Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 13 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 17



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 21 de Marzo de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:33 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Conforme al registro de asistencia, señor Presidente, se han acreditado 72 ciudadanas Senadoras y Senadores.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 21 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

“ACTA DE LA SESIoN CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTE DE MARZO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintinueve minutos del día miércoles veinte de marzo de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes diecinueve de marzo de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso para que el ciudadano Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Japón.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de suicidio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos               3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con la modificación en la integración de los Diputados ante el Foro Parlamentario Asia-Pacífico.- Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con la integración complementaria de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.- Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio del Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva, por el que solicita la aplicación de una fe de erratas al Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, aprobado el 12 de marzo de 2013.- Fue aprobada en votación económica. Se remitió a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente.

(Iniciativas)

El Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y del Senador Ernesto Cordero Arroyo, con aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y del Senador Ernesto Cordero Arroyo, con aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los artículos 1° y 103 Constitucionales, en materia de reparación del daño por violaciones a derechos humanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 78 y se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la Armada de México efectúe el crucero de instrucción denominado "EUROPA 2013" del 12 de abril al 15 de noviembre de 2013.- Con dispensa de segunda lectura. Fue aprobado por 93 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de Decreto que reformaba el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de Decreto que adicionaba un quinto y sexto párrafos al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con relación al proyecto de Decreto por el que se adicionaba la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Intervinieron los Senadores: Omar Fayad Meneses, por las comisiones, para presentar el dictamen; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD; y Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN. Fue aprobado por 103 votos en pro. El funcionario rindió su protesta de ley.

 (Comunicación)

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva de la Colegisladora, por el que remite fe de erratas al proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, devuelto con modificaciones, el pasado 12 de marzo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican los siguientes nombramientos: del ciudadano Rolando Ocampo Alcántar como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de 2020 y del ciudadano Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre del año 2016.- Intervinieron los Senadores: Adán Augusto López Hernández, por la Comisión de Población y Desarrollo, para presentar el dictamen y Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación, en los mismos términos. Fue aprobado por 93 votos en pro. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

 

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara: 2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”; conmemorativo de las muertes del Presidente Don Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el ideal de una República libre, justa, social, democrática y constitucional.- El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con una propuesta de modificación entregada por las comisiones, la Asamblea autorizó integrarla en la discusión del dictamen. Intervinieron los Senadores: Ivonne Álvarez García, por las comisiones, para presentar el dictamen; Benjamín Robles Montoya del PRD a favor; Roberto Albores Gleason del PRI a favor; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT a favor; y Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD a favor. El dictamen fue aprobado por 95 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- La Mesa Directiva informó que sólo los artículos 5, 16, 40, 61, 74, 79, 97, 107, 110, 111, 129, 153, 165, 166, 170, 172, 201, 205 y los transitorios décimo y décimo primero relativos a la Ley de Amparo, así como el transitorio final que dispone la entrada en vigor del Decreto estaban a discusión. Intervinieron los Senadores: Roberto Gil Zuarth, por la Comisión de Justicia, para presentar el dictamen; Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación, para presentar el dictamen; Ninfa Salinas Sada del PVEM a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD a favor; María del Pilar Ortega Martínez del PAN a favor; Arely Gómez González del PRI a favor. El Presidente informó de la reserva al artículo 165, por parte del Senador Fidel Demédicis Hidalgo. Fueron aprobados por 102 votos en pro los artículos 5, 16, 40, 61, 74, 79, 97, 107, 110, 111, 129, 153, 166, 170, 172, 201, 205 y los transitorios décimo y décimo primero relativos a la Ley de Amparo, así como el transitorio final del proyecto Decreto. El Senador Fidel Demédicis Hidalgo presentó propuesta de modificación al artículo 165, que fue rechazada por la Asamblea. El artículo fue aprobado por 90 votos en pro, 5 en contra y 3 abstenciones, en los términos del dictamen. Se declaró aprobado el Decreto. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Quedó de primera lectura.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma las fracciones ii del artículo 76 y iii del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 57, 58, 78, 153, 154, 156, 330, 435, 442, 603 y 740 del Código de Justicia Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo,  del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios, iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación, a los gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos locales que corresponda, a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias” y generar políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para garantizar la seguridad pública en todas las entidades federativas del país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se efectúe el pago a los ex trabajadores migratorios que aún no lo reciben.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a aumentar el recurso asignado por niño, para que se cubran las aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de dicha Secretaría.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre los connacionales sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de los congresos estatales y a los gobiernos estatales de Quintana Roo y del Estado de México, así como a los municipios de Solidaridad y Chimalhuacán a llevar a cabo diversas acciones a fin de garantizar la seguridad pública y salvaguarda de los derechos humanos de connacionales y turistas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural en los 41 municipios michoacanos, por la helada atípica de los últimos días.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal a establecer los mecanismos y medidas para escuchar y atender la problemática de los productores del sector cañero.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a ejecutar un plan de acción para reforzar la seguridad del estado de Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las 14 entidades de la República Mexicana y a los partidos políticos en donde se celebrarán elecciones este 2013 a efecto de que cumplan con la cuota de género, respecto de la participación de las mujeres en la postulación de candidaturas.- Se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veintidós minutos y citó a la siguiente el jueves veintiuno de marzo a las once horas”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el acta, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la que remite el programa de trabajo de dicha comisión.



Y del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, con la que remite el informe de la reunión de trabajo y de la visita a la frontera México-Guatemala, realizada los días 15 y 16 de marzo de 2013, por integrantes de esa comisión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de Gobernación un oficio con el que remite el informe de la visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República Bolivariana de Venezuela, con motivo de los funerales de Estado del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el pasado 8 de marzo en Caracas, Venezuela.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/222/13
México, D.F., a 20 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes.

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-0477/13, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Visita del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República Bolivariana de Venezuela, con motivo de los Funerales de Estado del Presidente de Hugo Rafael Chávez Frías, el pasado 8 de marzo de 2013, en Caracas, Venezuela.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.
        
Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados se recibieron las siguientes:

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-2-510
Exp. 391 LXI Leg.

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5o., segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 Bis, tercer párrafo, y se adiciona un artículo 5o. Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 20 de marzo de 2013.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal
Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIAS.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 5o., segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 Bis, tercer párrafo, y se adiciona un artículo 5o. Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

ARTICULO 50. ...

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previo procedimiento establecido en el artículo 5o. Bis de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO 5o. BIS. La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente Ley se sujetará al siguiente procedimiento, y se expedirá previa audiencia que se conceda a los interesados para que manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten pruebas y alegatos, de conformidad con lo siguiente:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte; tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los siguientes requisitos:

a) El nombre, denominación o razón social de quien o quienes la promuevan, y en su caso, de su representante legal.

b) Domicilio para recibir notificaciones.

c) Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones.

d) Información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona de objeto de la petición de declaratoria.

e) Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés legítimo, en caso de que los hubiere.

f) Hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de declaratoria.

II. Dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Instituto competente emitirá un Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Declaratoria, en caso de que se hayan cumplido los requisitos señalados en la presente fracción; en caso contrario se prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro de un término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación del mismo. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado.

Tratándose de monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, previo a la emisión del Acuerdo, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes enviará la solicitud a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos. En caso de que la Comisión emita opinión favorable respecto de la expedición de la Declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá a emitir el Acuerdo. En caso contrario el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente.

El procedimiento de oficio iniciará con el Acuerdo a que se refiere esta fracción, en el caso de monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, deberá contar con la opinión favorable de la Comisión.

III. El Acuerdo se notificará personalmente al promovente y a quienes pudieran tener interés legítimo.

IV Tratándose de Declaratorias de zonas de monumentos o cuando se desconozca la identidad o domicilio de quien tenga interés legítimo en un bien que se pretende declarar como monumento, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del Acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación nacional y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo.

V. Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación del Acuerdo o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

VI. Transcurrido el plazo referido en la fracción previa, el Instituto competente enviará al Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de un plazo de treinta días hábiles.

VII. Tratándose de una Declaratoria que corresponda expedir al Secretario de Educación Pública, éste tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir una resolución por conducto del Instituto competente y en su caso expedir la Declaratoria.

Tratándose de una Declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente en un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir una resolución por conducto del Instituto competente y en su caso expedir la Declaratoria.

Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VIII. Las resoluciones a que se refiere este artículo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

IX. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular del Instituto competente, o el Instituto que conozca del procedimiento, podrán dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, de conformidad con esta Ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

ARTICULO 22. ...

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción, en un plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO 34. ...

La opinión de la Comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias.

ARTICULO 34 BIS. ...

Dentro del plazo de noventa días previsto en el presente artículo, se dictará, en su caso, un Acuerdo de Inicio de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5o. Bis de la presente Ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Tercero.- Los procedimientos de declaración que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán en los términos del texto vigente de la Ley al momento de su iniciación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 20 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Secretaria”.
Y una minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1274
Exp. 5354/2ª. LXI Leg.

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan un artículo 28 Ter; un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio subacuático, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 20 de marzo de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL SUBACUATICO.

Artículo Unico. Se adicionan un artículo 28 Ter; un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

ARTICULO 28 TER. Constituyen Patrimonio Cultural Subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante cien años, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de Estados extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.

ARTICULO 29. ...

Quienes encuentren Patrimonio Cultural Subacuático dentro de la Zona Económica Exclusiva Mexicana deberán dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la constancia oficial del aviso o entrega, en su caso, y deberá informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia dentro de las 24 horas siguientes para que éste determine lo que corresponda.

ARTICULO 47. ...

Al que por cualquier medio realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales a fin de descubrir o rescatar Patrimonio Cultural Subacuático a que se refiere el artículo 28 Ter sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 20 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-5-601
Exp. 1132

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 20 de marzo de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTICULOS 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD Y 5 DE LA LEY FEDERAL DEL FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Artículo Primero.- Se adiciona una fracción XVI, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XIV. ...

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados Internacionales en materia de juventud;

XVI. Promover la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulsar acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles, y

XVIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción XIX, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. a XVII. ...

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana;

XIX. Promoción y protección de los Derechos Humanos de la Juventud, así como el impulso de su participación en los distintos ámbitos de la vida nacional con el fin de procurar su desarrollo integral, y

XX. Las que determinen otras leyes.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 20 marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: (Desde su escaño) Señor Presidente.
      
- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Lucero Saldaña, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: (Desde su escaño) Para solicitar el turno de este dictamen a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, porque estamos revisando, precisamente, la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto tomamos nota de ello.

Y pido a la Secretaría que se dé el turno correspondiente.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Igualmente, la Colegisladora remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-3-616
Exp. 787

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos, en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 20 de marzo de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION II DEL ARTICULO 62 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS.

Artículo Unico.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue:

Artículo 62. ...

I. ...

II....

Asimismo, deberán proporcionar a las víctimas en un idioma o lengua con su respectiva variante lingüística que comprendan, y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad;

III. a VII. ...

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 20 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Así también, se recibió una minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 28, inciso d) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-3-617
Exp. 662

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 28, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 20 de marzo de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE REFORMA EL ARTICULO 28, INCISO D, DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 28, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 28.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de:

A.  a C. ...

D.- Combatir la desnutrición y la obesidad mediante la promoción de una alimentación adecuada.

E. a J. ...

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El titular del Poder Ejecutivo Federal, deberá emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 20 marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: La Cámara de Diputados remitió un oficio por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar la minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, resuelto por el Senado el 22 de marzo de 2011.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-4-548
Exp. 4349 LXI

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, originada en la iniciativa de la Diputada Angélica Díaz del Campo, presentada el 22 de marzo de 2006, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 20 de marzo de 2013.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal
Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

El asunto ya había sido declarado concluido por el Senado.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: La Colegisladora remitió un punto de Acuerdo suscrito por integrantes de la Comisión de Juventud, por el que se exhorta al Senado de la República a aprobar el proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0526
Exp. 1556

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la proposición con punto de Acuerdo para exhortar al Senado de la República, para que se apruebe la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por Diputados integrantes de la Comisión de Juventud.

México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Compañeras y compañeros Senadores, en reunión de la Mesa Directiva, de este día, se acordó una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse al aniversario del natalicio de don Benito Juárez García.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.






INTERVENCIONES

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Hoy conmemoramos el 207 aniversario del natalicio de un hombre de Estado, que surgió de las entrañas de una nación emergente y supo trascender, a su tiempo, para sentar las bases del México moderno.

Un México liberal y de vocación social, sin tiranías.

Hoy recordamos al oaxaqueño universal, al Presidente histórico y emblemático, al restaurador de la República, al impulsor de la segunda independencia de México, al forjador del andamiaje institucional que hoy sostiene a este país de libertades fundamentales y garantías individuales que hoy tenemos los mexicanos.

Así es como hoy recordamos a Don Benito Juárez García.

No hay mexicano al que le deba más la historia nacional que a don Benito Juárez, el estadista, quien definió el régimen de derecho y el respeto al derecho ajeno, como las premisas de una sociedad civilizada y de un mundo sin opresión ni violencia, de paz y armonía.

El estadista que fue más allá de los postulados teóricos, ya de por si muy valiosos por certeros. Y encabezó a la mayor generación de hombres y mujeres que han transformado a esta gran nación.

La generación liberal de la Reforma, Lerdo de Tejada, Iglesias, Ramírez, Zarco, Altamirano, entre otros muchos más.

El estadista que delimitó los ámbitos de la competencia del Estado y la Iglesia.

El mundo terrenal y el mundo espiritual, impulsando la creación de un cúmulo de leyes y reformas que recuperaron para el poder civil facultades que no le eran propias. Como la rectoría de la educación, el registro civil y las contribuciones fiscales.

El estadista que, desde un Estado nacional fuerte, legal y legítimo, supo unificar a México.

Superando más de medio siglo de enfrentamientos fraticidas, inestabilidad política, intervenciones extranjeras y ausencia de identidad nacional.

Una sociedad temerosa entre pasado, que no terminaba de irse, y un presente que se negaba a consolidarse.

Hoy, México nuevamente vive un punto de inflexión de su historia.

Hoy con el liderazgo de un gobierno que mira adelante a partir de un diagnóstico crudo de los hechos, se reponen inercias, se acaba con privilegios y se transforma México.

Hoy, con el gobierno y su Congreso, México impulsa una nueva generación de reformas de fondo; reformas estructurales que la sociedad venía demandando y que la ausencia de operación política venía postergando.

Hoy México vive una nueva etapa política de cambios profundos, desde un liderazgo firme, visionario. Pero también, y quiero destacarlo, desde una voluntad propositiva y abierta de las principales fuerzas políticas nacionales, fuerzas representadas en ambas Cámaras del Congreso federal.

Son reformas nacidas no desde un cesarismo presidencial, sino desde un liderazgo democrático que suma voluntad a favor de México.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno y la sinergia de voluntades constructivas, el país ha dado en meses más pasos adelante que los que dio en décadas, con este gobierno y con este Congreso, México ha superado el punto muerto de parálisis legislativa y contención recíproca en que había caído por años.

Con este nuevo espíritu de responsabilidad republicana que no significa abdicación de nuestras naturales diferencias.

Con este nuevo gobierno y este nuevo Congreso, le hemos dado al país una reforma laboral, una reforma para llevar a México a la competitividad y fomentar el empleo.

Hemos aprobado legislación en materia de contabilidad gubernamental, lavado de dinero. Una reforma educativa que ha recuperado para el Estado la rectoría del sistema educativo nacional frente a poderes de facto para que las niñas y los niños hagan efectivo su derecho a la educación de calidad.

Mención especial merece el que todas las fuerzas representadas en el Senado hayan antepuesto sus diferencias y privilegiando los consensos se haya aprobado una nueva generación de reformas constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

Con este nuevo espíritu responsable y reformista, el Ejecutivo ha enviado al Congreso, con el concurso de las principales fuerzas políticas, una iniciativa de reforma a Ley de Telecomunicaciones que ha sido aprobada en comisiones en la Cámara de Diputados y que, estoy seguro, en breve, será aprobada en esta Soberanía.

Con este nuevo espíritu reformista y responsable, estoy seguro que México seguirá dando pasos importantes hacia delante, al amparo de reformas de fondo que le dé la nueva realidad a nuestro México.

México merece ser una nación próspera, con crecimiento económico, desarrollo social, equilibrio regional y, sobre todo, con justicia social.

Hoy es tiempo de honrar el legado de Juárez haciendo justicia a las entidades del sur rezagado y, en particular, a nuestros pueblos originarios.

La participación del Congreso está sabiendo ser a la altura de la historia. México no puede seguir siendo un país que en el norte mire la globalización y el desarrollo y en el sur siga anclado a las inercias del pasado.

Compañeras y compañeros Senadores, para el Congreso no hay mejor homenaje a Juárez que seguir su ejemplo, su ejemplo de tenacidad, firmeza, de lucha incansable por las ideas y los principios.

El deseo vehemente de un país de libertades fundamentales efectivas y derechos sociales plenos.

Un país que aún no hemos terminado de construir.

No hay mejor homenaje al restaurador de la República que concretar las reformas que fortalezcan al Estado nacional y a los poderes legítimos y constituidos frente a los poderes de facto.

¡Viva Juárez!

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pérez Magaña.

Sonido en el escaño del Senador Benjamín Robles Montoya, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Para hacerle una atenta súplica al Presidente de la Mesa Directiva.

Sé que le dieron un tiempo especial a este tema, pero hablar de Juárez, del más universal de los mexicanos, con todo respeto, me parece que no es prudente interrumpir a un orador hablando de un patriota como Juárez.

Quisiera rogarle a la Presidencia tolerancia para los oradores cuando están hablando de tan insigne mexicano.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Yo les pido también que respetemos el Reglamento del Senado y que de esa manera podamos llevar a cabo las cosas en orden. Si se ha tomado un acuerdo parlamentario en ese sentido, se ha dado prioridad precisamente por la importancia del tema cuando este tema debimos de haberlo tratado al final de la discusión de dictámenes.

Se le está dando la preferencia por ello y atiendo, desde luego, con mucho gusto su inquietud.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Qué honor para los integrantes de este órgano, Senadoras y Senadores, poder hablar desde esta tribuna en una fecha como ésta, 21 de marzo, con más solemnidad, con más respeto, con mejor previsión debió haberse desahogado esta efeméride.

Sin duda que nos equivocamos si pensamos que transitar como un trámite legislativo es la mejor forma de desahogar el natalicio de Benito Juárez, porque como decía el poeta Bonifaz Nuño: “Decimos Juárez y nombramos a la patria”.

Yo primero agradezco la generosidad de mis dos compañeros de bancada, Senadores oaxaqueños, Benjamín Robles y Adolfo Romero Lainas, que me permitieron participar en esta sesión para esta efeméride tan importante. Gracias.

Y es que en el calendario cívico de México el 21 de marzo es de las fechas más destacadas, es celebrar el natalicio de un zapoteca, de un oaxaqueño, del mexicano más universal, de un hombre que por su origen indígena, con su fe y su voluntad desafíó el destino que a los indígenas les tenía prevista su época y su tiempo.

De un estadista que con su fe y su voluntad construyó la nación mexicana, de un héroe, de un patriota que defendió nuestra tierra y derrotó a la nobleza europea que pretendió imponer un imperio en México.

De un hombre que debe de verse así, y para entender y dimensionar el nacimiento de Benito Juárez, hay primero que entender la época en la que ocurrió, era principios del siglo XIX, este territorio, esta tierra, la Nueva España, 1806, aún era posesión del Reino de España.

Y los indígenas no tenían otro destino que la marginación, pero Juárez fue un ejemplo, desde ese tiempo, a seguir.

Justo Sierra, uno de los principales, si no el más importante, autor del libro sobre Juárez, nos describe su personalidad: fe y voluntad. Fe y voluntad las dos características de este gigante que hicieron posible lo imposible en su tiempo.

Fe que es creer en lo que uno hace, voluntad es el tesón para hacerlo hasta conseguir los propósitos, y con esa fe y voluntad en ese tiempo, el tiempo en que México era una sociedad de castas, un hombre mexicano, un indio zapoteca construyó la nación mexicana.

El era el hombre, donde iba, iba México. El México de hoy puede entenderse a partir de que Juárez construye la estructura del Estado mexicano.

Guillermo Prieto, un intelectual que lo acompaña, un revolucionario, un inconforme. Es día de Juárez, “Juárez, en él se pueden ver cómo dos enormes fuerzas se aprovechan, la terquedad y el paso del tiempo, la terquedad y el paso del tiempo, las dos fortalezas que Juárez aprovechaba con efectos devastadores y con los cuales venció a su propia época, venció a la nobleza de Europa y construyó la nación mexicana”.

Del legado de Juárez se ha escrito mucho, seguramente es de quien más se ha escrito y de él debemos entender muchas cosas, debe seguir siendo el ejemplo de niños, de jóvenes y de servidores públicos como nosotros.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No se trata de que le haga caso al Presidente, se trata de que le haga caso al Reglamento y si no estamos dispuestos a respetar el Reglamento, creo que entonces tampoco estamos cumpliendo con la función que tenemos al pueblo. Yo le pido que se sujete al tiempo que le hemos marcado, hemos sido tolerantes, pero si queremos tener orden, tenemos todos que cumplir por igual y con todos hemos tenido tolerancia, yo le pido que concluya su intervención para poder continuar con los temas agendados en el Orden del Día de hoy.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Voy a concluir, señor Presidente, viendo la pequeñez de la conducción.

Quiero decir que Juárez debe ser el ejemplo, que el ejemplo debe ser la ruta de nosotros los servidores públicos.

Y de verdad promoveré en la Junta de Coordinación Política el desahogo más protocolario, más respetuoso de una efeméride tan importante como el 21 de marzo.

Fue un honor para mí ocupar esta tribuna y hablarles a mis compañeras y compañeros sobre Benito Juárez, espero que también lo sea para quien conduce esta sesión.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Con su permiso, señor Presidente, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República se une a la conmemoración del Ducentésimo Séptimo Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez García, originario de cuna humilde e indígena, su empeño, dedicación y talento lo llevaron a ocupar las posiciones más altas en el escenario político mexicano, ocupó los cargos de regidor del ayuntamiento de Oaxaca, Diputado Local, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Ministro de Justicia e Instrucción Pública y Presidente de la República.

Su gestión como gobernador se destacó por la realización de diversas obras públicas como la rehabilitación de caminos, la reconstrucción del Palacio de Gobierno, la creación de escuelas normales así como el levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad de Oaxaca.

Siendo Presidente de la República promulgó las leyes de reforma, normatividad de vanguardia para la época que declaró la independencia del Estado respecto de la Iglesia.

Debido a la convulsionada e inestable situación política que se vivía en nuestro país por diversos hechos como luchas internas, invasiones extranjeras y la instauración del segundo imperio, Juárez asumió la Presidencia de la República en diversas ocasiones hasta 1872.

Para el Partido Acción Nacional, el legado perdura hasta nuestros días y se ve reflejado en la trascendental reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, cuyo primer antecedente se encuentra en el reconocimiento de los derechos del hombre contenidos en la Constitución de 1857, sin duda, fruto de la destacada labor de don Benito Juárez García.

Las Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional estamos convencidos que el legado de don Benito Juárez García pertenece a todos los mexicanos sin colores, sin emblemas ni grupos políticos que pretendan beneficiarse con su imagen.

Por todo lo anterior expuesto, nos congratulamos que el día de hoy en el Senado de la República honremos al indígena, al abogado, al servidor público, al estadista y al benemérito, quizás uno de los próceres más grandes de la historia nacional, recordemos el apotegma que acuñó: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, al que defendió sus principios ante la amenaza, ante la integridad física y de su vida misma, al mexicano que además de concebir el respeto como el inicio de la paz pronunció: “Los hombres no son nada, los principios lo son todo”.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Avila Ruiz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Indudablemente, la historia de México registra de sus anales a un grupo de personajes que no sólo han definido el curso de nuestra nación, sino que también le imprimieron personalidad.

El día de hoy nos complace recordar a don Benito Juárez García en ocasión de un aniversario más de su natalicio.

El papel de ese ilustre oaxaqueño que desempeñó en el ámbito jurídico y político de nuestro país, no sólo le ha merecido ser considerado por muchos historiadores como el principal responsable de la consolidación republicana del Estado mexicano, sino como el Benemérito de Las Américas, por sus aportaciones y ejemplo a nivel continental reconocidos por gobiernos como los de Colombia, Perú y República Dominicana.

Más allá de su importancia histórica, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, me gustaría hacer una reflexión sobre lo que Juárez representa como ejemplo de vida, pues su historia podría ser la de muchos mexicanos.

Benito Juárez superó una gran cantidad de adversidades, sobre todo durante los primeros años de su vida, de ser de origen humilde, perder a sus padres a temprana edad, quedando a cargo de sus abuelos, trabajar en el campo, siendo un niño, en lugar de ir a la escuela y el tener que desplazarse a la capital de su estado para iniciar su educación formal, siendo ya casi un adolescente, sufriendo discriminación por su origen indígena y verse en la necesidad de trabajar en diversos oficios para su manutención.

No obstante los obstáculos que enfrentó Juárez, logró estudiar una carrera universitaria, convirtiéndose en un destacado abogado en su estado natal, ostentando diversos cargos públicos en los que no sólo demostró su talento como jurista, sino de un alto sentido de responsabilidad y rectitud, con especial capacidad para la construcción de instituciones y sensibilidad en el bienestar social.

Su trayectoria como jurista y político en Oaxaca le mereció destacar a nivel nacional principalmente a partir de su oposición a Antonio López de Santa Ana, después de ser apresado y exiliado junto con otros ilustres personajes planeó la Revolución de Ayutla, logrando derrocar al dictador.

A partir de entonces, Juárez participó activamente en el gobierno de México hasta convertirse, en 1858, en el primer Presidente de la República de origen indígena, en un país lleno de desigualdades internas por el poder, muchas de las cuales desafortunadamente persisten.

El legado más reconocido de Juárez lo constituyen las llamadas “Leyes de Reforma”, destacando sus contribuciones en materia de Libertad de Cultos, Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Supresión de Tribunales Especiales, la creación del Registro Civil y la Igualdad de los Individuos, la Libertad de Imprenta y la Secularización de los Hospitales y Establecimientos de Beneficencia.

La trascendencia de estas contribuciones fue tal que sentaron las bases de la Constitución de 1857, quedando consagradas con el máximo nivel de jerarquía en el sistema jurídico mexicano, con lo cual Juárez se consolidó como uno de los grandes transformadores de nuestro país.

Compañeras y compañeros Senadores, hablar de Benito Juárez significa referirnos al actor más importante de una etapa fundamental de la historia de México, es referirnos a un actor que le dio personalidad a nuestro país.

Sin embargo, su ejemplo de tenacidad, lucha por la nación y espíritu republicano debe formar parte del presente de nuestro país, a fin de que los ideales del Benemérito de las Américas estén más vigentes que nunca.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Flores Ramírez.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, un saludo republicano a todos mis compañeros en este día tan especial que conmemoramos el natalicio de Benito Juárez García.

Quiero, primero que nada, hacer un reconocimiento a todos los compañeros nativos de ese gran estado de Oaxaca, a mis compañeros que representan honradamente a esa tierra, esa tierra sufrida, esa tierra primitiva que importa calamidades, y en cambio exporta héroes, como es el caso del más grande mexicano de todos los tiempos, el gran Benito Juárez García.

Benito Juárez es un hombre universal, de allí que todas las corrientes políticas, de allí que todas las corrientes de pensamiento puedan, en su momento, encontrar un eslabón de comunicación y de entendimiento con su obra.

Benito Juárez nació un 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca, descrito por él mismo, nació dentro de una familia india zapoteca en la república, que así le llamaba él, la república zapoteca.

Benito Juárez quedó huérfano de madre y padre a los 3 años de edad, quedó al cuidado de su hermana mayor y, precisamente, cuando tenía 12 años de edad, orientado por su afán de superación, a pie marchó de San Pablo Guelatao hacia la capital del estado de Oaxaca.

Y es ahí cuando inicia la gran historia de este hombre que por más que conocemos, y por más que estudiamos, más lo admiramos.

Ahí, en la capital de Oaxaca, se pone al servicio de la familia Maza, concretamente del que fuera posteriormente su suegro, don Antonio Maza, y conoce a su mentor, conoce a su maestro, al viejo encuadernador de libros de la Tercera Orden Franciscana, don Antonio Salanueva, que es precisamente quien lo induce a las luces y al conocimiento, porque, hay que decir que cuando Benito Juárez llegó a Oaxaca, a los doce años, no hablaba sino su idioma primitivo que era el zapoteco, y es ahí donde se ilustra en teología, porque no obstante la resistencia que tuvo hasta su muerte a la religión católica, estuvo iniciado en teología, ahí estudia leyes, ahí aprende latín y se convierte a la postre en el Presidente de la República Mexicana, no sin antes haber transitado por diferentes posiciones.

Quiero señalar que hay una obra que quiero yo recomendar a todos mis compañeros en esta sede senatorial, sean de la corriente política que sean, que se llama “Apuntes para mis Hijos”.

Cuando ustedes, si no la han leído, ingresen a ese territorio de pensamiento del maestro Juárez, creo que quienes piensen con iniciativas liberales, verán reforzada su filosofía; quienes piensen con filosofías de centro, por supuesto que se sentirán orgullosos de estar invadidos por esa luz juarista, y quienes piensen con alguna inclinación de orden de derecha o conservadora, por supuesto que ahí encontrarán la respuesta porqué un hombre como él alcanzó los niveles de grandiosidad que tuvo. Apúntenlo, por favor, compañeros, cito a los compañeros del ala derecha, “Apuntes para mis hijos”, ahí encontrarán mucha de la verdad del gran maestro Benito Juárez.

Y en ese espacio, quiero recordar a un hombre que mi compañero, querido compañero, Luis Miguel Barbosa señala con frecuencia, que es el gran Guillermo Prieto. Ese que fue un gran periodista, un gran político, recuerdo cuando el maestro Barbosa lo señala como uno de los grandes periodistas de todos los tiempos, era tanta su devoción y su respeto al maestro Juárez, que cuando en un momento dado sintió que iban a asesinarlo, se interpuso entre los agresores y Benito Juárez, y les pronuncia unas palabras históricas, que quisiera compartir con ustedes: “Los valientes no asesinan, si quieren sangre, tomen la mía, pero no toquen al Presidente”.

Y quiero, en este espacio, hacer un recordatorio de que el ejemplo juarista mantiene vivo el espacio del Cerro de las Campanas para quienes traicionen a este país.

Quiero decirles que la energía juarista, que fue capaz de enfrentar a la monarquía francesa en sus tiempos de gloria, pervive en el espíritu y en el corazón de todos los mexicanos.

Y para despedirme, en nombre de mi fracción parlamentaria, les quiero decir: “..Que los valientes no traicionan, no agredan a Juárez, porque eso es una autoagresión...”.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, para hablar sobre el mismo asunto.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Como es de todos ustedes conocido, don Benito Juárez García nació el 21 de marzo de 1806, hoy, a más de 200 años de su natalicio, recordamos a un destacado jurista y Presidente de México, pero sobre todo a un ilustre y heroico oaxaqueño mexicano y ser humano.

Su perseverancia, tenacidad y valor convirtieron a un indígena mexicano pauperizado bajo las más crueles condiciones de marginalidad social, económica y cultural en un ícono de nuestra historia patria y en un referente mundial del liberalismo del siglo XIX.

Incluso en la actualidad es elevado como estandarte de las luchas liberales que se dan por las vías institucionales. En los turbulentos años de finales de los 50’s del siglo XIX, inmerso en la llamada Guerra de Reforma o Guerra de los Tres Años, Benito Juárez se convirtió en Presidente, y lo fue en cinco ocasiones diferentes entre los años 1858 y 1872.

Hacia 1864, este gran hombre surgido y forjado en el heroico sur de la República Mexicana defendió la soberanía de la República frente a las tendencias imperialistas de ultramar con el arma más importante con la que cuenta el ser humano, su integridad moral.

Durante este periodo, justamente en el año de 1864, el impuesto imperio de Maximiliano habría ofrecido a Juárez reunirse con el objeto de poner fin a las hostilidades y otorgarle a éste un puesto distinguido dentro del gobierno usurpador impuesto por Napoleón III.

Aún retumban en los anales de la historia las palabras con que Juárez rechazara la infausta invasión de Maximiliano para traicionar a los mexicanos, y así lo dijo, y registró la historia:

“Es cierto, señor, que la historia contemporánea registra el nombre de grandes traidores que han violado sus juramentos y sus promesas, que han faltado a su propio partido, a sus antecedentes y a todo lo que hay de sagrado para el hombre honrado; que en estas traiciones, el traidor ha sido guiado por una torpe ambición de mando y un vil deseo de satisfacer sus propias pasiones y aún sus mismos vicios; pero el encargado actualmente de la Presidencia de la República, saliendo de las masas obscuras del pueblo, sucumbirá, cumpliendo con un juramento, correspondiendo a las esperanzas de la Nación que preside y satisfaciendo las inspiraciones de su conciencia.

Soy de usted atento y seguro servidor.

Benito Juárez.”

Sin embargo, Don Benito Juárez no se vio exento de traiciones surgidas en ocasiones de sus filas más cercanas y, sin embargo, supo sortear los embates del exterior y de su propia trinchera.

Por todo ello, compañeras y compañeros, en Nueva Alianza, como un instituto político de corte liberal, con orgullo manifiesta su respeto y reconocimiento al legado de Juárez, manifiesto en las instituciones que el día de hoy nos rigen y que continúan soportando como inquebrantables pilares al Estado mexicano.

La herencia de este gran hombre, de este gran mexicano debe permanecer vigente en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Que nuestros actos, en cualquiera de nuestras actividades, se guíen por la honestidad, la rectitud, la lealtad y la fortaleza con que Don Benito Juárez combatió a propios y extraños para la dignificación de la patria mexicana.

Es este el mejor homenaje que podemos hacerle a este gigante de nuestra historia.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Arreola Gordillo.

Esta Directiva saluda la presencia de alumnos y maestros del Colegio Peterson School, invitados por el Senador Raúl Cervantes Andrade, bienvenidos.

Igualmente saludamos la presencia de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la Senadora Claudia Pavlovich, bienvenidos también.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7o. fracción IX de la Ley General de Educación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7o. FRACCION IX DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las CC. Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

En México, el mal uso de los alimentos disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos repercuten en el problema de la alimentación, y junto a ello tenemos la carencia de una educación alimentaria sana y nutricional que promueva estilos de vida sanos.

La falta de una educación alimentaria sana y nutritiva ha traído como consecuencia 48 millones de adultos con obesidad o sobrepeso en México, el cual se ubica en el segundo lugar mundial con este padecimiento, el cual va de la mano con la diabetes, hipertensión, cánceres de diversos tipos, cardiopatías y otras enfermedades crónicas.

La obesidad y las enfermedades crónicas que le acompañan cuestan a México más de 67 mil millones de pesos por año. Este costo fue calculado con las cifras del año 2008, pero el mismo equipo estima que para el año 2017 los problemas de obesidad entre la población mexicana tendrán un costo para el país de entre 70 mil y 101 mil millones de pesos. Los datos están contenidos en un estudio inédito realizado por 41 científicos de 10 prestigiadas instituciones, por encargo de la Academia Mexicana de Medicina. El resultado de esta investigación se reunió en el libro "Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado".

La Secretaría de Salud ha dicho que en el 2011 la obesidad y el sobrepeso generaron costos indirectos de 23 mil millones de pesos y con la tendencia actual en los próximos 10 años la cifra podría llegar a 150 mil millones de pesos anuales.

La obesidad se ha convertido en la segunda causa de mortalidad en nuestro país, con cerca de 83 mil defunciones en 2010, por lo que se hace indispensable que el gobierno federal emprenda acciones urgentes en contra de este grave problema que, de no detenerlo, además de la saturación de los servicios de salud, causará costos por más de 100 mil millones de pesos.

De acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se requiere una estrategia nacional, multisectorial, que involucre a los distintos niveles de gobierno y aborde los determinantes de la obesidad en distintos contextos: en el hogar, en las escuelas públicas y privadas, en la comunidad, centros de trabajo, sector privado, agrupaciones de consumidores, academias y otros. La obesidad tiene carácter multifactorial, pero entre sus causas subyacen la alta disponibilidad de alimentos con alta carga energética y procesados, la falta de orientación y educación alimentaria sana, así como el bajo consumo de agua, de frutas, verduras, cereales de grano entero y leguminosas, entre otras.

Los trastornos de la conducta alimentaria que conllevan a las enfermedades anteriormente expuestas son el motivo de la falta de la promoción de la educación alimentaria, que compete a las instituciones educativas y a la familia, en esta última es donde los niños adquieren los primeros patrones alimentarios.

Por esta razón, resulta necesario y urgente que llevemos una estrategia sobre educación alimentaria sana con nuestros estudiantes, preferentemente de los niveles preescolar, primaria y secundaria, para que sean capaces de valorar la relación que existe entre una alimentación correcta con una vida saludable, pues para llegar a esta conclusión tuvieron que aumentar sus conocimientos acerca del aporte nutricional de los diferentes alimentos e hicieron hincapié en la importancia de los vegetales y su aporte nutricional.

Y todo esto nos incluye a todos los mexicanos, a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, y poder iniciar con la inclusión de una cultura de educación alimentaria sana y nutricional en la Ley General de Educación, ya que a parte de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también en dicha ley secundaria deben establecerse los propósitos del Estado en materia alimentaria y de nutrición.

Los niños de edad escolar constituyen uno de los grupos prioritarios que deben recibir una educación alimentaria de nutrición; es particularmente importante impartir esta formación de forma efectiva, porque una nutrición apropiada es fundamental para el desarrollo físico y mental de niños y adolescentes. Los escolares son consumidores actuales y futuros que necesitan información y educación específica para adquirir patrones alimentarios saludables y perdurables; ellos como futuros padres, los escolares jugarán un importante papel en el desarrollo de sus descendientes; como miembros de la unidad familiar, los escolares constituyen un importante vínculo entre la escuela y el hogar, así como con la comunidad.

Existe, por lo tanto, la necesidad de desarrollar en los colegios, escuelas, centros de estudios y toda institución educativa, programas y planes de estudio en donde se incluya tan importante asignatura sobre alimentación, nutrición y salud, adaptados a los diferentes niveles, que expuestos de forma atractiva para los niños y los adolescentes, mejoren las condiciones y actitudes frente a la alimentación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforma el artículo 7o. fracción IX de la Ley General de Educación, para quedar como sigue.

IX. Implantar una educación alimentaria sana y nutricional en las escuelas públicas y privadas de los niveles preescolar, primaria y secundaria, a través de la inclusión de dicha asignatura en los planes de estudio, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, estimulando la educación física y la práctica del deporte.

Solicito sea tan amable que dicha iniciativa se incluya íntegra en el Diario de los Debates.

Agradezco a los Senadores que me acompañan en esta iniciativa: Angélica del Rosario Araujo, Hilda Esthela Flores, Ivonne Liliana Alvarez García, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

“DE LAS SENADORAS LISBETH HERNANDEZ LECONA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 71 FRACCION II Y 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 8 NUMERAL 1 FRACCION I, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETEMOS A CONSIDERACION DEL PLENO LEGISLATIVO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTICULO 7 FRACCION IX DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, BAJO LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

El mal uso de los alimentos disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos está propiciado por factores socioculturales como las tradiciones, los hábitos de vida, costumbres, por las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que repercuten en el problema de la alimentación y junto a ello tenemos la carencia de una educación alimentaria sana y nutricional que promueva estilos de vida sanos.

Existe mucha confusión y poca divulgación en los países subdesarrollados, como lo es México, pues no se ofrece una información precisa y valiosa sobre la alimentación adecuada, correcta, sana y nutricional. Esto es un elemento importante para la subsistencia y en el que se invierte la mayor cantidad de dinero y esfuerzo por parte de la familia. A pesar de que muchas personas en los países pobres no poseen recursos para acceder a los diferentes alimentos de manera segura y estable, muchas familias por falta de información gastan sus pocos recursos en alimentos que no poseen ningún valor nutritivo. Tal es el caso de losrefrescos embotellados, las comidas chatarra o en conservas de sabor fuerte que satisfacen el paladar pero engañan al organismo.

Los hábitos alimentarios inadecuados, producto de nuestras costumbres, tradiciones, de la promoción de alimentos con bajo valor nutricional por parte de lasmultinacionales, así como los estereotipos de la mujer y el hombre perfecto donde se impone la extrema delgadez, traen a la par enfermedades como la obesidad, diabetes, la anorexia y la bulimia, las cuales traen consigo problemas nutricionales que repercuten en la calidad de vida de la población.Inclusive, debido a las tradiciones alimentarias de la comida mexicana podemos constatar que existen hábitos alimentarios incorrectos pues se hace uso abundante de la grasa, del azúcar y existe poca preferencia por las frutas, verduras y las hortalizas.

Estos hábitos en las edades jóvenes y adultas son muy difíciles de modificar porque están muy arraigados ya que pasan de generación en generación, y son las personas mayores las responsables de la selección, compra y cocción de los alimentos. Por esta razón; los hábitos de vida y alimentarios deben ser educados desde las edades más tempranas acorde a las realidades, costumbres y necesidades de los países, tributando a una mejor calidad de vida. Las prácticas alimentarias están influenciadas por factores sociales, económicos y culturales que rodean al individuo y a su familia. Cada grupo humano o sociedad tiene un patrón alimentario que le es propio, resultado de una compleja trama de usos, costumbres y tradiciones que se trasmiten y se modifican a lo largo de la historia, y que hay que tener en cuenta para llevar a cabo una estrategia de educación alimentaria sana y nutricional que tribute al mejoramiento de los hábitos alimentarios de forma adecuada.

La educación alimentaria no solo se limita a realizar acciones educativas y brindar información para elevar el conocimiento en cuanto a nutrición y alimentación, esta debe tener como finalidad el mejoramiento de la conducta alimentaria, la adquisición de conocimientos y la adopción de actitudes positivas. El asumir nuevos hábitos alimentarios, entiéndase por ello conductas alimentarias más saludables, implica un proceso a corto, mediano y largo plazo donde hay que tener en cuenta los factores culturales como son las costumbres culinarias que devienen de las migraciones, los procesos de colonización y los productos que se cosechan en cada región.

En sentido general las prácticas alimentarias se ven influenciadas por factores individuales como motivaciones, gustos, creencias, conocimientos, experiencia; y por factores sociales como la familia, los amigos, las normas sociales, políticas locales, estatales. Unido a ello, se encuentra la disponibilidad de los alimentos y la posibilidad económica que posee el individuo, la familia, la comunidad o el país para adquirir o producir los alimentos necesarios.

Para llevar a cabo una adecuada educación sobre la alimentación es necesario insertarse plenamente en el contexto histórico-social con aptitudes para reflexionar e identificar junto con la población los problemas, sus causas y posibles soluciones.Además de que debe existir unrespeto hacia todas las personas y grupos, en cuanto a conocimientos, tradiciones, creencias, hábitos de vida, prácticas, tabúes, cultura, normas sociales, etc. que se han ido conformando a través de las distintas generaciones y que no tenemos ningún derecho de modificarlos sin una investigación que permita validar o no sus comportamientos en referencia a la alimentación y nutrición.

La falta de una educación alimentaria sana y nutritiva ha traído como consecuencia 48 millones de adultos con obesidad o sobrepeso, México se ubica en el segundo lugar mundial en este padecimiento, el cual va de la mano de la diabetes, hipertensión, cánceres de diversos tipos, cardiopatías y otras enfermedades crónicas. El problema, que también afecta mucho y particularmente a los niños, y que además es paralelo a la prevalencia de la desnutrición infantil, no debiera calificarse de daño colateral o fortuito; es el saldo de un sistema complejo, de múltiples vertientes identificables, presentes desde el plano de la producción agrícola hasta el del paladar del consumidor.

Es evidente entonces que el problema no se trata sólo de una cuestión individual o familiar, de optar o no por un menú de alimentos saludables, sino es todo un sistema que está propiciando destrucción de la comunidad agrícola y de la producción tradicional, pobreza rural, daño ambiental y patrones de consumo donde lo que pagan las personas no es el alimento fundamentalmente, sino es, en su mayor proporción, ilusiones publicitarias y “valor erosivo” que destruye ambiente, salud y economía, y que entra en la lógica de un modelo de concentración de riquezas.

La obesidad, el sobrepeso y las enfermedades asociadas están generando costos de toda índole (anímica, social, familiar, laboral, monetaria, de finanzas públicas, etcétera), pues los enfermos muchas veces están incapacitados para trabajar y devienen cargas para sus parientes; implican jubilaciones tempranas o despidos, son pacientes permanentes y costosos del Seguro Social, del ISSSTE o de otras instituciones en caso de que cuenten con seguridad social, y son personas que arrastran en su depresión a quienes los acompañan. Tan sólo en términos económicos, la Secretaría de Salud ha dicho que en 2011 la obesidad y el sobrepeso generaron costos indirectos por 23 mil millones de pesos y con la tendencia actual en los próximos diez años la cifra podría llegar a 150 mil millones anuales.

La obesidad y las enfermedades crónicas que le acompañan cuestan a México más de 67 mil millones de pesos por año. Este costo fue calculado con cifras del año 2008, pero el mismo equipo estima que para el año 2017 los problemas de obesidad entre la población mexicana tendrán un costo para el país de entre 70 mil y 101 mil millones de pesos. Los datos están contenidos en un estudio inédito realizado por 41 científicos de 10 prestigiadas instituciones, por encargo de la Academia Mexicana de Medicina. El resultado de esta investigación se reunió en el libro “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”.

Los representantes de los médicos y de organizaciones no gubernamentales subrayaron que 7 de cada 10 adultos mexicanos tiene sobrepeso u obesidad, así como 1 de cada 3 niños. La obesidad se ha convertido en la segunda causa de mortalidad en el país, con cerca de 83 mil defunciones en 2010, por lo que se hace indispensable que el gobierno federal emprenda acciones urgentes en contra de este grave problema que, de no detenerlo, además de la saturación de los servicios de salud, causará costos por 100 mil millones de pesos.

La obesidad ya afecta a todas las clases sociales, pero tiene mayor incidencia en la población más pobre. La pobreza en México provoca que la población tenga mala alimentación, ya que los más pobres compran alimentos baratos con escasos nutrientes, pero con exceso de calorías. Este mal se ha convertido en un problema de Estado, el cual requiere el concurso de todos: gobierno, sociedad civil, industria alimentaria, escuelas y medios de comunicación. Se advierte que las prevalencias de sobrepeso y obesidad se encuentran en 73 por ciento para mujeres y 69.4 por ciento para hombres; 35.8 por ciento para adolescentes mujeres y 34.1 por ciento para adolescentes hombres, así como 32 por ciento en las niñas y 36.9 por ciento en niños en edad escolar.

De acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se requiere una estrategia nacional, multisectorial, que involucre a los distintos niveles de gobierno y aborde los determinantes de la obesidad en distintos contextos: hogar, escuela, comunidad, centros de trabajo, sector privado, agrupaciones de consumidores, academia y otros. La obesidad tiene carácter multifactorial, pero entre sus causas subyacen la alta disponibilidad de alimentos con alta carga energética y procesados, falta de orientación y educación alimentaria sana, así como el bajo consumo de agua, frutas, verduras, cereales de grano entero y leguminosas, entre otras.

Algunas de las enfermedades asociadas a los hábitos alimentarios inadecuados como se ha acotado, son la obesidad, el sobrepeso, la bulimia y la anorexia. La obesidad es más común en los niños que en las niñas sobretodo en las edades de 6 y 13 años. Las causas de esta enfermedad son el sedentarismo y los hábitos alimentarios incorrectos. El exceso de peso en los menores favorece la obesidad en los adultos y provoca enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes.

Por otra partehan crecido notablementeentre las jóvenes enfermedades como la anorexia y la bulimia, principalmente entre las niñas. Estos trastornos de la conducta alimentaria tienen un gran componente cultural pues el patrón de belleza actual que se ha impuesto a través de hombres y mujeres es el de extrema delgadez influenciados por los mensajes y modelos que transmiten los medios de comunicación, anuncios de televisión, vallas, folletos publicitarios. Los trastornos de la conducta alimentaria que conllevan a las enfermedades anteriores son el motivo de la promoción de la Educación Alimentaria, que compete a la escuela y a la familia, en esta últimaes donde los niños adquieren los primeros patrones alimentarios.

Por esta razón resulta necesario y urgente que llevemos una estrategia sobre Educación Alimentaria sana en estudiantes preferentemente de los niveles preescolar, primaria y secundaria, para que sean capaces de valorar la relación que existe entre una alimentación correcta con una vida saludable, pues para llegar a esta conclusión tuvieron que aumentar sus conocimientos acerca del aporte nutricional de los diferentes alimentos e hicieron hincapié en la importancia de los vegetales y su aporte nutricional.

La incidencia de la diabetes aumentó 30 por ciento entre 2006 y 2012; la diabetes fue la principal causa de muerte en México en 2012, y hay más de 13 millones personas diabéticas, aunque sólo la mitad están diagnosticadas y en tratamiento.

La dependencia de importaciones de granos y oleaginosas rebasa el 40 por ciento, y el consumo de productos locales, propicios para la genética y buena nutrición del mexicano, va en descenso (por ejemplo, en 1980 el consumo per cápita de frijol era de 18 kilos anuales y aportaba el 12 por ciento de la energía de la población mexicana y el 11 por ciento de las proteínas; hoy día cada persona consume al año sólo diez kilos de la leguminosa y obtiene de ella menos de siete por ciento de su energía y seis de proteínas).

México es líder en el consumo per cápita de refrescos en México, que llega a 163 litros al año, arriba de los 113 litros del otrora puntero, Estados Unidos. Ello tiene que ver con la presentación de estas bebidas (hasta principios de los 80’s los refrescos se expendían en botellas de vidrio reutilizables y la de mayor capacidad era de 769 mililitros, misma que se usaba para consumo familiar ocasional). Ahora son más accesibles: vienen en envases desechables de PET (polietileno tereftalato) con 600 mililitros, un litro, litro y medio, dos o hasta tres litros.

El alto consumo de refrescos se debe también a la publicidad engañosa. Por ejemplo, ante señalamientos críticos de que los refrescos son una de las principales causas de la obesidad, la industria refresquera publicó un desplegado donde dice que la aportación calórica de estas bebidas representa sólo 5.2 por ciento de la dieta promedio del mexicano. Lo que no dicen es que este nivel de consumo rebasa por sí solo el admisible de aportación de azúcares simples en una dieta saludable. En todo caso habría que advertir enfáticamente que el consumo de refresco implica que no debiera consumirse ningún otro alimento que contuviera azúcar añadida. Información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) indica que la ingesta de refrescos está relacionada con 30 por ciento de la carga de enfermedad de los mexicanos. También, de acuerdo con el INSP, en 2006 se vio que 12 por ciento de la energía total de los preescolares proviene de refrescos; principalmente de cola.

Por ello la importancia prevalente del retorno a la alimentación saludable y nutritiva, ya que sólo a través de eso podrá darse en la medida que se cambie el paradigma, que se reconstruya el sistema alimentario a partir de políticas públicas que impulsen la producción local, con subsidios, con mecanismos de protección; que promuevan el consumo de frijol, maíz, quelites, de frutas y verduras. Y todo esto lo debe hacer definitivamente el Estado en sus tres niveles de gobierno, y puede iniciar con la inclusión de una cultura de educación alimentaria sana y nutricional en la Ley General de Educación, ya que a parte de los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también en dicha ley secundaria deben establecer los consecuenciales propósitos del Estado en materia alimentaria y de nutrición.

Sin que pase por alto que, la conducta alimentaria está permeada por complejos procesos de cambio, transformaciones socioeconómicas y determinantes de salud, donde el ser humano es protagonista del consumo. El acto de comer conlleva decisiones instintivas e instantáneas resultado de la historia personal desde el nacimiento y la realidad en que se vive expuesta a estímulos permanentes del ambiente.

Comer para saciar el hambre en el nivel más básico de “comer para vivir” implica necesariamente consumo. Más allá de las calorías, el alimento sacia necesidades secundarias y socialmente emergentes como el respeto, la identidad y el reconocimiento.

La alimentación es un proceso voluntario natural para mantener la salud y la vida. Pero ha dejado de ser una elección sólo personal, en el mercado se dictan las reglas del comer y a la larga se vuelven cultura de consumo.

El alimento antes de llegar al estómago debe pasar por la mente, la persona consume lo que su mente registra como conocido. La publicidad impacta la mente para crear una fábrica de deseos y buscar satisfactores inmediatos por medio de la compra de un alimento como una representación simbólica de acceso a otra realidad. Se colocan en competencia los alimentos industrializados contra maíz, frijol, hortalizas y semillas, cada vez menos disponibles y nunca publicitados. Los alimentos sanos deben volver a la mente de las y los mexicanos, recuperar alimentos del campo y el mar, rescatar los paladares desde el nacimiento y satisfacer necesidades básicas de bienestar para disfrutar el placer del bien comer con el orgullo de la cultura gastronómica nacional.

Ante la situación de mala alimentación en México son inútiles las campañas de “Aliméntate sanamente” o “Come frutas y verduras” mientras no haya una política alimentaria y nutricional para garantizar, desde el Estado, el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a toda la población. Desde una visión de política pública, los individuos son ciudadanos, no consumidores.

JUSTIFICACION DE LA INICIATIVA

La Educación Alimentaria es responsabilidad efectivamente del Estado, pero existen otros actores que pueden mediar positivamente la ingesta de alimentos sanos y nutritivos, estos son la familia y la escuela.

La familia juega un papel decisivo en la educación de los más pequeños de la casa para que adquieran adecuadoshábitos alimentarios, pues es a través de la interacción con los adultos que los niños adquieren determinadas actitudes, preferencias, costumbres y hábitos alimentarios que están fuertemente influenciados por las prácticas alimentarias que realiza la familia. Para una adecuada nutrición infantil la base está en el mensaje que el niño recibe en la casa, lo que come en el hogar, el ejemplo queden los padres al respecto, pues en la etapa infantil se aprende por imitación. Es necesario que los padres delante del niño no hagan rechazo a alimentos de alto valor nutricional, ni por el contrario den tanta importancia a aquellos alimentos que poseen un bajo valor nutricional.

Los padres deben ser capaces de estimular a los niños para que participen de la planificación, selección, compra, conservación y preparación de alimentos sanos y nutritivos. Estas actividades se deben ajustar a la edad y desarrollo del niño. Por lo general estas actividades la realizan los adultos, sin darle participación a los niños, sin embargo se ha comprobado que dándole participación a los más pequeños se sienten más a gusto e importantes, pues se les tiene en cuenta en el núcleo familiar. Es fundamental rescatar y promover la costumbre de comer en familia, puesde estaforma se puede influir positivamentesobre los hábitos alimentarios enlos miembros más jóvenes que integran el hogar.

Esta práctica permite informar a los más pequeños sobre la importancia de consumir una alimentación balanceada y cómo obtenerla a través del consumo de alimentos que aportan los nutrientes que el organismo requiere. Además permite orientar el comportamiento de los niños y jóvenes en la mesa, sus actitudes, modales, así como el uso adecuado de los cubiertos. “Los hábitos alimentarios son el resultado de múltiples influencias personales, culturales, sociales y psicológicas.”

La alimentación es uno de los problemas fundamentales que presenta el mundo contemporáneo donde reina el hambre y la extrema pobreza que son los causantes de la inseguridad alimentaria y nutricional. El proceso de Globalización que impone un nuevo modelo de alimentación mediante las multinacionales que promocionan la comida rápida.

El mal uso de los alimentos disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos están propiciando factores socioculturales que traen consigo hábitos alimentarios inadecuados y una serie de enfermedades. Tenemos una serie de hábitos alimentarios que forman parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y por ende están muy arraigados. Muchas de estas costumbres están distanciadas de lo que se considera  una dieta sana, incapaz de garantizar una mejor calidad de vida. Esto no significa que debamos abandonar nuestras raíces pues forman parte de nuestra identidad como mexicanos, pero  se debe mantener un equilibrio entre lo autóctono y lo que es bueno para la salud. Es por ello que juega un papel importante la Educación Alimentariasana y nutricional la cual es responsabilidad tanto del gobierno, las familias mexicanas en colaboración con las instituciones educativas del país, preferentemente en niveles preescolar, primaria y secundaria.

En ese sentido las instituciones educativas también poseen un rol importante en la Educación Alimentaria sana con el objetivo de mejorar la conducta alimentaria, para elevar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes.

La educación de una alimentación sana y nutritiva, entendida como la combinación de experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas alimentarias y otras conductas relacionadas con la nutrición que conduzcan a la salud y el bienestar, ha sido reconocida como uno de los elementos esenciales para contribuir a la prevención y control de los problemas relacionados con la alimentación en el mundo.

Frente a la diversidad de factores ambientales que afectan la calidad de la alimentación, se considera que la educación de alimentos que son sanos y nutritivos en las escuelas tanto públicas como privadas representa una manera eficiente de alcanzar a un amplio sector de la población, que incluye no sólo a los niños y jóvenes, sino también a sus maestros, sus familias y la comunidad de la que forman parte.

Los niños en edad escolar constituyen uno de los grupos prioritarios que deben recibir una educación alimentaria en nutrición; es particularmente importante impartir esta formación de forma efectiva porque: una nutrición apropiada es fundamental para el desarrollo físico y mental de niños y adolescentes; los escolares son consumidores actuales y futuros que necesitan información y educación específicas para adquirir patrones alimentarios saludables y perdurables; como futuros padres, los escolares jugarán un importante papel en el desarrollo de sus descendientes; como miembros de la unidad familiar, los escolares constituyen un importante vínculo entre la escuela y el hogar, así como con la comunidad.

El propósito de la impartir en las instituciones educativas una materia o asignatura denominada “Educación Alimentaria Sana y Nutricional” es lograr que los niños adquieran una capacidad crítica para elegir una alimentación saludable en un mundo que cambia rápidamente y en el cual se observa una continua diversificación de los alimentos procesados y una pérdida de los estilos de alimentación familiar. Inclusive se estima que los enfoques basados en los alimentos, que reflejan los cambios del contexto sociocultural en que viven los escolares, tienen mejores posibilidades de ayudar a éstos y a otros niños y adultos. Al desarrollar en los escolares hábitos de alimentación saludables, se contribuye a su desarrollo físico, mental y social y a la prevención de las enfermedades relacionadas con la dieta.

El apoyo de los niveles de decisión; la implementación de iniciativas para capacitar a los profesores mediante programas sistemáticos, con suficiente cobertura y continuidad; la inclusión de contenidos de cultura y educación para consumir alimentos sanos y nutritivos en los programas de los niveles preescolar, primaria y secundaria, con asignación de suficiente tiempo y un enfoque orientado a lograr cambios de conducta más que a sólo aumentar los conocimientos, constituyen hoy, más que nunca, una necesidad para enfrentar los problemas nutricionales y prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. Para lograr este objetivo, la educación sobre ese particular en las instituciones educativas representa la mejor estrategia.

La infancia y adolescencia son las etapas en las que se establecen los hábitos alimentarios, que después nos acompañaran el resto de nuestra vida, determinando así nuestro estado nutricional y salud. Por ello, es importante cualquier esfuerzo encaminado a instaurar y/o mejorar los hábitos de alimentación durante esta etapa de la vida. La formación de los hábitos alimentarios en la infancia empieza en la familia, con las costumbres y tradiciones del entorno familiar. Esta formación, junto con la impartida en las instituciones educativas, son las principales responsables de la instauración de unos hábitos de alimentación adecuados. Las acciones educativas en materia de alimentación y nutrición, son herramientas y mecanismos valiosos para la configuración de hábitos alimentarios saludables en la edad escolar, en las que pueden incorporarse con menor dificultad conductas positivas, que promuevan la salud de los niños y niñas contribuyendo así, a disminuir el riesgo de patologías prevalentes en la edad adulta.

El ámbito escolar se presenta como lugar prioritario e idóneo para fomentar conocimientos y facilitar habilidades en alimentación, nutrición y actividad física, que responsabilicen a los chicos y chicas para ejercer un mayor control sobre su salud. La escuela desempeña dos papeles principales en relación con la adquisición de hábitos alimentarios correctos, enseñanza teórica y práctica que se patentiza a través de una cultura de educación en nutrición dentro de la escuela, es decir; el colegio constituye un espacio ideal para dar a conocer al niño las bases de una alimentación saludable.

Son numerosos los estudios que avalan la conveniencia de este tipo de intervenciones educativas y de promoción de la salud en la escuela, pero sobre todo benéfico sería la impartición de dicha asignatura por conducto de especialistas de la materia, en los que se refiera aumento en el consumo de alimentos vegetales como frutas y hortalizas, la reducción de grasa saturada y total en la dieta diaria, aumento de la actividad física e incluso disminución de la obesidad y sobrepeso. Asimismo, los planes, programas, estrategias y materias, inciden en la necesidad de facilitar el acceso a alimentos saludables y a la actividad física diaria, mantener las intervenciones a largo plazo, contar con los alumnos a la hora de planificar y proponer acciones, involucrar a las autoridades educativas y sanitarias, y a la familia y comunidad, contar con grupos dinamizadores en el propio centro y evaluar los programas. Existe, por tanto, la necesidad de desarrollar en los colegios, escuelas, centros de estudio y toda institución educativa, programas y planes de estudio en donde se incluya tan importante asignatura sobre alimentación, nutrición y salud, adaptados a los diferentes niveles, que expuestos de forma atractiva para los niños y adolescentes, mejoren los conocimientos y las actitudes frente a la alimentación.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma el artículo 7 fracción IX de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7.-

I…

...

IX.- Implementar una educación alimentaria sana y nutricional en las escuelas públicas y privadas de los niveles preescolar, primaria y secundaria, a través de la inclusión de dicha asignatura en los planes de estudio, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, estimulando la educación física y la práctica del deporte.

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 07 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador López Brito, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para felicitar a la Senadora y adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente de los Senadores Aarón Irízar López, Daniel Amador, Silvia Garza, Ascensión Orihuela, Ricardo Barroso, Roberto Albores, Carlos Romero Deschamps y Gerardo Sánchez García. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Esta iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

1Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional (Fonan)

2 IBHÍDEM

3Según cálculos realizados por la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud.

4 Según datos de la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2012).

5Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto de Salud Pública, Juan Rivera Dommarco, y Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

6(según la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012)

7Vicent Garcés, Ingeniero Agrónomo, Universidad Politécnica de Valencia. Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI-España

8 IBÍDHEM.

9La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut 2012)

10Julieta Ponce  Fonan

11 IBHÍDEM.

12 IDEM.

13 Barrial Martínez, A.; Barrial Martínez, A: "La educación alimentaria y nutricional desde una dimensión sociocultural como contribución a la seguridad alimentaria y nutricional", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, diciembre 2011, www.eumed.net/rev/cccss/16/

14 (FAO/OMS, 1992; FAO, 1995; Contento et al., 1995).






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 360 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y UN INCISO D) AL NUMERAL 1 DE LOS ARTICULOS 76, 77 Y 77 BIS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

(Presentada por el C. Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Fernando Torres Graciano: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo a nombre propio y de varios compañeros Senadores y Senadoras del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así como a la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Nos parece que estamos en un momento oportuno para hacer un análisis en retrospectiva de lo que fue el proceso electoral, de los actos que durante el proceso fueron tema de debate, de discusión, y de aquellas acciones que, sin duda, hoy visto a la distancia no podemos dejar de reconocer, siguen teniendo faltas nuestros mecanismos electorales y se sigue vulnerando la confianza, las instituciones electorales y, por supuesto, la democracia que tanto nos ha costado construir.

Y esta iniciativa pretende limitar y regular lo que es la fiscalización del financiamiento y del gasto de campaña durante el proceso electoral; el financiamiento de los partidos políticos es un tema que a la sociedad siempre le preocupa, el rebase a estos topes de campaña, el dispendio de los recursos, el gasto excesivo en las campañas; el origen de los propios recursos son temas que, sin duda, en muchas ocasiones manchan nuestra democracia y nuestros procesos electorales.

Si bien la ley vigente prevé la prohibición para no rebasar el límite del gasto de campaña, prevé mecanismos de fiscalización durante las precampañas y las campañas. También es cierto que estos mecanismos han dejado claro que no son eficaces, que no han sido eficientes.

Rendir informes por parte de los partidos políticos al órgano electoral es una obligación, pero resulta inadecuado y muchas veces resulta hasta una burla a la democracia, que una vez que pasa un proceso viene la fiscalización, viene un dictamen y se nos dice que tal candidato o tal partido político rebasó los topes de campaña, y que esta violación a la Ley Electoral solamente le hace acreedor a una simple multa y no a sanciones más fuertes, por vulnerar nuestro sistema electoral.

Nos parece importante insistir en este tema porque, sin duda, rompe la equidad durante el proceso electoral. No puede ser que durante el proceso el dinero, el dispendio y la simulación, la triangulación en los recursos para las campañas, sea cosa de todos los días.

Actualmente las sanciones previstas para quienes incumplen dichas disposiciones son meramente administrativas, consistes, como lo comentaba, en una simple multa, y en algunos casos sanciones mayores que no son eficaces.

Hoy todos sabemos que el IFE va a dictaminar en unos meses más lo que fue el proceso electoral en esta materia de tope de gastos de campaña, después de casi un año de pasado el proceso electoral.

La propuesta que venimos a presentar es la de declarar la nulidad de la elección por haber rebasado los topes de gastos de campaña, y esta propuesta no es algo novedoso, es una propuesta que ya está contenida en diferentes legislaciones de los estados en materia electoral, resulta un imperativo que la Ley Federal en esta materia sea clara, sea contundente y que se respete el principio de equidad y de certeza durante el proceso electoral, para salvaguardar la equidad es indispensable contar con sanciones acordes al grave daño que se le ocasiona al proceso electoral.

Por eso venimos a presentar esta iniciativa que propone: Primero. Una adición al artículo 360 del COFIPE, en el que se establece la reducción de los plazos para sustanciar y resolver los procedimientos relacionados con la infracción de las prohibiciones a topes de campaña, en materia de gastos, tanto en la precampaña como en la propia campaña.

Viene también a modificar los plazos para rendir estos informes para dictaminar y resolver por parte de la autoridad electoral, y también propone, por otro lado, adicionar un inciso d) a los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la inclusión de una causal expresa de nulidad de la elección, ya sea de Presidente de la República, de Diputados o de Senadores.

Cuando un partido político, una coalición o un candidato hayan resultado triunfadores, pero hayan sobrepasado el tope de gastos de campaña, se pueda hacer acreedor a una sanción más fuerte, que puede ir hasta la nulidad de la elección y, en cuyo caso, se le prohíba volver a participar como candidato o al mismo partido en la elección extraordinaria respectiva.

Con estas adiciones estaremos dando un paso decisivo para volver a fortalecer nuestro marco normativo en materia electoral. Muchas son las propuestas que ya han venido a presentar diferentes Senadoras y Senadores a esta tribuna; muchas quizá vendrán y estarán todavía en los próximos meses presentándose.

Me parece que habremos de llegar al momento donde tendremos que hacer una cirugía mayor a la Ley Electoral y a las demás disposiciones que de ella derivan.

Me parece que es importante no dejar de cuidar, de mantener la credibilidad por parte de los ciudadanos en nuestras instituciones electorales, es nuestra ley, son nuestros procesos, si algo nos costó trabajo construir y que no hemos acabado, es un sistema democrático fuerte y sólido. Por eso vengo a convocarlos a sumarse a esta propuesta, que busca que no se de la simulación, que no se dé la triangulación de recursos, que no se dé el despilfarro, que no haya más Monex en las campañas electorales.

Por lo anterior, le pido a la Mesa Directiva se pueda incluir íntegra la exposición de motivos en el Diario de los Debates y, por supuesto, los invito a sumarse a esta propuesta.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, FERNANDO TORRES GRACIANO,Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 8, numeral 1, fracción I, y 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 360 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y un inciso d) a los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con la finalidad de incrementar las sanciones por exceder los topes de gastos de campaña, y así generar mayores condiciones de equidad en las contiendas político-electorales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El análisis retrospectivo de cada proceso electoral permite realizar una evaluación crítica del sistema que le rige y de diversos aspectos que pueden fortalecerse en el ámbito normativo, a fin de inhibir posibles vulneraciones a los principios rectores de la función electoral, indispensables para que cualquier elección sea considerada democrática.

La presente iniciativa esencialmente se orienta hacia un objetivo concreto, que fue una sentida demanda de la población respecto a los resultados de la elección de 2012 y que establece la nulidad de la elección por haber excedido el tope de gastos de campaña.

Sanciones en el rebase de topes de gastos de precampaña y campaña.

La equidad de la contienda, en el sistema actual se evalúa en la medida en que los partidos políticos y candidatos ajustaron sus gastos de precampaña y campaña a los límites establecidos por la ley; consecuentemente, si las sanciones por su incumplimiento son suficientes y eficaces para inhibir tales conductas e igualmente proporcionales a la afectación que con su incumplimiento pudieron haber producido.

En ese sentido, el financiamiento de los partidos políticos y la fiscalización de sus recursos se convirtieron en un aspecto central de las normas que regulan su funcionamiento a partir de la universalización del sufragio y la incorporación del financiamiento público, lo cual cambió significativamente la lógica en que comenzaron a operar los partidos políticos y candidatos al hacer campaña y conseguir el apoyo del electorado.

Una característica que permea en la mayoría de los países considerados como democráticos es que el financiamiento de los partidos políticos es predominantemente público, ya sea total o parcialmente, lo que tiene como objetivo central evitar, disminuir o desalentar la incidencia de poderes fácticos o intereses particulares, tanto en su funcionamiento ordinario, como en sus actividades específicas como las precampañas y campañas electorales; a la vez que se propicia la equidad en la contienda, la transparencia en la fiscalización de los recursos que utilizan y manejan, el fortalecimiento democrático de su régimen interno y su institucionalización.

En tal sentido, los topes de gastos de precampaña y campaña deben ser entendidos como los montos máximos autorizados por la ley para que un partido político gaste en una determinada elección y constituyen una herramienta indispensable como parámetro de equidad en las contiendas electorales.

En la actualidad el marco jurídico electoral vigente en el ámbito federal, en torno al tema de los topes de gastos de precampaña y campaña, así como las sanciones por su incumplimiento, se circunscriben a los siguientes ordenamientos y preceptos:

ORDENAMIENTO LEGAL

PRECEPTOS Y CONTENIDO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 41.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo 118

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

m) Conocer y aprobar los informes que rinda la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos; así como determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que puedan erogarse en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados;

 

Artículo 214

1. A más tardar en el mes de noviembre del año previo al de la elección, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Séptimo de este Código.

4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que procedan.

 

Artículo 229

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.

b) Gastos operativos de la campaña:

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares.

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:

I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último de noviembre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial.
b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de enero del año de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal; y

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de veinte.

 

Artículo 342

1.Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone el presente Código;

f) Exceder los topes de gastos de campaña;

Artículo 344

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente Código:

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo General;

 

 

Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

c) Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; y

II. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato;

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN

Artículo 226.

1. Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de precampaña los gastos de propaganda, gastos operativos de campaña, gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, así como los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión, de acuerdo con lo establecido en los incisos a), b), c) y d) del numeral 2 del artículo 229 del Código.

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.

 

Capítulo I
Inicio y sustanciación

Artículo 20

Del procedimiento oficioso

1. El Consejo o la Unidad de Fiscalización podrán ordenar el inicio de un procedimiento oficioso cuando dichos órganos tengan conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación al Código sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones.

Artículo 21

Del procedimiento de queja

1. El procedimiento de queja podrá iniciarse a partir del escrito de denuncia que presente cualquier interesado por presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos y agrupaciones.

Capítulo III
Sanciones

Artículo 35

Sanciones

1. El Consejo General impondrá, en su caso, las sanciones correspondientes previstas en el Código.

Como se puede apreciar, el marco jurídico regulador recién inserto, revela que si bien se prevé para los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular la prohibición de rebasar el límite fijado por la autoridad administrativa electoral en sus erogaciones de precampañas y campañas electorales, así como la obligación de rendir informes sobre dichas actividades y los procedimientos tanto oficiosos como a través de queja por los que se fiscalicen y se impongan las sanciones que correspondan cuando se hayan rebasado dichos límites, no menos veraz resulta que en caso de incumplimiento a tal normativa, las sanciones previstas en el código de la materia y a la que se hacen acreedores los sujetos infractores, en ocasiones resultarían insuficientes e ineficaces para inhibir tales conductas y muy inferiores a la afectación que pudieron haber ocasionado en la vulneración al principio de equidad en la contienda.

En efecto, la sanción prevista es meramente administrativa para el partido con una multa o reducción del financiamiento público correspondiente y en el caso del precandidato o candidato, con la pérdida del derecho a ser registrado o del registro en caso de que ya se hubiere efectuado, dejándose de lado que en ocasiones estos procedimientos oficiosos o de queja pudieran prolongarse incluso más allá del día de la jornada electoral, en cuyo caso si se determinara el incumplimiento en el rebase de topes de gastos de precampaña o campaña, no se prevé una sanción de mayor impacto si el partido político o candidato infractores, hubieren obtenido el triunfo en la elección, de ahí que se estime que la sanción prevista en el código no es proporcional al grado de afectación que se pudiera ocasionar por el hecho de que no se respeten tales límites, pues en esos casos resulta obvio que no se habría respetado el principio de equidad en la contienda y esos votos del vencedor estarían viciados de origen.

Aunado a ello, debe considerarse que si los procedimientos de fiscalización y sancionadores se prolongan en demasía, un dictamen emitido en contra del partido político o candidato ganador, después de la toma de posesión, no podría tener ningún efecto más allá de una simbólica e insuficiente sanción administrativa.

En el plano de las entidades federativas, debe destacarse que algunas de ellas como Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, además de las sanciones administrativas y la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o la pérdida del propio registro como tal, prevén la posibilidad de nulidad de la elección; es decir que en la etapa de calificación de la elección, los partidos políticos inconformes cuentan con una causal expresa de nulidad mediante la cual, de acreditarse en sus extremos y ser determinante en el resultado de la elección, produciría que se anule en su totalidad el proceso y que se convoque a la realización de elecciones extraordinarias, inclusive en algunos casos como en el Distrito Federal y Zacatecas, la sanción impide además que el candidato o candidatos y el partido político o coalición responsables, participen en la elección extraordinaria respectiva.

Lo anterior sin desconocer que la inexistencia de una causal de nulidad específica por rebase de topes de gastos de campaña, no necesariamente significa que no se pueda anular la elección, dada la existencia de la llamada nulidad genérica o por violación a principios constitucionales, a través de la cual pudiera obtenerse el mismo resultado, sin embargo la falta de definición legal expresa impide establecer con exactitud las consecuencias que la actualización de la misma deba producir.

En ese sentido, la propuesta abarca las siguientes modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral:

• En cuanto al primer ordenamiento invocado, la reducción de los plazos para substanciar y resolver los procedimientos relacionados con la infracción de las prohibiciones y topes en materia de gastos de precampaña y campaña, a efecto de que queden resueltos con antelación a que se decida sobre la validez de la elección respectiva ante las instancias jurisdiccionales.

• Respecto al segundo de los ordenamientos en cita, la inclusión de una causal expresa de nulidad de la elección ya sea de Presidente de la República, Diputados o Senadores, cuando el partido político o coalición triunfadora en la elección, haya sobrepasado los topes de gastos de precampaña o campaña en la elección que corresponda y haya sido determinante en el resultado de la elección; en cuyo caso, se debe prohibir al candidato y partido político o coalición que lo hubiera postulado, participar en la elección extraordinaria respectiva.

Lo anterior, se estima más acorde y proporcional al nivel de afectación que una irregularidad de tal magnitud puede producir en el resultado de una elección al trastocarseel principio de equidad rector de la función electoral y pilar de la democracia, máxime si se considera que dicha causal se actualizaría, siempre y cuando dicho rebase fuera determinante en el resultado de la elección y plenamente acreditado ante la autoridad electoral, lo cual evidentemente produciría además un efecto disuasivo en los sujetos obligados a acatar tales límites.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 360 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE ADICIONA UN INCISO D) AL NUMERAL 1 DE LOS ARTICULOS 76, 77 Y 77 BIS. DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL.

Artículo Primero: Se adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 360 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 360

1. …

En todos aquellos casos en que la queja o denuncia verse sobre la probable infracción a las prohibiciones y topes en materia de gastos de precampaña y campaña, los procedimientos respectivos deberán quedar substanciados y resueltos en definitiva a más tardar treinta días antes de la toma de posesión de los candidatos electos vinculados tales procedimientos.

Artículo Segundo: Se adiciona un inciso d) a los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 76.

1. …

a) a c)…

d) Exceder durante una precampaña o campaña electoral, los topes de gastos señalados por la ley, y este factor haya sido determinante en el resultado de la elección. En este caso, ambos integrantes de la fórmula, el o los partidos políticos o la coalición responsables, no podrán participar en la elección extraordinaria respectiva.

Artículo 77.

1. …

a) a c)…

d) Exceder durante una precampaña o campaña electoral, los topes de gastos señalados por la ley, y este factor haya sido determinante en el resultado de la elección. En este caso, ambos integrantes de la fórmula, el o los partidos políticos o la coalición responsables, no podrán participar en la elección extraordinaria respectiva.

Artículo 77 Bis.

1. …

a) a c)…

d) Exceder durante una precampaña o campaña electoral, los topes de gastos señalados por la ley, y este factor haya sido determinante en el resultado de la elección. En este caso, el candidato, el o los partidos políticos o la coalición responsables, no podrán participar en la elección extraordinaria respectiva.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Fernando Torres Graciano”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Torres Graciano. Pido a la Secretaría Parlamentaria que se incluya de manera íntegra la iniciativa que ha presentado el Senador.

Sonido en el escaño del Senador Francisco Domínguez.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño)SeñorPresidente, nada más para pedirle suscribirnos a la iniciativa del Senador a todo el grupo parlamentario de Acción Nacional.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello para que se sumen quienes así lo han manifestado a esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76 y 78 constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 76 Y 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:

La transición política en México sigue siendo un proceso inacabado.

Hubo una alternancia partidista, incluso se ha dicho que estamos ya en la segunda alternancia, pero no ha surgido de este proceso un nuevo régimen, no ha surgido un nuevo orden institucional que abandone de plano y para siempre la posibilidad de cualquier práctica arbitraria e incluso autoritaria en contra de la democracia.

Por este motivo, creo que debemos de aprovechar el momento que estamos viviendo de reformas institucionales, cuya pertinencia es compartida y de la que hemos sido testigos y protagonistas.

Por eso, la propuesta que hoy presento y pongo a consideración tiene que ver con el origen institucional del poder de los Secretarios de Estado.

Ha sido estudiado de forma extensa e incluso, no solamente estudiado, ha sido demostrado por diversas escuelas de ciencia política que el diseño del gobierno y la forma en que el poder se encuentra estructurado, es la variable que mejor determina los buenos o los malos resultados de las decisiones colectivas que dan rumbo al desarrollo del país.

Diversos han sido los esfuerzos de muchas fuerzas políticas, de diversos partidos, de diversas corrientes por lograr el implementar el sistema de ratificación al gabinete presidencial en México.

Algunos de estos esfuerzos buscaron implementar un control legislativo dentro del sistema presidencial mexicano, otros han intentado construir la ruta hacia el régimen parlamentario.

Son varios los países que demuestran la enorme utilidad de estos procesos de ratificación de gabinete: Perú, Uruguay, incluso nuestro vecino país del norte, ejercen con éxito esta institución con la finalidad de garantizar el equilibrio de poderes y favorecer la comunicación entre los poderes.

Para nuestro país, las voces de diversos pensadores mexicanos se han escuchado por la necesidad de incorporar en nuestro orden normativo un sistema de control parlamentario sobre el gabinete del Ejecutivo.

Asimismo, es una de las recomendaciones específicas de la propuesta de reforma política que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM presentó en 2009 a este Senado de la República.

Desde otras latitudes se escuchan voces, voces como la de Giovanni Sartori, que en su monumental obra sobre ingeniería constitucional comparada, señala que uno de los elementos que le hace falta a nuestro diseño institucional es este tipo de contrapesos a la hora de la elección del gabinete.

Esto es en la teoría, esto es en el papel, pero en los hechos, los intentos por incorporar la ratificación de los Secretarios de Estado a nuestro orden jurídico han fracasado una y otra vez, y han fracasado porque siempre se les vincula como una renuncia al sistema presidencial, que aún no hemos terminado de consolidar, y el abrir la puerta de manera abrupta a un sistema parlamentario.

Ese ha sido el argumento para rechazar varias de estas propuestas, sin considerar que la ratificación de gabinete constituye una de las mejores prácticas democráticas internacionales, tanto en gobiernos parlamentarios como en gobiernos presidenciales.

Por eso la propuesta que hoy presento a su consideración, busca generar un equilibrio que garantice una nueva etapa de estabilidad, una nueva etapa de gobernabilidad entre poderes, que fortalezca los canales de comunicación y que respete la intención de crear un control parlamentario sin interferir en las facultades del Ejecutivo.

El diseño gubernamental supone en la tradición institucional mexicana la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; siendo el Legislativo y el Ejecutivo los dos poderes que tienen carácter político.

Por eso mismo es que se requieren canales adecuados de comunicación entre los dos poderes para que se permita un balance de facultades y responsabilidades, lo que se plantea es romper la tradición mexicana en la que el Presidente tiene más atribuciones y poder que los otros poderes, configurando la figura conocida ampliamente como presidencialismo.

El gabinete a final de cuentas se encarga de aspectos específicos del ejercicio de la política mexicana, y las Secretarías que lo integran reflejan la percepción que los diversos gobiernos han tenido sobre problemas específicos que han enfrentado en su tiempo.

Sin embargo, hay que señalar que las Secretarías, en la historia reciente, han tenido mayor o menor relevancia a partir del perfil de los Secretarios que las han encabezado en lugar de la resolución de los temas que les competen.

Esto le reduce la capacidad de acción del propio Presidente de la República, y en la mayor parte de los casos tiene un rédito negativo en eficiencia y en eficacia de las propias dependencias.

¿Qué es lo que estamos aquí proponiendo?

No se propone el esquema que ha fracasado, como se mencionaba una y otra vez, de ratificación de gabinete, sino la posibilidad de objetar el nombramiento. Este es un esquema, que como se mencionaba, existe en otros países y funciona con mucha eficacia.

La objeción se plantea que se haga por parte de los Senadores, en los primeros 30 días siguientes al nombramiento del funcionario del gabinete presidencial, y en el caso en el que no haya una objeción se consideraría ratificado, y si la hay, pues ahí sí se haría un proceso de deliberación sobre la pertinencia del nombramiento.

Además, en esta misma tribuna, Senadoras, como la Senadora Layda Sansores, han mencionado, en ejemplos recientes, sobre funcionarios públicos la pertinencia de tener una opinión desde aquí del Senado, bueno, más que una opinión, se trataría de implementar un mecanismo institucional con un diseño específico para la objeción de los nombramientos.

Lo anterior se podría convertir en un control político, con lo cual se garantizaría que los funcionarios tengan las capacidades adecuadas para desempeñar su cargo, y el Ejecutivo, sin perder ninguna de sus facultades, ponderaría mejor las cualidades y los perfiles de los candidatos a ocupar cada puesto.

El mecanismo coadyuvaría a fomentar una mejor relación y comunicación entre los poderes públicos y a fortalecer la credibilidad entre las instituciones.

De tal suerte, compañeras y compañeros Senadores, la presente iniciativa pretende, mediante las adiciones de nuevas fracciones en los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Cámara de Senadores tenga la facultad de objetar los nombramientos que hace el Presidente de la República de los Secretarios de despacho.

La objeción, de ninguna manera significa una injerencia ni intervención entre poderes, sino una sana colaboración, en la cual el titular del Ejecutivo puede ser advertido por los representantes del Pacto Federal sobre la falta de idoneidad de cualquier persona que postule para un cargo tan relevante en la vida nacional y de cuyas acciones dependen muchas vidas de los mexicanos.

Es por ello que se plantea necesario generar un moderno equilibrio que garantice una nueva etapa de estabilidad prolongada, en condiciones favorables para la eficiencia y la gobernabilidad, pero sobre todo que fortalezca los canales de comunicación entre los poderes públicos.

Compañeras y compañeros Senadores:

El tema de la ratificación de funcionarios es uno de esos temas que se aprecian, dependiendo de qué lado de la bahía se esté.

Cuando se es oposición se considera la ratificación de gabinete como una gran medida de control político; un gran medida de comunicación; pero cuando se es gobierno, se considera una injerencia.

Yo creo que es el momento que sigamos, justamente, el ejemplo de Juárez, que hoy ha sido tan recordado, nuestro monstruo heroico de la Reforma, que decía:

“Quisiera que se me juzgara no por mis dichos, sino por mis hechos. Mis dichos son mis hechos”.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Zoé Robledo Aburto, Senador por Chiapas, a nombre de los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN Y LOS ARTICULOS 76 Y 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La transición política en México sigue siendo un proceso inacabado y, por lo mismo vulnerable.Algunas de las propuestas modernizadoras son de alto impacto mediático pero no necesariamente aportan elementos nuevos a democracia mexicana.

Los mexicanos llevamos muchas décadas impulsando la democratización del país, sin haber logrado, hasta ahora, una verdadera transformación, nuestros intentos de reforma de Estado han terminado, en el mejor de los casos, en reformas Electorales o políticas sin trastocar las instituciones fundamentales de nuestro sistema de gobierno.

Es decir, la transición democrática no ha logrado un nuevo orden institucional ni un contrato social renovado, tampoco una constitucionalidad que confirme un sistema democrático.

Por ese motivo debemos aprovechar este impulso a las reformas institucionales, cuya pertinencia es compartida por todas las fuerzas políticas y sociales del país, para lo cual es necesario reconocer que el marco institucional existente resulta ya demasiado estrecho para los actores relevantes y la estabilidad parece por momentos precaria.

Es por ello necesario generar un moderno equilibrio que garantice una nueva etapa de estabilidad prolongada, en condiciones favorables para la eficiencia y la gobernabilidad, pero sobretodo, que fortalezca los canales de comunicación entre los poderes políticos.

El origen del poder resulta determinante en la orientación de las instituciones políticas. El diseño del gobierno y la forma en que el poder se encuentra estructurado resultan determinantes en los resultados de las decisiones que dan rumbo al desarrollo del país.

El diseño gubernamental supone en la tradición institucional mexicana la división del poder en tres figuras: el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Los poderes Legislativo y Ejecutivo tienen un carácter político, mientras que el Judicial es el guardián del orden jurídico nacional.

Por estos motivos se requieren canales adecuados de comunicación principalmente ente los dos poderes con carácter Político, que permitan lograr un balance de facultades y responsabilidades y, con ello romper la tradición mexicana en la que el presidente ha tenido más atribuciones y poder que los otros dos poderes, configurando la figura conocida ampliamente como “presidencialismo”.

Las entidades públicas que dependen del presidente sugieren aspectos específicos del ejercicio de la políticamexicana, y reflejan la percepción que los diversos gobiernos han tenido sobre problemas específicos que han enfrentado en su tiempo. El conjunto de dichas dependencias se han modificado, ampliado o desaparecido, de conformidad con las prioridades identificadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, es necesario señalar que las secretarías han tenido mayor o menor relevancia de acuerdo con el perfil de los secretarios que las han encabezado en lugar de la resolución de los temas que les competen.

Asimismo, el gabinete presidencial ha tenido la particularidad especial de dar lugar a los espacios con que se pagan las alianzas que el presidente hace para obtener apoyos en su camino a la presidencia, bien sean los compromisos adquiridos durante la época de campaña, o después de ella. Esto reduce la capacidad de acción del propio presidente, y en la mayor parte de los casos la eficiencia y la eficacia de las propias dependencias, lo que es un problema grave.

Bajo este modelo organizacional, el aparato gubernamental es responsable solamente ante el presidente y no ante la sociedad ni ante sus representantes, como ocurre con el procedimiento de nombramiento y el sistema de responsabilidades del gabinete del Ejecutivo.

Ya que la mayor parte de las decisiones relevantes que se toman en México pasa por las oficinas presidenciales diversos legisladores de distintas corrientes políticas, han postulado que el Poder Legislativo no puede permanecer pasivo ante las funciones que desarrolla la administración pública federal, que en muchas ocasiones son motivo de críticas, porque los funcionarios poseen perfiles y capacidades distintas de las requeridas para las atribuciones por realizar.

Con la posibilidad de objetar el nombramiento de los funcionarios del gabinete presidencial por los senadores se ponderarían mejor las cualidades y los perfiles de los candidatos para ocupar cada puesto, con lo cual se estaría garantizando que los funcionarios tengan capacidades más adecuadas para desempeñarse.

De igual forma, se podría impedir que los nombramientos recayeran en personas no aptas para las funciones por realizar, lo que sin duda tendría consecuencias en la buena marcha del gobierno, orientando la gestión pública verdaderamente al servicio del ciudadano y las demandas sociales.

Coadyuvaría también a fomentar una mejor relación y comunicación entre los poderes públicos y a fortalecer la credibilidad en las instituciones.

De tal suerte, la presente iniciativa pretende, mediante adiciones de nuevas fracciones en los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Cámara de Senadores tenga la facultad de objetar los nombramientos que hace el Presidente de la República de los Secretarios de Despacho, lo cual a diferencia de una ratificación no significa la injerencia ni intervención entre diversos poderes, sino una sana colaboración, en la cual el titular del Ejecutivo Federal pueda ser advertido por los representantes del Pacto Federal sobre la falta de idoneidad de cualquier persona que postule para un cargo tan relevante en la vida nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN Y LOS ARTICULOS 76 Y 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 76 fracción XI y 78 fracciones VII y VIII, y se adiciona la fracción IX del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. aX. ...

XI. Objetar por mayoría, los nombramientos de Secretarios de Estado hechos por el Presidente. La Cámara contará con treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal.

XII. ...

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I. aV. ...

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores, y

IX. Objetar por mayoría, los nombramientos de Secretarios de Estado hechos por el Presidente en los casos de que habla el artículo 76 fracción XI;

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- Los nombramientos de los Secretarios de Despacho realizados previamente por el Presidente de la República, podrán ser objetados en los términos de la reforma, de lo contrario quedarán ratificados.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 19 de marzo de 2013.

Sen. Zoé Robledo Aburto”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Robledo Aburto.

Sonido en el escaño del Senador Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Preguntarle al Senador, si puedo sumarme a su propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto. Pido a la Secretaría que tome nota de los Senadores Robles Montoya y Blásquez Salinas.

Se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cambio Climático.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Presentada por la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM)

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde el año de 1971, constituyó este día, 21 de marzo, como Día Mundial del Arbol.

Y quiero hacer referencia, y sobre todo reflexión, sobre algunos datos que seguramente nos van a inquietar a todos.

México es el sexto lugar a nivel mundial en deforestación y segundo en América Latina, México, también, pierde cerca de medio millón de hectáreas de bosque por año, de seguir así, las tendencias para el año 2050, las selvas y bosques habrán desaparecido.

Es importante reflexionar, porque si bien, mientras un bosque es un buen absorbe de bióxido de carbono, cuando se deforesta se vuelve un emisor de gases de efecto invernadero.

Y hablando de los cambios y sobre todo de los efectos en los cambios climáticos a nivel internacional, a nivel mundial, quiero también comentarles que México por su ubicación geográfica, es especialmente vulnerable a los impactos negativos que este tiene.

Esta vulnerabilidad, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT, se ubica principalmente en nuestro país en las zonas costeras y áridas.

Hablando de las zonas costeras, toman relevancia los estados como Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, sobre todo porque se encuentran a menos de un metro sobre el nivel de mar.

Hablando de aquéllas que pueden ser perjudicadas por sequía meteorológica, son la mitad norte de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que casi son afectados en el 90% de su territorio.

También la Universidad Autónoma de México pronostica que para el año 2050, el clima de México será hasta dos grados centígrados más del actual. Igualmente proyecta disminuciones de lluvia, reduciéndose hasta el 15% en regiones centro de nuestro país.

Lo anterior provocaría que México reduzca sustancialmente su capital natural y con ello las posibilidades de adaptación y mitigación frente a este fenómeno.

Es así que resulta imperiosa la necesidad de intervenir con leyes que busquen preservar los servicios naturales actualmente disponibles.

Una de las legislaciones que requiere revisión y fortalecimiento, es la que tiene que ver con políticas de crecimiento de los asentamientos humanos.

Por supuesto el crecimiento desordenado de los asentamientos urbanos, ha provocado la desaparición de especies y la fragilidad en nuestros ecosistemas.

Los programas de gestión de riesgo o de adaptación frente al cambio climático podrán tener mejores resultados, si se toman en cuenta los programas de ordenamiento ecológico territorial.

Las diversas reformas y disposiciones que someto el día de hoy en las materias expresadas, contemplan el ordenamiento ecológico del territorio para los tres niveles de gobierno.

Ello permitirá orientar el emplazamiento geográfico de las actividades productivas, así como las modalidades de uso de los recursos y servicios ambientales, convirtiendo un cimiento de la política ecológica nacional.

Igualmente, ante la vulnerabilidad de nuestro país en materia de cambio climático, la iniciativa que se presenta representa una estrategia integral de control de riesgos, que contempla amenazas, vulnerabilidades y acciones de respuesta en zonas particularmente expuestas, dentro de la ley de reciente publicación y, por supuesto, que está en operación, la Ley General de Cambio Climático.
Todo lo anterior, se ve reducido y traducido, sobre todo, en que generará mejora de la legislación vigente en materia de ordenamiento ecológico territorial y cambio climático, en favor del futuro de nuestra sociedad.

Por todo lo anterior, someto a esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona, como principio en materia de acciones, para la mitigación y adaptación al cambio climático, el ordenamiento ecológico del territorio.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Gerardo Sánchez García.

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: (Desde su escaño) Solo para consultar a través de su persona, señor Presidente, si la Senadora no tiene inconveniente de que me sume a esta extraordinaria iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Barrera Tapia, ¿acepta usted la inclusión?

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con todo gusto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Cambio Climático.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y de los Senadores Cristina Díaz Salazar y Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 133 BIS DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE DEROGA EL ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por el C. Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y de los CC. Senadores Omar Fayad Meneses y María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Miguel Romo Medina: Muchas gracias, señor Presidente.

En esta iniciativa se señala en la exposición de motivos un objetivo fundamental y central que es defender los derechos humanos frente al abuso del poder público, pero también el de propiciar una mejor procuración e impartición de justicia penal.

Es importante el equilibrio que debemos de buscar, tanto en la atención y la aspiración a la justicia de las víctimas y los ofendidos, como también el de darle instrumentos adecuados a la autoridad investigadora y persecutora de los delitos para poder cumplir con el objetivo central de impartición de justicia. De tal suerte, que en esta iniciativa se busca fundamentalmente, y en primera instancia, impedir la existencia de diversidad de arraigos, de detenciones que de alguna manera se refieren legislativamente en diversas disposiciones legales.

Es importante también racionalizar el plazo de esta medida cautelar, de esta providencia precautoria, hoy hasta de 80 días se señala en los delitos previstos en el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se estandariza al lapso de 20 días que prevé en esta iniciativa de reforma al modificar el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

Lo que humanísticamente procede es replantear el arraigo en los delitos de delincuencia organizada, en la forma y mediante el procedimiento que se propone en esta iniciativa, en tanto entra en vigor lo que establece en ese sentido el artículo 16 constitucional, párrafo octavo, en relación con el Artículo Transitorio Segundo del Decreto del 18 de junio de 2008.

Tomando en cuenta la tendencia de unificar las legislaciones procesales, las adjetivas, con el fin de agrupar criterios para que no resulten contradictorios, se estima incongruente tener en el Código Federal de Procedimientos Penales, disposiciones sobre el arraigo junto con otras.

En algunas de sus partes son discordantes sobre otro tipo y forma de arraigo.

En la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, lo cual no es justificable en virtud de que siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Penales a la citada Ley Federal, como lo establece el artículo 7o., que dispone proceder y trasladar disposiciones sobre el arraigo contenidas en el artículo 12 de esta Ley Federal de Delincuencia Organizada.

De conformidad con la propuesta de reforma de esta iniciativa, en consecuencia, al ser innecesario ya el artículo 12 de la citada Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se propone que éste sea derogado, para pasar sus contenidos esenciales del arraigo, de manera unificada, al citado artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por lo antes expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 Bis del código federal de procedimientos penales, y se deroga el artículo 12 de la ley federal contra la delincuencia organizada, en los siguientes términos.

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue.

Artículo 133 Bis.- Sólo la autoridad judicial podrá a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo al inculpado siempre y cuando existan indicios suficientes para llegar a tener por acreditada su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada previstos en el artículo 2o. de la Ley Federal de la materia, o de los delitos graves previstos en este artículo, y se ordenará siempre que sea necesario para el éxito de la providencia, para la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado y probado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

Los delitos graves en los que es procedente el arraigo, y mencionaré solamente algunos que se contienen en este catálogo que son trasladados a este artículo 133 Bis, en obvio al tiempo y respeto a esta Soberanía, son, entre otros, la traición a la patria, espionaje, terrorismo, terrorismo internacional, sabotaje, piratería, genocidio, evasión de presos, ataque a las vías de comunicación, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, contra la salud, corrupción de personas menores de 18 años de edad, de personas que no tienen capacidad de comprender el significado y del turismo sexual de personas menores de 18 años.

En síntesis, el arraigo se cumplirá en el domicilio del inculpado, o en el lugar adecuado para su defensa que determine el juez, a propuesta del Ministerio Público.

En ambos casos, el juez, bajo su responsabilidad, verificará el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 128 de este Código, así como la protección de los derechos humanos del imputado.

El arraigo se establecerá por el tiempo estrictamente indispensable para la investigación de la probable responsabilidad del inculpado, por un plazo, en delito de delincuencia organizada, hasta de diez días, que, en su caso, podrá prorrogarse por una sola ocasión y hasta por diez días más, no debiendo exceder ambos plazos de un máximo de 20 días.

Tratándose de delito grave a los que se refieren en el segundo párrafo del presente artículo, el arraigo procederá hasta por cinco días, pudiéndose ampliar, previa justificación del Ministerio Público y, desde luego, autorización del juez, hasta por cinco días más, no debiendo exceder ambos plazos de un máximo de diez días.

Una vez cumplidos los fines para los cuales se concedió el arraigo, sin exceder los plazos establecidos en los párrafos anteriores, el Ministerio Público deberá, en su caso, ejercer la acción penal o dejarlo en libertad en los términos del artículo 16 constitucional.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

Este es un tema, sin duda alguna, de gran relevancia y de gran preocupación en la sociedad de la comunidad nacional. Es justamente, como lo dije al principio, establecer un marco donde el juzgador sea quien determine con toda precisión y sustentado en los indicios, en los elementos necesarios que se contengan en una inicial averiguación o investigación a la cual el Ministerio Público se obligue, se le marque con toda precisión para que se pueda ejercer y aplicar esta medida cautelar.

Le damos un instrumento bien controlado, bien normado a la autoridad investigadora, pero también al respetar los derechos de un presunto responsable, de un inculpado, también se salvaguarda finalmente el interés de una acción de la justicia, de la autoridad persecutoria para que se imparta una sentencia que corresponda a la legitimidad y a la responsabilidad de un acto ilícito.

Gracias por su atención.

Iniciativa

“Los suscritos, Omar Fayad Meneses, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina, Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y deroga el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Las reformas constitucionales de 2011 sobre derechos humanos y de 2008 en materia penal, son muestras fehacientes de democracia y de poder del Estado, de voluntad popular y de decisión gubernamental, que pusieron a prueba la disposición política del poder legislativo que, finalmente, logró el objetivo común de proyectar la modificación soberana de la Constitución.

Tales Reformas constitucionales, no respondieron sólo a ideas positivistas –concebidas en forma pura como creación del derecho del Estado–, independientes de lo social y de la axiología, sino,encuentran su génesis, en fenómenos teóricos y empíricos producidos en sociedad como fuente real de derecho que las justificaron; o sea, con soportes éticos-políticos que legitimaron su creación

Así, las citadas Reformas de 2011 y de 2008 comprenden, además de lo jurídico, auténticas fuentes reales de derecho, factores históricos, sociales y políticos que de manerademocrática se incluyen en las mismas. Resultaron de la improrrogable necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos -frente al abuso del poder público-, de propiciar una mejor procuración e impartición de justicia penal y una protección adicional, a las libertades del gobernado, a las instituciones públicas y a la seguridad nacional, como respuesta al crimen organizado, a la delincuencia que corroe las entrañas del Estado que, desbordado en la actualidad, constituye una seria amenaza al presente y futuro de la República.

En este ámbito, el Estado tiene como deber esencial, dentro de las principales finalidades que le justifican como persona moral de más alta humanidad, acatar y proteger las prerrogativas del gobernado, procurar la paz social, la justicia y la seguridad nacional que permitan mantener el orden público en un marco de certeza legal, de apego a la Constitución y de prevención del delito.

Hablando sin ambages, ciertamente nuestro Estado requiere con premura de una óptima observancia a los derechos humanos, así como de un cambio de actitud favorable en la justicia penal, a partir de la legislación, pasando por su procuración e impartición, hasta llegar, entre otras situaciones preventivas del delito, a la ejecución de las medidas cautelares como, V. g., el arraigo.

La aplicación represiva del Derecho Penal, como asienta el jurista Marco Antonio Díaz de León, es necesaria para la existencia misma del Estado, de cualquier Estado, incluyendo el mexicano; aunque, si bien es cierto, que es la expresión más drástica del poder político, que corresponde al deseo de proteger a la sociedad de manera justa en casos extremos, que se acepta y tolera tal forma de proceder como ultima ratio del orden jurídico, también lo es, que debe ser aplicado mediante una política criminal que se base, se apegue y parta, siempre, de la Constitución, que además debe irradiar protección en las leyes secundarias a los derechos humanos.

II.Existe en nuestra legislación un precepto legal vigente -artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales- que expresamente es incongruente con los textos de nuestra Constitución, que, como no ha sido modificado de acuerdo a las Reformas en cita,es inadecuado a las disposiciones de los artículos 1° y 16 de la Carta Magna, así como del Décimo Primero transitorio del decreto de reforma de 17 de junio de 2008.

Tales incongruencias constitucionales derivan de que cuando fue creado el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales1,2, en ese tiempo, o sea en el año de 1983, el artículo 16 constitucional no establecía plazo alguno para la detención de inculpados durante la averiguación previa, esto es, no existían los párrafos (hoy octavo y noveno) del artículo 16 constitucional3 que fue adicionado con el párrafo –antes- séptimo hasta 1993, estableciendo un plazo máximo de 48 horas para la retención: es decir, este párrafo séptimo se añadió 10 años después de haber entrado en vigor el aludido artículo 133 Bis.

Para evitar esta inadecuación, la antes mencionada Reforma constitucional de 2008 previó el arraigo -pero sólo en relación a delincuencia organizada-, estableciendo en el párrafo octavo del artículo 16 que: “La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días”.

Con igual sentido al indicado en el párrafo anterior, en el artículoDécimo Primero transitorio del decreto del 18 junio de 2008 relativo a la citada Reforma constitucional señaló que: “En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días. Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”.

Luego entonces, ante la carencia de otra norma secundaria para delitos graves -aparte del artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales- que permita la aplicación adecuada del arraigo y del precitado artículo Décimo Primero transitorio de la Reforma constitucional, lo que procede es reformar este artículo 133 Bis en el sentido indicado, sometiendo a un riguroso análisis la legalidad del arraigo, subordinándolo como corresponde en derecho a las citadas disposiciones constitucionales, con el único objeto de que siga sirviendo eficazmente a la lucha contra el delito y a la justicia, y no, para que, al aplicarlo, como hoy está redactado, se produzcan la incomunicación, la tortura, el abuso de autoridad y las mencionadas incongruencias de legalidad.

Debemos considerar que la medida precautoria del arraigo, resulta hoy insustituible en la lucha contra el delito, en el combate a la delincuencia, tanto de delito grave como de delincuencia organizada, pues, permite la indagación de los ilícitos penales cuando se dan las condicionesautorizadas para ello en la propia constitución, o sea, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia; empero, no por ello se deben conculcar los derechos humanos que tiene garantizados toda persona imputada en la Constitución Política del país, en los tratados internacionales en los que México sea parte, en estricto cumplimiento a la reforma del artículo 1° constitucional hecha mediante decreto de 10 de junio de 2011, que consagra los principios de convencionalidad y pro personae.

III. Sin embargo, de lo que se trata, aquí, es no tanto considerar la imperiosa necesidad político-criminal de contar con esta medida cautelar, cuanto que ello debe proceder únicamente para casos extremos, o sea,que no tiene por que aplicarse a todos los delitos graves, sino, sólo para los que necesariamente lo requieran, por la naturaleza del ilícito o por las peculiaridades del delincuente.

Actualmente, la simple enunciación genérica de que el arraigo opera para “delitos graves”, ello abarca a todos éstos, indiscriminadamente, muchos de los cuales no lo necesitan ni, menos aún, lo justifican, pues, siendo como están redactados se comprende que la providencia actúa in genere, sin excepción en esta clase de delitos, lo cual se traduce en evidente injusticia de nuestro Estado de derecho que agrede las prerrogativas del individuo.

Lo que procede, pues, en aras de los fines de equidad y legalidad, es hacer compatible dicha medida con los derechos públicos subjetivos del gobernado; esto es, en un Estado de Derecho como el nuestro, lo adecuado es humanizar el arraigo, impedir el abuso de poder, y autorizarlo únicamente para casos extraordinarios como corresponde en justicia.

Tomando en cuenta lo intrínseco del delito grave, la esencia de los bienes jurídicos que daña o pone en peligro, las circunstancias personales de quienes en él intervienen -como autores o partícipes- así como las repercusiones lesivas para la sociedad o el Estado, en una interpretación exhaustiva y congruente acerca de cuáles delitos graves debe contemplar la posibilidad del arraigo, y tomando en cuenta el elenco de los delitos graves que establece el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se estima que dicha providencia sólo es procedente para los siguientes:

1. Traición a la patria, previstos en los artículos 123, 124, 125 y 126.

2. Espionaje previsto en los artículos 127 y 128.

4. Terrorismo previsto en los artículos 139 al 139 ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 bis al 148 quáter.

5. Sabotaje previsto en el artículo 140 párrafo primero.

6. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145.

7. Piratería, previsto en los artículos 146 y 147.

8. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis.

9. Evasión de presos previsto en los artículos 150 y 152.

10. Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 168 y 170.

11. Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis párrafo tercero.

12. Contra la salud, previstos en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197 párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

13. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen capacidad de comprender el significado, que no tienen capacidad de resistirlo. Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen capacidad de comprender el significado, que no tienen capacidad de resistirlo. Lenocinio en contra de personas menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen capacidad de comprender el significado y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis

14. Violación, previstos en los artículos 265, 266 y 266 Bis.

15. Asalto en carreteras o caminos, previsto en el artículo 286, segundo párrafo.

16. Lesiones previsto en los artículos 291, 292 y 293, cuando se cometa en cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 315 y 315 bis.

17. Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323.

18. Tráfico de menores previsto en el artículo 366 Ter.

19. Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII, y el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter.

20. Robo calificado, previsto en el artículo 367, en relación con el 370, párrafos segundo y tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 381 Bis.

21. Robo, previsto en el artículo 371 párrafo último.

22. Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis.

23. Extorsión, previsto en el artículo 390.

24 33 Bis. Contra el ambiente, en comisión dolosa, previsto en los artículos 414, párrafos primero y tercero, 415, párrafo último, 416 párrafo último y 418, fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción o de la tala, exceda de dos metros cúbicos de madera o se trate de la conducta prevista en el párrafo último del artículo 419 y 420 párrafo último.

25. Desaparición forzada de personas prevista en el artículo 215-A.

26. En materia de delitos ambientales, el previsto en la fracción II Bis del Artículo 420.

27. Los delitos de trata establecidos en la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas.

En síntesis, esta iniciativa tiende no sólo a delimitar los delitos graves en que debe proceder el arraigo, sino, asimismo, reducir los plazos que actualmente se establecen para éste, que deben ceñirse en casos de delincuencia organizada por hasta diez días, que, en su caso, podrá prorrogarse por una sola ocasión por diez días más, no debiendo exceder ambos plazos de un máximo de veinte días; y tratándose de delito grave a los que se refieren en elsegundo párrafo de la propuesta de reforma del presente artículo, el arraigo procederá hasta por cinco días, pudiéndose ampliar, previa justificación del Ministerio Público y autorización del juez hasta por cinco días más; es de entenderse que al restringir el campo de los delitos graves donde opera el arraigo, así como la reducción de los plazos que actualmente contempla el artículo 133 Bis en cita, ello significa, sin duda, una mayor racionalización y una mejor eficacia de esta medida, sin ir más allá en deterioro de los mencionados derechos humanos.

Es decir, esta reforma que se propone tiende a someter al arraigo en cita, a ciertas condicionantes inexcusables de legalidad, para su otorgamiento, tales como: deben existir medios de prueba o indicios, para llegar a demostrar la probable responsabilidad del inculpado en hechos penalmente relevantes, y así evitar que la autoridadactúe ex officio o ad libitum, además, para investigar y poder detener, y no detener para investigar como suele suceder; sólo el juez penal debe autorizar la providencia precautoria; éste, bajo su responsabilidad, debe autorizar el lugar donde se cumpla la medida, con garantía de que tenga una defensa adecuada y con las formalidades esenciales que prevé este Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 128.

En el fondo se trata, pues, de perfeccionar nuestra legislación procesal penal con respeto a los derechos humanos, de cumplir con nuestro deber, como senadores de legislar, de establecer la ordenación armónica sobre el arraigo con lo que establecen los artículos 16,73 fracción XXI, 20 Apartado A, de la Constitución Política del país, Décimo Primero transitorio del decreto de Reformas constitucionales del 18 de junio de 2008, artículos 133 Bis, 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 2° y 7° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Así, el proyecto de reformas y derogación que a continuación se describe, contempla los ajustes necesarios entre los referidos preceptos constitucionales y de Procedimientos Penales de la Federación.

IV. Por otro lado, debemos considerar que en el sentir nacional, sobre el arraigo, existe repudio y opinión negativa por ser una medida que, según sus resultados y especialmente tratándose de delincuencia organizada, ha servido más para afectar la libertad del individuo, que para hallar a los probables responsables de delito, tomando en cuenta las estadísticas que ha dado la Procuraduría General de la República acerca de haberse realizado más de cuatro mil arraigos, siendo sólo procedentes, para consignar, a doscientos de los arraigados.

Además, se estima no es aceptable jurídicamente sostener esta especie de providencia precautoria, por afectar los derechos humanos, durante un plazo exagerado de hasta ochenta días, para arraigar endelito de delincuencia organizada, como lo prevén losartículos 2° y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, dado, estamos conscientes de que la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, sobre los derechos humanos y la interpretación a favor de éstos en las normas de nuestro orden jurídico y aún de los tratados internacionales en los que México sea parte, impone tal deber de interpretación a todas las autoridades dentro de sus competencias.

Consecuentemente, acorde con la precitada reforma constitucional, los Senadores debemos considerar que dicho plazo del artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es inusitado por su duración y que por ello vulnera las aludidas prerrogativas, por lo que debe limitarse en esta materia la duración del arraigo hasta por 20 días como máximo, en la misma forma a como está previsto en la propuesta de reforma al artículos 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, pues, lógicamente, si en 20 días, que es un lapso en sí mismo más que suficiente para investigar, no se ha logrado demostrar la probable responsabilidad del inculpado, éste no debe seguir detenido por más tiempo, sino, habrá de prevalecer la regla de que en la indagación del delito es posible justificar se prive de la libertad por breve espacio tiempo al indiciado, pero no, inversamente, privar de esa libertad para inquirir el delito reteniendo al individuo hasta por 80 días, lo cual, si esto último se mantuviera vigente, sería contrario a la función constitucional del Ministerio Público Federal, que no es la de perseguir inexorablemente la libertad de los individuos, sino de averiguar los hechos delictivos con respeto a los derechos humanos, como recientemente lo ha expresado el Procurador General de la República sobre esta medida cautelar.

Por lo mismo, en esta iniciativa se busca, primero, impedir la existencia de varios arraigos que difieren entre sí en diversas legislaciones, además, racionalizar el plazo de esta providencia precautoria, hoy hasta de 80 días, en los delitos previstos en el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, estandarizándolo al lapso de 20 días que se prevé en esta Iniciativa de reforma al artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

En resumen, lo que humanistamente procede es replantear el arraigo en los delitos de delincuencia organizada, en la forma y mediante el procedimiento que se propone en esta iniciativa, en tanto entra en vigor lo que establece en este sentido el artículo 16 constitucional, párrafo octavo, en relación con el artículo Transitorio Segundo del decreto del 18 de junio de 2008.

Además, tomando en cuenta la tendencia de unificar las legislaciones procesales con el fin de agrupar criterios para que no resulten contradictorios, se estima incongruente tener en el Código Federal de Procedimientos Penales disposiciones sobre el arraigo, junto con otras, en algunas de sus partes discordantes, sobre otro arraigo, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo cual no es justificable en virtud de que siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Penales a la citada Ley Federal, como lo establece el artículo 7° de ésta, lo procedente es trasladar las disposiciones sobre arraigo contenidas en el artículo 12 de esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Federal de Procedimientos Penales, para ser reguladas de manera conjunta y congruente en el artículo 133 Bis de éste, tomando en que cuenta ambas normas procesalmente deben contemplar un mismo método de aplicación.

De conformidad con la propuesta de reforma de esta iniciativa, en consecuencia, al ser innecesario ya el artículo 12 de la citada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se propone que el mismo sea derogado, para pasar sus contenidos esenciales del arraigo, de manera unificada, al citado artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por lo antes expuesto, nos permitimossometer a la consideración de está H. Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 133 BIS DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y SE DEROGA EL ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

ARTICULO 133 Bis.- Sólo la autoridad judicial podrá a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo al inculpado siempre y cuando existan indicios suficientes para llegar a tener por acreditada su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada previstos en el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,o de los delitos graves previstos en este artículo, y se ordenará siempre que sea necesario para el éxito de la providencia, para la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado y probado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

Los delitos graves en los que es procedente el arraigo, son los siguientes: a). Traición a la patria, previstos en los artículos 123, 124, 125 y 126; b). Espionaje previsto en los artículos 127 y 128. c). Terrorismo previsto en los artículos 139 al 139 ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 bis al 148 quáter; d). Sabotaje previsto en el artículo 140 párrafo primero; e). Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; f). Piratería, previsto en los artículos 146 y 147; g). Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; h). Evasión de presos previsto en los artículos 150 y 152. I). Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 168 y 170; j). Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis párrafo tercero; k).Contra la salud, previstos en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197 párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. l).Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen capacidad de comprender el significado, que no tienen capacidad de resistirlo. Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen capacidad de comprender el significado, que no tienen capacidad de resistirlo. Lenocinio en contra de personas menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen capacidad de comprender el significado y Pederastia; m). Violación, previstos en los artículos 265, 266 y 266 Bis; n). Asalto en carreteras o caminos, previsto en el artículo 286, segundo párrafo; ñ). Lesiones previsto en los artículos 291, 292 y 293, cuando se cometa en cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 315 y 315 bis; o). Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; p). Tráfico de menores previsto en el artículo 366 Ter; q). Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII, y el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter; r) Robo calificado, previsto en el artículo 367, en relación con el 370, párrafos segundo y tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 381 Bis; s). Robo, previsto en el artículo 371 párrafo último; t). Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis; u). Extorsión, previsto en el artículo 390; v). Contra el ambiente, en comisión dolosa, previsto en los artículos 414, párrafos primero y tercero, 415, párrafo último, 416 párrafo último y 418, fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción o de la tala, exceda de dos metros cúbicos de madera o se trate de la conducta prevista en el párrafo último del artículo 419 y 420 párrafo último; w). Desaparición forzada de personas prevista en el artículo 215-A; x). En materia de delitos ambientales, el previsto en la fracción II Bis del Artículo 420; y) Los delitos de trata establecidos en la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas.

El arraigo se cumplirá en el domicilio del inculpado o en el lugar adecuado para su defensa que determine el juez, a propuesta del Ministerio Público; en ambos casos el juez, bajo su responsabilidad, verificará el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 128 de este Código, así como la protección de los derechos humanos del imputado.

El arraigo se establecerá por el tiempo estrictamente indispensable, para la investigación de la probable responsabilidad del inculpado, por un plazo, en delito de delincuencia organizada, de hasta diez días, que, en su caso, podrá prorrogarse por una sola ocasión y hasta por diez días más, no debiendo exceder ambos plazos de un máximo de veinte días.

Tratándose de delito grave a los que se refieren en elsegundo párrafo del presente artículo, el arraigo procederá hasta por cinco días, pudiéndose ampliar, previa justificación del Ministerio Público y autorización del juez hasta por cinco días más, no debiendo exceder ambos plazos de un máximo de diez días.

Una vez cumplidos los fines para los cuales se concedió el arraigo, sin exceder los plazos establecidos en los párrafos anteriores, el Ministerio Público deberá en su caso, ejercer acción penal o dejarlo en libertad, en términos del artículo 16 constitucional.

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 10 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a 7 de marzo de 2013.

Sen. Omar Fayad Meneses.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Miguel Romo Medina”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romo Medina. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Esta Directiva saluda la presencia de estudiantes de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, invitados por la Senadora María Elena Barrera Tapia, bienvenidos.

(Aplausos)

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero Morales.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. No le voy a pedir la ampliación del turno, porque siempre me la niega. Déjeme hacerle la siguiente reflexión. Acaba de pasar nuevamente con este tema.

Estas modificaciones que se hacen al Código Federal de Procedimientos Penales, que se están presentando, usted en este momento la ha turnado a Justicia y a Estudios Legislativos; las otras iniciativas que se han presentado, están en Justicia y en Estudios Legislativos, Segunda, que preside el Senador Encinas Rodríguez, y la otra está en Justicia, en Estudios Legislativos, Segunda y en Anticorrupción.

Yo le pido nuevamente, por tercera vez, que se tome la molestia de revisar y homologar los turnos, porque si no lo que la Mesa Directiva nos está haciendo es trabar el trabajo de las comisiones, se lo pido amablemente, hoy es la tercera vez que lo pido.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto esta Presidencia toma en cuenta su inquietud para que podamos darle el turno que de acuerdo a la materia corresponda.

Con todo gusto, Senador Escudero Morales.

1 (ADICIONADO, D. O. F. DE 27 DE DICIEMBRE DE 1983). “Artículo 133 bis. Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Publico estime necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundado y motivado su petición, para que éste oyendo al indiciado resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, no pudiendo exceder de 30 días, prorrogables por igual término a petición del Ministerio Publico. El Juez resolverá escuchando al Ministerio Publico y al arraigado, sobre la subsistencia o levantamiento del arraigo”

2 (EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE 1983, PARA ADICIONAR EL ARTÍCULO 133 bis): “Por lo que toca al aseguramiento personal del presunto responsable, fuera de los casos a que se refiere el artículo 16 de la Constitución, existe la expresa limitante prevista por el artículo 11 de la misma Ley Fundamental, en el sentido de que el ejercicio del derecho de tránsito está subordinado únicamente a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad civil y criminal. Consecuente, el Ministerio Público, no puede disponer por sí mismo, pese a ser con frecuencia notoriamente indispensable, el arraigo de personas contra el que se sigue una averiguación previa. Es por ello que se propone, a través de un artículo 133 bis, que el Ministerio Público pueda recurrir a la autoridad judicial, cuando esté practicando una averiguación previa, antes del ejercicio de la acción penal y precisamente para que éste sea posible, a efecto de requerir fundada y motivadamente que dicha autoridad, al amparo del artículo 11 constitucional y observando el derecho de audiencia del iniciado, disponga el arraigo de éste, que se prolongará sólo por el tiempo estrictamente indispensable, y siempre bajo control del juzgador, para la integración de la averiguación previa. Igual orientación, tomando en cuenta, además las necesarias garantías al inculpado para que el arraigo no se prolongue indebidamente, se encuentra en la propuesta de reforma al artículo 205”.

3 (ADICIONADO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993): Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal”.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 35, 61 Y 83 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

(Presentada por el C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

En virtud de respeto al tiempo, voy a solicitar que se transcriba íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates y sólo me voy a permitir hacer alguna reflexión general para poner en contexto y leer los artículos que pretendemos modificar o adicionar.

Si la reforma a la Ley General de Medios de Impugnación, a partir de la reforma constitucional de 2007, se realizaron reasignaciones de competencia de las salas superior a las salas regionales para ciertos supuestos.

En particular lo que tenía que ver con la sustanciación de los juicios de revisión constitucional respecto a los procesos electorales locales.

Pero como toda norma es perfectible, durante los años, entre 2008, 2009 y hasta el 2013, se han venido observando ciertas lagunas legales en la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al grado de emitirse sendas jurisprudencias para subsanar estas lagunas, como es el caso del recurso de revisión que se encuentra aparentemente solamente legitimado para su tramitación a los partidos políticos.

Sin embargo, el máximo tribunal de la materia ha dicho que también debe interpretarse a favor de los ciudadanos en general con interés jurídico.

En el tema de recurso de reconsideración, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contiene en el texto legal que sólo debe proceder como segunda instancia de los juicios de inconformidad, pero por inaplicación de una ley electoral y el Tribunal Electoral ha sostenido que debe interpretarse también por aspectos de legalidad.

También la reconsideración, a criterio del tribunal, se ha convertido en la segunda instancia del juicio de revisión constitucional, por tanto, estamos agregando un inciso para reglamentar tal situación.

Del mismo modo, respecto al artículo 83 de esta misma ley, que contiene los supuestos de procedencia, de juicios de protección a los derechos político-electorales del ciudadano, se recoge lo manifestado en las jurisprudencias y se agregan dos casos para la procedencia, como son la integración de los consejos locales que hace el Consejo General del IFE y respecto de la integración de los órganos electorales estatales para ser competencia de la sala superior.

La reforma que hoy se plantea es adicionar los artículos 35, 61 y 83 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, para quedar como sigue:

Del recurso de revisión, capítulo I, de la procedencia.

Artículo 35

3. Sólo procederá el recurso de revisión, cuando reuniendo los requisitos que señala la ley, lo interponga un partido político a través de sus representantes legítimos o los ciudadanos con interés jurídico.

Artículo 61.

1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en los casos siguientes:

b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las salas regionales, cuando hayan determinado la nueva aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución y, esto es lo que agregamos, también cuando interpreta de manera directa algún precepto de la norma fundamental.

c) En los juicios de revisión constitucional que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de ayuntamientos, diputados y gobernadores, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento.

De la competencia.

Artículo 83.

1. Son competentes para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano:

a) La sala superior, en única instancia:

V. En lo relativo a la designación de los integrantes de los consejos locales, efectuados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

VI. En lo relativo a la designación de los órganos electorales estatales.

Es decir, actualmente para combatir una sentencia de la sala superior sólo se puede hacer a través de la jurisprudencia que viene en la propuesta que hago, y por tal motivo lo que estamos haciendo es adicionar la Ley General de Medios de Impugnación para que ya exista en la ley el mecanismo para impugnar la integración de los órganos estatales que hace el Instituto Federal Electoral, los órganos estatales que hacen los congresos locales y también para que los ciudadanos puedan de manera directa, cuando tengan interés jurídico, acceder a juicio de revisión constitucional.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;y los artículos 8, fracción I, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a su consideración, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El principio de Legalidad establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades deben tener su apoyo estricto enuna norma legal, la que a su vez debe de estar conforme a las disposiciones de fondo yforma consignadas en nuestra Carta Magna.

La legalidad es un principio fundamental paranuestro País en la forma de impartir justicia, de acuerdo a nuestras leyes, esto con la finalidad de tutelar la seguridad jurídica de la sociedad, “legalidad” significa de conformidad con la “Ley”, es decir; “aquel en virtud del cual los poderes están sujetos a la Ley”, de tal forma que todos sus actos deben de ser conforme bajo la pena de invalidez.

El término conformidad denota no una propiedad si no una relación: precisamente una relación entre un acto y la norma o elconjunto de normas que lo regula.

En materia electoral, es importante señalar que este principio es fundamental,principalmente para los actos de las autoridades de este índole así como sus funciones, principalmente de quienes se encargan de impartir justicia o de llevar a cabo las resoluciones de los medios de impugnación que es el tema al que hago puntual referencia, esto regulado en el artículo 99 de nuestra Constitución que menciona lo siguiente:

“Artículo 99.

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala

Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores;

La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes. La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.”

Ahora bien, del artículo antes citado, se desprende la Ley General de Medios de Impugnación en materia Electoral, donde se menciona de manera específica la manera de poner interponer los medios de impugnación en dicha materia, en este caso el recurso de reconsideración el cual considera que sólo se debe de interponeren; juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores; así como, las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, yen los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

La finalidad de reformarArtículo 61 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral; primero, es aumentar un inciso donde se admita en el juicio de reconsideración interponerlo contra las resoluciones que recaigan a los juicios de revisión constitucional que se haya promovido en contra de los resultados de las elecciones de ayuntamientos, diputados y gobernadores.

Segundo, es plasmar en la Ley la interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de acuerdo a la jurisprudencia 26/2012 la cual aprobada en sesión celebrada el diez de octubre de dos mil doce, por unanimidad de cinco votos y en consecuencia, la declaró formalmente obligatoria.

“JURISPRUDENCIA 26/2012

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE SALAS REGIONALES EN LAS QUE SE INTERPRETEN DIRECTAMENTE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe considerarse que, a fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, el recurso de reconsideración procede no sólo cuando una Sala Regional resuelve la inaplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución Federal, sinotambién cuando interpreta de manera directa algún precepto de la norma fundamental, pues ello hace patente la dimensión constitucional inmersa en la resolución impugnada y, por tanto, posibilita que la Sala Superior analice si es o no correcta dicha interpretación en ejercicio de su facultad de control constitucional.”

(Énfasis añadido)

Ahora bien, la seguridad jurídica ha sido considerada como garantía de promover, en el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando que éste responda a la realidad social en cada momento.

El principio de seguridad jurídica se encuentra íntimamente relacionado con el principio de legalidad, en tal forma que si no existe uno es imposible la existencia del otro.

Por su parte, el maestro Burgoa afirma: “Ese conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir válidamente desde un punto de vista jurídico la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de este, y que se traduce en una serie de requisitos, condiciones, elementos etc., es lo que constituye las garantías de seguridad jurídica. Éstas implican, en consecuencia, el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el summun de sus derechos subjetivos”

Por tal motivo, se pretende reformar el artículo 35 de la Ley General de Medios de impugnación en materia electoral, con la finalidad de garantizar a los ciudadanos la seguridad jurídica y la libertad de poder interponer el recurso de revisión con tan sólo tener interés jurídico en un juicio, esto lo establece la Jurisprudencia 23/2012 en La Sala Superior en sesión pública celebrada, el veintiséis de septiembre de dos mil doce, se aprobó por unanimidad de seis votos y la declaró formalmente obligatoria (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) esto considero que debe estar contemplado en la Ley para mejor claridad a los ciudadanos y seguridad jurídica.

“JURISPRUDENCIA 23/2012 RECURSO DE REVISIÓN.

LOS CIUDADANOS ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONERLO.- De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que el recurso de revisión procede para impugnar actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva, sin que se establezca distinción alguna de los sujetos legitimados para ese efecto; por tanto, no obstante que los párrafos 2 y 3 del citado precepto legal se refieran únicamente a partidos políticos, a fin de favorecer el derecho de los ciudadanos de acceso a la justicia electoral, debe entenderse que tal disposición legitima a toda persona para interponerlo”

De igual forma, a la competencia se le atribuye la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad a un órgano de autoridad de conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. La competencia en los tribunales de determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio.

Materia es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio; o por razón de la naturaleza de la causa, o sea, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso; o es la que atribuye según las diversas ramas del derecho sustantivo.

Territorio esto se refiere ala costra terrestre, sino que abarca el subsuelo, la superficie terrestre, una columna de espacio aéreo hasta los límites recientes.

Cuantía Se determina por el valor económico, de mayor o menor quantum.

Grado de jurisdicción como el lugar que ocupa cada órgano jurisdiccional en el orden jerárquico de la de la administración de justicia, es decir, se emplea la palabra grado como sinónimo de instancia.

Así mismo, se pretende reformar el artículo 83 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, dondelas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea competente para resolver el recurso de impugnaciónde la designación de los integrantes de los Consejos Locales, efectuada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, esto señalado en la jurisprudencia 6/2012, en la Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de marzo de dos mil doce, la cual se aprobó por unanimidad de seis votos y la declaró formalmente obligatoria.

“JURISPRUDENCIA 6/2012

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE CONSEJOS LOCALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II, 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafos segundo y cuarto, fracción V, 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138, párrafo tercero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 184, 189, fracción I, inciso e), 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79 y 83 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que la designación de los integrantes de los Consejos Locales, efectuada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, puede impugnarse ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por ello, al no preverse un supuesto de competencia específica y por tratarse de un acto emanado del máximo órgano de dirección del citado Instituto, debe considerarse que corresponde a la Sala Superior.”

Todo lo anterior, debe destacarse que en el derecho mexicano, la jurisprudencia constituye una fuente formal del mismo, en consecuencia, con la finalidad de ir perfeccionando la Ley, se pretende con la presente iniciativa, mejorar el texto legal y por consecuencia, hacerlo más transparente a los ciudadanos, ya que al día de hoy solamente quienes tengan conocimiento de la jurisprudencia podrán conocer estos razonamientos excepcionales que realizan los magistrados que integran el Tribunal del Poder Judicial de la Federación.

Por ello, someto a esta Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 35, 61 y 83de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral:

Unico. Se modifican los artículos 35, 61 y 83 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 61

1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

a) En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución y también cuando interpreta de manera directa algún precepto de la norma fundamental.

c) En juicios de revisión constitucionalque se haya promovido en contra de los resultados de las elecciones de ayuntamientos, diputados y gobernadores, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento,

Del recurso de revisión

CAPITULO I

De la procedencia

Artículo 35

1. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales y dentro de un proceso electoral exclusivamente en la etapa de preparación de la elección, el recurso de revisión procederá para impugnar los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva, y que provengan del Secretario Ejecutivo y de los órganos colegiados del Instituto Federal Electoral a nivel distrital y local, cuando no sean de vigilancia.

2. Durante el proceso electoral, en la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones, los actos o resoluciones de los órganos del Instituto que causen un perjuicio real al interés jurídico del partido político recurrente, cuya naturaleza sea diversa a los que puedan recurrirse por las vías de inconformidad y reconsideración, y que no guarden relación con el proceso electoral y los resultados del mismo, serán resueltos por la Junta Ejecutiva o el Consejo del Instituto jerárquicamente superior al órgano que haya dictado el acto o resolución impugnado.

3. Sólo procederá el recurso de revisión, cuando reuniendo los requisitos que señala esta ley, lo interponga un partido político a través de sus representantes legítimos o los ciudadanos con interés jurídico.

De la competencia

Artículo 83

1. Son competentes para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano:

a) La Sala Superior, en única instancia:

I. En los casos señalados en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, en relación con las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio de representación proporcional;

II. En los casos señalados en los incisos e) y g) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley;

III. En el caso señalado en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, cuando se trate de la violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados federales y senadores de representación proporcional, y dirigentes de los órganos nacionales de dichos institutos, así como en los conflictos internos de los partidos políticos cuyo conocimiento no corresponda a las Salas Regionales, y

IV. En el supuesto previsto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 82 de esta ley cuando se refiere a la elección de Gobernadores o Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

V.- En lo relativo a la designación de los integrantes de los Consejos Locales, efectuada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

VI.- En lo relativo a la designación de órganos electorales Estatales.

b) La Sala Regional del Tribunal Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya cometido la violación reclamada, en única instancia:

I. En los supuestos previstos en los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo 80, cuando sean promovidos con motivo de procesos electorales federales o de las entidades federativas.

II. En los casos señalados en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y en las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones del Distrito Federal;

III. La violación al derecho de ser votado en las elecciones de los servidores públicos municipales diversos a los electos para integrar el ayuntamiento;

IV. La violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos de diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, y de los titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones del Distrito Federal; y dirigentes de los órganos de dichos institutos distintos a los nacionales, y

V. En el supuesto previsto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 82 de esta ley cuando se refiere a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de marzo del 2013.

Atentamente

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Preciado Rodríguez. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección y Fomento al Empleo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCION Y FOMENTO AL EMPLEO

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El desempleo, de manera simple y llana, alude a la falta de trabajo y para su atención se clasifica en cuatro tipos, que pido su generosidad para hacer una verdadera descripción: el cíclico, el estacional, el friccional y el estructural.

El desempleo cíclico consiste en la falta de trabajo durante un momento de crisis económica. Se trata, por lo general, de periodos no demasiado extensos y que se revierten junto a la reactivación de la economía.

El desempleo estacional surge por la fluctuación estacional de la oferta y la demanda. El sector de la agricultura ofrece un claro ejemplo de ese tipo de desempleo: en épocas de cosecha, por ejemplo, el desempleo tiende a disminuir derivado del aumento de la fuerza y de la oferta de trabajo.

El desempleo friccional tiene lugar por la falta de acuerdo entre empleado y empleador. Las características de un puesto de trabajo no satisfacen al trabajador y éste se marcha de un empleo en búsqueda de otro. Se trata de un empleo temporal y que suele ser constante.

Y en lo que se refiere al empleo estructural, es el más grave y en el que debemos enfocar esfuerzos para reducir sus índices, ya que supone un desajuste técnico entre la oferta y la demanda de los trabajadores. Los puestos de empleo que requiere una economía son inferiores a la cantidad de la gente que necesita trabajo. Por ende, esta situación demanda la intervención del Estado para solucionar el desequilibrio.

Por ello, el Estado debe organizar y garantizar la protección no sólo al empleo, sino también a los que por causas ajenas a su voluntad pierden su fuerza de ingresos, de manera que junto con las prestaciones económicas necesarias para afrontar las situaciones de desempleo, es menester generar oportunidades de formación y empleo, que posibiliten que las personas desempleadas puedan encontrar un trabajo digno y socialmente útil en el menor tiempo posible.

Permítanme abordar algunos datos para ilustrar el tema. La Encuesta Nacional de Empleo del INEGI arroja que para enero del año 2013, el 57.73 por ciento de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa.

Esta cifra significó un descenso frente a la observada en el mismo mes de 2012, que fue del 58.30 por ciento. La encuesta muestra un aumento en la tasa de desocupación del 5.42 por ciento en enero de 2013 con relación al mismo mes de 2012, la cual ascendía a 4.90 por ciento constituyendo el empleo y la seguridad, las demandas ciudadanas más frecuentes.

Estos datos, compañeras y compañeros Senadores, reflejan la tendencia que mantiene la economía del país respecto de la tasa de desempleo promedio, observándose que a lo largo de varios años no se ha podido disminuir, e incluso comienza a mostrar tendencias al incremento.

Sabemos que las consecuencias sociales y económicas del desempleo creciente conllevan inevitablemente a que prolifere el ambulantaje, la mendicidad, la drogadicción, la delincuencia, la desintegración familiar, la migración, el aumento a los índices de pobreza, el crecimiento de la inflación y un mayor número de personas sin servicios de salud pública y de educación.

Por otra parte, y esto también hay que decirlo, sabemos que la estrategia nacional de empleo se ha apoyado fundamentalmente en becas para la capacitación y apoyo a desempleados; estímulos a la oferta y demanda de trabajo, mediante ferias de empleo y servicios de colocación, a través del Sistema Nacional de Empleo, cuya misión, así nos lo han planteado, consiste en ofrecer servicios de información, de vinculación, de orientación, así como proveer apoyos de tipo económico de capacitación y de movilidad laboral.

Asimismo, se aplican apoyos crediticios, hoy en día, actualmente, a micro y pequeños empresarios; se fomenta desde el gobierno la construcción de obras públicas y también desde particulares; y se fomenta la inversión privada a través de estímulos fiscales. Si bien es cierto, compañeras y compañeros, que estas medidas son importantes, no pretendo dejar de señalar lo que han podido aportar, también lo es que no tienen los alcances deseados, derivado de que las becas y apoyos a desempleados son principalmente recursos federales, sin que a la fecha todas las entidades federativas puedan estar otorgando estos microcréditos y créditos a los micro y pequeños empresarios, tampoco que se generen condiciones para la constitución, control y seguimiento de empresas, toda vez que cuentan con mecanismos mínimos de protección y fomento al empleo.

En México, de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, únicamente 8 cuentan con legislación enfocada a la protección y al fomento al empleo, y de éstas sólo 2 proveen el seguro del desempleo.

Por lo anterior, me parece y he venido respetuosamente a exponerlo a esta tribuna, la creación de esta ley tiene como objetivo el facilitar las oportunidades de empleo para todas las personas que deseen incorporarse al mercado del trabajo. Para ello, y en el marco también del Pacto por México, existe el compromiso a través del cual el desempleado tendrá el derecho a que, de acuerdo a sus capacidades profesionales, a sus aptitudes para el trabajo y las circunstancias personales, sea reinsertado al campo laboral de una manera adecuada, recibiendo el apoyo del Estado hasta en tanto obtenga empleo de nueva cuenta.

Este es un esbozo rápido que quiero presentarles de esta iniciativa, pero para su mayor comprensión, les rogaría que puedan leer la iniciativa en su conjunto, que pido respetuosamente, señor Presidente, quede insertada también en el Diario de los Debates.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya, pido a la Secretaría que se integre de manera completa este documento en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y por el que se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS; Y POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 182-R DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
DE JUSTICIA; DE DERECHOS HUMANOS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por diversos Senadores de la LXII Legislatura ante el H. Congreso de la Unión.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; losartículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 114, 117, 135, 136 y 150 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I.- METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la iniciativa” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

II. ANTECEDENTES

1. El 19 de febrero del 2013, un grupo de ciudadanos pertenecientes a las organizaciones sociales Movimiento Por La Paz con Justicia y Dignidad, México S.O.S, Causa en Común y Alto al Secuestro, se dieron cita en la sede del Senado de la República para entregar a diversos Senadores de la LXII legislatura una propuesta de reformas a la Ley General de Víctimas publicada en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 y solicitaron que conforme a la facultad otorgada en el artículo 71, fracción II, a los senadores de la República, fuera presentado formalmente como iniciativa y se diera el trámite legislativo.

2.En reconocimiento pleno a la lucha por la defensa de los derechos de las víctimas y por su consistente labor en defensa del derecho a la verdad y a la justicia, el mismo 19 de febrero del 2013 en sesión ordinaria del Pleno de la Senado de la República los legisladores hicieron suyo el proyecto de las organizaciones sociales. Así, Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Nueva Alianza y del Partido del Trabajo y el Senador Javier Corral Jurado, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la “iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimiento Penales”. Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8º, fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República.

3. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente.

4. Con fecha 20 de marzo de 2013, en reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, se discutió y aprobó el presente Dictamen.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la iniciativa.

Los proponentes señalan que la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 2013 responde a un enfoque integral de justicia restaurativa para que las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito tengan el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, todo ello a través de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contiene las acciones y programas que deben ser considerados como sustantivos y complementarios para el reconocimiento de la víctima en todos sus ámbitos, individual, familiar y social.

Afirman que la Ley General de Víctimas que se pretende reformar, es un instrumento legal inédito no sólo en nuestro país, sino también en la legislación internacional y recoge las mejores prácticas, preceptos y principios del derecho internacional a favor de la dignidad de las personas. Sin embargo, continúa señalando la Iniciativa, es necesario mejorar su aplicación y viabilidad operativa, por lo que se simplifican y concretizan con precisiones surgidas de diversos actores las obligaciones y tareas del Estado mexicano señaladas en los artículo 1º y 20, apartado “C” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos y a las víctimas del delito en los términos previstos en la fracción XXX del artículo 73.

Con esta iniciativa de reforma, aducen los proponentes se avanza significativamente en el proceso de reconocer, identificar, dignificar y apoyar a quienes fueron víctimas de la violencia, por lo que es necesario modificar el actual ordenamiento para fortalecer su instrumentación y robustecer su ámbito de aplicación.

Por otra parte, entre las principales modificaciones que integran la iniciativa se encuentran las siguientes:

1. En el artículo 4º se agrega la definición de víctimas potenciales con el objeto de establecer con precisión que a las y los defensores de víctimas se les tiene que otorgar protección en caso de que sus derechos a la vida y a la libertad se vean amenazados.

2. El principio referido al enfoque diferencial y especializado, contenido en el artículo 5º, se agrega la frase para reconocer que hay daños que requieren atención especializada a fin de responder a particularidades y el grado de vulnerabilidad de las víctimas; se agrega un segundo párrafo a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Se lleva a cabo la precisión de las autoridades que deben aplicar la ley a fin de abrir el principio de enfoque transformador.

Se especifica que toda autoridad en lugar de la generalidad de cualquier autoridad dentro del principio de máxima protección.

3. El principio que se refiere al mínimo existencial propone la iniciativa incluirlo dentro del artículo 5º, pues es un sustento básico de la Ley General de Víctimas.

4. Se lleva a cabo la simplicidad en la definición de principios como el de participación conjunta, rendición de cuentas y el de evaluación a fin de que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

5. Se referencia en las fracciones I y II del artículo 6º, al Asesor Jurídico federal con sus equivalentes en las entidades federativas.

6. En la fracción VII de dicho artículo se homologa la definición de delito con lo previsto en el Código Penal Federal.

7. Se reforma la fracción IX del artículo 6º, para incorporar la definición de “hecho victimizante” como los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.

8. Por otra parte se adiciona al artículo 6º lo referente al Plan Anual Integral de Atención a Víctimas y lo referente al Programa de Atención Integral a Víctimas que toman la numeración de las fracciones XI y XII, con lo que se recorre la numeración.

9. Se prevé que exista un Registro Federal y uno por cada entidad federativa.

10. Se lleva a cabo la precisión del Reglamento de la Ley General de Víctimas en donde se definirá la reglamentación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

11. Se delimita a la calidad de víctima a las personas físicas a fin de evitar que las personas morales puedan adquirir la calidad de víctimas.

12. Se incluye en la fracción XVIII del artículo 6º la definición de víctima potencial a fin de proteger a quienes prestan asistencia a las víctimas; exceptuándolos de la medida de compensación, excepto si su calidad pasa a ser de víctima directa o indirecta.

13. En el artículo 8º se le agrega la palabra “provisional” a la ayuda que se le otorgará a la víctima a fin de que no haya interpretación del momento en que se inicia la ayuda. Se garantiza que las medidas de ayuda provisional se brinden durante el tiempo que sea necesario para que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

14. Se establece, en el artículo 12º fracción II, que la compensación debe ser expedita y justa.

15. Se elimina el artículo 13 por lo que se recorren en la numeración los subsecuentes.

16. En el artículo 19 de la Iniciativa se modifica el primer párrafo, adicionándose la frase “los hechos” y colocar la referencia a las personas fallecidas; y se fortalece lo referente a personas secuestradas o desaparecidas adicionando un párrafo relacionado al derecho a la víctima desaparecida o secuestrada a fin de que el Estado lleve a cabo su búsqueda y, en su caso, el rescate oportuno.

17. Se garantiza el derecho de una víctima de desaparición a ser protegida por las autoridades competentes (artículo 21 de la Iniciativa).

18.Se incluye el término “protocolos” dentro del artículo 21 de la propuesta, a fin de ajustar la denominación con el derecho internacional.

19. Dentro de ese mismo artículo se incluye un último párrafo en el que se dispone que con independencia de los derechos previstos en la Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición forzada de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición forzada se sujetaránlo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

20. En el artículo 30 de la Iniciativa se adiciona un último párrafo en el que se establecen las hipótesis en las cuales la autoridad que corresponda reembolsará los gastos relacionados con los servicios médicos que la víctima haya realizado; se establece que este reembolso se cubrirá conforme a las normas reglamentarias aplicables.

21. Se incluye dentro del nuevo artículo 31 a la federación en el apoyo para gastos funerarios y se especifica que este apoyo es para las víctimas indirectas cuando la muerte de la víctima directa haya sido por homicidio.

22. Por lo que hace a la propuesta de nuevo artículo 37 se señala que serán las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno las que llevarán a cabo el reembolso de los gastos de conformidad con lo que señalen las normas reglamentarias aplicables.

23. Los artículos 42 y 43 de la Ley publicada el 9 de enero de 2013 se derogan por ser repetidos, por lo que se recorren de nueva cuenta los artículos.

24. En la propuesta de artículo 39 se prevé que serán las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno las que paguen los gastos en materia de transporte.

25. Se sanciona la negligencia de los servidores públicos, artículo 40 de la propuesta.

26. En el artículo 51 (antes 57) se dispone que la víctima o sus familiares tendrán derecho a recibir becas completas de estudio en instituciones públicas, por lo menos hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran.

27. En el artículo 61 (antes 67) se adiciona un párrafo que era parte del artículo 30 de la Ley vigente a fin de complementar la definición de la medida de restitución cuando se trata de la devolución de bienes.

28. Se adiciona un enunciado al párrafo primero del artículo 64 (antes 70) y se incluyen diversas fracciones.

29. En cuanto a la compensación, se establecen las autoridades que deberán intervenir para establecer los términos y montos (artículo 65 de la propuesta).

30. Asimismo se establecen en los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 propuestos los criterios y autoridades que deberán intervenir en la compensación a las víctimas. Es de resaltarse que en el artículo 71 se establece la facultad de las autoridades para repetir en contra del sentenciado por la compensación realizada.

31. Por lo que se refiere al artículo 75 de la propuesta se proponen diversas modificaciones a las fracciones.

32. Dentro del artículo 77 se hace referencia a que si el delincuente o quien viole los derechos humanos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, etc. sólo si el juez así lo ordena, se aplicarán cursos o tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación.

33. Se modifican los párrafos tercero y cuarto del artículo 79 a fin de establecer que “El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las víctimas”. “Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisiones de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables”.

34. En el artículo 80 se completan las autoridades para coordinarse con el objetivo de establecer todos los mecanismos para el cumplimiento de la Ley en lo referente a los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en la Ley.

35. Se adiciona un artículo 81 con XVII fracciones, con el objeto de establecer todas las atribuciones con las que cuenta el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y que no estaban especificadas en la Ley.

36. El artículo 82 de la propuesta simplifica a las autoridades que integran el Sistema.

37. Se adiciona un artículo 83 a fin de establecer el mecanismo de funcionamiento del Sistema.

38. El Capítulo III del Título Sexto es reformado en su denominación para quedar como sigue: “De la estructura operativa del Sistema Nacional de Atención a Víctimas”.

39. En el artículo 84 se integran las características de la Comisión Ejecutiva como órgano operativo del Sistema.

40. Se deja a nivel reglamento las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva (artículo 84 de la propuesta).

41. Se elimina la denominación del Capítulo IV “De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas” a fin de integrar los artículos como parte del Capítulo III el cual se refiere a la operatividad tanto del Sistema como del órgano operativo.

42. En cuanto a la Comisión Ejecutiva (artículo 85 de la propuesta) se determina la integración por siete comisionados; quedando cuatro especialistas en alguna disciplina o materia relacionada con la Ley y tres comisionados representantes de colectivos de víctimas.

43. El artículo 87 establece que la Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado quien durará en funciones dos años, renovable por una ocasión y elegido por los comisionados.

44. En 36 fracciones se definen las funciones y facultades de la Comisión Ejecutiva (artículo 88 de la propuesta).

45. El artículo 89 de la Iniciativa faculta a la Comisión Ejecutiva a celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homólogas estatales y del Distrito Federal, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.

46. En la fracción IX del nuevo artículo 88, se propone que la facultad que se otorgue a la Comisión Ejecutiva en relación con el cumplimiento de las sentencias de obligaciones derivadas de sentencias internacionales sea para asegurar que las víctimas participen en las acciones que permitan garantizar que se cumplan con estas obligaciones.

47. Se modifica el artículo 90 a fin de establecer que cuando haya violaciones de derechos humanos o comisión de delitos, las organizaciones no gubernamentales, los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades federativas, el Congreso de la Unión, los municipios o cualquier otra institución pública o privada que tenga entre sus fines la defensa de los derechos humanos podrán proponer el establecimiento de programas emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral de las víctimas.

48. El contenido del artículo 95 de la Ley vigente se incluye en el segundo párrafo del artículo 93 de la propuesta a fin de adicionar a los niños y niñas como grupo de víctimas a ser eventualmente atendidos por un comité especializado.

49. En el artículo 95 (antes 97) se adiciona la facultad del Comisionado Presidente para coordinar las funciones del registro federal y del Registro Nacional.

50. Dentro del artículo 96 (antes 98) se precisan las funciones de la Federación, los estados y el Distrito Federal en relación con el Registro y que el registro federal, que se integra al Registro, estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Se señala además que los integrantes del Sistema tendrán la obligación de compartir con el Registro Nacional de Víctimas la información en materia de víctimas que se encuentre en sus bases de datos.

51. En el artículo 97 de la propuesta se establece que las solicitudes de ingreso al Registro deberán hacerse ante la Comisión Ejecutiva o sus equivalente en las entidades federativas, entre otras modificaciones.

52. En el párrafo primero del artículo 98 se incluye que las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal.

53. Se lleva a cabo la simplificación del mecanismo para el registro por parte de las víctimas.

54. El artículo 110 (antes 113) el cual se refiere al reconocimiento de la calidad de víctima se reforma íntegramente.

55. La propuesta establece que el artículo 116 compacta 6 capítulos referidos a desarrollo social, desarrollo integral de la familia, seguridad pública, educación pública, relaciones exteriores y salud, así como sus 6 artículos correspondientes: 120, 121, 122, 123, 124 y 125.

56. En el artículo 130 (antes 139) modifica el segundo párrafo, para establecer que: “La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos del Título Octavo de esta Ley. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten”.

57. Se adiciona un artículo 131 a fin de establecer el requisito de inscripción en el Registro por parte de las víctimas.

58. El artículo 132, 140 de la Ley vigente, prevé la modificación de diversas fracciones.

59. Será la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas quienes deberán emitir las disposiciones necesarias para el funcionamiento del Fondo a nivel federal y de las entidades federativas, artículo 134.

60. El artículo 144 de la Ley vigente se deroga.

61. En el artículo 136 (antes 145) se modifica para precisar que el respectivo fondo federal o local será administrado por la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas que correspondan y no por el Titular designado por el Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva.

62. El artículo 139 de la propuesta prevé que los recursos del Fondo se aplicarán para ayudar a la víctima a través de medidas de ayuda, asistencia y, en los casos de víctimas de delitos o de violación a derechos humanos, de compensación, en los términos de la Ley y el reglamento respectivo, en lugar de referir que aplicarán apoyos de carácter económico de Ayuda, Asistencia o Reparación Integral.

63. Su segundo párrafo se reforma para establecer que la Comisión Ejecutiva y no el titular del Fondo, determinarán el apoyo y se adiciona que también determinará la asistencia, ambos del Fondo e incluida la compensación; se elimina lo referente a indemnizaciones.

64. Se elimina el artículo 150 y su contenido se adiciona en el artículo 140 de la propuesta para establecer que el Fondo a cargo del Gobierno Federal será fiscalizado anualmente por la Auditoría Superior de la Federación, y se adiciona la precisión de que los fondos de las entidades federativas, serán fiscalizados por el órgano de fiscalización local equivalente.

65. En un nuevo artículo 141 se establece que la Federación se subrogará en los derechos de las víctimas para cobrar el importe que por concepto de compensación haya erogado en su favor el cargo al Fondo, entre otros elementos.

66. Se prevé en la redacción de un nuevo artículo 142 la faculta de la Federación y las entidades federativas a ejercer el procedimiento económico coactivo para hacer efectiva la subrogación del monto de la reparación conforme a sus respectivas legislaciones, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la vía civil, para cobrar la reparación del daño del sentenciado o de quien esté obligado a cubrirla, en términos de las disposiciones federales o locales que resulten aplicables.

67. En el artículo 164 de la propuesta se dispone que el Gobierno Federal, las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal deberán crear los programas y planes específicos, en caso de no que no cuenten con ellos, para cumplir con la obligación de brindar a las víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional.

68. El Titulo Décimo cambia de denominación a “Asesoría Jurídica Federal y de las Entidades Federativas de Atención de Víctimas”.

69. En el artículo 165 la Iniciativa propone adicionar la obligación de las entidades federativas para crear, en el ámbito de sus competencias, su propia Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, las cuales serán órganos dependientes de la unidad análoga a la Comisión Ejecutiva y gozarán de independencia técnica y operativa.

70. La propuesta adiciona un nuevo artículo 170 a fin de establecer que las entidades federativas contarán con Asesores Jurídicos de Atención a Víctimas adscritos a su respectiva unidad de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, las cuales tendrán las funciones enunciadas en el artículo 169.

71. En cuanto a la designación del Director General de la Asesoría Jurídica Federal, el artículo 178 (antes 187) será designado por el voto de la mayoría calificada de la Comisión Ejecutiva a través del voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

72. Por último el proyecto de iniciativa prevé reformar el párrafo primero del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales a fin de que los fondos de apoyo a las víctimas cumplan con su cometido, por lo que los fondos deberán conformarse a través de recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso. Los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de la legislación aplicable, deberán prever los fondos necesarios para tal fin.

73. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en términos de lo establecido en el Código Federal de Procedimientos penales o en la legislación correspondiente.

74. El monto de reparaciones del daño no reclamadas; aportaciones que hagan para este fin personas físicas o morales; los rendimientos que generen los recursos que obren en el respectivo Fondo; los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de la Ley; y, demás recursos que determinen en las disposiciones aplicables.

B. Valoración de la iniciativa.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, consideramos, que del análisis de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, así como de la reforma al párrafo primero del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, se desprenden modificaciones sustanciales y que tienen impacto directo en la aplicación de la Ley vigente.

Coincidimos plenamente y atendemos una demanda ciudadana que proviene de la colectividad de grupos que han sido afectados por la delincuencia, y que son los principales autores de esta iniciativa de reformas a la Ley General de Víctimas.

Por ello, más allá de simplemente atender las modificaciones propuestas para adecuar la redacción y terminología de la Ley, los integrantes de éstas comisiones dictaminadoras hacemos propia la necesidad de aprobar la iniciativa en sus términos y proponer su aprobación ante el Pleno del Senado, pues ella permite un mejor marco jurídico, y otorga funcionalidad operativa, gracias al rediseño institucional; y a la previsión de la fuente de los recursos que conformarán el Fondo que será destinado a las víctimas.

Por otro lado, estamos de acuerdo en la inclusión del concepto de víctimas indirectas, así como el de víctimas potenciales, ya que amplía de manera significativa y justa la protección a personas que pueden ser vulneradas en su integridad personal y derechos.

El reconocimiento a la atención de las víctimas (directas, indirectas o potenciales) para reparar los daños que requieran una atención especializada y a la obligación a que dicha atención responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas garantiza aún más su protección y reintegración a una vida normal y cotidiana, abonando al respeto de la dignidad humana.

De la misma manera, consideramos fundamental, y en ello hay gran coincidencia, dar mayor participación a la sociedad civil y en particular a las víctimas y colectivos de víctimas en el diseño de políticas y acciones tendientes a su protección en todas las etapas previstas en la Ley.

Por lo que respecta a la definición de “hecho victimizante” es importante esclarecer que se debe a las conductas que pueden sumir a una persona como víctima, ya sea por la comisión de un delito o por la violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México es parte.

Estas Comisiones consideramos de manera esencial que las reformas planteadas por los iniciantes, previenen la inaplicabilidad de la norma y dan certidumbre para aquellos que puedan ser sujetos de su protección.

Otro aspecto a reconocer, es que la propuesta representa un esfuerzo de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, pues al establecer, por ejemplo, la inclusión de registros federal y estatal permiten mayor control y certidumbre al Registro Nacional de Víctimas, lo que dará pie a un modelo de evaluación con base en resultados de los alcances de la Ley General de Víctimas.

Es importante resaltar, que la temporalidad introducida, relacionada con las medidas de ayuda que permitan garantizar a la víctima a superar las condiciones de necesidad inmediata, responde a la necesidad de que el Estado logre coadyuvar en la reintegración de las víctimas a una vida normal y cotidiana, objetivo fundamental de la existencia de esta ley, es su valor intrínseco más importante.

Asimismo la inclusión de derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales con la consiguiente obligación del Estado para que a través de los tres órdenes de gobierno se garantice y salvaguarde sus derechos, hace aún más fuerte y viable la aplicación de la ley.

Ante ello, consideramos procedente el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas por desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición, garantizando con ello los derechos de aquellas, su protección y la de sus dependientes.

En suma, los integrantes de éstas Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, consideramos que es de aprobarse en sus términos la iniciativa propuesta por los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, ya que las reformas, adiciones y derogaciones propuestas, influirán de manera sustancial en el desarrollo de una cultura de protección a las víctimas atendiendo en la protección de sus derechos a la justicia restaurativa que presupone ya un compromiso del Estado Mexicano desde la Constitución y que hoy es demandada por quienes han sido víctimas de la delincuencia.

Hacemos notoria, que en la discusión del Dictamen, los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron diversas reservas al texto del proyecto de Decreto, propuesto originalmente, ante ello y por votación unánime, se aprobaron modificaciones y adiciones a los artículos 4°, 6°, 44, 120 y 144. En el mismo sentido salvo en votación mayoritaria, los integrantes de las Comisiones Unidas, aceptaron la modificación del artículo 79, para quedar como sigue:

Artículo 4.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Artículo 6. …

I. … a la IV. …

V.- Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;

VI. … a la XIX. …

Artículo 44. La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas a que hace referencia el Título Séptimo de esta Ley garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.

El sistema nacional de seguridad pública recabará y concentrará información estadística sobre víctimas asistidas por las comisiones ejecutivas de las entidades federativas, por modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo de delito o violación de derechos que la motivare. La información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos personales.

Artículo 79. …

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.

Artículo 120. …

I. … a la XIX. …

XX. Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de oficio. La vista en ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho.

Artículo 144. …

Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.

C. De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a) Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley.

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley.

Por lo expuesto y fundado, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS; Y POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 182-R DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman, derogan y adicionan, diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE VICTIMAS

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

APLICACION, OBJETO E INTERPRETACION

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

...

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

I.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos;

II.- a V.-...

Artículo 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

CAPITULO II

CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Artículo 5. ...

Dignidad.- ...

...

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.

Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

...

Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

...

Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.

...

Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

Gratuidad.- ...

Igualdad y no discriminación.-....

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- ...

...

Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia.

No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

...

Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.

Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

Publicidad.- ...

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.

Trato preferente.- ...

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.- Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas;

II.- Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas;

III.- y IV.- ...

V.- Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;

VI.- ...

VII.- Delito: Acto u omisión que sancionan las leyes penales;

VIII.- Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;

IX.- Hecho victimizante: actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México forme parte;

X.- Ley: Ley General de Víctimas;

XI.- Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

XII.- Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

XIII.- Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

XIV.- Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

XV.- Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

XVI.- Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XVII.- Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

XVIII. Víctima potencial: las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito;

XIX.- Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

TITULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS

CAPITULO I

DE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VICTIMAS

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I.- A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral;

II.- A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;

III.- A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones;

IV.- A qué se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;

V.- A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;

VI.- A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;

VII.- A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;

VIII.- A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;

IX.- A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;

X.- A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;

XI.- A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;

XII.- A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;

XIII.- A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;

XIV.- A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;

XV.- A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;

XVI.- A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;

XVII.- A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;

XVIII.- A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;

XIX.- A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;

XX.- A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;

XXI.- A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena;

XXII.- A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;

XXIII.- A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;

XXIV.- A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;

XXV.- A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;

XXVI.- A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;

XXVII.- A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia;

XXVIII.- A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;

XXIX.- Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;

XXX.- A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional;

XXXI.- A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;

XXXII.- A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;

XXXIII.- A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas, y

XXXIV.- Los demás señalados por la Constitución, los tratados internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCION

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

Artículo 9. ...

...

Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos.

...

CAPITULO III

DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

...

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL

Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los tratados internacionales.

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

I.- A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;

II.- A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

III.- A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;

IV.- A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;

V.- A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;

VI.- A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;

VII.- A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;

VIII.- A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

XIX.- A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan;

X.- A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

XI.- A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas;

XII.- A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y

XIII.- En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.

Artículo 13. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran señalado para tal efecto u omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio de autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin demora alguna, que entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica que se haya efectuado la reparación integral del daño correspondiente.

En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, la autoridad jurisdiccional competente remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá entregarse sin dilación a la víctima. En los mismos términos los fiadores están obligados a pagar en forma inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el procedimiento económico coactivo que las leyes fiscales señalen.

Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia.

Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico o la persona que consideren.

Artículo 16. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 17. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.

No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva.

CAPITULO V

DEL DERECHO A LA VERDAD

Artículo 18. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Artículo 19. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.

Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate.

Artículo 20. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos.

Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.

Artículo 21.- El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.

Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley y en los códigos de procedimientos penales, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Artículo 22. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad, el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos:

I.- El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica;

II.- La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos;

III.- El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas y escuchadas;

IV.- La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticas de investigación;

V.- La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos;

Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.

La investigación deberá garantizar los derechos de las víctimas y de los testigos, asegurándose su presencia y declaración voluntarias. Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Asimismo, en los casos de las personas que se vean afectadas por una acusación, deberá proporcionarles la oportunidad de ser escuchadas y de confrontar o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, ya sea de manera personal, por escrito o por medio de representantes designados.

La investigación deberá seguir protocolos de actuación con el objetivo de garantizar que las declaraciones, conclusiones y pruebas recolectadas puedan ser utilizadas en procedimientos penales como pruebas con las debidas formalidades de ley.

Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

Artículo 24. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos.

El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, así como de permitir su consulta pública, particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura.

Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como los investigadores que trabajen esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio.

En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad nacional excepto que, en circunstancias excepcionales, la restricción se encuentre previamente establecida en la ley, la autoridad haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objeto de revisión por la autoridad competente, a la vez que puede ser sujeta a examen judicial independiente.

Artículo 25. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la impugnación incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de parentesco que establece el Código Civil Federal.

CAPITULO VI

DEL DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL

Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

I.- La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;

II.- La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

III.- La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

IV.- La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;

V.- Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;

VI.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

TITULO TERCERO

MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA

Artículo 28. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena.

Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

Artículo 30. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:

I.- Hospitalización;

II.- Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requieran para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia;

III.- Medicamentos;

IV.- Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;

V.- Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;

VI.- Transporte y ambulancia;

VII.- Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente;

VIII.- Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la violación a los derechos humanos;

IX.- Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y

X.- La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación, los estados, el Distrito Federal o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 31. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la muerte sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 32. La Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la creación de un Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, el cual deberá contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública que conforme al Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados a los que ella hace referencia. Este modelo deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema de prestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser brindados por el sistema al cual pertenece.

Artículo 33. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.

El proceso de credencialización se realizará de manera gradual y progresiva dando prioridad a las víctimas de daños graves a la salud e integridad personal. No obstante, aquellas víctimas que no cuenten con dicho carnet y requieran atención inmediata deberán ser atendidas de manera prioritaria.

Artículo 34. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:

I.- A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

II.- Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

III.- Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar;

IV.- Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos;

V.- Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y

VI.- La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.

Artículo 35. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.

Artículo 36. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, posoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.

Artículo 37. En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cumpla con lo señalado en los artículos anteriores y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima, la autoridad competente del orden de gobierno que corresponda, se los reembolsará de manera completa y expedita, teniendo dichas autoridades, el derecho de repetir contra los responsables. Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento necesario para solicitar el reembolso a que se refiere este artículo.

CAPITULO II

MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

CAPITULO III

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE

Artículo 39. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.

CAPITULO IV

MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCION

Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.

Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes principios:

I.- Principio de protección: considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;

II.- Principio de necesidad y proporcionalidad: las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;

III.- Principio de confidencialidad: toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo, y

IV.- Principio de oportunidad y eficacia: las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.

Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, estatales, del Distrito Federal o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.

Artículo 41. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad.

CAPITULO V

MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORIA JURIDICA

+

Artículo 42. Las autoridades del orden federal, estatal, las del Distrito Federal y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.

Artículo 43. La información y asesoría deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales conocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos.

TITULO CUARTO

MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 44. La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas a que hace referencia el Título Séptimo de esta Ley garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.

El sistema nacional de seguridad pública recabará y concentrará información estadística sobre víctimas asistidas por las comisiones ejecutivas de las entidades federativas, por modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo de delito o violación de derechos que la motivare. La información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos personales.

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores y población indígena.

Artículo 46. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas federales, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio- económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 48. Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva.

Artículo 49. Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias otorgarán apoyos especiales a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para compensar los problemas educativos derivados de dicha condición.

Artículo 50. El Estado a través de sus organismos descentralizados y de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, está obligado a prestar servicios educativos para que gratuitamente, cualquier víctima o sus hijos menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de acceso y permanencia en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la Ley de Educación aplicable.

Artículo 51. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran.

Artículo 52. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

Artículo 53. La víctima o sus hijos menores de edad, deberán tener acceso a los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública proporcione.

Artículo 54. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.

CAPITULO III

MEDIDAS ECONOMICAS Y DE DESARROLLO

Artículo 55. Dentro de la política de desarrollo social el Estado en sus distintos órdenes, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante.

Artículo 56. Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de derechos humanos.

Artículo 57. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

Artículo 58. Las autoridades competentes de los diversos órganos de gobierno están obligadas a proporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operación, recursos y cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las víctimas.

Artículo 59. Las víctimas estarán sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas.

CAPITULO IV

MEDIDAS DE ATENCION Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PROCURACION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Artículo 60. Las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia serán permanentes y comprenden, como mínimo:

I.- La asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su condición de víctima;

II.- La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación;

III.- La asistencia a la víctima durante el juicio;

IV.- La asistencia a la víctima durante la etapa posterior al juicio.

Estas medidas se brindarán a la víctima con independencia de la representación legal y asesoría que dé a la víctima el Asesor Jurídico.

TITULO QUINTO

MEDIDAS DE REPARACION INTEGRAL

CAPITULO I

MEDIDAS DE RESTITUCION

Artículo 61. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:

I.- Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición forzada;

II.- Restablecimiento de los derechos jurídicos;

III.- Restablecimiento de la identidad;

IV.- Restablecimiento de la vida y unidad familiar;

V.- Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;

VI.- Regreso digno y seguro al lugar de residencia;

VII.- Reintegración en el empleo, y

VIII.- Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.

En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminarán los registros de los respectivos antecedentes penales.

CAPITULO II

MEDIDAS DE REHABILITACION

Artículo 62. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes:

I.- Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;

II.- Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;

III.- Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana;

IV.- Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;

V.- Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida, y

VI.- Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o comunidad.

Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas.

CAPITULO III

MEDIDAS DE COMPENSACION

Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

I.- La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;

II.- La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;

III.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;

IV.- La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;

V.- Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;

VI.- El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado;

VII.- El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y

VIII.- Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.

La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 67 de este ordenamiento.

Artículo 65.- Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:

a) Un órgano jurisdiccional nacional;

b) Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los tratados internacionales ratificados por México;

c) Un organismo público de protección de los derechos humanos;

d) Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los tratados internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión;

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.

En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 67.

Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.

Sólo en caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de esta Ley.

Artículo 67. El Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a) la determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad;

b) la resolución firme emitida por la autoridad judicial;

La determinación de la Comisión Ejecutiva correspondiente deberá dictarse dentro delplazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente.

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito.

Artículo 69. La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente ante la Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros:

I.- Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal;

II.- La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de reparar,

III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación.

Artículo 70. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos, se cubrirá con cargo al Fondo en términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 71. La Federación tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.

Artículo 72.- La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.

CAPITULO IV

MEDIDAS DE SATISFACCION

Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

I.- La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;

II.- La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

III.- Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

IV.- Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

V.- La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y

VI.- La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.

CAPITULO V

MEDIDAS DE NO REPETICION

Artículo 74. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:

I.- El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad;

II.- La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso;

III.- El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial;

IV.- La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos;

V.- La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos;

VI.- La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información;

VII.- La protección de los defensores de los derechos humanos;

VIII.- La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;

IX.- La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;

X.- La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, y

XI.- La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.

Artículo 75. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes:

I.- Supervisión de la autoridad;

II.- Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, encaso de existir peligro inminente para la víctima;

III.- Caución de no ofender;

IV.- La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y

V.- La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez y sólo en caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o hecho victimizante.

Artículo 76. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y orientación de los sentenciados, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la comunidad.

Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, sea reducida la pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena.

Artículo 77. El juez en la sentencia exigirá una garantía de no ofender que se hará efectiva si el acusado violase las disposiciones del artículo anterior, o de alguna forma reincidiera en los actos de molestia a la víctima. Esta garantía no deberá ser inferior a la de la multa aplicable y podrá ser otorgada en cualquiera de las formas autorizadas por las leyes.

Artículo 78. Cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o violación a los derechos humanos cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares, independientemente de la pena que corresponda, sólo si el juez así lo ordena, se aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación.

TITULO SEXTO

SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

CAPITULO I

CREACION Y OBJETO

Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecery supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente título.

El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las víctimas.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.

Artículo 80. El Gobierno Federal, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.

Artículo 81. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

II.- Formular propuestas para la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas y demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

III.- Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a su equivalente en las entidades federativas y el Distrito Federal;

IV.- Elaborar propuestas de reformas en materia de atención a víctimas;

V.- Integrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;

VI.- Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro del personal de las instituciones de atención a víctimas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

VII.- Promover una estrategia de supervisión y acompañamiento que busca el desarrollo profesional y la especialización conjunta de los miembros de las instituciones de atención a víctimas;

VIII.- Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;

IX.- Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas;

X.- Fijar criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de víctimas del delito, así como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas;

XI.- Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;

XII.- Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción y de atención a víctimas;

XIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de atención a víctimas;

XIV.- Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de atención a víctimas;

XV.- Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;

XVI.- Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y

XVII.- Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

CAPITULO II

INTEGRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Artículo 82. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará integrado por las instituciones, entidades, organismos y demás participantes, aquí enumerados, incluyendo en su caso las instituciones homólogas en los ámbitos estatal y municipal:

I.- Poder Ejecutivo:

a. Presidente de la República, quien lo presidirá,

b. El Presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y

c. El Secretario de Gobernación.

II. Poder Legislativo:

a. El Presidente de la Comisión de Justicia la Cámara de Diputados;

b. El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, y

c. Un integrante del poder legislativo de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

III. Poder Judicial:

a. El Presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

IV. Organismos Públicos:

a. Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y

b. Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de los estados y del Distrito Federal.

V. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un representante de las comisiones ejecutivas locales.

Artículo 83. Los integrantes del Sistema se reunirán en Pleno o en comisiones las cuales se deberán crear de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones.

El quórum para las reuniones del Sistema se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto.

Corresponderá al Presidente del Sistema la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema. Los integrantes del mismo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

El Presidente del Sistema será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los integrantes del Sistema deberán asistir personalmente.

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Pleno de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente. Los invitados acudirán a las reuniones con derecho a voz pero sin voto.

CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL

SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.

En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión Ejecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.

De la Comisión Ejecutiva depende el Fondo, la Asesoría Jurídica Federal y el Registro Nacional de Víctimas.

A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno Federal contará con un Fondo, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a víctimas en los términos dispuestos por esta Ley.

Las entidades federativas y el Distrito Federal contarán con una asesoría jurídica y un registro de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por siete comisionados. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada comisionado a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.

Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas presentadas al Ejecutivo Federal:

I.- Cuatro comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas;

II.- Tres comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.

Para la elección de los comisionados, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.

En su conformación, el Ejecutivo y el Senado garantizarán la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes.

Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano;

II.- No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

III.- Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, y

IV.- No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección de los comisionados, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

Los comisionados se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 87. La Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado quien durará en funciones dos años, renovable por una ocasión y será elegido por los comisionados.

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

I.- Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema;

II.- Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;

III.- Elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas con el objeto crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas, y proponerlo para su aprobación al Sistema;

IV.- Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

V.- Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema;

VI.- Proponer al Sistema un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;

VII.- Proponer al Sistema las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo;

VIII.- Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

IX.- Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales.

X.- Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de funcionarios públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

XI.- Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal, y de la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas;

XII.- Establecer las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, incluidas las autoridades federales, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;

XIII.- Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del Programa y demás obligaciones previstas en esta Ley.

XIV.- Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XV.- Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes;

XVI.- Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los términos de esta Ley y su Reglamento;

XVII.- Hacer recomendaciones al Sistema, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;

XVIII.- Nombrar a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica Federal y del Registro;

XIX.- Emitir opinión sobre el proyecto de Reglamento de la presente Ley y sus reformas y adiciones;

XX.- Formular propuestas de política integral nacional de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

XXI.- Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral;

XXII.- Promoverla coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas y del Distrito Federal, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;

XXIII.- Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos;

XXIV.- Proponer al Sistema las directrices o lineamientos que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia;

XXV.- Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal;

XXVI.- Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a nivel nacional a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;

XXVII.- Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro;

XXVIII.- Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos;

Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán adecuar sus manuales, lineamientos, programas y demás acciones, a lo establecido en estos protocolos, debiendo adaptarlos a la situación local siempre y cuando contengan el mínimo de procedimientos y garantías que los protocolos generales establezcan para las víctimas;

XXIX.- En casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, proponer al Sistema los programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a justicia, a la verdad y reparación integral;

XXX.- Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;

XXXI.- Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;

XXXII.- Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades de las entidades federativas y municipios en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios que corresponda al Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XXXIII.- Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que se encuentran en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación;

XXXIV.- Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, deberán emitir recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;

XXXV.- Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como el Programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, y

XXXVI.- Las demás que se deriven de la presente Ley.

Artículo 89. La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homólogas estatales y del Distrito Federal, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.

Artículo 90. En los casos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos contra un grupo de víctimas, las organizaciones no gubernamentales, los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades federativas, el Congreso de la Unión, los municipios, o cualquier otra institución pública o privada que tenga entre sus fines la defensa de los derechos humanos podrán proponer el establecimiento de programas emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral de las víctimas.

Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta de alguno de sus integrantes cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.

Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.

Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, reorganizar o redireccionar acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y competencia llevan a cabo los integrantes del Sistema, así como para canalizar o distribuir los recursos necesarios.

La Comisión Ejecutiva podrá también contar con la asesoría de grupos de expertos en temas específicos, solicitar opiniones de organismos nacionales o internacionales públicos de derechos humanos, instituciones u organizaciones públicas o privadas nacionales o extranjeros con amplia experiencia en cierta problemática relacionada con la atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral a las víctimas. Los recursos destinados para tal efecto deberán ser públicos, monitoreables y de fácil acceso para la sociedad civil.

Se deberá procurar en todo momento, además de la especialización técnica y científica, el aporte de los grupos de víctimas y organizaciones de base que trabajen directamente con víctimas.

Artículo 92. La Comisión Ejecutiva sesionará al menos una vez a la semana y en sesión extraordinaria, cada que la situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones. Si un comisionado no asistiera a las sesiones ordinarias en más de tres ocasiones consecutivas durante un año en forma injustificada será removido de su cargo.

Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes.

Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:

I.- Comité de violencia familiar;

II.- Comité de violencia sexual;

III.- Comité de trata y tráfico de personas;

IV.- Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas;

V.- Comité de personas víctimas de homicidio;

VI.- Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;

VII.- Comité de detención arbitraria;

VIII.- Comité interdisciplinario evaluador, y

IX.- Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Se podrán establecer también comités por grupo de víctimas tales como niños y niñas, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.

Artículo 94. Las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de cada entidad federativa también contarán con sus comités especiales que les permitan focalizar las necesidades y políticas públicas integrales que respondan a la realidad local.

Estos comités generarán diagnósticos situacionales precisos que les permita evaluar las leyes, políticas públicas o acciones estatales que impiden un acceso efectivo de las víctimas a la atención, asistencia, protección, justicia, verdad o reparación integral. Evaluarán también las políticas de prevención sobre la situación concreta que se evalúa desde una visión de seguridad ciudadana y humana.

Las autoridades están obligadas a entregar toda la información que requieran estos comités para la evaluación y elaboración de los diagnósticos, cuidando la información de carácter privado de las víctimas.

Artículo 95. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades:

I.- Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de lasatribuciones de la Comisión Ejecutiva;

II.- Convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que celebre la Comisión Ejecutiva;

III.- Crear los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de las funciones de la Comisión Ejecutiva;

IV.- Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos a través de las sesiones que se celebren;

V.- Coordinar las funciones del Registro Nacional de Víctimas, incluido el registro federal, mediante la creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para implementar y vigilar el debido funcionamiento de dicho registro;

VI.- Rendir cuentas a la Cámara de Diputados cuando sea requerido, sobre las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva, al Registro Nacional de Víctimas y al Fondo;

VII.- Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva;

VIII.- Garantizar el registro de las víctimas que acudan directamente ante la Comisión Ejecutiva a solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, así como los servicios de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral que soliciten a través de las instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar el cumplimiento eficaz de las funciones de las instituciones;

IX.- Proponer al Pleno de la Comisión Ejecutiva los convenios de colaboración o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

X.- Realizar los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que corresponda a la Comisión Ejecutiva;

XI.- Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión Ejecutiva se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, expedita y articulada;

XII.- Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva, y

XIII.- Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

CAPITULO IV

REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS

Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado en esta Ley.

El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.

El Registro Nacional de Víctimas será una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva y contará con un titular designado por el Pleno de la Comisión Ejecutiva.

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal.

Los estados y el Distrito Federal contarán con sus propios registros. La Federación, los estados y el Distrito Federal estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

El Presidente de la Comisión Ejecutiva dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.

Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 97. El Registro Nacional de Víctimas será integrado por las siguientes fuentes:

I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva o ante sus equivalentes en las entidades federativas, según corresponda;

II. Las solicitudes de ingreso que presenten cualquiera de las autoridades y particulares señalados en el artículo 99 de esta Ley, como responsables de ingresar el nombre de las víctimas del delito o de violación de derechos humanos al Sistema, y

III.- Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas y que posean actualmente registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Nacional de Víctimas la información que generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.

En los casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen la calidad de víctima, deberá entregarse copia digital al Registro Nacional de Víctimas. En caso que estos soportes no existan, las entidades a que se refiere este artículo certificarán dicha circunstancia.

Dichas entidades serán responsables por el contenido de la información que transmiten al Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 98. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita, ante la Comisión Ejecutiva y sus correlativos estatales o del Distrito Federal, según corresponda de acuerdo a la competencia. Las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal.

Los mexicanos domiciliados en el exterior, podrán presentar la incorporación de datos al Registro Nacional de Víctimas ante la Embajada o Consulado del país donde se encuentren. En los países en que no exista representación del Estado mexicano, podrán acudir al país más cercano que cuente con sede diplomática.

La información que acompaña la incorporación de datos al registro se consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva y su utilización será obligatoria por parte de las autoridades responsables de garantizar el ingreso al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. El formato único de incorporación al registro deberá ser accesible a toda persona y de uso simplificado y buscará recoger la información necesaria para que la víctima pueda acceder plenamente a todos sus derechos, incluidos los que se le reconocen en la presente Ley.

La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones del capítulo III del presente título.

El ingreso al Registro podrá solicitarse y tramitarse de manera personal y directa por la víctima, o a través de representante que, además de cumplir con las disposiciones aplicables, esté debidamente inscrito en el padrón de representantes que al efecto establezca la Comisión Ejecutiva o las correspondientes a las entidades federativas, conforme a lo que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 99. Para que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas u otras que se faculten por la presente Ley, procedan a la inscripción de datos de la víctima en el Registro se deberá, como mínimo, tenerla siguiente información:

I.- Los datos de identificación de cada una de las víctimas que solicitan su ingreso o en cuyo nombre se solicita el ingreso. En caso que la víctima por cuestiones de seguridad solicite que sus datos personales no sean públicos, se deberá asegurar la confidencialidad de sus datos. En caso de que se cuente con ella, se deberá mostrar una identificación oficial;

II.- En su caso, el nombre completo, cargo y firma del servidor público de la entidad que recibió la solicitud de inscripción de datos al Registro y el sello de la dependencia;

III.- La firma y huella dactilar de la persona que solicita el registro; en los casos que la persona manifieste no poder o no saber firmar, se tomará como válida la huella dactilar;

IV.- Las circunstancias de modo tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los hechos victimizantes;

V.- El funcionario que recabe la declaración la asentará en forma textual, completa y detallada en los términos que sea emitida;

VI.- Los datos de contacto de la persona que solicita el registro, y

VII.- La información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la persona que solicita el registro, cuando no es la víctima quien lo hace. En caso que el ingreso lo solicite un servidor público deberá detallarse nombre, cargo y dependencia o institución a la que pertenece.

En el caso de faltar información, la Comisión Ejecutiva pedirá a la entidad que tramitó inicialmente la inscripción de datos, que complemente dicha información en el plazo máximo de diez días hábiles. Lo anterior no afecta, en ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron en forma directa al Registro Nacional o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado.

Artículo 100. Será responsabilidad de las entidades e instituciones que reciban solicitudes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas:

I.- Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro Nacional de Víctimas sean atendidas de manera preferencial y orientadas de forma digna y respetuosa;

II.- Para las solicitudes de ingreso en el Registro tomadas en forma directa, diligenciar correctamente, en su totalidad y de manera legible, el formato único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva;

III.- Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la declaración, de acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva determine;

IV.- Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva, estatales o del Distrito Federal según la competencia;

V.- Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos de la diligencia;

VI.- Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el principio de participación conjunta consagrado en esta Ley;

VII.- Indagar las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad la solicitud de registro;

VIII.- Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por el declarante y relacionar el número de folios que se adjunten con la declaración;

IX.- Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley, y a las relativas a la Protección de Datos Personales;

X.- Entregar una copia o recibo o constancia de su solicitud de registro a las víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud, y

XI.- Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión Ejecutiva.

Bajo ninguna circunstancia la autoridad podrá negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas que se refiere la presente Ley.

Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.

Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles.

Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión respectiva. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.

La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima, conforme lo establece el Título Tercero de esta Ley.

No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:

I.- Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente;

II.- ...

III.- La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución;

IV.- Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia, y

V.- Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.

Artículo 102. La víctima tendrá derecho, además, a conocer todas las actuaciones que se realicen a lo largo del proceso de registro. Cuando sea un tercero quien solicite el ingreso, deberá notificársele por escrito si fue aceptado o no el mismo.

Artículo 103. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas cuando, después de realizada la valoración contemplada en el artículo 101, incluido haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, la Comisión Ejecutiva o sus equivalentes en las entidades federativas encuentren que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes de tal forma que sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general.

La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse, o a quien haya solicitado la inscripción con el fin de que la víctima pueda interponer, si lo desea, recurso de reconsideración de la decisión ante la Comisión Ejecutiva para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento de la presente Ley.

La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para hacer la notificación personal se le enviará a la víctima una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el formato único de declaración o en los demás sistemas de información a fin de que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.

Artículo 104. La información sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas incluirá:

I.- El relato del hecho victimizante, como quedó registrado en el formato único de declaración. El relato inicial se actualizará en la medida en que se avance en la respectiva investigación penal o a través de otros mecanismos de esclarecimiento de los hechos;

II.- La descripción del daño sufrido;

III.- La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el hecho victimizante;

IV.- La identificación de la víctima o víctimas del hecho victimizante;

V.- La identificación de la persona o entidad que solicitó el registro de la víctima, cuando no sea ella quien lo solicite directamente;

VI.- La identificación y descripción detallada de las medidas de ayuda y de atención que efectivamente hayan sido garantizadas a la víctima;

VII.- La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que, en su caso, hayan sido otorgadas a la víctima, y

VIII.- La identificación y descripción detallada de las medidas de protección que, en su caso, se hayan brindado a la víctima.

La información que se asiente en el Registro Nacional de Víctimas deberá garantizar que se respeta el enfoque diferencial.

Artículo 105. La Comisión Ejecutiva elaborará un plan de divulgación, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el Registro Nacional de Víctimas. Las entidades encargadas de recibir y tramitar la inscripción de datos en el Registro garantizarán la implementación de este plan en los respectivos órdenes federal, estatal y municipal.

CAPITULO V

INGRESO DE LA VICTIMA AL REGISTRO

Artículo 106. El ingreso de la víctima al Registro se hará por la denuncia, la queja, o la noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, el organismo público de protección de derechos humanos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.

Artículo 107. Toda autoridad que tenga contacto con la víctima, estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración. El Ministerio Público, los defensores públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y las comisiones de derechos humanos no podrán negarse a recibir dicha declaración.

Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal para realizar su declaración, las cuales tendrán la obligación de recibirla, entre las cuales en forma enunciativa y no limitativa, se señalan las siguientes:

I.- Embajadas y consulados de México en el extranjero;

II.- Instituciones de salud y educación, ya sean públicas o privadas;

III.- Institutos de Mujeres;

IV.- Albergues;

V.- Defensoría Pública, y

VI.- Síndico municipal.

Artículo 108. Una vez recibida la denuncia, queja o noticia de hechos, deberán ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no excederá de veinticuatro horas.

En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de readaptación social.

Cuando un servidor público, en especial los que tienen la obligación de tomar la denuncia de la víctima sin ser autoridad ministerial o judicial, tenga conocimiento de un hecho de violación a los derechos humanos, como: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, desaparición forzada, ejecución arbitraria, violencia sexual, deberá denunciarlo de inmediato.

Artículo 109. Cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al Registro, aportando con ello los elementos que tenga.

Cuando la víctima sea mayor de 12 años podrá solicitar su ingreso al registro por sí misma o a través de sus representantes.

En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso, a través de su representante legal o a través de las autoridades mencionadas en el artículo 99.

Artículo 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:

I.- El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;

II.- El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

III.- El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

IV.- Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y

V.- La Comisión Ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de:

a) El Ministerio Público;

b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o

d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento.

Artículo 111. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:

I.- El acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias, y

II.- En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.

Al reconocerse su calidad de víctima, ésta podrá acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento. El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente.

Artículo 112. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas garantizará los servicios de ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de los extranjeros que hayan sido víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos en México, firmando los convenios de colaboración correspondientes con las autoridades competentes del país donde la víctima retorne y con apoyo de los consulados mexicanos en dicho país.

TITULO SEPTIMO

DE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS

Artículo 113. Los distintos órdenes de gobierno, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

CAPITULO I

DE LA FEDERACION

Artículo 114. Corresponde al Gobierno Federal:

I.- Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas;

II.- Formular y conducir la política nacional integral para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas;

III.- Garantizar en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos internacionales aplicables;

IV.- Elaborar, coordinar y aplicar el Programa a que se refiere la Ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal;

V.- Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las víctimas indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación;

VI.- Realizar a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el apoyo de las Comisiones estatales y del Distrito Federal, y de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;

VII.- Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas para facilitar la actuación de la Comisión Ejecutiva;

VIII.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

IX.- Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;

X.- Garantizar que los derechos de las víctimas y la protección de las mismas sean atendidos de forma preferente por todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias;

XI.- Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa, con base en resultados medibles;

XII.- Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, y

XIII.- Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.

Artículo 115. Corresponde al Gobierno Federal en materia de coordinación interinstitucional.

I.- Instrumentar las medidas necesarias para prevenir violaciones de los derechos de las víctimas;

II.- Diseñar la política integral con un enfoque transversal de género para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas;

III.- Elaborar el Programa en coordinación con el Sistema;

IV.- Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los distintos órdenes de gobierno en materia de reparación integral, no repetición, ayuda y asistencia de las víctimas;

V.- Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VI.- Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

VII.- Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas que así lo requieran;

VIII.- Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas;

IX.- Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

X.- Realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica sobre las víctimas en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, ayuda y protección de las víctimas;

XI.- Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del Programa a los que se refiere esta Ley;

XII.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

XIII.- Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 116. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación y relaciones exteriores, de cada uno de los órdenes de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, deberán:

I.- Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes, programas, líneas de acción, convenios de cooperación y coordinación, entre otros, para garantizar los derechos de las víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos;

II.- Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar a su personal para asegurar el acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas, y con ello lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana;

III.- Canalizar a las víctimas a las instituciones que les prestan ayuda, atención y protección especializada;

IV.- Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto irrestricto de los derechos establecidos en la presente Ley;

V.- Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;

VI.- Participar, ejecutar y dar seguimiento activamente a las acciones del Programa que les corresponda, con la finalidad de diseñar nuevos modelos de prevención y atención a las víctimas, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley;

VII.- Definir y promover al interior de cada institución políticas que promuevan el respeto irrestricto de los derechos humanos, con base en los principios establecidos en la presente Ley, a fin de fomentar la cultura de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas;

VIII.- Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de violaciones a derechos humanos, y en el caso de nacionales que se encuentren en el extranjero, se deberán establecer los mecanismos de información para que conozcan a dónde acudir en caso de encontrarse en calidad de víctimas;

IX.- Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito o de violaciones a derechos humanos, proporcionando la información que sea requerida por la misma, y

X.- Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa.

En materia educativa, las autoridades competentes establecerán un programa de becas permanente para el caso de las víctimas directas e indirectas que se encuentren cursando los niveles de educación primaria, secundaria, preparatoria o universidad en instituciones públicas, con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios. Estos apoyos continuarán hasta el término de su educación superior.

En los casos en que la víctima esté cursando sus estudios en una institución privada, el apoyo se brindará hasta la conclusión del ciclo escolar en curso.

En materia de relaciones exteriores, promover, propiciar y asegurar en el exterior la coordinación de acciones en materia de cooperación internacional de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que garanticen la protección de los derechos de las víctimas, así como intervenir en la celebración de tratados, acuerdos y convenciones internacionales que se vinculen con la protección de los derechos humanos de las víctimas en los que el país sea parte.

Las instituciones del sector salud, de manera integral e interdisciplinaria brindarán atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas, asegurando que en la prestación de los servicios se respeten sus derechos humanos.

Las dependencias e instituciones de seguridad pública deberán salvaguardar la integridad y patrimonio de las víctimas en situación de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios y otras situaciones que impliquen violencia o riesgos inminentes o durante la prevención de la comisión de algún delito o violación a sus derechos humanos.

CAPITULO II

DEL ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 117. En materia de acceso a la justicia, corresponde al Gobierno Federal, a los estados y al Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I.- Promover la formación y especialización de agentes de la Policía Federal Investigadora, agentes del Ministerio Público, Peritos y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos;

II.- Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

III.- Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba atención médica de emergencia;

IV.- Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;

V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;

VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;

VII. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas y garantizar la seguridad de quienes denuncian;

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, y las normas reglamentarias aplicables.

CAPITULO III

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Artículo 118. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I.- Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

II.- Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;

III.- Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;

IV.- Participar en la elaboración del Programa;

V.- Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

VI.- Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa;

VII.- Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

VIII.- Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

IX.- Promover programas de información a la población en la materia;

X.- Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados;

XI.- Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;

XII.- Rendir ante el Sistema un informe anual sobre los avances de los programas locales;

XIII.- Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;

XIV.- Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de los programas estatales;

XV.- Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;

XVI.- Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;

XVII.- Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y

XVIII.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales.

Las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación a favor y apoyo a las víctimas.

CAPITULO IV

DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes:

I.- Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

II.- Coadyuvar con el Gobierno Federal y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema;

III.- Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

IV.- Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;

V.- Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;

VI.- Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;

VII.- Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;

VIII.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

IX.- Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales aplicables.

CAPITULO V

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Artículo 120. Todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán los siguientes deberes:

I.- Identificarse oficialmente ante la víctima, detallando nombre y cargo que detentan;

II.- Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta Ley, en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 5 de la presente Ley;

III.- Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de Derechos Humanos;

IV.- Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos;

V.- Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos administrativos y jurídicos destinados a la administración de justicia y conceder una reparación no generen un nuevo daño, violación, o amenaza a la seguridad y los intereses de la víctima, familiares, testigos o personas que hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir nuevas violaciones;

VI.- Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación de la víctima en los términos del artículo 5 de la presente Ley;

VII.- Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y procedimientos que se establecen o reconocen en la presente Ley;

VIII.- Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre ellos, los documentos de identificación y las visas;

IX. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así como a los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos por esta Ley;

X.- Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante los organismos públicos de derechos humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta Ley reciban. Dicha presentación oficial deberá hacerse dentro de los tres días hábiles contados a partir de que la víctima, o su representante, formuló o entregó la misma;

XI.- Ingresar a la víctima al Registro Nacional de Víctimas, cuando así lo imponga su competencia;

XII.- Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios o pruebas que obren en su poder, cuando éstos le sean requeridos o se relacionen con la denuncia, queja o solicitud que la víctima haya presentado en los términos de la presente Ley;

XIII.- Investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no vulnerar más los derechos de las víctimas;

XIV.- Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de todo derecho y garantía así como de mecanismos, procedimientos y acciones contempladas en esta Ley;

XV.- Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas, así como la identificación de personas, cadáveres o restos encontrados;

XVI.- Prestar ayuda para restablecer el paradero de las víctimas, recuperarlos, identificarlos y en su caso, inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las tradiciones o prácticas culturales de su familia y comunidad;

XVII.- Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y específica, las medidas necesarias para lograr que cese la violación de derechos humanos denunciada o evidenciada;

XVIII.- Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, conceder entrevistas y demás solicitudes que les requieran los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, cuando éstas sean realizadas en el ámbito de su competencia y con el objeto de investigar presuntas violaciones a derechos humanos, y

XIX.- Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes, gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier índole.

XX. Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de oficio. La vista en ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho.

El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores públicos, será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal correspondiente.

Artículo 121. Todo particular que ejerza funciones públicas en virtud de mecanismos de concesión, permiso, contratación o cualquier otro medio idóneo, estará sujeto a los deberes antes detallados, con los alcances y limitaciones del ámbito de su competencia. Las obligaciones regirán desde el primer momento en que tenga contacto con la víctima en cumplimento de las medidas a que se refieren los títulos Tercero y Cuarto de esta Ley.

Artículo 122. Toda alteración en los registros o informes generará responsabilidad disciplinaria por quien lo refrende o autorice, asimismo generará responsabilidad subsidiaria de su superior jerárquico. Ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que se generen.

CAPITULO VI

DEL MINISTERIO PUBLICO

Artículo 123. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo siguiente:

I.- Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;

II.- Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta Ley, en especial el deber legal de búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas;

III.- Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la víctima, así como el ejercicio de otros derechos;

IV.- Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario;

V.- Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley;

VI.- Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio;

VII.- Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley;

VIII.- Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley a través de instituciones como la conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y ejercicio de las mismas se realice con pleno conocimiento y absoluta voluntariedad;

IX.- Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso;

X.- Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia, y

XI.- Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

CAPITULO VII

DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL

Artículo 124. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su competencia:

I.- Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los tratados internacionales;

II.- Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las violaciones de derechos humanos o comisión de ciertos ilícitos;

III.- Imponer las sanciones disciplinarias pertinentes;

IV.- Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellos se presenten;

V.- Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, y sus bienes jurídicos;

VI.- Garantizar que la opción y ejercicio de las medidas alternativas de resolución de conflictos se realice en respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad;

VII.- Velar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus intereses y derechos, aunque no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;

VIII.- Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no jurisdiccionales que solicite, incluso cuando no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;

IX.- Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus derechos o intereses;

X.- Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso, y

XI.- Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención a víctimas de delito y reparación integral.

CAPITULO VIII

DEL ASESOR JURIDICO DE LAS VICTIMAS

Artículo 125. Corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas:

I.- Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral;

II.- Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos que reconoce esta Ley;

III.- Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;

IV.- Formular denuncias o querellas;

V.- Representar a la víctima en todo procedimiento penal;

VI.- Informar y asesorar a la víctima sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos, y velar por que las mismas se realicen en estricto respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad, y

VII.- Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor Jurídico de las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público.

CAPITULO IX

DE LOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS

DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 126. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, los funcionarios de organismos públicos de protección de derechos humanos, en el ámbito de su competencia, deberán:

I.- Recibir las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos;

II.- Recibir las denuncias por presuntos hechos delictivos y remitir las mismas al Ministerio Público;

III.- Investigar las presuntas violaciones a derechos humanos;

IV.- Respetar, en el marco de sus investigaciones, los protocolos internacionales para documentación de casos de presuntas violaciones de derechos humanos;

V.- Solicitar, cuando sea conducente, medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, familiares o bienes jurídicos;

VI.- Dar seguimiento a las solicitudes que plantee ante la autoridad ejecutiva o judicial; en caso de advertir omisiones o incumplimientos por la autoridad o particular, denunciar las mismas por las vías pertinentes;

VII.- Utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para que de manera eficaz y oportuna, se busque fincar las responsabilidades administrativas, civiles o penales por graves violaciones a derechos humanos, y

VIII.- Recomendar las reparaciones a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos con base en los estándares y elementos establecidos en la presente Ley.

CAPITULO X

DE LAS POLICIAS

Artículo 127. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, y las disposiciones específicas contempladas en los ordenamientos respectivos, a los miembros de las policías de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, les corresponde:

I.- Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;

II.- Permitir la participación de la víctima y su defensor en procedimientos encaminados a la procuración de justicia, así como el ejercicio de su coadyuvancia;

III.- Facilitar el acceso de la víctima a la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la verdad;

IV.- Colaborar con los tribunales de justicia, el ministerio público, las procuradurías, contralorías y demás autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas;

V.- Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en concordancia con el artículo 5 de la presente Ley;

VI.- Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de los derechos humanos, y

VII.- Mantener actualizados los registros en cumplimiento de esta Ley y de las leyes conforme su competencia.

CAPITULO XI

DE LA VICTIMA

Artículo 128. A la víctima corresponde:

I.- Actuar de buena fe;

II.- Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad, siempre que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes jurídicos;

III.- Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así se lo solicite, y por el lapso que se determine necesario, y

IV.- Cuando tenga acceso a información reservada, respetar y guardar la confidencialidad de la misma.

Artículo 129. Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y respetar que la misma haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque esto implique ausentismo.

TITULO OCTAVO

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL

CAPITULO I

OBJETO E INTEGRACION

Artículo 130. El Fondo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos de esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten.

Artículo 131. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo, además de los requisitos que al efecto establezca esta Ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro a efecto de que la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.

Artículo 132. El Fondo se conformará con:

I.- Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso.

El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.

II.- El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales o en la legislación respectiva;

III.- Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad;

IV.- El monto de las reparaciones del daño no reclamadas;

V.- Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie las personas físicas o morales de carácter público, privado o social nacionales o extranjeros de manera altruista;

VI.- Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo;

VII.- Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley, y

VIII.- Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.

La constitución del Fondo será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la víctima y los de esta Ley se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y las disposiciones correspondientes.

Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

Artículo 133. El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal, así como de los diversos gravámenes a que puedan estar sujetas las operaciones que se realicen por el Fondo.

Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las disposiciones necesarias para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.

Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, y por decisión de la Comisión Ejecutiva se podrá crear un fondo de emergencia para los apoyos establecidos en el Título Tercero de esta Ley, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado.

La Comisión Ejecutiva, en un plazo máximo de diez días, determinará los apoyos económicos de emergencia que se requieran.

CAPITULO II

DE LA ADMINISTRACION

Artículo 136. El Fondo será administrado por la Comisión Ejecutiva siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Artículo 137. Los recursos del Fondo serán administrados y operados por medio de un fideicomiso público.

Artículo 138. El titular del Fondo deberá:

I.- Administrar cautelosamente los recursos que conforman el Fondo a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de ésta Ley;

II.- Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al mismo;

III.- Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante el Pleno de la Comisión Ejecutiva, y

IV.- Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo.

Artículo 139. Los recursos del Fondo se aplicarán también para otorgar a la víctima los apoyos a que se refieren los títulos Tercero y Cuarto, y, en los casos de víctimas de delitos o de violación a derechos humanos, a la medida de compensación, en los términos de esta Ley y conforme al Reglamento respectivo.

La Comisión Ejecutiva determinará el apoyo o asistencia que corresponda otorgar a la víctima de los recursos del Fondo incluida la compensación, previa opinión que al respecto emita el Comité interdisciplinario evaluador.

Artículo 140. El Fondo será fiscalizado anualmente por la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 141. La Federación se subrogará en los derechos de las víctimas para cobrar el importe que por concepto de compensación haya erogado en su favor con cargo al Fondo.

Para tal efecto, se aportarán a la Federación los elementos de prueba necesarios para el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación.

El Ministerio Público estará obligado a ofrecer los elementos probatorios señalados en el párrafo anterior, en los momentos procesales oportunos, a fin de garantizar que sean valorados por el juzgador al momento de dictar sentencia, misma que deberá prever de manera expresa la subrogación a favor de la Federación en el derecho de la víctima a la reparación del daño y el monto correspondiente a dicha subrogación, en los casos en que así proceda.

En el caso de las compensaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial correspondiente.

Artículo 142. La Federación ejercerá el procedimiento económico coactivo para hacer efectiva la subrogación del monto de la reparación conforme a las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la vía civil, para cobrar la reparación del daño del sentenciado o de quien esté obligado a cubrirla, en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 143. El Reglamento precisará el funcionamiento, alcance y criterios específicos de asignación de recursos del Fondo.

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 144. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva de conformidad con lo señalado por esta Ley y su Reglamento.

Quien reciba la solicitud la remitirála Comisión Ejecutiva o comisiones de víctimas en un plazo que no podrá exceder los dos días hábiles.

Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva lo turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la propuesta que el comisionado presidente presente al Pleno de la Comisión Ejecutiva para determinar el apoyo o ayuda que requiera la víctima.

Artículo 146. El comité interdisciplinario evaluador deberá integrar dicho expediente en un plazo no mayor de cuatro días, el cual deberá contener como mínimo:

I.- Los documentos presentados por la víctima;

II.- Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima;

III.- Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y

IV.- En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos.

Artículo 147. En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse además:

I.- Estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario evaluador en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización;

II.- Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación;

III.- Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y

IV.- Propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda.

La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad del Comité lograr la integración de la carpeta respectiva.

Artículo 148. Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación del comité interdisciplinario evaluador para que integre la carpeta con los documentos señalados en el artículo anterior, analice, valore y concrete las medidas que se otorgarán en cada caso.

El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de la ayuda.

La Comisión Ejecutiva deberá integrar el expediente completo en un plazo no mayor a veinte días hábiles y resolver con base a su dictamen la procedencia de la solicitud.

Artículo 149. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima:

I.- Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar y /o otras formas de reparación;

II.- No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron;

III.- No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y

IV.- Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva.

Artículo 150. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando:

I.- La condición socioeconómica de la víctima;

II.- La repercusión del daño en la vida familiar;

III.- La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;

IV.- El número y la edad de los dependientes económicos; y

V.- Los recursos disponibles en el Fondo.

CAPITULO IV

DE LA REPARACION

Artículo 151. Si el Estado no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de compensación, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, deberá justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor, o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.

Artículo 152. Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no haya sido dada por autoridad judicial u organismo nacional o internacional de protección de los derechos humanos, ésta deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva. Si la misma no fue documentada en el procedimiento penal, esta Comisión procederá a su documentación e integración del expediente conforme lo señalan los artículos 145, 146 y 169.

Artículo 153. Cuando parte del daño sufrido se explique a consecuencia del actuar u omitir de la víctima, dicha conducta podrá ser tenida en cuenta al momento de determinar la indemnización.

Artículo 154. Cuando el daño haya sido causado por más de un agente y no sea posible identificar la exacta participación de cada uno de ellos, se establecerá una responsabilidad subsidiaria frente a la víctima, y se distribuirá el monto del pago de la indemnización en partes iguales entre todos los cocausantes previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 155. Las medidas de ayuda y asistencia podrán ser de diversa índole, en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. La reparación integral deberá cubrirse mediante moneda nacional, con la excepción de que se podrá pagar en especie de acuerdo a la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva.

Artículo 156. La Comisión Ejecutiva tendrá facultades para cubrir las necesidades en términos de asistencia, ayuda y reparación integral, a través de los programas gubernamentales federales, estatales o municipales con que se cuente.

Artículo 157. Cuando proceda el pago de la reparación, el fondo registrará el fallo judicial que lo motivó y el monto de la indemnización, que será de consulta pública.

TITULO NOVENO

DE LA CAPACITACION, FORMACION, ACTUALIZACION Y ESPECIALIZACION

Artículo 158. Los integrantes del Sistema que tengan contacto con la víctima en cumplimento de medidas de atención, asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberán incluir dentro de sus programas contenidos temáticos sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por esta Ley; así como las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la Constitución y tratados internacionales, protocolos específicos y demás instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.

Dichas entidades deberán diseñar e implementar un sistema de seguimiento que logre medir el impacto de la capacitación en los miembros de sus respectivas dependencias. A dicho efecto deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y quejas hechas contra dichos servidores, las sanciones impuestas, las entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas.

Artículo 159. Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y reconocimiento de servidores públicos que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su servicio a víctimas en cumplimento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir dentro de los criterios de valoración, un rubro relativo a derechos humanos.

Artículo 160. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en cumplimiento con las facultades atribuidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá disponer lo pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la presente Ley sean parte de las estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como los de supervisión de los programas correspondientes en los institutos de capacitación.

Artículo 161. Los servicios periciales federales y de las entidades federativas deberán capacitar a sus funcionarios y empleados con el objeto que la víctima reciba atención especializada de acuerdo al tipo de victimización sufrido, y tenga expeditos los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de derechos humanos.

Artículo 162. Los institutos y academias que sean responsables de la capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos ministeriales, policiales y periciales federales, estatales y municipales, deberán coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los Programas Rectores de Profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los lineamientos mínimos impuestos por el presente capítulo de esta Ley.

Asimismo deberán proponer convenios de colaboración con universidades y otras instituciones educativas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de brindar formación académica integral y de excelencia a los servidores públicos de sus respectivas dependencias.

Las obligaciones enunciadas en el presente artículo rigen también para las entidades homólogas de capacitación, formación, actualización y especialización de los miembros del Poder Judicial y Secretaría de Defensa Nacional, en los distintos órdenes de gobierno.

Artículo 163. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las instituciones públicas de protección de los derechos humanos en las entidades federativas deberán coordinarse con el objeto de cumplir cabalmente las atribuciones a ellas referidas.

Dichas instituciones deberán realizar sus labores prioritariamente enfocadas a que la asistencia, apoyo, asesoramiento y seguimiento sea eficaz y permita un ejercicio real de los derechos de las víctimas.

Artículo 164. Como parte de la asistencia, atención y reparación integral, se brindará a las víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional.

La formación y capacitación se realizará con enfoque diferencial y transformador. Se ofrecerá a la víctima programas en virtud de su interés, condición y contexto, atendiendo a la utilidad de dicha capacitación o formación. El objeto es brindar a la víctima herramientas idóneas que ayuden a hacer efectiva la atención y la reparación integral, así como favorecer el fortalecimiento y resiliencia de la víctima.

Asimismo deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica que le permita optar sobre los programas, planes y rutas de capacitación y formación más idóneos conforme su interés, condición y contexto.

Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma. Cuando en el Gobierno Federal, entidades federativas o el Gobierno del Distrito Federal no cuenten con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, deberán crear los programas y planes específicos.

TITULO DECIMO

DE LA ASESORIA JURIDICA FEDERAL Y

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE ATENCION A VICTIMAS

CAPITULO UNICO

Artículo 165. Se crea en la Comisión Ejecutiva, la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas, área especializada en asesoría jurídica para víctimas.

Las entidades federativas deberán crear en el ámbito de sus respectivas competencias su propia Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas o, en su caso, adaptar las estructuras previamente existentes en los términos de esta Ley.

Las Asesorías Jurídicas de Atención a Víctimas de las entidades federativas serán, del mismo modo, órganos dependientes de la unidad análoga a la Comisión Ejecutiva que exista en la entidad, gozarán de independencia técnica y operativa y tendrán las mismas funciones, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 166. La Asesoría Jurídica estará integrada por asesores jurídicos de atención a víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.

Contará con una Junta Directiva, un Director General y las unidades administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señalen las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 167. La Asesoría Jurídica Federal tiene a su cargo las siguientes funciones:

I.- Coordinar el servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar los derechos de las víctimas contenidos en esta Ley, en tratados internacionales y demás disposiciones aplicables;

II.- Coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos del fuero federal, a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral;

III.- Seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la Asesoría Jurídica Federal;

IV.- Designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito, por cada Juzgado Federal que conozca de materia penal y Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando menos a un Asesor Jurídico de las Víctimas y al personal de auxilio necesario;

V.- Celebrar convenios de coordinación con todos aquellos que pueden coadyuvar en la defensa de los derechos de las víctimas, y

VI.- Las demás que se requiera para la defensa de los derechos de las víctimas.

La Asesoría Jurídica de las entidades federativas tendrán las mismas funciones en el ámbito de su competencia.

Artículo 168. La víctima tendrá derecho a nombrar un Asesor Jurídico el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al Registro. En caso de no contar con abogado particular, la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Federal.

La víctima tendrá el derecho de que su abogado comparezca a todos los actos en los que ésta sea requerida.

El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que quieran o pueden contratar a un abogado particular y en especial a:

I.- Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

II.- Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

III.- Los trabajadores eventuales o subempleados;

IV.- Los indígenas, y

V.- Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

Artículo 169. Se crea la figura del Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas el cual tendrá las funciones siguientes:

I.- Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;

II.- Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendientes a su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como internacional;

III.- Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa;

IV.- Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;

V.- Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación;

VI.- Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta Ley, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables;

VII.- Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;

VIII.- Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que esta las requiera;

IX.- Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor Jurídico Federal de las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público, y

X.- Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.

Artículo 170. Las entidades federativas contarán con Asesores Jurídicos de Atención a Víctimas adscritos a su respectiva unidad de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, los cuales tendrán las funciones enunciadas en el artículo anterior, en su ámbito de competencia.

Artículo 171. Para ingresar y permanecer como Asesor Jurídico se requiere:

I.- Ser mexicano o extranjero con calidad migratoria de inmigrado en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente;

III.- Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes, y

IV.- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año.

Artículo 172. El Asesor Jurídico será asignado inmediatamente por la Comisión Ejecutiva, sin más requisitos que la solicitud formulada por la víctima o a petición de alguna institución, organismo de derechos humanos u organización de la sociedad civil.

Artículo 173. El servicio civil de carrera para los Asesores Jurídicos, comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. Este servicio civil de carrera se regirá por las disposiciones establecidas en las disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 174. El Director General, los Asesores Jurídicos y el personal técnico de la Asesoría Jurídica Federal serán considerados servidores públicos de confianza.

Artículo 175. La Junta Directiva estará integrada por el Director General de la Asesoría Jurídica Federal, quien la presidirá, así como por seis profesionales del Derecho de reconocido prestigio, nombrados por la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Director General.

Los miembros de la Junta Directiva realizarán sus funciones de manera personal e indelegable y durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por otros tres.

Artículo 176. La Junta Directiva podrá sesionar con un mínimo de cuatro miembros y tomará sus decisiones por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el Director General tendrá voto de calidad.

Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos cada dos meses, sin perjuicio de que puedan convocarse por el Director General o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembros de la Junta Directiva, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.

Artículo 177. Son las facultades de la Junta Directiva:

I.- Fijar la política y las acciones relacionadas con la Asesoría Jurídica de las Víctimas;

II.- Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la elevación del nivel profesional de los asesores jurídicos, e igualmente se proporcione a la Junta asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos en que ésta lo requiera;

III.- Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de Asesoría Jurídica Federal;

IV.- Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores sociales y organismos públicos y privados, en temas como capacitación y apoyo;

V.- Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los asesores jurídicos de atención a víctimas;

VI.- Aprobar las bases generales de organización y funcionamiento de la Asesoría Jurídica Federal;

VII.- Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración de la Comisión Ejecutiva;

VIII.- Aprobar los lineamientos generales para la contratación de peritos y especialistas en las diversa áreas del conocimiento en que se requieran;

IX.- Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Asesoría Jurídica Federal;

X.- Examinar y aprobar los informes periódicos que someta a su consideración el Director General, y

XI.- Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 178. El Director General de la Asesoría Jurídica Federal, será designado por el voto de la mayoría absoluta de la Comisión Ejecutiva y durará tres años en su cargo, pudiendo ser reelecto hasta por tres años más.

Artículo 179. El Director General de la Asesoría Jurídica Federal deberá reunir para su designación, los requisitos siguientes:

I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II.- Acreditar experiencia de tres años en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con las materias afines a sus funciones; y poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de cinco años computada al día de su designación, y

III.- Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la reputación de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta.

La Comisión Ejecutiva procurará preferir, en igualdad de circunstancias, a quien haya desempeñado el cargo de Asesor Jurídico, defensor público o similar.

Artículo 180. El Director General de la Asesoría Jurídica Federal tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de Asesoría Jurídica de las Víctimas que se presten, así como sus unidades administrativas;

II.- Conocer de las quejas que se presenten contra los Asesores Jurídicos de atencióna víctimas y, en su caso, investigar la probable responsabilidad de los empleados de la Asesoría Jurídica Federal;

III.- Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a los Asesores Jurídicos; determinando, si han incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de los empleados de la Asesoría Jurídica Federal;

IV.- Proponer a la Junta Directiva las políticas que estime convenientes para la mayor eficacia de la defensa de los derechos e intereses de las víctimas;

V.- Proponer a la Comisión Ejecutiva, las sanciones y correcciones disciplinarias que se deban imponer a los Asesores Jurídicos;

VI.- Promover y fortalecer las relaciones de la Asesoría Jurídica Federal con las instituciones públicas, sociales y privadas que por la naturaleza de sus funciones puedan colaborar al cumplimiento de sus atribuciones y de manera preponderante con las Asesorías Jurídicas de Atención Víctimas de las entidades federativas.

VII.- Proponer a la Junta Directiva el proyecto de Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Asesoría Jurídica Federal, así como un programa de difusión de sus servicios;

VIII.- Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada uno de los Asesores Jurídicos que pertenezcan a la Asesoría Jurídica Federal, el cual deberá ser publicado;

IX.- Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración de la Junta Directiva, y

X.- Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 182-R.- Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán destinados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada Ley, a la compensación a que se refiere el artículo 69 de la Ley General de Víctimas. Una vez cubierta dicha compensación o en aquellos casos en que la misma no sea procedente, los recursos restantes o su totalidad se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para efecto de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.

TERCERO.-Todas las autoridades, de los distintos órdenes de gobierno, relacionadas con el cumplimiento de esta Ley, deberán adecuar su normatividad interna para efectos del cumplimiento del Artículo Noveno Transitorio de la ley vigente.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 21de marzo de 2013.

COMISION DE GOBERNACION

COMISION DE JUSTICIA

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Romo.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, muchas gracias, nada más para preguntar a la Mesa, ¿podríamos obviar o dispensar la primera lectura?

- El C. Presidente Aispuro Torres: La primera lectura ya quedó, queda de primera lectura el dictamen.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) ¿En qué momento sería entonces la segunda discusión para proceder a su votación?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tenemos en listados una serie de dictámenes de segunda lectura y que entran, por ende, a discusión, entonces éste sería ahorita de primera lectura, inmediatamente pasamos a los dictámenes que están considerados ya para la segunda lectura y discusión.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Bueno, con ese criterio continuamos, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romo Medina. Saludo la presencia de miembros de la Asociación Civil “Líderes Juaristas”, invitados por el Senador Teófilo Torres Corzo, bienvenidos.

(Aplausos)

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, sean tan amables de levantara la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión. Para hablar a nombre de las comisiones dictaminadoras, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, hay que reconocer a sus integrantes el dictamen a favor de esta iniciativa que hoy sometemos a su consideración, para que este Pleno reconozca el concepto de violencia política de género.

Y es que no hay país, no hay partido, no hay estado o municipio en todo el mundo en donde no se haya vivido esta realidad.

Estamos cumpliendo 60 años de tener derechos políticos las mujeres en México y, sin embargo, falta mucho por alcanzar esta paridad.

Hay que reconocer que hoy más mujeres estamos aquí en las Cámaras, sin embargo, todavía falta que su incorporación se dé más en los temas económicos, políticos. Requerimos de que esta participación no tenga obstáculos en el ejercicio de las funciones, ya sea por cargos de elección popular o bien como funcionarias públicas.

A nivel internacional este tema ha cobrado gran importancia. En el mes de marzo, que estamos por concluir, en la ONU fue el tema primordial, y esto va en torno a que la participación de las mujeres en política han tenido obstáculos culturales, económicos, sociales también, pero sobre todo que hoy necesitamos que esta desigualdad de poder se refleje no sólo en la dificultad de acceder a dichos espacios, sino a los riesgos que han tenido que enfrentar a medida que la participación política se ha incrementado.

Desde Elvia Carrillo Puerto, que resultó la primera mexicana electa Diputada al Congreso Local por el Distrito Quinto de Yucatán en 1923, sin embargo, al desempeñar su cargo, por dos años, renunció debido a las amenazas de muerte que recibió.

El caso emblemático de “Las Juanitas”, en donde el Tribunal Electoral tuvo que emitir una sentencia, que existe ahí una mala interpretación de la denominada paridad de género en la que las mujeres candidatas a puestos de elección popular fueron condicionadas a renunciar para el ingreso de sus suplentes hombres.

El caso de Eufrosina Cruz, en el que una mujer indígena de Oaxaca gana por elección popular una presidencia municipal, sin embargo, ahí en ese municipio no se aceptó su nombramiento debido al tema de género.

Otro ejemplo a nivel internacional, es el reciente caso del domingo, de la alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, que está siendo expuesta a un proceso de revocación de su mandato a la luz de una realidad a la que las mujeres alcaldesas se les exigen resultados y rendimientos de desempeño, diferentes medidas y son sometidas a lo que es un constante desgaste y acoso político.

Bolivia ya hizo una reforma y es uno de los casos latinoamericanos que tiene este concepto. Hay otros casos de regidoras, legisladoras, alcaldesas, pero también quienes ejercen como una actividad política, recordemos la niña Malala, que por exigir educación en su país le hacen dos disparos en la cabeza y en el cuello.

El día de ayer sale para incorporarse nuevamente a la educación, y así podemos señalar que no obstante mientras la violencia política contra las mujeres continúe sin ser reconocida y no se visibilice la realización de acciones que le pongan fin, y el acceso de las mujeres a la toma de decisiones en condiciones de igualdad, continuará siendo la paridad una asignación pendiente.

Es por ello que hoy les solicito, y seguramente no solamente las mujeres de este recinto, las mujeres que hoy están viendo una posibilidad de tener un profesionalismo en la política, que puedan tener garantías de tener acceso a sus derechos políticos y ejercerlos con esta libertad.

¿Qué significa violencia política de género? Pues son las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias personas por sí o a través de terceros que causen daño físico, psicológico, sexual en contra de una o varias mujeres y/o de sus familias en el ejercicio de su representación política.

No confundir con otro tipo de difamaciones, es en el ejercicio de la representación política para impedir su función o para el acceso a estas funciones, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad o incluso de la ley.

Asimismo, se enumeran considerados actos de violencia política contra las mujeres y sus diversas manifestaciones. Se reforma también el COFIPE para incluirla con sanciones administrativas. Establecer mecanismos administrativos es importante y es necesario que un análisis jurídico se haga en torno a este tema.

Nuestra propuesta ante la ONU fue que ONU Mujeres realice un diagnóstico por países sobre la violencia política de género y que los países lo tomen como su agenda.

Por todo lo anterior, les recordamos que estaríamos siendo congruentes con convenciones internacionales, con acuerdos, plataformas que tienen que ver con el género y los asuntos de las mujeres.

Con base en todo esto ponemos a su consideración este dictamen, no sin antes recalcar que el avance político de las mujeres en condiciones de igualdad y libre de violencia no serán beneficio sólo de nosotras las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto propiciando mejores condiciones que hagan una transformación de nuestro país por el bien de nuestro desarrollo.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Informo a la Asamblea que está a discusión en lo general el dictamen, y se han inscrito oportunamente las Senadoras Adriana Díaz Lizama, del PAN y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Díaz Lizama, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy se pone a nuestra consideración el dictamen que contiene reformas importantes y adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La reforma que fue sometida al análisis de las integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género y a la Comisión de Estudios Legislativos, centra sus esfuerzos en la inclusión del concepto “violencia política de género”. Este dictamen aplica, y aplicará no sólo para las mujeres de hoy, sino para las mujeres que el día de mañana quieran incursionar en el mundo de la política.

Sin duda, la violencia física es una encomienda en la que debemos seguir trabajando, pero ahora toca el turno de ser atendida la forma de violencia que aquí pretendemos prevenir. En este punto es donde radica lo ambicioso, a la vez de necesario, de lo que la reforma se propone.

No es extensa la literatura, mucho menos el cúmulo de acciones. Es respecto de la violencia política de género que hoy presentamos, pero son múltiples los hechos que acontecen y que la llevan implícita.

No obstante lo anterior, habrá quienes duden de la existencia de este tipo de violencia, sin embargo, para ejemplificarla basta recordar que en la sesión anterior del martes pasado en esta Cámara Alta, presenté un caso típico de violencia política de género llevado a cabo por el gobierno del estado de Yucatán a través de su titular en contra de una alcaldesa, de una joven alcaldesa de apenas 22 años al disponer de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para impedir el despacho de las funciones de la alcaldesa en el edificio público correspondiente, impidiéndole también el acceso, sólo por ser gente afín a otro partido político, y no quiero, y subrayo que el gobierno no quiere, porque no es que no pueda, exigir que se paguen las contribuciones establecidas en la ley.

El caso de Yucatán es sólo un ejemplo de la utilidad y adecuación a la realidad de las reformas propuestas, pues tenemos que un hombre en el poder usa los medios del estado para impedir que una mujer, que por voluntad popular llega al cargo público, lo ejerza, eso, Senadores y Senadoras, es violencia política de género.

Y no podemos permitir que esto siga aconteciendo en el México de hoy, por eso se propone incluir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disposiciones que impidan que las mujeres en campañas políticas, o en el ejercicio de sus cargos públicos, sean objeto de estereotipos, discriminación, que no reciban información falsa o se merme, impida y restrinja el uso de sus derechos políticos al ser representantes, así como de otras acciones que permitan el respeto a la dignidad de las mujeres en igualdad de condiciones.

Por ello, Senadoras y Senadores, solicito su voto a favor de este dictamen. Dictamen puesto a nuestra consideración porque apoyar a las alcaldesas, a las futuras gobernadoras, Diputadas, Senadoras, funcionarias públicas municipales, estatales o federales, en el efectivo ejercicio de un cargo público, o a la ciudadanas que decidan postular sus ideas, sus energías y sus fuerzas en las urnas para el bien de su comunidad, es una forma en que nosotros los representantes podemos garantizar, a los ciudadanos, la igualdad entre hombres y mujeres.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Adriana Díaz Lizama.

Sonido en el escaño de la Senadora Maki Esther Domínguez.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Domínguez, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

Cualquiera pensaría que la violencia solamente es “que impedíamos las Juanitas”, que impidamos que participen las mujeres, pero la violencia también es no tener oportunidades o las oportunidades que merecen las mujeres.

Cualquiera pensaría que aquí en el Senado las mujeres Senadoras hemos alcanzado este reconocimiento y equidad, sin embargo, preocupa la numeraria del Senado, la del Congreso Federal y la de los congresos locales.

Aquí existen 69 comisiones ordinarias, 18 presididas por mujeres, siete especiales, tres presididas por mujeres; de estas 18 comisiones ordinarias sólo dos son económicas, sólo dos comisiones económicas son presididas por mujeres y una comisión especial.

De las sociales sí presidimos seis, ahí estamos la mayoría, dos de las especiales, de las políticas, presidimos once, cinco son de Relaciones Exteriores, también la mayoría están en todas las diferentes Comisiones de Relaciones Exteriores y una parlamentaria.

Y también de repente asusta ver que en las comisiones importantes, como Hacienda, hay 2 mujeres y 13 hombres, en Gobernación hay 3 hombres y en Puntos Constitucionales hay 3 mujeres y 11 hombres; en Energía 1 mujer y 14 hombres; en Comunicaciones 3 mujeres y 12 hombres; en Defensa Nacional, 1 mujer y 9 hombres.

La verdad esta numeralia nos preocupa, nos queda mucho por caminar a las mujeres, tenemos que estar unidas más que nunca para cumplir con nuestra responsabilidad de abrir brecha para todas aquellas que quieren aportar su talento, su educación para la construcción de este país, en el que hoy las mujeres somos mayoría.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Sí, señor Presidente, muchas gracias, le prometo que no me voy a pasar de los cinco minutos, para que no me llame la atención.

Creo que el día de hoy es muy importante para las Senadoras y los Senadores, especialmente quiero felicitar a quien conduce la Comisión Para la Igualdad de Género, porque creo que es una de las comisiones que más trabaja, yo pertenezco a ella, y ciertamente es prácticamente nulo el rezago, y hemos dictaminado por unanimidad, también es una comisión, solamente estamos puras Senadoras y creo que una de las reformas más trascendentales que construye nuevos paradigmas sociales, culturales, estructurales, es la adición de este artículo que hoy se pone a su consideración en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
¿Por qué es un nuevo paradigma? Porque ciertamente estamos trastocando culturas que derivan de estructuras sociales, en donde la mujer o las mujeres habían estado conferidas simplemente por tener un aparato reproductor a los ámbitos domésticos y privados: Al embarazo, a la lactancia, al cuidado de la prole y así hasta el final de sus días, incluso cumpliendo responsabilidades de ese tipo, como abuela, cuando llegaba a esa edad.

Entonces las mujeres empezamos a dejar de ser objetos, empezamos a exigir, cuando empezaron a trabajar las mujeres fuera de su casa, el reconocimiento de sus derechos laborales; las más ilustres, las más formadas, por supuesto exigir el derecho al sufragio, no solamente, sino también a ser votadas, y prácticamente en la mitad del siglo pasado la mayoría de los países democráticos configuran en sus constituciones el reconocimiento al voto de las mujeres y también a ser votadas.

No ha sido suficiente, ha tenido que haber acciones afirmativas, modificaciones a las leyes, algunas efectivamente al marco jurídico fundamental para garantizar la paridad. Primero comenzamos con cuotas de representación, diez, quince, veinte, treinta, cuarenta, como lo dice ahora el COFIPE, pero seguimos insistiendo aunque haya igualdad sustantiva, y las mujeres estemos en las mismas condiciones que los señores, que los hombres en la toma de decisiones, en donde se toman las decisiones del poder, no solamente en el ámbito privado, no solamente criando a nuestra familia, no solamente atendiendo las labores del hogar, no solamente siendo buenas administradoras de nuestra casa, sino también trabajando por el desarrollo del país.

Trabajando por el reconocimiento de los derechos de todos los grupos sociales, ahí sí también nos juntamos con todos esos grupos sociales que están luchando contra cualquier forma de discriminación, por condición de color de piel, por condición de edad, tanto para arriba como para abajo, por su forma de pensar, por su religión etc., incluso por su discapacidad, y así podemos enumerar las distintas formas de discriminación.

Hoy, este nuevo paradigma que constituimos, yo sé, yo sé que causa revuelo, yo sé que incomoda, yo sé que motiva, incluso, reacciones de todo tipo justamente en las que aquí estamos señalando que no deben ser, que ya no deben ser permitidas por parte de algunos señores que creen que nos estamos excediendo; que creen que estamos aprobando dictámenes en donde los señores cuestionan su legalidad, y cuando digo cuestionan su legalidad, lo digo exactamente en el estricto sentido que dice la palabra legalidad.

  Por eso, hoy felicito a esta Asamblea, porque también sé que a pesar de esas diferencias no habrá algún compañero, aún cuando esté oponiéndose, que hoy, igual que lo hizo en el Constituyente del ´53, cuando se confirió en la Constitución nuestro derecho al voto y a ser votadas, hoy también van a aprobar que la violencia política es una violencia de género y tenemos que trabajar para erradicarla.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy vamos a dictaminar 3 iniciativas que fueron debatidas al seno de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, que reforman disposiciones, tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la que estamos debatiendo, como más adelante reformas a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y también a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Yo considero que el conjunto de estos dictámenes vienen no solamente a fortalecer un conjunto de acciones afirmativas a favor de la igualdad y la equidad de género, sino que las implicaciones legislativas y su alcance va a implicar modificaciones sustanciales a las prácticas políticas, a las prácticas comerciales, incluso, cambios profundos a nuestras formas de convivencia, lo que esperemos que eso se traduzca en un cambio en el patrón cultural, en las relaciones de igualdad entre el hombre y la mujer en nuestro país.

En estas modificaciones se define con toda precisión lo que es violencia de género, entendidas como el conjunto de acciones que causen daño físico, psicológico, sexual en contra de una mujer o de varias mujeres o de sus familias, en ejercicio de la representación política, y esto va a entrañar cambios a las prácticas en las campañas electorales, pero también en el desempeño de los órganos de gobierno, entre otros, el desempeño del Poder Legislativo y del Senado de la República.

Dentro de las modalidades de violencia, por supuesto, se considera toda la imposición de estereotipos de género en la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones en su encargo, lo que implicará en entender como violencia de género toda aquella actitud que discrimine la autoridad electa a nuestras compañeras Senadoras designadas o en el ejercicio de la función pública, o incluso, que se divulgue o revele información personal y privada de las mujeres candidatas electas designadas o en el ejercicio de las funciones político-públicas.

Creo que si bien, en gran medida, estas reformas se concentran en la ampliación de los derechos políticos de la mujer, va también a aplicar cambios en otras áreas porque, por ejemplo, todas las sanciones que se establecerán en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales van a abarcar ahora también la difusión de propaganda político-electoral que tenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas y/o que realicen actos de violencia en las políticas de género.

Con ello, también se pretende erradicar la manipulación y súper posición de la propaganda electoral o de los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original que denigre, por supuesto, las acciones políticas de la mujer.

También en la Ley Federal de Protección al Consumidor, anticipo el dictamen que se avecina, se va a aplicar una disposición que va a modificar la forma y el desarrollo de la propaganda electoral, ya que se entenderá por información o publicidad que muestre  estereotipos sexistas, degradantes, peyorativos sobre las mujeres, aquella que presente hechos, acciones, símbolos o expresiones que atribuyen o asocien características denigrantes, de exclusión, de sumisión, de racismo, de burla, de animadversión o cualquier otra forma de discriminación hacia el género femenino, que esperemos sea extensiva para todo el género humano.

Creo que esta acción afirmativa va a tener una enorme trascendencia, que espero que pronto se traduzca, no solamente en una legislación efectiva, sino en el cambio cultural que tanta falta le hace a la sociedad mexicana.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto que nos ocupa. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación emitida.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al registro electrónico de votación, se emitieron 98 votos en pro, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y por el que se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS; Y POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 182-R DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
DE JUSTICIA; DE DERECHOS HUMANOS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por diversos Senadores de la LXII Legislatura ante el H. Congreso de la Unión.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; losartículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 114, 117, 135, 136 y 150 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I.- METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la iniciativa” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

II. ANTECEDENTES

1. El 19 de febrero del 2013, un grupo de ciudadanos pertenecientes a las organizaciones sociales Movimiento Por La Paz con Justicia y Dignidad, México S.O.S, Causa en Común y Alto al Secuestro, se dieron cita en la sede del Senado de la República para entregar a diversos Senadores de la LXII legislatura una propuesta de reformas a la Ley General de Víctimas publicada en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 y solicitaron que conforme a la facultad otorgada en el artículo 71, fracción II, a los senadores de la República, fuera presentado formalmente como iniciativa y se diera el trámite legislativo.

2.En reconocimiento pleno a la lucha por la defensa de los derechos de las víctimas y por su consistente labor en defensa del derecho a la verdad y a la justicia, el mismo 19 de febrero del 2013 en sesión ordinaria del Pleno de la Senado de la República los legisladores hicieron suyo el proyecto de las organizaciones sociales. Así, Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Nueva Alianza y del Partido del Trabajo y el Senador Javier Corral Jurado, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la “iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimiento Penales”. Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8º, fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República.

3. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente.

4. Con fecha 20 de marzo de 2013, en reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, se discutió y aprobó el presente Dictamen.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la iniciativa.

Los proponentes señalan que la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 2013 responde a un enfoque integral de justicia restaurativa para que las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito tengan el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, todo ello a través de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contiene las acciones y programas que deben ser considerados como sustantivos y complementarios para el reconocimiento de la víctima en todos sus ámbitos, individual, familiar y social.

Afirman que la Ley General de Víctimas que se pretende reformar, es un instrumento legal inédito no sólo en nuestro país, sino también en la legislación internacional y recoge las mejores prácticas, preceptos y principios del derecho internacional a favor de la dignidad de las personas. Sin embargo, continúa señalando la Iniciativa, es necesario mejorar su aplicación y viabilidad operativa, por lo que se simplifican y concretizan con precisiones surgidas de diversos actores las obligaciones y tareas del Estado mexicano señaladas en los artículo 1º y 20, apartado “C” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos y a las víctimas del delito en los términos previstos en la fracción XXX del artículo 73.

Con esta iniciativa de reforma, aducen los proponentes se avanza significativamente en el proceso de reconocer, identificar, dignificar y apoyar a quienes fueron víctimas de la violencia, por lo que es necesario modificar el actual ordenamiento para fortalecer su instrumentación y robustecer su ámbito de aplicación.

Por otra parte, entre las principales modificaciones que integran la iniciativa se encuentran las siguientes:

1. En el artículo 4º se agrega la definición de víctimas potenciales con el objeto de establecer con precisión que a las y los defensores de víctimas se les tiene que otorgar protección en caso de que sus derechos a la vida y a la libertad se vean amenazados.

2. El principio referido al enfoque diferencial y especializado, contenido en el artículo 5º, se agrega la frase para reconocer que hay daños que requieren atención especializada a fin de responder a particularidades y el grado de vulnerabilidad de las víctimas; se agrega un segundo párrafo a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Se lleva a cabo la precisión de las autoridades que deben aplicar la ley a fin de abrir el principio de enfoque transformador.

Se especifica que toda autoridad en lugar de la generalidad de cualquier autoridad dentro del principio de máxima protección.

3. El principio que se refiere al mínimo existencial propone la iniciativa incluirlo dentro del artículo 5º, pues es un sustento básico de la Ley General de Víctimas.

4. Se lleva a cabo la simplicidad en la definición de principios como el de participación conjunta, rendición de cuentas y el de evaluación a fin de que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

5. Se referencia en las fracciones I y II del artículo 6º, al Asesor Jurídico federal con sus equivalentes en las entidades federativas.

6. En la fracción VII de dicho artículo se homologa la definición de delito con lo previsto en el Código Penal Federal.

7. Se reforma la fracción IX del artículo 6º, para incorporar la definición de “hecho victimizante” como los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.

8. Por otra parte se adiciona al artículo 6º lo referente al Plan Anual Integral de Atención a Víctimas y lo referente al Programa de Atención Integral a Víctimas que toman la numeración de las fracciones XI y XII, con lo que se recorre la numeración.

9. Se prevé que exista un Registro Federal y uno por cada entidad federativa.

10. Se lleva a cabo la precisión del Reglamento de la Ley General de Víctimas en donde se definirá la reglamentación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

11. Se delimita a la calidad de víctima a las personas físicas a fin de evitar que las personas morales puedan adquirir la calidad de víctimas.

12. Se incluye en la fracción XVIII del artículo 6º la definición de víctima potencial a fin de proteger a quienes prestan asistencia a las víctimas; exceptuándolos de la medida de compensación, excepto si su calidad pasa a ser de víctima directa o indirecta.

13. En el artículo 8º se le agrega la palabra “provisional” a la ayuda que se le otorgará a la víctima a fin de que no haya interpretación del momento en que se inicia la ayuda. Se garantiza que las medidas de ayuda provisional se brinden durante el tiempo que sea necesario para que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

14. Se establece, en el artículo 12º fracción II, que la compensación debe ser expedita y justa.

15. Se elimina el artículo 13 por lo que se recorren en la numeración los subsecuentes.

16. En el artículo 19 de la Iniciativa se modifica el primer párrafo, adicionándose la frase “los hechos” y colocar la referencia a las personas fallecidas; y se fortalece lo referente a personas secuestradas o desaparecidas adicionando un párrafo relacionado al derecho a la víctima desaparecida o secuestrada a fin de que el Estado lleve a cabo su búsqueda y, en su caso, el rescate oportuno.

17. Se garantiza el derecho de una víctima de desaparición a ser protegida por las autoridades competentes (artículo 21 de la Iniciativa).

18.Se incluye el término “protocolos” dentro del artículo 21 de la propuesta, a fin de ajustar la denominación con el derecho internacional.

19. Dentro de ese mismo artículo se incluye un último párrafo en el que se dispone que con independencia de los derechos previstos en la Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición forzada de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición forzada se sujetaránlo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

20. En el artículo 30 de la Iniciativa se adiciona un último párrafo en el que se establecen las hipótesis en las cuales la autoridad que corresponda reembolsará los gastos relacionados con los servicios médicos que la víctima haya realizado; se establece que este reembolso se cubrirá conforme a las normas reglamentarias aplicables.

21. Se incluye dentro del nuevo artículo 31 a la federación en el apoyo para gastos funerarios y se especifica que este apoyo es para las víctimas indirectas cuando la muerte de la víctima directa haya sido por homicidio.

22. Por lo que hace a la propuesta de nuevo artículo 37 se señala que serán las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno las que llevarán a cabo el reembolso de los gastos de conformidad con lo que señalen las normas reglamentarias aplicables.

23. Los artículos 42 y 43 de la Ley publicada el 9 de enero de 2013 se derogan por ser repetidos, por lo que se recorren de nueva cuenta los artículos.

24. En la propuesta de artículo 39 se prevé que serán las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno las que paguen los gastos en materia de transporte.

25. Se sanciona la negligencia de los servidores públicos, artículo 40 de la propuesta.

26. En el artículo 51 (antes 57) se dispone que la víctima o sus familiares tendrán derecho a recibir becas completas de estudio en instituciones públicas, por lo menos hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran.

27. En el artículo 61 (antes 67) se adiciona un párrafo que era parte del artículo 30 de la Ley vigente a fin de complementar la definición de la medida de restitución cuando se trata de la devolución de bienes.

28. Se adiciona un enunciado al párrafo primero del artículo 64 (antes 70) y se incluyen diversas fracciones.

29. En cuanto a la compensación, se establecen las autoridades que deberán intervenir para establecer los términos y montos (artículo 65 de la propuesta).

30. Asimismo se establecen en los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 propuestos los criterios y autoridades que deberán intervenir en la compensación a las víctimas. Es de resaltarse que en el artículo 71 se establece la facultad de las autoridades para repetir en contra del sentenciado por la compensación realizada.

31. Por lo que se refiere al artículo 75 de la propuesta se proponen diversas modificaciones a las fracciones.

32. Dentro del artículo 77 se hace referencia a que si el delincuente o quien viole los derechos humanos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, etc. sólo si el juez así lo ordena, se aplicarán cursos o tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación.

33. Se modifican los párrafos tercero y cuarto del artículo 79 a fin de establecer que “El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las víctimas”. “Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisiones de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables”.

34. En el artículo 80 se completan las autoridades para coordinarse con el objetivo de establecer todos los mecanismos para el cumplimiento de la Ley en lo referente a los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en la Ley.

35. Se adiciona un artículo 81 con XVII fracciones, con el objeto de establecer todas las atribuciones con las que cuenta el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y que no estaban especificadas en la Ley.

36. El artículo 82 de la propuesta simplifica a las autoridades que integran el Sistema.

37. Se adiciona un artículo 83 a fin de establecer el mecanismo de funcionamiento del Sistema.

38. El Capítulo III del Título Sexto es reformado en su denominación para quedar como sigue: “De la estructura operativa del Sistema Nacional de Atención a Víctimas”.

39. En el artículo 84 se integran las características de la Comisión Ejecutiva como órgano operativo del Sistema.

40. Se deja a nivel reglamento las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva (artículo 84 de la propuesta).

41. Se elimina la denominación del Capítulo IV “De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas” a fin de integrar los artículos como parte del Capítulo III el cual se refiere a la operatividad tanto del Sistema como del órgano operativo.

42. En cuanto a la Comisión Ejecutiva (artículo 85 de la propuesta) se determina la integración por siete comisionados; quedando cuatro especialistas en alguna disciplina o materia relacionada con la Ley y tres comisionados representantes de colectivos de víctimas.

43. El artículo 87 establece que la Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado quien durará en funciones dos años, renovable por una ocasión y elegido por los comisionados.

44. En 36 fracciones se definen las funciones y facultades de la Comisión Ejecutiva (artículo 88 de la propuesta).

45. El artículo 89 de la Iniciativa faculta a la Comisión Ejecutiva a celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homólogas estatales y del Distrito Federal, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.

46. En la fracción IX del nuevo artículo 88, se propone que la facultad que se otorgue a la Comisión Ejecutiva en relación con el cumplimiento de las sentencias de obligaciones derivadas de sentencias internacionales sea para asegurar que las víctimas participen en las acciones que permitan garantizar que se cumplan con estas obligaciones.

47. Se modifica el artículo 90 a fin de establecer que cuando haya violaciones de derechos humanos o comisión de delitos, las organizaciones no gubernamentales, los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades federativas, el Congreso de la Unión, los municipios o cualquier otra institución pública o privada que tenga entre sus fines la defensa de los derechos humanos podrán proponer el establecimiento de programas emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral de las víctimas.

48. El contenido del artículo 95 de la Ley vigente se incluye en el segundo párrafo del artículo 93 de la propuesta a fin de adicionar a los niños y niñas como grupo de víctimas a ser eventualmente atendidos por un comité especializado.

49. En el artículo 95 (antes 97) se adiciona la facultad del Comisionado Presidente para coordinar las funciones del registro federal y del Registro Nacional.

50. Dentro del artículo 96 (antes 98) se precisan las funciones de la Federación, los estados y el Distrito Federal en relación con el Registro y que el registro federal, que se integra al Registro, estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Se señala además que los integrantes del Sistema tendrán la obligación de compartir con el Registro Nacional de Víctimas la información en materia de víctimas que se encuentre en sus bases de datos.

51. En el artículo 97 de la propuesta se establece que las solicitudes de ingreso al Registro deberán hacerse ante la Comisión Ejecutiva o sus equivalente en las entidades federativas, entre otras modificaciones.

52. En el párrafo primero del artículo 98 se incluye que las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal.

53. Se lleva a cabo la simplificación del mecanismo para el registro por parte de las víctimas.

54. El artículo 110 (antes 113) el cual se refiere al reconocimiento de la calidad de víctima se reforma íntegramente.

55. La propuesta establece que el artículo 116 compacta 6 capítulos referidos a desarrollo social, desarrollo integral de la familia, seguridad pública, educación pública, relaciones exteriores y salud, así como sus 6 artículos correspondientes: 120, 121, 122, 123, 124 y 125.

56. En el artículo 130 (antes 139) modifica el segundo párrafo, para establecer que: “La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos del Título Octavo de esta Ley. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten”.

57. Se adiciona un artículo 131 a fin de establecer el requisito de inscripción en el Registro por parte de las víctimas.

58. El artículo 132, 140 de la Ley vigente, prevé la modificación de diversas fracciones.

59. Será la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas quienes deberán emitir las disposiciones necesarias para el funcionamiento del Fondo a nivel federal y de las entidades federativas, artículo 134.

60. El artículo 144 de la Ley vigente se deroga.

61. En el artículo 136 (antes 145) se modifica para precisar que el respectivo fondo federal o local será administrado por la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas que correspondan y no por el Titular designado por el Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva.

62. El artículo 139 de la propuesta prevé que los recursos del Fondo se aplicarán para ayudar a la víctima a través de medidas de ayuda, asistencia y, en los casos de víctimas de delitos o de violación a derechos humanos, de compensación, en los términos de la Ley y el reglamento respectivo, en lugar de referir que aplicarán apoyos de carácter económico de Ayuda, Asistencia o Reparación Integral.

63. Su segundo párrafo se reforma para establecer que la Comisión Ejecutiva y no el titular del Fondo, determinarán el apoyo y se adiciona que también determinará la asistencia, ambos del Fondo e incluida la compensación; se elimina lo referente a indemnizaciones.

64. Se elimina el artículo 150 y su contenido se adiciona en el artículo 140 de la propuesta para establecer que el Fondo a cargo del Gobierno Federal será fiscalizado anualmente por la Auditoría Superior de la Federación, y se adiciona la precisión de que los fondos de las entidades federativas, serán fiscalizados por el órgano de fiscalización local equivalente.

65. En un nuevo artículo 141 se establece que la Federación se subrogará en los derechos de las víctimas para cobrar el importe que por concepto de compensación haya erogado en su favor el cargo al Fondo, entre otros elementos.

66. Se prevé en la redacción de un nuevo artículo 142 la faculta de la Federación y las entidades federativas a ejercer el procedimiento económico coactivo para hacer efectiva la subrogación del monto de la reparación conforme a sus respectivas legislaciones, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la vía civil, para cobrar la reparación del daño del sentenciado o de quien esté obligado a cubrirla, en términos de las disposiciones federales o locales que resulten aplicables.

67. En el artículo 164 de la propuesta se dispone que el Gobierno Federal, las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal deberán crear los programas y planes específicos, en caso de no que no cuenten con ellos, para cumplir con la obligación de brindar a las víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional.

68. El Titulo Décimo cambia de denominación a “Asesoría Jurídica Federal y de las Entidades Federativas de Atención de Víctimas”.

69. En el artículo 165 la Iniciativa propone adicionar la obligación de las entidades federativas para crear, en el ámbito de sus competencias, su propia Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, las cuales serán órganos dependientes de la unidad análoga a la Comisión Ejecutiva y gozarán de independencia técnica y operativa.

70. La propuesta adiciona un nuevo artículo 170 a fin de establecer que las entidades federativas contarán con Asesores Jurídicos de Atención a Víctimas adscritos a su respectiva unidad de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, las cuales tendrán las funciones enunciadas en el artículo 169.

71. En cuanto a la designación del Director General de la Asesoría Jurídica Federal, el artículo 178 (antes 187) será designado por el voto de la mayoría calificada de la Comisión Ejecutiva a través del voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

72. Por último el proyecto de iniciativa prevé reformar el párrafo primero del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales a fin de que los fondos de apoyo a las víctimas cumplan con su cometido, por lo que los fondos deberán conformarse a través de recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso. Los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de la legislación aplicable, deberán prever los fondos necesarios para tal fin.

73. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en términos de lo establecido en el Código Federal de Procedimientos penales o en la legislación correspondiente.

74. El monto de reparaciones del daño no reclamadas; aportaciones que hagan para este fin personas físicas o morales; los rendimientos que generen los recursos que obren en el respectivo Fondo; los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de la Ley; y, demás recursos que determinen en las disposiciones aplicables.

B. Valoración de la iniciativa.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, consideramos, que del análisis de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, así como de la reforma al párrafo primero del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, se desprenden modificaciones sustanciales y que tienen impacto directo en la aplicación de la Ley vigente.

Coincidimos plenamente y atendemos una demanda ciudadana que proviene de la colectividad de grupos que han sido afectados por la delincuencia, y que son los principales autores de esta iniciativa de reformas a la Ley General de Víctimas.

Por ello, más allá de simplemente atender las modificaciones propuestas para adecuar la redacción y terminología de la Ley, los integrantes de éstas comisiones dictaminadoras hacemos propia la necesidad de aprobar la iniciativa en sus términos y proponer su aprobación ante el Pleno del Senado, pues ella permite un mejor marco jurídico, y otorga funcionalidad operativa, gracias al rediseño institucional; y a la previsión de la fuente de los recursos que conformarán el Fondo que será destinado a las víctimas.

Por otro lado, estamos de acuerdo en la inclusión del concepto de víctimas indirectas, así como el de víctimas potenciales, ya que amplía de manera significativa y justa la protección a personas que pueden ser vulneradas en su integridad personal y derechos.

El reconocimiento a la atención de las víctimas (directas, indirectas o potenciales) para reparar los daños que requieran una atención especializada y a la obligación a que dicha atención responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas garantiza aún más su protección y reintegración a una vida normal y cotidiana, abonando al respeto de la dignidad humana.

De la misma manera, consideramos fundamental, y en ello hay gran coincidencia, dar mayor participación a la sociedad civil y en particular a las víctimas y colectivos de víctimas en el diseño de políticas y acciones tendientes a su protección en todas las etapas previstas en la Ley.

Por lo que respecta a la definición de “hecho victimizante” es importante esclarecer que se debe a las conductas que pueden sumir a una persona como víctima, ya sea por la comisión de un delito o por la violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México es parte.

Estas Comisiones consideramos de manera esencial que las reformas planteadas por los iniciantes, previenen la inaplicabilidad de la norma y dan certidumbre para aquellos que puedan ser sujetos de su protección.

Otro aspecto a reconocer, es que la propuesta representa un esfuerzo de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, pues al establecer, por ejemplo, la inclusión de registros federal y estatal permiten mayor control y certidumbre al Registro Nacional de Víctimas, lo que dará pie a un modelo de evaluación con base en resultados de los alcances de la Ley General de Víctimas.

Es importante resaltar, que la temporalidad introducida, relacionada con las medidas de ayuda que permitan garantizar a la víctima a superar las condiciones de necesidad inmediata, responde a la necesidad de que el Estado logre coadyuvar en la reintegración de las víctimas a una vida normal y cotidiana, objetivo fundamental de la existencia de esta ley, es su valor intrínseco más importante.

Asimismo la inclusión de derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales con la consiguiente obligación del Estado para que a través de los tres órdenes de gobierno se garantice y salvaguarde sus derechos, hace aún más fuerte y viable la aplicación de la ley.

Ante ello, consideramos procedente el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas por desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición, garantizando con ello los derechos de aquellas, su protección y la de sus dependientes.

En suma, los integrantes de éstas Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, consideramos que es de aprobarse en sus términos la iniciativa propuesta por los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, ya que las reformas, adiciones y derogaciones propuestas, influirán de manera sustancial en el desarrollo de una cultura de protección a las víctimas atendiendo en la protección de sus derechos a la justicia restaurativa que presupone ya un compromiso del Estado Mexicano desde la Constitución y que hoy es demandada por quienes han sido víctimas de la delincuencia.

Hacemos notoria, que en la discusión del Dictamen, los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron diversas reservas al texto del proyecto de Decreto, propuesto originalmente, ante ello y por votación unánime, se aprobaron modificaciones y adiciones a los artículos 4°, 6°, 44, 120 y 144. En el mismo sentido salvo en votación mayoritaria, los integrantes de las Comisiones Unidas, aceptaron la modificación del artículo 79, para quedar como sigue:

Artículo 4.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Artículo 6. …

I. … a la IV. …

V.- Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;

VI. … a la XIX. …

Artículo 44. La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas a que hace referencia el Título Séptimo de esta Ley garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.

El sistema nacional de seguridad pública recabará y concentrará información estadística sobre víctimas asistidas por las comisiones ejecutivas de las entidades federativas, por modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo de delito o violación de derechos que la motivare. La información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos personales.

Artículo 79. …

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.

Artículo 120. …

I. … a la XIX. …

XX. Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de oficio. La vista en ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho.

Artículo 144. …

Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.

C. De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a) Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley.

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley.

Por lo expuesto y fundado, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS; Y POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 182-R DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman, derogan y adicionan, diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE VICTIMAS

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

APLICACION, OBJETO E INTERPRETACION

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

...

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

I.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos;

II.- a V.-...

Artículo 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

CAPITULO II

CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Artículo 5. ...

Dignidad.- ...

...

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.

Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

...

Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

...

Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.

...

Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

Gratuidad.- ...

Igualdad y no discriminación.-....

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- ...

...

Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia.

No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

...

Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.

Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

Publicidad.- ...

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.

Trato preferente.- ...

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.- Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas;

II.- Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas;

III.- y IV.- ...

V.- Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;

VI.- ...

VII.- Delito: Acto u omisión que sancionan las leyes penales;

VIII.- Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;

IX.- Hecho victimizante: actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México forme parte;

X.- Ley: Ley General de Víctimas;

XI.- Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

XII.- Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

XIII.- Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

XIV.- Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

XV.- Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

XVI.- Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XVII.- Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

XVIII. Víctima potencial: las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito;

XIX.- Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

TITULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS

CAPITULO I

DE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VICTIMAS

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I.- A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral;

II.- A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;

III.- A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones;

IV.- A qué se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;

V.- A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;

VI.- A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;

VII.- A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;

VIII.- A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;

IX.- A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;

X.- A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;

XI.- A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;

XII.- A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;

XIII.- A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;

XIV.- A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;

XV.- A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;

XVI.- A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;

XVII.- A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;

XVIII.- A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;

XIX.- A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;

XX.- A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;

XXI.- A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena;

XXII.- A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;

XXIII.- A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;

XXIV.- A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;

XXV.- A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;

XXVI.- A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;

XXVII.- A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia;

XXVIII.- A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;

XXIX.- Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;

XXX.- A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional;

XXXI.- A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;

XXXII.- A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;

XXXIII.- A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas, y

XXXIV.- Los demás señalados por la Constitución, los tratados internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCION

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

Artículo 9. ...

...

Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos.

...

CAPITULO III

DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

...

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL

Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los tratados internacionales.

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

I.- A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;

II.- A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

III.- A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;

IV.- A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;

V.- A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;

VI.- A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;

VII.- A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;

VIII.- A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

XIX.- A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan;

X.- A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

XI.- A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas;

XII.- A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y

XIII.- En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.

Artículo 13. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran señalado para tal efecto u omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio de autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin demora alguna, que entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica que se haya efectuado la reparación integral del daño correspondiente.

En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, la autoridad jurisdiccional competente remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá entregarse sin dilación a la víctima. En los mismos términos los fiadores están obligados a pagar en forma inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el procedimiento económico coactivo que las leyes fiscales señalen.

Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia.

Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico o la persona que consideren.

Artículo 16. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 17. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.

No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva.

CAPITULO V

DEL DERECHO A LA VERDAD

Artículo 18. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Artículo 19. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.

Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate.

Artículo 20. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos.

Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.

Artículo 21.- El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.

Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley y en los códigos de procedimientos penales, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Artículo 22. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad, el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos:

I.- El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica;

II.- La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos;

III.- El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas y escuchadas;

IV.- La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticas de investigación;

V.- La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos;

Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.

La investigación deberá garantizar los derechos de las víctimas y de los testigos, asegurándose su presencia y declaración voluntarias. Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Asimismo, en los casos de las personas que se vean afectadas por una acusación, deberá proporcionarles la oportunidad de ser escuchadas y de confrontar o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, ya sea de manera personal, por escrito o por medio de representantes designados.

La investigación deberá seguir protocolos de actuación con el objetivo de garantizar que las declaraciones, conclusiones y pruebas recolectadas puedan ser utilizadas en procedimientos penales como pruebas con las debidas formalidades de ley.

Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

Artículo 24. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos.

El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, así como de permitir su consulta pública, particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura.

Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como los investigadores que trabajen esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio.

En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad nacional excepto que, en circunstancias excepcionales, la restricción se encuentre previamente establecida en la ley, la autoridad haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objeto de revisión por la autoridad competente, a la vez que puede ser sujeta a examen judicial independiente.

Artículo 25. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la impugnación incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de parentesco que establece el Código Civil Federal.

CAPITULO VI

DEL DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL

Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

I.- La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;

II.- La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

III.- La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

IV.- La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;

V.- Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;

VI.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

TITULO TERCERO

MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA

Artículo 28. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena.

Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

Artículo 30. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:

I.- Hospitalización;

II.- Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requieran para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia;

III.- Medicamentos;

IV.- Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;

V.- Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;

VI.- Transporte y ambulancia;

VII.- Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente;

VIII.- Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la violación a los derechos humanos;

IX.- Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y

X.- La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación, los estados, el Distrito Federal o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 31. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la muerte sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 32. La Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la creación de un Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, el cual deberá contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública que conforme al Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados a los que ella hace referencia. Este modelo deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema de prestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser brindados por el sistema al cual pertenece.

Artículo 33. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.

El proceso de credencialización se realizará de manera gradual y progresiva dando prioridad a las víctimas de daños graves a la salud e integridad personal. No obstante, aquellas víctimas que no cuenten con dicho carnet y requieran atención inmediata deberán ser atendidas de manera prioritaria.

Artículo 34. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:

I.- A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

II.- Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

III.- Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar;

IV.- Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos;

V.- Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y

VI.- La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.

Artículo 35. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.

Artículo 36. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, posoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.

Artículo 37. En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cumpla con lo señalado en los artículos anteriores y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima, la autoridad competente del orden de gobierno que corresponda, se los reembolsará de manera completa y expedita, teniendo dichas autoridades, el derecho de repetir contra los responsables. Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento necesario para solicitar el reembolso a que se refiere este artículo.

CAPITULO II

MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

CAPITULO III

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE

Artículo 39. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.

CAPITULO IV

MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCION

Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.

Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes principios:

I.- Principio de protección: considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;

II.- Principio de necesidad y proporcionalidad: las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;

III.- Principio de confidencialidad: toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo, y

IV.- Principio de oportunidad y eficacia: las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.

Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, estatales, del Distrito Federal o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.

Artículo 41. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad.

CAPITULO V

MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORIA JURIDICA

+

Artículo 42. Las autoridades del orden federal, estatal, las del Distrito Federal y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.

Artículo 43. La información y asesoría deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales conocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos.

TITULO CUARTO

MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 44. La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas a que hace referencia el Título Séptimo de esta Ley garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.

El sistema nacional de seguridad pública recabará y concentrará información estadística sobre víctimas asistidas por las comisiones ejecutivas de las entidades federativas, por modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo de delito o violación de derechos que la motivare. La información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos personales.

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores y población indígena.

Artículo 46. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas federales, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio- económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 48. Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva.

Artículo 49. Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias otorgarán apoyos especiales a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para compensar los problemas educativos derivados de dicha condición.

Artículo 50. El Estado a través de sus organismos descentralizados y de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, está obligado a prestar servicios educativos para que gratuitamente, cualquier víctima o sus hijos menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de acceso y permanencia en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la Ley de Educación aplicable.

Artículo 51. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran.

Artículo 52. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

Artículo 53. La víctima o sus hijos menores de edad, deberán tener acceso a los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública proporcione.

Artículo 54. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.

CAPITULO III

MEDIDAS ECONOMICAS Y DE DESARROLLO

Artículo 55. Dentro de la política de desarrollo social el Estado en sus distintos órdenes, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante.

Artículo 56. Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de derechos humanos.

Artículo 57. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

Artículo 58. Las autoridades competentes de los diversos órganos de gobierno están obligadas a proporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operación, recursos y cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las víctimas.

Artículo 59. Las víctimas estarán sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas.

CAPITULO IV

MEDIDAS DE ATENCION Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PROCURACION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Artículo 60. Las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia serán permanentes y comprenden, como mínimo:

I.- La asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su condición de víctima;

II.- La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación;

III.- La asistencia a la víctima durante el juicio;

IV.- La asistencia a la víctima durante la etapa posterior al juicio.

Estas medidas se brindarán a la víctima con independencia de la representación legal y asesoría que dé a la víctima el Asesor Jurídico.

TITULO QUINTO

MEDIDAS DE REPARACION INTEGRAL

CAPITULO I

MEDIDAS DE RESTITUCION

Artículo 61. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:

I.- Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición forzada;

II.- Restablecimiento de los derechos jurídicos;

III.- Restablecimiento de la identidad;

IV.- Restablecimiento de la vida y unidad familiar;

V.- Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;

VI.- Regreso digno y seguro al lugar de residencia;

VII.- Reintegración en el empleo, y

VIII.- Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.

En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminarán los registros de los respectivos antecedentes penales.

CAPITULO II

MEDIDAS DE REHABILITACION

Artículo 62. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes:

I.- Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;

II.- Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;

III.- Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana;

IV.- Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;

V.- Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida, y

VI.- Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o comunidad.

Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas.

CAPITULO III

MEDIDAS DE COMPENSACION

Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

I.- La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;

II.- La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;

III.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;

IV.- La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;

V.- Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;

VI.- El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado;

VII.- El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y

VIII.- Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.

La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 67 de este ordenamiento.

Artículo 65.- Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:

a) Un órgano jurisdiccional nacional;

b) Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los tratados internacionales ratificados por México;

c) Un organismo público de protección de los derechos humanos;

d) Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los tratados internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión;

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.

En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 67.

Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.

Sólo en caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de esta Ley.

Artículo 67. El Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a) la determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad;

b) la resolución firme emitida por la autoridad judicial;

La determinación de la Comisión Ejecutiva correspondiente deberá dictarse dentro delplazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente.

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito.

Artículo 69. La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente ante la Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros:

I.- Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal;

II.- La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de reparar,

III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación.

Artículo 70. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos, se cubrirá con cargo al Fondo en términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 71. La Federación tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.

Artículo 72.- La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.

CAPITULO IV

MEDIDAS DE SATISFACCION

Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

I.- La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;

II.- La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

III.- Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

IV.- Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

V.- La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y

VI.- La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.

CAPITULO V

MEDIDAS DE NO REPETICION

Artículo 74. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:

I.- El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad;

II.- La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso;

III.- El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial;

IV.- La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos;

V.- La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos;

VI.- La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información;

VII.- La protección de los defensores de los derechos humanos;

VIII.- La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;

IX.- La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;

X.- La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, y

XI.- La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.

Artículo 75. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes:

I.- Supervisión de la autoridad;

II.- Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, encaso de existir peligro inminente para la víctima;

III.- Caución de no ofender;

IV.- La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y

V.- La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez y sólo en caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o hecho victimizante.

Artículo 76. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y orientación de los sentenciados, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la comunidad.

Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, sea reducida la pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena.

Artículo 77. El juez en la sentencia exigirá una garantía de no ofender que se hará efectiva si el acusado violase las disposiciones del artículo anterior, o de alguna forma reincidiera en los actos de molestia a la víctima. Esta garantía no deberá ser inferior a la de la multa aplicable y podrá ser otorgada en cualquiera de las formas autorizadas por las leyes.

Artículo 78. Cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o violación a los derechos humanos cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares, independientemente de la pena que corresponda, sólo si el juez así lo ordena, se aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación.

TITULO SEXTO

SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

CAPITULO I

CREACION Y OBJETO

Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecery supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente título.

El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las víctimas.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.

Artículo 80. El Gobierno Federal, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.

Artículo 81. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

II.- Formular propuestas para la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas y demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

III.- Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a su equivalente en las entidades federativas y el Distrito Federal;

IV.- Elaborar propuestas de reformas en materia de atención a víctimas;

V.- Integrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;

VI.- Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro del personal de las instituciones de atención a víctimas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

VII.- Promover una estrategia de supervisión y acompañamiento que busca el desarrollo profesional y la especialización conjunta de los miembros de las instituciones de atención a víctimas;

VIII.- Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;

IX.- Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas;

X.- Fijar criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de víctimas del delito, así como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas;

XI.- Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;

XII.- Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción y de atención a víctimas;

XIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de atención a víctimas;

XIV.- Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de atención a víctimas;

XV.- Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;

XVI.- Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y

XVII.- Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

CAPITULO II

INTEGRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Artículo 82. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará integrado por las instituciones, entidades, organismos y demás participantes, aquí enumerados, incluyendo en su caso las instituciones homólogas en los ámbitos estatal y municipal:

I.- Poder Ejecutivo:

a. Presidente de la República, quien lo presidirá,

b. El Presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y

c. El Secretario de Gobernación.

II. Poder Legislativo:

a. El Presidente de la Comisión de Justicia la Cámara de Diputados;

b. El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, y

c. Un integrante del poder legislativo de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

III. Poder Judicial:

a. El Presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

IV. Organismos Públicos:

a. Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y

b. Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de los estados y del Distrito Federal.

V. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un representante de las comisiones ejecutivas locales.

Artículo 83. Los integrantes del Sistema se reunirán en Pleno o en comisiones las cuales se deberán crear de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones.

El quórum para las reuniones del Sistema se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto.

Corresponderá al Presidente del Sistema la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema. Los integrantes del mismo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

El Presidente del Sistema será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los integrantes del Sistema deberán asistir personalmente.

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Pleno de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente. Los invitados acudirán a las reuniones con derecho a voz pero sin voto.

CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL

SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.

En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión Ejecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.

De la Comisión Ejecutiva depende el Fondo, la Asesoría Jurídica Federal y el Registro Nacional de Víctimas.

A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno Federal contará con un Fondo, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a víctimas en los términos dispuestos por esta Ley.

Las entidades federativas y el Distrito Federal contarán con una asesoría jurídica y un registro de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por siete comisionados. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada comisionado a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.

Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas presentadas al Ejecutivo Federal:

I.- Cuatro comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas;

II.- Tres comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.

Para la elección de los comisionados, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.

En su conformación, el Ejecutivo y el Senado garantizarán la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes.

Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano;

II.- No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

III.- Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, y

IV.- No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección de los comisionados, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

Los comisionados se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 87. La Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado quien durará en funciones dos años, renovable por una ocasión y será elegido por los comisionados.

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

I.- Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema;

II.- Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;

III.- Elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas con el objeto crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas, y proponerlo para su aprobación al Sistema;

IV.- Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

V.- Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema;

VI.- Proponer al Sistema un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;

VII.- Proponer al Sistema las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo;

VIII.- Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

IX.- Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales.

X.- Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de funcionarios públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

XI.- Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal, y de la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas;

XII.- Establecer las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, incluidas las autoridades federales, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;

XIII.- Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del Programa y demás obligaciones previstas en esta Ley.

XIV.- Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XV.- Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes;

XVI.- Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los términos de esta Ley y su Reglamento;

XVII.- Hacer recomendaciones al Sistema, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;

XVIII.- Nombrar a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica Federal y del Registro;

XIX.- Emitir opinión sobre el proyecto de Reglamento de la presente Ley y sus reformas y adiciones;

XX.- Formular propuestas de política integral nacional de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

XXI.- Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral;

XXII.- Promoverla coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas y del Distrito Federal, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;

XXIII.- Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos;

XXIV.- Proponer al Sistema las directrices o lineamientos que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia;

XXV.- Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal;

XXVI.- Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a nivel nacional a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;

XXVII.- Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro;

XXVIII.- Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos;

Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán adecuar sus manuales, lineamientos, programas y demás acciones, a lo establecido en estos protocolos, debiendo adaptarlos a la situación local siempre y cuando contengan el mínimo de procedimientos y garantías que los protocolos generales establezcan para las víctimas;

XXIX.- En casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, proponer al Sistema los programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a justicia, a la verdad y reparación integral;

XXX.- Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;

XXXI.- Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;

XXXII.- Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades de las entidades federativas y municipios en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios que corresponda al Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XXXIII.- Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que se encuentran en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación;

XXXIV.- Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, deberán emitir recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;

XXXV.- Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como el Programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, y

XXXVI.- Las demás que se deriven de la presente Ley.

Artículo 89. La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homólogas estatales y del Distrito Federal, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.

Artículo 90. En los casos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos contra un grupo de víctimas, las organizaciones no gubernamentales, los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades federativas, el Congreso de la Unión, los municipios, o cualquier otra institución pública o privada que tenga entre sus fines la defensa de los derechos humanos podrán proponer el establecimiento de programas emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral de las víctimas.

Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta de alguno de sus integrantes cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.

Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.

Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, reorganizar o redireccionar acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y competencia llevan a cabo los integrantes del Sistema, así como para canalizar o distribuir los recursos necesarios.

La Comisión Ejecutiva podrá también contar con la asesoría de grupos de expertos en temas específicos, solicitar opiniones de organismos nacionales o internacionales públicos de derechos humanos, instituciones u organizaciones públicas o privadas nacionales o extranjeros con amplia experiencia en cierta problemática relacionada con la atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral a las víctimas. Los recursos destinados para tal efecto deberán ser públicos, monitoreables y de fácil acceso para la sociedad civil.

Se deberá procurar en todo momento, además de la especialización técnica y científica, el aporte de los grupos de víctimas y organizaciones de base que trabajen directamente con víctimas.

Artículo 92. La Comisión Ejecutiva sesionará al menos una vez a la semana y en sesión extraordinaria, cada que la situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones. Si un comisionado no asistiera a las sesiones ordinarias en más de tres ocasiones consecutivas durante un año en forma injustificada será removido de su cargo.

Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes.

Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:

I.- Comité de violencia familiar;

II.- Comité de violencia sexual;

III.- Comité de trata y tráfico de personas;

IV.- Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas;

V.- Comité de personas víctimas de homicidio;

VI.- Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;

VII.- Comité de detención arbitraria;

VIII.- Comité interdisciplinario evaluador, y

IX.- Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Se podrán establecer también comités por grupo de víctimas tales como niños y niñas, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.

Artículo 94. Las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de cada entidad federativa también contarán con sus comités especiales que les permitan focalizar las necesidades y políticas públicas integrales que respondan a la realidad local.

Estos comités generarán diagnósticos situacionales precisos que les permita evaluar las leyes, políticas públicas o acciones estatales que impiden un acceso efectivo de las víctimas a la atención, asistencia, protección, justicia, verdad o reparación integral. Evaluarán también las políticas de prevención sobre la situación concreta que se evalúa desde una visión de seguridad ciudadana y humana.

Las autoridades están obligadas a entregar toda la información que requieran estos comités para la evaluación y elaboración de los diagnósticos, cuidando la información de carácter privado de las víctimas.

Artículo 95. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades:

I.- Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de lasatribuciones de la Comisión Ejecutiva;

II.- Convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que celebre la Comisión Ejecutiva;

III.- Crear los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de las funciones de la Comisión Ejecutiva;

IV.- Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos a través de las sesiones que se celebren;

V.- Coordinar las funciones del Registro Nacional de Víctimas, incluido el registro federal, mediante la creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para implementar y vigilar el debido funcionamiento de dicho registro;

VI.- Rendir cuentas a la Cámara de Diputados cuando sea requerido, sobre las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva, al Registro Nacional de Víctimas y al Fondo;

VII.- Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva;

VIII.- Garantizar el registro de las víctimas que acudan directamente ante la Comisión Ejecutiva a solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, así como los servicios de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral que soliciten a través de las instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar el cumplimiento eficaz de las funciones de las instituciones;

IX.- Proponer al Pleno de la Comisión Ejecutiva los convenios de colaboración o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

X.- Realizar los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que corresponda a la Comisión Ejecutiva;

XI.- Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión Ejecutiva se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, expedita y articulada;

XII.- Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva, y

XIII.- Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

CAPITULO IV

REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS

Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado en esta Ley.

El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.

El Registro Nacional de Víctimas será una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva y contará con un titular designado por el Pleno de la Comisión Ejecutiva.

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal.

Los estados y el Distrito Federal contarán con sus propios registros. La Federación, los estados y el Distrito Federal estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

El Presidente de la Comisión Ejecutiva dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.

Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 97. El Registro Nacional de Víctimas será integrado por las siguientes fuentes:

I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva o ante sus equivalentes en las entidades federativas, según corresponda;

II. Las solicitudes de ingreso que presenten cualquiera de las autoridades y particulares señalados en el artículo 99 de esta Ley, como responsables de ingresar el nombre de las víctimas del delito o de violación de derechos humanos al Sistema, y

III.- Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas y que posean actualmente registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Nacional de Víctimas la información que generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.

En los casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen la calidad de víctima, deberá entregarse copia digital al Registro Nacional de Víctimas. En caso que estos soportes no existan, las entidades a que se refiere este artículo certificarán dicha circunstancia.

Dichas entidades serán responsables por el contenido de la información que transmiten al Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 98. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita, ante la Comisión Ejecutiva y sus correlativos estatales o del Distrito Federal, según corresponda de acuerdo a la competencia. Las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal.

Los mexicanos domiciliados en el exterior, podrán presentar la incorporación de datos al Registro Nacional de Víctimas ante la Embajada o Consulado del país donde se encuentren. En los países en que no exista representación del Estado mexicano, podrán acudir al país más cercano que cuente con sede diplomática.

La información que acompaña la incorporación de datos al registro se consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva y su utilización será obligatoria por parte de las autoridades responsables de garantizar el ingreso al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. El formato único de incorporación al registro deberá ser accesible a toda persona y de uso simplificado y buscará recoger la información necesaria para que la víctima pueda acceder plenamente a todos sus derechos, incluidos los que se le reconocen en la presente Ley.

La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones del capítulo III del presente título.

El ingreso al Registro podrá solicitarse y tramitarse de manera personal y directa por la víctima, o a través de representante que, además de cumplir con las disposiciones aplicables, esté debidamente inscrito en el padrón de representantes que al efecto establezca la Comisión Ejecutiva o las correspondientes a las entidades federativas, conforme a lo que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 99. Para que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas u otras que se faculten por la presente Ley, procedan a la inscripción de datos de la víctima en el Registro se deberá, como mínimo, tenerla siguiente información:

I.- Los datos de identificación de cada una de las víctimas que solicitan su ingreso o en cuyo nombre se solicita el ingreso. En caso que la víctima por cuestiones de seguridad solicite que sus datos personales no sean públicos, se deberá asegurar la confidencialidad de sus datos. En caso de que se cuente con ella, se deberá mostrar una identificación oficial;

II.- En su caso, el nombre completo, cargo y firma del servidor público de la entidad que recibió la solicitud de inscripción de datos al Registro y el sello de la dependencia;

III.- La firma y huella dactilar de la persona que solicita el registro; en los casos que la persona manifieste no poder o no saber firmar, se tomará como válida la huella dactilar;

IV.- Las circunstancias de modo tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los hechos victimizantes;

V.- El funcionario que recabe la declaración la asentará en forma textual, completa y detallada en los términos que sea emitida;

VI.- Los datos de contacto de la persona que solicita el registro, y

VII.- La información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la persona que solicita el registro, cuando no es la víctima quien lo hace. En caso que el ingreso lo solicite un servidor público deberá detallarse nombre, cargo y dependencia o institución a la que pertenece.

En el caso de faltar información, la Comisión Ejecutiva pedirá a la entidad que tramitó inicialmente la inscripción de datos, que complemente dicha información en el plazo máximo de diez días hábiles. Lo anterior no afecta, en ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron en forma directa al Registro Nacional o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado.

Artículo 100. Será responsabilidad de las entidades e instituciones que reciban solicitudes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas:

I.- Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro Nacional de Víctimas sean atendidas de manera preferencial y orientadas de forma digna y respetuosa;

II.- Para las solicitudes de ingreso en el Registro tomadas en forma directa, diligenciar correctamente, en su totalidad y de manera legible, el formato único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva;

III.- Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la declaración, de acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva determine;

IV.- Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva, estatales o del Distrito Federal según la competencia;

V.- Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos de la diligencia;

VI.- Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el principio de participación conjunta consagrado en esta Ley;

VII.- Indagar las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad la solicitud de registro;

VIII.- Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por el declarante y relacionar el número de folios que se adjunten con la declaración;

IX.- Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley, y a las relativas a la Protección de Datos Personales;

X.- Entregar una copia o recibo o constancia de su solicitud de registro a las víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud, y

XI.- Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión Ejecutiva.

Bajo ninguna circunstancia la autoridad podrá negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas que se refiere la presente Ley.

Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.

Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles.

Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión respectiva. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.

La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima, conforme lo establece el Título Tercero de esta Ley.

No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:

I.- Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente;

II.- ...

III.- La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución;

IV.- Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia, y

V.- Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.

Artículo 102. La víctima tendrá derecho, además, a conocer todas las actuaciones que se realicen a lo largo del proceso de registro. Cuando sea un tercero quien solicite el ingreso, deberá notificársele por escrito si fue aceptado o no el mismo.

Artículo 103. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas cuando, después de realizada la valoración contemplada en el artículo 101, incluido haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, la Comisión Ejecutiva o sus equivalentes en las entidades federativas encuentren que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes de tal forma que sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general.

La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse, o a quien haya solicitado la inscripción con el fin de que la víctima pueda interponer, si lo desea, recurso de reconsideración de la decisión ante la Comisión Ejecutiva para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento de la presente Ley.

La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para hacer la notificación personal se le enviará a la víctima una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el formato único de declaración o en los demás sistemas de información a fin de que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.

Artículo 104. La información sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas incluirá:

I.- El relato del hecho victimizante, como quedó registrado en el formato único de declaración. El relato inicial se actualizará en la medida en que se avance en la respectiva investigación penal o a través de otros mecanismos de esclarecimiento de los hechos;

II.- La descripción del daño sufrido;

III.- La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el hecho victimizante;

IV.- La identificación de la víctima o víctimas del hecho victimizante;

V.- La identificación de la persona o entidad que solicitó el registro de la víctima, cuando no sea ella quien lo solicite directamente;

VI.- La identificación y descripción detallada de las medidas de ayuda y de atención que efectivamente hayan sido garantizadas a la víctima;

VII.- La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que, en su caso, hayan sido otorgadas a la víctima, y

VIII.- La identificación y descripción detallada de las medidas de protección que, en su caso, se hayan brindado a la víctima.

La información que se asiente en el Registro Nacional de Víctimas deberá garantizar que se respeta el enfoque diferencial.

Artículo 105. La Comisión Ejecutiva elaborará un plan de divulgación, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el Registro Nacional de Víctimas. Las entidades encargadas de recibir y tramitar la inscripción de datos en el Registro garantizarán la implementación de este plan en los respectivos órdenes federal, estatal y municipal.

CAPITULO V

INGRESO DE LA VICTIMA AL REGISTRO

Artículo 106. El ingreso de la víctima al Registro se hará por la denuncia, la queja, o la noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, el organismo público de protección de derechos humanos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.

Artículo 107. Toda autoridad que tenga contacto con la víctima, estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración. El Ministerio Público, los defensores públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y las comisiones de derechos humanos no podrán negarse a recibir dicha declaración.

Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal para realizar su declaración, las cuales tendrán la obligación de recibirla, entre las cuales en forma enunciativa y no limitativa, se señalan las siguientes:

I.- Embajadas y consulados de México en el extranjero;

II.- Instituciones de salud y educación, ya sean públicas o privadas;

III.- Institutos de Mujeres;

IV.- Albergues;

V.- Defensoría Pública, y

VI.- Síndico municipal.

Artículo 108. Una vez recibida la denuncia, queja o noticia de hechos, deberán ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no excederá de veinticuatro horas.

En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de readaptación social.

Cuando un servidor público, en especial los que tienen la obligación de tomar la denuncia de la víctima sin ser autoridad ministerial o judicial, tenga conocimiento de un hecho de violación a los derechos humanos, como: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, desaparición forzada, ejecución arbitraria, violencia sexual, deberá denunciarlo de inmediato.

Artículo 109. Cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al Registro, aportando con ello los elementos que tenga.

Cuando la víctima sea mayor de 12 años podrá solicitar su ingreso al registro por sí misma o a través de sus representantes.

En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso, a través de su representante legal o a través de las autoridades mencionadas en el artículo 99.

Artículo 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:

I.- El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;

II.- El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

III.- El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

IV.- Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y

V.- La Comisión Ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de:

a) El Ministerio Público;

b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o

d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento.

Artículo 111. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:

I.- El acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias, y

II.- En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.

Al reconocerse su calidad de víctima, ésta podrá acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento. El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente.

Artículo 112. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas garantizará los servicios de ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de los extranjeros que hayan sido víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos en México, firmando los convenios de colaboración correspondientes con las autoridades competentes del país donde la víctima retorne y con apoyo de los consulados mexicanos en dicho país.

TITULO SEPTIMO

DE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS

Artículo 113. Los distintos órdenes de gobierno, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

CAPITULO I

DE LA FEDERACION

Artículo 114. Corresponde al Gobierno Federal:

I.- Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas;

II.- Formular y conducir la política nacional integral para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas;

III.- Garantizar en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos internacionales aplicables;

IV.- Elaborar, coordinar y aplicar el Programa a que se refiere la Ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal;

V.- Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las víctimas indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación;

VI.- Realizar a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el apoyo de las Comisiones estatales y del Distrito Federal, y de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;

VII.- Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas para facilitar la actuación de la Comisión Ejecutiva;

VIII.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

IX.- Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;

X.- Garantizar que los derechos de las víctimas y la protección de las mismas sean atendidos de forma preferente por todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias;

XI.- Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa, con base en resultados medibles;

XII.- Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, y

XIII.- Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.

Artículo 115. Corresponde al Gobierno Federal en materia de coordinación interinstitucional.

I.- Instrumentar las medidas necesarias para prevenir violaciones de los derechos de las víctimas;

II.- Diseñar la política integral con un enfoque transversal de género para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas;

III.- Elaborar el Programa en coordinación con el Sistema;

IV.- Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los distintos órdenes de gobierno en materia de reparación integral, no repetición, ayuda y asistencia de las víctimas;

V.- Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VI.- Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

VII.- Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas que así lo requieran;

VIII.- Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas;

IX.- Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

X.- Realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica sobre las víctimas en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, ayuda y protección de las víctimas;

XI.- Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del Programa a los que se refiere esta Ley;

XII.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

XIII.- Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 116. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación y relaciones exteriores, de cada uno de los órdenes de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, deberán:

I.- Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes, programas, líneas de acción, convenios de cooperación y coordinación, entre otros, para garantizar los derechos de las víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos;

II.- Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar a su personal para asegurar el acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas, y con ello lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana;

III.- Canalizar a las víctimas a las instituciones que les prestan ayuda, atención y protección especializada;

IV.- Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto irrestricto de los derechos establecidos en la presente Ley;

V.- Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;

VI.- Participar, ejecutar y dar seguimiento activamente a las acciones del Programa que les corresponda, con la finalidad de diseñar nuevos modelos de prevención y atención a las víctimas, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley;

VII.- Definir y promover al interior de cada institución políticas que promuevan el respeto irrestricto de los derechos humanos, con base en los principios establecidos en la presente Ley, a fin de fomentar la cultura de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas;

VIII.- Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de violaciones a derechos humanos, y en el caso de nacionales que se encuentren en el extranjero, se deberán establecer los mecanismos de información para que conozcan a dónde acudir en caso de encontrarse en calidad de víctimas;

IX.- Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito o de violaciones a derechos humanos, proporcionando la información que sea requerida por la misma, y

X.- Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa.

En materia educativa, las autoridades competentes establecerán un programa de becas permanente para el caso de las víctimas directas e indirectas que se encuentren cursando los niveles de educación primaria, secundaria, preparatoria o universidad en instituciones públicas, con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios. Estos apoyos continuarán hasta el término de su educación superior.

En los casos en que la víctima esté cursando sus estudios en una institución privada, el apoyo se brindará hasta la conclusión del ciclo escolar en curso.

En materia de relaciones exteriores, promover, propiciar y asegurar en el exterior la coordinación de acciones en materia de cooperación internacional de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que garanticen la protección de los derechos de las víctimas, así como intervenir en la celebración de tratados, acuerdos y convenciones internacionales que se vinculen con la protección de los derechos humanos de las víctimas en los que el país sea parte.

Las instituciones del sector salud, de manera integral e interdisciplinaria brindarán atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas, asegurando que en la prestación de los servicios se respeten sus derechos humanos.

Las dependencias e instituciones de seguridad pública deberán salvaguardar la integridad y patrimonio de las víctimas en situación de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios y otras situaciones que impliquen violencia o riesgos inminentes o durante la prevención de la comisión de algún delito o violación a sus derechos humanos.

CAPITULO II

DEL ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 117. En materia de acceso a la justicia, corresponde al Gobierno Federal, a los estados y al Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I.- Promover la formación y especialización de agentes de la Policía Federal Investigadora, agentes del Ministerio Público, Peritos y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos;

II.- Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

III.- Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba atención médica de emergencia;

IV.- Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;

V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;

VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;

VII. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas y garantizar la seguridad de quienes denuncian;

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, y las normas reglamentarias aplicables.

CAPITULO III

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Artículo 118. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I.- Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

II.- Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;

III.- Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;

IV.- Participar en la elaboración del Programa;

V.- Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

VI.- Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa;

VII.- Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

VIII.- Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

IX.- Promover programas de información a la población en la materia;

X.- Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados;

XI.- Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;

XII.- Rendir ante el Sistema un informe anual sobre los avances de los programas locales;

XIII.- Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;

XIV.- Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de los programas estatales;

XV.- Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;

XVI.- Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;

XVII.- Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y

XVIII.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales.

Las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación a favor y apoyo a las víctimas.

CAPITULO IV

DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes:

I.- Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

II.- Coadyuvar con el Gobierno Federal y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema;

III.- Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

IV.- Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;

V.- Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;

VI.- Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;

VII.- Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;

VIII.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

IX.- Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales aplicables.

CAPITULO V

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Artículo 120. Todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán los siguientes deberes:

I.- Identificarse oficialmente ante la víctima, detallando nombre y cargo que detentan;

II.- Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta Ley, en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 5 de la presente Ley;

III.- Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de Derechos Humanos;

IV.- Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos;

V.- Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos administrativos y jurídicos destinados a la administración de justicia y conceder una reparación no generen un nuevo daño, violación, o amenaza a la seguridad y los intereses de la víctima, familiares, testigos o personas que hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir nuevas violaciones;

VI.- Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación de la víctima en los términos del artículo 5 de la presente Ley;

VII.- Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y procedimientos que se establecen o reconocen en la presente Ley;

VIII.- Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre ellos, los documentos de identificación y las visas;

IX. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así como a los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos por esta Ley;

X.- Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante los organismos públicos de derechos humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta Ley reciban. Dicha presentación oficial deberá hacerse dentro de los tres días hábiles contados a partir de que la víctima, o su representante, formuló o entregó la misma;

XI.- Ingresar a la víctima al Registro Nacional de Víctimas, cuando así lo imponga su competencia;

XII.- Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios o pruebas que obren en su poder, cuando éstos le sean requeridos o se relacionen con la denuncia, queja o solicitud que la víctima haya presentado en los términos de la presente Ley;

XIII.- Investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no vulnerar más los derechos de las víctimas;

XIV.- Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de todo derecho y garantía así como de mecanismos, procedimientos y acciones contempladas en esta Ley;

XV.- Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas, así como la identificación de personas, cadáveres o restos encontrados;

XVI.- Prestar ayuda para restablecer el paradero de las víctimas, recuperarlos, identificarlos y en su caso, inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las tradiciones o prácticas culturales de su familia y comunidad;

XVII.- Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y específica, las medidas necesarias para lograr que cese la violación de derechos humanos denunciada o evidenciada;

XVIII.- Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, conceder entrevistas y demás solicitudes que les requieran los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, cuando éstas sean realizadas en el ámbito de su competencia y con el objeto de investigar presuntas violaciones a derechos humanos, y

XIX.- Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes, gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier índole.

XX. Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de oficio. La vista en ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho.

El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores públicos, será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal correspondiente.

Artículo 121. Todo particular que ejerza funciones públicas en virtud de mecanismos de concesión, permiso, contratación o cualquier otro medio idóneo, estará sujeto a los deberes antes detallados, con los alcances y limitaciones del ámbito de su competencia. Las obligaciones regirán desde el primer momento en que tenga contacto con la víctima en cumplimento de las medidas a que se refieren los títulos Tercero y Cuarto de esta Ley.

Artículo 122. Toda alteración en los registros o informes generará responsabilidad disciplinaria por quien lo refrende o autorice, asimismo generará responsabilidad subsidiaria de su superior jerárquico. Ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que se generen.

CAPITULO VI

DEL MINISTERIO PUBLICO

Artículo 123. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo siguiente:

I.- Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;

II.- Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta Ley, en especial el deber legal de búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas;

III.- Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la víctima, así como el ejercicio de otros derechos;

IV.- Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario;

V.- Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley;

VI.- Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio;

VII.- Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley;

VIII.- Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley a través de instituciones como la conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y ejercicio de las mismas se realice con pleno conocimiento y absoluta voluntariedad;

IX.- Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso;

X.- Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia, y

XI.- Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

CAPITULO VII

DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL

Artículo 124. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su competencia:

I.- Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los tratados internacionales;

II.- Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las violaciones de derechos humanos o comisión de ciertos ilícitos;

III.- Imponer las sanciones disciplinarias pertinentes;

IV.- Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellos se presenten;

V.- Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, y sus bienes jurídicos;

VI.- Garantizar que la opción y ejercicio de las medidas alternativas de resolución de conflictos se realice en respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad;

VII.- Velar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus intereses y derechos, aunque no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;

VIII.- Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no jurisdiccionales que solicite, incluso cuando no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;

IX.- Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus derechos o intereses;

X.- Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso, y

XI.- Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención a víctimas de delito y reparación integral.

CAPITULO VIII

DEL ASESOR JURIDICO DE LAS VICTIMAS

Artículo 125. Corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas:

I.- Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral;

II.- Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos que reconoce esta Ley;

III.- Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;

IV.- Formular denuncias o querellas;

V.- Representar a la víctima en todo procedimiento penal;

VI.- Informar y asesorar a la víctima sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos, y velar por que las mismas se realicen en estricto respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad, y

VII.- Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor Jurídico de las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público.

CAPITULO IX

DE LOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS

DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 126. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, los funcionarios de organismos públicos de protección de derechos humanos, en el ámbito de su competencia, deberán:

I.- Recibir las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos;

II.- Recibir las denuncias por presuntos hechos delictivos y remitir las mismas al Ministerio Público;

III.- Investigar las presuntas violaciones a derechos humanos;

IV.- Respetar, en el marco de sus investigaciones, los protocolos internacionales para documentación de casos de presuntas violaciones de derechos humanos;

V.- Solicitar, cuando sea conducente, medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, familiares o bienes jurídicos;

VI.- Dar seguimiento a las solicitudes que plantee ante la autoridad ejecutiva o judicial; en caso de advertir omisiones o incumplimientos por la autoridad o particular, denunciar las mismas por las vías pertinentes;

VII.- Utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para que de manera eficaz y oportuna, se busque fincar las responsabilidades administrativas, civiles o penales por graves violaciones a derechos humanos, y

VIII.- Recomendar las reparaciones a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos con base en los estándares y elementos establecidos en la presente Ley.

CAPITULO X

DE LAS POLICIAS

Artículo 127. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, y las disposiciones específicas contempladas en los ordenamientos respectivos, a los miembros de las policías de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, les corresponde:

I.- Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;

II.- Permitir la participación de la víctima y su defensor en procedimientos encaminados a la procuración de justicia, así como el ejercicio de su coadyuvancia;

III.- Facilitar el acceso de la víctima a la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la verdad;

IV.- Colaborar con los tribunales de justicia, el ministerio público, las procuradurías, contralorías y demás autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas;

V.- Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en concordancia con el artículo 5 de la presente Ley;

VI.- Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de los derechos humanos, y

VII.- Mantener actualizados los registros en cumplimiento de esta Ley y de las leyes conforme su competencia.

CAPITULO XI

DE LA VICTIMA

Artículo 128. A la víctima corresponde:

I.- Actuar de buena fe;

II.- Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad, siempre que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes jurídicos;

III.- Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así se lo solicite, y por el lapso que se determine necesario, y

IV.- Cuando tenga acceso a información reservada, respetar y guardar la confidencialidad de la misma.

Artículo 129. Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y respetar que la misma haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque esto implique ausentismo.

TITULO OCTAVO

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL

CAPITULO I

OBJETO E INTEGRACION

Artículo 130. El Fondo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos de esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten.

Artículo 131. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo, además de los requisitos que al efecto establezca esta Ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro a efecto de que la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.

Artículo 132. El Fondo se conformará con:

I.- Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso.

El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.

II.- El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales o en la legislación respectiva;

III.- Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad;

IV.- El monto de las reparaciones del daño no reclamadas;

V.- Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie las personas físicas o morales de carácter público, privado o social nacionales o extranjeros de manera altruista;

VI.- Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo;

VII.- Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley, y

VIII.- Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.

La constitución del Fondo será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la víctima y los de esta Ley se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y las disposiciones correspondientes.

Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

Artículo 133. El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal, así como de los diversos gravámenes a que puedan estar sujetas las operaciones que se realicen por el Fondo.

Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las disposiciones necesarias para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.

Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, y por decisión de la Comisión Ejecutiva se podrá crear un fondo de emergencia para los apoyos establecidos en el Título Tercero de esta Ley, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado.

La Comisión Ejecutiva, en un plazo máximo de diez días, determinará los apoyos económicos de emergencia que se requieran.

CAPITULO II

DE LA ADMINISTRACION

Artículo 136. El Fondo será administrado por la Comisión Ejecutiva siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Artículo 137. Los recursos del Fondo serán administrados y operados por medio de un fideicomiso público.

Artículo 138. El titular del Fondo deberá:

I.- Administrar cautelosamente los recursos que conforman el Fondo a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de ésta Ley;

II.- Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al mismo;

III.- Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante el Pleno de la Comisión Ejecutiva, y

IV.- Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo.

Artículo 139. Los recursos del Fondo se aplicarán también para otorgar a la víctima los apoyos a que se refieren los títulos Tercero y Cuarto, y, en los casos de víctimas de delitos o de violación a derechos humanos, a la medida de compensación, en los términos de esta Ley y conforme al Reglamento respectivo.

La Comisión Ejecutiva determinará el apoyo o asistencia que corresponda otorgar a la víctima de los recursos del Fondo incluida la compensación, previa opinión que al respecto emita el Comité interdisciplinario evaluador.

Artículo 140. El Fondo será fiscalizado anualmente por la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 141. La Federación se subrogará en los derechos de las víctimas para cobrar el importe que por concepto de compensación haya erogado en su favor con cargo al Fondo.

Para tal efecto, se aportarán a la Federación los elementos de prueba necesarios para el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación.

El Ministerio Público estará obligado a ofrecer los elementos probatorios señalados en el párrafo anterior, en los momentos procesales oportunos, a fin de garantizar que sean valorados por el juzgador al momento de dictar sentencia, misma que deberá prever de manera expresa la subrogación a favor de la Federación en el derecho de la víctima a la reparación del daño y el monto correspondiente a dicha subrogación, en los casos en que así proceda.

En el caso de las compensaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial correspondiente.

Artículo 142. La Federación ejercerá el procedimiento económico coactivo para hacer efectiva la subrogación del monto de la reparación conforme a las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la vía civil, para cobrar la reparación del daño del sentenciado o de quien esté obligado a cubrirla, en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 143. El Reglamento precisará el funcionamiento, alcance y criterios específicos de asignación de recursos del Fondo.

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 144. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva de conformidad con lo señalado por esta Ley y su Reglamento.

Quien reciba la solicitud la remitirála Comisión Ejecutiva o comisiones de víctimas en un plazo que no podrá exceder los dos días hábiles.

Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva lo turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la propuesta que el comisionado presidente presente al Pleno de la Comisión Ejecutiva para determinar el apoyo o ayuda que requiera la víctima.

Artículo 146. El comité interdisciplinario evaluador deberá integrar dicho expediente en un plazo no mayor de cuatro días, el cual deberá contener como mínimo:

I.- Los documentos presentados por la víctima;

II.- Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima;

III.- Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y

IV.- En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos.

Artículo 147. En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse además:

I.- Estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario evaluador en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización;

II.- Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación;

III.- Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y

IV.- Propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda.

La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad del Comité lograr la integración de la carpeta respectiva.

Artículo 148. Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación del comité interdisciplinario evaluador para que integre la carpeta con los documentos señalados en el artículo anterior, analice, valore y concrete las medidas que se otorgarán en cada caso.

El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de la ayuda.

La Comisión Ejecutiva deberá integrar el expediente completo en un plazo no mayor a veinte días hábiles y resolver con base a su dictamen la procedencia de la solicitud.

Artículo 149. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima:

I.- Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar y /o otras formas de reparación;

II.- No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron;

III.- No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y

IV.- Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva.

Artículo 150. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando:

I.- La condición socioeconómica de la víctima;

II.- La repercusión del daño en la vida familiar;

III.- La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;

IV.- El número y la edad de los dependientes económicos; y

V.- Los recursos disponibles en el Fondo.

CAPITULO IV

DE LA REPARACION

Artículo 151. Si el Estado no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de compensación, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, deberá justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor, o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.

Artículo 152. Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no haya sido dada por autoridad judicial u organismo nacional o internacional de protección de los derechos humanos, ésta deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva. Si la misma no fue documentada en el procedimiento penal, esta Comisión procederá a su documentación e integración del expediente conforme lo señalan los artículos 145, 146 y 169.

Artículo 153. Cuando parte del daño sufrido se explique a consecuencia del actuar u omitir de la víctima, dicha conducta podrá ser tenida en cuenta al momento de determinar la indemnización.

Artículo 154. Cuando el daño haya sido causado por más de un agente y no sea posible identificar la exacta participación de cada uno de ellos, se establecerá una responsabilidad subsidiaria frente a la víctima, y se distribuirá el monto del pago de la indemnización en partes iguales entre todos los cocausantes previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 155. Las medidas de ayuda y asistencia podrán ser de diversa índole, en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. La reparación integral deberá cubrirse mediante moneda nacional, con la excepción de que se podrá pagar en especie de acuerdo a la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva.

Artículo 156. La Comisión Ejecutiva tendrá facultades para cubrir las necesidades en términos de asistencia, ayuda y reparación integral, a través de los programas gubernamentales federales, estatales o municipales con que se cuente.

Artículo 157. Cuando proceda el pago de la reparación, el fondo registrará el fallo judicial que lo motivó y el monto de la indemnización, que será de consulta pública.

TITULO NOVENO

DE LA CAPACITACION, FORMACION, ACTUALIZACION Y ESPECIALIZACION

Artículo 158. Los integrantes del Sistema que tengan contacto con la víctima en cumplimento de medidas de atención, asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberán incluir dentro de sus programas contenidos temáticos sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por esta Ley; así como las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la Constitución y tratados internacionales, protocolos específicos y demás instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.

Dichas entidades deberán diseñar e implementar un sistema de seguimiento que logre medir el impacto de la capacitación en los miembros de sus respectivas dependencias. A dicho efecto deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y quejas hechas contra dichos servidores, las sanciones impuestas, las entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas.

Artículo 159. Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y reconocimiento de servidores públicos que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su servicio a víctimas en cumplimento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir dentro de los criterios de valoración, un rubro relativo a derechos humanos.

Artículo 160. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en cumplimiento con las facultades atribuidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá disponer lo pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la presente Ley sean parte de las estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como los de supervisión de los programas correspondientes en los institutos de capacitación.

Artículo 161. Los servicios periciales federales y de las entidades federativas deberán capacitar a sus funcionarios y empleados con el objeto que la víctima reciba atención especializada de acuerdo al tipo de victimización sufrido, y tenga expeditos los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de derechos humanos.

Artículo 162. Los institutos y academias que sean responsables de la capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos ministeriales, policiales y periciales federales, estatales y municipales, deberán coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los Programas Rectores de Profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los lineamientos mínimos impuestos por el presente capítulo de esta Ley.

Asimismo deberán proponer convenios de colaboración con universidades y otras instituciones educativas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de brindar formación académica integral y de excelencia a los servidores públicos de sus respectivas dependencias.

Las obligaciones enunciadas en el presente artículo rigen también para las entidades homólogas de capacitación, formación, actualización y especialización de los miembros del Poder Judicial y Secretaría de Defensa Nacional, en los distintos órdenes de gobierno.

Artículo 163. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las instituciones públicas de protección de los derechos humanos en las entidades federativas deberán coordinarse con el objeto de cumplir cabalmente las atribuciones a ellas referidas.

Dichas instituciones deberán realizar sus labores prioritariamente enfocadas a que la asistencia, apoyo, asesoramiento y seguimiento sea eficaz y permita un ejercicio real de los derechos de las víctimas.

Artículo 164. Como parte de la asistencia, atención y reparación integral, se brindará a las víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional.

La formación y capacitación se realizará con enfoque diferencial y transformador. Se ofrecerá a la víctima programas en virtud de su interés, condición y contexto, atendiendo a la utilidad de dicha capacitación o formación. El objeto es brindar a la víctima herramientas idóneas que ayuden a hacer efectiva la atención y la reparación integral, así como favorecer el fortalecimiento y resiliencia de la víctima.

Asimismo deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica que le permita optar sobre los programas, planes y rutas de capacitación y formación más idóneos conforme su interés, condición y contexto.

Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma. Cuando en el Gobierno Federal, entidades federativas o el Gobierno del Distrito Federal no cuenten con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, deberán crear los programas y planes específicos.

TITULO DECIMO

DE LA ASESORIA JURIDICA FEDERAL Y

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE ATENCION A VICTIMAS

CAPITULO UNICO

Artículo 165. Se crea en la Comisión Ejecutiva, la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas, área especializada en asesoría jurídica para víctimas.

Las entidades federativas deberán crear en el ámbito de sus respectivas competencias su propia Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas o, en su caso, adaptar las estructuras previamente existentes en los términos de esta Ley.

Las Asesorías Jurídicas de Atención a Víctimas de las entidades federativas serán, del mismo modo, órganos dependientes de la unidad análoga a la Comisión Ejecutiva que exista en la entidad, gozarán de independencia técnica y operativa y tendrán las mismas funciones, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 166. La Asesoría Jurídica estará integrada por asesores jurídicos de atención a víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.

Contará con una Junta Directiva, un Director General y las unidades administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señalen las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 167. La Asesoría Jurídica Federal tiene a su cargo las siguientes funciones:

I.- Coordinar el servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar los derechos de las víctimas contenidos en esta Ley, en tratados internacionales y demás disposiciones aplicables;

II.- Coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos del fuero federal, a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral;

III.- Seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la Asesoría Jurídica Federal;

IV.- Designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito, por cada Juzgado Federal que conozca de materia penal y Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando menos a un Asesor Jurídico de las Víctimas y al personal de auxilio necesario;

V.- Celebrar convenios de coordinación con todos aquellos que pueden coadyuvar en la defensa de los derechos de las víctimas, y

VI.- Las demás que se requiera para la defensa de los derechos de las víctimas.

La Asesoría Jurídica de las entidades federativas tendrán las mismas funciones en el ámbito de su competencia.

Artículo 168. La víctima tendrá derecho a nombrar un Asesor Jurídico el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al Registro. En caso de no contar con abogado particular, la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Federal.

La víctima tendrá el derecho de que su abogado comparezca a todos los actos en los que ésta sea requerida.

El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que quieran o pueden contratar a un abogado particular y en especial a:

I.- Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

II.- Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

III.- Los trabajadores eventuales o subempleados;

IV.- Los indígenas, y

V.- Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

Artículo 169. Se crea la figura del Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas el cual tendrá las funciones siguientes:

I.- Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;

II.- Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendientes a su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como internacional;

III.- Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa;

IV.- Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;

V.- Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación;

VI.- Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta Ley, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables;

VII.- Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;

VIII.- Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que esta las requiera;

IX.- Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor Jurídico Federal de las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público, y

X.- Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.

Artículo 170. Las entidades federativas contarán con Asesores Jurídicos de Atención a Víctimas adscritos a su respectiva unidad de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, los cuales tendrán las funciones enunciadas en el artículo anterior, en su ámbito de competencia.

Artículo 171. Para ingresar y permanecer como Asesor Jurídico se requiere:

I.- Ser mexicano o extranjero con calidad migratoria de inmigrado en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente;

III.- Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes, y

IV.- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año.

Artículo 172. El Asesor Jurídico será asignado inmediatamente por la Comisión Ejecutiva, sin más requisitos que la solicitud formulada por la víctima o a petición de alguna institución, organismo de derechos humanos u organización de la sociedad civil.

Artículo 173. El servicio civil de carrera para los Asesores Jurídicos, comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. Este servicio civil de carrera se regirá por las disposiciones establecidas en las disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 174. El Director General, los Asesores Jurídicos y el personal técnico de la Asesoría Jurídica Federal serán considerados servidores públicos de confianza.

Artículo 175. La Junta Directiva estará integrada por el Director General de la Asesoría Jurídica Federal, quien la presidirá, así como por seis profesionales del Derecho de reconocido prestigio, nombrados por la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Director General.

Los miembros de la Junta Directiva realizarán sus funciones de manera personal e indelegable y durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por otros tres.

Artículo 176. La Junta Directiva podrá sesionar con un mínimo de cuatro miembros y tomará sus decisiones por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el Director General tendrá voto de calidad.

Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos cada dos meses, sin perjuicio de que puedan convocarse por el Director General o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembros de la Junta Directiva, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.

Artículo 177. Son las facultades de la Junta Directiva:

I.- Fijar la política y las acciones relacionadas con la Asesoría Jurídica de las Víctimas;

II.- Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la elevación del nivel profesional de los asesores jurídicos, e igualmente se proporcione a la Junta asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos en que ésta lo requiera;

III.- Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de Asesoría Jurídica Federal;

IV.- Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores sociales y organismos públicos y privados, en temas como capacitación y apoyo;

V.- Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los asesores jurídicos de atención a víctimas;

VI.- Aprobar las bases generales de organización y funcionamiento de la Asesoría Jurídica Federal;

VII.- Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración de la Comisión Ejecutiva;

VIII.- Aprobar los lineamientos generales para la contratación de peritos y especialistas en las diversa áreas del conocimiento en que se requieran;

IX.- Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Asesoría Jurídica Federal;

X.- Examinar y aprobar los informes periódicos que someta a su consideración el Director General, y

XI.- Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 178. El Director General de la Asesoría Jurídica Federal, será designado por el voto de la mayoría absoluta de la Comisión Ejecutiva y durará tres años en su cargo, pudiendo ser reelecto hasta por tres años más.

Artículo 179. El Director General de la Asesoría Jurídica Federal deberá reunir para su designación, los requisitos siguientes:

I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II.- Acreditar experiencia de tres años en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con las materias afines a sus funciones; y poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de cinco años computada al día de su designación, y

III.- Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la reputación de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta.

La Comisión Ejecutiva procurará preferir, en igualdad de circunstancias, a quien haya desempeñado el cargo de Asesor Jurídico, defensor público o similar.

Artículo 180. El Director General de la Asesoría Jurídica Federal tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de Asesoría Jurídica de las Víctimas que se presten, así como sus unidades administrativas;

II.- Conocer de las quejas que se presenten contra los Asesores Jurídicos de atencióna víctimas y, en su caso, investigar la probable responsabilidad de los empleados de la Asesoría Jurídica Federal;

III.- Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a los Asesores Jurídicos; determinando, si han incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de los empleados de la Asesoría Jurídica Federal;

IV.- Proponer a la Junta Directiva las políticas que estime convenientes para la mayor eficacia de la defensa de los derechos e intereses de las víctimas;

V.- Proponer a la Comisión Ejecutiva, las sanciones y correcciones disciplinarias que se deban imponer a los Asesores Jurídicos;

VI.- Promover y fortalecer las relaciones de la Asesoría Jurídica Federal con las instituciones públicas, sociales y privadas que por la naturaleza de sus funciones puedan colaborar al cumplimiento de sus atribuciones y de manera preponderante con las Asesorías Jurídicas de Atención Víctimas de las entidades federativas.

VII.- Proponer a la Junta Directiva el proyecto de Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Asesoría Jurídica Federal, así como un programa de difusión de sus servicios;

VIII.- Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada uno de los Asesores Jurídicos que pertenezcan a la Asesoría Jurídica Federal, el cual deberá ser publicado;

IX.- Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración de la Junta Directiva, y

X.- Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 182-R.- Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán destinados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada Ley, a la compensación a que se refiere el artículo 69 de la Ley General de Víctimas. Una vez cubierta dicha compensación o en aquellos casos en que la misma no sea procedente, los recursos restantes o su totalidad se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para efecto de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.

TERCERO.-Todas las autoridades, de los distintos órdenes de gobierno, relacionadas con el cumplimiento de esta Ley, deberán adecuar su normatividad interna para efectos del cumplimiento del Artículo Noveno Transitorio de la ley vigente.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 21de marzo de 2013.

COMISION DE GOBERNACION

COMISION DE JUSTICIA

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura para ponerlo de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, le daremos el uso de la palabra a quienes van a fundamentar dicho dictamen.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en los términos dispuestos por el artículo 196 de nuestro Reglamento, hasta por diez minutos.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; señoras Senadoras y Senadores:

A las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por diversos Senadores de la LXII Legislatura ante el Congreso de la Unión.

El 19 de febrero de 2013, un grupo de ciudadanos pertenecientes a las organizaciones sociales: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México SOS, Causa en Común y Alto al Secuestro, se dieron cita en la sede del Senado de la República, para entregar a diversos Senadores de la LXII Legislatura, una propuesta de reformas a la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, y solicitaron que conforme a la facultad otorgada en el artículo 71, fracción II, a los Senadores de la República fuera presentada formalmente como iniciativa y se diera el trámite legislativo.

En reconocimiento pleno a la lucha por la defensa de los derechos de las víctimas y por su consistente labor en defensa del derecho a la verdad y a la justicia, el mismo 19 de febrero de 2013, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, los legisladores hicieron suyo el proyecto de las organizaciones sociales.

Así, Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Nueva Alianza y del Partido del Trabajo, y el Senador Javier Corral Jurado, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Por último, con fecha 20 de marzo de 2013, en reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, se discutió y aprobó el presente dictamen.

El sentido de la iniciativa responde a un enfoque integral de justicia restaurativa, para que las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito tengan el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, todo ello a través de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que contiene las acciones y programas que deben ser considerados como sustantivos y complementarios para el reconocimiento de la víctima en todos sus ámbitos:, individual, familiar y social.

La Ley General de Víctimas que se pretende reformar, es un instrumento legal inédito, no sólo en nuestro país, sino también en la legislación internacional y recoge las mejores prácticas, preceptos y principios del derecho internacional a favor de la dignidad de las personas.

Para ello es necesario mejorar su aplicación y viabilidad operativa. Por lo que se simplifican y concretizan con precisiones surgidas de diversos actores las obligaciones y tareas del Estado mexicano, señaladas en los artículos 1o. y 20, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reparar a las víctimas de violación a derechos humanos y a las víctimas del delito en los términos previstos en la fracción XXX del artículo 73; y con esta reforma se avanza significativamente en el proceso de reconocer, identificar, dignificar y apoyar a quienes fueron víctimas de violencia. Por lo que es necesario modificar el actual ordenamiento para fortalecer su instrumentación y poder robustecer su ámbito de aplicación.

En amplio sentido, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, coincidimos plenamente y atendemos una demanda ciudadana que proviene de la colectividad de grupos que han sido afectados por la delincuencia y que son los principales autores de esta iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas.

Por ello, más allá de simplemente atender las modificaciones propuestas para adecuar la redacción y terminología de la ley, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras hacemos propia la necesidad de aprobar la iniciativa prácticamente en sus términos y proponer su aprobación ante el Pleno del Senado, pues ella permite un mejor marco jurídico y otorga funcionalidad operativa gracias al rediseño institucional y a la previsión de la fuente de los recursos que conformarán el fondo que será destinado a las víctimas.

Por otro lado, estamos de acuerdo en la inclusión del concepto de víctimas indirectas, así como el de víctimas potenciales, ya que amplía de manera significativa y justa la protección a personas que pueden ser vulneradas en su integridad personal y derechos.

El reconocimiento a la atención de las víctimas tanto directas, indirectas o potenciales para reparar los daños que requiere una atención especializada y a la obligación a que dicha atención responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas, garantiza aún más su protección y reintegración a una vida normal y cotidiana, abonado al respeto de la dignidad humana.

De la misma manera consideramos fundamental, y en ello hay gran coincidencia, dar mayor participación a la sociedad civil y, en particular, a las víctimas y colectivas de víctimas en el diseño de políticas y acciones tendientes a su protección en todas las etapas previstas en la ley.

Por lo que respecta a la definición de hecho victimizante, es importante esclarecer que se debe a las conductas que puede asumir a una persona como víctima, ya sea por la comisión de un delito o por la violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México ya es parte.

De manera esencial consideramos que las reformas planteadas por las iniciativas previenen la inaplicabilidad de la norma y dan certidumbre para aquellos que pueden ser sujetos de su protección.

Otro aspecto a reconocer, es que la propuesta representa un esfuerzo de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, pues al establecer, por ejemplo, la inclusión del registro federal y estatal, permite mayor control y certidumbre al Registro Nacional de Víctimas, lo que dará pie a un modelo de evaluación con base en resultados de los alcances de la Ley General de Víctimas.

Resaltamos que la temporalidad introducida relacionada con las medidas de ayuda que permite garantizar a la víctima a superar las condiciones de necesidad inmediata, responden a la necesidad de que el Estado logre coadyuvar en la reintegración de las víctimas a una vida normal y cotidiana, objetivo fundamental de la existencia de esta ley, es su valor intrínseco más importante.

Asimismo, la inclusión de derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales, con la consiguiente obligación del Estado para que a través de los tres órdenes de gobierno se garantice y salvaguarde sus derechos hace aún más fuerte y viable la aplicación de la ley.

Ante ello, consideramos procedente el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas por desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición, garantizando con ello los derechos de aquéllas, su protección y las de sus dependientes.

Es importante hacer mención que en la discusión del dictamen, los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional presentaron diversas reservas al texto del proyecto de Decreto propuesto originalmente, ante ello, y por votación unánime, se aprobaron modificaciones y adiciones a los artículos 4, 6, 44, 120 y 144.

En el mismo sentido, salvo en votación mayoritaria, los integrantes de las comisiones unidas aceptaron la modificación del artículo 72. Dichas reformas fueron en todo momento ampliamente discutidas por los integrantes de las comisiones, lo que permitió lograr el mayor consenso posible.

En suma, los integrantes de estas Comisiones Unidas Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, consideramos que es de aprobarse en los términos propuestos en este dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el párrafo primero del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que éstas influirán de manera sustancial en el desarrollo de una cultura de protección a las víctimas, atendiendo en la protección de sus derechos a la justicia restaurativa que presupone ya un compromiso del Estado mexicano desde la Constitución y que hoy es demandada por quienes han sido víctimas de la delincuencia.

Finalmente, reconocemos el trabajo de todos los integrantes de las comisiones unidas que mostraron en todo momento voluntad y disposición al debate, para la construcción de los acuerdos a favor de la sociedad.

Especialmente reconozco el liderazgo de los presidentes de las comisiones, Senadora Angélica de la Peña, Senador Roberto Gil y Senador Alejandro Encinas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María Cristina Díaz Salazar.

Para hablar a nombre de la Comisión de Justicia y posicionar el dictamen que nos ocupa, se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente.

Creo que no es necesario abundar en la fundamentación del dictamen, tras escuchar la exposición que ha hecho la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación.

Permítame separarme de la responsabilidad de fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia para hacer una reflexión personal.

La discusión de la Ley General de Víctimas ha evidenciado alguno de los males de nuestra política. Nadie nunca puede oponerse al sentido de urgencia para dar respuesta a las demandas de la sociedad a través de la ley.

Sin duda, las circunstancias que viven muchas víctimas en el país, las de ayer y las de hoy, exige que el Estado actúe con ese sentido de responsabilidad. Pero eso no debe ser pretexto para renunciar al deber básico de legislar bien, de hacer buenas leyes, de procurar que esas leyes resuelvan efectivamente la problemática que las motiva, que sean mucho más que una fotografía celebratoria de ocasión.

Tengo la sensación de que pudimos hacer más en este proceso. Que quizá no nos escuchamos lo suficiente por esa lógica de apresuramiento mediático para ver quién ejerce la titularidad única de la labor iniciada o el dictamen concluido.

Que entre nosotros imperó una actitud de desconfianza en la discusión de estas iniciativas.

Que renunciamos a alcanzar lo deseable con el falso recurso de lo posible.

Olvidamos que el Congreso es el espacio en el que se recrea el forcejeo civilizatorio entre lo deseable y lo posible.

Estamos convirtiéndonos en un Congreso que se satisface con los mínimos posibles, cuando tiene a su alcance reconciliar la pluralidad en máximos audaces.

Estoy convencido de que no hay aquí ninguna Senadora o Senador que no tenga una legítima preocupación por las víctimas.

Nosotros no nos oponemos, no nos hemos opuesto y jamás nos opondremos a que las víctimas tengan una efectiva protección a sus derechos, pero una ley es justa no sólo por existir, sino porque su contenido es eficaz para alcanzar las finalidades que persigue, no tenemos derecho a ver a las víctimas como botín, no hay dignidad en ello, sería la peor revictimización.

Es una enorme responsabilidad publicar una ley a sabiendas que no era operativa y con el único propósito de lograr un aplauso de coyuntura, y es irresponsable volver a aplicar esa lógica de apresuramiento a sabiendas que dejamos en el camino muchos derechos y figuras importantes.

Jamás nuestro Congreso había rehecho una ley a dos meses de su publicación, la política en un parlamento democrático y responsable nunca debe ser rutina de complacencias por unos cuantos ni las diferencias deben ser vistas como agresión contra otros.

Frente a las víctimas tenemos un deber de justicia, un deber de verdad, de justicia para muchos a los cuales quizás jamás les hemos visto el rostro y con ellos y para ellos precisamente tenemos el deber de legislar bien.

Los Senadores del PAN estuvimos convencidos de que la ley que el Presidente Peña Nieto publicó de nada servía a las víctimas, hoy hay constancia fehaciente de ello, lo argumentamos incluso a pesar del perjuicio de que nos oponíamos por capricho o por mala conciencia, mezquina forma de hacer política aquella que piensa que la lealtad partidista es mayor que la lealtad al bien común.

Hoy estamos convencidos de que debemos corregir esa ley publicada, no para anularla, sino porque cada víctima hoy debe de tener una expectativa satisfecha a su dolor y que esa víctima encuentre remedio a su circunstancia.

Por eso vamos a votar a favor de ese dictamen. Pero ello no significa que renunciemos a nuestro deber de señalar lo que consideramos que puede ser mejor.

Hemos presentado un modelo alternativo de política pública para atender a las víctimas que pretenden ser no un remedio de locación sino una solución integral y de largo plazo, insistiremos en ese modelo con razones y lo someteremos al veredicto democrático de este Parlamento, pero también tenemos propuestas concretas para mejorar la ley que hoy tenemos el deber de enmendar.

Ciertamente algunas de nuestras propuestas son aceptadas y reconozco la apertura de las Senadoras y Senadores que contaron buenas razones para apoyarlo.

Pero tenemos el deber hoy, en este Pleno, de insistir en otras que no han convencido a la mayoría, creemos que las víctimas no deben estar al arbitrio de la autoridad y que requiere certeza en atención a sus derechos.

Propusimos, y hoy insistiremos en ello, que la ley establezca un plazo para que la ley responda a la víctima, un derecho que no tiene plazo es un derecho de papel, una hipocresía legislativa.

También propusimos que se reconozca el derecho de las víctimas, a que el delito o la violación de delitos en su contra se investigue y se juzgue sin jurisdicciones especiales, esta ley tiene la pretensión de integrar todos los derechos de las víctimas y este derecho, que ya fue reconocido por los tribunales internacionales y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede quedar fuera de esta ley.

No podemos ser incongruentes con las iniciativas que aquí mismo se han presentado por todos los partidos políticos, no es honorable olvidar por coyuntura aquello que antes se defendió por una supuesta convicción, mucho menos con el argumento de que nada puede modificarse porque alguien no está de acuerdo en que se le mueva una coma a las iniciativas presentadas.

Propusimos también, y hoy insistimos, en que las víctimas requieren atención, desde una responsabilidad compartida entre todos los poderes y todos los órdenes de gobierno.

El dictamen refleja uno de los trastornos más agudos de nuestro sistema político, el federalismo de la irresponsabilidad, es el federalismo de los derechos y el centralismo de las obligaciones.

Nueve de cada diez delitos corresponden al fuero común, en esos nueve casos hay víctimas que deben ser atendidas por la autoridad local, es su deber y para eso fueron electos, pero la ley que estamos a punto de aprobar recurre al cómodo festín de la chequera federal.

En Acción Nacional queremos que las entidades federativas deban tener la obligación de prever fondos para la atención a víctimas porque también es obligación impartir justicia y combatir la impunidad.

Mal incentivo generamos cuando exhibimos a las entidades federativas de responder contra su hacienda pública cuando no hacen bien su trabajo, cuando violan derechos por acción u omisión, cuando no quieren o no pueden procurar las mínimas condiciones de justicia para sus ciudadanos.

Cuenta una anécdota que un viejo legislador romano aconsejó a su aprendiz que las buenas leyes son las que se conjugan en primera persona. La pregunta que hoy nos debemos hacer es si la ley que vamos aprobar es aquella que nos gustaría que nos protegiera a cualquiera de nosotros, si alguna duda queda, tenemos el deber de mantener abierta la reflexión y la discusión para alcanzar un mejor resultado en el futuro.

Tenemos el deber de reconocer con generosidad razón en el otro y no tener miedo a perder lo posible por procurar lo deseable.

La dignidad de la representación nacional radica en ejercer a plenitud nuestro deber ético y constitucional, no somos la ventanilla de trámites de verdades confeccionadas en otro lado, somos la expresión de la pluralidad y de la libertad de los mexicanos.

No tengamos vergüenza de asumir nuestro papel, no nos conformemos con la ley que sea, cuando podemos construir la ley que merecemos.

Hagamos buenas leyes, porque eso será siempre por el bien de México.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Roberto Gil Zuarth.

Sonido en el escaño del Senador Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Unicamente, señor Presidente, para rogarle que quede inscrito en el Diario de los Debates que la posición que acaba de expresar nuestro amigo, el Senador Roberto Gil, no fue a nombre de la Comisión de Justicia, sino como él mismo lo expresó, a nombre propio, y entiendo, de los legisladores de Acción Nacional, una posición muy respetable pero no fue como usted le dio el uso de la palabra a nombre de la comisión, para que quede así asentado.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto tomamos nota de ello.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Solamente para avalar la posición del ciudadano presidente de la comisión en los términos en que la ha planteado, aunque lo haya hecho a nombre propio.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, tomo nota de ello.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Quizás por distracción o por poca atención al discurso del Senador Roberto Gil, el Senador Robles Montoya ha hecho una moción indebida porque los legisladores cuando hablan en el ejercicio de su cargo, de Senador de la República y como presidente de la comisión, más no por la comisión.

Y en segundo lugar, el propio Senador Roberto Gil aclaró al principio de su intervención que se apartaría de fundamentar los motivos del dictamen, que ya lo había hecho la Senadora Cristina Díaz, más allá de la opinión que tengamos sobre el dictamen de esta ley que hace avanzar la defensa de los derechos de las víctimas, sería recomendable que este discurso lo volviéramos a escuchar, es un discurso de la racionalidad política en el mejor estilo parlamentario que nos debemos los legisladores cuando construimos la ley.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral.

Senador, Robles Montoya quiero informarle que de acuerdo a lo que establece el artículo 196 de nuestro Reglamento, estamos ahorita en la fundamentación del dictamen por cada una de las comisiones, no ha lugar a que se hagan otro tipo de comentarios hasta una vez que se termine la fijación de posición por parte de comisiones, luego los grupos parlamentarios tienen derecho a fijar posición y luego posteriormente vendrá el debate, y en ese sentido usted tendrá todo el derecho, como cualquier otro Senador o Senadora, de hacer uso de la palabra.

Está usted anotado para hacer uso de la palabra en su momento, yo le pido que me permita ahorita que continuemos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño)Al Senador Javier Corral sí le dio el uso de la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Porque se lo permití a usted, Senador, y no hay derecho a réplica, y por eso ya no procede que usted pueda hacer uso de la palabra para este asunto, usted en su momento podrá hacer uso de la palabra como está debidamente inscrito.

Pido a la Senadora Angélica de la Peña Gómez que pase a presentar sus comentarios, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, en los términos que dispone el artículo 196 de nuestro Reglamento, hasta por diez minutos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

Es verdad que la pluralidad cuando una representa una comisión tiene que tomar consideración que cada uno de los integrantes tiene el derecho, vaya, la libertad inalienable de votar como quiera.

Llegar aquí, hablar a nombre de la comisión, necesariamente tiene que tener de mi parte consideración de esta realidad inobjetable de la opinión que cada una y cada uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos decidió ayer con su voto, y que seguramente expresará también con toda libertad de manera particular el punto de vista personal o de su grupo o de su representación respecto del dictamen que hoy estamos poniendo a su consideración.

Las cuatro comisiones nos convocamos antier para discutir un proyecto de dictamen que reforma la Ley General de Víctimas, ciertamente promulgada, hace alrededor de dos meses.

Cuando se promulga la ley se señaló con toda puntualidad que la ley necesitaba reformarse para hacerla plausible, nunca se negó esa circunstancia, sino que instamos para que desde esta Cámara pudiéramos tener eco de las reformas que en los mismos movimientos de víctimas, junto con algunas instancias gubernamentales que expresaron su voluntad política para promulgar esta ley, pues decidiéramos trabajar en las reformas.

Sabemos que estas reformas, presentadas el día de ayer, tuvieron “un impasse” de más de 24 horas en base en un acuerdo político de la Junta de Coordinación Política o de algunos de los coordinadores, cuando menos yo sé, del PRI, del PAN y del PRD para dar oportunidad a que hubiese mayor condición de tomar en consideración las propuestas de los colegas de Acción Nacional, insisto, en su legítimo derecho para lograr, yo creo que es el motor lo que motiva a todas y a todos, quienes estamos aquí, de que esta ley ciertamente sea plausible y se pueda mejorar.

Las modificaciones que se plantean en esta reforma, que, insisto, fueron presentadas por parte de los movimientos de víctimas, delimitan el ámbito de competencias de las autoridades federales y de las entidades federativas que facilitan el cumplimiento de la ley y hacen operativo el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, algo que señalábamos desde el principio, tenía elementalmente que modificarse para que este sistema pudiera realmente tener condiciones de funcionalidad.

Se reduce la estructura de la comisión ejecutiva a 7 comisionados, de los cuales 4 serán especialistas en alguna disciplina o materia de la ley, y 3 comisionados representarán a los colectivos de las víctimas.

3.- Se establecen reformas que hacen accesible y facilitan el acceso de las víctimas al Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

4.- Se delimita el pago de las compensaciones para aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, integridad física o mental o hubiera fallecido o quedado físicamente o mentalmente discapacitada como consecuencia del delito.

Se fortalecen los mecanismos de protección de las personas secuestradas o desaparecidas, estableciendo que el Estado lleve a cabo su búsqueda y, en su caso, el rescate oportuno.

En el caso de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, serán compensadas en los términos sus montos que determinen la resolución que se emita, en su caso, este, a través de un órgano jurisdiccional nacional, uno internacional o un organismo público de protección de los derechos humanos.

Se dotan de nuevas atribuciones al Sistema Nacional de Atención a Víctimas para promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas, federales, locales, del gobierno del Distrito Federal, municipales y organismos autónomos.

Se establece todo un mecanismo que le permita al Sistema Nacional de Atención a Víctimas su funcionamiento y operatividad y toma de decisiones y acuerdos.

Se crea un fondo, una asesoría jurídica y un registro de víctimas a fin de garantizar el acceso de las víctimas a los mecanismos, procedimientos y servicios a los que tiene derecho.

Finalmente, por obviedad del tiempo, voy a mencionar, que también tomamos en consideración en la sesión de las comisiones unidas, el día de ayer, diversas propuestas que hicieron diversas legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional, se incorporan como víctimas a los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieren sido afectados en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos. Se incluyó la obligación de los servidores públicos de designar los delitos que sean de su conocimiento cuando éstos se persigan de oficio, y se prevé la procedencia del amparo para recurrir las decisiones de las comisiones ejecutivas.

No puedo dejar de dar brevemente una opinión personal, en el sentido, como aquí se ha planteado por algunos colegas, de que, pues yo también tengo mi opinión personal, más allá de que presida la Comisión de Derechos Humanos, y en esa opinión personal, y para terminar, tenemos que, aquí, tomar decisiones, algunas nos corresponden, algunas no nos corresponden o algunas correspondieron a quienes estaban en otras instancias del Poder Ejecutivo y que por omisión o comisión, o por lo que ustedes quieran, llevaron al país a padecer una grave situación en donde miles de víctimas, y sobre todo los familiares de estas víctimas, hoy ven en esta ley, y con estas reformas que hoy sometemos a su consideración, la posibilidad de tener alguna pequeña compensación, que de ninguna manera, va a resolver el problema personal de padecer la desaparición de un ser querido, ese es el problema, esa es la litis, y entonces aquí todos juntos con las organizaciones que luchan por estos derechos de las víctimas, familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes, y también junto con el gobierno, pues tenemos que tomar decisiones urgentes para que los mecanismos no se detengan. Eso no demerita que en otra oportunidad sigamos perfeccionando la ley, de ninguna manera, pero hoy creemos que es indispensable que la aprobemos en los términos como viene, que demos el debate en lo particular respecto de las reservas, pero que siempre pongamos el interés superior de las y los familiares de las víctimas por encima, incluso, de nuestras diferencias o posiciones como grupo.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Para fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda y como Senador de la República, vengo a fundamentar muchos de los motivos del dictamen que hoy nos reúne, aunque la parte sustancial del mismo ya ha sido relatada con todo detalle, tanto por la Presidenta de la Comisión de Gobernación, como mis compañeros legisladores, Angélica de la Peña, de la Comisión de Derechos Humanos, y Roberto Gil de la Comisión de Justicia.

Yo quisiera solamente hacer dos consideraciones sobre el tema: la primera, espero que con el dictamen de la ley que hoy vamos a aprobar, cerremos un ciclo tortuoso que ha seguido la legislación de víctimas desde su origen, porque lamentablemente en muchas ocasiones nos falla la memoria. Hay que recordar, en primer lugar, que esta iniciativa fue una iniciativa de distintas organizaciones de la sociedad civil y que fue promovida y presentada en este Senado de la República el 17 de abril de 2012.

En esa iniciativa original participaron distintas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, como fueron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Colaboración Cívica, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Nacional Autónoma de México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, entre otros.

Y el debate en la Cámara de Senadores terminó con una aprobación por unanimidad. Esta minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, quien hizo lo propio en la discusión de la minuta y aprobó también por unanimidad esta iniciativa, bueno, la ley que hoy estamos reformando.

Lamentablemente, y en un proceso que yo considero de desaseo legislativo, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados retiró del Ejecutivo Federal el Decreto aprobado por la propia Cámara de Diputados, lo que permitió al Ejecutivo Federal cumplir con el término para la presentación de una controversia constitucional.

Yo creo que este ha sido uno de los procesos que degradan el trabajo legislativo, particularmente en el caso específico de la Cámara de Diputados, porque en contra de la voluntad soberana del Pleno, de las Diputadas y los Diputados, el presidente de la misma se arrogó un derecho de retirar un Decreto que permitió al Ejecutivo controvertirlo.

Y a partir de ese momento hubo una especie de carga emocional en torno a la legislación respecto de las víctimas, hasta que se abrió, derivado del proceso electoral, un compromiso con diversos candidatos para retirar la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo una vez transcurrida la campaña, cosa que sucedió, y se abrió de nueva cuenta un proceso de negociación de organizaciones de la sociedad civil con el Ejecutivo Federal y con diversos legisladores que llevó a que de nueva cuenta, a partir de un acuerdo político, diversas organizaciones sociales solicitaran el aval de distintas Senadoras y Senadores de la República para discutir este tema.

Y creo que ese es un hecho que debemos de reivindicar, porque el hecho de facilitar a los ciudadanos el acceso a iniciar leyes aprovechando la investidura de los legisladores es una práctica que ante la ausencia de la ley reglamentaria para promover la iniciativa ciudadana hoy hemos venido subsanando. Por cierto, no es la primera vez, ya se han presentado reformas anteriores, el caso de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se debatió en la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, o la propia que el Senador Roberto Gil, junto con el Senador Manuel Camacho suscribieron respecto a distintas reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, que en este momento se encuentra en consulta y en audiencia pública en el Senado de la República.

Por eso no comparto lo afirmado aquí por el Presidente de la Comisión de Justicia, el compañero Roberto Gil, de que la Cámara se está rigiendo, textualmente lo dijo, en ventanilla de tramitación de asuntos ajenos. Por el contrario, estamos abriendo un espacio para que los representantes y las víctimas presenten una iniciativa que refleja su preocupación y su sentir.

Y el aval que nosotros otorgamos no solamente fue en el sentido de traer a discusión esta iniciativa, sino incluso de hacer análisis y transformaciones de fondo. Y ayer mismo hubo un ejemplo de ello con una de las reformas que promovió el Partido Acción Nacional en la sesión de comisiones unidas, donde la definición de víctima trascendió no solamente a la definición de las personas físicas, sino avanzó también en inclusión de los entes colectivos, lo ha señalado aquí la Senadora Angélica de la Peña, en donde se incorporan a los grupos, comunidades u organizaciones sociales que han sido afectados en sus derechos.

Yo creo que la ley hoy cierra este ciclo, este periplo que llevó a su lugar original este traumático proceso de la aprobación de la primera ley que conocimos, por supuesto que es perfectible, pero creo que en lo fundamental el valor más importante de esta ley es que recoge el sentir de las víctimas, y con ello, estoy convencido, el Senado de la República está cumpliendo con su responsabilidad fundamental de atender a un sector que se ha visto dañado en sus derechos y garantías ante la incapacidad del Estado del mexicano de garantizar su responsabilidad primigenia, que es la de proteger y salvaguardar la integridad de las personas y de sus bienes.

Por eso nosotros acompañamos este dictamen.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Informo a la Asamblea que procederemos a desahogar los posicionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios, y en tiempo y forma se han inscrito el Senador Pablo Escudero Morales, por el grupo parlamentario del PVEM; el Senador Manuel Camacho Solís, por el grupo parlamentario del PRD; la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN; y la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI.

Procederemos a darle el uso de la palabra, en primer término, al Senador Pablo Escudero Morales, en los términos reglamentarios que…

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Ana Guevara.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Señor Presidente, para pedirle que me incluya en la lista. Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto la incluimos en la lista.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Mónica Arriola.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: (Desde su escaño) Con el mismo fin, señor Presidente, no sin antes comentar que me inscribí en la lista antes de ratificar mi nueva reinscripción.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, efectivamente usted estaba anotada ya en el proceso de discusión. Le pregunto si conserva esa posición o desea hacer uso de la palabra en los posicionamientos de los grupos.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: (Desde su escaño) Conservo la primera, por favor, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: La primera, entonces usted va en la discusión del dictamen, en pro del mismo. Muchas gracias.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, en los términos reglamentarios.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo antes de empezar con el posicionamiento del partido y un poco en alusión a lo que nos comentaba aquí el Senador Alejandro Encinas, sí quisiera hacer una ayuda de memoria de qué fue lo que ocurrió después de que los que fuimos Diputados federales recibimos, efectivamente, esa minuta que nos llegaba del Senado por unanimidad, porque si no pudiera parecer que obedecía a otros motivos y no fue así.

Y quisiera recordarles la votación de ese día, ese día fue el 30 de abril de 2012, fueron 369 votos a favor, el PRI votó a favor con todos los presentes, 172; el PAN votó a favor con todos los presentes que estaban en ese momento, 104 votos; el PRD 56; PVEM 15; el PT 11; Nueva Alianza 7; Movimiento Ciudadano 3 y sin partido uno; es decir, en ese momento de los que estaban presentes también en la Cámara de Diputados hubo unanimidad por todos los que fuimos Diputados federales.

Más aún recuerdo que ese día, al terminar esa votación, hubo una celebración con las víctimas que nos acompañaban en ese momento, que se encontraban en la parte trasera de la Cámara de Diputados, donde estaban muy contentos, muy agradecidos. Vale la pena hacer el apunte de memoria.

El día de hoy en esta tribuna traemos un dictamen con un elemento legal, inédito a nivel internacional, a favor de la dignidad de las personas y el respaldo de las víctimas, de las personas que han sido o que han sufrido algún delito o alguna violación a los derechos humanos.

Cuando se incumple con la obligación de brindar seguridad y resguardar los derechos humanos, el Estado debe atender a las víctimas al haber sido afectadas por un delito o violación en sus derechos humanos.

Así, en este dictamen se incorpora el derecho mexicano, un instrumento basado en la justicia restaurativa, en la que el delito es fundamentalmente un daño en contra de una persona concreta, y de las relaciones interpersonales y la reparación se convierte en la respuesta de la justicia para los actos victimizantes.

En esa tesitura, la trascendencia de que el Estado mexicano reconozca una realidad y establezca un conjunto de obligaciones frente a quienes han sido víctimas en este contexto, y lo plasme en derecho positivo, es un signo claro de la evolución social, política, democrática y legal, no sólo por el reconocimiento de las obligaciones morales, sino incluso por el reconocimiento de los compromisos internacionales.

También el reconocimiento pleno del respeto y protección a los derechos humanos. Así fue como en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de 2013, se publicó una Ley General de Víctimas, sin embargo, ante su perfectibilidad y sin soslayar que se trató del primer ejercicio en el reconocimiento y establecimiento de una estructura jurídica nacional en atención a las víctimas de los delitos y de la violación de los derechos humanos, se hizo necesario analizar y redireccionar los esfuerzos iniciados para concretar el enfoque integral de una justicia restaurativa.

El esfuerzo nos parece que no había sido menor, pero menos lo era encontrar las aristas que permitieran la operatividad de los principios que se buscaron fundar y fortalecer al Estado mexicano, con la benevolencia de que no se iniciaba de cero, por una parte ya contábamos con un texto legal que cimentaba las bases del reconocimiento para que las víctimas de las violaciones a derechos humanos o del delito, tuvieran el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y las garantías de no repetición.

Por otro lado, el largo sendero y experiencias de las organizaciones de la sociedad civil que permitieron apuntalar una gran propuesta de modificaciones a esta ley, contemplando las acciones y programas que deben ser considerados como sustantivos y complementarios para el reconocimiento de las víctimas, en sus ámbitos individual, familiar y social.

Es así que al conjugar estos factores y al entender la evolución de la complejidad social en nuestro país, el 19 de febrero de 2013, con el aval de diferentes Senadores y de los grupos parlamentarios del PRI, del PRD, del PT y del PVEM, se presentó esta iniciativa haciendo las modificaciones.

Esta iniciativa que se presentó constituye un parteaguas del reconocimiento del Estado mexicano en la atención de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos, y con ello arribamos a la vanguardia en la justicia restaurativa a nivel internacional, enarbolando el gran trabajo que han desarrollado las organizaciones de la sociedad civil, por lo que también se transforma en un reconocimiento a la labor de ellas.

De ahí derivaron las discusiones en el proceso de dictaminación con la intervención decidida y comprometida de los Senadores de todos los grupos parlamentarios que participamos en esa discusión y con la formulación de un dictamen que hoy estamos discutiendo.

Sobre todo, fue patente la unanimidad con que se reconoció la necesidad de conseguir la mejor y más eficaz Ley General de Víctimas. Mi reconocimiento a todos los Senadores de todos los grupos parlamentarios que sabemos que están comprometidos con este tema.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pablo Escudero Morales.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Una ley no tiene un punto de apoyo bien focalizado, duda, es originalmente torpe y contribuye a que la actividad del Estado sea “falible”, esto en principio es inadmisible, nuestra responsabilidad es corregir su objetivo.

Una de las principales actividades de la legislación es su puntualidad, no en tiempo, sino en precisión. La Ley General de Víctimas ha sido analizada por los grupos activistas y víctimas reales, ellos han aportado sus observaciones que son muy pertinentes, y ahora toca nuestro turno, enmendar la posibilidad de que esta legislación yerre. Asimismo, en muchas ocasiones los debates parlamentarios han señalado que uno de los defectos en las argumentaciones legislativas son las conceptualizaciones inadecuadas.

Aquí en esta ley se trata de precisar, de reconocer e identificar todos los elementos de la formación de un concepto a quienes fueron víctimas de la violencia.

Hemos llegado a un punto culminante en la reflexión sobre la víctima, lamentablemente esta reflexión se generó en las condiciones de violencia que nuestro país jamás había experimentado, ahora se vive un refinamiento, una complejidad, un espectro de causas y efectos que han definido la potencialidad misma de la violencia y ha afectado el espacio en que habitualmente se concebía como víctima.

Para pensar ahora qué es una víctima, se debe pensar en que la violencia en México revolucionó, adquirió modificaciones impredecibles en nuestra historia y ha afectado en su efervescencia su explosividad a personas y bienes. Para hallar una conceptualización adecuada de la víctima se requiere dimensionar la calidad de la violencia actual en nuestro país, que ya es una negra caracterización internacional y que ha producido alertas de seguridad a quienes vienen, incluso, a visitarnos a nuestros país.

Compañeras y compañeros legisladores:

Las sofisticaciones, los errores y las acciones no gobernadas, los efectos de no capacitar a quienes están eventualmente encargados de los operativos de una lucha llamada contra el narcotráfico y delincuencia organizada, los grados de organización y de equipamiento de armas, de acciones beligerantes que superan toda consideración civilizada, han alcanzado niveles de donde está cuestionando el diseño, el espíritu legal y los alcances de la reacción del Estado.

Es urgente considerar esta complejidad y trasladar a la posibilidad de rediseñar nuestras instituciones.

Si la vulnerabilidad humana a abierto capítulos inéditos de nuestra historia reciente, es vital incluir el concepto de víctimas indirectas y de víctimas potenciales; ampliar la definición de reparación de los daños y nutrir las responsabilidades de protección y reintegración de una vida que se define como normal.

Ya se ha hablado aquí del concepto de gobernanza, pues bien, esta legislación ya pide gobernanza, pide incluir la participación ciudadana a las víctimas y colectivos en el diseño de la reingeniería de las instituciones que generan decisiones colectivas y de mayor consideración civil.

Es decepcionante que en las últimas décadas en el mundo, y este país, las tecnologías de la información hayan potencialmente progresado y que no haya sido posible generar un registro nacional de víctimas en nuestro país, que no se haya logrado conducir una sinergia entre los gobiernos estatales y federal, parece más un caso de omisión deliberada que de una incapacidad técnica y de recursos humanos.

Con esta ley ya no habrá pretextos de lograr coordinaciones finas para tener la información primordial de saber las víctimas que generan esta nueva y terrorífica modalidad de violencia.

Es ya muy visible todo el camino que se tiene que recorrer al respecto de los derechos humanos.

Se ha fundado un paradigma constitucional que impulsará un salto cualitativo de muchas legislaciones.

Continuemos su mandato, y no necesitamos reformas constitucionales que dicen las cosas por su nombre, las definen y las sancionen. Demos este paso obligado y crezcamos por el bien de este país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

A nombre del grupo parlamentario del PRD, se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Camacho Solís.

- El C. Senador Manuel Camacho Solís: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Hoy vamos a aprobar una buena ley. El proceso, lejos de avergonzarnos, me parece que debe hacernos sentir orgullos a todos los que hemos participado en él.

Qué bueno que fue un compromiso de campaña, y que ese compromiso se cumplió.

Qué bueno que hubo la movilización que hubo, y que esas movilizaciones se tradujeron en un cambio fundamental en la atención de este tema.

Qué bueno que abrimos las puertas del Senado a quienes reclamaban verdad y justicia.

¿Por qué nos vamos a sentir mal por eso?

Pero la Ley General de Víctimas no es una ley más, no es un asunto más, es el tema más delicado y más importante del país.

Y lo que hoy aplaudimos, dentro de 6 años nos va a ser reclamado; dentro de 6 años nos van a decir si acertamos o no acertamos quienes aprobamos la ley y quienes van a aplicarla.

Y no se trata de poner alta la vara del cumplimiento, pero sí de prevenir de cuáles son las condiciones del éxito de la política que estamos impulsando.

La primera vara que tendremos que superar es que todas las víctimas sean atendidas.

La ley funcionará si no se excluye a nadie y no ocurre que quienes tienen influencia son los que reciben los beneficios. Es una ley para todas las víctimas.

La segunda condición es que esta ley contribuya a establecer qué fue lo que ocurrió, no sólo como fenómeno general de inseguridad y violencia en el país, sino como fenómenos particulares de caso tras caso de quienes han sido víctimas del proceso.

La tercera condición para el éxito de esta ley, es que nos permita hacer una reflexión a fondo sobre la política de seguridad y de justicia, no una reflexión oportunista, desde el punto de vista político, sino una reflexión responsable, ¿qué es lo que está fallando?, y ¿cuál es el nuevo rumbo de esta política de seguridad?

Tendremos éxito con esta ley, si esta ley abre la oportunidad de nuevas reformas para subsanar las fallas en nuestras instituciones que permitieron que esto ocurriera en nuestro país, y eso quiere decir: más democracia y más estado de derecho, es una ley civilizatoria.

Y me parece también que debemos decirlo con toda claridad: el país necesita paz y reconciliación.

Las víctimas nos están tendiendo el puente de la paz y la reconciliación, ellos que han sufrido nos están diciendo: ¡Adelante! Respaldamos esta ley, nosotros estamos respondiendo, pero del Senado tiene que salir una respuesta mayor, y la respuesta mayor son las reformas a las instituciones que están pendientes y que le den garantías a la sociedad, que establezcan la separación de poderes y que nos permitan decir que ya estamos en un sistema político que rinde cuentas donde, esto que hoy aprobamos, será después juzgado.

En nuestras manos está que estas condiciones se cumplan.

Yo llamo, no sólo a votar a favor, llamo a sentirnos orgullosos de que cada quien dio su opinión, pero que fuimos capaces de sacar adelante los consensos y de que estamos respondiéndole a la gente que más lo necesita.

Un acto de justicia y de verdad, enorgullece al Senado de la República.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Camacho Solís.

Para hablar a nombre del grupo parlamentario del PAN, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

Quiero empezar por reconocer y además por decirle al Senador Manuel Camacho que tiene razón, del Senado tiene que salir una reforma mayor.

También tiene razón cuando plantea que el Presidente Enrique Peña Nieto cumplió una promesa de campaña, pero para las víctimas esa promesa de campaña no es suficiente, porque el marco legal que en ese tiempo se aprobó, como dice el Senador Escudero Morales, tiene hoy reformas a 140 artículos de 189.

Entonces, cumplir una promesa de campaña no significa necesariamente ir a favor de las víctimas.

Durante décadas, miles de personas en nuestro país han exigido el respeto irrestricto a sus derechos humanos.

Cientos de historias trágicas se han construido por acciones vinculadas con la delincuencia en todas sus modalidades, así como por actos de autoridad que lastiman y vulneran la dignidad de la persona, su integridad patrimonial y, aún peor, su seguridad personal.

Sin embargo, también fue recurrente escuchar en discursos políticos o de administraciones públicas compromisos que se quedaban en el papel sin aterrizar acción alguna que diera pauta a garantizar la protección integral de las víctimas.

De no ser por el esfuerzo y la exigencia de los ciudadanos, estas voces seguirían anónimas e invisibles.

Por ello, en los últimos diez años acciones claras y contundentes se empezaron a llevar a la práctica, para atender estos añejos reclamos.

La creación del Instituto Nacional de las Mujeres, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el fortalecimiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y en las últimas fechas la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, Províctima, así como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por mencionar algunas instituciones.

El reconocimiento de los derechos de las víctimas se concretó en la reforma constitucional de 2008, en donde se reformó el artículo 20, para que las víctimas tengan derechos durante los procedimientos penales, así como atención y protección del Estado mexicano.

Otros marcos legales fueron impulsados por administraciones panistas, así como por legisladores de nuestro partido, la Ley General Antisecuestro, la Ley General contra la Trata de Personas, la Ley Federal para la Protección de Testigos, reformas para sancionar los feminicidios en el país, así como la reforma constitucional para la protección de periodistas y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, entre otras.

En 2011, en un hecho inédito, por primera vez un Presidente de la República se reunió y dialogó de manera abierta y franca con líderes sociales y organizaciones civiles, así como víctimas de la delincuencia.

Ojalá los presidentes de otras administraciones hubieran aceptado reunirse para atender a las víctimas del 68, del 71, de Aguas Blancas, de Acteal, por citar algunos casos de violencia directa del Estado, de ese pasado que los mexicanos queremos dejar atrás.

(Aplausos)

Acción Nacional reconoce el impulso, la fuerza y la organización de quienes han sufrido en carne propia los estragos de actos criminales y de la nula o escasa actuación de algunos servidores públicos, especialmente a nivel estatal.

Pero la Federación en la última década respondió ante la ineficacia de gobernadores y alcaldes, para escuchar y atender a víctimas de delitos de fuero común, pues hay que recordar, que nueve de cada diez delitos corresponden al ámbito estatal.

Hoy, luego de una larga discusión, estamos en este Senado para aprobar las reformas a la Ley General de Víctimas, reitero, con más de 140 reformas de 189 artículos, Acción Nacional manifiesta su respaldo a este dictamen con su voto a favor, en lo general.

Los legisladores del PAN no podemos más que manifestar nuestro interés genuino para que las víctimas hoy cuenten con una herramienta legislativa para la asistencia, atención, compensación y reparación del daño.

Como dice la máxima: “Quien no conoce su historia, está condenada a repetirla”.

No podemos cometer los mismos errores recientes. No podemos tropezar nuevamente con la piedra del interés político y mediático, no seamos cómplices de la simulación; no se pueden permitir normas y leyes que crean falsas esperanzas y nulos resultados; la sociedad no se lo merece, las víctimas, menos.

No hay cosa mejor que la sociedad mexicana cuente con una Ley General de Víctimas que sí funcione, que sí se pueda aplicar, que sí sea compatible, que sí sea financiable y que sea jurídicamente viable.

Aplaudimos que hoy en los hechos se reconozca lo que por meses se vino señalando, no sólo por el PAN, sino por voces ciudadanas que participaron en la construcción de este dictamen.

La ley promulgada por el Ejecutivo Federal el pasado 9 de enero, no cumple con las expectativas ni con las exigencias de las víctimas.

Como decía Manuel Gómez Morín: “El bien malhecho es peor que el propio mal, porque mata la esperanza”.

Para garantizar un derecho no es suficiente atribuirlo, es necesario también establecer instrumentos aptos para protegerlo.

Hace apenas dos meses Enrique Peña Nieto, Presidente de México, publicó la Ley General de Víctimas, una ley que debería satisfacer el derecho a la justicia, que en propias palabras del titular del Ejecutivo, era perfectible. Al día de hoy, la ley es inaplicable y por eso estamos aquí.

Hoy, nuestro grupo parlamentario consciente de la alta responsabilidad que significa legislar con visión de justicia y atención a las víctimas, presentará en este Pleno reservas al dictamen que está a discusión, con el objetivo de fortalecer los derechos de las víctimas.

Deseamos contribuir a solucionar las omisiones que contiene el dictamen aprobado en comisiones y así lo planteamos ayer en la discusión.

Lo hemos reiterado una y otra vez, no pretendemos frenar ninguna iniciativa, pero tampoco queremos que este tema sea usado solo como una estrategia mediática para publicitar logros que en la práctica no se han concretado.

Las responsabilidades y facultades que tenemos como cuerpo legislativo no son patrimonio propio, somos depositarios de la confianza a través del voto popular, para honrar el bienestar social.

Por jurar la Constitución y las leyes que de ella emanen, estamos obligados a salvaguardar los derechos y la protección legal de los ciudadanos. Y más de aquellos que son vulnerables porque han sido agredidos o lastimados por crímenes infames.

Solicitamos, con respeto a nuestros compañeros legisladores de las otras fuerzas políticas, que hagamos juntos el análisis puntual del dictamen y las reservas que el PAN ha planteado.

Entre todos busquemos soluciones y aportemos en los hechos certidumbres a las víctimas que demandan atención, merecen la reparación del daño y reclaman la protección del Estado.

Pido, especialmente a los legisladores del PRI y del PVEM, honrar y ser congruentes con lo que el propio Presidente de la República señaló en su discurso al promulgar la actual Ley General de Víctimas.

Cito: “Hay miles de personas que han padecido los estragos de la violencia, el Estado no puede tener oídos sordos ante las voces de la sociedad. Un Estado democrático debe escuchar todas las voces, debe ser sensible y humano en su trato”.

Las Senadoras y Senadores del PAN pedimos que no suceda en esta discusión ante el Pleno, lo que pasó ayer en la reunión de Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Nuestras propuestas obedecen a una serie de observaciones, productos de foros y mesas técnicas en las que participaron también académicos, analistas, especialistas y servidores públicos, que de distintas ópticas hicieron sus planteamientos para garantizar certeza jurídica en la atención oportuna y eficiente de las víctimas y ofendidos del delito.

No tengamos oídos sordos, escuchen nuestras propuestas. Seamos un Senado democrático, que la aprobación de este dictamen sea por las víctimas y no por la coyuntura política.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Adriana Dávila Fernández.

Se le concede el uso de la palabra, a nombre del grupo parlamentario del PRI, a la Senadora Arely Gómez González.

- La C. Senadora Arely Gómez González: ¡La dignidad de una nación se refleja en la forma en que se trata a las víctimas!

Con su venia, señor Presidente.

Nunca voy a olvidar cómo cambió la expresión de un amigo muy querido cuando recibió la llamada en que le avisaron que su hijo por fin había sido encontrado, pero desgraciadamente sin vida.

En esos 30 segundos su vida cambió para siempre. Como amiga, su enojo, su angustia, su sensación de culpa, su inagotable necesidad de encontrar hubieras hipotéticos, y su desesperación por remediar un pasado que ya no podía ser distinto, me dolían y me siguen doliendo.

Como mexicana no podía más que sentir impotencia ante la incapacidad del Estado de ayudar a mi amigo y a su familia, además de haberle roto la promesa que le hizo de garantizar su seguridad y la de sus seres queridos. Lo abandonó en los momentos más duros de su vida, despojado de su hijo, mi amigo vivió su duelo, sin ayuda o apoyo de su país: México.

El día de hoy, nos convocan las modificaciones a la Ley General de Víctimas que responden, precisamente, a eso. Emanan, desde luego, de la necesidad jurídica de pulir y mejorar la ley que fue publicada en enero, para que su publicación corresponda al espíritu con el que fue creada.

Surgen también del gran compromiso, a la que la sociedad civil no ha convocado, de atender una demanda que hace una ciudadanía dolida y agotada.

Provienen, además, de la convicción que existe en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y de este grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, de atender una realidad a la que el Estado ya no puede ser sordo.

Pero sobre todo estas modificaciones hacen de la obligación que tenemos como legisladores de todos los partidos de trascender nuestra labor técnica para contribuir a la consolidación de un pacto social, justo y solidario para todos los mexicanos.

Es precisamente por ello que al referirnos al concepto de víctima, que se encuentra en esta ley, no debemos suponer que se trata de un individuo anónimo, sin rostro, lejano a nuestra realidad, las víctimas somos y podemos ser todos.

Son las madres y son los padres que en este momento recorren el país sin perder la esperanza de encontrar a sus hijos.

Son los hijos que crecieron sin padres, pero también sin las oportunidades de las que fueron despojados al perderles.

Soy yo, Arely, como esposa, como madre, como hija, como amiga, como abuela, nunca exenta de convertirme en víctima. Es en esa medida que las personas que hoy son víctimas y todos los aquí presentes que podemos serlo, celebramos que las adecuaciones que aquí se proponen resulten en un instrumento fuerte, sólido y eficaz.

Es cierto, a mi amigo esta ley no le regresa a su hijo y jamás sanará su dolor, pero con ella el Estado garantiza el apoyo en el camino que le queda por recorrer.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Arely Gómez González.

Iniciaremos la discusión de este dictamen en lo general. Se han inscrito cinco compañeras y compañeros Senadores, quienes lo han hecho ha sido sólo en pro.

Debo informarles que de acuerdo a nuestro Reglamento, el artículo 196 señala que cuando hay oradores sólo en un sentido, harán uso de la palabra sólo hasta dos. Pero hoy en ánimo de que un tema de esta naturaleza pueda ser lo más posible analizado, discutido y que se tome la decisión por cada una y cada uno de los legisladores, haremos la excepción de que se pueda conceder el uso de la palabra a quienes así lo han pedido.

En primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, hasta por cinco minutos, en pro del dictamen.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 19 de febrero, este Senado de la República tuvo el honor de contar con la presencia de destacados miembros de la sociedad civil, quienes entregaron a esta Soberanía sus propuestas para el mejoramiento de la normatividad a favor de las víctimas.

La mayor parte de las fuerzas políticas representadas en el Senado, dimos nuestro apoyo a la iniciativa de reforma mediante la suscripción del proyecto.

En Nueva Alianza creemos firmemente que en caso de aprobarse el dictamen que ahora discutimos, estaremos más cerca de cumplir el compromiso de reivindicar los derechos de las víctimas, partiendo del respeto a sus derechos humanos y, desde luego, generando los canales jurídicos necesarios para hacer de la reparación integral del daño una realidad.

La Ley General de Víctimas no es un instrumento jurídico que tenga paternidades. La reforma debe tener un solo fin: brindar justicia, acercar a las instituciones a quienes por desgracia sufren ese flagelo lacerante.

El dictamen que hoy nos convoca subsana diversas deficiencias que han sido detectadas en la ley aprobada en la legislatura pasada y publicada apenas en enero de este año. Con esta reforma, en efecto, se fortalecerá la instrumentación del Sistema Nacional de Atención de Víctimas y se clarificará su ámbito de aplicación.

Son muchos los avances que se tendrían con esta reforma legal. Sólo por mencionar algunos de suma relevancia, sería la inclusión del concepto de víctima potencial quien abonará para la protección de las y los defensores de derechos humanos a lo largo del país, sean miembros de la sociedad civil organizada o incluso del Estado, como son las y los representantes de las comisiones de derechos humanos.

La posibilidad de que los grupos, las organizaciones sociales y las comunidades sean reconocidos como víctimas, ayudará a garantizar la protección de los colectivos constituidos para la protección de los derechos fundamentales y para sus causas comunes.

La incorporación de una definición de hecho victimizante, servirá para hacer referencia tanto a delitos como a la violación a los derechos humanos. De este modo se amplía la esfera de protección de esta Ley General de Víctimas.

De igual forma, la colocación del concepto de mínimo existencial como uno de los principios que debe ordenar la atención a las víctimas, se traducirá en la obligación concreta del Estado mexicano para garantizar a una víctima, en cualquiera de sus modalidades, un espacio físico para superar su condición y garantizar su subsistencia con dignidad.

A propósito de la gran cantidad de personas desaparecidas de que se tiene registro, esta reforma establece expresamente el derecho de las víctimas de desaparición para que las autoridades desplieguen todas las secciones pertinentes para su protección, con el objetivo de preservar su vida y su integración física.

Finalmente, el dictamen incluye un sinnúmero de modificaciones relacionadas con técnica legislativa para mejorar la redacción y sintaxis y para hacer más claras diversas disposiciones. Con todo ello se facilitará su interpretación y su aplicación.

Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación de este documento daremos un paso fundamental a favor de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. Debemos tener presente, como toda normatividad que atiende a una problemática social tan variada, tan diversa y tan cambiante, que tarde o temprano se podrán promover reformas que abonen nuevamente en la mejora de la Ley General de Víctimas.

Al igual que hemos hecho con esta iniciativa de reforma legal, debemos estudiar con atención los alcances y las bondades de la iniciativa de reforma constitucional que presentó Acción Nacional apenas el día de ayer.

Si una reforma a nuestra Carga Magna es necesaria para darle soporte jurídico a esta Ley General de Víctimas, hagámoslo.

Si la sola reforma legal es suficiente, recuperemos todo aquello que convenga a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos.

Nueva Alianza, como lo ha manifestado a lo largo de su existencia, busca hacer un espacio para canalizar las causas de la ciudadanía, en particular si versan sobre la protección de los derechos de los más desprotegidos.

Nuestro instituto político defiende causas sociales de la más diversa índole y, por tanto, estará atento de la reglamentación que elabore el Ejecutivo para la presente ley. Desde luego estaremos en todo momento pendientes de la aplicación de las políticas públicas que se deriven de esta ley y de la verdadera conquista de sus fines.

Deseo enviar un fraternal saludo a los señores Javier Sicilia, Alejandro Martí, doña María Elena Morera, doña Isabel Miranda de Wallace, así como a todos y cada una de las y los individuos que desde la sociedad civil luchan incansablemente por la reivindicación de quien ha sufrido en carne propia los estragos de la inseguridad y la violencia, todos ellos han combatido desde su propia y valiosa trinchera las injusticias, incluso institucionales, que sufre nuestra población víctima de delitos.

Estoy convencida que en el Senado de la República seguiremos atentos a sus demandas, con la esperanza de seguir trabajando juntos y resolviendo los problemas que en materia de justicia aqueja a México.

El voto, por ello, de Nueva Alianza será a favor del dictamen.

Muchas felicidades a todas y a todos mis compañeros legisladores por este avance a favor de los derechos humanos.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Saludamos la presencia de alumnos de la Universidad Olmeca de Villahermosa, Tabasco, invitados por el Senador Adán López Hernández, bienvenidos.

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ivonne Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Es un orgullo para el grupo parlamentario del PRI dar respuesta desde este Senado de la República a miles de personas que han vivido años en la penumbra de la ineficacia e injusticia, a partir de hoy tendrán la certeza jurídica de que se han compensado los daños que sufrieron como consecuencia de actos violentos en los que no tenían responsabilidad alguna.

Y quiero ser precisa.

Muchos de quienes ocupamos un escaño en esta Soberanía, hemos sido autoridades en diferentes ámbitos de nuestros estados y aún así, sin ley obligatoria ni presupuestos algunos, atendimos y conocimos de cerca lo que ha vivido nuestra gente.

En hechos tan lamentables como la explosión de artefactos o granadas en plazas y espacios públicos, o las balaceras que se dan en persecuciones con delincuentes, causando daños a las viviendas de la población, a los negocios, a las escuelas, dejando vehículos balaceados e incendiados y generando un pánico entre los ciudadanos.

Esas pérdidas son irreparables y cuantificables, y aún así no fueron muchos los gobiernos sensibles ni las autoridades solidarias que sin tener una obligación legal jamás tuvieron el deber moral de reparar el daño causado a las víctimas y, peor aún, en ellas camino a su trabajo, de regreso a su casa, en el transporte público o en su automóvil sufrieron lesiones irreparables y en muchos casos les costó hasta su vida.

Nuestras víctimas no sólo han vivido episodios a consecuencia de la delincuencia, sino al buscar ayuda se han topado con autoridades insensibles que les exigen una gran cantidad de requisitos para acreditar su condición de víctima, sin importar el dolor y el impacto por el que atraviesa nuestra gente.

Es importante recordar que el uso legítimo de la fuerza no puede escudarse en la negación, y me refiero a que es insostenible para un gobierno decirle a una madre que su hijo no está más con ella, porque fue una víctima colateral, es insostenible decirle a miles de manifestantes a través de una carta enviada a los medios de comunicación que son miles los que están en la lista de desaparecidos y que su lucha era estéril, aunque a nivel internacional se haya denunciado que era un fenómeno real en México.

Es más, era insostenible negar una Ley General de Víctimas por cuestiones de procedimientos, y efectivamente fue insostenible, y quién responde, esa es la pregunta fundamental que se han hecho miles de ciudadanos.

Con esta ley, hoy el Senado tiene la respuesta, hoy 21 de marzo de 2013 queremos que sea recordado, amigas y amigos, por todas las víctimas y por la ciudadanía organizada en pie de lucha por saber de sus familiares desaparecidos, por las madres a quienes despojaron de sus hijas y sus hijos, por los compañeros de clase que no volvieron a ser vistos en las aulas, por quienes fueron acallados por cumplir un derecho fundamental de la humanidad que es el de informar, por quienes víctimas del abuso de autoridad no pudieron ingresar a su trabajo a recibir justicia pronta.

Senadoras y Senadores, anunciemos en cada rincón del país que estamos moviendo a México desde el Poder Legislativo con sensibilidad humana, que ninguna persona es un número, que a nosotros sí nos interesa el bienestar de la gente, además que para el PRI hay una interminable lista de personas a las que debemos rendir honores, lamentablemente en muchos casos post mortem.

Hoy por Diego, por Leticia, por Carlos, por Juan Manuel, por Karla, por Andrea y por los que no tienen nombre, esta ley va por todos ellos, va por todos los ciudadanos que alzaron la voz para exigir atención a las víctimas cuando eran invisibles para los gobiernos, y por todos aquellos que tienen la esperanza de que con esta ley encontrarán la fuerza de la verdad de lo ocurrido con los familiares y la compensación por los daños sufridos.

Porque somos responsabilidad y sabemos lo que esto implica, hacer gobierno de frente a la ciudadanía y con acciones y decisiones firmes, aprobemos hoy esta reforma y entreguemos a México una Ley General de Víctimas que permita operar en todo el territorio nacional, una ley que será el escudo de las víctimas frente a actos delincuenciales o violatorios de sus derechos humanos.

¡Va por ellos, Senadores, va por México!

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ivonne Alvarez García.

Para hablar en pro, se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; y con el permiso de las compañeras y compañeros Senadores:

Quiero expresar que cuando se publicó la Ley General de Víctimas el pasado mes de enero, se generó un debate público muy intenso, efectivamente acerca de su viabilidad.

Pero ya antes también la controversia constitucional interpuesta por la administración de Felipe Calderón había generado un clima de confrontación que impidió lograr consensos alrededor de esta ley cuyo propósito, y creo que es un acuerdo de todos, es indudablemente noble.

En el grupo parlamentario del PRD hemos sido conscientes de los obstáculos que las víctimas de la violencia, del delito, de los derechos humanos en este país han tenido que enfrentar en su justo reclamo de justicia, el dolor de familiares, de fallecidos y desaparecidos, se suma hoy su revictimización a manos de autoridades que se supone deberían servirles y orientarles.

Se suma también la negligencia y la indiferencia por esclarecer los hechos y para garantizarles el pleno acceso a la justicia.

Desafortunadamente no son pocas las personas que se ubican en tales circunstancias, de ahí la necesidad y la relevancia de contar con un ordenamiento que garantice no sólo su acceso a la justicia y a la memoria histórica, sino que también les brinde una atención integral que sea de una manera sencilla, que les ayude a subsistir, a sacar a sus hijos adelante y a sus familias por igual.

Desde hace tiempo comprendimos la urgencia de contar con esta ley y por eso se impulsó y se apoyó, pero efectivamente hubo disensos sobre su contenido.

En nuestra opinión, y a eso he venido a esta tribuna, a expresar que era de suma importancia publicar la ley y asumir el compromiso de corregir sus posibles deficiencias una vez que entrara en vigor, pues así contaríamos ya con una herramienta jurídica vigente, perfectible sí, pero vigente; en cambio, de no haberla publicado es muy probable que el día de hoy no tendríamos ni ley ni consenso sobre su contenido, y las víctimas, los principales destinatarios de esta ley, seguirían en total incertidumbre ante la indefinición del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo.

Pero decidimos asumir el compromiso y me parece que el hecho de que estemos discutiendo el dictamen este día, poco más de un mes después de la entrada en vigor de esta ley, es la prueba de que la decisión de publicarla fue la correcta, y es también la prueba del compromiso del Senado de la República en torno a este tema.

Muchas cosas se han dicho acerca de esta ley, ha habido incluso voces que la han criticado de manera muy dura, pero considero que la relevancia de este ordenamiento jurídico es innegable y que el Congreso no podía postergar más su expedición.

Por eso creo que debemos reconocer la apertura y la disposición de las organizaciones de la sociedad civil, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como causa en común, como México SOS, así como del propio Senado de la República para sacar adelante estas reformas que buscan fortalecer la ley y garantizar su aplicabilidad en aras de proporcionar la atención integral que requieren las víctimas.

Celebramos la existencia de esta ley, y celebramos también la disposición para cumplir con el compromiso que asumimos ante las organizaciones de la sociedad civil. Es por ello, que como aquí ya se ha expresado, el grupo parlamentario del PRD apoyará en sus términos el dictamen.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para hablar en pro del dictamen, a nombre del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores:

Es verdaderamente lamentable que la reacción de quien tiene obligación de hacer las leyes se dé cuando se genera en el pueblo un inmenso dolor por las desapariciones forzadas, por la ejecución de seres queridos, por la muerte de personas que estuvieron en el lugar y en la hora equivocada, y que Felipe Calderón llamó víctimas colaterales. No debiera ser esa la razón para hacer una ley. Sin embargo, la estrategia fallida del anterior gobierno genera daños inconmensurables en la sociedad mexicana, y la sociedad reacciona, se convulsiona porque no está satisfecha con el trato que le da el gobierno.

Las leyes que emita el Senado de la República, efectivamente coincidimos con quien plantea, porque lo hemos reiterado en esta tribuna, tienen que ser leyes que resuelvan la problemática que las motiva.

El día de ayer aprobamos la Ley del Amparo, sin embargo, este Senado de la República deja abierta una puerta enorme para que se dé la victimización de inocentes al haber aprobado el artículo 165 de la Ley de Amparo, al darle 48 horas al Ministerio Público para que haga y deshaga con quien tiene a su disposición, y ese tipo de detalles, compañeros Senadores, no deben de pasar desapercibidos para quienes hacemos las leyes, y esta Ley General de Víctimas se tiene que revisar con puntualidad y que no nos ganen las prisas. Por supuesto que aquí nadie en su sano juicio se puede oponer a que esta ley la emitamos con carácter de urgente

Esta ley es producto también de la presión ejercida por organizaciones civiles que tomaron la decisión de persuadir al Estado mexicano y a sus poderes para que el dolor inmenso que le generaron las pérdidas de seres queridos no quedara impune.

Se menciona con mucha insistencia casos como del ciudadano Sicilia, pero son miles de víctimas que no tienen nombre ni quien las defienda, pero hoy el Senado va a sacar la cara por ellos, por los sin nombre y por los sin voz.

Sus movilizaciones generaron la atención del país por la justeza de sus demandas, es justo, yo les pregunto, compañeros Senadores, ¿que las víctimas sean tratadas con humanidad?, por supuesto que sí. ¿es justo que tengan derecho a conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, así como el derecho a que se les imparta justicia y se les repare el daño?, por supuesto que sí, es justo el derecho a ser informados y que se les explique claramente el proceso penal llevado en contra de sus agresores?, por supuesto que sí. ¿es justo que se reconozca el derecho a la satisfacción que incluye la búsqueda de las personas desparecidas, así como el derecho a la protección del Estado.

La Ley General de Víctimas que vamos a aprobar el día de hoy resuelve estas demandas, por eso seguiremos insistiendo que el Senado de la República se tiene que erigir como el gran defensor de los derechos humanos y tiene que proponerse que el pueblo nunca más sea victimizado, por estas razones vamos a votar a favor de la Ley General de Víctimas.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Finalizada la lista de oradores en lo general, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

Artículo 7, fracción I, por la Senadora María del Pilar Ortega.

Artículo 46, adición de un segundo y tercer párrafos, por el Senador Héctor Larios Córdova.

Artículo 79, por la Senadora Cristina Díaz Salazar.

Artículo 82, inciso b), Senador Raúl Gracia Guzmán.

Artículo 132, fracción VIII, por la Senadora Mariana Gómez del Campo.

Adición de un artículo 140 Bis, por el Senador Jorge Luis Preciado.

Y una adición de un Artículo Cuarto Transitorio, por el Senador Héctor Larios Córdova.

Informo a la Asamblea que votaremos en lo general el dictamen, y en virtud de que hay 7 reservas en lo particular, habrá 7 votaciones adicionales a la que en este momento llevaremos a cabo para que permanezcamos en este recinto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico de votación, se emitieron 104 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al artículo 7 del proyecto de la Ley de Víctimas.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores:

En 1974, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de desaparición forzada por elementos del Ejército Mexicano, después de varias denuncias interpuestas por sus familiares ante instancias estatales y federales, en el año 2001 se presentó por distintas organizaciones de derechos humanos una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Posteriormente, ante el incumplimiento del Estado mexicano en su conjunto respecto de las recomendaciones hechas por la comisión, en el año de 2008 ese órgano internacional sometió el caso a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en el año 2009 dictó la sentencia correspondiente.

Es por ello que la propuesta de reserva que hoy sometemos a su consideración pretende retomar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que determinó que el artículo 13 de la Constitución debe interpretarse en forma coherente con los principios constitucionales del debido proceso y acceso a la justicia.

Que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos prevé el derecho a comparecer ante un juez competente y que, en consecuencia, el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto por dicha convención, porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina militar no garantiza a los civiles o a sus familiares que resulten víctimas de violaciones a los derechos humanos, que éstos tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario.

Es por ello que el objetivo fundamental de la reserva es modificar la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Víctimas para reconocer el derecho de la víctima, a que se investigue y juzgue en la jurisdicción que corresponda a la condición subjetiva de la propia víctima.

Dicho en otras palabras, si la víctima es un civil, la misma tendrá derecho a que se siga un procedimiento judicial contra el imputado ante los tribunales de jurisdicción civil.

La reserva quedaría en los siguientes términos en el artículo 7, donde dice: “Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral”.

Deberá de decir lo siguiente Artículo 7: Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

"I.- A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de la comisión de un delito o de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, a que el delito o violación de derecho se investigue y juzgue en la jurisdicción que corresponda a la condición subjetiva de la víctima, así como a la reparación integral del daño causado por el delito o la violación del derecho”.

Señoras y señores Senadores, aprobar esta reserva implica ser congruente con las resoluciones internacionales en materia de derechos humanos; ser congruentes con las resoluciones emitidas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país; ser congruentes con nuestra obligación de apoyar a las víctimas no sólo en el discurso, sino en los hechos.

Finalmente, aprobar esta reserva implicará favorecer el derecho de las personas civiles víctimas de violaciones a los derechos humanos, de someterse a la jurisdicción de un juez ordinario. Votarla en contra implicará no querer reconocer este derecho fundamental para las víctimas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora Pilar Ortega Martínez.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora María del Pilar Ortega. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 7 en los términos del dictamen que se ha dado a conocer.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico de votación, se emitieron 66 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 7 del proyecto de la Ley General de Víctimas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una propuesta de adición de un segundo y tercer párrafos al artículo 46 del proyecto de la Ley General de Víctimas.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Y solamente para efectos también de computar el tiempo y de ahorrar, presentaré también una adición de un Artículo Cuarto Transitorio.

El PAN en todo el tiempo ha estado a favor de una legislación clara y eficaz a favor de las víctimas, lo acabamos de acreditar, lo acreditamos ayer, lo acreditamos hoy con la votación en lo general y lo acabamos de acreditar con la votación en lo particular, para que se juzgue en términos del fuero de la víctima y no del fuero de quien cometió el delito, esa es ya una resolución como aquí lo dijo la compañera Pilar Ortega, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy, ciertamente se ha dicho aquí en tribuna, es un día que abre historia, que se marca en la historia, estamos haciendo una Ley General de Víctimas que tendrá que completar el proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

Y hacemos historia porque sí, ciertamente el año pasado, en el mes de julio se aprobó por unanimidad en ambas Cámaras una Ley General de Víctimas, fue observada por el Ejecutivo porque no podría aplicarse.

Hoy también hacemos historia porque reformamos una ley que promulgó el Presidente de la República hace menos de tres meses, y no cualquier reforma, hoy se reforman 152 artículos de los 189 que tiene la ley, más del 80 por ciento.

Pero no es más del 80 por ciento, solamente en la cuestión numérica de los artículos que se renuevan, se reforma sustancialmente la ley; casi podríamos decir que es tan inoperante la que se promulgó por parte del Presidente Peña Nieto, que solamente prevalece el título de la ley y la intención de favorecer a las víctimas.

Hace siete meses están las observaciones del Ejecutivo y aquí en esta tribuna hubo exhortos para que le entráramos a modificar lo que se había aprobado, y que era, como hoy queda constatado, totalmente ineficaz. Siete meses que pasaron sin poder dar atención a la víctima de delitos.

Hoy queremos dar una nueva oportunidad en un tema que ayer se rechazó. Ayer nuestro compañero Fernando Yunes presentó una reserva de adición de dos párrafos al artículo 46 y un Artículo Cuarto Transitorio. ¿De qué se tratan estas adiciones?

Miren, muy sencillo, para no darles lectura. Para que una ley pueda complementarse necesita plazos, si no son buenas intenciones, la única forma que habla de plazos esta ley es el artículo 5 cuando habla de que la autoridad tiene que responder en un tiempo razonable.

¿Cuánto es un tiempo razonable para esperar que se repare a una víctima o al familiar de una víctima? ¿Cuánto es ese tiempo razonable? Cuando ayer se rechazó esta adición nos parece que en el fondo, particularmente para un grupo parlamentario, está la intención de que esta ley se quede en letra muerta, que no puede aplicarse, porque si no hay plazo para ejercerse, no se ejercitará, hay que decirlo con absoluta franqueza.

La reserva de nosotros propone que para efectos de la atención sea de inmediato, porque requiere de atención jurídica o de atención psicológica, la víctima o su familia.

Y para la declaración de procedencia o de improcedencia, sean 15 días hábiles, y que la víctima tenga derecho hasta de un año para presentar el reclamo de la atención de la compensación o en el caso de los delitos continuados, cuando ceje la acción del delito.

Ese es el propósito de esta adición de estos dos párrafos, ponerle un plazo de 15 días a la autoridad, de 15 días hábiles para declarar la procedencia o improcedencia. Si les parece breve, discutamos el plazo, pero si no hay ánimo de discutir el plazo, si dejamos exclusivamente la afirmación que se hace en el artículo 5, de que la autoridad responderá en un plazo razonable, estamos con claridad afirmando que no tenemos interés de apostarnos por las víctimas y sus familiares, que nuestro interés simplemente es de fachada política.

Aprovecho, señor Presidente, para presentar también una propuesta de adicionar un Artículo Cuarto Transitorio, y me parece que es de suma importancia y de justicia. Esta ley nace, y aquí se dijo prácticamente por todos los oradores que hablaron a favor en lo general, esta ley nace del reclamo de víctimas de delito, de víctimas del delito que se cometieron antes de que termine el proceso de conclusión de esta ley.

Cuando una vez sea promulgada por el Ejecutivo, ¿qué pasa con las víctimas de los delitos que se cometieron el día anterior, los meses anteriores, el año anterior o dos años anteriores, o cualquier tiempo antes?, están absolutamente excluidas de los beneficios de esta ley.

Quienes hoy nos acompañan, quienes promovieron e impulsaron que hubiera una Ley General de Víctimas, esta ley también los excluye. No hay forma de ampararse en esta ley como está actualmente redactada.

Por eso proponemos un Artículo Cuarto Transitorio que establece el plazo de un año a partir de que entre en vigencia esta ley, para que las víctimas de delitos cometidos antes de la promulgación de esta ley puedan iniciar este proceso; y de 30 días hábiles a la autoridad, para declarar la procedencia o improcedencia de la solicitud.

Aprobar este Artículo Cuarto Transitorio es un acto de estricta justicia a quienes impulsaron que existiera esta ley.

A quienes han rendido tributo y hemos rendido tributo, hasta cuando se aprobó en lo general, ahora yo los invito, amigos del PRI, a que rindamos tributo en los hechos, a que dejemos las posiciones políticas, si les parece largo el plazo de un año, si les parece corto el plazo de 30 días para declarar la procedencia, discutamos los plazos, pero por justicia demos cobertura a las víctimas y a los familiares de las víctimas de delitos que se hayan cometido antes de que se promulgue esta ley.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Héctor Larios Córdova.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la adición que ha presentado el Senador Héctor Larios al artículo 46, y en su momento someteremos a votación si se acepta a discusión el Artículo Cuarto Transitorio que ha presentado el Senador, para que vayamos en el orden en que se hicieron los registros llevando a cabo la votación.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adición al artículo 46. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 46 en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 64 votos en pro, 35 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 46 del proyecto de la Ley General de Víctimas.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para referirse al artículo 79 del proyecto de la Ley General de Víctimas, desde su escaño.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Es el artículo 79 de la reforma a la Ley General de Víctimas, y se propone eliminar el último párrafo de este artículo adicionado por las comisiones, que a la letra dice, para regresar a su texto original:

“Las comisiones ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delito del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos, del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los 5 días hábiles siguientes; cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado”.

Lo que pretendo es que se elimine éste.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión la propuesta de modificación que ha presentado la Senadora Cristina Díaz.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta de modificación de la Senadora María Cristina Díaz Salazar. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño)Señor Presidente, en virtud de que se ha admitido la reserva presentada por la Senadora Cristina Díaz, le ruego me inscriba como orador en contra de su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Roberto Gil, lo inscribimos para que en su momento se le conceda el uso de la palabra.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño)Quiero que me inscriba en la lista de oradores en contra de la propuesta de reserva.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Corral Jurado.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Señor Presidente, para inscribirme en contra de la reforma.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Son dos, si son en mismo sentido, habrá que ver si hay propuestas a favor. Si hay a favor, con mucho gusto lo inscribimos en su momento.

No hay más Senadoras y Senadores que deseen hacer uso de la palabra.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para hablar en contra de la propuesta.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente.

Lo primero que sorprende, es que una mayoría parlamentaria se haya negado a debatir las propuestas.

No se ha esbozado una sola razón, por las cuales no se han admitido estas reservas que ha presentado el grupo parlamentario de Acción Nacional.

No le han explicado a México y a las víctimas, por qué han rechazado el derecho básico, reconocido por tratados internacionales y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también por la Corte Suprema de nuestro país, para que los delitos cometidos contra civiles se juzguen en la jurisdicción civil.

Han presentado iniciativas firmadas por PRI y PRD, y hoy han votado en contra de lo que han suscrito antes.

Se entiende bien, que una mayoría parlamentaria hoy esté bajo el amago de alguien, de que si algo se modifica a esta iniciativa, se atorará la ley en un algún lugar o en algún momento.

Que mezquina forma de renunciar a un deber político.

Hoy también han renunciado al deber político y ético, de explicarles a las víctimas que dejarán sus solicitudes ahogadas en un mar de trámites burocráticos.

Porque no solamente han negado que se establezca un plazo perentorio de respuesta para que aquella víctima tenga la certeza de que a toda solicitud recaerá una respuesta de la autoridad competente para que esa atención, ayuda o apoyo se otorgue. No solamente no han aprobado, o han rechazado la definición de ese plazo.

Hoy están proponiendo que una reserva, que ayer logró una mayoría en las comisiones unidas, que se votó en tres ocasiones, a petición de un grupo parlamentario, hoy se rechace de nueva cuenta en el Pleno, no solamente para que el plazo no exista, sino para que aquella víctima de los delitos o violaciones a derechos humanos, que va a la comisión ejecutiva local y no recibe respuesta, pueda ir a la comisión federal a recibir la respuesta a su legítima petición y al ejercicio del derecho que está consignado en la ley que hoy aprobamos.

A eso están renunciando, señores legisladores.

No solamente a explicarle a México y a plantear caras sobre lo que están votando, sino también exponer las razones por qué se oponen.

Libérense del amago, libérense del amago, de esa forma de secuestro político y de chantaje, de que si mejoramos esta ley se detiene en algún lado. Si hay un compromiso de una fuerza mayoritaria de sacar hacia adelante esta ley, que el compromiso se cumpla aquí, ahora y después en la Cámara de Diputados y después en el Ejecutivo y después en su aplicación.

O en todo caso, lo que estamos es en presencia de la simple intención de emitir una ley por imagen política.

La misma imagen política que llevó a la promulgación de una ley inoperativa, y la misma imagen política que hoy se quiere salvaguardar en esta coalición entre el PRI y el PRD, esa imagen política, de que se emitió una ley, que será buena a las víctimas, pero que son simplemente derechos de papel.

Un derecho sin plazos, señores legisladores, un derecho sin condiciones de realización, señores legisladores, es una hipocresía legislativa.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Roberto Gil Zuarth.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, para hablar en contra de la propuesta.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Cuando el Senador Roberto Gil expuso su punto de vista en lo general sobre la Ley General de Víctimas, yo llamé la atención, afectuosamente, a varios compañeros, para atender lo que a mí me pareció un discurso de extraordinaria racionalidad política, aunque podamos estar o no en coincidencia con todo su mensaje. Porque la mejor tradición parlamentaria, es escuchar el punto de vista contrario.

Porque en el Parlamento nos debemos escuchar y poner la verdad como debe, si exigimos la verdad como derecho.

El Senador Roberto Gil dijo algo que me pareció muy sensato, por desconfianzas y estrategias de apresuramiento mediático, que reclaman la titularidad del procedimiento legislativo, quién lo inicia y quién lo concluye, a veces, se dejan de escuchar razones válidas.

Ustedes saben que yo suscribí la iniciativa presentada en este Senado por las organizaciones sociales, que pidieron que fuéramos cauce de ella.

Ese hecho no me impide reconocer que se está cerrando la mente a las razones. Me pareció increíble que ayer se desechara en la comisión el artículo 7, que es el que enlista los derechos de las víctimas, el tema del fuero.

El tema del fuero militar que está en realidad en el fondo de la jurisdicción, en el que deben desahogarse los delitos cometidos contra civiles.

Que grave que también en el Pleno se haya desechado, porque no está de reciente incorporación ese tema, no.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ha declarado el control de convencionalidad y cuando ha hablado de la supremacía de tratados internacionales en materia de derechos humanos, ha tenido una esplendida definición sobre la jurisdicción de delitos o violaciones graves a los derechos humanos que cometen militares a civiles.

Va a la jurisdicción civil, y eso ha sido imposible de reconocerse hoy.

¿Por qué tipos de acuerdos? No lo sé.

Pero ahora, en el artículo 79 está peor, quitan el plazo de cinco días para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atienda a quien no haya sido debidamente atendido en la instancia local, porque haya sido deficiente la atención o porque se hubiera negado a atenderla.

Dijo el Senador Camacho Solís en su intervención, y me llamó la atención Manuel, y escuché con mucha atención, cómo Manuel empezó su discurso, y yo creo que eso habla bien de Manuel Camacho, empezó reconociendo al Presidente de la República, que cumple uno de sus compromisos de su campaña.

La verdadera voluntad de cumplir, no es promulgar la ley, sino hacerla viable, cumplirla en los hechos y ponerse plazo para cumplir las obligaciones de la voluntad legislativa que se promulga.

No basta el momento de la promulgación, el reto es someterlos a que se comprometan realmente en los hechos a cumplir.

No compañeros, no seamos cámara ataráxica, no seamos hijos de la consigna.

Aquí hay razones verdaderas, y la reserva debe ser rechazada por dignidad del Senado de la República.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral Jurado.

Para hablar en pro de la propuesta, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Arely Gómez González, desde su escaño.

- La C. Senadora Arely Gómez González: (Desde su escaño) Con su venia, señor Presidente.

Efectivamente, el día de ayer hubo una larga discusión en relación no sólo con este artículo, sino con varios artículos que quedaron en reserva.

La propuesta del grupo parlamentario del PAN era, en el artículo 79, adicionar el último párrafo, sujeto en este momento a discusión.

Me permito leer de nueva cuenta dicho artículo, para poder hacer la argumentación.

“Las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero local o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuando no hubieran recibido respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes, cuando la atención se hubiera prestado de forma deficiente o cuando se hubiese negado”.

Ahora bien, los argumentos que nosotros pronunciamos ayer a favor fue el relacionado, primero, independientemente de que nosotros no aceptamos la adición de este último párrafo, por razones en general; también por razones particulares, primero tratamos de llegar a un acuerdo considerando que en los cinco días hábiles es muy poco tiempo y ni siquiera en la Ley de Amparo o ningún otro ordenamiento jurídico ni el derecho de petición serán cinco días hábiles, considerando la cantidad de víctimas y lo que es un trámite burocrático. Todos sabemos lo que son estos trámites y sería poner a la autoridad federal en estado de indefensión.

Cómo es posible que estemos pensando que si en cinco días no se le ha dado respuesta, aparte de que no viene bien determinado el texto a qué se refiere respuesta, entonces es prácticamente imposible.

Pero, por otro lado, en un propio capítulo de la Ley General de Víctimas, donde está medidas de ayudas inmediatas, hay un capítulo extenso donde a las víctimas se les da atención inmediata cuando así fuese necesario.

Entonces, esta era la razón de nuestra no aceptación de esta reserva.

Si bien se votó en la comisión, nosotros no quedamos satisfechos con dicha votación, y de hecho tuvimos que repetir la votación en tres ocasiones porque no nos salían las cuentas. Ahora bien, no supimos bien quién, y ustedes saben, votaron.

Pero independientemente de esto, estamos hoy aquí en el Pleno y tenemos en el Título Tercero, Medidas de Ayuda Inmediata, artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, donde se especifican los casos donde se le va a dar ayuda inmediata.

Ayer se señaló y se mencionó que el problema era, y se ha señalado con anterioridad, dejar a las víctimas en estado de indefensión. Las víctimas no van a quedar en estado de indefensión, las víctimas van a recibir ayuda inmediata de acuerdo con el capitulado que el día de hoy ya se aprobó donde no hubo ninguna reserva. Pero, por otro lado, cabe señalar que es imposible que en cinco días se le dé atención a todas las víctimas porque no hay ningún trámite que en cinco días se resuelva y si no ya que se remita a la Federación. Sería esto un cuello de botella para la Federación.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Arely Gómez González.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Para una rectificación muy breve, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Ojalá cuando se pidiera rectificación de dichos, se nos dijera de qué dichos, porque ya el orador que está pidiendo hacer uso de la palabra ya lo hizo, no encuentro de qué dichos.

- El C. Senador Aispuro Torres: Lo que pasa es que de acuerdo al Reglamento, cuando haya debate, se le pueda dar el uso de la palabra para hechos o para alusiones personales, o sea, lo prevé claramente el Reglamento.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Cuando termine el uso de la palabra, le voy a pedir hacer una referencia desde mi escaño.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto, claro que sí.

Adelante, Senador Roberto Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Todavía tengo el derecho de rectificar hechos. Y el hecho que quiero rectificar es esta afirmación de que la propuesta que ha hecho Acción Nacional no tiene sentido y quiero hacer las precisiones correspondientes.

A las que no le van a salir las cuentas son a las víctimas cuando lleguen a presentar una solicitud.

El supuesto en el que nos encontramos es aquel en el que se ha negado o se le ha prestado en defecto la atención a la víctima y, en consecuencia, debe poder acudir a la instancia federal para poder recibir los remedios, los beneficios y los derechos que establece la ley que estamos por aprobar. Justamente por eso estamos estableciendo este mecanismo.

El día de ayer se había aceptado por parte del Partido Revolucionario Institucional esta figura y la discusión era sobre el plazo. Hoy se repite la afirmación en el sentido de que cinco días son muy pocos, pero no se plantea una alternativa de plazo, sino lo que se propone es eliminar el plazo en la propuesta de dictamen que está bajo consideración de este Pleno.

Entonces, yo pregunto, cuál es el problema. Si el problema es el plazo o bien el problema es la figura de que pueda tener una determinación posterior a cargo de la comisión federal, una víctima que no ha sido atendida debidamente.

Y por último, señor Presidente, en esta rectificación, la figura que estamos proponiendo no tiene nada que ver con las reglas establecidas en relación con la atención inmediata.

Justamente la ley establece en un plazo determinado, como nosotros proponemos, sino la figura genérica de la inmediatez. ¿Cuánto es inmediato? No lo sabemos.

Lo que nosotros proponemos es que haya un plazo, cierto, que le dé certidumbre a la víctima.

La figura que estamos planteando nosotros es que cuando una comisión ejecutiva se ha negado en lo local a atender una víctima, esa víctima pueda recurrir a la instancia federal.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Roberto Gil Zuarth.

Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz Salazar, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para hacer una reformulación sobre lo que estamos escuchando ahorita en el Pleno y que se está debatiendo sobre el mismo artículo 79.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Nuestra propuesta sería que las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delito del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los 30 días naturales siguientes, cuando la atención se hubiera prestado de forma deficiente o cuando se hubiera negado.

Esa es la propuesta.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar.

Agotamos la lista de oradores y ahorita sometemos a votación la propuesta que se ha hecho.

En el uso del turno, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Sólo para allanarme a la propuesta de la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra. Creo que tener 30 días es mejor a no tener nada y creo que votaríamos a favor si se mantiene esa propuesta en el Pleno.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jorge Luis Preciado.

¿Para qué asunto? Senador Fidel Demédicis?.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Quiero hacer una observación, pero después del Senador Barbosa Huerta. Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Barbosa Huerta, desde su escaño.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) La razón, señor Presidente, para preservar esta Cámara, la ausencia de turbación, es mantener el espíritu de productividad. Hagamos la práctica sin perturbaciones, pero productiva, no obstruccionista.

El grupo parlamentario del PRD no está sobre una posición obstruccionista en la Cámara. Por eso hay que sacar productos legislativos y no mantener una posición de que no salga nada, aquí podemos hablar con mucha claridad de cosas, pero mantengamos la productividad, después que regresemos de semana santa vamos a tener lo que resta del mes como segundo periodo legislativo y tenemos que tener una posición muy positiva, que yo espero se mantenga de todos los grupos parlamentarios.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Barbosa Huerta.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Para rectificarle hechos al Senador Barbosa Huerta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Bueno, para hechos, se le concede el uso de la palabra.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) No voy a calificar, no voy a expresar valoraciones de la intervención perredista en el Senado de la República, la intervención habla por sí misma, rectifico sólo el hecho de que esta Cámara, si hoy ha dado muestras es de construir, no de obstruir, aquí se acaba de aprobar por 93 votos a favor y ninguno en contra el dictamen de la Ley General de Víctimas, no cabe la moción del Senador Barbosa Huerta, no sé con qué intención la realice, pero esta Cámara no ha obstruido nada y tampoco se quiere detener nada, es falso, es impreciso, esta Cámara está aprobando y discutiendo las reservas que conforme al procedimiento legislativo fueron legalmente inscritas.

Rechazamos lo que el Senador Barbosa Huerta ha expresado.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Muy mencionado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para alusiones personales, se le concede el uso de la palabra.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)Yo, desde luego reconociendo la genuidad en las expresiones del Senador Javier Corral, desde luego que hemos sacado un producto legislativo y debemos aplaudirlo, son reformas a un ordenamiento legal muy noble, el asunto de protección a víctimas, de una respuesta del Congreso mexicano al asunto de las víctimas, lo hemos resuelto hoy e insisto, mantengamos esa posición “ataráxica”, sin perturbaciones, pero productiva, solamente eso, Senador Javier Corral, pero productiva, yo sé que vamos a contar con tu colaboración.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Barbosa.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, simplemente para expresar nuestra simpatía con la propuesta que ha hecho la Senadora Cristina Díaz, y solicitando que los compañeros y compañeras de Acción Nacional pudiesen aceptar el cambio de los días en el sentido que ha propuesto la Senadora Cristina Díaz, este artículo 79 con la adición de un párrafo quinto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña. Esta Presidencia toma nota de ello.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Bueno, el Senador Javier Corral calificó esta Cámara como ataráxica. Yo espero que le demos plenamente el contenido a ese concepto, el cual se refiere a la disposición de estado de ánimo gracias a la cual un sujeto mediante la disminución de la intensidad de sus pasiones, deseo y la fortaleza, permite que se encuentre un fiel en las distintas corrientes filosóficas, ojalá y lo logremos.

En segundo lugar, por supuesto que vemos con simpatía el hecho de establecer una fecha para mantener este párrafo del artículo, ya que esto le da certeza jurídica y fortalece los derechos de la víctima y por supuesto que aceptamos la propuesta presentada por la Presidenta de la Comisión de Gobernación.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Muchas gracias. Para una rectificación de hechos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño)La palabra ataráxica tiene varias acepciones, en términos de la confluencia ideológica es lo que ha dicho el Senador Alejandro Encinas, la ataraxia tiene también una acepción en política y otra de carácter médico, la ataraxia médica es un estado de lentitud incluso de inconciencia, cuando la lentitud de la ataraxia lleva ese nivel, la tiene en una especie de inconciencia.

Yo no califiqué a la Cámara de ataraxia, dije, no seamos una Cámara ataráxica desde la acepción médica, con todo afecto al Senador Alejandro Encinas.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral Jurado.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño)Para hechos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Muy rápido. En lo particular, compañeras y compañeros Senadores, me da gusto la actitud que en este momento está asumiendo el grupo parlamentario del PRI, porque cuando no revisamos a conciencia la ley y votamos por disciplina, y desafortunadamente aquí se hace de manera recurrente, y dejamos de lado los intereses de México, entonces generamos grandes afectaciones.

Por eso también hay que reconocer cuando se da un paso hacia atrás para que esta Cámara avance, el único que se beneficia es el pueblo, esta ley se está esperando con mucha ansiedad de parte de las víctimas y aunque tengamos que discutir, compañeros, yo les pido que el debate no se cuartee, a veces se nos puede criticar porque hacemos observaciones, porque no les caen bien a muchos, sobre todo porque se habla del tema de la disciplina de algunos grupos parlamentarios.

Lo más importante de un legislador es su independencia para tomar decisiones y si los 128 pensáramos en México, créanme que muchas decisiones que aquí se toman serían diferentes.

Quiero felicitar al PRI por la decisión que acaba de tomar, porque beneficia a las víctimas de este país y que ojalá y los artículos que se han reservado, se discutan, no pasa nada, tenemos tiempo para ello y le va a hacer bien a nuestra Cámara de Senadores.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Camacho Solís, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Manuel Camacho Solís: (Desde su escaño) Para hechos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra.

- El C. Senador Manuel Camacho Solís: (Desde su escaño)A mí me parece que estamos en un falso debate.

Aquí lo que debemos de reconocer es que en el caso particular de este punto que está siendo discutido, la observación que hacían los compañeros del PAN tiene una justificación y no porque la hagan ellos la vamos a rechazar en automático, que la reacción que ha tenido el PRI es una reacción de flexibilidad lo cual también es digno de reconocerse, que la respuesta que ha dado nuestro coordinador es la respuesta lógica en tanto que sí hay un acuerdo político, este acuerdo político tiene que ser respetado y en eso tiene toda la razón.

Y me parece que debemos de sentirnos satisfechos, porque al final lo que estamos haciendo aquí es maximizando la productividad, el movimiento de las víctimas porque nos estamos acercando cada vez más a lo que conviene a este asunto, a lo que fortalece sus derechos y sus garantías.

Entonces, para mí este debate fue productivo y es parte de un proceso en donde cada quien está jugando su papel y al final el resultado es muy satisfactorio.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Camacho Solís.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta que ha presentado la Senadora María Cristina Díaz Salazar.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se propone reformular el último párrafo de este artículo adicionado por las comisiones unidas.

“Artículo 79.- ...

Las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los 30 días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse esta propuesta, para dar mayor claridad a lo que estamos haciendo en este momento, primero procede consultar en votación económica si se aprueba esta propuesta, y posteriormente someteremos a votación nominal el artículo, ya sea en los términos o con la propuesta que se ha realizado, así es que, proceda la Secretaría primero a consultar a la Asamblea si es de aprobarse esta propuesta.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, respecto al artículo 79. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. A continuación, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 79, con la propuesta de modificación que ha sido aprobada por este Pleno.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico de votación, se emitieron 95 votos en pro, cero en contra y 3 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 79 del proyecto, con la adición que votamos oportunamente aquí del proyecto de la Ley General de Víctimas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al artículo 82 del proyecto de la Ley General de Víctimas.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Buenas tardes, primero que nada agradecerle al PRI, como bien lo dijo el Senador Fidel Demédicis, que haya autorizado al PRD que haya aceptado la reserva anterior.

Ojalá que en esta también se dé esta circunstancia.

(Aplausos)

Un Senado productivo es un Senado reflexivo. No es únicamente la estadística y la numeralia. Un Senado, como se dijo aquí hace meses, para que sea Senado tiene que ser un órgano de poder.

Hoy venimos aquí con el ánimo de aprobar una Ley General de Víctimas, precisamente para las víctimas, y todos lo aprobamos por unanimidad en ese entendido.

Lastimosamente vemos que en cada una de las reservas que Acción Nacional ha presentado, se ha rechazado en sus términos aún y cuando es claro y contundente que se busca apoyar a las víctimas, porque quién va a negar que el buscar que la calidad subjetiva de la víctima establezca el fuero jurisdiccional en positivo de la víctima.

Quién va a negar hoy, con congruencia, con consistencia y de cara a la nación, que el establecer un plazo que no se estableció con la reserva anterior para la autoridad no es sino beneficiar a la víctima. Entonces, es falso que aquí el único ánimo que nos lleva es beneficiar a la víctima.

Hoy traemos prisa para resolver, para la foto, pero no ponemos, como dije, plazo para que haya garantía que la autoridad le resuelva.

Hoy el artículo que me lleva a reservar, es el 82, donde se establece como órgano del Estado a la CONAGO, el sindicato de gobernadores, y por qué no decirlo, el sindicato de gobernadores priístas, en el cual, mismo sindicato donde no hay prisa para aprobar una ley de deuda que aquí sí tienen congelada y que ojalá que en el siguiente mes, después de semana santa, como dijo el Senador Barbosa Huerta, se apruebe.

Mi propuesta es no darle calidad de órgano del Estado a la CONAGO, esa sería una barbarie. Mi propuesta es modificar el Apartado B, de la fracción I del artículo 82, donde se establece esta falsa calidad a favor de la CONAGO, y que se establezca este lugar en el Sistema Nacional de Atención de Víctimas para el presidente de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ojalá y la puedan votar a favor, ojalá y la fracción priísta autorice al resto de los Senadores a votarla en este sentido.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Gracia Guzmán. Pido a la Secretaría que someta a la consideración de la Asamblea, si se admite a discusión la propuesta formulada por el Senador Raúl Gracia Guzmán.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Gracia Guzmán. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 82 en los términos que está planteado en el dictamen.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 58 votos a favor, 34 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 82 del proyecto de la Ley General de Víctimas.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para referirse al artículo 132 del proyecto de la Ley General de Víctimas.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Bueno, la propuesta que vengo a hacer es que se elimine el penúltimo párrafo y se adicione una fracción VIII al artículo 132, que garantice que los recursos no utilizados del Fondo Federal de Atención a las Víctimas durante un año fiscal no afecte en su presupuesto en el año fiscal siguiente.

La lógica es pensar que en caso de que en un año existan recursos excedentes en el fondo estos no se pierdan, sino que se incorporen al ejercicio fiscal siguiente para contar con una suficiencia presupuestal que permita atender a un número mayor de víctimas.

En los hechos es una modificación necesaria para dar certidumbre, sobre todo porque como hemos señalado una y otra vez los Senadores de Acción Nacional y muchos especialistas, los recursos del fondo serán a todas luces insuficientes para atender la demanda que tendrá, y esa ha sido una de las críticas permanentes a esta ley.

Si bien esta reserva no pretende solucionar el problema de fondo, sí atiende una de nuestras responsabilidades al legislar, y que es prever cualquier situación y generar una respuesta institucional. Es el caso, por ejemplo, de que en la remota situación de que en un año exista subejercicio del fondo, lo más responsable es procurar que esos recursos se acumulen para que realmente sirvan para en años subsecuentes atender y reparar, en la medida de lo posible, los daños causados a las víctimas.

No quiero dejar de insistir que para los Senadores de Acción Nacional esta ley debe tener como prioridad a las víctimas, debe buscar atenderlas, respaldarlas, protegerlas y dignificarlas. Reivindicar su dignidad es y debe ser lo más importante, por eso es que siempre hemos buscado que esta sea una ley jurídicamente sólida y económicamente viable.

Les pido que apoyen esta reserva, ya que cada peso que permita robustecer el fondo de atención terminará beneficiando a una o más víctimas. La propuesta sería la siguiente:

“Que se elimine el penúltimo párrafo del artículo 132, se adicione la fracción VIII recorriéndose, en consecuencia, los numerales, y se adicione el párrafo con la siguiente redacción: Los fondos para la atención de víctimas, previstos en las leyes generales y federales, los recursos no utilizados del Fondo Federal de Atención a las Víctimas durante un año fiscal, serán acreditados íntegramente a los mismos fondos en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.

Los recursos antes mencionados no deberán ser contemplados en el presupuesto que se le otorga a los fondos a través del Presupuesto de Egresos de las entidades federativas del ejercicio fiscal inmediato siguiente”.

Es cuanto, señor Presidente, Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión la propuesta que ha presentado la Senadora Gómez del Campo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 132 en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico de votación, se emitieron 59 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 132 del proyecto de la Ley General de Víctimas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, para presentar una propuesta de adición de un artículo 140 Bis al proyecto de la Ley General de Víctimas.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores de la República:

En esta tarde gris que ya casi terminamos la última reserva, decía don Manuel Gómez Morín que hay dos tipos de males, el mal inevitable, que es aquel que la naturaleza nos hacía como los huracanes, los temblores, los ciclones, y el mal evitable, que era el que un ser humano le producía a otro ser humano.

En México, los seres humanos le hemos hecho daño a otros seres humanos de manera sumamente grave, y la forma en que lo hemos venido resolviendo, la forma en que hemos ido resolviendo estas situaciones de estas víctimas, ha sido bien sencilla.

Si las víctimas fueron antes del 1º de diciembre del año pasado, le ponemos el apellido Calderón, y si las víctimas fueron después del 1º de diciembre de este año, le ponemos el apellido Peña Nieto, y nos olvidamos que todas esas víctimas, independientemente si son del sexenio pasado, o la gran cantidad que va de este, son las víctimas de México, y es a esas víctimas a las que queremos atender, y es a esas víctimas a las que esta ley no le resuelve el problema de fondo.

Y voy a dar tres puntos por lo que no se resuelve de fondo: En primer lugar, no hay un plazo en la ley para que cuando una víctima o sus familiares reclamen le puedan resolver. El plazo que se aprobó de los 30 días es sólo para ir a segunda instancia, pero si la primera instancia no tiene término, puede pasar de uno a diez años o más, nunca va a operar la segunda instancia.

En segundo lugar, no resolvimos el tema del fuero militar aunque ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia. En tercer lugar, y es aquí donde yo hago esta propuesta, que es una adición al artículo 140 Bis de la ley, es que la CONAGO ya va a ser parte del consejo, una asociación civil integrada por gobernadores, ya va a ser parte, y qué bueno que los gobernadores se involucren.

Ya va a haber comisiones estatales de atención a la víctima, pero les falta algo, les falta el dinero, de nada sirve tener comisiones estatales que van a atender víctimas si no tienen un fondo estatal para que se pueda cubrir con recursos económicos las solicitudes y los planteamientos que estas personas le hagan a la comisión estatal.

Por ello, lo que estamos pidiendo en este artículo 140 Bis, es que los estados creen un fondo en sus presupuestos locales para que con estos fondos puedan atender a las víctimas, no estamos diciendo de cuánto, no se le está poniendo un porcentaje de su presupuesto, no estamos hablando ni de un peso ni de millones de pesos, solamente queremos que los estados asuman esta responsabilidad de tener un Fondo de Atención a las Víctimas porque nueve de cada diez delitos que se cometen en el país, se cometen en las entidades federativas, y son del fuero común, no son del fuero federal.

Si van a participar en esta ley aun siendo los gobernadores miembros del consejo nacional, que también participen en esta ley creando un fondo estatal, y cuando no lo puedan crear para pagarle a las víctimas, entonces la Federación entre subsidiariamente y después se lo descuente de sus participaciones federales.

Amigos mios, cierro con una frase de don Manuel, que ya la pronunció aquí mi compañera Adriana: "El bien malhecho, es peor que el propio mal, porque mata la esperanza"; hagamos una ley efectiva, no una ley, y cito al Senador Javier Corral, “ataráxica”, pero era así médicamente en estado de inconciencia.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Preciado Rodríguez. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que en virtud de que no se admitió esta adición, en consecuencia, ya no hay necesidad de votar de manera nominal este artícul