Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 15



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Marzo de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:44 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, informo a ustedes que conforme al registro de asistencia del día de hoy, se encuentran 74 compañeros Senadores y Senadoras.

Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 19 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
CATORCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cinco minutos del día jueves catorce de marzo de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes doce de marzo de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Informe del Primer Foro Regional "El Agua, un Derecho Humano y Fundamental en México", realizado el 6 de marzo del año en curso, en Villahermosa, Tabasco.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Informe de su participación en el panel "La cuestión de Género en los partidos políticos", celebrada en el Congreso de Argentina los días 6 y 7 de marzo del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor del ciudadano Monte Alejandro Rubido García como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para efectos de ratificación del Senado de la República.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, solicitudes de permiso para que los ciudadanos Roberto Alfredo Herrera Mena y Paulo Tort Ortega puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorga el Gobierno de la Santa Sede.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuestas de nombramientos de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a favor de los ciudadanos: Rolando Ocampo Alcántar, para ocupar el cargo desde la fecha de su aprobación, en su caso, hasta el 31 de diciembre de 2020; y Félix Vélez Fernández Varela, para ocupar el cargo desde la fecha de su aprobación, en su caso, hasta el 31 de diciembre de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 17, fracción VI, 82 y 84, fracción V de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, cinco proyectos de Decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y desempeñar cargos de cónsules honorarios en Francia y Polonia.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, a nombre del Senado Mexicano, expresó una felicitación al Jefe de Estado Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, por su reciente elección como líder de la Iglesia Católica.

(Iniciativas)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Ciencia y Tecnología y de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, María Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Capítulo Único, se crea el Capítulo ii del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley Federal de Derechos para la Equidad y la Igualdad Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de Decreto por el que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía.- Intervinieron los Senadores: David Penchyna Grub, por la comisión, para presentar el dictamen; Manuel Bartlett Díaz del PT; Ninfa Salinas Sada del PVEM; Layda Sansores San Román; Rabindranath Salazar Solorio del PRD; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; Manuel Cavazos Lerma del PRI; Dolores Padierna Luna del PRD en contra; Francisco Domínguez Servién del PAN a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT en contra; y David Penchyna Grub del PRI a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Layda Sansores entregó un voto particular, que se integrará al expediente del asunto en cuestión. El dictamen fue aprobado por 83 votos en pro, 17 en contra y 7 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 17 al 20 de marzo de 2013, con el objeto de realizar el día 19 una visita al Estado de la Ciudad del Vaticano y participar en la ceremonia del inicio del pontificado del nuevo Papa de la Iglesia Católica.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1) En torno a la influenza.- Intervino el Senador Adolfo Romero Lainas, por la comisión, para presentar el dictamen. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

2) Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las medidas implementadas y los resultados obtenidos en torno a la venta ilegal de cigarros sueltos.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por la comisión, para presentar el dictamen; Benjamín Robles Montoya del PRD a favor; Francisco Salvador López Brito del PAN a favor; y Jesús Casillas Romero del  PRI a favor. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

3) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad costo-beneficio de incluir la esclerosis múltiple como una enfermedad de gasto catastrófico.- Intervino la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por la comisión, para presentar el dictamen. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó excitativa con relación al proyecto de Decreto que reforma y deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 27 de septiembre de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó excitativa con relación al Acuerdo sobre la creación de una comisión especial para el análisis del sobreendeudamiento de estados y municipios y fortalecimiento de sus finanzas públicas.- Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción iv del artículo 278 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a ponderar la posibilidad de que antes de que se otorguen las autorizaciones y permisos para construir unidades habitaciones con más de 15 viviendas en las diferentes demarcaciones del Distrito Federal, se deba realizar a cargo del solicitante un dictamen integral de impacto urbano.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar acciones con motivo de la mega deuda de Coahuila.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral, así como a los institutos electorales locales de los estados en donde se realizarán elecciones este año, a garantizar comicios transparentes, justos y equitativos, con el objeto de que se eviten prácticas ilegales en los mismos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo por el se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle Maury y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a comparecer ante el Senado de la República para que proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la Política Nacional de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones de Vivienda y de Reforma Agraria.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo respecto a las cuentas congeladas de Mariana Granier Calles por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo para el diseño de una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo por el se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que informe sobre las operaciones crediticias que han realizado las instituciones de crédito con estados y municipios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las denuncias y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, por las irregularidades encontradas en torno a la construcción de la “Estela de Luz”.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las reglas de operación del programa de desarrollo humano Oportunidades.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a tomar medidas efectivas para evitar la especulación y el incremento del precio del huevo.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo para modificar el Acuerdo de ratificación por parte del Senado de la República de los Empleados Superiores de Hacienda, designados por el Ejecutivo Federal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incrementar el monto de subsidio público ordinario que aporta a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en la primera etapa del programa "Cruzada contra el Hambre" a los municipios de Iturbide, Rayones, Mier y Noriega, Aramberri, Dr. Arroyo, Galeana y Gral. Zaragoza, debido a que por sus altos índices de pobreza y pobreza extrema han sido clasificados por el CONEVAL en su informe de pobreza y evaluación del estado de Nuevo León como zonas de atención prioritarias.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a cumplir cabalmente con lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los Poderes del estado de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía del municipio de Tinum.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta y seis minutos y citó a la siguiente el martes diecinueve de marzo a las once horas”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Honorable Asamblea, el Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias al pueblo de Tlaxcala, al gobierno del estado, a las autoridades de la comunidad de Jesús Tepactepec, municipio de Nativitas, y a los familiares de las personas que perdieron la vida, con motivo de la terrible explosión de material pirotécnico ocurrido el pasado 15 de marzo.

Asimismo, manifiesta su solidaridad hacia los pobladores del estado que resultaron heridos y de aquellos que aún están siendo atendidos en los hospitales de los estados de Puebla, Tlaxcala y del Distrito Federal.

A los gobiernos de estos estados, los Senadores de la República manifestamos nuestro profundo agradecimiento por la oportunidad de su intervención y por la atención que se encuentran brindando a los afectados.

La Cámara de Senadores hace voto porque los habitantes de esta entidad federativa superen en corto plazo la tragedia que provocó la pérdida de vida, así como una gran cantidad de heridos y exhorta a las autoridades competentes estatales y federales para que brinden a todos los lesionados la atención humana y profesional que se requiere hasta su recuperación.

Pido a las señoras y señores Senadores, guardemos un minuto de silencio en honor a quienes perdieron la vida en este lamentable acontecimiento.






MINUTO DE SILENCIO

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se les solicita, respetuosamente, ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Favor de tomar asiento, muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0732
Exp. 7161

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de devolver a ustedes el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 14 de marzo de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 18, INCISO A) DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fecha 6 de noviembre “Conmemoración de la promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813” del artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

ARTICULO 18.-...

a) …


6 de noviembre:

Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813.

b) …

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 14 marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Así también, la Cámara de Diputados remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se declara al 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-5-586
Exp. No. 520

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se declara al 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 14 de marzo de 2013.

Dip.TanyaRellstab Carreto
Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE DECLARA EL 2014 COMO “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”

Artículo Unico.- El Honorable Congreso de la Unión declara al 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 14 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Igualmente, de la Colegisladora se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0509
Exp. No. 7390 (LXI Legislatura)

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 14 de marzo de 2013.

Dip. Angel Cedillo Hernández
Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

Artículo Unico.- Se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

ARTICULO 13. ...

I. a X. ...

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español;

XII. a XV....

TRANSITORIO

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal contara con un plazo de 60 días para hacer las adecuaciones reglamentarias necesarias, de acuerdo a lo previsto en el Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Angel Cedillo Hernández, Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: La Cámara de Diputados remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6o., fracción I de la  Ley General de Bienes Nacionales y se adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-5-584
Exp. No. 210

Secretarios de la
H. Camara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6o, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales y se adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 14 de marzo de 2013.

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún
Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

SE REFORMA EL ARTICULO 6o, FRACCION I, DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 162 DE LA LEY AGRARIA.

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 6o, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

ARTICULO 6o.- ...

I.- Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, 48 y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.-a XXI.- ...

Artículo Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 162.- ...

Los terrenos nacionales o baldíos del territorio insular que dependan directamente del Gobierno de la Federación, en términos del artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no podrán ser enajenados ni desincorporados del régimen de dominio público del Estado.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Fernando Bribiesca Sahagún, Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Colegisladora remitió los siguientes proyectos de Decreto:

Una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se turnan a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Me permito aclarar, que en el turno anterior, en lo que se refiere al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6o., fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales y se adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria, además de turnarse a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, también que se turne a la Comisión de la Reforma Agraria.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnense a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Igualmente, la Colegisladora remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Población; de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; de la Ley General de Turismo y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal.- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Cámara de Diputados remitió los expedientes de los siguientes asuntos, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

“CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0740
Exp. 6779 LXI

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

México, D.F., a 12 de marzo de 2013.

Dip.Merilyn Gómez Pozos
Secretaria”.

Y una minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 5 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-7-532
Exp. No. 7152

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la Fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 5 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

México, D.F., a 12 de marzo de 2013.

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún
Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnense los dos expedientes a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió el expediente con la minuta proyecto de Decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-496
Exp. 7151 (LXI Leg.)

Secretarios de la
H. Camara de Senadores
Presentes

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, por el que se desecha, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional, la minuta proyecto de Decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, recibida el 26 de abril de 2012.

México, D.F., a 12 de marzo de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: De la Cámara de Diputados se recibieron también oficios por los que expresa su conformidad con los Acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar los siguientes asuntos:

Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 65 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito, resuelto por el Senado el 20 de abril de 2010.

“CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0745
Exp. No. 1988

Secretarios de la
H. Camara de Senadores
Presentes

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 65 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito, remitida el 22 de abril de 2010, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 12 de marzo de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.
Y una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 y se adiciona un párrafo al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social, resuelto por el Senado el 24 de abril de 2012.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1189
Exp. 4

Secretarios de la
H. Camara de Senadores
Presentes.

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 y se adiciona un párrafo al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social, remitida el 4 de septiembre de 2012, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 12 de marzo de 2013.

Dip.TanyaRellstab Carreto
Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo:Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Los asuntos referidos ya fueron declarados concluidos por el Senado.








En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la tribuna al Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, la Generación de Empleos y la Creación de Empresas de Alto Valor Agregado en las Entidades Federativas con Bajos Ingresos Per Cápita y Bajo Crecimiento.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA AGENCIA DE DESARROLLO PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO, LA GENERACION DE EMPLEOS Y LA CREACION DE EMPRESAS DE ALTO VALOR AGREGADO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON BAJOS INGRESOS PER CAPITA Y BAJO CRECIMIENTO

(Presentada por el C. Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Roberto Armando Albores Gleason: Saludo a las Senadoras y Senadores: con la venia del señor Presidente del Senado.

Antes de exponer a las Senadoras y a los Senadores la urgente necesidad de crear una Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico e instalación de empresas de alto valor agregado en las entidades federativas más rezagadas y con más bajo crecimiento económico, quiero agradecer a la Mesa Directiva por permitirme, junto con este mensaje, usar una presentación visual de tal forma que sea más certero el argumento de esta propuesta.

Las Senadoras y los Senadores, tanto en sus monitores como en las pantallas, tienen esta presentación.

Amigas y amigos Senadores, ¿qué proponemos diversos legisladores y un servidor?

Proponemos una Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico cuyo objetivo sea impulsar proyectos de emprendedurismo de alto valor para fomentar el surgimiento o fortalecimiento de empresas que impulsen actividades no tradicionales, nuevos procesos que generen externalidades positivas y una cultura que fomente la innovación y el ambiente emprendedor, a través de la construcción de trajes a la medida que permitan a estos proyectos solucionar las fallas de mercado o de gobierno más apremiantes para que estos se hagan realidad y así detonemos el crecimiento económico y mejore la calidad de vida de la gente.

Para la construcción exitosa de los trajes a la medida para cada proyecto de emprendedurismo, la agencia dispone de una serie de instrumentos que distintas dependencias federales, estatales e incluso municipales deben proveer.

Los instrumentos más relevantes son: programas de capacitación y especialización tecnológica, asesoría para la elaboración de planes de negocio, apoyo para la construcción de infraestructura específica, financiamiento de alto impacto a través de un fondo de capital de riesgo público-privado, garantías a la inversión, apoyos diversos directos a la producción, asesoría por parte de expertos o de cómo impulsar a los emprendedores mediante una ley secundaria. Se plantea que la agencia le proponga al Presidente de México crear zonas económicas especiales, además de impulsar propuestas de reforma a la legislación federal y local.

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, la agencia estará encabezada al más alto nivel por el Presidente de la República, e integrada por una dirección operativa: los titulares de diversas Secretarías de Estado y funcionarios federales, gobernadores y funcionarios estatales, representantes de universidades, organizaciones de expertos en el apoyo a los emprendedores empresarios y cámaras empresariales.

La dirección operativa coordinará las dependencias y establecerá la vinculación con el sector privado y sociedad civil para impulsar cada proyecto de emprendedurismo aprobado. Además, la agencia cuenta con dos órganos cuyos integrantes son del sector público, privado y social para la aprobación de los proyectos de emprendedurismo, un comité técnico y un consejo consultivo.

La agencia, amigas y amigos Senadores, deberá tomar en cuenta diez principios fundamentales de una política industrial eficaz. Primero enfocarse a nuevas actividades o nuevos procesos, tener claros criterios de éxito o fracaso de los proyectos, tener claras cláusulas de extinción en sus instrumentos, enfocarse en actividades más que en sectores, apoyar actividades que generen externalidades positivas, que sea autónoma para que tenga poder de decisión, pero que también sea monitoreada con instrumentos de transparencia y con instrumentos de evaluación que tengan una comunicación permanente con el sector privado, que tenga un proceso de aprendizaje de cuáles son las herramientas que están funcionando y cuáles no, y que sea flexible en la construcción de los trajes a la medida.

Amigas y amigos Senadores.

¿Por qué la urgencia de esta agencia?

¿Por qué estamos proponiendo esto?

Porque estas economías desafortunadamente están atrapadas en un equilibrio de baja actividad económica, sin un nuevo enfoque de política industrial y económica diferenciada por región, están condenadas estas entidades marginadas a seguir en la marginación y en la pobreza. Esta es la realidad, desafortunadamente, muy bajos ingresos y altísima marginación, como se observa en la gráfica que está en sus pantallas, son estados con ingresos per cápita sumamente bajos, que están muy bajo del promedio nacional y que esto también refleja en un porcentaje de la población que está muy arriba y que tiene altos niveles de pobreza.

Por ejemplo, del estado donde yo soy, Chiapas, más del 70 por ciento de la población está inmersa en pobreza extrema, en pobreza alimentaria.

Y también es una realidad, amigas y amigos Senadores, que aún la marginación y la pobreza son economías que no han crecido, que están estancadas. Como podemos ver, en el crecimiento económico de 1994 al 2010, son economías que han crecido mucho menos que el promedio nacional, que están estancadas en el subdesarrollo económico.

Por eso, amigas y amigos Senadores, México requiere de estrategias económicas eficaces y diferenciadas por región. Hoy contamos con una política nacional única que no está tomando ni atendiendo las limitantes de crecimiento más apremiantes de las regiones pobres. Ello está acrecentando la brecha de desigualdad, un trato igual a desigual es un trato desigual, por más trillada que suene esta frase es vigente en nuestro país.

Proponemos esta agencia porque consideramos que una restricción apremiante del crecimiento económico es la incapacidad de estas entidades para atraer emprendedores empresarios dispuestos a invertir en actividades no tradicionales. La agencia está diseñada para producir políticas públicas eficaces que le den solución a las fallas de mercado y a las fallas de gobierno más apremiantes.

Amigas y amigos Senadores, consideramos que se está dando esta incapacidad, bloque de la inversión y el espíritu empresarial, principalmente por dos fallas de mercado. La primera, fallas de aprendizaje, los costos de producción en actividades no tradicionales son inciertos y se revelan sólo después de una inversión inicial.

Los empresarios que participan en el proceso de descubrimiento incurren en costos privados, pero generan beneficios sociales que pueden superar ampliamente sus beneficios esperados.

No es de sorprender que en estas economías los emprendedores no estén dispuestos a subsidiar a sus competidores si su proyecto resulta exitoso.

La segunda falla de mercado, son las fallas de coordinación inducidas por las economías de escala, las cuales se basan en la idea de que pasar de un equilibrio ineficiente a uno eficiente requiere de inversiones coordinadas y simultáneas en un número de áreas diferentes, por lo que se requiere del desplazamiento de la inversión privada en subvenciones o guías obligatorias.

Dice el economista DaniRodrik: “las sociedades en vías de desarrollo necesitan enraizar la iniciativa privada en un marco de acción pública que fomente la reestructuración, la diversificación y el dinamismo tecnológico más allá de lo que las fuerzas del mercado podrían crear por sí mismas”.

Amigas y amigos Senadores, vamos por la transformación económica de nuestras entidades marginadas. Nos reitera Rodrick la experiencia de la economía mundial es que no existen recetas únicas. Una economía, muchas recetas. Por ende, los instrumentadores de política pública tienen margen para empaquetar creativamente estrategias económicas que sean sensibles a las oportunidades y limitaciones locales.

Los países exitosos son aquellos que han utilizado estos espacios con inteligencia.

El reto de México, amigas y amigos, es el de generar estrategias de crecimiento innovadoras por región, estamos convencidos de que para las entidades de baja actividad económica, es necesaria la creación de una agencia que se enfoque en hacer realidad proyectos de emprendedurismo. Lograr esto significa también generar un ambiente de confianza, lo que a su vez motivará a más emprendedores a realizar nuevos proyectos.

Requerimos, amigas y amigos, finalizo, de una nueva política industrial para llegar a un punto de inflexión de una baja actividad económica a una alta; pensamos en esta agencia como un instrumento detonador que cambie la realidad de estas entidades, así como otras agencias lo han logrado en otras latitudes.

Amigas y amigos Senadores, es el momento de actuar si queremos cambiar la realidad.

Termino mostrando una gráfica, si sigue la tendencia como ha estado en las últimas décadas, estaremos condenando a las entidades federativas más rezagadas a seguir en pobreza, en marginación; tenemos que detonar el crecimiento económico, tenemos que hacerlo ya para mejorar la calidad de vida de la gente.

Muchas gracias por escucharme.

(Aplausos)

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Albores Gleason.

- El C. Senador Roberto Armando Albores Gleason: Quiero agradecer a los Senadores con los que hemos suscrito esta propuesta: al Senador Zoé Robledo, del estado de Chiapas; a los Senadores René Juárez y Sofío Ramírez del estado de Guerrero; a los Senadores Eviel Pérez Magaña y Benjamín Robles, de Oaxaca; y a Adolfo Romero Lainas; los Senadores Omar Fayad y David Penchyna, de Hidalgo; a las Senadoras Lorena Cuéllar y Martha Palafox, de Tlaxcala; al Senador de Veracruz, José Francisco Yunes y al Senador Isaías Montes de Oca.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Albores Gleason. Pido a la Secretaría que tome nota de quienes desean sumarse a esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Octavio Pedroza Gaitán, a nombre propio y del Senador Ernesto Cordero Arroyo, con el aval del grupo parlamentario del PAN, para presentar una minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 40, 41, PARRAFO PRIMERO Y 43, ASI COMO LA DENOMINACION DEL TITULO QUINTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán, a nombre propio y del C. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con su anuencia, señor Presidente; respetables señoras Senadoras y señores Senadores de la República.

La presente iniciativa es presentada a nombre del Senador Ernesto Cordero Arroyo, por el de la voz y de todo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Desde los calpullis prehispánicos en Mesoamérica, hasta el municipio de la antigua Roma; o los demos que formaban las polis griegas, el ser humano atendiendo a su naturaleza gregaria encontró formas de asociación y organización que dieron respuesta a sus necesidades esenciales tales como seguridad, abasto, protección, así como incipientes esquemas de orden social.

Es por tanto, en este primigenio ente colectivo, hoy llamado municipio, donde el hombre deposita su intención fundamental de vivir en comunidad, de ser parte de una organización social.

En la Nueva España el municipio funcionó como célula inicial y piedra angular de la estructura territorial que de acuerdo a la tradición hispana era responsable de la seguridad, la administración y la impartición de justicia. Desde finales del siglo XIX los gobiernos de los estados comenzaron a limitar las atribuciones de los municipios hasta el punto de circunscribirlos a simples entes administrativos y ya no jurisdiccionales.

Esta tendencia se plasmó en la Constitución de 1917, al disponer que los ayuntamientos administraran y no gobernaran al municipio.

Con la reforma constitucional de 1999, la institución municipal se transformó de un mero ente político administrativo para la división básica del territorio en un orden de gobierno con libertad y atribuciones expresamente conferidas en el artículo 115 de nuestra Carta Magna.

A lo largo de muchos años y pese a múltiples esfuerzos por dotar al municipio de libertad para gobernarse y de disfrutar de la soberanía que le es originaria, no se le ha reconocido al municipio como espacio depositario de soberanía, siendo que es el orden de gobierno más próximo a los ciudadanos y, por ende, el primer espacio que le provee de identidad para la expresión de su cultura, de sus intereses y sus necesidades.

Esto a pesar de que el ayuntamiento es un orden de gobierno electo, en virtud de la voluntad soberana del pueblo mexicano, pública y manifiesta a través del sufragio, es decir, el poder municipal no es otra cosa que el resultado de la soberanía en obra.

Los Constituyentes de 1857 y de 1917, evidentemente no consideraron al municipio como orden de gobierno, por lo cual naturalmente no le confirieron soberanía.

Sin embargo, la reforma constitucional de1999 configura el municipio como el tercer orden de gobierno en la definición de la República Mexicana; pero no su condición soberana como tal, derivada de la voluntad del pueblo, sino que lo depositó de manera implícita en el legislativo estatal por medio de sus facultades de imponer tributos y expedir las leyes municipales que servirían de base para la potestad reglamentaria de los municipios.

Por otro lado, tal como lo reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el municipio cuenta con un régimen jurídico propio, basado principalmente en una esfera de competencias exclusivas y la posibilidad de interponer la controversia constitucional para defender sus potestades ante la intromisión de cualquier otro poder u orden de gobierno.

En tal virtud, proponemos que desde la Constitución se reconozca el inalienable derecho de los pueblos, erigidos en municipios, como depositarios de la calidad soberana que les debe ser inherente, para ejercerla por medio de las autoridades que ellos constituyeron a través de sus ayuntamientos electos democráticamente. Es decir, que la soberanía se ejerza por medio de las autoridades federales, estatales y municipales.

Como parte de esta reforma integral se propone hacer al municipio no sólo un orden de gobierno, sino también un ente integrante de la Unión, resultante de la vocación democrática y representativa que emana de la auténtica soberanía del pueblo y, por ende, con idéntica calidad en cuanto a su titularidad como depositario del poder público, aquella que ostentan los estados y la Federación.

El Estado mexicano necesita reconocer una realidad que sus comunidades y los ciudadanos ya reclaman: el municipio como ente público dotado de soberanía popular e integrante de la nación.

El reconocimiento del municipio como integrante de la Federación tendría como consecuencia inmediata, dentro del sistema competencial mexicano, el deber de garantizar la participación de los municipios en los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes.

Por lo anterior, me permito proponer a esta Soberanía, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del propio, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 40, 41, PARRAFO PRIMERO Y 43, ASI COMO LA DENOMINACION DEL TITULO QUINTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL RECONOCIMIENTODEL MUNICIPIO EN MEXICO COMO ENTE INTEGRANTE DE LA NACION E INSTITUCION DEPOSITARIA DE SOBERANIA.

Dijo don Manuel Gómez Morín, "la patria se construye desde los municipios", por economía parlamentaria, solicito, señor Presidente, se inscriba íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Convoco a todos los Senadores, a todos los grupos parlamentarios, con auténtica visión municipalista que el día de hoy comience la mayoría de edad para los municipios en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

Los suscritos, Octavio Pedroza GaitAn y Ernesto Cordero Arroyo, Senadores de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1, 2 y 3; 169, numerales 1 y 4, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, por medio de la presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 40, 41, PARRAFO PRIMERO Y 43, Y LA DENOMINACION DEL TITULO QUINTO DE LA CONSTITCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO EN MEXICO COMO ENTE INTEGRANTE DE LA NACION E INSTITUCION DEPOSITARIA DE SOBERANIA, basándonos para ello en las consideraciones de orden fáctico y jurídico que se expresan en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

EL MUNICIPIO MEXICANO Y SU VOCACION INSTITUCIONAL COMO ORDEN DE GOBIERNO.

El municipio mexicano, por excelencia, se ha caracterizado por ser la autoridad más cercana a la población, y con ello, el ente administrativo, político y hasta jurisdiccional (dependiendo de la época en que se analice) en que se erigen las comunidades para proveer el basamento más elemental que sostiene al andamiaje institucional y estructural del Estado Mexicano.

Más allá de ser la autoridad municipal el órgano competente para organizar y prestar algunos de los servicios públicos indispensables para la vida diaria (aguapotable y saneamiento, seguridad, recolección de basura, alumbrado público, etc.), su calidad ontológica, cualidades gnoseológicas y vocación teleológica, proponen indubitablemente una definición que rebasa la condición limitada que se le reconoce en nuestro marco constitucional.

La institución del municipio se remonta, en cuanto a sus orígenes en nuestro territorio, al calpulli, como organización de la comunidad gobernada por un Consejo de Ancianos en la época prehispánica. De igual forma, durante el periodo de la conquista, el municipio funcionó como la célula inicial para la estructura territorial de la Nueva España, de acuerdo a las instituciones españolas de la época, teniendo como principales funciones: la administración, la seguridad, el abasto y la justicia (también como piedra angular del sistema de justicia español).

Es hasta finales del Siglo XIX, que los gobiernos estatales empiezan a delimitar las funciones del municipio como un ente meramente administrativo, y ya no jurisdiccional. La concepción anterior fue plasmada en la estructura jurídico-formal que produjera el Constituyente de 1917, al establecer a la institución municipal en el artículo 115 de la Constitución de Querétaro, en los términos siguientes:

Art. 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial, y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I.- Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Sin embargo, la libertad de los municipios no se ejerció materialmente, debido a la sobre reglamentación impuesta por parte de los Estados a la función municipal mediante las bases normativas del municipio que expedían los Congresos Estatales. Tal y como lo reconoce el Constituyente Permanente de la reforma municipal de 1999:

4.2 La intención de ésta comisión dictaminadora, consiste en fortalecer al ámbito de competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno. Por ello se propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ahí que se defina y modifique en la fracción II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas de orden general.

Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homogéneo a los municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada municipio.

En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los ayuntamientos, todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la administración pública municipal; así como para la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplarán lo referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos, y demás aspectos que contienen lo siguiente: (…)

Con esta reforma, la institución municipal se transforma, de ser un ente político-administrativo para la división básica del territorio de un Estado, pasó a ser un orden de gobierno con atribuciones expresamente conferidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

En este mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce, en tesis jurisprudencial, la existencia del municipio como orden de gobierno autónomo y sobre todo la existencia de un régimen jurídico municipal, mismo que puede ser defendido por los municipios, mediante la controversia constitucional.

LA SOBERANIA COMO CUALIDAD DEL PODER PUBLICO EN UN SISTEMA DEMOCRATICO

Expresado lo anterior, es ahora preciso volver al origen de la concepción de la soberanía como fuente de poder, es decir, como factor que cohesiona a una comunidad para darse a ella misma un ente dotado de poder público, debida y suficientemente razonado, para procurarle a una colectividad, asentada en un espacio determinado, los bienes y servicios propios para la satisfacción de necesidades comunes.

Un claro antecedente de la pretensión de reconocer al municipio, además de la libertad municipal, la soberanía como atributo del pueblo en cada municipalidad, lo encontramos en el voto particular del Diputado José María del Castillo Velasco, en el Congreso Constituyente de 1856-1857), en el cual se dice:

“… El proyecto de Constitución, que he tenido la honra de suscribir, establece como principio incontrovertible la soberanía del pueblo, y el Congreso lo proclamará también. Desde este principio nace que la libertad que se reconoce a las partes de la federación, que son los estados, para su administración interior, debe reconocerse a las partes constitutivas de los estados que son las municipalidades. ¿Porqué (sic) los ciudadanos han de tener la facultad, la posibilidad de proveer al bienestar y al desarrollo de su estado y no han de tenerla también para proveer al bien y al desarrollo de su municipalidad? Si para atender a los intereses del estado basta la concurrencia de los ciudadanos que lo forman, para atender a los intereses de la municipalidad debe bastar también la concurrencia de los que componen esa municipalidad; porque el pueblo no deja de ser soberano, ni los individuos pierden la inteligencia a medida que se circunscribe la esfera de su acción.

Por estas consideraciones, buscando la prosperidad de los pueblos y siguiendo sin vacilar las consecuencias del principio de la soberanía popular, propongo al augusto Congreso como un artículo de la Constitución que toda municipalidad, con acuerdo de su consejo electoral, pueda decretar las medidas que crea convenientes al municipio.

De esta manera el pueblo tendrá un participio activo en la administración de sus intereses; de este modo se lograrán muchas reformas y muchas mejoras administrativas, por las cuales anhelan los pueblos; de esta manera la prosperidad de las municipalidades rebosará en los estados y el bien de las partes hará el bien del conjunto de ellas. De esta manera, en fin, señores diputados, se habrá creado en el pueblo y en el estado un interés que los obligue a defender las instituciones que vais a establecer…”.

Partiendo así de dicho postulado, a pesar de que numerosos esfuerzos se cuentan con el propósito de dotar a los municipios de libertad para gobernarse y disfrutar de aquella soberanía que les es originaria, no se le ha reconocido al municipio como espacio gubernamental investido de esa cualidad, siendo que aún a la fecha constituye el ente público más cercano al pueblo, y por ende el primer espacio que le provee de identidad, para la expresión de su cultura, intereses y necesidades.

A mayor abundamiento, es de apuntarse que el municipio representa a través del ayuntamiento, un orden de gobierno electo en virtud de la potestad soberana del pueblo mexicano, pública y manifiesta a través del sufragio. Es decir, el poder municipal no es otra cosa que el resultado de la soberanía en obra, a partir de la cual cobra un carácter auténticamente representativo de los intereses que le son comunes a un determinado núcleo poblacional asentado en un territorio determinado.

RECAPITULACION SOBRE EL ORIGEN DEL PODER PUBLICO Y SU CONCEPTUALIZACION EN EL CASO MEXICANO.

La legitimación del ejercicio de la autoridad por parte del gobierno o del soberano ha evolucionado a lo largo de la historia. En el origen del estado moderno se legitimó por medio de un designio divino, materializado por medio de la unción como monarca vitalicio de una persona. Esta concepción tuvo un cambio radical a finales del siglo XVII, ya que con la ilustración filósofos como John Locke, negaban el origen divino a las monarquías y aseguraban que el origen de las facultades del soberano es la cesión o autorización de los integrantes de una sociedad política a un magistrado, para que éste garantizara los elementos necesarios para la convivencia y la preservación de una sociedad política.

En este mismo sentido, Rousseau, desagregó la filosofía de John Locke. Estableció que es la sociedad en su “Estado Natural” quien por medio de un pacto social, constituye y autoriza al soberano para que garantice el interés público. Con lo cual concluye que la soberanía es del pueblo, pero se ejerce por medio de las autoridades constituidas mediante el pacto social.

Esta concepción de soberanía fue adoptada por el pueblo mexicano, desde el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, en la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (que rescata el texto de la Constitución del 57).

Debemos reconocer, que si bien es cierto que el constitucionalismo mexicano tiene una fuerte influencia del norteamericano, sobre todo en la parte orgánica, también debemos señalar que el concepto de soberanía es de influencia francesa.

En este sentido, el artículo 39 de la CPEUM reconoce que la soberanía reside en el pueblo y el artículo 41 de la CPEUM que el pueblo ha decidido ejercer su Soberanía por medio de los Poderes la Unión y de los estados, en sus respectivas competencias.

Es evidente que los Constituyentes de 1857 y de 1917 no consideraban al municipio como un ente de gobierno, por lo cual era imposible que el pueblo ejerciera su soberanía por medio de las autoridades municipales constituidas.

La falta de soberanía en el municipio, o más bien, por parte de sus autoridades, como se ha comentado ya con antelación, se comprende en virtud de su condición histórica, ya que durante la época de la Colonia el municipio tenía una autoridad delegada por parte del Soberano del Imperio Español para el ejercicio de la jurisdicción y de la administración, mientras que en el México Independiente se le consideró como la unidad territorial básica para la administración de un Estado.

Es importante mencionar que el municipio, para el caso mexicano fue la fuente del sentimiento de arraigo, pertenencia e identidad nacional. Es decir, fue la base primigenia, deducida del ámbito territorial, para la adopción y asunción de la idea de nación. Esto derivado de la limitante que tenían los criollos de ocupar los principales puestos del gobierno de la Nueva España, los cuales eran reservados a los peninsulares, lo cual ocasionó que partir de las reformas borbónicas, los criollos empezaron a configurar desde el municipio el concepto de soberanía-nación, que después le daría vida al México Independiente.

LA NECESIDAD DEL CAMBIO.

México ha cambiado, hoy tenemos a comunidades y ciudadanos libres y capaces para participar en los procesos comiciales que se proponen ser garantes de la democracia. Existen asimismo autoridades independientes (en la forma de Institutos Federales y Locales en materia electoral), objetivas e imparciales encargadas de garantizar el derecho subjetivo público que es el sufragio, su libertad y secrecía.

Las instituciones además de ser producto de la voluntad política plasmada en el orden jurídico y en la propia Constitución, deben atender inexorablemente a la historia y a las realidades políticas, sociales, económicas y culturales, propias de una colectividad en un tiempo determinado.

Es preciso pues, que hoy, las circunstancias ya existentes, presentes y constantes, de gran dinamismo, acentuado activismo, evidente diversidad, creciente necesidad, e incluso, latente adversidad, den vida a un nuevo marco institucional para el municipio mexicano.

Es por todo lo anteriormente apuntado, que se propone el reconocimiento de la evolución histórico-formal de la voluntad del pueblo mexicano, para hacer del municipio, además de un orden de gobierno, un ente integrativo de la Unión, resultante de la vocación democrática y representativa que emana de la propia soberanía del pueblo, y por ende, con idéntica calidad, en cuanto a su titularidad como depositario de poder público, que aquella que ostentan los Estados y la Federación.

El Estado Mexicano necesita reconocer una realidad que sus comunidades y ciudadanos ya reclaman: el municipio como ente público dotado de soberanía popular e, integrante de la nación.

La Reforma Constitucional de 1999 reconoció el carácter de gobierno a los municipios pero no su condición soberana como tal, derivada de la voluntad del pueblo, sino que lo depositó de manera implícita en el legislativo estatal por medio de su facultad de imponer tributos y expedir las leyes municipales que servirían de base para la facultad reglamentaria de los municipios.

Por otro lado, tal como lo reconoce la Suprema Corte de Justicia la Nación, el municipio (inclusive antes de la reforma de 1999) cuenta con un régimen jurídico propio, basado principalmente en una esfera de competencias exclusivas y la posibilidad de interponer la controversia constitucional para defender sus competencias ante la intromisión de cualquier otro poder u orden de gobierno.

Por estas razones, se propone que la Constitución Federal reconozca el inalienable derecho de los pueblos, erigidos en municipios, como depositarios de la calidad soberana que les debe ser inherente, para ejercerla por medio de las autoridades que ellos constituyeron a través de sus ayuntamientos elegidos democráticamente. Es decir, que la ejerzan por medio de las autoridades Federales, Estatales y Municipales.

SOBRE EL REGIMEN COMPETENCIAL DE LOS ORDENES DE GOBIERNO:

En el mismo sentido, siendo que la voluntad general ha reconocido al municipio como orden de gobierno, también es cierto que ha decidido constituirse en una República Federal (art. 40 de la Constitución) respetando los principios establecidos en la Constitución Federal y las propias de los estados; y que la soberanía será ejercida por las autoridades federales y estatales, de acuerdo a la Constitución General y a la propia de cada estado, en el ámbito de sus respectivas competencias (art. 41 de la CPEUM).

Como se desprende de los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal, es necesario comprender el sistema competencial mexicano para poder delimitar la forma y particularidades para el ejercicio de la soberanía por parte de la Federación y los estados, de acuerdo a lo establecido en ese cuerpo normativo.

Todas las facultades del Estado Mexicano originalmente son de los estados, de acuerdo a la cláusula residual (art. 124 de la CPEUM), y son éstos quienes, por medio de disposición expresa, las conceden a la Federación (art. 73, 117 y 118 de la CPEUM) y a los municipios (art. 115 de la CPEUM); por lo cual, toda facultad no cedida se entiende que los estados se la reservaron para ejercerla ellos mismos. Asimismo son ellos lo que en última instancia aceptan o rechazan un cambio al marco de las competencias de la federación al votar sus legislaturas cualquier cambio que sufra la Constitución Federal.

En este mismo sistema de distribución de competencias, se han establecido varias facultades que no son exclusivas de algún orden de gobierno, sino que se ejercen entre dos o más de ellos. Estas son las facultades coincidentes y las coexistentes.

Las facultades coincidentes pueden ser amplias, es decir, sin que la Federación pueda establecer los marcos para el ejercicio de las mismas por parte de los estados y los municipios como lo es la atribución de combatir el alcoholismo (art. 117 de la CPEUM). También pueden ser coincidentes restringidas, ya que se faculta a la Federación para expedir una Ley General para establecer las bases del ejercicio de cierta facultad, por ejemplo la educación (art. 73, F. XXV de la CPEUM), la salubridad (art. 73, F. XVI de la CPEUM), la seguridad (art. 73, F. XXIII de la CPEUM) y más recientemente el combate al secuestro y trata de personas (art. 73, F. XXI de la CPEUM).

También encontramos las facultades coexistentes, que se caracterizan porque permiten que cada orden de gobierno ejerza una facultad sin la necesidad de estar coordinadas, por ejemplo: la justicia en materia civil y penal, sin que los estados hayan autorizado al Congreso de la Unión para emitir una Ley General que coordine estas materias.

Es importante resaltar que la soberanía se ejerce tanto en las facultades legislativas, como ejecutivas y judiciales, respetando el principio de indivisibilidad de la soberanía de Rousseau, ya que lo que divide el Constituyente es el ejercicio del gobierno, no la soberanía del pueblo. En este sentido, el pueblo mexicano ha decido dividir al Estado Mexicano de forma vertical (Estado Federal) en la Federación, estados y municipios; así como de manera horizontal (Gobierno Republicano) en legislativo, ejecutivo y judicial.

Este doble control del poder, es una válvula de seguridad para garantizar la libertad, al impedir que el control se concentre. El control vertical es una creación de los ingenieros constitucionales norteamericanos mientras que el control horizontal se le debe a Montesquieu. El agregar al municipio como garante y base fundamental de la soberanía popular, otorgaría otra cláusula de seguridad al Estado Mexicano al equilibrar y contrapesar el poder, y con esto evitar su concentración, desviación o corrupción.

En los últimos años, se ha hecho evidente una tendencia a despojar al municipio materialmente de sus funciones, cuestión que es un error, ya que esto provocaría una mayor concentración de poder en las esferas más lejanas a los ciudadanos, sin capacidad institucional a nivel municipal para equilibrar dicha situación, lo cual obraría en obvio detrimento de la libertad y de los derechos básicos de las comunidades locales.

Bajo este razonamiento, es viable reconocer al municipio como autoridad ejecutora de la soberanía nacional bajo los siguientes argumentos:

- Cuenta con una facultad materialmente legislativa (hasta hoy considerada formalmente reglamentaria) para aprobar disposiciones generales municipales, ya que los estados se han reservado la facultad de expedir las leyes municipales, que serán la base “de las los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general” aprobadas por los municipios (art. 115, F. II de la CPEUM).

- Las facultades ejecutivas del municipio (art. 115, F. III de la CPEUM) son exclusivas de éstos, ya que el constituyente cedió expresamente facultades ejecutivas al municipio, como por ejemplo: agua potable, alumbrado público, alcantarillado, mercados, etc.

- Los municipios, como se comentó, cuentan con la potestad de acudir a la controversia constitucional para defender sus facultades legislativas y ejecutivas exclusivas ante cualquier invasión de facultades por la Federación o los estados (art. 105. F.I de la CPEUM).

- Por otro lado, el municipio tiene facultades concurrentes con la Federación y los estados, como son el desarrollo urbano (art. 105, F. V, inciso a) de la CPEUM), el desarrollo regional (art. 115, F. V, inciso c) de

- La (CPEUM), el uso del suelo (art. 115, F. V, inciso d) de la CPEUM), el desarrollo metropolitano (art. F. VI de la CPEUM), la seguridad pública (art. 21 y 115, F. III, inciso h y VII de la CPEUM) y la imposición de impuestos, derechos y contribuciones (art. 115, F. IV de la CPEUM).

- La facultad impositiva municipal es considerada como compartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en distintas jurisprudencias constitucionales se reconoce al municipio como coparticipe de la potestad tributaria. El Pleno de la Suprema Corte dota de gran transcendencia a la facultad de iniciativa de los ayuntamientos para aprobar las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Es en este sentido, que la Suprema Corte ha condicionado la posibilidad de los congresos locales de separarse o modificar la iniciativa de ley de ingresos de los municipios a motivar de forma objetiva y razonable las modificaciones que quiera realizar.

- El incumplimiento por parte de los congresos locales de justificar objetiva y razonablemente las reformas a la iniciativa de ley de ingresos presentada por un municipio, faculta a éstos para presentar una controversia constitucional en contra del congreso local.

Dentro de la lógica del sistema competencial mexicano, una de las consecuencias inmediatas de reconocer al municipio como integrante del pacto federal y ejecutor de la soberanía nacional, es garantizar la participación de los municipios en los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes.

Es por eso, que en los transitorios se propone un plazo de seis meses para que el Congreso de la Unión adecue las leyes generales de coordinación, que aún no establecen la participación de los municipios. Así como para los congresos locales de reformar sus normas internas a fin de garantizar esa representación.

Por esto se propone a esta Soberanía, incluir al municipio como ente depositario de la soberanía del pueblo, y a su gobierno como titular de poder público derivado de aquella, para su ejercicio en beneficio de los ciudadanos. Lo anterior, ya que el municipio estaría limitado, como toda autoridad constituida, a la distribución de competencias, límites y contrapesos que fija la Constitución Mexicana.

Por todo lo anterior se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 40, 41, PARRAFO PRIMERO Y 43, Y LA DENOMINACION DEL TITULO QUINTO DE LA CONSTITCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO EN MEXICO COMO ENTE ENTEGRANTE DE LA NACION E INSTITUCION DEPOSITARIA DE SOBERANIA.

Artículo Unico. Se reforman los artículos 40, 41, párrafo primero y 43, así como la Denominación del Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos, así como los municipios libres que los integran, en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos; por los de los Estados y de los municipios, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

(…)

I. – VI. (…)

Art. 43.- Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal; así como los municipios que los integran de acuerdo con su legislación.

TITULO QUINTO

De los Estados de la Federación, de los municipios y del Distrito Federal

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión contará con seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para reformar las disposiciones generales que se requieran para garantizar la participación de los municipios en los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes.

Artículo Tercero. Las autoridades competentes contarán con tres meses a partir de la entrada en vigor de las reformas a las normas que rigen los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes, para adecuar sus normas de funcionamiento.

Cámara de Senadores, a 19 de marzo de 2013.

Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Octavio Pedroza, gracias por la presentación de su iniciativa y desde luego que pido a la Secretaría que se integre al Diario de los Debates el documento que se ha presentado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Torres Corzo.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, para preguntarle al Senador si acepta que me sume a su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Octavio Pedraza, ¿acepta?

- El C. Senador Octavio Pedroza Gaitan: (Desde su escaño) Con mucho gusto, Senador Torres Corzo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: También la Senadora Mely Romero suscribe la iniciativa, y los Senadores que deseen hacerlo, pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Reitero el turno, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, México, Porrúa, 1997.

Rosseau, Juan Jacobo, El Contrato Social, México, Porrúa, 1969.

Artículo 3 del Acta Constitutiva de la Federación de 1824.

Artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Suprema Corte de justicia de la Nación las ha denominado facultades concurrentes y les ha dado como característica, que son aquellas en las que dos o más órdenes de gobierno pueden realizar una misma competencia y la cual va a estar delimitada por una ley general que se encargará de expedir el Congreso de la Unión.Tesis P/J.142/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XV, Enero 2002, p. 1042, número IUS 187982.

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Torres Estrada, Pedro Rubén, El modelo federal mexicano a la luz de los modelos comparados. La necesidad de la incorporación en la Constitución de los principios de subsidiaridad y solidaridad como principios informadores y delimitadores del sistema de competencias, en AGUILERA PORTALES, Rafael y TORRES ESTRADA, Pedro Rubén, ISOTIMIA II, Porrúa, México, 2010.

Tesis P./J. 111/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1129, número IUS. 174091.

HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN.

Tesis P./J. 112/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1131, número IUS. 174089.

HACIENDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN SEPARARSE DE LAS PROPUESTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE LO HAGAN SOBRE UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE.

Véase la Controversia Constitucional presentada por el Municipio de Morelia ante la Suprema Corte de Justicia del a Nación. Tesis P./J. 116/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1132, número IUS. 174088.

HACIENDA MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN VII, Y 19, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA 2006, AL ESTABLECER SUPUESTOS DE EXENCIÓN, TRANSGREDEN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

“(…) porque el Municipio de Morelia no propuso esas exenciones en su iniciativa y la Legislatura del Estado no expuso en el procedimiento legislativo algún argumento para justificar su inclusión, lo que genera un perjuicio a la hacienda pública municipal, pues afecta la recaudación que se tenía contemplada y altera la iniciativa del Municipio sin motivación alguna (…)”

Por ejemplo: coordinación en seguridad pública (art. 73, F. XXIII de la CPEUM), educación (art. 73, F. XXV de la CPEUM), contabilidad gubernamental (art. XXVIII, F. de la CPEUM), asentamientos humanos (art. 73, F. XXIX-Cde la CPEUM), protección al ambiente (art. 73, F. XXIX-G de la CPEUM), protección civil (art. 73, F. XXIX-Ide la CPEUM), la imposición de impuestos (que por medio de los Convenios de Coordinación Fiscal, los estados ceden parte de su facultad a la Federación para coordinarse de forma voluntaria y pleno respeto a su autonomía), entre otras.

García Ayluardo, Clara (coordinadora), Las Reformas Borbónicas 1750 – 108, México, FCE, 2010, Colección Historia Crítica de las Modernizaciones en México, pp. 153- 156.

Ibídem, pp. 157 – 163.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la XX legislatura de la Cámara de Diputados, Dictamen de Origen de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999. http://www2.scjn.gob.mx/red/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=130&nIdRef=163&nIdPL=2&cTitulo=
CONSTITUCION%20POLITICA%20DE%20LOS%20ESTADOS%20UNIDOS%20MEXICANOS&cFechaPub=
23/12/1999&cCateg=DECRETO&cDescPL=DICTAMEN/ORIGEN

Tesis P./J. 134/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, octubre de 2005, P. 2070, número IUS. 176928.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar, con el aval del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTICULO 33 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El suscrito, en nombre propio y con el aval del grupo parlamentario del PRD ante esta Soberanía.

El 28 de octubre de 2008, el Congreso de la Unión aprobó una reforma energética, pretendió, entre otras cuestiones, hacer de la política energética, una política de Estado, con una participación conjunta de los Poderes de la Unión, particularmente en su definición, así como el cumplimiento de metas y evaluación de resultados. Este nuevo marco normativo fortaleció a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, instancias responsables de definir la política enérgica, se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos para regular y supervisar la explotación y extracción de carburos de hidrógeno, ordenó la integración del Consejo Nacional de Energía y otorgó a Petróleos Mexicanos cierta autonomía en sus formas de organización, procesos de toma de decisión y manejo presupuestal.

En esta ruta, se incluyó al Senado de la República para la aprobación y revisión anual de lo que se denominó Estrategia Nacional de Energía, no obstante, el propósito buscado por los legisladores a la vuelta de los años, no se ha cumplido.

Nuestro país ha padecido durante muchos años de una vocación por parte de las autoridades de buscar la forma de encontrar el hueco legal que permita no cumplir con el texto legal ni con el espíritu de lo que señalan nuestras normas. Tristemente quienes deberían encabezar la defensa de la legalidad, hoy se apoyan en estas argucias para obviar trámite y buscar la omisión de la norma jurídica vulnerando la legalidad.

En el anterior sexenio, en dos ocasiones se remitió lo que se llamó la Estrategia Nacional de Energía, a la cual el Senado de la República realizó las observaciones correspondientes, se solicitaron cambios a la misma y, sin embargo, la solicitudes de esta Cámara fueron ignoradas, incluso en los últimos dos años se tomó la decisión de no remitirla mencionada Estrategia Nacional.

En esta ocasión, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, remite a esta Soberanía un documento meramente monográfico, sin metas programáticas que carecen de objetivos puntuales, de metas a corto, mediano y largo plazo y de mecanismos precisos de evaluación de resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, sin contemplar en su totalidad las cuestiones operativas que debiera de tener una verdadera Estrategia Nacional.

Tal parece que se buscó cumplir con una formalidad legal al remitir dentro del plazo establecido dicho documento, pero su contenido no corresponde al sentido que tiene que formular una Estrategia Nacional de Energía y remitirla para su aprobación al Senado de la República.

No tiene valor republicano, mandar al Poder Legislativo documentos imprecisos, que no permiten acompañar la construcción de verdaderas políticas de Estado.

Para estar en posibilidad de subsanar esta situación anómala y evitar que se considere como mera oficialía de partes a esta Cámara de Senadores, es que me permito presentar la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de evitar interpretaciones contrarias al sentido de pesos y contrapesos que debe de corresponder al ejercicio de la función pública.

Esta iniciativa obliga a la Secretaría de Energía a establecer objetivos programáticos claros y concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, medición de resultados y evaluación de las políticas implementadas en materia energética. Asimismo, faculta al Consejo Nacional de Energía para proponer criterios y elementos de aplicación y evaluación de la política energética y establece lineamientos claros, concretos y precisos sobre la presentación de la Estrategia Nacional de Energía, tales como su presentación al comienzo de una administración, plazos de revisión y de reformulación en caso de que el Senado no la apruebe, evaluación de la misma año con año mediante informes semestrales por parte de la Secretaría de Energía, con el fin de evaluar la política y en caso de ser necesario reformularla y, sobre todo, el establecimiento de objetivos claros y concretos, metas e indicadores para la evolución de logros, objetivos, tanto cualitativos como cuantitativos dentro de la Estrategia Nacional.

Con ello, evitaremos que una Estrategia carente de fondos, sustancia y los mínimos requisitos para considerar su estrategia, se apruebe fasttrack, para cumplir en forma o mediante votaciones mecánicas, pero incumpliendo el fondo de lo que se plantea cuando se habla de una Estrategia Nacional de Energía, como sucedió en la sesión del pasado 14 de marzo del año actual.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto, mediante un artículo único, por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

V.- Llevar a cabo la planeación energética estableciendo objetivos programáticos claros y concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, medición de resultados y evaluación de las políticas implementadas, además de fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal.

VI.- Integrar el Consejo Nacional de Energía y expedir sus reglas de funcionamiento para realizar tareas de planeación energética. El consejo tendrá las siguientes tareas: a) Proponer a la Secretaría de Energía criterios de aplicación y evaluación de la política energética y; b) Apoyar a la Secretaría de Energía en el diseño de la planeación energética a mediano y largo plazo.

El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, a más tardar en el mes de febrero del año siguiente al inicio de su gestión, su Estrategia Nacional de Energía del sexenio, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía.

En caso de que dicha Estrategia no sea aprobada por el Senado de la República, el Ejecutivo Federal reformulará una nueva Estrategia y será remitida nuevamente en un plazo no mayor de 30 días hábiles al Congreso.

Una vez aprobada la Estrategia Nacional de Energía, será evaluada anualmente por el Senado de la República, al que se le deberán enviar informes semestrales precisos sobre el avance de los objetivos y metas a corto y mediano plazo, por parte del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía en los meses de junio y diciembre. Derivado de dicho análisis, el Senado de la República propondrá las modificaciones que se estimen pertinentes.

Las modificaciones a la Estrategia propuestas por el Senado se presentarán en el mes de febrero ya integradas por parte del Ejecutivo Federal.

La Estrategia Nacional de Energía deberá contar con objetivos claros y concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, así como con indicadores para la evaluación de logros, objetivos y desempeño, tanto cualitativos como cuantitativos.

Artículos transitorios:

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones contempladas en la legislación sectorial que contravengan el presente Decreto.

Dado en el Senado de la República a 19 de marzo de 2013.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión
Presente.

El suscrito Senador Fidel Demedicis Hidalgo en nombre propio, y con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ,en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del articulo 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1, 2 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman las Fracciones V y VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 28 de octubre de 2008, el Congreso de la Unión aprobó una Reforma Energética, resultado de la iniciativa del Ejecutivo Federal y de la participación activa de los grupos parlamentarios. Dicha reforma pretendió, entre otras cuestiones, hacer de la política energética, una política de Estado, con una participación conjunta de los poderes de la unión, particularmente, en su definición, así como el cumplimiento de metas y la evaluación de resultados. En este tenor, por ejemplo, destaca, que este nuevo marco normativo fortaleció a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, instancias responsables de definir la política energética. Se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para regular y supervisar la explotación y extracción de carburos de hidrógeno. Ordenó la integración del Consejo Nacional de Energía (CNE), y otorgó a Petróleos Mexicanos cierta autonomía en sus formas de organización, procesos de toma de decisión y manejo presupuestal.

En esta ruta, se incluyó al Senado de la República para la aprobación y revisión anual de lo que se denominó “Estrategia Nacional de Energía”. No obstante, el propósito buscado por los legisladores a la vuelta de los años, no se ha cumplido.

Nuestro país, ha padecido durante muchos años de una vocación por parte de las autoridades de buscar la forma de encontrar el hueco legal que permita no cumplir con el texto legal ni con el espíritu de lo que señalan nuestras normas. Tristemente quienes deberían de encabezar la defensa de la legalidad hoy se apoyan en estas argucias para obviar trámites y buscar la omisión de la norma jurídica, vulnerando el sentido de la disposición jurídica.

En el anterior sexenio, en dos ocasiones se remitió lo que se llamó la Estrategia Nacional de Energía, a la cual el Senado de la República realizó las observaciones correspondientes, se solicitaron cambios a la misma y, sin embargo, las solicitudes de esta cámara fueron ignoradas, incluso en los últimos dos años se tomó la decisión de no remitir la mencionada Estrategia Nacional.

En esta ocasión, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, remite a esta soberanía un documento meramente monográfico, sin metas programáticas que carece de objetivos puntuales, de metas a corto, mediano y largo plazo y de mecanismos precisos de evaluación de resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, sin contemplar en su totalidad las cuestiones operativas que debiera de tener una verdadera estrategia nacional.

Tal parece que se buscó cumplir con una formalidad legal al remitir dentro del plazo establecido (mes de febrero) dicho documento, pero su contenido no corresponde al sentido que tiene formular una Estrategia Nacional de Energía y remitirla para su aprobación al Senado de la República.

No tiene valor republicano, mandar al poder legislativo documentos imprecisos, que no permiten acompañar la construcción de verdaderas políticas de Estado.

Para estar en posibilidad de subsanar esta situación anómala y evitar que se considere comomera Oficialía de Partes a esta Cámara de Senadores es que me permito, en mi calidad de Senador de la República, presentar la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforman las Fracciones V y VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal, con el objeto de evitar interpretaciones contrarias al sentido de pesos y contrapesos que debe corresponder al ejercicio de la función pública.

La iniciativa que hoy presento obliga a la Secretaría de Energía a establecer objetivos programáticos claros y concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, medición de resultados y evaluación de las políticas implementadas en materia energética. Asimismo, faculta al Consejo Nacional de Energía para proponer criterios y elementos de aplicación y evaluación de la política energética y establece lineamientos claros, concretos y precisos sobre la presentación de la Estrategia Nacional de Energía, tales como su presentación al comienzo de una administración, plazos de revisión y reformulación en caso de que el Senado no la apruebe, evaluación de la misma año con año mediante informes semestrales por parte de la Secretaría de Energía, con el fin evaluar la política y, en caso de ser necesario reformularla y, sobre todo el establecimiento de objetivos claros y concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, así como con indicadores para la evaluación de logros, objetivos y desempeño, tanto cualitativos como cuantitativos dentro de la Estrategia Nacional.

Con ello, evitaremos que una estrategia carente de fondo, substancia y los mínimos requisitos para considerarse “estrategia”, se apruebe fasttrack, para “cumplir” en forma, pero incumplir el fondo de lo que se plantea cuando se habla de una Estrategia Nacional de Energía, como sucedió en la sesión del pasado 14 de marzo del actual.

Por expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman las Fracciones V y VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo Unico.-Se REFORMAN las fracciones V y VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.

II.

III.

IV…

V. Llevar a cabo la planeación energética estableciendo objetivos programáticos claros y concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, medición de resultados y evaluación de las políticas implementadas, además de fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal.

VI. Integrar el Consejo Nacional de Energía y expedir sus reglas de funcionamiento para realizar tareas de planeación energética. El Consejo tendrá las siguientes tareas: a) proponer a la Secretaría de Energía criterios y elementos de aplicación y evaluación de la política energética, y b) apoyar a la Secretaría de Energía en el diseño de la planeación energética a mediano y largo plazos.

El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, a más tardar en el mes de febrero del año siguiente al inicio de su gestión, para su ratificación o, en su caso, modificación, en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía del sexenio, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía.

En caso de que dicha Estrategia no sea aprobada por el Senado de la República, el Ejecutivo Federal reformulará una nueva estrategia y será remitida nuevamente en un plazo no mayor los 30 días hábiles al Congreso.

Una vez aprobada la Estrategia Nacional de Energía, será evaluada anualmente por el Senado de la República, al que se le deberán enviar informes semestrales precisos sobre el avance de los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, por parte del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía en los meses de Junio y Diciembre. Derivado de dicho análisis el Senado de la República propondrá las modificaciones que se estimen pertinentes.

Las modificaciones a la Estrategia propuestas por el Senado se presentarán en el mes de febrero ya integradas por parte del Ejecutivo Federal.

La Estrategia Nacional de Energía deberá contar objetivos claros y concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, así como con indicadores para la evaluación de logros, objetivos y desempeño, tanto cualitativos como cuantitativos.

TRANSITORIOS

Primero.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan las disposiciones contempladas en la legislación sectorial que contravengan al presente Decreto.

Atentamente

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 31 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 31 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 y 164, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 31BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINSTRACION PUBLICA FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro del sistema constitucional mexicano, se encuentran dispositivos referentes a la atribución exclusiva del Senado de la República para ratificar los nombramientos de los Empleados Superiores de Hacienda, promovidos por el Presidente de la República, lo anterior con fundamento en los artículos 76, fracción II y 89, fracción III, de nuestra Carta Magna, dicha reglamentación no han cobrado la relevancia que merece.

La función ratificadora del Senado implica la injerencia de este órgano en las facultades de nombramiento que el Ejecutivo federal posee. Se trata de una función de control sobre el Poder Ejecutivo, debido a la decisión política de un constituyente, que por ser la economía un factor real de poder y en especial la materia hacendaria, se inserta en el texto constitucional, significando con ello, una excepción a la facultad presidencial de nombrar y remover libremente a los altos funcionarios de la Administración Pública Federal.

La validez de esta excepción se funda en el principio de equilibrios de poderes que, en todas las constituciones mexicanas se ha otorgado al Congreso de la Unión la facultad de ejercer el control presupuestario y para tal efecto, en 1824 se creó una Contaduría Mayor de Hacienda, ahora Auditoría Superior de la Federación Organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados.

A pesar de esto, el control del Poder Legislativo ha ido aún más lejos y ha pretendido intervenir en los nombramientos de funcionarios hacendarios.

La atribución de ratificar a los empleados superiores de Hacienda, cuenta con numerosos antecedentes constitucionales, tales como los artículos 110, fracción VI, de la Constitución Federal de 1824, en la cual se consagró la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar a los “empleados de la oficinas generales de Hacienda”, sin especificar cuáles eran. No obstante, es la Constitución Federal de ese mismo año, la que introduce la aprobación por parte del Senado, sobre los nombramientos de los empleados de dichas oficinas generales de Hacienda.

La Constitución de 1836, también consagró en su artículo 52 fracción III, la función de ratificar a los altos empleados de Hacienda, pero tal facultad la atribuyó no al Senado, sino a la Cámara de Diputados. Ésta misma disposición se repitió en el segundo proyecto de Constitución de 1842 en su artículo 74.

A pesar de estos antecedentes, no se encuentran en los respectivos debates y proclamas, ninguna explicación acerca de la justificación de la atribución. Así pues, tan sólo se cuenta con los debates verificados en la sesión del 13 de octubre 1856, para especificar de manera enunciativa lo que ya, para la Constitución de 1857, eran los “empleados superiores de Hacienda”

El proyecto de Constitución sometido al Congreso Constituyente no contemplaba a tales funcionarios, sino que, por iniciativa de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez, fue incluida en la fracción respectiva, manifestando que al Congreso de la Unión le correspondía la participación en el nombramiento de todos aquellos funcionarios que manejaran el tesoro público, denominados altos empleados de Hacienda, entre los cuales se cuentan ministros tesoreros administradores y empleados de aduanas.

En el mismo Congreso Constituyente de 1856-57, el Diputado José Antonio Gamboa expresó que tales empleados superiores eran los ministros, tesoreros, directores de rentas y administradores de correos y aduanas. Ignacio Ramírez en forma más sistemática, encuadró como altos empleados de Hacienda, a todos aquellos funcionarios del ramo que efectuaran las funciones de recaudación, inversión y dirección.

Con estas consideraciones, la función de ratificación fue establecida originariamente en la fracción XXII, del artículo 72 de la Constitución de 1857; sin embargo, con las adiciones y reformas del 13 de noviembre de 1874, se transformó este precepto en la fracción II, del apartado B, del mismo artículo, quedando como atribución exclusiva del Senado de la República.

No obstante, durante la segunda mitad del siglo pasado, la denominación de cargos y la asignación de atribuciones, fueron objeto de múltiples cambios, debido a la desorganización administrativa y a la precaria situación económica del país, que obligó a la variación de políticas y de organismos.

Por ello, representa un serio problema, no sólo saber quiénes son los empleados superiores, sino también determinar cuál es el ramo de Hacienda al cual deben referirse dichos empleados.

Los decretos antes mencionados no detallan que tal ramo de Hacienda se reducía, en esa época, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sino que además de esta Secretaría se encontraban las Oficinas Generales, cuyas atribuciones compartían la función hacendaria del Estado.

La expresión “empleados superiores de hacienda” debe circunscribirse a los jefes de esas oficinas generales y a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando implicaran funciones de recaudación o de distribución de los caudales públicos.

No obstante, con la creación de una Dirección del Tesoro General, mediante el reglamento del 16 de agosto de 1861, dependiente del Secretario de Hacienda, en la cual se confiaría la función de recaudación de las rentas de la nación y, consecuentemente se le daba la categoría de Oficina General, la cual evidentemente su jefe tenía que ser ratificado por el Senado, dejando en claro que ningún funcionario dependiente de la Secretaría de Hacienda, está excluido del concurso de la Cámara Alta.

Ahora bien, la respuesta final y actual sobre quiénes son los empleados superiores de Hacienda, difiere en mucho con la que no se pudo dar en el siglo pasado, pues aunque pueden anotarse algunas constantes para determinarlos, resulta con dicha determinación, una interpretación analógica, fuente de errores y de criterios maleables políticamente para fines completamente distintos a aquellos que los constituyentes determinaron.

La disposición constitucional resulta totalmente ambigua, y lo que es más grave, lo es desde 1917.

Hoy por hoy, la fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que:

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;…”

Sin embargo, no existe aún en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quienes son los empleados superiores de Hacienda, por lo que el Ejecutivo no tiene la obligación de someter los nombramientos que haga para las oficinas de Hacienda, pues la falta de norma jurídica impide no solamente que se conozca quiénes son los empleados a quienes se refiere la Constitución, sino los trámites que deban observar para la ratificación de éstos.

Un ejemplo de ello ocurrió el 11 de octubre de 1877, en la cual se solicitó sólo la ratificación del señor Bonifacio Gutiérrez, recientemente nombrado Tesorero General de la Nación por el Presidente Porfirio Díaz, además de que el Senado se basó únicamente en la publicidad de la honradez y aptitud del señor Gutiérrez, por lo que el Senador Benigno Arriaga presentó una proposición suspensiva, donde indicaba que la ratificación no fue válida, al no haberse realizado con la minuciosidad adecuada, argumentando que la opinión pública es un elemento subjetivo y por lo tanto, no digno de confianza, la cual fue rechazada.

El artículo 239 numeral 2, y 275 del Reglamento del Senado de la República en su fracción V, estipula cuales son los nombramientos, hechos por el Presidente de la República, los cuales deben estar sujetos a ratificación, y en ellos se menciona a los Empleados Superiores de Hacienda.

Aunque también se menciona que será a través de un acuerdo por parte de la Mesa Directiva la que especificará cuáles y cuántos son, a libre albedrío, los cargos a considerar.

En el acuerdo que para esta nueva administración Federal se entendió como “empleados superiores de Hacienda”, se encuentran los titulares de las siguientes áreas:

1.- Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

2.- Subsecretario de Egresos;

3.- Subsecretario de Ingresos;

4.- Procurador Fiscal de la Federación;

5.- Tesorero de la Federación;

6.- Jefe del Servicio de Administración Tributaria;

7.- Administrador General de Recaudación;

8.- Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;

9.- Administrador General de Aduanas;

10.- Administrador General Jurídico;

11.- Administrador General de Grandes Contribuyentes;

12.- Jefe de Unidad de Crédito Público, y

13.- Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.

Sin embargo, es inconcebible que en el acuerdo en comento sean sujetos a ratificación sólo algunas Administraciones Generales del Servicio de Administración Tributaria y Jefes de Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El acuerdo antes mencionado no contempla a los titulares de la Oficialía Mayor, la Unidad de Inteligencia Financiera y otros organismos descentralizados y desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de igual o mayor importancia como es el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras; Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras; Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, los cuales también son designados directamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Ahora bien, la fracción constitucional en comento no es clara, es vaga, ambigua y no dice cuáles son los empleados superiores de Hacienda, ni hace una enumeración de ellos.

Por lo tanto, lo que esta iniciativa propone es garantizar que los Titulares de la Comisiones antes mencionadas también sean ratificados por el Senado de la República, debido a la gran importancia que estas instituciones tienen sobre la Hacienda Pública de México.

Es por eso que proponemos, modificar la normatividad correspondiente de cada organismo, a favor de que también sean ratificados por la Cámara Alta.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 31bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 31bis de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31bis.- Para los efectos del artículo 76 fracción II y 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entenderá por empleados superiores de Hacienda a los siguientes funcionarios:

1. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

2. Subsecretario de Egresos;

3. Subsecretario de Ingresos;

4. Procurador Fiscal de la Federación;

5. Tesorero de la Federación;

6. Jefe del Servicio de Administración Tributaria;

7. Oficial Mayor;

8. Administrador General de Recaudación;

9. Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;

10. Administrador General de Aduanas;

11. Administrador General Jurídico;

12. Administrador General de Grandes Contribuyentes;

13. Jefe de Unidad de Inteligencia Financiera;

14. Jefe de Unidad de Crédito Público;

15. Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas;

16. Titular de la Comisión Nacional;

17. Titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, y

18. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de marzo de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.

Compañeras y compañero Senadores, en reunión de la Mesa Directiva del día de hoy, se acordó incluir en la agenda de esta sesión una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse al 75 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Para ello, se le concede, el uso de la palabra al Senador licenciado Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.






INTERVENCIONES

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

Conmemoramos hoy, aquí en el Senado, los 75 años de la Expropiación Petrolera, yo quisiera hacer esos comentarios iniciales, la soberanía nacional no es una palabra sin contenido, es un concepto profundo que implica que nosotros mismos, los mexicanos, debemos definir nuestro presente y nuestro futuro, y no sean otros países, por poderosos que sean, quienes lo hagan por nosotros.

Usar nuestros recursos materiales y humanos para nuestro desarrollo y nuestra autonomía, es un caso claro de soberanía nacional. La Constitución de 1917 fue un acto revolucionario de soberanía nacional, destaco una parte:

El artículo 27 constitucional da una transformación constitucional al concepto de propiedad, establece que el subsuelo es propiedad de la nación y que únicamente ella puede disponer de su utilización. Esa definición de propiedad en el Constituyente de 1917 generó una verdadera revolución en materia energética, porque el petróleo era explotado en nuestro país ni más ni menos que por los poderes imperiales de entonces, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, y operaban a partir de ser propietarios de grandes extensiones de zonas boscosas, de selvas, o incluso a partir de contratos de arrendamiento, generalmente leoninos para apoderarse de enormes extensiones de territorio en donde había petróleo.

Esa decisión del artículo 27 constitucional estableció un principio diferente y fue un acto de soberanía, las empresas petroleras, que disfrutaban de la explotación del petróleo por tener un derecho al subsuelo lo perdieron, desde entonces se inicia una guerra brutal, económica, política, amenazas en relación con esas simple reforma de definición de la propiedad.

Y esa guerra en contra del principio de que solo la nación es propietaria del subsuelo sigue hasta hoy, y hasta hoy todavía está en la Constitución este principio.

La expropiación petrolera fue otro acto dignísimo de soberanía nacional, el General Lázaro Cárdenas tomó la decisión de expropiar a estas empresas transnacionales que se negaban a acatar las leyes de este país; un gran acto de soberanía nacional.

Este acto de soberanía nacional ejemplar, fue inmediatamente combativo, otra vez, por la fuerza, las amenazas, las cañoneras en nuestras zonas petroleras, nuevamente ahí estaba la lucha en contra de un principio de soberanía nacional.

La definición posterior, precisamente iniciada por Lázaro Cárdenas, en una reforma constitucional de 1940 que estableció la exclusividad del Estado, en la explotación de esa propiedad de la nación también ha sido brutalmente combatida.

Lázaro Cárdenas en una iniciativa al Constituyente Permanente explica que una vez que la nación mexicana, el Estado ha recuperado la explotación del petróleo, con la expropiación, no tiene sentido, decía Cárdenas en esa memorable exposición de motivos, no tiene sentido que volvamos a permitir que empresas extranjeras se vuelvan a posesionar de la explotación del petróleo porque la experiencia señala claramente que los intereses de las petroleras corresponden a los intereses de sus países y no a los intereses de México, y no debemos permitir que vuelvan otra vez a posesionarse la explotación porque tendremos conflictos internacionales, y eso no es conveniente.

La declaración posterior, después de toda clase de problemas, la reglamentación del artículo 27, la reglamentación posterior del artículo 40, siempre fue detenida, siempre fue bombardeada, siempre fue bloqueada por los mismos intereses.

La guerra contra estos actos de soberanía nacional, elementales, que festejamos hoy todos con gran alegría, sigue la guerra, las potencias no han aceptado que México sea primero el propietario de sus reservas y de su petróleo, de su energía y que al mismo tiempo sea el exclusivo explotador de las mismas; la guerra sigue.

Hoy una nueva reforma se gesta, una nueva reforma energética está ya en discusión, aunque no se ha planteado todavía la iniciativa, pero sólo un adocenado, un ciego, un desinteresado o un interesado pueden dejar de reconocer que lo que se está planeando por el Presidente Enrique Peña Nieto es una apertura final a la explotación del petróleo en México, y eso es de lo que se trata.

Lo niega, “no es cierto”. Nada más que Lozoya, su subdirector de PEMEX lo dice, lo ha declarado al Financial Times, lo han señalado en diversas publicaciones, hoy hay que ver la última revista de una de estas revistas empresariales, lo vuelve a decir. Hay que marchar de la mano con las trasnacionales aquí en México.

Esa idea de que la competencia, hay que hacer a PEMEX competitivo para que aquí en México, en lo que es una propiedad nacional, vengan las transnacionales a explotar el petróleo. Ese es el sentido de esta nueva reforma. Ha sido toda la historia, desde el Constituyente de 1917 hasta la fecha que los mexicanos hemos defendido esos actos de soberanía fundamentales para evitar que se quite de la Constitución.

Obviamente nunca se ha reconocido y podemos hacer una relación de todas las reformas legales violando la Constitución, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es un ejemplo. Se pone en la exposición de motivos: “respetando los principios de la Constitución y los artículos 27 y 28”, esa iniciativa viola esos principios. Hoy el cuarenta y tantos, podríamos decir cincuenta por ciento de la energía eléctrica está reservada la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica al Estado, la mitad ya la generan empresas extranjeras.

Y la reforma de 2008, que también negó que se trataba de privatizar, nada le facultó a PEMEX para que, sin intervención del Congreso, ni de nadie, un grupo de consejeros independientes que designó el gobierno, deciden contratar todo con las empresas que quieran, y con aprobación de esa reforma, esa reforma que no fue privatizadora, ustedes pueden recorrer toda la geografía petrolera del país y encontrarán explotando las riquezas de México empresas extranjeras.

Pero la necesidad de los Estados Unidos de Norteamérica de continuar recibiendo un millón y medio de barriles que les hemos estado dando, y que ha caído por haberse agotado rápidamente la enorme reserva de Cantarell, establecen en el Senado que ya conocen la reforma energética de Peña Nieto, y que ya hablaron con todos sus adláteres y hay ya una reforma, porque México necesita seguir produciendo la cantidad de petróleo que requieren los Estados Unidos.

Y por eso encontramos ahora que Lozoya y la propia estrategia que aprobaron ustedes establece que necesitamos producir 2 millones de barriles diarios más.

Nosotros no consumimos ese petróleo, pero los Estados Unidos están exigiendo que sigamos manteniendo un millón y medio de barriles porque están sus refinerías del Golfo de México sin petróleo y necesitan y dependen de ese petróleo, y nosotros estamos obligados, por Acuerdos secretos, a contribuir a la seguridad energética de los Estados Unidos, eso es una pérdida de soberanía.

Por eso yo digo, no podemos hoy festejar todo sin discursos, alegatos, toda clase de festejos, esta reunión aquí en el Senado la vamos a oír en un rato con los discursos, van a ver, van a ocultar la verdad de lo que nos amenaza. No se festeja un evento violando los elementos, los principios de ese evento, defendamos la soberanía nacional.

La entrada de las petroleras va a significar la pérdida de la soberanía no sólo energética, habrá que abrir los ojos y ver lo que pasa en el mundo. Por favor, señoras Senadoras y Senadores, se pierde la soberanía energética, la soberanía económica, incluso la soberanía militar.

Defendamos el petróleo al festejar la Expropiación Petrolera. Seamos sinceros, no hipócritas.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre este mismo asunto.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

El día de ayer se conmemoró el 73 Aniversario de la Expropiación Petrolera. Todas las entidades del país, en una gran cantidad de municipios, organizaciones sociales de muy diversa índole y partidos políticos, al menos aquellos que aún reivindicamos la gran obra de la Revolución Mexicana, nos unimos al sentimiento popular para recordar con alegría la justeza y la visión de Estado que tuvo ese gran Presidente de México, que fue Lázaro Cárdenas del Río.

Que con la Expropiación Petrolera de 1938 regresó a la nación no sólo el usufructo de los hidrocarburos, sino, sobre todo, un instrumento de gran valor para que el pueblo de México pudiera tomar en sus manos el ejercicio pleno de su soberanía. Hay que decir con claridad y orgullo que la Expropiación Petrolera Mexicana marcó un parteaguas en el desarrollo de la industria petrolera mundial.

Después de la experiencia mexicana, la mayoría de los países petroleros de Medio Oriente y América Latina nacionalizaron sus carburos de hidrógeno y pusieron en pie entidades públicas para que en exclusiva llevaran a cabo su expropiación con el fin de aprovechar para sí la extraordinaria renta que surge de ese recurso natural.

Petróleos Mexicanos surgió en 1938 con la misión no sólo de extraer hidrocarburo, sino de impulsar el desarrollo nacional. Para aquellos que hoy asumen como propio el argumento de que el Estado mexicano no cuenta con los recursos para llevar adelante la industria petrolera, deben recordar que justamente fue ese el argumento que enarbolaron los representantes asueldo de las empresas expropiadas y que, sin embargo, PEMEX pudo mantener la extracción petrolera y poner en pie una sobresaliente infraestructura industrial.

Hoy viene al caso, pues estos mismos argumentos los hemos escuchado en esta tribuna y los hemos leído en declaraciones diversas cuando se refieren a que Shell Gas no es un tema que le interese a PEMEX o que deba interesarle a PEMEX, sino que el Shell Gas puede dárseles a la iniciativa privada para su explotación como si no fuesen hidrocarburos.

El descubrimiento de Cantarell, en los años 70´s, vendría a dar un nuevo auge a la industria petrolera mexicana, y volvimos a colocarnos entre los principales exportadores de petróleo en el mundo. Prácticamente en una década PEMEX construyó la mayor infraestructura de extracción petrolera en el mar, para el año 2005 logró extraer 3.7 millones de barriles de hidrocarburos por día y aportar más de un tercio de los ingresos presupuestales del gobierno mexicano.

Efectivamente, durante esa segunda etapa, los distintos gobiernos mexicanos optaron por exprimir a PEMEX de todos los recursos que obtenía de la producción primaria antes que perseverar en su tarea de recaudar impuestos de las empresas y de los hombres con mayores ingresos del país. Poco a poco esta política fue poniendo en un segundo lugar la función industrial de PEMEX.

Fue a mediados de los 90´s, cuando un mal presidente nuevamente recurrió al trillado argumento de la falta de dinero para intentar desintegrar a PEMEX.

En 1995 se abrió el transporte y el almacenamiento de gas a la inversión privada.

En 1996, bajo una absurda decisión de inventar una separación entre petroquímica básica y secundaria para abrir la segunda, la más lucrativa, a la iniciativa privada.

El resultado, después de 18 años, es que no hubo inversión y el país experimenta un grave rezago en estas actividades.

Hoy la industria petroquímica tiene que importar miles de millones de dólares en insumos y productos terminados, como fertilizantes para la agricultura, que ya no se producen en el país y deben ser traídos de fuera.

Por otra parte, la red de ductos no ha crecido, y hay el día de hoy 12 entidades, casi la mitad del país, que no cuentan con esa importante infraestructura para su industrialización.

A PEMEX se le obliga a pagar por adelantado sus impuestos, que suman el 70 por ciento del valor de sus ventas. Bajo esta exigencia ha ido perdiendo paulatinamente capacidad para cumplir con sus objetivos; ha dejado de ampliar su capacidad para refinar gasolinas, casi la mitad de los combustibles son importados y debemos pagar altos precios por ellos.

Bajo los argumentos de que PEMEX no tiene dinero, el gobierno de Peña Nieto, al igual que lo hiciera Salinas de Gortari y Felipe Calderón, pretenden dividir a PEMEX para pasarlo al capital privado; pretenden hacer de PEMEX una oficina administradora de contratos para particulares, donde estos realicen la explotación de los nuevos descubrimientos petroleros, llamase Shell Gas.

El PRD sostiene que las experiencias de privatización, dentro y fuera del sector de hidrocarburos, ha resultado en graves fracasos y que no han contribuido al desarrollo del país.

Que el cambio de lo público a lo privado no es garantía de llevar a buen fin el progreso nacional.

No es aceptable una nueva visión de la industria petrolera nacional, en particular, de la privatización de las actividades de refinación o de la petroquímica básica.

Sostenemos que el principal valor de los hidrocarburos está en su transformación industrial, por lo que rechazamos que PEMEX se convierta en un organismo orientado sólo a la extracción primaria y a la venta de materia prima.

La industrialización es lo que permite la generación de empleos bien pagados, la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos.

PEMEX, pese a los obstáculos que le han puesto, sigue siendo una de las 5 principales petroleras del mundo.

Su experiencia, equipamiento y capacidad financiera, le siguen dando viabilidad como operador exclusivo del Estado mexicano para explotar los grandes recursos con los que cuenta el país.

Abrir la explotación de los hidrocarburos al capital privado, significará el inicio de un proceso que ya no se detendrá y que terminará por volver a ceder totalmente la riqueza a manos extranjeras, y el Estado mexicano perderá la capacidad para impulsar el desarrollo nacional.

¿Quién se hará cargo de aportar los recursos para la educación, la salud y los programas sociales para los más pobres, que son la mayoría de los mexicanos?

El PRD propone que PEMEX se transforme en una empresa pública, moderna y autofinanciable, con un mandato preciso de los resultados que debe entregar al país en materia de abasto, suministro y calidad de energéticos e insumos bajo un sistema estricto de evaluación de resultados, pero con la autonomía necesaria para reorganizar sus actividades de gestión de recursos presupuestales y humanos, sin intervención de la Secretaría de Hacienda.

Que busque internacionalizarse y establecer los Acuerdos necesarios para su progreso tecnológico y beneficio económico, que finalmente será el de todas y todos los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para hablar sobre el mismo asunto.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

Saludo a los alumnos de derecho parlamentario del Tec de Monterrey de la ciudad de México.

Bienvenidos sean todos ustedes al Senado de la República.

(Aplausos)

Senadoras y Senadores de la República:

El 18 de marzo de 1938, el General Lázaro Cárdenas del Río, michoacano ejemplar, pronunció las siguientes palabras:

“Pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable”. Para los mexicanos esas palabras todavía tienen un profundo sentido de liderazgo, patriotismo y visión de Estado.

Por otra parte, el entonces Presidente de Estados Unidos Mexicanos, lo dejó muy claro. Sin duda este episodio transformó la vida política nacional.

Para muchos, la acción de expropiación, que el día de ayer conmemoró su 75 aniversario, implicó fortalecer el débil estado de derecho que nuestro país tenía en ese momento.

Recordemos que la expropiación de la industria del petróleo fue una respuesta a la negativa de las empresas extranjeras, de acatar un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los trabajadores del ramo relativo al contrato colectivo de trabajo.

En Acción Nacional reconocemos el significado histórico de la reivindicación nacional de los hechos del 18 de marzo de 1938.

Reconocemos el anhelo de progreso, de desarrollo y de búsqueda de mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, que tuvo como objeto la expropiación.

Acción Nacional también hace un llamado para reconocer que hoy es necesario modernizar profundamente las empresas públicas del sector energético.

Afirmamos que hoy todavía no se ha cumplido la promesa de progreso que se hizo a los mexicanos hace 75 años.

Retomando las palabras del General Cárdenas, como hace 75 años, es momento de realizar acciones que son trascendentes e indispensables.

En primer lugar, es trascendente e indispensable una nueva expropiación de PEMEX a favor de todos los mexicanos.

Así como algunos hablan de una reforma energética de segunda generación, quizá tenga sentido hablar de una expropiación de segunda generación.

¿Me explico? Actualmente PEMEX es rehén de grupos ajenos al interés público. Esta segunda expropiación de PEMEX debe liberar a la empresa del tráfico de influencia; de la corrupción que únicamente hace que algunos obtengan beneficios privados de los bienes públicos de la nación.

Señores, no por ser propiedad de la nación, PEMEX beneficia verdaderamente a todos los mexicanos. Es momento de que en PEMEX gobierne la transparencia y la rendición de cuentas; que sea la ley, y la no excepción, las buenas prácticas corporativas, la eficiencia y la productividad.

Todo lo anterior en un entorno de transparencia, democracia sindical y respeto a los derechos de los trabajadores.

En segundo lugar, es trascendente e indispensable convertir a PEMEX en una empresa competitiva, al tiempo que sea respetuosa al medio ambiente.

De qué hablamos cuando decimos que queremos un PEMEX competitivo: Nos referimos a que PEMEX debe mejorar su gobierno corporativo, estar sujeto a un régimen fiscal más flexible y ser más eficiente, así como tener una infraestructura de clase mundial.

Pero lo fundamental es aumentar la competencia en el sector, al hablar de competencia, no nos referimos a perder la propiedad del Estado sobre nuestros recursos naturales. Afirmamos que es necesario pensar en nuevos mecanismos para aumentar la eficiencia del sector y para traer inversión privada.

Sólo de esta manera consideramos que se aumentará la renta petrolera y la seguridad energética para todos los mexicanos.

¿Qué significa que PEMEX sea una empresa respetuosa del medio ambiente? De ninguna manera estamos hablando de no aprovechar en forma estratégica los recursos fósiles. A lo que nos referimos es que incorporaremos al debate de manera seria e integral, el tema de sustentabilidad ambiental y del impulso de las energías renovables como instrumento para el desarrollo económico y social del país.

Urge migrar del abastecimiento del energético finito, hacia aquellos que de forma natural y con responsabilidad podamos aprovechar del ambiente.

Es insostenible que nuestra matriz energética dependa en forma casi absoluta de los combustibles fósiles.

Hoy es irresponsable ignorar el efecto de la actividad del sector energético sobre el cambio climático y el medio ambiente.

El cambio climático es una realidad y como tal deben proponerse medidas efectivas, PEMEX no puede estar al margen de la responsabilidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto a las energías renovables, es indispensable mejorar la competividad de otras fuentes energéticas más amigables al medio ambiente, en particular en las que se refiere a la electricidad y al transporte.

México está en una posición inmejorable para convertirse en una potencia regional en materia de energías renovables.

Compañeras y compañeros Senadores, coincidimos en que no se debe privatizar PEMEX, pero sí debemos legislar para impulsar la competencia y abrir espacios a la inversión privada para fortalecer ciertas áreas de la empresa y del sector.

Esta inversión debe hacerse bajo los instrumentos legales que el Partido Acción Nacional creó y fortaleció durante dos sexenios, que son:

Seguridad energética, rendición de cuentas, transparencia, competitividad y sustentabilidad.

Recuperemos PEMEX verdaderamente para los mexicanos. Hagamos de la energía el fundamento de la competitividad de nuestra economía y de nuestra calidad de vida.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senadora Garza Galván.

Tiene el uso de la tribuna el Senador José Ascensión Orihuela, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador José Ascención Orihulea Bárcenas: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Ningún priístaestá dispuesto a votar reformas para que PEMEX deje de pertenecer a los mexicanos.

Si Juárez cristalizó el proyecto liberal y republicano para la nación mexicana en 1867; Lázaro Cárdenas forjó con una política pública hace 75 años, la economía política de este país e incluso la manera en la que se concebía la soberanía.

Hoy estamos aquí para refrendar nuestra vocación republicana y renovadora, y confirmar que el espíritu de 1938 encuentra un paralelismo con nuestro tiempo.

En ambos casos, era prioritario potenciar el patrimonio petrolero en palanca de desarrollo.

Hoy, como hace tres cuartos de siglo, el reto es modernizar el marco jurídico y el paradigma de los recursos energéticos.

Modernizar el marco normativo para que PEMEX, la empresa que nos enorgullece y representa una tercera parte de los ingresos públicos, esté en condiciones de abastecer la demanda en el corto, mediano y largo plazo y pueda crear valor en su cadena de producción.

PEMEX no puede tener objetivos del siglo XXI con infraestructura, estructura administrativa y marco fiscal del siglo XX.

Compañeros Senadores, cambiar el paradigma político en el que los hidrocarburos son medida para cuantificar soberanía mientras se mantengan en el subsuelo.

Nada más alejado del espíritu de la expropiación que conmemoramos, que pretender que el status quo sea el futuro de la industria petrolera.

No compañeros, el status quo, el pensamiento inercial, la zona que alberga el anacronismo discursivo, son la amenaza más clara para el sector energético.

Que el petróleo fuese propiedad de la nación y la explotación de los veneros que nos escrituró el diablo, según López Velarde, enriquecieran a México; representan causa y consecuencia de la decisión del Presidente Cárdenas.

Que el petróleo sea propiedad de la nación, y sus veneros sigan contribuyendo a edificar el futuro de esa patria nuestra, son compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto, una convicción en la que los priístas lo acompañamos y que ha generado el consenso materializado en el Pacto por México.

Don Daniel Cossío Villegas, enorme efigie entre los historiadores, sentenció que el derecho a disentir no debe de privarnos del privilegio de coincidir.

Así leo el presente político de México, una realidad donde el gobierno de la República adopta una agenda proactiva y reconoce que México no puede seguir detenido y una posición madura que sin menoscabo de diferencias ideológicas ha hecho del diálogo una herramienta digna y constructiva.

El crisol de posicionamientos y de largos recuentos de diferencias políticas, no ha sido dique para discutir de cara a la nación los temas impostergables; en esa ruta, la reforma energética que necesita México será la que permita el consenso, pero privilegie los requerimientos técnicos de la industria petrolera. La mejor de las reformas será aquella que nos conceda el privilegio de coincidir, cierto, pero sin detrimento de los alcances de las modificaciones al marco normativo del sector.

La reforma energética, compañeros Senadores, debe ser fruto del acuerdo, pero jamás debe dejar de ser instrumento para modernizar a PEMEX, garantizar la soberanía y enfrentar el desafío de la soberanía energética.

Por el bien de este suelo compartido de la nación entera, debemos repensar el debate sobre la reforma energética. Entender de una vez que somos más los que queremos la modernización del sector energético, que los que piden por el atraso de un acto fundamental y estratégico para el desarrollo del país y de todos los mexicanos.

Lo digo con toda claridad, la defensa del petróleo, la verdadera defensa del petróleo se libra modernizando a PEMEX, se gana con ideas y contenidos, con planes de largo plazo, con mayor inversión, pensando en todo momento en la grandeza de México.

Es cierto, en el grupo parlamentario del PRI, queremos más refinerías, mejores tarifas para los hogares, mayor inversión en la exploración y abatir la corrupción, pero no se logra con marchas y plantones que sólo dividen a los mexicanos y ponen en entredicho la viabilidad de la seguridad energética.

El sector energético y la industria paraestatal tienen frente a sí, retos que sólo se cumplen con una revolución incluyente, informada, participativa, propositiva y transparente que acabe con el usufructo de quien hace los mitos un estilo de vida.

Conmemoramos hoy la decisión de Estado que garantizó que la renta petrolera fuera catalizador del desarrollo nacional. Lo hacemos con un desafío semejante y con el mismo espíritu transformador.

Queremos una reforma energética que fortalezca la capacidad de gestión de PEMEX, que dote de un marco fiscal más flexible, que apueste a la innovación y al desarrollo tecnológico y esté a la altura de la transición energética.

Queremos una reforma que privilegie la seguridad energética del país, que impulse fuentes renovables de energía de forma estratégica y que vincule los recursos excedentes a rubros que inciden positivamente en la economía en el largo plazo, como educación, infraestructura e investigación científica.

La LXII Legislatura tiene el reto histórico de construir una reforma que incentive la inversión pública y privada en un marco de seguridad jurídica, mantenga la rectoría del Estado sobre la propiedad de los recursos y garantice la viabilidad financiera y operativa de la industria petrolera nacional.

De forma paralela, potenciar la inversión en energías renovables, promover la eficiencia energética y capital humano.

La mejor reforma, es la posible; la que parte del cruce entre las necesidades del sector y las posibilidades del consenso; debatir con argumentos y no con dogmas, es el requisito indispensable para construir una reforma verdadera útil.

Romper el status quo que se justifica por la declinación de las reservas petroleras, la creciente importación de combustibles y la incapacidad sistémica de aprovechar al máximo la riqueza energética de este país.

A 75 años de la expropiación petrolera, los Senadores del PRI impulsaremos la modernización de la paraestatal sin renunciar al nacionalismo que lo caracteriza desde 1938.

El mejor homenaje que generacionalmente podríamos rendir a la decisión de Lázaro Cárdenas, es garantizar para los mexicanos del siglo XXI lo que él pudo para los que crecimos en el siglo XX.

El momento es ahora, compañeros Senadores, pongámonos de una vez por todas a la altura de la historia. Pongámonos de acuerdo en las necesidades imperativas de esta gran nación.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Orihuela Bárcenas.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara:"2013, Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y la República", conmemorativo de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suárez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el ideal de una República Libre, Justa, Social, Democrática y Constitucional.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNION DECLARA: “2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPUBLICA”; CONMEMORATIVO DE LAS MUERTES DEL PRESIDENTE DON FRANCISCO I. MADERO, EL VICEPRESIDENTE JOSE MARIA PINO SUAREZ, LOS DIPUTADOS SERAPIO RENDON, GUSTAVO A. MADERO Y ADOLFO C. GURRION, ASI COMO DEL SENADOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, QUIENES OFRENDARON SU VIDA POR EL IDEAL DE UNA REPUBLICA LIBRE, JUSTA, SOCIAL, DEMOCRATICA Y CONSTITUCIONAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y
PRACTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, les fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República, minuta con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el año 2013, como “Año de la Libertad y la República”; conmemorativo del centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión; así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, quienes, con miles de mexicanos más, ofrendaron su vida por los ideales de una República Libre, Justa, Democrática y Constitucional.

Estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65, párrafo segundo; y 72, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a); 86; 89; 90, fracciones XIII y XXV; 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como, los diversos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135 numeral 1, fracción I, 150 numerales 1, 2 y 3; 182, numerales 1 y 2; 188, numeral 1; 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis de la minuta con proyecto de Decreto, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se deja constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, así como del recibo de turno para la elaboración del Dictamen de la referida Minuta; y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo “OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcances de la minuta en relación con la Iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la resolución de las Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de febrero de 2013 y, en el marco de la sesión en Pleno de la Cámara de Diputados, los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Luis Alberto Villarreal García, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Silvano Aureoles Conejo, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Escobar y Vega, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Avila, Coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; y la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinadora del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentaron Iniciativa con “Proyecto de Decreto para que el año 2013, se declare como “Año de la Libertad y la República”, conmemorativo del centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suárez, del Senador Belisario Domínguez Palencia y de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión quienes, con miles de mexicanos más, ofrendaron la vida por los ideales de una República Libre, Justa, Democrática y Constitucional; y con este motivo, se realicen actividades cívicas, culturales y académicas en su honor.”

2. En la misma fecha de sesión de la Cámara de Diputados, la iniciativa en comento se consideró como de urgente resolución, por lo que se dispensaron todos los trámites y se sometió a votación del Pleno, aprobándose, de manera nominal, con 411 votos en pro y 10 abstenciones. En consecuencia, la Mesa Directiva instruyó el turno de la minuta a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

3. En sesión celebrada con fecha 07 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dio cuenta ante el Pleno, que se recibió de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se Declara al año 2013 como “Año de la Libertad y la República”.

4. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha minuta con proyecto de Decreto fuera turnada a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

5. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA

La minuta con proyecto de Decreto tiene por objeto aprobar, cuatro puntos resolutivos y un artículo “Único” transitorio, en los términos siguientes:

“Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara el año de 2013, como el “Año de la Libertad y la República”, conmemorativo del centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como el senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron SU vida por el ideal de una República más libre, justa, social, democrática y constitucional.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del Estado, deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2013, Año de la Libertad y la República”.

Tercero. Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal realizarán las actividades cívicas, académicas y culturales que enaltezcan la gesta heroica de los mártires de 1913.

Cuarto. El Banco de México podrá emitir una serie de monedas conmemorativas con las efigies de los ilustres mártires de 1913, en su Centenario, con las efigies del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: “Ofrendó su vida por la Libertad y la República.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Por otro lado, y en razón de que la Colegisladora en uso de su facultad reglamentaria sometió, discutió y aprobó la Iniciativa objeto de la Minuta, con el carácter de trámite de urgente resolución, obviando la presentación del dictamen respectivo de la Comisión ordinaria conducente; es menester de éstas Comisiones Unidas, y dada la relevancia y trascendencia de los propósitos que nos ocupan, destacar los motivos y alcances de la Minuta en relación con la Iniciativa suscrita por los diversos Coordinadores de los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

En ese tenor, la Iniciativa en comento por el que se declara al año 2013, como “Año de la libertad y la República”, hace alusión a la especial significación que tendrá el año 2013, respecto a las efemérides del país, en la historia de México y del Congreso de la Unión, en virtud de que se conmemoran hechos fundamentales para el desarrollo institucional al cumplirse cien años de los trágicos acontecimientos en la historia nacional, que provocaron la muerte violenta de miles de mexicanos, entre los que figuraron, el Presidente y Vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suarez, respectivamente, así como los Diputados Federales Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, sin dejar de mencionar al Senador Belisario Domínguez Palencia, pilares fundamentales de la libertad, la justicia y la democracia en México, en una etapa histórica y crucial para el fortalecimiento de nuestras instituciones políticas, el Programa Social y el Estado de Derecho.

Asimismo los promoventes exponen y motivan su propuesta con base a sucesos y hechos históricos insignes de la Revolución Mexicana y que son dignos de destacar, como lo son “los trágicos acontecimientos de febrero de 1913, cuando se registró la tristemente célebre “Decena Trágica”, por la cual, las voces de los legisladores mártires se alzaron en el Congreso de la Unión para denunciar al usurpador, defender la autonomía del Poder Legislativo y exigir la renuncia de un Presidente ilegítimo, más aún cuando ese cargo fue producto de la traición y el asesinato”, esboza el documento.

En adición a lo anterior, los proponentes asumen como un hecho fundamental y que fue determinante para el movimiento político y social, “la denuncia de los hechos que realizara otro héroe legislador, el Diputado Eduardo Neri, y que en una acción represora del usurpador, éste disolvió el Congreso y arrestó a sus integrantes, lo que significó la ruptura del orden constitucional y el arranque definitivo de la Revolución Mexicana impulsada por el constitucionalismo… que culminaría en 1917”.

Por estas razones históricas, es que los iniciantes concluyen que “es indudable que los mártires de 1913, señaladamente el Presidente don Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como el Senador Belisario Domínguez Palencia, requieren ser honrados durante el año 2013, pues se cumplen cien años de los cruentos acontecimientos y reflejan su vigencia permanente como un legado de coherencia, honestidad, valor y dignidad en la lucha constante del pueblo en México por la libertad, la justicia, las aspiraciones sociales y la democracia en un marco siempre constitucional.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, coincidimos plenamente en la propuesta de la colegisladora de reconocer al año 2013, como el “Año de la Libertad y la República”; y de igual forma, hacemos nuestra la preocupación de los proponentes por dignificar el año 2013, con el propósito de conmemorar el centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suárez, los Diputados Federales Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, en virtud de que su vigencia histórica,significan un invaluable legado de coherencia, honestidad, valor y dignidad en su lucha inquebrantable por la libertad, la justicia, las aspiraciones sociales y la democracia en un marco siempre de constitucionalidad.

SEGUNDA.- Que del presente análisis esgrimido por estas Dictaminadoras, no se puede dejar al margen de tan loable reconocimiento, el hecho fundado del Senado de la República de declarar el año 2013, como el “Año de Belisario Domínguez”. Lo anterior a propósito del 150 aniversario de su natalicio y el centenario del fallecimiento de éste prócer de la patria, sin demérito de los demás precursores objeto de la conmemoración, a los que alude la Minuta.

TERCERA.- Que en tal virtud y al tratarse en ambos casos del episodio histórico vinculado a la gestación de la Revolución Mexicana y, específicamente, a los hechos que tienen lugar en el año 2013, las Dictaminadoras proponen modificar la propuesta de origen y adicionarla considerando lo dispuesto en el Primer Punto Resolutivo del Acuerdo del Senado de la República, de fecha 31 de octubre de 2012, de tal forma que el año 2013, sea reconocido conjuntamente como el “Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y la República”.

CUARTA.- Que apoyamos de manera unánime, la propuesta de destacar y resaltar la actitud de valentía y tenacidad que caracterizó al Dr. Belisario Domínguez, y que lo hizo ser parte de la historia como un legislador apasionado, liberal y ferviente convencido de la democracia, y con actitud de respeto irrestricto a las leyes.

No podemos dejar de recordar las frases contundentes y esperanzadoras que expresaba el Doctor Belisario Domínguez, entre ellas, se destaca la siguiente:

“El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional mexicano, y la Patria espera que la honréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por Primer Mandatario a un traidor y asesino.”

Asimismo reconocemos los principios, los logros y alcances así como la denodada valentía del Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, todos ellos figuras claves para entender el origen y génesis de la Revolución Mexicana.

QUINTA.-A un siglo del sacrificio político y social del Doctor Belisario Domínguez Palencia, del Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los DiputadosSerapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, es necesario que sean recordados y reconocidos por todos los mexicanos, como los hombres ilustres que se forjaron con la sangre del pueblo y con el firme espíritu de consolidar una nación de instituciones y de leyes al servicio de la patria y de su pueblo. Y qué mejor que desde la máxima expresión de la voluntad nacional y del pacto federal como lo constituyeel Congreso de la Unión a través de sus Cámaras, se promueva el enaltecimiento de tales figuras, a través de diversas acciones cívicas, académicas y culturales impulsadas por los tres órdenes de gobierno, a efecto de honrar la gesta heroica de los Mártires de 1913.

SEXTA.- Que si bien es cierto que desde el año 2006, el Constituyente Permanente tuvo a bien aprobar el Decreto mediante el cual, se declaró al año 2010 como “Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana”, así como también es cierto que los Festejos Conmemorativos ya cumplieron su objeto durante tal fecha, éstas Comisiones Dictaminadoras consideran que la presente propuesta de Decreto no puede quedar aislada de aquélla solo en razón de fechas, al contrario, ambas se complementan en virtud de la imperiosa necesidad de conmemorar, por un lado, el legado independentista y, por el otro, el legado revolucionario que no se ha agotado y está hoy más vigente que nunca.

Por lo que ambas iniciativas impulsadas desde el Honorable Congreso de la Unión, parten de la gran tarea de contribuir a refrendar en las generaciones presentes y futuras, el sentido de identidad y pertenencia a nuestra patria, así como de ahondar entre los mexicanos, los ideales, las convicciones, las deliberaciones, los movimientos y compromisos realizados y refrendados por mujeres y hombres a lo largo de nuestra historia, tal y como en su momento lo hicieran éstos grandes hombres a quienes justamente queremosconmemorar.

En tanto, las bases fundamentales de “Libertad” y de “República”, acuñan el valor social, político e histórico que tienen tanto la Independencia como la Revolución Mexicana en la configuración de nuestro régimen actual de Estado y de gobierno. Sin esos dos grandes referentes es imposible pensar un México de libertades, democrático y de justicia social.

SEPTIMA.- Por otra parte, también en concordancia con la Minuta, consideramos de gran importancia, el propósito de expedir una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario Luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, así como también del 100 Aniversario luctuoso del Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y que, a la letra dice:

“Artículo 2º.- Las únicas monedas circulantes serán:

c) Las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en platino, en oro, en plata o en metales industriales, con los diámetros, leyes o composiciones metálicas, pesos, cuños y demás características que señalen los decretos relativos.”

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Los integrantes de estas Comisiones que dictaminan, coincidimos en que ambas propuestas tanto como la contenida en la minuta de la Colegisladora, como la relativa al Acuerdo del Senado de la República del 31 de octubre de 2012, se declare: “2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPUBLICA”; y

SEGUNDA.- Que el objeto de la minuta en estudio así como sus modificaciones, ha sido considerado y valorado favorablemente por los miembros de estas Comisiones Unidas que dictaminan, en los términos acordados.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 72, primer párrafo, todos ellos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y demás atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.-EL Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

PRIMERO.- El Honorable Congreso de la Unión declara: 2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”; conmemorativo de las muertes del Presidente Don Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el ideal de una República libre, justa, social, democrática y constitucional.

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del Estado, deberá contener al rubro o al calce, la siguiente leyenda 2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”.

TERCERO.- Los tres órdenes de gobiernos: Federal, Estatal y Municipal, realizarán actividades cívicas, académicas y culturales que tengan por objeto enaltecer la gesta heroica de los Mártires de 1913.

CUARTO.- Se autoriza la emisión de una moneda de cuño corriente conmemorativa a los ilustres Mártires de 1913 tratándose de su centenario, con las efigies del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los DiputadosSerapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: 2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

VALOR NOMINAL: Veinte pesos

FORMA: Circular

DIAMETRO: 32.0 mm (treinta y dos milímetros)

COMPOSICION: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco milésimos)

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en mas o en menos.

PESO TOTAL: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

LOS CUÑOS SERAN:

ANVERSO: El escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.

REVERSO: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo quintotransitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México a

CANTO: Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

SEGUNDO. Corresponderá al Banco de México realizar el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el punto “CUARTO” del presente Decreto, en un plazo no mayor a los 60 días naturales contados a partir a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, la moneda podrá comenzar a acuñarse a más tardar a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite del diseño señalado en el párrafo anterior del presente artículo.

TERCERO. Corresponderá a la Casa de Moneda de México, realizar los ajustes técnicos que se requieran observando, en todo momento, que éstos sean acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

CUARTO. Corresponderá al Banco de México, cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual, derivado del diseño de acuñación de la moneda a que se refiere el presente Decreto.

QUINTO. El año de acuñación a que se refieren los Decretos que fijan las características de las monedas previstas en el artículo 2o. Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, será el que Banco de México indique en las correspondientes órdenes de acuñación que envíe a la Casa de Moneda de México.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de marzo de 2013.

COMISIONDE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y deEstudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Está a discusión. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 95 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Continuamos con la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: (Leyendo)








COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura a otro dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, están a discusión. Consulto si alguno de los dictámenes se reserva para discusión en tribuna. Senador López Brito, el segundo, bien, adelante, Senador.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente; y con un saludo para todas las compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a apoyar el segundo dictamen en el tema de proporcionar mayor asistencia técnica y orientación productiva a los productores de mango en el estado de Guerrero, pero bajo las siguientes consideraciones y reflexiones.

Conforme al atlas agropecuario y pesquero del 2012, la producción de mango en el país representa el 9 por ciento del volumen nacional de frutas y el 4 por ciento a nivel mundial, ocupando México un honroso sexto lugar en producción de mango.

En el periodo 2000-2011, la producción promedio de mango fue de 1.5 millones de toneladas, y en el año 2011 el fruto se cultivó en 184,000 hectáreas, una sexta parte fue de temporal y el resto de riego.

Asimismo, los estados de Guerrero, Chiapas, Sinaloa y Nayarit fueron los de más alta producción, generando la sexta parte del valor de la producción en este año.

El mango se cultiva en 21 estados, en un área de más de 184,000 hectáreas, 3 veces superior a la que ocupa en extensión la República de Singapur; y el 40 por ciento corresponde a la modalidad de riego y el restante, como les comentaba, a la de temporal.

Las variedades más importantes en México son: El Ataulfo, el Manila, el Tomy, Ankis, el Jade, el Kent, éstos, sobre todo de exportación y que conjuntamente aportan 81.2 por ciento de la producción nacional.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, los principales productores de mango a nivel mundial son: India, China, Tailandia, Pakistán, México e Indonesia, como les comentaba, México ocupa un honroso sexto lugar. El valor de la producción del fruto mexicano alcanzó en el 2011, 4,018 millones de pesos, cifra equivalente a la invertida, por ejemplo, para organizar los Juegos Panamericanos en Guadalajara, Jalisco, y conforme a los datos de este año 2012, los 3 principales estados productores de mango son Guerrero, Nayarit y Sinaloa.

En este contexto, y considerando que es una propuesta viable, desde luego les recomendamos adherirse a ella, pero desde luego el exhorto debe ser más amplio y extensivo para los 21 estados de la República que producen mango y que con ello contribuyen a un importante ingreso en divisas puesto que gran parte de este fruto es de exportación para el país, reitero el apoyo de parte de las autoridades de la SAGARPA en este tema de la asistencia técnica de orientación productiva, a todos los productores de mango que están representados en los 21 estados que son importantes productores de este fruto.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador López Brito.

Agotada la lista de oradores y en virtud de no haber otra reserva, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)








COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al segundo dictamen.








COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al tercer dictamen.



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Están a discusión. Han solicitado hacer uso de la palabra en cuanto al primer dictamen, la Senadora Angélica de la Peña y el Senador Fidel Demédicis. Adelante Senadora.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias señor Presidente.

Pues muy breve, en sesión de la Comisión de Derechos Humanos, por unanimidad decidimos dictaminar en positivo este punto de Acuerdo y circunscribirlo a que de manera respetuosa el Secretario de Gobernación pueda remitirnos un informe a esta Soberanía sobre este monumento, “Memorial para las Víctimas de la Violencia en México”, como espacio proyectado para atender la doble condición de memorial y de espacio público.

Lo que pedimos a todos ustedes es que pueda ser aprobado afirmativamente, de tal forma que podamos tener esta información de manera precisa para que el Senado de la República tenga conocimiento de lo que se está planteando sobre esta situación, que como ustedes saben, ha sido un problema grave en nuestro país y diversas organizaciones no gubernamentales nos han planteado que pueda existir un monumento con estas características.

Entonces, para tener mayor información, es necesario que el responsable del Poder Ejecutivo encargado del ministerio del interior nos pueda dar toda la información que el Senado de la República requiere sobre este monumento.

Rápidamente informo sobre los otros dos, creo que es importante, señor Presidente, si me permite que los otros dos puntos de Acuerdo también sean aprobados de manera afirmativa puesto que en el caso de la mutilación genital es una solicitud que se hace desde la Organización de las Naciones Unidas, aunque si bien no es un problema que tenemos en nuestro país, sí tenemos que coadyuvar a tener todos los avales como país, como Estado Parte, de tal manera que garanticemos que estas recomendaciones, que estos instrumentos internacionales que están encargados de proteger los derechos humanos de las niñas y las adolescentes no sigan siendo objeto de estas prácticas criminales.

Por eso insisto, aunque no sea un problema que vivamos en nuestro país, cuando menos de manera pública no tenemos datos que haya grupos sociales que sigan haciendo eso, en el caso de nuestro país cuando vienen como personas extranjeras, sino que fundamentalmente se viven en otros países con algunas otras creencias religiosas que contra las que en todo el mundo se está luchando para que se erradiquen, es importante que contribuyamos con Naciones Unidas para que este tipo de instrumentos entren en vigor.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Este punto de Acuerdo dictaminado por la Comisión de Derechos Humanos, necesariamente nos tiene que llamar a la reflexión.

En el sexenio pasado se dieron situaciones gravísimas en contra del pueblo de México, se dio una guerra sin sentido, se dio una violación sistemática de los derechos humanos, se incrementaron de manera escandalosa los índices de tortura y el saldo fue verdaderamente espeluznante para nuestro país.

Las cifras pueden ser no coincidentes, pero hay un hecho que es irrefutable, México todavía vive en la época del terror, México todavía es víctima del terrible miedo que genera la violencia que se desató en el sexenio pasado y que continúa, para mala fortuna de nuestro pueblo, en estos inicios del gobierno de Enrique Peña  Nieto.

En el colmo de la desvergüenza, en el colmo de la burla para todas las víctimas de esta violencia, Calderón propone que se realice un “Memorial a las Víctimas de la Violencia en México”, pero el punto de Acuerdo del Senador FayadMeneses es importante. Inicialmente él plantea que se detenga la construcción de este monumento y la Comisión de Derechos Humanos plantea que el Secretario de Gobernación informe cuál es el estado que guarda este memorial, lo que el Senado de la República tiene que resaltar, y por eso me sumo a este punto de Acuerdo y por eso quiero fijar mi posición pública, es que en este país sí tiene que haber testimonio de que esta guerra arrojó más de 95 mil muertos, es decir, que enlutó a más de 95 mil familias, que según las cifras de Gobernación, las últimas, hubo más de 27 mil desapariciones forzadas, más de 4 mil feminicidios, y más de 780 mil desplazados.

Este memorial tiene que ser el monumento y el recordatorio a lo que nunca debe de volver a pasar en este país, pero es muy importante que el Secretario de Gobernación informe a esta Soberanía qué estado guarda y que la construcción del mismo se tiene que dar una identificación clara a las miles de víctimas del sexenio calderonista, quiénes eran, de dónde eran y dónde quedaron finalmente sus restos.

Se tiene que hacer una evolución concreta de los daños y también se tiene que decir de parte del gobierno de Peña Nieto, cuál es la respuesta sincera y la intención sincera que tiene de iniciar un camino para la reparación de todos estos daños. 

Este monumento le debe permitir a la sociedad mexicana reflexionar sobre las causas y los efectos de la violencia, y también la sociedad debe de participar en la construcción colectiva de respuestas y soluciones a este problema.

Creo que es un acierto que la Comisión de Derechos Humanos solicitara esta información y que el Senado de la República no solo pueda tenerla, sino que pueda influir de manera contundente para que con estas condiciones que hemos planteado, este memorial se realice. El Senado de la República, compañeras y compañeros, tiene que ser por el bien de nuestro pueblo el gran defensor de los derechos humanos y el gran ente que exija que la claridad en torno a todo esto que pasó con la violencia en México se aclare por el bien de nuestro pueblo.

El “Memorial a las Víctimas, de la Violencia en México”, sí tiene que darse, por supuesto que tiene que darse pero no como un monumento ofensivo para las víctimas de la violencia, sino como un monumento que restituya la dignidad de nuestro pueblo y que se den nombres, estadísticas de quiénes fueron y dónde están estas víctimas.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Agotada la lista de oradores y no habiendo más reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

-La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén por que se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar, a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia de personas con discapacidad y también relacionada con servicios financieros.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FINANZAS, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de los CC. Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Ana Gabriela Guevara Espinoza, José Francisco Yunes Zorrilla, Manuel Cavazos Lerma, David Penchyna Grub, Gerardo Sánchez García, Alejandro Tello Cristerna, Oscar Román Rosas González, Ernesto Gándara Camou, Luis Armando Melgar Bravo, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Marco Antonio Blásquez Salinas)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Buenas tardes, Senadoras y Senadores; con su permiso, señor Presidente.

Va uno a cualquier tienda, por ejemplo, una mueblería, vas y quieres sacar un mueble, vas tú y pides un crédito y no te lo dan, no, éste no me va a pagar, no puede pagar, no trabaja, hay discriminación ahí.

Esto, estimadas Senadoras y Senadores, es un testimonio de una persona con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 12, denominado "Del igual reconocimiento como persona ante la ley", establece que los Estados Parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a tener acceso a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero.

Asimismo, en su artículo 25 destinado a la protección del derecho a la salud, menciona que se deberá prohibir la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida, velando porque esos seguros se presten de manera justa y razonable.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala en su artículo 9, que está prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida.

Sin embargo, al día de hoy es una constante escuchar de parte de las personas con discapacidad que las instituciones financieras les niegan el acceso a un crédito o seguro, anteponiendo como causal que la persona vive con alguna discapacidad, rompiendo con el esquema garantista de derechos humanos que guarda nuestra Constitución Política.

El estudio, “Discriminación hacia las personas con discapacidad por parte de las empresa aseguradoras en México”, realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, señala que las compañías aseguradoras se niegan a contratar personas que tienen alguna discapacidad, formulando el término de riesgos prohibidos que en el lenguaje de los agentes de seguros hace alusión a los riesgos que no son asegurables, es decir, aquellos que no pueden llegar a concluir en un contrato de seguro y la correspondiente expedición de la póliza, pues el contrato de seguro tiene por objeto que la institución aseguradora responda ante una eventualidad que puede consistir precisamente en una enfermedad, un padecimiento permanente, una incapacidad total o parcial, y en el caso de las personas con discapacidad piensan que esa eventualidad ya está presente y consecuentemente no puede ser materia de la referida relación contractual.

Ello es una muestra de la situación real de discriminación que sufre este sector social y que exige medidas concretas para remediarlo, pues las compañías aseguradoras parten de varios supuestos que se confrontan con las políticas de inclusión social, además del hecho de que la relación establecida entre las instituciones de seguros y sus asegurados sea de carácter mercantil, no les eximen de observar en su actuación cotidiana criterios contenidos en la legislación para evitar y eliminar la discriminación en México.

Ante ésto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, particularmente en la resolución del amparo en revisión 410/2012, en donde expresa que el modelo social establece que la premisa que genera la discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona, por lo que se deben de proponer medidas que se encuentren dirigidas a aminorarlas y que reconozcan plenamente sus derechos fundamentales en igualdad de oportunidades.

En este sentido, el máximo tribunal señala que considerando las disposiciones relativas a las personas con discapacidad, analizadas a la luz de los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación, y en aras de que la prestación de los servicios de seguros a estas personas, sea justa y razonable tal y como lo exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, afirma que los operadores del sistema de seguros en nuestro país están vinculados a conducir y adecuar su actuar en torno a los principios o bases teóricas en las cuales descansa dicho modelo, a través de la instauración de directrices en la implementación, interpretación y ejecución de las políticas en materia de seguros tendientes a que las personas con discapacidad tengan acceso y condiciones de igualdad en la prestación de servicios de seguros de vida y de salud.

Compañeras y compañeros, por lo señalado anteriormente, es que Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios presentamos esta iniciativa que tiene como finalidad reformar diversas disposiciones que regulan el sistema financiero nacional como estrategia para promover que las instituciones de crédito, seguros y fianzas implementen mecanismos inclusivos dirigidos a todas las personas atendiendo sus particularidades y desarrollando planes, programas y esquemas de atención, así como de otorgamiento de créditos accesibles para las personas con discapacidad, logrando con ello una serie de ajustes razonables que permitan la igualdad material en el ámbito de los seguros, que a su vez se traducirán en un nuevo mercado que las instituciones financieras tendrán la posibilidad de captar.

Esperamos, de verdad, que ustedes puedan sumarse a esta iniciativa, es una iniciativa de verdad que tiene un efecto muy noble y que además es una demanda real de la población que tiene algún tipo de discapacidad en este país.

Por su atención, muchas gracias, Senadoras y Senadores.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZAJOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, MANUEL CAVAZOS LERMA, DAVID PENCHYNA GRUB, GERARDO SANCHEZ GARCIA,ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, ERNESTO GANDARA CAMOU, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, ARMANDO RIOS PITER, MARIO DELGADO CARRILLO Y MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, Senadoras y Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“Va uno a cualquier tienda, por ejemplo, una mueblería, vas y quieres sacar un mueble, vas tú y pides un crédito y no te lo dan, no pues éste no me va a pagar, no puede pagar, no trabaja. Hay discriminación ahí1

Testimonio de persona con discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 12 denominado del “igual reconocimiento como persona ante la Ley”, establece en su numeral 5 que sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a tener acceso a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero.

Asimismo, en su artículo 25 destinado a la protección del derecho a la salud de las personas con discapacidad, la Convención internacional establece en su inciso e) que los Estados Parte prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su Título Segundo, Derechos de las Personas con Discapacidad, Capítulo I relativo a la Salud y Asistencia Social, establece en el artículo 9 que está prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida.

Sin embargo, al día de hoy es una constante escuchar de parte de las personas con discapacidad que las instituciones financieras les niegan el acceso a un crédito o seguro, anteponiendo como causal de esa negativa a la discapacidad, rompiendo con el esquema garantista de derechos humanos que guarda nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.- ANALISIS TEORICO

El estudio “Discriminación hacia las personas con discapacidad por parte de las empresas aseguradoras en México2” realizado por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), señala que las compañías aseguradoras se niegan a contratar con personas que tienen alguna discapacidad, formulando el término de “riesgos prohibidos” que, en la jerga de los agentes de seguros hace alusión a los riesgos que no son asegurables; es decir, aquellos que no pueden llegar a concluir en un contrato de seguro y la correspondiente expedición de la póliza.

Asimismo, menciona el estudio, esta breve referencia es una muestra de la situación real de discriminación que sufre este sector social y que exige medidas concretas para remediarlo, pues las compañías aseguradoras parten de varios supuestos que se confrontan con las políticas de inclusión social, además de que el hecho de que la relación establecida entre las instituciones de seguros y sus asegurados sea de carácter mercantil, no les exime de observar, en su actuación cotidiana, criterios contenidos en la legislación para evitar y eliminar la discriminación en México.

Lo anterior, además señala el autor, de que sus criterios pretenden sustentarse y modificarse en la experiencia que acumulan a lo largo de realizar sus operaciones en un determinado período, sin contar con la experiencia ni información que aporte en beneficio de sus políticas de operación o de sus criterios de desempeño tratándose de personas con discapacidad, por lo que presume que son basados únicamente en el prejuicio.

Ello, en virtud de que “…el contrato de seguro tiene por objeto que la institución aseguradora responda ante una eventualidad que puede consistir precisamente en una enfermedad, un padecimiento permanente, una incapacidad total o parcial y que, en el caso de las personas con discapacidad, piensan que esa eventualidad ya está presente y, consecuentemente, no puede ser materia de la referida relación contractual3.”

III.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION (SCJN)

La SCJN se ha pronunciado al respecto, particularmente en la resolución del Amparo en Revisión 410/20124 en donde se impugnan los artículos 2, fracción IX, y 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde el tema es “Principio de no discriminación y personas con discapacidad. Contratación de seguros.

Ante este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el modelo social establece que la premisa que genera la discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona, por lo que se deben de proponer medidas que se encuentren dirigidas a aminorarlas y que reconozcan plenamente sus derechos fundamentales en igualdad de oportunidades.

En ese sentido, el máximo tribunal señala que considerando las disposiciones relativas a las personas con discapacidad, analizadas a la luz de los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación, y en aras de que la prestación de los servicios de seguros a estas personas sea justa y razonable, tal y como lo exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que afirma que los operadores del sistema de seguros en nuestro país, están vinculados a conducir y adecuar su actuar en torno a los principios o bases teóricas en las cuales descansa dicho modelo, a través de la instauración de directrices en la implementación, interpretación y ejecución de las políticas en materia de seguros.

Por lo anterior, tomando en consideración el principio de dignidad de la persona dentro del modelo social, la Corte establece que debe abandonarse la equiparación que tradicionalmente se ha hecho de las discapacidades y las enfermedades, pues atendiendo a la naturaleza de dicho modelo, cualquier discapacidad debe concebirse atendiendo a las limitaciones causadas por las barreras contextuales relacionadas a diversidades funcionales, constituyéndose en un término autónomo y, por ende, no comprendido dentro del concepto de las enfermedades, por lo que las compañías deben dar un tratamiento diferenciado no sólo dentro de sus respectivas políticas de contratación, sino también en los términos contenidos en los contratos y en su correspondiente ejecución.

Así, señala la SCJN, las compañías de seguros, en aras de respetar este modelo y por tanto la normativa en materia de discapacidad aplicable en nuestro país, deben diseñar sus políticas y adecuar sus acciones bajo los principios de accesibilidad universal y respeto a la diversidad.

Por ello, agrega el máximo tribunal, “las políticas implementadas en el régimen de los seguros no deben atender a las diversidades funcionales como elementos definitorios, sino a las medidas que se pueden implementar para que las personas con alguna discapacidad tengan un acceso y condiciones de igualdad en la prestación de servicios de seguros de vida y de salud”.

En consecuencia, señala la SCJN a través de su Primera Sala, el otorgar esquemas de seguros a los que puedan acceder las personas con discapacidad tiene como alcance no sólo una prohibición a discriminar, sino la implementación de una serie de ajustes razonables que permitan su igualdad material en el ámbito de los seguros.

IV.- REFORMAS

Por lo señalado con anterioridad, además de la necesidad de que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados cabalmente y con ello se garantice su acceso a los servicios financieros, se proponen las siguientes reformas:

a).- Ley de Instituciones de Crédito

El artículo 46 de las instituciones de crédito señala que dichas instituciones sólo podrán realizar las operaciones que dicta la Ley, que estén expresamente contempladas en sus estatutos sociales, previa aprobación de la Comisión Bancaria y de Valores.

En virtud de ello, como estrategia para promover que las instituciones de crédito implementen mecanismos inclusivos dirigidos a todas las personas, atendiendo sus particularidades, estableciendo en unsegundo párrafo para señalar que para su funcionamiento deberán diseñar planes, programas y esquemas de atención y otorgamiento de créditos accesibles para las personas con discapacidad.

b).- Ley Federal de Instituciones de Fianzas

El artículo 16 de esta Ley enumera las operaciones que podrán realizar las instituciones de fianzas, por lo que en igual espíritu que la adición a la Ley de Instituciones de Crédito, se adiciona un segundo párrafo para proponer que estas instituciones deben diseñar planes, programas y esquemas accesibles para las personas con discapacidad en pleno respeto de la inclusión social y de sus derechos.

c).- Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

En su artículo 36, se establecen los principios que deben observar las instituciones de seguros para realizar su actividad, siendo éstos las directrices en las cuales debe basar sus esquemas de operación.

En virtud de ello, promoviendo que los derechos de las personas con discapacidad deben estar contenidos transversalmente en el marco jurídico nacional y primordialmente en las leyes respectivas de los derechos enumerados en la legislación en la materia, se propone establecer como un principio para las instituciones de seguros, el diseñar planes, programas y esquemas accesibles para las personas con discapacidad.

d).- Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

De acuerdo a su Artículo 2, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.

En ese sentido, el artículo 4 enlista una serie de atribuciones que le corresponden a la Comisión, la cual al ser la encargada de supervisar y regular a las entidades del sistema financiero mexicano, debe también tener la obligación de observar que se respeten los derechos de las personas con discapacidad.

Por lo anterior, se adiciona una fracción al artículo 4 para establecer que le además de las obligaciones estipuladas a la Comisión, le corresponde vigilar que las entidades financieras diseñen programas y esquemas accesibles para las personas con discapacidad.

e).- Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

En estrecha relación con la propuesta del apartado anterior, se propone establecer como una facultad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el artículo 11, el vigilar que las entidades financieras diseñen programas y esquemas accesibles para las personas con discapacidad

Lo anterior, en virtud de que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios tiene como objetivo promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios y por ende tiene entre sus obligaciones procurara y salvaguardar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad promoviendo su inclusión.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.

ARTICULO PRIMERO.-Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

I a XXVIII…

Las instituciones de crédito deben diseñar planes, programas y esquemas de atención y otorgamiento de créditos accesibles para las personas con discapacidad.

Las instituciones de banca múltiple únicamente podrán realizar aquellas operaciones previstas en las fracciones anteriores que estén expresamente contempladas en sus estatutos sociales, previa aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo dispuesto por los artículos 9o. y 46 Bis de la presente Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, dentro de la regulación que deban emitir en el ámbito de su competencia, deberán considerar las operaciones que las instituciones de banca múltiple estén autorizadas a realizar conforme a lo previsto en los artículos 8o., 10 y 46 Bis de esta Ley, y diferenciar, cuando lo estimen procedente, dicha regulación en aspectos tales como la infraestructura con que deberán contar y la información que deberán proporcionar, entre otros.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 16 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 16.- Las instituciones de fianzas sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

I a XVIII…

Las instituciones de fianzas deben diseñar planes, programas y esquemas accesibles para las personas con discapacidad.

Las instituciones autorizadas para practicar exclusivamente operaciones de reafianzamiento podrán efectuar las anteriores operaciones con excepción de la emisión de fianzas.

ARTICULO TERCERO.- Se adicionan una fracción VII al artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue:

Artículo 36.- Las instituciones de seguros al realizar su actividad deberán observar los siguientes principios:

I a VI…

VII.- Diseñar planes, programas y esquemas accesibles para las personas con discapacidad.

ARTICULO CUARTO.- Se reforma la fracción XXXVIII recorriéndose al numeral subsecuente y adiciona la Fracción XXXIX, todos del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:

I a XXXVII …

XXXVIII.- Vigilar que las entidades financieras diseñen programas y esquemas accesibles para las personas con discapacidad, y

XXXIX.- Las demás facultades que le estén atribuidas por esta Ley, por la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por otras leyes.

ARTICULO QUINTO.- Se adiciona una fracción XLIII recorriendo el contenido actual de la fracción XLII y se reforma la fracción XLII, todos del artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para:

IaXL…

XLI. Regular y supervisar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en los términos señalados en el referido texto legal;

XLII. Vigilar que las entidades financieras diseñen programas y esquemas accesibles para las personas con discapacidad, y

XLIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 7 de marzo de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. Manuel Cavazos Lerma.- Sen. David Penchyna Grub.- Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. Ernesto Gándara Camou”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Hilda Esthela Flores. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010. Resultados sobre personas con discapacidad, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), México D.F., 2012, p. 54

2Discriminación hacia las personas con discapacidad por parte de las empresas aseguradoras en México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), México D.F., 2006.

3Ibíd., p. 7

4Amparo en Revisión 410/2012, Primera Sala del Tribula Superior de Justicia de la Nación, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo De Larrea, Acta Número 41, 21 de noviembre de 2012.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y de los Senadores Fernando Mayans Canabal y Miguel Romo Medina, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y de los CC. Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal y Miguel Romo Medina)

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente; y también a nombre de trece Senadores del PAN, tres del PRD, cinco del PRI y tres independientes.

En 1976, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas instituyó el año de 1979 como el Año Internacional del Niño, con la finalidad de atender a los menores de edad en todos los campos a nivel mundial. A partir de ello, nuestra Carta Magna fue reformada en el sentido de establecer el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. Además de ello, hace tres décadas que se incorporó el derecho de los mexicanos a la protección a la salud en la Constitución en el mes de febrero de 1983, y se emitió consecuentemente la ley reglamentaria de la materia.

Durante este tiempo se han dado pasos fundamentales en su profundización y desarrollo. Sin duda alguna, estos avances se reflejan día a día en diversos ámbitos de la actuación del poder público.

Por su parte, en el año 2003 se logró constituir el Sistema de Protección Social en Salud como un claro instrumento para tutelar el derecho a la protección de la salud y con ello alcanzar el objetivo de asegurar la protección financiera de su salud a todas aquellas personas que por su situación laboral no son derechohabientes de la seguridad social.

Esta situación se fortalece con la creación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, mediante el cual se promueve la atención preventiva y la detección temprana de enfermedades y daños a la salud y garantiza la cobertura integral en servicios de salud a los niños nacidos a partir del 1º de diciembre de 2006, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Sus beneficios son adicionales a los que hoy en día proveen los programas de salud pública y de vacunación universal, el Sistema de Protección Social en Salud, así como las acciones en materia de salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Este programa se planteó atender la necesidad de resolver las desigualdades en el acceso a los servicios médicos, principalmente del estrato de la población más vulnerable, nuestros niños. A través de este programa se ha podido demostrar que la cobertura amplia de servicios de salud para este sector de la población no sólo es operativamente posible sino también financieramente viable.

Este seguro para los niños menores de 5 años, a partir de su ejecución, ha demostrado una evolución favorable que fundamenta su aporte positivo en el conjunto de la política de salud nacional.

Para 2011, de los 2.1 millones de nacimientos en México, el 45.7% contó con la cobertura del Seguro Médico para una Nueva Generación desde el primer día de vida. Entre 2006 y 2012, la tasa de mortalidad infantil, es decir, menores de un año, disminuyó 4 puntos pasando de 16.2 defunciones por 1,000 nacidos vivos a 13.2 defunciones, estando muy cerca de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en esta materia, que es de 13 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos.

A su vez, entre 2006 y 2011, la mortalidad en menores de 5 años atribuible a enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y por deficiencia nutricional disminuyó 56%, 41.2% y 30.8% respectivamente.

Entre 2008 y 2012 el programa ha financiado la atención de más de 126 mil casos, principalmente con padecimientos de asfixia y trauma al nacer, infecciones respiratorias agudas bajas, enfermedades infecciosas intestinales, bajo peso al nacimiento y prematuros.

Es importante destacar que todas las anteriores se encuentran entre las principales causas de mortalidad infantil a nivel nacional.

Lo anterior ha sido posible a través de un compromiso financiero sostenible en el marco del Sistema de Protección Social en Salud. Entre 2008 y 2012, el presupuesto autorizado ha sido en promedio de 2,589.6 millones de pesos, es decir, el equivalente a 3.85% del presupuesto autorizado al Seguro Popular en el ejercicio fiscal 2012, compuesto por la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, el Fondo de Previsión Presupuestal y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Sin duda la protección de la infancia, a través de acciones como el Seguro Médico para una Nueva Generación, va en sintonía con Acuerdos internacionales y nacionales.

De acuerdo con la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, suscrita en la sede de la Organización de las Naciones Unidas dentro de la denominada Cumbre Mundial a favor de la Infancia, ahí se plantearon metas ambiciosas en política de salud pública dirigidas, además, específicamente a la protección de la salud de la niñez y en especial a los menores de 5 años, de entre las cuales destacan: reducir a menos de 10% los recién nacidos con peso inferior a 2.5 kilogramos; conseguir lactancia del seno materno por lo menos durante cuatro meses; disminuir a la mitad los menores de 5 años con desnutrición moderada y grave; eliminar las carencias de yodo y de vitamina “A”; vigilar periódicamente el crecimiento y desarrollo de todos los niños; reducir 50% en los menores de 5 años las defunciones por diarrea y en 33% las muertes como consecuencia de infecciones agudas de vías respiratorias; conseguir también 90% de cobertura en la vacunación contra el sarampión, la tosferina, la difteria, el tétanos, la poliomielitis y la tuberculosis; disminuir en 95% los fallecimientos por sarampión y en 90% los enfermos en 1995; eliminar el tétanos en el recién nacido en 1995; erradicar la poliomielitis para el año 2000; ofrecer mejor protección a los niños en circunstancias particularmente difíciles y bajar entre 1990 y el año 2000 en una tercera parte las mortalidades infantil y preescolar.

Estos compromisos requieren de seguir impulsando proyectos que beneficien a la infancia de nuestro país. Es así que se propone la creación del Fondo de Protección a la Infancia como una medida que da continuidad a una estrategia que ha entregado resultados exitosos desde el momento de su creación, en 2006, hasta la fecha.

Esta estrategia, expresada operativamente en el Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, ahora Seguro Médico Siglo XXI, carece hasta el momento de la formalización legislativa que le dé certidumbre de permanencia de largo plazo.

Por ello, a nombre propio y de diversos Senadores, además delos Senadores Fernando Mayans Canabal y Miguel Romo Medina, suscribimos la presente iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, con el objeto de que la política de protección social de la salud en la infancia, específicamente en el caso de los menores de 5 años que carecen de acceso a la seguridad social, goce del beneficio de la mayor certidumbre jurídica, y por ende, se consolide como una política de Estado de largo aliento.

De esta forma se contaría con un esquema de aseguramiento para menores de 5 años de edad, que además de contar con las intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud y el Fondo de Protección Social contra Gastos Catastróficos cubra padecimientos adicionales en un marco de cobertura total de los padecimientos que se desarrollen en ese periodo de vida y la continuidad de los tratamientos de los menores que hayan rebasado los 5 años.

Los padecimientos adicionales serían financiados por una cuota federal adicional por cada niño menor de 5 años afiliado al Seguro Popular, con dicha cuota se constituiría el Fondo de la Protección a la Infancia, que además se manejaría en un fideicomiso sin anualidad presupuestal. La cuota propuesta sería de 2.016% de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por menor de 5 años afiliado.

En principio, la iniciativa no genera una presión sustancial de recursos presupuestales, ya que la cuota, prácticamente, se cubriría con el presupuesto que obtiene el Seguro Médico Siglo XXI.

Sin duda, esta acción legislativa beneficiará en gran medida a este grupo de la población, lo anterior, siempre con el compromiso que tenemos de mejorar las condiciones de salud, que generen una mejor calidad de vida en los mexicanos y, por ende, tengan como consecuencia el desarrollo de un mejor país.

“El futuro de México empieza en los niños”.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Las que suscriben, la Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; el Senador FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y el Senador MIGUEL ROMO MEDINA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, todos integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás disposiciones relativas del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA LA CONSTITUCION DE UN FONDO DE PROTECCION A LA INFANCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

En 1976, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas instituyó el año de 1979 como el “Año Internacional del Niño”, con la finalidad de atender a los menores de edad en todos los campos a nivel mundial. Como consecuencia de la mencionada declaratoria se adicionó al texto constitucional, mediante una reforma al artículo 4º publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 1980, el derecho de los menores “a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental”, recayendo este deber en sus padres.

En consonancia con la actividad en nuestro país en el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que México es miembro fundador, así como de su oficina regional la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma constitucional para elevar a rango de derecho fundamental el derecho a la salud. En la Exposición de Motivos de la iniciativa queda claramente especificada la intención de cumplir “[…] con una vieja aspiración popular, congruente con los propósitos de justicia social de nuestro régimen de convivencia y con los compromisos que en cuanto a Derechos Humanos, México ha contraído en la Organización de las Naciones Unidas y en la Organización de los Estados Americanos desde hace décadas”.

En la propia Exposición de Motivos se especifica que se opta por la expresión “derecho a la protección de la salud”, “porque tiene el mérito de connotar que la salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados”.

En congruencia con lo anterior, el Dictamen emitido por las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales y Salubridad en la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, destaca la orientación igualitaria de la reforma constitucional propuesta. En este sentido, establece de manera textual que la iniciativa “se inscribe dentro de la vertiente que pugna por hacer efectiva la sociedad igualitaria, […]. La sociedad igualitaria es un postulado de realización impostergable, si queremos volver más digna la existencia de nuestros compatriotas, toda vez que sólo mediante una igualdad estimulada y tutelada por el Derecho, se puede ampliar y disfrutar auténticamente de la libertad innata de los humanos. Avanzar en la sociedad igualitaria es avanzar en el camino de la democracia”. A su vez, en dicho Dictamen se reconoce que la adición al artículo 4º de la Constitución para incorporar el derecho a la protección a la salud “se constituirá indudablemente, en la medida en que tienda a la protección de la parte más sensible de la sociedad, la familia, la niñez y los beneficios fundamentales para la vida digna de los hombres en un verdadero catálogo trascendente de los mínimos de bienestar elevados a la máxima jerarquía jurídica”.

Por su parte, en el Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salubridad y Asistencia de la Cámara de Diputados, actuando como Cámara Revisora, se expresa con claridad que “la salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad. Disfrutar del nivel más alto de salud posible debe constituir uno de los derechos fundamentales de todo mexicano sin distinción alguna”. Además, en términos del propio Dictamen, “el Estado será el promotor de este ejercicio que requiera de la solidaridad social y de la voluntad colectiva para su cabal cumplimiento”. “El concepto de justicia social contenido en nuestra constitución y las responsabilidades que el derecho a la protección a la salud implican una constante transformación de la estructura social, a una distribución equitativa de la riqueza, que proscriba toda ventaja o privilegio a favor de alguna clase social o en favor de intereses particulares”. “En el desarrollo de esta idea de justicia, la Iniciativa propone que para igualar a los desiguales en oportunidades y seguridades se establezca este impostergable derecho social”.

De esta forma, a raíz de la iniciativa de reforma constitucional y los subsecuentes trabajos legislativos, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, se incorpora en nuestra Constitución Política el derecho a la protección de la salud en el artículo 4º constitucional. Ciertamente, esta adición daría lugar a la posterior emisión de su Ley Reglamentaria, la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, a fin de organizar la prestación de servicios de salud bajo criterios propios de un sistema concurrente. Cabe decir que desde sus orígenes esta Ley le concedió un carácter prioritario a la salud materno-infantil, como se observa en el Capítulo V del Título Tercero de la Ley. En esta materia, la propia ley específica, en el artículo 63, que “La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general”. Ya han pasado más de dos décadas desde que se incorporó el derecho a la protección a la salud en la Constitución y se emitió su nueva Ley Reglamentaria. Durante este tiempo se han dado pasos fundamentales en su profundización y desarrollo. Sin duda alguna, estos avances se reflejan en diversos ámbitos de actuación del poder público, siendo de especial relevancia para el tema que nos ocupa la definición jurisprudencial del derecho a la protección de la salud por nuestro más alto Tribunal1, así como las sucesivas reformas tanto constitucionales como legislativas que refuerzan el contenido del derecho a la salud de ciertos grupos vulnerables y fortalecen el objetivo de cobertura universal en salud.

Por lo que se refiere al reforzamiento de ciertos grupos vulnerables en el texto constitucional es necesario hacer mención de las reformas y adiciones al artículo 4º constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del año 2000. Con dichas reformas se introduce el derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como el deber del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y de otorgar facilidades para que los particulares coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. De esta forma se reconoce en la Constitución Política la necesidad de fortalecer de manera especial y específica el derecho a la salud de los niños y las niñas, donde si bien se establece la responsabilidad de aquellas personas responsables directamente del bienestar de los menores, también se reconoce la participación activa del Estado.

Un lustro después, el 18 de enero de 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 36 de la Ley General de Salud con objeto de eximir del cobro de cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento y hasta los cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. No obstante, esta disposición, por sí sola, no contempla la atención integral de la salud de los niños durante sus primeras etapas de vida.

Adicionalmente, mediante las reformas al artículo 4º constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, se introduce el principio del interés superior del niño, mismo que deberá contemplarse en todas las decisiones y actuaciones del Estado. Con ello se viene a fortalecer el tratamiento especial y reforzado de la niñez en diversos ámbitos, entre los que se incluye el relativo a la salud.

Por lo que hace al objetivo de universalizar la cobertura en salud cabe destacar la creación del Sistema de Protección Social en Salud, para lo cual se adicionó el Título Tercero Bis en la Ley General de Salud, mediante reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003. Mediante esta reforma se concede a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud con la garantía del Estado al acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción a la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y de aceptabilidad social.

De esta forma el Sistema de Protección Social en Salud logra constituirse en un claro instrumento para tutelar el derecho a la protección de la salud y, con ello, alcanzar el objetivo de asegurar de manera universal a todas aquellas personas que por su situación laboral no son derechohabientes de la seguridad social. Esta situación se fortalece con la creación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), mediante el cual se promueve la atención preventiva y la detección temprana de enfermedades y daños a la salud y garantiza la cobertura integral en servicios de salud a los niños nacidos a partir del primero de diciembre del 2006, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Sus beneficios son adicionales a los que hoy en día proveen los programas de salud pública y de vacunación universal, el Sistema de Protección Social en Salud, así como las acciones en materia de salud del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Este Programa se inserta en la política de salud que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, los cuales reconocen que nuestro sistema sanitario debe resolver las desigualdades en el acceso a los servicios médicos, que son una de las principales causas por las que las personas más pobres tienen mayor riesgo de morir a edades más tempranas que el resto de la población. Cabe decir que este Programa ha demostrado que la cobertura amplia de servicios de salud para este sector de la población no sólo es operativamente posible sino también financieramente viable.

Por lo que respecta al SMNG, a partir de su puesta en marcha ha tenido una evolución favorable que demuestra su aporte positivo en el conjunto de la política de salud nacional. Para 2011 de los 2.167 millones de nacimientos en México, el 45.17% contó con la cobertura del SMNG desde el primer día de vida. Entre 2006 y 2012 la tasa de mortalidad infantil (menores de un año) disminuyó en 4% pasando de 16.2 defunciones por 1,000 nacidos vivos a 13.2 defunciones. A su vez, entre 2006 y 2011 la mortalidad en menores de 5 años atribuible a enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y por deficiencia nutricional disminuyó 56%, 41.2% y 30.8% respectivamente.

La evolución de las cifras de mortalidad infantil y en menores de 5 años se ha visto positivamente impactadas por el SMNG. Entre 2008 y 2012 el programa ha financiado la atención de más de 126 mil casos, principalmente con padecimientos de asfixia y trauma al nacer, infecciones respiratorias agudas bajas, enfermedades infecciosas intestinales y bajo peso al nacimiento y prematurez. Todas las anteriores se encuentran entre las principales causas de mortalidad infantil a nivel nacional.

Lo anterior ha sido posible a través de un compromiso financiero sostenible en el marco del Sistema de Protección Social en Salud. Entre 2008 y 2012 el presupuesto autorizado ha promediado 2,589.6 millones de pesos equivalente a 3.85% del presupuesto autorizado al Seguro Popular en el ejercicio fiscal 2012 (Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, Fondo de previsión presupuestal y Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos).

De lo anterior se desprende que los avances operados en materia de salud son claramente consistentes con la vocación igualitaria, el papel activo del Estado y la corresponsabilidad social e individual, la concepción amplia y la eficacia progresiva que caracterizan al derecho a la protección de la salud. No obstante, aún existen importantes áreas de oportunidad que permitan atender de manera prioritaria el derecho a la salud de los niños y las niñas, no sólo con el objeto de cumplir con el mandato constitucional que le otorga un carácter especial y reforzado en esta materia, sino que además nos lleven a profundizar el alcance de este derecho en congruencia con los compromisos internacionales que México tiene asumidos.

II. EL DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD

DE LA INFANCIA EN EL MARCO INTERNACIONAL

La posición en nuestro derecho interno de los compromisos asumidos por México a nivel internacional en materia de derechos humanos y, con ello, por lo que hace al derecho a la protección de la salud, ha sido ampliamente reforzada a través de las reformas al artículo 1º constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Mediante estas reformas se introduce una nueva forma de concebir, interpretar y aplicar los derechos humanos en México, además de incorporar de manera clara y contundente el derecho internacional de los derechos humanos.

En el artículo 1º constitucional se introduce la figura de la “interpretación conforme”, de tal forma que las normas relativas a derechos humanos se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. De igual forma, el citado artículo incorpora en su párrafo segundo, el llamado principio de interpretación pro personae, de conformidad con el cual siempre se deberá elegir la norma jurídica, nacional o internacional, que proteja de manera más amplia al titular de un derecho humano.

Finalmente, en el párrafo tercero del referido artículo 1º constitucional, se establece la obligación del Estado mexicano de promover, respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Esto implica que los tratados internacionales de derechos humanos generan obligaciones de acción u omisión para los Estados, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. Este último, de gran relevancia para el tema que nos ocupa, “establece la prioridad en la aplicación de aquellas disposiciones jurídicas más eficaces para la protección y promoción de los derechos humanos, independientemente del ámbito espacial de validez de la norma más favorable. Por otro lado, este mismo principio de progresividad fundamenta una interpretación extensiva de los derechos humanos, […]”2.

Ahora bien por lo que hace al ámbito del derecho internacional público, se ha generado consenso respecto a que los niños son titulares de derechos humanos. “Esta titularidad comprende el reconocimiento de tales derechos desde el ámbito político, filosófico y jurídico, así como su ejercicio y restablecimiento cuando se desconocen o se transgreden. En este sentido, la comunidad internacional ha llegado al criterio, ampliamente compartido, de que la infancia implica un espacio separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas deben gozar de una serie de derechos específicos que les permitan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida”.3

De tal forma que es necesario tomar en consideración los diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte respecto de los derechos humanos de la niñez y en particular de su derecho fundamental a la protección de la salud, con el objeto de conformar el marco normativo que fundamenta la presente propuesta de reforma legislativa.

Sin duda, uno de los principales compromisos asumidos por México en materia de protección a la infancia es la Convención de los Derechos del Niño (1989), en vigor en nuestro país a partir del 21 de octubre de 1990. Mediante este instrumento se reconoce la necesidad de proporcionar a los niños una protección especial, misma que ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24) y, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10). De tal forma que esta Convención viene a sistematizar los diversos derechos especiales reconocidos a la infancia en diversos instrumentos internacionales. De hecho, la Convención sobre los Derechos del Niño constituye “[…] el primer tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único una serie de normas universales relativas a la infancia, y el primero en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria”.4

Esta Convención establece, en su artículo 3.1, que los Estados Partes se comprometen a colocar el interés del menor por encima de toda medida adoptada en la que se vean involucrados niños, ya sea que estas decisiones se tomen por instituciones públicas o privadas, o por autoridades administrativas, tribunales y órganos legislativos. En otras palabras, este instrumento internacional contempla el principio del interés superior del niño.

Asimismo, se establece de manera contundente el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud (artículo 24). En este sentido, los Estados Partes se comprometen, entre otras cosas, a adoptar las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez; asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud, y; combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud.

Cabe decir que en el marco de esta Convención se realizaron los trabajos para la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, suscrita en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el 30 de septiembre de ese mismo año, dentro de la denominada Cumbre Mundial a favor de la Infancia, promovida por varios jefes de Estado, entre ellos el de México. Este documento, plantea los imperativos para propiciar más y mejores oportunidades de supervivencia a todos los niños, afirma categóricamente la inaceptabilidad de las muertes evitables durante la infancia, enfatiza la equidad en la prestación de los servicios y propone un enfoque integral con atención similar a las acciones médicas, a la elevación del nivel educativo, al mejoramiento de la infraestructura sanitaria y a la atención de los niños que viven en circunstancias especialmente difíciles.

En esta Declaración se establece, en el apartado 10, la obligación de los Estados participantes a “[…] mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños […]. La mortalidad de niños menores de cinco años es extremadamente alta en muchas partes del mundo, pero se puede reducir en forma drástica con los medios ya conocidos y de fácil acceso”.

El apartado 20 contiene 10 puntos de acuerdo para proteger los derechos del niño y mejorar sus condiciones de vida para ser trabajados tanto a nivel internacional como nacional. El punto 2 del mencionado apartado señala que “Nos esforzaremos por que se adopten constantes medidas a nivel nacional e internacional para mejorar las condiciones de salud de los niños, fomentar la atención prenatal y reducir la mortalidad de niños menores de cinco años en todos los países y entre todos los pueblos”.

El apartado 25 de la Declaración señala que: “Nos comprometemos a hacerlo no sólo para la generación actual, sino también para las generaciones venideras. No puede haber una tarea más noble que la de dar a todos los niños un futuro mejor”.

Sin duda la Declaración con su Programa y Plan de Acción representó los objetivos por conseguir y las metas por alcanzar más ambiciosas que se haya propuesto la comunidad internacional en política de salud pública, los gobiernos participantes se responsabilizaron a cumplir para el año 2000 con una serie de recomendaciones en materia de salud materno infantil contenidas en un Plan de Acción, de entre las cuales se destacan doce dirigidas a la protección de la salud de la niñez y en especial a los menores de cinco años:

1. Reducir a menos de 10% los recién nacidos con peso inferior a 2.5 kilogramos.

2. Conseguir lactancia al seno materno por lo menos durante cuatro meses.

3. Disminuir a la mitad los menores de cinco años con desnutrición moderada y grave.

4. Eliminar las carencias de yodo y de vitamina “A”.

5. Vigilar periódicamente el crecimiento y desarrollo de todos los niños.

6. Reducir 50% en los menores de cinco años las defunciones por diarrea y en 33% las muertes como consecuencia de infecciones agudas de vías respiratorias.

7. Conseguir 90% de cobertura en la vacunación contra el sarampión, la tosferina, la difteria, el tétanos, la poliomielitis y la tuberculosis.

8. Disminuir en 95% los fallecimientos por sarampión y en 90% los enfermos en 1995.

9. Eliminar el tétanos en el recién nacido en 1995.

10. Erradicar la poliomielitis para el año 2000.

11. Ofrecer mejor protección a los niños en circunstancias particularmente difíciles.

12. Bajar entre 1990 y el año 2000 en una tercera parte las mortalidades infantil y preescolar.

Es relevante aclarar que bajo criterios sostenidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, “En las declaraciones de derechos humanos se enuncian principios y normas convenidos. Esos documentos no son en sí mismos jurídicamente obligatorios. Pero se ha entendido que algunas declaraciones, muy en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, tienen el carácter de derecho positivo, por cuanto sus disposiciones han sido tan ampliamente reconocidas que son obligatorias para todos los Estados”.5

Adicionalmente, cabe observar que en el Informe 2012, elaborado por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, bajo la coordinación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, se establecen importantes compromisos en materia de salud materno-infantil, que implican el necesario fortalecimiento de la atención médica y la prevención en los niños menores de cinco años.

De esta forma, en el Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, se establece como meta, reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre. Un indicador clave para estimar el cumplimiento de esta meta, desde la perspectiva de la salud, consiste precisamente en medir la prevalencia de bajo peso en los niños menores de cinco años, dadas las desastrosas consecuencias que a corto y a largo plazo provocan en la niñez las deficiencias nutricionales.

Por su parte, el Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establece la meta de reducir esta situación en dos terceras partes, entre 1990 y 2015. Así, como puede observarse, esta meta se relaciona directamente con los mecanismos de política pública que fortalezcan la atención médica integral y los niveles de prevención que favorezcan la supervivencia de este grupo poblacional.

Finalmente, el Objetivo 5. Mejorar la salud materna, si bien hace referencia a la meta de reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes, durante el periodo del embarazo y el parto, se relaciona con la atención médica pertinente de carácter prenatal y la atención al recién nacido durante el periodo neonatal y los primeros años de vida.

III. MOTIVACION Y PROPUESTA

De lo anterior, aunado a la reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del año 2011 al artículo 1º constitucional, a través del cual se refuerza la posición en nuestro derecho interno de los compromisos asumidos por México a nivel internacional en materia de derechos humanos y, con ello, por lo que hace al derecho a la protección de la salud, además de introducir el principio del interés superior del niño y el principio de interpretación pro personae, hacen necesario profundizar en la atención de la salud de los menores de edad, especialmente de aquellos que se encuentran en una posición altamente vulnerable, como son los niños en sus primeras etapas de vida.

En ese contexto, la propuesta que se somete a su consideración introduce un mecanismo de protección a la salud de los menores de hasta cinco años, con la clara misión de establecer una cobertura amplia para los niños menores de cinco años, de manera subsidiaria a los servicios que actualmente se comprenden en el CAUSES y en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Para tales efectos se prevé la creación de un mecanismo financiero compatible con los esquemas actualmente previstos dentro del Sistema de Protección Social en Salud, además de tener ya una probada efectividad y viabilidad financiera, especialmente a través de la experiencia que arroja la implementación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación. Se contempla la creación de una cuota, denominada “cuota para la infancia”, diferenciada de la cuota social, las aportaciones solidarias y las cuotas familiares, misma que sería administrada por el Sistema de Protección Social en Salud dentro de un fondo denominado “Fondo de Protección a la Infancia”. El origen de la cuota para la infancia serán exclusivamente recursos federales, tal y como ocurre hasta el momento con la previsión presupuestal del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación. La operatividad de este fondo (desembolsos, conceptos de pago, entre otros) estaría regulada a través de sus propias reglas de operación, elaboradas por la Secretaría de Salud en el marco del fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

El Fondo de Protección a la Infancia se inserta como una política que da continuidad a una estrategia que ha entregado resultados exitosos desde el momento de su creación en 2006 hasta la fecha. Esta estrategia, expresada operativamente en el Programa Seguro Médico para una Nueva Generación carece hasta el momento de la formalización legislativa que le de certidumbre a largo plazo. Los programas sociales están sujetos a reglas de operación que se modifican anualmente y sus presupuestos son igualmente variables, dependiendo de los resultados de la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Ello pone en riesgo algunas de las más importantes acciones de salud preventiva que el Seguro Médico para un Nueva Generación ha impulsado y financiado como:

1. La atención de forma gratuita por toda patología no cubierta explícitamente por el CAUSES o el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para el grupo de edad de 0 a 5 años afiliado al Sistema de Protección Social en Salud. La afectación de esta atención podría originar retrasos o no atenciones que se traduzcan en mayores niveles generales de morbilidad o inclusive mortalidad infantil y en edad pre-escolar.

2. La vacunación contra el rotavirus y neumococo, la cual de no proseguir e incrementarse resultará en un repunte de la morbimortalidad atribuibles a estas patologías.

3. La identificación oportuna de la discapacidad auditiva y de las enfermedades identificadas por el tamiz metabólico semi-ampliado, cuya ausencia se traducirá en menor calidad de vida en la edad adulta para las personas afectadas y sus familias.

4. La promoción de prácticas saludables de la lactancia materna, prevención de muerte de cuna y fomento del desarrollo cognitivo de niños y niñas. El reforzamiento de estas acciones disminuye considerablemente la morbimortalidad durante el primer año de vida, puede llegar a prevenir la muerte de 1,500 menores de un año saludables, y constituye una inversión en el capital humano del país de la mayor relevancia.

Con el objeto que la política de protección social de la salud en la infancia, específicamente en el caso de los menores de 5 años que carecen de acceso a la seguridad social, goce del beneficio de la mayor certidumbre jurídica, y ende, se consolide como una política de Estado de largo aliento se propone su formalización jurídica en la Ley General de Salud.

Cabe decir que la formalización legislativa de la ampliación de la cobertura de los servicios de salud a los niños menores de cinco años no sólo sería conforme a un sentido moderno del derecho a la salud, sino que además contribuiría a fortalecer su carácter esencialmente progresivo. Además, implicaría un claro avance en la instrumentación del pleno ejercicio del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de los niños y las niñas, siendo éste uno de los pilares fundamentales para garantizarles el disfrute de una vida digna.

De conformidad con todo lo anterior, las propuestas de reforma y adición a la Ley General de Salud pretenden incidir de manera decisiva en el fortalecimiento de la política de salud por lo que hace a la atención de los niños en sus etapas más tempranas. El proyecto de decreto adiciona un tercer párrafo al Artículo 77 bis 1 para señalar que todos los menores de cinco años afiliados al Sistema de Protección Social en Salud contarán con un esquema de aseguramiento que cubra la totalidad de sus padecimientos durante estos primeros años de vida. Igualmente reforma el Artículo 77 bis 5 para establecer el Fondo de Protección a la Infancia, Artículo 77 bis 17 para definir el monto de la cuota per cápita que la federación aportará al Fondo por cada menor afiliado al sistema, y el Artículo 77 bis 29 que define los mecanismos de transferencia de los recursos así como los conceptos de gasto aplicables para ser financiados. El derecho a la protección más amplia de la salud de los niños y las niñas debe ser sin duda uno de los desafíos prioritarios en nuestro país.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman la fracción III del inciso A) del artículo 77 bis 5, el Capítulo VI del Título III Bis en su denominación, el artículo 77 bis 29 y los párrafos tercero y quinto del artículo 77 bis 30; y, se adicionan un párrafo tercero, recorriéndose el actual párrafo tercero para convertirse en párrafo cuarto al artículo 77 bis 1, los párrafos segundo y tercero al artículo 77 bis 17; y los incisos A) y B) al artículo 77 bis 29; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 1.- […]

[…]

Los niños menores de cinco años que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud, contarán con un esquema de aseguramiento en salud que responda a las necesidades de este grupo de población y garantice la cobertura de todos los padecimientos que se presentan durante los primeros años de vida.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título.

Artículo 77 bis 5.- […]

A) […]

I. a II. […]

III. En su función rectora constituir, administrar y verificar el suministro puntual de la previsión presupuestal que permita atender las diferencias imprevistas en la demanda esperada de servicios a que se refiere el artículo 77 Bis 18 y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y el Fondo de Protección a la Infancia establecidos en el artículo 77 Bis 29;

IV.aXVII. […]

B) […]

I. a IX. […]

Artículo 77 bis 17.- […]

El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota adicional por cada niño menor de cinco años afiliado al Sistema de Protección Social en Salud, denominada cuota para la infancia, la cual será equivalente al 2.016 por ciento del salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal, para la constitución delFondo de Protección a la Infancia a que se refiere el Capítulo VI de este Título. La cantidad resultante se actualizará anualmente de conformidad con la variación anual observada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Para los efectos de este artículo, la fecha de inicio para el cálculo de la actualización conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y el salario mínimo general diario para el Distrito Federal que se tomará en cuenta como punto de partida serán los mismos que se establecen para la cuota social.

Capítulo VI

Del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y del Fondo de Protección a la Infancia

Artículo 77 bis 29.- Con el objetivo de apoyar el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, se constituirán y administrarán por la Federación, sin límites de anualidad presupuestal y sujetos a las reglas de operación que defina la Secretaría, los siguientes fondos de reserva:

A) El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual tendrá como objetivo apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo que impliquen gastos catastróficos.

Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a los que se deriven de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

B) El Fondo de Protección a la Infancia, el cual tendrá como objetivo brindar a los niños menores de cinco años de edad afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, un esquema de aseguramiento en salud que garantice la cobertura de cualquier padecimiento que se presente en estos primeros años de vida.

Los recursos de este Fondo se destinarán a los servicios de medicina preventiva y atención médica de primer, segundo y tercer niveles, así como los medicamentos asociados, que requieran los niños a que se refiere el párrafo anterior, de manera subsidiaria a los beneficios que contempla el Sistema de Protección Social en Salud para todos sus afiliados, en los términos que defina la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

El Fondo de Protección a la Infancia cubrirá la continuidad de las intervenciones de los niños beneficiarios que hayan cumplido los cinco años de edad, en los términos de sus reglas de operación.

Las intervenciones y demás pagos cubiertos por el Fondo de Protección a la Infancia se pagarán mediante reembolso de cada intervención realizada a los niños menores de cinco años o a través de los mecanismos que se establezcan en las disposiciones aplicables.

Artículo 77 bis 30.-[…]

[…]

Los centros regionales recibirán recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de conformidad con los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, en las que se incluirán pautas para operar un sistema de compensación y los elementos necesarios que permitan precisar la forma de sufragar las intervenciones que provean los centros regionales.

[…]

No se considerarán elegibles para la participación en los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que se establezca en los términos del presente Capítulo las instalaciones médicas de alta especialidad que no cuenten con el certificado que para el efecto expida la Secretaría de Salud, en congruencia con el plan maestro a que se refiere el párrafo anterior.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá reformar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, así como el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en un plazo que no excederáde ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. La Secretaría de Salud deberá constituir la previsión presupuestal a que se refiere el artículo 77 Bis 17 segundo párrafo, en el ejercicio presupuestal siguiente a aquel en que se apruebe y publique este Decreto.

CUARTO. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Federación deberá modificar el Contrato de Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud para crear el Fondo de Protección a la Infancia y emitir las reglas de operación del mismo.

QUINTO. La Federación dispondrá lo necesario para dar continuidad a las acciones derivadas de losprogramas dirigidos a losniños menores de cinco años, en los mismos términos en que se ha desarrollado a la fecha, hasta en tanto se encuentre en operación plena la ejecución del presente Decreto de reformas, caso en el cual los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI pasarán al Fondo de Protección a la Infancia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de marzo de 2013.

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senadora Hilda Flores Escalera, ¿para qué propósito?

- La C. Senadora Hilda Estela Flores Escalera: (Desde su escaño) Para pedir a la Senadora Maki Ortiz si me permite suscribir también con ella esta iniciativa. Gracias.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Con todo gusto, Senadora.

- El C. Presidente Burgos García: Está considerada. Muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 SALUD, EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4º CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. El derecho a la protección de la salud, tiene entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la población y de la colectividad; (…) que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad (…) que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo (…) que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.(Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2000, Tomo XI, p. 112, Novena Época, tesis aislada. Ministro ponente, Mariano Azuela Güitrón).

2 Ramírez García y Pallares Yabur, 2011, p. 73.

3Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LX Legislatura, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Compendio del Marco Jurídico Nacional e Internacional que Tutela los niñosDerechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2009, p. 3. Disponible en: www.diputados.gob.mx/camara/CEAMEG.

4Idem.

5Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 2003, p. xxi.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2o., 25, 27, 30, 31, 40, 41, 102, 105 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Con su venia, compañeras y compañeros Senadores:

La iniciativa de reforma que expongo el día de hoy se relaciona con 10 artículos constitucionales para consolidar una nueva relación con nuestros hermanos habitantes de los pueblos originarios. Se encuentra fundamentada en 5 ejes:

En el eje de los derechos humanos y sus garantías, proponemos reformas al artículo 2o., para dejar en claro que los sujetos de derecho, basamento de la nación mexicana, no son los indios sino los habitantes indígenas y sus pueblos originarios.

Que los recursos naturales localizados en los territorios originarios son del Estado mexicano en régimen de copropiedad con los pueblos indígenas.

Enlista la iniciativa, al menos 65 pueblos originarios, primeros ocupantes de lo que actualmente son los Estados Unidos Mexicanos de forma enunciativa, más no limitativa.

Se reforma también el artículo 25 para obligar al Estado mexicano sobre el logro del desarrollo de los pueblos originarios.

Se hacen adiciones al artículo 27 para establecer que la ley protegerá la integridad de los pueblos originarios, así como sus recursos naturales, además de establecerse la obligación de la respectiva compensación por el aprovechamiento de los mismos y dejando sin efecto aquel que se realice sin su consentimiento libre, previo e informado.

En el eje que en la iniciativa se denomina de los mexicanos, se adiciona un tercer inciso al artículo 30 para reconocer y sumar a los integrantes de los pueblos originarios y sus comunidades el carácter de mexicanos indígenas.

En el artículo 31 proponemos exceptuar a los integrantes de los pueblos originarios del pago de impuestos directos de cualquier tipo con exclusión de sus corporaciones con fines de lucro.

En el eje de soberanía nacional y la forma de gobierno, se proponen reformas al artículo 40 para reconocer la composición de la República Mexicana, también por municipios libres y pueblos originarios.

Se explica en el artículo 41 que el pueblo mexicano ejerce su soberanía también por los municipios y por los pueblos originarios.

En el llamado eje del Poder Judicial, en nuestra iniciativa insertamos una adición final al tercer párrafo del artículo 102 con el objetivo de que el Ministerio Público Federal, a través del Procurador General de la República, persiga los delitos de personas físicas o morales relacionados con falsas representaciones, liderazgos y aprovechamiento de los pueblos indígenas.

Se reforma también el artículo 105 para encomendarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocer las controversias relacionadas con los pueblos originarios.

En nuestra iniciativa, en el eje llamado de los Estados de la Federación y Distrito Federal, se establece en el artículo 115 una propuesta para que los estados, que se reconoce, tiene como base, al igual que la Federación, también se reconozca a los pueblos originarios al tiempo de reconocer, les repito, obligatoriamente al menos 2 concejales en los ayuntamientos con pueblos originarios, que serían de cada sexo, con el objeto añadido que desde la base de nuestro sistema federal se impriman 2 transversalidades a las entidades federativas y por ende a la República, la de los derechos y cultura de los pueblos originarios, así como de género.

Las reformas planteadas en esta iniciativa, desde nuestro punto de vista, son indispensables para actualizar nuestro marco normativo a la nueva realidad de México del siglo XXI y de inicios de la transición propia de la segunda década del tercer milenio. A dicha actualización, desde nuestro punto de vista, le es intrínseca esta serie de reformas que le imprimen la transversalidad de los derechos y cultura de los pueblos originarios asentados en las comunidades ancestrales al tiempo de hacerlo también con la equidad de género.

Quiero compartirles, que de acuerdo con datos del CONEVAL y la Encuesta sobre el Ingreso y Gasto del 2010, mientras que el promedio nacional de pobreza extrema y moderada es de 46 por ciento, en las comunidades y los pueblos originarios es de 80 por ciento, es decir, casi el doble.

Con 8 de cada 10 habitantes indígenas, el Estado mexicano multiplica exponencialmente, no sólo su deuda histórica, sino la injusticia al no garantizarle sus derechos constitucionales a esta franja fundacional de lo que ahora es México.

Con datos del CONEVAL, compañeras y compañeros Senadores, 80 por ciento de los integrantes de nuestros pueblos originarios están por debajo de la línea de bienestar; 8 de cada 10 no tienen acceso a la seguridad social; la mitad de su población no cuenta con servicios básicos en sus depauperadas viviendas y 40 de cada 100 tienen carencia en materia alimentaria.

Hay que decirlo, el Estado mexicano ha hecho de nuestra República un país de desplazados del desarrollo y en afectación directa de sus habitantes indígenas.

El Estado mexicano no sólo ha sido omiso, sino invisible para los primeros ocupantes de lo que hoy es México, y sobre los que retóricamente dice descansar sus orígenes.

La política hacia los pueblos originarios ha sido de paliativos, porque tal y como se contempla en las mismas propuestas que los integrantes de nuestras comunidades indígenas han hecho hasta la saciedad, y que por ejemplo, retoman en buena medida los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Poco, hay que decirlo, poco se ha avanzado realmente de lo estipulado en dichos Acuerdos, que pugnaban sobre todo por 7 puntos capitales.

Por ejemplo, hay que decir, que no se ha reconocido hasta hoy, en el artículo 40 constitucional, a los pueblos originarios como un orden más de gobierno, aun cuando el artículo 2o. de nuestra Carta Magna les da intrínsecamente tal status, con lo que debieran compartir con el municipio libre y donde existiere la condición de ser base de la división territorial, política y administrativa de la Federación y sus estados, como debiera prescribirlo el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La autodeterminación de los pueblos originarios, como sujeto colectivo, sin mayor confusión, y como lo establece cualquier derecho que se precie de ser medianamente democrático, no se presta a ambages.

Al ser el término pueblo, lo que simple y llanamente es y en función de los elementos que lo integran: población, territorio, normas, cultura, lengua, usos, costumbres, tradiciones, identidad histórica.

Dicha concepción generalizada de pueblo, va necesariamente de la mano con un derecho fundamental, la autoidentificación, y ésta sólo es posible en el ámbito territorial, es decir, ligado a la propiedad de la tierra. Esto implica derecho al territorio y a la autodeterminación dentro de este espacio vital, donde también es intrínseca la soberanía permanente de los pueblos originarios sobre los recursos naturales localizados en sus demarcaciones, así como el principio de consulta para su aprovechamiento, siempre sustentables de los mismos, dejando sin efecto aquel que se realice sin su consentimiento libre, previo informado, según lo prescribe, incluso, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Señor Presidente, compañeras y compañeros, es momento de que los grupos parlamentarios de este Honorable Congreso de la Unión y el Ejecutivo, unamos propósitos superiores para hacer una reforma profunda y sensible que reconozca, promueva y se enorgullezca de nuestras civilizaciones antiguas, localizadas en lo que Bonfil Batalla denominó: “Nuestro México Profundo”.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Quien suscribe, Senador de la República ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 164 fracciones I y II, y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 102, 105 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de dar transversalizar los derechos y cultura de los Pueblos Originarios, para hacer realidad constitucional la nación pluricultural que es México, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Señala el soldado relator Bernal Díaz del Castillo, contemporáneo de Hernán Cortés, en su obra La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España: “como los hombres no somos todos muy buenos, antes hay algunos de mala conciencia, y como en aquel tiempo vinieron de Castilla y de la islas muchos españoles pobres y de gran codicia, caninos y hambrientos por haber riquezas y esclavos…”, con ello evidenciaba la calidad de sus compañeros de empresa, como ladel evadido Vasco Núñez de Balboa quien, al adentrarse en el Océano Pacífico, pronunciara las sórdidas palabras siguientes:

tomo y aprehendo la posesión real mares, tierras, costas, puertos e islas australes con todos sus anexos, reinos y provincias que les pertenecen o pertenecer pueden en cualquier manera y por cualquier razón o título que sea o ser pueda, antiguo o moderno, del tiempo pasado, presente o del porvenir en tanto el mundo durare hasta el universal juicio de los mortales.

Con ello se inauguraba el infortunado proceso que hasta nuestros días ha despojado a los habitantes indígenas y sus pueblos originarios de lo que hoy es América de sus bienes, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles.

Se imponía la dominación bajo la organización económica individualista de las empresas de los conquistadores por encima de los principios jurídicos y teológicos de la época que, inmediatamente, reaccionaron vía la Iglesia y el poder Real para reformar y detener la actitud tiránica que implicaba el malentendido derecho de conquista imperante entre los recién llegados y que el propio Cortés trataba de explicar por la “codicia de aquellos los españoles que no llevan el intento que como cristianos deben llevar, no sólo no ayudan a la pacificación, mas antes estorban y buscan ocasiones, y aun las dan, para que no se pacifiquen…

Las leyes de Indias, con el fin de preservar y difundir la religión, prohibieron que se despojase a los habitantes indígenas de sus propiedades, tratando de matizar la conquista, hasta intentar llamarla pacificación, con base en la causa final por la que la Sede Apostólica concedió el principado supremo de las Indias a los reyes de Castilla y León, la predicación del Evangelio y no por hacerlos mayores príncipes, con lo que la Santa Sede no entendía privar a los señores naturales de las Indias de sus estados y señoríos, como bien lo recalca la bula de Paulo III de 1537.

Ante tales controles desde la entonces metrópoli, de entre los que destacan las Leyes de Indias de Granada de 1526, Madrid de 1530, Medina del Campo de 1532, nuevamente Madrid de 1540, Valladolid y Barcelona de 1542, así como de Castellón de 1548, Hernán Cortés instituyó la encomienda para de cualquier forma sacarles provecho a los habitantes indígenas y sus pueblos originarios, mediante un modelo económico impuesto que tenía como base el tributo por la fuerza, hasta su desaparición con el advenimiento de la Independencia de México.

Los insurgentes independentistas plantean la cuestión de los pueblos originarios desde sus documentos fundacionales. El Plan del Gobierno Americano entregado por el Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo a don José María Morelos y Pavón, expedido por éste el 16 de noviembre de 1810, señala en su Artículo 7º que “se les entregarán sus tierras a los pueblos, con restitución de las que les hayan usurpado los europeos, para que mantengan sus familias con descanso.”

El Siervo de la Nación, en su Proclama emitida en Cuautla, momentos antes de vencer al Ejército Realista, el 8 de febrero de 1812, declara indebida la Conquista sobre los naturales por ser fundada en la fuerza de las armas y privándolos de sus derechos con punible predominio.

Abundaba don José María Morelos: “Los naturales que forman pueblos y repúblicas hagan sus elecciones libres…” en el primer párrafo del Acta de Abolición de la esclavitud, expedida en Chilpancingo el 5 de octubre de 1813.

En el documento fundacional de nuestra Nación, el Decreto Constitucionalpara Libertad de la América Mexicana, sancionado por el Congreso de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, en el denominado Año Quinto de la Independencia, se hacía hincapié en los principios con los que el movimiento insurgente había comenzado, en su Artículo 9º que “Ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía. El título de conquista no puede legitimar los actos de la fuerza; el pueblo que lo intente debe ser obligado por las armas a respetar el derecho convencional de las naciones.”

En el documento fundacional con el que arranca nuestro derecho constitucional mexicano, también se señala, en su “Artículo 10. Si el atentado contra la soberanía del pueblo se cometiese por algún individuo, corporación o ciudad, se castigará por la autoridad pública, como delito de lesa nación.” Recalcaba en materia de propiedad, en el “Artículo 35. Ninguno debe ser privado de la menor porción de las que posea, sino cuando lo exija la pública necesidad; pero en este caso tiene derecho a una justa compensación.”

El Generalísimo Morelos y los primeros constituyentes mexicanos retomaban lo señalado por don Francisco Primo de Verdad y Ramos en el primer levantamiento mexicano por la Independencia, el del Ayuntamiento de la Ciudad de México del 12 de septiembre de 1808, en el sentido de prohibir el tratamiento de conquista a la enajenación de los bienes de los indios sin su consentimiento, mismas que no tienen efecto por ser así y prevalecer la fuerza irresistible de los ejércitos.

Para mayor abundamiento, la Bandera y el Escudo Nacional que se crean con los decretos del Congreso Insurgente del 13 al 14 de julio de 1815 en Puruarán, se retoma y reconoce, como hasta nuestros días, a través del gran sello de la República Mexicana la cosmovisión de los pueblos originarios, mediante la representación del águila devorando la serpiente, sobre un nopal cargado de fruto y fijado en el centro de una laguna. Lo terrenal, el inframundo y el más allá de los habitantes indígenas.

Más aún, en el Plan de Independencia de la América Septentrional o Plan de Iguala, del 24 de febrero de 1821, señala don Agustín de Iturbide que “fijó también la opinión pública de que la unión general entre europeos y americanos, indios e indígenas, es la única base sólida en que puede descansar nuestra común felicidad.”

175 años tuvieron que transcurrir para que el tema de los habitantes indígenas y su auto-identificación colectiva como pueblos originarios, fuera tratado como tema de Estado en México, resultado del movimiento armado zapatista en Chiapas de 1994 y su respectivo proceso de concordia y pacificación.

Con base en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, de febrero de 1996, que son compromisos y propuestas conjuntas que el Gobierno Federal pactó con el denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para garantizar una nueva relación entre los llamados pueblos indígenas y el Estado, Gobierno y Sociedad mexicanos, la Comisión de Concordia y Pacificación del H. Congreso de la Unión (COCOPA) presentó, el 29 de noviembre de ese mismo año de 1996, un conjunto de propuestas de reforma constitucional, mismas que fueron, en parte, incorporadas en nuestra Carta Magna en el año 2002.

Los Acuerdos de San Andrés, si bien abrevan en los principios fundacionales que los padres de la Patria establecieron, sin duda, son los primeros Acuerdos sobre derechos y cultura de los habitantes indígenas y sus pueblos originarios en México.

Sin embargo y a pesar de lo anterior, del tema fundacional, del rechazo a la conquista, de la restitución de sus bienes y de las reformas del México de inicios del siglo XXI, los habitantes indígenas y sus pueblos originarios continúan siendo tratados por el Estado como mexicanos distintos.

A pesar de los programas de supuesto desarrollo implementados por el Estado en los pueblos originarios, sus condiciones de vida siguen siendo igual o peores a la era del saqueo que les significó la conquista.

En el México del nuevo siglo XXI y tercer milenio, en el reconocido por el Artículo 2º Constitucional como una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos “indígenas”, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, entre 2002 y 2012, el gasto federal anual hacia los pueblos originarios, que pasó de 16 mil 663 millones a 39 mil 54 millones de pesos, de poco ha servido para mejorar las condiciones de vida de nuestros hermanos mayores, de los integrantes de nuestras comunidades indígenas.

Los datos de pobreza y marginación de las propias dependencias oficiales no expresan ningún impacto en la reducción de la pobreza en nuestros pueblos y comunidades indígenas; por el contrario, ésta se incrementa, y cada vez en forma más ofensiva para una nación donde, desde 1917, todos los gobiernos han reconocido declarativamente y de diferentes formas “la deuda histórica del Estado Mexicano para con nuestra población indígena y por acabar con la indebida pobreza, marginacióne injusticias que padecen”.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la encuesta sobre ingreso y gasto de 2010, mientras el promedio nacional de pobreza extrema y moderada es de 46% por ciento, en las comunidades y pueblos originarios es de 80%, es decir, casi el doble. Con ocho de cada 10 habitantes indígenas el Estado mexicano multiplica exponencialmente no sólo su deuda histórica, sino la injusticia al no garantizarles sus derechos constitucionales a esta franja fundacional de lo que ahora es México.

Con datos del Coneval, 80% de los integrantes de nuestros pueblos originarios están por debajo de la línea de bienestar, ocho de cada diez no tienen acceso a la seguridad social, la mitad de su población no cuenta con servicios básicos en sus depauperadas viviendas y 40 de cada cien tienen carencia en materia alimentaria.

El Estado Mexicano ha hecho de nuestra República un país de desplazados del desarrollo y en afectación directa de sus habitantes indígenas. A nadie escapa por evidente que han sido los mexicanos indígenas y sus pueblos originarios los más afectados desde la llegada de los europeos a sus tierras hasta nuestros días.

A los tres siglos de hurto que les significó la conquista se les suma, en su detrimento, que los pueblos originarios han sido víctimas de un neocolonialismo interno de Estado quien, desde su fundación hace dos siglos, y por citar un solo tema vital, les ha despojado de su soberanía permanente sobre los recursos naturales localizados en su territorio, sin beneficios directos para su desarrollo.

Por ello, en esta materia, como en la mayoría donde constitucionalmente tiene obligaciones, el Estado Mexicano no sólo ha sido omiso, sino invisible para los primeros ocupantes de lo que hoy es México y sobre los que retóricamente dice descansar sus orígenes.

La política hacia los pueblos originarios ha sido de paliativos, porque tal y como se contempla en las mismas propuestas que los integrantes de nuestras comunidades indígenas han hecho hasta la saciedad y que, por ejemplo, retoman en buena medida los Acuerdos de San Andrés Larraínzar.

Poco se ha avanzado realmente de lo estipulado en dichos Acuerdos que pugnaban, sobre todo, por siete puntos capitales, a saber

1.– Reconocimiento de los pueblos “indígenas” y de su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía y en las leyes secundarias mexicanas;

2.– Ampliar la participación y representación política, el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales;

3.– Garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado, a la jurisdicción del Estado y el reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos indios;

4.– Promover las manifestaciones culturales de los pueblos “indígenas”;

5.– Asegurar la educación y la capacitación y aprovechar y respetar sus saberes tradicionales;

6.– Satisfacer sus necesidades básicas e impulsar la producción y el empleo;

7.– Proteger a los “indígenas” migrantes.

No se ha reconocido hasta hoy en el Artículo 40 constitucional a los Pueblos Originarios como un orden más de gobierno, aún cuando el Artículo 2º de nuestra Carta Magna les da intrínsecamente tal status, con lo que debieran compartir con el Municipio Libre, y donde existieren, la condición de ser base de la división territorial, política y administrativa de la Federación y sus Estados, como debiera prescribirlo el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, ninguno de los artículos constitucionales que van del 25 al 28 han intentado resarcirles nada por el usufructo de sus recursos naturales, por quitarles las fuentes que les darían ventajas comparativas en cualquier otra realidad para detonar su desarrollo sustentable y sostenible.

La autodeterminación de los pueblos originarios, como sujeto colectivo, sin mayor confusión y como lo establece cualquier derecho que se precie de ser medianamente democrático, no se presta a ambages, al ser el término Pueblo lo que simple y llanamente es y en función de los elementos que lo integran: población, territorio, normas, cultura, lengua, usos, costumbres, tradiciones, identidad histórica.

Dicha concepción generalizada de Pueblo va necesariamente de la mano con un derecho fundamental, la auto-identificación. Y esta sólo es posible en el ámbito territorial, es decir, ligado a la propiedad de la tierra, esto implica derecho al territorio y a la autodeterminación dentro de ese espacio vital donde, también, le es intrínseca la soberanía permanente a los pueblos originarios sobre los recursos naturales localizados en sus demarcaciones, así como el principio de consulta para su aprovechamiento siempre sustentable de los mismos, dejando sin efecto aquel que se realice sin su consentimiento libre, previo e informado, según lo prescribe, incluso, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sobre los otros seis Acuerdos, basta señalar que el propio Estado Mexicano ha sido omiso en garantizarle a los habitantes indígenas y sus pueblos originarios lo preceptuado en su Carta Magna.

A diferencia de otros países, y en especial con los que conforman Norteamérica, con los que nuestros pueblos originarios mexicanos guardan similitud e incluso muchos identidad, además de que nuestro país pertenece a su esfera geopolítica y comparte con ellos también un Tratado de Libre Comercio (TLCAN), en México y desde la instauración del Estado Independiente, no se procuraron Acuerdos con los habitantes indígenas, o bien se les desplazó o peor aun se les ignoró como primeros ocupantes del territorio, al tiempo de violarles sus derechos intrínsecos, fueron y siguen siendo invisibles al Estado moderno mexicano. La invisibilidad o el despojo los condenó a la peor de las condiciones, la miseria.

Contrario a lo que sucede en Estados Unidos de América y Canadá, desde hace al menos un siglo, desde la instauración de sus Estados Nacionales hubo reconocimiento de sus primeros ocupantes comenzando, de entrada y por principio, con la propia denominación de los mismos, desterrando el gazapo español de la denominación indios o indígenas, para concebirse como nativos, aborígenes (los que están desde el origen) y sus auto-identificaciones colectivas como tribus, primeros ocupantes ó pueblos originarios.

Desde su fundación, Estados Unidos marca el inicio de un período de casi un siglo en el que el gobierno federal firmó más de 650 tratados con sus pueblos nativos, de los cuales fueron ratificados más de la mitad, 370. Los tratados en general contenían cláusulas relacionadas con el mantenimiento de la paz, los derechos de caza y pesca de sus habitantes indígenas, y el reconocimiento por parte de las tribus de la autoridad del gobierno federal.

Se les reconoció a las tribus el derecho de crear las leyes y regulaciones necesarias para el gobierno y protección de sus personas y bienes, acordes con la Constitución y las leyes de los Estados Unidos.

Son consideradas “naciones” que retienen aquellos aspectos de su soberanía que no han sido cedidos al gobierno de los Estados Unidos. Es la denominada “soberanía tribal” por las que se las considera entidades soberanas como el gobierno federal y los gobiernos de los estados.

La soberanía tribal se basa en el derecho de autogobierno que tienen las tribus desde antes de la conquista y la formación de los Estados Unidos, y ha sido legalmente reconocido en el derecho de ese país a través de los tratados celebrados entre el gobierno y las tribus, así como por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

En los Estados Unidos se reconocen entonces tres tipos de entidades soberanas: el gobierno federal, los estados, y las tribus nativas. Los primeros ocupantes, como “naciones”, han establecido una relación directa con su gobierno federal.

Si bien la soberanía tribal presenta limitaciones, las tribus en los Estados Unidos funcionan como entidades de gobierno con jurisdicción política y legal sobre sus territorios, y en la mayoría de los casos, sobre las personas que habitan esos territorios, así como sobre los miembros de la tribu que viven fuera de los mismos.

Las relaciones de cada gobierno tribal con el gobierno federal son únicas, puesto que se basan en la historia de los tratados, Acuerdos, leyes y decretos ejecutivos aplicables a cada Pueblo.

Las tribus, a través de sus gobiernos, tienen poder para determinar los requisitos para ser miembro de las mismas, regular la propiedad privada, las relaciones entre sus integrantes, administrar recursos naturales, recaudar impuestos, mantener fuerzas de seguridad, castigar los delitos cometidos dentro de sus reservaciones y normar el comercio en sus territorios.

Los poderes de los gobiernos nativos en general no alcanzan a las actividades de quienes no son integrantes de la tribu. Sin embargo, las tribus tienen el poder de regular las actividades que una persona que no es miembro realiza dentro de la reservación, por ejemplo, requerir licencias y porcentaje de las ganancias en ciertas actividades.

Diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia han establecido que, por citar sólo un ejemplo,los recursos minerales superficiales o subterráneos que se encuentran en tierras poseídas por los pueblos originarios son elementos constitutivos de las mismas y, por lo tanto, les corresponde en soberanía mediante los respectivos regímenes legales posibles para su explotación. Las ganancias obtenidas deben ser utilizadas para el beneficio de los pueblos nativos.

El régimen establecido por la Ley de Desarrollo Mineral de 1982 permite a las tribus, con la aprobación del gobierno federal, establecer Acuerdos para la exploración, explotación, procesamiento u otros desarrollos de petróleo, gas, uranio, carbón u otros recursos minerales o energéticos, sobre los que la tribu posea un interés. Las tribus pueden cobrar impuestos sobre la explotación de los mismos, además de los juegos de azar en sus demarcaciones.

Las ganancias generadas por los juegos de azar administrados por las tribus se destinan a servicios sociales, salud, educación y desarrollo económico. De todas maneras, si luego de cubrir esas necesidades existe un excedente, se distribuye entre los miembros de la tribu.

Los pueblos nativos al coexistir dentro de las fronteras geográficas de los Estados Unidos, tienen también algunos límites, como ciertos atributos de soberanía relacionados con la capacidad de hacer tratados con otros países o cederles territorios que no resultan ni necesarias para ellos ni admisibles para el Estado.

En los Estados Unidos la legislación en materia de pueblos nativos o tribales, agrega un principio al sistema jurídico estadounidense: siempre es interpretada de la manera más favorable para dichos pueblos nativos, la flexibilidad con que se utiliza el vocablo no constituye un obstáculo para ello.

Para el caso de Canadá los llamados pueblos originarios tienen, de entrada, reconocidos sus derechos territoriales en su calidad de primeros ocupantes. Han conciliado sus derechos originarios con el Estado Liberal Democrático Moderno. Tienen derechos como pueblos, colectivos que son interpretados como fueros, por encima incluso de sus derechos individuales.

Desde 1763 los indígenas comparten el territorio a cambio de garantías jurídicas y políticas, así como de compensaciones financieras por el aprovechamiento de sus recursos naturales.

Con la llamada repatriación de su Constitución en 1982 se realizan una serie de reformas de la más amplia envergadura que deja, sobre todo, en su Artículo 35 estipulado lo siguiente: “los derechos existentes de los pueblos autóctonos de Canadá son reconocidos y confirmados.”

Reconoce Canadá dos tipos de derechos relativos a pueblos autóctonos, los originarios y los derivados de tratados, que son derechos constitucionales, es decir, que son protegidos por los más altos tribunales.

Los derechos originarios se entienden como aquellos que tienen los pueblos autóctonos para asegurar su supervivencia como tales. Los derechos derivados son aquellos frutos de los pactos entre los pueblos autóctonos y las autoridades coloniales, la mayoría de los siglos XIX y XX, donde los primeros ceden tierras, sin perder soberanía en ellas, a cambio de compensaciones anuales de todo tipo, sobre todo, económicos.

Ambos derechos se les reconocen como pueblos originarios y como aportaciones del Estado Canadiense a la sobrevivencia de sus culturas diferenciadas. También los ha exentado de impuestos.

En Canadá hoy, y por citar un solo ejemplo, desde 1993 el Territorio Nunavut, con sólo 50 mil habitantes Inuk pertenecientes al pueblo Inuit, se le reconocen 355,842 km2 de propiedad territorial directa en 1,900,000 km2 de superficie total, casi la misma extensión territorial de México.

El gobierno federal canadiense además de crearles fondos de compensación por el uso de sus tierras, le ha impuesto a las empresas privadas, además de los tradicionales, el pago directo a esas comunidades indígenas de cuando menos el 5% de las ganancias por el aprovechamiento de sus recursos naturales.

También se les considera un orden de gobierno como los del ámbito federal y provincial. Tienen un representante permanente en el Senado canadiense.

En nuestro país ni siquiera se firmaron tratados con los pueblos nativos, como sí lo hicieron los Estados Unidos de América y Canadá. Simplemente se les sojuzgó, despojó y empobreció. Se les desplazó en su mayoría y, en el menos malo de los casos, se les asimiló cultural (sistema educativo nacional), económica (despojándolos de sus recursos naturales y fuentes de su desarrollo autónomo) y políticamente (división y delimitación arbitraria de sus territorios y separación de los pueblos y comunidades con la implementación en ellos de la institución hispanoárabe del Ayuntamiento).

El fracaso de las políticas estatales en materia de pueblos originarios sólo puede explicarse por la mala planeación centralizada de las mismas, así como por la opacidad y falta de probidad de los integrantes de la burocracia “indigenista” ligada a la inacción de líderes en esas demarcaciones.

Con base en lo anterior y para esclarecer aún más esta iniciativa, resulta necesario un conjunto de definiciones que, a continuación, intenta el siguiente

GLOSARIO

I.- Estado: El Estado Mexicano;

II.- Habitantes indígenas: Primeros ocupantes prehispánicos del territorio que actualmente ocupan los Estados Unidos Mexicanos.

III.- Pueblos Originarios: aquellas colectividades humanas que han dado continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales que poseían sus ancestros antes de la creación del Estado. Primeros ocupantes colectivos de los territorios de lo que hoy son los Estados Unidos Mexicanos, anteriores a la llegada de los conquistadores europeos del siglo XVI que, poseen formas propias de cosmovisión yorganización económica, social, política y cultural; y afirman libremente su pertenencia a cualquiera de los pueblos mencionados en el segundo párrafo del artículo 2° de este Ordenamiento.

El Estado reconoce a dichos pueblos originarios el carácter jurídico de personas morales de derecho público, para todos los efectos que se deriven de sus relaciones con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, así como con otras terceras personas.

III.- Autonomía: La expresión de la libre determinación de los pueblos originarios como partes integrantes del Estado Mexicano, en consonancia con el orden jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su cosmovisión, territorio ancestral, recursos naturales, organización sociopolítica, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura, a nivel del municipio, de las agencias municipales, agencias de policía o de las asociaciones integradas por varios municipios entre sí, comunidades entre sí, comunidades y municipios o, en general, como Pueblos.

IV.- Territorio originario: Porción del territorio nacional constituida por espacios continuos y discontinuos ocupados y poseídos por los pueblos originarios y comunidades indígenas, en cuyos ámbitos espacial, material, social y cultural se desenvuelven aquellos y expresan su forma específica de relación con el mundo, sin detrimento alguno de la Soberanía Nacional del Estado Mexicano ni de las Autonomías de los Estados Federados y sus Municipios.

VI.- Derechos individuales: Las facultades y las prerrogativas que el orden jurídico nacional otorga a todo hombre o mujer, independientemente de que sea o no integrante de un pueblo originario y su comunidad ancestral, por el solo hecho de ser personas.

VII.- Derechos Colectivos: Las facultades y prerrogativas de naturaleza grupal que el orden jurídico nacional reconoce a los pueblos originarios, en los ámbitos político, económico, social, cultural y jurisdiccional, para garantizar su existencia, pervivencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la pertenencia a aquéllos.

VIII.- Sistemas normativos internos: Conjunto de normas jurídicas de carácter consuetudinario que los pueblos originarios y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos, mismos que sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos en sus demarcaciones.

IX.- Autoridades Municipales: Aquellas que están expresamente reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

X.- Autoridades Comunitarias: Aquellas que los pueblos originarios reconocen como tales con base en sus sistemas normativos internos, las cuales pueden o no coincidir con las municipales. Dentro de éstas se encuentran las que administran justicia, mismas que deben apegarse a los derechos y obligaciones que prescribe la Constitución General de la República.

Por lo anteriormente expuesto y que puede resumirse en la deuda histórica que el Estado Mexicano tiene para con el reconocimiento de los derechos y cultura de los habitantes indígenas y sus pueblos originarios, sobre los que se sustenta la Nación Mexicana según mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 2º,se establecen las siguientes específicas:

CONSIDERACIONES

La propuesta de reforma se relaciona con 10 artículos constitucionales, lo que obliga a la adecuación del marco legal secundario, con el fin de consolidar una nueva relación entre los habitantes indígenas y sus pueblos originarios con el Estado, gobiernos y sociedad en general.

I. De los Derechos Humanos y sus Garantías.

1. Se reforma el Artículo 2º para dejar en claro que los sujetos de derecho, basamento de la Nación Mexicana, no son los “indios”, sino los habitantes indígenas y sus Pueblos Originarios;

2. Que los recursos naturales localizados en los territorios originarios son del Estado Mexicano en régimen de copropiedad con los pueblos indígenas;

3. Enlista los, al menos, 65 pueblos originarios, primeros ocupantes de lo que actualmente son los Estados Unidos Mexicanos, de forma enunciativa, más no limitativa;

4. Se reforma el Artículo 25 para obligar al Estado Mexicano sobre el logro del desarrollo de los pueblos originarios;

5. Se hacen adiciones al Artículo 27 para establecer que la Ley protegerá la integridad de los pueblos originarios, así como de sus recursos naturales, además de establecerse la obligación de la respectiva compensación por el aprovechamiento de los mismos y dejando sin efecto aquel que se realice sin su consentimiento libre, previo e informado.

II. De los Mexicanos.

6. Se adiciona un tercer inciso al Artículo 30 para reconocer y sumar a los integrantes de los Pueblos Originarios y sus Comunidades el carácter de Mexicanos Indígenas;

7. En el Artículo 31 se exceptúa a los integrantes de los Pueblos Originarios del pago de impuestos directos de cualquier tipo, con exclusión de sus corporaciones con fines de lucro;

III. De la Soberanía Nacional y la Forma de Gobierno.

8. Se reforma el Artículo 40 para reconocer la composición de la República Mexicana también por Municipios Libres y Pueblos Originarios;

9. Se explicita en el Artículo 41 que el Pueblo Mexicano ejerce su soberanía también por los Municipios y los Pueblos Originarios.

IV. Del Poder Judicial.

10. Se inserta una adición final al tercer párrafo del Artículo 102 con el objetivo de que el Ministerio Público Federal, a través del Procurador General de la República, persiga los delitos de personas físicas o morales relacionados con falsas representaciones, liderazgos y aprovechamiento de los pueblos indígenas;

11. Se reforma el Artículo 105 para encomendarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocer de las controversias relacionadas con los Pueblos Originarios.

V. De los Estados de la Federación y el Distrito Federal.

12. Se establece en el Artículo 115 que los Estados tienen como base, al igual que la Federación, también a los Pueblos Originarios al tiempo de reconocerles obligatoriamente, al menos, dos concejales en los ayuntamientos con Pueblos Originarios, que serán de cada sexo y con el objeto añadido que desde la base de nuestro sistema federal se impriman dos transversalidades a las entidades federativas y, por ende, a la República, la de derechos y cultura de los pueblos originarios, así como la de género.

Las reformas planteadas en esta Iniciativa son indispensables para actualizar nuestro marco normativo a la nueva realidad del México del siglo XXI y de inicios de la transición propia de la segunda década del tercer milenio. A dicha actualización le es intrínseca esta serie de reformas que le imprimen la transversalidad de derechos y cultura de los Pueblos Originarios asentados en las comunidades originarias, al tiempo de hacerlo también con la equidad de género.

Es momento que los diversos grupos parlamentarios del H. Congreso de la Unión y el Ejecutivo unamos propósitos superiores para hacer una reforma profunda y sensible que reconozca, promueva y se enorgullezca de nuestras civilizaciones antiguas localizadas en lo que Bonfil Batalla denominó nuestro México Profundo.

Es tiempo de sentar las bases de un nuevo arreglo constitucional, óptimo para el desarrollo de la democracia plena en el país, que favorezca el entendimiento entre la pluralidad de culturas que es México y que permita la construcción de una Nación de naciones en el marco de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ya es hora de que el Estado Mexicano le cumpla a sus habitantes indígenas y a sus Pueblos Originarios en condiciones dignas y justas.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta H. Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 102, 105 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL FIN DE DARLE TRANSVERSALIDAD DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, PARA HACER REALIDAD CONSTITUCIONAL LA NACION PLURICULTURAL QUE ES MEXICO.

TITULO PRIMERO

CAPITULO I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 2°.- La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos originarios, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, así como la propiedad originaria de los recursos naturales ubicados en sus demarcaciones originarias y de los que, sustentablemente, acordarán su aprovechamiento con el Estado Mexicano.

La conciencia de su identidad primigenia, deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos originarios. Son comunidades integrantes de un pueblo originario, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos originarios a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos originarios se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución, obteniendo al menos una participación por el aprovechamiento que hagan de sus recursos tanto a iniciativa del Estado, como de la privada o social, con base en su derecho de reparación justa y equitativa. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, con personalidad al menos de concejal. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en sus jurisdicciones, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los habitantes indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos originarios en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los habitantes indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos originarios, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas con zonas predominantemente indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes integrantes de pueblos originarios en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con sus comunidades. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los integrantes de pueblos originarios mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. ….

V. Propiciar la incorporación de las mujeres integrantes de pueblos originarios al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos originarios puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades originarias mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos originarios, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos originarios en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo,de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los habitantes indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

El Estado Mexicano reconoce, en forma enunciativa más no limitativa, a los siguientes habitantes indígenas y sus pueblos originarios en lo que hoy son los Estados Unidos Mexicanos y por orden de población mayoritaria: 1. Náhuatl, 2. Maya, 3. Binizáa (Zapoteco), 4. Nuusávi (Mixteco), 5. Hñähñü (Otomí), 6. Tachihuiin (Totonaca), 7. Batsilwinik (Tzotzil), 8. Winikatel (Tzeltal), 9. Jñatio (Mazahua), 10. Hashutaenima (Mazateco), 11. Téenek (Huasteco), 12. Winik (Choles), 13. P’urhépecha (Purépecha), 14. Tsajujmí (Chinanteco), 15. Ayüük (Mixe), 16. Me’phaa (Tlapasnek), 17. Rarámuri (Taraumara), 18. Yoreme (Mayo), 19. O’depüt (Zoque), 20. Yokot (Chontal de Tabasco), 21. Tuncápxe (Popoluca), 22. Cha’cña (Chatino), 23. Tzañcue (Amuzgo), 24. Tojolwinik (Tojolabal), 25. Wixárika (Huichol), 26. O’dami (Tepehuano), 27. Guiixihanjhan (Triqui), 28. Ngigua (Popoloca), 29. Nayeeri (Cora), 30. Qyool(Mame), 31. Yoeme (Yaqui), 32. Nduuduyu (Cuicateco), 33. Ikööds(Huave), 34. Hamasipini (Tepehua), 35. K’anjobal (Kanjobal), 36. Slijualasihanuk (Chontal de Oaxaca), 37. Xigüe (Pame), 38. Ézar (Chichimeca jonaz), 39. Botuná (Matlatzinca), 40. Makurawe (Guarijío), 41.Chuj, 42. Runixanguiigua (Chocho), 43.Tacuate, 44. Pijejak (Ocuilteco), 45. Akimelo’odham (Pima), 46. Abxubal (Jacalteco), 47. K’ekchí (Kekchí), 48. Hacht’an (Lacandón), 49.Ixcateco, 50. Comcaac(Seri), 51. Qatoc (Motocintleco), 52. Q’iché (Quiché), 53. K’akchikel (Kakchiquel), 54. Akwa’ala (Paipai), 55. Tohonoo’odam (Pápago), 56. Es péi (Cucapá), 57. Ti’pai (Kumiai), 58. Kikapooa (Kikapú), 59. Laymónmti’pá (Cochimí), 60.Ixil, 61. Ko’lew (Kiliwa), 62.Aguacateco, 63. Tehuima (Ópata), 64. Solteco, 65. Papabuco; así como a lascomunidades que conforman aquellos pueblos y sus reagrupamientos étnicos, lingüísticos y culturales, como es el caso de las comunidades afromexicanas.

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales y pueblos originarios, cuya seguridad protege esta Constitución, con énfasis en el desarrollo de estos últimos, en los que constitucionalmente se sustenta la Nación.

Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas …

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

I…..

VII.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los pueblos originarios, quienes tienen derecho preferente al uso y disfrute de los recursos naturales ubicados en los lugares que habitan y ocupan dichas comunidades, así como a la reparación, indemnización, resarcimiento o contraprestación directa, obteniendo al menos una participación por el aprovechamiento que hagan de sus recursos tanto a el Estado, como la iniciativa privada o social.

CAPITULO II

De los Mexicanos

Artículo 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A) Son mexicanos por nacimiento:

I.

IV.

B) Son mexicanos por naturalización:

I.

II. ...

C) Son mexicanos indígenas:

I. Las mujeres y los hombres integrantes de uno o más pueblos originarios, en términos del primer párrafo del artículo 2 de esta Constitución.

II. Las mujeres y los hombres integrantes de uno o más pueblos originarios mexicanos y no asentado en el territorio actual del país, pero que se autoidentifica como perteneciente a dichos pueblos indígenas ocupantes de lo que hoy es México.

Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos:

I.

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Con excepción de los mexicanos indígenas, que estarán exentos del pago de impuestos directos de cualquier naturaleza, salvo sus corporaciones de lucro, como resarcimiento del Estado Mexicano por el usufructo continuado de los recursos naturales localizados en sus demarcaciones territoriales desde el inicio de la vida independiente del país a la fecha y sin su consentimiento libre, previo e informado.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO I

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; Municipios libres y Pueblos Originarios que le dan sustento a la Nación, en todo lo concerniente a su régimen interior; unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, por los de los Estados, Municipios y Pueblos Originarios, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I…

VI. .

TITULO TERCERO

CAPITULO IV

Del Poder Judicial

Artículo 102.-

A. …

El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución. Con respecto de los pueblos originarios, perseguirá los delitos de personas físicas o morales relacionados con falsas representaciones, liderazgos y aprovechamiento de los pueblos originarios.

Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

a) a k) …

l) Pueblos originarios, cuando algún integrante o su colectividad se vea afectado sobre actos de autoridad que versen sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

II. …

a) a g)

III. …

TITULO QUINTO

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal

Artículo 115.- …

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, de los cuáles, para aquellos en cuyas demarcaciones incluyan Pueblos Originarios, éstos tendrán al menos dos concejales, hombre y mujer. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Como acción positiva, y en compensación del aprovechamiento de los recursos naturales de los territorios de los Pueblos Originarios desde la colonia y hasta fecha, además de los programas ya existentes, el Estado Mexicano establecerá anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un Fondo Especial de Resarcimiento por el Usufructo de los Recursos Naturales de los Pueblos Originarios.

Tercero.- Se derogan y abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en la sede del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a 14 mes de marzo de 2013.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En el apartado de proposiciones, tiene el uso de la tribuna la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar, a nombre propio y de Senadoras del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo en materia de derecho al trabajo sin discriminación.






PROPUESTAS

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señor Presidente; estimadas Senadoras y Senadores:

De acuerdo al Reporte sobre la Discriminación 2012, realizado por el CONAPRED, los derechos laborales tienden a desvanecerse cuando la maternidad es proyecto, aspiración o realidad, pues es una constante que el embarazo sea una razón más para la discriminación laboral en contra de las mujeres.

Lo anterior, en virtud de que el costo de un embarazo recae en el empleador, pues tiene la obligación legal de pagar el salario íntegro, durante cerca de tres meses, a una mujer que llega embarazada a ocupar un trabajo.

Así señala el mencionado reporte, al vincular trabajo y embarazo, es común encontrar prácticas discriminatorias que acentúan la situación de vulnerabilidad que padecen las mujeres, tales como el condicionamiento de la plaza laboral, a la realización de pruebas de embarazo, que se constituye como una de las principales quejas que se presentan ante el CONAPRED.

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 23 millones de personas de los 36.1 millones que padecen VIH, tienen entre 15 y 49 años de edad, encontrándose en el momento de mayor rendimiento de su vida productiva y presentando, entre otras, las siguientes problemáticas:

La discriminación laboral se recrudece, especialmente, cuando se utiliza la cuestión del VIH/SIDA, para impedir acceso a los trabajos o al ascenso en ellos.

El trabajo infantil en sociedades con mayor propagación del VIH/SIDA, aumenta debido a que los adultos infectados con esta enfermedad, no pueden trabajar o conseguir trabajo.

Por su parte, el reporte en mención establece que la discriminación en el trabajo contra las personas que tienen VIH/SIDA, pueden manifestarse de muchas formas, siendo habitual la realización de pruebas forzosas de detección, que deriva en una negativa de contratación, o en un despido injustificado o descenso a puestos que requieren menos experiencia.

En este sentido, menciona el reporte, en el mundo laboral la discriminación contra los trabajadores que padecen VIH/SIDA, puede provenir tanto de los colegas, clientes y proveedores de servicios, como de los empleadores, además de que el temor, la ignorancia y los prejuicios que rodean a la enfermedad constituyen la esencia de la discriminación en el trabajo.

Senadoras y Senadores, ante esos escenarios es innegable que debemos insistir y pronunciarnos sobre las prácticas que se realizan actualmente y generan discriminación, pues resulta alarmante que aún nos encontremos con cifras y testimonios de personas, que por alguna cuestión de salud o embarazo no pueden acceder en igualdad de condiciones a su derecho al trabajo.

En virtud de ello, nos permitimos exhortar a los Poderes de la Unión y a los órganos constitucionales, así como a los organismos autónomos por ley, y a los de las entidades federativas y municipios para que impulsen las acciones necesarias, a fin de eliminar la práctica de solicitar pruebas de no gravidez y detección del VIH/SIDA, para el ingreso, permanencia, promoción laboral y en general para todas las etapas que conforman la relación laboral, con la finalidad de garantizar plenamente el derecho que toda persona tiene al trabajo y a la no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte.

Agradezco mucho su atención, y quiero decirles que esta proposición con punto de Acuerdo la presento junto con mis compañeras María Cristina Díaz, Angélica del Rosario Araujo, Lisbeth Hernández, Margarita Flores, Lilia Guadalupe Merodio, Diva Hadamira Gastélum y ClaudiaArtemiza Pavlovich, todas ellas del grupo parlamentario del PRI.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE DERECHO AL TRABAJO SIN DISCRIMINACION

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Y CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Discriminación Laboral por Embarazo:

De acuerdo al Reporte sobre la Discriminación 2012, realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), los derechos laborales tienden a desvanecerse cuando la maternidad es proyecto, aspiración o realidad, pues es una constante que el embarazo sea una razón más para la discriminación laboral en contra de las mujeres, aún cuando el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente los lineamientos que se deben seguir a favor de una mujer embarazada1.

Lo anterior, palabras de Angel Guillermo Ruiz Moreno (2007), investigador de la Universidad de Guadalajara, en virtud de que el costo de un embarazo recae en el empleador, pues tiene la obligación legal de pagar el salario íntegro durante cerca de tres meses a una mujer que llega embarazada a ocupar un trabajo.

Así, señala el mencionado Reporte, al vincular trabajo y embarazo es común encontrar prácticas dis­criminatorias que acentúan la situación de vulnerabilidad que padecen las mujeres, tales como el condicionamiento de la plaza laboral a la realización de pruebas de embarazo, que se constituye como una de las principales quejas que se presentan ante el CONAPRED.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, menciona que el 35.9 por ciento de las mujeres que sufrieron discriminación laboral fue al momento de solicitarles la prueba de no embarazo como requisito de contratación, señalando que al 3.2 por ciento las despidieron, no les renovaron el contrato o les disminuyeron el sueldo por estar embarazadas.

II.- Discriminación Laboral por VIH/SIDA

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 23 millones de personas de los 36.1 millones que padecen VIH tienen entre 15 y 49 años de edad, encontrándose en el momento de mayor rendimiento de su vida productiva,

La propagación de esta enfermedad, según la OIT, es un problema que afecta al mundo laboral caracterizándose, entre otros, por los siguientes factores:

• En los países más afectados la propagación de la epidemia provoca una drástica reducción de la mano de obra.

• La disminución de la mano de obra da lugar a menor recaudación fiscal.

• El costo de las medicinas y tratamientos para las personas con VIH/SIDA es muy alto por lo que muchas veces no se tiene acceso a estas, especialmente cuando son individuos con poca capacidad económica.

• La discriminación laboral se recrudece especialmente cuando se utiliza la cuestión del VIH/SIDA para impedir acceso a los trabajos o el ascenso en ellos

• El trabajo infantil en las sociedades con mayor propagación del VIH/SIDA aumenta debido a que los adultos infectados con esta enfermedad no pueden trabajar o conseguir trabajo.

Por su parte, el Reporte sobre la Discriminación 2012, establece que la discriminación en el trabajo contra las personas que tienen VIH/SIDA puede manifestarse de muchas formas, siendo habitual la realización de pruebas forzosas de detección que derivan en una negativa de contratación o en despido injustificado o descenso a puestos que requieren menos experiencia2.

En este sentido, menciona el Reporte, en el mundo laboral la discriminación contra los trabajadores que padecen VIH/SIDA puede provenir tanto de los colegas, clientes y proveedores de servicios, como de los empleadores, además de que el temor, la ignorancia y los prejuicios que rodean a la enfermedad, constituyen la esencia de la discriminación en el trabajo.

IV.- Conclusiones

El artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que entenderá discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada, entre otros, por salud yembarazo tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, por lo cual los actos descritos en el presente documento son actos violatorios al derecho a la no discriminación, que también está tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante estos escenarios, es innegable que debemos insistir y pronunciarnos sobre las prácticas que se realizan actualmente y generan discriminación, pues resulta alarmante que aún nos encontremos con cifras y testimonios de personas que por alguna cuestión de salud o embarazo no pueden acceder en igualdad de condiciones a su derecho al trabajo.

En virtud de ello, quienes presentamos este punto de acuerdo nos permitimos exhortar a las entidades federativas y a los tres poderes de la Federación para que fortalezcan el derecho a la no discriminación y eliminen tanto de su normativa vigente, como de sus prácticas institucionales, la exigencia del requisito de pruebas de no gravidez y de detección de VIH/SIDA para el ingreso, permanencia, promoción laboral, y en general, para todas las etapas que conforman la relación de trabajo, con la finalidad de garantizar plenamente el disfrute del derecho al trabajo sin discriminación.

Por lo anteriormente descrito y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los poderes de la unión y a los órganos constitucionales, así como los organismos autónomos por ley, a los de las entidades federativas y municipios, para que impulsen las acciones necesarias, tanto administrativas como de carácter legislativo, a fin de eliminar la práctica de solicitar pruebas de no gravidez y de detección del VIH/SIDA para el ingreso, permanencia, promoción laboral, y en general, para todas las etapas que conforman la relación laboral, en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar plenamente el derecho que toda persona tiene al trabajo y a la no discriminación de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de Derechos Humanos, de los que México es parte.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de febrero de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano”.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Si la Senadora me permite, sumarme a su punto de Acuerdo.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Tomamos nota. Muchas gracias. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Fayad Meneses, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Con el mismo efecto, de adherirnos y respaldar la propuesta de mis compañeras Senadoras.

- El C. Presidente Burgos García: Senadora Hilda Flores. Está de acuerdo. Se toma nota de las adhesiones.

Muchas gracias.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a emprender acciones para disminuir la problemática que significa la pornografía infantil en nuestra sociedad.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

En este punto de Acuerdo, agradezco el gran apoyo que me dieron un número muy importante de Senadores de todos los partidos.

El día de hoy expongo a ustedes un tema que silenciosamente crece ante nosotros, y que a pesar de las fuertes llamadas de atención, hemos omitido debatir ampliamente: la pornografía infantil.

La Red Internacional por el Fin de la Prostitución Infantil y Tráfico de Niños con Fines Sexuales, señala a nuestro país como el principal productor de pornografía infantil en el mundo.

Esto es una verdadera vergüenza para nuestro país y definitivamente que es una transgresión a los derechos humanos incalificable.

Este lamentable crimen ha tenido un campo fértil con el avance de las tecnologías de la información y telecomunicación, detonando su crecimiento.

Las herramientas que hoy tenemos facilitan su producción y elevan el consumo por la red.

No se trata de satanizar al Internet, porque somos conscientes de que es una herramienta fundamental, es más bien de concientizar su uso y castigar a quienes se aprovechan de su alcance.

En la última década, el consumo de contenidos por Internet ha aumentado considerablemente en México. Según el INEGI, 44.7 millones usan una computadora o un celular, de los cuales el 64% de la población está entre 12 y 34 años.

La edad media en que un niño ve por primera vez pornografía en la red es a los 11 años. Es dramático cuando la población en nuestro país en este rango de edad representa el 27.8%.

Según cifras de la Alianza por la Seguridad en Internet, los hábitos en el Internet y alumnos de cuarto de primaria a tercero de secundaria en nuestro país son los siguientes:

• 30.9% acceden a Internet desde un celular.

• 12.3% usan el Internet 5 horas al día o más.

• 18% han sido molestados a través del Internet.

• 44.2% se han encontrado en el mundo real con personas que conocieron en el Internet.

• 12% aceptó que habla de sexo por Internet con gente que no conoce.

• 17% conocen amigos que han enviado mensajes de imágenes suyas desnudos o semidesnudos, ahora se llama “sexting”.

Anualmente más de un millón de imágenes de abuso sexual circulan por el Internet.

Seamos claros, dónde se puede ver pornografía. Las facilidades son tan grandes que incluso sin desearlo se nos ofrece este material en cuestión de minutos.

Debemos y podemos detener el avance de la pornografía infantil. En los últimos años la evolución de este crimen, como ya lo vemos, será el Internet y por las redes sociales.

Tenemos una creciente industria en pornografía infantil en México y una captación de consumidores desde temprana edad. Es ahí donde las escuelas deben ser el primer dique con que la pornografía infantil se puede presentar.

Programas que hablen del buen uso de las tecnologías de la información, educación sexual con un enfoque abierto y cero tolerancia a los sitios de pornografía en las escuelas, son las principales acciones que debemos de implantar.

En el momento de aceptar la realidad actualizando nuestros programas escolares que entiendan y asumen las condiciones de nuestra sociedad actual.

Senadores, nuestra responsabilidad es dejar el mejor México que podamos a la generación por venir. Hoy nos concentramos en las grandes reformas que el país requiere, definitivamente trascendentales para el éxito de nuestra nación, pero de igual manera es prioritario la integridad de la infancia de hoy, no perdamos esto de vista. La infancia de hoy, serán nuestros ciudadanos del mañana.

Por lo tanto, hago un exhorto en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en virtud de sus facultades, instruya a la Secretaría de Educación Pública a que formule programas educativos para generar y difundir el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

También para que, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, actualice y adquiera el software necesario para inhibir el acceso a sitios pornográficos en los centros escolares a su cargo y emitir lineamientos generales que regulen el uso de la telefonía móvil al interior de los centros escolares.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a las entidades federativas y a los municipios, para que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, actualicen equipos de cómputo y software con la finalidad de bloquear el acceso a sitios pornográficos en las oficinas de las dependencias a su cargo.

Esta situación no nada más sucede en las dependencias oficiales, es una enfermedad que sucede en muchos de los negocios también.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, a las legislaturas de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que dentro del ámbito de su competencia aceleren el trabajo legislativo a efecto de dar pronta resolución a dictámenes y minutas relacionadas con delitos contra la infancia que se encuentran pendientes.

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en virtud de sus facultades, instruya a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, a que coordinen acciones para dar más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que ayudan con estudios, reportes y estadísticas sobre el fenómeno de la pornografía infantil.

Tienen más atención sobre este grave problema las organizaciones de la sociedad civil que el mismo gobierno.

Quinto.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que envíe a esta Soberanía un informe detallado sobre el estado de los mecanismos para combatir a la pornografía infantil en Internet y la estrategia que implementará para enfrentar este problema.

Confío en que esto no sea un llamado a misa, como suele llamarse a los puntos de Acuerdos y que actuemos coordinados con el Ejecutivo y la sociedad para revertir lo ascendente que tiene la pornografía infantil en nuestro país. Es una vergüenza que tengamos este tan preponderante, mundialmente primer lugar en lo que se refiere a pornografía infantil. Esto sí va contra todos los derechos humanos porque se está abusando de infantes, con un propósito mercantil que no tiene calificativo.

Se espera mucho de nosotros en estos tiempos de grandes Acuerdos políticos para ayudar a la infancia mexicana que nos necesita ya.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, AL CONGRESO DE LA UNION Y A LAS LEGISLATURAS LOCALES A EMPRENDER ACCIONES PARA DISMINUIR LA PROBLEMATICA QUE SIGNIFICA LA PORNOGRAFIA INFANTIL EN NUESTRA SOCIEDAD

“Los suscritos, Senadores del grupo parlamentario del PAN; VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, MARCELA TORRES PEIMBERT, MAKI ESTHER DOMINGUEZ ORTIZ, ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS ROMERO HICKS Y FERNANDO YUNES MARQUEZ, del grupo parlamentario del PRI; HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM, LISBETH HERNANDEZ LECONA Y ALEJANDRO TELLO CRISTERNA y del grupo parlamentario del PT; MARTHA PALAFOX GUTIERREZ Y ANA GABRIELA GUEVARAESPINOZA. Con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción ii, y 276 del reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día de hoy, México es señalado como el principal productor de pornografía infantil en el mundo, según la red internacional por el “Fin de la Prostitución Infantil y Tráfico de Niños con Fines Sexuales” (ECPAT, por sus siglas en inglés). Es el resultado de un problema que viene creciendo desmesuradamente en las últimas dos décadas y cada día nuestra infancia es más vulnerable, debido a la impune realización de este material y su fácil acceso.

El uso de las Tecnologías de la Información y Telecomunicación ha sido de gran importancia para el crecimiento de nuestras sociedades, su pertinencia es innegable y la vida sin ellas sería muy diferente de lo que ahora conocemos.

Aunque también es cierto que el uso de internet ha traído inconvenientes como lo pueden ser la transgresión a la privacidad y el robo. No se puede satanizar la herramienta, simplemente tenemos que adaptarnos a las nuevas dinámicas privilegiando el uso responsable en paralelo con el desarrollo.

Desde 2004 la explotación sexual de menores de edad a través de Internet se incrementaba aceleradamente, por lo que en su momento, ocupaba el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos en México, solo después de los fraudes y las amenazas.

Según UNICEF, aproximadamente dos millones de niños son utilizados en la “industria del sexo” anualmente, más de 1 millón de imágenes de entre 10.000 y 20.000 niños víctimas de abuso sexual circulan por Internet.

Es de tal dimensión el problema, que alrededor del 20% de toda la pornografía en Internet contiene imágenes de niños, de manera que hay una alta probabilidad de que nuestros hijos estén expuestos a este material sin desearlo, ya sea a través de pop-ups (enlaces engañosos) o e-mails, 34% de los usuarios de Internet se ha visto enganchado por este tipo de estrategia.

La infancia es frágil en ambos sentidos, tanto como los que son víctimas para la realización y los que son manipulados para convertirlos en consumidores tempranos. La edad media en la que un niño ve por primera vez pornografía en la red es a los 11 años, lamentablemente muchos en los centros escolares. Es dramático cuando la población en nuestro país, en ese rango de edad, representa el 27.8%.

Según cifras de la Alianza por la Seguridad en internet, los hábitos en internet de alumnos de 4º de primaria a 3º de secundaria en nuestro país, son los siguientes:

30.9% acceden a internet desde un celular.

12.3% usan Internet 5 horas o más al día.

18% han sido molestados en Internet.

44.2% se han encontrado en el mundo real con personas que conocieron en Internet.

12% aceptó que habla de sexo por internet con gente que no conoce.

17% conocen a amigos que han enviado mensajes de imágenes suyas, desnudos o semidesnudos (Sexting).

La influencia de los contenidos en la red es determinante para la conducta y el criterio de nuestra infancia, es un hecho que la capacidad cognitiva de los niños es altera ante cualquier estímulo y es una edad crucial para formar su personalidad adulta, de manera tal que cualquier esfuerzo no es menor a la hora de vigilar el contenido que ven nuestros hijos.

En la última década el consumo de contenidos por internet ha aumentado considerablemente, según el INEGI 44.7 millones de mexicanos usan una computadora, de los cuales, la población de entre 12 y 34 años es el 64%. Además nuestra población joven es más sofisticada y sus herramientas de conexión son variadas, una muy importante son los llamados smartphones, que cuenta con el mayor potencial de crecimiento.

Para el 2013 y 2014, la adopción de los teléfonos inteligentes alcanzará una penetración en la población del 34.7% y 50.3% respectivamente. Se prevé que pare el año 2015 en nuestro país, 7 de cada 10 mexicanos, usuarios de telefonía celular, tendrán uno de estos dispositivos, proyectó la firma de análisis The Competitive Intelligence Unit.

La oferta de pornografía infantil en internet, como en cualquier mercado, tiene una relación directa con la demanda, somos una sociedad que consume pornografía como conducta sexual normal, el 25% de todas las búsquedas que se realizan en motores de búsqueda están relacionadas con pornografía.

El 12% de los sitios web de Internet son pornográficos, es decir 24 millones 644 mil 172 y el 35% de las descargas que se producen en la red son para mayores de 18 años.

Los delitos de explotación sexual y pornografía infantil ocupan en México el 3er. lugar dentro de la lista de los crímenes que comete la delincuencia organizada, tan sólo por debajo de la venta de droga y tráfico de armas, lo que genera ganancias de más de 30 mil millones de dólares anuales.

Es importante considerar en este escenario que el 20% de mujeres y hombres adultos admiten ver pornografía en su lugar de trabajo. Esto no puede ser solapado no solo por cuestiones de productividad, sino también por el riesgo de que se vea pornografía con menores de edad, fomentando e incitando el delito.

El Gobierno Federal tiene que dar el ejemplo desincentivando la reproducción de contenido pornográfico en los lugares de trabajo a su cargo y fomentando elmismo control en todas las oficinas del país.

Tenemos un gran problema aquí y no se atiende con la seriedad debida, ya que en el Congreso Federal y en los congresos estatales, están presentadas iniciativas que atacan de manera decidida este trágico fenómeno y no estemos avanzando en proporción al crecimiento que la pornografía infantil tiene en internet.

De acuerdo con organizaciones sociales, el fenómeno podría afectar hasta dos millones de menores de edad, en nuestro país hay más de mil 300 sitios en internet son de pornografía de niñas y niños, de los cuales 310 se señalan como mexicanos y las búsquedas sobre pornografía infantil se han disparado llegando a las 116.000 diarias.

El panorama no permite mezquindades y la cooperación entre el Estado y la sociedad es determinante para reducir a su mínima expresión el crimen que se comete contra la infancia. Es una tragedia que México se encuentre entre los primeros lugares a nivel mundial en materia de pornografía infantil, pero más que lamentarnos, debemos actuar en consecuencia, no solo para lograr contenerlo, sino para convertirnos en un ejemplo positivo para todos.

Esta propuesta asume la situación de la pornografía infantil en varios sentidos:

1. Eliminar la exposición de menores de edad a contenidos con cualquier tipo de pornografía, en centros escolares.

2. El control de la reproducción de la pornografía infantil en lugares de trabajo.

3. Mayor control y castigo para quienes producen, comercializan y consumen pornografía infantil.

4. Trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para diseñar la mejor estrategia contra la pornografía infantil.

5. Mayor transparencia en la información y las acciones por parte del Gobierno Federal.

Mientras más tabúes tiene una sociedad sobre la sexualidad, más cabida hay para ocultar la violencia y los abusos. Discutir el tema ampliamente con el compromiso de actuar es nuestra obligación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en virtud de sus facultades, instruya a la Secretaría de Educación Pública a que formule programas educativos, para generar y difundir, el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

También para que, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, actualice y adquiera el software necesario para inhibir el acceso a sitios pornográficos en los centros escolares a su cargo y emitir lineamientos generales que regulen el uso de la telefonía móvil al interior de los centros escolares.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a las Entidades Federativas y a los Municipios para que, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, actualicen equipos de cómputo y software con la finalidad de bloquear el acceso a sitios pornográficos, en las oficinas de las dependencias a su cargo.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, a las Legislaturas de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que dentro del ámbito de su competencia, aceleren el trabajo legislativo a efecto de dar pronta resolución a dictámenes y minutas relacionados con delitos contra la infancia, que se encuentran pendientes.

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en virtud de sus facultades instruya a la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, a que coordinen acciones para dar mayor apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil, que ayudan con estudios, reportes y estadísticas sobre el fenómeno de la pornografía infantil.

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que envíe a esta soberanía, un informe detallado sobre el estado de los mecanismos para combatir la pornografía infantil en internet y la estrategia que implementará para enfrentar esta problemática.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de marzo de 2013.

Suscriben

Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Martha Palafox Gutiérrez.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastelum Bajo.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Fernando Yunes Márquez”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Víctor Hermosillo. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores, un punto de Acuerdo que exhorta a integrar y reprogramar en los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, a todos los municipios de la región sur-sureste del país.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, permítame agradecerle a mis compañeros del grupo parlamentario del PRD, por haber suscrito con un servidor este punto de Acuerdo. Pero también a Senadoras y Senadores de otros grupos parlamentarios, entre ellos destaco la del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, de Marcela Torres, Daniel Avila, Luis Salazar y Francisco García, del grupo parlamentario del PAN, de Ana Guevara y David Monreal del PT.

Señor Presidente, cuando registré este punto de Acuerdo en el Orden del Día, hace ya bastantes semanas, lo hice pensando en la región sur-sureste del país.

Lo hice pensando en que este Senado de la República tiene un gran compromiso con la región más pobre de México.

Lo hice pensando en que las Senadoras y los Senadores aquí presentes, tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer algo por la población más pobre de México.

Sé muy bien, compañeras y compañeros Senadores, que ustedes tienen sus propias preocupaciones, producto de sus compromisos que adquirieron en campaña con la población de sus estados, pero también, amigas y amigos legisladores, creo que todos tenemos aquí un gran compromiso con la República.

Los estados del sur-sureste del país concentran a las mexicanas, a los mexicanos de mayor pobreza extrema y de carencia alimentaria del país. Y esto es así, hay que reconocerlo, porque el sur-sureste sólo ha servido para aportar materia prima y sus recursos naturales a favor del desarrollo del país.

Sí es cierto que también hay pobres en otras partes de México, por eso recibimos con agrado los planteamientos de compañeras y compañeros Senadores de otras entidades que a la par de apoyar al sur-sureste también plantearon incorporar municipios de sus estados a este punto de Acuerdo.

Señor Presidente, como usted sabe, el pasado 22 de enero de este año, el titular del Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.

Se propone llegar a cerohambre, dice el documento, a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación, así como a eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.

Suena bien, suena bien sin duda, pero hay que decir que además de un servidor, diversos sectores han mostrado su preocupación debido a que la integración de los primeros 400 municipios-metas, sean parte de una estrategia político-electoral de cara a los comicios de julio próximo, toda vez que el programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre no consideró en la primera etapa a municipios que sufren extrema pobreza, tales son los casos de muchos municipios de Oaxaca, donde la población vive, y nadie lo puede dudar, en pobreza extrema; o de Zirándaro, en Guerrero, donde lo mismo ahí ocurre que el 57.4 por ciento de la población vive en esas condiciones.

Es el caso en igual argumentación que municipios de alta marginalidad de la Sierra Tarahumara no fueran considerados, como Urique, con más de 9,043 pobres extremos, el 43.1 por ciento de la población de esa comunidad; y 6,038 con carencia alimentaria, es decir, casi el 30 por ciento. YBalleza, otro municipio con 8,237 personas en pobreza extrema, es decir, más del 40 por ciento, y 8,000 de ellas en carente de alimentación, 40 por ciento también.

En ese orden de ideas, compañeras y compañeros,municipios de la región sur-sureste del país donde se encuentran las localidades con el mayor índice de indicadores de pobreza alimentaria y extrema pobreza no se encuentran considerados en la etapa inicial del proyecto gubernamental.

Sólo bastó un pequeño ejercicio de cruzar las estadísticas que contempla el Sistema Nacional de Cruzada contra el Hambre, y contrastarlos con los datos del Consejo Nacional de Población, con los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con los del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para reflexionar que de la lista de los 400 municipios en el país no se ha hecho justicia a la región más pobre y olvidada de México, la del sur-sureste del país, conformada, entre otros, de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

Resulta imperativo incluir dentro de la lista a municipios que fueron excluidos de la Cruzada contra el Hambre de los estados de Morelos, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, como se nos ha propuesto. Por contar con localidades de alta marginalidad el nivel económico ahí es desproporcionado con su territorio y la producción que trae como consecuencia todo esto es de altos índices de pobreza extrema, toda vez de que el gobierno federal ha omitido su participación en programas sociales por no estar ubicado ni en el norte del país ni en el sur del mismo.

Es por esto que hemos presentado este punto de Acuerdo, que esperamos que en comisiones se pueda atender a la brevedad posible.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INTEGRAR Y REPROGRAMAR EN LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE DEL PAÍS

"SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los que suscriben, Angel Benjamín Robles Montoya, Eviel Pérez Magaña, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Francisco García Cabeza de Vaca, Luis Fernando Salazar Fernández, Luz María Beristain Navarrete, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Adán Augusto López Hernández, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, María Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Víctor Manuel Camacho Solís, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Enrique Mayans Canabal, Raúl Morón Orozco, Isidro Pedraza Chávez, Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar Solorio, Luis Sánchez Jiménez, María Marcela Torres Peimbert y David Monreal Avila, Senadores integrantes de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 22 de enero del presente año, el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE).

Según el Decreto, la Cruzada contra el Hambre “está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación”.

Se propone llegar a “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación” así como “Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez”.

La Cruzada contra el Hambre tiene los objetivos siguientes:

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

El programa se concentrará en 400 municipios seleccionados “con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación”.

El objetivo de esta Cruzada contra el Hambre no sólo es encomiable y loable, es, para los suscribientes un imperativo de carácter primordial. Reconocemos que es una tarea en la que todos los sectores políticos y económicos debemos abocarnos generosamente; no hay cabida para cálculo político; no podemos permitir que este esfuerzo naufrague por el espíritu de facción, o por el nocivo exclusivismo partidista.

Toda política pública seria debe regirse por los principios de justicia y universalidad. Esto es, focalizar sus beneficios, ya que criterios sin sustento ni fundamento científico dará lugar a especulaciones, a inercias que lejos de robustecer tan importante empresa, contribuyan más bien a minar su legitimidad.

Ahora bien, diversos sectores han mostrado su preocupación debido a la integración de los primeros 400 municipios-meta sean parte de una estrategia político-electoral de cara a los comicios en julio próximo, toda vez que el programa Cruzada Nacional contra el Hambre no consideró en la primera etapa a municipios que sufren extrema pobreza, por ejemplo, el programa no incluye a municipios con índices más graves de pobreza. Tales son los casos de San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, donde el 56.1 por ciento de la población vive en pobreza extrema, o el Zirándaro, Guerrero, donde lo mismo ocurre con el 57.4 por ciento su población.

Es el caso, en igual argumentación, que municipios de alta marginalidad de la Sierra Tarahumara, no fueran considerados, como Urique, con 9 mil 43 pobres extremos (43.1 por ciento) y 6 mil 38 con carencia alimentaria (28.8 por ciento), y Balleza, con 8 mil 237 personas en pobreza extrema (40.2 por ciento) y 8 mil 320 carente de alimentación (40.6 por ciento).

En ese orden de ideas, municipios de la región sur-sureste del país, conformada por los Estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, donde se encuentran las localidades con el mayor índice de indicadores de pobreza alimentaria y extrema pobreza no se encuentren considerados en la primera etapa del proyecto gubernamental.

Solo por citar datos particulares de la entidad federativa, la aplicación de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Oaxaca se estableció el compromiso de atender a más de un millón de oaxaqueños que serían la población-objetivo; sin embargo, el anexo 1 del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre contempla una lista de 133 municipios de 570 que conforman el territorio de Oaxaca, por lo que en una primera etapa, se dejaría fuera 2 de cada tres habitantes del Estado con carencia alimenticia.

De esta forma, la aplicación de la Cruzada contra el Hambre no será un “traje a la medida” para los municipios más pobres que conforman la región sur-sureste del país. Esto es, tan solo en Oaxaca, si se considera los datos de habitantes de municipios a atender, 133 de 570, apenas constituye el 23% del total de la división territorial en un Estado donde la pobreza y marginación es muy visible, concentrando una población parcial de 1 millón 147 mil 400 habitantes.

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Oaxaca cuenta con una población 1 millón 14 mil que padecen carencia alimentaria. En términos relativos, 3 de cada 4 oaxaqueños no tiene alimento asegurado, el 74%, vive fuera de los municipios a atender por la Cruzada.

Estas cifras quizá van en contracorriente con el propósito de la Cruzada que, de acuerdo al decreto del Ejecutivo, indica que “está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación”. En promedio, de la población total de los municipios oaxaqueños considerados en la cruzada, apenas el 27% cumplirían los rangos estipulados para ser considerados como potenciales beneficiarios. De tal suerte que, si su aplicación se generaliza solo en los 133 municipios enlistados podría beneficiar a muchos que no lo necesitarían en primera instancia, desatendiendo a los pobres de otras regiones que no están considerados.

De esta forma, solo bastó un pequeño ejercicio de cruzar las estadísticas que contempla el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y contrastarlos con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para reflexionar que de la lista de 400 municipios en el país no se ha hecho justicia con la región más pobre y olvidada del país, la zona sur-sureste del país, conformada por los Estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

Resumen Grado de Marginación Alto y Muy Alto1

2010

Entidad federativa

Total Municipios

Muy Alto

% que representa en el Estado

Ato

% que representa en el Estado

Campeche

11

-

0.00%

2

18.18%

Chiapas

118

48

40.68%

39

33.05%

Guerrero

81

43

53.09%

18

22.22%

Oaxaca

570

216

37.89%

144

25.26%

Puebla

217

38

17.51%

62

28.57%

Quintana Roo

9

-

0.00%

-

0.00%

Tabasco

17

-

0.00%

-

0.00%

Veracruz

212

38

17.92%

56

26.42%

Yucatán

106

10

9.43%

23

21.70%

Sur-Sureste

1,341

393

29.31%

344

25.65%

Población en situación de pobreza y carencias sociales 2008-20102

Campeche

Años

2008

2010

Indicadores

%

Miles de Personas

%

Miles de Personas

Población Total

822,441

Pobreza moderada

34.7

277.0

38.0

313.9

Pobreza extrema

10.7

85.8

12.0

99.2

Rezago educativo

22.7

181.7

23.9

197.6

Carencia por acceso a los servicios de salud

25.6

204.6

20.8

171.6

Carencia por acceso a la seguridad social

61.6

492.4

59.6

492.3

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

25.0

200.0

22.0

181.6

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

25.2

201.3

20.9

172.3

Carencia por acceso a la alimentación

20.2

161.5

31.1

256.5

Chiapas

Años

2008

2010

Indicadores

%

Miles de Personas

%

Miles de Personas

Población Total

4,796,580

Pobreza moderada

41.4

1,920.9

45.6

2,197.1

Pobreza extrema

35.6

1,652.5

32.8

1,580.6

Rezago educativo

38.0

1,763.1

35.0

1,687.6

Carencia por acceso a los servicios de salud

52.2

2,423.1

36.5

1,758.3

Carencia por acceso a la seguridad social

85.4

3,966.3

82.4

3,970.0

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

38.4

1,780.8

33.2

1,602.5

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

36.3

1,685.1

34.1

1,642.1

Carencia por acceso a la alimentación

26.2

1,216.8

30.3

1,460.9

Guerrero

Años

2008

2010

Indicadores

%

Miles de Personas

%

Miles de Personas

Población Total

3,388,768

Pobreza moderada

37.0

1,236.3

38.6

1,309.2

Pobreza extrema

31.3

1,046.0

28.8

977.2

Rezago educativo

28.5

951.4

28.3

958.4

Carencia por acceso a los servicios de salud

57.7

1,925.4

39.6

1,342.0

Carencia por acceso a la seguridad social

81.2

2,708.7

78.4

2,659.4

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

44.7

1,491.3

40.6

1,374.9

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

46.2

1,540.6

40.1

1,358.7

Carencia por acceso a la alimentación

34.0

1,134.0

42.6

1,443.3

Oaxaca

Años

2008

2010

Indicadores

%

Miles de Personas

%

Miles de Personas

Población Total

3,801,962

Pobreza moderada

34.1

1,274.8

40.5

1,543.9

Pobreza extrema

27.7

1,035.6

26.6

1,013.5

Rezago educativo

30.6

1,144.7

30.3

1,152.1

Carencia por acceso a los servicios de salud

56.2

2,102.0

39.9

1,518.1

Carencia por acceso a la seguridad social

80.4

3,006.1

79.7

3,033.8

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

38.2

1,428.6

34.1

1,299.4

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

48.5

1,812.0

41.4

1,575.8

Carencia por acceso a la alimentación

28.6

1,068.2

26.6

1,014.0

Puebla

Años

2008

2010

Indicadores

%

Miles de Personas

%

Miles de Personas

Población Total

5,779,829

Pobreza moderada

46.4

2,627.2

46.1

2,670.3

Pobreza extrema

18.3

1,033.9

14.9

863.8

Rezago educativo

25.7

1,455.5

25.0

1,448.4

Carencia por acceso a los servicios de salud

57.8

3,272.1

41.8

2,421.3

Carencia por acceso a la seguridad social

78.0

4,417.0

71.9

4,163.4

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

22.5

1,276.2

19.4

1,123.0

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

33.1

1,871.6

23.2

1,344.5

Carencia por acceso a la alimentación

27.1

1,531.8

27.4

1,589.5

Quintana Roo

Años

2008

2010

Indicadores

%

Miles de Personas

%

Miles de Personas

Población Total

1,325,578

Pobreza moderada

27.1

334.9

29.8

399.7

Pobreza extrema

6.9

85.4

4.7

63.5

Rezago educativo

18.7

230.6

18.2

244.1

Carencia por acceso a los servicios de salud

38.9

480.4

27.8

372.8

Carencia por acceso a la seguridad social

58.4

721.8

53.6

718.8

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

25.7

317.8

21.6

289.3

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

6.4

78.8

5.3

71.4

Carencia por acceso a la alimentación

14.8

182.4

21.7

291.4

Tabasco

Años

2008

2010

Indicadores

%

Miles de Personas

%

Miles de Personas

Población Total

2,238,603

Pobreza moderada

40.7

885.4

46.2

1,036.4

Pobreza extrema

13.1

285.7

11.0

247.3

Rezago educativo

21.5

467.9

19.9

445.9

Carencia por acceso a los servicios de salud

27.3

594.7

25.6

575.3

Carencia por acceso a la seguridad social

77.5

1,687.4

73.3

1,645.5

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

17.4

378.5

21.7

487.2

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

20.1

438.4

23.6

529.5

Carencia por acceso a la alimentación

34.5

749.9

33.3

748.7

Veracruz

Años

2008

2010

Indicadores

%

Miles de Personas

%

Miles de Personas

Población Total

7,643,194

Pobreza moderada

35.3

2,651.7

40.1

3,068.3

Pobreza extrema

16.0

1,203.3

18.1

1,386.4

Rezago educativo

28.5

2,137.9

26.1

1,997.7

Carencia por acceso a los servicios de salud

44.5

3,344.6

36.9

2,818.5

Carencia por acceso a la seguridad social

72.1

5,416.4

69.8

5,338.6

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

30.4

2,286.3

24.5

1,869.9

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

35.9

2,697.5

29.5

2,252.4

Carencia por acceso a la alimentación

25.6

1,921.0

26.5

2,024.6

Yucatán

Años

2008

2010

Indicadores

%

Miles de Personas

%

Miles de Personas

Población Total

1,955,577

Pobreza moderada

38.5

731.5

38.1

746.1

Pobreza extrema

8.2

156.1

9.8

191.0

Rezago educativo

26.2

498.1

24.6

482.2

Carencia por acceso a los servicios de salud

29.2

555.6

22.4

438.3

Carencia por acceso a la seguridad social

61.0

1,159.0

56.8

1,111.8

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

24.3

462.2

19.5

381.0

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

28.9

549.2

20.7

405.6

Carencia por acceso a la alimentación

16.2

308.3

21.4

418.7

Apoyamos estas conclusiones en la información oficial de pobreza extrema del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuya fuente nos señala que en los nueve estados que conforman la zona sur-sureste, viven 6 millones 423 mil personas en condiciones de pobreza extrema, es decir, el 55% de la población nacional en esa condición. Sin embargo, el programa solo incluye a 295 municipios de la zona, en ellos, 3 municipios de Campeche, 55 de Chiapas, 46 de Guerrero, 133 de Oaxaca, 14 de Puebla, 2 de Quintana Roo, 7 de Tabasco, 33 de Veracruz y 2 de Yucatán.

De entrada se omite el hecho de que en la zona sur-sureste existen 326 municipios donde más del 50% y hasta el 100% de la población viven en pobreza extrema, así como 557 municipios donde más del 25% y hasta el 50% de la población vive en pobreza extrema.

En los diez estados fuera de la zona sur-sureste donde este año se celebran elecciones se concentran el 13% de la población en pobreza extrema del país, y se incluyen 35 municipios, sin embargo no existe en Aguascalientes un solo municipio donde el 50% o más de su población viva en pobreza extrema, misma situación para Baja California, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. En Chihuahua existen 3 municipios con 50% y hasta 75% de población en pobreza extrema, en Durango e Hidalgo solo un municipio con estas características.

De esta forma, tenemos que en las entidades fuera de la zona sur-sureste donde este año habrá elecciones realmente deberían ser incluidos en el programa 5 municipios con pobreza extrema y no los 35 que se plantean incluir.

No puede omitirse señalar que en el Distrito Federal, aunque este año no tiene proceso electoral, se está considerando dentro de la Cruzada a las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón; empero, no existe una sola delegación en el Distrito Federal donde el 25% o más de su población sufra de pobreza extrema, más aún, en el Distrito Federal habita únicamente el 1.64% de la población en pobreza extrema del país.

El crecimiento económico medido por el PIB en ninguna de las economías del Sur ha probado tener capacidad suficiente para mejorar los niveles de vida de la población, particularmente la de los más pobres. Por eso, estamos planteando ni más ni menos que convertir al desarrollo social en el eje articulador de todas las políticas públicas que tengan incidencia en estas entidades. El desarrollo social debe representar, en los estados del sur, la principal palanca de su desarrollo.

Para superar los rezagos sociales que enfrentan las entidades del sur-sureste es necesario formular y poner en marcha un nuevo modelo que, en su componente económico, posea dos vertientes: la primera, pensada para apoyar a las empresas vinculadas a los mercados externos con el propósito de que éstas compitan con eficacia y puedan exportar sus productos; en tanto que la segunda, debe estructurarse de tal manera que sea capaz de ofrecer apoyos y estímulos a sectores y ramas productivas atrasadas que tengan la posibilidad de dar cabida a proyectos locales, que además de involucrar la participación de la sociedad civil y de las comunidades indígenas, tengan pensada su oferta para abastecer a los mercados locales.

Un enfoque de esta naturaleza plantea la necesidad de establecer acciones en dos sentidos:

1) asignar los recursos presupuestales a prioridades sociales, un gasto social imprudentemente asignado, como obras suntuosas de infraestructura cuando existen viviendas sin los servicios elementales u hospitales urbanos cuando en el campo no se dispone de atención médica básica, son ejemplos de un gasto social que aunque alto, no tendrá impactos positivos en la condiciones de vida de la mayor parte de la población y;

2) sin perder la estabilidad financiera y el equilibrio macroeconómico, es indispensable ampliar la dotación de recursos financieros para que los estados del Sur puedan implementar una política social de alto impacto y de largo plazo.

El modelo que necesita el Sur en materia de desarrollo social tiene que estar caracterizado por una alta eficiencia social. No es suficiente gastar más en salud, es indispensable gastar en salud para los más pobres. No basta con asignar más recursos a educación, lo prioritario es alfabetizar y ofrecer una educación básica de calidad mediante la cual se fortalezcan valores sociales, culturales y de respeto a la naturaleza, lo cual dicho sea de paso, ya se encuentran presentes en las comunidades indígenas.

Después de hacer un recuento de los errores de anteriores programas sociales, podemos afirmar con solvencia técnica que para el Sur no son suficientes los programas focalizados contra la pobreza, quienes solo podrán resolver temporal y fragmentariamente algunas de las muchas necesidades que se tiene. Para mejorar el nivel de desarrollo social de la población del Sur es indispensable proponer programas innovadores que surjan de la propia base social que los demanda y, para ello, es prioritario que los pobres se transformen en sujetos activos de su desarrollo económico y social.

Aunado a lo anterior, resulta imperativo incluir dentro de la lista de municipios que fueron excluidos en la Cruzada contra el Hambre a los estados de Morelos, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas por contar con localidades de alta marginalidad, el nivel económico es desproporcionado con su territorio y producción que trae como consecuencia altos índices de pobreza extrema, toda vez que, el Gobierno Federal ha omitido su participación en programas sociales por no estar ubicado ni en el norte del país ni en el sur del mismo.

En vista de lo anterior, se presenta ante esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la presidencia de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, a fin de integrar y reprogramar en los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a todos los municipios que integran la región sur-sureste del país, conformada por los Estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, así como los estados de Morelos, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas , por ser en estas entidades federativas donde se encuentran las localidades más pobres de México, de los cuales solo fueron seleccionados un pequeño porcentaje en detrimento del mayor rezago alimentario y de pobreza extrema existentes en ellos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de marzo de 2013.

Atentamente,

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Luz María Beristaín Navarrete.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.- Sen. Víctor Manuel Camacho Solís.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Luis Sánchez Jiménez.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. David Monreal Avila”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Benjamín Robles Montoya. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a incluir en los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, un capítulo para que exista un programa permanente de reinserción de migrantes que retornan a su país.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente, con su venia. Honorable Asamblea:

A nombre propio y del Partido del Trabajo, una vez más gracias a los medios de comunicación que nos tienen puntualmente enterados, supimos en una conferencia de prensa que se declaró que no existen en nuestro país ni un programa de reinserción para los mexicanos que retornan por su propia voluntad o son deportados.

El titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el licenciado Arnulfo Valdivia Machuca, así lo reconoció, esta declaración viene muy puntual en estos días, en donde se ha abierto la consulta para el Plan Nacional de Desarrollo que sustentará en este sexenio el actual gobierno.

Asimismo, el escenario sobre la reforma migratoria estadounidense que se encuentra en proceso de cabildeo prevé que habrá, desde el país vecino, operativos de repatriación más acuciosos.

El propio Instituto de los Mexicanos en el Exterior, declara que tan sólo en 2012 volvieron más de 400,000 mexicanos después de haber estudiado y trabajado en Estados Unidos durante años, algunos con becas para continuar estudiando en algunas universidades de aquel país, otros con experiencia laboral equiparable a la de cualquier obrero calificado, pero no encuentran en México un programa de reinserción.

La mayoría vuelve con una serie de habilidades, como el manejo de idioma inglés, pero todo el esfuerzo académico y laboral termina, en el mejor de los casos, con un salario mínimo atendiendo llamadas en un call center o dando clases particulares de inglés o de otras áreas.

Lo más grave del caso es que el poder de captación del crimen organizado sí tiene un interésmayúsculo en las personas repatriadas, pues valoran el conocimiento y la experiencia que tienen y son conscientes del estado de desesperación en el cual se encuentran al ser repatriados y no encuentran el apoyo institucional, y sí reiteradas negativas a aceptarlos, por lo que el reclutamiento del crimen organizado se favorece.

Este inicio de sexenio es propicio para subsanar omisiones institucionales, hay que iniciar con los cambios necesarios para llevar a cabo un proceso de repatriación sistematizado que cuente con los elementos organizativos contemporáneos para que la reincorporación de mexicanas y mexicanos que fueron ya expulsados por causas económicas, sean finalmente integrados a la planta laboral mexicana, con seguridad y seguimiento.

Ya reconocido en el ámbito nacional e internacional que nuestro sistema económico es un sistema expulsor de trabajadores que por diversos motivos no ha logrado crear condiciones propicias para frenar esa expulsión sistemática que propicia la economía y la inseguridad mexicana.

Asimismo, no hay un proceso de condiciones visible para que el tránsito migrante interno e internacional tenga alguna seguridad, y mucho menos para que los deportados o los migrantes regresen voluntariamente y tengan seguridady una recepción digna.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Unico. El Pleno del Senado de la República exhorta al Presidente de la República a incluir en los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo un capítulo para que exista un programa permanente de reinserción de migrantes que retornan a su país.

Es cuanto, señor Presidente, gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A INCLUIR EN LOS PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 UN CAPITULO PARA QUE EXISTA UN PROGRAMA PERMANENTE DE REINSERCION DE MIGRANTES QUE RETORNAN A SU PAIS

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A INCLUIR EN LOS PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, UN CAPITULO PARA QUE EXISTA UN PROGRAMA PERMANENTE DE REINSERCION DE MIGRANTES QUE RETORNAN A SU PAIS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Una vez más gracias a los medios de comunicación que nos tienen puntualmente enterados, supimos que en una conferencia de prensa, se declaró que no existe en nuestro país un programa de reinserción para los mexicanos que retornan por su voluntad o son deportados. El titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, el licenciado Arnulfo Valdivia Machuca, así lo reconoció. Esta declaración viene muy puntual en estos días en donde se ha abierto la consulta para el Plan Nacional de Desarrollo que sustentará en este sexenio el actual gobierno. Asimismo el escenario sobre la Reforma Migratoria estadounidense que se encuentra en proceso de cabildeo, prevé que habrá desde el país vecino operativos de repatriación más acuciosos.

2.- El propio Instituto de Mexicanos en el Exterior declara que tan sólo en 2012 volvieron al país 400 mil mexicanos, después de haber estudiado y trabajado en Estados Unidos durante años. Algunos con becas para continuar estudios en alguna universidad de aquel país, otros con experiencia laboral equiparable a la de cualquier obrero calificado, pero no encuentran en México un programa de reinserción. La mayoría vuelve con una serie de habilidades, como el manejo del idioma inglés, pero todo el esfuerzo académico y laboral termina, en el mejor de los casos, con un salario mínimo, atendiendo llamadas en call centers o dando clases particulares.

Lo más grave del caso es que el poder de captación del crimen organizado sí tiene un interés mayúsculo en las personas repatriadas pues valoran el conocimiento y la experiencia que tienen y son conscientes del estado de desesperación de los repatriados que no encuentran apoyo institucional y sí reiteradas negativas a aceptarlos por lo que el reclutamiento del crimen organizado se favorece.

3.- Este inicio de sexenio es propicio para subsanar omisiones institucionales. Hay que iniciar con los cambios necesarios para llevar a cabo un proceso de repatriación sistematizado que cuente con los elementos organizativos contemporáneos para que la reincorporación de mexicanas y mexicanos que fueron ya expulsados por causas económicas, sean finalmente integrados a la planta laboral mexicana con seguridad y seguimiento.

4.-Ya es reconocido en el ámbito nacional e internacional que nuestro sistema económico es un sistema expulsor de trabajadores que por diversos motivos no ha logrado crear condiciones propicias para frenar esa expulsión sistémica que propicia la economía y la inseguridad mexicana; asimismo no hay un proceso de condiciones visible para que el tránsito migrante interno e internacional tenga alguna seguridad, mucho menos para que los deportados o los migrantes que regresen voluntariamente tengan alguna seguridad de una reinserción digna.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A INCLUIR EN LOS PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO UN CAPITULO PARA QUE EXISTA UN PROGRAMA PERMANENTE DE REINSERCION DE MIGRANTES QUE RETORNAN A SU PAIS.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de marzo de 2013.

Atentamente”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Ana Guevara. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Layda Sansores San Román, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones para que sea revocado de su cargo el Comisionado del Instituto Nacional de Migración.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Nuestro punto de Acuerdo es para respaldar la solicitud de 50 Organizaciones No Gubernamentales a favor de los migrantes,exigiendo la destitución de Ardelio Vargas Fosado al frente del Instituto Nacional de Migración, su nombramiento contradice los Acuerdos unánimes del Congreso que en 2011 aprobó la Ley de Migración, con una clara perspectiva de respeto a los derechos humanos, uno es uno y su historia y el perfil policiaco militar de Ardelio Vargas, además de su bien ganada reputación de represor, se interpreta como una decisión de seguir criminalizando a los migrantes. En Chiapas participó en el operativo “Arcoíris” que se encargó de expulsar el mayor número de migrantes en nuestra historia, y él es uno de los responsables de la represión de Atenco.

¿Qué explicación da el gobierno ante esta contradicción? Por un lado el gobierno mexicano ofrece disculpas por los excesos de Atenco y por el otro nombra a uno de los dirigentes de esa represión como comisionado del instituto.

Peña Nieto se vanaglorió de haber hecho lo correcto en Atenco, a confesión de parte relevo de pruebas, así que cómo quiere que creamos que hay un cambio en las políticas públicas del actual régimen.

El Instituto Nacional de Migración debe ser una instancia de trámite administrativo y no una instancia de seguridad nacional. Por cierto que la atención a los migrantes documentados es caótica, deplorable, me consta, estuve ahí en las oficinas, largas colas, cuatro horas para que lleguen y digan que perdieron sus documentos, no hay un lugar donde sentarse porque dicen que la actual delegada se llevó todo el mobiliario, pero bueno, reconocemos que el nuevo delegado dio la cara y expresó la voluntadde dar orden y celeridad a los trámites.

Eso es un paréntesis.

Esos representantes de más de 50 organizaciones, encabezados por el Padre Solalinde y el Padre Heyman Vázquez, estuvieron aquí en el Senado en días pasados y denunciaron la persecución que sufren los migrantes, a aquellos que cruzan nuestro territorio en busca de un horizonte más amplio, y precisaron que quien más abusa de ellos no son los Zetas, sino es la propia autoridad que en complicidad con todos estos secuestradores, violadores,han violado los derechos humanos de los migrantes, quienes deberían de protegernos.

Con qué cara levantamos la mano para exigir a Estados Unidos respeto para nuestros conciudadanos y mientras con el pie estamos pisoteando a diario los derechos fundamentales de los migrantes que pasan por nuestro territorio, no solamente se les hiere en su dignidad, sino muchas veces acaban con su vida.

Los migrantes se han convertido en seres muy vulnerables, en Estados Unidos levantan muros y en México tumbas para tratar de detener la migración, no es por ahí, habrá que diseñar nuevas estrategias de desarrollo regional que promuevan la creación de empleos. Por lo pronto, hay que poner fin a la tragedia de los miles de valientes que cruzan nuestro territorio sólo para aprender que en los caminos de México, su vida no vale nada.

Y termino por concluir, porque dándole vueltas, creo que se puede ir Ardelio y vendrá Juan Ardelio, el Instituto de Migración ha sido muy cuestionado y es hora de plantearse si debe seguir existiendo, ya que para colmo hoy, hasta parió la abuela y nos ponen a Ardelio Vargas o un represor como comisionado.

El Instituto no sirve ya para lo que fue creado, está agujereado por todos lados, por la corrupción, por la ineptitud, porque han criminalizado a los migrantes, cuando una institución está podrida, está podrida, no hay nada qué hacer, pues que sirva de abono para que surja una institución nueva, renovada, que responda a esa realidad social que hoy vivimos los mexicanos.

Gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A GIRAR SUS INSTRUCCIONES PARA QUE SEA REVOCADO DE SU CARGO EL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, EN VIRTUD DE SU CUESTIONADA TRAYECTORIA DE NO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

La que suscribe, Senadora Layda Sansores San Román, integrante del Partido Movimiento Ciudadano a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la propuesta con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La designación de un represor probado al frente del Instituto Nacional de Migración, solo puede tener como resultado lo contrario de lo que se dice buscar en el discurso oficial, y en lo expresado como voluntad política del nuevo ejecutivo federal.

De las minutas de las sesiones tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, en las cuales se aprobó por unanimidad la Ley de Migración, extraemos algunos de los pronunciamientos de los legisladores que nos ilustran de sus intenciones.

“Que no nos venza la euforia, porque las leyes tienen una dimensión que son la de la realidad, por eso habrá que anticipar que el Ejecutivo Federal cumpla con su parte; hay cosas que el Legislativo debe y puede hacer, pero hay otras que el Legislativo no puede hacer... por eso coincidimos que en todo caso más que convertir a la Ley de Migración en un instrumento de Seguridad Pública, sea un instrumento que ponga equilibrio a una política de estado sobre el tema de población y migración más, repito, que de seguridad pública”.

“No abrigamos la esperanza, registramos nuestra responsabilidad de que el Ejecutivo Federal tiene que conservar el espíritu de protección contenido en la Ley de Migración”.

“Porque a leyes comprometidas con los derechos humanos, deben corresponder agentes migratorios comprometidos con los derechos humanos, a leyes comprometidas con la migración como visión de desarrollo debe corresponder una política exterior activa, que con el apoyo del Legislativo exija en Estados Unidos una reforma migratoria que respete plenamente los derechos humanos de los migrantes y que reconozca que el trabajo de los que emigran ese país es necesario para la integración de la economía regional”.

No hay lugar a dudas al interpretar la voluntad del legislador que aprobó una Ley de Migración sustentada en los más altos ideales de respeto al ser humano. Sin embargo, ignorando el espíritu y la doctrina de la Ley, Peña Nieto le envía un mensaje a todos los centroamericanos que circulan por nuestro país tratando de buscar un futuro mejor, y ese mensaje va con nombre y apellido: Ardelio Vargas Fosado.

Ardelio Vargas, siendo diputado federal por el PRI, dejó su curul por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Puebla. Ahora, se separa de este cargo para integrarse al equipo de Peña Nieto como Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

En su trayectoria destaca la represión del 23 de agosto de 2011 contra campesinos de Chignahuapan que defendían sus tierras. El exsecretario de Seguridad Pública de Puebla llegó a justificar su talante brutal aduciendo que sólo aplicaba la ley.

Durante el violento desalojo de campesinos, un grupo de periodistas fue agredido por policías estatales. Vargas confirmó que ordenó el ataque contra reporteros y fotoperiodistas que perpetraron los uniformados.

“Yo opero de manera muy puntual. Cuando estoy operando tengo que estar cuidando la integridad de mi gente, y bueno, si no se identifican y si no sé quiénes son, pues con la pena, mano, pues yo estoy operando y yo tengo que apoyar tanto la integridad física de mi gente como la operación que estoy realizando”, expresó el 6 de diciembre, cuando admitió su autoría en los hechos.

Cuando los reporteros le preguntaron si una grabadora o una cámara podían considerarse armas o instrumentos para agredir a los policías, Vargas Fosado replicó: “Si no traes una identificación, donde te encuentre en una operación y me estás agrediendo, tendré que tomar medidas de control (...) ustedes no saben qué agresión hubo en ese lugar”.

Ardelio Vargas trabajó como Delegado en Chiapas y Oaxaca y como Director de Investigación y de Seguridad del Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN); fue Jefe del Estado Mayor y Comisionado de la Policía Federal Preventiva, responsable de los principales operativos en conflictos como los de San Salvador Atenco, Estado de México, y la APPO en Oaxaca, ambos en 2006, que derivaron en múltiples acusaciones de abusos cometidos por las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno.

El mensaje es claro, el Instituto Nacional de Migración (INM) pasa a ser una instancia policial más, en manos de un personaje que dirigió operativos policíacos que resultaron en torturas, asesinatos y detenciones arbitrarias. Al de por sí cuestionado INM llega un personaje que mientras se dedicaba a golpear movimientos, bajo las órdenes de gobernador poblano, permitía el avance y el asentamiento del crimen organizado en el norte de Puebla. Ardelio Vargas, llega al gobierno de Enrique Peña Nieto para perseguir y reprimir a los migrantes por el grave delito de viajar sin papeles, porque si algo ha quedado claro en todos estos años es que Vargas Fosado la única forma de acción que conoce y disfruta es la violencia.

Enrique Peña Nieto, a quien persigue la sombra de San Salvador Atenco, nunca se arrepintió de ordenar la represión en ese poblado, que sigue siendo una herida abierta. El caso valió una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando directamente a Ardelio Vargas, y en julio de 2012, en Nueva York, un informe ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), señalando, entre otras violaciones graves a los derechos humanos, la impunidad en las torturas sexuales contra las mujeres durante el operativo”.

Como en 2006 en Atenco, vuelven a estar juntos Enrique Peña Nieto y Ardelio Vargas Fosado, uno para posar ante las cámaras y el otro para golpear detrás de ellas. Ahora, el Atenco de 2006 será Centroamérica de 2013.

En su primera declaración como Comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado aseguró que “el fenómeno migratorio es un tema de seguridad nacional”, y que “se debe plantear de manera urgente, pero responsable, una amplia reforma migratoria acorde a una nueva realidad basada en el servicio y la atención al migrante”. Dijo también que habría que atender el tema de la inseguridad en aquellos lugares donde los grupos de migrantes han sido objeto de la delincuencia; combatir el tráfico y la trata de personas, realizados por los grupos de la delincuencia organizada.

Ardelio está equivocado. El tema de la migración en México no es un asunto de seguridad nacional, quizá lo sea en los Estados Unidos, pero aquí es un tema social y de derechos humanos que tiene su origen en la desigual distribución de la riqueza. En el peor de los casos, el ingreso indocumentado al país es sólo una falta administrativa.

Es que hay que tener en cuenta que Ardelio Vargas Fosado condujo el operativo “arcoíris” en Chiapas, como Delegado del CISEN en esa entidad, en tiempo en donde se deportaron más extranjeros en medio del conflicto zapatistas.

Después como delegado del CISEN Llevaría su accionar represivo a Oaxaca donde se encargaría de perseguir y encarcelar a indígenas Loxichas.

Asuntos de seguridad nacional -que no son competencia del INM- son, entre otros, el tráfico de drogas, de armas, de personas, la trata y el terrorismo, la delincuencia organizada, no los migrantes, no la política migratoria.

En la toma de posesión del segundo periodo de gobierno del Presidente Obama, anunció que una de sus mayores prioridades es el tema migratorio. Breve pero conciso, Obama hizo “un renovado llamamiento a la unión y en defensa de los derechos de los inmigrantes”. “Nuestro camino no estará completo --expresó-- en tanto no encontremos una mejor manera de dar la bienvenida a los esperanzados inmigrantes que siguen viendo a Estados Unidos como la tierra de la oportunidad”.

En México, meses antes, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, había sentado una posición sobre el mismo tema. Enfáticamente había dicho: “El fenómeno migratorio tiene que ser visto desde una perspectiva integral; nunca podrá ser contenido por muros o programas policiales…Atenderemos el tema migratorio desde la perspectiva del desarrollo…”

Acorde con esa posición, sentada por el actual titular del poder ejecutivo en México, se dijo también que “es tarea fundamental del estado, ordenar, administrar y garantizar la seguridad de cada persona involucrada en el fenómeno de la migración internacional, establecer los Acuerdos regionales necesarios para proteger a los mexicanos en el exterior, así como a los transmigrantes que cruzan nuestro territorio…”

Más aún, el entonces candidato y hoy ejecutivo, agregó que “nos pronunciaremos contra toda forma de discriminación, racismo, intolerancia y violencia”; y porque “se asuma la migración no como un problema sino como un fenómeno de orden mundial”, y para que se mantengan relaciones armónicas entre los organismos de la sociedad civil que participan en la defensa de los derechos de los migrantes y las instituciones del estado. Puntualizando que: “Haremos partícipe a la sociedad civil en la elaboración de políticas migratorias, especialmente de las organizaciones que colaboran directamente con ellos”.

Aunado a ello, el equipo de transición, encargado del tema migratorio, se reunió con redes y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan a favor de los derechos de las personas migrantes.; recibió nuestras opiniones y propuestas sobre los principales retos en la materia y cómo afrontarlos; y se comprometió a retroalimentar esas propuestas y a abrir un mecanismo de participación.

Hasta el momento, el gobierno de Peña Nieto ha incumplido estos compromisos, por lo que identificamos un limbo y señales preocupantes

• El Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Consejo Ciudadano del INM no han sido convocados a sesionar. Su instalación ha sido resultado de las demandas de la sociedad civil por encontrar mecanismos de participación en la elaboración de políticas y para transparentar y evaluar la actuación del INM y en general de las políticas y programas en la materia. Su activación es fundamental y significaría una necesaria muestra de voluntad política para darle al tema migratorio la prioridad que requiere y merece.

• No hay señales claras de cuál va a ser el mecanismo de participación para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ni para el Programa Nacional de Migración. Consideramos fundamental que tal mecanismo sea accesible para las y los mexicanos en el exterior. Se desconoce el enfoque que tendrá el tema migratorio para la presente administración.

• La agenda de atención a la problemática de las y los connacionales en el exterior o en retorno y sus comunidades de origen no está en el debate tampoco.

Por lo anterior, exhortamos al gobierno federal a dar muestra del interés y la voluntad política que urgentemente merece y necesita el tema migratorio en el país: retomando el diálogo con la sociedad civil y facilitando su participación en la elaboración del PND 2013-2018 en aspectos relacionados con el tema migratorio; proponiendo un Programa Nacional de Migración que de coherencia y coordinación a la acción pública en la materia; y consolidando los mecanismos de participación ciudadana que representan los Consejos de Política Migratoria y el Ciudadano.

Punto de Acuerdo

Unico. Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al poder ejecutivo federal, gire sus instrucciones para que sea revocado de su cargo el comisionado del Instituto Nacional de Migración: Sr. Lic. Ardelio Vargas Fosado. Esto en Virtud de su cuestionada trayectoria de no respeto a los derechos humanos.

Cámara de Senadores, a 19 de marzo de 2013.

Sen. Layda Sansores San Román”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Layda Sansores. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a instrumentar un programa nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país.

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Muchas gracias; compañeras y compañeros:

La nación mexicana tiene un compromiso pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, no obstante, viven en condiciones de pobreza, marginación y desempleo, la regularización de la tenencia de la tierra y su consecuente proceso de certificación debe reflejarse en la potencial producción de riqueza a partir, de la propiedad ejidal y comunal, con base en la inversión pública y privadacomo un binomio exitoso.

El artículo 27 constitucional en su fracción VII, reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal y protege su propiedad sobre la tierra, especialmente la integridad de las que poseen los grupos indígenas.

En este contexto, la Ley Agraria contempla en su artículo 106, que las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidos por las autoridades en los términos de la ley que reglamente el artículo 4o. constitucional y el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 constitucional.

Sin embargo, en la práctica esto se traduce en un vacío en el ámbito de seguridad a los individuos en posesión de sus tierras. De ahí la importancia de la regularización de la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas para dotar de certeza jurídica a fin de usar y disponer de este legítimo derecho de propiedad comunal o ejidal.

Quienes venimos de estados con municipios de una gran concentración indígena, sabemos que la tierra para los pueblos indígenas representa algo más que el hábitat natural, representa la raíz de la comunidad, la identidad y la cultura como elemento de existencia.

Las acciones de regularización y titulación deben constituir oportunidades que permitan promover el acceso a los grupos que suelen ser más vulnerables, como ya se han dicho, sin duda los pueblos indígenas.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señala como atribución de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la regularización de la tenencia de la tierra, de conformidad también con el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo de la Unión para que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se instrumente un programa nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país, como parte integral de las políticas públicas de resolución de la tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos indígenas, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Solicito, señor Presidente, se incorpore al Diario de los Debates el texto íntegro de esta proposición.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DE LA UNION A INSTRUMENTAR UN PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION DE TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PAÍS, COMO PARTE INTEGRAL DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA, DESARROLLO AGRARIO Y ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS, EN EL MARCO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE.



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- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Pérez Magaña. Como lo solicita, su proposición se integraplenamente.

Sonido en el escaño del Senador Robles Montoya, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Gracias. Sólo para rogarle que a través de su conducto, si el compañero Eviel Pérez Magaña autoriza que suscribamos con él este importante punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Está de acuerdo, Senador?

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: (Desde su escaño) De acuerdo.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Se turna a las Comisiones de Asuntos Indígenas.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los poderes del estado de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía del municipio de Tinum.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

El respeto a la autonomía municipal es uno de los temas más concurridos en los discursos de los gobiernos de los estados, pero uno de los más reprimidos política y económicamente en los hechos, más aún cuando esos municipios son gobernados por alcaldes o alcaldesas no afines al gobernador en turno.

Precisamente el día de hoy en Yucatán se presenta un caso de vejación a la soberanía municipal por parte del gobierno estatal, hacia un municipio gobernado por una mujer joven ganadora en las urnas por voluntad de la gente y postulada por el Partido Acción Nacional.

Me refiero a Tinum, Yucatán, asiento de una de las siete maravillas del mundo moderno, el castillo de Kukulkán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, herencia de los mayas.

En efecto, en estos momentos se encuentra impedido el acceso al local que ocupan dos edificios públicos municipales en la comisaría de Pisté, San Francisco, donde no pueden acceder ni la alcaldesa ni los regidores de todos los partidos políticos porque está bloqueado por elementos de la policía estatal fuertemente armados.

El motivo, la resistencia de ciudadanos a pagar contribuciones municipales establecidas mediante una ley debidamente aprobada por el congreso estatal, para regular el funcionamiento de establecimientos comerciales que ofrecen servicios a los turistas de todo el mundo que visitan nuestros vestigios mayas, ese es el argumento que el gobierno del estado estima suficiente para mantener desde el 24 de febrero pasado la presencia de la fuerza pública e impedir el paso a la autoridad municipal y constitucionalmente electa, protegiendo con ella a quienes se resisten a la aplicación de las normas, pero comulgan con un partido, el del gobernador, y sobre todo, promueve la libre vulneración de la ley cuando así conviene.

Por ello resulta muy interesante observar cómo los discursos, los eventos multitudinarios del gobierno estatal de Yucatán, televisados o cubiertos por la prensa, está lleno de loas y reconocimientos a la labor del gobierno de la República y a su titular, al grado que ponen de ejemplo y guía a Enrique Peña Nieto, pero en los hechos se conducen de forma contraria, contraria a una disposición de diálogo y a la búsqueda de soluciones a las diferencias por medio de la palabra.

Congruencia es lo que habría que solicitarle a los encargados del gobierno yucateco, si su ejemplo es el titular del Ejecutivo Federal, quien ha suscrito el Pacto por México con diversas fuerzas políticas, estimo que disponer de policias estatales para impedir el acceso a una alcaldesa a los edificios públicos municipales, es todo lo contrario al Pacto por México.

No debemos olvidar que recientemente en el Senado de la República tuvimos la visita de la administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, misma quien tuvo como objetivo promover la importancia de la participación de la mujer en política, ante esto, me pregunto, ¿cómo promover esa participación entre nuestras ciudadanas, si al acceder a cargos importantes en la política se enfrentan a un sistema misógino que les priva de todo apoyo para el ejercicio de su función?

¿Cómo promover en Yucatán la digna participación de la mujer en política, cundo pide la colaboración de un hombre para su gobierno y esta le es negada? Por ello, como legisladora, pero sobre todo como mujer, pongo a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo, con los siguientes resolutivos.

Primero. Se exhorta a los poderes del estado de Yucatán a que respeten la autonomía y soberanía del municipio de Tinum, Yucatán, y sus autoridades constitucional y popularmente electas.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Yucatán, a través de su titular, a efecto de que garantice el acceso a las autoridades municipales constitucionalmente electas a los edificios públicos ubicados en las localidades de Tinum, Pisté y San Francisco, todas del municipio de Tinum.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Yucatán, a través de su titular, a que garantice la integridad física de las autoridades municipales constitucionalmente electas y que integran la administración pública de Tinum, Yucatán.

Cuarto. Se exhorta al Congreso del Estado de Yucatán, a través de su mesa directiva y a la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, a que respeten la autonomía del municipio de Tinum, así como la soberanía de sus autoridades y que del mismo modo desistan de cualquier tipo de intromisión, presencia política o incitación partidista a través de sus integrantes o personal adscrito hacia los habitantes de la comunidad.

Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Yucatán, a que respeten y hagan respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Yucatán, así como las normas emanadas de ambas, con amplio reconocimiento de los derechos humanos que las mismas reconocen.

Sexto. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Yucatán, a efecto que, después de haber facilitado el acceso a las autoridades municipales a los recintos públicos del municipio y garantizado la integridad física de las mismas, se retire de las plazas públicas del municipio, manteniéndose replegada en la base de concentración que posee, ubicada a las orillas de la autopista Mérida-Cancún.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PODERES DEL ESTADO DE YUCATAN A RESPETAR LA AUTONOMIA Y SOBERANIA DEL MUNICIPIO DE TINUM

“C. SENADOR PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, Rosa Adriana Díaz Lizama Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Tinum, Yucatán, con la simple enunciación, no resulta de trascendencia o importancia para muchos; sin embargo, se trata del municipio mexicano que alberga una de las siete maravillas del mundo moderno: el Castillo de Chichen Itzá.

La presencia de este importante atractivo turístico de México, conlleva el desarrollo de diversas actividades desempeñadas por parte de los pobladores que buscan día a día la mejora de las condiciones de vida de su familia; sin embargo, a la par de este desarrollo legítimo, se gestan en la comunidad intereses ajenos a la misma que pasan necesariamente por los factores económico y político, mismos intereses que cuando ven en la norma y la autoridad el sesgo a su libre expansión, buscan la desestabilización de la comunidad a través del engaño a los pobladores, más aun cuando la Presidencia Municipal, no es encabezada por alguna persona emanada del Partido Revolucionario Institucional.

A guisa de ejemplo, en el gobierno municipal anterior, postulado por Acción Nacional, se vivieron dos capítulos políticos en los que incluso se privó ilegalmente de la libertad al entonces Alcalde con la participación y complacencia de la policía del Gobierno del Estado, así como de otras acciones que derivaron en la interposición por parte del ayuntamiento de la Controversia Constitucional radicada en la Suprema Corte de Justicia bajo el número 105/2011. En dicho medio de control constitucional se acusa la invasión de la esfera de competencia municipal por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Yucatán, además de la constante violación a la facultad de autodeterminación, ocasionada por la constante presencia de actores políticos ajenos a la comunidad vinculados directamente con el Gobierno del Estado y por ende, con el Revolucionario Institucional, ambos haciendo uso de la fuerza pública para la protección de supuestos “ciudadanos” que con el quebranto del Estado de Derecho, buscaban la manipulación de las decisiones del Cabildo o, en la mejor de sus pretensiones, la desaparición del mismo.

Actualmente y producto del sufragio popular, el municipio se encuentra gobernado por una autoridad emanada de Acción Nacional, por lo que de nueva cuenta se presentan los intentos por parte del Congreso del Estado así como del Poder Ejecutivo por desestabilizar la administración pública encabezada por la C. Natalia Mis Mex, nuevamente con la parcial participación de la Policía Estatal.

En efecto, el nuevo intento de desestabilización en contra de la autoridad municipal, dio inicio el día 24 de Febrero del año en curso, cuando un grupo de aproximadamente 100 personas se apostaron a las puertas del edificio que ocupa la Comisaría de Pisté (en la que se ubica el Castillo Maya a Kukulkán), clausurando en forma indefinida el acceso al mismo, alegando infundadamente como sustento de su acción el supuesto cierre abusivo de su “centro de trabajo” al no contar el mismo con la documentación establecida por la normatividad municipal.

Posterior a la ilícita ocupación el ayuntamiento, por medio de su Alcaldesa, intentó generar el dialogo conciliatorio con las personas que se habían apostado a las puertas del edificio público, percibiendo que la mayoría de los “manifestantes” eran personas ajenas a la comunidad y al municipio, pero que se encontraban encabezadas y patrocinadas por el propietario de uno de los establecimientos irregulares clausurados.

Al día siguiente, en forma por demás diligente, se encontraba dispuesto a las puertas del inmueble municipal un fuerte operativo policiaco conformado por elementos de la Policía Estatal, quienes ante la petición de la alcaldesa de permitirle el acceso al edificio, se negaron alegando que para “evitar conflictos” debían impedir que accese a ejercer sus funciones como primera autoridad del municipio.

Desde entonces y a la fecha del presente acuerdo, la fuerza pública estatal se ha encargado de dar protección a los “ciudadanos” involucrados en la comisión del ilícito establecido en el Código Penal del Estado de Yucatán denominado “Delitos Contra el Orden Constitucional”, mismo que de acuerdo a la fracción VII del artículo 137 se tipifica en la forma que a continuación se establece:

VII. Impedir a las autoridades Administrativas, Legislativas, Jurisdiccionales o Municipales el libre acceso a las instalaciones en que deban realizar sus funciones.

EL RESALTADO ES PROPIO

Ante esta circunstancia, no puede sino afirmase el clientelismo político de la fuerza pública, consentida por el Ejecutivo Estatal, pues ante la flagrancia en la comisión del tipo penal acusado, y bajo un discurso falaz de “protección del orden público”, se permite la continuación al bloqueo de las instalaciones que ocupan los comisariados de Pisté y San Francisco, como consecuencia de la correcta aplicación de la normatividad municipal contra el funcionamiento irregular de diversos establecimientos de alimentos y bebidas al Turismo asistente a la comunidad.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Estatal legitima el quebrantamiento del Estado de Derecho, y las prescripciones a que la Carta Magna hace referencia en el quinto párrafo del artículo 21, en cuanto establece:

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Así pues, la Policía Estatal de Yucatán y el Poder Ejecutivo de la misma entidad federativa, al impedir a una autoridad constitucional y popularmente electa el acceso a los inmuebles municipales sin fundamento legal alguno, no pueden estar ajustando su actuar a los mandatos de la Constitución y sí, por el contrario, permiten el fortalecimiento de intereses contrarios a la paz y el desarrollo del pueblo, pero sobre todo el debilitamiento de la promoción turística de uno de los principales atractivos de nuestro país.

Del mismo modo, el Gobierno del Estado de Yucatán, al resguardar y proteger a las personas apostadas a las puertas de los inmuebles públicos, quebranta el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales que se expresa en el hecho que los Estados no pueden establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de las contribuciones que corresponde recaudar a los Municipios, siendo en los hechos que el Poder Ejecutivo respalda la falta de pago de las contribuciones municipales establecidas en Ley, generando con ello un perjuicio a la hacienda pública municipal afectando la recaudación que se tenía contemplada para proveer de mejores servicios y condiciones a la población de la localidad.

Asimismo, no pasa desapercibido para la suscrita el hecho que la omisión, o la desidia, del Gobierno del Estado en el apoyo y respaldo al gobierno encabezado legítimamente por una mujer de 22 años de edad es una clara muestra de intolerancia, misoginia, partidismo radical y represión.

Por ello, como mujer, como legisladora federal pero también como integrante del Consejo Rector del Pacto por México la proponente solicita congruencia a los priistas yucatecos, quienes llenan sus discursos de loas al C. Enrique Peña Nieto, mismo que enunció en días pasados, respaldado por los hechos que, “Nadie puede estar por encima de la Ley”.

En estas condiciones, y en tanto una ley se encuentra siendo quebrantada con el ilegal apoyo de la Policía Estatal, y de acuerdo al compromiso de respeto irrestricto a las distintas fuerzas políticas y sus gobiernos, es que se estima debe honrarse el ofrecimiento de diálogo y negociación institucional que se plasma en el Pacto por México, erradicando de los gobiernos afines al Revolucionario Institucional, en especial el del estado de Yucatán, la actuación y el uso partidista del poder, introduciendo en su actuar el reconocimiento del Derecho Positivo así como a los Derechos Humanos, tal y como al momento se ha conducido el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de la Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a los Poderes del Estado de Yucatán a que respeten la autonomía y Soberanía del municipio de Tinum, Yucatán y sus autoridades constitucional y popularmente electas.

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán, a través de su titular, a efecto que garantice el acceso de las autoridades municipales constitucionalmente electas a los edificios públicos ubicados en las localidades de Tinum, Pisté y San Francisco, todas del municipio de Tinum.

TERCERO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán, a través de su titular, a que garantice la integridad física de las autoridades municipales constitucionalmente electas y que integran la administración pública de Tinum, Yucatán.

CUARTO.- Se exhorta al Congreso del Estado de Yucatán, a través de su Mesa Directiva y la Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, a que respeten la autonomía del municipio de Tinum así como la soberanía de sus autoridades, y que del mismo modo desistan de cualquier tipo de intromisión, presencia política o incitación partidista, a través de sus integrantes o personal adscrito, hacia los habitantes de la comunidad.

QUINTO.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a que respeten y hagan respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Yucatán, así como las normas emanadas de ambas, con amplio reconocimiento a los Derechos Humanos que las mismas reconocen.

SEXTO.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a efecto que, después de haber facilitado el acceso de las autoridades municipales a los recintos públicos del municipio de Tinum y garantizado la integridad física de las mismas, se retire de las plazas públicas del municipio, manteniéndose replegada en la Base de concentración que posee, ubicada a las orillas de la Autopista Mérida-Cancún.

Dado en el Recinto del Senado de la República, a 12 de marzo de 2013.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Díaz Lizama. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Con fecha 19 de abril de 2012, esta Soberanía aprobó resolver sobre la tipificación de los feminicidios como delitos graves al determinar con penas de 40 a 60 años de prisión abstención y de quinientos a mil días de multa. El Senado consideró que comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y cuando la víctima presente signos de violencia sexual en cualquiera de sus manifestaciones.

De la misma manera, se advierte y se impone multa a quienes desde su función del servicio público entorpezca, muestre negligencia o retarde la administración y procuración de la justicia en los casos de feminicidios.

En esa ocasión, el entonces Senador Pablo Gómez en su intervención señaló: que toda la legislación penal hecha por hombres, está concebida como instrumento de esa opresión histórica sobre las mujeres, porque es enteramente patriarcal, está construido desde esa óptica, por lo que la vía de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, no es este derecho penal que padecemos.

La minuta que reforma el Código Penal Federal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, fue devuelta con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

En el año 2009, y con el objeto de coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia en el país y cumplir con los compromisos internacionales signados, se crea por Decreto presidencial la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recientemente la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, presentó en esta Soberanía un estudio de la CONAVIM, que registra el índice sobre feminicidios cometidos, principalmente en nueve entidades de la República.

Es competencia de esta Soberanía atender y dar seguimiento a lo suscrito por México a nivel internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem Do Pará, el Protocolo Facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, Protocolo de Palermo; el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, entre otras.

Senadoras y Senadores, el feminicidio no es otra cosa más que un crimen por razones de género, es, por así decirlo, la expresión más cruel y cruenta de una acción criminal; es la violencia presente contra toda mujer, no importando su condición social, política o económica, se trata de una forma de violencia que no debe ni puede ser soslayada, además de que hacerlo sería seguir tolerando y prohijando la impunidad. Encontramos, de acuerdo a la incidencia de feminicidios cuya cifra oscila, en virtud de que en México identificamos un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, generado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia en las distintas entidades, incluso en aquellas en que el feminicidio ya se encuentra tipificado.

Por ello, no es casual que, en la ciudad de México, la Asamblea Legislativa aprobara la tipificación del feminicidio como un delito autónomo y de acreditación objetiva, es decir, se tipifica con severas penas a quienes priven de la vida a una mujer por cuestión de género, sin embargo, encontramos casos de altísima preocupación como el Estado de México, en donde el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se ha negado a la solicitud de declarar una alerta por violencia de género por los casos de feminicidio. Esta solicitud fue realizada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una alianza constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 21 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, documentando que desde el inicio de la administración gubernamental pasada hasta el 2010, se registraron 1003 casos de presuntos feminicidios en la entidad, concentrándose el 54% en 10 municipios del Estado de México: Ecatepec de Morelos 118 casos; Netzahualcóyotl 71 casos; Tlalnepantla de Baz 53 casos; Toluca 45 casos; Chimalhuacán 42 casos; Naucalpan de Juárez 40 casos; Tultitlán 35 casos; Ixtapaluca 31 casos; Valle de Chalco 30 casos; y Cuautitlán Izcalli con 25 casos.

6 de cada 10 mujeres asesinadas en la entidad fueron victimadas en actos que implicaron un alto grado de violencia que evidencian el uso excesivo de la fuerza física y la saña que plasma la discriminación en las que fueron sometidas. La mayoría de los asesinatos de mujeres corresponde a jóvenes que tenían entre 11 y 30 años de edad, 46%, en el 56.72% de los crímenes las autoridades desconocen quién fue el homicida. Sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida, pareja, familiar o vecino, la autoridad conoce la identidad del victimario, el 35.47% lo han podido consignar, y es que la situación legal de los casos hasta el 2010, es que en 522 de ellos no se sabía quién las había asesinado ni las razones por las cuales se les privó de su vida, excusándose la autoridad en la falta de elementos para perseguir a los culpables y el desconocimiento de la identidad de muchas de las víctimas impiden ejecutar supuestamente acción penal contra los culpables.

Por los antecedentes citados y en virtud de que, aun cuando en la Cámara de Diputados, en la actual legislatura se acordó instalar una Comisión Especial contra Feminicidios, misma que pese al tremendo incremento del número de feminicidios no han acordado la fecha de instalación de dicha comisión, el Senado no puede ser omiso, además de que las mujeres debemos de pasar de ser una cifra más en la incidencia delictiva, debe, esta Soberanía, hacerse eco de la voz de miles de mujeres y sus familias y actuar en consecuencia.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Primero.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política analice la creación de la Comisión Especial de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, reflejando la pluralidad en este Senado.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por medio de la Secretaría de Gobernación, se incluya la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Es cuanto, señor Presidente.

Y quisiera hacer una mención. Quiero aprovechar este momento para agradecer a esta Soberanía por expresar sus más sentidas condolencias por las víctimas de la tragedia de mi estado, que es Tlaxcala, así como a los familiares de las víctimas, a mujeres, a hombres y a niños fallecidos, a todos ellos nuestra solidaridad respetuosa.

Quiero también aprovechar para agradecer a todos los gobernadores por su apoyo, su respaldo solidario y a nuestra amiga Virginia Sendel, Presidenta de la Fundación Michou y Mau, por su apoyo y solidaridad.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

“C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

• Con fecha 19 de abril de 2012, esta Soberanía aprobó resolver sobre la tipificación de los feminicidios como delitos graves al determinar con penas de 40 a 60 años de prisión abstención y de quinientos a mil días de multa. El Senado consideró que comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y, cuando la víctima presente signos de violencia sexual en cualquiera de sus manifestaciones.

De la misma manera, se advierte y se impone multa a quien, desde su función del servicio público entorpezca, muestre negligencia o retarde la administración y procuración de la justicia en los casos de feminicidios.

En esa ocasión, el entonces Senador Pablo Gómez en su intervención señaló “que toda legislación penal hecha por hombres está concebida como instrumento de esa opresión histórica sobre las mujeres porque es enteramente patriarcal…está construido desde una concepción y una práctica enteramente patriarcales, por lo que la vía de la lucha contra la violencia hacia las mujeres no es este derecho penal que padecemos.” (1)

• La minuta que reforma el Código Penal Federal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Orgánica de la Procuraduría General de la República, fue devuelta con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

• En el año 2009 y, con el objeto de coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia en el país; y cumplir con los compromisos internacionales signados… se crea por decreto presidencial,… la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recientemente, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, presentó en esta Soberanía un estudio de la CONAVIM que registra el índice sobre feminicidios cometidos principalmente en nueve entidades de la República (3)

• Es competencia de esta Soberanía atender y dar seguimiento a los suscrito por México a nivel internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará); el Protocolo Facultativo sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Protocolo de Palermo); el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, entre otras.

CONSIDERACIONES

El feminicidio no es otra cosa más que un crimen por razones de género, es por así decirlo, la expresión más cruel y cruenta de una acción criminal; es la violencia presente contra toda mujer, no importando su condición social, política o económica, se trata de una forma de violencia que no debe ni puede ser soslayada, además de que hacerlo sería seguir tolerando y prohijando la impunidad. Encontramos, de acuerdo a la incidencia de feminicidios cuya cifra oscila, en virtud de que en México identificamos un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, generado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia en las distintas entidades, incluso en aquellas en que el feminicidio ya se encuentra tipificado.

Por ello, no es casual que, en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa aprobara la tipificación del feminicidio como un delito autónomo y de acreditación objetiva, es decir, se tipifica con severas penas a quienes priven de la vida a una mujer por cuestión de género, sin embargo, encontramos casos de altísima preocupación como el Estado de México, en donde el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se ha negado a la solicitud de declarar una alerta por violencia de género por los casos de feminicidio. Esta solicitud fue realizada por elObservatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF, una alianza constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 21 estados de la República mexicana, y el Distrito Federal) documentando que desde el inicio de la administración gubernamental pasada hasta el 2010, se registraron 1003 casos de presuntos feminicidios en la entidad, concentrándose el 54% en diez municipios del Estado de México: Ecatepec de Morelos, 118 casos; Netzahualcóyotl, 71 casos; Tlalnepantla de Baz, 53 casos; Toluca, 45 casos; Chimalhuacán, 42 casos; Naucalpan de Juárez, 40 casos; Tultitlán, 35 casos; Ixtapaluca, 31 casos; Valle de Chalco, 30 casos; y Cuautitlán Izcalli con 25 casos.

Seis de cada diez mujeres asesinadas en la entidad fueron victimadas en actos que implicaron un alto grado de violencia que evidencian el uso excesivo de la fuerza física y la saña que plasma la discriminación en las que fueron sometidas. La mayoría de los asesinatos de mujeres corresponde a jóvenes que tenían entre 11 y 30 años de edad (46%), en el 56.72% de los crímenes las autoridades desconocen quién fue el homicida. Sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino) la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%), lo han podido consignar y es que la situación legal de los casos hasta el 2010 es que en 522 de ellos no se sabía quién las había asesinado ni las razones por las cuales se les privo de su vida, excusándose la autoridad en “la falta de elementos para perseguir a los culpables y el desconocimiento de la identidad muchas de las víctima impiden ejecutar acción penal contra los culpables” (5)

Por los antecedentes citados y en virtud de que, aun cuando en la Cámara de Diputados, en la actual Legislatura se acordó instalar una Comisión Especial contra Feminicidios, misma que pese al tremendo incremento del número de femincidios no han acordado la fecha de instalación de dicha Comisión, el Senado no puede ser omiso, además de que las mujeres debemos de pasar de ser una cifras más en la incidencia delictiva, debe, esta Soberanía hacerse eco de la voz de miles de mujeres y sus familias y actuar en consecuencia.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por medio de la Secretaría de Gobernación, se incluya la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

SEGUNDO.- Se hace un respetuoso exhorto a todas las legisladoras integrantes de los grupos parlamentarios de este Senado de la República a que demos especial seguimiento a todas las políticas públicas encaminadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a 19 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros”.

Referencias:

(1) BOLETIN-0954 Senado de la República, abril de 2012

(2) PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISION NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM) 2009-2010

(3) Lía Limón, estudio de CONAVIM presentado al Senado de la república

(4) Asamblea Legislativa del DF,29 de junio de 2011, Boletín #552

(5) Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)

(6) Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Compañeras Senadoras y Senadores, informo a ustedes que recibimos en esta Mesa Directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, sobre movimientos en comisiones, al cual solicito a la Secretaría dé lectura.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.






Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, señora Secretaria. Ahora consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. Aprobado el Acuerdo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Comuníquese.

Solicito a la señora Secretaría dé cuenta con los asuntos que se turnarán a comisiones directamente.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Informo a la Asamblea de los asuntos que se turnarán a comisiones:






PROPUESTAS

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo acciones tendientes a combatir probables actos de corrupción e indagar la comisión de irregularidades administrativas, así como la probable comisión de delitos, por deficiencias procedimentales en los juicios seguidos en contra de constructoras, por la edificación de construcciones irregulares, mismo que se turna a la Comisión del Distrito Federal.








Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a retomar el proyecto "Centro Cultural Ricardo Martínez”, mismo que se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A RETOMAR EL PROYECTO “CENTRO CULTURAL RICARDO MARTINEZ”

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ricardo Virgilio Martínez de Hoyos, nació en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1918; estudió la carrera de Derecho; sin embargo, se dedicó a la pintura de manera autodidacta desde su adolescente.

Ricardo Martínez tuvo el apoyo del pintor Federico Cantú, quien en 1940 lo llevó a la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor, donde vendió pinturas y aprendió nuevas técnicas. Se caracterizó por ser paisajista, retratista y recreador de escenas populares.

En 1942 presentó su primera exposición en Guadalajara, Jalisco; de 1961 a 1963 sus trabajos formaron parte de la exposición “Obras maestras del arte mexicano”, enviada a países de Europa y de Estados Unidos. 

En 1971 recibió el Premio MoinhoSantista en la Bienal de São Paulo. Otras de sus exposiciones más relevantes se realizaron en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en 1969 y 1974, así como en el Museo del Palacio de Bellas Artes en 1984 y 1994.

Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal le entregó la Medalla de la Ciudad de México y el pergamino de Ciudadano Distinguido, el 25 de noviembre de 2008. En dicho evento el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció la creación del Centro Cultural en el ex-Cine Variedades, en colaboración con la Secretaría de Cultura. Lamentablemente en enero de 2009 Ricardo Martínez falleció a la edad de 90 años.

En 2011 la entonces titular de la Secretaria de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, Elena Cepeda, anunció que sería en 2012 cuando se inaugurará el Centro Cultural Ricardo Martínez, con un presupuesto calculado en 40 millones de pesos en el predio del antiguo Cine Variedades ubicado en avenida Juárez número 58, Centro Histórico.

Sin embargo, dicho proyecto se tenía previsto inaugurarlo en 2010, en el contexto de las celebraciones por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana,  se anunció que ya se encontraba listo el edificio, los permisos y el diseño arquitectónico para iniciar la construcción del nuevo centro cultural.

En julio del mismo año en el contexto de la inauguración de la retrospectiva dedicada a Ricardo Martínez en el Museo de la Ciudad de México, Elena Cepeda comentó que estaba en espera de la liberación de 20 millones pesos para iniciar con las obras de restauración. No obstante, el 17 de agosto se publicó el “Plan Integral de Manejo del Centro Histórico” mismo que entre sus proyectos no incluye la restauración del Cine Variedades, únicamente se menciona asegurando que está en “proceso de recuperación y cambio de uso”

No obstante, luego del anuncio de la creación del Centro Cultural Ricardo Martínez y después de la muerte del artista el proyecto prometido por el Gobierno del Distrito Federal a través la Secretaria de Cultura ha quedado en el olvido.

Con la desaparición en Marzo de 2012 de la Fundación Cultural de la Ciudad de México encargada del proyecto; Ricardo Govela, ex Director de la misma, aseguró que el proyecto de creación de la Casa de Cultura seguía en pie, señalando que en ese mismo año se obtendrían más recursos para el proyecto derivado de la venta de la parte trasera del terreno donde sería construido el mismo a la empresa Puerta Alameda, misma que hace el desarrollo inmobiliario alrededor y con esos recursos se continuaría la obra.

En agosto del mismo año, el proyecto de la construcción de la Casa de Cultura parecía desvanecerse tras el acuerdo tomado por el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México de desincorporar el Cine Variedades como bien público para su enajenación a título oneroso a favor de Desarrollo Puerta Alameda.

Es lamentable que un proyecto como este quede en el olvido y se convierta en promesas incumplidas por parte de las autoridades capitalinas, el Centro Cultural Ricardo Martínez busca albergar la obra de este gran pintor mexicano, una de las más extensas de las que se tenga registro, a este acervo se agregarían cerca de 400 piezas prehispánicas de piedra y barro de distintas épocas y regiones del país, una biblioteca de arte, un archivo documental y gráfico a demás de incorporar distintas actividades culturales que se llevarían a cobo en dicho recinto.

Si bien el Centro Histórico de la Ciudad de México se caracteriza por su amplio número en museos y galerías de arte la creación del Centro Cultural es cuestión de un magnifico medio para hacer accesible el legado del artista, no solo a los habitantes del Distrito Federal o a estudiosos del arte sino a un público más amplio, sin dejar de lado que espacios como este fomentan entre la población la participación en diferentes actividades culturales, son áreas en las que se crea comunidad, se genera el intercambio de ideas e identidad para hacer frente a los procesos externos de homogeneización cultural.

La cultura es la vía por la cual se logra alcanzar un desarrollo productivo y humano a través de la música, la literatura, las bellas artes y otras formas de expresión y prácticas culturales.

La participación en los intercambios civiles y en las actividades políticas está influida por las condiciones culturales. La tradición del debate público y del intercambio participativo puede ser decisiva en el proceso político y puede ser determinante para el establecimiento, preservación y la práctica de la democracia.

Es por los importantes impactos, sociales y políticos, que tiene la creación de espacios como el proyecto de Centro Cultural Ricardo Martínez, por lo que no pueden quedar en el olvido y en promesas sin cumplir, resulta lamentable que el Gobierno local destine y de más importancia a eventos de poca trascendencia y relevancia en la vida cultural de la Ciudad de México y deje inconcluso un proyecto que prometía ser un espacio en el cual se generaría una identidad cultural importante.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que reincorpore el inmueble de Avenida Juárez No. 58, Colonia Centro Histórico, como bien público y patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México. Asimismo a que retome el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de marzo de 2013”.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Ejecutivo a integral al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 políticas públicas de salud y educación tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país, el cual se turna a la Comisión de Salud.








De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al director del Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos que muchas instituciones y organismos no gubernamentales mexicanos e internacionales desarrollan a favor de transformar las condiciones que propician que las generaciones infantiles consuman alimentos eminentemente nocivos para su salud, el cual se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA A SUMARSE A LOS TRABAJOS QUE MUCHAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES MEXICANOS E INTERNACIONALES DESARROLLAN EN FAVOR DE TRANSFORMAR LAS CONDICIONES QUE PROPICIAN QUE LAS GENERACIONES INFANTILES CONSUMAN ALIMENTOS EMINENTEMENTE NOCIVOS PARA SU SALUD

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE AL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA, LIC. MAURICIO HERNANDEZ, A SUMARSE A LOS TRABAJOS QUE MUCHAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES MEXICANOS E INTERNACIONALES DESARROLLAN EN FAVOR DE TRANSFORMAR LAS CONDICIONES QUE PROPICIAN QUE LAS GENERACIONES INFANTILES CONSUMAN ALIMENTOS EMINENTEMENTE NOCIVOS PARA SU SALUD Y SE ENCAMINE A LOGRAR MODIFICAR LA REALIDAD DE LA OFERTA ALIMENTARIA LEGAL QUE ESTA PERJUDICANDO LA SALUD PUBLICA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Gracias a los medios de comunicación nos enteramos que El Instituto Nacional de Salud Pública propuso a la Secretaría de Hacienda gravar a los alimentos de alta densidad calórica. Como son toda la oferta de “frituras y alimentos industrializados poco sanos” como consigna el Diario Reforma del 7 de marzo del presente, a decir del proponente Mauricio Hernández, Director de ese instituto. En el marco de un Congreso que investigó la Salud Pública, nos parece preocupante que las energías que deberían estar concentradas en investigaciones dirigidas a la Salud Pública, se emitan propuestas de gravar alimentos que están verbalizados y conceptualizados como nocivos.

2.- Esta institución ha realizado trabajos legislativos puntuales contra la obesidad y el proceso que modifique la tendencia a ofertar al público infantil alimentos nocivos o de alta densidad calórica, apenas se encuentra en una etapa primaria que no afecta al masivo consumo de las frituras y alimentos industrializados, su percusiva publicidad y, por lo tanto, los daños que está causando a generaciones enteras de mexicanos.

3.- Quienes nos orientamos hacia la inhibición de los ingredientes nocivos en los consumos masivos que causan daños letales por su ingesta constante, nos pronunciamos contra el gravamen de un artículo que por la afición que arrastra no va a reducir su compra de ninguna manera. De lo que se trata es encaminar esfuerzos comunes y trabajar para desmantelar los procesos que están permitiendo que alimentos nocivos se ofrezcan, sobre todo al público infantil. Imagínense, ¡¡¡ 335 de estos productos están autorizados a ser vendidos dentro de los planteles escolares !!!. Tenemos que reconocer que hay un sistema que está permitiendo esta clase de libertades nocivas, de producir, publicitar y vender alimentos que a todas luces son nocivos y que son consumidos con abuso. Si es momento de atacar las causas de la obesidad, es necesario frenar todo aquello que se encuentra en plena libertad de hacer un daño letal como lo está haciendo, específicamente con la infancia. No estamos planteando aquí que esos alimentos desaparezcan sino que transiten a una fórmula no sólo neutra sino benigna, que integren nutrientes, que reduzcan su cualidad calórica, que favorezcan la reducción de deficiencias crónicas de la salud pública, que integren ingredientes como amaranto, proteína, que se dirijan al horizonte de un producto socialmente responsable.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA, LIC. MAURICIO HERNANDEZ A SUMARSE A LOS TRABAJOS QUE MUCHAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES MEXICANOS E INTERNACIONALES DESARROLLAN EN FAVOR DE TRANSFORMAR LAS CONDICIONES QUE PROPICIAN QUE LAS GENERACIONES INFANTILES CONSUMAN ALIMENTOS EMINENTEMENTE NOCIVOS PARA SU SALUD Y SE ENCAMINE A LOGRAR MODIFICAR LA REALIDAD DE LA OFERTA ALIMENTARIA LEGAL QUE ESTA PERJUDICANDO LA SALUD PUBLICA.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de marzo de 2013.

Atentamente”.






Del C. Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación al personal naval perteneciente a la Segunda Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, por su oportuna intervención en el rescate de 20 personas que se encontraban a la deriva en mares cercanos al estado de Baja California.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXTIENDE UNA FELICITACION AL PERSONAL NAVAL PERTENECIENTE A LA SEGUNDA REGION NAVAL DE LA SECRETARIA DE MARINA-ARMADA DE MEXICO, POR SU OPORTUNA INTERVENCION EN EL RESCATE DE 20 PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN A LA DERIVA EN MARES CERCANOS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El que suscribe, ERNESTO RUFFO APPEL, Senador de la República del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por la que el Senado de la República extiende una felicitación al personal  naval perteneciente a la Segunda Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, por su oportuna intervención en el rescate de 20 personas que se encontraban a la deriva en mares cercanos al Estado de Baja California. Lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El resguardo de la integridad del territorio nacional y las instalaciones estratégicas del país, descansa en las tareas que realizan las fuerzas armadas mexicanas.

La soberanía es uno de los más altos valores del Estado mexicano y se instituye a partir de la decisión del pueblo mexicano para decidir libremente la ruta de su destino.

La defensa de nuestra soberanía se sustenta en el nacionalismo que nos caracteriza, que no es excluyente pues nos distingue por la relación amistosa con los países hermanos, abierto a la cooperación con el resto de las naciones, pero que también reclama respeto a sus decisiones como país. Es este sentido, no podemos admitir que algún Estado intervenga en los asuntos que nos corresponde resolver a nosotros los mexicanos.

De igual manera, la defensa de nuestra soberanía incluye el garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas. En esta tarea, la Armada de México ha actuado con acierto en las acciones de vigilancia de nuestros mares.

La Secretaría de Marina- Armada de México, institución sólida del Estado mexicano, independientemente de realizar diversas funciones de vital importancia en el desarrollo económico y social de nuestro país, le corresponde por disposición constitucional y legal realizar operaciones para la aplicación del derecho en las aguas marinas mexicanas; con su gran movilidad, notable presencia disuasiva y probada capacidad, contribuyendo con ello a la estabilidad de las instituciones del Estado.

Con decisión y disciplina, el personal de la Armada de México dedica sus labores a resguardar la integridad del mar territorial, zona contigua y la zona económica exclusiva, y con la misma entrega colabora en el apoyo a la población civil en los casos y zonas de desastre y coadyuva a preservar la vida humana en el mar.

Las actividades enfocadas al rescate de náufragos, apoyo en la mar a embarcaciones, dio como resultado que en días pasados, distintos medios de comunicación difundieron la noticia sobre el rescate de 20 personas que se encontraban a bordo de una embarcación menor  y navegando a la deriva en mar abierto al oeste del Puerto de Ensenada y en aguas internacionales.

Dicho rescate tuvo lugar el 27 de febrero por el personal de la Secretaría de Marina- Armada de México, adscrito a la Segunda Región Naval con sede en Ensenada, Baja California.

Las maniobras de salvamento se ejecutaron a través de la activación del Sistema Regional de Búsqueda y Rescate de la Armada de México, que tiene como objetivo reducir los riesgos de pérdidas de vidas en la mar, tanto en lugares concurridos por el turismo nacional como internacional, o donde se desarrollan actividades marítimas y responder de manera expedita la demanda creciente de auxilio en las costas y litorales Mexicanos, en apego al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM)1.

Así mismo, este operativo de búsqueda comenzó con la partida de dos embarcaciones pertenecientes a la Estación Naval de Búsqueda y Rescate,  las cuales tienen como característica ser de alta velocidad y dotadas de equipos electrónicos de ayuda a la navegación con una avanzada tecnología. De igual manera apoyados por una patrulla interceptora y un helicóptero MI-17, cuyo equipamiento es de salvamento para las operaciones y condiciones de emergencia necesaria. Todo esto es parte de las atribuciones de la Armada de México para salvaguarda de la vida humana en la mar en las zonas marítimas mexicanas.

Es importante mencionar, de acuerdo al dicho de los náufragos, que después de partir del puerto de Rosarito, Baja California, sufrieron un desperfecto en el motor de su embarcación permaneciendo a la deriva aproximadamente 48 horas, y posteriormente localizados por el buque mercante2OverseasAndromarcon bandera de las Islas Marshal, aproximadamente a 90 kilómetros al Oeste de Ensenada, Baja California; a su vez las 20 personas abordaron el buque en tanto arribaba el personal de la región naval perteneciente a la Armada de México.

Finalmente, una vez que fueron embarcados al buque mercante, fueron trasladados por personal naval a Ensenada, para ser valorados médicamente en el Hospital Naval de Alta Especialidad, encontrándose en perfectas condiciones 19 de ellos, y solo uno con una luxación en el brazo derecho.

Si bien, no se debe perder de vista que la Secretaría de Marina-Armada de México es una institución militar nacional de carácter permanente, que está dotada de atribuciones previstas en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, cuya  misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad  interior del país, por lo que para poder dar cumplimiento a su encomienda organiza, adiestra, alista, equipa y opera a las fuerzas que la constituyen, igualmente, también lleva a cabo acciones inherente a la salvaguarda la vida humana en la mar y en las aguas interiores, mediante operaciones de búsqueda, rescate y salvamento en las aguas marinas nacionales e internacionales y en todas aquellas en las que el Mando Supremo lo ordene.

Derivado de dichas acciones es que se realizó el rescate de los 20 náufragos en Ensenada, Baja California, motivo por el cual considero que esta labor relevante del personal naval, merece nuestras congratulaciones como legisladores de la República.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República extiende una felicitación al personal naval perteneciente a la Segunda Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, por su oportuna intervención en el rescate de 20 personas que se encontraban a la deriva en mares cercanos al estado de Baja California.

Dado en Senado de la República, a 14 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Ernesto Ruffo Appel”.

1 Derivado de las enmiendas al Convenio SOLAS de 1988, los países signatarios se comprometieron a instalar el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM), el cual entró en vigor el 1 de febrero de 1999, y consiste en alertar rápidamente a las autoridades de búsqueda y rescate en tierra, así como a los buques que naveguen en inmediaciones del buque en peligro.

2 Los buques mercantes se clasifican de acuerdo con el tipo de carga que transportan. Así, se diferencian naves para carga seca, graneleros, carga general, petroleros, frigoríficos y tras la gran revolución de los contenedores y la aparición de los buques porta-contenedores.
La nacionalidad depende del pabellón que enarbolen, además la nave debe tener un nombre debidamente registrado. Los buques mercantes están inscritos en un registro de naves mercantes que lleva la autoridad competente de cada país. Para que una nave mercante se haga a la mar necesita que un estado soberano la reconozca y le permita izar su pabellón.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.






CITA

Agotados los asuntos en cartera, se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana miércoles 20 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:10 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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