Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 23 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 16

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Marzo de 2013

SUMARIO                                              


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CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:

- Minuta proyecto de Decreto que reforman el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud; minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de suicidio; los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; el artículo 95 de la Ley del Seguro Social; se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; Oficio con el que informa la modificación en la integración de los CC. Diputados ante el Foro Parlamentario Asia-Pacífico; Oficio con el que informa de la integración complementaria de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas; Oficio del C. Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que se solicita la aplicación de una fe de erratas al Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se autoriza la aplicación de la fe de erratas. Se remite a la Cámara de Diputados.














RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

(Dictamen a discusión)

- Se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Población y Desarrollo, que contiene puntos de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Rolando Ocampo Alcántar como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de 2020, y por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre del año 2016. Intervienen al respecto los CC. Senadores Adán Augusto López Hernández y María Cristina Díaz Salazar. Rinden protesta de Ley.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNION DECLARA: “2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPUBLICA”; CONMEMORATIVO DE LAS MUERTES DEL PRESIDENTE DON FRANCISCO I. MADERO, EL VICEPRESIDENTE JOSE MARIA PINO SUAREZ, LOS DIPUTADOS SERAPIO RENDON, GUSTAVO A. MADERO Y ADOLFO C. GURRION, ASI COMO DEL SENADOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, QUIENES OFRENDARON SU VIDA POR EL IDEAL DE UNA REPUBLICA LIBRE, JUSTA, SOCIAL, DEMOCRATICA Y CONSTITUCIONAL

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. Las Comisiones presentaron paquete de modificación que se aprueba. Intervienen al respecto los CC. Senadores Ivonne Liliana Alvarez García, Angel Benjamín Robles Montoya, Roberto Armando Albores Gleason, Marco Antonio Blasquez Salinas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. Intervienen al respecto los CC. Senadores Roberto Gil Zuarth, María Cristina Díaz Salazar, Ninfa Salinas Sada, Angel Benjamín Robles Montoya, María del Pilar Ortega Ramírez, Arely Gómez González y Fidel Demédicis Hidalgo, quien presenta propuesta de modificación al artículo 165 que no se admite. Se remite al Ejecutivo Federal.


















 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:29 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 75 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 20 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del día martes diecinueve de marzo de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el accidente ocurrido en el estado de Tlaxcala el viernes 15 de marzo.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados,  proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se declara el 2014 como "Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6o., fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales y se adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Población; de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; de la Ley General de Turismo y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el expediente del proyecto de Decreto por el que se adicionaba una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el expediente del proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba los artículos 4, 5 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativa, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el expediente del proyecto de Decreto que adicionaba un cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para  los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar, el proyecto de Decreto por el que se adicionaba el artículo 65 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito, resuelto por el Senado el 20 de abril de 2010.- Quedó de enterado. El asunto ya fue declarado concluido por el Senado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar, el proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 28 y se adicionaba un párrafo al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social, resuelto por el Senado el 24 de abril de 2012.- Quedó de enterado. El asunto ya fue declarado concluido por el Senado.

(Iniciativas)

El Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, la generación de empleos y la creación de empresas de alto valor agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Octavio Pedroza Gaitán, a nombre propio y del Senador Ernesto Cordero Arroyo, con aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, párrafo primero y 43, y la denominación del Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 31 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra con relación al Aniversario de la Expropiación Petrolera.- Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Luis Sánchez Jiménez del PRD; Silvia Garza Galván del PAN; y José Ascención Orihuela Bárcenas del PRI.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara: 2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”; conmemorativo de las muertes del Presidente Don Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el ideal de una República libre, justa, social, democrática y constitucional.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Fue aprobado por 95 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de Acuerdo:

1) Sobre el coco y sus derivados.- Fue aprobado en votación económica.

2) Sobre el mango y su cultivo.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito del PAN. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al Secretario de Gobernación a remitir un informe sobre el estado que guarda el "Memorial para las Víctimas de la Violencia en México".- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD.
2) Que exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diseñar e instrumentar, en coordinación con las instancias encargadas de procuración de justicia, seguridad pública y seguridad nacional del Poder Ejecutivo Federal, un programa exhaustivo de promoción, capacitación y enseñanza en materia de derechos humanos a los servidores públicos de sus dependencias.

3) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar un mensaje laudatorio a la Organización de las Naciones Unidas por emitir la primera resolución contra la mutilación genital femenina.

Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar los dictámenes, a nombre           de la Comisión, los cuales, fueron aprobados en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de los Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Blanca Alcalá Ruiz, Ana Gabriela Guevara Espinoza, José Francisco Yunes Zorrilla, Manuel Cavazos Lerma, David Penchyna Grub, Gerardo Sánchez García, Alejandro Tello Cristerna, Óscar Román Rosas González, Ernesto Gándara Camou, Luis Armando Melgar Bravo, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Marco Antonio Blásquez Salinas, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y de los Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal y Miguel Romo Medina, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 102, 105 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva HadamiraGastélum Bajo y Claudia ArtemizaPavlovich Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo en materia de derecho al trabajo sin discriminación.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales a emprender acciones para disminuir la problemática que significa la pornografía infantil en nuestra sociedad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Eviel Pérez Magaña, Daniel Ávila Ruiz, Francisco García Cabeza de Vaca, Luis Salazar Fernández, Luz María Beristaín Navarrete, Ana Guevara, Adán López Hernández, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luis Miguel Barbosa Huerta, Manuel Camacho Solís, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Mayans Canabal, Raúl Morón Orozco, Isidro Pedraza Chávez, Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar Solorio, Luis Sánchez Jiménez, Marcela Torres Peimbert y David Monreal Ávila, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a integrar y reprogramar en los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a todos los municipios de la región sur-sureste del país.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe del Ejecutivo a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 políticas públicas de salud y educación tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones para que sea revocado de su cargo el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, en virtud de su cuestionada trayectoria de no respeto a los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión a instrumentar un programa nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país, como parte integral de las políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos indígenas, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los Poderes del estado de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía del municipio de Tinum.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.- Se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- Quedó de primera lectura.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con relación a movimientos en comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.- Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo acciones tendientes a combatir probables actos de corrupción e indagar la comisión de irregularidades administrativas, así como la probable comisión de delitos, por deficiencias procedimentales en los juicios seguidos en contra de constructoras, por la edificación de construcciones irregulares.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a retomar el proyecto "Centro Cultural Ricardo Martínez".- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a incluir en los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 un capítulo para que exista un programa permanente de reinserción de migrantes que retornan a su país.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Director del Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos que muchas instituciones y organismos no gubernamentales mexicanos e internacionales desarrollan en favor de transformar las condiciones que propician que las generaciones infantiles consuman alimentos eminentemente nocivos para su salud.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación al personal naval perteneciente a la Segunda Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, por su oportuna intervención en el rescate de 20 personas que se encontraban a la deriva en mares cercanos al estado de Baja California.- Se turnó a la Comisión de Marina.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diez minutos y citó a la siguiente el miércoles veinte de marzo a las once horas”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con solicitud de permiso para que el ciudadano Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/271/2013
México, D.F., a 19 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-03301, el Min. Miguel Angel Padilla, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Armando Ono Nakamura, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno del Japón.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.

"CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-7-550
EXP. 554

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma el numeral 2 del artículo 28 Bis, de la Ley General de Salud, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria".

"MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE REFORMA EL ARTICULO 28 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Unico.- Se reforma el numeral 2 del artículo 28 Bis, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:

1. ...

2.- Médicos Homeópatas;

3. a 5. ...

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria".

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de suicidio.

"CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-7-551

Exp. 256

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 11, con un inciso C, y 28 con un inciso K, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga

Secretario".

"MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE SUICIDIO.

Artículo Unico. Se adicionan los artículos 11, con un inciso C, y 28 con un inciso K, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 11.- ...

A. y B. ...

C. Prestar atención inmediata de las alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de trastornos mentales que puedan alterar su sano desarrollo, de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Salud.

Artículo 28.- ...

A. a J. ...

K. Desarrollar acciones para la detección temprana, prevención y tratamiento de trastornos mentales que puedan alterar su sano desarrollo.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo.- Las acciones que en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D. F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.-Dip. Xavier Azuara Zúñiga, Secretario".

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, aquí una moción personal.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Dígame, Senadora Díaz Lizama.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Yo pediría, que también se turne esta iniciativa a la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, si es posible.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: ¿Entiendo que es comisión especial?

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Para opinión, por lo menos.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Me parece muy bien. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

"CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-7-552

Exp. 405

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria".

"MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE REFORMA LOS ARTICULOS 3 Y 10 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Artículo Unico. Se reforman los artículos 3, fracción III, párrafo primero y 10, fracción IX; se adiciona el artículo 3, con un párrafo segundo, recorriéndose el actual párrafo segundo a ser tercero, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. y II. ...

III. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas:

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales en millones de pesos) x 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

IV. a XVII. ...

Artículo 10. ...

I. a VIII. ...

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable. Con el objeto de garantizar el cumplimiento del presente criterio, la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presidida por la Secretaría, emitirá las recomendaciones y propondrá las acciones necesarias para la consecución de estos objetivos, así como las obligaciones de las dependencias y entidades en la materia.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria".

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: La Colegisladora remite una minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social.

"CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-5-588

Exp. No. 1393 LXI Legislatura

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún

Secretario".

"MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE REFORMA EL ARTICULO 95 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 95.- Tendrá derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior, las beneficiarías que se señalan en las fracciones III y IV del artículo 84 de esta Ley, y las hijas de los asegurados y pensionados hasta los dieciocho años.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Fernando Bribiesca Sahagún, Secretario".

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Igualmente, de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

"CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-2-480

Exp. 1028

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 35, párrafo segundo; 39; 50, primer párrafo y se adicionan un tercer párrafo al artículo 35; y un tercer párrafo, al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún

Secretario".

"MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 35, 39 Y 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 35, párrafo segundo; 39; 50, primer párrafo y se adicionan un tercer párrafo al artículo 35; y un tercer párrafo, recorriéndose el actual en su orden, al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 35. ...

Las personas morales y las personas físicas que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma oficial mexicana respectiva, podrán ellas mismas realizar la verificación técnica de sus vehículos y, en su caso, de terceros.

La Secretaría promoverá con otras dependencias del Ejecutivo Federal y estatal, el reconocimiento de la autorregulación para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.

Artículo 39.- Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de antigüedad de acuerdo al año modelo de fabricación, con las condiciones de peso bruto vehicular máximo y sus elementos de seguridad vial, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos para regular la velocidad máxima.

Las unidades motrices que ingresen por primera vez al servicio de autotransporte federal de carga, y el transporte privado deberán tener antigüedad no mayor a cinco años a partir de su año modelo de fabricación.

Las unidades motrices del servicio de autotransporte federal de carga y el transporte privado, solo podrán transitar un máximo de veinte años a partir de su año modelo de fabricación, siempre y cuando cumplan con las verificaciones periódicas que establezcan las normas correspondientes.

Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal. Las normas oficiales mexicanas establecerán los elementos mínimos de seguridad vial que los permisionarios, sus unidades y operadores deban de cumplir así como las bases para su autorregulación.

….

Para la definición de los límites máximos de pesos y dimensiones con los que puedan circular los vehículos por los caminos y puentes de jurisdicción federal, el Comité de Normalización respectivo, deberá obtener la opinión de expertos en la materia, acreditados por las principales instituciones de educación superior de nuestro país.

….

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El tercer párrafo del artículo 39, no aplica para las unidades, que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren en operación, registradas ante la Secretaría de Comunicaciones Transportes y tengan una antigüedad mayor a los veinte años a partir del año modelo de su fabricación.

Tercero.- Las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, y las Instituciones que integran la Banca de Desarrollo, deberán presentar, en un plazo máximo de 8 meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las acciones para la modernización del parque vehicular del autotransporte federal de carga.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Fernando Bribiesca Sahagún, Secretario".

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: La Cámara de Diputados remitió dos oficios por los que informa:

Uno, la modificación de la integración de los Diputados ante el Foro Parlamentario Asia-Pacífico.

"CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1233

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados el Honorable Congresode la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la modificación en la Integración de los Diputados ante el Foro Parlamentario Asia Pacífico.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos

Secretaria".

Y dos, la integración complementaria de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.

"CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1235

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la integración complementaria de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas. (COCOPA)

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese".

México, D.F., a 14 de marzo de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos

Secretaria".

- El C. Presidente Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de esa documentación a la Junta de Coordinación Política.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en esta Mesa Directiva un oficio suscrito por el Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Colegisladora, en relación con el proyecto de Decreto de la Ley General de Salud, por el que se solicita la aplicación de una fe de erratas al Decreto sobre certificados de nacimiento.

Esta se haría en el Artículo Cuarto Transitorio, en el que dejamos establecido un plazo de 90 días para emitir el reglamento correspondiente.

El Decreto aprobado le asigna esa función a la Secretaría de Salud, sin embargo, como es sabido por todos, la facultad reglamentaria es del Ejecutivo Federal.

A consecuencia de eso, es necesario que la alusión a la Secretaría de Salud, se sustituya por la alusión al Ejecutivo Federal en el Artículo Cuarto Transitorio mencionado.

El texto de la comunicación de la Cámara de Diputados está a su disposición en el monitor de los escaños.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a la adecuación que se haría en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto de reformas a la Ley General de Salud, e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura.

"Transitorios

Dice:

Artículo Cuarto. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 90 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, para establecer el reglamento correspondiente a la expedición de los certificados de nacimiento.

Debe decir:

Artículo Cuarto. El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 90 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, para establecer el reglamento correspondiente a la expedición de los certificados de nacimiento".

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza la aplicación de la fe de erratas del Decreto referido. Quienes estén por su aplicación, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aplique, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la aplicación de la fe de erratas, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, se instruye a la Secretaría Parlamentaria realizar los ajustes necesarios al Decreto y remitirlo a la Cámara de Diputados para recabar las firmas correspondientes.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, señor Presidente.

Hoy por hoy, la ciencia, la tecnología y la innovación juegan un papel fundamental en el crecimiento económico de cualquier país, así como en el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes.

Estas áreas son motores del desarrollo integral, generan empleo y bienestar. Ayudan a reducir la pobreza, a mejorar la educación, la salud, la alimentación y el comercio, y son indispensables para la construcción de nuevas capacidades esenciales, acordes a una modernidad de la que no podemos quedar al margen.

Queremos un México donde el desarrollo económico se base en el conocimiento y en la preservación del medio ambiente.

Queremos un país con un perfil productivo donde destaquen capacidades tecnológicas en sectores estratégicos, como el agua, la energía, la biotecnología, la nanotecnología, por mencionar solo algunas, así como en sectores que atienden necesidades básicas de la población.

Necesitamos una dinámica innovadora, una sociedad donde predominen los empleos bien remunerados, se satisfaga las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda y se integren las potencialidades de nuestra diversidad cultural.

¿Qué necesitamos para lograrlo? Para alcanzar esta visión de país se requiere una política de Estado en ciencia, tecnología e innovación.

No podemos continuar con estrategias de corto plazo. Las capacidades de ciencia, tecnología e innovación son acumulativas, se basan en procesos de aprendizaje individuales y colectivos, y se fortalecen a lo largo del tiempo.

Sólo con una visión y enfoque dinámico y un horizonte trazado a largo plazo, será posible construir un perfil radicalmente distinto para nuestro país.

A partir de la reforma constitucional de 1983, se definieron puntualmente en el artículo 28 constitucional, las áreas de la economía calificadas como estratégicas y prioritarias.

De acuerdo a nuestro artículo 25 de nuestra Carta Magna, y en esas encontramos los correos, los telégrafos, la radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad, las funciones de acuñación de moneda y emisión de billete, así como las actividades que señalen las leyes que expresamente expida el Congreso de la Unión.

Desde la reforma constitucional del ´95, la comunicación vía satélite, los ferrocarriles dejaron de ser regulados como áreas estratégicas y se consideraron áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

En el Pacto por México, el Presidente de la República y las principales fuerzas políticas del país, acordamos promover el desarrollo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, comprometiéndonos a establecer las bases necesarias para que México, además de ser una potencia manufacturera, se convierta en una economía del conocimiento.

El conocimiento científico es uno de los activos más valiosos con los que cuenta un país, y dada las condiciones del entorno económico actual, es menester que nuestra Carta Magna no sólo promueva el apoyo a la ciencia y a la tecnología, sino que considere el fomento e inversión en esas actividades, juntos con la innovación, como áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Las ideas sólo pueden ser innovaciones cuando se implementan como productos, servicios o procedimientos.

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa pretende reformar el artículo 28 de nuestra Constitución Política con el fin de que el Estado considere como áreas prioritarias del desarrollo la inversión y el fortalecimiento permanente y sostenido de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, con el único objetivo de contribuir al desarrollo económico del país, elevar la competitividad y promover la formación y capacitación del capital humano especializado.

Compañeros Senadores, de aprobarse la presente iniciativa estaríamos sentando las bases para el diseño y la implementación de una política de Estado, la cual nos permitirá vincular de manera directa a la ciencia y a la tecnología con la innovación y el desarrollo de este país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“ALEJANDRO TELLO CRISTERNA,Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy día las economías de los países prosperan en la medida que son capaces de incorporar el conocimiento desarrollado a la producción de bienes y servicios; la mano de obra y la materia prima. En este sentido, el futuro de nuestro país está ligado a la posibilidad que tengamos de cambiar nuestra economía, de una economía de servicios a una economía del conocimiento, y eso pasa por la innovación, la ciencia y la tecnología. En la actualidad los países con mayor éxito en crecimiento y desarrollo económico, son los que invierten más en actividades científicas y tecnológicas así como en sus sistemas educativos.

El acelerado avance científico y tecnológico a nivel mundial, obliga a nuestro país a dedicarle un lugar prioritario a la educación e investigación, impulsando y apoyando específicamente a la ciencia y a la tecnología como condición indispensable para garantizar nuestra viabilidad como una nación desarrollada, libre y soberana.

En México el marco jurídico bajo el cual se desarrollan las actividades científicas y tecnológicas se encuentra consagrado en diversos ordenamientos legales. A nivel constitucional en el año de 1993 fue adicionado el artículo 3 de nuestra cartamagna a fin de establecer de manera expresa la obligación del Estado para apoyar la investigación científica y tecnológica, con lo que se dio un primer paso para dotar de importancia nacional y jurídica el apoyo a este sector estratégico.

No obstante lo dispuesto en el artículo referido, aún en la Constitución no se ha logrado reflejar con toda claridad la importancia del impulso e inversión en las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, máxime cuando en la actualidad las principales naciones del mundo han basado sus modelos de desarrollo nacional en la llamada “economía del conocimiento”.

Otro elemento importante a destacar es la ausencia del fomento a la innovación, pues si bien es cierto la ciencia y la tecnología forman parte medular para el desarrollo de un sistema nacional de innovación, la realidad es que hoy en día nuestra constitución tampoco considera el impulso a lainnovación comopilar fundamental para el desarrollo económico nacional.

Es por lo anterior que considero que dadas las condiciones del entorno económico actual, es menester fomentar que nuestra carta magna no sólo promueva el “apoyo” a la ciencia y a la tecnología en nuestro país, sino más aún, considere el fomento e inversión en estas actividades, junto con la innovación, áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

La presente iniciativa busca adicionar al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que se consideren como área prioritarias para el desarrollo nacional la inversión y el fortalecimiento permanente de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, con el objeto de que contribuyan al desarrollo económico del país, eleven su competitividad nacional e internacional y se promueva la formación y capacitación de capital humano especializado.

La reforma aquí propuesta vinculará de manera directa a la ciencia, la tecnología y a la innovación con el desarrollo nacional y la planeación estratégica, asimismopermitirá sentar las bases para la reinserción de nuestro país en la economía mundial y de esta manera retomar la competividad internacional perdida.

Fortalecer las competencias científicas, tecnológicas y de innovación es urgente para el país, pues sólo de esta manera podremos responder a los nuevos retos que nos imponen la compleja realidad social y económica.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRFO CUARTO DEL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 28. ……

...

.....

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite, los ferrocarriles, y la inversión y fortalecimiento permanente de las actividades científicas, tecnológicas y de innovaciónson áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

….

….

….

….

….

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Alejandro Tello Cristerna”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Tello Cristerna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, Primera.

Tiene ahora la palabra la Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y del C. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, con aval del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Solicito que me permitan presentar en el mismo turno las reformas a la Ley de Víctimas que estamos presentando, así como la propuesta para expedir la Ley Reglamentaria de los Artículos 1o. y 103 Constitucional en Materia de Reparación de Daño por Violaciones a Derechos Humanos.

Senadoras y Senadores, Manuel Ortega se despertó el pasado 8 de abril de 2009 con la noticia de que su hijo había sido detenido por policías ministeriales del estado de Coahuila, sin causa justificada, Esteban, su hijo, venía de Houston, Texas, rumbo a Michoacán, han pasado casi cuatro años sin que hasta el momento Manuel tenga alguna noticia de qué sucedió con su hijo, en estos casi 48 meses ha buscado la ayuda de autoridades federales, estatales y municipales para localizar a su hijo desparecido, lamentablemente sin encontrar respuesta.

El caso presentado tiene nombre y apellido, quien desapareció es una posible víctima de la delincuencia y sus familiares, además, víctimas de las autoridades.

Cuando el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, asumió la alta responsabilidad que le otorgaron las urnas el pasado 1° de diciembre, comprometió como primer eje de su gobierno, en el marco de las políticas de seguridad y de justicia, que el Estado mexicano estaría del lado de las víctimas del delito y de sus familiares.

En un hecho por demás insólito, el Presidente de México, como lo anunció en su primer discurso, retiró la controversia constitucional promovida en la administración pasada y publicó la Ley General de Víctimas, y lo menciono como insólito porque en la propia presentación diversos actores de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como liderazgos de la sociedad civil, reconocieron las inconsistencias e ineficiencias de este nuevo marco jurídico, es cierto, reconocemos que es mejor contar con una ley, pero les pregunto, señores Senadores, ¿acaso no es nuestra obligación como legisladores presentar proyectos que en verdad beneficien a los ciudadanos?, ¿acaso no es obligación del Ejecutivo revisar que ese marco legal sea operativo?

Para Manuel, como para muchos mexicanos, la promulgación de una ley que proteja sus derechos, entre ellos de recibir ayuda, asistencia, atención por personal especializado, a ser tratados con humanidad y respeto a su dignidad y en especial a conocer la verdad, así como resarcir el daño, sería uno de los medios para obtener justicia.

Por desgracia, con el marco jurídico promulgado no se cumple con el espíritu de estar de lado de las víctimas. Luego de que los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, el pasado 19 de febrero presentaran más de 130 reformas a esta ley, multipublicitada, merecedora de más del calificativo logro de los primeros cien días de gobierno del Presidente Peña Nieto, a nosotros como a las víctimas nos golpeó la realidad, la ley es inoperante.

A la corta distancia, cuánta razón tenía el ex Presidente Felipe Calderón al enviar las observaciones a este Poder Legislativo para que se realizaran las modificaciones correspondientes y hacer viable esta ley.

Y cuanta razón tenía el Partido Acción Nacional y otras voces ciudadanas que no sólo lo señalaron, sino lo acompañaron desde sus diversos espacios de opinión.

Hoy nuestro grupo parlamentario consciente de la alta responsabilidad que significa legislar con visión de justicia y atención a las víctimas, presenta ante este Pleno reformas a la Ley General de Víctimas y la propuesta para expedir la Ley Reglamentaria de los Artículos 1o. y 103 Constitucionales en Materia de Reparación de Daño por Violaciones a los Derechos Humanos.

La iniciativa propuesta obedece a una serie de observaciones, producto de foros y mesas técnicas en las que participaron académicos, analistas, especialistas y servidores públicos, quienes desde distintas ópticas plantearon sus puntos de vista y colocaron como centro del debate a la víctima y no a la coyuntura política como se ha venido haciendo.

Las reformas propuestas definen con claridad qué es una víctima y cuáles son sus derechos, prioriza los casos en los que la vida, la libertad e integridad física y psicosexual de las personas están en peligro, establece el ámbito de competencia y de responsabilidad de autoridades federales y locales, obliga a los estados y a la Federación a presupuestar recursos económicos para la creación de fondos de atención a víctimas, rediseña el registro nacional de víctimas para recabar información estadística sobre casos atendidos, modalidades de asistencia, ayuda o reparación, así como el tipo de delito o violaciones a derechos y, en especial, establece plazos para la atención y respuesta a las solicitudes de asistencia, compensación o reparación del daño que se realiza ante la autoridad correspondiente.

Si la ley vigente en la materia no tuviera esta omisión, señores Senadores, no habría necesidad de solicitar a través de puntos de Acuerdo de urgente resolución, informe el Ejecutivo Federal sobre las acciones emprendidas para la atención y reparación del daño de las víctimas de un delito, que por cierto, les recuerdo, para la mayoría de este Pleno no fueron prioridad la semana pasada.

Hoy los Senadores del Partido Acción Nacional presentamos además la reforma constitucional para dar facultades expresas al Congreso para legislar en materia de atención a víctimas. Al respecto, académicos expertos y sociedad civil se han pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley multicitada, basta razón que hablamos de una ley general que pretende distribuir responsabilidades a los distintos poderes de gobierno, por lo que es imperiosa la necesidad de aportarle claridad al texto constitucional y que la autoridad se ciña estrictamente a la interpretación gramatical. De esta manera se evita la posibilidad de que autoridad alguna eluda su responsabilidad.

En lo correspondiente a la propuesta para expedir la Ley Reglamentaria de los Artículos 1o. y 103 Constitucionales en Materia de Reparación del Daño por Violaciones a los Derechos Humanos, la obligación, Senadoras y Senadores, no solo es moral, sino constitucional.

Debemos reconocer que hemos sido omisos para expedir la ley en la materia de reparación conforme al Segundo Transitorio del Decreto publicado el 11 de junio de 2011, por el que se reformó la Constitución. En unas horas, en el seno de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, se presentará el proyecto de dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por el PRI, PRD, PT y Partido Verde Ecologista de México.

Compañeras y compañeros Senadores, obligados estamos a garantizar certeza jurídica en la atención oportuna y eficiente de las víctimas y ofendidos del delito, no podemos tropezar nuevamente con la piedra del interés político y mediático, no seamos cómplices de la simulación, no se pueden permitir normas y leyes que crean falsas esperanzas y nulos resultados, la sociedad no se lo merece, las víctimas menos.

Decía don Manuel Gómez Morín, es grave responsabilidad la de tener capacidades, por esto insisto, este Senado tiene capacidades legislativas para cambiar la vida de las víctimas y de sus familiares. Perfeccionar el instrumento jurídico para atender pronta y eficazmente a las víctimas debe ser nuestra mayor motivación, esto no es un concurso de vencidas legislativas, aquí deben prevalecer las razones por encima de los lucimientos personales, particulares, nosotros no peleamos paternidades, nosotros no pretendemos frenar, y quiero decirlo con toda claridad, nosotros no pretendemos frenar ningún tipo de iniciativa, lo que deseamos es presentar una propuesta que a juicio del grupo parlamentario de Acción Nacional, y especialmente recogiendo las propuestas de muchas otras voces ciudadanas, no solo de una voz, contribuyen a solucionar las omisiones que contiene la ley actual, así como las modificaciones propuestas.

La presentación de estas iniciativas no tiene más interés que poner a disposición de todos los legisladores elementos que completen el valioso trabajo realizado por las comisiones. Revisemos con lupa cada concepto que se propone, asumamos con responsabilidad el reto de legislar para las víctimas, otorguémosles resultados en el corto plazo y dotemos a los gobiernos de herramientas operativas y eficientes, pero especialmente antepongamos el interés superior de quienes ya fueron lastimados y hoy reclaman justicia. El verdadero enemigo, Senadoras y Senadores, es la delincuencia, la batalla legislativa la tenemos que dar unidos y fortalecer nuestro marco jurídico que no tenga huecos ni rendijas de impunidad, fragmentados no lograremos garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las víctimas. Estoy cierta que haremos juntos el análisis puntual y responsable de la iniciativa que hoy se presenta.

Entre todos buscaremos soluciones y aportaremos en los hechos certidumbre a las víctimas que demandan atención, merecen la reparación de daño y reclaman la protección del Estado.

Solicito, señor Presidente, que las iniciativas de las reformas legales tengan el mismo trámite que se les ha dado a otras de la misma índole y, consecuentemente, sea turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Adicionalmente, solicito se incorpore mi participación en forma íntegra en el Diario de los Debates.

Me parece que hay claridad en lo que hay que hacer, que no falte voluntad de este Senado para cumplir con nuestra responsabilidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"CC. Secretarios de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.

Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo, Senadores de la República del Congreso General de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, 161,164, numeral 3, 169 171, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente Permanente por su conducto, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La iniciativa que dio origen a la Ley General de Víctimas fue presentada en la LXI Legislatura, por Senadores de diversos grupos parlamentarios, en la sesión del 17 de abril de 2012. El 25 de abril de 2012 el Senado de la República aprobó por 94 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la iniciativa propuesta. El 30 de abril siguiente, la Cámara de Diputados aprobó la minuta en por 369 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El 29 de junio de 2012, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador José González Morfín, solicitó al Secretario de Gobernación la publicación del decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas. El primero de julio del mismo año, el entonces Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, remitió diversas observaciones al Senado en las que cuestionó la viabilidad técnica y jurídica de la Ley. Finalmente, el 9 de enero del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas.

Al respecto, los académicos, expertos y la sociedad civil realizaron diversas observaciones sobre la viabilidad del texto aprobado de la Ley General de Víctimas, que reconocieron  que la Ley es “perfectible” y habría de analizarse la posibilidad de que fuese reformada. Asimismo coincidieron en la imperiosa necesidad de que para que la Ley fuera viable, era necesario realizar una reforma constitucional previa. Por tal motivo se presenta esta iniciativa que contiene en síntesis, lo siguiente:

Artículo 17. Se adiciona este artículo, a fin de establecer que la jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos conforme a los tratados de los que el Estado Mexicano es parte, sea reconocida en los términos y conforme a los procedimientos determinados en dichos tratados.

Además se precisa que las resoluciones de tales tribunales no requieren para su validez de reconocimiento por parte de las autoridades y que serán eficaces en cualquier fuero: común, federal, civil y militar.

Finalmente, respecto de éste artículo se prevé la expedición de Leyes Generales que desarrollen los procedimientos a seguir para el cumplimiento de  dichas sentencias.

Artículo 73. Se reforma la fracción XXI a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en la que se homologuen los derechos y las modalidades para la atención de las víctimas y ofendidos; se distribuyan competencias y las formas de coordinación entre la federación, el distrito federal, los estados y los municipios.

Se adiciona la fracción XXIX R, a fin de otorgarle expresamente al Congreso de la Unión la facultad para emitir una Ley General a través de la cual pueda establecer facultades y obligaciones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, en el entendido de que el cumplimiento de las sentencias de tribunales internacionales requieren, por lo general, de los actos u omisiones de muy diversas autoridades

Artículo 89. Se retoma la fracción XVII, misma que actualmente se encuentra derogada, a fin de otorgarle expresamente al ejecutivo federal la facultad de coordinar el cumplimiento y ejecución de las resoluciones y sentencias emitidas por tribunales internacionales

Por lo anteriormente expuesto se presenta a esta H. Soberanía la siguiente:

ARTICULO UNICO. Se ADICIONAN los párrafos tercero y cuarto al artículo 17, recorriéndose en su orden los actuales tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo para pasar a ser quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo; la fracción XXIX-Q al artículo 73; y se REFORMA el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73; la fracción XVII del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17.-…

La jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en los tratados suscritos y ratificados por nuestro país, será reconocida en los términos y conforme a los procedimientos establecidos en tales tratados.

Las resoluciones y sentencias irrevocables emitidas por tales tribunales no requieren para su validez y eficacia, de reconocimiento, revisión, o examen previo alguno, por lo que serán obligatorias y las autoridades administrativas, legislativas y judiciales del fuero federal, común y militar, dentro de sus respectivas competencias garantizarán su cumplimiento. Las leyes generales que expida el Congreso de la Unión desarrollarán los procedimientos a seguir para la ejecución de dichas resoluciones y sentencias; para que dichas autoridades cumplan con las obligaciones que les correspondan; así como para la atención y, en su caso, cumplimiento de recomendaciones y medidas cautelares emitidas por organismos y órganos internacionales cuya competencia esté reconocida en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I. a XX. …

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materia de derechos de las víctimas y ofendidos, de secuestro y de trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada.

….

XXII. aXXIX-Q. …

XXIX-R. Para legislar en materia de ejecución de resoluciones y sentencias de tribunales internacionales, así como de atención a recomendaciones y medidas cautelares emitidas por organismos y órganos internacionales, estableciendo las bases generales para distribuir competencias entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con el objeto de cumplir los fines previstos en el tercer y cuarto párrafos del artículo 17 de esta Constitución.

XXX…

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a XVI…

XVII. Coordinar el cumplimiento de las resoluciones y sentencias emitidas por tribunales internacionales, así como la atención, en su caso, de recomendaciones y medidas cautelares emitidas por organismos y órganos internacionales, en los términos del tercer y cuarto  párrafos del artículo 17 de esta Constitución y de las leyes generales que al efecto emita el Congreso de la Unión.

El Ejecutivo Federal podrá dictar medidas administrativas para garantizar la ejecución de las resoluciones y sentencias y, en su caso, el cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares a que se refiere el párrafo anterior; las cuales serán inatacables.

XVIII. a XX…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses de la publicación de este Decreto, expedirá la ley general a la que el mismo se refiere.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDELA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 1o. Y 103 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,EN MATERIA DE REPARACION DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS; DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por la C. Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y del C. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, con aval del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Solicito que me permitan presentar en el mismo turno las reformas a la Ley de Víctimas que estamos presentando, así como la propuesta para expedir la Ley Reglamentaria de los Artículos 1o. y 103 Constitucional en Materia de Reparación de Daño por Violaciones a Derechos Humanos.

Senadoras y Senadores, Manuel Ortega se despertó el pasado 8 de abril de 2009 con la noticia de que su hijo había sido detenido por policías ministeriales del estado de Coahuila, sin causa justificada, Esteban, su hijo, venía de Houston, Texas, rumbo a Michoacán, han pasado casi cuatro años sin que hasta el momento Manuel tenga alguna noticia de qué sucedió con su hijo, en estos casi 48 meses ha buscado la ayuda de autoridades federales, estatales y municipales para localizar a su hijo desparecido, lamentablemente sin encontrar respuesta.

El caso presentado tiene nombre y apellido, quien desapareció es una posible víctima de la delincuencia y sus familiares, además, víctimas de las autoridades.

Cuando el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, asumió la alta responsabilidad que le otorgaron las urnas el pasado 1° de diciembre, comprometió como primer eje de su gobierno, en el marco de las políticas de seguridad y de justicia, que el Estado mexicano estaría del lado de las víctimas del delito y de sus familiares.

En un hecho por demás insólito, el Presidente de México, como lo anunció en su primer discurso, retiró la controversia constitucional promovida en la administración pasada y publicó la Ley General de Víctimas, y lo menciono como insólito porque en la propia presentación diversos actores de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como liderazgos de la sociedad civil, reconocieron las inconsistencias e ineficiencias de este nuevo marco jurídico, es cierto, reconocemos que es mejor contar con una ley, pero les pregunto, señores Senadores, ¿acaso no es nuestra obligación como legisladores presentar proyectos que en verdad beneficien a los ciudadanos?, ¿acaso no es obligación del Ejecutivo revisar que ese marco legal sea operativo?

Para Manuel, como para muchos mexicanos, la promulgación de una ley que proteja sus derechos, entre ellos de recibir ayuda, asistencia, atención por personal especializado, a ser tratados con humanidad y respeto a su dignidad y en especial a conocer la verdad, así como resarcir el daño, sería uno de los medios para obtener justicia.

Por desgracia, con el marco jurídico promulgado no se cumple con el espíritu de estar de lado de las víctimas. Luego de que los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, el pasado 19 de febrero presentaran más de 130 reformas a esta ley, multipublicitada, merecedora de más del calificativo logro de los primeros cien días de gobierno del Presidente Peña Nieto, a nosotros como a las víctimas nos golpeó la realidad, la ley es inoperante.

A la corta distancia, cuánta razón tenía el ex Presidente Felipe Calderón al enviar las observaciones a este Poder Legislativo para que se realizaran las modificaciones correspondientes y hacer viable esta ley.

Y cuanta razón tenía el Partido Acción Nacional y otras voces ciudadanas que no sólo lo señalaron, sino lo acompañaron desde sus diversos espacios de opinión.

Hoy nuestro grupo parlamentario consciente de la alta responsabilidad que significa legislar con visión de justicia y atención a las víctimas, presenta ante este Pleno reformas a la Ley General de Víctimas y la propuesta para expedir la Ley Reglamentaria de los Artículos 1o. y 103 Constitucionales en Materia de Reparación de Daño por Violaciones a los Derechos Humanos.

La iniciativa propuesta obedece a una serie de observaciones, producto de foros y mesas técnicas en las que participaron académicos, analistas, especialistas y servidores públicos, quienes desde distintas ópticas plantearon sus puntos de vista y colocaron como centro del debate a la víctima y no a la coyuntura política como se ha venido haciendo.

Las reformas propuestas definen con claridad qué es una víctima y cuáles son sus derechos, prioriza los casos en los que la vida, la libertad e integridad física y psicosexual de las personas están en peligro, establece el ámbito de competencia y de responsabilidad de autoridades federales y locales, obliga a los estados y a la Federación a presupuestar recursos económicos para la creación de fondos de atención a víctimas, rediseña el registro nacional de víctimas para recabar información estadística sobre casos atendidos, modalidades de asistencia, ayuda o reparación, así como el tipo de delito o violaciones a derechos y, en especial, establece plazos para la atención y respuesta a las solicitudes de asistencia, compensación o reparación del daño que se realiza ante la autoridad correspondiente.

Si la ley vigente en la materia no tuviera esta omisión, señores Senadores, no habría necesidad de solicitar a través de puntos de Acuerdo de urgente resolución, informe el Ejecutivo Federal sobre las acciones emprendidas para la atención y reparación del daño de las víctimas de un delito, que por cierto, les recuerdo, para la mayoría de este Pleno no fueron prioridad la semana pasada.

Hoy los Senadores del Partido Acción Nacional presentamos además la reforma constitucional para dar facultades expresas al Congreso para legislar en materia de atención a víctimas. Al respecto, académicos expertos y sociedad civil se han pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley multicitada, basta razón que hablamos de una ley general que pretende distribuir responsabilidades a los distintos poderes de gobierno, por lo que es imperiosa la necesidad de aportarle claridad al texto constitucional y que la autoridad se ciña estrictamente a la interpretación gramatical. De esta manera se evita la posibilidad de que autoridad alguna eluda su responsabilidad.

En lo correspondiente a la propuesta para expedir la Ley Reglamentaria de los Artículos 1o. y 103 Constitucionales en Materia de Reparación del Daño por Violaciones a los Derechos Humanos, la obligación, Senadoras y Senadores, no solo es moral, sino constitucional.

Debemos reconocer que hemos sido omisos para expedir la ley en la materia de reparación conforme al Segundo Transitorio del Decreto publicado el 11 de junio de 2011, por el que se reformó la Constitución. En unas horas, en el seno de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, se presentará el proyecto de dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por el PRI, PRD, PT y Partido Verde Ecologista de México.

Compañeras y compañeros Senadores, obligados estamos a garantizar certeza jurídica en la atención oportuna y eficiente de las víctimas y ofendidos del delito, no podemos tropezar nuevamente con la piedra del interés político y mediático, no seamos cómplices de la simulación, no se pueden permitir normas y leyes que crean falsas esperanzas y nulos resultados, la sociedad no se lo merece, las víctimas menos.

Decía don Manuel Gómez Morín, es grave responsabilidad la de tener capacidades, por esto insisto, este Senado tiene capacidades legislativas para cambiar la vida de las víctimas y de sus familiares. Perfeccionar el instrumento jurídico para atender pronta y eficazmente a las víctimas debe ser nuestra mayor motivación, esto no es un concurso de vencidas legislativas, aquí deben prevalecer las razones por encima de los lucimientos personales, particulares, nosotros no peleamos paternidades, nosotros no pretendemos frenar, y quiero decirlo con toda claridad, nosotros no pretendemos frenar ningún tipo de iniciativa, lo que deseamos es presentar una propuesta que a juicio del grupo parlamentario de Acción Nacional, y especialmente recogiendo las propuestas de muchas otras voces ciudadanas, no solo de una voz, contribuyen a solucionar las omisiones que contiene la ley actual, así como las modificaciones propuestas.

La presentación de estas iniciativas no tiene más interés que poner a disposición de todos los legisladores elementos que completen el valioso trabajo realizado por las comisiones. Revisemos con lupa cada concepto que se propone, asumamos con responsabilidad el reto de legislar para las víctimas, otorguémosles resultados en el corto plazo y dotemos a los gobiernos de herramientas operativas y eficientes, pero especialmente antepongamos el interés superior de quienes ya fueron lastimados y hoy reclaman justicia. El verdadero enemigo, Senadoras y Senadores, es la delincuencia, la batalla legislativa la tenemos que dar unidos y fortalecer nuestro marco jurídico que no tenga huecos ni rendijas de impunidad, fragmentados no lograremos garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las víctimas. Estoy cierta que haremos juntos el análisis puntual y responsable de la iniciativa que hoy se presenta.

Entre todos buscaremos soluciones y aportaremos en los hechos certidumbre a las víctimas que demandan atención, merecen la reparación de daño y reclaman la protección del Estado.

Solicito, señor Presidente, que las iniciativas de las reformas legales tengan el mismo trámite que se les ha dado a otras de la misma índole y, consecuentemente, sea turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Adicionalmente, solicito se incorpore mi participación en forma íntegra en el Diario de los Debates.

Me parece que hay claridad en lo que hay que hacer, que no falte voluntad de este Senado para cumplir con nuestra responsabilidad.

Es cuanto, señor Presidente.

"CC. Secretarios de la Mesa Directiva

Senado de la RepUblica

Presente.

Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo, Senadores de la República al Congreso General de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164, numeral 3, 169, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 1° Y 103 CONSTITUCIONALES, EN MATERIA DE REPARACION DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS; DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La iniciativaque dió origen a la Ley General de Víctimas fue presentada en la LXI Legislatura, por Senadores de diversos grupos parlamentarios, en la sesión del 17 de abril de 2012. El 25 de abril de 2012 el Senado de la República aprobó por 94 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la iniciativa propuesta. El 30 de abril siguiente, la Cámara de Diputados aprobó la minuta en por 369 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El 29 de junio de 2012, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador José González Morfín, solicitó al Secretario de Gobernación la publicación del decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas. El primero de julio del mismo año, el entonces Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, remitió diversas observaciones al Senado en las que cuestionó la viabilidad técnica y jurídica de la Ley. Finalmente, el 9 de enero del año en cursose publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas.

Al respecto, los académicos, expertos y la sociedad civil realizaron diversas observaciones sobre la viabilidad del texto aprobado de la Ley General de Víctimas, que reconocieronque la Ley es “perfectible” y habría de analizarse la posibilidad de que fuese reformada. Así, a menos de un mes de haber entrado en vigor, el 19 de febrero del presente año,el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa de reforma a la Ley que consta de más de cien reformas sobre temas sustanciales como definición de “víctima”, derechos sustanciales y mecanismos estructurales

Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional realizó un análisis de la Ley General de Víctimas con servidores públicos, especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y legisladores. En las acciones realizadas se llevó a cabo el foro Derecho de las víctimas y la nueva Ley General de Víctimas. En el mismo sentido se realizó una Mesa Técnica para una política de Estado en materia de protección a víctimas de en que se identificaron diversos temas del Foro que se analizaron a fondo: régimen constitucional y análisis jurídico de la calidad de víctimas; derechos de las víctimas que deben estar comprendidos en esta Ley y aquellos que deben estar garantizados en otros ordenamientos; mecanismos de coordinación institucionaly fondo de reparación del daño y otros beneficios de carácter social, sus alcances y fuentes de financiamiento.

A lo largo de estos encuentros, diversas organizaciones y expertos han coincido en la necesidad de reformar a profundidad una Ley General de Víctimas que hoy es inviable. Las conclusiones del Foro y la Mesa Técnica se sintetizan a continuación:

1. Inconstitucionalidad de la Ley. La mayoría de los ponentes instaron a la aprobación de la reforma constitucionaldel artículo 73 constitucional por parte de la Cámara de Diputados y las entidades federativas.

2. Definición de víctima. Se coincidió en que uno de los problemas más graves que tiene la Ley General de Víctimas es la propia definición de víctima. Hay que distinguir entre una víctima de un delito y las víctimas de una violación de derechos humanos para que la ley sea realmente efectiva.

3. Separación de los derechos de las víctimas de delitos de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Se propuso un modelo dual conformado por la Ley General de Víctimas modificada y la Ley Reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1o constitucional en materia de reparación a las violaciones a los derechos humanos.

4. Derechos de las víctimas. Debe darse asistencia a las víctimas en dos vertientes:

a. Urgente, cuando la integridad o vida de las víctimas estén en peligro y sólo hasta que éste pase. Esta atención se dará de forma inmediata y de forma gratuita a través de la infraestructura del sector de salud pública.

b. En casos muy especiales como gastos funerarios o albergues cuando su integridad física o psicosexual esté comprometida, etc. Se establecerá un fondo para la ayuda que se proporcionará.El Estado tendrá derecho a repetir en caso de que la víctima incurra en falsedad.

Las víctimas buscan justicia. En la mesa, diversos ponentes afirmaron que antes de pensar en una compensación, es necesario brindar a la víctima de atención jurídica para que se incorpore al proceso.

5. Obligaciones de las autoridades. Es necesario rediseñar el proceso de toma de decisiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Los ponentes opinaron que nose pueden excluir los municipios del modelo, se debe fortalecer la capacidad y responsabilidad de las autoridades estatales paragarantizar que los delitos que se cometan en ese nivel deban ser atendidos en ese nivel.

6. Viabilidad presupuestal y recursos del fondo. Los expertos coincidieron enla preocupaciónde que el fondo provenga de recursos federales. Los ponentes consideraron que ello puede generar incentivos perversos debido a que las autoridades locales no tendrían incentivos para cumplir con sus responsabilidades.

Muchos de los elementos de ayuda que prevéla Ley ya existen y tienen presupuestos asignados, caso de becas. Consecuentemente, las ayudas o compensaciones ya previstas en otros ordenamientos deben cubiertos por éstos.

En el caso de la ayuda para las víctimas en casos de urgencia, se consideró apropiado limitar dicha ayuda a los bienes jurídicos vida, libertad e integridad física y psicosexual, siempre que los delitos cometidos en contra de las víctimas sean graves.

Finalmente, respecto a éste tema se planteó la preocupación respecto de los recursos del Fondo, por lo que se considera necesario implementar unmecanismo que garantice su seguimiento.

7. Asegurar la participación ciudadana.  Además de los tres órganos de gobierno la ley también incluye a la sociedad civil, sin embargo no se prevén los mecanismos de su participación o las reglas a las que se sujetarán.

8. Contraposición con diversos ordenamientos. La Ley General de víctimas debe ser revisada para que pueda armonizarse con los diversos ordenamientos. Asimismo se destacó la importancia de armonizarla con la jurisprudencia y el nuevo sistema acusatorio penal para hacer viables los mecanismos de la ley. en la misma línea, se afirmó que la materia procesal no corresponde a la Ley General de Víctimas, sino a la justicia penal.

9. Mecanismos efectivos de coordinación institucional. Una atención integral a las víctimas implica para el Estado establecer mecanismos efectivos de coordinación institucional para que el procedimiento penal que enfrenten no agrave su situación. Asimismo, se enfatizó en el hecho de que la atención debe ser conjunta: psicológica, jurídica y médica. Hay que dar una atención integral al problema.

Finalmente, se dijo que el diseño institucional de ayuda a las víctimas debe implementarse con el ya existente

10. Análisis jurídico. A lo largo de las mesaslos ponentes coincidieron en que un eventual proceso de modificación a la Ley debe orientarse a garantizar a las víctimas estructuras institucionales con las que puedan enfrentar un proceso respetuoso y eficaz que protejan los derechos de las víctimas, pero de ninguna forma deberá estar guiado por objetivos políticos o mediáticos.

Los temas expuestos en la Mesa Técnica y en el Foro son de vital importancia en el contexto actual del país, en el que existe la imperiosa necesidad de respetar los derechos de las víctimas y garantizar su efectividad. Es necesario que la Ley General de Víctimas no solamente sea el producto de las presiones de la coyuntura, sino que sea una un instrumento que contenga los mecanismos adecuados para la prevención, protección y reparación de los derechos de las víctimas.

Conforme a lo anterior y siguiendo las conclusiones y recomendaciones que nos presentaron los expertos y representantes de las organizaciones, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Senado presenta su propuesta integral para la atención y respeto a los derechos de las víctimas:

a. Se considera que las violaciones a los derechos humanos no deben ser materia de la Ley General de Víctimas, sino de una Ley Reglamentaria al artículo 1º. constitucional.

b. La iniciativa de reformas a la Ley General de Víctimas acota su ámbito a aquellas circunstancias de hecho que puedan constituir delitos en el ámbito local y federal.

c. Se considera la atención de urgencia a las presuntas víctimas de delitos en los que su vida, libertad e integridad física y psicosexual estén en peligro.

d. Se proponen mayores responsabilidades para las entidades federativas en la atención a las víctimas.

e. Se considera que dada la naturaleza de la Ley, que es general, no deberían establecerse reglas procedimentales propias de la legislación secundaria.

f. Se redefinió el concepto de víctimas para efectos de la Ley.

g. Se rediseño el Registro Nacional de Víctimas. En la iniciativa propuesta se prevé que el registro realizado por el sistema tenga cuando menos dos vertientes. La primera deberá ser administrativa, en ella se registrará todos los casos que sean atendidos. Por otra parte, la segunda vertiente de registro debe avocarse a la selección de casos en los que se encuentre en el supuesto en el que es necesario otorgar apoyos a las víctimas.

h. Se eliminó la reparación subsidiaria del Estado.

i. Se propone una estructura de diseño del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contará con una Comisión, ésta a su vez tendrá la asesoría de un Consejo Consultivoque será constituido con la participación de la sociedad civil. La estructura se replicará en los Estados y dependerán de la Comisión Nacional.

j. La Comisión y las Comisiones de las entidades federativas estarán presididas de un procurador que será elegido por el Ejecutivo y ratificadas por las dos terceras partes del Senado.

k. Se propone una estructura de diseño del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contará con una Comisión, que a su vez tendrá la asesoría de un Consejo Consultivo que será constituido con la participación de la sociedad civil. A su vez, dichas estructura se replicará en los Estados y dependerá de cada entidad federativa su implementación. Estas comisiones, rendirán cuentas a la Comisión.

Se prevé que si una víctima no recibe el trato o atención adecuada podráasistir a la delegación que será implementada porla Comisión Federal en cada Estado; dicha comisión deberá auxiliar a la víctima y en caso de que esa ayuda cause una erogación, ésta deberá ser cobrada a los Estados.

l. La Comisión y las Comisiones de las entidades federativas estarán presididas de un procurador que será elegido por el Ejecutivo y ratificadas por las dos terceras partes del Senado.

m. Para la atención de víctimas del delito existirá un fondo federal el cual atenderá a las víctimas del delito del fuero federal y, en su caso, a aquellos casos del fuero común que no hayan sido atendidos por las comisiones estatales. En el caso de la atención de víctimas de delitos del fuero común, los recursos ejercidos por el fondo federal serán reintegrados en su totalidad por las Entidades Federativas en el ejercicio fiscal inmediato siguiente, para ello contemplarán en sus presupuestos locales los recursos necesarios para retribuir en su totalidad a la federación o en caso de que alguna entidad federativa incumpla con su obligación de retribuir en su totalidad los recursos, la federación podrá recuperar las cantidades erogadas de las participaciones que le correspondan a la entidad federativa en el ejercicio inmediato siguiente.

Además, cada una de las entidades federativas contemplará, en sus presupuestos de egresos locales, los recursos necesarios para la atención de víctimas del delito del fuero común.

Con el fin de atender y proteger a las víctimas, se presenta la iniciativa de reformaa la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas del delito en el que se tutelan eficiente y eficazmentesus derechos. Asimismo, se plantea una infraestructura que permite brindar de manera coordinada atención integral a las víctimasen unmarco jurídico que permite la adecuada coordinación.

Finalmente, para hacer compatible la reforma propuesta a las diversas leyes, se incluye las iniciativas de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Coordinación Fiscal.

Asimismo, se considera necesario expedir la Ley Reglamentaria de los Artículos 1° y 103 Constitucionales, en Materia de Reparación del Daño por Violaciones a Derechos Humanos, que tiene por objeto, resarcir a los particulares por la acción u omisión de las autoridades del Estado que se apartan de las leyes y la normatividad aplicable y que vulneren tales derechos.

La iniciativa propone regular el procedimiento para la reparación. Se precisa que solamente se reparará a personas físicas mediante este procedimiento.

Los juzgadores que emitan una sentencia donde se determine una violación a un derecho humano, deberán pronunciarse también sobre la reparación del daño en la misma.

Establece los siguientes criterios de reparación del daño por violaciones a derechos humanos:

• Que se trate de actos u omisiones cometidos por una autoridad gubernamental;

• Que tales actos u omisiones constituyan violaciones a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, y

• Que de dichas violaciones a derechos humanos se desprenda la obligación de las autoridades de reparar el daño.

Establece los siguientes principios de la reparación del daño que deberán guiar al procedimiento:

• Nexo causal.

• Proporcionalidad.

• Equidad.

• Razonabilidad.

La reforma propuesta crea un procedimiento de solución amistosa.Indica que los recursos de reparación del daño provendrán de los presupuestos para el Poder Judicial de la Federación, las Cámaras del Congreso de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos o dependencias de las Administración Pública Federal. Prevé la facultad de los sujetos del punto anterior para contratar seguros.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 1° Y 103 CONSTITUCIONALES, EN MATERIA DE REPARACION DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS; Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS; DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

ARTICULO PRIMERO.- Se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 1° y 103 Constitucionales, en materia de Reparación del Daño por Violaciones a Derechos Humanos, para quedar como sigue:

CAPITULO I

NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del párrafo tercero del artículo 1° y la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reparación del daño generado por actos violatorios a los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano que realicen las autoridades del Estado.

Artículo 2.- La reparación del daño por violaciones a derechos humanos, tiene como finalidad resarcir a los particulares por la acción u omisiónde las autoridades del Estado que se apartan de las leyes y la normatividad aplicable y que vulneren tales derechos.

Los alcances y el procedimiento para la reparación se realizará de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley.

A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPITULO II

DE LOS CRITERIOS DE REPARACION DEL DAÑO POR

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Artículo 3.-Las disposiciones de la presente sección serán aplicables para la reparación de toda persona física que individual o colectivamente haya sido objeto de una violación a sus derechos humanos por parte del Estado.

Lo dispuesto en la presente sección no será aplicable a las personas morales, quienes podrán obtener o exigir la reparación que en su caso proceda, conforme a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias federal y locales, así como las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Artículo 4.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales federales y de las entidades federativas que, en el ámbito de su competencia, emitan una sentencia donde se determine la violación de un derecho humano deberán pronunciarse respecto de la reparación del daño, en los términos previstos por el presente capítulo. Por tanto, dicha reparación del daño quedará sujeta a que se acredite la concurrencia de los siguientes elementos:

I. Que se trate de actos u omisiones cometidos por una autoridad gubernamental;

II. Que tales actos u omisiones constituyan violaciones a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, y

III. Que de dichas violaciones a derechos humanos se desprenda la obligación de las autoridades de reparar el daño.

Artículo 5.- Serán principios rectores en la aplicación de esta sección y en la determinación de la reparación del daño causado por violaciones a los derechos humanos los siguientes:

I. Principio de nexo causal.- Existencia de una relación causa-efecto entre: los hechos del caso, la violación al derecho humano declarada en los términos del artículo anterior y los daños acreditados, con las formas y medios de reparación del daño.

Habrá obligación de reparar el daño causado cuando existan elementos suficientes para identificar el nexo causal entre la acción u omisión de uno o más agentes del Estado que violen los derechos humanos y como consecuencia de ello se cause un daño a la víctima;

II. Principio de proporcionalidad.- Existencia de una relación de correspondencia entre la gravedad que tenga la violación del derecho humano y las formas o medidas de reparación del daño que se determinen;

III. Principio de equidad.- Las circunstancias de las violaciones a los derechos humanos serán consideradas a fin de procurar una graduación atemperada en la distribución de cargas y beneficios entre el Estado y los particulares, respectivamente, analizando en todos los casos los efectos concretos de las formas o medidas de reparación del daño que se determinen, y

IV. Principio de razonabilidad.- Las formas y medios determinados para la reparación del daño deben ser constitucionalmente admisibles, necesarios para la obtención de su fin y sujetos a criterios de prudencia y moderación.

Artículo 6.- No procederá la reparación del daño en los siguientes casos:

I. Cuando la actuación de los agentes del Estado sea consecuencia de una estricta aplicación de la normatividad aplicable;

II. Cuando sea notorio que el daño ya haya sido suficientemente reparado por otra vía;

III. Cuando sea notorio que no existe daño qué reparar, y

IV. Cuando resulte evidente que el acto u omisión no sea atribuible al Estado o a uno de su agentes, o que no existen elementos suficientes para determinar de manera preliminar que existe un nexo causal entre la violación y el daño sufrido por la víctima.

Artículo 7.- La reparación del daño deberá ser proporcional a las circunstancias específicas de cada caso y podrá realizarse en alguna o algunas de las formas siguientes:

I. Restitución;

II. Satisfacción;

III. Rehabilitación;

IV. Garantías de no repetición, y

V. En su caso, la indemnización que en equidad sea determinada de acuerdo con la legislación correspondiente.

Artículo 8.- La restitución, siempre que sea posible, tendrá por objeto restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación del derecho humano, procurando que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más amplia y adecuada posible.

La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, de la identidad, del honor, de la vida familiar, de la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia, la reintegración en el empleo, la devolución de los bienes y, en general, el restablecimiento en el ejercicio de los derechos humanos violados.

Incluye, además, la restitución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juzgador podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.

La sentencia que proteja a la víctima constituye en sí misma una forma de restitución, por lo que el órgano jurisdiccional, al emitirla, deberá precisar con claridad, en adición a los requisitos establecidos en la ley adjetiva que resulte aplicable, lo siguiente:

I. El derecho humano violado;

II. La autoridad o autoridades responsables de la violación al derecho humano y su concreta participación en dicha violación, y

III. La forma en que se restablecerá el ejercicio del derecho humano violado.

Artículo 9.- Las medidas de satisfacción serán de carácter general o individual y tenderán al reconocimiento de una violación de derechos humanos y a rescatar el honor y reivindicar a la víctima frente a la sociedad.

Las medidas de satisfacción comprenderán:

I. El reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el victimario;

II. El establecimiento de medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones continuadas al derecho humano de que se trate;

III. La búsqueda de la persona que, por violación a sus derechos humanos, esté desaparecida y la acción para rescatarla o recuperarla; o la búsqueda del cadáver de la persona que haya sido privada de la vida con motivo de la violación de sus derechos humanos y la ayuda para recuperarlo, identificarlo y volver a inhumarlo según el deseo de la víctima o de las prácticas religiosas y culturales de su familia y comunidad, siempre que se haya demostrado la negligencia de la autoridad;

IV. El reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades, señalando de manera individual la autoridad que deberá cumplir con ello;

V. La publicación de las sentencias o resoluciones judiciales o administrativas que tengan como finalidad restituir a la víctima en el goce pleno de los derechos humanos violados;

VI. La emisión de órdenes a efecto de que se inicien los procedimientos de aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;

VII. Las medidas tendientes a emprender acciones dirigidas a reivindicar el honor, la reputación y el buen nombre de las víctimas, cuando éstos se hayan visto vulnerados, y

VIII. Las conmemoraciones y homenajes a las víctimas que hayan sufrido violaciones graves a sus derechos humanos.

Las medidas de satisfacción también podrán comprender disculpas públicas y, en su caso, la construcción de monumentos públicos.

La sentencia que ampare y proteja a la víctima constituye en sí misma una forma de satisfacción, por lo que el órgano jurisdiccional, al emitirla, deberá precisar con claridad los derechos humanos violados y las autoridades responsables de dicha violación, así como su concreta participación en la misma.

Artículo 10.- La rehabilitación incluirá la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. En este caso, el juez deberá tomar en cuenta las medidas de atención y servicios que ya hayan sido brindados por las instituciones públicas del Estado.

Al dictar medidas de rehabilitación, el juez deberá privilegiar que las mismas se brinden por las instituciones de salud o seguridad social públicas en las que la víctima sea derechohabiente o en las instituciones de asistencia social públicas.

Artículo 11.- Las garantías de no repetición son las medidas tendientes a evitar que los hechos que dieron lugar a la violación de derechos humanos se repitan. Las medidas de garantía de no repetición serán:

I. Ordenar a la autoridad competente para que, en el marco de sus atribuciones, establezca medidas que tengan por objeto generar un control efectivo de las autoridades del Estado que hayan cometido los actos violatorios de derechos humanos de las víctimas;

II. Emitir órdenes que tengan por objeto propender la garantía de que todos los procedimientos del orden civil o militar se ajustarán a las normas constitucionales relativas a las garantías procesales, a la equidad y a la imparcialidad;

III. Ordenar a la autoridad competente para que, en el marco de sus atribuciones, establezca medidas cuyo objeto sea la realización de programas de capacitación que tiendan a incrementar la cultura de la promoción, respeto y tutela de los derechos humanos por parte de los servidores públicos y de la sociedad en general;

IV. Formular órdenes que tengan por objeto propender a la protección de grupos específicos, tales como los profesionales del derecho, los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria, los profesionales de la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos, y

V. Promover mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos sociales.

Artículo 12.- La indemnización que en su caso llegare a ser parte de la reparación del daño, deberá realizarse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, considerando sólo los daños y perjuicios que tengan nexo causal con las violaciones de derechos humanos. La indemnización podrá comprender todos o algunos de los siguientes conceptos:

I. Lucro cesante.- Cuyo cálculo se realizará a partir de la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, directamente causados por la violación al derecho humano, cuando por lesiones físicas se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión.

Para el cálculo de lucro cesante deberá tomarse en cuenta el salario o ingreso real del particular en la fecha en que sucedieron los actos violatorios de los derechos humanos e incorporar, en el primer caso, los ajustes por incremento general de sueldos durante el período respectivo y, en el segundo caso, el incremento en el Índice General de Precios al Consumidor, teniendo en consideración la expectativa de vida de la víctima, su edad productiva y la fecha de la emisión de la sentencia. En aquellos casos en los que no sea posible comprobar el salario o ingreso real, se tomará en consideración el salario mínimo vigente en la fecha que se verificaron los actos violatorios de derechos humanos;

II. Daño emergente.- Cuyo cálculo se realizará a partir de los gastos efectuados por las víctimas con motivo de los actos violatorios del derecho humano, así como a partir de las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los mismos. El daño emergente podrá incluir, cuando sea procedente, la atención médica y psicológica de las víctimas y la de sus familiares.

Para el cálculo del daño emergente deberán tomarse en cuenta las pruebas documentales sobre los daños emergentes que haya sufrido la víctima;

III. Daño inmaterial.- Cuyo cálculo se realizará valorando los efectos lesivos de los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas y a las personas con derecho a la reparación integral al violarles el derecho humano, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las perturbaciones de carácter no pecuniario, en las condiciones de vida del particular o su familia.

El daño inmaterial implica el pago de una compensación económica fijada en equidad para la víctima o sus familiares, siempre que no sea factible o suficiente reparar el daño a través de medidas de satisfacción y de garantías de no repetición;

IV. Gastos y costas.- Cuyo cálculo se realizará a partir de las erogaciones que, por concepto de gastos y honorarios profesionales, hayan tenido que sufragar las víctimas en el curso de los procesos o procedimientos instaurados con motivo de los hechos que dieron lugar a la sentencia que declaró la violación de derechos humanos.

Para el cálculo de los gastos y costas se tomarán en cuenta las pruebas documentales presentadas por las víctimas y los aranceles que para tales efectos prevean las disposiciones aplicables.

Para los casos de indemnización por pérdida de la vida o por lesiones que causen incapacidad parcial o total, permanente o temporal, se estará a las reglas que para tal efecto establece el artículo 1915 del Código Civil Federal, y

V. Gastos de transporte, alojamiento o alimentación.- En que incurra al trasladarse al lugar del juicio si la víctima reside en jurisdicción estatal diferente a la del lugar en que reside la investigación, el enjuiciamiento o la diligencia, en su caso.

Artículo 13.- La indemnización que, en su caso, llegare a determinarse como forma de la reparación del daño deberá pagarse en moneda nacional, pudiendo convenirse su pago en especie.

Cuando la autoridad responsable de la violación al derecho humano pertenezca a la Federación, la indemnización será cubierta en los términos del artículo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de que pertenezca a una entidad federativa o a un municipio o demarcación político-administrativa del Distrito Federal, las indemnizaciones serán cubiertas por estas autoridades en términos de las disposiciones presupuestarias y/o hacendarias que las rijan.

Artículo 14.- La víctima no podrá recibir por el mismo concepto, respecto de los mismos hechos y por el mismo daño, más de una indemnización, sin perjuicio de que la responsabilidad por la violación pueda ser atribuible tanto al Estado, como a sus agentes en lo particular.

Artículo 15.- En la determinación de las medidas tendientes a reparar las violaciones a los derechos humanos, los jueces deberán observar los principios de división y equilibrio de poderes y tener en cuenta las facultades constitucionales, legales y reglamentarias de los órganos del Estado.

Artículo 16.- La causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación del daño o afectación reclamados deberá probarse a través de la identificación de los hechos que produjeron el resultado final.

Artículo 17.- Corresponde a la víctima probar que los daños o afectaciones por violaciones a los derechos humanos son consecuencia de acciones u omisiones que le son imputables al Estado por medio de sus agentes.

Corresponde al Estado probar que los daños o afectaciones derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables, según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de su acaecimiento; o bien, la existencia de caso fortuito o fuerza mayor que lo exoneran de responsabilidad, aunado a la plena observancia de la normatividad aplicable.

Artículo 18.- Las formas y modalidades que, en su caso, sean determinadas como reparación del daño a favor de la víctima de violaciones a derechos humanos, en ningún caso podrán ser interpretadas como prerrogativas que puedan obstaculizar el ejercicio de las facultades con que cuentan las autoridades del Estado, o que su ejercicio pueda derivarse de hechos que con posterioridad a la sentencia que declare la violación de los derechos humanos, llegaren a realizar los particulares en contravención del orden jurídico mexicano.

Artículo 19.- Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplicarán e interpretarán en forma armónica e interdependiente con las leyes en materia penal, incluidas aquellas que rigen delitos en lo particular, las demás leyes que se refieran a la atención a las víctimas del delito, así como las demás normas que se relacionen con la protección y reparación de violaciones a derechos humanos o la responsabilidad patrimonial del Estado por cualquier daño que llegue a generar.

Artículo 20.- La autoridad jurisdiccional que dicte medidas de reparación del daño por violaciones a derechos humanos deberá tomar en cuenta las medidas de reparación del daño de cualquier tipo que ya hayan sido otorgadas a la víctima en sentencias y resoluciones previas.

Artículo 21.- Los principios previstos en la presente sección serán aplicables, en lo conducente, por las propias autoridades que motu propio estimen procedente la reparación, conforme a lo dispuesto en el siguiente capítulo, independientemente de los procedimientos alternativos de solución que prevean las leyes federales y de las entidades federativas.

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE SOLUCION AMISTOSA

Artículo 22.- En caso de que las partes manifiesten su voluntad de someterse al procedimiento de solución amistosa se estará a lo dispuesto en el presente capítulo, debiendo suspenderse el procedimiento judicial que en su caso se encuentre iniciado, debiendo notificarse para tal efecto al órgano de defensa de los derechos humanos que para tal efecto resulte competente.

Artículo 23.- El acuerdo de solución amistosa deberá estar fundado en el respeto a los derechos humanos, debiendo la reparación del daño ser acordada conforme a los principios establecidos en el artículo 3° de la presente Ley.

Artículo 24.- Intervendrán en este procedimiento:

I. Las partes:

a) La autoridad o autoridades señaladas como responsables de las violaciones a los derechos humanos, y

b) El particular cuyos derechos humanos fueron violados.

II. El órgano de defensa de los derechos humanos competente.

Artículo 25.- El órgano de defensa de los derechos humanos competente, tendrá las obligaciones siguientes:

I. Fungir como mediador entre las partes;

II. Procurar el adecuado desarrollo del procedimiento;

III. Documentar todas las actuaciones realizadas dentro del mismo, para lo cual deberá abrir el expediente respectivo;

IV. Facilitar la comunicación entre las partes y promover la comprensión entre ellas, con el fin de que concreten un acuerdo de solución amistosa de reparación de daño;

V. Procurar que las partes tomen sus decisiones disponiendo de la información y el asesoramiento suficientes, a fin de obtener los acuerdos de una manera libre;

VI. Facilitar a las partes esquemas de solución, atendiendo en lo que sea procedente, las posiciones de cada una de ellas;

VII. De ser el caso, suscribir en calidad de testigo de honor, el acuerdo de solución amistosa de reparación del daño al que arriben las partes, y

VIII. Notificar, en su caso, al órgano jurisdiccional que conoce del juicio o procedimiento respectivo, sobre la determinación que para tal efecto asuman las partes.

Artículo 26.- El acuerdo de solución amistosa deberá contener, al menos, los siguientes elementos Las formas y modalidades de la reparación del daño, en términos de lo previsto por el Título II de la presente Ley;

I. La individualización de las obligaciones, positivas o negativas, a cargo de la o las autoridades responsables de ejecutar las formas y modalidades de la reparación determinadas;

II. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse las formas y modalidades de la reparación, y

III. En su caso, los montos de la indemnización a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, señalando con claridad los conceptos por los que será procedente.

Suscrito el acuerdo de solución amistosa, tanto por las partes como por el órgano de defensa de los derechos humanos que haya conocido del procedimiento, éste deberá remitirlo con el expediente respectivo al órgano jurisdiccional que en su caso conozca juicio o procedimiento de reparación del daño, para efectos de darlo por concluido y adquiera el carácter de cosa juzgada, así como para que se proceda a su ejecución.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27.- En materia federal, los montos necesarios para cubrir las medidas por concepto de reparación que deban cumplir las autoridades condenadas o derivado de una solución amistosa, serán con cargo a los presupuestos aprobados del Poder Judicial de la Federación, de las Cámaras del Congreso de la Unión, de los órganos que gocen de autonomía constitucional, de los tribunales administrativos o de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Los pagos y demás erogaciones que correspondan se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las autoridades federales, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal correspondiente, incluirán en sus respectivos anteproyectos de presupuestos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables,los recursos que deban cubrir por concepto de reparaciones en términos de la presente Ley.

Artículo 28. Las autoridades federales podrán contratar seguros que cubran la eventual condena a reparaciones por violaciones a derechos humanos. Si la suma asegurada resulta insuficiente para cubrir el monto de la condena, las autoridades continuarán obligadas a cubrir la diferencia respectiva.

Artículo 29.- Las autoridades que hayan sido condenadas a la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos, podrán repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares, previa substanciación del procedimiento que corresponda, en términos de la legislación aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos de responsabilidades que proceda iniciar en contra de las personas directamente responsables.

Artículo 30.- En el ámbito de su competencia, los órganos de defensa de los derechos humanos y las autoridades que hayan sido declaras responsables por violaciones a los derechos humanos, deberán mantener un registro actualizado de las sentencias y de los acuerdos de solución amistosa a los que se haya llegado, los cuales serán de consulta pública a través demedios electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las legislaciones locales en la materia.

ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 1; 2; 4; 5; 7, 8; 9; 10; 12; 17; 20; 22; 23; 25; 27; 30; 31; 33; 35; 40; 44; 46; 48; 50 a 53; 55; 57; 60; 61; 68; 69; 70; 71; 75; 79; 80; 81; 83; 84; 85, 86; 87; 88; 89; 91; 92; 94; 96; 97; 99; 100; 102; 105; 119; 120; 126 129; 131; 132; 133; 134; 136; 137; 139; 140; 144; 145; 149; 150; 152; 155; 156; 157; 168; 178; 179 y 180. Se reforma el nombre del capítulo segundo del título segundo y el nombre deltítulo quinto y octavo. Se DEROGAN las fracciones IV y V del artículo 2; 3; fracciones III, V, VI, VII, IX, X, XII a XVI, XXI y XXII del artículo 6;las fracciones VI, VIII, IX, X, XV y XXV del artículo 7;11; 13; 14; segundo párrafo del artículo 20; 21; 24; 26; 28; 29; 36; 37; 42; 43; 56; 58; 59; 63; el último párrafo del artículo 66; el último párrafo del artículo 67; 72; 73; 76; 77; 78; 82; 90; 93; 95; la fracción VI del artículo 97; los párrafos segundo y tercero del artículo 98; la fracción IX al artículo 102; 103;106; 108 a 116; la fracción VI del artículo 118; la fracción Idel artículo 119; 121; 122; 123; 124; 125; las fracciones VI y VIII del artículo 127 y se recorre la numeración; y las fracciones VI y se recorre la numeración del artículo 132; las fracciones II, VII, VIII, IX del artículo 133; la V del artículo 134; 135; la fracción VII del artículo 136; 143; 146; 151; 153; 154; 158; 159 a 167; 169; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; y 189. Se ADICIONA al título del capítulo II, la palabra “inmediata”; así como los artículos 83 bis y un 140 Bis; todos de la Ley General de Víctimas para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

APLICACION, OBJETO E INTERPRETACION

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por, artículo 17, y el artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes en materia de víctimas.

La presente Ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública, que vele por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o compensación transitoria del daño o menoscabo sufrido por la víctima.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito consagrados en las leyesfederales y locales que prevean derechos de las víctimas y la Constitución.

II- III […]

IV.Se deroga

V.Se deroga.

Artículo 3. Se deroga.

CAPITULO II

CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 4. La calidad de víctima, para los efectos de esta Ley, no estará condicionada a la identificación, aprehensión, procesamiento o condena del autor del delito y será independiente de la relación familiar que exista entre el perpetrador y la víctima.

Se considerará víctima directa a la persona física titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el delito, así como a quien haya resentido materialmente la acción u omisión prevista en la ley penal respectiva como delito.

Se considerará víctima indirectaal cónyuge, concubina o concubinario y a quien tenga parentesco hasta el segundo grado en línea recta con la víctima directa conforme a la legislación civil, así como a cualquier otra persona que tenga relación afectiva análoga a la que suele prevalecer entre las personas comprendidas en ese parentesco o dependencia económica comprobable con aquélla, y que en todos los casos haya resentido efectos por el delito perpetrado en contra de la víctima directa.

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

Trato digno.-En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y las leyes aplicables.

Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas.

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente, entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.

Debida diligencia.- Los servidores públicos deberán realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable, para lograr el objeto de esta Ley.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.

Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que determinados daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.

Enfoque transformador.- Las distintas autoridades comprometidas en la aplicación de la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el acceso de la víctima a los derechos reconocidos en esta Ley u otro ordenamiento, serán gratuitos para la víctima. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

Igualdad y no discriminación.-. Se deroga.

Indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí.

Máxima protección.- Entendido como la obligación de cualquier autoridad de los tres órdenes de gobierno de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito en la medida en que dichas acciones no controviertan los derechos del inculpado.

[…]

Mínimo existencial:Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático, y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a los seres humanos en cada momento de su existencia.

No criminalización.- […]

Participación conjunta […]

[…]

Progresividad y no regresividad.- […]

Publicidad.- […]

Acceso a la información.- El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías, y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como los planes y programas que esta ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación.

Máxima publicidad y disponibilidad de la información pública.- […]

[…]

Trato preferente […]

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I- II[…]

III. Se deroga.

IV. […]

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

VII. Se deroga.

VIII. […]

IX. Se deroga

X. Se deroga.

XI. […]

XII. Se deroga.

XIII. Se deroga.

XIV. Se deroga.

XV. Se deroga.

XVI. Se deroga.

XVII. […]

XVIII. […]

XIX. […]

XX. […]

XXI. Se deroga.

XII. Se deroga.

TITULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS

CAPITULO I

DE LOS DERECHOS GENERALES DE LAS VICTIMAS

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo, y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas.

[…]

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de la comisión de un delito o de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, a que el delito o violación de derechos de investigue y juzgue en la jurisdicción que corresponda a la condición subjetiva de la víctima, así como a la reparación integral del daño causado por el delito o la violación del derecho.

II. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;

III. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;

IV. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;

V. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o psicosexual o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;

VI. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;

VII. Se deroga.

VIII. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;

IX. Se deroga.

X. Se deroga.

XI. Se deroga.

XII. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;

XIII. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;

XIV. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;

XV. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;

XVI. Se deroga

A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;

XVIII. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena;

XIX. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;

XX. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;

XXI. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;

XXII. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;

XXIII. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;

XXIV. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia;

XXV. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;

XXVI. Se deroga.

XXVII. A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional;

XVIII. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;

XXIX. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;

XXX. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas, y

XXXI. Los demás señalados por la Constitución y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DE AYUDA INMEDIATA, ASISTENCIA Y ATENCION

Artículo 8.Las víctimas recibirán ayuda temporal, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con algún delito para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento desde lapresunta comisión de un delito ya partir de que las autoridades resuelvan la solicitud de la víctima. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de presuntos delitos contra la vida, la libertad y la integridad física y psicosexual, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley. En los casos en los que la víctima proporcione información falsa que conlleve a la Comisión a proporcionarle algún tipo de ayuda, el Estado podrá repetir en contra de esa persona, independientemente de la responsabilidad penal en la que pueda incurrir.

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de los mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.

Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial.

[…]

[…]

Las medidas de asistencia y atención son de carácter temporal y serán proporcionadas sólo hasta que el bien jurídico tutelado deje de estar en peligro o supere la circunstancia de vulnerabilidad directa e inmediata de la víctima.

CAPITULO III

DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, a cargo de autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito; a que los autores de los delitos con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos, en el ámbito de la justicia penal […]

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL

Artículo 11. Se deroga

Artículo 12…

I. Ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este código y demás ordenamientos aplicables en la materia;

II. Ser informado, cuando así lo solicite del desarrollo del proceso penal;

III. Ser tratado con la atención y el debido respeto a su dignidad humana;

IV. Recibir un trato sin discriminación, a fin de evitar atente contra su dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna;

V. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas;

VI. Participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias;

VII. Ser auxiliados por intérprete o traductor cuando no conozcan o no comprendan bien el idioma español. En caso de que padezca alguna discapacidad que le impida oír o hablar, podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la Ley General de las Personas con Discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asistencia;

VIII. Coadyuvar con el Ministerio Público;

IX. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, siempre que sean pertinentes, tanto en la investigación como en el proceso;

X. Intervenir en todo el procedimiento e interponer los recursos;

XI. Solicitar el desahogo de las diligencias de investigación que, en su caso, correspondan, salvo que el ministerio público considere que no es necesario el desahogo de determinada actuación, debiendo éste fundar y motivar su negativa;

XII. Solicitar que el imputado sea separado de su domicilio como una medida cautelar, cuando conviva con aquél, con independencia de la naturaleza del delito; esta solicitud deberá ser canalizada por el ministerio público ante la autoridad judicial fundando y motivando las razones que la justifican;

XIII. Solicitar se dicten medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, de su persona, sus bienes, posesiones o derechos;

XIV. Tener acceso a los registros durante todo el procedimiento y a obtener copia de los mismos, para informarse sobre el estado y avance del mismo, por lo que hace a las actuaciones relacionadas con su interés jurídico, salvo la información que ponga en riesgo la investigación o la identidad de personas protegidas;

XV. Ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados;

XVI. A que se le repare el daño causado por el delito, pudiendo solicitarlo directamente al juez, sin perjuicio de que el ministerio público lo solicite;

XVII. Ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el proceso;

XVIII. Ser notificado de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida e integridad física o psicosexual o modificaciones a la sentencia;

XIX. Fungir como acusador coadyuvante en los términos que la ley prevea;

XX. Solicitar la reapertura del procedimiento cuando se haya decretado su suspensión;

XXI. No ser presentado ante los medios de comunicación o ser objeto de información sin su consentimiento;

XXII. No proporcionar sus datos personales en audiencia pública, cuando por la especial situación de la víctima las leyes así lo prevean;

XXIII. Los demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables;

XXIV. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y a su reparación integral;

XXV.A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;

XXVI. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;

XXVII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente; y

XXVIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie.

Artículo 13. Se deroga.

Artículo 14.Se deroga.

Artículo 15. Se deroga.

Artículo 16. Se deroga.

Artículo 17. Las víctimas tienen derecho a intervenir en la investigación, averiguación previa o el proceso penal, pero si no fuese su deseo apersonarse en el mismo, serán representadas por un asesor jurídico o en su caso por el Ministerio Público, siempre que su ausencia no menoscabe los derechos del inculpado.

Artículo 20. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, siempre y cuando se hubiere reparado el daño a la víctima y se cumplan con los requisitos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Artículo 21. Se deroga.

CAPITULO V

DEL DERECHO A LA VERDAD

Artículo 22.Con las limitaciones que establecen las leyes, las víctimas tienen derecho a conocer los hechos constitutivos del delito perpetrado en su contra, la identidad de los responsables y las circunstancias que hayan propiciado su comisión.

Toda víctima podrá coadyuvar en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se le permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación; las autoridades deberán proveer a las víctimas de la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.

Artículo 23. La Federación, los estados y el Distrito Federal, según corresponda, deberán impulsar la búsqueda de la verdad a través de los procedimientos de acceso a la justicia y promover espacios de diálogo con las víctimas.

Artículo 24. Se deroga

Artículo 25. Cuando una persona se encuentre desaparecida o no localizada, los familiares que tengan el carácter de víctimas indirectas, tendrán los derechos siguientes:

I. Solicitar a las autoridades competentes la realización de acciones de búsqueda, localización, rescate e identificación de la persona o grupo de personas que se encuentre desaparecida o no localizada;

II. Coadyuvar, en los términos que dispongan las leyes, en la búsqueda de las personas desaparecidas, así como en la identificación de los cuerpos y restos y su inhumación, procurando la autoridad respetar sus usos y costumbres en materia de inhumación;

III. Recibir atención médica en los términos de esta Ley;

IV. Recibir atención psicológica en los términos de esta Ley;

V. Recibir apoyo jurídico por las autoridades en la tramitación que hagan del juicio de declaración de ausencia y presunción de muerte ante los órganos jurisdiccionales correspondientes;

VI. Conocer la verdad respecto de los hechos constitutivos del delito

VII. Recibir, una vez emitida la sentencia a que se refiere la fracción V, orientación y asesoría jurídica para hacer valer derechos laborales adquiridos por esas personas desaparecidas o no localizadas cuando en averiguación previa existan indicios de que fueron víctima de ilícitos perpetrados; y

VIII. Que se reconozca, una vez emitida la sentencia a que se refiere la fracción V, la ausencia de ese familiar en los trámites que tengan que realizar ante instancias jurisdiccionales o administrativas,

Artículoo 26. Se deroga

Artículo 27. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, el resultado de sus investigaciones con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

Artículo 28. Se deroga.

Artículo 29. Se deroga.

CAPITULO VI

DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

Artículo 30. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito que las ha afectado.

Artículo 31 La reparación del daño comprende, sin perjuicio de lo señalado en los códigos sustantivos de la materia:

I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito cuando esto sea materialmente posible.

II. La restitución de todos los bienes o valores de su propiedad perdidos por la comisión del delito que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades, incluyendo sus frutos y accesorios y, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado.

III. La indemnización por la privación de la vida, la cual se estimará conforme a las disposiciones legales aplicables al respecto.

IV. La indemnización del daño material causado, incluyendo, el pago de la rehabilitación de la víctima.

V. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, en los términos de la legislación civil aplicable.

TITULO TERCERO

MEDIDAS DE AYUDA, INMEDIATAS Y HUMANITARIAS

CAPITULO I

MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD

Artículo 32. Todas las medidas de asistencia previstas en este título son enunciativas y no limitativas.Asimismo, todas las medidas son temporales. El Sistema podrá incluir supuestos no previstos en esta Ley.

Las medidas de ayuda y asistencia se otorgarán única y exclusivamente para las víctimas de hecho de delitos contra la vida, la libertad y la integridad física o psicosexual.

Los familiares de las víctimas tendrán derecho a las medidas de asistencia cuando su vida, la libertad y la integridad física o psicosexual estén en peligro o riesgo como consecuencia de un delito o cualquier circunstancia de hecho relacionada a éste.

Artículo 33.- Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios tienen la obligación de dar atención de urgencia y de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, en los términos de la presente Ley.

Artículo 34. Los servicios de urgencia médica consistirán en:

I. Hospitalización;

II. Material médico quirúrgico;

III Medicamentos;

IV. Se deroga.

V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;

VI. Transporte y ambulancia;

VII. Se deroga.

VIII. Se deroga.

IX. Se deroga.

X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas;

XI. Se deroga.

La Federación, las entidades federativas y los municipios garantizarán que la atención médica de urgencia sea brindada por instancias del sector público, conforme a su capacidad técnica y operativa.

Artículo 35.En los términos de la presente Ley, se pagarán a las víctimas, los costos funerarios en los que ellas deban incurrir cuando la causa de la muerte de sus familiares fuese la comisión de un delito. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo.

Artículo 36. Una vez realizada la atención médica de urgencia, las víctimas que sean derechohabientes de algún régimen de seguridad social recibirán la atención médica y psico-emocional en el servicio al que son derechohabientes. En caso de que la institución de seguridad social a la que son derechohabientes no cuenten con los servicios para el tratamiento del daño sufrido, las víctimas serán canalizadas a las instituciones de seguridad social correspondientes con cargo al programa Seguro Popular.

Artículo 37. Se deroga.

Artículo 38. Se deroga.

Artículo 40. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica urgente y transitoria a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y la valoración, que permita atender lesiones que tengan relación causal directa con las conductas delictivas, sólo hasta que no peligre la vida de la víctima.

Artículo 42. Se deroga

Artículo 43. Se deroga

CAPITULO II

MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

Artículo 44. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas las dependencias de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del hecho punible cometido contra ellas. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

CAPITULO IV

MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCION

Artículo 46. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito, las autoridades del orden federal,de los órdenes estatales, del Distrito Federal o municipales, de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las acciones que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión, daño o se ponga en riesgo su vida.

[…]

I a IV [...]

Serán sancionadas administrativa, civil y penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, las autoridades federales, estatales o municipales que intimiden, reprendan, amenacen directamente o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los probables responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima. Lo anterior conforme a las disposiciones legales aplicables.

CAPITULO V

MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORIA JURIDICA

Artículo 48.Las autoridades del orden federal, estatal, las del Distrito Federal y municipios brindarán de inmediato, en el ámbito de sus competencias,, a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y la satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima.

TITULO CUARTO

MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN TENDENTES A RESTABLECER A LA VÍCTIMA EN EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS, Y A PROMOVER LA SUPERACION DE SU CONDICION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 50. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas a que hace referencia el Título Séptimo, de esta Ley, garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública recabará y concentrará información estadística sobre víctimas asistidas por las Comisiones Ejecutivas y las Comisiones Ejecutivas de las entidades federativas, por modalidad de asistencia o ayuda. La información tendrá carácter pública y en ningún caso incluirá datos personales.

Artículo 51.Las Secretarías, dependencias, organismos y entidades del Gobierno Federal del sector Salud, Educación, Desarrollo Social y las demás obligadas y las Secretarías, dependencias, organismos y entidades estatales y del Distrito Federal,en los mismos ámbitos, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del presuntoactodelictivo , respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular, el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad y adultos mayores y población indígena.

Artículo 52. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas federales, de los estados, del Distrito Federal y delos Municipios, a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio-económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos, más que las establecidas en la presente Ley.

Las medidas de asistencia, ayuda, atención, o compensación transitoria deberán solicitarse ante la autoridad correspondiente en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la comisión del delito o de la violación de derechos o de que la víctima tuviere conocimiento directo de los mismos. La medida procedente deberá ser satisfecha de inmediato o a más tardar en los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

CAPITULO II

MEDIDAS DE EDUCACION

Artículo 53.Si las víctimas interrumpen su educación como consecuencia del presunto hecho delictivo, se tomarán medidas para superar estacondición por lo que la educación deberá contar con

Artículo 57. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de estudio para sí o los dependientes que lo requieran, eninstitucionespúblicas, siempre que se encuentren cursando hasta la educación media superior y sólo hasta que el enfoque transversal de género desde una perspectiva de inclusión social y de derechos. Igualmente, se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 55. Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias prestarán especial cuidado a los alumnospara que por su condición de víctimas de hecho, no enfrenten mayor atraso o deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para su inmediata incorporación al sistema educativo para garantizar la continuidad de su educación.

Artículo 56. Se deroga.

Peligro en el que se encuentre hubiese desaparecido.

Artículo 58. Se deroga.

Artículo 59. Se deroga.

Artículo 60. Los Gobiernos Federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de Educación y las Instituciones de Educación Superior, en el marco de su autonomía, establecerán, los procesos de selección, admisión y matrícula que permitan a las víctimas que así lo requieran acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado, y deberán implementar medidas para el acceso preferencial de las víctimas que se encuentren en peligro, en los términos del presente título.

CAPITULO III

MEDIDAS ECONOMICAS Y DE DESARROLLO

Artículo 61. Dentro de la Política de Desarrollo Social el Estado en sus tres niveles, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho delictivo.

Artículo 63. Se deroga.

Artículo 64. Se deroga.

CAPITULO IV

MEDIDAS DE ATENCION Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PROCURACION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Artículo 66. […]

I a IV […]

Se deroga el último párrafo.

TITULO QUINTO

MEDIDAS DE ATENCION AYUDA O COMPENSACIONINTEGRAL

CAPITULO I

MEDIDAS DE RESTITUCION

Artículo 67. […]

[…]

I a VIII […]

Se deroga el último párrafo

CAPITULO II

MEDIDAS DE REHABILITACION

Artículo 68.La rehabilitación incluirá la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. En este caso, el juez deberá tomar en cuenta las medidas de atención y servicios que ya hayan sido brindados por las instituciones públicas del Estado.

Al dictar medidas de rehabilitación, el juez deberá privilegiar que las mismas se brinden por las instituciones de salud o seguridad social públicas en las que la víctima sea derechohabiente o en las instituciones de asistencia social públicas.

Artículo 69. Cuando mediante sentencia ejecutoriada se condene al sentenciado a la reparación del daño, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.

CAPITULO III

MEDIDAS DE COMPENSACION

Artículo 70. Lacompensación transitoria se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito y que requieran de atención inmediata.

Artículo 71. El monto de la compensación transitoria que se otorgue a la víctima por la comisión de un delito, deberá de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido en el bien jurídico tutelado, no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima, y deberá buscar restablecer la situación en la que se encontraba hasta en tanto cese el riesgo, peligro o se repare efectivamente el daño.

CAPITULO IV

MEDIDAS DE SATISFACCION

Artículo 72. Se deroga.

CAPITULO V

MEDIDAS DE NO REPETICION

Artículo 73. Se deroga.

Artículo 74. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos las siguientes:

I. Se deroga.

II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, en caso de existir peligro inminente para la víctima;

III. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y

IV. La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez y sólo en caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito.

Artículo 75. Se deroga

Artículo 76. Se deroga

Artículo 77. Se deroga

Artículo 78. Se deroga

TITULO SEXTO

SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

CAPITULO I

CREACION Y OBJETO

Artículo 79. […]

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, locales y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad detalladas en el Capítulo II del presente Título.

[…]

El Sistematendrá la estructura operativa que se detalla en el Capítulo III del presente Título. En ella estarán representadas las víctimas y los grupos de víctimas, las organizaciones gubernamentales que trabajen con víctimas, así como las diversas instituciones estatales responsables en materia de protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad.

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero local. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.

Artículo 80. El Gobierno Federal, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así comolos sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad, previstos en esta Ley.

CAPITULO II

INTEGRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Artículo 81. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará integrado por las instituciones, entidades, organismos y demás participantes, aquí enumerados, incluyendo en su caso las instituciones homólogas en los ámbitos estatal y municipal:

I.- Poder Ejecutivo:

a. Presidente de la República, quien lo presidirá y;

c. El Secretario de Gobernación.

II. Poder Legislativo:

a. El Presidente de la Comisión de Justicia la Cámara de Diputados;

b. El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, y

c. Un integrante representante de los poderes legislativos de los estados y uno representante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

III. Poder Judicial:

a. El Presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

IV. Organismos Públicos:

a. Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y

b. Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de los estados y del Distrito Federal.

V. El procurador de la Comisión Ejecutiva y un representante de las comisiones ejecutivas locales.

CAPITULO III

ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Artículo 82. Sederoga.

CAPITULO IV

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS

Artículo 83. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.

En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión Ejecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.

De la Comisión Ejecutiva dependen el Fondo Federal, y el Registro Nacional de Víctimas.

A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno Federal contará con un Fondo Federal, y un registro de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a víctimas en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 83 Bis. La Comisión Ejecutiva será presidida por un Procurador quien durará en funciones tres años, renovable por una ocasión y será designado por el Ejecutivo Federal y ratificado por las dos terceras partes presentes del Senado de la República.

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva se apoyará de siete consejeros. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada consejero a elegir. Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas presentadas al Ejecutivo Federal:

I.- Cuatroconsejeros especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas y colegios de profesionistas;

II.- Tresconsejeros representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.

Para la elección de los consejeros, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de consejeros.

En su conformación, el Ejecutivo y el Senado garantizarán la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones.

Artículo 85. Para ser consejero se requiere:

I.- […]

II.- No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

III.- Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, y

IV.-Se deroga.

En la elección de los consejeros, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

Los consejeros se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 86. La Comisión Ejecutiva tendrá los siguientes fines:

I. Asegurar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos, para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y su reincorporación a la vida cotidiana, por cualquier medio que garantice el contacto entre el organismo y la víctima de delitos, incluyendo medios digitales y electrónicos;

II. Diseñar, instrumentar y, en su caso, fortalecer los mecanismos de apoyo a las víctimas de delitos, con el propósito de que su atención sea oportuna, adecuada e integral, y

III. Asesorar a la víctima de delitos y proteger y defender sus derechos.

Artículo 87. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema;

II. Elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas con el objeto crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas, y proponerlo para su aprobación al Sistema;

III. Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

IV. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema;

V. Proponer al Sistema un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;

VI. Proponer al Sistema las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo;

VII. Dictará las medidas que deban observar las comisiones locales;

VIII. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de funcionarios públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

IX. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de Víctimas;

X. Establecer las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, incluidas las autoridades federales, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;

XI. Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del Programa y demás obligaciones previstas en esta Ley.

XII. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo Federal y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XIII. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes;

XIV. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatoriosen los términos de esta Ley y su Reglamento;

XV. Hacer recomendaciones al Sistema, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;

XVI. Emitir opinión sobre el proyecto de Reglamento de la presente Leyy sus reformas y adiciones;

XVII. Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral;

XVIII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas y del Distrito Federal, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley.

XIX. Proponer al Sistema las directrices o lineamientos que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia;

XX. Emitir los lineamientos generales para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal;

XXI. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectivaintegral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;

XXII. Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito, atención, asistencia, acceso a la justicia, y derecho a la verdad;

XXIII. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que se encuentran en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación;

XXIV. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, deberán emitir recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;

XXV. Establecer unidades de atención en cada una de las Entidades Federativas para dar atención a las víctimas de delitos federales y aquellos casos en los que las comisiones

XXVI. […]

Artículo 88 La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homólogas estatales y del Distrito Federal, que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.

Artículo 89.La estructura de la Comisión Ejecutiva deberá ser replicada en cada una de las entidades federativas. La implementación de las Comisiones de las entidades federativas estará a cargo de los Estados por lo que deberán establecer las partidas correspondientes en sus presupuestos locales.

Dichos organismos tendrán tendrá las siguientes funciones:

I. Atender a las víctimas de delitos a efecto de orientarlos y prestarles, por sí o en coordinación con las instituciones especializadas, los servicios multidisciplinarios y especializados que requieran para su atención oportuna, adecuada e integral;

II. Proporcionar, por sí mismo o en coordinación con las instituciones especializadas competentes, los servicios de atención a víctimas de delitos, los cuales serán, entre otros:

a. Asistencia médica;

b. Asistencia psicológica especializada;

c. Orientación y asesoría jurídica, y

d. Apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.

III. Verificar la oportuna y adecuada actuación de las instituciones especializadas para brindar la atención a víctimas de delitos, así como dar el seguimiento que corresponda;

IV. Tratándose de delitos del fuero común, orientar a la víctima de delitos y, en su caso, canalizarla a las instancias estatales o municipales competentes en la materia;

V. Establecer módulos o unidades dentro del territorio nacional para la debida atención a víctimas de delitos;

VI. Brindar defensa legal gratuita a la víctima de delitos, de conformidad con las bases y criterios que apruebe la Junta de Gobierno; las disposiciones aplicables y las previsiones presupuestarias aprobadas para tal efecto;

VII. Planear, programar, coordinar y dar seguimiento a los servicios de atención a víctimas de delitos, por sí mismo o en coordinación con las instituciones especializadas competentes;

VIII. Facilitar ante las autoridades competentes, el acceso a las víctimas de delitos a los subsidios o ayudas previstos en los programas, entre otros, gastos funerarios, becas, compensaciones, seguros médicos o, en su caso, podrá otorgarlos directamente a víctimas de delitos federales, de conformidad con las reglas de operación y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como las previsiones presupuestarias aprobadas para tal efecto;

IX. Solicitar a las instituciones públicas involucradas en la investigación de los delitos, la información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones, por sí o por la víctima de delitos o su representante legal, cuando así corresponda, atendiendo a la confidencialidad de datos y a la reserva de la averiguación previa;

X. Coordinarse y celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, así como con organismos e instituciones de carácter social o privado para la atención a las víctimas de delitos;

XI. Recopilar y sistematizar la información relacionada con las víctimas de delitos y con la atención que éstos reciban;

XII. Promover la investigación y elaborar y difundir diagnósticos y estudios sobre la situación de las víctimas de delitos, así como recomendar acciones y reformas al marco jurídico para asegurar su reconocimiento y atención eficaz y oportuna;

XIII. Elaborar y proponer la instrumentación de modelos y protocolos de atención a víctimas de delitos, así como prestar asesoría técnica en esa materia;

XIV. Generar, compilar, manejar y sistematizar la información derivada de los programas y mecanismos de atención a las víctimas de delitos;

XV. Promover la participación de los sectores público, social y privado en las actividades a su cargo;

XVI. Participar en el desarrollo de redes de información sobre la atención a las víctimas de delitos, y

Artículo 90. Los Procuradores de las Entidades Federativas serán nombradas por el ejecutivo Federal y ratificadas por las dos terceras partes presentes del Senado de la República.

Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva deberán ser situacionales y focalizados a circunstancias específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan grupos específicos de víctimas, tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad; de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios, desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, tratoscrueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.

Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, monitorear, evaluar y en su caso, reorganizar o redireccionar acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y competencia, llevan a cabo los integrantes del Sistema, así como para canalizar o distribuir los recursos necesarios.

La Comisión Ejecutivapodrá también contar con la asesoría de grupos de expertos en temas específicos, solicitar opiniones de organismos nacionales o internacionales con amplia experiencia en cierta problemática relacionada con la atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral a las víctimas. Los recursos destinados para tal efecto deberán ser públicos, monitoreables y de fácil acceso para la sociedad civil.

[…]

Artículo 92. La Comisión Ejecutiva sesionará al menos una vez a la semana y en sesión extraordinaria, cada que la situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones. Si un consejerono asistiera a las sesiones ordinarias en más de tres ocasiones consecutivas durante un año en forma injustificada será removido de su cargo.

Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes.

Artículo 93. Se deroga.

Artículo 94. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, el Consejo Consultivo se apoyará en los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en elReglamento de esta Ley:

I.- Comité de violencia familiar;

II.- Comité de violencia sexual;

III.- Comité de trata y tráfico de personas;

IV.- Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas;

V.- Comité de personas víctimas de homicidio;

VI.- Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;

VII.- Comité de detención arbitraria;

VIII.- Comité interdisciplinario evaluador, y

IX.- Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Se podrán establecer también comités por grupo de víctimas tales como niños y niñas, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.

Artículo 95. Se deroga.

Artículo 96. Las comisiones ejecutivas que operen las entidades federativas también contarán con sus comités especiales que les permitan focalizar las necesidades y políticas públicas integrales que respondan a la realidad local.

[…].

Las autoridades están obligadas a entregar toda la información que requieran estos comités para la evaluación y la elaboración de los diagnósticos, salvaguardando siempre la información de carácter privado de las víctimas.

Artículo 97. El Procurador tendrá las siguientes facultades:

I.- Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva;

II.- III […]

IV.- Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos a través de las sesiones que se celebren;

V.- Coordinar las funciones del Registro Nacional de Víctimas, incluido el registro federal,mediante la creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para implementar y vigilar el debido funcionamiento de dicho registro;

VI.-VII […]

VIII.-IX […]

X […];

XI.- Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión Ejecutiva se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, expedita y articulada;

XII.- Recabar información que pueda mejorar la gestión y el desempeño de la Comisión Ejecutiva, y

XIII.- […]

CAPITULO V

REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS

Artículo 98. […]

El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, y acceso a la justicia

El Registro Nacional de Víctimas será una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva y contará con un titular designado por el Pleno de la Comisión Ejecutiva.

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal.

Los estados y el Distrito Federal contarán con sus propios registros. La Federación, los estados y el Distrito Federal estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

El Presidente de la Comisión Ejecutiva dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.

Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 99. El Registro Nacional de Víctimas será integrado por las siguientes fuentes:

I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva o ante sus equivalentes en las entidades federativas, según corresponda;

II. […]

III.- Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas y que posean actualmente registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Nacional de Víctimas la información que generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.

[…]

El registro Nacional de Víctimas deberá clasificar la información sobre laslas víctimas que atienda.

Artículo 100.La víctima tendrá derecho, además, a conocer todas las actuaciones que se realicen a lo largo del proceso de registro.

Artículo 101.Para que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas u otras que se faculten por la presente Ley, procedana la inscripción de datos de la víctima en el Registro se deberá, como mínimo, tener la siguiente información:

I.- Los datos de identificación de cada una de las víctimas que solicitan su ingreso o en cuyo nombre se solicita el ingreso. En caso que la víctima por cuestiones de seguridad solicite que sus datos personales no sean públicos, se deberá asegurar la confidencialidad de sus datos.En caso de que se cuente con ella, se deberá mostrar una identificación oficial;

II.-En su caso, el nombre completo, cargo y firma del servidor público de la entidad que recibió la solicitud de inscripción de datos al Registro y el sello de la dependencia;

III- VII […]

En el caso de faltar información, la Comisión Ejecutiva pedirá a la entidad que tramitó inicialmente la inscripción de datos, que complemente dicha información en el plazo máximo de diez días hábiles. Lo anterior no afecta, en ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron en forma directa al Registro Nacional o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado.

Artículo 102. Será responsabilidad de las entidades e instituciones que reciban solicitudes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas:

I.- […]

II.- Para las solicitudes de ingreso en el Registro tomadas en forma directa, diligenciar correctamente, en su totalidad y de manera legible, el formato único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva;

III.- Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la declaración, de acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva determine;

IV.- Remitir el original de las declaraciones en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva, estatales o del Distrito Federal según la competencia;

V.- XI […]

Bajo ninguna circunstancia la autoridad podrá negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas que se refiere la presente Ley.

Artículo 103. Se deroga

Artículo 105. Se […]

La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y motivada. La Comisión Ejecutiva establecerá la forma en la que podrá interponerse un recurso ante ladecisión de cancelación.

Artículo 106. Se deroga.

Artículo 107. La Comisión Ejecutiva elaborará un plan de divulgación, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el Registro Nacional de Víctimas. Las entidades encargadas de recibir y tramitar la inscripción de datos en el Registro garantizarán la implementación de este plan en los respectivos órdenes federal, estatal y municipal.

CAPITULO VI

INGRESO DE LA VICTIMA AL SISTEMA

CAPITULO I

DEL GOBIERNO FEDERAL

Artículo 118. Corresponde al Gobierno Federal:

I.- VI […]

VI. Se deroga.

VII – XIII […]

CAPITULO II

DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Artículo 119. Corresponde al Gobierno Federal en materia de coordinación interinstitucional:

I. Se deroga

II. Diseñar la política integral con un enfoque transversalen favor de la atención eficaz de las víctimas y para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas;

III. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos de las víctimas, que lleven a cabo las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal;

IV. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

V. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas que así lo requieran;

VI. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas;

VII. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

VIII. Realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica sobre las víctimas en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, ayuda y protección de las víctimas;

IX. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del Programa a los que se refiere esta Ley;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

CAPITULO III

DEL DESARROLLO SOCIAL

Artículo 120. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación de cada uno de los órdenes de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, deberán:

I.- Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias de cooperación y coordinación con el Sistema, entre otros, para garantizar los derechos de las víctimas de delitos;

II.- Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar a su personal para asegurar el acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas, y con ello lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana;

III.- Canalizar a las víctimas a las instituciones que les prestan ayuda, atención y protección especializada;

IV.- Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto irrestricto de los derechos establecidos en la presente Ley;

V.- Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;

VI.- Participar, ejecutar y dar seguimiento activamente a las acciones del Programa que les corresponda, con la finalidad de diseñar nuevos modelos de prevención y atención a las víctimas, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley;

VII.- Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito proporcionando la información que sea requerida por la misma, y

VIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa.

Las dependencias e instituciones de seguridad pública deberán salvaguardar la integridad y el patrimonio de las víctimas en situación de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios y otras situaciones que impliquen violencia o riesgos inminentes o durante la prevención de la comisión de algún delito.

CAPITULO IV

DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Artículo 121. Se deroga.

CAPITULO V

DE LA SEGURIDAD PUBLICA

Artículo 122. Se deroga.

CAPITULO VI

DE LA EDUCACION PUBLICA

Artículo 123. Se deroga

CAPITULO VII

DE LAS RELACIONES EXTERIORES

Artículo 124. Se deroga

CAPITULO VIII

DE LA SALUD

Artículo 125. Se deroga

CAPITULO IX

DEL ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 126. Corresponde a la Administración Pública Federal en materia de acceso de las víctimas a la:

I. Promover la formación y especialización de agentes de la Policía Federal Investigadora, agentes del Ministerio Público, Peritos y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de atención a víctimas;

II – IX […]

CAPITULO X

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Artículo 127. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;

III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;

IV. Participar en la elaboración del Programa;

V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

VI. Impulsar programas locales para el adelanto y el desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

VII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

VIII. Promover programas de información a la población en la materia;

IX. Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados;

X. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;

XI. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales;

XII Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;

XIII. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de los programas estatales;

XIV. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;

XV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;

XVI. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y

XVII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales.

Las autoridades federales, harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación a favor y en apoyo a las víctimas.

CAPITULO XII

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Artículo 129.:Todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán los siguientes deberes:

I- XIX.- …

XX. Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la comisión de un delito siempre que éste se persiga de oficio. La vista en ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho.

Artículo 131. Toda alteración en los registros o informes generará responsabilidades administrativas o penales por quien lo refrende o autorice, asimismo generará responsabilidad subsidiaria de su superior jerárquico.

CAPITULO XIII

DEL MINISTERIO PUBLICO

Artículo 132. Corresponde al Ministerio Público.

Además de los deberes establecidos en el artículo 12, el Ministerio Público, en el ámbito de su competencia, deberá:

I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;

II. Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en la presente Ley;

I. El solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de decomiso o extinción de dominio, conforme lo establece la normatividad aplicable;

II. Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario;

II. Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley;

VI. Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley;

VII. Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley;

VIII. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso, y

IX. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia.

CAPITULO XIV

DE LOS MINISTROS, MAGISTRADOS Y JUECES

Artículo 133. Corresponde a los ministros, magistrados y jueces, en el ámbito de su competencia:

I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución, la presente Ley y demás ordenamientos aplicables;

II. Se deroga

III-VI […]

VII. Se deroga.

VIII. Se deroga.

IX. Se deroga

X-XI […]

La víctima podrá acceder a los Fondos previo acuerdo de las Comisiones Ejecutivas, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones, administrativas, penales y civiles que resulten de los procedimientos correspondientes.

CAPITULO XV

DEL ASESOR JURIDICO FEDERAL DE LAS VICTIMAS

Artículo 134. Corresponde al Asesor Jurídico Federal de lasVíctimas:

I a II[…]

III. Asesorar,asistir y en su caso, representar a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;

IV. […]

I. Se deroga

VI a VII […]

CAPITULO XVI

DE LOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS

DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 135. Se deroga

CAPITULO XVII

DE LAS POLICIAS

Artículo 136. […]

I.VI […]

VIII.- Se deroga.

CAPITULO XVIII

DE LA VICTIMA

TITULO OCTAVO

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y COMPENSACION TRANSITORIA (FONDO)

Artículo 137. A la víctima corresponde:

I. […]

II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad;

III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia

IV. […]

CAPITULO I

OBJETO E INTEGRACION

Artículo 139. El Fondo Federal de Atención a Víctimas tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la atención de las víctimas del delito del fuero federal y, en su caso, aquellos casos del fuero común que no hayan sido atendidos por las comisiones estatales.

Podrá destinarse un rubro para la investigación y diagnósticos sobre la situación de las víctimas, siempre que ello optimice el cumplimiento del objeto del Fondo Federal.

Artículo 140. El Fondo de atención de las víctimas del delito se conformará con:

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unióndeberá proveer los fondos necesarios a fin de que se cuente con los recursos necesarios para las víctimas.

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales;

III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad;

IV. Recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad administrativa o judicial cuando se violen deberes reconocidos por esta Ley;

V. Se deroga ;

VI. Donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros, sean gobiernos, organizaciones internacionales, particulares o sociedades, siempre que se hayan garantizado los mecanismos de control y transparencia exigidos por la Ley;

VII. El monto establecido en la sentencia como consecuencia al apoyo brindado por las empresas que han financiado a grupos organizados al margen de la ley;

VIII. El monto de la reparación integral del daño cuando el beneficiario renuncie a ella o no lo reclame dentro del plazo legal establecido;

IX. Las subastas públicas respecto de objetos o valores que se encuentren a disposición de autoridades investigadoras o judiciales, siempre y cuando no hayan sido reclamados por quien tenga derecho a ello, en términos de ley, y

X. Se deroga.

La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo.

Artículo 140 Bis.- Las entidades federativas crearán fondos para la atención de las presuntas víctimas de los delitos de su ámbito, para lo cual contemplarán en sus presupuestos de egresos locales los recursos necesarios para ese fin.

En el caso de que la atención de víctimas de delitos del fuero común, los recursos ejercidos con cargo al fondo federal serán reintegrados en su totalidad por las Entidades Federativas en el ejercicio fiscal inmediato siguiente, conforme a las reglas generales que al efecto emita la Comisión Ejecutiva. En caso de que alguna entidad federativa incumpla con su obligación de retribuir en su totalidad los recursos, la federación podrá recuperar las cantidades erogadas de las participaciones que le correspondan a la entidad federativa en el ejercicio inmediato siguiente.

Artículo 141. Los Fondos Federal y de las entidades federativas estarán exentos de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal, así como de los diversos gravámenes que pudieren estar sujetas las operaciones que se realicen con el Estado donde los fondos tengan su sede.

Artículo 142. Deberán crearse las dependencias e instancias necesarias para el mejor funcionamiento de los fondos a nivel federal, estatal, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley y en el Reglamento correspondiente.

Artículo 143. Se deroga

Artículo 144. Para acceder a los recursos de los Fondos, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva correspondiente de conformidad con lo señalado por esta Ley y su Reglamento.

Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, ayuda, compensación o asistencia tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.

CAPITULO II

DE LA ADMINISTRACION

Artículo 145. El Fondo Federal en sus dependencias federal y local será administrado por un Titular propuesto por el Procurador de la Comisión Ejecutiva y deberá ser administrado siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad.

Artículo 146.Se deroga.

Artículo 147. El ejercicio de los recursos del Fondo Federal y su fiscalización se regirán por lo dispuesto en las Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación o, en su caso, por la legislación local equivalente en el caso de los fondos de las entidades federativas.

Artículo 148. Los titulares de los fondos tendrán las atribuciones y deberes que el Reglamento de esta Ley le confiera. En especial deberá:

I. Administrar cautelosamente los recursos que conforman el Fondo a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de ésta Ley;

II. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al mismo;

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante el Pleno de la Comisión Ejecutiva;

IV. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo

Artículo 149. Los recursos del Fondo Federal se aplicarán para otorgar apoyos de carácter económico para el financiamiento de la atención urgente de la víctima por presuntos delitos del fuero federal, en los términos de esta Ley y conforme al Reglamento respectivo. El mismo principio deberá aplicar a los fondos de las entidades federativas.

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero local o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.

[…]

Artículo 150. Los titulares del Fondo, con el apoyo del consultor financiero, deberán rendir cuentas mensualmente ante la Junta de Gobierno y cuando ésta se lo requiera, la que una vez recibidos los informes y explicaciones correspondientes, deberá pronunciarse al respecto. La Junta de Gobierno podrá a su vez realizar las recomendaciones que estime necesarias.

[…]

Artículo 151.Se deroga.

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 152. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud en los términos del artículo 32 de la presente Ley, ante el centro de atención del Sistema más cercano.

Artículo 153. Se deroga.

Artículo 154. Se deroga.

Artículo 155. Se deroga.

Artículo 156. El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de la ayuda.

Artículo 157. Si la víctima participaron o conocían de la realización del hecho delictivo, no tendrán derecho a acceder a la atención que prevé el fondo.

Artículo 158. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán en el orden en que se reciban y hasta donde alcancen los recursos de los Fondos.

Las medidas de ayuda y asistencia podrán ser de diversa índole, en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y el Reglamento de la Comisión Ejecutiva

Los Fondos registrará el motivo y el monto que otorgue para la atención de las víctimas. La información anterior será de consulta pública.

CAPITULO IV

DE LA REPARACION

Se deroga el capítulo que contiene los artículo 159 a 167.

TITULO NOVENO

DE LA CAPACITACION, FORMACION, ACTUALIZACION Y ESPECIALIZACION

Artículo 168. Los integrantes del sistema que tengan contacto con la víctima en cumplimento de medidas de atención, asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberán incluir dentro de sus programas contenidos temáticos sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por esta Ley; […]

Artículo 169. Se deroga

Artículo 171. Se deroga

Artículo 172. Se deroga

Artículo 173. Se deroga

Artículo 174. Se deroga

TITULO DECIMO

DE LA ASESORIA JURIDICA FEDERAL DE ATENCION A VICTIMAS

CAPITULO UNICO

Artículo 175. Se deroga

Artículo 176. Se deroga.

Artículo 177. Se deroga

Artículo 178. La víctima tendrá derecho a nombrar un Asesor jurídico el cual elegirá libremente. El servicio de la Asesoría Jurídica Federal será gratuito y se prestará a todas las víctimas que así lo requieran.

Artículo 179. Se crea la figura del Asesor Jurídico de Atención a Víctimas el cual tendrá las funciones siguientes:

I. […]

II. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendientes a su defensa, proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa;

III.[…]

IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación del daño ante las autoridades judiciales y administrativas;

V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas

VI. Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta Ley, y demás leyes aplicables;

VII. […]

VIII. […]

IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente ; y

X. […]

Artículo 180.Los requisitos para ser Asesor Jurídico, deberán serpor lo menos los mismos que se requieren para ser Ministerio Público en elfuero local y federal. Asimismo, las reglas de selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones deberán ser proporcionales a los que rigen al Ministerio Público Federal o local.

Artículo 181. Se deroga

Artículo 182. Se deroga.

Artículo 183. Se deroga.

Artículo 184. Se deroga.

Artículo 185. Se deroga.

Artículo 186. Se deroga.

Artículo 187. Se deroga.

Artículo 188. Se deroga.

Artículo 189. Se deroga.

ARTICULO TERCERO. Se reforma el artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo parael cumplimiento de las obligaciones que deriven de la Ley General de Victimas y el pago de obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas Entidades ante la Secretaría de  Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

ARTICULO CUARTO. Se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 182-R.- Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada Ley, en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y alFondo de Apoyo a las Víctimas a que se refiere la Ley General de Protección y Atención a las Víctimas.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- EL presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Las erogaciones que, en su caso, sean necesarias para cumplir con lo dispuesto en el presente Decreto serán cubiertas por las autoridades que correspondan con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados.

Artículo Tercero.- Las medidas de reparacióny los procedimientospara exigirlas a que se refiere la presente Ley sólo serán aplicables respecto de las violaciones a derechos humanos decretadas en sentencias que se emitan a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento y siempre que los hechos o actos que hayan originado la violación de derechos humanos se hayan verificado a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I Título I y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011.

Respecto del Artículo Segundo del presente Decreto:

Artículo Primero. El mecanismo mencionado en el cuarto párrafo del artículo 140 Bis entrará en vigor en el segundo ejercicio fiscal posterior a la publicación de esta Ley.

Artículo Segundo.se ordena llevar a cabo todos los actos necesarios para transferir de manera inmediata y no onerosa al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos que correspondan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y resulten necesarios para la atención a las víctimas de delitos, con que cuente Províctima.

Los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto pase al organismo que se crea, se respetarán conforme a la ley.

Artículo Tercero. Las legislaciones relacionadas con la atención a víctimas que existan a nivel federal y local, así como la legislación especializada, se aplicarán en todo aquello que no se oponga al presente Decreto.

Artículo Cuarto. Las entidades federativas tendrán un plazo de seis meses contados a partir de que ésta Ley entre en vigor para implementar los mecanismos necesarios para la creación de las Comisiones estatales. En el caso en que cumplido el plazo alguna entidad federativa no hubiese implementado la Comisión respectiva los cargos de atención a las víctimas de su entidad por presuntos delitos del fuero común serán cubiertos por la Federación con cargo a la entidad federativa responsable en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.

La federación, con cargo a sus recursos, atenderá en aquellas unidades que formen parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas a las presuntas víctimas de delitos, tanto del fuero federal como del fuero común, durante el término de gracia para implementar las comisiones de las entidades federativas.

Artículo Quinto. Las entidades federativas deberán realizar, en su caso, en un término no mayor a 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las modificaciones a sus respectivas legislaciones en materia penal y administrativa para adecuarlas a lo previsto por el mismo.

A su vez, los gobernadores de los estados de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán expedir, en su caso, la reglamentación que corresponda en un término no mayor a 120 días naturales contado a partir de la entrada en vigor de la legislación que se expida o se modifique en términos del párrafo anterior.

Artículo Sexto. La primera evaluación de los programas y políticas emprendidas por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente será a los 365 días contados a partir del primer día de su funcionamiento, y cuyos resultados deberán ser presentadas al congreso respectivo dentro de los 90 días naturales del cumplimiento de esta fecha.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo".

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera la iniciativa de reformas constitucionales. Por lo que hace al proyecto de Decreto sobre reparación del daño por violaciones a derechos humanos y las reformas a la Ley General de Víctimas y otras leyes, se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 61 Y 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, con base en los razonamientos que me permito ante ustedes exponer.

El Senado de la República durante la presente legislatura, se ha caracterizado por legislar a favor de los derechos de la protección de la salud de las personas, en especial del sector infantil.

Una de las reformas legislativas de mayor relevancia para consolidar una estrategia de mayor atención y cuidado de la salud y desarrollo de la niñez mexicana, sin duda alguna, fue de haber establecido recientemente en la Ley General de Salud, la realización del tamiz neonatal ampliado a los recién nacidos, mediante el cual se detectan algunos padecimientos importantes, como el hipotiroidismo congénito y otras que causan a los infantes alteraciones cerebrales severas.

Con ese propósito de seguir impulsando cambios legislativos que garanticen el derecho a la protección de la salud, concretamente la infantil, me permito poner a su consideración esta iniciativa, cuyo objeto es el de incluir en el apartado de la Ley General de Salud, relativo a los servicios de salud de atención materno-infantil, la detección oportuna y tratamiento temprano de lo que la ciencia médica ha denominado como "Displasia en el desarrollo de la cadera".

Esta enfermedad conocida anteriormente como luxación congénita de la cadera, comprende anomalías anatómicas que afectan la articulación coxofemoral de los infantes, incluyendo el borde anormal del acetábulo, displasia, y mala posición de la cabeza femoral, causando desde una subluxación hasta la luxación, afectando el desarrollo de la cadera durante los periodos embriológicos, fetal o infantil.

Se ha determinado que los factores de riesgo de esta enfermedad, son la historia o antecedente familiar que incrementa el riesgo de padecerla en un 10 a un 25 por ciento, es de 3 a 8 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres cuando existe presentación pélvica al nacimiento y en los casos en los que existe una fuerte asociación con otras anormalidades músculo-esqueléticas, como el pie equino varo aducto congénito, tortícolis congénita, metatarso aducto y calcáneo valgo, así como se presenta el hábito de envolver al recién nacido de manera apretada con las extremidades inferiores en extensión y aducción, o sea, juntas.

La incidencia de la displasia de cadera, en general, es muy variable dependiendo de la región geográfica y aunque los datos en México no están del todo estudiados, se estima que hasta el 2 por ciento de la población puede llegar a tener este padecimiento, diagnosticándose como luxación congénita de cadera. La cadera luxada, que es su forma más grave, tiene una prevalencia promedio de 1.5 por cada 1,000 recién nacidos y es mayor su incidencia en niñas. Por cada niño existen de 5 a 7 niñas con cadera luxada.

Aproximadamente 4 de cada 1,000 nacimientos en México presentan alteraciones en la cadera, lo que se traduce en 480,000 mexicanos con este padecimiento, considerando el último censo nacional del INEGI.

En el periodo de 2013 al 2023, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, se espera que nazcan 24 millones 194,350 niñas y niños, de los cuales, conforme al histórico estadístico, al menos 97,777 presentarán este grave padecimiento, con pocas posibilidades de diagnosticarse y atenderse a tiempo, y sobre todo en las zonas rurales y de alta marginación en donde las condiciones precarias de los padres impiden poder acceder a un ultrasonido o una radiografía para reconocer este padecimiento y evitar sus secuelas, la artrosis y la destrucción de la articulación de la cadera.

Las necesidades de legislar en esta materia, surge al revisar estas cifras y de considerar que en México existe un subregistro de la enfermedad, es decir, los casos no se detectan desde recién nacidos, por lo que se deduce que en realidad el problema es de proporciones mayores.

Hoy en día, se ha reconocido que las personas con secuelas de la displasia en el desarrollo de la cadera, constituye un grupo vulnerable toda vez que padecen diferentes formas de discriminación en varios ámbitos de la vida cotidiana.

Aún cuando en México se han emitido Normas Oficiales Mexicanas dirigidas a la atención y protección de este grupo de personas; sólo existe una norma para la prevención y control de los defectos al nacimiento, tal como lo es la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002.

De ahí, que se tiene que legislar para lograr no solo el diagnóstico sino también la atención temprana y el tratamiento oportuno de esta patología.

Un estudio médico que hoy en día es relevante para la detección oportuna del problema de la displasia de cadera en las primeras semanas de vida, es el ultrasonido.

Desafortunadamente en nuestro país, no todos los centros hospitalarios cuentan con el aparato para la toma del estudio, también no todos los aparatos de ultrasonido tienen el software para el estudio de la cadera; además que el costo es elevado y no todos los ultrasonografistas, están capacitados para la detección.

Esta situación ha motivado que, para la detección de la displasia, se recurra a la radiografía, considerando que tienen ciertas características que la convierten en una alternativa adecuada, tales como:

La accesibilidad, ya que su aplicación puede llevarse en las poblaciones de menos de 5,000 habitantes.

Su fácil manejo, en virtud de que se puede capacitar sin complicaciones a quienes manejen el equipo.

Es de bajo costo.

Su interpretación es sencilla, la puede hacer desde un médico general, hasta el especialista en pediatría, ortopedia y radiología.

Y la exposición a esta radiografía es mínima, es menos de un rad de radiación.

Cabe referir, que países como Chile tomen este estudio como parte de su guía de medicina preventiva y practican el tamizaje radiológico a los 3 meses de edad.

Con la presente iniciativa, que ha sido motivada por el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, en su capítulo de ortopedia pediátrica, a cargo de los doctores, y colegas, Guillermo García Pinto, Oscar Daniel Isunza Alonso y Raúl Frías Austria; se propone dentro de las disposiciones que regulan la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, se incluya el diagnóstico oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida.

Compañeras y compañeros Senadores:

Considerando:

- Que el artículo 4o. de nuestra Ley Fundamental, establece el derecho de toda persona a la protección de la salud, y de manera categórica dispone que los niños y las niñas tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades, incluidas las de salud para su desarrollo integral.

- Que el sistema nacional de salud, tiene como uno de sus principales objetivos, el de dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez; y

- Que la detección oportuna y atención temprana de la displasia de cadera, debe estar contemplada como parte fundamental de esa estrategia de mayor atención y cuidado de la salud y desarrollo de la niñez, y constituirse en política pública de los servicios de salud de atención materno-infantil.

Por lo anterior me permito someter a su consideración esta iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 61 Y 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Pido a la Presidencia de esta Mesa Directiva, se inserte íntegro el texto de la misma en el Diario de los Debates.

Simplemente al detectar este padecimiento al nacimiento, estamos ahorrando miles de millones de pesos al sector salud y al Estado mexicano; y además tres, cuatro, cinco cirugías en el transcurso de la vida de una persona, lo cual además conlleva incapacidad.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“Dr.Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del pleno de esta Asamblea, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artIculos 61 y 64 de la Ley General de Salud, con base en la siguiente:

ExposiciOn de Motivos

El Senado de la República durante la presente legislatura, se ha caracterizado por legislar a favor del derecho a la protección de la salud de las personas, en especial del sector infantil.

Una de las reformas legislativas de mayor relevancia para consolidar una estrategia de mayor atención y cuidado de la salud y desarrollo de la niñez mexicana, sin duda alguna, fue la de haber establecido recientemente en la Ley General de Salud, la realización del tamiz neonatal ampliado a los recién nacidos, mediante el cual se detectan algunos padecimientos importantes, como el hipotiroidismo congénito y otros que causan a los infantes alteraciones cerebrales severas.

Con ese propósito de seguir impulsando cambios legislativos, que garanticen el derecho a la protección de la salud, concretamente, la infantil, me permito poner a su consideración esta Iniciativa, cuyo objeto es el de incluir en los servicios de salud de atención materno-infantil previstos en la ley, la detección oportuna y tratamiento temprano de lo que la ciencia médica, ha denominado como “Displasia en el desarrollo de la Cadera”.

Esta enfermedad conocida anteriormente como luxación congénita de la cadera, comprende anormalidades anatómicas que afectan la articulación coxofemoral de los infantes, incluyendo el borde anormal del acetábulo (displasia) y mala posición de la cabeza femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, afectando el desarrollo de la cadera durante los períodos embriológicos, fetal o infantil.

Se ha determinado que los factores de riesgo de esta enfermedad, son la historia o antecedente familiar que incrementa el riesgo de padecerla en un 10 a 25%; es de tres a ocho veces más frecuente en las mujeres que en los hombres; cuando existe presentación pélvica al nacimiento y en los casos en los que existe una fuerte asociación con otras anormalidades músculo-esqueléticas como el pie equino varo aducto congénito), tortícolis congénita, metatarso aducto y calcáneo valgo, así como cuando se presenta el hábito de envolver al recién nacido de manera apretada con las extremidades inferiores en extensión y aducción (juntas).

La incidencia de la displasia de cadera en general es muy variable dependiendo de la región geográfica y aunque los datos en México no están del todo estudiados, se estima que hasta el 2% de la población puede llegar a tener este padecimiento diagnosticándose como luxación congénita de cadera. La cadera luxada, que es su forma más grave, tiene una prevalencia promedio de 1.5 por cada 1000 recién nacidos y es mayor su incidencia en niñas, (Por cada niño existen de 5 a 7 niñas con cadera luxada).

Aproximadamente cuatro de cada 1000 nacimientos en México, presenta alteraciones en la cadera, lo que se traduce en 480,000 mexicanos con este padecimiento, considerando el último censo nacional del INEGI.

En el período de 2013 a 2023, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, se espera que nazcan 24 millones 194 mil 350 niñas y niños de los cuales, conforme al histórico estadístico; al menos 96,777 presentarán este grave padecimiento, con pocas posibilidades de diagnosticarse y atenderse a tiempo, y sobre todo en zonas rurales y de alta marginación en donde las condiciones precarias de los padres impiden poder acceder a un ultrasonido o radiografía para reconocer este padecimiento y evitar sus secuelas, la artrosis y la destrucción de la articulación.

La necesidad de legislar en esta materia, surge al revisar estas cifras y y de considerar que en México existe un subregistro de la enfermedad, es decir, los casos no se detectan desde recién nacidos, por lo que se deduce que en realidad el problema es de proporciones mayores.

Hoy en día, se ha reconocido que las personas con secuelas de la Displasia en el Desarrollo de la Cadera, constituyen un grupo vulnerable, toda vez que padecen diferentes formas de discriminación en varios ámbitos de la vida cotidiana.

Aún cuando en México, se han emitido normas oficiales mexicanas dirigidas a la atención y protección de este grupo de personas; sólo existe una Norma para la prevención y control de los defectos al nacimiento, tal como lo es la Norma Oficial Mexicana-034-SSA2-2002.

De ahí, que se tiene que legislar para lograr no sólo el diagnóstico sino también la atención temprana y tratamiento oportuno de esta patología.

Un estudio médico que hoy en día, es relevante para la detección oportuna del problema de displasia de cadera en las primeras semanas de vida, es el ultrasonido.

Desafortunadamente en nuestro país, no todos los centros hospitalarios cuentan con el aparato para la toma del estudio; también no todos los aparatos de ultrasonido tienen el software para el estudio de la cadera; además de que el costo es elevado y no todos los ultrasonografistas, están capacitados para la detección.

Esta situación ha motivado, que para la detección de la displasia se recurra a la radiografía, considerando que tiene ciertas características que la convierten en una alternativa adecuada, tales como:

1. Su accesibilidad, ya que su aplicación puede llevarse en las poblaciones de menos de 5,000 habitantes.

2. Su facilidad de manejo, en virtud de que se puede capacitar sin complicaciones a quien o quienes manejen el equipo.

3. Es de bajo costo.

4. Su interpretación es sencilla, la puede hacer desde un médico general, hasta el especialista en pediatría, ortopedia y radiología; y

5. La exposición a radiación es mínima (menos de 1 rad).

Cabe referir, que países como Chile toman este estudio como parte de su Guía de Medicina Preventiva y practican el tamizaje radiológico a los tres meses de edad.

Con la presente iniciativa, que ha sido motivada por el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, en su capítulo de ortopedia pediátrica, a cargo de los Doctores Guillermo García Pinto, Oscar Daniel Isunza Alonso y Raúl Frías Austria; se propone dentro de las disposiciones que regulan la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, se incluya el diagnóstico oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida.

Compañeras y compañeros Senadores:

Considerando:

• Que el artículo 4 de nuestra Ley Fundamental, establece el derecho de toda persona a la protección de la salud, y de manera categórica dispone que los niños y las niñas tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades, incluidas las de salud para su desarrollo integral.

• Que el sistema nacional de salud, tiene como uno de sus principales objetivos, el de dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez; y

• Que la detección oportuna y atención temprana de la displasia de cadera, debe estar contemplada como parte fundamental de esa estrategia de mayor atención y cuidado de la salud y desarrollo de la niñez, y constituirse en política pública de los servicios de salud de atención materno-infantil.

Por lo anterior, me permito someter a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 61 Y 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Unico.- Se adiciona una fracción V, recorriéndose dicha fracción vigente, para pasar a ser la fracción VI del artículo 61 de la Ley General de Salud; así como la fracción III Bis del artículo 64 del mismo ordenamiento, para quedar como siguen:

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y

V.- El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida.

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios;

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil;

II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años, y

III Bis.- Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años.

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 14 de marzo de 2013.

Suscribe”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal. Pido a la Secretaría que se integre de manera total el documento que se ha presentado. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Se recibió del Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 78 y se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, que se turnará a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 78 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 78 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Presentada por el C. Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM)

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

El suscrito, Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 78 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 78 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el mundo vivo existen cinco reinos (Bacteria, Protoctista, Fungi, Plantae y Animalia) de acuerdo con el esquema propuesto por Margulis y Schwartz (1985) , de los cuales se han descrito 1 millón 666 mil 576 especies entre animales, plantas y otros, aunque se calcula que en el planeta puede haber 10 millones o más . Por lo que la ciencia apenas podría conocer y haber descrito entre el 6 y el 28% de la diversidad mundial de especies .

En ese sentido, cabe destacar que América Latina es considerada la zona geográfica con mayor diversidad biológica del planeta, con 98 eco-regiones terrestres identificadas y que la República Mexicana con una extensión territorial de 1, 964 375km² , por su privilegiada ubicación geográfica, su complejo relieve, sus climas y su historia evolutiva cuenta con una gran riqueza de ambientes, recursos genéticos, flora y fauna natural, albergando a la cuarta biota más rica del planeta, aunado a una gran variedad de plantas y animales endémicos.

De ahí, que a nuestro país se le considere entre las 17 naciones con mayor diversidad biológica en el mundo, pues en conjunto los llamados países megadiversos alojan el 70% de las especies descritas del planeta. Correspondiendo a México 108 mil 519 especies, 23 mil 424 plantas vasculares; 1, 096 aves; 804 reptiles; 535 mamíferos y 361 anfibios .

Dichas especies en nuestro país en comparación a nivel mundial se enlistan de la siguiente manera: Mamíferos 12.21%; Aves 11.82%; Reptiles 9.76%; Ranas y sapos 7.55%; Peces 9.62%; Ciempiés y milpiés 3.85%; Arañas y alacranes 6.00%; Insectos 5.23%; cangrejos y camarones 11.99%; estrellas y erizos 7.19%; caracoles, almejas y pulpos 4.40%; lombrices y gusanos marinos 8.44%; rotíferos 16.83%; gusanos planos 2.75%; medusas y corales 3.18%; esponjas 4.87%; magnolias y margaritas 9.56%; palmeras y pastos 7.97%; cicadas y pinos 15.31%; helechos 8.19%; musgos y hepáticas 7.45%; algas 10.01% y hongos 10.00% . En cuanto a endemismo se calcula que entre 40 y 60% de las especies de plantas vasculares son exclusivas al territorio, así como 174 especies de anfibios (48%) y 368 de reptiles (46%) .

Ahora bien, esta gran diversidad natural se ha deteriorado debido a que el hombre ha producido impactos negativos en los ecosistemas, de los cuales se pueden diferenciar dos tipos: indirectos (destrucción y modificación del hábitat) y, directos (sobreexplotación de vida silvestre). Como ejemplos de los primeros se pueden citar el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas, ganaderas y urbanas; sobreexplotación de recursos; la contaminación del suelo, aire y agua. Para los segundos, las prácticas cinegéticas irresponsables; y el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres. Y para ejemplo de un impacto de ambos tipos es de mencionar la introducción de especies exóticas .

Siguiendo esa lógica, es que muchas especies de vida silvestre se ven afectadas en sus poblaciones y/o en su variabilidad genética, o bien, se encuentren bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 PROTECCION AMBIENTAL-ESPECIES NATIVAS DE MEXICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES-CATEGORIAS DE RIESGO Y ESPECIFICACIONES PARA SU INCLUSION, EXCLUSION O CAMBIO-LISTA DE ESPECIES EN RIESGO. A saber: Probablemente extinta en el medio silvestre, En peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial; y, en el peor de los escenarios se extinguen.

Así, los zoológicos se han convertido en una herramienta para conservar la diversidad biológica ex situ, preservación, estudio, reproducción e incluso reintroducción-repoblación de especies de vida silvestre, particularmente de aquéllas que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Además de promover la educación y sensibilización del público que los visita.

De ahí, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dentro de su Programa Nacional de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, integró como estrategia el Subprograma Nacional denominado Inspección a Zoológicos , cuyo objetivo es verificar mediante actos de inspección el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al registro y operación de los zoológicos reconocidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Asimismo, con la aplicación del Subprograma se pretende elevar el nivel de cumplimiento de la legislación en la materia, para el bienestar de los ejemplares confinados, brindando de esta forma atención eficaz al total de denuncias ciudadanas relacionadas con el trato digno y respetuoso otorgado a los ejemplares en los zoológicos.

En ese orden de ideas, cabe destacar que durante los actos de inspección se verifica la legal procedencia, las medidas adoptadas para garantizar el trato digno y respetuoso de los ejemplares de vida silvestre albergados en ellos.

Los resultados que la PROFEPA ha informado desde el inicio del Subprograma en 2009, es que ha logrado inspeccionar el 81% de los zoológicos registrados ante la SEMARNAT, ubicados en 31 entidades federativas; asimismo, se han verificado un total de 28,377 ejemplares, 307 productos y 106 subproductos de fauna silvestre. Es de resaltar que el Subprograma contempla la atención del 100% de las denuncias ciudadanas recibidas ante la PROFEPA relativas al trato digno y respetuoso de los ejemplares en los zoológicos del país.

No obstante, aun cuando los zoológicos del país cuentan con un plan de manejo y cumplen con la responsabilidad que les marca el último párrafo del Artículo 131 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, relativo a la actualización anual de datos e información de sus colecciones, y que la PROFEPA tiene en vigencia el Subprograma Nacional de Inspección a Zoológicos, se han detectado casos en los que no sólo se violenta la Ley, sino que también se ha puesto en peligro la integridad física de los ejemplares que tienen bajo su resguardo y en ocasiones con desenlaces fatales, causando baja en sus colecciones; lo anterior por realizar un mal manejo y nulo trato digno y respetuoso, tales como:

1. Inadecuadas instalaciones de confinamiento;

2. Insalubres condiciones de higiene;

3. Carencia de alimentación;

4. Incorrecto traslado de ejemplares;

5. Generación de lesiones, traumatismo y dolor durante el entrenamiento de ejemplares de mamíferos marinos.

Ejemplo de lo anterior lo encontramos en algunos zoológicos del país:

ZOOLOGICO

ESPECIE

DENUNCIA

CAUSAS

1. Zoológico de
Morelia

Osa Polar

Condiciones inhumanas

Coalición internacional exige conocer estado de salud de osa Yupik

Mantener al ejemplar en condiciones inhumanas    y al no otorgar información sobre su estado de salud.

2. Anomalías, en 70 %
de los zoológicos:
PROFEPA

 

Poseen animales de procedencia ilícita, no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, incluso han presentado fugas de algunas especies. Además, realizan liberaciones irresponsables de fauna sin prever el impacto ambiental y dan un “trato indigno” a los animales.

En 33 de los 49 zoológicos verificados existieron “circunstancias ilegales”, que derivaron en el “aseguramiento precautorio” de 3 mil 107 especímenes.

3. Zoológico de
Tulancingo

Tigre hembra

Muerte

Muerte por negligencia por un cuadro gripal

4. Zoológico de
Tulancingo

Dos leones
Mono araña

Desaparecen ejemplares

No se encuentran en la auditoria.

5. Zoológico “El Centenario”de
Mérida

 

Intercambio de animales por electrodomésticos

Alrededor de 300 animales menos. 16 pecarís de collar fueron intercambiados a la Unidad de Manejo Ambiental de Antunchén, Campeche a cambio de aparatos electrodomésticos como una lavadora, un refrigerador, un aire acondicionado y una alfombra"

6. Zoológico Jaguar
Xoo, Oaxaca.

Felinos
Jaguar

Lugares mal acondicionados, pequeños, felinos en prácticamente jaulas de 2 x 2 metros, sin techo y que no son movidos de lugar en épocas de lluvia es el triste panorama de este lugar, donde la desnutrición, enfermedad y mal trato a los animales es más que evidente.

Jaguar desaparecido.
Animales sin documentación.

7. Zoológico de
Chapultepec

Tigre de bengala, venados cola blanca, antílope ñu, perro salvaje africano

Fallecieron por complicaciones de salud.

Maltrato en traslado, mal manejo, falta de cuarentena, falta de atención médica.

Ahora bien, dicha problemática es reiterativa en los denominados espectáculos públicos, entre ellos los circos, por ende, la PROFEPA incluyó en el mencionado Programa Nacional de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, el Subprograma Nacional denominado Inspección a Circos , con el objeto de verificar el cumplimiento de la legislación relativa al manejo de ejemplares de fauna silvestre en cautiverio, bajo el esquema de espectáculos itinerantes.

En ese sentido, el Programa comenzó su aplicación en agosto del 2010, a fin de establecer una estrategia eficiente de inspección, que permita verificar el cumplimiento de la legislación que los regula, y aumentar los niveles de su cumplimiento, para mejorar la calidad de vida de los ejemplares que son utilizados en los actos circenses, donde son la atracción principal.

Como resultado de estas inspecciones del mes de agosto del 2010 al mes de agosto del 2012, se han realizado un total de 76 inspecciones en 27 entidades federativas. Como resultado, se aseguraron precautoriamente 301 ejemplares de fauna silvestre, en virtud de que al momento de la visita de inspección no se presentó la documentación necesaria para acreditar la legal procedencia de dichos ejemplares. Las especies principalmente aseguradas son: mono araña, tigres, camellos, mono capuchino, papión sagrado y llamas.

Con el fin de ejemplificar lo asentado, baste citar que la PROFEPA en cumplimiento a dicho programa y en atención a una denuncia ciudadana por presunto maltrato de animales en el circo denominado “Circo Atayde”, aseguró precautoriamente en el estado de Nuevo León 30 ejemplares de vida silvestre , a saber: 7 tigres de bengala, 2 panteras, 2 dromedarios, 9 llamas, 4 cebras, 1 chango macaco, 3 jaguares y 2 pumas; ello en virtud, de que los inspeccionados (circo) por dicha Autoridad Ambiental mantenían a las especies aseguradas en estado insalubre y en condiciones de confinamiento inadecuadas, aunado a que sufrían por no encontrarse en su hábitat natural y que estaban sujetas a malos tratos en virtud que “laboraban” en el circo, pues durante la visita realizada por la PROFEPA se constató que algunos ejemplares se encontraban hacinados, incluso lesionados.
Entre otros casos detectados se encuentran los siguientes:

CIRCO

ESPECIE

DENUNCIA

CAUSAS

Ringling Brothers Barnum & Bailey

Elefante
Tigres 

Golpean y fustigan varias veces.

Entrenamiento

Atayde

7 tigres de bengala,
2 panteras,
2 dromedarios, 9 llamas,
4 cebras y
un chango macaco

Hacinamiento

Sobre explotación

Chino de Pekin

4 tigres de Bengala,
una pantera y un mandril

Golpes y daños mentales debido a la cuatividad.

Deficiente manejo de traslado.

Hermanos Aguilar

12 tigres de bengala, tigres blancos, dromedarios, jirafas, foca, búfalo, caballos

Golpes

Entrenamiento

Hermanos Suárez

Tigres de bengala

Desnutrición y bajo peso, comportamiento nervioso y estrés

Mal cuidado, alimentación entrenamiento 

Hermanos Fuentes Gasca

Tigre

Shock y una Lesión

Entrenamiento

Daniel Atayde

León

Hacinamiento, deplorables condiciones de salud

Maltrato, lesiones e inadecuadas instalaciones

Por lo anterior, es imprescindible reformar la Ley General de Vida Silvestre en primer orden empatar los criterios de conservación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural, así como, crear una figura de manejo que considere los elementos mínimos necesarios para adoptar las medidas de trato digno y respetuoso y evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de flora y fauna silvestre durante su confinamiento, traslado, exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento, entre otros.

En ese sentido, se puntualiza la propuesta de reforma en comparativo con la regulación vigente de la Ley en comento:

VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 78. Las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, deberán registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

Los parques zoológicos deberán contemplar en sus planes de manejo, aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción de las especies, con especial atención a las que se encuentren en alguna categoría de riesgo y además deberán registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

Todos aquellos espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat, deberán contemplar en sus planes de manejo, aspectos de educación ambiental y de conservación, con especial atención a las que se encuentren en alguna categoría de riesgoy además deberán registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

Artículo 78. Las colecciones científicas y museográficas públicas de especies silvestres deberán registrarse y actualizar sus datos cada 2 años ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

 El propietario, poseedor, responsable, encargado que maneje vida silvestre en confinamiento, deberá contar con un plan de manejo aprobado por la Secretaría, y además deberán registrarse y actualizar sus datos cada 2 años ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

 

ARTICULO 78 Bis.- Los planes de manejo que se refieren en el artículo anterior deberán contener como mínimo los siguientes elementos:

a) Especies y número de ejemplares;

b) Tipo de confinamiento por especie y número de ejemplares;

c) Dieta proporcional a la especie;

d) Cuidados clínicos y de salud animal;

e) Medio de transporte para movilización;

f) Medidas de mantenimiento, seguridad e higiene;

g) Aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción de las especies, con especial atención en aquéllas que estén en alguna categoría de riesgo;
h) Medidas para garantizar el trato digno y respetuoso durante su confinamiento, manejo, traslado, exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento responsable, entre otros; y

i) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto emita la Secretaría.

Las Normas Oficiales Mexicanas deberán contemplar los requerimientos mínimos necesarios para el manejo de cada especie para su vida en confinamiento.

El razonamiento para las propuestas de reforma es el siguiente:

a) En el artículo 78 primer párrafo se propone eliminar a las colecciones científicas y museográficas privadas debido a que éstas son, al igual que los parques zoológicos y espectáculos públicos, centros de vida silvestre en confinamiento.

b) En el artículo 78 segundo y tercer párrafos se propone unificar a los centros de vida silvestre en cautiverio (colecciones privadas, parques zoológicos y espectáculos públicos) bajo el criterio de quien maneje vida silvestre en confinamiento cumpla con un plan de manejo.

c) En el artículo 78 Bis primer párrafo se indican los elementos básicos que deben contener dichos planes de manejo.

d) En el artículo 78 Bis último párrafo se propone establecer que la SEMARNAT expida Normas Oficiales Mexicanas que contemplen las necesidades básicas de cada especie para su vida en confinamiento.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 78 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 78 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 78 y se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue:

ARTICULO 78.- Las colecciones científicas y museográficas públicas de especies silvestres deberán registrarse y actualizar sus datos cada 2 años ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

El propietario, poseedor, responsable, encargado que maneje vida silvestre en confinamiento, deberá contar con un plan de manejo aprobado por la Secretaría, y además deberán registrarse y actualizar sus datos cada 2 años ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

ARTICULO 78 Bis.- Los planes de manejo que se refieren en el artículo anterior deberán contener como mínimo los siguientes elementos:

a) Especies y número de ejemplares;
b) Tipo de confinamiento por especie y número de ejemplares;

c) Dieta proporcional a la especie;

d) Cuidados clínicos y se salud animal;

e) Medio de transporte para movilización;

f) Medidas de mantenimiento, seguridad e higiene;

g) Aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción de las especies, con especial atención en aquellas que estén en alguna categoría de riesgo,

h) Medidas para garantizar el trato digno y respetuoso durante su confinamiento, manejo, traslado, exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento responsable, entre otros; y

i) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto emita la           Secretaría.

Las Normas Oficiales Mexicanas deberán contemplar los requerimientos mínimos necesarios para el manejo de cada especie para su vida en confinamiento.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con un plazo de 60 días naturales para adecuar el Reglamento de la Ley General de la Vida Silvestre al presente Decreto.

Cuarto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo no mayor a 360 días emitirá las Normas Oficiales Mexicanas, establecidas en la fracción g) del artículo 78 Bis del presente Decreto.

Dado en el Senado de la República, a 12 de marzo de 2013.

Sen. Jorge Emilio González Martínez”.

 


Margulis, L., y K.V. Schwartz. 1985. Cinco reinos. Guía ilustra­da de los phylade la vida en la Tierra. Labor, Barcelona. Citado por Llorente-Bousquets, J., y S. Ocegueda. 2008. Estado del conocimiento de la biota, en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. Conabio, México, pp. 283-322. En: http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I11_Estadoconocimiento.pdf. Consultada 25 febrero 2013.

CONABIO. Biodiversidad Mexicana. Especies. Conceptos. ¿Cuántas especies hay?. En: http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/cuantasesp.html. Consultada 25 febrero 2013.

SEMARNAT. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el Mundo. Biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad?. p. 57. En:http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaciones/Pages/publicaciones.aspx?&p=1. Consultada 25 febrero 2013.

INEGI. Extensión Territorial de México.  En: http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T. Consultada 25 febrero 2013.

CONABIO. Biodiversidad Mexicana. País. Conceptos. ¿Qué es un país megadiverso?. En: http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html. Consultada 26 febrero 2013.

CONABIO. Biodiversidad Mexicana. Especies. Conceptos. ¿Cuántas especies hay?. En: http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/cuantasesp.html. Consultada 26 febrero 2013.

SEMARNAT. El medio ambiente en México. En Resumen 2009. Biodiversidad. Biodiversidad Mexicana. p. 26. En: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/resumen_2009/pdf/en_resumen_2009.pdf. Consultada 26 febrero 2013.

CONABIO. Especies exóticas. Presentación. En: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/doctos/presentacion.html. Consultada 27 febrero 2013.

El Sol de Morelia.  28 de enero de 2013http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2859397.htmConsultada 28 febrero 2013.

http://www.animanaturalis.org/n/9486Consultada 28 febrero 2013.

MALOS TRATOS. Se puede entender como: soledad, encierro, encadenamiento, hambre, falta de atención veterinaria, golpes cuando no quieren actuar, sesiones de entrenamiento en donde se incluyen herramientas de castigo, mutilación, entre otros.

http://www.comunicacampeche.com.mx/noticias_locales/index.php?option=com_content&view=article&id=15310:asegura-profepa-30-animales-a-circo-atayde-en-nuevo-leon&catid=6:nacional

http://cronicadesociales.org/2013/02/28/se-busca-al-circo-de-daniel-atayde/Consultada 28 febrero 2013.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el  que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM "CUAUTHÉMOC" (BE-01) de La Armada de México, efectúe el crucero de instrucción denominado "Europa 2013", del 12 de abril al 15 de noviembre del mismo año.





 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR QUE EL BUQUE ESCUELA ARM "CUAUHTEMOC" (BE-01) DE LA ARMADA DE MEXICO EFECTUE EL CRUCERO DE INSTRUCCION DENOMINADO "EUROPA 2013" DEL 12 DE ABRIL AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195 de nuestro Reglamento, es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión este dictamen. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que la discusión será en lo general y en lo particular en un solo acto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico de votación, se han emitido 93 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) de La Armada de México efectúe el crucero de instrucción denominado "Europa 2013" del 12 de abril al 15 de noviembre del mismo año. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea, que en la agenda de este día se inscribió inicialmente un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se pretende reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dicho dictamen se retiró del Orden del Día para que las comisiones le apliquen diversas adecuaciones de técnica legislativa que le asignen una mejor estructura a dicho dictamen.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 7 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos ahora a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VII DEL ARTICULO 1 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y con base en el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de tres dictámenes en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, uno, en relación con el Proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 constitucional.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Uno más, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adicionan un quinto y sexto párrafos al artículo 4o. constitucional.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Y un tercero, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 35 constitucional. Informo a la Asamblea, que este último dictamen se acompaña del voto particular del Senador Benjamín Robles Montoya.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular del C. Senador Benjamin Robles Montoya)



Todos estos documentos se encuentran publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, los tres quedan de primera lectura.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, dicho dictamen está a discusión. Para hablar a nombre de la comisión, se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchísimas gracias, señor Presidente; muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Vengo a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, por encargo de mis compañeras y compañeros Senadores, a presentarles el dictamen que el día de ayer discutimos y aprobamos por unanimidad sobre uno de los temas que consideramos es toral y fundamental para el país, que es el tema de la seguridad pública y sobre la ratificación que por ley debe de hacer el Senado de la República de la designación de Monte Alejandro Rubido García para ser Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una de las responsabilidades fundamentales que recae en el titular del Poder Ejecutivo Federal al inicio de su gestión, es la designación del equipo de trabajo que lo acompañará durante su encargo, considerando a las personas idóneas con base en aptitudes, conocimientos, experiencia y calidad moral, así como los requisitos legales necesarios, teniendo en algunos casos, como este que nos ocupa, el control democrático del Senado de la República que tan honrosamente todos los que estamos aquí representamos, derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero de este mismo año, el Presidente, a propuesta del Secretario de Gobernación, designa al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con ratificación del Senado.

Por lo que en sentido estricto y en apego a los mandatos legales en el Senado, en la Comisión de Seguridad Pública se recibió en comparecencia al ciudadano Monte Alejandro Rubido García, sobre quien recae el nombramiento del Presidente de la República como Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional, a efecto de hacernos llegar los elementos que permitieran presentar un dictamen objetivo basado en la razón y más allá de ideologías partidistas para cumplir con la ratificación de dicho nombramiento.

No dejamos de considerar la enorme responsabilidad que conlleva, ya que será el encargado de articular entre los tres órdenes de gobierno las políticas en materia de seguridad pública, las acciones que se requieran para hacer respetar el principio de equidad y dotar a los municipios, en los que más ha repercutido el fenómeno de la inseguridad, de las herramientas que les permitan hacer frente a este flagelo.

El Secretario Ejecutivo tiene ante sí la obligación de mantener los esquemas que flexibilicen el acceso a los recursos de los programas en el ámbito de la seguridad pública, a la vez que debe coadyuvar para que éstos ejerzan responsablemente y se encausen para el cumplimiento de los objetivos para los que fueron destinados.

Tendrá que dar seguimiento a la evaluación y controles de confianza que se están aplicando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública del país dentro del plazo adicional del que le dotamos desde este Senado para que siga avanzando inexorablemente este importante tema.

Estas funciones no pueden recaer en manos de improvisados que lleguen a experimentar, la sociedad ya no tiene fuerza para soportar improvisaciones. Por ello, la Comisión de Seguridad Pública recibimos y analizamos detalladamente el nombramiento de Monte Alejandro Rubido García para Secretario del Sistema de Seguridad Pública atendiendo todos los aspectos que la ley establece.

Es un servidor público que ha desarrollado su vida profesional en instituciones de seguridad. Conoce, como pocos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como se observa en los distintos cargos que ha ocupado a lo largo de su vida profesional, entre los que destacamos el hecho de que inclusive ya ocupó el cargo de Secretario Ejecutivo del sistema. Y ante ello en la comisión en Pleno y por unanimidad, decidimos brindarle el apoyo sabedores de que lo llevará a buen término en beneficio de la sociedad.

Si queremos exigir resultados al gobierno debemos coadyuvar aportando en un ambiente de sana cooperación entre poderes, de las herramientas que la ley nos faculta, como es la ratificación del nombramiento del Secretario del Sistema de Seguridad Pública.

Ante todo ello, en la comisión consideramos que se reúnen todos los elementos necesarios para ocupar el cargo de tan alta responsabilidad, así como el cumplimiento de los requisitos legales que se exigen para ser Secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que presentamos a la consideración del Pleno de esta Asamblea el dictamen por el que se ratifica dicho nombramiento.

Hoy, para nosotros resulta importante, porque la comisión así lo decidió por unanimidad, decirle al Ejecutivo que en el tema de seguridad pública, el Presidente cuenta con el respaldo de las y los Senadores que no le escatimaron absolutamente nada para poder lograr esta ratificación por unanimidad, y eso genera un doble compromiso. Debe saber el Presidente de la República que en el Senado cuenta con un cuerpo colegiado de aliados para buscar los mejores mecanismos para enfrentar un problema tan grave, como es el de la inseguridad.

Que vimos en la comisión con buenos ojos la propuesta de Monte Alejandro Rubido porque lo consideramos, después del análisis de su currículum, un hombre de Estado, que sin miramientos partidistas ha servido a los gobiernos en turno de distintos partidos políticos, y sin sesgos de ninguna especie ha cumplido cabalmente con su misión.

Hemos dicho en el dictamen que conoce a cabalidad el tema, ha sido dos veces Subsecretario de Seguridad Pública y ya ha sido Secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuenta con una amplia experiencia en el tema de Seguridad Nacional estrictamente ligado al tema de Seguridad Pública que tratamos y por eso consideramos que es una persona apta y capaz.

No obstante ello, también le refiero, goza del conocimiento de muchos de los que estamos en esta comisión. Lo conocen porque son muchos años de servicio en los que ha tenido interrelación con varios de los miembros, no sólo de la comisión, sino de muchos otros Senadores. Pero más allá de las consideraciones que le tenemos de cariño, afecto y amistad, tomamos en cuenta su currículum y la labor que ha realizado para el gobierno mexicano.

Por lo tanto, vengo a nombre de la comisión a pedirles a todos los grupos parlamentarios que apoyemos todos este dictamen que por unanimidad ha sido votado en comisiones y permítanme finalizar con algunos agradecimientos ganados a pulso por lo complejo del procesamiento de un nombramiento como éste que ha gozado prácticamente del apoyo de todas y todos ustedes.

Quiero, en primer lugar, agradecer al Presidente de la Mesa Directiva, al Senador Cordero Arroyo; al Senador Emilio Gamboa, Presidente de la Junta de Coordinación Política; al Senador Barbosa Huerta, de quien hemos contado con su apoyo incondicional; a los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en el Senado. Especialmente quiero darle las gracias al Senador Fernando Yunes, a la Senadora Iris Vianey, al Senador Humberto Mayans, al Senador Alejandro Encinas, a la Senadora Pilar Ortega, al Senador Salvador Vega Casillas, al Senador Teófilo Torres Corzo, a la Senadora Cristina Díaz, a la Senadora Ivonne Alvarez, al Senador Ismael Hernández Deras, a la Senadora Graciela Ortiz y a la Senadora Ana Gabriela Guevara por su trabajo para poder sacar adelante en condiciones de concertación y unanimidad temas tan relevantes para México y los mexicanos.

Vamos a votar este dictamen para coadyuvar con el Ejecutivo al enfrentamiento de un tema tan importante como el de la Seguridad Pública. Ojalá todas y todos lo votemos a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Omar Fayad Meneses.

Para este mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, en la Comisión de Seguridad Pública hemos tomado la determinación de ratificar este nombramiento, y en nombre del Partido de la Revolución Democrática he decidido compartir con ustedes el siguiente posicionamiento.

A partir de una agenda de riesgos, carente de políticas de prevención del delito y de la violencia, durante los últimos sexenios se ha instrumentado en México una estrategia de seguridad pública que vulnera derechos humanos e ignora preocupaciones legítimas de la ciudadanía.

Partiendo de un enfoque equivocado, en México la política de seguridad pública ha delegado principalmente a las Fuerzas Armadas el combate a la delincuencia organizada. Esta visión se ha puesto por encima de la democratización de las políticas civiles, de reforzamiento de políticas públicas eficaces y de participación ciudadana a favor de la prevención de la violencia y del delito.

Las instituciones de Seguridad Pública han estado, desde la perspectiva del grupo parlamentario del PRD, al servicio del régimen y no de la sociedad. Persisten aún prácticas de violación de los derechos humanos como la tortura y el maltrato.

Las detenciones y desapariciones arbitrarias siguen formando parte de un catálogo de abusos que no han sido erradicados de las instituciones policiales y judiciales. Ante el fracaso de la política de seguridad pública es necesario replantear a fondo la Estrategia Nacional de Seguridad.

Ante una realidad lacerante, es urgente reconocer que nuestro país enfrenta un complejo problema de seguridad que ciertamente no se resolverá con el uso de la mayor fuerza del Estado, ni mucho menos con la suspensión del ejercicio de los derechos humanos para enfrentar la criminalidad.

Indudablemente, requerimos generar estrategias más efectivas, más inteligentes, pero siempre con un compromiso real a favor de los derechos humanos y de la sociedad. Debemos asumir una estrategia de seguridad pública con la perspectiva de derechos humanos que exige nuestra Constitución en su artículo 21.

Desde esta perspectiva, la aspiración debe consistir en alcanzar la seguridad humana a partir de la satisfacción y protección que el Estado haga en conjunto de libertades y derechos fundamentales a cada uno de sus integrantes.

Es por eso que esta Soberanía tiene aún temas pendientes, uno de ellos es la ley para regular el uso legítimo de la fuerza.

Muchos son los pendientes para este sexenio en materia de seguridad, uno, y muy importante para nosotros y para el pueblo, es excluir al Ejército de las actividades policiales.

El segundo, el fortalecimiento y profesionalización de las instituciones policiales.

La ciudadanía requiere y exige de una policía eficaz y honesta, que goce del reconocimiento, confianza y respeto de la sociedad, puesto que la policía es uno de los actores críticos del proceso.

El tercero, es el fortalecimiento de los sistemas de seguridad pública estatales, así como su vinculación al sistema nacional.

El mejoramiento y fortalecimiento del sistema penitenciario y la función de reinserción social de los delincuentes, de manera que el círculo vicioso, delincuencia, impunidad y reincidencia se logre eliminar.

Asegurar también el intercambio de información, el combate al tráfico de armas y otras actividades de la delincuencia organizada trasnacional, así como la adopción de principios con eficacia operativa en la corresponsabilidad entre países para la seguridad de todos.

Debo reconocer al nuevo gobierno el gran esfuerzo que ha realizado en la integración del planteamiento que se está dando respecto a la política de prevención: el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que se nos ha presentado la semana pasada, es realmente integral, esperamos que tenga el éxito adecuado y que se logren sumar los indicadores de evaluación necesarios por instituciones ajenas al gobierno federal, en este caso me refiero a las instituciones educativas de nivel superior.

Hoy, el licenciado Monte Alejandro Rubido García será ratificado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Indudablemente que el día de hoy asume una gran responsabilidad, no sólo ante esta Soberanía, sino ante el pueblo de México.

Efectivamente, en el Senado de la República encontrará aliados incansables e incondicionales para hacer de este programa y otros un éxito.

Esperamos que de manera efectiva responda a las expectativas de esta Soberanía y del pueblo de México.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza.

Para fijar posición, ha pedido hacer uso de la palabra la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, señor Presidente.

El día de hoy, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional acude a esta tribuna a dar cumplimiento a lo establecido por el último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece la atribución del Senado de la República de ratificar el nombramiento que realizó el titular del Ejecutivo Federal en la persona del licenciado Monte Alejandro Rubido García, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este acto republicano constituye, sin duda alguna, el ejercicio de un esquema adecuado de equilibrio de poderes en un tema por demás sensible como lo es la seguridad pública en el país.

Sin duda alguna, la importancia de la presente ratificación hace necesario la implementación de un examen exhaustivo y objetivo de los méritos y condiciones particulares de la persona propuesta, que nos garanticen que las políticas de seguridad pública no serán rehén de intereses particulares que desvirtúen toda acción de gobierno.

Al respecto, cabe señalar que el día de ayer en la Comisión de Seguridad Pública tuvimos la oportunidad de analizar la experiencia, la visión y el plan de trabajo del licenciado Monte Alejandro Rubido García.

El cargo que hoy analizamos en cuanto a su ratificación reviste vital importancia dentro del funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que constituye la instancia encargada de articular los esfuerzos en la materia entre los gobiernos, federal, estatales y municipales, la sociedad, así como entre las instancias de prevención, procuración y administración de justicia y de ejecución de sanciones penales, además de la responsabilidad de darle seguimiento a los acuerdos de los integrantes del sistema, le compete vincular las políticas públicas en las estrategias de prevención del delito con las estrategias de los sistemas nacionales de salud, educación, trabajo y desarrollo económico. Porque estamos convencidos que una adecuada política preventiva del delito debe partir de un enfoque transversal.

Para el grupo parlamentario de Acción Nacional, el licenciado Rubido cumple a cabalidad con los requisitos legales para ocupar el cargo, además de destacar que se trata de un servidor público de amplia y probada experiencia en los temas de seguridad pública, derechos humanos y seguridad nacional.

En este sentido, en primera instancia, apoyaremos la ratificación de su nombramiento al frente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no sin dejar de mencionar que pese a reconocer su probada capacidad, seremos escrupulosos en analizar y vigilar que cumpla a cabalidad con sus responsabilidades y las expectativas que al día de hoy genera esta ratificación.

Exigiremos resultados en torno a una aplicación oportuna, eficaz, eficiente, transparente y apegada a los destinos fijados en la ley.

Seremos vigilantes de las estrategias que se implementen para lograr una eficaz coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, porque estamos convencidos que la seguridad pública debe partir de un adecuado enfoque de corresponsabilidad entre Federación, estados, Distrito Federal y los municipios.

Sin embargo, se necesitará de acciones concretas y certeras por parte del Secretariado Ejecutivo para articular y optimizar esfuerzos.

Si bien la política de otorgamiento y administración de fondos y subsidios federales destinados a la seguridad pública, tales como el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, FASP, y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios, SUBSEMUN, es fundamental para el funcionamiento y accionar de las instituciones de prevención, procuración y administración de justicia, así como de ejecución de sanciones también lo es la vinculación de políticas sustantivas en cuanto a la administración de dichos fondos, de manera tal que la política pública que al efecto se establezcan en materia de seguridad pública, sean materializadas a través del otorgamiento de los fondos y subsidios del Secretariado.

Dicho en otras palabras, requerimos que el Secretariado Ejecutivo no sólo sea un administrador de presupuesto, sino un articulador de políticas públicas integrales que incidan directamente en la problemática que aqueja la seguridad del país.

En ese sentido, un tema en el cual permaneceremos atentos es el relativo a la cifra de personas ejecutadas y las personas desaparecidas, toda vez que lejos de atenuarse esta situación en el país a 100 días de la presente administración federal, esta se ha recrudecido, basta señalar estados como Tamaulipas, en donde la ciudadanía es rehén de la delincuencia organizada, situación que se acentúa y que acentúa la urgencia de la implementación de acciones eficaces para contrarrestar esta ola de violencia.

Por otra parte, subsisten compromisos legales que requieren de atención inmediata y prioritaria por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tal es el caso de los procesos de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el país, cuyo plazo fenece a finales de este año.

El lograr la consolidación de los diversos centros de información, prevención del delito y participación ciudadana, así como de certificación y acreditación, con lo que cuenta el Secretariado Ejecutivo y su interacción con las diversas instancias federales, con atribuciones afines dentro de la Administración Pública Federal.

La colaboración en el ámbito federal en la estrategia de apoyo a las víctimas del delito derivado de la Ley General de Víctimas.

La optimización de los fondos federales para que una parte de los mismos se destine a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.

Incentivar proyectos de dignificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, de manera tal que la función policial pueda verse como un proyecto de vida, entre otros aspectos.

Finalmente, por el bien de México y de sus instituciones, estaremos atentos a que haya un manejo transparente y apegado a la verdad de las cifras, los avances, los retos y los pendientes de las estrategias de seguridad pública y combate al crimen organizado, un tema en el cual permaneceremos atentos es el relativo a la cifras de personas ejecutadas y las personas desaparecidas, toda vez que lejos de atenuarse esta situación la hemos visto aumentar.

De nuestra parte, como grupo parlamentario de Acción Nacional, y en lo que a nuestras facultades compete, externamos nuestro voto de confianza al licenciado Monte Alejandro Rubido García, para que tenga un excelente desempeño en esta alta responsabilidad de servicio a la tranquilidad y seguridad de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Maki Esther Domínguez.

Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación emitida.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 103 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Comuníquese.

En el salón contiguo se encuentra el ciudadano Monte Alejandro Rubido García, por lo que solicito a los Senadores Omar Fayad Meneses, Fernando Yunes Márquez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Pablo Escudero Morales y Marco Antonio Blásquez Salinas, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Favor de ponerse de pie

(Todos de pie)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Ciudadano Monte Alejandro Rubido García: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?”

- El C. Monte Alejandro Rubido García: “¡Sí, protesto!”

- El C. Presidente Cordero Arroyo: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”.

Felicidades, señor Rubido García.

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República, le deseamos mucho éxito en su encargo.

Y solicito a la comisión designada acompañe al señor Alejandro Rubido cuando desee retirarse del salón.

¡Felicidades!

(La comisión cumple)





 

CAMARA DE DIPUTADOS

Informo a ustedes que esta Mesa Directiva recibió una comunicación suscrita por los integrantes de la Mesa Directiva de la Colegisladora, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, devuelto con modificaciones el pasado 12 de marzo.

En esa comunicación se indica la aplicación de una fe de erratas al proyecto correspondiente. La fe de erratas consiste en modificar el proemio del proyecto para que reproduzca íntegramente el texto contenido en el dictamen aprobado el 5 de marzo por esa Cámara.

También elimina la indicación de puntos suspensivos en el texto de la minuta, que hacían referencia al actual párrafo cuarto del artículo 111 constitucional, con estas modificaciones la minuta reflejará fielmente los términos de lo que fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, el texto de esta comunicación de la Cámara de Diputados está a su disposición en el monitor de sus escaños.



En consecuencia, se recibe dicha fe de erratas y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Población y Desarrollo, con punto de Acuerdo por el que se ratifican nombramientos de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION
Y DE POBLACION Y DESARROLLO

H. ASAMBLEA:

Con fecha 13 de marzo de 2013,el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remitió al Presidente del Senado de la República el nombramiento que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, hiciere a los CC. Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela, como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a fin de someter a consideración de esta Soberanía su ratificación, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que confiere al titular del Ejecutivo Federal la facultad para nombrar con la ratificación del Senado a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por la Sección Tercera, Capítulo Segundo, Título Octavo; en el numeral 3 del artículo 255, del Reglamento del Senado de la República, así como en el Acuerdo de las Comisiones de Gobernación y de Población y Desarrollo, aprobado en la reunión celebrada el 19 de marzo de 2013, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Senado para las comparecencias de funcionarios públicos propuestos a ratificación, estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, realizamos el proceso previsto por el artículo 255 a efecto de citar a comparecer a los CC. Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela ante los integrantes de las mismas.

Una vez constituidas en Comisiones Unidas, se aprobó el Acuerdo que regulara dicha comparecencia en la cual, cada uno de los comparecientes harían un posicionamiento de hasta 15 minutos y posterior a ello los grupos parlamentarios posicionarían hasta por 5 minutos, posteriormente habría una ronda de preguntas donde los integrantes de las Comisiones podrían hacer uso de la voz hasta por 3 minutos, en cada intervención los comparecientes deberían responder a los posicionamientos de los grupos parlamentarios así como a las preguntas de los integrantes de las Comisiones.

Culminada la comparecencia, los integrantes de las Comisiones unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo sesionarían en pleno y resolverían sobre la ratificación, asentando el resultado en este Dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número SEL/300/204/13 de fecha 13 de marzo de 2013, signado por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, presentó oficio ante el Senado de la República, a fin de someter a consideración para su ratificación, la propuesta del nombramiento que el mismo hiciera, de los ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República del 14 de marzo de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la propuesta de los nombramientos citados con antelación, se turnara a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En sesión extraordinaria, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas nos reunimos a fin de analizar la documentación presentada anexa al oficio por el que se remitieron a este Senado los nombramientos aludidos, así como el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para que los ciudadanos propuestos, pudieran ocupar el cargo de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

4. En esta misma sesión extraordinaria, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y de Desarrollo, recibimos en comparecencia a los funcionarios propuestos por el Ejecutivo Federal a quienes se les garantizó su derecho de audiencia como lo dispone el Reglamento del Senado para expresar su programa de trabajo y los méritos que les acreditan para ser postulados para ocupar el cargo, ante ello los integrantes de las comisiones, expresaron sus observaciones y comentarios a los comparecientes, quienes respondieron ante éstos.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la ratificación del nombramiento de los ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene como objetivo prioritario realizar las acciones tendientes a lograr que la información de interés nacional se sujete a los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia, a fin de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna que coadyuven al desarrollo nacional.

De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el ejercicio de las atribuciones del INEGI corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a una Junta de Gobierno y a un Presidente.

La Junta de Gobierno, órgano superior de dirección del INEGI, se integra por cinco miembros, designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Descripción de la Propuesta de Nombramientos.

Considerando que el periodo de José Antonio Mejía Guerra como miembro de la Junta de Gobierno del INEGI ha concluido, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información y Estadística Geográfica, el titular del Poder Ejecutivo Federal presenta ante esta Soberanía la designación del C. Rolando Ocampo Alcántar para ocupar el cargo descrito desde la fecha de su aprobación y hasta el 31 de diciembre del año 2020.

En el mismo acto, y debido a la renuncia de la C. María del Rocío Ruiz Chávez como miembro de la Junta de Gobierno del INEGI y con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículo 67 y 71 tercer párrafo, de la Ley del Sistema Nacional de Información y Estadística Geográfica, propone ante a esta Soberanía el nombramiento de Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno de dicho Instituto desde la fecha de su aprobación y hasta el 31 de diciembre del año 2016.

III. CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto en la Sección Tercera, Capítulo Segundo, Título Octavo y en el numeral 3 del artículo 255, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones resultan competentes para dictaminar la ratificación de los nombramientos hechos por el Presidente de la República para ocupar los cargos de miembros descritos.

SEGUNDA. A juicio de los miembros de las comisiones dictaminadoras, el C. Rolando Ocampo Alcántar, cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo conferido y ser miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en virtud de su trayectoria y de contar con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones inherentes al mismo.

El Ciudadano Rolando Ocampo Alcántar, cuenta con la siguiente formación académica y experiencia profesional:

FORMACION ACADEMICA:

Es Actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la Maestría en Estadística General en la Universidad Complutense de Madrid y la Maestría en Economía de la Educación y del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, España.

EXPERIENCIA EN EL SERVICIO PUBLICO

En el INEGI ocupó los cargos de Coordinador de Metodologías, Análisis y Procedimientos (1994). Subdirector de Encuestas en Establecimientos (1989) y Jefe de Departamento del Sector Comercial (1987).

Dentro de la Administración Pública Federal, fungió como Director General de Opinión Pública de la Presidencia de la República (2001-2004), Como Subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria (2004-2005) y como Director en Jefe del Registro Agrario Nacional (2006).

En dos ocasiones se desempeñó como Director General de Grupo de Asesores Unidos, S.C. (GAUSSC), empresa dedicada a la realización de estudios electorales y de opinión pública y de mercado.

TERCERA. En el mismo sentido, y a juicio de los miembros de las comisiones dictaminadoras, el C. Félix Vélez Fernández Varela, cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo conferido y ser Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en virtud de su trayectoria y de contar con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones inerentes al mismo.

El Ciudadano Félix Vélez Fernández Varela, cuenta con la siguiente formación académica y experiencia profesional:

FORMACION ACADEMICA:

Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Maestro en Asuntos Públicos e Internacionales por la Woodrow School of Public and International Affairs, Princeton University, así como candidato a doctor en políticas públicas por la misma institución.

EXPERIENCIA EN EL SERVICIO PUBLICO

De julio de 2008 a junio de 2012 se desempeñó como Secretario General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), perteneciente a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, en donde tuvo la oportunidad de desarrollar proyectos conjuntamente con el INEGI. De enero de 2006 a julio de 2008 fungió como Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social.

Además, ha ocupado diversos cargos como los de Asesor Económico de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Director General de Política y Planeación Agraria de la Secretaría de la Reforma Agraria; Asesor Económico de la Fundación Rafael Preciado Hernández; asesor en diversas dependencias de la Administración Pública Federal, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

En el ámbito académico se ha desempeñado dentro del ITAM, como Director de la Maestría en Políticas Públicas y profesor de los departamentos académicos de Economía, de Ciencia Política y de Actuaría. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Demografía.

CUARTA. Con el objeto de realizar un examen valorativo previo a su ratificación, sobre su idoneidad para el cargo al que han sido nombrados los CC. Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela, así como sobre su capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, su conocimiento en la materia, se citó a comparecer el día 19 de Marzo de 2013 en Reunión Extraordinaria ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo. Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, 242 y 255 del Reglamento del Senado de la República.

Una vez concluida la comparecencia de los funcionarios en cuestión, los integrantes de las Comisiones, reunidos en pleno, deliberamos a favor de proponer ante el Pleno del Senado de la República la ratificación por unanimidad de votos el nombramiento que hiciere el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el C. Rolando Ocampo Alcántar al cargo de miembro de la Junta de Gobierno desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de 2020, así como del C. Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre del año 2016, ambos cargos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado, así como de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

Primero. Se ratifica el nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del C. Rolando Ocampo Alcántar como miembro de la Junta de Gobierno, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Segundo. Se ratifica el nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal, a favor del C. Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre del año 2016.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 19 de marzo de 2013.

COMISION DE GOBERNACION
COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO”.

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Está a discusión dicho dictamen. Por la Comisión de Población y Desarrollo, ha pedido hacer uso de la palabra, el Senador Adán Augusto López Hernández.

- El C. Senador Adán Augusto López Hernández: Compañeras y compañeros Senadores, con su permiso, señor Presidente.

En la década de los 60´s, nuestro país vivía un crecimiento demográfico excesivo y preocupante con una tasa promedio muy por encima de la media internacional, esta situación condujo al gobierno mexicano a tomar una serie de medidas que permitieran proyectar una política poblacional acorde con las necesidades económicas, sociales y culturales del país.

Entre estas medidas, se encuentra la decisión de crear al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 25 de enero de 1983, mediante Decreto presidencial, Instituto que integró desde su origen a la Dirección General de Estadística en funciones desde 1882, cuando pertenecía a la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.

La Dirección General de Geografía, establecida en 1968 y que estaba adscrita a la Secretaría de la Presidencia, la Dirección General de Política Informática y la Dirección General de Integración y Análisis de la Información.

Desde su fundación el Instituto ha venido contribuyendo de manera decisiva en la planeación, organización y sistematización de los procesos estadísticos e informáticos que le han permitido al Estado mexicano, sin duda, particularmente, mejorar la toma de decisiones en lo referente al crecimiento poblacional.

Después de más de 30 años de su creación, otros retos han surgido en la actualidad para el INEGI, pues los nuevos escenarios exigen también la elaboración de nuevas políticas públicas en lo referente a los procesos de crecimiento, migración urbana y rural, nacional e internacional.

El INEGI, entre otras tareas sustantivas, realiza censos económicos y agropecuarios, encuestas de ingreso, gasto en los hogares, ocupación y empleo, y de manera reciente la encuesta de seguridad pública. Con estos trabajos permite a los tomadores de decisiones contar con herramientas de información oficial y de uso obligatorio para todos los organismos del Estado mexicano, que le sirvan de base para la elaboración y aplicación de mejores políticas públicas.

A raíz de que el Poder Legislativo creó recientemente la nueva Ley de Migración, el impacto que esto tuvo en la Ley General de Población fue trascendente, pues se derogaron cerca de la mitad de los artículos que constituían esta ley, lo que obliga a la Comisión de Población la de Puntos Constitucionales, a la de Gobernación, Asuntos Migratorios y a la de Proceso Legislativos, iniciar una ruta legislativa que transforme, fortalezca y modernice la referida Ley General de Población.

Con este marco referencial llegamos hoy las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Población y Desarrollo, a dictaminar en pro las propuesta enviadas por el titular del Ejecutivo, para que de acuerdo con la ley, se lleven a cabo los nombramientos de los Vicepresidentes que a partir de la ratificación que esta Honorable Cámara de Senadores haga de los maestros en ciencias, Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela, para que ocupen los cargos y contribuyan al engrandecimiento de una institución tan noble, tan apreciada y tan reconocida, como es el INEGI.

Con esto el Senado de la República no sólo cumple con su obligación jurídica, sino también con un compromiso moral que tiene para fortalecer las instituciones de la República, nombrando a destacados mexicanos que con su trayectoria profesional, administrativa y académica se unen al trabajo y aportaciones que el INEGI hace a la vida económica, política, social y cultural del país.

A nombre de mi grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Comisión de Población y Desarrollo, agradezco el respaldo que ustedes puedan hoy brindar al dictamen que se presenta a esta Honorable Asamblea.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Hernández.

A nombre de la Comisión de Gobernación, se le concede el uso de la palabra a su Presidenta, la Senadora Cristina Díaz Salazar.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; compañeros Senadores:

Se presenta ante el Pleno el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Población y Desarrollo por el que se ratifica el nombramiento de los ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Sometemos a consideración de los señores integrantes de esta Honorable Cámara de Senadores la ratificación de los nombramientos ya señalados para integrar la Junta de Gobierno del Instituto.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía y Estadística tiene como objetivo prioritario realizar las acciones tendientes a lograr que la información de interés nacional se sujete a los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia, a fin de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad pertinente, veraz y oportuna que coadyuven al desarrollo nacional.

De conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, el ejercicio de las atribuciones del INEGI corresponde en el ámbito de sus respectivas competencias a una Junta de Gobierno y a un Presidente.

La Junta de Gobierno, órgano superior de dirección del INEGI, se integra por 5 miembros designados todos ellos por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Considerando que el periodo de José Antonio Mejía Guerra como miembro de la Junta de Gobierno del INEGI ha concluido, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado B del artículo 26 de la Constitución y del artículo 67 de la citada ley, al titular del Poder Ejecutivo Federal le corresponde presentar ante esta Soberanía la designación del ciudadano Rolando Ocampo Alcántar para ocupar el cargo descrito, desde la fecha de su aprobación y hasta el 31 de diciembre del año 2020.

En ese mismo acto, y debido a la renuncia de María del Rocío Ruiz Chávez como miembro de la Junta de Gobierno del INEGI, y con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado B del artículo 26 de la Constitución y de los artículos 67 y 71, tercer párrafo de la ley ya mencionada, se propone ante esta Soberanía la designación de Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno de dicho Instituto, desde la fecha de su aprobación y hasta el 31 de diciembre del año 2006.

Primero. Se somete a consideración la siguiente propuesta:

De conformidad con lo dispuesto en la Sección Tercera, Capítulo Segundo, Título Octavo y en el numeral 3 del artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones resultan competentes para dictaminar la ratificación de los nombramientos hechos por el Presidente de la República para ocupar los cargos de miembros descritos.

Segundo. A juicio de los miembros de las comisiones dictaminadoras, el ciudadano Rolando Ocampo Alcántar, cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo conferido y ser miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en virtud de su trayectoria y de contar con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones inherentes al mismo.

El ciudadano Rolando Ocampo Alcántar cuenta con la siguiente información académica y experiencia profesional:

Es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la Maestría en Estadística General en la Universidad Complutense de Madrid y la Maestría en Economía de la Educación y del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Su experiencia en el servicio público:

En el INEGI ocupó los cargos de Coordinador de Metodologías, Análisis y Procedimientos, en 1994. Subdirector de Encuestas en Establecimientos, en 1989 y Jefe del Departamento del Sector Comercial, en 1987.

Dentro de la Administración Pública Federal, ha sido Director General de Opinión Pública de la Presidencia de la República, 2001-2004, Subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, 2004-2005 y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, en 2006.

En dos ocasiones se desempeñó como Director General del Grupo de Asesores Unidos, empresa dedicada a la realización de estudios electorales de opinión pública y de mercado.

Tercero. En el mismo sentido, y a juicio de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, el ciudadano Félix Vélez Fernández Varela tiene la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo conferido y ser Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto.

En virtud de su trayectoria, cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones inherentes al cargo.

El ciudadano Félix Vélez Fernández Varela tiene la siguiente formación académica y experiencia profesional:

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Asuntos Públicos e Internacionales por la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, así como candidato a doctor en políticas públicas por la misma institución.

Su experiencia en el servicio público data de julio de 2008 a junio de 2012, y se desempeñó como Secretario General del Consejo Nacional de Población, CONAPO, perteneciente a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, en donde tuvo la oportunidad de desarrollar proyectos conjuntamente con el INEGI. De enero de 2006 a julio de 2008 se desarrolló como Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social.

Ha ocupado diversos cargos como Asesor Económico de la Presidencia del propio Instituto; Director General de Política y Planeación Agraria de la Secretaría de la Reforma Agraria; Asesor Económico de la Fundación “Rafael Preciado Hernández” y asesor de diversas dependencias de la administración pública.

Dentro del ámbito académico se ha desempeñado en el ITAM, como Director de la Maestría en Políticas Públicas y profesor de los departamentos académicos de economía, de ciencia política y de actuaría. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Demografía.

Además de haber llevado a cabo un examen valorativo previo a su ratificación sobre la idoneidad para el cargo a los que han sido nombrados los ciudadanos Ocampo Alcántar, Félix Hernández Varela, así como sobre su capacidad técnica, experiencia profesional y, desde luego, su conocimiento en la materia, se citó a comparecer el día 19 de marzo del 2013 en reunión extraordinaria ante las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Población y Desarrollo. Asimismo, esta reunión tuvo la finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y 242 y 255 del Reglamento del Senado.

Una vez concluida la comparecencia de los señores funcionarios, los integrantes de las comisiones, reunidos en Pleno, deliberaron a favor de proponer ante el Pleno del Senado de la República la ratificación, por unanimidad de votos, del nombramiento que presentara el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el ciudadano Rolando Ocampo Alcántar al cargo de miembro de la Junta de Gobierno desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de 2020, así como el ciudadano Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de 2016, ambos cargos ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por Acuerdo.

Primero. Se ratifica el nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del ciudadano Rolando Ocampo Alcántar, como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para ocupar el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Se ratifica el nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal, a favor del ciudadano Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para ocupar el cargo desde el día de su ratificación hasta el 31 de diciembre de 2016.

Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República, a los 19 días del mes de marzo de 2013”.

Gracias, señor Presidente. Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación emitida.



- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico de votación, se registraron 93 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifican los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Rolando Ocampo Alcántar, como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del ciudadano Félix Vélez Fernández Varela, como Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comuníquese.

En un salón adjunto a nuestro recinto se encuentran los ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela, por lo que solicito a las señoras y señores Senadores Lisbeth Hernández Lecona, María del Pilar Ortega Martínez, Adán Augusto López Hernández, Juan Gerardo Flores Ramírez y Miguel Romo Medina, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su toma de protesta.

(La comisión cumple)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

Ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los cargos que se les han conferido de miembro y Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, respectivamente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- Los CC. Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Muchas felicidades! A nombre del Senado de la República les deseo éxito en sus encargos.

Solicito a la comisión designada acompañe a los señores funcionarios cuando deseen retirarse del salón.

Continuamos con la sesión.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara “2013, año de Belisario Domínguez, de la libertad y la República”.




 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNION DECLARA: “2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPUBLICA”; CONMEMORATIVO DE LAS MUERTES DEL PRESIDENTE DON FRANCISCO I. MADERO, EL VICEPRESIDENTE JOSE MARIA PINO SUAREZ, LOS DIPUTADOS SERAPIO RENDON, GUSTAVO A. MADERO Y ADOLFO C. GURRION, ASI COMO DEL SENADOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, QUIENES OFRENDARON SU VIDA POR EL IDEAL DE UNA REPUBLICA LIBRE, JUSTA, SOCIAL, DEMOCRATICA Y CONSTITUCIONAL

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y
PRACTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, les fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República, minuta con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el año 2013, como “Año de la Libertad y la República”; conmemorativo del centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión; así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, quienes, con miles de mexicanos más, ofrendaron su vida por los ideales de una República Libre, Justa, Democrática y Constitucional.

Estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65, párrafo segundo; y 72, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a); 86; 89; 90, fracciones XIII y XXV; 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como, los diversos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135 numeral 1, fracción I, 150 numerales 1, 2 y 3; 182, numerales 1 y 2; 188, numeral 1; 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis de la minuta con proyecto de Decreto, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se deja constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, así como del recibo de turno para la elaboración del Dictamen de la referida minuta; y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo “OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcances de la minuta en relación con la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las comisiones unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la resolución de las Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 06 de febrero de 2013 y, en el marco de la sesión en Pleno de la Cámara de Diputados, los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Luis Alberto Villarreal García, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Silvano Aureoles Conejo, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Escobar y Vega, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; y la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentaron iniciativa con “proyecto de Decreto para que el año 2013, se declare como “Año de la Libertad y la República”, conmemorativo del centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suárez, del Senador Belisario Domínguez Palencia y de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión quienes, con miles de mexicanos más, ofrendaron la vida por los ideales de una República Libre, Justa, Democrática y Constitucional; y con este motivo, se realicen actividades cívicas, culturales y académicas en su honor.”

2. En la misma fecha de sesión de la Cámara de Diputados, la iniciativa en comento se consideró como de urgente resolución, por lo que se dispensaron todos los trámites y se sometió a votación del Pleno, aprobándose, de manera nominal, con 411 votos en pro y 10 abstenciones. En consecuencia, la Mesa Directiva instruyó el turno de la minuta a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

3. En sesión celebrada con fecha 07 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dio cuenta ante el Pleno, que se recibió de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se Declara al año 2013 como “Año de la Libertad y la República”.

4. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha minuta con proyecto de Decreto fuera turnada a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

5. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA

La minuta con proyecto de Decreto tiene por objeto aprobar, cuatro puntos resolutivos y un artículo “Unico” transitorio, en los términos siguientes:

“Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara el año de 2013, como el “Año de la Libertad y la República”, conmemorativo del centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como el senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron SU vida por el ideal de una República más libre, justa, social, democrática y constitucional.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del Estado, deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2013, Año de la Libertad y la República”.

Tercero. Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal realizarán las actividades cívicas, académicas y culturales que enaltezcan la gesta heroica de los mártires de 1913.

Cuarto. El Banco de México podrá emitir una serie de monedas conmemorativas con las efigies de los ilustres mártires de 1913, en su Centenario, con las efigies del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: “Ofrendó su vida por la Libertad y la República.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Por otro lado, y en razón de que la Colegisladora en uso de su facultad reglamentaria sometió, discutió y aprobó la Iniciativa objeto de la minuta, con el carácter de trámite de urgente resolución, obviando la presentación del dictamen respectivo de la Comisión ordinaria conducente; es menester de éstas Comisiones Unidas, y dada la relevancia y trascendencia de los propósitos que nos ocupan, destacar los motivos y alcances de la minuta en relación con la iniciativa suscrita por los diversos Coordinadores de los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

En ese tenor, la iniciativa en comento por el que se declara al año 2013, como “Año de la libertad y la República”, hace alusión a la especial significación que tendrá el año 2013, respecto a las efemérides del país, en la historia de México y del Congreso de la Unión, en virtud de que se conmemoran hechos fundamentales para el desarrollo institucional al cumplirse cien años de los trágicos acontecimientos en la historia nacional, que provocaron la muerte violenta de miles de mexicanos, entre los que figuraron, el Presidente y Vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suarez, respectivamente, así como los Diputados Federales Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, sin dejar de mencionar al Senador Belisario Domínguez Palencia, pilares fundamentales de la libertad, la justicia y la democracia en México, en una etapa histórica y crucial para el fortalecimiento de nuestras instituciones políticas, el Programa Social y el Estado de Derecho.

Asimismo los promoventes exponen y motivan su propuesta con base a sucesos y hechos históricos insignes de la Revolución Mexicana y que son dignos de destacar, como lo son “los trágicos acontecimientos de febrero de 1913, cuando se registró la tristemente célebre “Decena Trágica”, por la cual, las voces de los legisladores mártires se alzaron en el Congreso de la Unión para denunciar al usurpador, defender la autonomía del Poder Legislativo y exigir la renuncia de un Presidente ilegítimo, más aún cuando ese cargo fue producto de la traición y el asesinato”, esboza el documento.

En adición a lo anterior, los proponentes asumen como un hecho fundamental y que fue determinante para el movimiento político y social, “la denuncia de los hechos que realizara otro héroe legislador, el Diputado Eduardo Neri, y que en una acción represora del usurpador, éste disolvió el Congreso y arrestó a sus integrantes, lo que significó la ruptura del orden constitucional y el arranque definitivo de la Revolución Mexicana impulsada por el constitucionalismo… que culminaría en 1917”.

Por estas razones históricas, es que los iniciantes concluyen que “es indudable que los mártires de 1913, señaladamente el Presidente don Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como el Senador Belisario Domínguez Palencia, requieren ser honrados durante el año 2013, pues se cumplen cien años de los cruentos acontecimientos y reflejan su vigencia permanente como un legado de coherencia, honestidad, valor y dignidad en la lucha constante del pueblo en México por la libertad, la justicia, las aspiraciones sociales y la democracia en un marco siempre constitucional.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, coincidimos plenamente en la propuesta de la colegisladora de reconocer al año 2013, como el “Año de la Libertad y la República”; y de igual forma, hacemos nuestra la preocupación de los proponentes por dignificar el año 2013, con el propósito de conmemorar el centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suárez, los Diputados Federales Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, en virtud de que su vigencia histórica,significan un invaluable legado de coherencia, honestidad, valor y dignidad en su lucha inquebrantable por la libertad, la justicia, las aspiraciones sociales y la democracia en un marco siempre de constitucionalidad.

SEGUNDA.- Que del presente análisis esgrimido por estas Dictaminadoras, no se puede dejar al margen de tan loable reconocimiento, el hecho fundado del Senado de la República de declarar el año 2013, como el “Año de Belisario Domínguez”. Lo anterior a propósito del 150 aniversario de su natalicio y el centenario del fallecimiento de éste prócer de la patria, sin demérito de los demás precursores objeto de la conmemoración, a los que alude la Minuta.

TERCERA.- Que en tal virtud y al tratarse en ambos casos del episodio histórico vinculado a la gestación de la Revolución Mexicana y, específicamente, a los hechos que tienen lugar en el año 2013, las Dictaminadoras proponen modificar la propuesta de origen y adicionarla considerando lo dispuesto en el Primer Punto Resolutivo del Acuerdo del Senado de la República, de fecha 31 de octubre de 2012, de tal forma que el año 2013, sea reconocido conjuntamente como el “Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y la República”.

CUARTA.- Que apoyamos de manera unánime, la propuesta de destacar y resaltar la actitud de valentía y tenacidad que caracterizó al Dr. Belisario Domínguez, y que lo hizo ser parte de la historia como un legislador apasionado, liberal y ferviente convencido de la democracia, y con actitud de respeto irrestricto a las leyes.

No podemos dejar de recordar las frases contundentes y esperanzadoras que expresaba el Doctor Belisario Domínguez, entre ellas, se destaca la siguiente:

“El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional mexicano, y la Patria espera que la honréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por Primer Mandatario a un traidor y asesino.”

Asimismo reconocemos los principios, los logros y alcances así como la denodada valentía del Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, todos ellos figuras claves para entender el origen y génesis de la Revolución Mexicana.

QUINTA.-A un siglo del sacrificio político y social del Doctor Belisario Domínguez Palencia, del Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, es necesario que sean recordados y reconocidos por todos los mexicanos, como los hombres ilustres que se forjaron con la sangre del pueblo y con el firme espíritu de consolidar una nación de instituciones y de leyes al servicio de la patria y de su pueblo. Y qué mejor que desde la máxima expresión de la voluntad nacional y del pacto federal como lo constituyeel Congreso de la Unión a través de sus Cámaras, se promueva el enaltecimiento de tales figuras, a través de diversas acciones cívicas, académicas y culturales impulsadas por los tres órdenes de gobierno, a efecto de honrar la gesta heroica de los Mártires de 1913.

SEXTA.- Que si bien es cierto que desde el año 2006, el Constituyente Permanente tuvo a bien aprobar el Decreto mediante el cual, se declaró al año 2010 como "Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana", así como también es cierto que los Festejos Conmemorativos ya cumplieron su objeto durante tal fecha, éstas Comisiones Dictaminadoras consideran que la presente propuesta de Decreto no puede quedar aislada de aquélla solo en razón de fechas, al contrario, ambas se complementan en virtud de la imperiosa necesidad de conmemorar, por un lado, el legado independentista y, por el otro, el legado revolucionario que no se ha agotado y está hoy más vigente que nunca.

Por lo que ambas iniciativas impulsadas desde el Honorable Congreso de la Unión, parten de la gran tarea de contribuir a refrendar en las generaciones presentes y futuras, el sentido de identidad y pertenencia a nuestra patria, así como de ahondar entre los mexicanos, los ideales, las convicciones, las deliberaciones,los movimientos y compromisos realizados y refrendados por mujeres y hombres a lo largo de nuestra historia, tal y como en su momento lo hicieran éstos grandes hombres a quienes justamente queremos conmemorar.

En tanto, las bases fundamentales de “Libertad” y de “República”, acuñan elvalor social, político e histórico que tienen tanto la Independencia como la Revolución Mexicana en la configuración de nuestro régimen actual de Estado y de gobierno. Sin esos dos grandes referentes es imposible pensar un México de libertades, democrático y de justicia social.

SÉPTIMA.- Por otra parte, también en concordancia con la Minuta, consideramos de gran importancia, el propósito de expedir una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario Luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, así como también del 100 Aniversario luctuoso del Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y que, a la letra dice:

“Artículo 2º.- Las únicas monedas circulantes serán:

c) Las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en platino, en oro, en plata o en metales industriales, con los diámetros, leyes o composiciones metálicas, pesos, cuños y demás características que señalen los decretos relativos.”

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Los integrantes de estas comisiones que dictaminan, coincidimos en que ambas propuestas tanto como la contenida en la minuta de la Colegisladora, como la relativa al Acuerdo del Senado de la República del 31 de octubre de 2012, se declare: “2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPUBLICA”; y

SEGUNDA.- Que el objeto de la minuta en estudio así como sus modificaciones, ha sido considerado y valorado favorablemente por los miembros de estas Comisiones Unidas que dictaminan, en los términos acordados.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 72, primer párrafo, todos ellos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y demás atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- EL Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

PRIMERO.- El Honorable Congreso de la Unión declara: 2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPUBLICA”; conmemorativo de las muertes del Presidente Don Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el ideal de una República libre, justa, social, democrática y constitucional.

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del Estado, deberá contener al rubro o al calce, la siguiente leyenda 2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPUBLICA”.

TERCERO.- Los tres órdenes de gobiernos: Federal, Estatal y Municipal, realizarán actividades cívicas, académicas y culturales que tengan por objeto enaltecer la gesta heroica de los Mártires de 1913.

CUARTO.- Se autoriza la emisión de una moneda de cuño corriente conmemorativa a los ilustres Mártires de 1913 tratándose de su centenario, con las efigies del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: 2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPUBLICA”, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

VALOR NOMINAL: Veinte pesos

FORMA: Circular

DIÁMETRO: 32.0 mm (treinta y dos milímetros)

COMPOSICIÓN: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco milésimos)

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento en más o en menos.

c) Peso: 8.590g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en mas o en menos.

PESO TOTAL: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

LOS CUÑOS SERAN:

ANVERSO: El escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.

REVERSO: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo quintotransitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México a

CANTO: Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

SEGUNDO. Corresponderá al Banco de México realizar el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el punto “CUARTO” del presente Decreto, en un plazo no mayor a los 60 días naturales contados a partir a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, la moneda podrá comenzar a acuñarse a más tardar a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite del diseño señalado en el párrafo anterior del presente artículo.

TERCERO. Corresponderá a la Casa de Moneda de México, realizar los ajustes técnicos que se requieran observando, en todo momento, que éstos seanacordes con las características esenciales del motivo propuesto.

CUARTO. Corresponderá al Banco de México, cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual, derivado del diseño de acuñación de la moneda a que se refiere el presente decreto.

QUINTO. El año de acuñación a que se refieren los decretos que fijan las características de las monedas previstas en el artículo 2o. Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, será el que Banco de México indique en las correspondientes órdenes de acuñación que envíe a la Casa de Moneda de México.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de marzo de 2013”.

PROPUESTA DE MODIFICACION



Informo a la Asamblea que las comisiones entregaron una propuesta de modificación a este dictamen. La propuesta se aplicaría para modificar el resolutivo cuarto para señalar que el Banco de México podrá realizar la emisión de las monedas a que se refiere el proyecto y a hacer una adecuación de técnica, debido a que erróneamente se hace una remisión al artículo quinto que en realidad debe mencionarse como segundo.

Tanto el dictamen como la propuesta de modificación se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del referido dictamen.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan las adecuaciones contenidas en la propuesta de modificación y la discusión se realice con el ajuste correspondiente.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza la aplicación de lo que proponen las comisiones. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la adecuación, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen con las adecuaciones ya autorizadas por la Asamblea. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ivonne Alvarez García, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Ivonne Alvarez García: Con su permiso, señor Presidente; Honorable Asamblea:

En sesión celebrada el 7 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta ante el Pleno, que se recibió de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se declara al año 2013, como Año de la Libertad y la República, una vez remitida a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, se procedió a su estudio, análisis y valoración a efecto de elaborar el presente dictamen.

En ese tenor, la iniciativa en comento por la que se declara al año 2013, como Año de la Libertad y la República, hace alusión a la especial significación que tendrá el año 2013 respecto a las efemérides del país en la historia de México y del Congreso de la Unión, en virtud de que se conmemoran hechos fundamentales para el desarrollo institucional al cumplirse cien años de los trágicos acontecimientos en la historia nacional que provocaron la muerte violenta de miles de mexicanos, entre los que figuran el Presidente y Vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, respectivamente, así como los Diputados Federales Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo Gurrión, sin dejar de mencionar al Senador Belisario Domínguez Palencia, pilares fundamentales de la libertad, la justicia y la democracia en México, en una época histórica y crucial para el fortalecimiento de nuestras instituciones políticas, el programa social y el estado de derecho.

En estas consideraciones, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente en la propuesta de la Colegisladora de reconocer al año 2013, como el Año de la Libertad y la República, y de igual forma hacemos nuestra la preocupación de los ponentes por dignificar el año 2013, que del presente análisis, por estas dictaminadoras, no se puede dejar al margen de tan loable reconocimiento el hecho fundado del Senado de la República en declarar el año 2013, como el Año de Belisario Domínguez.

Lo anterior, a propósito del 150 aniversario de su natalicio y el centenario del fallecimiento de este prócer de la patria sin demérito de los demás precursores, objeto de la conmemoración a los que alude la minuta, que en tal virtud, y a tratarse en ambos casos del episodio histórico vinculado a la gestación de la República Mexicana, las dictaminadoras proponen modificar la propuesta de origen y adicionarla, considerando lo dispuesto en el primer punto resolutivo del Acuerdo del Senado de la República de fecha 31 de octubre de 2012. De tal forma que el año 2013 se ha reconocido conjuntamente como el Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República.

Por otra parte, también es concordante con la República, que consideramos de gran importancia el propósito de expedir una moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y 100 aniversario luctuoso del doctor Belisario Domínguez Palencia, así como también del 100 aniversario luctuoso del Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suárez, de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo Madero y Adolfo Gurrión, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:

Proyecto de Decreto

El Honorable Congreso de la Unión declara el año 2013, como Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República, conmemorativo de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suárez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo Madero y Adolfo Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el ideal de una República libre, justa, social, democrática y constitucional, que se autorice la emisión de una moneda de cuño corriente, conmemorativa a los ilustres mártires de 1913, tratándose de su centenario, con las efigies del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suárez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo Madero y Adolfo Gurrión, así como el Senador Belisario Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda “2013, Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República”, es por lo que les solicitamos, compañeras y compañeros Senadores, su voto a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ivonne Alvarez García.

Está a discusión en lo general este dictamen, y se han inscrito de manera oportuna los Senadores Benjamín Robles Montoya y Roberto Albores Gleason.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

Recordar al Senador Belisario Domínguez es celebrar la vida del gran ser humano y líder cuya aportación al México actual, y sobre todo al quehacer legislativo, va más allá del aspecto intelectual.

El doctor Belisario Domínguez fue un hombre que se creó en un ambiente de trabajo, lo que contribuyó a forjarse en él un carácter ordenado, moderado, firme y justo, características que lo acreditan como un visionario que luchó por un país justo para todos y cada uno de los mexicanos. Impulsó, diría yo, un México moderno, crítico y libre de toda clase de imposición. Un México con una sociedad generosa y equitativa.

A lo largo de su vida y trayectoria profesional afrontó momentos críticos y determinantes para el desarrollo de la República, criticó grupos e intereses mezquinos en plena efervescencia revolucionaria. Fue su perseverancia, tenacidad, constancia, disciplina en el trabajo y su admirable conducta, factores que se conjugaron en logros que aún ahora siguen firmes sirviendo como guía a las nuevas generaciones y como escudo, sobre todo, a quienes intentar extraviar el rumbo de la República.

Los que creemos en una República libre, democrática e igualitaria celebramos que uno de nuestros más grandes protagonistas de la vida parlamentaria de México sea reconocido en el presente dictamen, pues su gesta heroica se enarbola en los anhelos de la historia. Pocas figuras de nuestro pasado siguen siendo tan vigentes como él, tan vigentes como su ética, el carácter incorruptible, el respeto a la ley, la lealtad a la República, de protección a la soberanía nacional, de compromiso con los principios del Estado laico instruido por encima de las coyunturas políticas y económicas y de templanza ante la adversidad, valores y conductas con los que deseaba despertar la conciencia de la sociedad mexicana.

“Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponda, la Patria estaría salvada”, reza una de las célebres máximas de nuestra historia política, cuya autoría recae precisamente en Don Belisario Domínguez.

El poner en práctica en nuestra vida cotidiana la esencia de esta sentencia, conlleva al sano ejercicio de la tolerancia y la convivencia política. Como individuos debemos aterrizarla en aspectos prácticos de nuestras vidas, no hay mejor homenaje para el Senador Belisario Domínguez que la ejecución de su doctrina, no hay mejor homenaje que el hecho de que desde nuestros respectivos ejercicios en la sociedad, asumamos una actitud en rescate de la dignidad nacional.

Por ello, la obra del Senador Belisario Domínguez debe ser ampliamente difundida porque se funde en principios indestructibles, su doctrina pertenece al mundo como sinónimo de razón, justicia, progreso, libertad y dignidad como emblema de las aspiraciones más nobles de la humanidad.

Su doctrina resultará infructuosa cuando no la asumamos como propia, cuando ignoramos nuestra obligación de alcanzar tan nobles virtudes para lograr nuestras metas. Resulta infructuosa cuando cada uno de nosotros realiza sus tareas sin el ánimo de cumplirlas mejor, sin la voluntad de cambiar, sin el espíritu de abonar el progreso que necesita el país, sin reflexionar en el hecho y sacrificios para alcanzar el México que anhelamos.

El doctor y emérito Belisario Domínguez, a propósito del dictamen que se somete a discusión, debe ser amalgama que nos una como mexicanos para cultivar y cosechar en nosotros la honradez y el trabajo honesto.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, los conmino a que aprobemos el dictamen que se discute en sus términos, y que tal como lo hizo el Senador Belisario Domínguez, llevemos sus palabras a los hechos. Aún falta mucho que hacer.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Albores Gleason.

- El C. Senador Roberto Armando Albores Gleason: Con su permiso, señor Presidente; amigas y amigos Senadores:

Respiramos hoy aquí en la alta tribuna del Senado de la República la grandeza de nuestra historia, somos testigos afortunados del legado de un gran número de mujeres y hombres que con gran sentido patriótico, sacrificio y valentía, han aportado a la construcción permanente e inconclusa de un país libre, justo y democrático.

Don Belisario Domínguez Palencia, Senador chiapaneco, sin duda ha sido uno de ellos, su memoria y sus hechos son inspiración para todos nosotros, referente del país de la libertad, de la democracia, del equilibrio de poderes y de la justicia social que día a día los mexicanos construimos.

Las palabras y acciones de Don Belisario Domínguez, que le costaron la vida, fueron el inicio del derrocamiento de Victoriano Huerta, su aportación es de invaluables proporciones tanto históricas como morales, es denuncia valiente, pero también eje de acción, es terrible diagnóstico, pero también prospección de lucha en un país ávido de libertades y democracia.

La pregunta es obligada y hemos tenido oportunidad de hacerla en esta tribuna varias veces, ¿qué hubiera pasado en México sin la intervención valiente del doctor Belisario Domínguez en contra del gobierno huertista y del dictador?

Mientras otros callaron, el Senador chiapaneco mostraba que la nación es mucho más que nosotros como individuos y que los sacrificios, el mayor que es la vida, son indispensables en tiempos de sosiego e incertidumbre.

Don Belisario Domínguez es hito y parteaguas del México contemporáneo. Al mártir trágico, a su inteligencia, a su calidad humana, a sus valores incuestionables de libertad, de democracia y de bienestar social, México y los mexicanos debemos honrarlo permanentemente. Su legado trasciende ideologías, nos exhorta a lo importante y nos proyecta a construir la patria que merecemos mediante el diálogo y la construcción de acuerdos.

Es por ello que las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRI, nos congratulamos con el dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, a la minuta con proyecto de Decreto enviada por la Honorable Cámara de Diputados, por lo que el Congreso de la Unión declara el año de 2013, como el “Año de la Libertad y la República”, conmemorativo a diversos próceres de la República.

A partir del análisis esgrimido por las comisiones dictaminadoras, el citado dictamen enfatiza que no se puede dejar al margen de tan loable reconocimiento, el hecho fundamentado y aprobado por unanimidad en este Senado el pasado 19 de diciembre de 2012, de declarar el año 2013, como el “Año de Belisario Domínguez Palencia”, a propósito del 150 aniversario del natalicio y el centenario del fallecimiento de este gran prócer de la patria, sin demérito de los demás precursores objeto de la conmemoración, a los que alude la minuta.

Claro que hay que honrar a todos estos próceres, y siento que con este dictamen estamos honrándolos con nombre y apellido, estamos honrando para que más mexicanos conozcan lo que nos dejó los valores, la herencia del doctor Belisario Domínguez Palencia.

Tenemos, obviamente, que seguir honrando a más próceres, como se honró en el Bicentenario de la Revolución a Francisco I. Madero, como se honró a Pino Suárez, y hay que honrar a Rendón, a Gustavo A. Madero, a Gurrión, pero hay que ponerles nombre y apellido y por eso yo aplaudo que el dictamen diga: “Año Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República”.

Como Senador del estado de Chiapas, y Presidente de la Comisión de la Medalla “Belisario Domínguez”, el de la voz se congratula con este dictamen, y felicita a las Senadoras y los Senadores de las comisiones dictaminadoras que hoy nos lo presentan para su votación en el Pleno.

Compañeras y compañeros Senadores:

El Estado mexicano está obligado a rendirle el máximo tributo al Senador chiapaneco Belisario Domínguez Palencia y a los héroes de la República que nos legaron los principios democráticos de justicia y la libertad.

La aprobación del presente dictamen permitirá que el Honorable Congreso de la Unión declare el año 2013, como “Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y la República”.

Cito al trágico héroe. “¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? Corresponder a la confianza con que la patria la ha honrado, decir la verdad y no dejarla caer en el abismo que abre a sus pies.

Un supremo esfuerzo puede salvarlo todo, cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca”.

El Senado de la República, las Senadoras y los Senadores estamos comprometidos con el prócer de la libertad Don Belisario Domínguez.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Roberto Albores Gleason.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso y el permiso de la Asamblea y el de mi coordinador, el licenciado Manuel Bartlett.

La figura del doctor Belisario Domínguez Palencia, es una de esas figuras de la que todos los estados quisiéramos apropiarnos.

Quién no quisiera, por ejemplo, que ese ilustre mexicano hubiera nacido en Sinaloa, siendo sinaloense; en Veracruz, siendo veracruzano; o en Baja California, como es mi caso, siendo bajacaliforniano.

¿Por qué lo digo? Porque es uno de los legisladores que mayor consistencia mostró en el ejercicio de sus funciones.

En 1913, cuando todo era cabeza perdida en este país, cuando habían sido asesinados el Presidente Gustavo A. Madero, el Vicepresidente Pino Suárez, cuando los ojos asesinos del impostor Victoriano Huerta acosaban todos los sectores políticos, sociales y económicos de este país, hubo un comiteco, hubo un chiapaneco honrado, que habiendo sido ya alguna ocasión presidente municipal de su comunidad y habiendo sido electo, ironías de la vida, como Senador suplente, y había sido llamado a la titularidad tras la muerte del General Leopoldo Gout, que había sido en ese tiempo el titular de esa fórmula, nos da una lección de hombría y nos da una lección de coherencia.

Aquel discurso, que el 23 de septiembre de 1913 pronunció ante el Congreso Nacional el Senador Belisario Domínguez, es una de las piezas, no solamente de oratoria, mejor terminadas en la historia de las legislaciones mexicanas, sino que es uno de esos discursos que son lectura obligada de todo mexicano que se honre de serlo y que tenga por propósito el engrandecimiento de su patria.

Por ello, cuando ante las comisiones respectivas se nos presentó este proyecto, no tuvimos el menor inconveniente en votarlo. Por mi cuenta lo voté a través de la Comisión de Hacienda, derivado de la moneda que se va a acuñar para conmemorar este aniversario luctuoso del doctor Belisario Domínguez.

Hay que recordar algunas partes de aquel discurso histórico que indudablemente le costó la vida.

Aquel discurso se pronunció el 23 de septiembre de 1913, y en él llamó “Soldado sanguinario y feroz, que asesina sin escrúpulos y sin vacilaciones, al impostor Victoriano Huerta”.

Pero nos dejó un legado histórico que quisiera compartir con todos ustedes, queridos compañeros, con los cuales comparto el honor de este servicio público.

Así les dijo el doctor Belisario Domínguez a sus compañeros el 23 de septiembre de 1913:

“El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino”. Esto le costó la vida el 7 de octubre de 1913.

Fue secuestrado, privado de su libertad el doctor Belisario Domínguez.

Como primera muestra de la represión huertista, le cortaron la lengua, y posteriormente terminaron con su vida.

Por supuesto que los compañeros del Partido del Trabajo estamos de acuerdo en este dictamen, y no solamente que 1913, que fue el año en que lo asesinaron, y este 2013 sea el año en que lo honremos, sino que todos y cada uno de los años siguientes sea el ejemplo de este gran legislador, este gran mexicano, porque sin duda su nombre está inscrito con letras de oro.

Muchísimas gracias.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

Ojalá pueda aportar alguna reflexión de las brillantes palabras que ya fueron vertidas en relación a este tema.

Y es que el Congreso de México haga la declaratoria para que éste, ya empezado 2013, pueda ser el año del Senador de siempre, del héroe civil Belisario Domínguez, es sin duda una nota importante en el Congreso mexicano.

Y hablar de Belisario Domínguez, es hablar de la valentía en la defensa de la libertad de expresión.

Un Senador que se convirtió en el Senador de siempre en muy poco tiempo, en unos meses, en el desempeño de las funciones.

El fue Senador suplente del propietario chiapaneco Leopoldo Gout.

Al fallecer el también doctor Leopoldo Gout, asume las funciones Belisario Domínguez.

Y quiero aportar un dato que puede resultar interesante. Cuando en el mes de septiembre el dictador Victoriano Huerta tenía que rendir su primer y único informe de actividades, la Mesa Directiva del Senado de entonces le pide a Don Belisario Domínguez ser parte de la comisión de recepción del dictador Victoriano Huerta.

Se resiste Don Belisario Domínguez, pero acepta formar parte de esa comisión de recepción, y lo acepta para que la eventualidad de la vida ponga el escenario que va a provocar su muerte.

¿Qué va a provocar la decisión del dictador, para asesinarlo?

Cuando está desempeñando la función de la comisión de recepción, y llega la comisión al lugar donde el vehículo del dictador accede, baja Victoriano Huerta y se tropieza frente a Don Belisario Domínguez. Al tropezarse Victoriano Huerta, Don Belisario Domínguez da un paso atrás y le deja la mano extendida al dictador.

Fue cuando, se dice, que Victoriano Huerta toma la decisión de asesinar a Don Belisario Domínguez.

Es asesinado, como aquí se ha dicho, en el Panteón de Tlalnepantla.

Hay una noticia, no confirmada, de haberle mutilado la lengua.

Pero lo destacable es, el valor de un hombre que en unos meses de paso por el Senado, dejó inscrita su memoria, dejó inscrito su nombre, para convertirse en el Senador de siempre.

Por eso el grupo parlamentario del PRD apoyará este dictamen. Y se congratula con la decisión de la Cámara de Diputados, y hoy de la Cámara de Senadores, para declarar este año, como el “Año de Belisario Domínguez”.

Bienvenida esta propuesta. Nuestra felicitación a quienes hicieron posible que hoy estuviéramos votando este dictamen.

Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Barbosa Huerta.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación emitida.



- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico de votación, se registraron 95 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara: “2013, Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y la República”. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Orgánica del Congreso General; y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA   DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DE  LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA;
GOBERNACION;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, la minuta proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,  presentada por los Senadores Jesús Murillo Karam y Alejandro Zapata Perogordo, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, respectivamente.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 113, 114, 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en la siguiente:

I.- METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES”, se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el alcance de la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES”, en el apartado de “ANALISIS DE LA MINUTA”, las comisiones expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

II. ANTECEDENTES

1. El 15 de febrero de 2011, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, los Senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión Jesús Murillo Karam, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Alejandro Zapata Perogordo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la “iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”. Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, fracción 1, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, por conducto del Senador Vicepresidente Francisco Arroyo Vieyra, turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

3. El 22 de febrero, en atención a la petición del Senador Murillo Karam, Presidente de la Comisión de Gobernación, y con fundamento en el artículo 212 del Reglamento del Senado, la Mesa Directiva autorizó a las comisiones dictaminadoras la ampliación del plazo para la elaboración del dictamen sobre la iniciativa con proyecto de Decreto en cuestión. Posteriormente, la Mesa Directiva otorgó diversas ampliaciones a dicho plazo.

4. El 22 de septiembre de 2011, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, el Senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Tomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la “iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”. Lo anterior en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción 1 y 164 del Reglamento del Senado de la República.

5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, por conducto del Senador Vicepresidente Ricardo Francisco García Cervantes, turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

6. El 11 de octubre de 2011, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, se discutió y aprobó en lo general el “Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Estudios Legislativos, Segunda a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.”.

7. El 13 de octubre de 2011, en sesión ordinaria del Pleno, quedó aprobado en lo general y en lo particular dicho proyecto de Decreto. Con base en el artículo 220 del Reglamento del Senado, la Mesa Directiva, por conducto del Senador Vicepresidente Ricardo Francisco García Cervantes, remitió el expediente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

8. El 18 de octubre de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió el expediente con la minuta proyecto de Decreto enviada por la Cámara de Senadores. En esa misma fecha lo turnó a la Comisión de Justicia para dictamen y a las Comisiones de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

9. El 1 de febrero de 2012, el Presidente de la Comisión de Justicia, el Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, con fundamento en el artículo 182, numeral 1 y 185, numeral 1, solicitó a la Mesa Directiva se le otorgara prórroga por 200 días para realizar el Dictamen correspondiente.
10. El 9 de febrero, la Mesa Directiva autorizó dicha prórroga.

11. El 14 de mayo de 2012, la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió un oficio del Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua por el que envió el Acuerdo No. 447/2012 II P.O. de ese Congreso por el que se exhortaba a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que diera celeridad al proceso de Dictamen de la Minuta proyecto de Decreto en comento. La Mesa Directiva hizo el trámite correspondiente.

12. El 13 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió un oficio del Senador Vicepresidente José Rosas Aispuro Torres por el que remitió la solicitud de la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados emitiera a la brevedad el Dictamen correspondiente. La Mesa Directiva turnó el oficio a la Comisión de Justicia para su atención.

13. El 31 de enero de 2013, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó la “Opinión del Impacto Presupuestario que emite la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a la minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”. Dicha Opinión fue remitida a la Comisión de Justicia. Esta, a su vez, la envió a la Mesa Directiva para los efectos parlamentarios conducentes.

14. El 5 de febrero de 2013, la Comisión de Justicia, en sesión ordinaria, aprobó en lo general el “Dictamen de la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.”.

15. El 7 de febrero, la Diputada Presidenta de la Comisión de Justicia, Claudia Delgadillo González, remitió al Presidente de la Mesa Directiva el Dictamen aprobado en Comisión. De igual forma, solicitó su publicación en la Gaceta Parlamentaria para su Declaratoria de Publicidad y que las reservas de los Diputados fueran consideradas para la discusión en lo particular que tuviera lugar en el Pleno.

16. El 12 de febrero de 2013, en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó en lo general y en lo particular el “Proyecto de Decreto que Expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de reforma y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”.

17. El mismo día la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por conducto de la Diputada Secretaria Tanya Rellstab Carreto, devolvió a la Cámara de Senadores el expediente con la minuta proyecto de Decreto en cuestión para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.

18. Con fecha de 19 de marzo de 2013, en reunión de Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, se discutió y aprobó el presente Dictamen.

III.- CONSIDERACIONES

a. Contenido general del proyecto.

El proyecto que se plantea consiste en una reforma integral al juicio de amparo derivado de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y que entró en vigor el 4 de octubre de ese mismo año, de conformidad con los Artículos Primero y Segundo Transitorios del citado Decreto de reforma; asimismo, resulta necesario precisar que la legislación secundaria debió expedirse dentro de los 120 días siguientes al 6 de junio de 2011.
En atención a tal mandato y al espíritu de la reforma constitucional antes citada, la legislación secundaria que ahora se presenta debe cumplir con un doble objetivo. Por un lado, debe modernizar y adecuar el juicio de amparo para que su tramitación no sólo sea más ágil y oportuna, sino para que se logre ampliar el ámbito de su protección y tutela para los gobernados, protegiendo, así,  intereses legítimos de las personas y otorgando la posibilidad de que haya declaratorias generales de inconstitucionalidad.

Por el otro lado, esta nueva Ley de Amparo pretende fortalecer las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, tanto en la atención prioritaria de los asuntos que le competen, así como el otorgamiento de atribuciones más expeditas para la integración de jurisprudencia y la resolución de contradicción de criterios, lo que abonará a una mayor seguridad jurídica en las decisiones del Máximo Tribunal.

Asimismo, el Proyecto plantea adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mismas que  permitirán que el juicio de amparo siga siendo el principal instrumento de defensa de derechos que tienen las personas para protegerse de los actos de las autoridades.

En específico, el proyecto que ahora se expone presenta una serie de modificaciones estructurales para dar cumplimiento a la reforma constitucional del 6 de junio de 2011. Estas fueron plasmadas en cinco títulos. El Título Primero “Reglas Generales”, constituido por once capítulos; el Título Segundo “De los Procedimientos de Amparo” integrado por dos capítulos; el Título Tercero “Cumplimiento y Ejecución” de siete capítulos; el Título Cuarto “Jurisprudencia y Declaración General de Inconstitucionalidad” con seis capítulos; el Título Quinto “Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos” integrado por tres capítulos.

Ahora bien, entre las principales modificaciones que integran este ordenamiento normativo se encuentran las siguientes:

1. Se faculta al Consejo de la Judicatura Federal para establecer Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada circuito.

2. Se desarrollan las disposiciones secundarias para que en los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se resuelvan de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal, así lo soliciten y siempre que la urgencia lo justifique, atendiendo al interés social o al orden público.

3. Se amplía sustancialmente la esfera de protección del juicio de amparo, ya que los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

4. Se especifica que los tribunales federales conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal y por controversias del orden mercantil, en este último caso, a elección del actor podrán conocer de ellas los tribunales del orden común.

5. Se determina con precisión la incompetencia de origen del juicio de amparo para conocer controversias en materia electoral.

6. Se incorpora la procedencia del juicio de amparo por violaciones a un interés legitimo, precisando que tendrá el carácter de agraviado en el juicio de amparo, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.
7. Se dota de efectos generales de las sentencias de amparo, estableciendo que la jurisprudencia en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, excepto en materia tributaria, tendrá efectos generales, para lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificará a la autoridad emisora, y transcurrido un plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad.

8. Se legisla en el ámbito secundario que tratándose de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

9. También, se especifica que la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado.

10. Por lo que hace a la materia administrativa, el amparo, procederá además de los supuestos que se contemplan actualmente, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. No existirá obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución.

11. Por otra parte, en ésta nueva Ley de Amparo se establece que procede el recurso de revisión en el amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia.

12. Asimismo, con esta nueva ley, las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito serán resueltas por el pleno del circuito correspondiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá la contradicción de tesis que pudiera surgir entre los tribunales plenos de distintos circuitos, de plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o de los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.

13. Adicionalmente, se elimina el sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, y se hace más expedito y claro el procedimiento para el cumplimiento de ejecutorias de amparo, ya que si la autoridad incumple con la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento. Transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de Distrito.

Ahora bien, por lo que toca a las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta expresamente al Pleno de la Suprema Corte para resolver las solicitudes de atención prioritaria, asimismo se faculta al Ministro Presidente para atender dichas solicitudes y otorgar el trámite que corresponda.

En lo que atañe a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incorporan las declaratorias generales de inconstitucionalidad de normas generales derivadas de la jurisprudencia, así como las consecuencias del incumplimiento de tales declaraciones.
En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se faculta expresamente al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal a efecto de que pueda ejercer la facultad a que se refiere el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de asuntos ante la justicia federal.

En lo que corresponde a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a los Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores para que puedan solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de la representación legal que poseen de sus respectivas Cámaras, la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b. Análisis de la minuta enviada por la colegisladora.

Se observa que, en las adiciones realizadas por la Cámara de Diputados, se modificaron diversos supuestos y tópicos que no están contemplados en la Reforma Constitucional en materia de amparo, por ejemplo, el amparo agrario, plazos, forma de tramitación e inclusión de tramitación electrónica, así como diversos supuestos procesales, mismos que igualmente son procedentes y tienen como único objeto promover una modificación sistemática que permita una compresión clara tanto para los jueces de amparo como para los particulares.

Si bien la colegisladora realizó un número reducido de modificaciones, lo cierto es que, durante el proceso legislativo, además de acatar y dar cabal cumplimiento  a la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, se incorporaron nuevas reglas y procedimientos que abonan, no sólo a un nuevo juicio, sino a un marco jurídico más protector de los derechos de la ciudadanía. Por ello, estas Comisiones Unidas consideran que las modificaciones realizadas por la Colegisladora resultan oportunas y viables. Dichas modificaciones se presentan y analizan en el siguiente apartado.

c. Cambios realizados por la Cámara de Diputados.

Con el objetivo de lograr una ley más clara y precisa, con fundamento en lo dispuesto por el apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados realizó los siguientes cambios, a efecto de someterlos a la consideración del Senado de la República:

1.- Se eliminó, del cuarto párrafo del artículo 4ª la frase “valorará la pertinencia de la misma y, en su caso” para el efecto de que, una vez hecha la solicitud de resolver de manera prioritaria un amparo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la someta, sin más trámite, a consideración del Pleno, en los siguientes términos:

Artículo 4º. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley.

La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando:

I. Se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley.

II. Se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia.

III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico.
IV. En aquellos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes.

Recibida la solicitud, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la someterá a consideración del Pleno, que resolverá de forma definitiva por mayoría simple. La resolución incluirá las providencias que resulten necesarias, las que se notificarán, cuando proceda, al Consejo de la Judicatura Federal.

2.- Del artículo 6º, se sustituyó la última frase del primer párrafo del artículo, misma que a la letra señalaba “en que esta ley lo permita” por “en los casos previstos en esta ley”  a fin de lograr exactitud y claridad en la norma.

Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.

Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.

3.- Se agregó el adjetivo “legal” al término de representante utilizado en el artículo 16, a fin de establecer la calidad de representación con la que debe contar el quejoso o el tercero interesado al que se aduce en esta norma.

Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión.

Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate.

Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto.

4.- En el artículo 40 se realizó una adición a  efecto de que se incluyan y reconozcan, tanto a la Procuraduría General de la República como autoridad legitimada para solicitar y /o plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza la facultad de atracción en los casos de Amparo Directo que se sustancien ante los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, y que por su interés y trascendencia así lo ameriten, para quedar como sigue:

Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera oficiosa o a solicitud del Procurador General de la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la solicitud por el Procurador General de la República, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción de la solicitud;

II. Recibidos los autos se turnará el asunto al ministro que corresponda, para que dentro del plazo de quince días formule dictamen a efecto de resolver si se ejerce o no dicha facultad; y
III. Transcurrido el plazo anterior, el dictamen será discutido por el tribunal pleno o por la sala dentro de los tres días siguientes.

Si el pleno o la sala decide ejercer la facultad de atracción se avocará al conocimiento; en caso contrario, devolverá los autos al tribunal de origen.

5.- Se modificó el artículo 61, que establece las causas de improcedencia del juicio de amparo, en  el segundo párrafo de la fracción XVII, se sustituyó la frase “cerrada la instrucción” por “una vez concluida la etapa intermedia” a fin de señalar con precisión el periodo en el que operará la suspensión del acto reclamado.

Artículo 61.El juicio de amparo es improcedente:

I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;

6.- Se agregó, en el artículo 79, en el inciso b fracción tercera, la figura del adherente como uno de los supuestos en el que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, para quedar como sigue:

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

III. En materia penal:

a) En favor del inculpado o sentenciado; y

b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;

7.- En el estudio del artículo 97 de la Minuta del Senado, se observó un error involuntario en la secuencia de los incisos que establecen los supuestos jurídicos de procedencia del recurso de queja. De igual forma, se observó que, en el contenido del inciso b) de la Fracción primera del mismo numeral en estudio, que se incluyeron dos supuestos jurídicos totalmente distintos, que deben encontrarse por separado por su naturaleza jurídica y efectos en el juicio de origen. Por tanto, se modificó la fracción primera del artículo 97 y se insertó por orden de secuencia el inciso c); y a la vez, se incorporó en su contenido la segunda parte del inciso b), para quedar como sigue:

Artículo 97. El recurso de queja procede:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;

b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional;

c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;

8.- Se ajustó la redacción del artículo 110 para hacer referencia, no al recurso, sino al escrito de demanda, por efectos de terminología y hermenéutica jurídica, para quedar como sigue:

Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica.

El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio.

9.- Se ajustó la redacción del artículo 111 para precisar en qué casos expresamente procede la ampliación de la demanda de amparo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 111.Podrá ampliarse la demanda cuando:

I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;

II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial.

En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley.

En el caso de la fracción  II de este artículo, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.

10.- Se agregó, al artículo 129, por considerarse de interés social, que la suspensión al acto reclamado no pueda concederse cuando se trate de establecimientos con apuestas o sorteos, para quedar como sigue:

Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;

II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;


11.- En el artículo 153  de la Ley de Amparo del proyecto del Senado, se alude a los recursos de modificación y revocación como una posibilidad de impugnar la resolución interlocutoria que niegue la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo, estableciendo el numeral en estudio, que en caso de ser procedente el recurso los efectos se deberán retrotraer a la fecha de la sentencia. Al respecto resulta necesario aclarar que la figura de la modificación o revocación se tramiten por la vía incidental, en tanto que el recurso que prevé la propia ley en contra de la resolución que niega la suspensión definitiva es la revisión, de acuerdo con el artículo 81, fracción I, inciso b) de la propia Minuta del Senado, por lo que se corrige tal referencia, para quedar como sigue:

Artículo 153. La resolución en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aunque se interponga recurso de revisión; pero si con motivo del recurso se concede, sus efectos se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria correspondiente, siempre que la naturaleza del acto lo permita.

12.- Se precisa en el artículo 165,  en el supuesto de que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y éste se encuentre a disposición del ministerio público por cumplimiento de orden de detención, que los efectos de la suspensión surta efectos de inmediato y el quejoso sea puesto en libertad o consignado ante el Juez Penal en los plazos establecidos en el párrafo décimo del artículo 16 constitucional, en el siguiente sentido:

Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del ministerio público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente.

En cuanto a la modificación antes señalada, la intención de la Cámara revisora fue explicitar que la suspensión debe resolverse de forma inmediata y sin dilación alguna para, con ello, establecer congruencia entre la norma en cita y las reformas constitucionales en materia penal, de derechos humanos y de amparo. Es decir, la modificación no afecta la finalidad de la norma en sentido de que los actos que afecten la libertad personal sean resueltos a la mayor brevedad posible y, en cambio, otorga certeza al régimen de suspensión.

13.- Se modificó el artículo 166 para que sea acorde con el artículo 19 constitucional, que ya entró en vigor para algunas entidades federativas que han adoptado el sistema procesal penal acusatorio y que entrará en vigor para todas y para la Federación a más tardar el 18 de junio de 2016, reconociendo los casos en los que conforme a nuestra Norma Fundamental es procedente la prisión preventiva y por tanto la suspensión no podría tener el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, quedando en los siguientes términos:

Artículo 166.Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente:

I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.
Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo.

Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable.

14.- Dado que resulta necesario prever el régimen que será aplicable tratándose de la suspensión en materia penal a las jurisdicciones que aún no han adoptado el nuevo sistema de justicia penal, se incluyó  un segundo párrafo al artículo décimo transitorio en los términos siguientes:

DECIMO. Las referencias que la presente ley realice al concepto de “auto de vinculación a proceso” le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

“En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto”.

15.- Se modificó el artículo 205 ya que no resulta necesario incluir el concepto “hasta antes que se tenga por cumplida”, ya que resulta suficiente que se precise que el derecho a presentar la solicitud a la que hace referencia dicho artículo, se origina a  partir de la sentencia ejecutoriada, y se modificó en los siguientes términos:

Artículo. 205.-….

I…

II….

La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia.

16.- Se consideró procedente adicionar la materia agraria, para el efecto de que en los artículos 5º en su párrafo cuarto, 107 en su Fracción IV, 170 de su fracción primera y 172 se incorpore la posibilidad de las demandas de Amparo Directo e Indirecto se proceda en esta materia. Dichas adiciones son las siguientes:

Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo:

II. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

Artículo 107. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:

a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos.

b) Las leyes federales;

c) Las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

d) Las leyes de los estados y del Distrito Federal;

e) Los reglamentos federales;

f) Los reglamentos locales; y

g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general.

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:

11.- Se adicionó un Décimo Primero Transitorio, para el efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal expida el Reglamento a que hace referencia el artículo 3 del presente ordenamiento para la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica. Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictara los acuerdos generales a que refieren los artículos 41 Bis y Bis 1 del presente decreto, para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

Las disposiciones previstas en el presente Transitorio, deberán emitirse en un plazo de noventa días contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ARTICULO PRIMERO: Se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO
Reglas Generales

Capítulo I
Disposiciones Fundamentales

Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal,  que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley.

Artículo 2º. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta.  Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley.

A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho.

Artículo 3º. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. 

Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente.

Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna.

Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.

En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes.

El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso.

Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.

No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley.

Artículo 4º. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley.
La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando:

I. Se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley.

II. Se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia.

III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico.

IV. En aquellos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes.

Recibida la solicitud, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la someterá a consideración del Pleno, que resolverá de forma definitiva por mayoría simple. La resolución incluirá las providencias que resulten necesarias, las que se notificarán, cuando proceda, al Consejo de la Judicatura Federal.

Para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las previsiones a que hace referencia este artículo, deberán observarse los acuerdos generales que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Capítulo II
Capacidad y Personería

Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley.

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;

b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;

c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad;

d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el ministerio público;

e) El ministerio público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.

IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia.

Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia.

Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.

Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.

Artículo 7º. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.

Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes.

Artículo 8º. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo.  El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa.

Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda.

Artículo 9º. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos.
El Presidente de la República será representado en los términos que se señalen en el acuerdo general que expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer en el propio Consejero Jurídico, en el Procurador General de la República o en los secretarios de estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En el citado acuerdo general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos.

Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, procuradores General de la República y de las entidades federativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos.

Cuando el responsable sea una o varias personas particulares, en los términos establecidos en la presente ley, podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o por conducto de un apoderado.

Artículo 10º. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta ley.

En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Cuando se trate del ministerio público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior.

Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido.

En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada.

La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta.

Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero.

En las materias civiles, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 13. Cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, deberán designar entre ellos un representante, en su defecto, lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. Los terceros interesados podrán también nombrar representante común.
Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo, o bien en ese mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos pero con perjuicios análogos, provenientes de la misma autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la concentración de todos los procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda. Recibida la solicitud, el Consejo de la Judicatura Federal, en atención al interés social y al orden público, resolverá lo conducente y dictara las providencias que resulten necesarias.

Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente.

Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días.

Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión.

Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado.

Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.

Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos.

Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda.

Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona.

Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión.

Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate.

Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto.

Capítulo III
Plazos

Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;

II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;

III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.

Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.

Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.

Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido.

Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas.

Artículo 21. La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento.

La presentación de las demandas o las promociones de término en forma electrónica a través de la Firma Electrónica, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento.

Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente para el adecuado despacho de los asuntos.

Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.

Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva.

Artículo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica.

Capítulo IV
Notificaciones

Artículo 24. Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera de procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución.

El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta ley.

Cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con Firma Electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma.

Artículo 25. Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo Federal se entenderán con el titular de la Secretaría de Estado, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o de la Procuraduría General de la República, que deba representarlo en el juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo general al que hace referencia el artículo 9º de esta ley.

Las notificaciones a las entidades a que se hace referencia en el párrafo anterior deberán ser hechas por medio de oficio impreso dirigido al domicilio oficial que corresponda o en forma digital a través del uso de la Firma Electrónica.
Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán:

I. En forma personal:

a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones;

b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable;

c) Los requerimientos y prevenciones;

d) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de desistimiento;

e) Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional;

f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional;

g) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando sean dictadas fuera de la audiencia incidental;

h) La aclaración de sentencias ejecutorias;

i) La aclaración de las resoluciones que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva;

j) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta, y

k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten;

l) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos;

II. Por oficio:

a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo;

b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y

c) Al ministerio público de la federación en el caso de amparo contra normas generales.

III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y

IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica.

Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas:

I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio:

a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha;
b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y

c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente.

En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente;

II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar en que resida el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará por exhorto o despacho en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, los que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica. En el exhorto o despacho se requerirá que se señale domicilio en el lugar del juicio, con apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esta Ley.

Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce del juicio, pero en zona conurbada, podrá comisionar al notificador para que la realice en los términos de la fracción I de este artículo;

III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto:

a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista.

b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado.  Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen.

Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.

c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso.

Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, si no consta en autos el domicilio para oír notificaciones, ni se expresan estos datos en el escrito, continuará el juicio.

Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes:

I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.

Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha;
II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo, el que se agregará en autos.

En casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, pero en zona conurbada, podrá ordenarse que la notificación se haga por medio del actuario; y

III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo o del incidente de suspensión o de cualquier otro previsto por esta ley, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II de este artículo.

Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir, sin costo alguno, los oficios a que se refieren las anteriores fracciones.

Artículo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá:

I. El número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate;

II. El nombre del quejoso;

III. La autoridad responsable; y

IV. La síntesis de la resolución que se notifica.

El actuario asentará en el expediente la razón respectiva.

Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes:

I. A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, así como cualesquier otra que tuviere intervención en el juicio, la primera notificación deberá hacerse por oficio impreso, en los términos precisados en el artículo 28 de esta ley y excepcionalmente a través de oficio digitalizado mediante la utilización de Firma Electrónica.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior, cuando el domicilio se encuentre fuera del lugar del juicio, la primera notificación se hará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo por medio de oficio digitalizado, con la utilización de la Firma Electrónica.

En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos.

Las autoridades responsables que cuenten con Firma Electrónica están obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión en cuyo caso el plazo será de veinticuatro horas.

De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación y se dará por no cumplida por la autoridad responsable la resolución que contenga. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, asentará en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores.
En aquellos asuntos que por su especial naturaleza, las autoridades responsables consideren que pudiera alterarse su normal funcionamiento, éstas podrán solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta de los archivos contenidos en el sistema de información electrónica.

El auto que resuelva sobre la ampliación podrá ser recurrido a través del recurso de queja en los plazos y términos establecidos para las resoluciones a las que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso b) de esta ley, y

II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas.

De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores.

III. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso de inmediato, por cualquier otra vía, al órgano jurisdiccional que corresponda, el que comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes.

Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de operar el sistema enviará un reporte al o los órganos jurisdiccionales correspondientes en el que deberá señalar la causa y el tiempo de la interrupción del sistema,  para efectos del cómputo correspondiente.

El órgano jurisdiccional que corresponda deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, haciéndoles saber el tiempo de interrupción, desde su inicio hasta su restablecimiento, así como el momento en que reinicie el cómputo de los plazos correspondientes.

Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas:

I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas;

Cuando el oficio que contenga el auto o resolución que se debe notificar se envíe por correo y no se trate de la suspensión, en la fecha que conste en el acuse de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente;

II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los términos de la presente ley. Tratándose de aquellos usuarios que cuenten con Firma Electrónica, la notificación por lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refiere la fracción II del artículo 30, no hubieren generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos respectivos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente; y

III. Las realizadas por vía electrónica cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación.

Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico.
Artículo 32. Serán nulas las notificaciones que no se hicieren en la forma que establecen las disposiciones precedentes.

Capítulo V
Competencia

Sección Primera
Reglas de Competencia

Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo:

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;

II. Los tribunales colegiados de circuito;

III. Los tribunales unitarios de circuito;

IV. Los juzgados de distrito; y

V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta ley.

Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.

La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.

En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.

Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto.

También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo.

Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado.

Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.

Artículo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado.

En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca.

Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera oficiosa o a solicitud del Procurador General de la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la solicitud por el Procurador General de la República, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción de la solicitud;

II. Recibidos los autos se turnará el asunto al ministro que corresponda, para que dentro del plazo de quince días formule dictamen a efecto de resolver si se ejerce o no dicha facultad; y

III. Transcurrido el plazo anterior, el dictamen será discutido por el tribunal pleno o por la sala dentro de los tres días siguientes.

Si el pleno o la sala decide ejercer la facultad de atracción se avocará al conocimiento; en caso contrario, devolverá los autos al tribunal de origen.

Sección Segunda
Conflictos Competenciales

Artículo 41. Ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior.

Artículo 42. Luego que se suscite una cuestión de competencia, se suspenderá todo procedimiento con excepción del incidente de suspensión.

Artículo 43. Cuando alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga información de que otra sala está conociendo de cualquier asunto a que aquélla le corresponda, la requerirá para que cese en el conocimiento y le remita los autos.

Dentro del término de tres días, la sala requerida dictará resolución, y si estima que no es competente, remitirá los autos a la requirente. Si considera que es competente hará saber su resolución a la requirente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el tribunal pleno resuelva lo que proceda.

Cuando se turne a una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un asunto en materia de amparo y ésta estime que no es competente para conocer de él, así lo declarará y remitirá los autos a la que estime competente. Si esta última considera que tiene competencia, se avocará al conocimiento del asunto; en caso contrario, comunicará su resolución a la sala que se hubiese declarado incompetente y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el tribunal pleno resuelva lo procedente.

Artículo 44. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente tribunal colegiado de circuito.

Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien conoce de la revisión es un tribunal colegiado de circuito, declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento en la vía directa.
Artículo 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 49 de esta ley; si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad, en términos del artículo 48 de esta ley.

Artículo 46. Cuando un tribunal colegiado de circuito tenga información de que otro conoce de un asunto que a aquél le corresponda, lo requerirá para que le remita los autos. Si el requerido estima no ser competente deberá remitir los autos, dentro de los tres días siguientes a la recepción del requerimiento. Si considera que lo es, en igual plazo hará saber su resolución al requirente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo turnará a la sala que corresponda, para que dentro del plazo de ocho días resuelva lo que proceda.

Cuando el tribunal colegiado de circuito que conozca de un juicio o recurso estime carecer de competencia para conocer de ellos, lo declarará así y enviará dentro de los tres días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea.

Si éste acepta la competencia, se avocará al conocimiento; en caso contrario, dentro de los tres días siguientes comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dentro del plazo de ocho días resuelva lo que proceda.

Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.

El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito.

Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta ley.

Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.

Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior.

Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente.

Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.

Artículo 49. Cuando el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio.

Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos.

En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley.

Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio.

Artículo 50. Cuando alguna de las partes estime que un juez de distrito o tribunal unitario de circuito está conociendo de un juicio de amparo que debe tramitarse como directo, podrá ocurrir ante el tribunal colegiado de circuito que estime competente y exhibir copia de la demanda y de las constancias conducentes.

El presidente del tribunal colegiado pedirá informe al juez de distrito o tribunal unitario de circuito, que deberá rendirse en el plazo de veinticuatro horas, y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Capítulo VI
Impedimentos, Excusas y Recusaciones

Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:

I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo;

II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;
III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo;

IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación;

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;

VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento;

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y

VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.

Artículo 52. Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior.

Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos.

Artículo 53. El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento.

Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones:

I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su competencia;

II. La sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los asuntos de su competencia, así como en el supuesto del artículo 56 de esta ley; y

III. Los tribunales colegiados de circuito:

a) De uno de sus magistrados;

b) De dos o más magistrados de otro tribunal colegiado de circuito;

c) De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren en su circuito.

Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate.

Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda.

Las excusas se calificarán de plano.

Artículo 56. Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad.

Cuando se manifiesten impedidos dos o más ministros de una de las salas, se calificarán las excusas por otra sala. Si las admiten, se pedirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia la designación de los ministros que se requieran para que la primera pueda funcionar válidamente.
Artículo 57. Cuando uno de los integrantes de un tribunal colegiado de circuito se excuse o sea recusado, los restantes resolverán lo conducente.

En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal colegiado de circuito siguiente en orden del mismo circuito y especialidad y, de no haberlos, al del circuito más cercano.

Cuando la excusa o recusación se refiera a más de un magistrado, la resolución se hará en términos del párrafo anterior.

Si sólo es fundada la excusa o recusación de uno de los magistrados, el asunto se devolverá al tribunal de origen para que resuelva. Si fueren dos o más los magistrados que resulten impedidos, el propio tribunal que así lo decidió resolverá el asunto principal.

Artículo 58. Cuando se declare impedido a un juez de distrito o magistrado de tribunal unitario de circuito, conocerá del asunto otro del mismo distrito o circuito, según corresponda y, en su caso, especialización; en su defecto, conocerá el más próximo perteneciente al mismo circuito.

Artículo 59. En el escrito de recusación deberán manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan y exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada. De no cumplirse estos requisitos la recusación se desechará de plano, salvo que, por lo que hace al último de ellos, se alegue insolvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la multa o exentar de su exhibición.

Artículo 60. La recusación se presentará ante el servidor público a quien se estime impedido, el que lo comunicará al órgano que deba calificarla. Este, en su caso, la admitirá y solicitará informe al servidor público requerido, el que deberá rendirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación.

Si el servidor público admite la causa de recusación, se declarará fundada; si la negare, se señalará día y hora para que dentro de los tres días siguientes se celebre la audiencia en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas de las partes y se dictará resolución.

En caso de no rendirse el informe a que se refiere el párrafo primero, se declarará fundada la causa de recusación, en cuyo caso se devolverá al promovente la garantía exhibida.

Si se declara infundada la recusación el servidor público seguirá conociendo del asunto.

Si el órgano que deba calificar la recusación la hubiere negado y ésta se comprobase, quedará sujeto a la responsabilidad que corresponda conforme a esta ley.

Capítulo VII
Improcedencia

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

V. Contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza.
VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;

VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;

VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;

X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;

XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;

XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral;

XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;
XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;

XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Se exceptúa de lo anterior:

a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;

b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;

c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.

Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.

XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;

XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.
XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;

XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.

Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

Capítulo VIII
Sobreseimiento

Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio;

No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio.

II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó.

III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;

IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.

Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.

Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización.

Capítulo IX
Incidentes

Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia.
Artículo 67. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento.

Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente.

Sección Primera
Nulidad de Notificaciones

Artículo 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan.

Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento.

Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano.

Artículo 69. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada.

Sección Segunda
Reposición de Constancias de Autos

Artículo 70. El incidente de reposición de constancias de autos se tramitará a petición de parte o de oficio, en ambos casos, se certificará su preexistencia y falta posterior. Este incidente no será procedente si el expediente electrónico a que hace referencia el artículo 3º de esta ley permanece sin alteración alguna, siendo únicamente necesario, en tal caso, que el órgano jurisdiccional realice la copia impresa y certificada de dicho expediente digital.

Artículo 71. El órgano jurisdiccional requerirá a las partes para que dentro del plazo de cinco días, aporten las copias de las constancias y documentos relativos al expediente que obren en su poder. En caso necesario, este plazo podrá ampliarse por otros cinco días.

El juzgador está facultado para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios de prueba admisibles en el juicio de amparo y ley supletoria.

Artículo 72. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, se citará a las partes a una audiencia que se celebrará dentro de los tres días siguientes, en la que se hará relación de las constancias que se hayan recabado, se oirán los alegatos y se dictará la resolución que corresponda.

Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen, sin perjuicio de las sanciones penales que ello implique.

Capítulo X
Sentencias

Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.
El Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados internacionales y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán a que se refiere el artículo 184 de esta Ley.

Cuando proceda hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad se aplicarán las disposiciones del Título Cuarto de esta ley.

En amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una norma general, se hará únicamente en la parte considerativa de la sentencia.

Artículo 74. La sentencia debe contener:

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios;

III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;

IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;

V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y

VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa.

El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma.

Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable.

El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.

Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.
Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales.

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia.

En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.

Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional.

Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso.

El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado.

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes;

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;

III. En materia penal:

a) En favor del inculpado o sentenciado; y

b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;
IV. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la ley; y

b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios.

En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios.

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo, y

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1º de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada.

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales solo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.

Capítulo XI
Medios de Impugnación

Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad.

Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen en ellos podrán ser presentados en forma impresa o electrónicamente. Los requisitos relativos al acompañamiento de copias o de presentación de cualquier tipo de constancias impresas a los que se refiera el presente capítulo, no serán exigidos a las partes que hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3º de esta ley, en el entendido de que, cuando así sea necesario, tales requisitos serán cumplimentados por esa misma vía.

Para el caso de que los recursos se presenten de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma.

Sección Primera
Recurso de Revisión

Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:

a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental;

b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente;
c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos;

d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y

e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia.

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

Artículo 82. La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

Artículo 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine.

Artículo 84. Son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno.

Artículo 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que un amparo en revisión, por sus características especiales deba ser de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 40 de esta ley.

El tribunal colegiado del conocimiento podrá solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejercite la facultad de atracción, para lo cual expresará las razones en que funde su petición y remitirá los autos originales a ésta, quien dentro de los treinta días siguientes al recibo de los autos originales, resolverá si ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos del párrafo anterior.

Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.

La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación.

Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación.

Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada.

Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia.

En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma impresa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes. Esta exigencia no será necesaria en los casos que el recurso se presente en forma electrónica.

Cuando no se haga la transcripción a que se refiere el párrafo primero o no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que en el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, se trate de menores o de incapaces, o se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes.

Artículo 89. Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de agravios, el órgano jurisdiccional por conducto del cual se hubiere presentado los distribuirá entre las partes y dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remitirá el original del escrito de agravios y el cuaderno principal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al tribunal colegiado de circuito, según corresponda. Para el caso de que el recurso se hubiere presentado de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma.

Artículo 90. Tratándose de resoluciones relativas a la suspensión definitiva, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, quedando su duplicado ante el órgano jurisdiccional en contra de cuya resolución se interpuso el recurso. Tratándose del interpuesto por la vía electrónica, se enviará el expediente electrónico.

Artículo 91. El presidente del órgano jurisdiccional, según corresponda, dentro de los tres siguientes días a su recepción calificará la procedencia del recurso y lo  admitirá o desechará.

Artículo 92. Notificadas las partes del auto de admisión, transcurrido el plazo para adherirse a la revisión y, en su caso, tramitada ésta, se turnará de inmediato el expediente al ministro o magistrado que corresponda. La resolución  deberá dictarse dentro del plazo máximo de noventa días.

Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.

Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada;

II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; si son fundados se revocará la resolución recurrida;

III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia;

IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento;

V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda;

VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo; y

VII. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquéllas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional.

Artículo 94. En la revisión adhesiva el estudio de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior.

Artículo 95. Cuando en la revisión concurran materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia y de un tribunal colegiado de circuito, se estará a lo establecido en los acuerdos generales del Pleno de la propia Corte.

Artículo 96. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma general impugnada, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Sección Segunda
Recurso de Queja

Artículo 97. El recurso de queja procede:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;

b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional;

c) Las que Rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;

d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado;

e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;

f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios;
g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y

h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo.

II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos:

a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente;

b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;

c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y

d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados.

Artículo 98. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:

I. De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional, y

II. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo.

Artículo 99. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

En el caso de que se trate de actos de la autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio.

Artículo 100. En el escrito de queja se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida.

En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma impresa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes, señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso. Esta exigencia no será necesaria en los casos que el recurso se presente en forma electrónica.

Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior se requerirá al recurrente para que en el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se trate de actos restrictivos de la libertad o que afecten intereses de menores o incapaces o de trabajadores o derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes.

Artículo 101. El órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver. Transcurrido el plazo, enviará el escrito del recurso, copia de la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estime pertinentes. Para el caso de que el recurso se hubiere interpuesto por la vía electrónica, se enviará el expediente electrónico.

En los supuestos del artículo 97, fracción I, inciso b) de esta ley, el órgano jurisdiccional notificará a las partes y de inmediato remitirá al que corresponda, copia de la resolución, el informe materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes.
Cuando se trate de actos de la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional requerirá a dicha autoridad, el informe materia de la queja, en su caso la resolución impugnada, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes.

La falta o deficiencia de los informes establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos.

Recibidas las constancias, se dictará resolución dentro de los cuarenta días siguientes, o dentro de las cuarenta y ocho horas en los casos del artículo 97, fracción I, inciso b) de esta ley.

Artículo 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia.

Artículo 103. En caso de resultar fundado el recurso se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento. En este caso, quedará sin efecto la resolución recurrida y se ordenará al que la hubiere emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos concretos a que deba sujetarse su cumplimiento.

Sección Tercera
Recurso de Reclamación

Artículo 104. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito.

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

Artículo 105. El órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de diez días; el ponente será un ministro o magistrado distinto de su presidente.

Artículo 106. La reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiere emitido a dictar el que corresponda.

Título Segundo
De los Procedimientos de Amparo

Capítulo I
El Amparo Indirecto

Sección Primera
Procedencia y Demanda

Artículo 107. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:

a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos.
b) Las leyes federales;

c) Las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

d) Las leyes de los estados y del Distrito Federal;

e) Los reglamentos federales;

f) Los reglamentos locales; y

g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general.

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.

En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;

VII. Contra las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, y

VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.

Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:

I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;

II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;

III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.

IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;

VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1° de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame;

VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y

VIII. Los conceptos de violación.

Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese:

I. El acto reclamado;

II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible;

III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y

IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso.

En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica.

Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica.

El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio.

Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:

I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;

II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley.

En el caso de la fracción  II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.

Sección Segunda
Substanciación

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato.

Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.

Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:

I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;

II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;

III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;

IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y

V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.

Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada.

En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura.

Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión.

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días.
Artículo 116. Al pedirse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al requerir el informe previo.

Al tercero interesado se le entregará copia de la demanda al notificársele del juicio. Si reside fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo se le notificará por medio de exhorto o despacho que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica o, en caso de residir en zona conurbada, podrá hacerse por conducto del actuario.

Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.

Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.

Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de esta ley.

En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.

En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes.

No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.

Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional.

Artículo 118. En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia o por los Plenos de Circuito, el informe con justificación se reducirá a tres días improrrogables, y la celebración de la audiencia se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda.

Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa.

La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.

Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.

Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.

El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia.

Artículo 120. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que deberá hacer dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba.

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el órgano jurisdiccional de amparo deberá excusarse de dictaminar cuando exista alguna de las causas de impedimento a que se refiere el artículo 51 de esta ley. Al aceptar su nombramiento manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis de esos impedimentos.

Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al ministerio público de la federación.

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes.
Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia.

Artículo 123. Las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquéllas que a juicio del órgano jurisdiccional puedan recibirse con anterioridad o las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce del amparo, vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal, que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica.

Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.

En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.

Sección Tercera
Suspensión del Acto Reclamado

Primera Parte
Reglas Generales

Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso.

Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.

Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos:

I. Extradición; y

II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado.

Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el quejoso;

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y

La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.

Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;

II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;

III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;

V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;

VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;

VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;

VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;

IX. Se impida el pago de alimentos;

X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;

XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad.

XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión.

XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.

Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.

En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.

Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.

Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado  que guardaban antes de la violación.

Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía.

Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá:

I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;

II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y

III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito.

Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos:

I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal;

II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y
III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía.

Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido.

Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional.

Artículo 137. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta ley exige.

Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:

I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.

Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con  perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.

Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional.

Artículo 140. En el informe previo la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga   a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes.

Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia.

En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones.

Artículo 141. Cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo, y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de los medios a que se refiere el artículo anterior, se celebrará la audiencia incidental respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas. La resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes.

Artículo 142. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.

Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su publicación, únicamente rendirán el informe previo cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne por vicios propios.

La falta del informe previo de las autoridades legislativas, además de lo señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna.

Artículo 143. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.

En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial. Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de esta ley, será admisible la prueba testimonial.

Para efectos de este artículo, no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal.

Artículo 144. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta.

Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión.

Artículo 146. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener:

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

II. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;

III. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión.

IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión. Si se concede, deberán precisarse los efectos para su estricto cumplimiento.

Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.
Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.

Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso.

En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.

Artículo 149. Cuando por mandato expreso de una norma general o de alguna autoridad, un particular tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto o, en su caso, que tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional.

Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

Artículo 151. Cuando se promueva el amparo contra actos o resoluciones dictadas en un procedimiento de remate de inmuebles, la suspensión permitirá el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración  y la entrega de los bienes al adjudicatario.

Tratándose de bienes muebles, el efecto de la suspensión será el de impedir su entrega material al adjudicatario.

Artículo 152. Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

Artículo 153. La resolución en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aunque se interponga recurso de revisión; pero si con motivo del recurso se concede, sus efectos se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria correspondiente, siempre que la naturaleza del acto lo permita.

Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión.

Artículo 155. Cuando se interponga recurso contra resoluciones dictadas en el incidente de suspensión, se remitirá el original al tribunal colegiado de circuito competente y se dejará el duplicado en poder del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sin perjuicio de que se siga actuando en el duplicado.

Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio.  De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente.

Artículo 157. En lo conducente, se aplicará al auto que resuelve sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que decide sobre la suspensión definitiva.

Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento.

Segunda Parte
En Materia Penal

Artículo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas:

I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución;

II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del ministerio público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y

III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea lo conducente, con plena jurisdicción.

En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia procederá conforme lo establecido por el artículo 15 de esta ley.

Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo.

Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal.

Artículo 161. Cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que éste no se lleve a cabo.

Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida.

De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso.

Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento.

Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del ministerio público.

Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad.

Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del ministerio público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente.

Cuando el quejoso se encuentre a disposición del ministerio público por haber sido detenido en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición.

En cualquier caso distinto de los anteriores en los que el ministerio público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado a su juez.

Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente:

I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.

Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo.

Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable.
Artículo 167. La libertad otorgada al quejoso con motivo de una resolución suspensional podrá ser revocada cuando éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas por el órgano jurisdiccional de amparo o derivadas del procedimiento penal respectivo.

Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes.

Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta:

I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute;

II. Las características personales y situación económica del quejoso; y

III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia.

No se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de esta ley.

Artículo 169. Cuando haya temor fundado de que la autoridad responsable trate de burlar la orden de libertad del quejoso o de ocultarlo, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacerlo comparecer ante él a través de los medios que estime pertinente o trasladarse al lugar de su detención para ponerlo en libertad.  Para tal efecto las autoridades civiles y militares estarán obligadas a brindar el auxilio necesario al órgano jurisdiccional de amparo.

Capítulo II
El Amparo Directo

Sección Primera
Procedencia

Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional.
II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.

En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.

Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:

I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;

II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate;

III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;

IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;

V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley;

VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;

VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos;

IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión;

X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello;

XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y

XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.

Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:

I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante o se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley;

II. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta al juez que deba intervenir;

III. Intervenga en el juicio un juez que haya conocido del caso previamente;

IV. Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca la ley;

V. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral;

VI. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones;

VII. El juzgador reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra;

VIII. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;

IX. El imputado no sea informado, desde el momento de su detención, en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el juez, de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten;

X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;

XI. El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo cuando se trate de los casos de excepción precisados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XII. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo;

XIII. No se respete al imputado el derecho a contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso;

XIV. En caso de que el imputado no hable o entienda suficientemente el idioma español o sea sordo o mudo y no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas indígenas no se les proporcione un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura;

XV. No se cite al imputado para las diligencias que tenga derecho a presenciar o se haga en forma contraria a la ley, siempre que por ello no comparezca, no se le admita en el acto de la diligencia o se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga;
XVI. Debiendo ser juzgado por un jurado, no se integre en los términos previstos en la ley o se le juzgue por otro tribunal;

XVII. Se sometan a la decisión del jurado cuestiones de índole distinta a las señaladas por la ley;

XVIII. No se permita interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión;

XIX. Al dictarse una sentencia definitiva absolutoria o un auto que se refiera a la libertad del imputado no se hayan respetado, entre otros, los siguientes derechos de la víctima u ofendido del delito:

a) A qué se le proporcione asesoría jurídica y se le informe tanto de los derechos que le asisten como del desarrollo del procedimiento penal;

b) A coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente tanto en investigación como en el proceso y a que se le permita intervenir en el juicio;

c) Al resguardo de su identidad cuando sean menores de edad o por delitos de violación, secuestro, delincuencia organizada o trata de personas y cuando a juicio del juzgador sea necesaria su protección, salvo que tal circunstancia derive de la debida salvaguarda de los derechos de la defensa; y

d) A solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos.

XX. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad haya sido establecido expresamente por una norma general;

XXI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de vinculación a proceso, el quejoso hubiese sido sentenciado por diverso delito.

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de vinculación a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio;

XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo.

Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.

El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja.

Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

Sección Segunda
Demanda

Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán:

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;

II. El nombre y domicilio del tercero interesado;

III. La autoridad responsable;

IV. El acto reclamado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia;

V. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquélla en que hubiese tenido conocimiento del mismo;

VI. Los preceptos que, conforme a la fracción I del artículo 1° de esta ley, contengan los derechos humanos cuya violación se reclame; y

VII. Los conceptos de violación.

Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes.

La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta ley.

Artículo 177. Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá al promovente para que lo haga dentro del plazo de cinco días, a menos de que la demanda se haya presentado en forma electrónica. Transcurrido éste sin que se haya subsanado la omisión, remitirá la demanda con el informe relativo al tribunal colegiado de circuito, cuyo presidente la tendrá por no presentada. Si el presidente determina que no existe incumplimiento, o que éste no es imputable al quejoso, devolverá los autos a la autoridad responsable para que siga el trámite que corresponda.

La autoridad responsable, de oficio, mandará sacar las copias en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, o cuando la demanda sea presentada por vía electrónica.

Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá:

I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.

Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente;
II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y

III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión.

Sección Tercera
Substanciación

Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Artículo 180. Si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de esta ley, el presidente del tribunal colegiado de circuito señalará al promovente un plazo que no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa.

Si el quejoso no cumple el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable.

Artículo 181. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de quince días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo.

Artículo 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste.

El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes:

I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y

II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del inculpado.

Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga.
La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer.

El Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia.

Artículo 183. Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro de los tres días siguientes el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución, dentro de los noventa días siguientes. El auto de turno hace las veces de citación para sentencia.

Artículo 184. Las audiencias donde se discutan y resuelvan los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. La lista de los asuntos que deban verse en cada sesión se publicará en los estrados del tribunal cuando menos tres días antes de la celebración de ésta, sin contar el de la publicación ni el de la sesión.

Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen, salvo casos de excepción a juicio del órgano jurisdiccional. Si fueran aprobados se procederá a la firma del engrose dentro de los diez días siguientes.

De no ser aprobados, los asuntos sólo se podrán aplazar o retirar. En estos supuestos, se asentará a petición de quien y la causa que expuso. El asunto deberá listarse dentro de un plazo que no excederá de treinta días naturales.

Artículo 185. El día señalado para la sesión, que se celebrará con la presencia del secretario quien dará fe, el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de resolución; el presidente pondrá a discusión cada asunto; se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados, y, estando suficientemente debatido, se procederá a la votación; acto continuo, el presidente hará la declaración que corresponda y el secretario publicará la lista en los estrados del tribunal.

Artículo 186. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último caso, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de diez días siguientes al de la firma del engrose, voto en el que expresará cuando menos sucintamente las razones que lo fundamentan.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente.

Artículo 187. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión.

Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia.

En ambos casos el plazo para redactar la sentencia será de diez días, debiendo quedar en autos constancia del proyecto original.

Artículo 188. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de acuerdos.

Cuando por cualquier motivo cambiare el personal del tribunal que haya dictado una ejecutoria conforme a los artículos anteriores, antes de que haya podido ser firmada por los magistrados que la hubiesen dictado, si fue aprobado el proyecto del magistrado relator, la sentencia será autorizada válidamente por los magistrados que integran aquél, haciéndose constar las circunstancias que hubiesen concurrido.

Firmada la sentencia se notificará por lista a las partes.
En los casos en que proceda el recurso de revisión la notificación a las partes se hará en forma personal.

Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad responsable solo será notificada al proveerse la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o haya transcurrido el plazo para interponer el recurso.

Artículo 189. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias, se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso.

En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquéllas aún de oficio.

Sección Cuarta
Suspensión del Acto Reclamado

Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no  subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136,154 y 156 de esta ley.

Artículo 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable, la cual deberá ponerlo en libertad caucional si la solicita y ésta procede.

Título Tercero
Cumplimiento y Ejecución

Capítulo I
Cumplimiento e Inejecución

Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.

En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.

El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga.

Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo.

Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.

En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto.

Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.

El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos.

Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.

Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma.

La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo.

Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.

Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés.

Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.

La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.

Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente.

Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley.

Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo.

Artículo 198. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda.

Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolverá los autos al órgano judicial de amparo, a efecto de que desahogue el incidente a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 de esta Ley.

Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad.

Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria.

En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos del párrafo anterior.

Capítulo II
Repetición del Acto Reclamado

Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días.
Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley.

Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal.

Artículo 200. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a la brevedad posible, si existe o no repetición del acto reclamado.

En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante juez de distrito por el delito que corresponda.

Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial que los remitió.

Capítulo III
Recurso de Inconformidad

Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:

I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;

II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; o

III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado.

IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Artículo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.

La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma.

Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo.

Artículo 203. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el original del escrito, así como los autos del juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá allegándose los elementos que estime convenientes.

Capítulo IV
Incidente de Cumplimiento Sustituto

Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso.

Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que:

I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o

II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio.

La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia.

El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta ley.

Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y cuantía de la restitución.

Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria.  Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente.

Capítulo V
Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión

Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.

Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo.

Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo.

Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes:

I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas;

II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y

III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución.

Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al ministerio público de la federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta ley.

Capítulo VI
Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto.

I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido.

Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante.

El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga.

Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad.

II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el capítulo II del título tercero de esta ley.

El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo VII
Disposiciones Complementarias

Artículo 211. Lo dispuesto en este título debe entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga cumplir la sentencia de que se trate dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias. Si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario para que le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez de distrito se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla.

Para los efectos de esta disposición, el juez o servidor público designado podrá salir del lugar de su jurisdicción, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. En todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de amparo.
Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado; pero si se tratare de la libertad personal, la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda de inmediato, el órgano jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones, darán debido cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme a esta disposición.

Artículo 212. Si el pleno o la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concedió el amparo no obtuviere el cumplimiento material de la sentencia respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al órgano jurisdiccional que corresponda, los que se sujetarán a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueren aplicables.

Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente.

Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada.

Título Cuarto
Jurisprudencia y Declaratoria General de Inconstitucionalidad

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 215. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución.

Artículo 216. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito.

La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Plenos de Circuito.

Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Artículo 218. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, la cual deberá contener:

I. El título que identifique el tema que se trata;
II. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta;

III. Las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el criterio;

IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la identificación de ésta; y

V. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis.

Además de los elementos señalados en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, la jurisprudencia emitida por contradicción o sustitución deberá contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que contiendan en la contradicción o de la tesis que resulte sustituida, el órgano que las emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en que tales contradicciones o sustituciones se resuelvan.

Artículo 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito deberán remitir las tesis en el plazo de quince días a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia encargada del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación.

Artículo 220. En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento.

Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir, interrumpir o sustituir la jurisprudencia y los votos particulares. También se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes.

Artículo 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes.

Capítulo II
Jurisprudencia por Reiteración de Criterios

Artículo 222. La jurisprudencia por reiteración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos ocho votos.

Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos cuatro votos.

Artículo 224. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito deberán observarse los requisitos señalados en este capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime.

Capítulo III
Jurisprudencia por Contradicción de Tesis

Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia.

Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas;

II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito; y

III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente.

Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que los integran.

La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:

I. Las contradicciones a las que se refiere la fracción I del artículo anterior podrán ser denunciadas ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia por los ministros, los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, los jueces de distrito, el Procurador General de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron.

II. Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia por los ministros, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Procurador General de la República, los jueces de distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.

III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

Capítulo IV
Interrupción de la Jurisprudencia

Artículo 228. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa.

Artículo 229. Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se observarán las mismas reglas establecidas para su formación.

Capítulo V
Jurisprudencia por sustitución

Artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes reglas:

I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse.

Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá de las dos terceras partes de los magistrados que lo integran.
II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviarían los Plenos de Circuito al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes.

III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa petición de alguno de los ministros que las integran, y sólo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurisprudencia que haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviaría la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes.

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la jurisprudencia en términos de las fracciones II y III del presente artículo, se requerirá mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en sala.

Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta ley.

Capítulo VI
Declaratoria General de Inconstitucionalidad

Artículo 231. Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma.

Lo dispuesto en el presente capítulo no será aplicable a normas en materia tributaria.

Artículo 232. Cuando el pleno o las salas de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.

Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda.

Artículo 233. Los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán solicitar a ésta, por mayoría de sus integrantes, que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general.

Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá:

I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y

II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad.

Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 235. La declaratoria general de inconstitucionalidad se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de siete días hábiles.

Título Quinto
Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos

Capítulo I
Medidas Disciplinarias y de Apremio

Artículo 236. Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdiccionales de amparo mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, y previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias:

I. Multa; y

II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado.

Para estos efectos las autoridades policiacas, federales, estatales y municipales deberán prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo soliciten.

Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio:

I. Multa;

II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y

III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del ministerio público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el ministerio público de la federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República.

Capítulo II
Responsabilidades y Sanciones

Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo.

Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día.
Artículo 239. No se aplicarán las multas establecidas en esta ley cuando el quejoso impugne actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

Artículo 240. En el caso del artículo 11 de esta ley, si quien promueve no tiene la representación que afirma, se le impondrá multa de treinta a trescientos días.

Artículo 241. Tratándose de lo previsto en el artículo 14 de esta ley, si quien afirma ser defensor no lo demuestra, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días.

Artículo 242. En el caso del párrafo tercero del artículo 16 de esta ley, a la parte que teniendo conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado no lo comunique al órgano jurisdiccional de amparo, se le impondrá multa de cincuenta a quinientos días.

Artículo 243. En el caso de los artículos 20, párrafo segundo y 24 de esta ley, si los jefes o encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se niegan a recibir o transmitir los mensajes de referencia, se les impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 244. En el caso del artículo 27, fracción III, inciso b) de esta ley, a la autoridad responsable que no proporcione el domicilio del tercero interesado se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 245. En el caso del artículo 28 fracción I de esta ley, a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 246. En el caso del artículo 28, fracción II de esta Ley, si el encargado de la oficina pública de comunicaciones no envía el oficio de referencia, se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 247. En los casos de los artículos 32 y 68 de esta ley, al servidor público que de mala fe practique una notificación que sea declarada nula se le impondrá multa de treinta a trescientos días.

Artículo 248. Se impondrá multa de cincuenta a quinientos días a quien para dar competencia a un juez de distrito o tribunal unitario de circuito, de mala fe designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

Artículo 249. En los casos a que se refiere el artículo 49 de esta ley, si el juez de distrito o tribunal unitario de circuito no encontraren motivo fundado para la promoción de dos o más juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, impondrá al o los infractores multa de cincuenta a quinientos días, salvo que se trate de los casos mencionados en el artículo 15 de esta ley.

Artículo 250. Cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime una recusación advierta que existan elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se impondrá multa de treinta a trescientos días de salario.

Artículo 251. En el caso del artículo 64 de esta ley, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá multa de treinta a trescientos días.

Artículo 252. En el caso del párrafo tercero del artículo 68 de esta ley, cuando se promueva una nulidad que sea declarada notoriamente improcedente se impondrá multa de treinta a trescientos días.

Artículo 253. En el caso del párrafo segundo del artículo 72 de esta ley, al responsable de la pérdida de constancias se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 254. En el caso del artículo 121 de esta Ley, si la autoridad no expide con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes o los expide incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de cincuenta a quinientos días; si a pesar de la solicitud del órgano jurisdiccional de amparo no los remite, o los remite incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 255. En el caso del artículo 122 de esta ley, si el juez de distrito desechare la impugnación presentada, impondrá al promovente que actuó con mala fe multa de treinta a trescientos días.

Artículo 256. En el caso del artículo 145 de esta ley, si se acredita que la segunda suspensión se solicitó indebidamente y con mala fe, se impondrá multa de cincuenta a quinientos días.

Artículo 257. En el caso del artículo 191 de esta ley, si la autoridad responsable no decide sobre la suspensión en las condiciones señaladas, se impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días.

Artículo 259. En el caso de la fracción I de los artículos 236 y 237 de esta ley, las multas serán de cincuenta a mil días.

Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que:

I. No rinda el informe previo.

II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta ley;

III. No informe o no remita, en su caso, la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, la de presentación de la demanda y de los días inhábiles que mediaron entre uno y otro acto, y

IV. No trámite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta ley las constancias que le sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional.

Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma o en su publicación, únicamente rendirán el informe justificado cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne por vicios propios.

La falta del informe justificado de las autoridades legislativas, además de lo señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna. En la inteligencia que ello no impide al órgano jurisdiccional examinar los referidos actos, si advierte un motivo de inconstitucionalidad.

Capítulo III
Delitos

Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:

I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y

II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.

Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:

I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad;

II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo;

III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;

IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y

V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.

Artículo 263. Los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los estados y del Distrito Federal cuando actúen en auxilio de la justicia federal, los presidentes de las juntas y de los tribunales de conciliación y arbitraje, los magistrados de circuito y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son responsables en los juicios de amparo por los delitos y faltas que cometan en los términos que los definen y castigan el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como este capítulo.

Artículo 264. Al ministro, magistrado o juez que dolosamente hubiere negado la causa que funda la recusación y ésta se comprueba, se le impondrán pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación por un lapso de dos a seis años.

Artículo 265. Se impondrá pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente:

I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, si dichos actos no se ejecutan por causas ajenas a la intervención de los órganos jurisdiccionales mencionados, y

II. No concediere la suspensión, siendo notoria su procedencia.

Artículo 266. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a siete años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente:

I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y se lleva a efecto su ejecución; y

II. Ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las disposiciones aplicables de esta ley.

Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente:

I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir;

II. Repita el acto reclamado;

III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y

IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.

Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo.

Artículo 268. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión o multa de treinta a trescientos días y, en ambos casos, destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente aplique una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad.

Artículo 269. La pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de las sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento.

Artículo 270. Las multas a que se refiere este capítulo, son equivalentes a los días multa previstos en el Código Penal Federal.

Artículo 271. Cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado además de violar derechos humanos y garantías constituye delito, se pondrá el hecho en conocimiento del ministerio público que corresponda.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente ley.

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
CUARTO. A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de enero de 1936, incluidas las procesadas o sentenciadas, les serán aplicadas las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido.

QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución.

SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.

SEPTIMO. Para la integración de la jurisprudencia por reiteración de criterios a que se refiere la presente ley no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a la ley anterior.

OCTAVO. Las declaratorias generales de inconstitucionalidad no podrán ser hechas respecto de tesis aprobadas conforme a la ley anterior.

NOVENO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal en el ámbito de sus respectivas competencias podrán dictar las medidas necesarias para lograr el efectivo e inmediato cumplimiento de la presente ley.

DECIMO. Las referencias que la presente ley realice al concepto de “auto de vinculación a proceso” le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto.

DECIMO PRIMERO. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá el Reglamento a que hace referencia el artículo 3 del presente ordenamiento para la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica.

Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictara los acuerdos generales a que refieren los artículos 41 Bis y Bis 1 del presente decreto, para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 4, 10, 11, 14, 21, 37, 51, 52, 54, 55, 81 y 144; y se ADICIONA al artículo 10 una fracción XIII; al artículo 11 una fracción XXIII; al artículo 14 las fracciones XXII y XXIII; al artículo 37 un tercer párrafo en la fracción IX; un TITULO TERCERO BIS denominado “De los Plenos de Circuito” integrado por tres capítulos, conformados por los artículos 41 Bis, 41 Bis 1, 41 Bis 2, 41 Ter, 41 Quáter, 41 Quáter 1; al artículo 51 una fracción IV, al artículo 52 una fracción VI; al artículo 54 una fracción IV; al artículo 55 una fracción V; un artículo 55 Bis; y al artículo 81 una fracción IV Bis; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 4º. El Pleno se compondrá de once ministros, pero bastará la presencia de siete miembros para que pueda funcionar, con excepción de los casos previstos en los artículos 105, fracción I penúltimo párrafo y fracción II, y 107, fracción II párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se requerirá la presencia de al menos ocho ministros.

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. a III...

IV. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. a VII...

VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Electoral en los términos de los artículos 236 y 237 de esta ley, o por los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, por los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito y por los tribunales colegiados de circuito con diferente especialización, cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas;

IX a X...

XI. De los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XII. De cualquier otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, cuyo conocimiento no corresponda a las Salas, y

XIII. De las demás que expresamente le confieran las leyes.

Artículo 11...

I. a XVIII...

XIX. Reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación, sistematización y publicación de las ejecutorias, tesis y jurisprudencias, así como de las sentencias en contrario que las interrumpan o las resoluciones que las sustituyan; la estadística e informática de la Suprema Corte de Justicia; y el centro de documentación y análisis que comprenderá la biblioteca central, el archivo histórico, el archivo central y los archivos de los tribunales federales foráneos, compilación de leyes y el archivo de actas; y cuando lo estime conveniente podrá el Pleno convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de las publicaciones;

XX...
XXI. Dictar los reglamentos y acuerdos generales en las materias de su competencia;

XXII. Resolver, de forma definitiva e inatacable, las solicitudes a que se refiere el noveno párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos, y

XXIII. Las demás que determinen las leyes.

Artículo 14. Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia:

I. a XIX...

XX. Realizar todos los actos tendientes a dar trámite al procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad a que se refiere la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XXI. Atender la solicitud a que se refiere el noveno párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá someterla a consideración del Pleno para que resuelva de forma definitiva por mayoría simple;

XXII. Establecer las sanciones a que se refiere la fracción XVII del artículo 11 de esta ley, siempre que las promociones se hubieren hecho ante él, y

XXIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos interiores y acuerdos generales.

Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

I a III...

IV. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo;

V. a VII...

VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los tribunales colegiados de circuito con diferente especialización, para los efectos a que se refiere la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IX. a XI...

Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:

I...

II. Del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o por el superior del tribunal responsable en los casos a que se refiere el artículo 84 de la Ley de Amparo, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V....

VI....

VII. De los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten entre jueces de distrito, y en cualquier materia entre los magistrados de los tribunales de circuito, o las autoridades a que se refiere el artículo 54, fracción III de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos conocerá el tribunal colegiado de circuito más cercano.

Cuando la cuestión se suscitara respecto de un solo magistrado de circuito de amparo, conocerá su propio tribunal;

VIII. De los recursos de reclamación previstos en el artículo 104 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

IX...

...

Cualquiera de los magistrados integrantes de los tribunales colegiados de circuito podrán denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia y solicitar la sustitución de la jurisprudencia así como ante los Plenos de Circuito conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TITULO TERCERO BIS
DE LOS PLENOS DE CIRCUITO

CAPITULO I
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 41 Bis .- Los Plenos de Circuito son los órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se compondrán por los magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados del circuito respectivo o, en su caso, por sus presidentes, en los términos que establezcan los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, en los que además se establecerá el número, y en su caso especialización de los Plenos de Circuito, atendiendo a las circunstancias particulares de cada circuito judicial.

Artículo 41 Bis 1.- Los acuerdos generales a los que se refiere el artículo anterior deberán contener, entre otros aspectos, los siguientes:

a) Número de integrantes y quórum necesario para sesionar;

b) Los términos en que deberán emitirse las convocatorias ordinarias y extraordinarias, así como la forma o modalidad en que éstas podrán desarrollarse;

c) Mínimo de sesiones ordinarias;

d) Procedimiento y requisitos que deberán llenarse para la realización de sesiones extraordinarias;

e) El procedimiento y requisitos que deberán llenarse para la formulación y publicación de votos particulares minoritarios;

f) Los procedimientos para determinar la sustitución de sus integrantes en los casos de ausencias o impedimentos;

g) Las medidas y apoyos administrativos que en su caso se requieran para el adecuado funcionamiento de los Plenos de Circuito.

Artículo 41 Bis 2.- Las decisiones de los Plenos de Circuito se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. En las resoluciones que emita el Pleno de Circuito deberá obrar el nombre y la firma, así como el sentido del voto de los magistrados que hayan participado en la decisión de que se trate.

En caso de empate, el magistrado presidente del Pleno de Circuito tendrá voto de calidad.

CAPITULO II
DE SUS ATRIBUCIONES

Artículo 41 Ter. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los Plenos de Circuito para:

I. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer;

II. Denunciar ante el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, según la materia, las contradicciones de tesis de jurisprudencia en las que contienda alguna tesis sostenida por ese Pleno de Circuito;

III. Resolver las solicitudes de sustitución de jurisprudencia que reciban por parte de los tribunales colegiados del circuito correspondiente o de sus integrantes; y

IV. Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, conforme a los acuerdos generales que emita el Consejo de la Judicatura Federal, que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general.

CAPITULO III
DE SU PRESIDENTE

Artículo 41 Quáter.- Cada Pleno de Circuito tendrá a un magistrado presidente, quien será designado de manera rotativa conforme al decanato en el circuito, por período de un año. Para ser magistrado presidente del Pleno de Circuito se requiere poseer, al menos, antigüedad de un año en el circuito correspondiente.

Artículo 41 Quáter 1.- Son atribuciones de los magistrados presidentes de los Plenos de Circuito:

I. Llevar la representación y la correspondencia oficial del Pleno de Circuito;

II. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias en los términos establecidos en esta Ley y en los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal;

III. Dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia del Pleno de Circuito hasta ponerlos en estado de resolución;

IV. Dirigir los debates y conservar el orden durante las sesiones;

V. Las demás que establezcan las leyes y los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán:

I ...

II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito;
III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán:

I. a III...

IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente;

V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y

VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán:

I...

II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta ley, y

IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:

I a II...

III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial;

IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, y

V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 55 Bis.- Los jueces de distrito podrán denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como ante los Plenos de Circuito; conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:

I. a III. ...

IV...

IV Bis. Determinar la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito en los términos previstos en el Título Tercero Bis de esta Ley;

V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo;

VI. a XVII. ...

XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los de servicios al público. Para tal efecto, deberá emitir la regulación suficiente, por medio de reglas y acuerdos generales, para la presentación de escritos y la integración de expedientes en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información que utilicen la Firma Electrónica, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XIX. a XLII...

Artículo 144. ...

En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales.

ARTICULO TERCERO.- Se reforma el artículo 43 y se ADICIONAN un artículo 9 Bis; al artículo 47 un tercer párrafo; y al artículo 72 un segundo párrafo; todos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 9° Bis.- De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad sean substanciadas y resueltas de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley.

La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando:

I. Se trate de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad promovidas para la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley.

II. Se trate de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia.
III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico en dichas controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

IV. En aquéllos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes.

Recibida la solicitud, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la someterá a consideración del Pleno, que resolverá de forma definitiva por mayoría simple. La resolución incluirá las providencias que resulten necesarias.

Para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las previsiones a que hace referencia este artículo, deberán observarse los acuerdos generales que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales.

Artículo 47. ...

...

La persona que sin ser parte en la controversia constitucional respectiva, y que con posterioridad a que surtan los efectos de la declaración de invalidez de una norma general, se vea afectada con su aplicación, podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 72. ...

Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO CUARTO. Se reforma y se adiciona una fracción XII al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

I a IX...

X.- Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas;

XI.- Ejercer, cuando así se lo haya solicitado algún Secretario de Estado, y atendiendo a las leyes reglamentarias y a los acuerdos generales que al efecto emita el Presidente de la República, la facultad a que se refiere el noveno párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, y

XII.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

ARTICULO QUINTO.- Se reforma y se Adiciona una fracción q) al apartado 1 del artículo 23; se reforma y se adiciona una fracción n) al artículo 67; todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 23.

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:

a) a n). ...

o) Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios;

p)Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

q) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.

2...

3...

Artículo 67.

1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:

a) a k). ...

l) Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte;

m)Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

n) Las demás que le confieran esta Ley y el Reglamento.

ARTICULO SEXTO. Se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para quedar como sigue:

Artículo 6.- Son atribuciones indelegables del Procurador General de la República:

I. a III...

IV. Denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como ante los Plenos de Circuito; conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. a XII...

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, México, D.F., a 19 de marzo de 2013.

COMISION DE JUSTICIA
COMISION DE GOBERNACION
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que este asunto se desprende de un proyecto aprobado inicialmente por el Senado de la República y devuelto con modificaciones por la Colegisladora.

Este proyecto consta de seis artículos, el primero relativo a la Ley de Amparo, los artículos 2 al 6 reforman diversas leyes y ya tiene la aprobación de las dos Cámaras. Como lo permite el inciso e) del artículo 72 constitucional, solamente podremos discutir los siguientes artículos: 5º, 16, 40, 61, 74, 79, 97, 107, 110, 111, 129, 153, 165, 166, 170, 172, 201 y 205, asimismo, los transitorios Décimo y Décimo Primero relativos a la Ley de Amparo.

Asimismo, el transitorio final que dispone la entrada en vigor del Decreto, debido a que no han alcanzado la aprobación de las dos Cámaras. Todos los demás artículos de la Ley de Amparo y de las otras leyes que se modifican, han logrado ya la aprobación de las dos Cámaras y se mantienen en sus términos.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente.

Para fundamentar el dictamen que ha sido emitido por las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, no sin antes reconocer la valiosa contribución de las señoras y señores Senadores, los presidentes de estas comisiones, sus integrantes, en la conclusión del trámite legislativo de una ley que por mucho tiempo ha sido esperada, una ley a la cual nos obligaba una reforma constitucional en un plazo determinado y que hoy se convierte o está a punto de convertirse en una realidad.

La reforma constitucional del 6 de junio de 2011 partió de una preocupación compartida y generalizada, el juicio de amparo había dejado de ser una institución protectora y garantista, la que fue en sus inicios, y de cierta forma se había convertido en un juicio que propiciaba una aplicación formal, “egoísta”, de los derechos fundamentales.

Las palabras y los conceptos jurídicos plasmados en la Constitución encadenaban al juez y con ello a la propia justicia. En un esfuerzo mayúsculo la comunidad jurídica, después de muchos años, logró concertar una reforma constitucional, cuyo objetivo fue ampliar la protección constitucional de los ciudadanos.

Para lograrlo, entre otras modificaciones, el órgano reformador de la Constitución introdujo nuevos conceptos jurídicos y amplió los alcances de nuestra entrañable figura del amparo. Como consecuencia de esta reforma recayó en el Congreso de la Unión una inmensa responsabilidad, lograr articular una reglamentaria que no solo respetara y honrara a las modificaciones constitucionales, sino que también le diera nueva vida e impulso.

El proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo se presentó en esta Cámara de Senadores hace poco más de dos años, el 15 de febrero de 2011. Se empezó a discutir al mismo tiempo que se analizaban las reformas constitucionales ya mencionadas.

Después de extensos debates se logró aprobar el 13 de octubre de ese año, era entonces el turno de nuestra Colegisladora de deliberar. Fue hasta el 12 de febrero del año en curso que la Cámara de Diputados aprobó la minuta que hoy está a consideración de esta Asamblea.
Regresa esta ley para el propósito de analizar ocho modificaciones al cuerpo normativo y tres al cuerpo de los transitorios. Es la posibilidad también de aprobarla para ponerle fin a su trámite legislativo y enviarla al Ejecutivo para efectos de su promulgación y su publicación.

Hoy, las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, presentamos ante ustedes, compañeras y compañeros Senadores, el dictamen por el que se aprueban y se “allanan” a las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados y que da lugar a una nueva Ley de Amparo.

La pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es si la ley que está contenida en este dictamen cumple satisfactoriamente las expectativas y los retos planteados en la reforma constitucional de 2011.

A juicio de estas comisiones, la respuesta es afirmativa. La nueva Ley de Amparo, en consonancia con la reforma del 6 de junio de 2011, extiende la puerta de entrada a la justicia constitucional, especialmente con la introducción de tres conceptos que podemos considerar como conceptos abiertos.

Si bien estos ya están presentes en la jurisprudencia de la Corte Suprema de nuestro país, hoy se convierten en contenidos de nuestra propia legalidad, la ley los acoge y les da pleno reconocimiento, y me refiero a los conceptos de los derechos humanos, normas generales e interés legítimos como la nueva fisonomía del juicio de amparo.

El primer concepto modifica el tipo de derechos que pueden ser afectados por la autoridad y también tutelados por el propio juicio de amparo.

El segundo, el tipo de normas que están sujetas al control constitucional.

Y el tercero, abre la posibilidad a más personas para la legitimación de la interposición del juicio de amparo.

El concepto de derechos humanos, en consonancia con la reforma en esa materia, sustituye al concepto tradicional de las garantías individuales; y esto permite que se protejan no solamente los derechos consignados en la Constitución, sino también aquellos que se encuentran recogidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Lo anterior se traduce en que la esfera jurídica de los gobernados se introduce una “pleyada” muy importante de derechos, el patrimonio ético de la humanidad, labrado con mucho tesón a lo largo de nuestra historia.

El concepto de normas generales sustituye al de leyes respecto de las normas que pueden afectar a las personas y que pueden ser materia del control constitucional. De nuevo, este es un elemento cuya aparición no es novedosa, pues ya estaba presente en la jurisprudencia, sin embargo, hoy se encuentra explicitada en la Ley de Amparo, esto permite al juzgador mayores márgenes de certeza sobre la materia que está sujeta al control de constitucionalidad.

El concepto de interés legítimo viene a acompañar al antiguo concepto del interés jurídico, el cual se había identificado como derecho subjetivo que tiene cualquier persona para interponer el juicio de amparo y con ello obtener la protección de la justicia federal.

A través de este concepto las personas estarán legitimadas en interponer dicho juicio cuando se afecte su esfera jurídica, no solo de manera directa, sino también en virtud de su especial posición frente al ordenamiento jurídico.

Lo anterior amplía la protección constitucional, pero con esta nueva ley dicha protección se otorga sin necesidad de acreditar una determinada calidad frente a la materia en litigio, y eso me refiero también a la defensa de los derechos humanos que se logra a través de la facultad que se reconoce en esta ley de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de emitir con efectos generales declaratorias de inconstitucionalidad, es un elemento de la mayor importancia para el acceso efectivo a la justicia.
Pues bien, esto permitirá que mediante la expulsión del sistema de normas que habían sido tachadas por inconstitucional, después de la reiterada jurisprudencia de las salas o del pleno de la Suprema Corte, las personas ya no tengan que acudir de nueva cuenta a los tribunales para evitar que esa norma siga siendo aplicada, se rompe así las desventajas que se suscitaban entre ciudadanos que no tenían acceso pleno a la justicia para pedir el amparo y obtener la protección de la justicia federal.

Estos y otros cambios contemplan esta nueva Ley de Amparo que debe ser vista como el nuevo piso de nuestra justicia constitucional, pero también como el nuevo modelo de protección de los derechos de las personas y de los ciudadanos.

La introducción de los conceptos a los que he hecho referencia permitirá, por la apertura del contenido de sus propias circunstancias, que la discusión continúe, que deje los recintos parlamentarios con la aprobación que inmediatamente después de esta discusión se realizará para que esa discusión constitucional se resida en las cortes y, sobre todo, también en las universidades.

Ahora será el turno de los juzgadores y los gobernados de hacer que la ley que hoy proponemos tenga plena virtud aplicativa y, sobre todo, que sea una realidad en “perpetua” construcción.

Quienes le darán vida a esta ley, por tanto serán, no seremos más los legisladores que hoy concluimos nuestra intervención, por lo menos en este momento, será el Poder Judicial y los ciudadanos, los operadores jurídicos quienes se encargarán de darle vida a sus contenidos y de hacer de este texto realidad maleable que nos permita acercarnos a un mejor estado de protección de los derechos en nuestra democracia.

Las comisiones que hemos dictaminado esta ley, estamos convencidos de que la Ley de Amparo, que hoy concluirá su trámite legislativo, es una ley buena para México y, sobre todo, para los mexicanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Roberto Gil Zuarth.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; compañeros Senadores:

La Ley de Amparo significa para nuestra sociedad un avance histórico en cuanto a la protección de los derechos de las personas.

En ella se establece un nuevo universo de acción para garantizar el acceso a la justicia y la protección constitucional.

Hoy, el Senado de la República cumple su compromiso social y atiende el mandato del poder de reforma constitucional al aprobar de manera unánime en las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, las modificaciones propuestas por la Colegisladora, y por ello traemos ante este Pleno el dictamen aprobado para que el Senado cumplimente el proceso legislativo y envíe al Ejecutivo para su promulgación la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En síntesis, la nueva Ley de Amparo contiene, entre otras, las siguientes modificaciones:

Primero. Se desarrollarán las disposiciones secundarias para que en los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se resuelvan de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso o del Ejecutivo Federal así lo solicite y siempre que justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público.

Segundo. Se amplía sustancialmente la esfera de protección del juicio de amparo, ya que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Tercero. Se especifica que los tribunales federales conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal y por controversias de orden mercantil, y en este último caso, a elección del actor podrán conocer de ellas los tribunales de orden común.

Cuarto. Se incorpora la procedencia del juicio de amparo por violaciones a un interés legítimo, precisando que tendrá el carácter de agraviado en el juicio de amparo quien aduce ser titular de un derecho o de interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución.

Quinto. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos o de trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directo.

Sexto. Se implementan los efectos generales de las sentencias de amparo, estableciendo que la jurisprudencia en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general con la excepción en materia tributaria tendrá efectos generales.

Séptimo. Se legisla en el ámbito secundario que tratándose de amparo directo el tribunal colegiado de circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer, de aquellas que cuando proceda advierta en suplencia de la queja y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución, si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja y no podrá ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

Octavo. Por lo que hace en la materia administrativa, el amparo procederá, además de los supuestos que se contemplan actualmente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal.

Noveno. Por otra parte, en esta nueva Ley de Amparo se establece que procede el recurso de revisión en el amparo directo en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubiera sido planteada siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia.

Décimo. Asimismo, con esta nueva ley las contradicciones de tesis entre tribunales colegiados de un mismo circuito, serán resueltas por el pleno del circuito correspondiente.

Décimo Primero. Se elimina el sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia.

En cuanto a las reformas a la legislación concurrente se establecen las siguientes modificaciones:

A la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

A la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de incorporar las declaratorias generales de inconstitucionalidad de normas generales derivadas de la jurisprudencia, así como las consecuencias del incumplimiento de tales declaraciones.
A la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para facultar expresamente al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal a efecto de que pueda ejercer la facultad a que se refiere el artículo 94 de la Constitución, y solicitando al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de asuntos ante la justicia federal.

A la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores para que puedan solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la representación legal que poseen en sus respectivas Cámaras, la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en los términos señalados por el artículo 94 de la propia Constitución.

Cabe hacer mención que las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, referente a la suspensión en el artículo 165, las comisiones dictaminadoras llegamos a un acuerdo específico para transitar hacia su aprobación con la incorporación en el texto de las consideraciones del dictamen el siguiente párrafo, quedando en exposición de motivos.

En cuanto a la modificación antes señalada, la intención de la Cámara Revisora fue explicitar que la suspensión debe resolverse de forma inmediata y sin dilación alguna para con ello establecer congruencia entre la norma in cita y las reformas constitucionales en materia penal, de derechos humanos y de amparo.

Es decir, "la modificación no afecta la finalidad de la norma en sentido de que los actos que afecten la libertad personal sean resueltos a la mayor brevedad posible, y en cambio otorga certeza al régimen de la suspensión”.

En este sentido, y en atención a los cambios aprobados por las comisiones dictaminadoras y hechos por la Cámara de Diputados, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, proponemos ante el Pleno del Senado de la República su aprobación y suscripción en los términos del dictamen, por lo cual envío el más amplio reconocimiento a todos integrantes de estas comisiones y a sus presidentes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María Cristina Díaz Salazar.

Está a discusión el dictamen que se ha presentado, y se han inscrito oportunamente las siguientes Senadoras y Senadores: Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM; Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD; y Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI.

Se le concede el uso de la palabra, en primer término, a la Senadora Ninfa Salinas Sada.

- La C. Senadora Ninfa Salinas Sada: Con su venia, señor Presidente.

La Ley de Amparo, a lo largo de su historia, se ha constituido como el instrumento procesal de protección a los derechos constitucionales por excelencia para los habitantes de nuestro país.

El derecho internacional de protección a los derechos humanos en los últimos años ha avanzado notablemente, lo que se debe en gran medida al reconocimiento de la dignidad humana como su fundamento.

La dignidad de la persona, nos menciona el doctor Mauricio Beuchot, da al ser humano el derecho fundamental de realizar su finalidad. Es el derecho de alcanzar su propia esencia.

Alcanzar su propia esencia significa que el ser humano tiene derecho a perfeccionar su propio ser en los órdenes que lo constituyen. Por ejemplo, lo intelectual, lo volitivo y lo corporal.
Desde esta tribuna se ha mencionado en múltiples ocasiones que nuestro derecho mexicano, en reconocimiento al derecho internacional de los derechos humanos, se ha ido adaptando a la evolución que este ha mostrado.

Es preciso mencionar, por ejemplo, la reforma constitucional del año 2008, en materia de seguridad y justicia, que insertó criterios internacionales pro personas.

En este contexto resulta imperante, primero, modernizar el medio protector por excelencia de las garantías individuales, hoy llamadas derechos humanos.

Segundo.- Convertir a la dignidad humana también su fundamento y principal directriz.

Tercero.- Actualizar sus disposiciones a la norma vigente en lo concerniente al sistema de justicia penal de corte adversarial.

En general, era urgente modernizar la Ley de Amparo para garantizar su eficacia en una sociedad dinámica y cambiante.

Entre las principales modificaciones que provenían de la Cámara de Diputados, podemos destacar las siguientes:

Primero.- Se incluyen a casas de juego y sorteos para evitar que se les concedan la suspensión provisional del amparo.

Segundo.- Se incluyó que la tramitación de un amparo se podrá hacer por Internet y firma digital.

Tercero.- Se cambia el número de precedentes para cambiar jurisprudencias.

Cuarto.- Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se resuelven de manera prioritaria cuando algunas de las Cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal así lo solicite.

En estos caso, se debe de justificar la urgencia atendiendo el interés social o al orden público.

Quinto.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución.

Sexto.- Se contempla la defensa de los derechos establecidos en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte.

Séptimo.- Se especifica que los tribunales federales conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal y por controversias del orden mercantil. En este último caso a elección del actor podrán conocer de ellas los tribunales de orden común.

Octavo.- Se determina con precisión la incompetencia del origen de juicio de amparo para conocer controversias en materia electoral.

Noveno.- Se dota de efectos generales a las sentencias de amparo, estableciendo que la jurisprudencia en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, excepto en materia tributaria, tendrá efectos generales.

Para este propósito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuera aprobado por una mayoría de cuando menos 8 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad.

No es exagerado afirmar que la actual legislatura ha inaugurado una nueva etapa en la vida del Congreso de la Unión, una etapa caracterizada por una alta productividad, por el compromiso de todas las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos y por la aprobación de importantes reformas para la vida de nuestro país.

El dictamen que en este momento se discute es un claro ejemplo de ello. Después de un largo tránsito por el Congreso, de la realización de varios foros y reuniones de la participación de expertos litigantes y organizaciones sociales y de intensos debates, estamos en la posibilidad de cumplir con el mandato de la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, que ordena contar con una nueva ley reglamentaria en materia de amparo.

  Hoy, el Partido Verde Ecologista de México celebra con beneplácito a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, reconociendo la importancia principal del instrumento de protección del particular frente al poder público, que presentan este dictamen en sentido positivo.

Consideramos que de aprobar en el Pleno este dictamen, la nueva Ley de Amparo, tal como lo fue en su inicio, hace más de 165 años, se volverá a constituir en paradigma y referencia obligada en otras legislaciones a nivel internacional.

Respondamos a las necesidades colectivas, hagamos que la cohesión política dé como resultado la modernización y el fortalecimiento de un instrumento jurídico que además de atender las particularidades de nuestra sociedad mexicana, sea eficiente en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Derechos reconocidos no sólo en el ordenamiento nacional, sino aquellos contemplados en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano y siempre atendiendo a los principios de universalidad, igualdad, interdependencia, invisibilidad y progresividad.

Compañeros Senadores, los exhorto al consenso en la aprobación de este dictamen. Hagamos posible la plena justiciabilidad de todos los actos de autoridad, logremos que exista un control jurisdiccional, sobre todo los actos de autoridad.

En resumen, hagamos efectivo el estado de derecho y la protección de los derechos humanos, sólo así podremos tener un mejor juicio de amparo.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ninfa Salinas Sada.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente.

En nombre del grupo parlamentario del PRD en este Senado de la República, deseo comenzar mi intervención subrayando la relevancia histórica que implica la expedición de una nueva Ley de Amparo.

Con el dictamen que hoy discutimos, nos hemos propuesto reordenar una legislación que data, como aquí ya se ha dicho, de 1936, y que en sus más de 70 años de vigencia no había sido objeto de una reforma de la envergadura de la que estamos por aprobar.

Este proyecto de Ley de Amparo constituye no solamente una nueva generación de normas en materia de protección de los derechos y garantías consagradas en la Constitución Federal, sino también de protección efectiva de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.

Una nueva generación de disposiciones que surge a partir de un consenso sin precedentes en el Congreso de la Unión, consolidando así al Poder Legislativo como un espacio de discusión y debate, pero también de acuerdos en beneficio de nuestro país.

La Ley de Amparo es, a nuestro juicio, una legislación garante, propia de países progresistas y proviene de un amplio consenso no sólo político, sino social y académico.

 Estamos convencidos que lejos de lo que se ha especulado, esta ley no restringirá ningún derecho particular, colectivo o empresarial, por el contrario, será una herramienta efectiva que potencializará el control constitucional, privilegiando en todo momento la protección de los derechos de los gobernados y el interés público.

Algunos grupos sociales han manifestado incertidumbre en el sentido de que tal vez en esta nueva ley se vea mermada la protección legal y jurídica en la lucha o defensa de sus derechos. A ellos les decimos que los Senadores integrantes del grupo parlamentario del PRD de esta LXII Legislatura, no permitiríamos un retroceso que legalice la impunidad, el abuso de autoridad o las chicaneadas legales.

Se ha señalado también, señor Presidente, que las empresas pueden verse afectadas por disposiciones que contiene esta nueva Ley de Amparo, no es así, debemos decirlo con toda claridad, esta ley privilegia la condición humana, el libre y completo ejercicio de los derechos ciudadanos y personas morales, pero también debemos aclarar que a partir de este momento no se tolerará más el abuso, el coyotaje, los abogados leguleyos, todas esas prácticas jurídicas que se han aprovechado de las bondades que ofrece esta institución de salvaguarda, que es el amparo.

Vamos por la completa e imprescriptible defensa de los derechos humanos contra los actos de autoridad.

En el grupo parlamentario del PRD, tenemos la convicción de no quebrantar la buena fe y protección que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como legisladores de izquierda somos férreos defensores de ella y, por supuesto, de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.

Para finalizar mi intervención, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores, expreso que tenemos una ley de avanzada, digna de los mexicanos, nos sentiremos orgullosos de elegir y acrecentar las bondades del amparo.

Hoy los mexicanos tendremos la certeza de que en los tribunales se privilegiará la libertad, la legalidad y la seguridad jurídica, principios que deben prevalecer y respetarse en todo estado de derecho.

Esta nueva Ley de Amparo, es una ley garante y proteccionista que se adecua al nuevo paradigma constitucional, los Senadores estamos comprometidos en garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, fortaleciendo nuestra legislación para adaptarla a las circunstancias que exige el contexto social y mundial, y la expedición de esta nueva Ley de Amparo es una muestra de ello.

Por ello, deseo destacar la inclusión en la exposición de motivos de una explicación relativa, de contenido y alcances del primer párrafo del artículo 165 sobre el cual se generaron dudas acerca de la posibilidad de que la modificación hecha por la Colegisladora permitiría un prolongamiento indebido de la privación de libertad de una persona por parte del Ministerio Público.

No deberá ser así, quisiera reiterar que el propósito del primer párrafo de este artículo 165 es precisamente lo contrario, al establecer que la suspensión debe resolverse inmediatamente y sin dilación para evitar así retenciones indebidas.

Como verán, y con eso concluyo, la intención de los integrantes de las comisiones dictaminadoras al incorporar esta explicación a la exposición de motivos es fortalecer el principio de certeza jurídica en el juicio de amparo en materia penal, en particular en lo que se refiere a la suspensión del acto reclamado con pleno apego al artículo 16 constitucional.
México fue pionero en la defensa y protección de las garantías individuales contra actos de autoridades en el mundo, México legisló el amparo, debemos sentirnos orgullosos por este hecho y por ello no podemos retroceder.

Señor Presidente, el grupo parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

En el mes de junio de 2011, nuestro país dio un paso fundamental en la consolidación de un sistema de justicia protector de los derechos humanos y de las garantías individuales de toda persona, a través de sendas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, así como en materia de juicio de amparo.

Sin duda, estas dos reformas de gran calado en la esfera de protección de los derechos fundamentales de toda persona en contra de actos de cualquier autoridad que vulneren los derechos y garantías inherentes a la persona humana, constituye un hito en la historia de nuestro México contemporáneo.

Máxime cuando se ha venido estableciendo a nivel constitucional la procedencia del juicio de amparo por violaciones a derechos humanos plasmados en tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

De esta situación ha provocado que incluso la Suprema Corte de Justicia haya constituido la Décima Epoca en su historia, en pleno reconocimiento a las nuevas transformaciones de fondo que está sufriendo nuestro sistema jurídico mexicano que avanza cada vez más hacia un sistema más garantista y respetuoso de los derechos humanos consagrados a nivel internacional.

Cabe señalar que la propia reforma constitucional estableció un plazo de 120 días para que, a partir de su vigencia, se expidieran las reformas legales correspondientes a efecto de lograr a nivel legal las bases y principios establecidos por la reforma constitucional con respecto a la nueva concepción del juicio de amparo. De ahí la urgencia de la aprobación de esta ley fundamental.

Bajo este orden de ideas, la aprobación del presente dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la nueva Ley de Amparo, constituye un paso fundamental en la vida jurídica de nuestro país al materializarse a través de un ordenamiento legal, claro y preciso, la forma en cómo habrán de aplicarse las nuevas bases y principios que regirán el juicio de amparo bajo una óptica integral y protectora en todo momento de los derechos fundamentales de toda persona.

De esta forma, para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la aprobación de esta reforma es de toral importancia y trascendencia, ya que a través de ella estaremos avanzando en la consolidación de un adecuado estado democrático de derecho, que establezca de manera contundente un entramado jurídico que implique una barrera infranqueable de protección constitucional contra los abusos, excesos y actuaciones indebidas por parte de cualquier autoridad.

El día de hoy avanzaremos en la aprobación de una Ley de Amparo de avanzada, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos humanos y que a su vez fortalece al Poder Judicial de la Federación y consolida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional.

Entre las principales propuestas que podemos destacar de esta nueva ley, se encuentran las siguientes: se amplía el objeto de protección del amparo, ya que no sólo será objeto de las garantías individuales, sino también los derechos humanos previstos en los tratados internacionales que haya suscrito nuestro país.

Por otro lado, se amplían las autoridades para efectos del juicio de amparo, ya que se prevé que éste procederá no sólo en contra de las autoridades, sino también de particulares en funciones que ejerzan en calidad de autoridades.

Igualmente se replantean los actos de autoridad contra las cuales procede el juicio, ya que se podrán reclamar en amparo tanto actos positivos, como omisiones. Otro aspecto fundamental de esta nueva ley, es que se amplían los sujetos legitimados para promover el juicio en virtud de que se incluye la figura de interés legítimo para poder acudir al amparo desplazando las exigencias del interés jurídico para demostrar una afectación directa en algún derecho subjetivo.

También es de destacarse el replanteamiento del procedimiento de declaración general de inconstitucionalidad para que la sentencia pueda beneficiar a la generalidad y no sólo al promovente de la misma. Se fortalece, por otro lado, la figura de la suspensión al establecer la obligación al juez de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social al momento de decidir la misma.

Se crean los plenos de circuito encargados de resolver todas las contradicciones de criterios que surjan en el seno de un mismo circuito y de una misma especialidad. De igual forma, habrá también que destacar algunas adecuaciones realizadas por la Colegisladora, cuyos contenidos vienen a enriquecer el alcance de la presente ley, me refiero, por ejemplo, a la inclusión de la materia agraria en las demandas de amparo o al establecimiento de la Procuraduría General de la República como autoridad legitimada para solicitar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza la facultad de atracción en los casos de amparo directo, por citar sólo algunos.

En suma, con la aprobación de esta ley, como lo hará el grupo parlamentario del PAN a través de su voto a favor de la misma, estaremos contribuyendo en la construcción de un marco normativo que trascenderá más allá de nuestro ámbito nacional al inscribirse como un referente internacional que reivindica al Estado mexicano en su larga tradición jurídica en torno a una institución como el juicio de amparo, la cual ha sido precursora y referente obligado en diversas latitudes, no sólo de América Latina, sino de todo el mundo.

Es por ello que exhorto a todas y todos los legisladores a que aprobemos el presente dictamen y dotemos a nuestro país de un marco jurídico con plena vigencia en el siglo XXI.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Arely Gómez González: Acaso ya olvidamos el gran peso de la frase “La justicia de la Unión ampara y protege”.

Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores, mexicanas y mexicanos:

El Congreso de la Unión tiene una deuda muy grave con el sistema de justicia de México, la aprobación, en caso de que así lo hagamos, del dictamen de la minuta de la Ley de Amparo por el Senado de la República, es el último escalón de un largo proceso que comenzó en el año 2000 con un proyecto de ley que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora bien, esta nueva ley no es acerca de partidos políticos, ni de intereses particulares, se trata de que sumemos esfuerzos en pro de una causa común a México, la justicia. Esta ley no tiene paternidad, se tomaron en cuenta cientos de criterios judiciales y diversas reformas, sobre todo las reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos de junio de 2011.

De acuerdo con el Artículo Segundo Transitorio de estas reformas, el plazo para expedir esta nueva ley venció el 4 de octubre de 2011. Casi un año y medio después nos encontramos con la oportunidad de dotar al Poder Judicial de la Federación de uno de los instrumentos necesarios para una protección de derechos humanos que esté a la vanguardia.

En esta nueva ley, en la que se regula un juicio de amparo ordenado de una forma más lógica, se incluyen figuras tales como: la declaratoria general de inconstitucionalidad, la creación de los plenos de circuito, el interés legítimo, la eliminación de amparos para efectos, la inclusión del amparo adhesivo; además se contempla la utilización de innovaciones tecnológicas, la inclusión de la firma electrónica, un renovado sistema jurisprudencial, se elimina el sobreseimiento por inactividad y se incluye la posibilidad de solicitar la resolución urgente de asuntos relevantes para el país. Por estos y otros elementos se trata de la reforma más importante en la materia desde 1939.

Con base en mi experiencia en el Poder Judicial, soy consciente de la importancia de esta ley y de la imperiosa necesidad de su actualización. Es fundamental que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda declarar la inconstitucionalidad en normas generales, cuyos beneficios alcancen a toda la sociedad y no sólo a aquellos que cuentan con recursos para defenderse.

Ahora bien, nuestra labor no termina con la expedición de esta ley, como toda ley procesal su éxito se reflejará en su aplicación. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrenda su compromiso de estar al pendiente de las reformas o adiciones que se lleguen a necesitar con el único fin de maximizar la protección de los derechos humanos en nuestro país.

Un sincero reconocimiento a los presidentes de las Comisiones de Gobernación; de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda por este dictamen. La Ley de Amparo sirvió de ejemplo a muchos países, no lo debemos olvidar, devolvamos su grandeza y honremos la frase: “La justicia de la Unión ampara y protege”, consolidemos los derechos humanos como el eje central del sistema de justicia en México.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senadora Arely Gómez González.

Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, ¿para qué asunto su reserva?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) El primer párrafo del artículo 165, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tomamos nota de ello y, en consecuencia, procedemos a recoger la votación de los artículos no reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación.

Informo a ustedes que los artículos que hoy estaríamos votando serían el 5, 16, 40, 61, 74, 79, 97, 107, 110, 111, 129, 153, 166, 170, 172, 201 y 205, los Transitorios Décimo y Décimo Primero relativos a la Ley de Amparo y el transitorio final del proyecto de Decreto.

Queda reservado sólo el artículo 165, el cual ha hecho la reserva oportunamente el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Abrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos no reservados, de los cuales ya hemos dado cuenta de manera puntual.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 102 votos a favor y cero en contra.

 

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Quedan aprobados, en consecuencia, los artículos 5, 16, 40, 61, 74, 79, 97, 107, 110, 111, 129, 153, 166, 170, 172, 201 y 205 así como los Transitorios Décimo y Décimo Primero relativos a la Ley de Amparo, y el transitorio final del proyecto de Decreto, por lo que a continuación pasaríamos a la discusión sobre los artículos reservados.

 

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar una modificación al artículo 165 del proyecto de la Ley de Amparo.

 

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros Senadores:

 

Vengo a título personal, en mi carácter de Senador de la República, y también a nombre de los posibles afectados por este artículo en mi calidad de representante del pueblo.

 

Hay un estigma que no hemos podido quitar, y es obligación del Poder Legislativo que es el que hace las leyes, luchar para que este estigma no lo retome el pueblo.

 

El pueblo sigue sosteniendo que la justicia se compra y se vende. Por eso vengo a defender la posición que el Senado de la República le planteó a la Colegisladora, a la Cámara de Diputados.

 

El artículo 165, el Senado de la República lo propone de la siguiente manera:

 

“Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá inmediatamente”.

 

Y la Colegisladora nos dice:

 

“Que para este efecto se tendrán un término de 48 horas".

 

Desde mi punto de vista, el Senado de la República defiende los derechos humanos, defiende la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos, y en congruencia propone la redacción del artículo 165 de la citada ley; defiende la presunción de inocencia; defiende el derecho, el interés legítimo.

 

¿Por qué no estoy de acuerdo en la redacción como queda?

 

¿Qué puede pasar en un plazo de 48 horas? Cuando el juez ha otorgado ya la suspensión y el Ministerio Público va a determinar si lo deja o no en libertad al afectado en 48 horas.

 

El Ministerio Público en este país no tiene buena fama.

 

El Ministerio Público en este país está acusado en todos lados de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y no es extraño que la policía judicial, en un afán de arrancar una confesión para vincular, lleguen a la tortura, y en el peor de los casos, a las desapariciones forzadas.

 

El Senado de la República no puede, no debe dejar en estado de indefensión a los ciudadanos de este país, es una incongruencia lo que aquí se está planteando en este artículo.

Hemos escuchado que la Ley de Amparo respeta los tratados internacionales.

 

Yo les pregunto, sinceramente, compañeros Senadores, ¿la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando conozca el artículo 165, dará su aval?

 

¿Cuando la Organización de las Naciones Unidas conozca el artículo 165 de nuestra Ley de Amparo, dará su aval?

 

Evidentemente que no, compañeros.

 

El argumento. Si modificamos, entonces retardamos la aprobación de la ley, porque la tendríamos que regresar a la Cámara de Diputados.

En nombre de la justicia, el tiempo es lo de menos.

 

¿Cuántos afectados va a haber, una vez que se promulgue esta ley?

 

¿Cuántos abusos?

 

Por eso quiero fijar mi posición pública. Yo quiero dejar claro, en mi calidad de Senador, que no puedo aceptar este artículo. Y por eso estoy proponiendo la siguiente redacción:

Artículo 165, que es la misma que le plantee al Senado a su Colegisladora.

El artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá inmediatamente o en un plazo de 96 horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente.

 

Compañeros, les pido que reflexionemos el voto, y no por hacer las cosas aprisa, afectemos a posibles inocentes. Si lo hacemos, el pueblo de México seguirá pensando que la justicia se compra y se vende.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación que ha presentado el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, al artículo 165 del proyecto de la Ley de Amparo.

 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se desecha la propuesta. Pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en los términos del artículo 165 del dictamen que nos ocupa.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 165 del proyecto de Decreto. Está aprobado el Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva el dictamen, debidamente formulado, de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.





 

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Dictamen de primera lectura)



En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la primera lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la primera lectura del dictamen descrito. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la dispensa de lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Queda de primera lectura.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que se turnarán a comisiones directamente.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Informo a la Asamblea de los asuntos que se turnarán a comisiones:

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 76 y 89 constitucionales, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.


Y solicito a la comisión designada acompañe al señor Alejandro Rubido cuando desee retirarse del salón.

¡Felicidades!

(La comisión cumple)





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II DEL ARTICULO 76 Y III DEL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 y 164, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES II, DEL ARTICULO 76 Y III, DEL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro del sistema constitucional mexicano, se encuentran dispositivos referentes a la atribución exclusiva del Senado de la República para ratificar los nombramientos de los Empleados Superiores de Hacienda, efectuados por el Presidente de la República, lo anterior con fundamento en los artículos 76, fracción II y 89, fracción III, de nuestra Carta Magna, dicha reglamentación no han cobrado la relevancia que merece.

La función ratificadora del Senado implica la injerencia de este órgano en las facultades de nombramiento que el Ejecutivo federal posee. Se trata de una función de control sobre el Poder Ejecutivo, debido a la decisión política de un constituyente, que por ser la economía un factor real de poder y en especial la materia hacendaria, se inserta en el texto constitucional, significando con ello, una excepción a la facultad presidencial de nombrar y remover libremente a los altos funcionarios de la Administración Pública Federal.

La validez de esta excepción se funda en el principio de equilibrios de poderes que, en todas las constituciones mexicanas se ha otorgado al Congreso de la Unión la facultad de ejercer el control presupuestario y para tal efecto, en 1824 se creó una Contaduría Mayor de Hacienda, ahora Auditoría Superior de la Federación organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados.
A pesar de esto, el control del Poder Legislativo ha ido aún más lejos y ha pretendido intervenir en los nombramientos de funcionarios hacendarios.

La atribución de ratificar a los empleados superiores de Hacienda, cuenta con numerosos antecedentes constitucionales, tales como los artículos 110, fracción VI, de la Constitución Federal de 1824, en la cual se consagró la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar a los “empleados de la oficinas generales de Hacienda”, sin especificar cuáles eran. No obstante, es la Constitución Federal de ese mismo año, la que introduce la aprobación por parte del Senado, sobre los nombramientos de los empleados de dichas oficinas generales de Hacienda.

La Constitución de 1836 también consagró en su artículo 52 fracción III, la función de ratificar a los altos empleados de Hacienda, pero tal facultad la atribuyó no al Senado, sino a la Cámara de Diputados. Ésta misma disposición se repitió en el segundo proyecto de Constitución de 1842 en su artículo 74.

A pesar de estos antecedentes, no se encuentran en los respectivos debates y proclamas, ninguna explicación acerca de la justificación de la atribución. Así pues, tan sólo se cuenta con los debates verificados en la sesión del 13 de octubre 1856, para especificar de manera enunciativa lo que ya, para la Constitución de 1857, eran los “empleados superiores de Hacienda”.

El proyecto de Constitución sometido al Congreso Constituyente no contemplaba a tales funcionarios, sino que, por iniciativa de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez, fue incluida en la fracción respectiva, manifestando que al Congreso de la Unión le correspondía la participación en el nombramiento de todos aquellos funcionarios que manejaran el tesoro público, denominados altos empleados de Hacienda, entre los cuales se cuentan ministros tesoreros administradores y empleados de aduanas.

En el mismo Congreso Constituyente de 1856-57, el Diputado José Antonio Gamboa expresó que tales empleados superiores eran los ministros, tesoreros, directores de rentas y administradores de correos y aduanas. Ignacio Ramírez en forma más sistemática, encuadró como altos empleados de Hacienda, a todos aquellos funcionarios del ramo que efectuaran las funciones de recaudación, inversión y dirección.

Con estas consideraciones, la función de ratificación fue establecida originariamente en la fracción XXII, del artículo 72 de la Constitución de 1857; sin embargo, con las adiciones y reformas del 13 de noviembre de 1874, se transformó este precepto en la fracción II, del apartado B, del mismo artículo, quedando como atribución exclusiva del Senado de la República.

No obstante, durante la segunda mitad del siglo pasado, la denominación de cargos y la asignación de atribuciones, fueron objeto de múltiples cambios, debido a la desorganización administrativa y a la precaria situación económica del país, que obligó a la variación de políticas y de organismos.

Por ello, representa un serio problema, no sólo saber quiénes son los empleados superiores, sino también determinar cuál es el ramo de Hacienda al cual deben referirse dichos empleados.

Los decretos antes mencionados no detallan que tal ramo de Hacienda se reducía, en esa época, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sino que además de esta Secretaría se encontraban las Oficinas Generales, cuyas atribuciones compartían la función hacendaria del Estado.

La expresión “empleados superiores de hacienda” debe circunscribirse a los jefes de esas oficinas generales y a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando implicaran funciones de recaudación o de distribución de los caudales públicos.

No obstante, con la creación de una Dirección del Tesoro General, mediante el reglamento del 16 de agosto de 1861, dependiente del Secretario de Hacienda, en la cual se confiaría la función de recaudación de las rentas de la nación y, consecuentemente se le daba la categoría de Oficina General, la cual evidentemente su jefe tenía que ser ratificado por el Senado, dejando en claro que ningún funcionario dependiente de la Secretaría de Hacienda, está excluido del concurso de la Cámara Alta.

Ahora bien, la respuesta final y actual sobre quiénes son los empleados superiores de Hacienda, difiere en mucho con la que no se pudo dar en el siglo pasado, pues aunque pueden anotarse algunas constantes para determinarlos, resulta con dicha determinación, una interpretación analógica, fuente de errores y de criterios maleables políticamente para fines completamente distintos a aquellos que los constituyentes determinaron.

La disposición constitucional resulta totalmente ambigua, y lo que es más grave, lo es desde 1917. Hoy por hoy, la fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), estipula que:

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

…”

También, el artículo 89 de la CPEUM, menciona lo siguiente:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

…”

Sin embargo, no existe aún en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quienes son los empleados superiores de Hacienda, por lo que el Ejecutivo no tiene la obligación de someter los nombramientos que haga para las oficinas de Hacienda, pues la falta de norma jurídica impide no solamente que se conozca quiénes son los empleados a quienes se refiere la Constitución, sino los trámites que deban observar para la ratificación de éstos.

Un ejemplo de ello ocurrió el 11 de octubre de 1877, en la cual se solicitó sólo la ratificación del señor Bonifacio Gutiérrez, recientemente nombrado Tesorero General de la Nación por el Presidente Porfirio Díaz, además de que el Senado se basó únicamente en la publicidad de la honradez y aptitud del señor Gutiérrez, por lo que el Senador Benigno Arriaga presentó una proposición suspensiva, donde indicaba que la ratificación no fue válida, al no haberse realizado con la minuciosidad adecuada, argumentando que la opinión pública es un elemento subjetivo y por lo tanto, no digno de confianza, la cual fue rechazada.

El artículo 239 numeral 2, y 275 del Reglamento del Senado de la República en su fracción V, estipula cuales son los nombramientos, hechos por el Presidente de la República, los cuales deben estar sujetos a ratificación, y en ellos se menciona a los Empleados Superiores de Hacienda.

Aunque también se menciona que será a través de un acuerdo por parte de la Mesa Directiva la que especificará cuáles y cuántos son, a libre albedrío, los cargos a considerar.

En el acuerdo que para esta nueva administración Federal se entendió como “empleados superiores de Hacienda”, se encuentran los titulares de las siguientes áreas:

1.- Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;
2.- Subsecretario de Egresos;
3.- Subsecretario de Ingresos;
4.- Procurador Fiscal de la Federación;
5.- Tesorero de la Federación;
6.- Jefe del Servicio de Administración Tributaria;
7.- Administrador General de Recaudación;
8.- Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;
9.- Administrador General de Aduanas;
10.- Administrador General Jurídico;
11.- Administrador General de Grandes Contribuyentes;
12.- Jefe de Unidad de Crédito Público, y
13.- Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.

Sin embargo, es inconcebible que en el acuerdo en comento sean sujetos a ratificación sólo algunas Administraciones Generales del Servicio de Administración Tributaria y Jefes de Unidad de la SCHP.

El acuerdo antes mencionado no contempla a los titulares de la Oficialía Mayor, la Unidad de Inteligencia Financiera y otros organismos descentralizados y desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de igual o mayor importancia como es el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras; Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, los cuales también son designados directamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Ahora bien, la fracción constitucional en comento no es clara, es vaga, ambigua y no dice cuales son los empleados superiores de Hacienda, ni hace una enumeración de ellos.

Por lo tanto, lo que esta iniciativa propone es garantizar que los titulares de todas las Administraciones Generales, Jefes o Titulares de Unidad, así como los órganos desconcentrados y descentralizados sectorizados a la Secretaría, también puedan ser ratificados por el Senado de la República, debido a la gran importancia que estas plazas e instituciones tienen sobre la Hacienda Pública de México.

Es por eso que proponemos, reformar los párrafos II, del artículo 76 y III, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos que garantice la puntual ratificación de los funcionarios mencionados.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la H. Asamblea la presente iniciativa que adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

UNICO.- Se reforman las fracciones II, del artículo 76 y III, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. …

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados a la misma, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III. a XII…

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:


III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados a la misma, y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

Texto Vigente

Texto Propuesto

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I.

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

 

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

 

 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. …

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados a la misma, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados a la misma, y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de marzo de 2013”.

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código de Justicia Militar, misma que se turna a las Comisiones de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN LOS ARTICULOS 57, 58, 78, 153, 154, 156, 330, 435, 442, 603 Y 740 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

(Presentada por el C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

“Alejandro Encinas Rodríguez, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, al 1, fracción I, 164, numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de la Cámara de Senadores, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma que adicionan, reforman y derogan los artículos 57, 58, 78, 153, 154, 156, 330, 435, 442, 603 y 740 del Código de Justicia Militar

Exposición de Motivos

Resulta evidente, a la luz de la discrecionalidad para el uso de las fuerzas armadas de nuestro país, que la institución del fuero militar, inicialmente concebido como un instrumento para el mantenimiento de la disciplina interna en nuestras Fuerzas Armadas, vulnera, en su acción cotidiana, diversos derechos y garantías constitucionales, como la del acceso a la justicia y la presunción de inocencia, no sólo para los integrantes de los cuerpos armados nacionales sino también, y de manera alarmante, para la población en general.

Históricamente, debemos situar el nacimiento de los fueros de antiguo régimen en la Edad Media, cuando las corporaciones eran el actor político fundamental y, a partir de ellas, el individuo adquiría derechos y obligaciones. En el caso específico del fuero militar, debemos establecer que llega a la Nueva España junto con el régimen español que garantizaba la disciplina interna de su ejército a través de la Ordenanza General del Ejército, emitida en 1757. Esta misma es retomada por el gobierno independiente en 1842 y, posteriormente, en 1852. Fue en 1855, el 23 de noviembre, con la expedición de la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación, cuando se limita por primera vez el fuero militar, estableciendo que éste no aplicaría para los asuntos del orden civil y erigiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Suprema Corte Marcial, adjuntándole magistrados militares, lo cual garantizaría la correcta aplicación de la ley y salvaguardaría, a través de esta fórmula, los principios disciplinarios del Ejército. Ya durante el movimiento de Reforma derivado de la Revolución de Ayutla, en 1856, se define por primera vez lo que se entiende por delito militar, estableciendo, desde este momento, una ampliación jurisdiccional hacia los delitos del orden común cometidos por militares que, sin embargo, no podría ser de otra manera al encontrarse vigente la Constitución de 1824, que sí reconocía los fueros de privilegio.

Será hasta 1882 que, derivado de las dificultades que la invasión francesa suscitó y los frecuentes enfrentamientos entre el Ejecutivo itinerante y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emitió una Ordenanza General del Ejército, la cual contenía, en su Libro Tercero, un primer Código de Justicia Militar, en el que se crea el Supremo Tribunal Militar como una instancia independiente del Poder Judicial y adscrito a la instancia administrativa correspondiente. Es en esta etapa que la configuración del fuero de guerra no logra superar las dificultades y, en vez de convertirse en una instancia que garantizara la disciplina interna, se transforma en un instrumento de coerción hacia el interior y hacia el exterior de la corporación armada.

Estas disposiciones forales serán retomadas en los códigos de justicia militar emitidos en 1893, 1897, 1898, 1901 y 1934, prácticamente sin ninguna variación sustancial. No obstante, durante el Congreso Constituyente de 1916, hubo abiertas manifestaciones en contra de la extensión extraordinaria del fuero militar en tiempos de paz. En voz de los diputados constituyentes Francisco J. Múgica y Esteban Vaca, el Constituyente debatió sobre la pertinencia de limitar el fuero militar únicamente a tiempos de guerra y transferir su administración al Poder Judicial de la Federación.

Este instrumento, concebido como un elemento de control interno, ha servido también para encubrir actos de lesa humanidad en contra de la población así como para criminalizar la protesta social, principalmente durante los años sesenta y setenta, situación que se ha agudizado en nuestros días, producto de la guerra unilateral declarada por el gobierno federal al crimen organizado, lo cual ha derivado en múltiples casos de violaciones graves a los derechos humanos.

Es por ello, que, quienes suscribimos la presente iniciativa, plenamente conscientes de la importancia que reviste la institucionalidad, modernización y profesionalización de las fuerzas armadas de nuestro país, nos pronunciamos por una importante modernización de este sistema judicial, garantizando a la vez, la preservación de la disciplina interna y la correcta aplicación de la ley, los principios fundamentales de igualdad ante la ley, presunción de inocencia, prevalencia de la jurisdicción ordinaria respecto de la excepcional y el respeto a los derechos humanos, especialmente de los menores alumnos de las escuelas militares.

Nos encontramos plenamente convencidos de que en la construcción de un Estado democrático y de derecho, la conservación de la integridad del territorio y la defensa última de la soberanía nacional corresponde, sin lugar a dudas, a las fuerzas armadas. Rechazamos contundentemente el uso discrecional de la fuerza coercitiva del Estado en contra de la población civil y, de manera específica, impugnamos las políticas implementadas por el gobierno federal en materia de seguridad pública y nacional que únicamente han vulnerado derechos y garantías de una gran cantidad de ciudadanos, a quienes ha colocado en una situación de guerra injusta y por demás antidemocrática.

Consecuencia de todo ello, es que el pasado 23 de noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, condenándolo por el delito de “violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida”, consignadas en la violación del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La justicia militar afecta el derecho al debido proceso por no ser una autoridad independiente e imparcial, que garantice la transparencia y la rendición de cuentas ni responde a las normas internacionales de derechos humanos sobre los juicios justos, a las cuales el Estado mexicano se ha adherido.

Asimismo, cabe mencionar que si bien el Estado mexicano ha signado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se realizó una reserva al artículo IX que, según el propio tribunal internacional, “no satisface el primer requisito establecido en el artículo XIX…” del propio ordenamiento, por lo cual se le considera inválida y, en consecuencia, el Estado mexicano está obligado a tomar medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole para cumplir con los demás compromisos asumidos en la propia convención. Adicionalmente, el informe del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de fecha 8 de marzo, consideró “…una preocupación el hecho de que se emplee el Ejército en la Seguridad interna…”, ya que, en la actualidad, las violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de civiles, recae en la justicia castrense.

El 14 julio la Suprema Corte Justicia de la Nación ratificó las resoluciones adoptadas en la revisión de la sentencia del caso Rosendo Radilla y estableció cinco efectos  en los que confirmó que la restricción al fuero militar en los casos concretos que afecten a derechos humanos.

Es por lo anterior que proponemos que se elimine la extensión extraordinaria del fuero militar hacia los delitos del orden común, toda vez que esta disposición contraviene lo previsto por el artículo 13 constitucional. En el mismo sentido, proponemos que el Ministerio Público militar únicamente pueda conocer de hechos que probablemente puedan constituir un delito de competencia de los tribunales militares, previa la declinación de competencia del Ministerio Público ordinario y se resguarden los derechos que, como personas en desarrollo, tienen los alumnos de las escuelas militares menores de dieciocho años.

Por lo expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la construcción de un Estado democrático, social y de derecho, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto que reforma  que adicionan, reforman y derogan los artículos 57, 58, 78, 153, 154, 156, 330, 435, 442, 603 y 740 del Código de Justicia Militar.

Artículo Unico. Se reforman, adicionan y derogan los artículos 57, 58, 78, 153, 154, 156, 330, 435, 442, 603 y 740 del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:

Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar los especificados en el Libro Segundo de este Código.

I. Se deroga

II. Se deroga

Se deroga el segundo párrafo.

Se deroga el tercer párrafo.

Artículo 58.Se deroga.

Artículo 78. El Ministerio Público militar, al recibir una denuncia o querella, dará conocimiento al Ministerio Público federal. En caso de que éste decline su competencia,el Ministerio Público militar recabará con toda oportunidad y eficacia los datos necesarios, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados, a fin de formular desde luego el pedimento correspondiente, solicitando la aprehensión, comparecencia o presentación de los probables responsables, si no hubieren sido detenidos en flagrante delito o en casos urgentes.

Artículo 153. Los menores de dieciocho años que por cualquier causa estuvieren matriculados en las escuelas militares, en caso de incurrir en conductas que pudieran constituir delitos, deberán ser remitidos y atendidos por el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.

Artículo 154. Se deroga.

Artículo 156. Para los mismos efectos del artículo que antecede, los alumnos cadetes de los establecimientos de educación militar, mayores de dieciocho años con relación a los demás miembros del ejército, serán considerados como sargentos primeros.

Artículo 330.Se deroga.

Artículo 435. Previa declinación de la jurisdicción ordinaria, la facultad de declarar que un hecho es o no delito del fuero de guerra, corresponde exclusivamente a los tribunales militares. A ellos toca también declarar la inocencia o culpabilidad de las personas y aplicar las penas que las leyes señalen.

Sólo aquella declaración se tendrá como verdad legal.

Artículo 442. Tanto las denuncias de los delitos como las querellas en forma, deberán contener, si son por escrito:

I. a IV.

El Ministerio Público militar dará conocimiento inmediato al Ministerio Público federal, quien, en su caso, declinará su competencia.

Artículo 603. La confesión judicial hará prueba plena, cuando concurran las siguientes circunstancias:

I.

II. que se haga por persona mayor de dieciocho años, en su contra, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;

III. a V.

Artículo 740. Cuando la incompetencia se funde en el artículo 13 constitucional, la declinatoria podrá oponerse en todo tiempo y se resolverá sin necesidad de tramitación. Esta incompetencia deberá ser declarada por la autoridad civil de oficio. Si aquel a quien se estime competente hace oposición, el expediente se remitirá para que sea resuelto el caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos jurisdiccionales incoados en contra de personas que al momento de la comisión de la presunta conducta delictiva eran menores de dieciocho años, serán sobreseídos de manera inmediata.

Tercero. Se deroga toda disposición que se oponga al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 19 de marzo de 2013.

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez”.

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR , Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México los jóvenes están consumiendo alcohol a menor edad y este consumo no precisamente se realiza en establecimientos comerciales sino más bien en el seno del propio hogar y en eventos privados, como fiestas. Muchas veces dichas situaciones se presentan con el beneplácito o la aprobación de los padres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, elaborada con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, un 52% de los jóvenes de 12 a 29 años, de ambos sexos, han tomado bebidas alcohólicas.

Asimismo, el porcentaje de jóvenes de ambos sexos que en 2010 había tomado bebidas alcohólicas se incrementó en casi 10 puntos porcentuales con respecto al 2005.

En el caso de los hombres, el porcentaje de aquellos que han tomado bebidas alcohólicas pasó de 52.6% en 2005, a 58.7% en 2010. Mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje creció fuertemente en el mismo periodo, pasando de 32.1% en 2005 a 45.6% en 2010.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011, a cargo de la Secretaría de Salud a través de la CONADIC, señala que el bebedor consuetudinario se presenta con mayor frecuencia entre hombres que entre mujeres y se define como aquella persona que toma por lo menos una vez a la semana cinco o más copas (en los hombres) o cuatro o más copas (en las mujeres) en una sola ocasión.

También señala que, sin embargo, esta manera de beber está aumentando entre las mujeres, especialmente entre las adolescentes, ya que la dependencia en los hombres se duplicó de 3.5% a 6.2% y en las mujeres se triplicó de .6% a 2% en el período de 2002 a 2011.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 arroja como conclusiones que “el consumo de altas cantidades por ocasión de consumo es el patrón más reportado con una tercera parte de la población”, a esto se le ha llamado comúnmente “consumo explosivo”, así como también destaca que “sobresale el aumento del consumo entre las mujeres adolescentes”.

Más aún, la Secretaría de Salud advierte que 8 de cada 100 niños de primaria y el 26% de los alumnos de secundaria son consumidores de alcohol. La Secretaría señala que hay niños de 10, 11 y 12 años que en un solo contacto han tomado, por lo menos, cinco copas en un día. 1

Para atender estos temas, el Poder Legislativo y algunos Congresos locales, han presentado diversas propuestas que buscan dar solución a estos problemas. Dichas propuestas tienden a centrarse en establecer regulaciones más estrictas para los establecimientos donde se expenden las bebidas alcohólicas, el incremento en las sanciones por la venta a menores de edad y, en términos generales, en establecer medidas prohibitivas que no delinean una estrategia de fondo y que, en cambio, terminan fomentando el consumo de alcohol no comercial que constituye per sé un enorme riesgo para la salud.

El problema del consumo de alcohol por parte de los menores de edad no se resuelve promoviendo mayores restricciones a establecimientos formalmente establecidos en los cuales se expenden igualmente bebidas legales, formales y controlables, ya que no es en dichos establecimientos en donde prevalece este problema, sino en el propio hogar y en eventos privados, muchas veces con el conocimiento y la aprobación de los padres de dichos menores.

Es de suma importancia destacar que los padres poco se involucran en la inspección de sus hijos, trayendo como consecuencia que los menores de edad puedan consumir alcohol a escondidas o, peor aún, con el consentimiento de sus padres por la falta de información del daño que le están haciendo en su desarrollo y con la falsa hipótesis de que “le están enseñando a tomar”. Una encuesta de 2009 de Consulta Mitofsky, titulada “Consumo de bebidas alcohólicas en México”, señala que el momento preferido para beber es en fiestas (43%), seguido de los domicilios particulares (35%) y bares o restaurantes (18%).

Actualmente la Ley General de Salud (LGS) promueve la investigación sobre el alcoholismo, su relación con la publicidad y los efectos del abuso; sin embargo, hace falta incluir en ella criterios aprobados a nivel mundial para definir claramente qué se entiende por consumo moderado y por consumo abusivo de alcohol, de tal forma que sea fácil distinguir ambas situaciones.

Asimismo es necesario que la investigación sobre el alcoholismo promovida por la Ley se apoye en las más modernas herramientas estadísticas para detectar los patrones de consumo de la población vulnerable, como lo son las encuestas de evaluación y pruebas o muestreos.

La Ley también contempla de manera general la existencia de programas contra el alcoholismo y el abuso de bebidas, a través de la prevención y la educación sobre los efectos del alcohol en la salud, aunque no reconoce que existen diferentes circunstancias que requieren que dichos programas se clasifiquen y agrupen de acuerdo al momento en que se apliquen, ya sea de manera preventiva, reactiva o directamente enfocados al tratamiento de adicciones.

Otro aspecto relevante es la necesidad de que la Ley promueva el desarrollo de programas relacionados con habilidades para la vida, los cuales son de gran importancia para generar conciencia entre los menores de edad acerca de los efectos negativos del consumo temprano o abusivo del alcohol.

Y finalmente, debido a la importancia que tienen los programas contra el alcoholismo y el abuso de bebidas, es indispensable que se garantice la profesionalización de aquellos lugares y personas que tengan por objeto capacitar a menores de edad o fungir como centros de tratamiento para personas con problemas de alcoholismo, por lo que se considera necesario establecer en la Ley un esquema en el cual quienes lleven a cabo dichas funciones deban estar adecuadamente certificados.

Por tanto, la iniciativa que a continuación se presenta tiene la intención actualizar la Ley General de Salud e integrar en ella conceptos que a la fecha no están incluidos y que, sin embargo, forman parte de una tendencia en el ámbito mundial en la cual son ampliamente aceptados. Lo anterior partiendo de la premisa de que el alcohol por años se ha asociado a ocasiones sanas de celebración y mas que prohibir su consumo, se debe contar con herramientas que permitan enfrentar y evitar tanto el problema del consumo de alcohol entre menores de edad, como el problema de las prácticas nocivas en el consumo de alcohol.

De igual forma la iniciativa tiene el objetivo de establecer una certificación para los centros especializados para la capacitación a menores de edad y para los centros de tratamiento para personas con problemas de alcoholismo, así como crear herramientas que generen información como encuestas de evaluación y pruebas, o muestreos, que permitan a la autoridad detectar los patrones de consumo de la población en general, especialmente la más vulnerable.

De esta forma se fortalecerá un enfoque que dé la debida relevancia al hecho de que prevenir la problemática a través de la adecuada prevención con la convicción de que dicho enfoque es sustancialmente más efectivo que otro tipo de estrategias centradas en medidas restrictivas a la comercialización que terminan constituyéndose en un fuerte incentivo al desarrollo del alcohol no comercial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO: Se adicionan y reforman los artículos 112, 113, 186; y 185 y se crean los apartados Bis y Ter, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue

Ley General de Salud

Redacción propuesta

 

Capítulo II Educación Para la Salud

 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

 

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención                     de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado              de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de             la invalidez y detección oportuna de enfermedades.

 

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere este artículo, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes, conductas y habilidades para la vida  que le permitan participar en la prevención                  de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud física, psicológica y social.

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en las habilidades que les permitan tomar decisiones acertadas en materia de nutrición, salud mental, salud conductual salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos                       de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes prevención y rehabilitación de la invalidez                 y detección oportuna de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere este artículo, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas para la prevención de las enfermedades y educación para la salud biopsicosocial en todos los ciclos de la infancia y adolescencia, adecuando los temas y contenidos a las problemáticas de cada ciclo psicoevolutivo y del desarrollo de la persona, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud y la iniciativa privada, formulará, propondrá y desarrollará programas de capacitación para la prevención y reducción del uso nocivo del alcohol en el lugar de trabajo, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

 

TITULO DECIMO PRIMERO
Programas Contra las Adicciones

CAPITULO II
Programa Contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros, indígenas y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva; y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 185.- El presente título tiene por objeto:

 

 

 

 

I. La prevención y el tratamiento del uso nocivo del alcohol y sus consecuencias y, en su caso, la rehabilitación;

II. La educación sobre los efectos del uso nocivo del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros, indígenas y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva;

 

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la práctica para prevenir el uso abusivo de alcohol y en la lucha contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Artículo 185 bis.- Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por:

I. Abuso de bebidas alcohólicas: Los hombres que consumen cinco o más copas o las mujeres que consumen cuatro o más copas por ocasión.

II. Acciones de intervención secundaria: Medidas destinadas a realizar un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno en quienes ya padecen de la enfermedad del alcoholismo, así como en educar para disminuir los daños o consecuencias negativas a quienes se han iniciado en el consumo; es decir, incentivar para abandonar el consumo.

III. Acciones de intervención terciaria: Medidas tendientes a demorar o frenar el desarrollo del alcoholismo y de sus consecuencias aun en los casos en que la manifestación central continúe presente y prevenir la discapacidad en aquellos que han llegado a esa etapa.

IV. Acciones de prevención primaria: Medidas destinadas a evitar o reducir la existencia de  abuso de alcohol en una comunidad, dirigiendo           su accionar hacia quienes no son consumidores, fundamentalmente niños y adolescentes, intentando que nunca lo sean.

V. Alcohol no comercial. Bebidas tradicionales producidas para consumo doméstico o para el comercio local limitado, productos falsificados y bebidas ilícitas de producción masiva, así como el alcohol derivado o no apto para consumo.

VI. Alcoholismo. Enfermedad que se presenta cuando el individuo muestra signos de adicción física al alcohol y continúa bebiendo, a pesar de los problemas de salud física, salud mental y responsabilidades sociales, familiares o laborales que se le generan.

VII. Certificación de centros especializados en tratamiento para el trastorno de abuso y /o dependencia del alcohol: procedimiento mediante el cual se asegura que los centros especializados en el trastorno de abuso y/o dependencia del alcohol se ajustan a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacionales o internacionales del sector salud especializados en el tema, en particular el CONADIC.

VIII. Ciclo psicoevolutivo: Conjunto secuencial de etapas o estadios en el desarrollo o proceso de maduración donde se adquieren o se disminuyen habilidades y funciones físicas, mentales o sociales suscitando cambios observables en los individuos.

IX. Encuestas de evaluación y detección de patrones de consumo: Conjunto de datos obtenidos mediante procedimientos estandarizados de consulta o interrogatorio a un número determinado de personas sobre características del modo o forma con que los grupos de población considerada como vulnerable mantienen el consumo o uso de bebidas alcohólicas.

X. Habilidades para la vida: Programa que ayuda a los jóvenes a recuperar el control sobre su comportamiento, y al mismo tiempo, tomar decisiones con conocimiento de causa para adquirir patrones de comportamiento y valores positivos.

XI. Salud biopsicosocial: tendencia que afirma que el factor biológico, psicológico y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad.

XII. Salud conductual: Estado de bienestar en el cual el individuo cuenta con actitudes que le permiten afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, evitando comportamientos nocivos como el abuso de alcohol, el consumo de drogas o tabaco, la comisión de delitos, la deserción escolar o actitudes de riesgo como la práctica de sexo no seguro, trauma de carretera e inactividad física.

XIII. Uso nocivo del alcohol: El consumo de alcohol que presente una o más de las siguientes características:

a) Explosivo.
b) Por mujeres embarazadas.
c) Excesivo.
d) Alcohol no comercial.
e) Combinado con la conducción de vehículos automotores.

Artículo 185 ter.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en colaboración con las dependencias del sector salud en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. El tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación en centros de salud públicos o privados que estén regulados y cuenten con certificación como Centros Especializados en tratamientos para el trastorno de abuso y/o dependencia de alcohol.

II. La intervención clínica aplicada a pacientes con trastorno de abuso y/o dependencia del alcohol a través del ejercicio de la profesión sanitaria por parte de profesionales de la salud, médicos y psicólogos, debidamente certificados por las autoridades sanitarias.

III. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva.

IV. El incremento de las acciones y medidas de prevención primarias a través de programas de entrenamiento en habilidades para la vida como temas o módulos obligatorios insertados en la currícula de los planes de estudio escolares, a fin de dotar de herramientas a los grupos más vulnerables, como el de los niños de edades comprendidas entre los 8 y 12 años, con el objetivo de retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol.

V. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales, tal y como lo establece el artículo 185, fracción III de esta Ley.

VI. La formulación, el desarrollo y la promoción de programas de capacitación, entrenamiento y certificación relativos al abuso y dependencia del alcohol, para los profesionales de la salud, médicos de atención primaria, médicos de familia y psicólogos clínicos del Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de protocolos de tratamiento costo-efectivos basados en evidencia científica.

Artículo 186.- Para obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, se realizarán actividades de investigación en los siguientes aspectos:

 

I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas.

II. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas;

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población y

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo.

Artículo 186.- Para obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el uso nocivo del alcohol, se realizarán actividades de investigación, que pueden incluir encuestas de evaluación y detección de patrones de consumo, en los siguientes aspectos:

I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas.

II. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas;

 

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población y

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar, social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo.

V. Hábitos y patrones de consumo en poblaciones vulnerables de niños y jóvenes de entre 8 y 12 años de edad.

VI. Identificación y catalogación de las mejores prácticas para el comercio minorista responsable de bebidas alcohólicas.

Artículo 220.- En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad.

Artículo 220.- En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad.

Se equiparará al delito de corrupción de menores de edad al que obligue, induzca, facilite o propicie que menores de edad consuman mediante cualquier forma bebidas alcohólicas.

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

I. Se limitará a dar información sobre las características, calidad y técnicas de elaboración de estos productos;

II. No deberá presentarlos como productores de bienestar o salud, o asociarlos a celebraciones
cívicas o religiosas;

III. No podrá asociar a estos productos con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, o hacer exaltación de prestigio social, virilidad o femineidad;
IV. No podrá asociar estos productos con actividades creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, ni emplear imperativos que induzcan directamente a su consumo;

V. No podrá incluir, en imágenes o sonidos, la participación de niños o adolescentes ni dirigirse a ellos;

VI. En el mensaje, no podrán ingerirse o consumirse real o aparentemente los productos de que se trata.

VII. En el mensaje no podrán participar personas menores de 25 años, y

VIII. En el mensaje deberán apreciarse fácilmente, en forma visual o auditiva, según el medio publicitario que se emplee, las leyendas a que se refieren los Artículos 218 y 276 de esta Ley.

La Secretaría de Salud podrá dispensar el requisito previsto en la fracción VIII del presente artículo, cuando en el propio mensaje y en igualdad de circunstancias, calidad, impacto y duración, se promueva la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente en la niñez, la adolescencia y la juventud, así como advierta contra los daños a la salud que ocasionan el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas.

Las disposiciones reglamentarias señalarán los requisitos a que se sujetará el otorgamiento de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

I. Se limitará a dar información sobre las características, calidad y técnicas de elaboración de estos productos;

II. No deberá presentarlos como productores de bienestar, salud o que producen efectos energizantes o estimulantes, o asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas;

III. No podrá asociar a estos productos con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, o hacer exaltación de prestigio social, virilidad o femineidad;

IV. No podrá asociar estos productos con actividades creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, ni emplear imperativos que induzcan directamente a su consumo;

V. No podrá incluir, en imágenes o sonidos, la participación de niños o adolescentes ni dirigirse a ellos;

VI. En el mensaje, no podrán ingerirse o consumirse real o aparentemente los productos de que se trata.

VII. En el mensaje no podrán participar personas menores de 25 años, y

VIII. En el mensaje deberán apreciarse fácilmente, en forma visual o auditiva, según el medio publicitario que se emplee, las leyendas a que se refieren los Artículos 218 y 276 de esta Ley.

 

La Secretaría de Salud podrá dispensar el requisito previsto en la fracción VIII del presente artículo, cuando en el propio mensaje y en igualdad de circunstancias, calidad, impacto y duración, se promueva la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente en la niñez, la adolescencia y la juventud, así como advierta contra los daños a la salud que ocasionan el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas.

 

Las disposiciones reglamentarias señalarán los requisitos a que se sujetará el otorgamiento de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en atención de sus atribuciones, en un plazo máximo de seis meses deberá expedir la reglamentación de las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

ARTICULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de marzo,2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 Aumenta el consumo de alcohol en menores de edad”, EL UNIVERSAL, 1 de noviembre de 2008.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN)

“La suscrita, Senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Existe en nuestro país una profunda reflexión desde hace un par de décadas en torno a la participación política de los connacionales que se encuentran en el exterior. Según datos del Pew Research Center, México es el país con mayor población migrante en el mundo al contar con casi 13 millones de ciudadanos en el exterior.1

Este es un fenómeno que requiere de nuestra mayor atención y compromiso, ya que estos millones de connacionales son mexicanos como cualquiera de nosotros pero por diversas circunstancias no se encuentran en nuestro territorio y, sin embargo, quisieran contribuir con el presente y el futuro de México.

Hay que reconocer que las comunidades mexicanas que residen más allá de nuestras fronteras son parte fundamental de nuestra nación, comunidades que tienen derecho a ejercer su derecho al voto y a tomar parte en las decisiones transcendentales del país para contribuir a la consolidación de una democracia incluyente y participativa.

Desde la perspectiva internacional, los derechos humanos, civiles y políticos de los migrantes han sido reconocidos ampliamente por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el cual establece en su artículo 41 que los trabajadores migratorios y sus familiares tienen derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar en elecciones celebradas en ese Estado. Además, se establece la obligación de los Estados de facilitar el ejercicio de esos derechos, según corresponda y de conformidad con su legislación.2

Siguiendo esa tendencia, algunas naciones a finales del siglo XIX diseñaron por primera vez en la historia mecanismos de sufragio a distancia. Sólo por mencionar algunos ejemplos: Nueva Zelandia introdujo la primera modalidad de voto desde el exterior en 1890, Canadá lo hizo en 1915, Indonesia en 1953 y España en 1978. En México, fue hasta el siglo XXI, cuando el 30 junio de 2005 se aprobaron diversas reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) con el fin de que los mexicanos que residen en el extranjero tuvieran la posibilidad de ejercer su derecho al voto para efectos de la elección presidencial. Con esta reforma, México se sumó a 113 naciones democráticas que permiten el voto de sus ciudadanos desde el extranjero.3

Así, el primer ejercicio de voto de mexicanos residentes en el exterior se llevó a cabo en la elección presidencial del 2006. Sin embargo, los resultados fueron poco satisfactorios. Con una inversión de 270 millones de pesos, únicamente se recibieron 32,632 votos que representaron tan solo el 0.08% de la votación nacional.4

Ante estas cifras, el Instituto Federal Electoral (IFE) fue duramente criticado “por el alto costo generado y por la baja participación por parte de los connacionales”;5 razón por la cual, el Instituto se abocó a instrumentar estrategias que permitieran revertir esta situación en las elecciones de 2012, incrementando el número de votos emitidos desde el extranjero y reduciendo los costos presupuestales para ello.6

Sin embargo, esta segunda experiencia también se implementó bajo el mismo régimen normativo aprobado en el 2005. Se determinó que los votos se emitieran vía correo certificado y que los connacionales tuvieran su credencial para votar con fotografía a fin de poder inscribirse en la Lista Nacional de Electores Residentes en el Extranjero.

Por ello, y a pesar de los esfuerzos institucionales realizados por el IFE (como la absorción de los costos para el envío de los sufragios y la simplificación de la Solicitud de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y su llenado en línea), los resultados fueron favorables pero no cumplieron con las expectativas, ya que el número de mexicanos que votaron desde el extranjero no fue representativo del total que en efecto vive fuera del territorio nacional. De esta manera, en los pasados comicios presidenciales se recibieron 40,737 votos emitidos desde 91 países, lo que si bien significó un aumento de 24% en comparación con los votos recibidos en las elecciones de 2006, no representó un cambio significativo, pues el total de votantes representó menos de 1% de los mexicanos en el exterior.7

Lo anterior se puede dimensionar de mejor manera si recordamos que cerca de 13 millones de mexicanos viven en el extranjero y que de ese total el 98% vive en Estados Unidos, de los cuales sólo 842 mil 321 se encuentran matriculados en los 50 consulados mexicanos instalados en la Unión Americana.8

El balance del voto a distancia

En octubre de 2012 se llevó a cabo el Seminario “El Modelo de Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero: Perspectivas de Reforma”, el cual fue organizado por el Instituto Federal Electoral en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El objetivo de dicho evento “fue el de abrir un espacio académico para la discusión en torno al marco legal desde una perspectiva normativa, socio-política y comparada para determinar en qué medida favorece u obstaculiza la participación de los mexicanos en el extranjero”.9

El Seminario contó con la presencia de funcionarios del IFE, legisladores, académicos y expertos en materia electoral y derechos humanos, quienes a lo largo de la jornada discutieron el resultado del voto de los mexicanos en el exterior en las pasadas elecciones y debatieron sobre el marco legal que regula el ejercicio de este derecho, así como las posibles y necesarias modificaciones que se requieren para modernizar y ajustar el modelo a los tiempos actuales.

El evento brindó un espacio plural para escuchar y analizar las diversas opiniones, observaciones y propuestas de todos los participantes. En términos generales, las voces que se escucharon señalaron que la pasada elección dejó grandes aprendizajes y también puntualizaron las limitaciones propias de un modelo de voto postal que resulta anacrónico, restrictivo y costoso.

De las conclusiones de este Seminario se desprende que es necesaria una reforma al Libro Sexto del COFIPE para transitar a un modelo de voto mixto y a una credencialización más ágil y menos costosa, aprovechando avances tecnológicos que nos permitan flexibilizar los mecanismos para aumentar la participación electoral de los connacionales. En específico, se puntualizaron los siguientes desafíos y limitaciones legales que impiden promover la participación copiosa de nuestros connacionales:

Hay una gran cantidad de paisanos que no cuentan con su credencial de elector vigente y que se ven en la necesidad de viajar a México a tramitarla o renovarla, situación que se presenta por diversos factores: hay mexicanos que siendo menores de edad salieron del país y no tramitaron su credencial, otros la perdieron y, la gran mayoría, cuando vienen a México, lo hacen por periodos muy cortos para convivir con la familia, lo que les impide iniciar los trámites o recoger la credencial en los tiempos señalados.

Se juzga conveniente ampliar el plazo de los connacionales para inscribirse en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. Actualmente, el registro termina el 15 de enero, lo que implica que los ciudadanos se inscriban antes de que siquiera se hayan registrado los candidatos presidenciales.10

También se debe modificar la fecha límite que tienen los connacionales para enviar su voto, pues resulta una incoherencia que nuestros paisanos tengan que emitir su voto cinco meses antes que todos los demás mexicanos.11

Se debe eliminar el modelo de voto postal porque muestra patentes signos de agotamiento y se deben considerar opciones innovadoras que trasciendan a un modelo de votación extraterritorial más moderno y funcional.

Propósito de la Reforma

La presente iniciativa, que retoma las áreas de oportunidad detectadas en el Seminario antes referido, pretende atender las problemáticas que presenta la emisión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero para garantizar así el ejercicio efectivo de este derecho fundamental de quienes, por diversas razones, no residen en México pero tienen interés de seguir participando en la vida pública del país.

En primer lugar, se propone sentar las bases legales para que el IFE cuente con la facultad de expedir la credencial para votar con fotografía en el extranjero a cualquier mexicano que lo solicite. Asimismo, se propone que nuestros paisanos puedan emitir su voto en las sedes diplomático-consulares de nuestro país en el extranjero. Esto se realizaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y sin menoscabo de la autonomía del Instituto.12 Con ello se evitarían varios inconvenientes del modelo actual: “como las deficiencias en el llenado de las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, el recelo de los migrantes irregulares para acudir ante las autoridades postales, los costos del correo certificado y las deficiencias de algunos sistemas postales, entre otros”.13

Al respecto, el Dr. César Iván Astudillo Reyes ha comentado que se debe “pensar seriamente en la posibilidad de facultar al IFE para que emita credenciales de elector fuera de territorio nacional. Dichas credenciales, por la específica condición de sus titulares, tendrían que contar con características distintas a las credenciales actuales, toda vez que la referencia a la sección electoral, el municipio, el estado o localidad carecería de sentido. El acto de credencialización, por su parte, coadyuvaría a integrar una Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que, con base en la premisa de su permanencia, contaría con los elementos necesarios para su vigencia, actualización y verificación de forma similar a lo que acontece con el listado nominal utilizado en las elecciones ordinarias del país. Este ejercicio se facilitaría si, como se propone más adelante, se habilita al IFE para desplegar su estructura institucional en el extranjero”.14

En segundo lugar, se propone emigrar a un mecanismo de voto mixto, pues nuestros paisanos no sólo podrían emitir el sufragio de manera presencial en embajadas y consulados, sino también electrónicamente mediante el uso de nuevas tecnologías para que puedan hacerlo de forma ágil y sencilla, agilizando al mismo tiempo el recuento de los sufragios. Además, se plantea ajustar los tiempos para que los connacionales que se encuentran en el extranjero puedan votar electrónicamente hasta las cero horas del día de la jornada electoral, tiempo en que la plataforma será bloqueada de manera que no puedan emitirse más votos. Esto permitirá que la voluntad de los electores se exprese después de haber dado seguimiento a los candidatos en campaña, tal y como lo hacen los votantes residentes en México.

El autor citado menciona que la experiencia del Programa Voto chilango, implementado en el Distrito Federal para elegir al Jefe de Gobierno en 2012, es una muestra clara de que es viable el diseño de un modelo en el que se incorporen las modalidades de voto postal y voto por Internet satisfactoriamente.

En tercer lugar, se busca aprovechar el uso de medios electrónicos para el registro de electores, extendiendo los plazos forzosos para su inscripción en la lista correspondiente y disponiendo que éstas dejen de tener validez una vez concluido el proceso electoral. De esta manera, para los siguientes procesos electorales, los ciudadanos que votaron desde el extranjero tendrán la obligación de actualizar su ubicación, ya fuese para reincorporarse a la lista nominal nacional o para registrarse nuevamente como elector residente en el extranjero.

Compañeros legisladores:

Esta iniciativa tiene un doble propósito: por un lado, busca aumentar la proporción de votantes que se encuentran en el exterior, facilitando y disminuyendo los costos de los procesos de registro, validación, sufragio y cómputo; y, por otro lado, busca fortalecer la participación de los mexicanos quienes a pesar de radicar fuera del país contribuyen a su desarrollo y guardan un vínculo innegable con la nación.

Lo anterior demanda reconocer por este Congreso que los derechos políticos de los connacionales van más allá de nuestras fronteras. De ahí la necesidad de  mostrar sensibilidad y sentar las bases legales en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para que todo ciudadano que radique en el exterior pueda ejercer su derecho político más importante: el voto.

De cara a los comicios presidenciales de 2018, a los legisladores nos corresponde establecer las disposiciones esenciales que caracterizarán el nuevo modelo de sufragio a distancia dejando en manos de la autoridad electoral toda la regulación que de ahí se desprenda. De hacerlo con tiempo, permitiremos al Instituto Federal Electoral que lleve a cabo la planeación y realización de las acciones que se requieran para aplicar la norma.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTICULO UNICO.-  Se REFORMAN el numeral 1 del artículo 107, el numeral 4 del artículo 194, el inciso a) del numeral 1 del artículo 314, los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 315, los incisos b), c), d) y e) del numeral 1 del artículo 316, el numeral 1 del artículo 318, los numerales 2 y 3 del artículo 319, el inciso a) del numeral 2 del artículo 320, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 322, y el numeral 5 del artículo 323; y se ADICIONAN el numeral 3 del artículo 107, el numeral 3 del artículo 315 recorriéndose los subsecuentes, el numeral 3 del artículo 323 recorriéndose los subsecuentes, y el numeral 4 del artículo 326; todos ellos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 107

1.El Instituto Federal Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional, así como en las sedes diplomático-consulares de México en el exterior, conforme a la siguiente estructura:

a) …

b) …

2. Podrá contar con oficinas municipales en los lugares en que el Consejo General determine su instalación.

3. También podrá contar con módulos de atención en las sedes diplomático-consulares de México en el extranjero que el Consejo General determine. Lo anterior a efecto de que presten a los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero los servicios relacionados con  la credencialización, la inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, la difusión y el sufragio del voto y las demás que determine el Instituto para cumplir con estos fines. Al efecto, el Instituto celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.

Artículo 194

1. a 3. …

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo anterior. En el medio de impugnación que se interponga se deberá acreditar que se hicieron valer en tiempo y forma las observaciones a que se refiere el párrafo 1 de este artículo o el párrafo 2 del artículo 322 según sea el caso, señalándose hechos y casos concretos e individualizados, mismos que deben estar comprendidos en las observaciones originalmente formuladas. De no cumplirse con dichos requisitos, independientemente de los demás que señale la ley de la materia, será desechado por notoriamente improcedente. El medio de impugnación se interpondrá ante el Consejo General dentro de los tres días siguientes a aquel en que se dé a conocer el informe a los partidos políticos.

Artículo 314

1. …

a) Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por escrito, con firma autógrafa o, en su caso, huella digital, o bien, por vía electrónica y en los formatos aprobados por el Consejo General, su inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero;

b) y c)….

Artículo 315

1. Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos señalados enviarán la solicitud a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del artículo anterior entre el 1o. de octubre del año previo, y hasta el 15 de marzo del año de la elección presidencial.

2. La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por correo certificado o por los medios electrónicos aprobados por el Consejo General, acompañada de los siguientes documentos:

a) y b)…

3. A fin de que los ciudadanos cuenten con su credencial para votar con fotografía, el Instituto contará con la facultad de realizar los trámites necesarios en las sedes diplomático-consulares de México en el exterior y únicamente serán vigentes para participar en una sola elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, de conformidad con los acuerdos que celebre el Instituto con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Las credenciales para votar con fotografía que se expidan conforme a lo establecido en el párrafo anterior estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos especiales que disponga el Instituto dentro de las sedes diplomático-consulares hasta el 15 de marzo del año de la elección.

4. Para efectos de verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 de este artículo, se tomará como elemento de prueba la fecha de expedición de la solicitud de inscripción que el servicio postal de que se trate estampe en el sobre de envío y, en el caso de que la solicitud se realice vía electrónica, se tomará como elemento de prueba el acuse de recibo electrónico enviado al solicitante, mismo que el sistema generará de manera automática.

5. A ninguna solicitud enviada por el ciudadano después del 15 de marzo del año de la elección, o que sea recibida por el Instituto después del 15 de abril del mismo año, se le dará trámite. En estos casos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores enviará al interesado, por correo certificado, aviso de no inscripción por extemporaneidad.

6. El ciudadano interesado podrá consultar al Instituto, por vía telefónica o electrónica, su inscripción.

Artículo 316

1. …

a) …

b) Solicito votar por correo, o en su caso, por vía electrónica, en la próxima elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

c) Autorizo al Instituto Federal Electoral, verificado el cumplimiento de los requisitos legales, para ser inscrito en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, y darme de baja, temporalmente, de la lista correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar, según corresponda;

d) De ser el caso, solicito que me sea enviada a mi domicilio en el extranjero la boleta electoral; y

e) Autorizo al Instituto Federal Electoral para que, concluido el proceso electoral, me reinscriba en la lista nominal de electores correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar, según corresponda".

Artículo 318

1. A partir del 1 de octubre del año previo al de la elección presidencial y hasta el 15 de marzo del año de la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los interesados el formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, en los sitios, en territorio nacional y en el extranjero, que acuerde la Junta General Ejecutiva, y a través de la página electrónica del Instituto.

1.

Artículo 319

1. …

2. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a la inscripción del solicitante en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, dándolo de baja, temporalmente, de la lista nominal de electores correspondiente a la sección del domicilio asentado en su credencial para votar, según corresponda.

3. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará los documentos enviados y el sobre o archivo electrónico que los contiene hasta la conclusión del proceso electoral.

4. a 5. …

Artículo 320

1. ...

2. …

a) Conforme al criterio de domicilio en el extranjero de los ciudadanos, ordenados alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas exclusivamente para efectos del envío de las boletas electorales a los ciudadanos inscritos que así lo hayan solicitado; y

b) …

3. a 4. …

Artículo 322

1. A más tardar el 1 de mayo del año de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 15 de mayo, inclusive.

3. De las observaciones realizadas por los partidos políticos se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 1 de junio.

4. a 5. …

Artículo 323

1. …

2. …

3. A más tardar el 31 de enero del año de la elección, el Consejo General del Instituto aprobará el diseño, las medidas de seguridad y los mecanismos de validación que deberá contener la plataforma electrónica donde los ciudadanos que residen en el extranjero podrán emitir su voto hasta las cero horas del día de la jornada electoral, tiempo en que el mecanismo electrónico será bloqueado de manera que no puedan emitirse más votos. En todo momento, dichas medidas deberán garantizar la seguridad y certeza que por mandato constitucional se exigen para la emisión y contabilización del voto.

4. Serán aplicables, en lo conducente, respecto a la boleta electoral, las disposiciones del Artículo 252 de este Código. La boleta electoral que será utilizada en el extranjero contendrá la leyenda "Mexicano residente en el extranjero".

5. El número de boletas electorales que serán impresas para el voto en el extranjero será igual al número de electores que, al momento de solicitar su inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, hubieren manifestado que emitirían su voto por esta vía. El Consejo General determinará un número adicional de boletas electorales. Las boletas adicionales no utilizadas serán destruidas, antes del día de la jornada electoral, en presencia de representantes de los partidos políticos.

Artículo 326

1. a 3…

4. Los ciudadanos que quieran emitir su voto en alguna de las sedes diplomático-consulares de México en el exterior, de acuerdo a lo que disponga el Consejo General del Instituto, podrán hacerlo en el módulo o la oficina dispuesta para estos efectos, previa inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero por vía electrónica.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá llevar a cabo la previsión presupuestal necesaria para la aplicación del presente Decreto al enviar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 142 de marzo de 2013.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón”.





 

PROPUESTAS

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, un punto de Acuerdo sobre Policías Comunitarias, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION, A LOS GOBERNADORES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y SERVIDORES PUBLICOS LOCALES QUE CORRESPONDA, A HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY, DISOLVIENDO A LOS GRUPOS DENOMINADOS “POLICIAS COMUNITARIAS” Y GENERAR POLITICAS PUBLICAS TENDIENTES A INHIBIR LA CREACION DE MAS GRUPOS DE ESTE TIPO, ASI COMO MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS

LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto artículo 67 numeral 1 inciso m) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8 numeral 1, Fracción II; 103 numeral 2 Fracción III; 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución para exhortar respetuosamente al Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, a los gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos locales que correspondan a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias”, y generar, en el ámbito de su competencia, políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para garantizar la seguridad pública en todas las entidades federativas del país, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El primer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

En la tradición jurídica del Estado Mexicano, esta premisa tiene gran relevancia, pues en el siglo XIX existió una gran inestabilidad derivada de la ingobernabilidad existente, como consecuencia de los diversos conflictos bélicos que se generaron en la lucha interna por el poder.

Institucionalizar la procuración e impartición de justicia fue un logro fundamental para el Estado de Derecho en México, así como garantizar que el uso legítimo de la fuerza o violencia legítima sea una facultad exclusiva del Estado, pues implica un pilar esencial en el funcionamiento de la correcta convivencia social.

En fechas recientes, han proliferado grupos que en evidente violación al artículo 17 constitucional, han decidido suplir las funciones relativas a la fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad ciudadana.

Se trata en su mayoría de comunidades indígenas que ante las supuestas deficiencias de la autoridad en la materia, han organizado grupos que hacen uso de la fuerza para el mantenimiento de la seguridad pública, denominados “policías comunitarias” sin tener ningún tipo de regulación y con una connotación inconstitucional y, por supuesto, ilegal.

La creación de dichas “policías comunitarias” en regiones de diferentes estados del país, particularmente Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Estado de México, resulta sumamente preocupante, no sólo por ser manifiesto de la inseguridad que se vive en esas regiones, sino por el peligro de ingobernabilidad que concibe.

A nivel internacional hay antecedentes que demuestran lo perjudicial de este tipo de organizaciones, como en Colombia, donde las denominadas “guardias blancas” que además de violentar la ley, comenzaron a cobrar a los ciudadanos, decayendo en extorsión, si no con el aval de la autoridad formal, si con la omisión del Estado de Derecho.

Si bien en Guerrero, en la sierra y en la Costa Chica desde la década de los noventa, existían movimientos comunitarios organizados para combatir al crimen organizado, nunca se había dado una expansión de tal magnitud y menos con la anuencia de la autoridad legítima en sus actividades. Se ha llegado al absurdo de plantearse la reglamentación de estos grupos dentro del sistema de seguridad, justicia y reeducación, como sucedió en el estado de Guerrero.

En contraste, en Oaxaca se trabaja por suprimirlas, como ejemplifica el caso de un acuerdo entre el gobierno estatal y el municipio de Santos Reyes Nopala, donde el presidente municipal, Fredy Gil Pineda Gopar, accedió a disolver “de manera inmediata” la policía comunitaria constituida en la zona desde el pasado 11 de febrero. De acuerdo al informe de la Secretaría General de Gobierno, las autoridades de este municipio sostuvieron una reunión con el titular de dicha dependencia, Jesús Martínez Alvarez, el procurador de justicia estatal, Manuel de Jesús López, y el comisionado de la Policía Estatal, César Alfaro, que llegaron al acuerdo de mantener el Estado de Derecho en el municipio.

En Michoacán, el Secretario de Seguridad Pública, Elías Álvarez Hernández, declaró que se han reportado 3 municipios que están constituyendo “policías comunitarias”, debido a la incidencia delictiva dentro de sus localidades, y que el gobierno del estado ya toma medidas para persuadir su desintegración y así permitir a las policías legítimas el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, en el Estado de México dos municipios (Amatepec y Tlatlaya) anunciaron la creación de grupos cuya actividad será de carácter policial contra organizaciones criminales, argumentando la falta de capacidad de las autoridades para brindar seguridad.

Efrén Rojas Dávila, Secretario General de Gobierno del Estado de México, rechazó que las policías comunitarias sean señales de ingobernabilidad en el estado, y las consideró meras expresiones de la sociedad.

Aún más, para Miguel Ángel Contreras Nieto, Procurador de Justicia del Estado de México, las policías comunitarias no constituyen un delito ni atentan contra el Estado de Derecho e incluso descartó la posibilidad de iniciar investigaciones sobre el tema.

Es cuestionable que un servidor público encargado de hacer valer el Estado de Derecho, refiera que la justicia por propia mano y la usurpación de funciones conferidas de forma exclusiva a la autoridad no impliquen un acto ilícito y, por ello, se deslinde de conocer y actuar conforme a derecho procede.

Las policías comunitarias pueden tener un trasfondo legítimo como es la seguridad pública fallida, sin embargo, se trata de un acto inconstitucional, ilegal y artífice de ingobernabilidad.

El estado mexicano y sus diferentes órdenes de gobierno deben garantizar la seguridad de los ciudadanos y, en pleno respeto a la dignidad de las personas que deciden integrar “policías comunitarias”, éstas deben desintegrarse e inhibirse, sin autoritarismo se debe hacer cumplir la Constitución y la ley.

El propio presidente del Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Plascencia, ha calificado como una “señal de alarma”, la existencia de estos grupos, pues tiene la misma naturaleza de los grupos paramilitares y existe una frágil línea divisoria entre ellos.

El Partido Acción Nacional hizo un llamado al gobierno federal para que su estrategia de seguridad no sólo se focalice en la prevención, sino también en respaldar la seguridad a nivel estatal, para que no se vea una clara incapacidad del Estado para brindarles seguridad a los ciudadanos.

En el mismo sentido, el diputado Manlio Fabio Beltrones, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro aceptó que el surgimiento de guardias comunitarias es un signo de “ingobernabilidad”.

En contraste, el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, declaró que las guardias comunitarias “cuentan con todo el respaldo” del gobierno federal, con la finalidad de capacitar a su gente e integrarla a las policías municipales y Ministerios Públicos, para brindar seguridad y protección a sus propios pueblos mediante esquemas legales.

Y aunque es entendible el aspecto político, se trata de la tolerancia clara a la ilegalidad, de un abandono expreso al estado derecho y de una vulneración a nuestra norma suprema.

La obligación del Estado, por conducto del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales es mantener la paz y seguridad de la población. Para ello debe respetarse plenamente nuestra Constitución y la ley y no permitir deliberadamente su violación.

Tanto el gobierno federal, como las autoridades locales deben generar medidas preventivas del delito, pero también deben combatirlo de forma efectiva y sin recurrir para ello a la ilegalidad y mucho menos condescender actos ilícitos bajo ninguna circunstancia.

Es imperativo desaparecer las “policías comunitarias”, generar mecanismos que las inhiban y garantizar la seguridad pública en todas y cada una de las comunidades de todo el país. Lo anterior respaldado con el fomento de la participación ciudadana en materia de prevención pacífica del delito y la estimulación de redes ciudadanas en el marco legal correspondiente.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias”, y generar, en el ámbito de su competencia, políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para garantizar la seguridad pública en todas las entidades federativas del país.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos locales que correspondan, a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias”, y generar, en el ámbito de su competencia, políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para garantizar la seguridad pública en sus estados y municipios.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2013.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar el pago a los ex trabajadores migratorios que aun no lo reciben, mismo que se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE GOBERNACION, SE EFECTUE EL PAGO A LOS EX TRABAJADORES MIGRATORIOS QUE AUN NO LO RECIBEN

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La deuda que aún tiene el gobierno mexicano con los ex trabajadores migratorios mexicanos es un tema que trasciende el tiempo, la justicia y la equidad.

Después de varios años, con la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex Trabajadores Migrantes Mexicanos, este órgano ha dado sus primeros frutos.

La presión ejercida por legisladores de diversas expresiones se aglutinó para lograr obtener un Decreto que finalmente fue promulgado en la pasada Administración Federal para dar paso a la asignación presupuestal correspondiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.

Indudablemente y sin precedentes, con la cantidad de 3 mil 816 millones 200 mil pesos, adicionados a los saldos de años anteriores, fue posible que al cierre del 2012, la cantidad destinada al renglón del tema que se trata, llegara a los 5000 mil millones de pesos.

El pago que efectuó el Gobierno Mexicano a ex trabajadores migrantes mexicanos se desglosó de la siguiente forma; 108 mil 352 a braceros que trabajaron de 1942 a 1964 en los Estados Unidos, con término al final de 2012, a razón de 34 y 38 mil pesos, y los braceros beneficiados serían aproximadamente 200 mil mexicanos a quienes, después de tantos años, se les hizo justicia.

Sin embargo, el problema no ha concluido. La Universidad Nacional Autónoma de México llevó a cabo un estudio hace 6 años, mediante el que se diagnosticó, que el universo de braceros era de 4.0/4.5 millones de ellos y que se exhortarían 6 billones de pesos para que fuera posible devolver a este gremio todos sus ahorros, indexando sus haberes y considerando el pago de intereses.

Por obvias razones esa cifra es cuasi imposible liquidarla, no obstante, se debe hacer un esfuerzo para ir braceando en este rubro, de tal manera que para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se etiquete cuando menos una cifra similar a los 5 mil millones de pesos hasta ahora asignados al Programa.

Existe por procesar un número indeterminado de ex trabajadores cuyos documentos aún no pasan los filtros de estudio y análisis que lleva a cabo la Secretaría de Gobernación, mediante la apertura de Mesas Receptoras, que habría que implementar de inmediato.

A los potenciales braceros, antes de ser contratados se les exigía que mostraran sus manos callosas, a fin de demostrar que eran trabajadores con experiencia agrícola, se les tomaban sus huellas digitales, y como parte del régimen de perfeccionamiento eran desnudados y fumigados con DDT, antes de poder entrar a los Estados Unidos de América.
El Programa debe ser considerado como una oportunidad para la explotación que alrededor de medio millón de campesinos vivieron al firmar una cláusula en su contrato, por medio de la cual, se les descontaba el 10 por ciento de su salario. La teoría señalaba que el dinero pasaría a un fondo de retiro, la cantidad le sería devuelta a su retorno a México, desgraciadamente dicha entrega nunca ocurrió.

Según cifras del Gobierno mexicano, más de medio siglo después de la "desaparición" del dinero, se registró el Fideicomiso 2016, Fondo Social de Braceros Mexicanos, por medio del cual, un total de 127,104 personas recibieron un anticipo de $4,000 pesos (350 dólares). A otros 39,287 braceros legalmente inscritos ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se les entregaron $38,000 pesos (3,500 dólares).

El Gobierno mexicano aprobó el 13 de julio de 2011, la lista número 39 de ex braceros que recibirían el apoyo de 34,000 pesos (3,100 dólares). Se calcula que serían 38,803 las personas beneficiadas de los llamados “apoyos sociales”.

En este orden de ideas, existen miles de ex braceros que no se incluyeron en el universo reconocido por la Secretaría de Gobernación y estos, están demandando una nueva convocatoria y la flexibilización del procedimiento para acreditar que sí trabajaron en         los Estados Unidos.

El tema social que se presenta, es sin duda un tópico muy sensible, debido a que este sector es gente muy marginada socialmente y económicamente, quienes además, fueron víctimas por parte de gobiernos anteriores, fueron burlados en el momento en que se les exigió el 10 por ciento de su sueldo devengado para la formación de un fondo que sería devuelto a su regreso, cuestión que nunca ocurrió.

Este fraude ocurrido entre 1942 y 1964 fue perpetrado mediante el trabajo honrado cubierto en los campos agrícolas y obras ferroviarias en los Estados Unidos, principalmente en los Estados de California, Texas y Arizona.

Con base en lo expresado, es una obligación brindar los apoyos necesarios, de manera paulatina, a nuestros braceros mexicanos, quienes depositaron la confianza y el ingreso generado fuera de su país, para que al volver al país pudieran vivir de manera digna y segura.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo Federal, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, para que inicie una nueva convocatoria para el pago inmediato a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que en su momento, no pudieron acreditar los requisitos establecidos por la pasada Administración Federal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de marzo de 2013”.





 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene un punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, a aumentar el recurso asignado por niño para que se cubran las aportaciones ante el IMSS de los trabajadores del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras de dicha secretaría, mismo que se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL A AUMENTAR EL RECURSO ASIGNADO POR NIÑO, PARA QUE SE CUBRAN LAS APORTACIONES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS DE DICHA SECRETARIA

“El que suscribe, JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, Senador de la República por la LXII legislatura del Congreso de la Unión, Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos,  8 fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración del Pleno: proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a que aumente el recurso asignado por niño, para que se cubran  las aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de dicha Secretaría, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Artículo 123 de Nuestra Carta Magna a la letra dice:

“[…] Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley […].”

Pasando de lo General a lo particular, en la Ley Federal del trabajo en su artículo 2 primer párrafo se entiende a la perfección que el trabajo digno o decente, es aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; sin que exista discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, y se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

En consecuencia, resulta importante mencionar la situación de muchos trabajadores de nuestro país, que no cuentan con ninguna condición favorable para el desempeño de sus funciones, en el caso de las personas que prestan sus servicios en las ya famosas estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, del Gobierno Federal, programa que fue creado hace ya más de cinco años y que actualmente está compuesto por 9 mil 473 estancias a nivel nacional, que atienden a 292 mil menores en todo el país y que para este año, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial el 27 de diciembre pasado, dicho programa contará con un presupuesto de 3 mil 547 millones de pesos, lo que permitirá continuar el apoyo del Gobierno Federal a las madres trabajadoras para cuidar a sus hijos de entre 1 año y 3 años 11 meses, beneficiando con ello a más de 288 mil menores de edad, con lo que resultarán directamente beneficiadas 300 mil madres de familia al año.

Actualmente este programa ya tiene presencia en mil 279 municipios, 409 de ellos considerados como de muy alto o alto grado de marginación por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

En 45 de los 250 municipios con menor índice de desarrollo humano, donde no existían servicios ni apoyos para el cuidado y la atención infantil, ya se han establecido 59 estancias y se atienden a 4 mil 589 menores con discapacidad (1,864 niñas y 2,725 niños), en 2 mil 766 Estancias Infantiles, que benefician en total a 83 mil 281 personas.

Con todos estos datos, nos damos cuenta que es una importante la labor que se realiza en este programa tanto en infraestructura y aportaciones económicas, así como el apoyo más importante que es el humano que labora dentro de estas estancias y que sin lugar a duda tienen la labor más compleja y complicada de todas, puesto que tienen a su cargo el buen funcionamiento de las estancias y el cuidado de los niños, y según la Convocatoria Nacional para la Participación de Instituciones Educativas en el multicitado programa en el ejercicio fiscal del año que antecede, en su numeral IV Financiamiento de los Proyectos inciso i, se considera un apoyo a los docentes, en el rubro de transporte y alimentación para solventar sus gastos de supervisión y asesoría, de hasta $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) mensuales por docente, previa justificación de las actividades a realizar, así como la justificación de no pagar gastos de operación bajo los rubros de sueldos y salarios entre otras cosas. 

Ahora bien, retomando lo aprobado por esta soberanía, cabe destacar que la Ley Laboral define y castiga las subcontrataciones dolosas para evadir responsabilidades laborales o fiscales, exige que los patrones cumplan con todas y cada una de las disposiciones de la Ley, en este sentido es importante que los encargados de las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, gestiones el pago de las aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de las personas que prestan sus servicios en la instancias infantiles, para que  puedan contar a la brevedad con seguridad social y los beneficios que esta les otorga y con eso puedan aumentar su calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración, como de URGENTE RESOLUCION, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta de forma respetuosa a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que aumente el recurso asignado por niño y con esto se pueda cumplir a la brevedad con el pago de las aportaciones de los trabajadores del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de febrero de 2013”.





 

Del Senador David Monreal Avila del grupo parlamentario del PT, que contiene un punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre los connacionales sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos de América, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR SOBRE LOS CONNACIONALES SENTENCIADOS A LA PENA CAPITAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En Estados Unidos la pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como castigo por un delito establecido en su legislación; los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen denominarse «delitos capitales». La muerte de criminales y disidentes políticos ha sido empleada por algunas sociedades en algún momento de su historia, tanto para castigar el crimen como para suprimir la disidencia política.

Actualmente la pena de muerte ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos, excepto Bielorrusia, y la mayoría de los correspondientes a Oceanía como Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental. La mayoría de países latinoamericanos han abolido la pena de muerte, mientras que en países como los Estados Unidos de América, Guatemala y la mayoría de los Estados del Caribe aún sigue siendo aplicada.

En Asia la pena de muerte está permitida en democracias como Japón e India. En África, aún se usa en Botsuana y Zambia. En muchos países donde aún se aplica la pena de muerte, se usa como un castigo para crímenes de asesinato, espionaje, traición, o como parte del derecho Militar.

Amnistía Internacional, en el informe anual de ejecuciones judiciales del año 2003, mencionó que fueron ejecutadas al menos 1,146 personas en 28 países. El 84% de las muertes documentadas ocurrieron en cuatro países: la República Popular China, llevó a cabo 726 ejecuciones, Irán mató a 108 personas, Estados Unidos a 65 y Vietnam a 64.

No obstante, para 2011 el número de ejecuciones judiciales se desconoce, ya que aunque la cifra se redujo a 680 en sólo 20 países, este dato no incluye las ejecuciones en China, las cuales Amnistía Internacional cree que son miles, pero no existen cifras oficiales disponibles. La última nación en abolir la pena de muerte para todos los crímenes fue Uzbekistán, a principios de 2008.

Por lo que tiene que ver con los Estados Unidos de América, los Estados son libres de incluir o no la pena de muerte en sus Códigos Penales respectivos, en la mayoría de los Estados la incluyen y en algunos no, de las que no la incluyen han establecido en su Constitución la prohibición de aplicarla. Actualmente son dieciocho Estados los que la han prohibido, además del Distrito de Columbia, luego que Connecticut la aboliera el 25 de abril del 2012.
El 23 de noviembre del 2011, el gobernador del Estado de Oregón, John Kitzhaber, suspendió la ejecución de los condenados a muerte en su Estado por el resto de su mandato como gobernador, es decir, hasta el año 2015; Kitzhaber, enfatizó razones morales para su decisión, al considerar “moralmente equivocada” la pena capital.

Un caso específico es el del connacional Cesar Roberto Fierro Reyna, quien se encuentra recluido desde el mes de febrero de 1979, bajo la acusación de tráfico de drogas en la cárcel de máxima seguridad Ellis Unit, Texas, uno de los Estados en donde se aplica la pena capital.

Dos meses más tarde la policía le agregó el cargo de homicidio calificado, según la ficha criminal de las autoridades penitenciarias de Hunstville, el connacional supuestamente habría disparado con una pistola sobre la cabeza de Nicolás Castañón. El mexicano negó haber conocido a éste y rechazó rotundamente haber estado en la escena del crimen. Posteriormente, el 12 de febrero de 1980, una Corte de El Paso, Texas, lo declaró culpable de los delitos de homicidio calificado y robo, por la muerte de Nicolás Castañón.

Sin haberse comprobado su culpabilidad, el juarense Cesar Roberto Fierro Reyna, es el sentenciado que más tiempo lleva esperando en el “pabellón de la muerte” 33 años, tiempo en el que 17 veces ha pasado del patíbulo a su celda en un diabólico juego de la “ruleta rusa” que finalmente le ha extraviado la razón. A sus 55 años de edad, lleva más de la mitad de su vida enjaulado en una diminuta celda de dos por tres metros. En esas tres décadas a su extraviada mente han llegado rumores como el abandono de su mujer y la muerte de su madre y de su hermano menor que estaba discapacitado. César Roberto Fierro Reyna, que nunca ha abrazado a su hija Cindy y que tampoco conoce a sus dos nietos, podría ser el próximo mexicano en recibir la inyección letal en los Estados Unidos de América, pues el fiscal ha solicitado por enésima vez volver a calendarizar su ejecución.

Desde el principio de su largo enclaustramiento, Fierro Reyna proclamó con insistencia su inocencia hasta que llevó a su mente más allá de la frontera de la cordura, para sumergirse en el estado demencial en que actualmente se encuentra.

A la fecha suman 10 los mexicanos que a través de la historia han recibido la Pena Capital o Muerte Legal en el vecino país, en donde junto con Fierro Reyna, otros 50 compatriotas aguardan su ejecución. El primer mexicano ejecutado fue Agapito Rueda, quien fue electrocutado en la Silla Eléctrica en El Paso, Texas, el 1° de noviembre de 1926 y el último Humberto Leal García, el 7 de julio del año pasado en la prisión de Hunstville Texas, a quien se le aplicó la inyección letal.

Los derechos humanistas temen que en breve se desate una oleada de ejecuciones de mexicanos en los E. U., en donde los estados de Texas, Virginia y Oklahoma concentran la mitad de las mil 200 ejecuciones registradas desde 1977, fecha en que se reactivó la pena de muerte.

Es vergonzoso que existan en la actualidad casos tan extremos como estos, que dan una mala imagen a esta nación, que se ufana de ser un país altamente intelectual y de leyes muy avanzadas, pero lo que realmente hacen es situar en entredicho su capacidad de decisión y contravenir con la promoción de los derechos fundamentales del hombre.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Que esta Soberanía exhorte respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que rinda un informe sobre el número y situación en que se encuentran los connacionales, sentenciados a la pena capital, en los Estados Unidos de América, asimismo, informe sobre las medidas que se están implementando para auxiliarlos legalmente.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de marzo de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Permítame, señora Secretaria.

Sonido en el escaño de la Senadora Lucero Saldaña Pérez.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Para solicitar la dispensa de la segunda lectura a la iniciativa que acabamos de aprobar en su primera lectura, sobre violencia política de género. Se consulte a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se somete a votación.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Lucero Saldaña, aprecio su comentario, pero debo informarle que ya se dio el turno por esta Presidencia, desde luego que el día de mañana podría enlistarse en primer orden de los asuntos a discutir, en virtud de que si se hubiese pedido que se dispensara, esto antes de haberse concluido el trámite, con todo gusto hubiésemos sometido a la consideración de la Asamblea, que autorizara o no esa dispensa.

Sonido en el escaño de la Senadora Diva Hadamira Gastélum.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Yo no dudo de la cortesía que usted tendrá para la propuesta que le ha hecho la Senadora Lucero Saldaña, toda vez que estamos todavía en sesión, pero además la prisa que se tiene es por dos cosas.

Primero, porque estamos justo en la elección de 14 estados, que son locales, y segundo, recordará usted que irá a la Cámara de Diputados y quisiéramos nosotros poder, en economía procesal, agilizar este trámite, que no le veo mayor dificultad y estoy segura que los y las compañeras Senadoras estarán de acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senadora Diva Hadamira. Tomamos             nota de ello, y desde luego que hay la mejor disposición de esta Mesa Directiva por escuchar,              por buscar agilizar y resolver con la mayor prontitud los asuntos que son de interés de este        Senado.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Era también para la ampliación de turno sobre el tema de la seguridad social, fue turnado a Desarrollo Social, no a Seguridad Social. Yo creo que se corrige el turno o ampliación del turno.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría Parlamentaria que tome nota de ello, para que se atienda la petición del Senador Fernando Mayans.

Sonido en el escaño de la Senadora Diva Hadamira.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Señor Presidente, no nos quedó muy claro qué va a pasar con la solicitud que hemos hecho, y para no recurrir exactamente al dictamen que nos ocupa, que es el tema de violencia política, estamos pidiendo una vez más podamos dispensarle la segunda lectura y someterlo a discusión, no hay mayor dificultad. Yo le solicito, con mucho respeto, podamos hacer esto, que no le veo mayor violaci