colaboración y difusión de las medidas preventivas para disminuir el impacto de cualquier brote de enfermedad para que este esfuerzo no sea en vano.

Por esta razón, es que apoyamos a favor el sentido de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Martha Palafox.

Para hablar a favor del dictamen, tienen el uso de la tribuna el Senador Fernando Mayans, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El hecho de estar aquí el día de hoy en la tribuna es para solicitar el apoyo a esta minuta de la Comisión de Salud, para aprobarla, pidiéndoles que la apoyen con su voto a favor.

El problema de la prevención en salud es un problema complejo, es un problema grave, porque va ligado también a los niveles de cultura y de educación de los pueblos, y también al poder adquisitivo de la gente. Hablar de política de prevención implica que también hay que mejorar el ingreso del pueblo mexicano, de la gente, cómo lavarse los dientes, si no hay para comprar pasta de dientes; cómo llevar una alimentación balanceada, si el ingreso de muchas familias de México es insuficiente; se come lo que se puede, lo que se tiene a la mano, no lo que se requiere, pero esta prevención, debemos de poner el dedo en la llaga, se tiene que dar en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, en la casa, es cuestión, repito, también de cultura y de educación.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, desde 1980 los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado en México, y hablo de esto por dar un ejemplo.

Actualmente en el país el 39.05 por ciento de la población tiene sobrepeso y el 32.15 por ciento obesidad, representando a 7 de cada 10 adultos en el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), revela que ocupamos el segundo lugar en obesidad a nivel mundial y el primero en obesidad en mujeres. Estos padecimientos inciden directamente en las dos grandes enfermedades de los países del primer mundo, y que aunque no lo seamos, estamos en los primeros lugares también, como son las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y el cáncer.

Pero también tenemos enfermedades como las diarreas, la parasitósis, la tuberculosis, que son enfermedades del tercer mundo, o sea, tenemos enfermedades del primer mundo y enfermedades del tercer mundo, de la pobreza, y esto también se resuelve con la prevención de lavarse las manos antes y después de ir al baño, antes de comer, y son asuntos como, repito, de educación, de cultura.

Por eso en este dictamen que modifica los artículos 6o., 7o. y 27 de la Ley General de Salud, que pretende incluir los objetivos del Sistema Nacional de Salud la promoción e implementación y el impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, así como promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de la salud.

La salud, el cuidado y la prevención es de todos, y por eso es importante que se asiente en la Ley General de Salud estos principios básicos, no olvidando lo que he comentado el día de hoy aquí, que hay que trabajar en las escuelas, al interior de las familias y mejorar la cultura y la educación del pueblo de México.

Por su atención, muchas gracias, esperando que obtengamos la votación suficiente y sea aprobada esta minuta.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Fernando Mayans.

Tiene el uso de la tribuna, para hablar a favor del dictamen, la Senadora María Elena Barrera, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, señor Presidente.

Hablar de prevención en salud, no tan solo es referirse a que no se presente el daño, hablar de prevención tendremos que también considerar que tengamos todos los elementos para evitar el que continúe la historia natural de la enfermedad.

Necesitamos hablar también de acceso efectivo, de calidad del servicio y, por supuesto, de acciones integrales para cada una de las personas de acuerdo a su edad, a su sexo, a su situación personal.

Nos da mucho gusto escuchar, y sobre todo haber trabajado de manera conjunta para estar de acuerdo con lo que se pronunció ya como política nacional de salud y que en esta administración, en este sexenio estará enfocada, principalmente, a acciones de prevención, a evitar enfermedades, a promover la salud y, por supuesto, a procurar el bienestar de todas y cada una de las familias mexicanas.

Hablar de prevención, comentábamos, es que el Estado debe de asegurar también que los servicios de salud estén accesibles a toda la población. Esta no es una tarea sencilla, es una tarea que tendrá que también marcase objetivos a mediano y a largo plazo, pero sobre todo que va encabezado y va dirigido a que tengamos igualdad de oportunidades en todos y cada uno de los prestadores de servicios, para de esa manera hacer posible la equidad, la igualdad en la prestación de los servicios a todas y a todos los mexicanos.

Es también muy importante hablar de capacitación; hablar de que tenemos que seguir apoyando a todos y cada uno de los integrantes del sistema de salud para que puedan responder a las necesidades de la población, de acuerdo a los niveles de atención.

Hoy al hablar de esta iniciativa que pretende generar un programa integral de prevención y de atención para las mexicanas y los mexicanos, tendremos entonces que también asumir retos y grandes deudas que se tiene para mexicanas y para mexicanos, como es la salud mental, como es la salud bucal, como es la rehabilitación y la atención oportuna.

Por eso en el Partido Verde estamos atentos, pero sobre todo estamos apoyando el que se sigan generando políticas de acciones preventivas a favor de la salud y del bienestar y la calidad de vida de todas y de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora María Elena Barrera Tapia.

Tiene el uso de la tribuna, para hablar a favor del dictamen la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; señores Senadores:

El objetivo de este dictamen es promover e implementar en el Sistema Nacional de Salud acciones de carácter preventivo e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de la salud.

La importancia que tiene la prevención en materia de salud es significativa, ya que es de la mayor importancia el evitar que la población adquiera padecimientos que lo deteriore y deterioren también al propio núcleo familiar.

La Organización Mundial de la Salud tiene como prioridad la atención primaria en salud, o sea, una asistencia sanitaria accesible para toda la población, es por lo anterior que este dictamen marca la importancia que tiene la prevención en materia de salud, haciendo que la población tenga más acceso y mejor calidad en su atención.

Es importante que en el dictamen se impulse la participación de la comunidad en el cuidado de su salud, lo que va a permitir la disminución de enfermedades y accidentes, procurando siempre disminuir acciones curativas, paliativas y de rehabilitación que afecten al paciente y al gasto en salud, sobre todo en la economía de las familias.

Una atención médica integrada de carácter preventivo, va a permitir que la prevención y la promoción para la protección de la salud, dependiendo las edades y el sexo, lo que va a promover la finalidad de una atención preventiva integral. Por lo anterior, en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de este dictamen, solicitamos a los señores Senadores el apoyo en el mismo sentido.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 94 votos en pro y ninguno en contra.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6o., fracción I y 27, y fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de Acuerdo por el que expresan su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Diputados de desechar el proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISIONES UNIDAS DE TURISMO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE TURISMO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. El 11 de octubre de 2011, las Senadoras Margarita Villaescusa Rojo, Guadalupe Fonz Sáenz, Norma Esparza Herrera, María del Socorro García Quiroz, Rosario Green Macías y Amira Griselda Gómez Tueme, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo.

II. El 11 de octubre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadoresturnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. El 10 de noviembre de 2011, la Cámara de Senadores aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo, turnándolo a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

IV. El 17 de noviembre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Turismo la minuta que contiene el proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo para su estudio y análisis correspondiente.

V. El 18 de diciembre de 2012, fue aprobado por la Cámara de Diputados, el Acuerdo de la Comisión de Turismo por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para los efectos de los dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo.

VI. El 20 de diciembre de 2012, la Cámara de Senadores recibió el expediente correspondiente a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenándose su turno a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta en cuestión propone formular en la Ley General de Turismo esquemas de pagos por servicios ambientales para las regiones que se declaren como Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable con el objetivo de estimular a los proveedores de servicios turísticos a efectuar su actividad dentro de los marcos de sustentabilidad ambiental, estableciendo en el artículo 31 de la Ley General de Turismo que:

El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, a través de las dependencias correspondientes, formularán esquemas de Pagos por Servicios Ambientales para las regiones que se declaren como Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable con el fin de incentivar a los proveedores de servicios turísticos a realizar su actividad dentro de los marcos de sustentabilidad ambiental.

CONSIDERACIONES

En los últimos años a nivel internacional se ha reconocido que los ecosistemas proporcionan diversos servicios ambientales que benefician a toda la población, sin embargo, muchos ecosistemas han sido alterados, modificados o degradados por el ser humano, debido a que sus servicios no son reconocidos como deberían por la falta de incentivos financieros para preservarlos y porque se pensaba que éstos eran inagotables.

Es necesario señalar que los servicios ambientales son aquellos beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas, los que incluyen:

a) Servicios de aprovisionamiento: tales como agua potable, alimentos, maderas, entre otros;

b) Servicios de regulación de procesos ecosistémicos: tales como el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación climática, la regulación del ciclo hidrológico, el control de la erosión y la protección contra fenómenos hidrometeorológicos;

c) Servicios culturales: tales como espirituales, religiosos, recreativos, estéticos, educacionales y de herencia cultural;

d) Servicios de soporte: los que son servicios que son necesarios para la producción y el mantenimiento del resto de los demás servicios, se diferencian de los demás porque sus impactos se perciben en períodos de tiempo más largos que el resto de los servicios (por ejemplo la formación del suelo o la provisión de oxígeno).

De lo anterior se puede apreciar que los servicios ambientales son necesarios para la vida y desarrollo de todo ser viviente, por ello en la última década del siglo pasado diversos gobiernos comenzaron a implementar programas de pagos por servicios ambientales (PAS), los que constituyen una clase de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo y para que continúen ofreciendo un servicio ambiental, ecológico que beneficie a la sociedad como un todo.

En México los programas de pagos por servicios ambientales surgen en el año 2003, este esquema de pago se lleva a cabo por la Comisión Nacional Forestal, en colaboración la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, teniendo como finalidad impulsar el reconocimiento del valor de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además apoya la creación de mercados de estos servicios. Estos programas apoyan a comunidades, ejidos, asociaciones regionales de silvicultores y a propietarios de terrenos forestales, entre otros.

Los conceptos en los que se apoyan estos esquemas de pagos son: hidrológicos, de biodiversidad, sistemas agroforestales, captura de carbono y elaboración de proyectos.

Es importante señalar que para la operatividad de los pagos por servicios ambientales, en diciembre de 2002 se reformó el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos para establecer que una parte de lo recaudado por el uso, aprovechamiento y explotación de aguas nacionales se destinaría al Fondo Forestal Mexicano para el desarrollo y operación de programas de pago por servicios ambientales, lo cual se suma al presupuesto de la Comisión Nacional Forestal para estos programas.

Estas Comisiones Unidas reconocen la importancia de los pagos por servicios ambientales, así como el hecho de que los servicios turísticos se vinculan en gran medida con el uso de los bienes y servicios ambientales.

Asimismo, estas Comisiones Dictaminadoras reconocen que la belleza escénica y la diversidad natural de nuestro país hacen que México se encuentre dentro de los principales destinos turísticos del mundo, por lo que es necesario conservar nuestros recursos naturales, e incluso contabilizar los servicios ambientales que proveen aquellos.

No obstante que coinciden con el espíritu de la iniciativa que origina este proceso legislativo, los Senadores firmantes consideran que su propuesta no es viable debido a que el texto normativo no prevé qué autoridad será la encargada de implementar el pago por servicios ambientales en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, ni de dónde se obtendrá el presupuesto para la puesta en marcha de este programa, ni se establece si estos pagos sólo se aplicaran en terrenos forestales.

Esta propuesta que hoy se dictamina tampoco vincula la creación de estos pagos por servicios ambientales a los ya existentes, ni faculta a alguna autoridad en específico para implementarlos y darles seguimiento. De igual forma no establece sí los servicios ambientales que se deben implementar en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, serán los que prevé la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Por otra parte, estas Comisiones Unidas coinciden con la Colegisladora en que al no establecer qué presupuesto se afectaría con la implementación de estos pagos por servicios ambientales en Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, se violenta lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría que establece que:

“A toda propuesta de aumento o creación de gasto del Proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con deducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos o determinado por ley posterior; en este último caso, primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.”

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

Primero. Es de aprobarse el Acuerdo emitido por la Cámara de Diputados de fecha 18 de diciembre de 2012, por el que se desecha la minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Salón de comisiones delSenado de la República, a losdías, del mes de febrero de2012”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Se da por totalmente concluido el asunto.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al primero de ellos.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Está a discusión. Tiene la palabra la Senadora Marcela Guerra.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. Compañeros colegas:

Este dictamen con punto de Acuerdo es precisamente el que estuvo apoyado por todos los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, es un exhorto respetuoso para prevenir el tener un recurso económico que pueda hacer frente y ser enviado a los 50 consulados, toda vez que de ser posible la reforma migratoria que ha planteado el Presidente Obama en Estados Unidos, así como el grupo de los ocho Senadores colegas nuestros en aquel país, pues pretende simple y sencillamente, dentro de las facultades que tenemos como Senado de la República y respetuosamente hacia la Secretaría de Hacienda, que pudiera prever una cantidad para que la enviara a la secretaría o que la envíe a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que ésta a su vez pueda apoyar a los 50 consulados que tenemos en los Estados Unidos, recordemos que está en discusión en Estados Unidos, es el debate del momento la reforma migratoria integral que anunció el Presidente Obama.

Creemos que hay adelantos, hay algunos adelantos, pero de ser así, de concretarse, de cristalizarse esa reforma, sería muy pertinente que nosotros en el Senado de la República no nos quedemos con los brazos cruzados, sino abogar para que la Secretaría de Hacienda pueda apoyar a los consulados. ¿Por qué? Porque es muy fácil que los connacionales lleguen y no puedan ser atendidos debidamente porque falta personal o porque no se ha dado curso y seguimiento a ésto.

Y me refiero a que todos sabemos que van a tener que enfrentar un proceso, un procedimiento. Es decir, pagar multas, acreditar el idioma inglés, buscar sus papeles de identificación y entre todo ese papeleo también todos sabemos y hay que estar conscientes que no es una dádiva a los connacionales, que los connacionales pagan sus trámites ante los consulados y los pagan bien, que esto es autosustentable, pero sí sería pertinente que la Secretaría destinara un recurso económico para hacer frente a esto; esto lo pedimos, no lo exigimos, pero sí creemos que debemos de trabajar en ello.

Muchas gracias, y les pido su voto a favor.

Es cuanto.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Marcela Guerra.

Tiene la palabra el Senador Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias por concederme el uso de la palabra, señor Presidente, es que los temas que estamos por votar son trascendentes, importantes y por supuesto que son motivos para respaldarlos íntegramente.

Respecto a este último que acaba de comentar la Senadora Marcela Guerra, nosotros quisiéramos comentar que en esta tribuna hemos hablado en diversas ocasiones del fenómeno migratorio, el cual es originado por diversos actores económicos, como el desempleo, la propia delincuencia o la falta de oportunidades educativas.

Pese a esto no podemos enumerar, y con ello limitar, las causas y los motivos por los cuales la población se ve obligada a dejar sus hogares y a emigrar a un lugar con costumbres e idiomas diferentes.

Datos, efectivamente, de la oficina del censo de los Estados Unidos, revelan que actualmente residen 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país vecino, de los cuales el 59 por ciento son mexicanos o tienen raíces mexicanas.

Y recientemente, aquí también se ha comentado, y en el seno de la comisión que preside la Senadora Marcela Guerra también, un grupo de Senadores y el propio Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica presentaron iniciativas en materia migratoria, las cuales al parecer darán como resultado una reforma migratoria integral, estamos dándole seguimiento al tema.

Lo que para el caso particular de nuestros connacionales que radican allá en los Estados Unidos, evidentemente va a generar medidas sumamente benéficas respecto a sus derechos humanos, el acceso al servicio educativo y de salud, a mejores oportunidades de empleo y a la salvaguarda de su integridad física.

El reto de los impulsores de esta reforma es que se incorpore a ella el establecimiento, como aquí lo hemos comentado, de una mejor y más eficiente seguridad fronteriza, la supervisión responsable de diversos centros de trabajo a efecto de salvaguardar los derechos laborales de los migrantes, y la ampliación a los programas de trabajo temporal con la finalidad de evitar que los migrantes, que ya residan allá en los Estados Unidos, del INCA, y mejorar el sistema de migración con el propósito de generar procesos de obtención de residencias y naturalización mucho más sencillos y eficientes.

Pero es nuestra obligación como mexicanos y como legisladores, es coadyuvar en la labor de terminar con el estigma de que los migrantes son una plaga a la que hay que exterminar.

Por el contrario, nosotros señalamos que las aportaciones de la comunidad latina y particularmente de la comunidad mexicana, que realizan allá en los Estados Unidos, ha contribuido a la construcción económica y cultural de ese país.

Por ello, y toda vez que está fuera de nuestro campo de acción la población de la reforma migratoria en los Estados Unidos, nos parece que la tarea de México frente a la reforma migratoria, no solamente implica fortalecer la competitividad de nuestra sociedad, por lo que el gobierno de México debe garantizar el desarrollo humano de sus habitantes, con lo cual se permitiría una dinámica de intercambio, no solamente de bienes, sino también de una población más capacitada.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, lo reitero, estamos comprometidos y ocupados de construir día a día una sociedad integral, homogénea, libre, incluyente, con fundamento y respeto, protección y garantía de los derechos humanos siempre bajo los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.

Por lo que ante la incapacidad histórica que ha tenido el gobierno de brindarle a las mexicanas y a los mexicanos empleos dignos y bien remunerados, también servicios de salud y educativos de calidad, viviendas decorosas, sin que tengan que ir a buscar su desarrollo fuera de nuestras fronteras y alejados de su idioma, de todas sus tradiciones y, sobre todo, lejos de su familia y amigos, resulta imperiosa la necesidad de velar y salvaguardar los intereses y derechos de los mexicanos donde quiera que se encuentran.

Y aquí la trascendencia de aprobar el dictamen que se discute en sus términos, toda vez que es indispensable que ante la aprobación de la reforma migratoria de los Estados Unidos, los 50 consultados mexicanos en dicho país cuenten con los elementos humanos y materiales necesarios para brindar mejor servicio a nuestros connacionales que así lo necesiten orientando y ayudándolos a efecto de que un número mayor de mexicanos sea beneficiado con esta reforma.

Es por eso que vamos a votar apoyando este dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

No habiendo más oradores enlistados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este primer dictamen en sus términos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pido a la Secretaría se sirva dar lectura al segundo de los Acuerdos anunciados.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este segundo Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos al apartado de proposiciones, y tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, para presentar, a nombre propio y de la Senadora Ninfa Salinas Sada, un punto de Acuerdo que exhorta a iniciar los estudios previos justificativos para declarar la figura de hábitat crítico para la conservación de la vida silvestre a la Ensenada de Xpicob, en Campeche.






PROPUESTAS

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Ha sido un placer trabajar en esta proposición con mi compañera, en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Senadora Ninfa Salinas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Ambos sabemos que las decisiones de esta Soberanía, para preservar los ecosistemas, serán para bien de quienes hoy habitamos en este planeta, pero sobre todo para las generaciones futuras que merecen nuestra atención.

Esa preocupación también se refleja claramente en el compromiso 2.4, relativo al desarrollo sustentable en el Pacto por México impulsado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que manifiesta, y cito textualmente:

“El cambio climático es un reto global que se debe enfrentar con responsabilidad y realismo. Es necesaria una nueva cultura y compromiso ambiental que modifique nuestro estilo de vida, la forma en que se produce, se consume e incluso se desecha”.

El conocimiento científico con el que ahora contamos nos ha abierto los ojos sobre el impresionante legado biótico que se encuentra en muchos estados de nuestro país y que había permanecido escondido o ignorado por décadas.

Riqueza natural que nos obliga a todos los mexicanos, y en especial a mis paisanos campechanos, a refrendar el compromiso por su cuidado y conservación.

El día de hoy queremos resaltar que a 18 kilómetros de la ciudad de San Francisco de Campeche, la capital de mi estado, se encuentra la Ensenada de Xpicob, que ocupa una región que incluye también el Estero de Sabancuy, este último localizado en el municipio del Carmen.

En ella existe una gran diversidad de especies, algunas enlistadas por la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010, como son las tortugas blancas, carey y caguama, el manatí, el delfín, 2 especies de caballito de mar y aves como la garza ceniza y el playero rojizo, y también existen 3 tipos de mangle: el blanco, el negro y el mangle botoncillo.

La lista de especies apenas da cuenta del gran patrimonio y la riqueza de biodiversidad que guarda para todos, además, en ella opera una unidad de maricultura que cuenta con un laboratorio de producción de crías de peces marinos; se comercializan más de 30 variedades, tales como el jurel, el canané, el pargo, la rubia, el robalo, el boquinete y el charal.

También existe un campamento tortuguero que se sitúa en el área de influencia de la zona de anidación de la tortuga carey, la cual llega las costas de Campeche a fines de abril de cada año a depositar sus huevos, los cuales se recogen y protegen para que las crías empiecen a nacer entre finales de junio y mediados de noviembre.

Como parte de las actividades de educación ambiental, se invita a los visitantes a realizar actividades de liberación de crías.

Significativa es la participación de los pescadores lugareños, quienes también dan servicio a los turistas que visitan la zona.

Es decir, la Ensenada de Xpicob, también un lugar para el ecoturismo, por lo que la zona se maneja como una unidad integral de aprovechamiento sustentable, en la cual también se practica la pesca deportiva.

Por lo anterior, es necesario concebir a la Ensenada de Xpicob no sólo como un entorno ecológico de especies, sino como una unidad integral de aprovechamiento sustentable, ya que los habitantes del lugar obtienen beneficios adicionales que brindan un digno modo de vivir para sus familias.

El valor que representa la Ensenada de Xpicob requiere de un tratamiento especial y requiere ser abordado desde un enfoque ecosistémico, porque con el único objetivo de evitar un impacto negativo biológico, social y ambiental que debilite la posibilidad de seguir representando la naturaleza viva que necesitan los niños de México.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a la consideración del Pleno del Senado, el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a la brevedad posible inicie los estudios previos justificativos, a fin de declarar la figura de hábitat crítico para la conservación de la vida silvestre a la Ensenada de Xpicob, en el municipio de Campeche, en el estado del mismo nombre.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Pozos Lanz. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Naturales.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senadora Layda Sansores, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada más para preguntarle al Senador Pozos Lanz, si me permite sumarme a su propuesta.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño del Senador Pozos Lanz.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño) Desde luego que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. Tomamos nota de ello.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo referente a la importación de cerdos.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Con su permiso, señor Presidente.

El proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en particular con Estados Unidos, se hizo bajo la premisa que se daría un comercio justo en ambas vías, entre los mexicanos, los estadounidenses y los canadienses. En este sentido, las condiciones sanitarias eran diferentes cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, y se estableció el compromiso de reconocimiento de regiones libres de la enfermedad, que para el caso del sector porcícola se consignaba y era la fiebre porcina clasic. Hubo avances en el cual reconocemos a la SAGARPA, y somos hoy un país libre de fiebre porcina clasic.

Estados Unidos no ha cumplido su parte, ya que ha bloqueado los ingresos de productos porcinos de origen nacional. Sin embargo, nuestro país abrió su mercado indiscriminadamente a las importaciones, situación que fue copando gradualmente el desarrollo del sector y atentando severamente a una dependencia de importaciones de carne que ingresa del país con valores totalmente residuales, por tratarse de cortes de menor valor para los americanos.

Es importante señalar que los mexicanos, los productores de Sonora, los productores de Yucatán, han venido ya durante 37 años exportando a mercados muchos más exigentes que el americano; como es el caso de los japoneses o recientemente el del coreano. En este sentido, en tanto que México no logre el acceso al mercado estadounidense en igualdad de condiciones, es necesario se suprima de inmediato, de hacerle un llamado, con todo respeto, a la Secretaría de Economía y a la SAGARPA, a las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo, con objeto de no comprometer las condiciones del precio nacional del cerdo, bajo las fracciones arancelarias 020312 y 020322.

Compañeras y compañeros, quiero darles un dato: tan solo México, los industriales importaban en 1995, 14 mil toneladas al año de pierna y espaldilla. En este momento, importamos 429 mil toneladas por año. Esto ha sido un crecimiento indiscriminado.

Esta situación debe corregirse de inmediato y estar en congruencia con nuestros compromisos, donde tengamos igualdad de condiciones para producir y comercializar.

Por todo lo anterior, pido de carácter de urgente resolución, se someta a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Primero. Que la Secretaría de Economía establezca de inmediato un arancel-cupo para las fracciones arancelarias que ya mencioné, así como para las piernas en su presentación de refrigeradas y congeladas, respectivamente, en donde se importen sin arancel la misma cantidad de compra del mercado nacional.

Ustedes creen que los mexicanos, los propios americanos y los canadienses pueden comercializar sus productos con sus normas, pero ya cumpliéndose sus normas, caducando sus normas, ya no pueden comercializarse dentro del mercado americano, pero sí pueden exportarse y a dónde creen ustedes que van esas importaciones: a México.

Somos su país residual, porque ellos nada más se comen los lomos, las costillas y los tocinos, pero no les gusta la pierna y las paletas, y tienen que ir al mercado mexicano.

Ya China les acaba de retirar sus exportaciones, y seguimos su valor residual.

Segundo. Que la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, en conjunto con la Secretaría de Economía, implementen en frontera los mismos requerimientos del mercado americano. Que no ingrese carne de cerdo de ninguna especie, que no sea autorizada por su propio mercado, el americano. Las pruebas de residuos tóxicos deberán ser completadas, y no como hasta hoy, aleatoriamente, como se ha venido haciendo.

Tercero. Que se establezca un mecanismo de revisión permanente por parte de las autoridades competentes y se oriente a los productores nacionales para apoyar la compatibilidad del sector y se eviten prácticas desleales de comercio internacional.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A LA IMPORTACION DE CERDOS
“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

El suscrito, FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 y 108 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter al Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN) y en particular con los Estados Unidos, se hizo bajo la premisa de que se daría un comercio en ambas vías. En ese sentido por las condiciones sanitarias diferentes las autoridades estadounidenses establecieron el compromiso de reconocimiento de región libre de enfermedad que para el caso del sector porcícola consignaba la Fiebre Porcina Clásica. En ese sentido, reconocemos los avances de campaña sanitaria realizados por las autoridades mexicanas al inicio de Enero de 1994, fecha en que se implementó el TLCAN.

No obstante los trámites sistémicos y realizados por la SAGARPA y los esfuerzos coordinados con los porcicultores nacionales las autoridades sanitarias de los Estados Unidos no han cumplido su parte, ya que han bloqueado el ingreso de productos porcinos con origen nacional. Sin embargo, México desde el primer día del Acuerdo abrió su mercado indiscriminadamente a las importaciones, situación que fue copando gradualmente el desarrollo del sector y alentando severamente una dependencia de importación de carne que ingresa al país a valores residuales por tratarse de cortes de menor valor en su país de origen.

Es importante señalar que México ha venido exportando desde hace más 37 años a mercados mucho más exigentes que el de Estados Unidos, como lo es el Japonés y recientemente el Coreano. En ese sentido, en tanto México no logre acceso al mercado estadounidense en igualdad de condiciones, es necesario que se supriman de inmediato las importaciones de pierna y de espaldillas de cerdo con el objeto de no comprometer en el corto plazo el abasto y las condiciones del precio del mercado nacional.

El grueso de las importaciones de pierna y paletas que ingresan al País bajo las fracciones arancelarias 020312 y 020322 en su presentación de refrigeradas y congeladas respectivamente.

En 1995 México importaba, solo de carne de cerdo 14,032 toneladas al año donde las piernas de cerdo representaban el 21%. Para el año 2012 las importaciones de carne habían aumentado alarmantemente hasta llegar a una cantidad de 429,826 toneladas por año y con un costo para el mercado nacional de 938,800 millones de dólares. De este monto el 74% fue representado por las importaciones de pierna de cerdo.

La razón sustantiva de este aumento indiscriminado en la importación de paletas y piernas de cerdo es que, el mercado estadounidense prefiere y paga un precio mayor por los lomos y el tocino del cerdo, exportando a un valor residual las demás piezas. Al no tener los porcicultores nacionales acceso a ese mercado privilegiado; por el contrario, reciben la carne a precios depredatorios, han socavado la producción nacional al romper el régimen de concurrencia en el mercado nacional.

Esta situación debe corregirse de inmediato y estar en congruencia con nuestros compromisos, donde tengamos igualdad de condiciones para producir y comercializar. Por todo lo anterior, con carácter de Urgente Resolución, someto a este H. Soberanía,la siguiente proposición de

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Que la SECRETARIA DE ECONOMIA establezca de inmediato un arancel-cupo para las fracciones arancelarias 020312 y 020322 así como a las piernas en su presentación de refrigeradas y congeladas respectivamente en donde se importe sin arancel la misma cantidad de compra del mercado nacional.

SEGUNDO: Que la SECRETARIA DE GANADERIA, AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES, PESCA Y ALIMENTACION, en conjunto con la SECRETARIA DE ECONOMIA implemente en frontera los mismos requerimientos del mercado estadounidense. Que no ingrese carne de cerdo ni de ninguna especie que no sea autorizada para su propio mercado. Las pruebas de residuos tóxicos deberán ser completas y no aleatorias como hasta ahora ha venido ocurriendo.

TERCERO: Se establezca un mecanismo de revisión permanente por parte de las autoridades competentes y se oriente a los productores nacionales para apoyar la competitividad del sector y se eviten prácticas desleales de comercio internacional

H. Cámara de Senadores, a 21 de marzo de 2013.

Atentamente”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Domínguez Servién. Como lo ha solicitado el proponente y con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Senadora Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Está a discusión la propuesta. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a conceder el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes. Compañeras y compañeros Senadores; con el permiso de la Mesa Directiva, señor Presidente.

La presente proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a conceder el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez, con el carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 12 de junio del 2000, en el tramo de la carretera Simojovel-El Bosque, en el estado de Chiapas, fueron emboscados un grupo de policías que viajaban en una camioneta oficial. En el ataque murieron seis elementos de la policía estatal, un policía municipal; y fueron heridos otro policía municipal y un civil que conducía el vehículo.

Siete días después de los hechos, agentes ministeriales detuvieron al ciudadano profesor Alberto Patishtán Gómez y fue trasladado a la Procuraduría de Justicia del Estado; luego fue formalmente acusado de homicidio y lesiones calificadas, robo calificado, daños y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El 18 de marzo de 2002, Patishtán fue sentenciado a 99 años y tres meses de prisión.

Entre agosto de 2002 y septiembre de 2012, Alberto Patishtán recurrió a los instrumentos de la ley que le permite para apelar la sentencia, sin embargo, ni el Tribunal Unitario, ni el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito radicados en el estado de Chiapas, tomaron en cuenta el cúmulo de irregularidades que presentaba el proceso instruido a Patishtán.

Como es del dominio público, el pasado 6 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó en contra el proyecto presentado por la Magistrada Olga María del Carmen Sánchez Cordero que haría que la Suprema Corte reasumiera su competencia original para conocer y resolver el Incidente de Reconocimiento de Inocencia promovido por la defensa de Alberto Patishtán, en consideración a las pruebas ofrecidas, que eran suficientes para destruir las pruebas en las que se había sustentado la sentencia, pero que además evidenciaban las graves violaciones al debido proceso evidentes en el expediente, cerrando así la posibilidad de que el sentenciado recibiera la protección de sus derechos fundamentales por parte del Estado mexicano.

Por otra parte, debe decirse que los deudos de los policías asesinados deben recibir justicia por igual, los responsables de este crimen deben ser sometidos a proceso conforme a derecho, sobre este punto no debe admitirse ningún género de duda, ya que reconocemos que la procuración e impartición de justicia es una función fundamental del Estado, y que el artículo 1o. constitucional establece la perspectiva de la protección de los derechos humanos.

No obstante, la defensa aportó evidencias de que el Ministerio Público Federal no respetó la garantía del debido proceso, ya que desde un inicio encaminó la averiguación en contra de Alberto Patishtán, utilizando pruebas que no habían sido recabadas por el órgano acusador, ni por la Policía Judicial Federal y tampoco habían sido incorporadas a la averiguación previa. Recurrió a pruebas que habían sido recolectadas de manera ilegal; la declaración del policía sobreviviente, Belisario Gómez Pérez, presentó contradicciones, practicó actuaciones violando el derecho a la presunción de inocencia y ordenó que le practicaran la prueba del radizonato de sodio, permitió que fungieran como defensoras personas que no acreditaron su caracter de abogados.

Por su parte, el Juez Primero de Distrito tuvo una actuación diferenciada con respecto a los coacusados, en el caso Salvador López González se respetó el debido proceso y de manera correcta desestimó las acusaciones que le realizó el testigo Rosemberg Gómez Pérez por considerar que eran contradictorias, incluso valoró de manera superficial las declaraciones de testigo de cargo pasando por alto diversas contradicciones.

Sin embargo, en el caso de Alberto Patishtán, no tomó en cuenta las contradicciones del testigo Rosemberg Gómez; y fue omiso al hecho de que el testigo Belisario Gómez Pérez había rendido dos declaraciones a la misma fecha y a la misma hora en diferentes lugares, ante el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del Fuero Común; el juez de la causa fue excesivamente escrupuloso en los análisis de las declaraciones que rindieron los testigos de descargo y emitió una sentencia basada en interpretaciones sesgadas de las pruebas de cargo.

La sentencia se encuentra fundamentada en la Prueba Circunstancial, que fue conformada por cinco medios de prueba; declaraciones de Rosemberg Gómez Pérez, declaraciones de Belisario Gómez Pérez; declaración de Alberto Patishtán López; careos entre Rosemberg-Patishtán; declaración de Alexis Vicente López; y pericial química (de Radizonato de Sodio).

En el Incidente de Reconocimiento de Inocencia presentado en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la defensa planteó la hipótesis de la existencia de nuevos documentos que eran idóneos para destruir la Prueba Circunstancial en que se sustentó la sentencia condenatoria, de acuerdo al artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales, tales documentos deben ser posteriores a la fecha de emisión de la sentencia. Al aceptar este argumento, los elementos de la Prueba Circunstancial habrían perdido su secuencia armónica y por lo tanto su eficacia probatoria.

La Primera Sala tenía ante sí la oportunidad de ordenar la libertad de una persona que desde el principio de las indagatorias fue privado de su derecho al debido proceso. Debió, además, considerar que las pruebas eran hace 12 años, con el paso del tiempo y a la luz de los nuevos criterios garantistas, dejó de serlo, porque la forma en que fue recabada la información e incorporada al proceso, vulneró los derechos fundamentales del profesor Alberto Patishtán. Sin embargo, por votación, los ministros decidieron no conocer el caso.

Debe llamar la atención al carácter conflictivo que históricamente ha tenido la relación de las comunidades indígenas en el Estado mexicano; los primeros se han visto impedidos a ejercer plenamente los derechos que constitucionalmente le son reconocidos como mexicanos, pero que en la práctica han sido nugatorios.

Muchas voces se han levantado en el mundo y en nuestro país a favor de la liberación de Alberto Patishtán, corresponde ahora a la figura del Presidente de México escuchar a los diversos sectores de la sociedad civil y a las organizaciones internacionales de derechos humanos e instituciones de educación superior que se han pronunciado en este sentido.

Por tales razones, someto el siguiente punto de Acuerdo con el carácter de urgente resolución, con el siguiente resolutivo:

UNICO.- El Senado de la República, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal en base a las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89, en su fracción XIV, le conceda el indulto al ciudadano Alberto Patishtán.

Es todo. Gracias por su atención.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONCEDER EL INDULTO AL CIUDADANO ALBERTO PATISHTAN GOMEZ

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El que suscribe, Senador ADOLFO ROMERO LAINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 110 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de esta Cámara, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONCEDER EL INDULTO AL CIUDADANO ALBERTO PATISHTAN GOMEZ, con el carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 12 de junio del 2000, en el tramo de la carretera Simojovel-El Bosque, en el Estado de Chiapas, fueron emboscados un grupo de policías que viajaban en una camioneta oficial. En el ataque murieron seis elementos de la policía estatal, un policía municipal; y fueron heridos otro policía municipal y el civil que conducía el vehículo.

Siete días después de estos hechos, agentes ministeriales detuvieron al ciudadano profesor Alberto Patishtán Gómez y fue trasladado a la Procuraduría de Justicia del Estado; luego fue formalmente acusado de homicidio y lesiones calificadas; robo calificado; daños y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El 18 de marzo del 2002, Patishtán fue sentenciado a 99 años y tres meses de prisión.

Entre agosto de 2002 y septiembre de 2012, Alberto Patishtán recurrió a los instrumentos que la ley le permite para apelar la sentencia, sin embargo, ni el Tribunal Unitario, ni el Primer Tribunal Colegiado del vigésimo Circuito radicados en el Estado de Chiapas tomaron en cuenta el cúmulo de irregularidades que presentaba el proceso instruido a Patishtán.

Como es del dominio público, el pasado 6 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó en contra el proyecto presentado por la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero que haría que la Suprema Corte reasumiera su competencia original para conocer y resolver el Incidente de Reconocimiento de Inocencia promovido por la defensa de Alberto Patishtán, en consideración a las pruebas ofrecidas, que eran suficientes para destruir las pruebas en las que se había sustentado la sentencia, pero que además evidenciaban las graves violaciones al debido proceso evidentes en el expediente, cerrando así la posibilidad de que el sentenciado recibiera la protección de sus derechos fundamentales por parte del Estado Mexicano.

Por otra parte, debe decirse que los deudos de los policías asesinados deben recibir justicia por igual, los responsables de este crimen deben ser sometidos a proceso conforme a derecho, sobre este punto no debe admitirse ningún género de duda, ya que reconocemos que la procuración e impartición de justicia es una función fundamental del Estado, y que el artículo primero Constitucional establece la perspectiva de la protección de los derechos humanos.

No obstante, la defensa aportó evidencias de que el Ministerio Público Federal no respetó la garantía del debido proceso, ya que desde un inicio encaminó la averiguación en contra de Alberto Patishtán, utilizando pruebas que no habían sido recabadas por el órgano acusador, ni por la Policía Judicial Federal y tampoco habían sido incorporadas a la averiguación previa. Recurrió a pruebas que habían sido recolectadas de manera ilegal; la declaración del policía sobreviviente, Belisario Gómez Pérez, presentó contradicciones; practicó actuaciones violando el derecho a la presunción de inocencia y ordenó que le practicaran la prueba del radizonato de sodio, permitió que fungieran como defensoras personas que no acreditaron su carácter de abogados.

Por su parte, el Juez Primero de Distrito, tuvo una actuación diferenciada con respecto a los coacusados, en el caso Salvador López González se respetó el debido proceso y de manera correcta desestimó las acusaciones que le realizó el testigo Rosemberg Gómez Pérez por considerar que eran contradictorias, incluso valoró de manera superficial las declaraciones de testigo de descargo pasando por alto diversas contradicciones.

Sin embargo, en el caso de Alberto Patishtán, no tomó en cuenta las contradicciones del testigo Rosemberg Gómez; y fue omiso al hecho de que el testigo Belisario Gómez Pérez había rendido dos declaraciones a la misma fecha y a la misma hora en diferentes lugares, ante el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del Fuero Común; el juez de la causa fue excesivamente escrupuloso en el análisis de las declaraciones que rindieron los testigos de descargo y emitió una sentencia basada en interpretaciones sesgadas de las pruebas de cargo.

La sentencia se encuentra fundamentada en la Prueba Circunstancial, que fue conformada por cinco medios de prueba; declaraciones de Rosemberg Gómez Pérez, declaraciones de Belisario Gómez Pérez; declaración de Alberto Patishtán López; careos entre Rosemberg-Patishtán; declaración de Alexis Vicente López; y pericial química (de Radizonato de Sodio).

En el Incidente de Reconocimiento de Inocencia presentado en la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, la defensa planteó la hipótesis de la existencia de nuevos documentos que eran idóneos para destruir la prueba circunstancial en que se sustentó la sentencia condenatoria, de acuerdo al artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales, tales documentos deben ser posteriores a la fecha de la emisión de la sentencia. Al aceptar este argumento, los elementos de la prueba circunstancial habría perdido su secuencia armónica y por lo tanto su eficacia probatoria.

La Primera Sala tenía ante sí la oportunidad de ordenar la libertad de una persona que desde el principio de las indagatorias fue privado de su derecho al debido proceso. Debió, además, considerar que lo que era prueba hace 12 años, con el paso del tiempo y a la luz de los nuevos criterios garantistas, dejó de serlo, porque la forma en que fue recabada la información e incorporada al proceso, vulneró los derechos fundamentales del profesor Alberto Patishtán. Sin embargo, por votación, los ministros decidieron no conocer el caso.

El profesor Alberto Patishtán es indígena tsotsil y al momento de su detención era director de un albergue indígena dedicado a la enseñanza elemental, él es un activista y líder en su comunidad que busca transformar las condiciones de marginación y pobreza extrema que caracteriza a los indígenas en el país, pero especialmente caracteriza a las etnias del sur de México.

El caso del profesor Alberto Patishtán es ilustrativo de los vacíos institucionales de que adolece la impartición de justicia en nuestro país, en el que la condición de indígena aparece como un estigma social insuperable, no sólo por los prejuicios con que habitualmente se les discrimina, sino como ahora, por la actuación de las instituciones del Estado que debieran proteger sus derechos fundamentales.

Debe llamarnos la atención el carácter conflictivo que históricamente ha tenido la relación de las comunidades indígenas con el Estado Mexicano; los primeros se han visto impedidos a ejercer plenamente los derechos que constitucionalmente le son reconocidos como mexicanos, pero que en la práctica han sido nugatorios.

El profesor Alberto Patishtán no necesita readaptación social como figura en los supuestos de la fracción II del artículo 97 del Código Penal Federal, porque él es un ejemplo de integridad en su comunidad; tampoco es un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas porque él mismo es un educador.

Toda vez que se han agotado los recursos en Tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queda el último reducto que contempla nuestra Carta Magna para restituir la justicia a un ciudadano que ha sido condenado por unos crímenes que no cometió y por los que ha estado encerrado durante 12 años.

Es la oportunidad para que el gobierno de México envíe un claro mensaje de transformación al mundo, a todos los mexicanos y particularmente a los indígenas, para que no quede duda que nuestra nación cuenta en la Constitución con los pesos y contrapesos para que los tres poderes, actuando subsidiariamente, corrijan los vacíos institucionales que crean inequidades e injusticias.

El propósito de este punto de Acuerdo es exhortar al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, para que, haciendo uso de las facultades constitucionales que le otorga la fracción XIV del artículo 89, conceda el indulto al ciudadano Profesor Alberto Patishtán Gómez.

Para tal propósito pondremos en sus manos el expediente del caso para que instruya la realización de un minucioso estudio y para que considere en su interpretación el mayor beneficio a favor de la libertad del sentenciado, que en esencia constituye el Principio Pro Persona reconocido en nuestra Constitución.

Muchas voces se han levantado en el mundo y en nuestro país a favor de la liberación de Alberto Patishtán, corresponde ahora a la figura del Presidente de México escuchar a los diversos sectores de la sociedad civil y a las organizaciones internacionales de derechos humanos e instituciones de educación superior que se han pronunciado en este sentido.

Por las razones anteriormente expuestas, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo con el carácter de urgente resolución, con el siguiente resolutivo:

UNICO.- El Senado de la República, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal en base a las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89, en su fracción XIV, le conceda el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 19 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Adolfo Romero Lainas”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Como ha sido solicitado por el Senador Romero Lainas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución.

- El C. Presidente Burgos García: Se turna a la Comisión de Justicia.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Romero Lainas, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: (Desde su escaño) Para que se realice nuevamente la votación, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Discúlpeme, Senador Romero, pero la Secretaría ya emitió la referencia de que fue votado y que no reunía las dos terceras partes. Discúlpeme.






Informo a las Senadoras y Senadores, que conforme a lo acordado el día de ayer en la Asamblea, la Mesa Directiva presentó a los grupos parlamentarios un punto de Acuerdo en relación con los problemas que afectan al sector agropecuario a consecuencia de la sequía que padecen diversas entidades del país.

El proyecto conformado por la Mesa cuenta con la aceptación de Senadoras y Senadores de todos los grupos parlamentarios, los suscriben, en este caso, los Senadores Teófilo Torres Corzo, Miguel Romo Medina, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Luisa María Calderón Hinojosa, Fidel Demédicis Hidalgo, Martha Palafox Gutiérrez, Manuel Cavazos Lerma, Gerardo Sánchez García, Humberto Cota Jiménez, Lilia Guadalupe Merodio y el de la voz.

El texto del punto de Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Está abierta la discusión.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño del Senador Pedroza Gaitán.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. El objeto de solicitar el uso de la voz es para respetuosamente pedirle al grupo de Senadores suscribientes, me permitan adherirme a esta importante proposición. Se abre la oportunidad de comentar este tema y solicitaría, si es posible, señor Presidente, que se me concediera el turno.

- El C. Presidente Burgos García: Tomamos nota, y desde luego es factible su petición.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño de la Senadora Maki Ortiz, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Con el mismo, señor Presidente. Pidiéndole, por favor, que si es posible me adhiera a este punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Burgos García: Por supuesto, se toma nota de la adhesión.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Para adherirse o para hablar? Sonido al escaño de la Senadora Blanca Alcalá.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. No sólo para adherirme, sino para solicitar que si los promoventes están de acuerdo se pueda incorporar al estado de Puebla por las características mismas que presentan los sectores a que hacen referencia en el punto de Acuerdo que se ha señalado.

- El C. Presidente Burgos García: Si no hay ninguna objeción de los promoventes, se toma nota y se incorpora.

No habiendo más participaciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Honorable Asamblea, con el propósito de agilizar la presentación de proposiciones con punto de Acuerdo y avanzar en el desahogo de los asuntos inscritos en la agenda, los grupos parlamentarios aceptaron adoptar una modalidad de presentación de estos asuntos desde sus respectivos escaños.

Esta presentación únicamente se referirá a la lectura de los resolutivos que contenga el punto de Acuerdo.

Para esta sesión están inscritos para presentar sus resolutivos de punto de Acuerdo, desde su respectivo escaño, diversos Senadores de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD y del PVEM.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo en torno a la relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y sus empleados.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Gracias, con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de la palabra para abordar un tema que es de fundamental interés para este Pleno del Senado de la República, el cual consiste en un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a revisar la relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y sus empleados; así como rendir el informe de la revisión al Senado de la República con la finalidad de que se regule y se cumpla con los derechos del trabajador, según lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo vigente.

Y el segundo punto de Acuerdo, de igual en importancia, que exhorta a la SEMARNAT a transformar las edificaciones gubernamentales según su infraestructura lo permita en edificios verdes, así como a la Comisión Federal de Electricidad a actuar en coadyuvancia para la implementación de los paneles fotovoltaicos que se requieran.

Gracias. Es cuanto, señor Presidente.

Propuestas

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A REVISAR LA RELACION LABORAL EXISTENTE ENTRE LAS EMPRESAS TURISTICAS EN QUINTANA ROO Y CON SUS EMPLEADOS, ASI COMO RENDIR EL INFORME DE LA REVISION AL SENADO DE LA REPUBLICA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE REGULE Y SE CUMPLA CON LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE

“La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los Estados Unidos Mexicanos el turismo beneficia a miles de familias, ya que en algunos Estados de nuestra nación la principal fuente de empleo es en el sector turístico, esto implica que la única forma de sostenerse económicamente es conservar un empleo en este sector, razón por la cual el trabajador debe tener certeza jurídica de su relación laboral, así como gozar con plenos derechos laborales. Desafortunadamente una situación que se ha hecho común es que el trabajador en innumerables ocasiones es privado de sus derechos laborales, situación que no debe ser vista como normal, mucho menos como una práctica correcta. Debe de darse la importancia que se requiere ya que estamos tratando el tema de la única fuente de ingresos de los trabajadores.

El menoscabo que se ocasiona a los trabajadores es principalmente de carácter económico, ya que al vedarlo de prestaciones en su relación laboral, su capacidad monetaria se reduce, además de que no tienen la seguridad de contar con un empleo de duración permanente o duradera, muchas veces los empleados son contratados semana tras semana por contratos de 5 días, impidiéndoles la configuración de derechos por antigüedad. Lo antes mencionado ocasiona que los trabajadores se encuentren en la necesidad de que se hagan valer sus Derechos Laborales, sin que sean objeto de represalias.

Debido a presuntas irregularidades denunciadas por trabajadores de empresas turísticas en el Estado de Quintana Roo, como; Grupo Xcaret (Xcaret, Xel-ha, Xplor), Valentin Imperial, Ibero Star Hotels and Resorts, Dolfinaris, Mayan Palace, Prince, cometidas a sus empleados, donde estas irregularidades consisten en;

1.- La utilización de contratos semanales y/o mensuales, con la finalidad de que los empleados no generen derechos de antigüedad, ni de pago de utilidades. Es preciso mencionar que en el caso de existencia de contratos donde dicha contratación es a prueba, se debe regir bajo los siguientes numerales de la Ley Federal de Trabajo, los cuales expresan que solo cuando la relación laboral sea por tiempo indeterminado o cuando excedan ochenta días, podrán establecerse un periodo a prueba, también nos expresan que en el caso de no existir dicho contrato se entenderá una relación laboral por tiempo indeterminado. A continuación los numerales 39-A y 39-C de la LFT;

“Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento ochenta días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.

Artículo 39-C. La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial, se hará constar por escrito garantizando la seguridad social del trabajador; en caso contrario se entenderá que es por tiempo indeterminado, y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador.”

2.- El mecanismo de contratación es atreves del régimen “subcontratación” también conocido como “outsourcing”, estas empresas de contratación regularmente no se hacen cargo del pago de prestaciones laborales. Cabe mencionar que esta figura se reguló en la última reforma de la ley Federal de trabajo en el artículo 15,15-A, 15-B, 15-C, 15-D. lo cual a la letra dice;

“Artículo 15.- En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, se observarán las normas siguientes:

I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores; y

II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo.

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.”

3.- La ejecución de jornadas laborales no son bien remuneradas ya que el pago no se emite conforme a la jornada de trabajo, es decir que el pago no es acorde a los horarios mixtos, nocturnos, horas extras.

4.- Condicionan a los trabajadores su contratación con la firma de renuncia de prestaciones y de su puesto antes de iniciar sus labores.

5- Existe un trato discriminatorio por parte de los patrones, en dónde de acuerdo al rasgos fisionómicos asignan los empleos y el trato cotidiano entre patrón empleado depende de los puestos y rasgos mencionados anteriormente.

Es menester atender el asunto tanto por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como lo establecido en la ley Federal del Trabajo vigente.

Una característica del derecho social en materia laboral es velar por la clase trabajadora, los empleados en la mayoría de los casos no cuentan con conocimientos para salvaguardar sus derechos laborales, al no contar con ingresos suficientes para pagar una asesoría jurídica, dichos empleados en términos reales desafortunadamente ni siquiera saben de la existencia de la junta de conciliación y arbitraje y menos de cómo funciona.

Es común que los patrones abusen de la ignorancia en el tema, es por eso que debemos apegarnos al derecho mexicano, para fomentar un México cada día más justo, equitativo sin ninguna desigualdad ni abuso a ningún mexicano.

Debe haber una regulación en cuanto a la revisión en sus contratos para analizarlos y poder hacer expresar una justa normatividad en sus contratos, velando los intereses de las partes involucradas en igualdad de derechos, sin cabida a irregularidades

El artículo. 123 constitucional nos establece que todos los mexicanos tenemos derecho al trabajo digno el cual a la letra dice:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley…”

El artículo anterior de nuestra carta magna nos da la base constitucional para la Ley Federal de Trabajo, en donde se establecen los lineamientos que deben seguirse para tener una relación laboral en donde prevalezca la equidad y justicia, para lograrlo la relación patrón-empleado debe formarse atreves del respeto, la dignidad, la igualdad.

El artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo nos explica que se entiende por relación de trabajo.

“Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.”

En el caso de que no exista un contrato de trabajo de forma expresa, con la mera subordinación se entiende por existente la relación de trabajo ya que se presume su existencia según el artículo siguiente de la LFT;

“Artículo 21. Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe”.

Las condiciones de trabajo no pueden ser inferiores a las fijadas por la ley, algunos patrones deciden dar como si fueran dadivas a sus empleados las prestaciones que por ley les corresponden, es importante tomar en cuenta el siguiente artículo de la LFT para empezar a hacer un cambio en la materia laboral y dar lo que les corresponde al trabajador, no es posible que se les siga engañando a la clase trabajadora y permanecer como simples observadores a estos actos retrogradas.

En el caso de que por ignorancia de los trabajadores o por alguna razón en la que hayan renunciado a percibir el salario que les corresponde, el artículo siguiente nos establece que no se dará efecto al acto de renunciar al salario.

El siguiente artículo de la LFT nos establece que es irrenunciable el derecho a percibir el salario.

“Artículo 99.- El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados”.

En virtud de todos los numerales antes expuestos es pertinente realizar un estudio sobre la relación laboral entre las empresas turísticas y sus empleados con el fin de esclarecer y en su caso normalizar la relación laboral conforme a los numerales vigentes, es imperante que hagamos un México que cumpla todas las normativas dejando en el pasado las omisiones y abusos que menoscaben a la clase trabajadora.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a que revise la relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y con sus empleados, así como rendir el informe de la revisión al Senado de la República, con la finalidad de que se regule y se cumpla con los derechos del trabajador según lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo vigente.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.






PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SEMARNAT A TRANSFORMAR LAS EDIFICACIONES GUBERNAMENTALES SEGUN SU INFRAESTRUCTURA LO PERMITA EN EDIFICIOS VERDES, ASI COMO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A ACTUAR EN COADYUVANCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS QUE SE REQUIERAN

“La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El cambio climático es una realidad en nuestro planeta, es por eso que es necesario implementar la tecnología desarrollada en materia ambiental con la finalidad de prevenir y planificar proyectos que beneficien el futuro de las generaciones de los Estados Unidos Mexicanos. El problema Ambiental es una situación global que incumbe a todas las naciones, es por ello que todos tenemos la obligación de crear mecanismos queden soluciones al Cambio Climático.

Al ser un tema de interés general es improrrogable atender el problema ambiental, por lo que entre más oportunos seamos como nación, mejores resultados obtendremos en políticas ambientales que generen un cambio tangible en la calidad de vida de los mexicanos.

La abundante contaminación ocasiona cambios tan extremosos en los ecosistemas que causan enfermedades de las vías respiratorias, oculares, dermatológicas, entre otros, que al paso del tiempo se vuelven problemas crónicos en la población mexicana, lo cual genera gastos públicos, y gastos a los particulares, en atender sus padecimientos.

El hecho de disminuir la contaminación representa una mejoría en la calidad de vida, además de representar menos gastos públicos a la Seguridad Social, y de igual forma cumple con las disposiciones internacionales y nacionales en materia ambiental.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4° en su párrafo V nos establece que;

“V. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

De lo cual La Ley General de Cambio Climático, la cual garantiza la continuidad de las políticas de cambio climático, también nos expresa en el artículo 2°, fracciones I. IV y V;

“Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;

V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;”

También contamos con normas relacionadas con el comportamiento térmico de los edificios.

• “NOM-018-ENER-1997, para caracterizar los materiales aislantes para la construcción.

• Varias normas oficiales mexicanas para electrodomésticos: aires acondicionados, lavadoras, refrigeradores, lámparas, etcétera.

• NOM-007-ENER-2005 y NOM-013-ENER-2004, Normas para la eficiencia energética en iluminación interior y exterior de edificio.

• NOM-008-ENER-2001, eficiencia energética en edificaciones no residenciales, vigente en algunos reglamentos de construcción.

• NOM-020-ENER-2011, norma para la envolvente de edificios habitacionales: eficiencia energética en edificaciones.

• NOM de vidrios (en desarrollo).

• NADF-008-AMBT-2005, calentamiento de agua con energía solar para el uso obligatorio de calentadores solares de agua en un porcentaje; aplica en edificios comerciales en la ciudad de México.

• NADF-013-RNAT-2007, sistemas de naturación de azoteas en el Distrito Federal.

• Recientemente, la NOM de lámparas, para eliminar el uso de las lámparas incandescentes en pocos años.”1

Por lo tanto es imperioso dar seguimiento a los diversos ordenamientos legales y, así como hacer uso de mecanismos ambientales en apoyo de la sociedad mexicana. Una propuesta tangible es la de invertir en la conversión de las edificaciones gubernamentales a “edificios verdes”. Lo cual implica una estrategia para generar los siguientes beneficios;

1. Ahorrar en el gasto público remplazando las fuentes energéticas actuales por fuentes renovables e inagotables como lo es la energía solar.

2. Disminución de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que impacta en términos de salud al reducir los contaminantes que provocan enfermedades respiratorias

3. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos al utilizar energías limpias y renovables en los edificios gubernamentales.

4. Impulsar el desarrollo de México en materia de medio ambiente.

Existen proyectos gubernamentales y privados en el desarrollo de edificaciones verdes en México, como por ejemplo; El Corporativo Dos Patios de la empresa Siemens de México2, otro caso es el de lasPensiones Civiles del Estado de Chihuahua el cual representaría el primer edificio público-gubernamental en el país con las características de sustentabilidad3.

Un edificio verde debe cumplir ciertas características para su debido funcionamiento y debe contemplar los siguientes aspectos fundamentales:

1. El cuidado y uso racional de agua es parte básica de un edificio verde, por lo que se debe instalar un sistema de captación de agua pluvial que se almacena en cisternas, para después filtrarla y obtener el líquido purificado para su reutilización en sanitarios y mantenimiento del edificio. El mobiliario sanitario de estos edificios implica la utilización de válvulas ahorradoras, mingitorios y baños secos.

2. Generan su propia energía mediante fuentes alternas como Celdas Solares que captan la energía proveniente del sol y la convierten en energía eléctrica sustituyendo la energía tradicional.

3. La instalación de un Sistema Radiante de calefacción para abastecer agua caliente proveniente de calentadores solares, remplazando el uso de gas para dicha tarea.

4. Las azoteas y muros verdes son técnicas constructivas típicas de estos edificios. Con estos espacios se produce un confort laboral que contribuye al desarrollo social y a la productividad de quienes ahí trabajan y se contribuye al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2 que tanto afectan al planeta.

5. Cuentan con elevadores para autos que optimizan los espacios, Sistemas Automatizados de iluminación, Sensores de presencia y por supuesto, durante su construcción se utilizan materiales sustentables como pavimentos ecológicos y materiales reciclados entre otros.

Si bien es cierto que no todos los edificios gubernamentales de México pudieran ser edificios verdes al 100%, también lo es que todos los edificios en mención deben ser adecuados hasta donde su misma infraestructura lo permita.

Cabe mencionar que un elemento de los edificios verdes es utilizar energías limpias como lo es el uso de paneles fotovoltaicos, dicha característica requiere una inversión para generar el ahorro energético y en el gasto público. Además de posicionar a México en una nueva era de planificación y estrategia en materiasustentabilidad.

La energía solar está implementada en algunos parques, teléfonos públicos, casas particulares, edificios de empresas, etc. En el 2012 hubo grandes aportes por parte de la Comisión Federal de Electricidad y del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), por medio del programa de financiamiento para casas solares.4

Además del FIDE también contamos con la Hipoteca Verde y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), entre otros medios de financiamiento.

Desde el punto de vista ambiental el sistema fotovoltaico es una herramienta querepresenta el futuro y tarde o temprano será necesaria e inclusive en un momento dado puede llegar a ser obligatoria dicha medida, debido a que nuestros ecosistemas se encuentran muy deteriorados por la aceleración del cambio climático.

México logro duplicar5 la producción de energía eléctrica a través de la luz solar por medio por medio de las celdas solares lo que significo en una reducción en el gasto de tarifas eléctricas y por ende lo que representa un ahorro monetario y también se contribuirá al cuidado del medio ambiente.

La implementación de paneles fotovoltaicos, sumado a la conversión de los edificios gubernamentales, más que un gasto es una inversión ya que además del ahorro que implica su correcto funcionamiento, México pudiera llegar a ser acreedor de financiamiento proveniente del extranjero, como lo son los “bonos de carbono” que son un instrumento económico contemplado en el Protocolo de Kioto donde cada bono de carbono equivale a una tonelada de bióxido de carbono (ton CO2 eq.) que ha sido dejada de emitir a la atmósfera6 mismos que ayudarían a financiar el desarrollo de los proyectos en mención.

Actualmente ya hay muchos ciudadanos que día a día en su forma de vivir cuidan el medio ambiente, si bien es cierto que la aportación de cada ciudadano es fundamental, también lo es que nuestros organismos gubernamentales, deben seguir esta línea de fomentar la cultura y la toma de acciones en pro del medio ambiente.

Dicha implementación tanto de los edificios verdes, como de los elementos que los caracterizan pude ser de forma gradual, comenzando con el Distrito Federal y de este hacia los demás Estados, ya que el Distrito Federal es donde debido a su alta población y a las características del Valle de México hacen muy notorio el efecto invernadero además de que hay un gran número de edificios gubernamentales.

Es importante que el Estado ponga el ejemplo en materia ambiental hacia la población con la finalidad de fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente.

El primer edificio en llevar a cabo la transformación en edificio verde debe ser el correspondientes a SEMARNAT, ya que es la Secretaria que es garante en materia de medio ambiente, posteriormente se llevara la transformación paulatina de cada uno de los edificios gubernamentales ubicados del Distrito Federal comenzando por los que sean más aptos para su conversión. Los edificios que representen mayores dificultades técnicas para su transformación establecerán los cambios hasta donde su infraestructura lo permita y finalmente los demás edificios gubernamentales de los Estados de la República implementaran el proyecto.

Dicha adecuación gradual, permite la facilidad de implementación, ya que el ahorro que se genere de cada edificación puede servir para invertir en la adecuación de otro edificio y así subsecuentemente.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT a que transforme las edificaciones gubernamentales hasta donde su infraestructura lo permita para convertirlos en “edificios verdes”, así como a la Comisión Federal de Electricidad a que actué en coadyuvancia para la implementación de los paneles fotovoltaicos que se requieran, comenzando con el Distrito Federal y de forma paulatina con los demás Estados, según los recursos económicos lo vallan permitiendo.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 5 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Beristain Navarrete. Su primera proposición se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y la segunda a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, para presentar los resolutivos de su punto de Acuerdo sobre prevención en accidentes viales.

- La C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente comentar muy rápido, es un punto de Acuerdo donde se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública a poder intensificar una campaña de prevención de accidentes, creo que es algo fundamental, si vemos los porcentajes, hay un número importante de accidentes provocados por no seguir los señalamientos viales, por tomar en exceso y por muchas otras circunstancias.

El punto de Acuerdo expone de manera plena, de manera prudente, además cómo poderle hacer desde las escuelas para educar en una cultura del autocuidado, en una cultura de prevención de manera más plena no solamente en los periodos vacacionales, que es cuando comúnmente hacemos las campañas de prevención. Queremos ahora incentivar al gobierno y a las instituciones para que estas campañas sean en todos los tiempos, en todos los periodos desde las escuelas, es prácticamente para eso, y esperamos contar con su apoyo para poder generar una cultura vial, una cultura de prevención.

Muchas gracias.

Propuesta

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Ríos de la Mora. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.






Tiene el uso de la palabra el Senador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo sobre captura de camarón.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Con su permiso, señor Presidente.

Los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Ernesto Gándara Camou y su servidor, Francisco Salvador López Brito, estamos presentando este punto de Acuerdo en relación con actividades en materia pesquera y de sustentabilidad en el Alto Golfo de California, zona de alta reproducción, zona de alta productividad y el hábitat de algunas especies importantes como la totoaba y la vaquita marina, y en la cual, para precisamente darle seguimiento a su protección, se están implementando una serie de acciones por parte del INAPESCA para tener un arte de pesca que respete a estas dos especies, y con el compromiso de los pescadores de la región de llevar a cabo una pesca responsable y sustentable es que estamos exhortando respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Marina, y para que por conducto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, Instituto Nacional de la Pesca y Subsecretaría de Marina, se continúen con los estudios de investigación de la red prototipo y de otras artes de pesca que permitan mejorar la selectividad y eficiencia de las capturas de camarón en el Alto Golfo de California con el propósito de respetar la sustentabilidad, pero también de que no se afecten los volúmenes de producción y, desde luego, la calidad de vida de los pescadores que dependen de dicha actividad en esta región.

Y que se realicen acciones de inspección y vigilancia en el Alto Golfo de California que impidan la pesca ilegal, con base en el artículo 124 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A CONSIDERAR LA ADAPTACION DE LA RED DE ARRASTRE PROTOTIPO RS-INP-MEX PARA QUE LA CAPTURA DE CAMARON SEA MAS PRODUCTIVA Y SELECTIVA CON LAS ESPECIE OBJETIVO; ASIMISMO, SE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR PARTE DE LA MISMA INSTITUCION Y DE LA SECRETARIA DE MARINA

“FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO y ERNESTO RUFFO APPEL, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y ERNESTO GANDARA CAMOU, Senador miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presentamos a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que considere la adaptación de la red de Arrastre Prototipo RS-INP-MEX para que la captura de camarón sea más productiva y selectiva con las especie objetivo; asimismo, se intensifiquen las acciones de inspección y vigilancia en el Alto Golfo de California por parte de la misma institución y de la Secretaría de Marina. Lo anterior de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Alto Golfo de California es una región ampliamente reconocida por su relevancia ambiental, histórica y cultural, de acuerdo al Programa de Conservación y Manejo “Reserva de la Biósfera Alto Golfo De Californiay Delta Del Río Colorado”.

En la reserva existen vestigios arqueológicos de las culturas Cucapá y Pápago, a lo largo de la costa y sitios con vestigios de antiguos muelles de embarcaciones que navegaron y comerciaron a través del Delta del Río Colorado, como son los Puertos de Santa Isabel y La Bomba.

La biodiversidad existente, su alta productividad y trascendencia para la reproducción, crianza y desarrollo de especies marinas,justificó para que desde 1955 fuera declarada por el Estado Mexicano como una "zona de refugio para todas las especies”; mientras que en 1974, se decretó “zona de reserva, cultivo y/o repoblación para todas las especies de pesca”. En 1975, se decretó una veda indefinida para la totoaba por su sobreexplotación.

En el mismo sentido de conservación, en la década de 1990 se establecieronestrategias para atender la problemática existente en el área, misma que aún subsiste: la disminución de la productividad pesquera, especialmente camarón y tiburón; la falta de vigilancia; la necesaria protección de la vaquita y la totoaba; la disminución del flujo de agua dulce hacia el delta y la necesaria evaluación de humedales como la Ciénega de Santa Clara.

La Reserva de la Biosfera Alto Golfo y Delta del Río Colorado fue oficialmente decretada en junio 10 de 1993, con una superficie de 934,756-25-00 has, integradas por aguas de jurisdicción federal del Golfo de California y terrenos de los municipios de Mexicali, Baja California; y de San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, en Sonora. Se delimitó una zona núcleo denominada “Delta del Río Colorado” al interior de una zona de amortiguamiento. Con el decreto del 7 de junio de 2000, la reserva quedó incluida en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP).

De esta forma, tanto el delta del Río Colorado como el Alto Golfo de California son considerados Regiones Hidrológicas y Marinas de importancia para la conservación por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Desde hace más de veinte años, el Gobierno Federal, a través de varias instancias gubernamentales y la sociedad civil, han realizado una serie de acciones para la protección, estudio conservación y restauración de la marsopa del Golfo de California conocida como vaquita y su hábitat.

Entre los objetivos específicos, del Programa de Conservación y Manejo “Reserva de la Biósfera Alto Golfo De California y Delta Del Río Colorado”, se encuentran:

1. Conservar la diversidad biológica y los ecosistemas del Desierto Sonorense, el Alto Golfo de California y el delta del Río Colorado.

2. Identificar, conservar, proteger y restaurar áreas críticas para especies endémicas, en peligro de extinción, raras, amenazadas o sujetas a protección especial.

3. Asegurar la protección de sitios de desove y reclutamiento de especies de importancia ecológica y comercial de la reserva.

4. Conservar y proteger la diversidad genética de las especies para permitir la continuidad de los procesos evolutivos.

5. Regular las actividades productivas para hacerlas compatibles con los objetivos de conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad.

6. Promover actividades económicas y administrativas que eleven la calidad de vida de las comunidades residentes dentro de un marco ambiental sustentable.

7. Impulsar la investigación científica y la educación ambiental encaminadas al conocimiento del ecosistema y aprovechamiento sustentable y concientización ciudadana del respeto a los recursos naturales.

8. Conservar los ecosistemas y su biodiversidad para el uso y aprovechamiento sustentable actual y potencial de los recursos, garantizando su integridad.

Por lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con base en las disposiciones vigentes ha otorgado apoyos directos para favorecer la protección y conservación de la vaquita, mediante la promoción de una pesca sustentable en el Alto Golfo de California.

El Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE) de la Vaquita, desde el 2007 realiza acciones de conservación que apoyan la aplicación de los programas y actividades conducidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), en los rubros siguientes:

• El ordenamiento pesquero en cada una de las localidades de la región del Alto Golfo: San Felipe, B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Son.

• Reducción sustancial de actividades de pesca ilegal o furtiva.

• Reducción del esfuerzo pesquero por retiro voluntario de embarcaciones y fortalecimiento de la inspección y vigilancia.

• Promoción de esquemas de manejo por cuotas de la pesquería de curvinagolfina.

• Fomento a la investigación pesquera tanto en materia de nuevos métodos y artes de pesca, como en aprovechamiento de otros recursos pesqueros.

• Fomento al aprovechamiento de otras pesquerías: jaiba y almeja generosa.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), entre la problemática existente en el Alto Golfo, se encuentra la mortalidad incidental de especies en peligro de extinción, como la vaquita marina, en redes de enmalle y agalleras, así como de juveniles de totoaba en redes de arrastre camaronero y del tipo “chinchorro de línea” de gran longitud fuera de la reglamentación.

Cabe mencionar que hay otros factores relevantes que han propiciado la reducción de especies en extinción como resulta la modificación del ecosistema marino del Alto Golfo derivado de las descargas de aguas agrícolas residuales, así como de otras actividades productivas de la región y áreas urbanas.

La propia CONANP reconoce además la problemática demográfica-urbana, caracterizada por la expansión de desarrollos turísticos y residenciales en la franja costera, turismo masivo que excede la infraestructura y servicios de la zona, la falta de regulación y control en el uso de vehículos todo terreno.

También se destaca la reducción significativa del flujo de agua dulce hacia el cauce principal del Río Colorado y zona deltaica, que ha ocasionado la variaciónde los ciclos diarios de marea, disminución de los nutrientes que llegaban al mar, reduciendo así el hábitat de las pesquerías del golfo que ha provocado afectaciones ambientales, económicas sociales y culturales a las poblaciones de San Felipe, Baja California y del Golfo de Santa Clara, incluyendo al grupo indígena de los Cucapás.

Actualmente, en el Alto Golfo de California se capturan alrededor de 70 especies, entre las que destacan: camarón azul, almeja, mejillón, ostión, callos, caracol, pulpo, calamar, camarón café, jaiba, tiburón, lenguado, manta, chano norteño, lisa, sierra, juancho, cabrilla, baya, pargo, cochito, bocón, botete, tilapia, y sierra.

Entre las artes de pesca o instrumentos de captura que emplea tanto la flota ribereña como de mediana altura se pueden mencionar: chinchorros de línea, redes agalleras, cimbras, línea, buceo semiautónomo, trampas y colecta manual.

El aprovechamiento de recursos pesqueros se autoriza mediante permisos de pesca a organizaciones pesqueras y permisionarios o armadores, emitidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Los pescaderos en la reserva corresponden, en términos de administración, a las Oficinas de Pesca en San Felipe y Mexicali en B.C. y del Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco en Sonora.

Cabe destacar que la pesca comercial en la región del Alto Golfo de California, representa la principal actividad económica para más de 70 mil personas, por lo que el Gobierno Federal en su esfuerzo de lograr la sustentabilidad de las pesquerías y la conservación del medio ambiente ha implementado acciones con los pescadores del Golfo de Santa Clara y de Puerto Peñasco, en Sonora y de San Felipe, en Baja California.

De las artes de pesca que se utilizan en la región, a la red agallera se le atribuye la mayor captura incidental de totoaba y de vaquita marina, debido a quepor su operación forma una barrera en la zona para capturar especies objetivo, ésta presenta una mayor selectividad para algunas especies; sin embargo, incidentalmente pudiera llegar capturar a la totoaba o vaquita marina, por lo cual se han buscado diversas alternativas de artes de pesca.

Al respecto, el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) ha trabajado por 20 años en el desarrollo y evaluación de sistemas selectivos de pesca de camarón, mediante innovaciones a las redes de arrastre tradicionales. Así, desde el 2008, investigadores del INAPESCA, diseñaron una nueva red de arrastre Prototipo RS-INP-MEX, equipada con varios dispositivos selectivos que evitan la captura de la vaquita marina y de otras especies, durante el proceso de captura de camarón en el Alto Golfo de California.

Se ha documentado la eficiencia de la red prototipo en referencia en más de 3 mil 100 lances realizados en 907 viajes durante la temporada de captura de camarón 2009-2010, período en el cual ninguna vaquita marina fue capturada, sin embargo, los resultados de la producción fueron muy bajos.

Los pescadores del Alto Golfo de California argumentan que de entrar en vigor la NOMS 002 para camarón, que actualmente está en proceso de consulta por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), que contempla el uso de la red prototipo les causaría grandes pérdidas económicas, ya que si bien es cierto reconocen que no existe la incidentalidad en la vaquita marina y la totoaba, dicha arte de pesca no obtiene camarón azul y presenta una elevada disminución en el volumen de camarón café, lo cual pone en riesgo la subsistencia de las familias de los 15 mil pescadores que se dedican a esa actividad en el Alto Golfo de California, al ser el camarón su principal pesquería.

Sin bien es cierto, se reconoce las investigaciones efectuadas por el Instituto Nacional de la Pesca en el diseño dela red prototipo para la captura de camarón, se considera necesario que se continúen con los trabajos de desarrollo tecnológico hasta lograr que el arte sea más eficiente en la captura del crustáceo.

Los pescadores en el Alto Golfo de California están comprometidos de manera voluntaria con la pesca responsable, de allí a que desde un principio aceptaron, por parte del Estado Mexicano, el establecimiento de un área natural protegida, lo que ha conllevado a que tengan que estar presentando estudios de impacto ambiental cada año, entre otras responsabilidades, para poder pescar en la zona.

Las instancias del Gobierno Federal deben seguir tomando en cuenta la opinión de los trabajadores del mar, y de manera coordinada implementar un manejo compartido y adecuado de las pesquerías que garanticen un desarrollo sostenible de sus recursos.

Por otro lado, se considera prioritario que se refuercen las acciones de inspección y vigilancia en el Alto Golfo de California, ya que de acuerdo a las cooperativas de la región, es muy elevada la cantidad de pesca ilegal, lo que les afectará de manera considerable en la próxima temporada camaronera, debido a que se están capturando ilegalmente larvas y juveniles de dicha especie.

En términos del Artículo 124 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), la SAGARPA, a través de la CONAPESCA, tiene la facultad de realizar los actos de inspección y vigilancia, por conducto de personal debidamente autorizado y con la participación de la Secretaría de Marina (SEMAR) en los casos en que corresponda.

De esta manera, la Secretaría de Marina, para el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en coordinación con la SAGARPA lleva a cabo:

a) La vigilancia en las zonas marinas mexicanas y realiza las inspecciones que se requieran para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de pesca, de conformidad con la legislación nacional, así como con los Tratados Internacionales vigentes en los que México sea parte;

b) El levantamiento del acta de inspección si como resultado de la inspección realizada se detectan irregularidades de índole administrativa o de carácter penal o ambas, misma que se pondrá a disposición de la autoridad competente, junto con las embarcaciones, equipos, vehículos, artes de pesca, y productos relacionados con las mismas cuando así proceda;

c) Las actividades de apoyo o coadyuvancia en su caso, al Ministerio Público, para efectos de investigar ilícitos pesqueros en las zonas marítimas mexicanas.

Cabe destacar lo dispuesto por el Artículo 30, fracciones IV, V y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que señala entre las atribuciones de la Secretaría de Marina el despacho de los siguientes asuntos: La soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio; Vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias; ejercer la autoridad para garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas, proteger el tráfico marítimo y salvaguardar la vida humana en la mar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, y ejercer funciones de policía marítima para mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

Considerando que la CONAPESCA tiene apenas 208 inspectores para todo el país, es imperioso que exista una colaboración estrecha con la SEMAR, que de acuerdo al Artículo 21 de la propia LGPAS tiene como función primordial la salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la prevención de infracciones administrativas.

Por lo anteriormente planteado, y tras reconocer la importancia de la actividad pesquera en el Alto Golfo de California, nos permitimos presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta respetuosamente a las a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR), para que por conducto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y a la Subsecretaria de Marina:

a) Se continúe con los estudios de investigación de la red prototipo y de otros artes de pesca que permitan mejorar la selectividad y eficiencia de las capturas de camarón en el Alto Golfo de California, con el propósito de que no se afecten los volúmenes de producción y la calidad de vida de los pescadores que dependen de dicha actividad.

b)Realicen acciones de inspección y vigilancia en el Alto Golfo de California que impidan la pesca ilegal, en base al artículo 124 de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable.

Salón de Pleno del H. Senado de la República, a 3 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Ernesto RuffoAppel.- Sen. Ernesto Gándara Camou”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador López Brito. Se turna a la Comisión de Pesca.

Sonido en el escaño del Senador Gándara Camou.

- El C. Senador Ernesto Gándara Camou: (Desde su escaño) Ampliando el comentario del Senador López Brito, es muy importante tomar en cuenta la zona del Alto Golfo, la sustentabilidad, naturalmente, pero también a las comunidades pesqueras de Baja California y de Sonora al cual todos los Senadores de todos los partidos políticos hemos estado en contacto con ellos, yo creo que es muy importante que, independientemente de esto, y que se vea en la Comisión de Pesca, nos traslademos al lugar de los hechos los Senadores y podamos coadyuvar con la Secretaría, en este caso de Agricultura, la Comisión de Pesca, la SEMARNAT, precisamente para ver la realidad de un equilibrio verdaderamente sustentable y que no se tomen decisiones desde el centro de la República.

- El C. Presidente Burgos García: Se toma nota. Se turna a la Comisión de Pesca.






Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre las acciones a implementar con los países de Centroamérica en materia de narcotráfico y migración.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, esa es la propuesta con punto de Acuerdo que sometemos a la consideración de esta Soberanía. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda informar al Senado de la República sobre las acciones de corto y mediano plazo que tienen que ver con la coordinación que debe darse entre México y los países de Centroamérica en materia de narcotráfico y de migración.

Quiero señalar que la reflexión de este punto de Acuerdo nace de la presencia del Presidente de la República en la I Cumbre México-Sistema de la Integración Centroamericana donde aparte de ese asunto, también se aprovechó para plantear la aprobación de un Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.

Nos parece que la importancia de esa región del planeta no ha sido lo fuerte que debiese ser para nuestra nación en nuestra agenda de política exterior, y por eso me parece muy importante este planteamiento, y es el que sometemos a la consideración de las Senadoras y de los Senadores integrantes de esta legislatura.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO QUE SE PIENSAN IMPLEMENTAR CON LOS PAISES DE CENTROAMÉRICA EN MATERIA DE NARCOTRAFICO Y MIGRACION

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

México, a nadie le es ajeno, desde hace ya varios años, y particularmente durante las dos últimas administraciones,se ha venido aislando de Centroamérica.

En la agenda de política exterior mexicana, esta región de mayúscula importancia,tanto por los lazos culturales y humanos que nos definen como pueblos hermanos, así como por las condiciones geográficas que atan nuestros destinos en una sola causa regional,no ha tenido el peso que merece. Esto, no cabe duda, es un grave error.

Volvernos ajenos, perder interlocución con nuestros países vecinos del sur, sólo puede, como de hecho ha pasado, condenar a México a una política monotemática, unipolar y sesgada; una donde nos vemos absorbidos por nuestra relación con Estados Unidos, una donde desdeñamos el fortalecimiento de nuestras relaciones con otros países.

Esto no siempre ha sido así, basta recordar ciertos hechos relevantes:

De 1983 a 1996 México impulsó la negociación regional de paz, incomodando a Washington por la solidaridad con la Nicaragua de la revolución sandinista (1979-1990) y por reconocer en 1982 como fuerza beligerante a la guerrilla izquierdista salvadoreña.

Imposible no recordar las gestiones del Grupo Contadora, llamando la atención sobre los conflictos centroamericanos y poniendo presión para atenuar la presencia militar de Estados Unidos en el área. Este plan de paz fue apoyado por el Consejo de Seguridad de las naciones Unidas, la Asamblea General y muchos organismos internacionales y regionales.

En materia de robustecimiento de nuestras relaciones comerciales, de 1994 a 2001 México reforzó el lazo económico que nos une con los gobiernos de Centroamérica, firmando pactos de libre comercio con Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Pasos importantes, sin lugar a dudas.

Desde entonces no habido mayor profundización de las relaciones comerciales.

Si comparamos la situación actual con aquella dela década de 1980, es claro que nuestro país ha reducido su presencia en la zona, perdiendo liderazgo y abandonando un papel político activo.

Ahora, duele decirlo, México goza de una presencia periférica en la zona, ensimismado en sus propios problemas, sin la voluntad gubernamental de emprender nuevos mecanismos de fortalecimiento regional.

Resulta urgente, claro está, revertir la presente inercia.

En este sentido, celebramos ampliamente la presencia del Presidente de la República en la I Cumbre México-Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), aprovechando la oportunidad para pedir la aprobación del Tratado Único de Libre Comercio entre Centroamérica y México. Entendemos la importancia de este instrumento internacional, mismo que facilitará el encadenamiento de procesos productivos, generará fuentes de empleo y fortalecerá la integración regional.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que al conocer los temas que se trataron en dicha cumbre, dados a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Comunicado 038 emitido el día 18 de febrero de este año, sentimos que se están dejando afuera los puntos más importantes que actualmente nos incumben como región.

CONSIDERACIONES

Según el comunicado de SER, durante este encuentro “los Jefes de Estado y de Gobierno abordarán aspectos prioritarios para la región en el plano del desarrollo, incluyendo salud, educación y combate a la pobreza, así como los relacionados con infraestructura, inversiones y comercio. En materia de cooperación, los mandatarios revisarán aspectos relacionados con el Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe (Acuerdo de Yucatán).”

Es preocupante que los principales problemas que enfrentamos como región, el flagelo del narcotráfico y la migración, no fueron considerados en las deliberaciones de este foro.

En esta lógica, nosotros consideramos importante que Centroamérica, como bloque regional, de manera clara y contundente, siente las bases para un pacto internacional de seguridad ciudadana; donde el combate al narcotráfico quede enmarcado dentro de un contexto de respeto irrestricto a los derechos humanos de los ciudadanos; que la seguridad del ciudadano esté por encima de cualquier criterio punitivo.

Para esto es indispensable alentar la corresponsabilidad de Estados Unidos, el principal país consumidor de drogas; patentizar, amparados por los instrumentos internacionales vigentes, la falta de compromiso que ese país ha mostrado en esta materia, con evidentes consecuencias negativas para Centroamérica.

Este enfoque, de Seguridad Ciudadana en el combate a la delincuencia organizada trasnacional, fue abordado en la Sexta Cumbre de las Américas, llevada a cabo el 14 y 15 de abril de 2012, en Cartagena de Indias Colombia.

Debemos ahondar en esos puntos, convertirlos enauténticos criterios guía.

El segundo aspecto fundamental, que nos incumbe a todos los países de Centroamérica por igual, es el de migración, sobre todo el de tutelar los derechos fundamentales de nuestros migrantes.

En este aspecto, hay que decirlo con todas sus letras, México está en deuda con nuestros hermanos centroamericanos.

El paso de de los migrantes centroamericanos por México es un verdadero infierno. Lo es, porque al no reconocer el derecho humano a migrar, al negarle al migrante los derechos que los ciudadanos mexicanos tienen, por el hecho de considerarlo “ilegal”, lo estamos arrojando a la clandestinidad, a la marginalidad, a la periferia.

Lo estamos condenando a moverse entre las sombras, ahí donde los grupos delincuenciales hacen su imperio, con inhumana crueldad.

Este punto nos significa a nosotros, como legisladores en lo particular,y como mexicanos en general, un imperativo moral; representa el allanarnos a los principios de solidaridad y empatía humana. Debemos constituir un andamiaje normativo e institucional que de manera efectiva contribuya a remediar tan grave asunto.

La coyuntura actual consiente la inauguración de una nueva era en las relaciones México-Centroamérica. Para esto es indispensable contar con el concurso de todos los sectores del país, de todos los países. Pero, lo primero, es que la voluntad política se haga presente; que la nueva administración comprenda la importancia de emprender una política exterior equilibrada, sana, donde los países hermanos gocen de la importancia que merecen y donde los asuntos de mayor relevancia sean abordados.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores ainformar a esta soberanía sobre las acciones a corto y mediano plazo que se piensan implementar, de manera coordinada con los países de Centroamérica, en materia de narcotráfico y migración.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de marzo de 2013.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Para solicitarle, señor Presidente, que el tema de migración forma parte de la agenda de la Comisión de Gobernación, el tema de migración tiene más que ver con Gobernación que con Relaciones Exteriores, de hecho la Subsecretaría depende de la Secretaría de Gobernación. Pido que reconsidere los turnos.

- El C. Presidente Burgos García: Se amplía el turno, con mucho gusto. Gracias.






Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar los resolutivos de su punto de Acuerdo en relación al alto porcentaje de colisión de afiliados a la seguridad social.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, envíe a esta Soberanía información que contenga el número de personas que se encuentran afiliadas a este Instituto por entidad federativa.

Segundo. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, envíe a esta Soberanía información que confronte el número de familias afiliadas al Seguro Popular, por el número de familias que no se encontraban registradas en los padrones de las instituciones de seguridad social por cada entidad federativa desde el año 2004.

Tercero. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación constatar que el número de personas afiliadas al Seguro Popular corresponden al monto presupuestario que se transfirió a las entidades federativas para financiar insumos para la salud necesarios que ofrece el Seguro Popular, de acuerdo con lo que determina el artículo 77 bis 12 de la Ley General de Salud.

Cuarto. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación, comprobar que los recursos financieros que se transfirieron a las entidades federativas fueron destinados para instrumentar los regímenes estatales de protección social en salud.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL ALTO PORCENTAJE DE COLISION DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

“El suscrito, Senador Fidel Demédicis Hidalgo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo en relación al alto porcentaje de colisión de afiliados a la Seguridad Social, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La reforma estructural contenida en la Ley General de Salud de 2003 y que entró en vigor el 1° de enero de 2004 introdujo un sistema más de protección a la salud en México, junto al IMSS y el ISSSTE.

Dicho sistema denominado Sistema de Protección Social en Salud se propuso para ejercer acceso igualitario de un aseguramiento médico público a la población no asalariada, que hasta 2004 era protegida por el Programa IMSS-Oportunidades.

Su operación consiste en un sistema de Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), estructuras administrativas dependientes de los Servicios Estatales de Salud encargados de garantizar las acciones de protección social en salud.

Esto quiere decir que la manera de operar consiste en provisión de recursos económicos a fin de financiar el costo de los servicios de salud, no mediante un sistema de unidades médicas como lo hacen los demás institutos de salud del País.

A lo antes mencionado sirve aclarar que los servicios proporcionados por el Seguro Popular deben realizarse con el préstamo de instalaciones, ya que el programa carece de infraestructura propia.

Para poder pagar el costo de los servicios el Seguro Popular se vale de diversas fuentes, como son los recursos fiscales federales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Federal y aportación de los afiliados que llegan a una cuota anual de hasta 11 mil pesos.

A nueve años de su creación, el Programa Seguro Popular obtuvo diversas metas de crecimiento, principalmente como la de cobertura universal en afiliación, cifras que representaron el 100.2% respecto a los 52.6 millones de personas proyectadas como susceptibles a ser afiliadas en el país en todo el año.

Además, hay que mencionar que el porcentaje de aumento de las personas afiliadas desde el año 2004 a 2012 es más del 24.27%, aumento similar recibió en el presupuesto asignado a 2011, con más de 59,983.6 millones de pesos, que representa un incremento de 12.7% real con respecto a 2010.

De las 90 intervenciones del Catálogo de Servicios Esenciales que se prestaban desde su creación, actualmente se cubre 284 intervenciones y la aportación anual por afiliado en el 2012 asciende en promedio a 2,640.58 pesos por persona.

El Seguro Popular aporta recursos para la atención de 58 intervenciones de alta especialidad (tercer nivel de atención) agrupadas en 17 enfermedades. Para el 2012 atendió 68.879 casos. También cabe mencionar que la calidad de la atención fue calificada del 96% muy bueno o bueno.

De igual forma podemos mencionar que a partir del segundo trimestre del 2012 se implementó el piloto de prueba del mecanismo de surtimiento complementario de medicamentos en el que el beneficiario podrá canjear su RASEM en alguna de las farmacias privadas de la red que se haya establecido mediante contratos con distribuidores, por medicamento sin cobro alguno.

Desafortunadamente este programa federal que ahora es Ley ha mantenido más problemas de beneficios que lo han llevado a ser seriamente cuestionado como un programa inoperante e incluso oneroso.

Por ejemplo diversos reportes han confirmado que no se ejercen apropiadamente presupuesto asignado por la Cámara de Diputados, de hecho uno en particular que sobresale es el hecho de que más de 183 millones de pesos otorgado para la atención de los trasplantes de riñón no se han usado.

De no haberse ejercido de manera apropiada como se señala, se estaría violando el Artículo 77 bis 5, Inciso B, Fracción V, de la LGS que obliga a los Estados a ejercer las cuotas familiares de los beneficiarios del Régimen Estatal de Protección Social en Salud y el presupuesto que se le ha dado a través del ramo 12 y 33.

Así también se estaría violando el Artículo 77 bis 16 que a letra dice:

Los recursos de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran a los estados y al Distrito Federal no serán embargables, ni los gobiernos de los estados podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

A este respecto también hay que aclarar que el presupuesto anual se considera ejercido conforme se transfiere a las entidades federativas hasta que se cumplen los requisitos operativos y normativos establecidos-

Incluso el propio Seguro Popular señala que ladiferencia entre los recursos ejercidos en el periodo enero-junio 2012, con respecto a lo programado en ese periodo que se pueden notar en su página de internet, se debe a transferencias pendientes de realizar a algunas entidades federativas que no han acreditado la ASE correspondiente.

Así mismo, se ha dado a conocer que a pesar de haberse otorgado un número tan alto del presupuesto, más de 183 millones de pesos, el Seguro Popular ha advertido que ese dinero no ha sido utilizado para cumplir con los trasplantes de riñón en menores de edad.

Por si fuera poco, ese dinero que no ha sido ejercido no incluyó el pago por los medicamentos que deben tomarse luego del trasplante, por lo que las familias afiliadas que ya aportan una cuota anual, actualmente gastan otros 6 mil pesos mensuales al adquirir los medicamentos.

Este hecho en particular demuestra que los principios generales que le dieron vida y apoyo al proyecto de Ley no se llevan a cabo, estamos hablando de cobertura de servicios de salud universales, a través de un aseguramiento público y voluntario que no busque aumentar costos para los beneficiarios y cubertura gratuita para aquellas que no cuentan con un empleo o que trabajan por cuenta propia.

De interpretarse el artículo 77 bis 10 se entiende que los Regímenes Estatales proveerán de manera integral los servicios de salud, por lo que no podrán exigir nuevas cuotas distintas a las establecidas por la Ley, entre ellas incluidas las que eviten el gasto excesivo de las familias por erogaciones severas.

En lo que respecta a los medicamentos, también es importante señalar que a pesar de que existe un Programa de compra, recepción y distribución de medicinas del Seguro Popular, uno de los Instituto de Seguridad Social Estatal declaró que no le es lo suficientemente redituable ejercerlo por lo que utilizarán el dinero asignado para contratar a una empresa privada que realice esa labor.

Y a pesar de que para dicho Instituto es una labor con poca ganancia, que no les ha generado ningún aparente beneficio, consideran ahora que al dárselo a una empresa privada, esperarán un abasto garantizado arriba del 95% y con tendencia al 100%.

No obstante de un asunto de por sí ya complicado, una de las empresas ya presentó un recurso de inconformidad en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas en contra del proceso de licitación que ejecutó el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Ejecutivo Estatal.

Entre otros problemas que se ha detectado del Seguro Popular es el hecho de que diversas autoridades sanitarias subcontrataron la operación de farmacias de sus centros de salud cuando este tipo de actividad está prohibida.

No obstante de que lo anterior ya corresponde un problema para los usuarios, detectaron que dentro de estas farmacias existía un desabasto de medicinas, hecho constatado por la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

Este desabasto para quienes padecen de algunos tipos de cáncer, patologías renales y enfermedades crónico-degenerativas provoca que los afiliados soliciten atenderse en otras instituciones de Salud, hecho lamentable por el que curiosamente se creó el Seguro Popular en primer lugar.

Por sobre todo diversas revisiones han demostrado, lejos de innumerables irregularidades graves; no pueden demostrar ingresos que suben hasta 800 millones en supuestas adquisiciones de medicamentos

Por estas razones en algunos estados ya comienzan a perder alrededor de 500 mil beneficiarios que dejaron vencer su afiliación.

El Informe de la Fiscalización Superior señala otras irregularidades como el uso de insumos médicos para fines distintos a los establecidos y pagos no comprobados a médicos ajenos al sistema.

Lo anterior produjo que para 2011 se utilizaran indebidamente más de 925 millones de pesos y peor aún, de ese dinero 583 millones pesos correspondieron a pagos a empresas privadas que administraron las farmacias de los centros hospitalarios, que como ya he mencionado fue ilegal.

Ante esta falta de vigilancia y mala administración, incluso ya se ha solicitado la ayuda de la Cruz Roja para la firma de convenios con las Secretarías de Salud estatales, con el objeto de que en las clínicas se brinde la atención de consultas generales, con costo para el Seguro Popular de 18 millones de pesos.

Además, cabe mencionar que en algunos Estados incluso se ha llegado al límite de pedir un presupuesto de 185 millones de pesos para la contratación de unidades médicas que ya se contaban o simplemente pedir 268 millones de pesos sin presentar comprobantes ni las autorizaciones correspondientes o bien pedir 11 millones de pesos sin comprobar aún que el dinero fue para los afiliados al Seguro Popular.

Parte de los vacíos que este programa tiene también es el incumplimiento de diferentes dependencias para presentar los informes trimestrales sobre pagos a terceros, los cuales deberían ser emitidos por las Secretarias de Salud Estatales, obligación establecida por la ley de transparencia.

Exigir el cumplimiento de estos informes como marca la Ley significaría contar con información clara y oportuna, evitando dudas que permitirán un mejor manejo de los recursos federales que se destinan a este rubro.

En otros rubros podemos mencionar que la aportación voluntaria para solventar a las familias con menores ingresos ha sido seriamente debatida porque la aportación por familia afilada va de un rango desde los 2 Mil 075 pesos hasta los 11. Mil 378 pesos.

Y a pesar de que el aumento de afiliación sigue siendo constante, es importante señalar que esos van al año solo en un 1.15%, caso contrario para el aumento de su presupuesto que llega hasta los 20% o 10% por año.

Así también, teniendo un número elevado de 52 millones de usuarios y de recibir índices altos respecto a su calidad en el servicio, reportes oficiales constatan que solamente una población de 26 millones de personas utiliza el Seguro Popular, por lo que un gran número los beneficiarios nunca han usado este servicio.

Por estas razones afirmo que el escenario que estamos observando es resultado de una mala planeación y ejecución de un programa que ha venido sumando desde 2004 una falta de cuidado en la gestión del presupuesto.

En consecuencia aseguro que el Programa está lejos de beneficiar al sector más vulnerable de la nación puesto que nos ha significado una carga presupuestal para los estados

Pero sobre todo, uno de los problemas que ha llevado consigo el Seguro Popular y el que me ocupa en este Punto de Acuerdo, es el hecho de que juntando el número de afiliados señalados por el Seguro Popular (52.738.355), IMSS (56.000.000) e ISSTE (12.206.730), sin contar PEMEX o SEDENA, rebasa por mucho el número de habitantes registrados por INEGI (112 millones 336 mil 538), casi más de 8 millones de personas.

Tan solo Seguro Popular declara con cifras oficiales que posee afiliada a más del 45% de la población, no solamente lejos del 100% de afiliación al que estaba obligada por los Transitorios de la Ley General de Salud, sino que rebasa por mucho a las familias registradas sin seguridad social por el IMSS.

A este respecto, la Auditoria Superior de la Federación ya ha declarado que el programa Seguro Popular afilia al doble de personas de las que tiene estimada, incluso afirma que se encuentran adscritas a este programa 4 millones 273 mil 290 personas que se encuentran registradas en otra Institución de Salud.

La cifra anterior, que ya viola la labor del Seguro Popular al prohibir la inscripción de familias adscritas a otro beneficio de seguridad social, está muy por encima de la media del porcentaje de colisión que reportan otras instituciones de Salud, éstas van de las 30 a las 80 mil personas en duplicidad, por lo que el Seguro Popular rebasa la media en más del 100%.

A este respecto hay que señalar que en 2011, la CNPSS ni siquiera evaluó los padrones de beneficiarios de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud a que estaban obligados por ley y que nos ayudaría a resolverlos problemas actuales y promover nuevas acciones que mejorar la protección y calidad de la atención médica.

En ese mismo año, la Secretaría de Salud tampoco no realizó la evaluación de los componentes financiero, gerencial y de impacto de las condiciones de salud y seguridad financiera del SPSS, porlo que no sabemos si el presupuesto asignado es proporcional con el número de familias afiliadas y con ello, no sabemos tampoco cómo se usa ese dinero de la población.

Por lo anterior, fue la Auditoria en su comunicado quien ya le ha pedido a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, las gestiones pertinentes, a fin de que el cotejo del padrón del Seguro Popular querealice el Consejo de Salubridad General incluya a la totalidad de los padrones de seguridad social, así como a los esquemas de públicos y sociales de atención médica.

Ese padrón de registro actualmente mantiene entre tres a cuatro integrantes por familia, lo que es una gran cobertura a nivel local y demasiado alejada del número medio de personas por familia registradas a nivel local, por lo que esta deberá comprobarse correctamente.

Además, hay que tomar en cuenta que los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas se cubren por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, lo que quiere decir que para sustentar su presupuesto por el Sistema de Protección Social en Salud, los estados llevan a cabo campañas severas de afiliación que podrían estar llevando a beneficiar personas que ya cuentan con algún seguro público.

Por lo tanto, esta duplicidad de los padrones de las instituciones médicas está desperdiciando recursos al sector salud, pero también implica un grave problema presupuestario y de servicios para la Federación.

Esto también nos llevaría a presuponer que el Programa Federal “Seguro Popular” se encuentra afiliando un número excesivo de familias en cada entidad federativa lo que produce es una saturación del sistema de salud del Seguro Popular, que en consecuencia no puede otorgar consultas médicas de primer nivel, así como también las consultas de alta especialidad que está dentro de su catálogo de enfermedades.

Siendo así propongo que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el IMSS nos envíen un padrón de beneficiarios por Entidad Federativa, en comparativo con el número de habitantes para detectar cualquier duplicidad presentada.

Con esta medida podremos comprobar el número real de personas afiliadas al Seguro Popular y si está apropiadamente integrado el Padrón Nacional de Beneficiarios del Seguro Popular.

Lo anterior no ayudará para evaluar el cumplimiento del objetivo del Sistema de Protección Social en Salud, pero también podremos con una nueva y mejorada actualización de la afiliación, garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos que tanto hemos prometido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, envíe a esta Soberanía información que contenga el número de personas que se encuentran afiliadas a este Instituto por Entidad Federativa.

Segundo. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, envíe a esta Soberanía información que confronte el número de familias afiliadas al Seguro Popular por el número de familias que no se encontraban registrados en los padrones de instituciones de seguridad social por cada entidad federativa desde al año 2004.

Tercero. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación, constatar que el número de personas afiliadas al Seguro Popular corresponde al monto presupuestario que se transfirió a las entidades federativas para financiar insumos para la salud necesarios que ofrece el Seguro Popular, de acuerdo con lo que determina el artículo 77 bis 12 de la Ley General de Salud.

Cuarto. El Senado de la República solicita a la Auditoria Superior de la Federación, comprobar que los recursos financieros que se transfirieron a las entidades federativas, fueron destinados para instrumentar los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de abril de 2013.

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Demédicis Hidalgo. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo sobre una nueva asignatura denominada "educación alimentaria sana y nutricional".

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores, Ivonne Alvarez García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Merodio Reza, Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, por lo que exhortamos al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir lo más pronto posible en los planes de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas del país, de los niveles preescolar, primaria y secundaria, una asignatura denominada: "educación alimentaria sana y nutricional", misma que deberá ser impartida por especialistas en la materia.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR LO MAS PRONTO POSIBLE EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS DEL PAIS, DE LOS NIVELES PREESCOLAR, PRIMARA Y SECUNDARIA, RESPECTIVAMENTE, UNA NUEVA ASIGNATURA DENOMINADA “EDUCACION ALIMENTARIA SANA Y NUTRICIONAL”, MISMA QUE DEBERA SER IMPARTIDA POR ESPECIALISTAS DE LA MATERIA

DE LAS SENADORAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL LISBETH HERNANDEZ LECONA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SANCHEZ Y MELY ROMERO CELIS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 8, FRACCION II, 76, FRACCION IX, 276 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, ME PERMITO PRESENTAR ANTE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE: EL SENADO DE LA REPUBLICA, EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, INCLUYA LO MAS PRONTO POSIBLE EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS DEL PAIS, DE LOS NIVELES PREESCOLAR, PRIMARA Y SECUNDARIA, RESPECTIVAMENTE, UNA NUEVA ASIGNATURA DENOMINADA “EDUCACION ALIMENTARIA SANA Y NUTRICIONAL”, MISMA QUE DEBERA SER IMPARTIDA POR ESPECIALISTAS DE LA MATERIA, EN BASE A LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La Educación Alimentaria es responsabilidad efectivamente del Estado, pero existen otros actores que pueden mediar positivamente la ingesta de alimentos sanos y nutritivos, estos son la familia y la escuela. La familia juega un papel decisivo en la educación de los más pequeños de la casa para que adquieran adecuados hábitos alimentarios, pues es a través de la interacción con los adultos que los niños adquieren determinadas actitudes, preferencias, costumbres y hábitos alimentarios que están fuertemente influenciados por las prácticas alimentarias que realiza la familia.

Para una adecuada nutrición infantil la base está en el mensaje que el niño recibe en la casa, lo que come en el hogar, el ejemplo queden los padres al respecto, pues en la etapa infantil se aprende por imitación. Es necesario que los padres delante del niño no hagan rechazo a alimentos de alto valor nutricional, ni por el contrario den tanta importancia a aquellos alimentos que poseen un bajo valor nutricional.

Los padres deben ser capaces de estimular a los niños para que participen de la planificación, selección, compra, conservación y preparación de alimentos sanos y nutritivos. Estas actividades se deben ajustar a la edad y desarrollo del niño. Por lo general estas actividades la realizan los adultos, sin darle participación a los niños, sin embargo se ha comprobado que dándole participación a los más pequeños se sienten más a gusto e importantes, pues se les tiene en cuenta en el núcleo familiar. Es fundamental rescatar y promover la costumbre de comer en familia, pues de esta forma se puede influir positivamente sobre los hábitos alimentarios en los miembros más jóvenes que integran el hogar. Esta práctica permite informar a los más pequeños sobre la importancia de consumir una alimentación balanceada y cómo obtenerla a través del consumo de alimentos que aportan los nutrientes que el organismo requiere. Además permite orientar el comportamiento de los niños y jóvenes en la mesa, sus actitudes, modales, así como el uso adecuado de los cubiertos. “Los hábitos alimentarios son el resultado de múltiples influencias personales, culturales, sociales y psicológicas.”

1La alimentación es uno de los problemas fundamentales que presenta el mundo contemporáneo donde reina el hambre y la extrema pobreza que son los causantes de la inseguridad alimentaria y nutricional. El proceso de Globalización que impone un nuevo modelo de alimentación mediante las multinacionales que promocionan la comida rápida.

El mal uso de los alimentos disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos están propiciando factores socioculturales que traen consigo hábitos alimentarios inadecuados y una serie de enfermedades. Tenemos una serie de hábitos alimentarios que forman parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y por ende están muy arraigados. Muchas de estas costumbres están distanciadas de lo que se considera una dieta sana, incapaz de garantizar una mejor calidad de vida. Esto no significa que debamos abandonar nuestras raíces pues forman parte de nuestra identidad como mexicanos, pero se debe mantener un equilibrio entre lo autóctono y lo que es bueno para la salud. Es por ello que juega un papel importante la Educación Alimentaria sana y nutricional la cual es responsabilidad tanto del gobierno, las familias mexicanas en colaboración con las instituciones educativas del país, preferentemente en niveles preescolar, primaria y secundaria. En ese sentido las instituciones educativas también poseen un rol importante en la Educación Alimentaria sana con el objetivo de mejorar la conducta alimentaria, para elevar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes.

2La educación y cultura de una alimentación sana y nutritiva, entendida como la combinación de experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas alimentarias y otras conductas relacionadas con la nutrición que conduzcan a la salud y el bienestar, ha sido reconocida como uno de los elementos esenciales para contribuir a la prevención y control de los problemas relacionados con la alimentación en el mundo. Frente a la diversidad de factores ambientales que afectan la calidad de la alimentación, se considera que la educación de alimentos que son sanos y nutritivos en las escuelas tanto públicas como privadas representa una manera eficiente de alcanzar a un amplio sector de la población, que incluye no sólo a los niños y jóvenes, sino también a sus maestros, sus familias y la comunidad de la que forman parte.

Los niños en edad escolar constituyen uno de los grupos prioritarios que deben recibir una educación alimentaria en nutrición; es particularmente importante impartir esta formación de forma efectiva porque: una nutrición apropiada es fundamental para el desarrollo físico y mental de niños y adolescentes; los escolares son consumidores actuales y futuros que necesitan información y educación específicas para adquirir patrones alimentarios saludables y perdurables; como futuros padres, los escolares jugarán un importante papel en el desarrollo de sus descendientes; como miembros de la unidad familiar, los escolares constituyen un importante vínculo entre la escuela y el hogar, así como con la comunidad.

El propósito de la impartir en las instituciones educativas una materia o asignatura denominada “Educación Alimentaria Sana y Nutricional” es lograr que los niños adquieran una capacidad crítica para elegir una alimentación saludable en un mundo que cambia rápidamente y en el cual se observa una continua diversificación de los alimentos procesados y una pérdida de los estilos de alimentación familiar. Inclusive se estima que los enfoques basados en los alimentos, que reflejan los cambios del contexto sociocultural en que viven los escolares, tienen mejores posibilidades de ayudar a éstos y a otros niños y adultos. Al desarrollar en los escolares hábitos de alimentación saludables, se contribuye a su desarrollo físico, mental y social y a la prevención de las enfermedades relacionadas con la dieta.

El apoyo de los niveles de decisión; la implementación de iniciativas para capacitar a los profesores mediante programas sistemáticos, con suficiente cobertura y continuidad; la inclusión de contenidos de cultura y educación para consumir alimentos sanos y nutritivos en los programas de los niveles preescolar, primaria y secundaria, con asignación de suficiente tiempo y un enfoque orientado a lograr cambios de conducta más que a sólo aumentar los conocimientos, constituyen hoy, más que nunca, una necesidad para enfrentar los problemas nutricionales y prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. Para lograr este objetivo, la educación sobre ese particular en las instituciones educativas representa la mejor estrategia.

La infancia y adolescencia son las etapas en las que se establecen los hábitos alimentarios, que después nos acompañaran el resto de nuestra vida, determinando así nuestro estado nutricional y salud. Por ello, es importante cualquier esfuerzo encaminado a instaurar y/o mejorar los hábitos de alimentación durante esta etapa de la vida. La formación de los hábitos alimentarios en la infancia empieza en la familia, con las costumbres y tradiciones del entorno familiar. Esta formación, junto con la impartida en las instituciones educativas, son las principales responsables de la instauración de unos hábitos de alimentación adecuados. Las acciones educativas en materia de alimentación y nutrición, son herramientas y mecanismos valiosos para la configuración de hábitos alimentarios saludables en la edad escolar, en las que pueden incorporarse con menor dificultad conductas positivas, que promuevan la salud de los niños y niñas contribuyendo así, a disminuir el riesgo de patologías prevalentes en la edad adulta.

El ámbito escolar se presenta como lugar prioritario e idóneo para fomentar conocimientos y facilitar habilidades en alimentación, nutrición y actividad física, que responsabilicen a los chicos y chicas para ejercer un mayor control sobre su salud. La escuela desempeña dos papeles principales en relación con la adquisición de hábitos alimentarios correctos, enseñanza teórica y práctica que se patentiza a través de una cultura de educación en nutrición dentro de la escuela, es decir; el colegio constituye un espacio ideal para dar a conocer al niño las bases de una alimentación saludable.

Son numerosos los estudios que avalan la conveniencia de este tipo de intervenciones educativas y de promoción de la salud en la escuela, pero sobre todo benéfico sería la impartición de dicha asignatura por conducto de especialistas de la materia, en los que se refiera aumento en el consumo de alimentos vegetales como frutas y hortalizas, la reducción de grasa saturada y total en la dieta diaria, aumento de la actividad física e incluso disminución de la obesidad y sobrepeso.

Asimismo, los planes, programas, estrategias y materias, inciden en la necesidad de facilitar el acceso a alimentos saludables y a la actividad física diaria, mantener las intervenciones a largo plazo, contar con los alumnos a la hora de planificar y proponer acciones, involucrar a las autoridades educativas y sanitarias, y a la familia y comunidad, contar con grupos dinamizadores en el propio centro y evaluar los programas. Existe, por tanto, la necesidad de desarrollar en los colegios, escuelas, centros de estudio y toda institución educativa, programas y planes de estudio en donde se incluya tan importante asignatura sobre alimentación, nutrición y salud, adaptados a los diferentes niveles, que expuestos de forma atractiva para los niños y adolescentes, mejoren los conocimientos y las actitudes frente a la alimentación.

La inclusión de una nueva materia sobre educación alimentaria sana y nutritiva, traería como inmediata consecuencia mejorar los hábitos de los estudiantes, aunado a que, la formación primigenia se da tanto en la familia como en la escuela, recordemos que, la mayor parte del tiempo que pasan los niños, niñas y adolescentes es precisamente en la escuela. Por ello, la importancia de fomentar ésta novedad en los planes de estudios de los niveles e instituciones antes citadas.

En ese sentido, los beneficios serían manifiestos, cambiando los malos hábitos alimentarios de los estudiantes y siendo el principal transmisor de dichas recomendaciones a los integrantes y miembros de la familia a la que pertenecen, y con ello, los beneficios se irán aumentando, ya que, se abarcaran proporcionalmente a más familias de nuestra sociedad mexicana y en general de todo nuestro país.

UNICO: EL SENADO DE LA REPUBLICA, EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, INCLUYA LO MAS PRONTO POSIBLE EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS DEL PAIS, DE LOS NIVELES PREESCOLAR, PRIMARA Y SECUNDARIA, RESPECTIVAMENTE, UNA NUEVA ASIGNATURA DENOMINADA “EDUCACION ALIMENTARIA SANA Y NUTRICIONAL”, MISMA QUE DEBERA SER IMPARTIDA POR ESPECIALISTAS DE LA MATERIA.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 19 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Mely Romero Celis”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández. Se turna a la Comisión de Educación.






Tiene la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar los puntos resolutivos del punto de Acuerdo sobre el problema de extorsión telefónica en el país.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Efectivamente este exhorto que se plantea a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a las entidades federativas, por un tema que ya ha sido recurrente, el tema de la extorsión, el delito de extorsión se encuentra entre los ocho delitos que más lastiman a la sociedad, y que en los últimos años se ha venido implementando.

Y la modalidad de la extorsión, por lo que tiene que ver a la extorsión telefónica del año 2002 a la fecha, ha ido cambiando su "modus operandi". En principio se hacían llamadas telefónicas para decirles a los familiares que algún miembro de la familia había sufrido un accidente en carretera, viniendo de Estados Unidos y le pedían depositar una cantidad a través de las fichas de tiempo aire.

Posteriormente, la modalidad cambió, anunciándoles a los moradores de alguna vivienda, que se habían hecho acreedores a un premio, y por tal cantidad para hacer el trámite correspondiente y hacerse acreedor al mismo, tenían que depositar una cantidad.

Pero esto ha venido modificándose, cada día se ha hecho más agresivo, estamos hablando de llamadas telefónicas en las que se le anuncia a un miembro de una familia, que quien está llamando es parte de un grupo de la delincuencia organizada, diciéndole que de ese teléfono se hizo una llamada, una denuncia, y que en virtud de lo anterior sufre las amenazas, y hay que entonces depositar una cantidad a efecto de que no se le haga daño a los integrantes de la familia.

También se hacen llamadas para decir que hay una persona secuestrada, un integrante de la familia, se les dice, inclusive, se les pone una grabación en donde se oye llorar un niño, donde se oye un grito, y está secuestrado un familiar, y hay que depositar una cantidad.

También hemos visto cómo se les pide que durante un tiempo se apaguen los teléfonos celulares para que en ese momento se le pueda avisar a un familiar, que un miembro de la familia está secuestrado y al llamarle está apagado el teléfono, entonces entran las personas en pánico y tienen que acceder a este tipo de extorsión.

Estamos hablando que de acuerdo a la asociación civil Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, cada 24 horas se intentan más de seis mil llamadas con el propósito de extorsionar a las personas, estamos hablando de 2.4 millones de llamadas al año; estamos hablando que el 30 por ciento de éstas logran el objetivo y las personas son afectadas en cantidades que van desde los mil, a los 80 mil pesos.

Este es un delito que, a diferencia de los demás, sí se puede prevenir con una muy buena campaña de orientación, de información y a través de estas dependencias, porque es tan sencillo como cuando se trate de una llamada, prácticamente hay que colgar, pero hay que decírselos, y esto solamente se puede hacer a través de esta dependencias.

Entonces, el punto de Acuerdo se trata de eso precisamente, de establecer campañas exhaustivas de información y difusión, de orientación, pero sí de atención al delito de la extorsión telefónica.

Por mi parte es cuanto, ojalá que haya la sensibilidad para que se apruebe este punto de Acuerdo, que sin duda habrá de beneficiar a un número muy importante de personas que han sido víctimas y evitar que en lo sucesivo más ciudadanos puedan caer en este tipo de extorsiones telefónicas.

Gracias, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Casillas Romero. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Gastélum, del grupo parlamentario del PRI, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo sobre violencia sexual y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre del Senador Ernesto Gándara, y del mío propio, presentamos este punto de Acuerdo que tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo a nivel internacional, ambos pertenecemos, igual que el Senador Emilio Gamboa Patrón, al Consejo de Europa. El Consejo de Europa tiene una campaña sobre abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, es una campaña que tiene que ver de que uno de cada cinco niños ha referido algún tipo de abuso sexual: prostitución, pornografía, trata, en cualquiera de sus expresiones.

Sin embargo, México no tiene una medición al respecto, México ha querido sumarse a esta campaña, nuestra delegación ha hecho lo propio con el manual, el reglamento, los trípticos y todo lo que esto conlleva, sin embargo no tenemos la voz completa, no tenemos un diagnóstico que hable de la realidad que tiene México al respecto.

Por eso, tanto al Senador Emilio Gamboa Patrón, el Senador Ernesto Gándara y el mí propio, estamos proponiendo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ayude a presentar un diagnóstico sobre el tema del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes mexicanos y mexicanas. Creo que lo más correcto, partir de la realidad que vive este país en uno de los problemas que está considerado como la peor violación de derechos humanos en el mundo, que es el abuso sexual.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A REALIZAR UN ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL Y LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MEXICO E INFORME SOBRE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA EN LA MATERIA

“H. ASAMBLEA:

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente: ProposiciOn con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la ComisiOn Nacional de los Derechos Humanos, realice un estudio y diagnOstico sobre la violencia sexual y sus derechos de las niñas, niños y adolescentes en MExico e informe sobre los asuntos de su competencia en la materia, al tenor de las siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La situación de los niños, las niñas y los adolescentes en México es de alta vulnerabilidad, tanto en materia de sus derechos humanos como la violencia cotidiana de la que son víctimas en agravio de su esfera jurídica, su dignidad, desarrollo pleno y sus potencialidades.

Según datos oficiales, en México viven 32.5 millones de personas de 1 a 14 años de edad de las que 16.5 millones son niños y 16 millones niñas, sin embargo, del total, 78.7 por ciento recibe educación básica y 98.3 por ciento cuenta con servicio médico.1

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atendió en el año de 2012 de enero a octubre de este año de 2012 más de un mil trescientas quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de los menores de edad, relacionadas con diversos aspectos. Principalmente por la indebida prestación del servicio de educación, la falta de respeto a los derechos de las personas con discapacidad, negligencia y la negativa a proporcionar atención médica.2

La violencia sexual a los niños, las niñas y los adolescentes, es otro de los agravios crecientes a la dignidad de las personas, se presenta en diversos espacios públicos y privados, incluso dentro del ámbito familiar. Es una situación recurrente a pesar de las medidas gubernamentales para evitarlo.

Al respecto en México, durante 2008 y 2009 fueron denunciados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que más de 20 mil niñas y niños han sido explotados sexualmente en México durante ese periodo, sobre todo en siete ciudades consideradas altamente pobladas, turísticas y fronterizas, donde operan bandas del crimen organizado dedicadas a esa actividad.3

En el ámbito mundial, en noviembre de 2012, en el marco del Día Internacional de la Prevención del Abuso Infantil, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad.4

Ante escalofriantes datos, varios países han tomado medidas urgentes para combatir esta triste realidad, como es el caso en el Consejo de Europa que ha puesto en marcha la Campaña del Consejo de Europa contra la Violencia Sexual sobre niños, niñas y adolescentes: uno de cada cinco desde el 29 de noviembre de 2010 en Roma.

Esa iniciativa del Consejo de Europa tiene el mérito de defender los derechos de un sector de la sociedad fundamental considerado, por la situación de violación de derechos humanos como de alta vulnerabilidad. Razón por la que dicho Consejo, merece todo nuestro apoyo y reconocimiento.

Ante ese contexto, México tiene el gran reto de crear los instrumentos necesarios para combatir la triste e indignante realidad de las violencias sexuales contra las niñas, niñas y adolescentes, para lo cual se hace necesaria la convergencia de todas las instituciones públicas, privadas y actores sociales, así como instituciones académicas, entre otras.

Por tal motivo, es impostergable, la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de que contribuya desde su perspectiva institucional con un estudio y diagnóstico, así como un informe pormenorizado las violaciones a las libertad sexuales y los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que ha recibido.

Dicha participación con fundamento en los artículos 2, 6 Fracción IX; y 24 Fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la gran sensibilidad que dicho organismo autónomo constitucional ha demostrado sobre la problemática en referencia y reconociendo el trabajo realizado, a través del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia.

Ello, para que sumado a los estudios de otras instituciones se conjunte un gran esfuerzo para el diseño legislativo y políticas públicas, con la finalidad de abatir la indignante situación que viven en la actualidad cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que son víctimas del abuso sexual en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, LXII Legislatura del Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.-Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realice un estudio y diagnóstico sobre la violencia sexual y sus derechos de las niñas, niños y adolescentes en México e informe sobre los asuntos de su competencia en la materia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 21 de marzo de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Diva Gastélum. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.






Tiene el uso de la palabra el Senador Humberto Mayans Canabal, para presentar los puntos resolutivos de la propuesta con punto de Acuerdo sobre la suscripción de Tratados de Límites entre México y Belice.

- El C. Senador Humberto Mayans Canabal: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

He solicitado el uso de la palabra para presentar en mi nombre y de manera conjunta con la Senadora Layda Sansores San Román y el Senador Augusto López Hernández, integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, un punto de Acuerdo en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar la pronta suscripción de un nuevo Tratado de Límites entre los Estados Unidos y Belice.

Hoy, la delimitación territorial entre México y Belice, se rige por el Tratado de Límites con la entonces colonia de Honduras Británica, celebrado en 1893, por nuestro país y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda.

La frontera entre México y Belice es de 207 kilómetros, 14 corresponden a Campeche y 193 al estado de Quintana Roo.

En 1993 ambos gobiernos, México y Belice, crearon la Comisión Internacional de Límites de Aguas con la atribución de aplicar los acuerdos bilaterales sobre límites terrestres, fluviales y marítimos.

En reiteradas ocasiones ambos países han manifestado la necesidad de suscribir un nuevo Tratado de Límites con tal propósito.

Entre marzo de 2005 y septiembre de 2006 se realizaron seis reuniones binacionales.

El 31 de agosto de 2012, en el acta final de la séptima reunión de la Comisión Binacional, instruyeron al grupo técnico la negociación de un nuevo tratado entre México y Belice, este último ya como Estado independiente.

Como sabemos todos, la frontera sur es una frontera porosa donde existe el tráfico de personas, drogas, armas, contrabando, animales, vegetales, entre otros muchos ilícitos, condiciones que hacen tedioso que ambas naciones ejerzan plenamente sus atribuciones soberanas bajo las disposiciones de un nuevo Tratado Internacional de Límites actualizado que permita atender dicha problemática. Es un tema de seguridad nacional para nuestro país.

Por lo antes expuesto, se propone que este Senado exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por los conductos que estime convenientes, proponga al gobierno de Belice la urgente necesidad de realizar las acciones que permitan suscribir a la brevedad un Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice en bien de las relaciones de amistad y mutuo respeto, así como de la certeza jurídica sobre la potestad soberana que ambas naciones ejercen en sus respectivos territorios.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Burgos Garcia: Muchas gracias, Senador Humberto Mayans. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Señor Presidente, con el propósito de preguntarle al Senador Mayans Canabal si es posible adherirme a esa inquietud que él exclama por razón de ser muy parecido a los asuntos que pasan en la frontera norte.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño del Senador Mayans Canabal.

- El C. Senador Humberto Mayans Canabal: (Desde su escaño) Un honor, Senador.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Se toma nota.






Tiene la palabra la Senadora Hilda Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo sobre la protección y conservación del área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Quiero comentar que este punto de Acuerdo lo presenta su servidora, junto conmigo el Senador Braulio Fernández Aguirre, y quiero decirles que el día de hoy preocupados por la situación de riesgo ambiental de una de las áreas naturales protegidas más importantes del país, ubicada dentro de nuestro estado Coahuila, el Valle de Cuatro Ciénegas, y en este tenor queremos someter a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República envía un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, así como al titular del órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas a fin de robustecer y endurecer las acciones de restauración, protección y conservación de los recursos naturales y ecosistemas presentes en el área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Segundo.- el Senado de la República envía un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, así como al titular del órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, con el objeto de que se establezca un esquema de coordinación, colaboración y comunicación con el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza y la presidencia del municipio de Cuatro Ciénegas, a fin de implementar las acciones que procedan en función de la protección que requiere el área natural protegida.

Es cuanto, señor Presidente, y esperamos contar con el respaldo de todas y de todos para el rescate de Cuatro Ciénegas.

Muchísimas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LA COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS A REFORZAR ACCIONES DE RESTAURACION, PROTECCION Y CONSERVACION DEL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA DE CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA DE ZARAGOZA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Compañeras y compañeros Senadores: El día de hoy, comparezco ante esta Tribuna como legisladora y como coahuilense preocupada por la situación de riesgo ambiental de una de las áreas naturales protegidas más importantes del país, ubicada dentro de mi Estado: el Valle de Cuatro Ciénegas.

Ubicado en el municipio que lleva el mismo nombre, se localiza en la Región Centro de Coahuila de Zaragoza y se destaca por diversas razones: la riqueza histórica y cultural de su gente, ya que de Cuatro Ciénegas han surgido personajes de suma trascendencia para todos los mexicanos, como el caso de Venustiano Carranza, así como la importancia y peculiaridad de sus recursos naturales, ya que este Valle cuenta con ecosistemas únicos en su tipo, que albergan especies de flora y fauna endémicas; situación que lo coloca a nivel internacional como único e invaluable.

Cuatro Ciénegas justifica su denominación gracias a que por su ubicación, de los cuatro puntos cardinales emergían abundantes manantiales que formaban ciénegas. Alberga especies de flora, tales como bosque de yuca, bosque espinoso perennifolio, matorral desértico, matorral alto subinerme, matorral espinoso de hojas pequeñas, matorral inerme perennifolio, dunas de yeso, chaparral y distintas especies de asociaciones florísticas. Y por otro lado, existen diversos moluscos, reptiles, crustáceos y peces, de valor inigualable debido a su exclusiva manifestación en esta zona. Cuatro Ciénegas tiene, en esta región una riqueza magnífica, que no hemos sabido valorar, conservar y priorizar por encima de actividades de índole económica.

Para el año 1994, el Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y la Asociación Protección de la Fauna Mexicana, realizaron los trabajos tendientes a establecer un esquema de protección bajo el esquema de “área de protección de flora y fauna”1 para Cuatro Ciénegas, con el objeto de preservar los hábitat naturales de dicha zona, salvaguardar las especies naturales presentes, asegurar el equilibrio ecológico y aprovechar de una manera consciente y sostenible los recursos ahí presentes, entre otras razones.

Sin embargo, a casi 20 años de la expedición de dicho esquema de protección y conservación del patrimonio natural de Cuatro Ciénegas, distamos mucho de haber cumplido o estar cumpliendo-- los objetivos que se buscaban obtener a raíz de su decreto de protección. El agua es cada vez más escasa: miles de especies han desaparecido, la conservación y protección de especies es muy débil en comparación a lo que debiera ser. Y esto debido al aumento que se ha dado en el aprovechamiento y explotación del agua, debido a actividades humanas de carácter productivo y económico que han ido afectando seriamente las condiciones y el patrimonio natural con que contamos.

La peculiaridad de los ecosistemas presentes en Cuatro Ciénegas han atraído a numerosos investigadores2 y científicos a estas tierras coahuilenses, a fin de realizar estudios a profundidad, sobre las características del entorno, el origen y causa de sus especies, pero sobre todo, las condiciones actuales y el daño que han sufrido sus recursos naturales, dada la intensa actividad productiva del ser humano relacionada con la explotación de los recursos hídricos, que no solo ha puesto en riesgo las condiciones naturales del hábitat, sino en algunos casos, ha provocado la extinción total de algunas especies que habitaban esta zona.

En una entrevista realizada a la investigadora Valeria Souza por el Diario La Jornada3, señaló que se ha perdido ya un 80 por ciento del recurso hídrico de Cuatro Ciénegas, y que desafortunadamente desde hace más de una década el Gobierno Federal cuenta con la información sobre los riesgos que tenía la zona de disminuir drásticamente dichorecurso; y lejos de haberse actuado en acciones de atención y prevención a la afectación de que estaba siendo protagonista la zona, ésta ha seguido deteriorándose; principalmente la Laguna Churince, “la anterior administración de Conagua… colocó una bomba de agua en 2012 que extrajo durante seis meses el doble del recurso del ecosistema… Todo lo que se había hecho para recuperar el agua en el invierno del 2011 se fue. Este invierno la poza el Churince estaba muy baja, se encontraron muchas tortugas muertas”.

El riesgo de que perdamos el valor natural que aún posee Cuatro Ciénegas es evidente. Si no actuamos sociedad y gobierno de una manera inmediata y con acciones precisas y contundentes, perderemos la riqueza natural presente en los recursos que aún mantiene. Pero lo más drástico y grave es que como humanidad perderemos la oportunidad de conservar para las generaciones futuras una riqueza de especies endémicas sin igual, que hace de Cuatro Ciénegas un lugar excepcional.

Actualmente, las acciones de protección del área de Cuatro Ciénegas, bajo el esquema de área de protección de flora y fauna, recaen en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal, que tienebajo su cargo la conservación del patrimonio natural de México mediante las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de conservación.

Este documento, tiene con finalidad instar a nuestras autoridades del orden federal, para que a través de los esquemas de protección y conservación ya previstos y establecidos para el Valle de Cuatro Ciénegas, se vigoricen y se actúe para evitar mayores daños a sus ecosistemas. Asimismo, se propone un esquema permanente de coordinación, colaboración y comunicación entre la dependencia Federal, con sus análogas en el orden estatal y municipal, a fin de establecer acciones precisas de coordinación, para la protección del área.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República envía un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como al titular del órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de robustecer y endurecer las acciones de restauración, protección y conservación de los recursos naturales y ecosistemas presentes en el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatro Ciénegas, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO.- El Senado de la República envía un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como al titular del órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el objeto de que se establezca un esquema de coordinación, colaboración y comunicación con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Presidencia del Municipio de Cuatro Ciénegas, a fin de implementar las acciones que procedan, en función de la protección que requiere el área natural protegida.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 2 de abril de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Hilda Flores. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.






Tiene la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a instituir la comisión especial de movilidad para los trabajos legislativos de la Cámara de Senadores.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sin duda un tema de interés público, de interés general, es la forma en que nos movemos, sobre todo la movilidad urbana, cómo nos trasladamos de un lugar a otro, ya sea al trabajo, a la escuela, a cualquier actividad que como personas desarrollamos y que sin duda, los últimos años el tema de la movilidad ha estado en la agenda pública, pero sin tener los resultados que se esperan.

Creo que ya es necesario que se adopten medidas que abonen a una mejor forma de movilizarnos, no es posible que se le siga apostando al vehículo automotor individual y que en un futuro colapsemos las calles de las zonas metropolitanas y de las principales ciudades de nuestro país.

Tenemos que buscar alternativas de transporte, el transporte público masivo que ofrezca un servicio seguro, cómodo, accesible a las posibilidades del ciudadano.

Creo que la promoción y la modernización del transporte público se hace necesario y la unificación de criterios en materia de infraestructura para que nos podamos mover de una mejor manera sin que esto represente para nosotros, los ciudadanos, el invertir demasiadas horas a nuestros traslados.

Por eso considero que es necesario que desde la perspectiva legislativa, desde este Senado de la República, podamos tener una comisión especial que se pueda vincular con especialistas, con los gobiernos federales, estatales y municipales para establecer esa coordinación política que contribuya al objetivo fundamental de tener una forma de movilidad más eficiente y más segura para los ciudadanos.

Por eso es que estamos planteándoles a la Junta de Coordinación Política el que pueda proponer a este Pleno, y una vez que llegue aquí que lo podamos aprobar, que se pueda constituir la comisión legislativa especial de movilidad con los objetivos que acabo de mencionar, yo esperaría la comprensión, primero, de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de mis compañeros Senadores para aprobar esta comisión que, sin duda, habrá de abonarle a un tema que sin duda, está en la agenda pública actualmente, pero que si en unos años no resolvemos esto, nuestras ciudades se van a volver caóticas y se hace necesario tomar medidas desde ahora.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA A INSTITUIR LA COMISION ESPECIAL DE MOVILIDAD PARA LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DE LA CAMARA DE SENADORES

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se propone exhortar respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, para que en uso de sus facultades, se instituya la Comisión Especial de Movilidad para los trabajos legislativos de la honorable Cámara de Senadores, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La problemática de movilidad urbana que tiene nuestro país es uno de los más importantes retos globales de desarrollo y medio ambiente, debido en su mayor parte a las consecuencias de un esquema de movilidad que privilegió a los vehículos automotores individuales sobre alternativas más sostenibles, como el transporte público y el no motorizado.

Respecto de este último, la inclusión de la bicicleta se ha convertido en un tema relevante en la agenda de gobernantes, técnicos y sociedad civil, reconociendo así sus méritos y capacidades para ayudar a crear un entorno que mejore la calidad de vida y la salud de la población. Sin embargo, la movilidad no motorizada forma parte de un universo mayor, esto es, la movilidad urbana misma, que se ha constituido como un tema de gran trascendencia para la sociedad, en mérito de su conexión y consecuencias en los aspectos medioambientales, económicos, sociales, de seguridad y calidad de vida de la población, por decir algunos.

Aspectos de la movilidad urbana que implican una vasta fuente de investigación, innovación, de revisión de teorías y actualización, considerando que el tema es estudiado cuando menos desde los aspectos económicos, sociales, políticos, de la ingeniería y la tecnología, la gestión del territorio y de los sistemas de transporte. Por lo mismo, la dificultad de desarrollar una visión multidisciplinaria es considerable. Pero también, lo cierto es que esa complejidad genera la necesidad de constituir instancias dedicadas de manera particular al tema de la movilidad, que se aboquen según su ámbito de competencia, por ejemplo, a desarrollar contendidos como….

• La adopción de políticas públicas de movilidad, que incluyan al sistema de transporte público, la estructura vial, circulación peatonal, red de ciclo rutas, y que se encuentre estrechamente vinculada a los planes de ordenamiento territorial.

• La Promoción de la modernización del transporte público de pasajeros convencional, desalentar el uso del automóvil, desarrollar un sistema integral de transporte multimodal en zonas metropolitanas, fomentar la movilidad no motorizada y la accesibilidad universal en los espacios públicos.

• La unificación de criterios en el uso inteligente del transporte; oferta de infraestructura; densidad urbana; medios alternativos de transporte; educación, información y participación ciudadana en los modelos de movilidad.

• La generación de normas sobre planeación urbana sostenible, que incidan en la configuración de la movilidad.

• La constitución de mecanismos de participación ciudadana en materia de movilidad.

• El Impulso de políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de servicios relacionados con:

- Identificar los componentes relacionados con la movilidad.

- Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana.

- Incorporar planes de movilidad.

- El diseño de proyectos, programas de planeación, prevención, seguridad y control vial que concilien los sistemas de transporte, la estructura vial y la circulación peatonal.

- Estabilizar la movilidad peatonal y vehicular, junto con la reducción de los niveles de contaminación en fomento de los desplazamientos en modos alternativos de transporte en relación al índice de crecimiento del parque automotor.

- La conectividad, la multimodalidad, la accesibilidad y la fiabilidad, como elementos asociados al transporte que hacen que una persona y una sociedad sean más productivas y más equitativas.

Temas relacionados con la Movilidad Urbana que evidentemente, no escapan de la acepción legislativa, por el contrario, se trata de un asunto de interés público prioritario en los trabajos de esta honorable Cámara de Senadores.

Ahora bien, por lo que respecta al trabajo legislativo, sabemos que una parte importante en etapa deliberativa lo es el realizado en las comisiones legislativas, como órganos constituidos por mandato de ley o por acuerdo del Pleno, para el despacho de los asuntos y el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, la Cámara de Senadores cuenta con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Comisiones ordinarias y especiales del Senado de la República, en las que no se encuentra contemplada una destinada en lo exprofeso al tema de la Movilidad.

Luego, retomando las consideraciones sobre la necesidad de constituir instancias dedicadas especialmente a determinados asuntos, para el caso del Senado, como lo son las Comisiones Legislativas, se hace indispensable contar con una Comisión de Movilidad, que permita atender de manera particular los temas relacionados con la materia y sus variadas implicaciones, y que, se avoque también a analizar su contribución al desarrollo social, al uso racional de bienes escasos, como la energía y el espacio urbano, y a los impactos sobre el medio ambiente, partiendo de la idea de que los estudios y los planes sobre la movilidad no se limitan únicamente al desarrollo de sistemas que minimicen los tiempos y costos de desplazamiento de personas y mercancías.

Así, la propuesta de creación de una Comisión en materia de Movilidad, pretende implementar en el trabajo legislativo un órgano que atienda la necesidad de especialización de la materia, que se avoque a conjuntar en sus estudios las diversas perspectivas con las que el tema requiere ser abordado, compilando y generando información que permita unificar criterios para coadyuvar a que esta honorable Cámara de Senadores, en la corresponsabilidad pública que le atañe, pueda participar satisfactoriamente en la generación de políticas públicas de movilidad y la resolución de los asuntos de su competencia en ese rubro.

Cabe recordar, que la atribución para proponer la creación de comisiones especiales al honorable Pleno, corresponde a la Junta de Coordinación Política, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República.

En ese tenor, la proposición en concreto sería sugerir a los ciudadanos Senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, para que con base en las facultades que les confiere el invocado artículo 119 y con fundamento en el diverso artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprueben la propuesta de creación de la Comisión Especial en Materia de Movilidad; tenor bajo el cual se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a los ciudadanos Senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, para que con base en las facultades que les confiere el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República y con fundamento en el diverso artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprueben la propuesta de creación de la Comisión Especial en Materia de Movilidad, para conocer de los asuntos materia de su denominación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Jesús Casillas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo que solicita cambio de denominación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales.

- La C. Senadora Lucero Saldaña Pérez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, hay dos puntos de Acuerdo registrados sobre el mismo tema, me permito exponer el punto de Acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política de este Senado a autorizar el cambio de denominación de la actual comisión que presido por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Esta ha sido una petición en los foros de consulta que hemos realizado con la sociedad civil, que se ve identificada cuando está nombrada.

Creemos que hay que diferenciar organismos de la sociedad civil y sociedad civil, con organismos no gubernamentales. Pareciera un término muy similar, pero dentro de las organizaciones de la sociedad civil se encuentran los no gubernamentales.

Aquí es poner a la consideración, fue un acuerdo de la comisión que fue aprobado para este cambio de nombre de la comisión.

Y en segundo término, el punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a que tengan leyes relativas a la participación ciudadana.

Las organizaciones de la sociedad civil han sido generadoras de cambio, y es por ello que ha habido leyes como la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Planeación, pero esto no ha garantizado que se tenga en todas las entidades.

Unicamente 10 entidades federativas cuentan con una ley específica: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Entonces nos falta la gran mayoría.

Queremos que todas las entidades federativas puedan tener esta normatividad, en donde el diálogo y la participación con la sociedad civil se dé de manera más regular y legalmente establecido.

Por ello, se exhorta, hay 2 aspectos, a las entidades que no cuenten con una ley estatal para que promuevan e impulsen el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil emitiendo ordenamientos al respecto.

Y el segundo es que también a nivel local los municipios, sus ordenamientos jurídicos, se exhorta a que regulen, promuevan e impulsen la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las tareas correspondientes a los ayuntamientos. Son 2 puntos de Acuerdo muy vinculados.

Propuestas








Propuesta



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Lucero Saldaña. La primera propuesta se turna a la Junta de Coordinación Política. Y la segunda se turna a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Muchas gracias.






Senador Casillas Romero, tiene el uso de la palabra para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo sobre ciclopuertos.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Primero, el reconocimiento a mis compañeras y compañeros Senadores: Ana Lilia Herrrera Anzaldo; Angélica del Rosario Araujo Lara; Lilia Guadalupe Merodio Reza; Mariana Gómez del Campo; María Marcela Torres; Mario Delgado Carrillo; Alejandra Barrales Magdaleno; Juan Gerardo Flores Ramírez; Carlos Alberto Puente Salas; Ana Gabriela Guevara; Mónica Arriola y Layda Sansores San Román, quienes en conjunto estamos presentando este punto de Acuerdo, que no tiene otra finalidad, que el ir generando condiciones para favorecer la movilidad no motorizada.

Si estamos buscando una mejor forma de transporte y que cada quien decide cómo trasladarse, y queremos de alguna manera fomentar el uso de la bicicleta, pues entonces hay que empezar a generar la infraestructura necesaria, infraestructura que no le requiere gran cantidad de recursos a los gobiernos de los estados y los municipios.

En principio, el poder establecer el equipamiento necesario para que se puedan estacionar las bicicletas, los ciclopuertos, y que por lo menos en cada edificio público, estatal y municipal, se pueda contar con un lugar donde estacionar las bicicletas a efecto de que los ciudadanos tengan y puedan optar por el uso de la bicicleta con la seguridad que hay un lugar donde dejarla. Esto, en principio en los edificios públicos.

Pero además creo que el ir fomentando el que se puedan establecer este tipo de mobiliario urbano para el estacionamiento de las bicicletas, que tiene que ir, desde luego, articulado con otras acciones para la creación de ciclovías, para el fomento del uso de la bicicleta, sin duda este es un paso de inicio que no requiere de grandes recursos y que, sin embargo, va a favorecer el tema de la movilidad no motorizada, que entre otros beneficios no contamina, no requiere de muchos gastos, promueve la salud de quien utiliza la bicicleta y, además, pues estamos caminando a un nuevo esquema de transporte.

Solicitarle, entonces, la aprobación y el reconocimiento a los Senadores de todos los grupos parlamentarios que se han sumado a este propósito de exhortar a los gobiernos estatales y municipales para que promuevan la implementación de mobiliario para el establecimiento de los ciclopuertos.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS AYUNTAMIENTOS DEL PAIS A DESTINAR RECURSOS, PROMOVER Y LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACION DE ESPACIOS Y MOBILIARIO URBANO EXCLUSIVOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS, TAMBIEN DENOMINADOS CICLOPUERTOS, PRINCIPALMENTE EN ZONAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS

"SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Senadores JESUS CASILLAS ROMERO, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, MARIO DELGADO CARRILLO, MARIA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, JUAN GERARDO FLORES RAMIREZ, CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, MONICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO Y LAYDA SANSORES SAN ROMAN, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los Ayuntamientos del país, para que destinen recursos, promuevan y lleven a cabo la implementación de espacios y mobiliario urbano exclusivos para el estacionamiento de bicicletas, también denominados ciclopuertos, principalmente en zonas de edificios públicos; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Mucho hemos escuchado de las ventajas y beneficios que ofrece la bicicleta frente a otros modos de desplazamiento. No obstante, tanto se ha apostado al uso del vehículo que ha creado una fractura social y ambiental enorme.

Conscientes de esta situación, tanto instancias gubernamentales como de la sociedad civil han emprendido diversas acciones para ir creando los elementos que generen condiciones propicias y más seguras para una alternativa en distancias cortas, como lo es la bicicleta; ya sean de difusión, cultura, respeto entre automovilistas y ciclistas, como el acondicionamiento de espacios de rodamiento para las bicicletas.

Otra de las novedades que ha venido a la mente de quienes se preocupan por la movilidad urbana, es la combinación de la bicicleta con el transporte colectivo, como una alternativa saludable para disminuir el uso del vehículo, sin que ello necesariamente signifique prescindir de éste, puesto que no se puede dejar de reconocer sus ventajas; pero se pretende no depender tanto de él.

En esencia, los mayores esfuerzos para fomentar el uso del transporte no motorizado se encuentran focalizados principalmente a la bicicleta.

Al respecto, independientemente de que se ha pugnado por generar infraestructura, estrategias, cultura, instancias o consejos ciudadanos y planes, todo encaminado a propiciar el uso de la bicicleta como medio de transporte, también es cierto que existe un elemento que adicionalmente abonaría al fomento del referido medio de transporte. Me refiero a los espacios para estacionar bicicletas, también denominados bicipuertos o ciclopuertos.

Un problema para quienes tienen la posibilidad de realizar un trayecto en bicicleta lo es, que una vez llegando al destino, no existe un espacio en el cual se pueda depositar o estacionar la bicicleta de manera segura, lo que inhibe su uso.

Es tan lamentable que se evite el uso de la bicicleta por este motivo, que aún en los casos en que habiendo infraestructura exprofeso de rodamiento, o bien, que aún sin ello el entorno urbano de determinado trayecto pueda ser considerado como propicio y relativamente seguro para realizarlo en bicicleta, finalmente no sea así, por el motivo del resguardo o estacionamiento.

En algunos casos lo que llegamos a ver son bicicletas afianzadas a un poste, banca u otro tipo de mobiliario urbano; mas es claro que eso no es lo más adecuado.

Así, la inexistencia de estacionamientos exclusivos para bicicletas es un factor que desalienta el uso de las mismas, aún a pesar de la existencia de infraestructura de rodamiento reservada o ciclovía.

De tal suerte que, los ciclopuertos llegan a constituir un elemento integral y hasta adicional para fomentar el uso de la bicicleta.

Se trata de espacios en la vía pública, con aditamentos para depositar y sujetar las bicicletas a manera de estacionamiento, cual si se tratase del lugar en que se estaciona un vehículo automotor. Son elementos urbanos que dan servicio a todo aquel que se transporta en bicicleta además de promover nuevos viajes en la misma; reivindica y dignifica el uso de la bici ofreciendo espacios exclusivos y ordenados en la ciudad.

Algo muy importante, que por cada espacio necesario para un automóvil, se pueden estacionar cuando menos 8 bicicletas. Luego, que el costo promedio tampoco resulta de considerarse como gravoso. Dependiendo del diseño, características y materiales, existen referencias que informan que van desde los 6mil a los 24mil pesos por cada ciclopuerto. Costos que evidentemente pueden ser disminuidos, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada municipio; lo que permitiría crear zonas de ciclopuertos con inversiones mínimas.

En tal inercia, diversas instancias públicas han implementado programas de instalación de ciclopuertos en sus circunscripciones territoriales. En el Distrito Federal, los ciudadanos Senadores estamos enterados de los alcances de su implementación. En Jalisco, el Ayuntamiento de Guadalajara inauguró durante el año 2011, una Red de Ciclopuertos instalados en la vía pública, quitando un espacio al automóvil para otorgárselo a 8 bicicletas. El proyecto contempló en su primera etapa la instalación de 128 de los denominados ciclopuertos. El gobierno el Estado de Jalisco hizo lo similar, en estaciones del servicio de transporte público denominado en esta entidad como Macrobús.

Referencias a manera de ejemplo, dado que evidentemente no son los únicos.

Lo interesante es destacar la importancia que revisten los denominados ciclopuertos en el fomento al uso de la bicicleta como transporte, que su implementación no requiere de altas inversiones y que por el contrario, su omisión en el mobiliario urbano puede llegar a mermar los alcances que pretenden en la materia, las mismísimas ciclovías.

En ese orden de ideas, por las razones dadas y convencido de que el uso de la bicicleta constituye una alternativa de transporte para disminuir el uso del automóvil y que a su vez, la implementación de ciclopuertos es un factor determinante para el fomento de dicho medio de transporte, es de considerar como indispensable el que en nuestro país se promueva la instalación de este tipo de mobiliario urbano, con la participación de los tres órdenes de gobierno, acorde a las necesidades de cada población.

De tal suerte, que la propuesta concreta que me permito traer al Pleno de esta Soberanía, consiste en exhortar respetuosamente a las entidades federativas, precisamente para promover la instalación del mobiliario urbano multireferido.

Por lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y a los Ayuntamientos del país, para que destinen recursos, promuevan y lleven a cabo la implementación de espacios y mobiliario urbano exclusivos para el estacionamiento de bicicletas, también denominados ciclopuertos, principalmente en zonas de edificios públicos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de abril de 2013.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen.Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen.Mónica Tzasna Arriola Gordillo.- Sen. Layda Sansores San Román”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Jesús Casillas. Se turna su proposición a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez, para presentar los resolutivos del punto de Acuerdo que exhorta a implementar acciones que coadyuven al Sistema Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño)Sí, señor Presidente.

Un exhorto al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, para que a través del Senado, del Sistema de Administración Tributaria y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, analice la posibilidad de flexibilizar los requisitos e incentivar a la donación de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación y salud.

Y también un exhorto al Secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, para que implemente acciones que permitan incluir en el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, programas enfocados a modernizar los canales de comercio tradicional, mejorar la logística en las centrales de abasto e incentivar el acopio postcosecha.

Y también un atento exhorto a la misma Secretaría de Economía para que analice la viabilidad de celebrar un convenio con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, que agrupa a más de 420 mil establecimientos dedicados a los alimentos, para que se sumen a la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y lograr que más de 30 mil toneladas de alimentos sean utilizadas en uso humano.

Gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Margarita Flores Sánchez. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Queremos expresar, a nombre de la Mesa Directiva, nuestra gratitud de reconocimiento a los diferentes grupos parlamentarios que han aceptado esta modalidad de presentación de proposiciones, porque nos está, como se advierte, facilitando y agilizando la presentación de estos puntos que son importantes para todos.

Así que, muchísimas gracias, a nombre de la Mesa Directiva.

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, sobre modificación de integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Está a discusión, no habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.

Ha solicitado hacer referencia al Día Internacional del Autismo, la Senadora Hilda Flores Escalera, la cual se le concede, desde su escaño.






EFEMERIDE

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente Estimados Senadores y Senadoras:

En el Senado de la República hemos demostrado que el México de hoy, es un país caracterizado por impulsar el respeto de los derechos de todas las personas, como es el caso de los grupos en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, el día de ayer tuvimos a bien reconocer a las personas que viven con autismo y a todas aquellas que dedican su esfuerzo en trabajar en la instauración de ambientes y mecanismos que potencialicen su desarrollo.

Es en virtud de ellos, Senadoras y Senadores, que aprovecho este espacio para agradecerles su apoyo y participación en el evento que se realizó en el marco de las actividades de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Asimismo, agradecer a la Mesa Directiva, y particularmente a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y su Presidente, el Senador Emilio Gamboa, por su apoyo y empeño para que esta celebración fuera posible.

En este sentido, sólo me queda expresar que la suma de voluntades evidenciada el día de ayer, es prueba fehaciente de que seguiremos trabajando desde nuestra esfera, la legislativa, en el fomento de los derechos, tanto de las personas con autismo como de todas aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a partir de su inclusión en la sociedad y del respeto intrínseco de sus derechos humanos.

De verdad, mi gratitud para todas y para todos.

Muchas gracias, estimado señor Presidente.

(Aplausos)

"Senadora Hilda Esthela Flores Escalera

EFEMERIDE EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AUTISMO

México, D. F., a 2 de abril de 2013.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad y se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro. Es una condición que afecta principalmente a los niños y que se caracteriza por deficiencias en la interacción social, problemas en la comunicación, así como patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad.

En ese sentido, el 17 de diciembre de 2007 la ONU, a través de su Asamblea General, estableció el 2 de abril como el “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, de acuerdo a la resolución A/RES/62/139, mediante la cual invita a todos los Estados Miembros, organizaciones competentes del Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente la conmemoración a este día con miras a aumentar la conciencia pública sobre el trastorno del autismo.

En México, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, menciona que en el país hay un niño con el síndrome de autismo por cada mil, por lo que se estima que hay alrededor de 37 mil niños que viven con autismo.

Asimismo, el IPN señala que la problemática a la que se enfrentan estás personas, va más allá de problemas de salud, sino se extiende a todos los niveles de la vida, pues al no lograr un desarrollo integral se ven reducidas la satisfacción de sus necesidades básicas limitando su acceso al disfrute de sus derechos humanos.

Por su parte, el Hospital Siquiátrico Infantil Juan N. Navarro establece que aunque en los últimos años ha aumentado la detección temprana del autismo, la capacidad de atención es insuficiente, pues no se cuentan con el número de centros especializados necesarios para atender a la población total con autismo.

En el Senado de la República hemos demostrado que el México de hoy es un país garantista, caracterizado por impulsar el respeto de los derechos de todas las personas, por lo cual sirva este día para reconocer a las personas que viven con autismo y a todas aquellas que dedican su esfuerzo en trabajar en la instauración de ambientes y mecanismos que potencialicen su desarrollo dando certeza de que seguiremos trabajando desde nuestra esfera en el fomento de su inclusión plena y efectiva en la sociedad.

Por último, senadoras y senadores, quiero aprovechar este espacio para invitarlos, en el marco de las actividades de la conmemoración del “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, al evento que se llevará a cabo el día de hoy a las 19 horas en la Terraza del Salón de Sesiones de este Recinto, en el cual como dicta el acuerdo de la resolución A/RES/62/139 de la Asamblea General de la ONU, se iluminará la fachada del Senado de la República a fin de exteriorizar simbólicamente la voluntad que tenemos de coadyuvar en todos los esfuerzos encaminados a impulsar el progreso de las personas que viven con autismo.

Por su atención, muchas gracias".

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Flores Escalera.

Informo a la Asamblea que se recibió del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 constitucionales, recibido el 26 de abril de 2012, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponda.






EXCITATIVA

“C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propone a esta Presidencia, formule excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para que, de conformidad con los artículos 66, numeral 1, inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se dictamine la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero.- En sesión celebrada el 2 febrero de 2012 la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa por el que se reforman los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74; párrafos primero, segundo y quinto de la fracción I, párrafos primero, segundo, tercero, quinto y séptimo de la fracción II y el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 79; el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116; y se adicionan la fracción XXVIII-B al artículo 73; los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 79, recorriendo el actual tercero a séptimo párrafo; y un tercer párrafo, recorriendo el restante a cuarto párrafo, del inciso c), fracción V, Base Primera, Apartado C, del artículo 122; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la presidencia de la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para el dictamen correspondiente.

Segundo.-El dictamen de la iniciativa en comento, fue aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2012, y con esa misma fecha se remitió a la Cámara de Senadores con carácter de minuta, en donde se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su dictamen.

Tercero.-Uno de los objetivos de la minuta es lograr la integración y funcionamiento de un Sistema Nacional de Fiscalización, que servirá como mecanismo para la coordinación de acciones por parte de todos los órganos que llevan a cabo labores de fiscalización en el país, a fin de generar condiciones que permitan un mayor alcance en las revisiones, así como para evitar duplicidades y omisiones.

Cuarto.-La minuta además pretende consolidar los mecanismos y alcances de las auditorías sobre el desempeño. La importancia radica en que este tipo de auditorías puedan evaluar las metas y no sólo los objetivos de los planes y programas. También se robustece la parte de recomendaciones al desempeño con el propósito de que las entidades fiscalizadas no sólo deban precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas, sino también las acciones emprendidas para estar en posibilidad de acreditar la atención de las mismas.

Quinto.-De la misma forma, se plantea reducir los plazos para la presentación de la Cuenta Pública e informes que debe rendir la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados; así como establecer un nuevo esquema de informes a cargo del ente fiscalizador. Actualmente, la fecha límite de presentación de conclusión de la Cuenta Pública es el 30 de septiembre del año siguiente. Esta minuta pretende que la fecha sea a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación, lo cual sería congruente con la previa aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que es el 15 de noviembre.

Sexto.-Una de las partes fundamentales de la reforma es que amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación en los supuestos de situaciones excepcionales; además se señala expresamente la facultad de fiscalizar fideicomisos públicos, cesiones parciales de bienes de dominio público y esquemas de coparticipación económica pública-privada. Esta reforma se considera necesaria en virtud de que se colige la conveniencia de no dejar a la libre interpretación del usuario jurídico sobre si se podrán fiscalizar o no estos entes.

Séptimo.-Por último, la minuta pretende evitar la reelección del titular de la Auditoría Superior de la Federación. Lo anterior debido a que el titular debe permanecer al margen de cualquier inferencia para realizar su función de manera imparcial y objetiva, puede afectar su libertad de decisión ante la presión del órgano elector. Es por ello que resulta necesario liberar al titular del órgano de fiscalización superior de la Federación de cualquier presión, para garantizar su independencia.

Por lo antes expuesto, me permito solicitarle de la manera más atenta dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Unico. Que en uso de la facultad que le confiere el artículo 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite con el debido respeto a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, para que presenten el dictamen relativo a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 3 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que se turnarán a comisiones directamente.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Informo a la Asamblea de los asuntos que se turnarán a comisiones:






PROPUESTAS

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo sobre el desperdicio de agua, misma que se turna a la Comisión del Distrito Federal.








De la Senadora Hilda Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo a favor de las personas con Síndrome de Down, misma que se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO A FAVOR DE LAS PERSONAS CON SINDROME DE DOWN

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentó ante esta Soberanía una proposición con punto de Acuerdo, con moción de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud1.

Para lograr el crecimiento y desarrollo de la persona con síndrome de Down, refiere la ONU, es vital garantizar el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como una investigación adecuada.

Por su parte, de acuerdo con la Fundación John Langdon Down A.C., el síndrome de Down es una alteración genética ocasionada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21, que ocurre aproximadamente en uno de cada 773 nacimientos y constituye la causa de discapacidad intelectual de origen genético más común en todo el mundo2.

De acuerdo al Instituto Politécnico Nacional, en el país existen alrededor de 150 mil personas con Síndrome de Down, que enfrentan diversas problemáticas, desde las que acompañan su condición de vida hasta las que son inducidas por las barreras sociales que aún persisten y que permean en su desarrollo educativo, de salud y laboral, entre otros.

Por ejemplo, el IPN a través de su Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, señala que niñas y niños con síndrome de Down presentan un alto grado de padecimientos de la vista, que tienden a agravarse por un deficiente conocimiento sobre los problemas de visión que sufren ellos en particular.

Asimismo, el IPN establece que las personas con síndrome de Down carecen de una atención integral, pues no se cuenta con los suficientes centros que les ayuden a afrontar su discapacidad.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menciona que en México uno de cada 700 nacimientos es de una persona con síndrome de Down, presentando el 60 por ciento problemas de visión como esotropía, miopía o hipermetropía.

A su vez, la ONU señala que las personas con síndrome de Down se enfrentan a menudo con el estigma y la segregación, el maltrato físico y psicológico, y la falta de igualdad de oportunidades, en donde el círculo vicioso de la exclusión puede comenzar a muy temprana edad, hasta el grado en que hay regiones en donde ladiscriminación se manifiesta en medidas tan inhumanas como la esterilización forzada o de manera más sutil como la segregación y el aislamiento mediante barreras tanto físicas como sociales3.

De igual forma, en la vida laboral los estereotipos contra las personas con síndrome de Down a menudo significan una negativa de oportunidades de formación profesional y su derecho al trabajo, mientras que en el ámbito político y público, a las personas con síndrome de Down se les suele privar de su derecho a votar y participar plenamente en el proceso democrático4.

Por todo ello, como una estrategia para la concientización y sensibilización en este tema, en diciembre de 2011 la Asamblea General de la ONU designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down, en su Resolución 66/149, con la finalidad de recordar la dignidad inherente y la valía de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades, resaltando la importancia de su autonomía e independencia individual y en particular de la libertad de tomar sus propias decisiones.

Es en virtud de lo expuesto en el desarrollo del presente y por la necesidad de que sigamos trabajando y pronunciándonos en favor del respeto de los derechos humanos de todas las personas y de su inclusión en un marco de igualdad, que someto a consideración de esta Asamblea, con moción de urgente resolución en el marco en el Marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal para que implementen y fortalezcan las acciones para la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos, e informen a esta Soberanía sobre medidas que instrumentan en esta materia.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 21 de marzo de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, un programa a corto, mediano y largo plazo sobre políticas públicas enfocadas a prevenir y reducir riesgos ante los incendios forestales en el país, misma que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, A LA SEMARNAT Y A LA SAGARPA A INCLUIR EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 UN PROGRAMA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO SOBRE POLITICAS PUBLICAS ENFOCADAS A PREVENIR Y REDUCIR RIESGOS ANTE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL PAIS

Silvia Guadalupe Garza Galván integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente:

CONSIDERACIONES

Los bosques, bajo una gestión sostenible, ofrecen una fuente constante y renovable de recursos y servicios ambientales; son una fábrica de alimentos, fibra, combustible, medicinas, materiales de construcción, así como de valores culturales y estéticos. Una pequeña parte de los incendios forestales son de origen natural, al ser originados por rayos o bien por temperaturas que ante la mínima fricción del material seco producen chispas que posteriormente serán fuego. Así, tenemos que aceptar, que el fuego es un elemento más de la naturaleza y que el fuego, ha modelado el paisaje que hoy conocemos. Sin embargo, lo que resulta inédito, es la extensión y violencia del fenómeno desde hace unas décadas. Y es preocupante que el 80% de los incendios forestales en México tengan un denominador común; han sido provocados por el ser humano.

En los años de existencia de la humanidad, el fuego es, y ha sido, un factor determinante en la evolución de esta, sin embargo, ante los cambios ambientales de las últimas décadas, su utilización en la actividad humana, se ha constituido en un riesgo para los recursos forestales; en el mismo sentido, las actividades para prevenir, detectar y combatir los incendios forestales, representan un mayor reto, dada la imperativa necesidad de conservar los recursos naturales y con ello contribuir con la lucha contra el cambio climático, ofreciendo seguridad a toda la población.

Los incendios, afectan de distintas maneras a los diversos ecosistemas forestales, todo esto dependiendo de la intensidad, duración del fuego y de las condiciones bajo las cuales se presentan; el fuego suele acabar con gran parte de la vegetación del monte, las especies vegetales leñosas que sucumben al fuego son sustituidas por otras de carácter pionero, preparadas para colonizar con éxito este tipo de hábitats; sucede así, que lo que antes era un bosque denso, se convierte tras el fuego en un pastizal de gramíneas y malezas fácilmente inflamables, y pobre en especies arbóreas resistentes al fuego. La fauna silvestre, sufre intensamente los efectos del elemento fuego, así como las especies con menor movilidad son las que más se ven afectadas, mientras que los demás animales, probablemente escaparán del incendio y se refugiarán en zonas cercanas, donde su presencia, inevitablemente, causará alteraciones en el equilibrio ecológico y la cadena alimenticia.

La recolonización de las zonas quemadas es difícil, porque el fuego destruye los hábitats, eliminando fuentes de alimento y refugio; por ello, la fauna que se instale en estas zonas será diferente a la que existía con anterioridad, y estará integrada por especies mejor adaptadas a los ambientes abiertos y de vegetación pionera que crea el fuego.

El suelo, no se escapa de los daños causados por el fuego, las altas temperaturas que se generan en el interior de los incendios, pueden llegar a eliminar los organismos encargados de desintegrar los materiales orgánicos, como hongos, protozoos y bacterias. El que desaparezca la cubierta vegetal impide que el agua de escorrentía se retenga y se infiltre en el terreno, dañando la alimentación de los acuíferos; el suelo, queda expuesto a la erosión del viento y la lluvia, y el agua de escorrentía, puede llegar a generar fenómenos de inundación.

Los incendios, dan lugar a diferentes formas de contaminación, siendo la más destacada y evidente, la de emisiones a la atmósfera ya que emanan grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como el CO2 y partículas en suspensión como consecuencia de la combustión de las masas forestales. Los productos resultantes de la combustión, pueden también ser transportados y acabar contaminando las corrientes de agua; el fuego forestal, pueden alterar el clima de las zonas afectadas, pues la eliminación de la cubierta vegetal altera los ciclos hidrológicos y los intercambios gaseosos con la atmósfera, además de dar lugar a un incremento de la superficie de albedo. Asimismo, las consecuencias sobre el clima pueden llegar a ser mucho más amplias, por que las emisiones de importantes cantidades de CO2 a la atmósfera como consecuencia de la combustión tienen, además, una importante contribución al calentamiento global del planeta.

Las zonas forestales en México tienen una superficie estimada de 139 millones de hectáreas, equivalente al 73 por ciento de la superficie nacional; de ellas el 47.2 por ciento corresponden a zonas con bosques y selvas; el 41.7 por ciento a zonas con vegetación de zonas áridas y semiáridas; el 1.9 por ciento a áreas cubiertas con vegetación hidrófila y halófila, y el 9.2 por ciento corresponden a áreas con pastizales y otros tipos de vegetación. En México, de acuerdo con las condiciones climáticas y meteorológicas, cada año se presentan incendios forestales de diversas magnitudes. En las últimas décadas, cada año han ocurrido en promedio 6 mil 885 incendios forestales, con una superficie promedio afectada de 219 mil 408 hectáreas (32 ha promedio por incendio; Centro Nacional de Control de Incendios Forestales. CONAFOR.).

El número de incendios forestales ha presentado una tendencia creciente en los últimos años debido al cambio climático y al incremento de la población en áreas forestales, en estos años, se presentaron en el territorio nacional 9 mil 735 incendios forestales en 32 entidades federativas, de acuerdo con el promedio, los estratos principalmente afectados corresponden a pastizales, hierbas, arbustos y matorrales, vegetación que se recupera rápidamente después de la temporada de lluvias.

La mayoría de los incendios normalmente ocurren durante los meses de marzo, abril y mayo. El 80% por ciento de la ocurrencia de los incendios forestales se presenta de marzo a mayo, la época de mayor sequía y la más calurosa en el país, que coincide con el uso del fuego en las áreas rurales en la ejecución de quemas y con los trabajos de preparación de terrenos agropecuarios.

En los últimos años, los incendios se han concentraron principalmente en 10 entidades federativas, las cuales participaron con el 80% del total nacional: Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Coahuila y San Luis Potosí.

No obstante que los estados de México, Michoacán, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco y Puebla contribuyeron con el 62 por ciento de los incendios a nivel nacional, destaca que en estas entidades la aplicación de recursos fue sobresaliente en el control, combate y liquidación de los mismos.

En relación a la superficie afectada, las 10 entidades federativas con mayor impacto concentraron el 85 % de la superficie nacional: Durango, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Chihuahua, Oaxaca, Baja California, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Chiapas.

Para el combate a los incendios forestales, el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales (CENCIF) de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), recibe y canaliza los reportes de incendios forestales que realiza la ciudadanía; además interpreta imágenes satelitales y las analiza con la finalidad de determinar las condiciones climatológicas imperantes en el país, lo que permite pronosticar situaciones de riesgo y alertar a las áreas operativas y brigadas de las Gerencias Regionales para su atención. Asimismo, establece la coordinación de acciones entre dependencias federales y estatales, la movilización de equipo aéreo, equipo especializado y personal técnico especialista en el combate de incendios forestales.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) proporcionan el servicio de detección de focos de calor mediante imágenes de satélite del territorio nacional, así como información en puntos de calor mediante técnicas de percepción remota. Este reporte está a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas de Internet.

Adicional al esfuerzo realizado en el control de los incendios forestales, se suman recursos humanos provenientes de diversas instancias de la sociedad, con una mayor participación de los gobiernos de los estados y municipios. En 2008 destacó la participación del gobierno del estado de Puebla, los productores y de la población rural voluntaria.

A pesar de que los indicadores de eficiencia muestran una mejoría en la atención de los incendios al presentar una tendencia de reducción en los tiempos aplicados para la detección, traslado a los incendios y duración de éstos, así como en la superficie afectada en promedio por incendio, es de esperarse que para este año 2013, se registren lluvias escasas y una sequía estacional más fuerte, lo que sin duda repercutirá en un mayor riesgo de fuego forestal.

Los incendios forestales involucran factores de índole social, económica y ambiental, es por ello que tanto la sociedad como los tres órdenes de gobierno deben redoblar los esfuerzos para su combate y detección temprana. Una pieza clave en las acciones de detección temprana son las que los Gobiernos de los Estados realizan en sus territorios, por lo que es necesario que todas las entidades Federativas, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,lleven a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales.

Una parte importante en el tema de los incendios forestales son las causas que originan los incendios forestales en México. Se estima que el 80% de los incendios en el país son provocados por actividades humanas, y sólo un 20% se debe a causas naturales derivadas de fenómenos tales como descargas eléctricas y más eventualmente erupción de volcanes.

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal, las causas directas que provocaron el mayor número de siniestros en los últimos años fueron las actividades agropecuarias, representando 41% del total de los incendios forestales; le sigue en importancia las causas desconocidas, 16%; fumadores, 11%; fogatas de paseantes, 9%, y otras causas, el 23% del total.

Es un hecho imprescindible que se deben modificar las prácticas agropecuarias de quema de residuos agrícolas, ya que aportan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Estas emisiones contribuyen a elevar el contenido de gases de efecto invernadero en el planeta y, en consecuencia, a incrementar la temperatura global, con gran riesgo para la persistencia futura de los ecosistemas. A nivel nacional, se estima una emisión de 6.26 millones de toneladas de los diez contaminantes más frecuentemente generados por la quema de biomasa (monóxido de nitrógeno [NO], dióxido de nitrógeno [NO2], monóxido de carbono [CO], dióxido de azufre [SO2], bióxido de carbono [CO2], compuestos orgánicos, partículas suspendidas, formaldehidos, aldehídos, acroleína). Cabe señalar que 94.16%de las emisiones corresponden a CO2. El lamentable suceso que está ocurriendo sobre los incendios en San Luis Potosí, es producto de éstas quemas y las consecuencias han sido devastadoras.

La Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario, con el propósito de prevenir y disminuir los incendios forestales, es en esencia, la que establece que las personas que pretendan hacer uso del fuego, con excepción de fogatas, deberán presentar un aviso de uso de fuego, para que la autoridad este enterada de la participación y ocupación de este elemento en las actividades a realizar, así como las zonas donde usara el elemento; también, establece, que la SEMARNAT, la CONAFOR y la SAGARPA, en coordinación con otras instancias federales, gobiernos municipales y estatales, deben orientar y capacitar a los usuarios del fuego en todo tipo de terrenos. La determinación de las épocas de uso del fuego corresponderá para áreas forestales a la SEMARNAT/CONAFOR y para agropecuarias a la SAGARPA, debiendo utilizar los medios informativos disponibles para la difusión del anuncio correspondiente.

CONAFOR, anunció al principio las acciones que se llevarán a cabo dentro del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, para la prevención y combate ante los siniestros en terrenos forestales que se presenten este año; una de las prácticas consiste, en ampliar las actividades de difusión y cultura para la prevención de incendios forestales, como pláticas en comunidades, implementación de material divulgativo y comunicación con medios masivos de comunicación, esto de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 123 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que también señala la coordinación y participación de los gobiernos estatales y municipales para tal efecto.

Lo peor, es que, el problema de los incendios forestales relacionados con las prácticas agropecuarias, no ha registrado un descenso significativo, por el contrario, las estadísticas ambientales de los últimos 38 años señalan que el uso del fuego en las prácticas agropecuarias provoca entre 40 y 50 por ciento de los incendios forestales. Es por ello, que resulta necesario reflexionar en torno a esta situación y encontrar mecanismos efectivos que ayuden a evitar las afectaciones a los bosques y selvas del país derivadas de estas ancestrales prácticas productivas en terrenos agropecuarios que son competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Finalmente, es de especial relevancia recalcar el esfuerzo que realizan los combatientes que llegan a arriesgar su vida para detener un incendio forestal que puede prolongarse por varios días. Los combatientes provienen de diferentes dependencias federales como la CONAFOR, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA); así como de los gobiernos municipales y estatales y voluntarios del sector social y privado.

Es el caso que este Punto de Acuerdo surge de la necesidad de tocar el tema en esta Cámara se Senadores por los incendios que están ocurriendo en el Estado de San Luis Potosí, en la llamada Huasteca Potosina, municipios de Lagunillas, Tamasopo, Santa Catarina, Tamazunchale, Rio Verde y en Ciudad Valles, donde los incendios ya cobraron vidas humanas y ni que decir de toda la riqueza natural que se ha perdido y de los animales que habitaban en ésta región.

Lamentablemente estos incendios han ocurrido en una de las zonas más pobres del país, donde los grados de marginación son dramáticos y con el incendio viene una serie de complicaciones adicionales que harán que estos mexicanos sufran más su pobreza y falta de oportunidades.

La Organización de las Naciones unidas han reconocido en el gobierno de México, su capacidad de respuesta hacia los incendios pero también ha destacado que México, tiene que dejar de gastar dinero solo en la reparación de daños que haciende a casi 2 millones de dólares anuales y apostar a la PREVENCION, situación que por desgracia aún no tenemos como una meta nacional.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de contribuir en la prevención y detección de los incendios forestales que puedan presentarse en este año en curso, someto a la consideración de esta Honorable Cámara Alta los siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, hace un exhorto al Gobierno Federal, para que en ámbito de sus facultades, incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, un programa a corto, mediano y largo plazo sobre políticas públicas que enfocadas a prevenir y reducir riesgos ante los incendios forestales en el país.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta a los Gobiernos de los Estados de mayor incidencia y riesgo de incendios forestales (Durango, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Chihuahua, Oaxaca, Baja California, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Chiapas), a realizar acciones coordinadas con la federación, sobre prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que intensifiquen las acciones necesarias para la regulación y control del uso del fuego en las actividades agropecuarias, sobre todo en áreas cercanas a zonas forestales y urbanas.

CUARTO.- Se hace una cordial invitación a la Mesa Directiva del Senado, para que organice un Centro de Acopio a fin de que todos los interesados que laboren o no en esta institución, colaboren con ayuda para nuestros hermanos de San Luis Potosí afectados por los incendios forestales en la Huasteca Potosina; en particular a los habitantes de los municipios de la Lagunilla, Tamasopo, Santa Catarina, Tamazunchale, Río Verde y Ciudad Valles.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a mitigar todos los efectos de la sequía de los últimos 30 meses en dicho estado, misma que se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON A MITIGAR TODOS LOS EFECTOS DE LA SEQUIA DE LOS ULTIMOS 30 MESES EN DICHO ESTADO

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a mitigar todos los efectos de la sequía de los últimos 30 meses en Nuevo León, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. A más de dos años y medio sin lluvias, el estado de Nuevo León hoy está sumido en una de las peores sequias de las que se tengan registro desde la década de los 50.

2. El agua es esencial para la mayoría de las formas de vida conocidas por el hombre, incluida la humana ya que sin este líquido vital no se concibiera el milagro de la vida.

3. El problema al cual nos enfrentamos es de una magnitud excepcional ya que en riesgo están vidas de los habitantes de Nuevo León ya que debido a la gran sequía que azota a la región estos se han visto en la necesidad de ingerir la misma agua que se encuentra en los estanques con los animales o caminar largos trayectos de difícil tránsito mientras la temperatura se encuentra a más de 35 grados centígrados para traer a cuestas dos tinascon liquido verdoso el cual vierten en un recipiente tapado con un mantel para colar la espesa capa de tierra y los diminutos gusanos.

4. La sequía solo ha venido a agravar el problema del hambre que padecía la zona rural del sur de Nuevo León, la cual sufre de extrema pobreza ya que debido a la falta de lluvias ha sido imposible cultivar maíz, frijol, arroz y calabaza que se siembra para el consumo propio a demás de la perdida de cabezas de ganado.

5. A raíz de la falta del líquido vital, se ha detonado un mercado negro de venta de agua en el cual 200 litros de agua se venden entre 50 y 100 pesos lo que trae por consiguiente que los habitantes del sur del estado tengan que elegir entre tomar agua o comer, según una investigación realizada por el grupo “Reforma”.

6. De tal gravedad es el problema en el estado que la Unión Ganadera Regional de Nuevo León ha estimado alrededor de 50 mil cabezas perdidas en cada año de sequía en el Estado.

7. Ante este panorama, es necesario tomar medidas excepcionales ya que en al menos 92 comunidades -cuyos habitantes ya padecen pobreza extrema- de los municipios de Galeana, Doctor Arroyo, Arambarri, y Mier Y Noriega sufren de escasez de agua para consumo humano. Destacando que anteriormente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social mediante un estudio decreto que en el sur de Nuevo Leónse concentra el mayor porcentaje de personas con carencias y en estado de pobreza. El 86.6 % de la población de Mier y Noriega, 69.2% de los habitantes de Arramberri, el 68.7% de quienes habitan en Dr. Arroyo viven en pobreza, en el municipio de Zaragoza el 68.4% de la población y el 61.4% de la población de Galeana.

8. Aunado a la falta de lluvias, algunos de estos ejidos al sur de Nuevo León aunque recientemente se les han instalado tuberías de agua, sin beneficio a los particulares puesto que no tienen 500 pesos para hacer el contrato con Agua y Drenaje de Monterrey, carecen de agua entubada en sus hogares, contraviniendo así lo aprobado por este Senado de la República el jueves 29 de septiembre del 2011 donde se establece entre otras cosas que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico”. Después de haber sido reconocido como un derecho humano por las Naciones Unidas en 2010.

CONSIDERANDOS

I. Ante la situación que se vive en el Estado de Nuevo León es necesario tomar medidas excepcionales ya que a más de más de dos años y medio sin lluvias el cultivo para consumo propio prácticamente han desaparecido y el ganado ha disminuido en un 30 porciento.

II. Desde este recinto hago un fuerte llamado al gobierno del Estatal a brindar el apoyo necesario para que las familias de Nuevo León puedan acceder a un derecho fundamental otorgado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a no condicionar el pago de los contratos de Agua y Drenaje de los ejidos afectados por la sequía y que a su vez son considerados por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como zonas con un índice de pobreza extrema, con el fin de hacer cumplir el derecho fundamental otorgado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico.

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León, que en virtud de la emergencia presentada se efectúen programas de corte asistencialista de manera inmediata, sin embargo también, se le exhorta a la creación de programas sustentables con visión de mediano y largo plazo, para combatir la extrema pobreza, la carencia de agua y a la agricultura de la región.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de abril de 2013.

Sen. Raúl Gracia Guzmán”.






De la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo con relación a la integración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, así como la integración de la Base Nacional de Información Genética, misma que se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LA INTEGRACION DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS, ASI COMO LA INTEGRACION DE LA BASE NACIONAL DE INFORMACION GENETICA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LA INTEGRACION DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS; ASI COMO, LA INTEGRACION DE LA BASE NACIONAL DE INFORMACION GENETICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Secretaría de Gobernación ha dado a conocer, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, la existencia de una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la Procuraduría General de la República, de más de 27 mil personas desaparecidas, hasta noviembre de 2012.

Si bien es cierto que, la Dependencia ha señalado que falta depurar estos datos, se trata de un primer paso para contar con información única de las personas extraviadas o desaparecidas; así como, las acciones, políticas y estrategias que garanticen el derecho a la verdad para familiares y víctimas, que permitan generar los cambios institucionales que garanticen la no repetición de tan lamentables hechos.

Se trata de una decisión que es de reconocerse. Un avance importante que las autoridades estén recabando la información que permita establecer los datos reales y la magnitud de las cifras y la dimensión del problema que implicar la búsqueda y localización de las personas extraviadas o desparecidas; así como, establecer un mecanismo eficaz para su localización y las acciones necesarias para sancionar a los responsables.

Sin embargo, desde el 17 de abril del año 2012, en el DOF, que se publica la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se tenía la obligación de migrar la información detodas las bases de datos y registros oficiales que contengan información relacionada con personas extraviadas o desaparecidas al Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además que, de acuerdo con su artículo 2º, se crea el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desparecidas, cuyo objetivo es:

“[…] organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas extraviadas o desaparecidas; así como de aquellas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia”.

Dicho Registro Nacional se encuentra a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien como autoridad competente, debía haber emitido los reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido enla Ley comento, en un plazo no mayor a seis meses.

A casi un año de la publicación, el procedimiento de migración de datos aún se encuentra en fase de implementación, ya que no se ha expedido el reglamento que tendría que especificar la manera en que las autoridades competentes alimentarán el Registro Nacional.

Ahora bien, recopilar y transparentar la información es un paso fundamental que tiene que darse por parte de las autoridades competentes, pero es necesario implementar otras herramientas y mecanismos que permitan investigaciones efectivas sobre los hechos y circunstancias en que han desparecidos estas personas. Por tanto, resulta urgente la implementación de protocolos de actuación en las investigaciones de personas reportadas o denunciadas como extraviadas o desaparecidas.

Dichos protocolos deberán diferenciar los métodos, estrategias y mecanismos de investigación de entre los extravíos de personas, las desapariciones forzadas, las desapariciones de niñas y mujeres. Además de estar conforme a los criterios y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género.

De igual manera, es de vital la importancia la generación de laboratorios de genética forense en las 32 Entidades Federativas; así como una Base Nacional de información genética que procese y sistematice la información genética y de las muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier persona no identificaday coordine el intercambio de información entre las autoridades locales con las de la federación, haciendo la respectiva confronta con la información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Sobre el punto anterior, es importante mencionar que el Estado mexicano se encuentra obligado a la creación de un Banco de Datos de ADN, a través de la sentencia Caso González y otras (“Campo Algodonero”)de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolutivo número 21, dando un plazo de un año para cumplir con esta obligación. Hasta la fecha no se ha cumplido.

De igual forma, se menciona que el 14 de junio de 2012 se publicó, en el DOF, el DECRETO por el que se establece la obligación para Procuraduría General de la República para crear una Base Nacional de Información Genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niña desaparecidas a nivel nacional.

Finalmente, resulta fundamental que las autoridades permitan la participación de los familiares, organismos y organizaciones de la sociedad civil en materia de defensa y promoción de los derechos humanos; así como, contar con personas especialistas en medicina y antropología forense en los procesos de localización, investigación y de identificación de cuerpos, tanto en los Servicios Médicos Forenses, como en fosas comunes y exhumaciones.

Por lo antes expuesto, propongo a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que remita la información correspondiente a esta soberanía, sobre el estado actual que guarda el proceso de migración de la información de las bases sobre las personas extraviadas o desaparecidas para la conformación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al titular de laProcuraduría General de la República para que informe a esta Soberanía sobre las acciones se están realizado en torno a la generación de protocolos especializados para la búsqueda y localización de personas reportadas o denunciadas como extraviadas o desparecidas. Asimismo, informe sobre el estado actual que guarda la implementación del Base Nacional de Información Genética, de conformidad con sus atribuciones establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

TERCERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta a las autoridades de las 32 Entidades Federativas a colaborar con las autoridades federales proporcionando los datos contenidos en sus dependencias que permitan localizar a las personas reportadas o denunciadas como extraviadas o desaparecidas. Asimismo, se les exhorta respetuosamente, a las Procuradurías o Fiscalías Estatales que aún no cuenten con un laboratorio de genética forense a implementarlo a la mayor brevedad posible, garantizando los recursos económicos, materiales y humanos para su debido funcionamiento.

México, D. F., 26 de febrero de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos de los asuntos que ha dado cuenta la Secretaría.

Las efemérides inscritas en nuestro Orden del Día se integrarán al Diario de los Debates.






EFEMERIDE

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, con motivo de la conmemoración del centenario de la firma del Plan de Guadalupe.

"SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía un pronunciamiento, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la historia de México, muchas fechas son relevantes para comprender la esencia de nuestro pueblo, para entender la función del presente y la transformación que día con día va teniendo. Sin embargo es 1913, un año trascendente que marcó el rumbo y la dirección de nuestro país, y que no se puede entender el México de hoy sin hacer referencia a los acontecimientos que sucedieron durante los meses de febrero y marzo de ese significativo año.

En esta tribuna se han recordado los hechos históricos y heroicos que, en 1913, entrelazaron la vida y la muerte de dos distinguidos hijos de la Patria. Coahuilenses ellos, ambos en su tiempo, titulares de la más alta Magistratura de nuestro país. Me refiero a Don Francisco I. Madero y Don Venustiano Carranza Garza.

El mes pasado, las instituciones públicas de la República, incluyendo este Congreso de la Unión, rindió homenaje al centenario de la trágica muerte del Presidente Francisco I. Madero, remembrando los fatales hechos del suceso que los libros de historia, desde niños nos enseñaron como la Decena Trágica y la traición de Huerta el Usurpador.

Recordamos también, el gesto patriótico de Don Venustiano Carranza, Gobernador en turno del estado de Coahuila de Zaragoza, quien en respuesta valerosa y heroica a los actos de traición de Victoriano Huerta, desconoce el régimen golpista, y mediante decreto crea “El Ejército Constitucionalista”, antecedente de lo que hoy es nuestro glorioso Ejército Mexicano.

Esto de suyo es trascendental para la vida pública de México y sus instituciones, pero no se puede dejar de lado, recordar como lo anterior, el centenario del Plan de Guadalupe, manifiesto dirigido a la Nación, un 26 de Marzo de 1913, firmado por un puñado de valientes caudillos y jefes militares encabezados por el padre de la Revolución Constitucionalista, Don Venustiano Carranza.

En este documento, redactado en la calurosa y polvorienta Hacienda de Guadalupe, ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, se daba resolución al desconocimiento de Victoriano Huerta como Presidente de la República, de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, de los Gobiernos de los Estados que treinta días después de publicado el Plan, reconocieran aún la administración federal encabezada por Huerta; se nombra a Don Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista; e insta la urgencia de que el Presidente Interino debía convocar elecciones tan pronto como se hubiera consolidado la paz, entregado el poder al ciudadano que resultara electo popularmente.

Muchos hechos acontecieron desde aquel lejano 26 de marzo de 1913, la campaña de Carranza, en Coahuila de Zaragoza, su fallido ataque a la capital Saltillo, su tránsito por el centro y frontera del estado, dieron al gobernador elementos para medir el alcance de su rebeldía y el efecto de sus movimientos. Su gira exitosa después de célebres batallas en el norte, centro y occidente del país, llevaron a Carranza al centro del poder en la capital de la República, acompañado ya de caudillos regionales, antiguos maderistas, flamantes generales y la algarabía de un pueblo que como siempre clamaba justicia.

Sin embargo, Don Venustiano Carranza nunca abandonó su bandera legalista, esa fue su visión desde el principio; la creación del Ejército Constitucionalista y la proclamación del Plan de Guadalupe, tuvieron como fundamento el respeto a los principios constitucionales y la imposición de un régimen legal.

Hermosillo, Sonora fue testigo del espíritu legalista de Don Venustiano, quien el 23 de septiembre de 1913, dijo en memorable discurso: “El pueblo ha vivido ficticiamente famélico, con un puño de leyes que nada le favorecen, tendremos que removerlo todo, CREAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN, cuya acción sea benéfica para todas las masas, y nadie ni nada pueda evitar.” Aquí fueron trazados los lineamientos de lo que más adelante sería nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEÑORAS Y SEÑORES SENADORES.

Al consolidarse las instituciones emanadas de la revolución constitucionalista, en el marco del Centenario de la firma del Plan de Guadalupe, resulta imperativo refrendar nuestro compromiso como parlamentarios en la defensa de nuestra Constitución y las leyes que nos garantizan democracia, justicia social, equidad e igualdad. Solo así los postulados de Don Venustiano Carraza seguirán vigentes; su visión constitucionalista trazada hace cien años nos obliga a desarrollar nuestro trabajo legislativo en acciones que sean benéficas para todos y donde nadie pueda sustraerse de las mismas.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera."






CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana jueves 4 de abril a las 11:00 horas; y a sesión solemne a las 11:30 horas.

Muchas gracias.

(Se levantó la sesión a las 15:20 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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