Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 24 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 18

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 02 de Abril de 2013

SUMARIO                                              


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SECRETARIA DE GOBERNACION

Remite:

- Oficios con los nombramientos del personal diplomático a favor de la ciudadana Norma Bertha Pensado Moreno, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Estonia; del ciudadano Mariano Palacios Alcocer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Santa Sede; de personal diplomático a favor del ciudadano Juan José Bremer de Martino, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Cuba.

- Oficio con la solicitud de autorización del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México con fines de entrenamiento, así como el paso por el territorio nacional de Tropas Francesas, en el marco de un intercambio de secciones de infantería de marina, y participar en la ceremonia del "150 Aniversario de la Batalla de Camarón", que tendrá lugar en Camarón de Tejada, Veracruz; con las cuatro propuestas de nombramientos y tres de ratificaciones de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años; por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 4 al 10 de abril del año en curso, a efecto de realizar una Visita Oficial a la República Popular China y participar en la Conferencia Anual del Foro Boao para Asia, en la Provincia de Hainan de ese mismo país; así como una Visita Oficial de trabajo a Japón; con el Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; con el informe anual 2012 de Petróleos Mexicanos; con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que los ciudadanos Alejandro Vázquez Flores y Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Nicaragua y de Finlandia, respectivamente.













RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS COMO MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictámenes a discusión)

- Se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifican los nombramientos de seis Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años. Rinden protesta de ley.

- Se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, que contiene puntos de Acuerdo por los que se ratifican los nombramientos de cuatro Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años. Rinden protesta de ley.

- Se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, el que contiene puntos de Acuerdo por los que se aprueban los nombramientos de tres Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. Rinden protesta de ley.























PROPUESTAS

- De la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de contingencia por sequía atípica en los 46 municipios del estado de Nuevo León afectados y a implementar las acciones inmediatas y de largo plazo necesarias para mitigar los daños ocasionados en la población y en los sectores productivos. Intervienen al respecto los CC. Senadores Ivonne Liliana Alvarez García; Raúl Gracia Guzmán; Fidel Demédicis Hidalgo, quien presenta propuesta de adición; David Monreal Avila; Francisco Domínguez Servién, quien presenta propuesta de adición; Miguel Romo Medina; Omar Fayad Meneses, quien presenta propuesta de adición; Manuel Cavazos Lerma, quien presenta propuesta de adición; Teófilo Torres Corzo, quien presenta propuesta de adición; Luz María Beristain Navarrete, quien presenta propuesta de adición; Luisa María Calderón Hinojosa y Patricio Martínez García. Se aprueba la propuesta de la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar. La Mesa Directiva informó que las propuestas de adición se conformarán en una propuesta conjunta a presentarse en sesión posterior.

























 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (12:13 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 72 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 2 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En la sesión pasada, la celebrada el 21 de marzo, con motivo del desahogo de la efeméride del natalicio de Benito Juárez, utilicé palabras que no corresponden a la investidura del Senador José Rosas Aispuro, ni a la conducción que llevaba a cabo en la Mesa.

Ofrezco y le ruego acepte, de mi parte, la más amplia disculpa por ello.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Barbosa Huerta, a nombre de esta Mesa Directiva, le agradecemos sus comentarios.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y tres minutos del día jueves veintiuno de marzo de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles veinte de marzo de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, su Programa de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur, Informe de la reunión de trabajo y de la visita a la frontera México-Guatemala, realizada los días 15 y 16 de marzo de 2013, por integrantes de esa comisión.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de la visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República Bolivariana de Venezuela, con motivo de los funerales de Estado del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el 8 de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5 de la Ley Federal del Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma el artículo 28, inciso D de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, resuelto por el Senado el 22 de marzo de 2011.- Quedó de enterado. El asunto fue declarado concluido por el Senado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de Acuerdo suscrito por integrantes de la Comisión de Juventud de dicha Colegisladora, que exhorta al Senado de la República a aprobar el proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

Los Grupos Parlamentarios hicieron uso de la palabra para referirse al Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García.- Intervinieron los senadores: Eviel Pérez Magaña del PRI; Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD; Daniel Ávila Ruiz del PAN; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; y Mónica Arriola Gordillo.

(Iniciativas)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Angélica del Rosario  Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 fracción ix de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Fernando Torres Graciano, del  grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 360 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y un inciso d) a los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

 

El Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y de los Senadores Omar Fayad Meneses y María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y deroga el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección y Fomento al Empleo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y por el que se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura. Intervinieron los senadores: Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación, para presentar el dictamen; Roberto Gil Zuarth del PAN; Angélica de la Peña Gómez, por la Comisión de Derechos Humanos, para presentar el dictamen; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, para presentar el dictamen.
Para fijar los posicionamientos de los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los senadores: Pablo Escudero Morales del PVEM; Ana Gabriela Guevara del PT; Manuel Camacho Solís del PRD; Adriana Dávila Fernández del PAN; y Arely Gómez González del PRI. Para la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Mónica Arriola Gordillo, en pro; Ivonne Álvarez García del PRI, en pro; Benjamín Robles Montoya del PRD, en pro; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, en pro. La Mesa Directiva informó de la reserva de diversos artículos: De la Ley General de Víctimas artículo 7, fracción I, de la Senadora María del Pilar Ortega del PAN; artículo 46, adición de un segundo y tercer párrafos, del Senador Héctor Larios Córdova del PAN; artículo 79, de la Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI; artículo 82, inciso b), del Senador Raúl Gracia Guzmán del PAN; artículo 132, fracción VIII, de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; adición de un 140 Bis, del Senador Jorge Luis Preciado del PAN; y adición de cuarto transitorio, del Senador Héctor Larios Córdova. El dictamen fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 104 votos en pro.

Para la discusión en lo particular, hicieron uso de la palabra los senadores: María del Pilar Ortega Martínez del PAN, para presentar propuesta de modificación al artículo 7, la cual no se admitió a discusión. El artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 66 votos en pro, 34 en contra y 2 abstenciones.

El Senador Héctor Larios Córdova del PAN, presentó propuesta de modificación al artículo 46 y la adición de un artículo cuarto transitorio, la propuesta al artículo 46 no se admitió a discusión. El artículo fue aprobado en sus términos por 64 votos en pro, 35 en contra y 1 abstención.

La Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI, presentó propuesta de modificación al artículo 79, la cual se admitió a discusión. Para referirse a dicha propuesta, hicieron uso de la  palabra los senadores: Roberto Gil Zuarth del PAN en contra; Javier Corral Jurado del PAN en contra; Arely Gómez González del PRI a favor; Cristina Díaz Salazar del PRI, para hacer una modificación a la propuesta de modificación del artículo; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD; Javier Corral Jurado del PAN; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Manuel Camacho Solís del PRD. La propuesta de la Senadora Díaz se aceptó y el artículo 79 modificado fue aprobado por 95 votos en pro y 3 abstenciones.
El Senador Raúl Gracia Guzmán del PAN, presentó propuesta de modificación al artículo 82, la cual no se admitió a discusión. El artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 58 votos en pro, 34 en contra y 1 abstención.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, presentó propuesta de modificación al artículo 132, el cual no se admitió a discusión. El artículo fue aprobado en sus términos por 59 votos en pro y 33 en contra.

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, presentó propuesta de adición de un artículo 140 bis al proyecto de Ley, la cual no se admitió a discusión.

El Senador Héctor Larios presentó una propuesta para adicionar un artículo cuarto transitorio, la cual no se admitió a discusión.

Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Intervinieron las Senadoras: Lucero Saldaña Pérez, por las comisiones, para presentar el dictamen; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN a favor; Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD a favor; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD a favor. Fue aprobado por 98 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política, en torno al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.- Fue aprobado en votación económica.

 

Los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Mario Delgado Carrillo, remitieron una solicitud de excitativa con relación al Acuerdo de la Comisión Permanente del 23 de enero de 2013 que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a evaluar proponer al Pleno la creación de la comisión especial para el análisis del sobreendeudamiento de estados y municipios y fortalecimiento de sus finanzas públicas.- Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo relativo a la protección de la tortuga marina en el Golfo de California.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover las medidas necesarias para la prevención del virus h5n1.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales a homologar la reforma constitucional del derecho al acceso al  agua en sus constituciones locales.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones enfocadas a reducir la mortalidad por cáncer colorrectal.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a otorgar una prórroga para la regularización de los permisos de extracción de agua en los pozos de Baja California Sur.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la coordinación de esfuerzos con el gobierno del estado de Guerrero para que la presa de captación de agua potable La Laja, en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, esté considerada dentro de la cartera de proyectos estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento, para el año 2013.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo en relación al dinero incautado al ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública a diseñar implementar y evaluar programas, planes y políticas para minimizar los efectos del cambio climático.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a rendir un informe sobre las acciones que se han implementado a fin de erradicar la tala indiscriminada de árboles.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía.- Se turno a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a designar un representante ante los fideicomisos mesoregionales, a fin de que estas instancias puedan tener una vinculación institucional efectiva para el desarrollo de sus funciones con el Gobierno Federal.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Regional.

 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 9 de febrero, “Día Nacional del Odontólogo”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride para referirse al Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con veinte minutos y citó a la siguiente el martes dos de abril a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Roberto Armando Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con la que remite el plan de trabajo de dicha comisión.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que dicho Acuerdo está publicado en la Gaceta del Senado para su conocimiento. En tal virtud, está a discusión, no habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, para destinar un espacio en el Senado, a fin de colocar una leyenda en torno a los 100 años del Ejército Mexicano.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: El Acuerdo está publicado en Gaceta Parlamentaria, para su conocimiento. En esa virtud, está a discusión, no habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. Esta Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Norma Bertha Pensado Moreno, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Estonia.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/238/2013
México, D.F., a 25 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a la C. Norma Bertha Pensado Moreno, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de Estonia.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: También de la Secretaría de Gobernación se recibió el nombramiento expedido a favor del ciudadano Mariano Palacios Alcocer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Santa Sede.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/239/2013
México, D.F., a 25 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Mariano Palacios Alcocer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Santa Sede.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió el nombramiento a favor del ciudadano Juan José Bremer de Martino, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Cuba.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/237/2013
México, D.F., a 25 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Juan José Bremer de Martino como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Cuba.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: De la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con solicitud de autorización del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México con fines de entrenamiento, así como el paso por el territorio nacional de Tropas Francesas, en el marco de un intercambio de secciones de infantería de marina, y participar en la ceremonia del “150 Aniversario de la Batalla de Camarón”, que tendrá lugar en Camarón de Tejada, Veracruz.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/249/2013
México, D.F., a 27 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27 fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el titular del Ejecutivo Federal por el que somete a la consideración de ese Órgano Legislativo, la autorización para que permita la salida de elementos de la Armada de México con fines de entrenamiento, así como el paso a territorio nacional de Tropas Francesas en el marco de un intercambio de secciones de infantería de marina, y participar en la ceremonia del “150 Aniversario de la Batalla de Camarón”, que tendrá lugar en Camarón de Tejada, Veracruz.

De contar con dicha autorización las tropas mexicanas saldrían del país del 13 de abril al 3 de mayo y el contingente francés ingresaría a territorio nacional del 14 de abril al 6 de mayo, ambos del año en curso.las citadas personas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como facultad exclusiva del Senado de la República la de autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, así como el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional.

El pasado 17 de enero la Agregaduría Militar, Aérea y Naval ante la Embajada de Francia en México formuló una invitación para que la Armada de México participe en un intercambio de secciones con la Legión Extranjera Francesa en Guyana, a fin de llevar a cabo actividades de entrenamiento. Asimismo, se solicitó que el contingente francés pueda participar en la ceremonia conmemorativa del 150 aniversario de la Batalla de Camarón, en Veracruz.

El intercambio consistirá en un curso dirigido a las tropas francesas en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAIEM) ubicado en San Luis Carpizo, Campeche. Por su parte, el personal de la Marina Mexicana se trasladará durante el mismo periodo al Centro de Adiestramiento al Combate en Selva Ecuatorial en Guyana Francesa, con fines de entrenamiento

El entrenamiento de intercambio de secciones se realiza regularmente con la finalidad de conducir ejercicios para la aplicación de diversas habilidades tácticas, fomentando, además, el intercambio de experiencias y técnicas entre las fuerzas armadas.

Posteriormente, se tiene previsto que la sección francesa se traslade a Camarón de Tejada, Veracruz, con el objeto de participar en la ceremonia conmemorativa que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril del presente, para lo cual se tiene prevista la participación de autoridades civiles y militares de México y la República Francesa.

De contar con la autorización de ese órgano legislativo, las armadas de ambos países realizarán las actividades referidas con el personal siguiente:

• La Armada de México participará con 27 elementos pertenecientes a los Batallones de Comando de Infantería de Marina, los cuales saldrían del país durante el periodo comprendido entre 13 de abril y el 3 de mayo del presente.

• El contingente francés que ingresará al territorio nacional se integra por 26 elementos pertenecientes al 3er Regimiento Extranjero de Infantería, cuya base se ubica en Kourou (Guyana Francesa), los cuales estarían en territorio nacional del 14 de abril al 6 de mayo del presente.

Los ejercicios de esta naturaleza fortalecen las capacidades de nuestra Armada y representan una oportunidad para evaluar su entrenamiento en relación con las fuerzas armadas de otros países. Asimismo esta ocasión representa una oportunidad para estrechar los lazos de amistad entre México y la República Francesa.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esa Cámara de Senadores la autorización correspondiente, a efecto de que elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional con fines de entrenamiento, así como para el ingreso de tropas francesas a nuestro país para llevar a cabo las actividades señaladas.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 2013.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Enrique Peña Nieto”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: La Secretaría de Gobernación remite un oficio con cuatro propuestas de nombramientos y tres de ratificaciones de Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/250/2013
México, D.F., a 27 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde al titular del Ejecutivo Federal proponer los nombramientos de Magistrados del propio Tribunal.

Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese Órgano Legislativo, las propuestas de nombramientos como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años, de las personas que a continuación se señalan:

1. Mariana Mureddu Gilabert;

2. Mayra del Socorro Villafuerte Coello;

3. Oscar Alberto Estrada Chávez;

4. Luis Eduardo Naranjo Espinoza;

5. María Victoria Lazo Castillo;

6. Rosalba Bertha Romero Núñez, y

7. Héctor Carrillo Maynez.

Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por; el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los datos curriculares de las citadas personas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Como es del conocimiento de ese órgano legislativo, la importante labor de impartir justicia en México se encuentra conferida en el ámbito federal, entre otras instituciones jurisdiccionales, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con la competencia otorgada en la Constitución y en la ley para dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares y con plena autonomía para dictar sus fallos.

Todo Estado democrático requiere de una plena y armoniosa colaboración entre poderes y como muestra de ello, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dispone que corresponde al Ejecutivo Federal a mi cargo nombrar, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los magistrados que integran dicho Tribunal.

Ese mecanismo de colaboración asegura que los nombramientos de magistrados recaigan en personas con cualidades personales y profesionales necesarias para desempeñar la importante función de impartir justicia, lo que se traduce en que ese tribunal de lo contencioso administrativo lleve a cabo de manera eficaz las tareas que le han sido encomendadas por mandato constitucional.

En ese contexto, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de ese Órgano Jurisdiccional, comunicó al Ejecutivo Federal a mi cargo sobre la conclusión del periodo para el cual fueron nombrados siete magistrados de Sala Regional.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por este conducto se somete a la aprobación de esa Cámara, los nombramientos de las siguientes personas como magistrados de Sala Regional, por un periodo de diez años:

1. Mariana Mureddu Gilabert;

2. Mayra del Socorro Villafuerte Coello;

3. Osear Alberto Estrada Chávez, y

4. Luis Eduardo Naranjo Espinoza.

Mariana Mureddu Gilabert es Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con título profesional expedido desde el 12 de mayo de 1992, cuenta con un Diplomado en Impuestos por esa misma institución educativa y un Diplomado en Juicio de Amparo por la Universidad Iberoamericana, y ha participado en múltiples cursos y seminarios, principalmente en materia constitucional, amparo e impuestos.

En el ámbito académico, ha sido titular del curso de Instituciones Jurídicas, Maestra titular del Curso Procesal Constitucional II y coordinadora del primero y segundo seminarios sobre “El Nuevo Juicio de Amparo”, todos ellos en el ITAM.

En el ámbito profesional, cuenta con más de 20 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. En 1991 inició como meritoria en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal y en ese mismo Juzgado fue Oficial Judicial Interina y Secretario Proyectista; de 1995 a 1996 ocupó el cargo de Secretaria Particular de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero; de 1997 a 2009 se desempeñó como Secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la Ministra antes mencionada, adscrita a la Primera Sala del Máximo Tribunal; de 2009 a 2010 fue Secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales, adscrita a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de agosto de 2010 a la fecha se ha desempeñado como Magistrada Representante del Gobierno Federal en la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Mayra del Socorro Villafuerte Coello es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con título profesional expedido desde el 4 de junio de 1979, y cuenta con una Especialidad en Derecho Social por la División de Estudios de Posgrado por esa misma institución educativa.

En 1981 ingresó como Actuaría Judicial en el Décimo Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal del Poder Judicial de la Federación; de 1982 a 1985 se desempeñó como Secretaria de Tribunal en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; de 1987 a 1989 fue Secretaria de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; de 1989 a 1993 fue Secretaria de Tribunal en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; de 1994 a 1997 fue Secretaria de Tribunal del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; de 1997 a 2007 fue Secretaria de Tribunal del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; de enero a marzo de 2007 se desempeñó como Secretaria Técnica en la Dirección de Trabajo; de abril de 2007 a 2011 fungió como Secretaria Técnica, en la Secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, y actualmente se desempeña como Secretaria de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación.

Oscar Alberto Estrada Chávez es Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con título profesional expedido desde el 5 de noviembre de 1997, cuenta con Diplomado Automatizado en Impuestos por el ITAM; cursó el Programa de Alta Dirección de Entidades Públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública A.C., y cuenta con estudios de Maestría en Filosofía del Derecho, por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM.

En el ámbito profesional, durante el año de 1991 se desempeñó como Jefe del Departamento de Entidades Paraestatales, encargado de la Subdirección de Legislación y Normatividad y Subdirector de Área, todos ellos en la Secretaría de Programación y Presupuesto; en 1992 ingresó a la Secretaría de Educación Pública como Subdirector de Área adscrito a la oficina del Secretario y en esa misma dependencia fue Asesor del Director General de Asuntos Jurídicos, Director de Proyectos Legislativos y Director de Normatividad y Consulta; de 1995 a 1998 laboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desempeñándose como Director de Legislación y Consulta y Director de Legislación Fiscal y Comercio Exterior en la Procuraduría Fiscal de la Federación; de 1998 a 2002 fue Director de Área en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; de 2002 a 2005 trabajó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, ocupando los cargos de Gerente Jurídico de Proyectos Públicos y Subdirector de Consulta Jurídica; de julio de 2005 a diciembre de 2006 fue Director General de Normatividad en la Procuraduría General de la República; de 2007 a 2011 laboró en la SHCP como Director General Adjunto Jurídico del Sistema Financiero de Fomento de la Unidad de Banca de Desarrollo, y de octubre de 2011 a la fecha presta sus servicios como Asesor del Procurador Fiscal de la Federación.

Luis Eduardo Naranjo Espinoza es Licenciado en Derecho por la UNAM, con título profesional expedido desde mayo de 1995, cuenta con Maestría en Derecho por la Universidad Cornell, en Ithaca, Nueva York, Estados Unidos de América, y Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana.

En su trayectoria profesional, de 1995 a 1996 laboró como Asesor del Coordinador General de Política Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; en ese mismo año ingresó a la SHCP como Asesor del Secretario, y posteriormente fue Director de Derechos, Productos y Aprovechamientos de la Dirección General de Política de Ingresos por la venta de Bienes y la Prestación de Servicios Públicos. En 1999 ingresó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Administrador de Normatividad de Auditoría Fiscal “2”; en 2003 laboró como Administrador Central de Procedimientos Legales de Fiscalización; de 2005 a 2006 fue Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal, y de diciembre de 2006 a la fecha se desempeña como Administrador Central de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal.

De igual forma, con fundamento en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, me permito someter a ese órgano legislativo la aprobación de las siguientes personas para un nuevo nombramiento como magistrados de Sala Regional del citado Órgano Jurisdiccional, por un periodo de diez años:

1. María Victoria Lazo Castillo;

2. Rosalva Bertha Romero Núñez, y

3. Héctor Carrillo Maynez.

María Victoria Lazo Castillo es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con título profesional expedido desde el 18 de abril de 1983, cuenta con un Diplomado Automatizado en Impuestos impartido por el ITAM, así como distintos cursos y seminarios, entre los que destacan el Seminario de Prácticas de Comercio Internacional, el Seminario sobre Derecho Constitucional Tributario en el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos y el Curso de Reformas Fiscales y Curso de Aspectos Jurídicos en el Comercio Exterior.

En el ámbito profesional se desempeñó como Abogada Dictaminadora en la Dirección de lo Contencioso y en la Tercera Subprocuraduría Fiscal de la Procuraduría Fiscal de la Federación; en 1986 ingresó al Tribunal Fiscal de la Federación como Secretaria de Acuerdos de Sala Regional, fue Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior de ese mismo Tribunal, posteriormente laboró como Secretaria Particular de la Presidenta del Tribunal de 2000 a 2001 y en ese mismo año fue nombrada Magistrada de Sala Regional, adscrita a la Octava Sala Regional Metropolitana, cargo que culminó el 14 de marzo de 2013.

Rosalva Bertha Romero Núñez es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con título profesional expedido desde el 27 de noviembre de 1987, cuenta con especialidad, maestría y doctorado en Derecho Fiscal por la UNAM y cursó el Seminario sobre el Sistema Fiscal de los Estados Unidos, impartido por “The George Washington University”, así como diversos cursos en materia fiscal y administrativa.

En su trayectoria profesional, prestó sus servicios como Abogado Procurador, en el Departamento Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán; Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Metropolitana y Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación. En 2001 fue nombrada Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde ha estado adscrita a la Novena Sala Regional Metropolitana y a la Sala Especializada de Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, cargo que culminó el 14 de marzo de 2013.

Héctor Carrillo Maynez es egresado de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, con título profesional expedido desde el 10 de febrero de 1981, y cuenta con Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma del Noreste.

En el año de 1981 ingresó a la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde ocupó los cargos de Abogado Dictaminador, comisionado a la Dirección de Amparos de la Segunda Subprocuraduría Fiscal; Abogado Dictaminador, adscrito a la Subprocuraduría Fiscal Regional del Norte-Centro; Jefe de Departamento de Juicios de Nulidad “C” de la Primera Subprocuraduría Fiscal; Jefe de Unidad (subdirector) de Amparos y Asuntos Laborales y Administrativos de la Subprocuraduría Fiscal Regional Norte-Centro; Jefe de Unidad de lo Contencioso de la Subprocuraduría Fiscal Regional del Noreste, y Subprocurador Fiscal Regional Norte-Centro. En la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP laboró como Director de Interventoría y Director de Seguimiento y Enlace, ambos adscritos a la Dirección General de Interventoría, así como Administrador de Proyectos Especiales de la Administración General de Información, Desarrollo y Evaluación.

En el SAT fue Director de Proyectos del Secretariado Técnico de la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera y Administrador de Proyectos de Normatividad de ese mismo Secretariado. En 2001 fue nombrado Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, adscrito a la Segunda Sala Regional Norte Centro II, cargo que culminó el 14 de marzo de 2013.

De los expedientes que se acompañan al presente, los señores senadores podrán apreciar que las personas que se nombran y que se someten a su consideración, cumplen con los requisitos que exige el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para ocupar una magistratura de Sala Regional, al ser todos ellos mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad; encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ser mayores de treinta y cinco años de edad; contar con notoria buena conducta; ser licenciados en Derecho con título debidamente registrado y expedido con más de diez años de anticipación a su nombramiento, y contar con la experiencia en materia fiscal y administrativa que exige la Ley.

El Ejecutivo Federal a mi cargo está convencido de que la aprobación de los presentes nombramientos por ese órgano legislativo se traducirá en beneficio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de sus justiciables, al contar con servidores públicos de experiencia, conocimientos técnicos y reconocida capacidad.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 2013.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Enrique Peña Nieto”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: De la misma forma, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 4 al 10 de abril del año en curso, a efecto de realizar una Visita Oficial a la República Popular China y participar en la Conferencia Anual del Foro Boao para Asia, en la provincia de Hainan de ese mismo país; así como una Visita Oficial de trabajo a Japón.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/256/2013
México, D.F., a 27 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 4 al 10 de abril del año en curso, a efecto de realizar una Visita Oficial a la República Popular China y participar en la Conferencia Anual del Foro Boao para Asia, en la Provincia de Hainan, de ese mismo país; así como una Visita Oficial de Trabajo a Japón.

La Visita Oficial del Presidente Enrique Peña Nieto a la República Popular China, reviste especial importancia porque permitirá promover los siguientes objetivos:

• Fortalecer la imagen de México y promover a nuestro país en uno de los centros financieros y de negocios más importantes a nivel internacional.

•Posicionar a México como socio abierto y confiable para atraer inversiones y fomentar el comercio, lo que permitirá forjar alianzas para tener mayor participación en el mercado chino y hongkonés; así como aprovechar la plataforma financiera tecnológica y de mercado que ofrece Hong Kong.

Asimismo, su Visita Oficial de trabajo a Japón, tendrá como objetivos:

•Instrumentar la estrategia para posicionar a México dentro de la región Asia-Pacífico.

•Refrendar lazos de amistad con Japón y fortalecer la relación bilateral en el ámbito económico y político, así como los programas de cooperación existentes.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, acompaño copia del documento al que me he referido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Igualmente, la Secretaría de Gobernación remite el Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase ese informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Así también, la Secretaría de Gobernación remite el informe anual 2012 de Petróleos Mexicanos.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/242/2013
México, D.F., a 25 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 100.DGVE/47/13, la Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala, Directora General de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite el Informe Anual 2012 de Petróleos Mexicanos.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 70 de la Ley de Petróleos Mexicanos, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos en forma impresa y medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase dicho informe a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió dos oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que los ciudadanos Alejandro Vázquez Flores y Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Nicaragua y Finlandia, respectivamente.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/247/2013
México, D.F., a 25 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-03430, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Alejandro Vázquez Flores, pueda aceptar y usar la Condecoración Honor al Mérito Amistad y Cooperación, que le confiere el Gobierno de Nicaragua.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/246/2013
México, D.F., a 25 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-03553, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que se remite documento que contiene:

Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014.

Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2014: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo.

Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit.

La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos con el que remite el reporte anual del cumplimiento de actividades y metas programadas, relativo a 2012.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase esta información a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.




 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía su informe de actividades correspondiente a 2012.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población y Desarrollo.

Pasamos al siguiente asunto.





 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una invitación del gobierno del Distrito Federal para asistir a la ceremonia conmemorativa del 94 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, a realizarse el miércoles 10 de abril, en esta ciudad.

“SECRETARIA DE CULTURA
COORDINACION DE PATRIMONIO
HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2013
CPHAC/399/2013
Asunto: Oficio de invitación

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE
CAMARA DE SENADORES
LXIII LEGISLATURA
PRESENTE.

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas correspondientes al mes de abril de las cuales anexo su descripción.

FECHA

HORA

CEREMONIA

LUGAR

Miércoles 10

10:00 Horas

94 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar

Alameda del Sur, ubicada en Av. Canal de Miramontes y Calzada de las Bombas, Col. Los Girasoles 2, Delegación Coyoacán

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores. Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dichos actos.

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus órdenes el teléfono 55 18 55 31 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área de Cívica.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Guadalupe Lozada León
Coordinadora”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Para asistir a dicha ceremonia en representación de la Cámara de Senadores, se designa en comisión al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-4-551
EXPEDIENTE NUMERO: 6293 LXI

C. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tengo el honor de devolver a ustedes para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 112 de la Ley de Migración, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 21 de marzo de 2013.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 112 DE LA LEY DE MIGRACION

Artículo Unico.- Se reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 112 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al  Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. a V. …

VI. ...

….

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Xavier Azuara Zúñiga, Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

 



- El C. Presidente Cordero Arroyo: La minuta que estamos recibiendo contiene una inconsistencia en la numeración de las fracciones que se transcriben en las páginas 8, 9 y 10. La Cámara de Diputados nos ha enviado las hojas correctas, mismas que se sustituirán en el proyecto publicado en la Gaceta y se hará otra publicación de esta versión.

El nuevo texto lo tienen ya disponible en el monitor de sus escaños. Fue decisión de la Mesa Directiva, platicado con la Junta de Coordinación Política, turnar este proyecto a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

Esta Mesa Directiva exhorta a poder debatir con responsabilidad tan importante minuta.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, con todo respeto, yo pediría que fuera también turnada a la de Gobernación porque tiene aspectos de gobernabilidad y seguridad nacional que corresponden a esta Secretaría y sería muy importante que pudiera esta comisión también sesionar para dictaminar.

Y finalmente un comentario mínimo. Yo felicito al Presidente del Senado por las declaraciones que hizo recientemente en el sentido de que ahora sí las comisiones van a sesionar, van a discutir y van abrir un foro a especialistas. Fue una importante declaración del señor Presidente que yo recojo con mucho interés, por tanto, en este momento que se turna a las comisiones pues se le recomiende que nos la traigan, espero que hoy no llegue el dictamen, como pasó con la de educación.

Felicitación al Presidente del Senado por esta recomendación, y espero que las comisiones realmente sesiones porque ya están inclusive regañando al Senado porque no va a dictaminar el mismo día, como la reforma al artículo 3o. constitucional, lo cual sería una vergüenza.

Felicito al Senador, y que, además, señor Presidente, lo cumplan las comisiones. Y pediría yo, insisto, que Gobernación participe en este dictamen.

Muchas gracias por su atención, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett Díaz. Le agradezco sus comentarios, y quisiera consultarle si usted consideraría suficientemente atendido que turnáramos con opinión a la Comisión de Gobernación.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Gil.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. En el mismo sentido que lo ha hecho el Senador Manuel Bartlett, le pediría considerar la posibilidad que se turne también para opinión a la Comisión de Justicia la minuta de referencia, en razón de que tiene dos elementos que son relevantes: el primero de ellos tiene que ver con la definición al artículo 28, los alcances de juicio de amparo indirecto; y en el artículo 94, en relación con la creación de tribunales especializados.

La Comisión de Justicia acaba de emitir dictamen que fue aprobado por este Pleno en relación con la Ley de Amparo, hoy recibiremos nuevas iniciativas, y parece conveniente que el análisis de esos mecanismos jurídicos e instrumentos de protección de derechos sea visto en su conjunto.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Esta Mesa considera pertinente la sugerencia de los Senadores, y además del turno que se concedió a cuatro comisiones dictaminadoras, se le concede el turno para opinión a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Justicia.

Sonido en el escaño de la Senadora Barrera Tapia.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente para solicitarle, de la forma respetuosa, que cuando usted considere pertinente, si podemos guardar un minuto de silencio por la reciente muerte de Soraya Jiménez Mendivil, medallista olímpica mexicana. Cuando usted así lo considere pertinente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, señora Senadora.

Me parece que este es el momento pertinente, si el Senado está de acuerdo, en que rindamos un minuto de silencio en homenaje a Soraya Jiménez.





 

MINUTO DE SILENCIO

Les suplico a todos ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en homenaje a la señora Soraya Jiménez.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

- En otro asunto del Orden del Día tiene el uso de la palabra el Senador René Juárez Cisneros, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 41 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores de la República:

Me permito poner a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El desarrollo equilibrado del país requiere, sin duda, de una visión regional para evitar los contrastes y desequilibrios que hoy observamos en las regiones de nuestra nación. Hoy día no contamos con un sistema nacional de indicadores institucionalizado que incorpore como tal al desarrollo regional.

Se requiere que esta información se analice y se disponga de ella en calidad y en tiempo para poder tomar las decisiones en la definición de políticas públicas que impulsen el desarrollo de las mismas. Tenemos que evitar que la información nacional, tanto cuantitativa como cualitativa, y la de enfoque sectorial permita que se diluya muchas veces un enfoque adecuado de los indicadores regionales por no tener un sistema en esta materia.

Actualmente vemos cómo el Ejecutivo Federal impulsa políticas públicas con una visión regionalizada en materia de seguridad, y cuando menciona programas específicos de las regiones de nuestro país.

Esta reforma tiene como propósito precisamente crear un sistema de información regional para la toma de decisiones, que permita, por un lado, el análisis de los pronósticos económicos a nivel regional que genere, desde las regiones, mediciones estadísticas con rigor técnico a efecto de disponer de estos elementos oportunos en la toma de decisiones.

Recordemos que hace poco se reformó el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en cuanto se refiere a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se establece como obligaciones y responsabilidades de la misma el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país y la planeación, diseño, promoción y evaluación de los mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional, y además la promoción para la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, con la participación y coordinación de los gobiernos estatales y municipales y de los sectores social y privado.

La pregunta que aquí uno se hace de manera elemental es: ¿cómo planear, diseñar, orientar, conducir mecanismos de evaluación para ver las opciones de financiamiento de desarrollo regional?, o bien, ¿cómo definir las ventajas productivas de las regiones sin la información técnica, sólida, completa del ámbito regional?.

Por ello, hemos y estamos proponiendo a esta Asamblea que precisamente en congruencia con estas atribuciones a la SEDATU, se pueda crear este sistema regionalizado de información estadística, que sea precisamente la SEDATU la responsable de la operación y el funcionamiento del Sistema Nacional de Información e Indicadores del Desarrollo Regional con sujeción a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía.

Queremos que esta modificación coadyuve al desarrollo ordenado de las regiones del país.

Por su atención, y su respaldo a esta iniciativa, muchas gracias, Senadores y Senadoras de la República.

Iniciativa

“El suscrito, René Juárez Cisneros, Senador de la República por el estado de Guerrero en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear el Sistema Nacional de Información e Indicadores del Desarrollo Regional, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Lo regional constituye un enfoque muy valioso para abordar la formulación y la gestión de políticas públicas. De ahí la necesidad de reflexionar sobre los instrumentos de planeación en nuestro país y analizar la pertinencia de actualizar el marco normativo que permita que el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, puedan contar con indicadores que les permitan identificar las prioridades comunes para cada región y conjuntar esfuerzos para llevar a caboproyectos que ayuden a detonar el desarrollo regional.

La planeación en México debe incorporar el componente del desarrollo regional y promover mecanismos e instrumentos de acceso a la información generados por las instituciones públicas y privadas, con el objetivo de lograr una verdadera coordinación intergubernamental e intersecretarial que ayude a potenciar y garantizar el desarrollo regional equilibrado y cerrar la brecha de desigualdad entre las entidades federativas.

México requiere de una nueva planeación regional en cuyo proceso coincidan los distintos órdenes de gobierno, donde se contemplen elementos tales como: el criterio redistributivo, la inequidad territorial, las necesidades y la planeación desde lo local, la concurrencia municipal y de la participación ciudadana, con el objeto de disminuir las disparidades regionales, aprovechar el dinamismo demográfico y consolidar un patrón territorial más eficiente y equitativo.

Nuestro país atraviesa por un debilitamiento generalizado de la política de planeación regional como referente de políticas públicas, que ayude a promover una integración nacional más armónica y mejorar las condiciones de vida de todos los sectores de la población.

En este contexto de ideas, nos permitimos extraer una frase del discurso que dio el gran escritor Carlos Fuentes, al recibir la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República en el año 2000, cuando comentó que había que darle un sentido regional a la problemática general del país, es decir, “darle soluciones locales a los problemas globales”.

Temas tales como la desigualdad social, el desempleo, las capacidades productivas, la infraestructura, la seguridad, las relaciones intergubernamentales, entre otros, deben ser abordados a partir de un análisis territorial y con un enfoque de gestión regional.

En México se requiere crear un Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional, que permita el análisis y el desarrollo de pronósticos económicos a escala sectorial y regional, que tenga como propósito la adecuadaplaneación, instrumentación y seguimiento de los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que, para el efecto, realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las recientes reformas al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorgan a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), entre otras facultades, el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país y la planeación, diseño, promoción y evaluación de los mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional, así como promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y la participación de los sectores social y privado.

Es por ello que consideramos oportuno que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), integre y administre un Sistema Nacional de Información e Indicadores del Desarrollo Regional, el cual se sujetará en lo conducente a las disposiciones previstas en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, conformado a partir de la información que proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, con el objetivo de evaluar el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones y contar con un inventario de proyectos ejecutivos que ayuden a impulsar el desarrollo en infraestructura en las distintas regiones de la República Mexicana.

A partir de lo anterior, esta iniciativa con proyecto de Decreto tiene como propósito crear el Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional como un instrumento para generar información objetiva sobre la situacióndel desarrollo regional, definir e identificar proyectos que detonen el desarrollo económico de las regiones, al tiempo de permitir coincidencias en la toma de decisiones para la aplicación de recursos financieros garantizando transparencia, objetividad y rigor técnico, que haga frente a los desequilibrios del desarrollo entre las distintas regiones.

En este sentido, la iniciativa establece que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), tendrá la atribución de coordinar la operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Información e Indicadores del Desarrollo Regional para el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país.

Asimismo, participará en la definición de los lineamientos de información y estadística en materia de desarrollo regional, con sujeción a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, así como integrar y administrar el Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 41 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

Artículo único.-Se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso f) a la fracción I del Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 41. …

I. …

a) a d) …

e) Coordinar la operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Información e Indicadores del Desarrollo Regional para el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país.

f) Participar en la definición de los lineamientos de información y estadística en materia de desarrollo regional, con sujeción a laLey del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, así como integrar y administrar el Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional.

II. a XXIII. …

TRANSITORIOS

Unico.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de marzo de 2013.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Juárez Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se concede el uso de la tribuna al Senador José María Martínez Martínez, a nombre propio y de los Senadores Carlos Mendoza Davis, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Angel Benjamín Robles Montoya, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior, y se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO PARA LOS JOVENES ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE NIVEL TECNICO SUPERIOR Y DE EDUCACION SUPERIOR Y SE REFORMAN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

(Presentada por el C. Senador José María Martínez Martínez, a nombre propio y de los CC. Senadores Carlos Mendoza Davis, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Angel Benjamín Robles Montoya)

- El C. Senador José María Martínez Martínez: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

El gobierno mexicano ha demostrado sus esfuerzos para controlar la grave problemática que aqueja a este país en materia de empleo, promoviendo políticas de Estado para la creación de plazas laborales de calidad en el ámbito de la formalidad mediante programas, como lo fue el Programa del Primer Empleo que inicio el 1 de marzo del año 2007, creado con el objetivo de fomentar la creación de empleos formales y permanentes de quienes se vayan incorporando por primera ocasión al mercado laboral.

A pesar del beneficio, los empleadores no echaron mano de este programa.

El presupuesto asignado superó los 3,000 millones de pesos y hacia marzo del año 2010, el programa tenía un saldo disponible superior a los 1,000 millones de pesos. Por lo que este programa fue cancelado.

Este programa no resultó atractivo para los empleadores, debido principalmente a que el trabajo formal no sólo implica el pago de las cuotas al Seguro Social, sino también prestaciones como aguinaldo, bonos, vacaciones, etcétera, sobre los cuales no se contempla deducción o subsidio alguno. Además, para poder gozar del estímulo los patrones debían estar al día de sus pagos al IMSS y a la propia Secretaría de Hacienda, según la información del propio Instituto, nos dice que más de 40 por ciento de las compañías evaden el pago de las cuotas obrero-patronales o no están al corriente.

De manera que embarcarse en el programa significaba para muchos empleadores incurrir en costos significativos. Más importante aún es que el programa tampoco atendió a un valor medular en la toma de decisiones del empleador, puesto que la contratación se liga estrechamente con la productividad laboral que el empleado pueda brindarle y el ambiente de negocios que se respiren.

El relativo abaratamiento de la mano de obra pretendido por este Programa del Primer Empleo, al no considerar el beneficio por ser de contratación, se tradujo en un incentivo poco efectivo.

Otro ejemplo de la política pública que ha intentado el Estado mexicano es brindar la oportunidad laboral a los jóvenes, ello se concretó recientemente con la Ley de Fomento al Primer Empleo, reforma vigente a partir del año 2011. Estas reformas planteaban deducir a las empresas un porcentaje del Impuesto Sobre la Renta atribuible a los trabajadores no registrados previamente en el IMSS.

La vigencia del incentivo tiene un máximo de tres años por cada puesto del trabajo creado siempre y cuando éste sea mantenido por lo menos año y medio.

Al ser una deducción adicional, el patrón no tendrá que solicitar el subsidio al gobierno federal, por lo que la operación del estímulo es más expedita, ya que simplemente lo necesita para reportar en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la información que se está aportando.

Sin embargo, consideramos, quienes proponemos esta iniciativa, que no fue tiempo suficiente para conocer los resultados e implementación de esta política, por lo que esta propuesta que hoy sometemos a su consideración, recoge, por un lado, el incentivo contemplado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y crea uno en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica para estimular la contratación de jóvenes estudiantes y/o egresados de nivel técnico superior y de educación superior.

Esta propuesta, además de buscar incentivar la creación de plazas laborales para los jóvenes, también asegura el incentivo de que el estudio debe significar un resultado para nuestros jóvenes.

Esta propuesta se enmarca en un cuerpo normativo que establece las políticas del Estado mexicano que se deberán implementar para poder fomentar el empleo para nuestros jóvenes sin experiencia, pero con la necesidad de poder incorporarse al mercado laboral.
Por ello, se está poniendo a su consideración, señoras Senadoras y señores Senadores, la Ley de Fomento al Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados del Nivel Técnico Superior y de Educación Superior, así como reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador José María Martínez. Se turna a la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Miguel Barbosa Huerta para presentar con aval del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente:

El juicio de amparo es una institución jurídica de origen mexicano. Proviene del siglo XIX; la Constitución actual recoge su previsión en el artículo 103, cuando determina, ya con la reforma vigente, que procede por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violan los derechos humanos, las garantías previstas en la Constitución y los derechos humanos contenidos en tratados en los cuales el Estado mexicano es parte.

En los artículos 103 y 107 constitucionales, es en donde se encuentran los principios rectores del juicio de amparo.

Y la llamada Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales.

La reciente reforma a esta ley, la que pasó por esta Cámara la semana previa a la anterior y que hoy fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, sin duda que moderniza este instrumento jurídico, sin duda que lo lleva a niveles de procedimientos de los más avanzados que hay en los sistemas jurídicos del mundo.

Sin embargo, el juicio de amparo cuya accesibilidad fue mejorada, sigue siendo un procedimiento en cuanto a su substanciación que puede provocarse en un procedimiento muy largo.

Encontramos que en la práctica los amparistas, la mayor de las veces, promueven juicios de amparo sólo para conseguir la suspensión provisional y la suspensión definitiva en su substanciación.

La suspensión provisional y la suspensión definitiva, es una medida cautelar para hacer prevalecer la materia del amparo, para mantener la posibilidad de que la autoridad pueda restablecer a la persona física o moral en el derecho que le ha sido violado.

Pero tanta violación puede existir como aquella que derive de una sustanciación o procedimiento prolongado.

Es necesario ya que a las reformas que han sido hoy publicadas se adicionen nuevas reformas que tengan que ver con permitir al interesado en un efectivo acceso a la justicia, que sería la resolución pronta, la resolución en un plazo perentorio y la autoridad de amparo esté obligada a resolver de fondo los asuntos y con eso desproveer las intenciones litigantes de que los amparos se promueven para alargar la sustanciación una vez alcanzada la suspensión provisional y, en su caso, la suspensión definitiva.

Por ello presento esta iniciativa de Decreto para modificar diversos artículos de la Ley de Amparo, y que tienen que ver con los procedimientos a través de los cuales se debe de garantizar que este juicio, este instrumento jurídico tan importante debe ser de pronta resolución. Así es que pongo a consideración de ustedes esta iniciativa de Decreto a fin de que puedan resolverse en los términos del procedimiento legislativo. Son reformas a los artículos 115, 117, 121, 124, 184 y 187 de la recién reformada Ley de Amparo.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Honorable Asamblea, el que suscribe, Senador Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8º fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El acceso a la justicia es un derecho fundamental y complejo que incluye una serie de presupuestos para la persona, así como un conjunto de obligaciones y prohibiciones para los Estados.

Los estándares del derecho al acceso a la justicia previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, prevén que ésta debe ser otorgada dentro de un plazo razonable. En ese sentido, el respeto del principio de plazo razonable estipulado en el artículo 8.1 de la Convención Americana en relación con el agotamiento de los recursos internos se encuentra íntimamente ligado al cumplimiento de los deberes de brindar acceso a la justicia y protección judicial.

El derecho de acceso a la justicia no se agota en el trámite de los procesos internos, sino que debe además asegurar en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los responsables.

En el caso llamado “19 comerciantes vs. Colombia”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado que el plazo razonable debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia. Estableciendo, además que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto. Asimismo, refiere que la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso, está basado en: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales.

En ese tenor, la Corte Interamericana, en el caso “Baldeón García vs Perú”, señaló que el derecho de acceso a la justicia requiere no sólo que se tramiten procesos internos, sino que éstos produzcan una decisión en un plazo razonable.

En ese mismo caso la Corte Interamericana reitera que no basta con que se prevea la existencia de recursos, si estos no resultan efectivos para combatir la violación de los derechos protegidos por la Convención. La garantía de un recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.

Hay que señalar también la obligación que tiene el Estado mexicano de aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en cumplimiento del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del control de convencionalidad, del cual la Corte Interamericana en el Caso Rosendo Radilla vs México, refirió que en el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Es con base en lo anterior que resulta necesario atender a los criterios y estándares internacionales en materia de acceso a la justicia y plazo razonable.

Por otro lado, es preciso hacer hincapié en la naturaleza del Juicio de Amparo en contra de actos de autoridad que vulneren los derechos humanos, por lo tanto debe ser un juicio de fácil acceso para las personas, y debe de avanzar en despejarlo de complejidades técnicas que impiden la asequibilidad en mayor medida a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Debemos recordar que la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, ha permitido modernizar el juicio de amparo, reconocer el interés legítimo; los efectos generales de las resoluciones cuando se impugnan; y los plenos de circuito, entre otras figuras.

En 2011 la Cámara de Senadores en un esfuerzo de inclusión de las mejores propuestas, formuló una nueva Ley de Amparo, misma que remitió a la colegisladora para su revisión y aprobación. Por su parte, la Cámara de Diputados asumió casi en su totalidad la propuesta enviada, y realizó cambios que permiten fortalecer la figura del Juicio de Amparo, fundamentalmente en el tema de las excepciones a la suspensión, en preferencia al interés colectivo sobre el individual.

En suma, después de 77 años se logró fortalecer el Juicio de Amparo como un instrumento judicial al servicio de los gobernados y contra el abuso del poder público, ya que con la promulgación de una nueva Ley de Amparo, en los próximos años se habrá de demostrar si caminó en la ruta de facilitar el acceso a la justicia o si seguirá habiendo huecos jurídicos que entorpezcan dicho acceso hacia los justiciables.

La suspensión, sea provisional o definitiva, es una medida cautelar que tiene por objeto evitar la realización de actos de imposible reparación, o cuya ejecución cause un daño mayor. Asimismo, con su otorgamiento se busca preservar la materia de Amparo, para que su resolución resarza efectivamenteal gobernado en el goce de sus derechos.

Es en dicho rubro en donde se pretende hacer un alto, es decir que la figura jurídica de la suspensión que fue reformada para quedar como un otorgamiento provisional o definitivo con restricciones en prevalencia del interés social sobre el individual (interés superior de la infancia, concesiones públicas, servicios colectivos, etc.), al quedar así regulada envía un claro mensaje para evitar, como hasta ahora ha sucedido, que la estrategia del litigio esté enfocada en las medidas cautelares de un juicio, como lo es la suspensión, y no hacia la sentencia como el elemento de mayor valía en un juicio. Lo anterior, derivado de los abusos reiterados por parte de algunos litigantes, que llegaban al extremo de que la suspensión, resultaba el incentivo privilegiado para evitar la resolución definitiva, a sabiendas que dicho fallo podía ser en sentido negativo.

Asimismo, si bien es cierto que con dicha restricción se da un paso importante, también lo es que puede tratarse de una medida insuficiente, pues la duración de un juicio de amparo sigue siendo indefinida en nuestra legislación por virtud de los diferimientos ilimitados que puede tener la denominada audiencia constitucional, en la cual debe resolverse el otorgamiento o no del amparo hacia los gobernados.

Por ello, y con el afán de continuar en la ruta del efectivo acceso a la justicia haciendo del texto del artículo 17 constitucional un precepto aplicable, es que se plantea la presente iniciativa, la cual consiste en lo siguiente:

Se sugiere la reforma al artículo 115, en donde se establece un límite de diferimiento por imposibilidad en el desahogo de las pruebas ofrecidas hasta por tres veces, planteando que en caso de que de que ya no proceda el diferimiento, el juez habrá de resolver con las constancias con las que cuente, aplicando los principios que rigen el juicio de garantías.

Se establece, en el artículo 117 un tope de 8 días máximo como plazo para diferir la audiencia, cuando dicho diferimiento sea por la falta de la notificación al quejoso del informe justificado. Asimismo, se propone un plazo máximo de 30 días, cuando la causa del diferimiento sea la ampliación de la demanda.

En el artículo 121 se prevé que en los casos en que se soliciten documentos o copias a los servidores públicos, y éstos no los envían oportunamente, el diferimiento de la audiencia, no podrá exceder de quince días, y en caso de que no se cuente con los documentos solicitados se presumirá el dicho del quejoso como cierto, para todos los efectos a que haya lugar.

Para mejor comprensión se ha sugerido cambiar en el artículo 124 la frase “se dictará fallo” por “se dictará sentencia”.

En el artículo 184 se reduce el plazo de 30 a 15 días naturales, como máximo para listarse el asunto que no fuere aprobado en la audiencia en la que debían discutirse y resolverse los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito.

Finalmente, se propone la modificación al artículo 187 para establecer que en los casos en que no fuera aprobado el proyecto, pero se formularen por la mayoría las adiciones o reformas en la sesión, sea el magistrado ponente el que proceda a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión, y que en ese mismo momento, sea redactada la sentencia.

Por lo anteriormente expuesto, se expide la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

UNICO: Se reforman los artículos 115, 117, 121, 124, 184 y 187, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá diferirse cuando la causa sea el ofrecimiento de pruebas que no haya sido posible desahogar, debiendo celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días. Sólo podrá diferirse hasta en tres ocasiones, por lo que en caso de que ya no proceda el diferimiento, el juez habrá de resolver con las constancias con las que cuente, aplicando los principios que rigen el juicio de garantías.

Artículo 117.

Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado, sin que dicho diferimiento pueda exceder de un plazo de ocho días posteriores a la presentación del informe justificado.

Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional, en un plazo que no excederá de treinta días, para su celebración.

Artículo 121.

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al ministerio público de la federación. El diferimiento de la audiencia, no podrá exceder de quince días, si no se cuenta con los documentos solicitados se presumirá el dicho del quejoso como cierto, para todos los efectos a que haya lugar.

...

Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará la sentencia.

...

Artículo 184.

De no ser aprobados, los asuntos sólo se podrán aplazar o retirar. En estos supuestos, se asentará a petición de quien y la causa que expuso. El asunto deberá listarse dentro de un plazo que no excederá de quince días naturales.

Artículo 187. Si no fuera aprobado el proyecto, pero se formularen por la mayoría las adiciones o reformas en la sesión, el magistrado ponente procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión. En cuyo caso, se redactará la sentencia el día de la sesión, debiendo quedar en autos el proyecto original.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Barbosa Huerta. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6o., 7o. y 27 de la Ley General de Salud.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 6o., FRACCION I; Y 27, FRACCION III; Y SE ADICIONA EL ARTICULO 7o., CON UNA FRACCION II BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE SALUD:
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Atención Preventiva Integrada a la Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de marzo de 2011, los Diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Marco Antonio García Ayala, Rodrigo Reina Liceaga, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Silvia Esther Pérez Ceballos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 09 de febrero de 2012, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Salud, respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud, aprobándose con votación de 314 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Atención Preventiva Integrada a la Salud.

3. Con fecha 14 de febrero de 2012, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Atención Preventiva Integrada a la Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, la minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minutapretende incluir en los objetivos del Sistema Nacional de Salud, la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, así como promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

Además establece que la Secretaría de Salud promoverá e impulsará que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Finalmente, se incluye dentro de los servicios básicos de salud, la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, fracción III; y se adicionan los artículos 6o., con una fracción IX; y 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

II. a VI Bis.

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud, y

IX. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. y II.

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

III. a XV. …

Artículo 27.

I. y II. …

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. a XI. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud y todas las instituciones relacionadas, contarán con 180 días para realizar los ajustes necesarios a fin de poder otorgar la Atención Preventiva Integrada a la Salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan que el asunto materia de la Minuta, como lo es la atención médica integrada de carácter preventivo, es merecedor de especial atención ya que representa un enfoque que permite la prevención y detección oportuna de enfermedades considerando las características físicas y determinantes de la salida de los pacientes de forma personalizada.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la atención primaria en salud es la asistencia sanitaria esencial accesible para toda la población, y tal como lo menciona la Colegisladora, dicha atención es el núcleo de los sistemas de salud de los países que representa el punto de partida para el desarrollo socio-económico de la comunidad.

Así, debido a la importancia que tiene la prevención en materia de salud, es que se propone que se implemente el modelo de Atención Preventiva Integrada a la Salud, mismo que permitirá que la población mexicana tenga mayor acceso y mejor calidad de atención a la salud.

C. Cabe mencionar que, si bien es cierto que en las instituciones de salud de nuestro país ya se contemplan múltiples programas de atención a la Salud de carácter preventivo, no todos conllevan las particularidades necesarias para combatir las diversas enfermedades, esto a consecuencia de muchos factores, entre ellos la presencia de más enfermedades en la población, cuyo tratamiento implica un costo considerablemente superior al de la prevención.

Por estas razones, las Comisiones dictaminadoras consideran necesario que la finalidad de la atención preventiva integrada a la salud se focalice en los riesgos, de acuerdo con la edad y el sexo del paciente, para que se le pueda tratar de manera más rápida y efectiva.

D. En este orden de ideas, las Comisiones Unidas que dictaminan coinciden en la necesidad de que la atención preventiva integrada a la salud, se dé de forma homogénea, por lo que estiman viable su inserción en el artículo 6o. que se refiere a los objetivos del Sistema Nacional de Salud, atendiendo a la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, ya que al realizar esta diferenciación de grupos entre la población se optimizan los procesos de atención a los pacientes.

De igual forma, no debe omitirse la necesidad de incluir en estos objetivos la promoción e impulso de la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

E. En relación con la propuesta de adición de una fracción II Bis al artículo 7°, las Comisiones dictaminadoras la estiman pertinente a afecto de que la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Salud promueva e impulse que las instituciones comprendidas en éste, implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

F. Por lo que corresponde a la adición que se propone en la fracción III Bis del artículo 27 de la Ley General de Salud, para que se consideren como servicios básicos de salud, la atención preventiva integrada a la salud, se estima viable establecer lo que comprende la atención médica integrada, siendo éstas las acciones preventivas de promoción y protección específica, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

G.No obstante, respecto de la propuesta por la cual se adiciona la fracción IX, al artículo 6º de la Ley General de Salud, estas Comisiones Dictaminadoras, han determinado modificar la Minuta, para que se elimine dicha propuesta de adición. Lo anterior toda vez que el objetivo de la misma ya se encuentra establecido en la fracción XIII del Artículo 7 de la Ley General de Salud que señala:

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII. (…)

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;

XIV y XV. (…)

H. Con base en lo anterior, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera estiman viable aprobar con modificaciones la propuesta contenida en la Minuta que se analiza, así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

II. a IX.

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. y II.

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

III. a XV. …

Artículo 27.

I. y II. …

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. a XI. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud y todas las instituciones relacionadas, contarán con 180 días para realizar los ajustes necesarios a fin de poder otorgar la Atención Preventiva Integrada a la Salud.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con base en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Ahora tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 7 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. No habiendo quien haga uso de la palabra en este asunto, pido que se reserven los artículos para la discusión. En virtud de que no hay ningún artículo reservado, pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.

VER DOCUMENTO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico de votación, se emitieron 102 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VII DEL ARTICULO 1 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho proyecto.

Sonido en el escaño de la Senadora Adriana Díaz Lizama.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (Desde su escaño) Un comentario desde mi escaño, si me lo permite.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Adelante en el uso de la palabra, Senadora Díaz Lizama.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (Desde su escaño) Unicamente para agradecer el voto que se dio hace un momento al dictamen, ya que éste obliga al Instituto Nacional de las Mujeres a que nos haga llegar un informe al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a los congresos locales y a la Asamblea del Distrito Federal, la opinión acerca del cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra Mujeres.

Y este dictamen que estamos a punto de votar, también es una iniciativa muy importante, una lucha que hemos tenido no sólo las mujeres de este Senado, sino de varias legislaturas anteriores y que se propone adicionar a la ley la protección a la mujer en publicidad que la muestre con estereotipos de sumisión o dependencia a la figura masculina, a la vez que define la información o publicidad que muestre estereotipos sexistas, degradantes o peyorativos sobre las mujeres.

Esta es una lucha de muchos años, de muchas legislaturas y pedimos su voto a favor en este dictamen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Lizama.

Queda registrado en el Diario de los Debates su comentario en el punto correspondiente; y para hablar sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Y creo que el tema que nos ocupa es fundamental.

Tenemos suerte que ha llegado a esta Cámara de Senadores la reforma a telecomunicaciones, y uno de los temas fundamentales es cómo la figura femenina en cualquiera de su edades, desde la niñez hasta la tercera edad, especialmente hay una etapa, se usa con fines publicitarios, pero es discriminatorio, es atentatorio, y entonces nosotros lo que estamos pidiendo es poder regular eso en la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero también que eso fije un precedente para la reforma que en muy breve estaremos nosotros discutiendo que es la de Telecomunicaciones, no puede ser posible que se siga estereotipando y que se sigan manejando sexistamente la publicidad y se degrade la figura femenina, la figura de las mujeres.

Por eso nosotros consideramos viable que el Senado de la República vote de manera positiva ese proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y adicione un segundo párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Diva Hadamira.

Queda, desde luego, registrado en el Diario de los Debates su comentario y no habiendo más oradores en este asunto, pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto que nos ocupa. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.

VER DOCUMENTO

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, se emitieron 108 votos a favor y ningún voto en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se ratifican los nombramientos de seis Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS COMO MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictámenes a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO; Y DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 31 de agosto del 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Angel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez, Jacintos, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por unperiodo de diez años.

EstasComisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia,con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 31 de agosto de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 , 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de 10 años.

2. Con fecha 6 de septiembrede 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Soberanía, dispuso que la propuesta de nombramientos citada con antelación, se turnara a lasComisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria, Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, publicaron en la Gaceta del Senado del 14 de febrero de 2013, el “Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y Dictaminación de los nombramientos presentados por el Ejecutivo Federalpara la elección de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa” el cual forma parte integral del presente dictamen.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

III. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente:

Como muestra plena, de que los actos de colaboración entre Poderes contribuyen de manera significativa a fortalecer las instituciones de un Estado democrático, el Ejecutivo Federal nombra con la aprobación de la Cámara de Senadores, o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del mencionado Tribunal.

Para que ese tribunal contencioso administrativo realice de manera eficaz las tareas que le han sido encomendadas por mandato constitucional, es indispensable que los Magistrados que lo integran sean ciudadanos que cuenten en todo momento con el profesionalismo y la especialización que se requiere para impartir justicia.

En este contexto, en términos del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Magistrado Presidente de dicho Órgano Jurisdiccional comunicó al titular del Ejecutivo Federal la conclusión, de diversos nombramientos de Magistrados de Sala Regional de ese Tribunal, así como la propuesta de la Sala Superior del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración, en el sentido de que seis Magistrados de Sala Regional que están por concluir su encargo sean nombrados para un nuevo periodo de diez años.

Al respecto, considerando la propuesta del Tribunal, con fundamento en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por este conducto se somete a la aprobación de ese órgano legislativo el nombramiento como Magistrados de Sala Regional por un nuevo periodo de diez años, a favor de los magistrados que se enlistan a continuación en orden alfabético en razón de su apellido:

1. Miguel Aguilar García.

2. Juan Marcos Cedillo García.

3. Sanjuana Flores Saavedra.

4. Miguel Angel Luna Martínez.

5. María Guadalupe Pillado Pizo.

6. Javier Ramírez Jacintos.

De los expedientes que se acompañan al presente podrá corroborarse que las personas señaladas siguen cumpliendo con los requisitos legales que exige el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para ocupar una magistratura de Sala Regional, al ser todos ellos mexicanos por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad; se encuentran en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; son mayores de treinta y cinco años de edad; cuentan con notoria buena conducta; son licenciados en Derecho con título debidamente registrado y expedido con diez años de anticipación a su nombramiento, y cuentan con la experiencia en materia fiscal y administrativa que exige la Ley, además de contar con evaluaciones favorables sobre su desempeño como Magistrados por parte de la Junta de Gobierno y Administración del propio Tribunal.

Por lo anterior, el Ejecutivo Federal señalaque la aprobación de un nuevo nombramiento a favor de los Magistrados señalados redundará en beneficio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de sus justiciables, al dar continuidad a la impartición de justicia por parte de servidores públicos con experiencia, conocimientos técnicos y probada capacidad en el ejercicio de dicha función.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES, DE LA

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramientos descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras, realizaron un exhaustivo análisis de los expedientes de los Ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Angel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, del cual se desprendió que los mismos son mexicanos por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayores de treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciados en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, por lo que reúnen los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo de Magistrado de dicho tribunal.

TERCERA. Tal como se desprende de los citados expedientes, estas Comisiones Dictaminadoras, refieren que los ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, cuentan con la experiencia y el perfil requeridos por Ley para desempeñar el cargo de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la administrativa, conocimientos en el área y experiencia laboral. Asimismo, se hace notar que los referidos a lo largo de su actividad laboral han cumplido con diversos cursos, foros, seminarios y congresos de actualización en materia administrativa y de tributación.

En ese tenor, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que la probada capacidad técnica y la trayectoria profesional de los magistrados, cuyo nombramiento se somete a aprobación de esta Soberanía, redundará en beneficio de los justiciables del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

CUARTA. EstasComisiones Dictaminadoras, considerannecesario resaltar que del historial y expediente correspondiente de los ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, se desprenden datos que acreditan que han observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, así como que no cuentan con antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus actividades.

Por lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, consideranque la actuación de los ciudadanos referidos con antelación, de conformidad con los resultados derivados de los elementos objetivos y datos estadísticos aportados, es satisfactoria con relación a los indicadores establecidos, para ejercer el cargo de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal.

QUINTA. Con el objeto de que las Comisiones Dictaminadoras realizaron un examen valorativo de los ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, sobre su idoneidad para el cargo al que fueron propuestos, lo cual incluye su conducta personal, su capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, su conocimiento en la materia, fueron citados a comparecer el 20 de febrero de 2013, en la reunión de trabajo de estas Comisiones Dictaminadoras.

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que los ciudadanos, Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, expusieran cada uno ante los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, aquellos elementos que estimaron pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional que nos ocupa, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimaron conveniente.

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, reunidos en Pleno, deliberaron y resolvieron que los ciudadanos, Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, reúnen y satisfacen el perfil adecuado para ser ratificados como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años, a partir de la fecha expresada en el apartado de “DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS” del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras, que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Miguel Aguilar García, por un nuevo periodo de diez años.

SEGUNDO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juan Marcos Cedillo García, por un nuevo periodo de diez años.

TERCERO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sanjuana Flores Saavedra, por un nuevo periodo de diez años.

CUARTO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Miguel Angel Luna Martínez, por un nuevo periodo de diez años.

QUINTO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, María Guadalupe Pillado Pizo, por un nuevo periodo de diez años.

SEXTO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Javier Ramírez Jacintos, por un nuevo periodo de diez años.

SEPTIMO. Tómese la protesta de Ley a los Ciudadanos citados en los resolutivos anteriores, a efecto de que estén en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos expuestos.

Dado en la sala de comisiones del H.Senado de la República, a 21 de marzo de 2013.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION DE JUSTICIA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el dictamen. No habiendo oradores registrados ni artículos reservados, pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de este proyecto presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia.

VER DOCUMENTO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, de acuerdo al registro electrónico de votación, se han emitido 104 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifican los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de los ciudadanos Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Angel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de 10 años.

Los ciudadanos rendirán su protesta una vez aprobados los siguientes 2 dictámenes

Tenemos otro dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican los nombramientos de cuatro Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de 10 años.

Solicito a la Secretaría que dé lectura al dictamen.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO; Y DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 10 de julio de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Miguel Alfonso Delgado Cruz, David José del Carmen Jiménez González, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, como Magistrados de Sala Regional, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, fracción III;232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de julio de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fecha 11 de julio del 2012, la mesa Directiva turnó a la Tercera Comisión , a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Miguel Alfonso Delgado Cruz, David José del Carmen Jiménez González, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diezaños;

2. En la Sesión de la Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión del 1° de agosto de 2012, fue aprobado el nombramiento propuesto por el Ejecutivo Federal del ciudadanoDavid José del Carmen Jiménez González, por un nuevo periodo de diez años;

3. En la Sesión dela Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión del 15 de agosto de 2012, fue aprobado el nombramiento propuesto por el Ejecutivo Federal del ciudadano Miguel Alfonso Delgado Cruz, por un nuevo periodo de diez años;

4. Con fecha 11 de octubre de 2012, la mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, comunico que se recibió de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el expediente formado a partir de las propuestas de nombramiento para Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años, a favor de los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, dispuso que dichos expedientes se turnaran a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente;

5. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, publicaron en la Gaceta del Senado, del 14 de febrero de 2013, el “Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y Dictaminación de los nombramientos presentados por el Ejecutivo Federalpara la elección de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa” el cual forma parte integral del presente dictamen.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

III. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente:

Una de las tareas más importantes del Estado Mexicano es la de impartir justicia, esta labor se encuentra confiada en el ámbito federal, entre otros órganos jurisdiccionales, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tribunal contencioso administrativo encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares.

Como es de su conocimiento, la designación de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual confiere al Presidente de la República la facultad de nombrarlos con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

De esta manera, y en atención a lo señalado por el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Magistrado Presidente de dicho Órgano Jurisdiccional comunicó al titular del Ejecutivo Federal la conclusión de diversos nombramientos de Magistrados de Sala Regional de ese Tribunal.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración de ese Tribunal, aprobó proponer al Ejecutivo Federal el nombramiento para un nuevo periodo a favor de cuatro Magistrados de Sala Regional que están por concluir su encargo.

Al respecto, considerando la propuesta del Tribunal, con fundamento en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por este conducto se somete a la aprobación de este H.Senado de la República,el nombramiento como Magistrados de Sala Regional por un nuevo periodo de diez años, a favor de los magistrados que se enlistan a continuación en estricto orden alfabético en razón de su primer apellido:

1. Manuel Castellanos Tortolero.

2. Rosa Angélica Nieto Samaniego.

3. Rubén Rocha Rivera.

4. Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández.

De los expedientes que se acompañan al presente Dictamen, podrá corroborarse que las personas señaladas continúan cumpliendo con los requisitos legales que exige el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,para ocupar una magistratura de Sala Regional en dicho órgano jurisdiccional, ya que todos ellos son mexicanos por nacimiento y no han adquirido otra nacionalidad; están en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; son mayores de treinta y cinco años de edad; cuentan con notoria buena conducta; son licenciados en derecho con título debidamente registrado y expedido, con diez años de anticipación a su nombramiento, y cuentan con la experiencia en materia fiscal y administrativa que exige la Ley, además decontar con evaluaciones favorables sobre su desempeño como magistrados por parte de la Junta de Gobierno y Administración del propio Tribunal.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES, DE LA

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramientos descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras, realizaron un exhaustivo análisis de los expedientes de los Ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, del cual se desprendió que son mexicanos por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayores de treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciados en derecho con título registrado, con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, por lo que reúnen los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo de Magistrado de dicho tribunal.

TERCERA. Tal como se desprende de los citados expedientes, estas Comisiones Dictaminados,refierenque los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, cuentan con la experiencia y el perfil requeridos por Ley para desempeñar el cargo de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la administrativa, conocimientos en el área y experiencia laboral. Asimismo, se hace notar que los referidos a lo largo de su actividad laboral han cumplido con diversos cursos, foros, seminarios y congresos de actualización en materia administrativa y de tributación.

En ese tenor, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que la probada capacidad técnica, y la trayectoria profesional de los magistrados cuyo nombramiento se someten a aprobación de esta Soberanía, redundará en beneficio de los justiciables del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

CUARTA. Esta Comisiones Dictaminadoras consideran necesario resaltar, que del historial y expediente correspondiente de los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, se desprenden datos que acreditan que han observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, asimismo, no cuentan con antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus actividades.

Por lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que el desempeño de los ciudadanos referidos con antelación, de conformidad con los resultados derivados de los elementos objetivos y datos estadísticos aportados, es satisfactoria con relación a los indicadores establecidos, para ejercer el cargo de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal.

QUINTA. Con el objeto de que las Comisiones Dictaminadoras,realizaron un examen valorativo de los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, sobre su idoneidad para el cargo al que fueron propuestos, lo cual incluye su conducta personal, su capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, su conocimiento en la materia, fueron citados a comparecer el 20 de febrero de 2013, en la reunión de trabajo de estas Comisiones Dictaminadoras.

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, expusieran individualmente ante los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras,aquellos elementos que estimaran pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional que nos ocupa, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimaran conveniente.

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, reunidos en Pleno, deliberaron y resolvieron que los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, reúnen y satisfacen el perfil adecuado para ser ratificados como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años, a partir de la fecha expresada en el apartado de “DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS” del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, que suscriben, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Castellanos Tortolero, por un nuevo periodo de diez años.

SEGUNDO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de la ciudadana Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Rosa Angélica Nieto Samaniego, por un nuevo periodo de diez años.

TERCERO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Rubén Rocha Rivera, por un nuevo periodo de diez años.

CUARTO. Se ratifica elnombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, por un nuevo periodo de diez años.

QUINTO. Tómese la protesta de Ley a los Ciudadanos citados en el resolutivo anterior, a efecto de que estén en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos expuestos.

Dado en la sala de comisiones del H. Senado de la República, a 21 de marzo de 2013.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION DE JUSTICIA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de este proyecto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.

Esta Directiva saluda la presencia de jóvenes estudiantes del estado de Yucatán, invitados por los Senadores Emilio Gamboa Patrón y Angélica Araujo Lara.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)

VER DOCUMENTO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 109 votos en pro y ningún voto en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifican los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de los ciudadanos Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de 10 años. Comuníquese.

Los ciudadanos rendirán su protesta una vez aprobado el siguiente dictamen de nombramientos.

Pasamos a la discusión de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, con puntos de Acuerdo por los que se aprueban los nombramientos de tres Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)

VER DOCUMENTO

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. No habiendo oradores registrados, pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de este proyecto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación emitida.

VER DOCUMENTO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 108 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se aprueban los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de los ciudadanos María Alejandra Rosas Ramírez, Omar García Huante y Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. Comuníquense el mismo.

En el salón contiguo a este recinto, se encuentran los ciudadanos que hoy se han ratificado sus nombramientos, por lo cual les solicito a los Senadores Arely Gómez González, Carlos Mendoza Davis, Armando Ríos Piter, Martha Palafox Gutiérrez y Manuel Cavazos Lerma, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen en su toma de protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaría Díaz Lizama: Solicito a los presentes ponerse de pie, incluyendo a quienes nos acompañan en las galerías.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Ciudadanos Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Angel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo, Javier Ramírez Jacintos, Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera, Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, María Alejandra Rosas Ramírez, Omar García Huante y Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?”

- Los CC. Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Angel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo, Javier Ramírez Jacintos, Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera, Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, María Alejandra Rosas Ramírez, Omar García Huante y Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez: “¡Sí, protesto!”

- El C. Presidente Aispuro Torres: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

(Aplausos)

¡Felicidades señoras y señores Magistrados!

A nombre del Senado de la República les deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a los ciudadanos Magistrados cuando deseen retirarse de este salón de sesiones.

(La comisión cumple)

- El C. Presidente Aispuro Torres: En otro apartado del Orden del Día de esta sesión, están inscritos once dictámenes en sentido negativo que desechan diversos proyectos presentados en esta Cámara.

Debido a que dichos dictámenes proponen puntos de Acuerdo, la Mesa Directiva acordó que su trámite se desahogue a través de una discusión y votación conjunta en un solo acto. El trámite que en lo futuro aplicaremos a este tipo de dictámenes que proponen desechar iniciativas o minutas de la Cámara de Diputados será el de incluirlos a discusión directamente en el Orden del Día.

En todos los casos se tendrá siempre el cuidado de respetar el derecho de los Senadores para debatir sobre aquellos asuntos que se pongan a consideración de la Asamblea. En consecuencia, pasamos a la discusión conjunta de los once dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a que se refieren los dictámenes negativos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)

Están a discusión tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, que proponen desechar:

El proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 constitucional, presentado el 11 de septiembre de 2012.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)

VER DOCUMENTO

El proyecto de Decreto que adiciona un quinto y sexto párrafos del artículo 4o. constitucional, presentado el 11 de septiembre de 2012.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN QUINTO Y SEXTO PARRAFOS AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)

VER DOCUMENTO

El proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 35 constitucional, presentado el 2 de octubre de 2012.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



VOTO PARTICULAR



Tenemos también los siguientes dictámenes de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, que proponen desechar:

El proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 8 Bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentado el 16 de junio de 2010.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 8 BIS A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 8 bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentado por el SenadorRenán Cleominio Zoreda Novelo, quien forma parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, una vez analizado el contenido del proyecto en comento, estas comisiones someten a los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

1. El día 16 de junio de 2010, el Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 8 bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen.

MATERIA DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene por objeto adicionar un artículo 8 bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con el fin de que se protejan a los servidores públicos que denuncien actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas.

METODOLOGIA

Las comisiones realizan el estudio y análisis de la iniciativa en comento mediante la valoración de los argumentos planteados en la exposición de motivos.

CONSIDERACIONES

La iniciativa tiene como principal objetivo proteger a los servidores públicos que denuncien actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas.

Establece reglas específicas en cuanto el tratamiento de las denuncias internas. Entre ellas la Secretaría de la Función Pública o las Controlarías de cada dependencia, establecerán formas de denuncia mediante sistemas de comunicación que protejan la confidencialidad del denunciante; considera medidas preventivas de protección al servidor público denunciante, con el fin de que no sea afectado laboralmente y, dispone medidas de compensación si el denunciante fue afectado laboralmente en cuyo caso puede exigir la reparación del daño, sancionando a los servidores públicos que tomaron acciones de represalias contra el denunciante.

El 6 de diciembre de 2012, el Senado de la República aprobó el decreto por el que se proponen cambios en la estructura orgánica de la Administración Pública Federal.

Entre los cambios propuestos se prevé un mecanismo de apoyo al control interno y la toma de decisiones sobre cumplimiento de objetivos y políticas institucionales; al desempeño de servidores públicos y órganos a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión y al correcto manejo de los recursos públicos.

Para ello, suprime de la estructura actual de la Administración Pública Federal la Secretaría de la Función Pública, y da paso a un nuevo modelo de control y rendición de cuentas de todas las dependencias públicas, en los tres Poderes y los tres órdenes de Gobierno, que reciben y utilizan fondos federales, reasignando diversas competencias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Propone crear la Comisión Nacional Anticorrupción, instancia encargada de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción de los servidores públicos de la Federación que atraerá lo de los estados y municipios.

Asimismo, en el artículo transitorio segundo del proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública entrarán en vigor en la fecha en que el Órgano Constitucional Autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica, para lo cual se realizaran las reformas legales a que haya lugar.

En razón de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la nueva estructura de la Comisión de Anticorrupción se requerirá modificar, adicionar y reformar las leyes y reglamentos que se ajusten a los objetivos y atribuciones de la nueva institución.

CONCLUSIONES

Por las razones expresadas en el capítulo de consideraciónes y toda vez que la pretención del iniciante es la de proteger a los servidores públicos que denuncien actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas y una vez que el Senado aprobó una importante reforma en esta materia que contempla una reestructuración del sistema anticorrupción se tiene por atendida la intención de la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones Unidas someten a la aprobación de la Honorable Asamblea, la siguiente:

ACUERDO

Unico.- Se desecha y se da por concluido el procedimiento legislativo de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 8 bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Archívese y téngase por concluido.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de abril de 2013".

El proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado el 10 de noviembre de 2011.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCION XXII AL ARTICULO 35 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Dictamen a discusión)

"COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios Legislativos Segunda, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada iniciativa, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 10 de noviembre de 2011, el Senador Armando Contreras Castillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El proyecto de Decreto en estudio propone adicionar la fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la facultad de promover, fomentar y atender de manera íntegra el abastecimiento y distribución proporcional y equitativa de los alimentos a través de la creación del Instituto Mexicano de Alimentación como un organismo público desconcentrado, que garantice el cumplimiento del derecho a la alimentación consagrado en los artículos 4° y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. CONSIDERACIONES

A. El 13 de Octubre del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición a los artículos cuarto y veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para establecer la obligación del Estado de garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, la cual debe abastecer a la población con los productos considerados por la ley como alimentos básicos.

En el ámbito internacional, existen diversos instrumentos como la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, que establecen el derecho a la alimentación como una forma de calidad de vida para el ser humano. Al ser reconocido como derecho fundamental el Estado se encuentra obligado a implementar las políticas necesarias para garantizarlo.

B. El proponente señala que entre los factores por los cuales el Estado no ha garantizado una alimentación correcta y completa a la población se encuentran: el incremento de personas con menos recursos, las políticas agrícolas deficientes y poco protectoras que se aplican en el campo en cuanto a los recursos y materias primas, la distribución poco proporcional de la producción del campo, la falta de una política de desarrollo regional.

Por lo anterior propone la creación del Instituto Mexicano de Alimentación, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyo fin sería garantizar la sustentabilidad en materia alimentaria.

Al respecto, se considera improcedente dicha propuesta, en virtud de que la creación de un nuevo organismo de la administración pública tendrá un impacto presupuestario, por lo que se debe tomar en cuenta el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que cuando se proponga un aumento o creación de gasto deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

En ese sentido, la propuesta no señala recursos presupuestarios a cargo de los cuales se realizarían las erogaciones derivadas de la creación del Instituto Mexicano de Alimentación, y al implicar mayores gastos a los aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, es necesaria la aprobación de una fuente de ingreso adicional para cubrir las erogaciones respectivas, misma que no se señala en la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de la Unión y el Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente proyecto de:

ACUERDO

Unico. No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el Senador Armando Contreras Castillo en sesión ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2011.Archívese el asunto y téngase por concluido.

Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de abril de 2013.

El proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, presentado el 30 de octubre de 2012.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DE LA LOTERIA NACIONAL

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada iniciativa, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 30 de octubre de 2012, el Senador Eviel Pérez Magaña, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El proyecto de Decreto en estudio propone adicionar un tercer párrafo al artículo 2°, un quinto párrafo al artículo 5°, una fracción XI al artículo 6°, las fracciones VII y VIII al artículo 7° y el artículo 15, así como reformar las fracciones IV y X del artículo 6°, las fracciones V y VI del artículo 7° y el segundo párrafo del artículo 9° de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, para establecer en la Ley la obligación de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de incorporar a los vendedores ambulantes de billetes de lotería al Régimen Voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social.

III. CONSIDERACIONES

A. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tiene por objeto apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo. El acopio de recursos se realiza a través de la venta de billetes de lotería, actividad que llevan a cabo los expendedores de carácter fijo y los vendedores ambulantes.

B. La iniciativa pretende establecer la obligación de la Lotería Nacional de gestionar la incorporación de los billeteros ambulantes al régimen voluntario y asumiendo la carga del pago de las cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social.

El proponente señala que el sector productivo de billeteros ambulantes tiene como fuente principal de ingresos para el sustento personal y familiar esta actividad y conforman una base importante de afluente de recursos para el organismo y por ello deberían tener garantizado su derecho a la seguridad social como los demás trabajadores.

Al respecto, se considera improcedente dicha propuesta, en virtud de que el artículo 18 del Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública establece que los expendedores y vendedores no estarán subordinados al Organismo en la distribución y venta de billetes ni sujetos a horarios o lugares determinados de venta, quedando facultados para llevar a cabo simultáneamente otras actividades y auxiliarse de una o varias personas, con las obligaciones que contraigan en los contratos mercantiles de expendio que, en su caso, suscriban con la Institución.

En ese sentido las Reglas Generales para Regular la Relación entre la Entidad y quienes Auxilien en la distribución y venta de billetes, establecen:

TERCERA.- Los organismos de venta no están subordinados laboralmente a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ni sujetos a horarios o lugares determinados de venta, quedando facultados para llevar a cabo simultáneamente otras actividades.

En todos los casos, los organismos de venta deberán cumplir con las obligaciones que contraigan en los respectivos contratos mercantiles que firmen con la Institución, así como con lo previsto en las presentes Reglas conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 18 de su Reglamento Interior.

CUARTA.- Los organismos de venta son considerados comisionistas, por lo que de conformidad con la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y la legislación mercantil, podrán utilizar los servicios de una o varias personas que los auxilien, sin que exista ninguna relación jurídica entre la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y dichos auxiliares.

De lo anterior se desprende que tanto los expendedores de carácter fijo como los vendedores ambulantes son considerados comisionistas que realizan sus actividades bajo las reglas de los contratos mercantiles que celebran con la Institución, por lo que no son considerados trabajadores de la misma al no existir una relación de subordinación característica esencial de las relaciones laborales, por ende no es posible que el Instituto asuma las responsabilidades de otorgarles seguridad social pues al regular sus relaciones mediante reglas civiles y mercantiles, no es posible aplicarles disposiciones que corresponden sólo a los trabajadores de la Institución.

Asimismo la presente iniciativa contraviene lo dispuesto por el artículo 18, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el sentido de que “A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto”. Toda vez que la propuesta no señala recursos presupuestarios a cargo de los cuales se realizarían las erogaciones derivadas de la aportación de cuotas al IMSS por parte de Lotería Nacional, y al implicar mayores gastos a los aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, es necesaria la aprobación de una fuente de ingreso adicional para cubrir las erogaciones respectivas, misma que no se señala en la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de la Unión y el Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente proyecto de:

ACUERDO

Unico. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña. Archívese el asunto y téngase por concluido.

Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Y el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y se abrogaba la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado el 15 de marzo de 2011.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y SE ABROGA LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 y se adicionan los artículos 42 bis y 42 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se reforma el primer párrafo del artículo 5° de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Los senadores integrantes de las comisiones que suscriben realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa y expresar sus observaciones y comentarios a la misma.

Con fundamento el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 85, 86,89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.- Los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Senadores a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, suscribieron en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 días del mes de marzo de 2011 la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 y se adicionan los artículos 42 bis y 42 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se reforma el primer párrafo del artículo 5° de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Segundo.- En esa misma fecha, le fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En México viven un gran número de pueblos y comunidades indígenas que han logrado preservar su identidad y su lengua. Sin embargo, se han caracterizado por ser el grupo poblacional con mayor rezago y marginación. Su situación no sólo se debe al acceso diferenciado que han tenido a los bienes públicos, sino también a la discriminación y exclusión de las que han sido objeto.

Sin duda, las reformas constitucionales que reconocen a México como un país diverso culturalmente y que promueven la igualdad de derechos y el respeto a la identidad, han dado lugar a una serie de acciones de política pública que han incorporado gradualmente la transversalización del tema indígena en todos los ámbitos del Estado.

Esto ha tenido un efecto positivo sobre el bienestar de los pueblos indígenas, pero aún es necesario trabajar en otros aspectos, principalmente en aquellos que involucran el ejercicio de sus derechos humanos y culturales, y continuar avanzando hacia una igualdad de oportunidades efectiva.

A pesar de su creciente influencia política, los pueblos indígenas de América Latina han avanzado poco en materia económica y social durante la última década y continúan sufriendo altos niveles de pobreza, menor educación ymayor incidencia de enfermedades y discriminación que otros grupos.

Los senadores consideran conveniente que la Administración Pública Federal -a nivel de Secretaría de Estado- cuente con una dependencia especializada que formule, organice, promueva y ejecute las políticas y acciones para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución Federal, y atendiendo el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación; preservado el principio de la no discriminación; promoviendo la construcción de sociedad incluyente y el diálogo intercultural, la integralidad y transversalidad de las políticas, programas y acciones en la Administración Pública; cuidando el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas; aplicando el enfoque de género en las políticas y consultando a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno.

En ese sentido los Senadores proponen modificaciones al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Asuntos Indígenas

De la misma manera proponen adicionar los artículos 42 bis y Artículo 42 Ter para establecer los principios que regirán su actuación así como las facultades y obligaciones de dicha Secretaría.

En otro sentido y tendiendo a la iniciativa de reforma planteada los iniciantes proponen la reforma al artículo 5° de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para dejar sin mención los efectos que corresponden a los organismos considerados en dicha ley, entre ellos la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas.

Por último proponen abrogar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

III. CONSIDERACIONES

Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda al estudiar y analizar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 y se adicionan los artículos 42 bis y 42 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se reforma el primer párrafo del artículo 5° de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas han llegado a lo siguiente:

Es decisión del Presidente de la República la manera de estructurar la Administración Pública Federal para un mayor rendimiento de todas las áreas y lograr la realización de todas las tareas que le corresponden y que son del interés de todos los mexicanos. Es por eso que dentro de esta estructura existen distintas secretarías, órganos centralizados, descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria entre otros.

Dentro de las tareas que se encomiendan al Presidente es de hacer valer la constitución, la cual en su artículo segundo establece la igualdad y reconocimiento de los pueblos indígenas. En el apartado B de este artículo se menciona que la Federación, Estados y Municipios deben establecer las instituciones y determinar políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y su desarrollo integral y así lograr eliminar cualquier práctica discriminatoria hacia ellos. Es por eso que dentro de la Administración Pública Federal existen áreas y organismos específicos para atender las necesidades de los indígenas.

Dentro de la Ley de la Administración Pública Federal, artículo 27 se establece que la Secretaría de Gobernación es la dependencia centralizada encargada dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno. Es la secretaría encargada de velar por los intereses de estos pueblos.

Hoy en día existe la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, del cual Nuvia Mayorga Delgado es titular. Fue creado en 1948 por decreto presidencial, este organismo está encargado de promover la valoración y el respeto de las culturas y lenguas indígenas del país, como elemento fundamental para construir un diálogo intercultural y con ello contribuir a eliminar la discriminación hacia la población indígena. Para lo cual se realizan acciones para el fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial de las culturas indígenas y para la difusión de la diversidad cultural y lingüística del país en los medios masivos de comunicación.

Dentro de la Secretaría de Gobernación existe la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en México, la cual es presidida por Jaime Martínez Veloz. Una de las tareas centrales del gobierno de la República es la de generar políticas públicas que construyan equidad, dentro de lo cual se busca lograr que los pueblos indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos. De igual manera, está encargada de garantizarles el acceso a la justicia, a la educación, a la salud y a la infraestructura que revierta el injusto rezago en sus derechos y la brecha que los separa para alcanzar el bienestar que merecen.

Es por lo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado, consideran que la creación de la Secretaría de Asuntos Indígenas no es necesaria, ya que existen, hoy en día, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en México, encargados de velar por los derechos y oportunidades de los indígenas, ya que de crear dicha secretaría sólo se estaría trasladando as funciones de estas dependencias a la Secretaría, sin que necesariamente se logre el desarrollo de los pueblos indígenas.

Por otro lado, inicia un nuevo gobierno y el Presidente de la República ha establecido una serie de compromisos derivados del Pacto por México que en el tema de la iniciativa comprende lo siguiente:

Derechos de los pueblos indígenas

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: los indígenas están mayoritariamente excluidos del mismo. Casi siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena. De éstos, ocho de cada diez son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema. Para revertir esta injusta situación se establecerá una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos.

Para lograr este objetivo, se impulsarán las siguientes acciones:

• Fortalecimiento de las comunidades indígenas

Se llevará a la práctica el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les permitirá manejar recursos públicos, realizar la planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, así como asociarse libremente con otras comunidades o municipios para promover proyectos comunes que impulsen su desarrollo. (Compromiso 34)

• Educación, salud, infraestructura y créditos para los habitantes de las comunidades indígenas como prioridad presupuestal

El injusto rezago en el ejercicio de derechos, así como en el acceso a instrumentos para el bienestar económico de la población indígena frente al resto de los mexicanos, obliga a que los indígenas y sus comunidades sean una prioridad de Estado y, por lo tanto, una prioridad presupuestal. Por ello, se incrementará sustancialmente los presupuestos para que la educación y la salud de calidad lleguen a la población indígena. De igual forma, se realizarán inversiones históricas en la infraestructura de sus comunidades y para facilitar su acceso al crédito. (Compromiso 35)

• Acceso equitativo a la justicia y a la educación

El Estado tiene la obligación de garantizar que la lengua y la cultura indígena no sean una limitante para ejercer derechos como el acceso a la justicia y a la educación. Por ello, se garantizará que la población indígena tenga acceso a defensores de oficio de calidad y a traductores bilingües para sus procesos de defensa, así como que tengan acceso a una educación bilingüe e intercultural de calidad. (Compromiso 36)

De esta manera los integrantes de las comisiones unidas creemos atendidas la demanda de los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, por lo que proponemos el desechamiento de la iniciativa toda vez que corresponderá al Ejecutivo Federal llevar a cabo las acciones necesarias para lograr el desarrollo de los Pueblos y comunidades indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de la Unión y el Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente proyecto de:

ACUERDO

Unico. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 y se adicionan los artículos 42 bis y 42 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se reforma el primer párrafo del artículo 5° de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Archívese el presente asunto y dese por concluido.

Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 2 de abril de 2013.

COMISION DE GOBERNACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Tenemos la discusión de tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, Primera, que proponen desechar:

El proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto a la fracción IV del artículo 71 constitucional, presentado el 27 de noviembre de 2012.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO QUINTO A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que contiene proyecto de Decreto por el que se propone adicionar un párrafo quinto a la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, procedieron al estudio de la iniciativa en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos85, numeral 2, inciso a; 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 137, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida iniciativa, y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA” se sintetiza la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se expresan las razones que sustentan el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. El 27 de noviembre de 2012, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Senado, iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto a la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la fecha indicada con antelación, la iniciativa de mérito fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, y dictamen correspondiente.

3. El 11 de enero de 2013, mediante oficio CPC-RCA-001/01/2013, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 212,numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, un plazo mayor para dictaminar diversas iniciativas, entre las cuales figuraba la que es materia de la actual dictaminación.

4. El 7 de febrero de 2013, mediante oficio DGPL-2P1A.-194, suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de conocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales, la prórroga autorizada por la Mesa Directiva de esta Cámara, para la elaboración de los dictámenes sobre diversas iniciativas, entre las que se encuentra la que es objeto del presente dictamen.

5. El 4 de marzo de 2013, mediante oficio DGPL-2P1A.-1349, suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de conocimiento la excitativa formulada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, para que presentara el dictamen de diversas iniciativas, entre la que se encuentra la que es materia del este dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

En la iniciativa que se analiza, se propone adicionar un párrafo quinto a la fracción IV del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer, que tratándose del trámite de una iniciativa preferente, los procesos legislativos descritos en los apartados D y E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán desarrollarse en la Cámara que corresponda, en un plazo de 15 días.

Para una mayor claridad, a continuación se inserta el cuadro comparativo entre el texto vigente y el que se propone en la iniciativa.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO.

Artículo 71…

I a IV…

Artículo 71…

I a IV…

Si un proyecto de ley o decreto para trámite preferente fuese desechado en parte, modificado o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen y, en su caso, de la Cámara revisora, se conducirá en los términos de los incisos d) y e) del artículo 72 de esta Constitución. En ambos casos, cada una de las cámaras contará con un plazo máximo de quince días naturales para votar y discutir las observaciones correspondientes, agotado este plazo, el Presidente de la Mesa Directiva registrará el proyecto, en sus términos y sin mayor trámite, como el primer asunto a discusión y votación en la siguiente sesión del Pleno.

III. CONSIDERACIONES

Después de realizar un estudio de la iniciativa en análisis, estas Comisiones dictaminadoras discrepan de la necesidad de realizar la reforma constitucional que se indica en la iniciativa sujeta a dictamen, por lo que se propone su desechamiento en vista de las razones siguientes:

En virtud de la decisión adoptada por el Poder Constituyente Permanente, el 9 de agosto de 2012, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su conjunto fueron conocidas como la “reforma política”.

Entre las trascendentes reformas constitucionales aprobadas ese año, se encuentra aquella por la cual se le otorgó al titular del Poder Ejecutivo Federal, la facultad para que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, pueda presentar hasta dos iniciativas, o bien, señalarhasta dos de ellas presentadas en periodos anteriores que estuvieran pendientes de dictamen, con la finalidad de que el Poder Legislativo Federal proceda en cada una de sus Cámaras, a su discusión y votación mediante un tratamiento preferente, es decir, debiendo concluir el proceso legislativo dentro de los plazos y condiciones previstos en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo pretendido con la reforma constitucional en cuestión, fue la de agilizar el procedimiento legislativo, para que aquellas iniciativas relacionadas con temas considerados por el Ejecutivo Federal, como prioritarios o urgentes para la Nación, fueran discutidas y votadas en un ambiente tal, que permitiera establecer los consensos necesarios entre las diversas fuerzas políticas para su concreción, fomentándose así la necesaria y respetuosa colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales para la generación de acuerdos en beneficio del país, lo que es característico de una democracia eficaz.

Es menester precisar que la agilización del proceso legislativo en ningún momento supone la subordinación del Congreso de la Unión con respecto al Poder Ejecutivo Federal, pues aun tratándose de las iniciativas señaladas como preferentes, el Poder Legislativo Federal mantiene incólume su potestad soberana para decidir el sentido de la iniciativa que es sometida a su consideración. En este contexto, la iniciativa de trámite preferente permite la agilización del trámite legislativo en cuanto a su discusión y votación, más no la obligación para el Congreso Federal de aprobar en sus términos la iniciativa puesta a su conocimiento con tal carácter.

Al respecto, con relación a la reforma al artículo 71, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, que al respecto aprobara el Senado de la República el pasado 27 de abril de 2011, se señaló lo siguiente:

“El carácter de preferente no limita de modo alguno las facultades del Congreso de modificar o rechazar en su totalidad las propuestas que presente el Ejecutivo, sino que simplemente incide en el plazo para el desahogo y resolución de las mismas, es decir, el Congreso General conserva, intocada, su potestad de aprobar, modificar o rechazar las iniciativas del Ejecutivo.

Con esta nueva figura se trata de darle mayor certidumbre al proceso legislativo, donde los Poderes Ejecutivo y Legislativo sean coadyuvantes en asuntos de gran relevancia para la sociedad y el Estado mexicanos.”1

Podrá advertirse que la iniciativa de trámite preferente, constituye un instrumento del que puede hacer uso el Ejecutivo Federal, para que el Congreso de la Unión se pronuncie dentro de un plazo determinado y en pleno ejercicio de su potestad de decisión, sobre un tema considerado como de atención prioritaria para el país.

Estas Comisiones dictaminadoras no pasan por alto, que una lectura gramatical y restrictiva del texto vigente del artículo 71, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría hacer pensar que por el solo hecho de que la Cámara Revisora devuelva con observaciones un proyecto de iniciativa preferente, discutido y aprobado en la Cámara de su origen del Congreso de la Unión, el trámite de la iniciativa pierde su carácter de preferente, por lo que la discusión y aprobación en ambas Cámaras, debe seguir, en adelante, el trámite legislativo ordinario previsto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, ya sin sujeción a plazo alguno.

Sin embargo, esta forma de entender la reforma constitucional que dio origen a la iniciativa preferente, claramente desvirtúa el sentido y la finalidad de esta institución, que como se ha dicho, fue pensada y diseñada como un medio para lograr la colaboración y funcionalidad en las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, en un contexto plural, como el que vive México actualmente, generando las condiciones para que sean discutidos y aprobados sin dilación alguna en el Congreso de la Unión, aquellos temas que por su naturaleza representen, a juicio del Ejecutivo, una prioridad nacional.

Debe considerarse que la interpretación de cualquier norma constitucional de un Estado democrático, debe garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales protegidos en el Texto Fundamental, así como el buen funcionamiento y la operatividad de los Poderes Constituidos. Al respecto es menester citar las siete reglas, que de acuerdo con Andrés Linares Quintana, deben regir la interpretación constitucional:

1. Debe prevalecer el contenido finalista de la Constitución, que es garantizar la libertad y dignidad humanas;

2. Debe ser interpretada con un criterio amplio, liberal y práctico;

3. Las palabras de la Constitución deben ser interpretadas en su sentido general y común, a menos que sea claro que el creador de la norma se refirió a un significado técnico-legal.

4. Debe ser interpretada como un todo, como un conjunto armónico;

5. Hay que tener en cuenta las situaciones sociales, económicas y políticas que existen en el momento de realizarse la interpretación;

6. Las excepciones y privilegios deben interpretarse con criterio restrictivo; y

7. Los actos públicos se presumen constitucionales si mediante la interpretación pueden ser armonizados con la ley fundamental.2

De las reglas antes citadas, se desprende que la interpretación de las normas constitucionales debe hacerse de forma tal, que permita la consecución de los principios, valores y finalidades que subyacen en su construcción, así como garantizar la funcionalidad de las relaciones entre los diversos órganos del Estado y su operatividad. En este sentido, Rodolfo Luis Vigo, señala que la interpretación constitucional debe atender a las siguientes directivas:

1. Optimizar la fuerza normativa de la Constitución;

2. Considerar la Constitución como sistema;

3. Tener en cuenta la unidad del ordenamiento jurídico y la máxima funcionalidad del régimen político;

4. La consolidación de los valores constitucionales;

5. Atender a las consecuencias sociales;

6. Tener una fidelidad no estática al poder constituyente;

7. Considerar la estabilidad relativa de las decisiones interpretativas, la fundamentación apropiada de las decisiones, y el esfuerzo coordinador del derecho constitucional interno con el derecho comunitario.3

Considerando que la Constitución Política es una estructura con sentido, donde cada una de sus normas mantiene una íntima y coherente vinculación con los valores y principios que determinan el contenido de cada una de sus disposiciones, es claro que toda interpretación de ellas debe realizarse de forma tal que se logre mantener la coherencia del sistema normativo constitucional.

Precisamente por lo anterior, se estima innecesario realizar la reforma constitucional que se propone en la iniciativa que se analiza, pues aun cuando en el artículo 71, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se hace indicación expresa de lo que sucedería en caso de que la Cámara revisora devuelva con observaciones la Minuta aprobada en la Cámara de su origen tratándose de una iniciativa preferente, es claro que el trámite de ésta no pierde tal carácter, aun en la eventualidad de que el proyecto respectivo sea devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, de ahí que resulte fútil precisar mediante una reforma constitucional que tratándose de una iniciativa preferente, las Cámaras respectivas deberán contar con 15 días para realizar los trámites legislativos que se detallan en los incisos d) y e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior encuentra apoyo en lo sostenido en el dictamen de la Minuta de reforma constitucional en materia de reforma política, aprobado por la Cámara de Diputados, donde al referirse a la iniciativa de trámite preferente, se señaló que éste era un instrumento con el que se buscaba fortalecer la colaboración y corresponsabilidad entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, para la atención de aquellos temas considerados como prioritarios para el país. Sobre el particular se apuntó lo siguiente:

“a).- INICIATIVA PREFERENTE

(Últimos 3 párrafos del artículo 71)

Estas dictaminadoras consideran que con la adición de tres párrafos al artículo 71 constitucional, el Poder Ejecutivo y Legislativo, encontrarán coadyuvancia en los asuntos de gran relevancia para la sociedad mexicana, es decir, el Congreso de la Unión, a través de la atención legislativa preferente, dará trámite a dos iniciativas que la ameriten, cuya relevancia, trascendencia y estado de necesidad a juicio del Presidente de la República, así lo justifique.

Esta figura jurídica para estas dictaminadoras no es improvisada, ya que existe con algunas variantes en otras democracias como la Francesa, Alemana, Chilena, Brasileña, Colombiana, Uruguaya, Paraguaya, etc.

En México, la división del poder, se basa en un sistema de pesos y contrapesos, con lo que es claro, que la colaboración del Poder Legislativo se traducirá en la doctrina y en la práctica política, como una cuestión esencial para el equilibrio de poderes.

En este sentido, estas dictaminadoras, consideran que con esta reforma, no se obstruirá la labor del Ejecutivo, ya que como se ha referido, ello es parte del equilibrio de los poderes, y por ende da congruencia al contenido de los artículos 41, 49, 71 fracción I y 80, constitucionales.

La iniciativa preferente, no atenta contra el principio de la División de Poderes, sino por el contrario fortalece el procedimiento legislativo, ello en beneficio de la colectividad y del desarrollo del país.

En nuestra Constitución, el procedimiento legislativo, resulta ser un principio universal, en el que para aprobar una ley se debe cumplir con determinados requisitos de estudio, quórum, discusión y votación, a fin de evitar la precipitación y, sobre todo, cumplir con los fines del propio Estado, asegurando el bien común.

Es importante señalar que no se trata de un trato preferente respecto del contenido de los argumentos o del sentido de la votación; pues, la preferencia consiste exclusivamente en la obligación del Congreso de pronunciarse sobre la iniciativa, ya sea en favor o en contra.

Además, no debe pasar desapercibido que el avance en el movimiento del país no puede entorpecerse por cuestiones de índole política, ni cualquier otra supuesta razón que retrase el desarrollo del país.

Es inevitable que en este contexto de pluralidad de fuerza políticas que convergen en el Congreso de la Unión se generen diversidad de pensamientos, luego entonces se hace necesaria la existencia de mecanismos que permitan la construcción de acuerdos en beneficio del país, los miembros de esta Comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa preferente fortalecerá los cauces de colaboración política entre el poder ejecutivo y legislativo, sin que implique debilitamiento de ninguno de los poderes, en virtud de que ambos mantienen sus facultades intocadas, simplemente se da cauce preferente o de importancia a propuestas legislativas del poder Ejecutivo.

En síntesis, se trata de prever la atención legislativa preferente de aquellas iniciativas que la ameriten, por su importancia y trascendencia, a juicio del Presidente de la República. En todo lo cual estas Comisiones Unidas están de acuerdo.4

Podrá advertirse, que el fin último que subyace en la incorporación de la iniciativa de trámite preferente, consiste en agilizar los trámites legislativos en aquellos asuntos que el titular del Poder Ejecutivo Federal, estime como prioritarios para el país, buscando desde la respetuosa colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, fomentar una democracia eficaz, donde la pluralidad de ideas y corrientes ideológicas, no represente un obstáculo para la generación de acuerdos en aquellos temas que resultan de atención impostergable.

En este contexto, considerando que la intención del Poder Constituyente Permanente, al implementar la iniciativa preferente en el sistema normativo constitucional mexicano, fue la de dotar de la mayor funcionalidada las relaciones entre el Poder Legislativo y Ejecutivo Federales, es que resultaría inadmisible considerar que una iniciativa de trámite preferente corre el riesgo de seguir un trámite ordinario, ante la eventualidad de que la Cámara revisora devuelva con observaciones la Minuta aprobada en la Cámara de su origen.

Al respecto, debe considerarse que en la primer ocasión en que el Congreso de la Unión recibió del Ejecutivo Federal, dos iniciativas con el carácter de preferente, a la sazón la correspondiente al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; así como la relativa al proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para Transparentar y Armonizar la Información Financiera relativa a la aplicación de Recursos Públicos en los distintos órdenes de gobierno, presentadas, la primera en la Cámara de Diputados y la segunda, en la Cámara de Senadores, como Cámara de origen respectivamente, las correspondientes Mesas Directivas de dichos cuerpos colegiados, adoptaron con prontitud, y dentro del marco normativo que rige su organización interior, las medidas necesarias para la inmediata discusión y votación de las iniciativas en cuestión, aun cuando en ambos casos las minutas aprobadas en las Cámaras de su origen, fueron devueltas con las observaciones de la Cámara revisora.

No se omite señalar, que por cuanto hace a la Cámara de Diputados, el 31 de diciembre de 2012, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a su Reglamento interno para regular el procedimiento de iniciativa preferente, con el objetivo de atender este tipo de asuntos con la oportunidad y diligencia exigida constitucionalmente.

Por su parte, en el artículo 122, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, se encuentra dispuesto, que si previo a la integración de las comisiones ordinarias, se llegara a presentar un asunto que requiera despacho urgente, la Junta de Coordinación Política, a través de la Mesa Directiva, podrá proponer al Pleno lo procedente.

Al ser claro para ambas Cámaras del Congreso de la Unión, que el carácter de preferente de una iniciativa así estimada por el Ejecutivo Federal, en ningún momento pierde dicha cualidad, aun ante la eventualidad de que la Cámara revisora devuelva con observaciones la Minuta aprobada en la Cámara de su origen, resulta innecesario realizar adición alguna al respecto en el texto constitucional, pues de ser necesario implementar alguna adecuación para su trámite, este deberá hacerse en los reglamentos respectivos de las Cámaras del Congreso de la Unión.

A mayor abundamiento, debe considerarse que en el actual texto del artículo 71, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran establecidas las bases generales para atender aquellas iniciativas que sean señaladas como de trámite preferente, por lo que cualquier precisión normativa que se requiera para dar el cauce adecuado a las iniciativas en cuestión, deberá resolverse en el nivel de la legislación secundaria, sea en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en los Reglamentos respectivos de las Cámaras del Congreso de la Unión, tal y como lo hiciera la Cámara de Diputados mediante reformas a su Reglamento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012, por tratarse de disposiciones que tendrían sólo por objetivo facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley en las respectivas Cámaras del Poder Legislativo Federal, según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis y criterios jurisprudenciales.5

En conclusión, es claro que dentro del marco normativo que rige la organización y funcionamiento de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, existen las previsiones jurídicas necesarias, para que pueda discutirse y votarse por el Poder Legislativo Federal, cualquier iniciativa de trámite preferente, atendiendo el objetivo que inspiró la implementación de este instrumento.

UNICO. Desechar en su totalidad la iniciativa presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Partido Acción Nacional, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto a la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Senado de la República, a 2 de abril de 2013.

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.


El proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 95 y 99 constitucionales, presentado el 18 de septiembre de 2012.

1Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política, en: Gaceta Parlamentaria del Senado, miércoles 27 de abril de 2011, Segundo Periodo Ordinario, No. de Gaceta: 255. Versión electrónica en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8424&lg=61

2 Al respecto puede consultarse a Carpizo, Jorge, La interpretación constitucional en México, visible en la dirección electrónica http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/12/art/art1.pdf, Pág. 385.

3 Al respecto puede consultarse a Carmona Tinoco. Jorge Ulises, Interpretación judicial constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 1996, Pág. 90.

4 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana, sobre la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política, publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión año XIV, número 3378-I, del jueves 27 de octubre de 2011.

5 Al respecto es conducente las tesis P./J. 94/2001, de rubro VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 95 Y 99 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 95, fracción VI y 99 párrafo doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, procedieron al estudio de la iniciativa en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos85, numeral 2, inciso a; 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 137, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida iniciativa, y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCION DE LA INICIATIVA” se sintetiza la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se expresan las razones que sustentan el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. El 18 de septiembre de 2012, los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno del Senado, iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 95, fracción VI y 99 párrafo doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la fecha indicada con antelación, la iniciativa de mérito fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, y dictamen correspondiente.

3. El 15 de noviembre de 2012, mediante oficio DGPL-1P1A.-2172, suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de conocimiento la excitativa formulada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, para que presentara el dictamen de diversas iniciativas, entre ellas, la que es objeto del presente dictamen.

4. El 23 de noviembre de 2012, mediante oficio CPC-RCA-118/11/2012, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 212,numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, un plazo mayor para dictaminar las iniciativas referidas en el oficio DGPL-1P1A.-2172.

5. El 27 de noviembre de 2012, mediante oficio DGPL-1P1A.-2611, suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de conocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales, que la Mesa Directiva de esta Cámara la prórroga autorizada para la elaboración de los dictámenes sobre diversas iniciativas, entre las que se encuentra la que es objeto del presente dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

En la iniciativa que se analiza, se propone reformar los artículos 95, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de establecer como impedimento para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el haber sido Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

Por otra parte, se pretende reformar el artículo 99 párrafo doce del Texto Fundamental, con el propósito de homologar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se propone que los primeros duren en sus cargos 15 años improrrogables, al término de los cuales tendrán derecho a un haber de retiro.

Los autores de la iniciativa apoyan la razonabilidad de la reforma constitucional que presentan, pues estiman que ello impedirá a los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intenten acceder al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que estiman ocasiona detrimento a los principios de autonomía, independencia e imparcialidad de los integrantes de la Sala Superior, puesto que al ser estos quienes resuelven las impugnaciones y califican la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, del funcionario que propone al Senado de la República las ternas de quienes integrarán el Máximo Tribunal del País, ello podría afectar los principios antes citados que deben regir su actuación.

Para una mayor claridad, a continuación se inserta el cuadro comparativo entre el texto vigente y el que se propone en la iniciativa.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO.

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita:

I…

II…

III…

IV…

V….

VI. No haber sido Secretario de Estado Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita:

I…

II…

III…

IV…

V…

VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Artículo 99…

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Artículo 99…

Los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo quince años improrrogables y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber de retiro. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Ninguna persona que haya sido Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podrá ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

III. CONSIDERACIONES

Después de realizar un estudio de la iniciativa en análisis, estas Comisiones dictaminadoras discrepan de la necesidad de realizar la reforma constitucional que se indica en la iniciativa sujeta a dictamen, por lo que se propone su desechamiento en vista de las razones siguientes:

El derecho fundamental que tiene todo ciudadano de acceder en condiciones de igualdad a las diversas funciones públicas de su país, es considerado como un derecho humano que se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos1, la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”,2 y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer3, todos ellos suscritos y aprobados por el Estado Mexicano.

Como ocurre con cualquier derecho fundamental, la posibilidad de acceder a las diversas funciones públicas del Estado del que se es connacional, sea mediante elección popular, o por diversos mecanismos de selección o ingreso, puede ser objeto de limitaciones, no obstante, tal como se ha sostenido en diversas tesisjurisprudenciales, las restricciones que pueden imponerse deben atender a los siguientes criterios: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, es decir, con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la consecución de los objetivos que fundamentan la restricción constitucional; y c) ser proporcionales, por lo que debe haber una correspondencia entre el fin perseguido y los efectos perjudiciales que generará la restricción, de forma que esta no resulte innecesaria o desmedida en perjuicio de otros bienes y derechos protegidos constitucionalmente4.

Tal como se menciona en la iniciativa en estudio, de conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, sin perjuicio de las facultades de control de la constitucionalidad que por cuanto hace a las leyes electorales puede ejercer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, la labor que realizan los Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones electorales, debe desarrollarse atendiendo a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad, al ser propios de quien realiza funciones jurisdiccionales.

Es menester considerar que el cumplimiento de los fines y los principios que deben imperar en el ejercicio de la función jurisdiccional que realizan los Magistrados del citado Tribunal Electoral, en ningún momento ha sido considerado como un impedimento constitucional, para que quienes integran sus diversas Salas, puedan, de ser el caso, formar parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al respecto, en la parte final del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, claramente se precisa que los nombramientos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

En este contexto, podrá advertirse que haber ejercido el cargo de Magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes que resultar un impedimento para poder ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constitucionalmente resulta un elemento más que podrían considerar el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, para determinar la nominación y en su caso, el nombramiento, respectivo ante una vacante en el Pleno del Tribunal Constitucional del país, en particular si existe la constancia documental e histórica de que el postulado para dicho cargo, desempeñó las funciones propias del cargo de Magistrado Electoral, con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia.

No es óbice para dejar de considerar lo anterior, el hecho de que los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen el deber constitucionalmente establecido, de resolver las impugnaciones que procedan, realizar la calificación y el cómputo final de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, del funcionario que en su momento, tiene la posibilidad de integrar y presentar las ternas de los candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en términos del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán ser puestas a consideración del Senado de la República, para que este, previa comparecencia de las personas propuestas realice la designación que corresponda.

Lo anterior es así, pues dadas las características del sistema de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nominación que haga el Ejecutivo Federal de ningún modo puede considerarse como determinante o definitiva en la selección y designación de quienes ocuparán un lugar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que en esta labor tiene un papel relevante y primordial el Senado de la República, en el que están representadas todas las fuerzas políticas, a través de una votación calificada, en atención al principio de colaboración entre poderes.

De un análisis del procedimiento de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, descrito en el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que este se desarrolla esencialmente en tres etapas.

La etapa de elección, con la que da inicio este procedimiento, implica la intervención del Ejecutivo Federal, quien tiene a su cargo identificar a las personas idóneas para ocupar el cargo, las cuales deberán satisfacer los requisitos enlistados en el artículo 95 de nuestra Carta Magna. Con las personas electas, el Presidente de la República integrará una terna, que será sometida a consideración del Senado de la República, situación que atempera la intervención del Ejecutivo Federal en la elección de la vacante a Ministro, dado que la designación correspondiente implica la necesaria colaboración entre poderes, en este caso, con el Poder Legislativo representado por el Senado de la República.

Posterior a la elección de los integrantes de las terna, sucede la etapa de designación a cargo del Senado de la República, donde se desarrollan las comparecencias de los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal. En esa fase los integrantes del Senado verifican que los propuestos satisfagan a cabalidad los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro, además de la idoneidad, capacidad y méritos profesionales y personales necesarios para desempeñar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, la etapa de nombramiento, la cual es consecuencia de que alguno de los integrantes de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal haya alcanzado la votación necesaria para ser designado en el cargo de Ministro, que es de las dos terceras partes de los miembros del Senado que se encuentren presentes en la sesión respectiva. Es en esta etapa, donde quien resultó electo realiza el juramento respectivo ante el Senado de la República, en los términos prescritos en el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar, que solo ante la eventualidad de que el Senado de la República no realice la designación que corresponda, en el plazo perentorio de treinta días que se establece en el primer párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o bien, cuando habiendo sido rechazada la primer terna por el Senado, y habiendo sido propuesta una segunda por el Ejecutivo, ésta también resulte rechazada, podrá entonces ocupar el cargo la persona que dentro de la terna respectiva, designe el Ejecutivo Federal.

Podrá advertirse que el sistema de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien contempla una participación relevante del Ejecutivo Federal, también implica una participación esencial de la Cámara de Senadores, al recaer en sus integrantes la decisión final de quien vestirá la toga de Ministro del Tribunal Constitucional del país.

En este contexto, la participación del Ejecutivo Federal en el procedimiento de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien relevante, solo excepcionalmente resulta definitoria en la designación de quien ocupará la vacante respectiva, pues tal decisión se desarrolla en un marco de colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, en este caso, con la intervención del Senado de la República. A respecto César Astudillo señala:

“El método de designación tiene el mérito de unir las voluntades del órgano de representación territorial y la institución que encarna la unidad del Estado, bajo la premisa de que simbolizan el punto de convergencia de los valores y principios constitucionales que constatan la unidad e indivisibilidad del Estado Mexicano”.5

Dada la colaboración existente entre el Ejecutivo Federal y el Senado de la República para la designación de quien podrá ocupar una vacante en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es incuestionable que la sola elección por parte del Presidente de la República de las personas que integrarán la terna respectiva, de ningún modo puede constituir un indicio o base para sospechar o presumir falta de probidad, honorabilidad, conocimientos, aptitudes personales o profesionales para desempeñar el cargo de Ministro, pues como se ha dicho, el sistema de designación de los Ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está diseñado para que la elección de quien integrará ese órgano colegiado, sea producto de un análisis acucioso de los méritos, aptitudes y conocimientos, así como de la previa verificación de los requisitos constitucionales de quienes son considerados para ocupar la vacante de Ministro en el Máximo Tribunal del país, la cual se realiza en un plano de colaboración respetuosa entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, en este caso, a través del Senado de la República.

En esta tesitura, estas Comisiones Unidas estiman que la propuesta de reforma que se describe en la iniciativa, deriva en una restricción que no resulta admisible dentro del ámbito constitucional de nuestro país, pues la circunstancia de haber desempeñado el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de ningún modo puede considerarse como un impedimento racional para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al contrario, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal situación podría ser estimada como un factor adicional que deberán considerar, tanto el Ejecutivo Federal como el Senado de la República, para realizar la propuesta y designación respectiva, máxime si existe evidencia que la persona propuesta se desempeñó con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia electoral.

Además de lo anterior, debe considerarse que la consecución de los principios de autonomía, independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad, en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral, se encuentran garantizados por el sistema de responsabilidades a que se encuentran sujetos los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que la restricción que se propone imponer a quien ocupe dicho cargo para acceder al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta innecesaria para lograr la finalidad que se pretende, pues ya existen instrumentos normativos que garantizan con mayor efectividad la autonomía, independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral.

Adicionalmente, se considera que la restricción que se propone en la iniciativa al derecho de acceder a las funciones públicas del país, resulta desproporcional, dado que el fin que se busca con la misma, no justifica una afectación al derecho de acceder a las funciones públicas del país en la magnitud que se propone, es decir, estableciendo un impedimento absoluto para que los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan acceder al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxime cuando existen otros mecanismos o medidas que permiten asegurar el debido ejercicio de la función jurisdiccional electoral que desempeñan tales Magistrados como integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Adicionalmente, el establecer el impedimento de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que sean inelegibles al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colisiona con el principio constitucional y derecho humano de libertad de ocupación, previsto en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también colisiona con el principio y derecho humano de igualdad, contenido en el artículo 4 de la propia Constitución, toda vez que establece condiciones de desigualdad para quienes son magistrados electorales, con relación a otros magistrados de tribunales colegiados o unitarios de circuito, para poder acceder o competir para ser considerados, en igualdad de oportunidades a un cargo de mayor jerarquía al que representa la magistratura y aspirar a ocupar un asiento y formar parte del Tribunal Constitucional de nuestro país.

Por lo antes expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, proponen:

UNICO. Desechar en su totalidad la iniciativa de los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 95, fracción VI y 99 párrafo doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Senado de la República, a 2 de abril de 2013.

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Y el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8o. constitucional, presentado el 23 de octubre de 2012.

1 Ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981, entrando en vigor para México el 23 de junio de 1981.

2 Ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, entrando en vigor para México el 24 de marzo de 1981.

3 Ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, entrando en vigor para México el 3 de septiembre de 1981.

4 Al respecto es aplicable la tesis de la Primera Sala, correspondiente a la décima época, número 1a./J. 2/2012 (9a.), de rubro RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V,Febrero de 2012, Tomo 1.

5 Astudillo, César,El nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, visible en la dirección http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2894/16.pdf, Pág 355.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 8o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa del Senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los integrantes de ambas Comisiones, procedieron al estudio de la iniciativa en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 137, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida iniciativa, y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCION DE LA INICIATIVA”se sintetiza la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se expresan las razones que sustentan el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. El 23 de octubre de 2012, el Senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, una Iniciativa que contiene proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la fecha indicada con antelación, la iniciativa de mérito fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio, valoración y dictamen.

3. El 23 de noviembre de 2012, mediante oficio CPC-RCA-118/11/2012, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 212,numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, un plazo mayor para dictaminar diversas iniciativas, entre ellas, la que es materia del presente dictamen.

4. El 27 de noviembre de 2012, mediante oficio DGPL-1P1A.-2611, suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de conocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales, que la Mesa Directiva de esta Cámara la prórroga autorizada para la elaboración de los dictámenes sobre diversas iniciativas, entre las que se encuentra la que es objeto del presente dictamen.

5. El 20 de diciembre de 2012, mediante oficio DGPL-1P1A.-4074.43, suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de conocimiento la excitativa formulada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, para que presentara el dictamen de diversas iniciativas, entre ellas, la que corresponde al presente dictamen

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La iniciativa que se analiza, propone reformar el artículo 8, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer un plazo de quince días hábiles para que la autoridad a la que se le haya solicitado información en ejercicio del derecho de petición, responda y notifique al peticionario, exceptuando la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se disponga, lo anterior para dar certeza y seguridad jurídica a los mexicanos en el ejercicio de este derecho.

III. CONSIDERACIONES

Después de realizar un estudio de la Iniciativa en análisis, estas Comisiones dictaminadoras discrepan de la necesidad de realizar la reforma constitucional que se indica en la iniciativa sujeta a dictamen, por lo que se propone su desechamiento en vista de las razones siguientes:

El derecho de petición puede definirse como aquel que permite a los habitantes del país, realizar planteamientos y cuestionamientos por escrito, de forma pacífica y respetuosa a las autoridades públicas gubernamentales, los cuales deberán ser atendidos sin excepción por la autoridad correspondiente, quien deberá dar una respuesta escrita y congruente con lo solicitado, en breve término al peticionario.

De acuerdo a una tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, la garantía del derecho de petición se compone de 3 subgarantías, que deben ser acatadas por las autoridades, las cuales son las siguientes: 1.- Dar respuesta por escrito a la petición formulada; 2.- Que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado y; 3.- Dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término.1

La iniciativa en estudio propone reformar párrafo segundo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues según se indica en la exposición de motivos, a pesar de que el mismo contempla el derecho de petición, y que a toda petición debe recaer una respuesta, a juicio de su autor, no se especifica el plazo en el que la autoridad deba acordar la misma. Es por ello que se propone establecer un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de reforma:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad ante quien se haya presentado, la cual tiene obligación de notificarlo al peticionario dentro del término de quince días hábiles, con excepción de la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se disponga.

De igual forma, en la iniciativa en comento, se manifiesta que no basta con que se establezcan las palabras “breve término” en el texto vigente del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar respuesta a los peticionarios, ya que esto obstaculiza que las respuestas de las autoridades sean expeditas, lo cual da como resultado la imprecisión y discrecionalidad de los servidores públicos, provocando una falta de certeza y seguridad jurídica de los ciudadanos.

Debe entenderse que el concepto “breve término”, no es un concepto desprovisto de contenido, pues su alcance y sentido ha sido definido en diversastesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como las que se citan enseguida:

“[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Marzo de 2011; Pág. 2167.

Derecho de peticiOn, SUS ELEMENTOS.

El denominado “derecho de petición”, acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición o constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el petición, y no por otra diversa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO

[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo X, Octubre de 1992; Pág. 318

DERECHO DE PETICION. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TERMINO Y CUAL ES AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO.

No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 8o. constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XIII, Febrero de 1994; Pág. 390

PETICION. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TERMINO.

La expresión“breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988; Pág. 390

PETICION, DERECHO DE. “BREVE TERMINO”.

La garantía que se consagra en el artículo 8o. constitucional tutela el derecho de los particulares para que les sea contestada toda petición que eleven a las autoridades, en breve término y, si la demanda de amparo se promueve antes de transcurridos cuatro meses desde la presentación del escrito que no ha sido contestado, y no existe motivo alguno para considerar que no pudo haberse dado debida respuesta en dicho lapso, existe violación al artículo octavo constitucional en perjuicio de la parte quejosa, pues las características de la petición son las que determinarán el término2 para que se estime violado dicho precepto e inclusive éste podría ser computado en días, si la naturaleza de la solicitud así lo exige.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

De las tesis antes transcritas, se desprende que los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, han sido consistentes en señalar que por “breve término”, debe entenderse aquel lapso que racionalmente se requiera para el estudio, elaboración y notificación de la petición efectuada, puesto que sería inexacto determinar un plazo igual para todas y cada una de las peticiones, debido a que, como bien lo señalan los diversos Tribunales del Poder Judicial de la Federación, cada una de las peticiones debe ser analizada atendiendo las particularidades del caso concreto.

En este sentido debe considerarse que si bien, en términos de los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados del Poder Judicial Federal, se ha fijado un plazo máximo para dar respuesta por escrito a los peticionarios, cabe la posibilidad de que éste pueda ser mucho menor, por lo que resulta necesarioanalizar cada caso en concreto para poder determinar con exactitud el plazo correspondiente que tiene la autoridad para dar atención a cada una de las peticiones que se le formulen.

En vista de lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la propuesta de establecer quince días hábiles como lapso perentorio para que la autoridad dé respuesta a las peticiones de los ciudadanos, como se propone en la iniciativa en estudio, podría no ser suficiente, o bien, podría llegar a ser excesivo, para acordar una solicitud realizada en el ejercicio del derecho de petición, ya que como se ha sostenido en diversas tesis y criterios jurisprudenciales, lo racional es que el plazo para la respuesta dependa de la naturaleza de la petición, donde habrá de considerarse la complejidad de lo solicitado, sus características, así como los estudios y trámites necesarios que la contestación requiera.

A mayor abundamiento, debe considerarse que también ha sido criterio reiterado de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, que en aquellos casos donde no se encuentre específicamente señalado en la ley un plazo para dar respuesta a una petición concreta, se debe acudir a una disposición que guarde una semejanza material y sustancial con lo solicitado para determinar el tiempo de respuesta, lo cual obedece al principio que indica “que donde existe la misma razón, debe regir la misma disposición”. Al respecto es aplicable la siguiente tesis:

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Enero de 2006; Pág. 2361

DERECHO DE PETICION. PARA DETERMINAR EL BREVE TERMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGIA SI NO EXISTE REGULACION EXPRESA.

El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosa- un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza “donde existe la misma razón debe regir la misma disposición”.3 En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respectivo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Por lo anterior, es claro que el plazo para dar contestación a las peticiones de los ciudadanos de la República Mexicana por parte de las autoridades correspondientes, en algunos casos puede ser especificado de manera expresa, sin que ello excluya la posibilidad de que el plazo de respuesta, pueda desprenderse racionalmente de aquellas disposiciones jurídicas que prevean una situación sustancial y materialmente semejante con lo solicitado por el peticionario, o bien, que el miso sea fijado atendiendo a las particularidades del caso concreto.

Es importante recalcar que, aún y cuando en la propuesta de la iniciativa en estudio se exceptúan “la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se disponga”,es claro que pueden existir peticiones ajenas a ese tema en particular, que no obstante precisenmás de quince días hábiles para su contestación.

Por último, no puede pasar desapercibido, que existe una sinergia entre el derecho de petición con el derecho a la información, los cuales son coincidentes en que la respuesta de las autoridades correspondientes debe hacerse con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad.4

En mérito de lo anterior, estas Comisionesdictaminadoras estiman innecesaria la reforma constitucional que se propone en la iniciativa en estudio, considerando que existen diversas tesis y criterios jurisprudenciales, que sirven como referente para dotar de contenido a la expresión “breve término”, actualmente prevista en el texto del artículo 8, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que evita toda merma a la seguridad y certeza jurídica al ejercicio del derecho de petición.

Por lo antes expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, proponen:

UNICO. Desechar en su totalidad la iniciativa presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Senado de la República, a 2 de abril de 2013.

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Y de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y Estudios Legislativos, Primera, que propone desechar el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 124 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada el 12 de febrero de 2013.

1 Al respecto son conducentes las tesis del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del sexto circuito. “Petición. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHo Derecho.” [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2; Pág. 931

2 Los subrayados en las tesis son propios.

3 Énfasis añadido.

4 Al respecto es aplicable la tesis identificable como J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Febrero de 2011; Pág. 2027 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: “DERECHO DE PETICIÓN. SU RELACIÓN DE SINERGIA CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN”.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 124 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión los anteriores dictámenes.

El Senador Benjamín Robles Montoya publicó su voto particular respecto del dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto que reforma el artículo 35 constitucional. En esa virtud, se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Agradezco en principio el uso de la palabra para referirme precisamente al dictamen que tiene que ver con la propuesta que presentamos ante este Pleno para reformar el artículo 35 de la Constitución y empoderar a los ciudadanos de este país para poder participar en la elaboración de los presupuestos.

El cuerpo dictaminador del documento que ahora discutimos, señor Presidente, asegura que la participación de la ciudadanía en la conducción y la gestión de los asuntos públicos no es un tema novedoso en nuestro régimen político. Un servidor considera que dicha afirmación más que un ejercicio de correcta técnica legislativa responde a criterios políticos.

Pero además señalo que lo innegable, y a final de cuentas lo que nos incumbe como legisladores, es que estos esquemas son claramente, y a la vista de todos, insuficientes hoy en día.

Más aún me permito señalar que estoy totalmente convencido que como legisladores debemos instaurar esquemas democráticos horizontales y deliberativos que permitan empoderar a todo ciudadano para participar en las decisiones colectivas.

Las dictaminadoras señalan que la posibilidad de introducir presupuestos participativos, supone de antemano resolver diversos aspectos que hagan posible y viable su aplicación, por lo menos señalan que se deben definir algunos aspectos que quiero comentar:

Hablan de que se debe definir previamente el porcentaje del presupuesto que debiese ser objeto de esta forma de definición del gasto, hablan de definir también el grado de participación ciudadana que se involucraría en la asignación, ejecución y control de la partida presupuestaria respectiva, y de las reglas a las que se sujetaría el ejercicio de la consulta, así como la definición del destino del gasto correspondiente.

Con relación a este último aspecto, plantean las dictaminadoras que es menester precisar, así lo plantean quienes estarán legitimados para intervenir en el debate presupuestario, es decir, que para determinar en definitiva la priorización de las acciones públicas a emprender y los criterios para establecer dicha priorización, deben establecerse, según ellos, algunos parámetros, así también de cómo se habrán de fijar éstos. De igual forma, dicen las dictaminadoras que será necesario precisar los rubros a los que podría destinarse el gasto involucrado en el presupuesto participativo.

Dicen que también tendría que hablarse de las reglas y el procedimiento para definir la viabilidad técnica de las propuestas ciudadanas.

Plantean que las instituciones o autoridades encargadas de la organización, de la conducción del desarrollo y la validación de los resultados en la consulta, también es un asunto que debiese preverse.

La participación que, en su caso, se otorgaría, según lo plantean a las autoridades municipales durante este proceso, así como a las reglas a que se encontraría sujeta dicha intervención.

Yo planteo, ante este Pleno, que por supuesto que deben ser considerados a la hora de implementar el presupuesto participativo en los municipios, al igual que las consideraciones contempladas por el autor Ernesto Ganuza Fernández, tan profusamente mencionado en el dictamen.

La pretensión de este dictamen, o principal argumento para desechar la presente iniciativa, en relación a que la propuesta no es explícita en la adición constitucional de una serie de aspectos de carácter jurídico, presupuestario y logístico, que según ellos son indispensables para que los presupuestos participativos gocen de operatividad, y yo planteo que esto resulta totalmente inadmisible.

Es más, yo digo que en esta tesitura, debemos asumir que ese cuerpo dictaminador cree pertinente poner en la Constitución pues toda una reglamentación, cada vez que se haga una reforma constitucional, y por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con ello.

Y por eso yo solamente traigo a la memoria de los integrantes del Pleno la última modificación constitucional o una de las últimas que aprobamos aquí de gran calado en esta Soberanía que tiene que ver con la reforma educativa. Yo recuerdo que reformamos los artículos 3o. y 73 de la Constitución, y apenas significó un punto de partida para una serie de reformas que se deben de estar haciendo, que se están discutiendo ya de manera informal de acuerdo a los propios procesos legislativos en ambas Cámaras. Es decir, yo sostengo que el Congreso de la Unión cuenta con un periodo transitorio que le obliga a cumplimentar todas las reformas.

Lo anterior, señor Presidente, como corolario y que demuestra la fragilidad del argumento bajo el cual las comisiones unidas pretenden desechar esta iniciativa, estipulando, como elemento indispensable, contar con antelación con la normatividad necesaria para que este derecho de los ciudadanos sea contemplado en la Carta Magna, nosotros lo planteamos como un grave error.

También señalamos que los mecanismos bajo los cuales se instrumentaría este derecho de los ciudadanos, de naturaleza evidentemente técnica y procedimental, debiesen ser considerados en una ley secundaria, y no en la Constitución, como se insiste en el dictamen.

Señalan las dictaminadoras que esta iniciativa podría dificultar o entorpecer el ejercicio del presupuesto, y por ende, la buena marcha y la administración del municipio conculcaría el principio de libertad hacendaria municipal, previsto en el artículo 115, fracción IV de nuestra Constitución.

Al afirmar que no existe claridad en los mecanismos bajo los cuales se instrumentaría este derecho de los ciudadanos, se colige después en el dictamen que esto atentaría contra la autonomía de los municipios.

Un servidor difiere de todo eso, y diferimos de todo eso toda vez que, cuando las dictaminadoras afirman que por el principio de libertad hacendaria fue establecido por el poder reformador de la Constitución, a efecto de fortalecer la autonomía y la autosuficiencia económica de los municipios, se obvia, señor Presidente, que ese diseño institucional tenía como fin ulterior protegerse a los municipios pero de cualquier intromisión o arbitrio por parte del gobierno del Estado o del gobierno federal. Es decir, blindaría la autonomía municipal, pero no frente a la participación de los ciudadanos, sino frente al poder ejecutivo estatal o del Ejecutivo Federal. En este sentido, argumentar que el empoderamiento ciudadano atenta contra la autonomía de los municipios, es lo mismo que afirmar, señor Presidente, que la democracia atenta en contra del sistema político.

Por eso nosotros vamos a votar en contra del dictamen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Sonido por favor en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, ¿para qué asunto, para lo mismo?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para razonar mi voto en contra del dictamen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para razonar el voto en contra del dictamen, se le concede el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

Hemos estado impulsando desde siempre la democracia en este país, la democracia directa. Mi partido, el de la Revolución Democrática, plantea como un proyecto alternativo de nación lo que es el estado social democrático y de derecho.

Desde esa visión no concebimos la exclusión del pueblo en la toma de las decisiones fundamentales y, sin duda, que una decisión fundamental es cómo se gastan los recursos que el pueblo aporta para el desarrollo social. Por eso el planteamiento que hace el Senador Benjamín Robles en que se aplique el presupuesto participativo principalmente en los municipios conlleva a que se dé la participación ciudadana.

Los ayuntamientos en los cabildos deciden, es cierto, conjuntamente en la propia Constitución lo que se debe hacer en un territorio, sin embargo, se toman decisiones fundamentalmente políticas, no se toman decisiones a partir de revisar con puntualidad cuáles son las necesidades más urgentes que se tienen en los municipios.

Y, entonces, dependiendo de quién ganó el ayuntamiento se orienta el presupuesto.

Por eso vamos a votar en contra del dictamen que plantea: No al presupuesto participativo.

Yo pregunto, compañeros Senadores, y lo digo respetuosamente, no con una votación mecánica vamos a callar la voz del pueblo.

Aquí les aseguro que no hay uno solo de los Senadores de la República que no esté planteando que le demos poder al pueblo para la toma de decisiones; solamente los autoritarios, solamente los autócratas, solamente aquellos que coinciden con las tesis de la discriminación del pueblo, sin duda que se subirían aquí a plantear: No al presupuesto participativo.

El pueblo es el gran venero de donde surge el poder y entonces a lo largo y ancho del país se está impulsando la ley o las leyes de participación ciudadana, y el presupuesto participativo no es otra cosa más que eso, darle poder al pueblo para que a la hora de definir cómo se tendrá que gastar el presupuesto público, el pueblo oriente a quienes van a gobernar.

Un principio democrático que no falla es el principio de mandar obedeciendo, y en ese sentido el que tiene el poder debe mandar, pero acatando las instrucciones que dé quien le da el poder. Es decir, el que gobierna debe acatar la instrucción del pueblo, porque es el pueblo el que finalmente le otorga el poder.

Normalmente las necesidades de los que menos tienen no son tomadas en cuenta. Y si se aplicara el presupuesto participativo, como bien lo señala el Senador Benjamín Robles, entonces estaríamos frente a un escenario en donde los que menos tienen, que son los mayores, la mayoría en este país, si tomamos en cuenta que 57.7 millones de mexicanos están en la pobreza, entonces estos desvalidos tendrían una oportunidad para hacer valer sus necesidades frente a un gobierno que ni los ve ni los oye, pero sí los excluye.

Por estas razones, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, sí les pedimos que el voto de ustedes sea para que se rechace el proyecto que estamos votando y que se incluya el presupuesto participativo en el artículo 35, como lo propone el compañero Senador Benjamín Robles Montoya.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Compañeras y compañeros Senadores:

La verdad es lamentable la orientación de este dictamen a la iniciativa presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya para incorporar como derecho de todo ciudadano el poder participar en el proceso de asignación y ejecución del presupuesto en el municipio, en su municipio.

Desde nuestro particular punto de vista, no es argumento válido ni procedente para negar el establecimiento de este derecho constitucional humano y político, el hecho de que la iniciativa no hubiera contemplado aspectos relacionados con el porcentaje del presupuesto que será objeto de esta forma de definición del gasto.

El grado de participación ciudadana que se involucrará en la asignación, ejecución y control de la partida presupuestaria respectiva, las reglas a las que se sujetará el ejercicio de consulta, así como la definición del destino del gasto correspondiente, quienes estarán legitimados para intervenir en el debate presupuestario, es decir, para determinar en definitiva la priorización de las acciones públicas a emprender y los criterios para establecer dicha priorización, así como la forma en que se fijarán éstos los rubros a los que podrá destinarse el gasto involucrado en el presupuesto participativo, las reglas y procedimientos para definición, la viabilidad técnica de las propuestas ciudadanas, las instituciones como autoridades encargadas de la organización, conducción, desarrollo y validación de los resultados de la consulta y la participación que en su caso se otorgará a las autoridades municipales durante el proceso, así como las reglas a que se encontrará sujeta su intervención.

Como podrán ustedes advertirlo, se trata de reglas de procedimiento secundarias para establecer cómo ejercer este derecho constitucional no para definir la importancia social y política que un derecho democrático de esta naturaleza conlleva dentro del sistema de democracia participativa al que aspiramos a transitar.

El derecho constitucional de los ciudadanos a participar en la asignación y ejecución del presupuesto público municipal no puede, bajo ningún argumento, sujetarse a reglas de legislación secundaria, que son importantes y necesarias, pero que serán objeto seguramente de un segundo momento legislativo una vez que el derecho constitucional sea reconocido.

Es evidente que el derecho ciudadano al presupuesto participativo en la presente reforma constitucional, pretende adecuar el marco jurídico y ampliar, a través de éste y de una auténtica reforma estructural normativa y funcional de la administración pública municipal, la satisfacción oportuna y suficiente de los requerimientos sociales con espacios amplios para que la ciudadanía participe activamente y en forma constante en el diseño, ejecución y evaluación de la función pública y los recursos que se invierten en el gasto público.

Otro de los motivos que impulsa la reforma constitucional de mérito, es la modernización de una administración pública que responda con mayor capacidad de solución a los reclamos sociales, bajo el impulso de nuevas formas de organización, planeación y ejecución del presupuesto público; no desde la perspectiva del funcionario, sino a partir de la necesidad del ciudadano. Es decir, del auténtico dueño y destinatario de los recursos públicos.

Desde una visión más efectiva y directa del desarrollo social que les proporcione a los municipios mayor certidumbre y capacidad de atender la demanda ciudadana como primer orden de gobierno desde la estructuración de programas públicos que deriven de la propia propuesta y planeación comunitaria.

En la definición de presupuesto, participativos con visión integradora, así como la definición de las políticas y los programas sectoriales, resulta fundamental la opinión y propuesta de la propia sociedad organizada. Es por ello que precisamente a partir de esta reforma se ha propuesto instituir y reconocer en nuestra Carta Magna mexicana un nuevo derecho ciudadano de participación social para la planeación del desarrollo que obligue particularmente a los municipios a integrar necesaria y obligatoriamente las propuestas ciudadanas de sus planes y programas de desarrollo y la inclusión de la participación de todos los sectores sociales en las decisiones de la agenda pública, así como la priorización de obras y recursos públicos.

Negar este derecho es negarle a los mexicanos la oportunidad de decidir libremente en qué invertir sus impuestos y sus recursos, y más aún, es negarles el derecho fundamental a participar en el desarrollo de sus regiones y comunidades bajo un principio básico de la democracia directa.

Una reforma de esta naturaleza no sólo hará posible transitar de una democracia representativa desgastada y cuestionada a una democracia participativa demandante, de mayor espacio de participación social.

Hará posible también inscribir a nuestro país entre las democracias más consecuentes, incluyentes y modernas del mundo, elevando a la garantía de la participación ciudadana el rango constitucional de derecho fundamental, reconocido por los propios organismos y tratados internacionales.

Es por ello que apelamos al buen juicio de nuestras compañeras y compañeros Senadores, les exhorto respetuosamente a que se apoye el dictamen con el voto particular presentado por el Senador Benjamín Robles Montoya y se proceda a la aprobación de la fracción IX del artículo 35 de nuestra Constitución, reconociendo como derecho del ciudadano y, por lo tanto, fundamental poder participar en el proceso de asignación y ejecución del presupuesto en sus municipios.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Morón.

Informo a la Asamblea que una vez agotada la lista de oradores, procederemos a votar de los diez dictámenes en sentido negativo, diez de los once que no presentaron ninguna reserva, y posteriormente votaremos por separado el que presentó la reserva por parte del Senador Benjamín Robles Montoya.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los diez dictámenes que no presentaron reserva alguna, los diez de manera conjunta.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los diez Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los diez acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Comuníquense los mismos.

Sonido en el escaño del Senador Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Señor Presidente, para rogarle que pueda obsequiarme que con base en el artículo 99, numeral 2 de nuestro Reglamento, la votación de este dictamen sea de carácter nominal, repito, como lo menciona el artículo 99, numeral 2 de nuestro Reglamento.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Robles Montoya, sólo le pediría que en base a lo que señala precisamente nuestro Reglamento se pueda dar el respaldo de cinco Senadores para poder abrir la votación de manera nominal, y pido nada más que la Secretaría tome nota de ello, de quiénes son las Senadoras y los Senadores que están respaldado al Senador Benjamín Robles Montoya.

Pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para votar el proyecto referente a la adición que se presentó al artículo 35 de nuestra Constitución.

Quienes voten a favor, estarían votando obviamente a favor en los términos de la presentación del dictamen, quienes votan en contra, estarían en contra, desde luego, del dictamen.

VER DOCUMENTO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, le informo que se emitieron 81 votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese el mismo. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

A continuación pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)







 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a otro dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión estos dictámenes. Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes, señor Presidente, con su venia.

Los dos dictámenes que ponemos a consideración de esta Asamblea, refieren a una exigencia de justicia inscrita desde hace siete años por parte de una madre que ha recurrido a distintas instituciones para que su hijo y otros tres amigos aparezcan, quienes fueron desaparecidos en Monterrey, Nuevo León.

El dictamen que está presentando en este sentido la Comisión de Derechos Humanos, a solicitud de la propuesta que fue presentada a esta tribuna para el dictamen de ésta comisión, tiene que ver con insistir en que en función de las atribuciones que tiene conferidas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueda acelerar, pueda dar respuesta de manera más diligente a las quejas promovidas, en este caso, por Julia Alonso Carvajal, relativa a la desaparición de su hijo Julio Alberto López, y además de otros tres amigos, Oscar Chavana, Daniel Treviño y Leonardo Garza.

Por lo tanto, nos parece conducente que el Senado de la República le solicite de manera respetuosa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pueda atender y dar respuesta a esta solicitud que ya, insisto, lleva varios años.

El siguiente dictamen, fue un dictamen discutido en la comisión, y además ampliado el margen de la solicitud original, porque así lo consideraron necesario quienes integran la Comisión de Derechos Humanos, de tal forma que ampliamos que en el caso de la desaparición forzada pudiera no solamente exhortarse a un solo titular de un Poder Ejecutivo, de un estado de la República, sino extender esta solicitud de información a los titulares de los Poderes Ejecutivos de todos los estados de la República y también del Distrito Federal.

Creemos oportuno que el primer punto de este otro dictamen es necesario que se pondere toda esta información por parte del Senado de la República, de tal forma que tengamos los insumos que puedan servir de fundamento, de argumentación para la inscripción en la legislación en la materia en la que estamos obligados en término de los pendientes derivados del artículo 1o. constitucional.

Y además, el segundo punto también plantea que las legislaturas y que la Asamblea del Distrito Federal, es decir, los congresos locales de los 32 estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también, en función de sus atribuciones constitucionales, legislen y tipifiquen en donde hace falta el delito de desaparición forzada como un delito autónomo.

Además, la comisión tomó consideración de inscribir un tercer punto, que nos parece muy conducente, en el sentido de que este Senado solicite a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados de la Federación y del Distrito Federal también, atiendan a las organizaciones y comités de familiares de personas desaparecidas o de personas detenidas.

Que se fortalezcan y se consoliden la coordinación entre los distintos niveles y dependencias del gobierno en aras de avanzar en la integración de una base amplia de datos, confiable, también, en materia de personas víctimas del delito de desaparición forzada.

Y por último, un inciso c), que refiere a que se implemente un programa de seguimiento y evaluación a las investigaciones sobre desapariciones forzadas de personas, en donde actúe un cuerpo colegiado integrado por miembros de la sociedad civil organizada, por funcionarios públicos con capacidad de decisión y mando y cuyos resultados puedan ser verificables cada tres meses.

No obvio decir que la, insisto, pertinencia de la aprobación de estos dos dictámenes nos confiere el Senado de la República la posibilidad de tener de manera fidedigna, de manera puntual la información para poder determinar todas las acciones legislativas y también, inclusive, parlamentarias que nos permitan dar respuestas a estas solicitudes y a estas propuestas que han hecho distintas legisladoras y legisladores, y que hoy ponemos a su consideración en estos dos dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos.

Es cuanto, muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Se le concede el uso de la palabra, para hablar a favor, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de un grupo de mujeres pintoras que vienen a la exposición del maestro pintor poblano, Aurelio Leonor Solís, invitadas por las Senadoras Lucero Saldaña y Blanca Alcalá Ruiz. ¡Bienvenidas!

(Aplausos)

Adelante, Senadora Mariana Gómez del Campo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Me parece muy importante el dictamen que en estos momentos estamos por votar, un dictamen que discutimos en la Comisión de Derechos Humanos, primero porque el tema de desaparición forzada o también desaparición involuntaria de personas, es el término que designa a un tipo de delito complejo, que supone la violación de múltiples derechos humanos y que cometieron determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos, o también particularmente en América Latina, como detenidos desaparecidos.

Este punto de Acuerdo, el origen era enfocado concretamente al estado de Michoacán, un informe sobre las desapariciones forzadas en el estado de Michoacán, y se terminó solicitando un informe a todos los estados de la República, incluido el Distrito Federal.

También me parece muy importante que todos los congresos locales tomen cartas en el asunto, y que puedan legislar este delito de desaparición forzada de personas.

Por otro lado, es también por esta razón que el Senado de la República solicita a los titulares de los Poderes Ejecutivos que atiendan primero a las organizaciones y comités de familiares de personas detenidas y desaparecidas, que fortalezcan y consoliden la coordinación entre los distintos niveles de dependencias de gobierno.

Y por último, que se implemente un programa de seguimiento y evaluación a las investigaciones sobre desapariciones forzadas de personas. Yo espero que este tema no solamente se discuta el día de hoy, sino que pueda ser un tema prioritario para el Senado de la República, porque diariamente se dan estas desapariciones forzadas.

Es cuanto, señor Presidente, gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

No habiendo más oradores sobre este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dos dictámenes presentados.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados. Comuníquense.

Tenemos la discusión de 4 dictámenes de la Comisión de Seguridad Pública, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)







 

COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al tercer dictamen.







 

COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al cuarto dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos puntos de Acuerdo. No habiendo oradores sobre estos asuntos, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los mismos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tenemos la discusión de 4 dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)







 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al tercer dictamen.







 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al cuarto dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres. Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos puntos de Acuerdo. Para referirse al dictamen sobre la venta de cigarros sueltos, se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

El tabaquismo es una enfermedad que causa daños irreversibles a la salud, y es el responsable de diversas enfermedades, primordialmente de tipo respiratorio, cardiovascular y de cáncer.

Un solo cigarro posee 20 miligramos de alquitrán. Sin embargo, el problema se agrava todavía más cuando los fumadores deciden adquirir para su consumo cigarros de producción ilegal.

Dichos cigarros repercuten todavía más en la salud de la población, ya que no cuentan con los permisos sanitarios y de venta; no tienen ningún tipo de supervisión y lo que genera es un origen desconocido.

Por lo general su venta se realiza en puestos ambulantes, cruceros viales y tiendas, y peor aún, a la vista de las autoridades públicas solapando y fomentando la impunidad.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), dio a conocer que el 16.6 por ciento de los cigarros consumidos en México son ilegales y tienen su origen en el contrabando.

Asimismo, existen alrededor de 102 marcas de cigarros que no cuentan con el consentimiento de las autoridades correspondientes.

La venta y distribución de cigarros ilegales también afecta la economía nacional.

Tan solo en el año 2011, la recaudación fiscal por concepto de tabaco cayó más de 11 millones de pesos, según lo estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior es un problema no menor, que de no atenderse, podría generar graves problemas a la salud de la población y con esto se incrementarán los costos de los tratamientos para las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Por tal razón, colegas legisladoras y legisladores, hago una cordial invitación para votar a favor del presente dictamen, pues con esto se exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Salud a implementar acciones tendientes a prevenir, combatir y sancionar el contrabando, la piratería y venta ilícita de los cigarros, para evitar su proliferación en el mercado nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

No habiendo más oradores sobre este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de Acuerdo que están a discusión.

Le informo a la Asamblea que votaremos los tres puntos de Acuerdo que no tuvieron ninguna reserva y posteriormente votaremos el punto de Acuerdo número dos, en el cual hizo la reserva el Senador David Monreal Avila.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los tres asuntos anteriores. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos primero, tercero y cuarto. Comuníquense.

Pido que se ponga a consideración del Pleno el Acuerdo número dos, para que en votación económica se decida si se aprueba o no.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo número dos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo sobre la conformación y funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PUBLICA;
Y DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos al apartado de proposiciones, y para ello se le concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de contingencia por sequía atípica en los 46 municipios del estado de Nuevo León afectados.





 

PROPUESTAS

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; compañeros Senadores:

Los que suscribimos el presente punto de Acuerdo, su servidora Cristina Díaz, Marcela Guerra, Ivonne Alvarez y Raúl Gracia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentamos esta proposición con punto de Acuerdo, de urgente resolución, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las autoridades competentes, se emita declaratoria de contingencia por sequía en los 32 municipios faltantes del estado de Nuevo León afectados, y a través de las diversas dependencias correspondientes se implementen las acciones inmediatas de largo plazo para mitigar los daños ocasionados en la población y en los sectores productivos, al tenor de las siguientes consideraciones:

En el año 2011, México experimentó al inicio la peor sequía del país en los últimos 70 años, afectando a más de 1,200 municipios de 19 entidades federativas. Esta situación se volvió excepcionalmente prolongada y sus consecuencias y efectos se siguen viviendo hasta la fecha, debido a que los niveles de precipitación pluvial se han mantenido muy por debajo del promedio, además de ser alarmantemente insuficientes para el desarrollo de las actividades agropecuarias y para cubrir las necesidades básicas de la población rural en el país.

El estado de Nuevo León ha sido altamente afectado por esta situación desde inicios de 2012; en particular los últimos tres meses de ese año y los primeros de 2013, durante los cuales las lluvias han presentado un comportamiento muy diferente a las condiciones de ocurrencia en la mayoría de las comunidades.

Pero la problemática del estado viene de más tiempo atrás; la precipitación pluvial en Nuevo León se ha reducido en un 57% en los últimos seis años, 2007-2012, y sólo en el 2010, con la excepción del Huracán "Alex", que tuvo una precipitación en muy corto periodo de tiempo, que superó la media histórica.

Pero los efectos sobre el sector agropecuario y forestal del estado se reflejan en una baja muy significativa de la producción agrícola entre 2007 y 2012. Por ejemplo, el fríjol bajó hasta un 80%, el maíz en un 91%, la naranja en un 33%, el sorgo y grano en un 87.5% y el trigo en grano en un 90.5%, entre otros. La producción pecuaria se estima que derivado de la sequía tuvo una reducción del 35% del hato de ganado bovino.

En las áreas forestales, ya de por sí escasas en nuestro estado, el principal efecto se ha dado en el incremento de las plagas de los bosques. La población de barrenadores del tronco, que matan a los árboles, generalmente se incrementa en los años secos, por lo que el daño se ha extendido significativamente en los últimos años y hemos terminado con el área forestal.

También se ha observado una disminución muy dramática en la cantidad de agua disponible en las presas y acuíferos. Las principales presas que abastecen de agua a Nuevo León, tanto para consumo humano como para la agricultura y ganadería se encuentran muy disminuidas. La presa El Cuchillo tiene un 25.2% de su capacidad, Cerro Prieto un 44%, Venustiano Carranza un 29.6%, Salinillas un 36% y La Boca con 56%. Hace apenas año y medio teníamos alrededor del 70% de la capacidad.

Muchos de los embalses de abrevadero para el ganado están secos y los pozos profundos y norias tienen un gasto inferior al 50% de su capacidad, y muchos otros ya están secos.

Los efectos de la sequía acumulada, y lo subrayo, sequía acumulada, a lo largo de estos años, más la presión cada vez más fuerte que la creciente población ejerce sobre el medio al extraer más agua del subsuelo y de los escurrimientos superficiales para uso humano, agropecuario e industrial, demandan acciones para enfrentar este reto para mitigar sus efectos y para adaptarnos a esta nueva realidad.

Los 46 municipios, de los 51 que tiene la entidad, más afectados por la sequía son: Allende, Anáhuac, Apodaca, Aramberri, Bustamante, Cadereyta Jiménez, Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, China, Dr. Arroyo, Dr. Coss, Dr. González, Galeana, García, General Bravo, General Terán, General Treviño, General Zaragoza, General Zuazua, Los Herreras, Higueras, Hualahuises, Iturbide, Juárez, Lampazos de Naranjo, Linares, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Parás, Pesquería, Los Ramones, Rayones, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Hidalgo, Santa Catarina, Santiago, Vallecillo y Villaldama.

En febrero de este año el gobierno federal, a solicitud del gobierno del estado de Nuevo León hecha desde noviembre de 2012, mostró sensibilidad a través de la SAGARPA ante esta problemática, dando acceso a recursos del Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos a 14 municipios.

Sin embargo, nos restan 46 municipios que están afectados, por lo que es muy importante que se amplíen los apoyos a los 32 municipios restantes que han sido igualmente afectados y que juegan un papel preponderante en las actividades agropecuarias del estado.

Nuestro punto de Acuerdo es el siguiente:

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las dependencias competentes, se agilicen los trabajos para otorgar la declaratoria de contingencia por sequía a los 32 municipios faltantes del estado de Nuevo León, para que de esta manera puedan ser beneficiarios del Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, SAGARPA.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a todas las dependencias del Programa Especial Concurrente para el Campo a diseñar y ejecutar un programa de obra pública a mediano y largo plazo para captar agua, recuperar la capacidad productiva de la región y tomar previsiones ante futuras sequías en el marco del Programa Nacional contra la Sequía anunciado en enero pasado; así como para capacitar a la población en una nueva cultura sustentable.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Trabajo y Previsión Social, y demás dependencias involucradas, a realizar tareas inmediatas para atender a la población más vulnerable del estado en los temas del agua, alimento y salud; y a activar de inmediato programas de empleo temporal.

Suscribimos Ivonne Alvarez, Marcela Guerra, Raúl Gracia y su servidora, por lo que pedimos que sea de urgente resolución este exhorto para atenderlo.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR DECLARATORIA DE CONTINGENCIA POR SEQUIA ATIPICA EN LOS 46 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON AFECTADOS Y A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES INMEDIATAS Y DE LARGO PLAZO NECESARIAS PARA MITIGAR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LA POBLACION Y EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS

“La que suscribe, Senadora Cristina DIaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, numeral 1, Fracción II, 108, 109 y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las autoridades competentes, se emita declaratoria de contingencia por sequía atípica en los 46 municipios del estado de Nuevo León afectados, y a través de las diversas dependencias correspondientes se implementen las acciones inmediatas y de largo plazo necesarias para mitigar los daños ocasionados en la población y en los sectores productivos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el año 2011, México experimentó el inicio de la peor sequía del país en los últimos 70 años, afectando a más de 1200 municipios en 19 entidades federativas. Esta situación se volvió excepcionalmente prolongada, y sus consecuencias y efectos se siguen viviendo hasta la fecha, debido a que los niveles de precipitación pluvial se han mantenido muy por debajo del promedio; además de ser alarmantemente insuficientes para el desarrollo de las actividades agropecuarias y para cubrir las necesidades básicas de la población rural del país.

El estado de Nuevo León ha sido altamente afectado por esta situación desde inicios de 2012; en particular los últimos tres meses de ese año y los primeros de 2013, durante los cuales las lluvias han presentado un comportamiento muy diferente a las condiciones de ocurrencia promedio en la mayoría de las comunidades.

Pero la problemática en el estado viene de más tiempo atrás; la precipitación pluvial en Nuevo León se ha reducido en un 57% en los últimos 6 años (2007-2012). Sólo en el 2010, por efecto del Huracán “Alex”, se tuvo una precipitación en un muy corto período de tiempo que superó con mucho la media histórica de 606 milímetros anuales, al llegar en algunos lugares a superar los 1,000 milímetros.

Los efectos sobre el sector agropecuario y forestal del estado se reflejan en una baja muy significativa en la producción agrícola entre 2007 y 2012. Por ejemplo: en frijol bajó hasta 80%, en maíz 91%, en naranja 33%, en sorgo grano 87.5%, en trigo grano 90.5%, entre otros. En producción pecuaria, se estima que derivado de la sequía hubo una reducción del 35% del hato de ganado bovino.

En las áreas forestales, ya de por sí escasas, el principal efecto se ha dado en el incremento de las plagas en los bosques. La población de barrenadores del tronco, que matan a los árboles, generalmente se incrementa en los años secos, por lo que el daño se ha extendido significativamente los últimos años.

También se ha observado una disminución muy dramática en la cantidad de agua disponible en las presas y acuíferos. Las principales presas que abastecen de agua a Nuevo León, tanto para consumo humano como para la agricultura, se encuentran muy disminuidas. La presa “El Cuchillo” tiene un 25.2% de su capacidad, “Cerro Prieto” un 44%, “Venustiano Carranza” un 29.6%, “Salinillas” 36% y “La Boca” un 56%. Hace apenas año y medio tenían alrededor del 70% de su capacidad.

Muchos embalses de abrevadero para el ganado están secos y los pozos profundos y norias tienen un gasto inferior al 50% de su capacidad; algunos ya se secaron.

Los efectos de la sequía acumulada a lo largo de los años, más la presión cada vez más fuerte que la creciente población ejerce sobre el medio al extraer más agua del subsuelo y de los escurrimientos superficiales para uso humano, agropecuario e industrial, demandan acciones para enfrentar este reto, para mitigar sus efectos y para adaptarnos a esta nueva realidad.

Los 46 municipios, de los 51 que tiene la entidad, más afectados por la sequía son: Abasolo, Agualeguas, Los Aldamas, Allende, Anáhuac, Apodaca, Aramberri, Bustamante,Cadereyta Jiménez, Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, China, Dr. Arroyo, Dr. Coss, Dr. González, Galeana, García, General Bravo, General Terán, Gral. Treviño, Gral. Zaragoza, Gral. Zuazua, Los Herreras, Higueras, Hualahuises, Iturbide, Juárez, Lampazos de Naranjo, Linares, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Parás, Pesquería, Los Ramones, Rayones, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Hidalgo, Santa Catarina, Santiago, Vallecillo y Villaldama.

En febrero de este año el Gobierno Federal, a solicitud del gobierno del estado de Nuevo León hecha desde noviembre de 2012, mostró sensibilidad a través de la SAGARPA ante esta problemática, dando acceso a recursos del Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos a los municipios de: Allende, Cadereyta Jiménez, Dr. Arroyo, García, Gral. Terán, Hidalgo, Higueras, Juárez, Lampazos de Naranjo, Mina, Rayones, Sabinas Hidalgo, Santa Catarina y Villaldama.

Sin embargo, éstos son sólo 14 de los 46 municipios afectados, por lo que es muy importante que amplíen los apoyos a los 32 municipios restantes que han sido igualmente afectados, y que juegan un papel preponderante en las actividades agropecuarias del estado.

Ante lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 108 y 109 del Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las dependencias competentes, se agilicen los trabajos para otorgar la declaratoria de contingencia por sequía atípica a los 32 municipios faltantes del estado de Nuevo León, para que de esta manera puedan ser beneficiarios del Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a todas las dependencias del PEC (Programa Especial Concurrente para el campo) a diseñar y ejecutar un programa de obra pública a mediano y largo plazo para captar agua, recuperar la capacidad productiva de la región y tomar previsiones ante futuras sequías en el Marco del Programa Nacional contra la Sequía anunciado en enero pasado; así como para capacitar a la población en una nueva cultura sustentable.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Trabajo y Previsión Social, y demás dependencias involucradas a realizar tareas inmediatas, para atender a la población más vulnerable del estado en los temas del agua, alimento y salud; y a activar de inmediato programas de empleo temporal.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 2 de abril de 2013.

Suscribe

Sen. Cristina Díaz Salazar”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar. Como ella lo ha solicitado y con base en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar sobre este asunto, ha pedido hacer uso de la palabra la Senadora Ivonne Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro de la propuesta.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: Muchas gracias, señor Presidente.

Pues para apoyar absolutamente y venir a pedirles la sensibilidad y la solidaridad a todos nuestros Senadores por lo que hoy están viviendo nuestros productores del estado de Nuevo León. Nosotros conocemos todos los rincones de nuestro estado y nuestros productores son gente trabajadora, gente echada para adelante, gente con mucha fuerza y mucha fortaleza para poder producir, pero hoy lamentablemente las inclemencias del tiempo son las que han variado toda esa actividad que tenía el campo de nuestro estado.

Nuevo León se compone por 51 municipios, de los cuales 46 son los que están siendo afectados por esta sequía y por lo cual estamos pidiendo su solidaridad y la sensibilidad para poder apoyar que se haga una declaratoria no sólo de 14 municipios, sino de los 46 en total, que son los que se están viendo afectados por esta sequía.

Esto no resolverá el problema de raíz, esto solamente va ayudar a mitigar el grave problema que están viviendo hoy nuestros productores. La baja de la cosecha de trigo, la baja en las cuestiones de la cosecha citrícola, de la que hoy se está cosechando se perderá hasta el 50% de producción debido a la escasez del agua.

Y si hablamos del ganado, hoy también tienen un serio problema, pero se va agravar más en los próximos meses a medida de que las temperaturas empiecen a subir, como en el mes de mayo. Hoy les venimos a pedir que apoyemos a nuestros productores, que tengamos esa solidaridad, que nos pongamos en los zapatos de esa gente que tiene la esperanza a que esta declaratoria se dé y puedan recibir los apoyos que requieren por parte del gobierno federal.

Compañeros Senadores, sé que contamos con ustedes, ayúdennos a todos los Senadores de Nuevo León y apoyemos a todos los productores que hoy tienen fe, esperanza en que esta declaratoria se dé y que puedan ellos solucionar y mitigar por lo pronto una problemática de raíz, que si no podemos cambiar el clima, sí podamos cambiar la situación tan grave que ellos están viviendo hasta el día de hoy.

Les suplicaríamos su voto a favor, y ojalá contemos con él.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ivonne Alvarez García.

Para hablar en pro, han pedido hacer uso de la palabra el Senador Raúl Gracia Guzmán, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y el Senador David Monreal Avila. En su turno se les concederá el uso de la palabra.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Gracias, señor Presidente.

Primero agradecer que se le haya dado el trámite de urgente resolución. Agradecerle a la Senadora Cristina Díaz, quien inicia esta propuesta, creo que es fundamental, Nuevo León pasa de los extremos, pasa de "Alex", hace poco más de dos años, a estos 18 meses de sequía que tiene el estado en una crisis climatológica grave, y como ya dijo la Senadora Ivonne Alvarez, pues afecta tanto al campo como al ganado, que son fundamentales en la vida económica de Nuevo León.

Por eso les pido su apoyo para exhortar al Ejecutivo Federal para que haga esta declaratoria, nosotros haremos lo propio también a nivel estatal para que el gobierno del estado también cumpla con su responsabilidad y pueda dar la solución a nivel local que requieren estos campesinos, estos ganaderos, estos agricultores, porque obviamente que la solución no es nada más aquí a nivel federal, sino es también a nivel estatal, y hay un problema que tendrá que atender la instancia correspondiente a nivel estatal y que estaremos presionando al efecto.

Muchas gracias por su apoyo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Gracia Guzmán.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Lo que pasa en este país es verdaderamente dramático, es dramático porque eso es lo que vive una cantidad inmensa de mexicanos y de mexicanas que están en situaciones verdaderamente lamentables en cuanto a sus ingresos económicos y en cuanto a sus posibilidades de tener una vida digna.

Estoy haciendo un recorrido por el país a partir de la comisión que desempeño como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y la verdad lo que hemos encontrado supera las estadísticas que nos da el CONEVAL y las estadísticas que nos da el INEGI en materia de personas que se encuentran en pobreza alimentaria.

El abandono de nuestro campo es absoluto, el abandono de los productores de pescado es absoluto, el abandono en general de quienes producen en pequeño en este país es verdaderamente escandaloso. Hemos insistido en que el Senado de la República debiera erigirse como el gran defensor de los derechos humanos de los mexicanos y de las mexicanas.

Yo les pregunto, compañeros Senadores, ¿será Nuevo León el único estado del país que está en condiciones desfavorables por esta sequía? ¿Será Nuevo León el único estado del país que tiene problemas de esta naturaleza?

Revisemos qué pasa en la geografía nacional; el país está en emergencia, el país está en una situación en donde más de 28 millones de compatriotas no saben si van a comer mañana. Hemos estado insistiendo en que se revise el tema de los desastres naturales y que en el presupuesto de la Federación se garantice la atención inmediata a los productores que están en situaciones graves, producto de estos desastres naturales. Y sí nos preocupa que nuevamente sean los grandes productores de este país, porque es un asunto que tenemos que revisar, en dónde están los más desvalidos, en dónde los que no pueden valerse por sí mismos, en dónde están los verdaderamente pobres, y que el recurso que se erogue para situaciones como éstas, de declarar estado de emergencia a Nuevo León, se revise quién verdaderamente requiere, porque si revisamos qué pasó con el tema de la helada que azotó a Sinaloa, vamos a darnos cuenta de que nuevamente son favorecidos los mismos; y, ¿quiénes son los mismos?, pues los que tienen la mayoría de los recursos; y los que están en el fondo del sufrimiento humano, como no tienen acceso a los funcionarios, como no tienen acceso a quién hable por ellos, entonces no son tomados en cuenta.

Por supuesto que una sequía agarra parejo, no se fija si son grandes productores o si son pequeños productores, ese es un hecho.

Por supuesto que estamos a favor del punto de Acuerdo. No podemos oponernos a que en un estado con las condiciones que aquí se han planteado, que sus presas tenían el 70 por ciento de agua, hoy andan sobre el 35 por ciento menos, que el Senado de la República haga un planteamiento muy concreto a las autoridades competentes para que coadyuven a resolver el problema, en su sano juicio nadie se debe oponer a esto, pero sí estamos planteando, yo quiero proponer una adición, si la proponente me lo permite, para que se aplique un acto de justicia en este tipo de situaciones, y la propuesta concreta que estoy haciendo es que se solicite a la SAGARPA, rinda un informe detallado de la situación que guarda el estado de Nuevo León a partir de esta sequía, y que los recursos económicos, primero se le garanticen a quienes van a desaparecer, porque no van a poder aguantar la sequía, por la pequeñez o por lo pequeño y la poca cantidad que producen.

Si revisamos datos, por ejemplo, como con la crisis del huevo, más del 80 por ciento de los granjeros desaparecieron, ¿por qué?, pues porque no pudieron superar el problema de las parvadas, ese fue el problema; ¿quiénes sobrevivieron?, los grandes productores.

Entonces, propongo esta adición, si se permite, y por supuesto que estamos a favor del punto de Acuerdo, que se solicite a la SAGARPA rinda un informe detallado de la situación que guarda el estado de Nuevo León después de la sequía y que el recurso se canalice primero a los que menos tienen.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo. Pido que nos haga llegar por escrito la propuesta para poderla poner a consideración del Pleno en su momento, y desde luego escuchar la opinión de la Senadora Cristina Díaz Salazar.

Desahogamos el Orden del Día en los puntos, de acuerdo a la inscripción para este asunto.

Sonido en el escaño del Senador Domínguez Servién, ¿para el mismo asunto?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, para el mismo asunto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, pero había pedido la palabra el Senador David Monreal, y en su turno, el Senador Francisco Domínguez.

Adelante, Senador David Monreal.

- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Reconozco la sensibilidad de la Senadora Cristina Díaz para un tema tan delicado como es la sequía, y desde luego respaldo y me solidarizo con el mismo, porque estados hacia la misma región como el de Nuevo León, como el de San Luis, el de Zacatecas, Durango, el nuestro, particularmente Zacatecas, son tres años ya de manera consecutiva con estas sequías atípicas, por eso entiendo y quisiera dimensionar la gravedad de esta sequía y la necesidad de que se implementen de manera emergente los programas necesarios para ir al rescate del campo mexicano.

Hoy padecemos esta sequía, ya estamos en el mes de mayo y nuevamente tal como lo expresó en su diagnóstico la Senadora, no es la particularidad del estado de Nuevo León, son varios estados de la República los que están padeciendo esta sequía. Por ello, aprovechando esta proposición, yo invitaría para que se haga una reflexión más profunda y podamos ir al fondo del meollo, porque las sequías que está padeciendo no es solamente la falta de agua, es la sequía de los programas de impulso y de desarrollo al tema de producción en el campo mexicano.

Por ello venimos a sumarnos a esta exhortativa y a este planteamiento que hace la Senadora; y también si nos lo permite, recomendaríamos darle seguimiento una vez que se haga la declaratoria, yo no tengo duda de que habrá de hacerse la declaratoria emergente, porque luego se pierden los recursos destinados al auxilio, al rescate, a la ayuda de nuestra gente y el ánimo que tiene estas declaratorias, entonces, con la autoridad y con la responsabilidad política y social que tenemos los Senadores, darle seguimiento también una vez que se haga esta declaratoria al recurso que se le destine para ir al rescate de esta sequía, de desastres naturales.

Gracias, señor Presidente, y nos sumamos a esta iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Domínguez Servién, desde su escaño.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Si me permite la promovente, la Senadora Cristina Díaz, sumarnos, y yo le pediría, si me permitiera sumar a la zona serrana del estado de Querétaro, que está en sequía, está en pleno estiaje, y acompañando lo que han dicho mis compañeros Senadores, viniendo de heladas que sucedieron en el mes de enero en sus diferentes cosechas, pero aunque no ha sido declarado por el estado, sequía, la zona serrana del estado de Querétaro pido se sume, si me lo permite la Senadora Cristina Díaz y apoyando a su estado Nuevo León que coincido totalmente con lo que ha planteado aquí.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Domínguez.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Romo Medina.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Para los mismos efectos, de sumarme a la propuesta de la Senadora Cristina Díaz en relación a mi entidad, Aguascalientes.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Romo.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Yo quiero pedirle a mi compañera Cristina Díaz, felicitándola por este esfuerzo, me permita hacer junto con ella suscriptor del punto de Acuerdo e incluir al estado de Hidalgo, porque me parece muy interesante su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Omar Fayad. Le preguntaremos a la Senadora Cristina Díaz si acepta la propuesta que ha hecho el Senador.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Cavazos Lerma.

- El C. Senador Manuel Cavazos Lerma: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Tamaulipas padece el mismo problema y están en riesgo no solamente 250 mil hectáreas en el Distrito 025, sino también la ganadería tamaulipeca con una de las mejores genéticas de la República. De manera que solicitaría que se incluyera también a Tamaulipas y sumarme a este punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Cavazos Lerma.

Para el mismo asunto, también se han inscrito los Senadores Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, Beristain Navarrete, de Quintana Roo, Teófilo Torres Corzo y la Senadora Martha Palafox.

Sonido en el escaño del Senador Teófilo Torres Corzo.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para el mismo efecto, también para sumarme a lo propuesto por la Senadora Cristina Díaz. Pero además, San Luis Potosí tiene el problema de que acaban de siniestrarse diez mil hectáreas con incendios terribles. Solicitar también la intervención de las secretarías que correspondan del gobierno federal para que apoyen a San Luis Potosí por lo que se refiere no solamente a la sequía, que también nos sumamos porque San Luis tiene grandes problemas de sequía, sino también para estos grandes siniestros e incendios que tiene mi estado.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Teófilo Torres Corzo.

Sonido en el escaño de la Senadora Luz María Beristain.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) En el mismo sentido, apoyando la propuesta y comentando que en Quintana Roo en este momento estamos viviendo de igual manera una serie de incendios, cientos de hectáreas han sido devastadas por el fuego. La semana pasada tuvimos un problema muy serio en el sur del estado, ahí por Bacalar, cientos de hectáreas igual han sido siniestras. Por lo tanto, solicitamos igual al gobierno federal se nos apoye en esta contingencia que en este momento también está sufriendo el estado de Quintana Roo. Y desde luego apoyar a todos los estados que están viviendo el mismo problema.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

También ha pedido hacer uso de la palabra el Senador Francisco Búrquez y el Senador Patricio Martínez.

Sonido en el escaño del Senador José María Martínez, ¿para el mismo asunto?

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Creo que la inquietud y la preocupación de las y los Senadores va en el mismo sentido, creo que todos nos sumamos no sólo por esta causa que ha presentado la Senadora Cristina Díaz Salazar, sino creo que nos sumamos por la preocupación que existe en cada una de nuestras entidades federativas. Y en ese sentido, yo le pediría a la proponente, a la Senadora Cristina Díaz Salazar, y a quienes han manifestado el interés de hacer un documento más amplio, que se pueda trabajar de manera conjunta en ello y presentar, si así lo consideran, a la Mesa Directiva una propuesta que incluya las inquietudes que han presentado las y los Senadores en este momento y en la que creo que todos tenemos la misma inquietud.

En lo personal, yo le diría Durango está viviendo exactamente el mismo problema y sé que es en la gran mayoría de los estados, sobre todo de la parte norte del país.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador José María Martínez.

Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz Salazar.

- La C. Senadora Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Primero agradecer a los Senadores la solidaridad que han mostrado a este exhorto, pero que indudablemente en sus estados lo están padeciendo.

Hay un estudio que tiene la SAGARPA y la CNA donde nos habla cómo a partir del 2007 la sequía ha avanzado en todo América del Norte con el cambio climático, y esto ha propiciado que más de la mitad de los estados que integramos la República Mexicana estemos padeciendo. Por lo cual, yo reconozco la sensibilidad social para un tema tan importante y tan emergente en estas circunstancias.

Pero sí quisiera yo pedir que, por favor, además del documento que va a elaborar la Presidencia, le dieran el turno correspondiente a éste.

Nosotros en Nuevo León, como lo explicamos, en el mes de noviembre el gobierno del estado y posteriormente en enero, hizo una solicitud para la declaratoria de sequía, sin embargo, solamente se la dieron a 14 municipios.

Hoy es muy importante lograr que sean los 32 restantes para que de un total de 46 municipios que están siendo severamente afectados por las sequías y que en estos momentos ha perdido grandes extensiones agropecuarias, en Nuevo León indudablemente también tenemos un problema de agua para consumo humano. A mí sí me gustaría que se pudiera lograr mantener este exhorto que estamos haciendo para lograr que entren los 32 restantes y, por supuesto, nos sumamos a un documento que enviaría la Presidencia al gobierno federal.

Pero sí me gustaría dejar este documento tal y como lo presentamos los Senadores por Nuevo León, porque necesitamos sumar a esos 32 municipios a la declaratoria que ha venido haciendo el gobierno del estado y que hay una urgencia y una emergencia, se está muriendo la gente de sed. Nuestras presas han bajado de manera sustancial, como lo expliqué en tribuna, el agua para abastecimiento humano.

Le ruego a usted, por favor, si lo puede someter a consideración.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para el mismo asunto. Es nada más para secundar la postura de mi compañera Cristina Díaz Salazar respecto a darle curso a este punto de Acuerdo, el cual por supuesto no está reñido con la postura de los demás compañeros que entendemos y por supuesto apoyamos. Creo que darle el curso, señor Presidente, a este punto sería eficientar y, además, como lo dijo la Senadora Cristina Díaz, tendríamos tiempo también para hacer otra propuesta con todos los estados que se han manifestado.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Marcela Guerra.

En virtud de que la Senadora Cristina Díaz Salazar propone que se mantenga en los términos el documento que ella presentó, sin limitar desde luego la posibilidad de lograr un acuerdo mucho más amplio, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, primero, si se acepta en los términos que ha planteado la Senadora Cristina Díaz este documento y hacerle una propuesta también a la Asamblea para que quienes han manifestado el interés de poder construir un documento mucho más amplio, esta Mesa Directiva lo que le sugiere a las señoras y señores Senadores es que se trabaje en una propuesta para que en la sesión de mañana se pueda presentar, pero ya con información mucho más precisa de cada una de las entidades y que sea un documento mucho más integral.

Por lo tanto, procederemos primero a tomar la votación de la propuesta que está haciendo la Senadora Cristina Díaz, y dejar desde luego abierta la opción para que el día de mañana, en base a esas inquietudes, se pueda elaborar un documento y presentarlo al Pleno.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo le estoy solicitando a la compañera Senadora Cristina Díaz que se permita una adición a su punto de Acuerdo. Yo no estoy hablando de que Morelos se incorpore también, sino que hay una situación que se ha venido dando en donde los más desfavorecidos no son tomados en cuenta, y lo acabamos de vivir en Sinaloa con el recurso que llegó para el tema de las heladas que hubo en Sinaloa. Entonces, lo que le estoy planteando a la Senadora, es que nos permitiera esa adición, que la leyera la Mesa Directiva, y que la asignación de recursos, pues yo estoy seguro que aquí lo vamos a lograr, se diera favoreciendo primero a los que están ardiendo de desaparecer como productores, porque son pequeños, no pueden enfrentar una sequía, una crisis producto de una sequía, porque van a desaparecer, solamente van a sobrevivir los productores y entonces con una situación así, favoreceríamos al monopolio y no creo que sea la idea.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

La Senadora Cristina Díaz fue muy clara.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Hace un par de semanas yo presenté un punto de Acuerdo solicitando que se decretara zona de desastre también 41 municipios de Michoacán y del estado de Guanajuato por las heladas, entonces, le suplico que lo sume al paquete de solicitudes, los productores no tienen la culpa de que aquí se prioricen cosas, así es que yo le suplico que lo votemos en paquete y que integre mi solicitud al resto de las solicitudes.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luisa María Calderón.

Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño)La situación de emergencia que presenta el estado de Nuevo León está con un punto de Acuerdo muy claro.

Me parece que es necesario darle el trámite correspondiente al mismo, independientemente de que nos estemos sumando a esa propuesta para Nuevo León, más lo que tenemos de la emergencia que es nacional y aún continental, porque el sur de los Estados Unidos se encuentra en una situación de emergencia hidrológica que nos está afectando a nosotros porque las aguas del sur de los Estados Unidos que debieran estarse aportando para cuencas nacionales, no se está cumpliendo, como tampoco México está cumpliendo en sus aportaciones de agua conforme a los tratados internacionales, a los agricultores del sur de los Estados Unidos por la misma razón.

Me parece que el caso tiene dos posiciones, dos vertientes, una muy particular, la presentada por la Senadora Cristina Díaz y que ha merecido el apoyo de los que hemos participado y me parece que por parte del Senado necesitamos una acción con toda la precisión de todo lo que hay en la geografía nacional por la emergencia que se está presentando para que se elabore un plan consistente, congruente, emergente, eficaz, rápido, que no venga la solución del erario y de los apoyos del erario a los productores en el mes de diciembre, como ha ocurrido frecuentemente, sino que llegue con la oportunidad de vida, pero me parece que es un tema que habremos de tratarlo paralelo a esto, pero no necesariamente incrustado en el mismo.

Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Patricio Martínez.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, primero votaremos la propuesta que la Senadora Cristina Díaz mantiene, que se vote su propuesta particular del estado de Nuevo León y esta Mesa Directiva le propone a la Asamblea que el día de mañana podamos presentar un documento donde se integren todas las inquietudes que ha habido de diversas entidades y que pueda ser un documento mucho más amplio, integral y que no sólo tenga que ver con los planteamientos que ha hecho la Senadora Cristina Díaz Salazar.

Entonces, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, quienes estén de acuerdo en que se mantenga en aprobar la propuesta que ha hecho la Senadora Cristina Díaz Salazar y el compromiso de que esta Mesa Directiva el día de mañana de manera conjunta con quienes han manifestado el interés porque se amplíe este documento, presentar un nuevo documento en torno a la problemática que se vive en el resto del país.

Si están de acuerdo, procedemos a recoger la votación en forma económica sobre el punto de Acuerdo que ha presentado la Senadora Cristina Díaz Salazar.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de la Senadora Cristina Díaz, en los términos en que fue presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el punto de Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Sólo para efecto de que pudiera ilustrar a la Asamblea quién se encargará de la redacción del documento que requiere la Mesa Directiva y podernos sumar a ello.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Estaría directamente la Mesa Directiva, con el apoyo de la Secretaría Parlamentaria para elaborar este documento y desde luego tomando en cuenta todas las propuestas, algunas que se presentaron por escrito, más las que ya están en el Orden del Día donde se han presentado efectivamente puntos de Acuerdo en torno a problemas muy localizados, como es el caso de la Senadora Luisa María Calderón del estado de Michoacán, y así tomar en cuenta todos los temas que hay de esta naturaleza. Comuníquese el mismo y el día de mañana se hará la propuesta correspondiente.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra de las amenazas de muerte que ha recibido el activista en pro de los derechos de los migrantes Rubén Figueroa.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Miren, normalmente yo no soy muy a fin a los puntos de Acuerdo, sigo pensando que muchos de ellos son llamadas a misa y casi nadie atiende.

Pero el tema que nos trae hoy aquí a tribuna es un tema delicado, porque tratamos de abordar dos temas en uno.

El primero es el hecho de que en el refugio para migrantes, la 72 en Tenosique, Tabasco, pues ya llevan varias amenazas de muerte tanto Fray Tomás González como Rubén Figueroa, responsables de ese albergue para migrantes centroamericanos, y han acudido en diversas ocasiones a varias autoridades para ser atendidos y al día de hoy las amenazas siguen y obviamente no se ha resuelto por ninguna autoridad, al contrario, han sido amenazados que de seguir con esta práctica de defender a los migrantes centroamericanos, pues obviamente pudieran ser asesinados.

Por eso es importante que este Senado exhorte a la Procuraduría General de la República para que atienda esta advertencia, que inclusive ya lo hizo Amnistía Internacional en el caso de Rubén Figueroa y creo que sí es muy importante que la PGR lo atienda, lo revise y por supuesto se le dé el trámite necesario para proteger la vida de esas personas que están al frente del albergue 72.

Nos referimos a la PGR porque las cosas en la Procuraduría General de la República, a pesar de la confianza que le dio este Senado, pues al día de hoy los resultados han sido muy magros, muy delicados, e inclusive se acaba de aprobar por parte de la PGR desaparecer el Consejo Ciudadano de la Procuraduría General de la República, es decir, la opinión de los ciudadanos dentro de esa institución, y por ello queremos aprovechar este exhorto para pedirle a la PGR que revise esa decisión que acaba de tomar, porque finalmente es importante que la PGR explique por qué cierra las puertas a la participación ciudadana, cuando los ciudadanos y la sociedad civil organizada ha manifestado su legítima preocupación para que su voz se escuche en la formulación e implementación de las políticas de seguridad.

Es necesario que este consejo permanezca, porque hasta el día de hoy la estrategia de seguridad en nuestro país ha sido totalmente errada, por no decir improvisada, un día se dice que se van a convertir a los grupos de autodefensa en policías comunitarias y otro día la PGR va, los detiene y los declara inconstitucionales.

Un día se dice que se va a mantener el Consejo de Participación Ciudadana y otro día se abrogan los acuerdos mediante los cuales se crearon.

El día de ayer se cumplieron cuatro meses del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, y la cifra de muertos está aproximadamente en mil por mes; ya vamos aproximadamente en tres mil ochocientos muertos, y lo más grave, es que es el propio Presidente de la República el que dice que hasta dentro de un año se van a ver resultados.

Es decir, si mantenemos esta estadística por mes y vamos a esperar doce meses más, estamos hablando de 16 mil muertos más para poder ver el primer resultado que nos tiene este nuevo gobierno. Es necesario, amigas y amigos Senadores, que revisemos este tema con delicadeza, que revisemos este tema con profundidad, porque no está solamente en juego la vida de los responsables del albergue la 72, en honor a aquellos migrantes que fueron asesinados en Tamaulipas; está en juego la vida de miles de mexicanos por tener una estrategia de seguridad totalmente equivocada, y que hoy con la desaparición del Consejo Ciudadano de la Procuraduría General de la República se confirma.

Necesitamos que la PGR reconsidere su decisión de desaparecer este consejo, y que de una vez el gobierno federal explique a este Senado cuál es su estrategia en seguridad más allá de la improvisación que hemos visto hasta el día de hoy.

Le solicito a la Presidencia que este punto de Acuerdo se considere de urgente resolución.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LAS AMENAZAS DE MUERTE QUE HA RECIBIDO EL ACTIVISTA EN PRO DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES RUBEN FIGUEROA; Y SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INTERVENGA, RADIQUE, APOYE E INVESTIGUE, RESPECTO DE LAS AMENAZAS DE MUERTE EN CONTRA DEL SEÑOR RUBEN FIGUEROA

“El que suscribe, JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, Senador de la República por la LXII legislatura del Congreso de la Unión, Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos, 8 fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración del Pleno: proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra de las amenaza de muerte que ha recibido el activista en Pro de los Derechos de los Migrantes Rubén Figueroa y le externa todo el apoyo, para que siga adelante con su noble labor y se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga, radique, apoye e investigue, respecto de las amenazas de muerte en contra del activista Rubén Figueroa, activista en Pro de los Derechos Humanos de los Migrantes, bajo la siguiente:

ExposiciOn de Motivos

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia” (artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)

La población migrante es uno de los grupos más vulnerable, México es el país con más número de migrantes, la cercanía, con el país del norte lo convierte en el punto de paso para todos lo centro americanos y hasta personas de todas partes del mundo, desgraciadamente la travesía por la que pasan todos se convierte en muchas ocasiones en una pesadilla, se convierten claramenteen víctimas de abusos tristemente por parte de las autoridades mexicanas y hasta el blanco perfecto de la delincuencia organizada, quienes les cobran entre 100 y hasta 300 dólares a los migrantes, para dejarlos subirse al ya tan famoso tren la bestia, que recorre toda la República desde la frontera sur hasta la frontera norte y que se convierte en el transporte perfecto de muchos de los de ellos para tratar de pasar a los Estados Unidos, conla única ilusión de tener mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Pero como toda historia de terror, siempre hay una esperanza o algo que nos hace que nos reconfortemos y que el panorama no se vea tan difícil y duro, y este es el caso del también ya famosos albergue la 72, en Tenosique, Tabasco, una de las rutas donde empieza el recorrido de los migrantes así el sueño americano. Inaugurado el día 25 de abril del 2011, enfocado a apoyar a todos los migrantes y que lleva el nombre de la 72 en honor a los migrantes que murieron en el estado de Tamaulipas a manos de la delincuencia organizada.

Este alberge atiende en promedio de 200 a 300 migrantes al día donde los migrantes tienen un lugar donde comer, beber, bañarse y descansar, se da información sobre derechos humanos y legales, con la intención de que las personas que llegan a este hogar se sientan acogidos y bienvenidos en México, que al salir de aquí agarren camino con dignidad como un ser humano con derechos, porque nadie es ilegal solo por cruzar una frontera, desde cuando se volvió ilegal tener sueños, dejar de tener hambre, cuando se volvió ilegal poder mantener a los hijos y vivir dignamente, sin violencia, sin abusos, como se entiende este lugar emprende una gran tarea que nos habla que en México, somos más las personas que siempre brindamos la mano a quienes lo necesitan, somos más los que nos solidarizamos y que queremos un país libre de abusos.

Así las cosas, es importante mencionar a un personaje que ya muchos saben quién es y que forma parte fundamental del programa de apoyo de la estancia mencionada con antelación, hablamos del activista Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, organización que se dedica a luchar siempre por expandir, desde los lugares de origen, las acciones políticas y sociales permanentes de la solidaridad con la lucha de los migrantes, cuidando siempre los Derechos Humanos y que tienen una labor social muy importante ya que esta organización, a través de marchas y de importantes búsquedas en redes sociales, han llegado a unir de nuevo a familias, encontrado a migrantes que en muchos de los casos sus familiares ya los daban por muertos, así también se ha dedicado a denunciador públicamente, por abusos a los migrantes y ante los respectivos Ministerios públicos a la Policía federal, a la Policía estatal de Tabasco, a las Policías municipales de varios de los municipios tabasqueños, a la Policía Federal Ministerial, al Ejército mexicano, denuncias que se han quedado en el papel sin llegar a la justicia y reparación del daño hacía las víctimas.

Como es claro, el activista Figueroa emprende una lucha a favor de los migrantes no solo Centroamericanos, si no de todas partes del mundo, velando siempre por sus garantías y derechos, pero con todo eso parce que el hecho de que exista alguien a favor de los derechos humanos y al respeto inminente de la dignidad de la persona, es molesto y preocupante para un grupo de personas, ya que desde el pasado día 28 de diciembre, el C. Gerardo Figueroa, ha sido amenazado en varias ocasiones de muerte, queriendo frenar con esto la labor social, porque con ella, más migrantes han estado protegidos de los abusos de las autoridades y más lejanos a caer en manos de la delincuencia organizada.

Apenas, el pasado día tres del presente mes y año, en el alberge la 72, se recibió otra amenaza en contra del activista, la cual ya fue denunciada, y que según el testimonio de la persona que recibió el ultimátum, que es personal que colabora en el multicitado alberge, un sujeto pregunto si sabía quién le había dicho a fray tomas que él estaba “metido en rollos” y que por eso no lo dejaban entrar, a lo que le respondió el colaborador, que no sabía nada al respecto, incluso le ofreció dinero para que le dijera, al no tener respuesta a sus preguntas el tipo lanzo la amenaza “no importa que no me digas, yo sé que fue Rubén, lo traemos entre ceja y ceja, dile a tu amigo Rubén que le vamos a dar piso, ya los contactos saben”.

Amnistía Internacional (AI) alertó a las autoridades mexicanas, del peligro que corre la vida del defensor de inmigrantes Rubén Figueroa, por las amenazas de muerte, así como, la ONG hizo un llamado a las autoridades para que brinden “protección efectiva de forma inmediata y conforme a los deseos de las personas afectadas” e investiguen las amenazas..

Las amenazas, consisten en un delito de un ataque al sosiego y la tranquilidad personal en el normal desarrollo de la vida, bien jurídico protegido en estas conductas, es dar a entender a otro con actos o palabras que se quiere hacer algún mal.

También, es un derecho universal de todas las personas vivir en un entorno de tranquilidad, tanto psicológica y física, sin tener que estar preocupados o pensando hoy será el día que nos van a hacer daño a nosotros o hasta nuestra familia.

Las personas, que amenazan lejos de representar el miedo o el poder que con esto pretenden tener, representan la cobardía que comúnmente, se considera como la degeneración de la prudencia, degeneración que lleva a toda anulación del valor.

En este sentido, aquí en esta soberanía tenemos la obligación de tener el valor de denunciar todos y cada uno de los actos que sean susceptibles de lastimar y flagelar los derechos inminentes del bien común de las personas y defender y apoyar a quienes han tenido el valor de ayudar y poner en riesgo hasta su vida en pro de los demás, recordemos que tambiénla Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,se estableció que no importa la calidad migratoria de la persona para gozar y poder ejercer sus derechos humanos, es por eso que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Articulo uno. El Senado de la República se pronuncia en contra de las amenaza de muerte que ha recibido el activista en Pro de los Derechos de los Migrantes Rubén Figueroa y le externa todo el apoyo, para que siga adelante con su noble labor.

ARTICULO DOS. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenga, radique, apoye e investigue, respecto de las amenazas de muerte en contra del activista Rubén Figueroa.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de marzo de 2013.

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jorge Luis Preciado. Como lo ha solicitado el proponente y con base en los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román, ¿para hablar a favor o en contra del punto de Acuerdo?

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) A favor. Solamente quiero decir muy breve, estoy totalmente de acuerdo con el Senador Preciado Rodríguez. Presentamos un punto de Acuerdo en el mismo sentido, que seguramente vendrá después y que puede ser ya turnado a comisiones, pero sí nos parece muy preocupante, porque la Comisión de Derechos Humanos dictaminó medidas cautelares hace más de un mes y no se han cumplido.

Nos dicen Rubén Figueroa y Fray Tomás González, que lo único que se ha hecho es ponerles unos foquitos para que les ilumine ahí la salida y hay algunas rondas de la policía municipal.

Entonces, sí creo que es un acto de irresponsabilidad de la PGR y que debe de haber una respuesta inmediata, sobre todo para atender, para proteger la vida tanto de Rubén Figueroa como de Fray Tomás, quienes están entregados a la lucha por la defensa de los migrantes.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Layda Sansores San Román.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) A favor también. Digo, esto es grave porque por un lado pedimos que en Estados Unidos respeten a nuestros compatriotas, tenemos pleito con Arizona por el maltrato que les da, por un Sheriff que, por supuesto no estoy de acuerdo con lo que hace, que trata mal a nuestros compatriotas, y aquí en nuestro país no damos un buen ejemplo.

Lo que está sucediendo en ese albergue es muy grave, no es la primera vez que pasan cosas atroces con centroamericanos que cruzan a través de nuestro país.

Por otro lado, el gobierno federal acaba de cortar los fondos para ayudar a los expulsados de Estados Unidos a nuestro país, de nuestros compatriotas, sino fuera por las ONGS´s que existen en la frontera, estarían totalmente desamparados.

Son cosas muy graves que hay que tomar en consideración, sobre todo porque no podemos exigirles a otros lo que nosotros no hacemos en nuestro país. Eso es incongruente.

Por otro lado, la desaparición del Consejo Ciudadano de la PGR es muy preocupante, en un país que va hacia la democracia no podemos dar este tipo de retrocesos, es muy peligroso que instituciones de este tipo no tengan precisamente un órgano ciudadano que esté viendo qué están efectuando.

Creo yo que lo que dice aquí el Senador Preciado Rodríguez es muy importante y por eso es de urgente resolución y hay que atenderlo: uno, por la situación que sucede en nuestro país hacia los centroamericanos en el sur y hacia los expulsados de nuestros compatriotas en el norte, que no se les atiende.

Y por otro lado, la exclusión de la sociedad civil, a través de la supresión del Consejo Ciudadano en la PGR.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Víctor Hermosillo. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que repita la votación, por favor.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, un punto de Acuerdo que exhorta a conformar un grupo de trabajo plural, integrado por los Senadores de los nueve estados de la región sur-sureste, dedicado a analizar y promover las modificaciones necesarias al marco regulatorio en materia de desarrollo social para promover la generación de políticas orientadas a resolver las problemáticas más apremiantes de la región.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Es un tema recurrente que he venido a plantear a esta alta tribuna de la nación por las características que guardan los estados del sur-sureste del país, donde indudablemente se concentra la población más marginada, más golpeada y que tampoco ha recibido los apoyos, quiero decir que veo con preocupación, con tristeza, inclusive, que tampoco al inicio de esta nueva administración se han discutido ni vistos los apoyos en este sentido.

Por eso quiero decir, señor Presidente, que apoyar de manera decidida el crecimiento económico del sur-sureste, para nosotros significa ante todo una apuesta por el futuro del país en su conjunto.

Es importante puntualizar, compañeras y compañeros Senadores, de manera clara y de manera contundente que este esfuerzo regional, me refiero a este postulado de justas y legítimas reivindicaciones sociales y económicas, no representa en ningún momento una confrontación territorial, o menos aún, una deliberada polarización entre el norte y el sur, ese no es y no podría ser nunca nuestro objetivo.

Armando Ríos Piter, Zoé Robledo y un servidor, nos hemos unido en un esfuerzo, en el esfuerzo por buscar que este desequilibrio regional, que es evidente, porque la miseria y la carestía que muestran los estados del sur-sureste del país con su rostro más feroz, porque la ignominia de la pobreza, que en ninguna parte es tan provinente como en el sur-sureste, sea atacada con políticas claras y frontales.

Los datos no solamente avalan la realidad, sino que confirman tristemente lo que estoy comentando.

Hay una marcada diferenciación económica y social entre el norte y el sur del país, por eso hasta se habla de varios Méxicos.

No responde, a mí me parece, así lo hemos planteado, esta situación a vicisitudes locales o regionales.

No es el resultado tampoco, lo comentábamos hace un rato, a características orográficas o a condiciones estipuladas por la naturaleza y mucho menos es producto del carácter de la población de uno u otro lugar.

¡No! Nosotros sostenemos que las razones que actualmente explican los altos índices de marginación y de pobreza en el sur, son ante todo el corolario de una rara estrategia de desarrollo nacional.

Un esquema que ha sido particularmente injusto con nuestras culturas originarias, con el México profundo y que actualmente sitúa a varias entidades federativas en un claro estado de postración económica.

Compañeras y compañeros Senadores:

Para que se cierre la brecha del desarrollo regional, que hoy por hoy desfavorece al sur-sureste del país, es necesario que los esfuerzos de inversión se centren en la región.

Aunque los argumentos sociales de desigualdad podrían ser suficientes para su negociación, nosotros planteamos que deben ser complementarios con el argumento de búsqueda de una mayor rentabilidad social que representaría, como lo estoy señalando, invertir en las regiones más atrasadas del país.

En este sentido hay que considerar la inclusión de otras regiones de México, sin duda alguna, pero en especial las más deprimidas y socialmente más olvidadas a fin de hallar un consenso político.

Para nosotros, y a eso he venido, señor Presidente, es preciso que las reglas de operación de una serie de programas que estamos viendo se empiezan a ejecutar, sean diferentes.

No podemos tratar igual a los desiguales.

No se pueden tratar con las mismas reglas a los estados del sur-sureste, como Oaxaca y otros más como Chiapas, Guerrero, con reglas que se atienden en otros estados de la República.

Por eso estamos planteando que esta Soberanía determine la integración de un grupo plural de trabajo que se dedique precisamente a buscar sensibilidad.

Ya se están empezando a publicar reglas de operación de distintos programas, y volvemos al mismo planteamiento de siempre. Como si fuésemos iguales nos buscan, nos obligan a que se apliquen las mismas reglas para estos estados de la República, y por eso nosotros queremos llamar la atención de este Senado de la República y plantear: Eso no es posible.

Hago, por lo tanto, un llamado a nombre de mis compañeros Senadores de Chiapas y de Guerrero: Zoé Robledo y Armando Ríos Piter, y por supuesto que pido que todos los que quieran se sumen.

Es importante empezar a corregir esa fallida política de desarrollo nacional y regional que tiene postrada a una muy importante parte del país, y por eso pido el apoyo de los integrantes de esta Soberanía.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A CONFORMAR UN GRUPO DE TRABAJO PLURAL, INTEGRADO POR LOS SENADORES DE LOS 9 ESTADOS DE LA REGION SUR-SURESTE, DEDICADO A ANALIZAR Y PROMOVER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA PROMOVER LA GENERACION DE POLITICAS ORIENTADAS A RESOLVER LAS PROBLEMATICAS MAS APREMIANTES DE LA REGION

“Los que suscriben, Angel BenjamIn Robles Montoya, Armando RIos PiteryZoe Robledo Aburto, Senadores integrantes de la LXII Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Apoyar de manera decidida al crecimiento económico y social del Sur-Sureste significa, ante todo, una apuesta por el futuro del país entero.

Es importante puntualizar, estimadas compañeras y compañeros, de manera clara y contundente, que este esfuerzo regional, este postulado de justas y legítimas reivindicaciones sociales y económicas, no representa de ninguna manera una confrontación territorial, o, menos aún, una deliberada polarización entre norte y sur. Ese no es nuestro objetivo.

Nos unimos hoy en este noble esfuerzo porque el desequilibrio regional es evidente, porque la miseria y la carestía muestran en el Sur del país su rostro más feroz, porque la ignominia de la pobreza en ninguna parte es tan prominente como en los 9 estados del Sur del país. Los datos lo avalan, y la realidad, tristemente, lo confirma.

La marcada diferenciacióneconómica y social que existe entre el Norte y el Sur del País, presente, por cierto, en muchos otros países, no responde de ninguna manera a vicisitudes locales o regionales. No es el resultado de características orográficas o condiciones estipuladas por la misma naturaleza, mucho menos producto del carácter de la población de uno u otro lugar.

Las razones que actualmente explican los altos índices de pobreza y marginación en el sur del país son, ante todo, corolario de una herrada estrategia de desarrollo nacional. Un esquema que ha sido particularmente injusto con nuestras culturas originarias, con el México profundo, y que actualmentesitúa a varias entidades federativasen un claro estado de postración económica.

CONSIDERACIONES

El pacto por México, firmado en diciembre pasado menciona en su punto 2.9.: Aplicar una estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste.

Los estados del Sur-Sureste se han rezagado frente al resto del país en términos de crecimiento económico y desarrollo humano, por ello es prioritario que sean integrados al desarrollo nacional y global.

• Acciones de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste.

Esta estrategia incluirá diversas acciones como la ampliación y modernización de la red carretera y ferroviaria, la integración digital, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud, la creación de polos de desarrollo industrial, turísticos, portuarios, agrícolas, pesqueros y de energías de fuentes renovables, con especial énfasis en las cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalba, Balsas y Papaloapan. Todo lo anterior será mediante una coordinación del Ejecutivo Federal con los ejecutivos estatales del sur- sureste y el impulso a las reformas necesarias en el Congreso de la Unión. (Compromiso 67).

Para que se cierre la brecha de desarrollo regional que hoy por hoy desfavorece al sur-sureste del país es necesario que los esfuerzos de inversión se centren en la región. Aunque los argumentos sociales de desigualdad podrían ser suficientes para su negociación, estos deben ser complementados con el argumento de la mayor rentabilidad social que representa invertir en las regiones más atrasadas del país. En este sentido, hay que considerar la inclusión de otras regiones de México, en especial las más deprimidas económica y socialmente, a fin de hallar un consenso político.

Es preciso que las reglas de operación citadas, en atención al Pacto por México y para cumplir con los criterios de igualdad y solidaridad presentes en el pacto federal; hagan un especial énfasis en el desarrollo del sur-sureste. Por lo que es necesario que contengan criterios de focalización para el sur-sureste y todas aquellas regiones identificadas como de alta marginación en todo el país.

Un primer avance en este sentido debe ser generar una distribución de los recursos de los programas sociales que dependa de la distribución de la población en condición de pobreza, tanto a nivel de entidades federativas como de municipios y localidades.

Esto implica contemplar que la población de menores recursos tiene como característica, que lo mantiene en esta condición, la menor preeminencia de capital humano, por lo que toda acción dirigida a estos grupos tiene que contar con una labor proactiva por parte del gobierno en sus distintos niveles y de la sociedad civil organizada.

Por otra parte, el gobierno en sus distintos niveles no cuenta con información suficiente ni oportuna para saber qué programas federales son los que están obteniendo cada una de las familias,debido a que los programas estatales y locales no cuentan con reglas uniformes de contabilización y construcción de padrones.

Estos puntos implican 3 cambios fundamentales en la Ley General de Desarrollo Social:

1. Incorporación de una fórmula de distribución basada en la distribución de población pobre.

2. Mecanismo de trabajo social permanente en detección, canalización y seguimientode la población beneficiaria, así como incorporación y traspaso gradual de esta actividad a la sociedad civil.

3. Creación de un mecanismo común de padrones de políticas sociales en los tres niveles de gobierno.

Queda claro que la situación es insostenible, que nuevos esquemas de desarrollo deben ser concebidos e implementados. Con este afán es que nace la idea de constituir un grupo de trabajo plural, conformado por Senadores de los nueve estados del Sur-Sureste, que pueda pasar del diagnóstico a la acción, promoviendo modificaciones al marco regulatorio.

Por todo lo anterior, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Para hacer frente a las condiciones de rezago y marginaciónen la región del Sur-Sureste, esta Soberanía conforma un grupo de trabajo plural, integrado por los Senadores de los 9 estados de la zona, dedicado analizar y promover las modificaciones necesarias al marco regulatorio en materia de Desarrollo Social. Teniendo como principales objetivos:

1. Generar una fórmula que se aplique en las reglas de operación de los programas federales para ubicar el gasto social en los municipios y localidades marginados, de manera especial en los del sur-sureste.

2. Promover la generación de políticas orientadas a resolver las problemáticas más apremiantes de la región, con una vocación especializada en el sur-sureste.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de febrero de 2013.

Suscriben

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal girar instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores a fin de propiciar mayor cooperación con las autoridades de los Estados Unidos de América para agilizar los cruces en la frontera norte.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

No me hubiera atrevido a distraer el tiempo tan importante de esta Asamblea si el tema que me ocupara realmente no fuera relevante, y me refiero al tiempo que los compañeros mexicanos, tanto ciudadanos como comerciantes están ocupando para cruzar del territorio mexicano hacia los Estados Unidos.

De todos es sabido que estos 2 países, que somos vecinos de una gran nave galáctica, plaza a la que no podemos renunciar, compartimos poco más de 3 mil 141 kilómetros de frontera y estamos comunicados a través de 53 puertos fronterizos a lo largo de un espacio que ocupan 6 estados de la República Mexicana.

Es muy importante destacar que los Estados Unidos, dentro de este esquema de recorte presupuestal, han anunciado públicamente que están a punto de recortar los puestos, los turnos y las plazas, entre otras, que están relacionadas con los agentes de supervisión e inspección de las fronteras; la frontera sur para ellos, la frontera norte para nosotros.

De acuerdo con los estudios realizados por las academias, por las asociaciones empresariales de la frontera, este recorte, cuando entre en vigor, va a repercutir en un 25 por ciento en tiempo en el cruce fronterizo.

Esto es, si actualmente el cruce para un ciudadano común y corriente que cruza con una visa por un puerto, llamémosle Tijuana, llamémosle Mexicali, y es de 3 horas, cuando estos recortes entren en vigor, esto va a subir a 4 horas el tiempo de espera.

Quiero agradecer a los compañeros Senadores fronterizos que me han hecho el favor de suscribir este punto de Acuerdo, y me refiero a los Senadores: Manuel Cavazos Lerma; Ernesto Ruffo Appel; Víctor Hermosillo y Celada; Maki Ortiz Domínguez; Javier Corral Jurado; Lilia Merodio Reza; Ernesto Gándara Camou; Francisco Búrquez Valenzuela; Raúl Gracia Guzmán; Ivonne Alvarez García y Marcela Guerra Castillo, porque ellos, algunos han sido, inclusive, gobernadores de estas entidades, otros alcaldes de importantes ciudades fronterizas, saben lo importante que es para los que vivimos en una frontera el tiempo de cruce fronterizo.

¿Por qué? Porque por ahí van los héroes desconocidos que se levantan a las 3 de la mañana diario para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos e ir a trabajar para traer divisas a México.

¿Por qué? Porque por ahí cruzan las mercancías que son los productos de importación de los mexicanos que asimismo traen divisas para el país.

Por ello, sin más trámite, quiero llamar la atención del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de sus atribuciones haga un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y quiero que esto quede asentado, señor Presidente, como un punto de Acuerdo con moción de urgente resolución.

Leo el punto único:

“Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal se sirva girar instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores a fin de propiciar mayor cooperación con las autoridades de los Estados Unidos de América para agilizar los cruces en la frontera norte, así como construir la infraestructura, llevar a cabo una reingeniería de procesos y aplicar mejor tecnología con el mismo propósito”.

Esto con el fin de facilitarle la vida a miles de compañeros mexicanos que viven en la frontera, a los cientos de empresarios que exportan sus productos, nuestros productos, a ese país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL GIRAR INSTRUCCIONES AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES A FIN DE PROPICIAR MAYOR COOPERACION CON LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA AGILIZAR LOS CRUCES EN LA FRONTERA NORTE

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPUBLICA

PRESENTE.

El senador Marco Antonio BlAsquez Salinas, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con moción de urgente resolución por el que se solicita con toda atención al titular del Poder Ejecutivo Federal se sirva girar instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores a fin de propiciar mayor cooperación con las autoridades de los Estados Unidos de América para agilizar los cruces en la frontera norte así como construir la infraestructura, llevar a cabo una re-ingeniería de procesos y aplicar tecnología con el mismo propósito, con base en las siguientes,

CONSIDERACIONES

Planteamiento del problema.

A pesar de la importancia estratégica que tiene la frontera norte para el desarrollo nacional, los cruces de automotores, peatones y transporte de carga son cada vez más lentos dando lugar a una situación con un alto impacto negativo principalmente de carácter económico que debemos superar. Esta proposición tiene por objetivo estimular una solución integral a dicha problemática.

ANTECEDENTES

La colindancia con el mercado más grande del mundo implica oportunidades para México, las cuales dependen en un grado elevado de la facilidad para la circulación de las personas y mercancías a través de la frontera.

México tiene una frontera de 3,185 kilómetros con los Estados Unidos de América. A lo largo de la línea divisoria contamos con nuestros vecinos con 58 cruces y diez más están en preparación, de acuerdo con la Comisión Binacional de Límites y Aguas. En la franja fronteriza que se extiende a 105 kilómetros del límite territorial habitan casi quince millones de personas: 7,44 millones en el país del norte y 7,5 millones en suelo nacional. Del lado mexicano la demarcación territorial arroja 80 municipios, de los cuales 38 son limítrofes.

México vende más productos de alta tecnología a los Estados Unidos que Japón, más que Corea y Taiwán juntos y más que la suma de Francia y Alemania. Exporta diez veces más que el resto de América Latina. El único país que ofrece más bienes a Estados Unidos es China. Sin embargo, la proximidad geográfica y políticas apropiadas, pueden proporcionar a México una parte de este creciente mercado y aún aspirar a desplazar a China del primer lugar (Mares, David y Gustavo Vega (2010), The U.S.-Mexico Relation ship: Towards a New Era?USMEX WP 10-01.School of International Relations and Pacific Studies, UC San Diego).

El flujo de mercancías encuentra estímulos en la ubicación geográfica de México que se traducen en la recepción de inversiones de países de la cuenca asiática del Pacífico que ven a la frontera norte como la puerta de acceso de sus productos a los Estados Unidos de América. Destaca en la industria maquiladora los establecimientos provenientes de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Malasia que se asientan en las metrópolis fronterizas mexicanas principalmente Tijuana, Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua.

En Nogales, Sonora se da salida a los productos del campo de los estados del Pacífico mexicano, principalmente los provenientes de Sinaloa y Sonora. Es el puerto terrestre más importante del movimiento comercial, agrícola y ganadero de México.

Por Nuevo Laredo, Tamaulipas se registra el volumen más alto de transporte de carga que cruza entre ambos países.

El tramo fronterizo que pasa por el estado de Nuevo León, aunque reducido, crece exponencialmente impulsado por la segunda entidad industrial de la república.

Cuellos de Botella en los Cruces.

La Conferencia Legislativa Fronteriza en su página web considera, en torno a los cruces fronterizos, lo siguiente:

“Aunque la seguridad para impedir el tránsito ilegal de mercancías y personas es una primordial preocupación económica y doméstica para ambos países, un aumento de la seguridad en ambos lados, sin un aumento de la cooperación bi-nacional pondrá en marcha una estructura de seguridad que es perjudicial para el comercio legítimo a través de la frontera. Este bloqueo potencial de la frontera representa una amenaza para los cientos de miles de millones de dólares en el comercio legal de cada año. El costo, el transito lento e ineficiente forzará a los consumidores y los proveedores a buscar en otros mercados más competitivos como China. Para agilizar el tránsito de comercio seguro y legítimo con los vehículos comerciales, la frontera debe ser la última línea de defensa, no la primera.

La frontera no sólo es una de las más largas del mundo, también es una de los más atravesadas. Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993, que abolió el comercio de muchos aranceles prohibitivos, el comercio entre los Estados Unidos, México, y Canadá aumentaron 111% comparado con el 2003. Aproximadamente 4.886.850 camiones de carga cruzaron la frontera México-EE.UU en 2008 como parte de una red de comercio valorado en 366 mil millones de dólares. Hoy en día, los EE.UU. es el mayor socio comercial de México en las exportaciones y las importaciones, mientras que México es el segundo comprador más grande y el tercer mayor proveedor de bienes para los EE.UU.

El tamaño del comercio es igualado por las masas y movimientos de personas. La frontera tiene las dos metrópolis internacionales más grandes del mundo: San Diego-Tijuana (5 millones de personas) y El Paso-Ciudad Juárez (con 2,4 millones de personas). Según la Oficina de EE.UU de Estadísticas de Transporte, aproximadamente 105.406.300 personas cruzaron la frontera, sea a pie o en vehículo. Es evidente que la mayoría de los cruces son viajes legítimos y comerciales, no los ilegítimos que han hecho la frontera famosa”.

Por otra parte, las medidas de austeridad contempladas en el presupuesto del país vecino se reflejan en recortes tanto en personal como en horarios de atención en el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Se considera que los recortes van a producir un incremento en los tiempos de espera para cruzar la frontera del 25%, es decir, aproximadamente una hora adicional. El impacto de dicha lentitud en el intercambio comercial será de miles millones de dólares que afectan por igual la eficacia y la competitividad tanto de México como de los Estados Unidos de América. Una de las zonas más afectadas será la propia región fronteriza a ambos lados de la línea divisoria. Perderá dinamismo y con ello dejará de ser un motor para los estados del interior a ambos lados de la frontera. En México la situación ya es de por sí grave pues la actividad productiva sufre distorsiones como las restricciones a las operaciones con dólares en efectivo producto de una mal entendida estrategia de combate al lavado de dinero.

El Colegio de la Frontera Norte desde el 2007 ha venido difundiendo que la solución radica en la construcción y mejora de la infraestructura fronterizas. Realizó el 19 de diciembre de dicho año el siguiente,

ESTUDIO DE PUERTOS DE ENTRADA MEXICO-ESTADOS UNIDOS:

ANALISIS DE CAPACIDADES Y RECOMENDACIONES

PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA

Tonatiuh Guillén López, director de la institución, explica que cada día México se convertirá en una ruta cada vez más densa, y más lenta por razones de seguridad o de falta de infraestructura, por lo que el costo económico es creciente. “Cada hora que le agregamos al tráfico tiene elevados costos para las economías de ambos países”. Cada día, dice, en los puntos fronterizos se registran un millón de cruces. “Es un volumen enorme y el cual tiene uno de sus orígenes en la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio. Con este acuerdo creció cinco veces la actividad en los puntos fronterizos y la infraestructura tuvo ligeros cambios, pero prácticamente permanece intacta”.

Guillén López considera, concluyente, lo siguiente: “A mayor infraestructura de comunicaciones fronterizas, mayor potencialidad de desarrollo”.

“Lo que podemos hacer es la modernización de la infraestructura para potenciar ese desarrollo y tener una mejor calidad de vida para los habitantes de las ciudades fronterizas”.

Hoy día, en algunos puntos como Tijuana se ha llegado a tener que hacer una espera de casi cuatro horas. Por fortuna, se cuenta con sistemas como el de Inspección Electrónica Rápida de Viajeros Frecuentes cuya extensión permitirían agilizar los cruces y simultáneamente mantener la seguridad en ambos lados de la línea fronteriza previniendo el tráfico ilegal de armas y dinero en efectivo hacia México y de drogas a los Estados Unidos de América. En consecuencia, se requiere de una acción decidida para restablecer la eficacia en los cruces fronterizos y coadyuvar con el crecimiento económico y desarrollo social en México. Debemos mejorar substancialmente la infraestructura fronteriza, hacer un uso intensivo de tecnología para las revisiones en ambos lados de la línea divisoria y llevar a cabo una re-ingeniería de procesos que, con la participación responsable de los usuarios, permita hacer del cruce un trámite y operación de unos cuantosminutos para mantenernos competitivos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con moción de urgente resolución:

Unico.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal se sirva girar instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores a fin de propiciar mayor cooperación con las autoridades de los Estados Unidos de América para agilizar los cruces en la frontera norte así como construir la infraestructura, llevar a cabo una re-ingeniería de procesos y aplicar mejor tecnología con el mismo propósito.

México, Distrito Federal, a 2 de abril de 2013.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. Como ha sido solicitado por el propio proponente que se ponga a discusión de inmediato, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra sobre el mismo, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.

(Aplausos)





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reestructurar las tarifas del servicio público de energía eléctrica en el país, para crear una tarifa aplicable a centros educativos.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Muchas gracias, con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

Hoy pongo a la consideración de este Pleno un tema que aqueja, tanto a los centros escolares públicos, como a los privados.

Se trata del alto costo que representa para estos el suministro de energía eléctrica.

Actualmente, la Comisión Federal Electricidad cuenta con dos clasificaciones de tarifas: específicas y generales, las cuales se subdividen en 44 tipos diferentes.

Dentro de las específicas se encuentran tarifas para servicio doméstico, doméstico de alto consumo, servicio público, agrícola, acuícola y de temporal.

Mientras que dentro de las tarifas generales, están las tarifas para baja, media y alta tensión, con cargos fijos y de servicio de respaldo e ininterrumpible.

Para el caso de la gran mayoría de los centros escolares del país, estos se encuentran ubicados en la clasificación de tarifas generales dos y tres de baja tensión.

La primera tiene un cargo fijo de 52.4 pesos al mes, y un costo de 2.2 pesos por cada uno de los primeros 50 kilowatts hora; 2.6 pesos por cada uno de los siguientes 50 kilowatts hora y 2.9 pesos por cada kilowatts hora adicional a los anteriores

La segunda tiene un cargo por demanda de 237.8 pesos mensuales, y un costo de 1.7 pesos por cada kilowatts hora.

Si comparamos este tipo de tarifas que las que se pagan en las escuelas públicas y diversos centros educativos, respecto de las tarifas que pagan los altos consumidores, como la industria o el comercio, tenemos que las tarifas para uso industrial en alta tensión, son más bajas que las que pudieran pagarse en los centros escolares del país.

Así la tarifa HT aplicable para la zona central del país, tiene un cargo por demanda facturable de 105.3 pesos por cada kilowatt al mes, y al cobro aplica en tres tipos de consumo: energía de punta, 2.3 pesos por cada kilowatt hora; energía intermedia, 1.06 pesos por cada kilowatt hora y energía base, 1.9 pesos por cada kilowatt hora.

Lo anterior confirma que la tarifa que pagan los centros escolares, en muchas ocasiones, es superior a la que pagan algunas industrias.

Adicionalmente al impacto que tienen los altos costos de energía eléctrica en los centros escolares, estos tienen que sortear las altas temperaturas que se presentan en la temporada de calor o bajas temperaturas en época de frío.

Vale la pena hacer la referencia, el punto de Acuerdo de urgente resolución que hoy se votó a favor, en la cual pudimos observar que en muchas partes del país hay calores extremos y viceversa, también hay fríos que afectan directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los estados que registraron las temperaturas más altas en el año 2012 fueron: Sonora, con 38.6 grados centígrados, Coahuila, con 36.9 grados centígrados, Campeche, con 35.9 grados centígrados, Tabasco, con 33.9 grados centígrados, Tamaulipas y Nayarit, con 35.5 grados centígrados. El resto de las entidades federativas promedian entre 25 y 33 grados centígrados.

En algunos estados del sureste mexicano, como por ejemplo, en Campeche, la ola de calor, la humedad y el clima cálido de la región, provocan un ambiente denso y sofocante al interior de las aulas, no apto para el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Por otro lado, la temperatura invernal en nuestro país cada vez es más fuerte y prolongada, al igual en los años recientes el invierno 2013 y el año anterior, registra 44 frentes fríos, provocando descensos importantes en la temperatura en la mayor parte de los estados del país.

Durante el pasado mes de enero se registraron temperaturas de 5 grados centígrados en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y zonas montañosas del Distrito Federal, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. No obstante, en algunas regiones se presentaron temperaturas de menos 15 grados e incluso temperaturas más bajas.

Lo anterior, no solo provoca que las escuelas tengan que destinar más recursos para el equipamiento de las aulas con sistema de ventilación y calefacción, sino que este tipo de equipamiento eleva exponencialmente el consumo de energía eléctrica y por ende la operación de los centros escolares se vuelve más costosa.

Es de suma importancia que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, instituciones encargadas de modificar, ajustar y reestructurar las tarifas de servicio público de energía eléctrica, analicen y estimen la pertinencia de crear una tarifa aplicable a centros escolares a nivel nacional que reduzca los altos costos por el consumo de servicio.

Con la creación de esa nueva tarifa, se verían beneficiados 246 mil 341 centros educativos y más de 33 millones de alumnos, que actualmente cursan sus estudios, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Educación Pública.

De esta manera, propongo al Pleno el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a modificar, ajustar y reestructurar las tarifas del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana, para crear una tarifa específica que reduzca en un 50% respecto a la tarifa actual los costos del servicio aplicable a los centros educativos a nivel nacional.

Segunda.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a realizar los estudios pertinentes para determinar la viabilidad de la nueva tarifa en centros educativos.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR, AJUSTAR Y REESTRUCTURAR LAS TARIFAS DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REPUBLICA MEXICANA PARA CREAR UNA TARIFA APLICABLE A CENTROS EDUCATIVOS

“El suscrito, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Servicio Público de Energía Eléctrica, prestado de manera exclusiva por el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, es uno de los principales servicios básicos a los que tiene acceso la mayoría de población en nuestro país.

El servicio de energía eléctrica, no sólo es indispensable en cada uno de los hogares de nuestro país, si no que es la base energética para que se muevan gran parte de las empresas e industrias de nuestro país y, en general, se desarrolle la actividad económica día a día.

El costo del suministro de energía eléctrica que paga cada hogar, empresa o industria está basado a través de una política de precios administrados por la Secretaría de Hacienda, donde inciden fundamentalmente tres aspectos: costo de capital; costo de operación y mantenimiento y costo variable de generación.

Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad, cuenta con dos clasificaciones de tarifas: específicas y generales, las cuales se subdividen en 44 tipos diferentes.

Dentro de las tarifas específicas se encuentran tarifas para servicio doméstico, domestico de alto consumo, servicio público, agrícola, acuícola y temporal, mientras que dentro de las tarifas generales están las tarifas para baja, media y alta tensión, con cargos fijos y de servicio de respaldo e interrumpible.

Para el caso, de la gran mayoría de los centros escolares del país, éstos se encuentran ubicados en la clasificación de tarifas generales, 2 y 3 de baja tención. La primera, tiene un cargo fijo de 52.42 pesos al mes y un costo de 2.220 pesos por cada uno de los primeros 50 kilowatts-hora; 2.682 pesos por cada uno de los siguientes 50 kilowatts-hora y; 2.953 pesos por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

La segunda, tiene un cargo por demanda de 237.89 pesos mensuales y un costo de 1.7 pesos por cada kilowatt-hora.

Si comparamos este tipo de tarifas, las que pagan las escuelas públicas y diversos centros educativos, respecto de las tarifas que pagan altos consumidores como la industria o el comercio, tenemos que las tarifas para uso industrial en alta tensión son más bajas que las que pudieran pagarse en centros escolares.

Así, la tarifa H-T aplicable para la zona central del país, tiene un cargo por Demanda Facturable de 105.36 pesos por cada kilowatt al mes y el cobro aplica en tres tipos de consumo: Energía Punta 2.3177 pesos por cada kilowatt-hora; Energía Intermedia 1.0607 pesos por cada kilowatt-hora; y energía base 0.9553 pesos por cada kilowatt-hora. Lo anterior, confirma que la tarifa que pagan los centros escolares, en muchas ocasiones es superior a la que pagan algunas industrias.

Adicionalmente, al impacto que tienen los altos costos de la energía eléctrica en los centros escolares, estos tienen que sortear las altas temperaturas que se presentan en la temporada de calor o bien las bajas temperaturas en época de frio.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los estados que registraron las temperaturas más altas en el año 2012 fueron: Sonora 38.6°C, Coahuila con 36.9°C, Campeche 35.9°C, Tabasco 33.9°C, Tamaulipas 35.5°C, Nayarit con 35.5°C, Nuevo León con. 36°C, y Chihuahua con 35.2°C. El resto de las entidades promedian entre 25 y 33°C.

En algunos estados del sureste mexicano; por ejemplo en Campeche, la ola de calor, la humedad y el clima cálido de la región, provocan un ambiente denso y sofocante al interior de las aulas, no propicio para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Este fenómeno afecta a 260 mil alumnos en más de 2 mil centros escolares en la entidad, quienes tienen que soportar temperaturas de más de 35 grados en época de verano. Sin embargo, a nivel nacional estas temperaturas son ampliamente superadas en estados de la región norte, particularmente con clima árido.

Por otro lado, la temporada invernal en nuestro país cada vez es más fuerte y prolongada, al igual que, en años recientes, el invierno 2012-2013 registrará 44 frentes fríos provocando descensos importantes en la temperatura en la mayor parte de los estados del país.

El pasado mes de enero, del presente año el Servicio Meteorológico Nacional, estimó temperaturas de -5°C en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y zonas montañosas del Distrito Federal, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Veracruz. No obstante, en algunas regiones se presentaron temperaturas de-15°C e incluso superiores.

De esta manera, los diversos centros escolares, desde nivel básico hasta superior, tienen la imperiosa necesidad de implementar sistemas de ventilación y calefacción para mitigar los efectos de las altas y bajas temperaturas ambientales que se registran en diversas regiones del país, generando un aumento considerable en su consumo de energía eléctrica.

Lo anterior, no sólo provoca que las escuelas tengan que destinar más recursos para el equipamiento de aulas con sistema de ventilación o calefacción si no que éste tipo de equipamiento eleva exponencialmente el consumo de energía eléctrica, y por ende la operación de los centros escolares se vuelve más costosa.

En términos llanos, un equipo de aire acondicionado para un aula implica un pago mensual de entre 600 y 900 pesos; el cual deberá ser multiplicado por el número de aulas o equipos, generando costos adicionales, mismos que pudieran ser utilizados para el equipamiento de las propias escuelas.

Es de suma importancia, que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía; instituciones encargadas de modificar, ajustar y reestructurar las tarifas del servicio público de energía eléctrica, analicen y estimen la pertinencia de crear una tarifa aplicable a centros escolares a nivel nacional que reduzca los altos costos por el suministro del servicio.

Con la creación de esta nueva tarifa, se verían beneficiados 246,341 centros educativos y 33, 747,186 alumnos, que actualmente cursan sus estudios, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Educación Pública.

Por lo expuesto y fundamentado, propongo al Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal a modificar, ajustar y reestructurar las tarifas del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana, para crear una tarifa específica que reduzca en un 50 por ciento, respecto de la tarifa actual, los costos del servicio aplicable a centros educativos a nivel nacional.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a realizar los estudios pertinentes para determinar la viabilidad de la nueva tarifa en centros educativos.

Senado de la República, a 5 de marzo de 2013.

Sen. Oscar Román Rosas González”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Oscar Román Rosas González. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Raúl Aarón Pozos.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solo para preguntarle al Senador, si podemos sumarnos a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Igualmente los Senadores Omar Fayad, Patricio Martínez, Lucero Saldaña, López Brito y Maki Esther Ortiz Domínguez.

Consulto al Senador proponente, Oscar Román Rosas, si acepta la inclusión de los compañeros Senadores que han manifestado el interés por sumarse a este punto de Acuerdo.

Sonido en el escaño del Senador Oscar Román Rosas González.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Sí, con gusto, las adhesiones que se han propuesto acá, con gusto se reciben. Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Y reitero que este asunto se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Oscar Román Rosas.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Para pedirle a la Mesa Directiva que, por favor, también se turne a la Comisión de Energía el punto de Acuerdo que acabo de presentar.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, tomamos nota de ello, y se turnará también a la Comisión de Energía.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a implementar diversas acciones a fin de asegurar la correcta aplicación del programa y blindarlo de fines electorales o partidistas.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

No hay una situación que lastime más a nuestro país que la pobreza. Por eso impulsar políticas en contra de la marginación no sólo es loable, sino debe ser una prioridad.

El gobierno federal anterior adoptó medidas de carácter contracíclico a fin de atenuar los efectos de la crisis económica del año 2008 sobre los grupos sociales más vulnerables, la más importante, mantener el gasto social e incluso incrementarlo.

En esta lógica se logró que la Cámara de Diputados aprobara un déficit fiscal controlado a partir de 2009 y hasta 2011, lo que permitió que el gasto social creciera, ya descontando la inflación en 5.3% por año entre 2006 y 2010, pasando de 988 mil millones de pesos a un billón 477 mil millones de pesos.

Tan sólo en 2010 el gasto social representó el 62% del gasto total destinado a los programas del gobierno federal. Esa ha sido la mayor cantidad de recursos que se ha ejercido en la historia de México en materia de gasto social.

El gasto específico para la superación de la pobreza se duplicó entre 2007 y 2010 al pasar de 159 mil millones de pesos a 281 mil millones de pesos, lo que significó un crecimiento real de los recursos en 15% por año.

Gracias a ello se logró la creación y mantenimiento de 127 programas sociales; 6 programas por su nivel de eficiencia concentraron el 57% de los recursos; esos programas son Oportunidades, Seguro Popular, 70 Y Más, Construcción y Mantenimiento de Caminos Rurales, Desarrollo de Zonas Prioritarias e IMSS Oportunidades.

Es claro que en las administraciones anteriores todas estas acciones de política social estuvieron basadas en criterios estratégicos de eficiencia y cuantificables. Por eso nos preocupa que el actual gobierno arranque con una política cuestionada por asignar sus apoyos discrecionalmente, como lo está haciendo la Cruzada contra el Hambre.

Vemos el riesgo latente de regresar a las épocas del clientelismo, de regresar al inicio de los años 90’s cuando se crearon mecanismo o dádivas con fines electorales y de legitimación política. No podemos tolerar que en la época más democrática de México se vuelva a las prácticas más antiguas del paternalismo.

Es increíble e imperdonable que se hayan dejado fuera municipios que sufren pobreza extrema. Qué confianza podemos tener en quienes están diseñando la política social del país si olvidaron u omitieron tomar en cuenta a comunidades enteras con altísimas necesidades.

Pero es igual de asombroso que la cruzada sí contemple algunas ciudades que serán las más competidas en el próximo proceso electoral. Cómo es posible que no se haya incluido a municipios como San Simón, Zahuatlán, en Oaxaca, donde el 80.8% de su población vive en pobreza extrema.

Zirándaro en Guerrero con el 57.4% de su población; San Francisco Tlapancingo, en Oaxaca, donde el 56.1% está en la misma condición. Batopilas en Chihuahua, Tahdziú en Yucatán, todos con más del 50% de sus habitantes sufriendo pobreza.

Pero sí se contempló a ciudades como Aguascalientes con el 2.3%, Torreón con el 2.9%, Cancún con el 3.2%, Tijuana con el 3.5% o Puebla con el 6%. Aquí tengo la lista de los 14 municipios con más pobreza del país que desafortunadamente con un plumazo fueron excluidos de esta Cruzada contra el Hambre.

Desde la oposición hacemos un llamado enérgico al Ejecutivo Federal a actuar con seriedad y responsabilidad. No se puede actuar con ligereza ante un tema tan sensible como este y mucho menos permitir que la política social pierda el enfoque correcto.

Nos preocupa, por supuesto, que el Decreto que creó la Cruzada contra el Hambre sea totalmente ambiguo, que sea una carta llena de buenas intenciones diseñada para cumplir con una función mediática que carece de claridad, no contempla los como, ni establece los mecanismos para atender el problema de raíz.

Que se tenga que estar corrigiendo la determinación de los municipios prácticamente sobre las rodillas porque se hizo mal, lo que habla de una total improvisación, y que ha motivado que el propio CONEVAL se deslinde de esa asignación irresponsable. Que termine siendo una herramienta electoral, prueba de ello es que de los 400 municipios a los que está orientado 203 pertenecen a estados que tendrán elecciones este año, además de que no se plantearon desde el principio garantías de transparencia.

Hoy presentamos este punto de Acuerdo con cinco resolutivos:

Primero.- Un exhorto para blindar de cualquier uso de carácter electoral a todos los programas sociales contemplados en la Cruzada contra el Hambre.

Segundo.- Exhortar a la SEDESOL para que las resoluciones de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada contra el Hambre sean debidamente aplicadas y cuantificadas a fin de no tener un carácter meramente consultivo.

Tercero.- Un exhorto para garantizar el combate a las causas estructurales de la pobreza en México, es decir, que el problema se atienda desde la raíz y no se busquen soluciones cosméticas.

Cuarto.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear incentivos que permitan promover el desarrollo de las capacidades de las familias y no ser únicamente un programa asistencialista; asimismo para desarrollar un sistema de identificación de beneficiarios que dé certidumbre y transparencia, y que dichas acciones sean medibles a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Quinto.- Buscamos involucrar a los ciudadanos. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear mecanismos de exigibilidad, transparencia y rendición de cuentas, de tal manera que los beneficiarios de los programas que desarrolle este Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre puedan, dentro de los comités comunitarios, exigir a las autoridades el cumplimiento de los objetivos y el respeto a la ley y a sus derechos.

Confiamos en que por el bien de los 7 millones de mexicanos a que está dirigido se subsanen las deficiencias que hemos señalado y se asuma como una prioridad de este gobierno impulsar una política social responsable.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA COMISION INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE ASEGURAR LA CORRECTA APLICACION DEL PROGRAMA Y BLINDARLO DE FINES ELECTORALES O PARTIDISTAS

“SEN.ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE

DEL H. CONGRESO DE LA UNION

EN LA LXII LEGISLATURA

PRESENTE.

La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción IIy 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1 fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta comisión permanente del Congreso de la Unión, la presente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA COMISION INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE ASEGURAR LA CORRECTA APLICACION DEL PROGRAMA Y BLINDARLO DE FINES ELECTORALES O PARTIDISTAS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- La pobreza es sin duda uno de los retos más grandes que enfrenta México, desde las últimas décadas, los gobiernos se han propuesto abatirla y a pesar de la tasa de crecimiento de esta población, se han ideado programas que han demostrado tener éxito.

II.- El porcentaje de personas en pobreza por carencias de servicios básicos de vivienda disminuyó de 58.6% en el año 2000, al 33.2% en el año 2010.

III.- La pobreza por rezago educativo disminuyó de 22.5% en el año 2000 a 19.4% en el año 2010.

IV.- La pobreza por calidad y espacios de vivienda bajó de 32.3% en el año 2000, a 19.3% en el año 2010.

V.- El programa Oportunidades que comenzó en el Gobierno de Vicente Fox y se perfeccionó durante la pasada administración de Felipe Calderón, ha sido tan exitoso que actualmente el Banco Mundial está apoyando 16 de estos programas en 12 países.

Más de 80 millones de personas que se encuentran en condiciones de extrema pobreza en países de América Latina son atendidos por programas sociales basados en el modelo de Oportunidades puesto en marcha en México.

VI.- El gobierno del Presidente Peña, lanzó el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, con la misma intención con la que han comenzado varias administraciones anteriores; sin embargo, el decreto mediante el cual se establece dicho programa no detalla el funcionamiento y contenido del proyecto, lo que determina este decreto son una serie de objetivos e intenciones, y es fundamental se publique y se ponga a escrutinio público la estrategia puntual a través de la cual se alcanzarán sus objetivos.

VII.- En múltiples ocasiones los programas sociales han sido utilizados con fines electorales y para captar adeptos partidistas bajo la más ruin forma de hacerlo, aprovechándose de la necesidad de alimentación y desarrollo de las personas, en mérito de lo cual cabe señalar que el programa de referencia, no contempla un blindaje contra este tipo de prácticas, por lo cual cabe el señalamiento a fin de garantizar su efectividad y legitima causa para el que fue diseñada esta cruzada.

En mérito de lo antes precisado y con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que existen 11.7 millones de personas en pobreza extrema en la República mexicana.

SEGUNDO.- Que el artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Obliga al estado mexicano a garantizar una buena alimentación a toda persona.

TERCERO.- Que el 22 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sin hambre).

CUARTO.- Que, como lo establece en su artículo quinto, el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre tendrá los siguientes componentes:

1) Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre;

2) Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios;

3) Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, y

4) Comités Comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales.

QUINTO.- Que el Decreto establece, en su artículo séptimo, que la Comisión propondrá las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, las cuales podrán consistir, entre otras, en:

I. Ajustes en el diseño de los programas;

II. Ajustes en la focalización o cobertura de los programas, y

III. Implementación de acciones eficaces de coordinación.

Sin especificar una estrategia clara, con planes a corto, mediano y largo plazo de cómo se han de cumplir los objetivos de la cruzada.

SEXTO.- Que la Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con otros Organismos, Instituciones y Secretarías, cuenta con alrededor de 13 programas para combatir la Pobreza en nuestro País:

1. Programa de 70 Y MAS, el cual atiende a los adultos mayores de 70 años y tiene cobertura a nivel nacional. Los beneficiarios reciben apoyos económicos de 500 pesos mensuales, que se pagan cada dos meses; participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para el acceso a servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM, además de las que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.

2. OPCIONES PRODUCTIVAS, programa que apoya proyectos productivos de la población que vive en condiciones de pobreza, incorporando en ellos el desarrollo de capacidades humanas y técnicas como elementos para promover su sustentabilidad económica y ambiental.

3. Programa HABITAT, programa que articula los objetivos de la Política Social con los de la Política de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas.

4. EMPLEO TEMPORAL (PET), atiende a las personas afectadas por la baja oferta laboral o por fenómenos naturales, con apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.

5. ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, programa que apoya a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad, en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, que viven en hogares con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos.

6. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, contribuye a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropolitanas. Rescatar espacios públicos a nivel nacional con deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas, para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia.

7. PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, apoya las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de impacto social que benefician directamente a sus comunidades de origen. Funciona con las aportaciones de clubes o federaciones de migrantes radicados en el extranjero, la del Gobierno Federal (a través de SEDESOL), y la de los gobiernos estatal y municipal. por cada peso que aportan los migrantes, los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal ponen 3 pesos; por ello 3x1.

8. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP), producto de la fusión de los programas de Desarrollo Local, Microrregiones y de Apoyo a zonas de atención prioritaria, atiende integralmente los rezagos vinculados con la infraestructura básica comunitaria, y la carencia de servicios básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las ZAP (zonas de atención prioritarias), de manera específica, y de otras localidades, territorios o regiones que presentan iguales condiciones de rezago.

9. PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRICOLAS, apoya a los jornaleros agrícolas y sus familias, mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades y ampliación de sus capacidades. Se entregan apoyos económicos para el desarrollo de capacidades, dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación de la población jornalera agrícola; apoyos para infraestructura; servicios de acompañamiento así como apoyos para el desarrollo de habilidades personales y sociales.

10. APOYO PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS (PASPRAH), programa que está dirigido a hogares en situación de pobreza patrimonial que requieren apoyo económico, ya sea para regularizar o escriturar el lote en el que habitan o para liberar la reserva de dominio del lote que han contratado y que por razones económicas no han cubierto el costo del procedimiento de escrituración, fue creado en 2008 con el propósito de abatir los asentamientos humanos irregulares impulsando la certeza jurídica de la propiedad de la tierra.

11. PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS (PRAH), atiende a las personas que habitan en los municipios y las delegaciones en el Distrito Federal susceptibles al efecto destructivo de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos.

12. ESTRATEGIA 100X100, impulsa el desarrollo integral, social y económico de los 125 municipios que presentan mayores niveles de marginación y pobreza del país, a través de un esquema de coordinación institucional en el que participan 10 dependencias y cuatro entidades del Gobierno Federal, y comprende seis vertientes de acción: salud, educación, vivienda, infraestructura, productividad y medio ambiente.

13. PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO (PAL), atiende a las familias en situación de pobreza mediante los siguientes apoyos: apoyo alimentario, alimentario-vivir mejor y alimentario-infantil-vivir mejor, complementos alimenticios y leche fortificada. Para el ejercicio fiscal 2012 el presupuesto aprobado a este programa asciende a 4,083.8 millones de pesos, superior en 6.8% en términos reales al gasto registrado en 2011.

SEPTIMO.- Que el Decreto sólo establece un carácter consultivo para las instituciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, los organismos internacionales y la academia; a pesar de ser éstos una parte fundamental en la formulación de una solución incluyente y duradera.

A la letra el Decreto dicta:

ARTICULO DECIMO.- El Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre es una instancia incluyente para el diálogo de los sectores público, privado y social, con el objeto de generar acuerdos para fortalecer, complementar y en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada contra el Hambre.

El Consejo se integrará por:

I. El Secretario de Desarrollo Social, quien lo presidirá

II. Representantes de organizaciones de los sectores social y privado;

III. Representantes de instituciones académicas, y

IV. Representantes de organismos e instituciones internacionales.

Los Gobernadores de los Estados de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal serán invitados permanentes del Consejo. Los representantes a que se refieren las fracciones II, III y IV serán designados de conformidad con los lineamientos para la organización y funcionamiento del Consejo.

OCTAVO.- El Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre contempla la inclusión de la comunidad y establece que participarán en la instrumentación y supervisión del cumplimiento de los objetivos. Dice lo siguiente:

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Con la finalidad de articular la participación social en la Cruzada contra el Hambre y los programas que convergen en ésta, se promoverá la integración de comités comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales, los cuales participarán en su proceso de instrumentación y supervisarán el cumplimiento real de los objetivos y la transparencia de las acciones implementadas.

Para que dichos comités comunitarios puedan supervisar el cumplimiento de los objetivos y la transparencia de las acciones, es necesario se faculten con mecanismos de exigibilidad.

NOVENO.- Que en nuestro país se llevarán a cabo en catorce entidades federativas elecciones para renovar distintos poderes públicos de gobiernos y congresos estatales, por su parte el código federal de Instituciones y procedimientos electorales establece en su artículo 347 numeral 1 inciso e, la prohibición a la utilización de los programas sociales con fines de motivar el voto hacia algún partido, el referido artículo a la letra indica:

Artículo 347

1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y

En mérito de lo anterior es expresa la prohibición para la utilización de dichos programas en beneficio de cualquier partido político, y es claro que la cruzada contra el hambre, no precisa los elementos de blindaje para evitar que este programa sea utilizado en forma facciosa o a favor de un determinado candidato, lo anterior se correlaciona con lo que dispone el artículo 407 fracción II del Código Penal Federal que a la letra indica:

Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato;

Enfasis propio

Es claro que la utilización de programas sociales en forma artificiosa o con fines electorales no solo constituye una infracción en materia electoral, sino que se erige como una conducta delictiva que se castiga hasta con prisión de nueve años, de modo que no es menor, la preocupación que mediante el presente instrumento se esgrime , por ello es necesario blindar el programa social que nos ocupa a fin de garantizar su plena eficiencia y de que en efecto llegara a quienes más lo necesitan, esto hace necesario establecer medidas urgentes que permitan garantizar que no se utilizara de forma indebida especialmente con los fines antes citados.

En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para que cree los mecanismos que permitan blindar la utilización de los programas que esta Cruzada desarrolle, sobre todo en los catorce estados de la República que tendrán elecciones este año.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial y a la Secretaria de Desarrollo Social en particular, en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, que las resoluciones de dicho Consejo sean debidamente aplicadas y cuantificadas, a fin de no tener un carácter meramente consultivo.

TERCERO.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre a garantizar el combate a las causas estructurales de la pobreza en México.

CUARTO.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear incentivos que permitan promover el desarrollo de las capacidades de las familias y no ser únicamente un programa asistencialista; asimismo se solicita desarrollar un sistema de identificación de beneficiarios que den certidumbre y transparencia a dicho programa y que dichas acciones sean medibles a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

QUINTO.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear mecanismos de exigibilidad, transparencia y rendición de cuentas de tal manera que los beneficiarios de los programas que este Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre desarrolle, puedan, dentro de los Comités Comunitarios, exigir a las autoridades el cumplimiento de los objetivos, el respeto a la ley y a sus derechos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que se turnarán directamente a comisiones.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador López Brito, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para pedirle a la Senadora proponente si nos permite sumarnos a su punto de Acuerdo tan importante y actual por el momento que estamos viviendo en 17 estados de la República desde el punto de vista electoral.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Pido a la Secretaría que tome nota de ello para que se sume al punto de Acuerdo que ha presentado la Senadora Mariana Gómez del Campo.

Adelante, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Informo a la Asamblea de los asuntos que se turnarán a comisiones.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 22 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

“SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO AROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8°, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 22 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, A FIN DE ARMONIZARLA CON LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICOal tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley General de Cambio Climático establece como una atribución de la federación, en su artículo 7, el regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo a los tratados internacionales y disposiciones jurídicas aplicables, en diversas materias, entre las que se destaca por supuesto la preservación, restauración,  conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los ecosistemas terrestres y acuáticos, y los recursos hídricos.

La cultura ambiental en nuestro país, ha podido permear en áreas muy importantes, en sectores industriales (automotriz, cervecera, alimentos, farmacéutica, hotelera), universidades, y gobiernos locales y municipales que cada vez más se preocupan por generar nuevas estructuras gubernamentales exclusivamente para normar actividades que afectan los recursos naturales y para protegerlos de los diversos factores de daño, pero principalmente del hombre, que es el mayor de los depredadores.

Sin embargo, en materia de construcción, operación y explotación de carreteras, camino y puentes y sobre todo en su construcción, en la administración pública, se ha podido avanzar pero aún contamos con serias resistencias y muy lamentablemente del poder ejecutivo, en cualquiera de sus tres órdenes, Federal, Estatal y Municipal.

La sustentabilidad no está peleada con el desarrollo, de hecho son conceptos que si logramos amalgamarlos, pueden crear políticas públicas que favorecerán la calidad de vida de los mexicanos y asegurará la permanencia de la biodiversidad en nuestro país.

Construir un camino o carretera, no es hacer un simple trazo que especifique por donde puede o debe llevarse a cabo la obra, ello requiere de un estudio de impacto ambiental integral que incluya los daños colaterales que acarrea la actividad desde su edificación hasta su operación y permanencia futura.

Todas las actividades humanas significan un menoscabo al medio ambiente y a los recursos naturales, pero no debemos cerrar la puerta del desarrollo sostenible. Existen en México, los instrumentos normativos legales para la obtención de autorizaciones y permisos de obras o actividades que dañan los elementos naturales.

La diferencia entre una obra autorizada a una que no cuenta con dicha autorización es muy grande, ya que las obras que cuentan con un permiso, debieron ser sujetas a un análisis riguroso de los impactos ambientales y sus permisos incluirán actividades que tratarán de mitigar los daños o compensar los servicios ambientales que se pierden al momento en que una obra,  actividad o cambio de uso de suelo se llevan a cabo.

Un ejemplo de falta de visión ambiental ante el desarrollo carretero, es el caso del Berrendo o antílope americano (Antilocapra americana) que es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Antilocaprodae y actualmente en riesgo de extinción, principalmente por tres causas, la cacería, la urbanización y la construcción de carreteras que provocaron su atropellamiento.

Según el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) en la época de la Colonia existían manadas abundantes de berrendos, estimadas en cientos de miles extendidas del centro al norte de México, sin embargo en ésta misma época se organizaron cacerías de honor al Primer Virrey Don Antonio de Mendoza, sacrificando unos 600 individuos entre berrendos tan solo en los Estado de México e Hidalgo. Así comenzó un auge por su cacería y con ello la disminución de la población que ya para 1925 era de aproximadamente 4,400 animales distribuidos en los estados de Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Zacatecas y San Luis Potosí.

Aunado a lo anterior, se destaca como importantes amenazas la modificación del hábitat por la construcción de carreteras y núcleos urbanos, que en 60 años disminuyó su población en más del 80%.

Hoy, tanto México como Estados Unidos trabajan en la reproducción y reintroducción de quizá uno de los mamíferos más veloces del mundo, que hoy se encuentra en peligro de extinción, bajo la protección de las normas y leyes ambientales más estrictas en México y los EEUU. No obstante que hoy el Berrendo se preserva y protege, el valor como especie animal, es infinito e incosteable.

En un país como el nuestro, no podemos darnos el lujo de planear, desmontar, construir y posteriormente solicitar las autorizaciones ambientales de impacto ambiental y cambio de uso de suelo; sin embargo, y como ejemplo contrario a ello, tenemos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, rige sus licitaciones en base al lineamiento dictado por la Secretaría de Economía, que publica en el Diario Oficial de la Federación las Reglas para la Celebración de Licitaciones Públicas Internacionales bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio Suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, en fecha 28 de diciembre de 2010, (hoy vigentes), que omite completamente a la normatividad ambiental como una regla general de las licitaciones.

De igual forma, dentro de la misma página http://www.sct.gob.mx, se encuentra un importante número de licitaciones publicadas por la principal empresa del estado en materia de planeación, construcción y concesión de carreteras, como lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como ejemplo, la denominada “PRE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO, UTILIZANDO EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, PARA “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO TREN INTER-URBANO DE PASAJEROS MÉXICO-PUEBLA” en cuyo contenido se refleja en materia de impacto ambiental, el que debe conocerse el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental; que el personal debe conocer de la materia y las bases son completamente omisas en cuanto a los terrenos forestales que podrán dañarse con la construcción del Tren Inter-Urbano; también es omisa en materia de ordenamiento ecológico y en ningún sitio se señalan las autorizaciones con las que debe contar el proyecto, que evidentemente tendrá que afectar zonas boscosas de importantes valores ambientales para la Ciudad de México e incluso, se puede ver afectado el Parque Nacional Izta Popo.

No fueron pocas las ocasiones, que en mi experiencia al frente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Coahuila, que Federación, Estados y Municipios llevaron a cabo obras y actividades que afectaron los recursos naturales, sin previas autorizaciones, lo cual, ya es en sí un daño al ecosistema, pero más aún, estamos contribuyendo a los efectos del cambio climático.

Mundialmente se ha dado un proceso acelerado de pérdida de bosques y vegetación en regiones muy amplias. Nuestro país no es la excepción. Se calcula que México ha perdido por lo menos la mitad de sus bosques desde la época colonial hasta nuestros días. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), México, en este mismo lapso, ha talado 6.3 millones de hectáreas de sus bosques, ocupando el segundo lugar en América Latina en destrucción forestal (el primer lugar lo tiene Brasil); recordemos incluso que en el pasado hubieron absurdas políticas públicas encaminadas a la tala de los bosques para la siembra de maíz o avena y la Comisión Nacional de Desmontes era el aparato de gobierno encargado de ello.

En la actualidad, casi la totalidad de la comunidad científica está de acuerdo en que debemos frenar e invertir este proceso ahora, o de lo contrario enfrentaremos a una avalancha devastadora de desastres naturales que alterará la vida tal y como la conocemos en la tierra. Algunos ya han sido notables y han causado daños y deterioros ecológicos, ya que la mayor parte de los años más calurosos que se han registrado han tenido lugar durante las últimas dos décadas.

En la construcción de  caminos y carreteras, el principal afectado es el suelo forestal y éste incluye, bosques, selvas y pastizales y desde el sector medio ambiente, México reportó en el  2010, en su Inventario Nacional Forestal y de Suelos (CONAFOR), que de la superficie continental del territorio nacional es de 194´317,118.10 ha; poco más de 138 millones de hectáreas (71%) está ocupado por vegetación forestal y el 29 por ciento restante corresponde a usos del suelo distinto al forestal, principalmente agrícola, pecuario, zonas urbanas, acuícola, entre otros.

El mismo inventario señala que la superficie forestal se distribuye de la siguiente manera:

Nuestro suelo forestal alberga una gran diversidad de géneros y especies vegetales y forestales, el registro nacional contabiliza 3,376 denominaciones para especie,  2,511 corresponden a especies reportadas en el apartado “Repoblado” (estos registros pueden repetirse en el apartado “Arbolado”); asimismo, de 994 denominaciones para género a nivel nacional, 837 aparecen en el repoblado.

Así pues, debemos contribuir en mitigar los impactos negativos del cambio climático con políticas públicas armónicas y con leyes que contemplen sobre todas las acciones, el respeto y cuidado a los medios naturales que contribuyen a la calidad de vida de los mexicanos; leyes que contemplen en todo momento los daños al ambiente, para que de alguna forma sean resarcidos con medidas complementarias que las autoridades normativas dictarán.

Por lo antes es que  someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Se modifica el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 22.- Es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes. La Secretaría por sí, o a petición de los interesados, efectuará la compraventa o promoverá la expropiación de los terrenos, construcciones y bancos de material necesarios para tal fin. La compraventa o expropiación se llevará a cabo conforme a la legislación aplicable.

En el caso de compra venta, ésta podrá llevarse a cabo a través de los interesados, por cuenta de la Secretaría.

Los terrenos y aguas nacionales así como los materiales naturales existentes en ellos, podrán ser utilizados para la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, previa obtención, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, que contemplen medidas compensatorias que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 constitucional, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN)

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTES.

La suscrita, Senadora LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 numerales 1, 4 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente Permanente, por conducto de esta Soberanía, el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estipular que cada funcionario señalado en la fracción II del artículo 76, deberá rendir anualmente al Senado de la República un informe específico de actividades, en los términos que establezca la ley. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La división del poder público tiene antecedentes antiguos, donde diferentes organismos desempeñaban funciones diferentes, como el César y el Senado en Roma o el rey y los delegados feudales (antecedente de los parlamentos) en la Europa medieval.

No obstante, en la historia moderna de la política, la teoría de la división de poderes que predomina en los Estados modernos se encuentra en el pensamiento del siglo XVIII, con autores como John Locke, Alexander Hamilton, Jean-Jacques Rousseau y, especialmente, Charles Louis de Secondat (Montesquieu).

Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes” define el poder a la vez como función y como órgano, y lo divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, los cuales no deben concentrarse en una sola persona o entidad. Para el autor, esta “separación” no sólo busca especializar a un ente en una función determinada, sino crear contrapesos donde uno equilibra al otro.

En México, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, estableció un Congreso Legislativo, un poder Ejecutivo Federal (presidente y vicepresidente), y un Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia). Este formato se ha mantenido en la estructura del poder público a pesar de las diversas normas y constituyentes que se han dado en la historia mexicana. El primer párrafo del artículo 49 constitucional vigente a la letra señala: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Sin embargo, la teoría de Montesquieu ha tenido un importante desarrollo, cobrando mayor relevancia el equilibrio entre Poderes, en menoscabo de una división por la mera especialización de facultades ejercidas por cada uno de ellos. Así, la división de Poderes, influenciada por un impulso pragmático, ha permitido cuestionar la especialización pura, de tal forma que pueda haber una “mezcla” de funciones entre ellos.

“Como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes ocasiones, la propia ‘separación de poderes’ es de carácter flexible ya que existen muchas facultades que los Poderes de la Unión deben ejercer de manera coordinada o concurrente y otras varias en las que la naturaleza de la función que se ejerce no necesariamente corresponde a la del órgano que la ejercita”.1

En dicho tenor se encuentran figuras de colaboración, que permite a dos Poderes diferentes ser corresponsables de temas específicos, tal y como se da en el caso de las ratificaciones que un Poder, hace sobre una propuesta de otro Poder, para que un ciudadano que cumple con los requisitos de ley, pueda ocupar un cargo determinado.

En el marco institucional mexicano, la ratificación del nombramiento de un alto funcionario implica que un órgano de Estado, como el Senado de la República o la Comisión Permanente durante los recesos del Congreso, confirme la designación de una persona para poder ejercer el cargo, empleo o comisión en la función pública de propuestas sometidas a su consideración por parte del Poder Ejecutivo, a efecto de legitimar y cohesionar la titularidad de dependencias claves en el funcionamiento público del país.

“Por ratificación de cargo se entiende en el ámbito parlamentario, al acto que constituye la confirmación de una función o encargo, tanto en los órganos de administración del gobierno como en los propios cuerpos legislativos. La ratificación en lo cargos públicos es un acto jurídico, administrativo, político y social que significa la confirmación a una ciudadana o ciudadano para la prestación de sus servicios en cualquiera de los órganos de gobierno. La existencia de los cargos públicos se señala implícita o explícitamente en los documentos constitucionales de todos los países en donde se ha establecido el Estado de derecho, al determinar la estructura de gobierno y las funciones que corresponden a las personas en quienes recaen éstas”.2

La función ratificadora del Senado implica la injerencia de este órgano en las facultades de nombramiento que el Ejecutivo posee. Se trata pues de una función de control sobre el Poder Ejecutivo debido a la decisión política de un Constituyente.3 Y al mismo tiempo se adquiere una corresponsabilidad, resultado del propio control ejercido y cuyo objetivo principal es garantizar un perfil mínimo que pueda cumplir integralmente con las funciones que se le encomiendan, pues se entiende que éstas son de alto impacto para la vida pública nacional.

No obstante, una vez que son ratificados, se carece de canales de comunicación expresos con la Cámara de Senadores, desvirtuando la idea de colaboración en la materia, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Para dar continuidad a la facultad de ratificación de este Senado, es fundamental generar un mayor vínculo con los servidores en cuestión, que debe tener como base informes puntuales de sus actividades, para que los senadores conozcan no sólo de los logros y deficiencias, sino también de los retos y dificultades, ya sean endógenas o exógenas, que la dependencia tiene para cumplir cabalmente con su propósito.

Por supuesto, la rendición de cuentas de los servidores públicos ratificados por el Senado, abona a la transparencia, al combate de la corrupción y promueve la eficiencia y eficacia de nuestras instituciones.

Dichos informes, una vez establecido en el marco constitucional, deberán tener un camino en la normatividad parlamentaria, para que sean realmente útiles y no una mera carga de trabajo para el servidor obligado a rendirlo. Por ello, se deberá reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado, estipulando los elementos que deberán contener, los mecanismos para su presentación, las comisiones legislativas que deberán atenderlo y la forma en que deberán ser desahogados.

En resumen, la presente iniciativa propone que los funcionarios mencionados en la fracción II del artículo 76 constitucional: Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; deberán rendir por separado un informe anual, que deberá ser específico, es decir centrado en las funciones de su responsabilidad.

Dicho informe se rendirá con independencia, pero sin menoscabo del informe que rinde el Presidente de la República en términos del primer párrafo del artículo 69 de la Constitución.

En la lógica de que son funcionarios nombrados por el titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República, los informes serán rendidos ante esta Cámara y será en la ley correspondiente, donde se señalen los pormenores del formato de su presentación.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTIPULAR QUE CADA FUNCIONARIO SEÑALADO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 76, DEBERA RENDIR ANUALMENTE AL SENADO DE LA REPUBLICA UN INFORME ESPECIFICO DE ACTIVIDADES, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69.-

Cada funcionario señalado en la fracción II del artículo 76, deberá rendir anualmente al Senado de la República un informe específico de actividades, en los términos que establezca la ley.

TRANSITORIOS

Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo.- El Congreso de la Unión deberá establecer en la ley secundaria, los mecanismos para la rendición de los informes señalados en el tercer párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar en noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.

1 Valadés Diego, Et Al, Panorama del Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, México D.F. 2006.

2 Vega Vera David, Et. Al. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, Cámara de Diputados, LX Legislatura, México 2010.

3 González Oropeza Manuel, Los Empleados Superiores de Hacienda, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México 2004.





 

De la Senadora Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 42 de la Ley Minera, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 42 DE LA LEY MINERA, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)







 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 128 del Código Civil Federal, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTICULO 128 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)







 

PROPUESTAS

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo relativo al bullying, mismo que se turna a la Comisión de Educación.







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo para que el Centro Integralmente Planeado denominado “Playa Espíritu”, ubicado en Escuinapa, Sinaloa, en construcción, prosiga hasta su conclusión por ser inversión turística prioritaria estratégica para México, mismo que se turna a la Comisión de Turismo.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO DENOMINADO PLAYA ESPIRITU, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, EN CONSTRUCCIÓN, PROSIGA HASTA SU CONCLUSION POR SER INVERSION TURISTICA PRIORITARIA ESTRATEGICA PARA MEXICO

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me permitosometer al pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución, para que el Centro Integralmente Planeado (CIP) denominado Playa Espíritu ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa en construcción, prosiga hasta su conclusión; por ser inversión turística prioritaria estratégica para México, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Turismo es una de las principales actividades económicas del país que le representa ingresos importantes a través de los destinos divididos en centros de Playa, Turismo de aventura, Pueblos Mágicos, turismo social, de negocios, y otras áreas que pretenden presentar una oferta atractiva para el visitante nacional e internacional.

Conforme a los datos de la Organización Mundial de Turismo, que es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, México ha ocupado durante los últimos años la posición número diez en lo referente a llegadas de turistas internacionales a nuestro país, cifra que asciende a 23.4 millones de turistas.

La industria turística representa para México la tercera fuente de ingresos de divisas al país, aporta el 8.6% del Producto Interno Bruto y genera cerca de 7.5 millones de empleos directos e indirectos.

Los turistas internacionales prefieren el turismo de playa, en particular los centros integralmente planeados (CIP), tales como Cancún,los Cabos, Ixtapa, Loreto y Huatulco, mismos que han sido mega proyectos exitosos porque han creado un gran movimiento turístico, así como la generación de divisas, servicios y desarrollo en el país. Asimismo han beneficiado a otros sectores sociales con la incorporación de tecnología de punta.

México es considerado mundialmente en el sexto lugar como país generador de CIP compitiendo frente a frente con el país número uno en este rubro, como lo es España.

En años recientes, se decidió construir en el estado de Sinaloa, el CIP denominado Playa Espíritu antes Teacapan, localizado a 100 km al sur de Mazatlán, en el Municipio de Escuinapa, mismo que será un destino turístico de alto nivel, el cual estará conformado por una superficie de 2,381 Ha, un frente de playa de 12 km y una superficie de conservación: 559.9 Ha.

El proyecto estará conformado por sectores habitacionales vinculados a campos de golf, una marina y malecón, integrados a complejos hoteleros y exclusivos spas. El complejo estará comunicado por canales interiores que conectarán los distintos sectores, creando una diversidad de ambientes acuáticos que privilegiarán espacios abiertos y de paisaje. Aunado a esto, el desarrollo contará con parque temático, plazas comerciales, núcleo administrativo, muelle de cruceros, clubes de playa y equipamiento para actividades cívicas y de entretenimiento.

El proyecto tiene un presupuesto plurianual y es el primero que existe en su tipo en materia turística, por lo cual se encuentran etiquetados 5 mil millones de pesos en el presupuesto de Egresos de la Federación, del año 2008 al 2019 para asegurar la conclusión del proyecto en su primera fase de las nueve fases del mismo.

El proyecto inicial comprendía 44 mil 200 Cuartos para 2025, de los cuales 16 mil 850 serán hoteleros, 16 mil 350 serán de vivienda vacacional y 11 mil de población existente. Asimismo la inversión pública seria de 5 mil millones de pesos e inversión privada de 66 mil millones de pesos.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) espera que el CIP genere 78,000 empleos directos e indirectos en 15 años.

Actualmente se han invertido en el CIP Playa Espíritu, $2,000 millones, de los cuales $1200 millones se invirtieron en la adquisición del terreno y $800 millones en diversas obras de terracerías, pavimentación, construcción de tanque de regularización de agua, alcantarillado, drenaje pluvial, electrificación, alumbrado público entre otras.

El proyecto contempla 9 fases para su terminación, la obra de infraestructura constituye la primera fase de Playa Espíritu que se prevé termine entre 2017 y 2019, para ese momento se tiene proyectado una inversión de $ 3,200 millones.

Sin embargo, a la fecha han existido diversas causas por los cuales el proyecto noavanzó como inicialmente se tenía proyectado, entre las que destaca la falta de planeación económica y comercial.

A pesar de lo anterior, la concreción del CIP playa espíritu abonaría en mucho en la entrada de divisas, generación de empleos, mejoramiento de la infraestructura, estímulo a la actividad empresarial y dinámica económica regional, por lo que se considera que este proyecto es sumamente importante para el futuro de Sinaloa y sobre todo para nuestro país.

El sur de Sinaloa en donde se encuentra ubicado el CIP, tradicionalmente ha sido una zona marginada respecto a la zona centro y norte, esto por la falta de agua, siempre ha estado económicamente ligada a los ciclos de producción, así que el sector productivo y el social nunca ha podido tener una economía estable.

Mazatlán tendrá un importante desarrollo económico con el nuevo centro integral de Sinaloa, derivado de que para poder llegar al municipio de Escuinapa,se tiene que llegar a Mazatlán y esto se puede aprovechar para admirar ese destino. Para llegar al CIP se harán 45 minutos del aeropuerto de Mazatlán y en la trayectoria se puede admirar otras zonas costeras aledañas, las cuales también se pueden detonar comercialmente a futuro.

Con la apertura de la carretera Mazatlán-Durango, de acuerdo a algunos estudios, la llegada de vehículos se detonará a 1 millón por año, por lo que será necesario el Centro Integralmente Planeado para dar cabida a los visitantes que recibirá la zona sur del estado.

Los legisladores, tenemos la obligación ineludible de apoyar el desarrollo regional de las regiones del país, sobre todo en aquellos proyectos que benefician no solo a una región en particular, sino que son mega proyectos que generaran beneficios a México.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República respetuosamente, exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo Federal y al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) a proseguir hasta su total terminación el Centro Integralmente Planeado denominado Playa Espíritu ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Cámara de Senadores, México, D.F. a 20 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo referente a la situación de inseguridad en la que viven las familias de la ciudad de Monclava, Coahuila, mismo que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A LA SITUACION DE INSEGURIDAD EN LA QUE VIVEN LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senadode la República, se somete a la consideración de esta Soberanía la propuesta con PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A LA SITUACION DE INSEGURIDAD EN LA QUE VIVEN LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA.

ANTECEDENTES

Fue muy difícil para la Ciudad de Monclova vivir la mañana del pasado martes 19, la delincuencia organizada despertó gran terror entre los habitantes de las colonias Tecnológico, Leandro Valle y sus alrededores, ya que aproximadamente a las 7:30 a.m. en plena hora donde la población de adolescentes,niños e infantes acuden a sus escuelas en compañía de sus padres, se desató una balacera entre diferentes grupos del crimen organizado, lo cual provocó que los padres de familia tuvieran que regresar por sus hijos a las escuelas y colegios; se suspendieron las clases; algunas escuelas al escuchar los impactos de balas ni siquiera permitieron el acceso; y en muchos otros casos, la población se tuvo que tirar al suelo para evitar ser víctimas del enfrentamiento.

Qué garantías de seguridad tienen nuestros hijos en la Ciudad de Monclova? Que está haciendo el Gobierno Estatal por brindar seguridad, no tan solo a esta ciudad sino a todo Coahuila?

No sabemos hasta cuando la Autoridad Gubernamental, la Procuraduría de Justicia del Estado, y la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, inhibirán, controlarán y erradicarán la delincuencia que día a día se recrudece dentro de los poblados y amenaza la vida de todos los coahuilenses.

Es tiempo que cada servidor público se ponga a trabajar y lleve a cabo las funciones y obligaciones para lo cual fue contratado y percibe un salario.

Ante eventos tan desafortunados como el del día martes, por los medios de comunicación nos enteramos que las autoridades estatales reaccionan aplicando una rimbombante estrategia llamada código rojo que hasta este momento no se sabe en qué consiste, para qué sirve, ni sus resultados, y si es que se trata de algún programa, y por supuesto tampoco si dicho código representa un gasto al erario público de los coahuilenses.

Es lamentable que el Gobierno del Estado de Coahuila no haga nada por tratar de poner orden en las calles; aún se recuerdan aquellas promesas de campaña del actual Gobernador Rubén Moreira, anunciando por todo el estado: “de la seguridad me encargo yo”… Señor Gobernador, estamos esperando a que YA se ponga a trabajar!

Y que sorpresa las declaraciones que el día de hoy los medios de comunicación dieron a conocer, en las cuales el Gobernador Rubén Moreira, al ser cuestionado por las balaceras del día martes en Monclova, refiere que hoy la situación en el estado está “mejor”, pero… en qué está mejor? La verdad señor Gobernador, no se ve ni se siente que haya mejorado la seguridad y por el contrario, las ciudades, carreteras y caminos son cada vez más riesgosos. De igual forma declara que la violencia en Coahuila se debe a quien “en los últimos años” permitió la entrada de casinos y dejó correr sin control el alcohol… que no recordará el Gobernador que fue precisamente su hermano Humberto quien gobernó del 2005 al 2011 y que fue él quien le hizo entrega de la gubernatura ?

Ya basta de que nuestros jóvenes tengan que dejar la escuela por falta de garantías… ya basta que los niños tengan que vivir en un estado de guerra… ya basta de que la autoridad prohíba pasar por ciertos lugares y violente la garantía del libre tránsito por que ellos no pueden hacer nada para evitar que los delincuentes tomen las calles y lugares concurridos por la sociedad…

Por tal motivo, es de exigir al titular de Gobierno del Estado, a que si no puede hacer cumplir la Ley y poner orden en la población, renuncie a su cargo, o si cree que puede, trate de terminar con la violencia que se vive día con día en mi Estado; la población, no soporta más, estamos cansados de esta situación y preocupados, por nuestro hijos.

Asimismo, esperamos una solución, no palabras, sino hechos por parte de la Procuraduría del Estado, para que en verdad investigue y trátate de esclarecer los hechos que llevaron al pánico, no solo hoy, sino siempre, a la población de Coahuila, vivimos en constante miedo, por la ola de violencia que azota al estado, hoy fue una balacera, mañana es otra, nos roban nuestras casas, hay todo tipo de extorsiones, secuestros… en fin, interminable lista de delitos

Los Coahuilenses, estamos acostumbrados a sobrevivir, decimos sobrevivir, por que vivir en esas condiciones no es vida, cuando de lo que en verdad se trata es de vivir en paz, sin temor de que tal vez le pase algo a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, o a uno mismo por culpa de los delincuentes, y lo peor, por omisión de la autoridad que no hace nada para remediarlo, como si estuviera conforme, con lo que sucede día a día

Por tal motivo, se pone a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se le hace un exhorto, al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, para que en el ejercicio de sus funciones, facultades y obligaciones, proporcionen a la sociedad seguridad y orden en las calles del Estado de Coahuila, proteja a las familias y garantice la seguridad de los estudiantes.

SEGUNDO: Se exhorta al titular de la Procuraduría de Justicia del Estado, a que envíe a esta Cámara Alta un informe detallado, y que explique qué es y para qué sirve el Código Rojo que implementa cada que suceden acontecimientos como el referido en el presente documento.

TERCERO: Un exhorto al titular de la Secretaría de Gobernación, para en el ejercicio de sus nuevas funciones sobre seguridad pública, evalúe la actuación de los cuerpos policiacos y las autoridades estatales de Coahuila.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 21 de marzo de 2013.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar las medidas pertinentes y necesarias para la prevención de accidentes en las carreteras de todo el país, derivado de los próximos periodos vacacionales, mismo que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES Y NECESARIAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES EN LAS CARRETERAS DE TODO EL PAIS, DERIVADO DE LOS PROXIMOS PERIODOS VACACIONALES

"SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter al pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución en el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación tome las medidas pertinentes y necesarias para la prevención de accidentes en las carreteras de todo el país derivado de los próximos periodos vacacionales, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México ocupa el séptimo lugar mundial en muertes asociadas con accidentes automovilísticos; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México el promedio diario de fallecidos por accidentes automovilísticos es de 55, lo que equivale a 20 mil cada año por esta situación, mientras, el número de discapacitados por esta causa asciende a 40 mil, la tercera parte de entre 15 y 29 años de edad.

El 20 de Noviembre de 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 64/540 declaró el decenio 2011-2020 decenio de acción para la seguridad vial 2011-2020.

La Asamblea General proclama el periodo 2011-2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo de estabilizar y posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial. El lema “Es tiempo de actuar, juntos podemos salvar millones de vidas”.

En este marco y según cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), al año en México ocurren por lo menos 24 mil decesos relacionados con accidentes en autos, siendo las carreteras de la ciudad de México a Toluca, Querétaro y Puebla las que registran un alto índice de accidentes viales, debido a que son las más transitadas.

Además de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la muerte por accidentes viales se considera como la segunda causa de orfandad en el país. Así, más allá de los costos sicológicos y sociales que pueden tener la pérdida de un padre en un accidente vial, esto puede implicar un deterioro en términos de capital humano (educación, salud, alimentación, etcétera) de buena parte de niños que caen en orfandad.

Los reportes que genera la Policía Federal, indican que las causas de los accidentes en las carreteras federales, alrededor del 80% de las veces se deben al conductor, 7% al vehículo, 9% a los agentes naturales y solo el 4% al camino.

Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de accidentes de tránsito y las principales causas son conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes, realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor, conducir a exceso de velocidad (produciendo vuelcos, salida del automóvil de la carretera, derrapes), salud física del conductor (ceguera, daltonismo, sordera) y conducir con fatiga, cansancio o con sueño.

Entre las carreteras con más afluencia de vehículos o más accidentes viales encontramos la México-Toluca es una de las más peligrosas y la de mayor aforo con 120 mil vehículos todos los días.

En la México-Puebla se calcula que al año ocurren cerca de mil 683 accidentes, la México-Querétaro tiene un promedio de tres accidentes diarios, anualmente se calcula que son más de mil.

La Querétaro-Irapuato también con un promedio diario de tres accidentes, más de mil al año, la carretera Tepic-Mazatlán reporta a diario cuatro accidentes, mil 490 al año.

Derivado de lo anterior las medidas a implementar por parte de la Policía Federal deben ir encaminadas a que el conductor de un automóvil tome conciencia a través de diversos mecanismos de que no debe de conducir a exceso de velocidad, ni bajo los influjos del alcohol o cualquier otra sustancia que provoque una disminución en la capacidad de manejo del automóvil.

Los Senadores de la República, tenemos la obligación de hacer lo necesario para prevenir los accidentes en carretera, porque ello implica apoyar a que las familias no tengan que sufrir por pérdidas humanas.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República respetuosamente, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, vía Policía Federal realice todas y cada una de las acciones necesarias para la prevención de los accidentes automovilísticos en todas las carreteras del país, derivado de los próximos periodos vacacionales.

México, D.F., a 21 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a crear programas de prevención y atención a siniestros en las principales carreteras y parajes turísticos del país, mismo que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, ASI COMO A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, A CREAR PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A SINIESTROS PARA EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA DEL 2013 EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS Y PARAJES TURISTICOS DEL PAIS

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

RAUL GRACIA GUZMAN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación así como a los gobiernos estatales y municipales a crear programas de prevención y atención a siniestros para el periodo vacacional de Semana Santa del 2013 en las principales carreteras y parajes turísticos del país, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La riqueza de una Nación radica en sus habitantes; La perdida de una vida es simple y sencillamente incalculable.

2. En México,la conmemoración de la Semana Santa es un periodo vacacional que se celebra en la gran mayoría de la República, reconocido por la Secretaria de Educación Pública y que comprenden para este año, 2013, de los días 24 de Marzo al 8 de Abril y consuetudinariamente en el ámbito profesional jueves, viernes y sábado.

3. A pesar de ser una temporada de reflexión; el incremento en la incidencia de accidentes es evidente. Entre las razonas en este incremento de accidentes se encuentran relacionados con el de bebidas embriagantes que en este caso se presenta como un factor que predispone las situaciones de riesgo y por consecuencia el establecimiento de accidentes que en su etapa más dramática deja como resultado la muerte de los sujetos que son participes de ellos

4. En esta temporada vacacional, el riesgo de sufrir un accidente tanto en carretera como en el hogar aumenta 10% en promedio, sobre todo los de tránsito o por quemaduras, caídas o ahogamientos, según lo ha informado la Secretaría de Salud, por lo que es importante que la población atienda algunas medidas y recomendaciones para reducir el riesgo o prevenir lesiones.

5. Según datos arrojados por la Secretaria de Salud, cada año fallecen en México más de 35 mil personas como consecuencia de una lesión por algún tipo de accidente, y este problema afecta principalmente a niños y jóvenes, la mayoría por choques en vehículos de motor oatropellamientos. Los accidentes de tránsito se califican por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública con implicaciones económicas, sociales y de salud para los países y las familias y se estima que el 90% de estos accidentes ocurren por errores humanos y el 10% de estos accidentes pudiera evitarse si se tuviera la cultura de la prevención.

6. Otro tipo de accidente común en esta temporada es el ahogamiento y sumersión accidentales, que estadísticamente se ubica por debajo de los peatones atropellados.

7. En los periodos vacacionales los niños pasan más tiempo en el hogar y son más susceptibles de sufrir accidentes como caídas y envenenamientos, que afectan principalmente a la población joven, con un promedio anual de 115 defunciones por envenenamiento y de 179 por caídas. Por esta razón, es importante mejorar la seguridad en los hogares.

8. Ante este panorama, es necesario reducir el consumo de alcohol, por lo menos de las personas que conducen el auto ya que el consumo de cualquier bebida alcohólica, produce falsa sensación de seguridad. Se estimaque entre el 40 y 60% de los accidentes mortales se relacionan con el consumo de alcohol.

Ante estas fechas que se aproximan es imperante garantizar a los ciudadanos de programas guiados por el gobierno federal para garantizar la seguridad de ellos y sus familias, tanto en las carreteras así como en los diversos parajes turísticos que se acostumbran visitar.

CONSIDERANDOS

I. El Senado de la República, tiene como principal tarea impulsar programas que ayuden a la ciudadanía a concientizarse en la protección de su bienestar físico y así evitar fatales accidentes que nos ha tocado presenciar en años pasados, es por eso que el día de hoy el exhorto al gobierno federal a crear un programa integral de concientización y prevención de accidentes para el periodo vacacional de Semana Santa del presente año.

II. La posición que socialmente se nos ha dado, como legisladores, es garantizar la convivencia social, que esta debe de darse en un marco de seguridad tanto física, como jurídica; de tal forma que se garantice la protección de los ciudadanos mediante la creación de nuevas normas y a través del impulso de políticas públicas que se deberán ejecutar por la autoridad competente con estricto apego a los derecho humanos.

III. Que por costumbre los gobiernos municipales, estatales y federales durante este periodo vacacional implementan operativos para mantener “saldos blancos”, se solicita a estos también incluir y poner especial atención;

a) Carreteras y calles de las ciudades donde se presten servicios mecánicos y revisiones con alcoholímetro y detectores de velocidad.

b) Albercas y playas; para así evitar ahogamientos.

c) Hogares; mediante comunicación social alertar a la población sobre accidentes que pueden ocurrir y la forma de prevenirlos.

d) Parajes boscosos; con el fin de evitar y prevenir incendios que dañen nuestros recursos naturales.

e) Pirotecnia; en estas fechas es común que se realicen fiestas patronales con manejo de pólvora que de no ser verificado podría terminar en una tragedia.

f) Vida nocturna; evitar la combinación de cualquier sustancia que altere la conciencia con el volante.

g) Garantizar la seguridad física de los turistas; para prevenir delitos que golpean a esta industria tales como asaltos y violaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación así como a los gobiernos estatales y municipales a coordinar e implementar políticas públicas integrales para la prevención y atención a siniestros y accidentes durante el periodo vacacional de Semana Santa del 2013 en las principales carreteras y parajes turísticos del país.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 21 de marzo de 2013.

Sen. Raúl Gracia Guzmán”.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se invita a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Distrito Federal, a que asistan ante esta Soberanía con el objeto de que informen sobre la estrategia “Escudo Centro”, así como la situación que guarda el Distrito Federal en materia de seguridad pública y procuración de justicia, mismo que se turna a la Comisión de Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INVITA A LOS TITULARES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL, A QUE ASISTAN ANTE ESTA SOBERANIA CON EL OBJETO DE QUE INFORMEN SOBRE LA ESTRATEGIA “ESCUDO CENTRO”, ASI COMO LA SITUACION QUE GUARDA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

LA QUE SUSCRIBE, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, SENADORA DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 59 Y 60 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1 FRACCION II, 108 Y 276 NUMERAL 2 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION SOMETO A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INVITA A LOS TITULARES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL, A QUE ASISTAN ANTE ESTA SOBERANIA CON EL OBJETO DE QUE INFORMEN SOBRE LA ESTRATEGIA “ESCUDO CENTRO” ASI COMO LA SITUACION QUE GUARDA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.- EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN DOS DIAS FALLECIERON 16 PERSONAS EN HECHOS VIOLENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 14 DE ELLOS PRODUCIDOS POR ARMAS DE FUEGO.

II.- EL 18 DE ENERO, EL ENTONCES SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PROTECCION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, MANUEL MONDRAGON Y KALB, OFRECIÓ AL GOBIERNO CAPITALINO APOYO DE LAS FUERZAS FEDERALES PARA ERRADICAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA PRESENTADOS EN EL DISTRITO FEDERAL.

III.- SEGUN INFORMES ESTADISTICOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, EL TOTAL DE DELITOS DE ALTO Y BAJO IMPACTO SOCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012 ASCENDIO A 15,621 DELITOS DEL FUERO COMUN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, 14,171 DELITOS; EN DICIEMBRE 13,720 Y EN ENERO DEL PRESENTE AÑO 14,230 DELITOS.

IV.- EN DICHOS INFORMES ESTADISTICOS SE OBSERVA QUE HUBO UN INCREMENTO DE DELITOS COMETIDOS EN TRES DELEGACIONES (AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO); LOS INDICES DELICTIVOS SE MANTUVIERON EN SEIS DELEGACIONES (CUAJIMALPA, ALVARO OBREGON, MAGDALENA CONTRERAS, IZTAPALAPA, TLAHUAC Y MILPA ALTA) Y SOLO 7 MOSTRARON UN “DECREMENTO”.

V.-EL PASADO 24 DE FEBRERO, EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ANGEL MANCERA, INFORMO QUE LA DENOMINADA ESTRATEGIA “ESCUDO CENTRO” SERA UN PACTO METROPOLITANO EN MATERIA DE SEGURIDAD, AGUA, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CON EL ESTADO DE MEXICO, HIDALGO Y MORELOS, LA CUAL INCORPORARA PROPUESTAS PARA REFORZAR LA PARTE SOCIAL.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.-QUE DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, ES DEBER DE LOS SENADORES PRESENTAR PROPOSICIONES Y DENUNCIAS, ASI COMO REPRESENTAR LOS INTERESES LEGITIMOS DE LOS CIUDADANOS, Y PROMOVER Y GESTIONAR LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES COLECTIVAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

SEGUNDO.- QUE EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL SE ENCUENTRA CONSAGRADO EN LOS ARTICULOS I, FRACCIONES XXV Y XXVI DE LA DECLARACION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 1948; 5 Y 7 DE LA CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 1969; A LA LIBERTAD Y SEGURIDADPERSONALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 3 Y 5 DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EN LOS ARTICULOS 7 Y 9 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.

TERCERO.- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE A LA LETRA INDICA:

…LA SEGURIDAD PUBLICA ES UNA FUNCION A CARGO DE LA FEDERACION, EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, QUE COMPRENDE LA PREVENCION DE LOS DELITOS; LA INVESTIGACION Y PERSECUCION PARA HACERLA EFECTIVA, ASI COMO LA SANCION DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, EN LOS TERMINOS DE LA LEY, EN LAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS QUE ESTA CONSTITUCION SEÑALA. LA ACTUACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA SE REGIRA POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCION.

LO ANTERIOR EN INTIMA RELACION CON LO CEÑIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION MEDIANTE LA SIGUIENTE TESIS DE JURISPRUDENCIA QUE A LA LETRA INDICA LO SIGUIENTE:

Epoca: Novena Epoca

Registro: 167365

Instancia: PLENO

Tipo Tesis: Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo XXIX, Abril de 2009

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: P. IX/2009

Pag. 1296

[TA]; 9a. Epoca; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 1296

SEGURIDAD PUBLICA. ES UNA MATERIA CONCURRENTE EN LA QUE TODAS LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO DEBEN COORDINAR ESFUERZOS PARA LA CONSECUCION DEL FIN COMUN DE COMBATE A LA DELINCUENCIA, BAJO UNA LEY GENERAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNION.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, los cuales deben coordinarse, en los términos señalados por la ley, para fijar un sistema nacional de seguridad pública. Por su parte, el artículo 73, fracción XXIII, constitucional, prevé la facultad del Congreso de la Unión para establecer las bases de dicha coordinación en una ley general, de donde deriva que aquélla debe entenderse no sólo en referencia al ámbito administrativo, sino también al legislativo. Así, el Congreso de la Unión puede coordinar legislativamente mediante una ley general en la que se distribuyan las facultades competenciales de los distintos niveles de gobierno, por ende, la seguridad pública constituye una materia concurrente inserta en el contexto del federalismo cooperativo, en la que existe la obligación constitucional para todas las instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de combate a la delincuencia, bajo una ley general expedida por el Congreso de la Unión.

PLENO

Controversia constitucional 132/2006. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 10 de marzo de 2008. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: José María Soberanes Díez, Fabiana Estrada Tena y Marat Paredes Montiel.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.

De lo anterior que se desprenda que esta soberanIa y todas las instancias de gobierno son competentes para conocer y atender cualquier aspecto relacionado con la seguridad pUblica, debido al interEs superior que representa para la sociedad la atenciOn de la seguridad pública, en tal tesitura para esta soberanía es imprescindible conocer la situaciOn de seguridad que prevalece a la Ciudad de MExico.

CUARTO.- Que por un lado las cifras citadas en los antecedentes del presente instrumento vislumbran una realidad ineludible en materia de Seguridad PUblica ya que desde el año pasado no se podido abatir mAs allA del 15% los Indices de la comisiOn de delitos y por ende de inseguridad en el Distrito Federal y por otra parte se ha anunciado por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la implementaciOn de una estrategia denominada “Escudo Centro” quien ha señalado que se trata de un pacto metropolitano en materia de seguridad, agua, medio ambiente y movilidad con el Estado de MExico, Hidalgo y Morelos, la cual incorporará propuestas para reforzar la parte social, sin embargo no se ha publicado concretamente en que consiste operativamente esta estrategia de carActer metropolitano, porlo que considero que los Senadores de la RepUblica podrIamos enriquecer esta acciOn sI se nos informa adecuadamente de su operaciOn y sistematizaciOn.

En mérito de lo antes expuesto la que suscribe formula con el carácter de urgente y obvia resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES

PRIMERO.- Se invita respetuosamente al Lic. Rodolfo Fernando Ríos Garza titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que asista ante esta Soberanía a la Comisión del Distrito Federal, a efecto de que informe sobre la situación que guarda la Ciudad de México en materia de procuración de justicia.

SEGUNDO.- Se invita respetuosamente al Dr. Jesús Rodríguez Almeida titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a que asista ante esta soberanía a la Comisión del Distrito Federal, a fin de que informe en que consiste la estrategia “Escudo Centro” así como sobre la estrategia de Seguridad Pública a implementarse en la Ciudad de México durante el actual gobierno.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 21 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.





 

Del Senador Fernando Yunez Márquez, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública considerar la inclusión del municipio de Chiconcuac de Juárez, Estado de México, en el subsidio para la seguridad pública municipal para el ejercicio fiscal de 2013, mismo que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONSIDERAR LA INCLUSION DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, EN EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013

"SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPUBLICA.
PRESENTE

El que suscribe, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, Punto de Acuerdo por el cual se solicita de manera respetuosa al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a que en el ámbito de sus atribuciones legales considere la inclusión del Municipio de Chiconcuac de Juárez, Estado de México, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública se encuentra definida como una función a cargo del Estado cuya finalidad es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública.

Dicha seguridad, es un reclamo constante de la ciudadanía, por ello, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, están obligados a dar resultados acordes a esta demanda, que permitan cumplir con las expectativas de seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos, lo anterior, mediante el combate a las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y con el desarrollo de políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad los valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios(SUBSEMUN), es el Recurso Federal que se ministra a Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que resultan beneficiados a través de la fórmula de elegibilidad, con el objeto de que dichos recursos se entreguen, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito.

De manera general podemos decir que los objetivos del SUBSEMUN van encaminados a:

• Fortalecer las funciones que en materia de Seguridad Pública, ejerzan los municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su cargo dicha función o la ejerzan coordinadamente con estos, así como al Gobierno del Distrito Federal para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

• Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las corporaciones en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.

• Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las Instituciones de Seguridad Pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas.

• Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde antes que ocurran los eventos que las detonan.

• Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito, que vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil organizada, así como de la ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que garanticen su derecho a ser partícipes en los actos de gobierno que los involucran.

Además, con este subsidio, se da cobertura a distintos Municipios con destinos turísticos, fronterizos y, conurbados; de igual forma, se da cobertura a grupos de Municipios que por su proximidad geográfica, se ven envueltos en una alta incidencia delictiva.

Es así que estos recursos son considerados como “etiquetados”, y son destinados expresamente al rubro del equipamiento, profesionalización, operación policial, infraestructura, prevención del delito y participación ciudadana.

En la actualidad, los gobiernos Municipales, han tenido que hacerle frente a los actos delictivos, en muchas ocasiones sin contar con los recursos suficientes o similares a los de las corporaciones Federales y Estatales, razón por la cual, requerimos que se fortalezca económicamente al Municipio de Chiconcuac de Juárez, del Estado de México, para que sea elegible en elSubsidio para la Seguridad Pública Municipal,de esta forma les permitirá continuar atendiendo la Seguridad Pública de mejor manera, con mejores equipos y conlas políticas de prevención social del delito adecuadas.

De otorgarse lo anterior, se permitirá privilegiar la profesionalización de los elementos de las corporaciones policiales y atender uno de los reclamos prioritarios del ciudadano.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República solicita de manera respetuosa al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que en el ámbito de sus atribuciones legales considere la inclusión del Municipio de Chiconcuac de Juárez, Estado de México, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 2 días de abril de 2013.

Atentamente

Sen. Fernando Yunes Márquez."





 

Del Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Procurador General de la República a reconsiderar su decisión de desaparecer el Consejo Ciudadano de esa procuraduría, y a mantener un enfoque en la procuración de justicia en el que se privilegie la participación ciudadana, mismo que se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA A RECONSIDERAR SU DECISION DE DESAPARECER EL CONSEJO CIUDADANO DE LA PGR Y A MANTENER UN ENFOQUE EN LA PROCURACION DE JUSTICIA EN EL QUE SE PRIVILEGIE LA PARTICIPACION CIUDADANA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

FERNANDO HERRERA AVILA, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 8, párrafo 1 fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Procurador General de la República a reconsiderar su decisión de desaparecer el Consejo Ciudadano de la PGR y a mantener un enfoque en la procuración de justicia en el que se privilegie la participación ciudadana. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, publicó el 26 de marzo en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/011/13 con el cual se abrogan: 1) el Acuerdo A/037/02 que dio origen al Consejo Ciudadano de la dependencia y 2) los Acuerdos modificatorios A/096/09, A/012/11 y A/111/12.

El Consejo Ciudadano de la PGR fue creado el 19 de abril de 2002 por el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha. Su objetivo era “analizar, proponer, evaluar, consensar y dar seguimiento a las políticas, programas, estrategias y acciones relacionadas con las tareas de la PGR”. El Consejo también debía funcionar como “el conducto para promover la participación de la ciudadanía y ser el interlocutor de ésta con la Procuraduría”.

De acuerdo con el Acuerdo de la PGR, la desaparición del Consejo Ciudadano es parte de las disposiciones determinadas en el “Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal” para racionalizar el uso de los recursos públicos reduciendo los gastos operativos de sus entidades. Además establece que “es fundamental realizar un diagnóstico que concluya con una reestructura de la Procuraduría, bajo la tesitura de contar con un gobierno más eficiente, aprovechando áreas de mejora que se detecten, condiciones que permitirán establecer con mayor objetividad metas a corto y mediano plazo”.

Resulta inadmisible que el órgano vinculante entre la PGR y la ciudadanía desaparezca por decisión unilateral de su titular bajo el argumento del uso eficiente de los recursos públicos. En un estado de derecho la ciudadanía debe dar seguimiento al trabajo y las acciones de la dependencia encargada de investigar los delitos federales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Procurador General de la República a comparecer ante esta Soberanía para que explique su decisión de desaparecer el Consejo Ciudadano de la PGR.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la titular del Poder Ejecutivo a reconsiderar su decisión de desaparecer el Consejo Ciudadano de la PGRy a mantener un enfoque en la procuración de justicia en el que se privilegie la participación ciudadana.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de abril de 2013.

Atentamente,

Sen. Fernando Herrera Avila”.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver la problemática que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la ciudad de Tijuana, mismo que se turna a la Comisión de Vivienda.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A COADYUVAR A RESOLVER LA PROBLEMATICA QUE ENFRENTAN HABITANTES DE 22 FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A COADYUVAR A RESOLVER LA PROBLEMATICA QUE ENFRENTAN HABITANTES DE 22 FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a una vivienda digna, es un derecho que aspira dar satisfacción a la necesidad que tiene las personas de contar con un lugar digno para vivir. De ahí que se trata de una de las condiciones necesarias para la supervivencia y para llevar una vida segura, autónoma e independiente. Es también la condición esencial para la realización de otros derechos, de modo tal, que cuando se carece de éste derecho, los demás pueden sufrir un gran menoscabo.

La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la “vivienda adecuada” como “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”1.

Asimismo nuestra Constitución prevé en el artículo 4º el derecho de toda familia a disfrutar una vivienda digna y decorosa. La dignidad y el decoro como características que tienen que ver con el acceso y dotación de servicios adecuados como son agua potable, alcantarillado, electricidad, drenaje entre otros servicios.

Es decir, “el derecho a la vivienda no se agota con el disfrute de la persona hacia adentro de su vivienda, sino que requiere de un ambiente externo que también sea adecuado”2.

Sin embargo, en nuestro país este derecho advierte enormes rezagos y problemas que requieren de su inmediata atención. Diversos indicadores señalan que en los últimos años creció la adquisición de vivienda ya sea por créditos bancarios o por los que se dan a través de la seguridad social como son FOVISSSTE e INFONAVIT, lo que llevó a una construcción masiva sin instrumentos de control en la autorización y calidad en los materiales que se utilizaron en su construcción.

El informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 de la Comisión Nacional de Vivienda, da cuenta que la prioridad del sector ya no es el financiamiento ni la edificación de vivienda, sino el entorno urbano pues la construcción de nuevos desarrollos habitacionales se hizo alejados de los centros de desarrollo sin equipamiento, infraestructura y servicios que afectó la calidad de vida de los habitantes.

Uno de los casos que reflejan lo anterior es el caso de habitantes de 22 fraccionamientos de la Ciudad de Tijuana Baja California, donde desde al año de 1996 autoridades locales autorizaron al INFONAVIT, a instituciones bancarias y a diferentes empresas constructoras a edificar viviendas, sin embargo las mismas por carecer de controles, se realizaron con materiales de dudosa calidad.

La construcción deficiente de estas viviendas ha sido analizada por diversos estudios periciales y por profesionales en la construcción. Todos estos análisis concluyen que las viviendas debido a su pésima construcción, son inhabitables y requieren ser demolidas.

La organización denominada Tijuanenses por una Vivienda Digna, ha realizado un número importante de gestiones ante las autoridades del INFONAVIT, las propias del Estado de Baja California e interpuesto las denuncias penales tanto federales como del fuero común, sin que hasta el momento hayan obtenido alguna respuesta satisfactoria para la solución de sus derechos colectivos, por lo que se han visto en la necesidad de trasladarse desde su lugar de origen hasta el Distrito Federal a realizar las gestiones ante autoridades antes señaladas, e incluso han tenido que acudir ante las propias Cámaras del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder ser atendidos, lo que representa un desgaste permanente no sólo de carácter económico sino humano.

Por lo antes expuesto, me permito poner a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a división de poderes, hace un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a que valore la posibilidad de ejercer la facultad concedida por el artículo 26 de la Ley Federal del Consumidor y coadyuve a resolver el problema que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la Ciudad de Tijuana Baja California.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de abril de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a modificar la denominación de la Comisión de la Reforma Agraria, mismo que se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DEL SENADO DE LA REPUBLICA A PROPONER UN ACUERDO PARA MODIFICAR LA DENOMINACION DE LA COMISION DE LA REFORMA AGRARIA A FIN DE CREAR LA COMISION DE DESARROLLO AGRARIO

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso m), 82 numeral 1 inciso c), 85 numeral 2 inciso a), 86, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95, 117, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DEL SENADO, TENGA A BIEN PROPONER ACUERDO PARA MODIFICAR LA DENOMINACION DE LA COMISION DE LA REFORMA AGRARIA, A FIN DE CREAR LA “COMISION DE DESARROLLO AGRARIO”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al inicio del actual Gobierno Federal se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de enero de 2013, entre los principales objetivos que sustentaron dicha reforma fue contar con dependencias que permitieran cumplir cabalmente con su propósito.

En este sentido se planteó garantizar el adecuado crecimiento y aprovechamiento del territorio nacional y su ordenamiento en términos de propiedad y expansión de los asentamientos humanos.

Así, la Secretaría de la Reforma Agraria, que desde su surgimiento había sido la encargada de atender la cuestiones de propiedad de la tierra en ejidos, tierras comunales, pequeña propiedad, terrenos baldíos y nacionales, se transformó en una nueva dependencia denominada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual conoce ahora de los asuntos agrarios más allá del aspecto jurídico de la tenencia de la tierra, para abarcar en su totalidad la materia agraria y su debida inserción en una política integral de planeación territorial.

Ante las modificaciones citadas, es preciso mencionar que en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que la Cámara de Senadores para el adecuado cumplimiento de sus funciones se organiza en comisiones ordinarias, las que tendrán a su cargo los asuntos relacionados con la materia propia de su denominación.

Con fecha 27 de septiembre de 2012, se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura, cuyo primer resolutivo señala “…Que se mantienen las comisiones ordinarias existentes al concluir la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Senadores…”

En la misma fecha se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura, en el Anexo Uno del citado acuerdo, se estableció la integración de la Comisión de la Reforma Agraria como sigue:

PRESIDENTE

GRUPO PARLAMENTARIO

1 Sen. Francisco García Cabeza de Vaca

PAN

SECRETARIO

2 Sen. Braulio Fernández Aguirre

PRI

3 Sen. Adolfo Romero Lainas

PRD

INTEGRANTES

4 Sen. Eviel Pérez Magaña

PRI

5 Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz

PAN

Así, el artículo 90, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, señala a la Comisión de la Reforma Agraria como comisión ordinaria del Senado de la República. Sin embargo, es necesario que la comisión senatorial encargada de tratar la reforma agraria, conozca de los temas que componen el desarrollo agrario en general y de aquellos correlacionados con la materia.

Para logar esta lógica es indispensable modificar su denominación, ya que el artículo 86 de la Ley Orgánica refiere que “Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y; conjuntamente con la de Estudios Legislativos, al análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia”.

Igualmente el artículo 117 numeral 2, del Reglamento del Senado refiere que “Las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a sus respectivas denominaciones; en su caso corresponden a las atribuidas a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su creación:”

Por lo cual, la presente proposición consiste en cambiar el actual nombre de la Comisión de la Reforma Agraria, para quedar como “Comisión de Desarrollo Agrario”, con lo que se precisa y amplia la competencia en la materia y el estudio y discusión de los temas de su naturaleza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su Consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que por conducto de la Mesa Directiva, someta a consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores un Acuerdo mediante el cual se modifique la denominación de la Comisión de la Reforma Agraria, para crear la “Comisión de Desarrollo Agrario”.

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, a 2 de abril de 2013.

Por la Comisión de la Reforma Agraria: Sen. Francisco Garcìa Cabeza de Vaca, Presidente.-Sen. Braulio Fernández Aguirre, Secretario.- Sen. Adolfo Romero Lainas, Secretario.- Sen. Eviel Pérez Magaña, integrante.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz, integrante”.





 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a ampliar el plazo establecido en el programa “Ponte al Corriente”, mismo que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A AMPLIAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA “PONTE AL CORRIENTE”, EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El que suscribe, Senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, Numeral 1, Fracción II y 276 del Numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, AMPLIE EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA “PONTE AL CORRIENTE” EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley de Ingresos de la Federación, publicada el 17 de diciembre de 2012, contiene en el Artículo Tercero Transitorio disposiciones que otorgan la condonación parcial y total de Créditos Fiscales, los cuales se dividen en dos rubros:

a) En los Créditos Fiscales consistentes en Contribuciones Federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, causadas antes del 1 de enero de 2007. En estos, la condonación será del 80 por ciento, cuota compensatoria y multa por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago actualizadas, y el 100 por ciento de recargos, por prórroga en términos del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación, y multas y gastos de ejecución que deriven de ellos. Para gozar de esta condonación, la parte no condonada del Crédito Fiscal deberá ser pagada totalmente en una sola exhibición.

En el caso de que los contribuyentes a que se refiere el párrafo previo, que hayan sido objeto de revisión por parte de las autoridades fiscales durante los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011 y se hubiera determinado que cumplieron correctamente con sus obligaciones fiscales, o bien, hayan pagado las omisiones determinadas y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la condonación será del 100%. Y,

b) Tratándose de recargos y multas derivados de Créditos Fiscales respecto de cuotas compensatorias y contribuciones federales distintas a las que el contribuyente debió retener, trasladar o recaudar, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, que se hayan causado entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012 la condonación será del 100 por ciento. Para gozar de esta condonación, las contribuciones o cuotas compensatorias actualizadas deberán ser pagadas en los casos aplicables, en su totalidad en una sola exhibición.

Derivado de lo precedente y en acato a lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), el pasado 19 de febrero de 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2013.

Tal Resolución, contiene las reglas y procedimientos a través de los cuales los contribuyentes podrán acceder a dichas condonaciones. En el Capítulo II. 12. 4.1 de la condonación prevista en el Transitorio Tercero de la LIF se establece la temporalidad durante la cual se podrá presentar la solicitud para obtener la condonación, la cual expresa lo siguiente:

“II. 12.4.1.- Para los efectos del Transitorio Tercero, fracción I, último párrafo de la LIF, el contribuyente presentará a más tardar el 31 de Mayo de 2013, la solicitud de condonación ante la ALSC, a través de la página de internet del SAT, para obtener los beneficios a que se refiere la citada disposición”.

En consecuencia, el plazo que establece la Resolución es discrepante con los principios jurídicos que rigen a la Ley de Ingresos de la Federación, los cualesestablecen lo siguiente:

• Anualidad: tiene vigencia durante un año fiscal, que corresponde al año calendario.

• Precisión: en virtud de que cualquier impuesto y recaudación que no esté claramente establecida en esta Ley no podrá ser recaudado.

• Previsibilidad: ya que establece las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener la hacienda pública, y

• Especialidad: en razón de que dicha ley contiene un catálogo de rubros por obtener en el año de su vigencia.

Así, establecer a los contribuyentes en la Resolución Miscelánea Fiscal, un plazo distinto al de la vigencia de la Ley de Ingresos, deriva en un grave perjuicio a los contribuyentes en sus garantías de seguridad jurídica, pues esta disposición establece que para acceder a este programa la presentación de la solicitud de condonación deberá ser a más tardar el 31 de Mayo delpresente año, desatendiendo los principios que rigen a la Ley de Ingresos, y que de acuerdo a la jerarquía de normas jurídicas, contenida en el Artículo 133 Constitucional, que dice a la letra:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

De tal manera que una Resolución Miscelánea no puede supeditar los criterios jurídicos que establece una Ley General como La de Ingresos de la Federación.

Por lo que el plazo para el ingreso de solicitudes para la condonación de créditos fiscales, debería ser conforme a la vigencia de la Ley de Ingresos y las Leyes Fiscales que establecen los términos y montos de los gravámenes a cobrar durante todo el año. Sobre esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a través de tesis jurisprudenciales como la siguiente:

“De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto.”1

Del mismo modo, existen otras tesis emitidas por Tribunales Colegiados, que son más generales respecto a los años fiscales en nuestro país, tal y como lo establece la siguiente:

“Las leyes de ingresos en el sistema jurídico mexicano tienen vigencia anual, para un ejercicio fiscal […] En esas condiciones, se tiene que conforme al principio de anualidad de las leyes de ingresos, las disposiciones previstas en esas normas tienen como característica esencial una periodicidad de un año para la recaudación de las contribuciones que establecen, y atento a ello es que año con año se emiten las leyes de ingresos correspondientes a efecto de realizar el cobro del catálogo de tributos que en éstas se prevén para cada ejercicio fiscal”.2

Consecuentemente y en concordancia con los principios de Anualidad, Precisión, Previsibilidad y Especialidad, La Ley de Ingresos de la Federación 2013 establece en su Artículo 21 las modificaciones y las tasas de los gravámenes que se cobrarán durante todo el año. Asimismo contempla los montos que la Federación dejará de percibir por causa de las condonaciones de adeudos y Créditos Fiscales, de tal manera que el plazo para la recepción de solicitudes no puede estar reducido a un periodo que no converge con la vigencia anual de la Ley de Ingresos.

También es importante resaltar que el plazo que ha establecido la autoridad resulta insuficiente para que los contribuyentes puedan evaluar si es de su conveniencia adherirse al Programa de condonación, toda vez que se exige que el monto final que resulte de las condonaciones, deberá hacerse en una sola exhibición y probablemente tendrían que recurrir a solicitar algún crédito para poner al corriente su deuda con el fisco.

Esto es así, pues sabemos que adherirse al programa facilitara la regularización de las empresas, por lo que es conveniente para los contribuyentes acudir a alguna fuente de financiamiento, y como todos sabemos no es sencillo, ni ágil acceder a obtener uno. Para ello, en muchas ocasiones es necesario garantizar estos créditos, y mientras se obtienen las libertades de gravámenes, el aval, o se cumplimentan los requisitos y elección de la Banca, es obvio que se rebasa el plazo estipulado en la Reglas emitidas por el Ejecutivo.

Lo anterior se hace aún más complejo cuando en la práctica, constantemente se tienen que enfrentar problemas con la base de datos del Sistema de Administración Tributaria, pues en el caso de los pagos en parcialidades el sistema sólo tiene contemplados los montos históricos, lo que ha ocasionado en repetidas ocasiones que los contribuyentes tengan que acudir a las oficinas a aclarar estas diferencias, y por lo general los funcionarios del SAT les indican que para efectos de poder aclarar tal petición, deben realizar una cita. Esto, en proporción al universo de contribuyentes que se encuentran en tal situación, ocasionará en el mejor de los casos, que los contribuyentes obtengan esa cita en los últimos días del mes de mayo.

En el caso de la autoderminación de impuestos contemplada en la propia Ley de Ingresos, los contribuyentes necesariamente tienen la obligación de realizar una auditoría o autodetermación de las cantidades que correspondan pagar al Fisco, cuestión que no sería posible concluir en este breve plazo de tres meses y medio. Si a esto se añade la falta de capacitación de los funcionaros que atienden a los contribuyentes, ya que por lo general al solicitarles orientación al respecto, indican que el interesado debe proceder al pago y luego requerir la devolución de las cantidades cubiertas en exceso, circunstancia que contraviene las propias disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos.

En vista de lo anterior, y siendo un hecho notorio el pronunciamiento de diversas Cámaras empresariales solicitando la ampliación del plazo del “Programa Ponte al Corriente”, así como de los diversos contribuyentes que buscan acceder a este beneficio, es menester exhortar a la autoridad a que extienda el término para presentar la solicitud. Esto, bajo la premisa de que además de ser necesario para ampliar el número de contribuyentes que puedan acceder al multicitado beneficio, la extensión de este vencimiento tiene sustento jurídico en virtud de lo referido sobre la anualidad de la Ley de Ingresos de la Federación, lo cual implica que ninguna Ley Secundaria, Regla o Decreto debe violentar su vigencia.

Cabe señalar que si contrariamente a lo que aquí se propone, el Ejecutivo no considera la ampliación del término estipulado en la Miscelánea Fiscal del “Programa Ponte al Corriente”, muy probablemente se generarán una enorme cantidad de Amparos en contra de esta medida, los cuales por lógica jurídica procederían en beneficio de los contribuyentes.

Con la ampliación del término de esta disposición, además de los beneficios inherentes a la condonación de los créditos, se permitirá a los contribuyentes hacer un sano replanteamiento de sus esquemas fiscales, situación que en el corto y mediano plazos, incrementará de manera considerable la recaudación en nuestro país, con lo cual estaríamos incidiendo directamente en la reactivación de la productividad de las personas físicas y las empresas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal a que amplíe el plazo establecido en la Regla II.12.4.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal, hasta el 31 de Diciembre del 2013, de conformidad con la vigencia de la Ley de Ingresos de la Federación, con el fin de que los contribuyentes tenga oportunidad de acceder a la condonación de impuestos del “Programa Ponte al Corriente” y se cumpla con los objetivos plasmados en la exposición de motivos que dio vida a la Ley de Ingresos de la Federación 2013.

Dado en el salón del Pleno de la Cámara de Senadores, a 12 de marzo de 2013.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a las comisiones. Quienes deseen mantener abierto cada uno de estos temas, sólo deberán de hacerlo del conocimiento de esta Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.





 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a intervenir para analizar las presuntas prácticas monopólicas de los hoteles ubicados en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA A INTERVENIR PARA ANALIZAR LAS PRESUNTAS PRACTICAS MONOPOLICAS DE LOS HOTELES UBICADOS EN BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO

“La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En Cancún, Quintana Roo la principal actividad económica que se desempeña es la del turismo, razón por la cual debe haber una libre y sana competencia para que se genere una derrama económica justa y equitativa.

Razón por la cual es pertinente exponer que los “Hoteleros Todo Incluido” han excluido a los “Restaurantes Locales” en la vía del mercado de alimentos y bebidas en el Municipio Benito Juárez, mediante acuerdos entre ellos, fusionando de manera artificial y arbitraria dos mercados diferentes e independientes, como lo son, el de servicio de hospedaje y el de comercialización de alimentos y bebidas.

Esta manipulación se materializa por medio de la concentración de dos servicios, además de que el precio en dinero por el pago tanto de los alimentos como bebidas es oculto, inclusive para el cliente, ya que se le vende un paquete por un solo precio sin saber que costo tiene cada uno de los servicios.

En la anterioridad, las condiciones del mercado de alimentos y bebidas se respetaba atendiendo el principio de Libre Concurrencia, se permitía a todos los actores su participación, así como también se propiciaba y alentaba una competencia sana, sobre la base de que los tres participantes tenían acceso a la información de sus competidores, respecto de calidades, servicios y precios, conforme a las propias leyes del mercado. En esas condiciones se propiciaba una derrama económica justa, así como también por la distribución complementaría que se ocasionaba por el sólo hecho de que los turistas convivían con la población local y lógicamente realizaban otros consumos en otros giros de la oferta complementaria turística en Cancún, tales como centros comerciales, artesanías, etcétera.

Estamos frente a la situación de que Cancún, a razón de su historia y particularmente por el hecho de que en forma previa al establecimiento de la práctica comercial “todo incluido”, existía ya una industria gastronómica y Agentes Económicos actuantes y participantes en dicho mercado compuestos por empresarios locales en el giro de restaurantes y comercializadores de alimentos y bebidas, que iniciaron e invirtieron su patrimonio desde el inicio mismo del establecimiento de la Ciudad en la década de los setentas, que prosperó y se consolidó entre otras razones por las condiciones de libre concurrencia y sana Competencia que prevalecía en el mercado, hasta la puesta en marcha de la práctica Monopólica Relativa que propició en forma paulatina la descapitalización de los negocios locales, provocando la crisis actual.

Existen prácticas Monopólicas cuando hay restricciones al funcionamiento eficiente del mercado de alimentos y bebidas destinado a los turistas visitantes al complejo turístico Cancún, ubicado en el Municipio de Benito Juárez, como consecuencia de una especulación de los “todo incluido”.

La existencia de entidades que tienen intereses comerciales, financieros afines y que coordinan sus actividades para el objetivo común de fusionar artificialmente el mercado de alimentos y bebidas con el mercado de servicios de hospedaje, excluyendo con esta maniobra a los “Restaurantes Locales” de las legítimas utilidades que obtendrían al funcionar el mercado en condiciones de Competencia sana y Libre Concurrencia, limitan la derrama económica. Influyendo totalmente en los ingresos de todo el personal que vive de la venta de bebidas y alimentos.

Hay que recordar que Cancún se construyó para fomentar el turismo, razón por la cual debe seguir con esa línea de planeación, generando una derrama económica justa. Lógicamente la principal fuente de empleos en la zona en mención es el turismo, al generar desempleo se está afectando directamente a los ciudadanos quintanarroenses, al dejarlos sin protección jurídica, ellos están perdiendo sus empleos los cuales son la principal fuente de ingresos no solamente para su persona sino de toda una familia por empleado.

Es prolijo mencionar que lo que se busca regular es en virtud del bien común de la sociedad, así como evitar la fuga del capital que genera el sector turístico.

Una medida de generar una derrama económica justa podría ser implementar mecanismos incluyentes, donde se les brinde información turística a los huéspedes de las empresas que no están dentro del todo incluido dentro de los hoteles, sin tener preferencias personales al momento de incluir a los sectores que brindan servicios de bebidas y alimentos, con el fin de informar al turista de forma justa todas las opciones que puede contar en su viaje.

Existe un acuerdo actual denominado 20-20 el cual incluye a sectores de restaurantes locales pero, solo se incluyen de manera muy limitada a la participación muy pocos restaurantes y además de que todos los restaurantes pueden gozar de ello, razón por la cual no podemos permitir que los hoteleros regulen el mercado por medio de acuerdos conforme a sus intereses personales y a disposición de lo que ellos consideran dadivas, se necesita la intervención de un órgano que este facultado para analizar este tipo de cuestiones de forma objetiva.

Existe fundada presunción de que los Agentes Económicos que deben ser competidores por naturaleza, han acordado condiciones operativas sustancialmente homogéneas a partir del poder fáctico

Desde hace algunos años es notorio que la actividad económica de Cancún ha ido concentrándose en pocos hoteles, donde acaparan los servicios vendiendo el viaje, comida, transporte, inclusive recorridos turísticos y otros servicios, en un solo precio.

Violentando al artículo 28 Constitucional y a la ley Federal de Competencia Económica, los que protegen el proceso de competencia y libre concurrencia evitando las prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Deben examinarse las operaciones y prácticas efectuadas por dichos Agentes Económicos para verificar si efectivamente violentan el proceso de Competencia y Libre Concurrencia mercantil.

Se debe proceder a revisar los Estados Financieros de los hoteles en mención, respecto de todas las partidas contables que se relacionen con el mercado de alimentos y bebidas a que se ha hecho referencia.

Los hoteles ofrecen productos en calidades y precios que únicamente son de su conocimiento, y la única información con la que se dispone es que se ofertan bajo sistemas estandarizados de producción de grandes volúmenes de alimentos, los cuales se sirven bajo sistema de autoservicio por parte de los comensales, las cuales se ofrecen en las instalaciones internas del hotel, lo que además de ilegalmente delimitar geográficamente este Mercado propicia otras ventajas de competencia desleal.

Loa hoteles tienen la ventaja fáctica de que unilateralmente ellos deciden cuáles son los mecanismos, tanto en composición como en calidad que han de consumir sus huéspedes, sin el riesgo de reclamación.

En atención a lo antes expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia para investigar y proceder conforme a sus facultades para en primer término, determinar si existe una práctica Monopólica y en caso de que así fuera, restablecer las condiciones sanas del mercado, propiciando la Libre Concurrencia y sana competencia en el mercado de alimentos y bebidas en el Municipio Benito Juárez, y de manera tal, que los “restauranteros Locales” puedan participar de las legítimas utilidades que corresponden al ser empresas mexicanas.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 19 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.





 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los gobiernos de los estados a fortalecer las acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; Y DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, ASI COMO A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS A FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION, CAPACITACION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

“La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El país ha registrado en los primeros tres meses del año una intensa actividad de incendios forestales que no se observaba desde 1998.

La mayoría de los incendios normalmente ocurren entre marzo y mayo. El 75 por ciento de los incendios forestales se presenta de marzo a mayo, la época de mayor sequía y la más calurosa en el país, que coincide con el uso del fuego en las áreas rurales en la ejecución de quemas y con los trabajos de preparación de terrenos agropecuarios.

Los incendios forestales involucran factores sociales, económicos y ambientales, es por ello que tanto la sociedad como los tres órdenes de gobierno debemos intensificar los esfuerzos para su combate y para así lograr una detección lo antes posible, antes que sea más difícil su control.

Se estima que el 99 por ciento de los incendios en el país son provocados por actividades humanas, y sólo un 1 por ciento se debe a causas naturales.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, entre el 1 de enero y el 21 de marzo se reportaron casi 3 mil siniestros que afectaron una superficie de 47 mil 503 hectáreas, principalmente de arbustos y matorrales.

La CONAFOR, creada por decreto presidencial el 4 de abril del 2001, es un Organismo Público Descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal así, como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable, es la dependencia que debe atender este tipo de asuntos para darle una pronta solución.

El objeto de la CONAFOR, es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable, esto último refuerza lo dicho para que la Comisión en mención refuerce la toma de medidas para prevenir y solucionar los daños en materia forestal.

La Protección contra Incendios Forestales es el conjunto de estrategias y acciones dirigidas a la prevención y control de incendios forestales dañinos. Se lleva a cabo a través del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, su instrumentación y coordinación corresponde a la Comisión Nacional Forestal.

Para el combate a los incendios forestales, la CONAFOR, recibe y canaliza los reportes de incendios forestales que realiza la ciudadanía; además interpreta imágenes satelitales y las analiza con la finalidad de determinar las condiciones climatológicas imperantes en el país, lo que permite pronosticar situaciones de riesgo y alertar a las áreas operativas para su atención. Asimismo, establece la coordinación de acciones entre dependencias federales y estatales, la movilización de equipo aéreo, equipo especializado y personal técnico especialista en el combate de incendios forestales.

El Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales es un proyecto coordinado con diversas dependencias del Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, dueños y poseedores de terrenos forestales a través de las asociaciones de silvicultores, prestadores de servicios técnicos forestales y Organismos no Gubernamentales. Su propósito es prevenir la ocurrencia de incendios forestales dañinos en ecosistemas forestales e incrementar la eficiencia en su combate.

Sus objetivos específicos y metas son reforzar e incrementar las acciones de prevención con el fin de lograr la concientización de la población en la importancia de la conservación de los recursos forestales y aplicar medidas de manejo de combustibles vegetales con el objeto de reducir el riesgo de ocurrencia de incendios forestales.

Disminuir la superficie promedio afectada por incendio, mediante la asignación de recursos humanos, materiales y financieros provenientes de las diversas instituciones comprometidas con el programa.

Fortalecer la capacitación y entrenamiento del personal técnico y combatientes de incendios, para mejorar la seguridad en todos sus niveles, contribuyendo con la protección de la propiedad, la población y los recursos forestales.

Establecer los cimientos para transitar del Programa de Protección Contra Incendios Forestales, hacia una Estrategia Nacional de Manejo del Fuego como perspectiva para coadyuvar a mitigar el cambio climático y reducir la problemática de incendios forestales catastróficos.

Su funcionamiento es indispensable ya que, contribuye al Desarrollo Forestal Sustentable, a la conservación y mitigación de los impactos negativos causados por los incendios forestales en los ecosistemas mexicanos, así como al desarrollo de capacidades técnicas y operativas, promover investigación científica, tecnológica, gestionar recursos humanos y materiales para proteger a los ecosistemas de los impactos negativos de los incendios forestales, además de ayudar al fortalecimiento de la coordinación y cooperación interinstitucional.

Ante los cambios ambientales de las últimas décadas el fuego en las actividades humanas se ha convertido en un riesgo para los recursos forestales.

Las actividades de prevención, detección y combate de incendios forestales representan un reto dada la importante necesidad de conservar los recursos naturales y con ello contribuir con la mitigación del cambio climático.

Las principales consecuencias ocasionadas por los incendios forestales son;

• Destrucción de madera, con impacto negativo a la economía de sus propietarios y del país;

• Generación y expedición de humos con contenidos de carbono y otros elementos nocivos al ambiente, producto de la combustión de la vegetación, lo que incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre.

• Disminución de oxígeno al quemar la vegetación que lo produce, con la consecuente afectación al clima del lugar.

• Falta de retención del agua al no haber vegetación. Al no infiltrarse el agua al subsuelo se impide la formación de mantos freáticos, agua subterránea.

• Erosión del suelo; Que queda expuesto a los efectos directos del viento y de la lluvia.

• Destrucción del hábitat de la fauna silvestre o exposición de ésta al ataque de otros depredadores.

De lo anterior, se desprende la reflexión que el daño que causa es muy importante, razón por la cual no debemos ser omisos de atender esta importante labor.

Por último, es de especial relevancia denotar la labor que desempeñan los combatientes que arriesgar su vida para detener un incendio forestal, el cual puede prolongarse varios días, cabe mencionar que inclusive existe un riesgo en sus vidas al realizar dichos esfuerzos.

Los combatientes provienen de diferentes dependencias federales como la CONAFOR, la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA; así como de los gobiernos municipales y estatales y voluntarios del sector social y privado.

En este sentido, es necesario hacer un amplio reconocimiento a los combatientes que dedican su vida a salvaguardar los bosques y la integridad de las personas que lo habitan, especialmente a los que han perdido su vida en el cumplimiento de su deber.

En atención a lo antes expuesto sometemos a consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales refuercen las campañas para la prevención, detección y combate de los incendios forestales.

SEGUNDO. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de los Estados a reforzar las medidas de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, conforme al Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que, en el tenor de sus facultades, incremente las acciones necesarias para la regulación y control del uso del fuego en las actividades agropecuarias principalmente las que se realicen cerca a zonas forestales.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 2 de abril de 2013.

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.

Los pronunciamientos inscritos en el Orden del Día se integrarán al Diario de los Debates.





 

PRONUNCIAMIENTO

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el conflicto militar de los países de Corea del Norte y Corea del Sur.

"PRONUNCIAMIENTO DE LA LXII LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPUBLICA RESPECTO DEL CONFLICTO MILITAR DE LOS PAISES DE COREA DEL NORTE Y COREA DEL SUR, CON EL OBJETO DE QUE RETOMEN EL DIALOGO DIPLOMATICO Y PRIVILEGIEN LA PAZ DE LA HUMANIDAD EN LA REGIÓN DE LA PENINSULA DE COREA

CONSIDERANDO QUE:

México es una nación con una tradición de alta cultura diplomática y por lo tanto, la diplomacia mexicana ha enarbolado el espíritu de la contribución a la paz y el fortalecimiento de las relaciones internacionales a través del dialogo y la cooperación.

Históricamente, México se ha inclinado a sostener posiciones diplomáticas de apego irrestricto a los principios de no intervención, libre autodeterminación de los pueblos, defensa y respeto de la soberanía; así como a una larga tradición diplomática pacifista1, la cual nos ha llevado como país a oponernos y a no participar en acciones militares en el ámbito internacional, teniendo como máxima el principio de la solución pacífica de las controversias.

Así mismo, nuestro país es una de las naciones que desde la década de los sesenta pugna por el desarme nuclear2 y somos Estado parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de la ONU.

Los acontecimientos que se han venido suscitando desde 1950 entre Corea del Norte y Corea del Sur suponen una tensión permanente a pesar de mantener firmados un armisticio y acuerdos de no agresión.

Hoy el mundo teme que se desate un combate a gran escala, a pesar de que el pasado 7 de marzo Naciones Unidas anunció nuevas sanciones dirigidas a Corea del Norte por la última prueba nuclear realizada en febrero.

El Senado de México considera que ningún ejercicio militar de impacto nuclear es justificable para la humanidad. Pues, desde la última guerra mundial, hemos tratado los países de todo el mundo en construir sociedades exitosas y de preservar el medio ambiente para las futuras generaciones; ningún ser humano es merecedor de sufrir los estragos que ocasiona  una guerra y en la cual, todos somos perdedores.

Nuestros hermanos de las dos Coreas, no deben sufrir la tensión que significa mantener ejercicios de investigación nuclear, por lo tanto debe prevalecer el respeto a la soberanía de cada país y sobre todo, el respeto a los acuerdos internacionales de paz de los cuales forman parte.

En ese sentido,

La LXII Legislatura del Senado de la República se pronuncia a favor de la paz, con la finalidad de enaltecer el espíritu de la diplomacia como método para establecer, mantener y estrechar las relaciones a favor de la humanidad; lo anterior, con el objeto de que los países de Corea del Norte y Corea del Sur retomen el dialogo diplomático y privilegien la paz de la humanidad en la región de la Península de Corea.

México, D.F., a 2 de abril de 2013.

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

Bibliografía: ACOSTA, Alejandro. “La Diplomacia Mexicana: entre políticos y servidores de carrera” Ed. El Cotidiano.

1 Artículo 89 Constitucional: Fracción X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

2 Tratado de Tlatelolco





 

CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria que tendrá lugar el día de mañana miércoles 3 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:04 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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