Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 22 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 13

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Marzo de 2013

SUMARIO                                              


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CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:

- Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; oficio por el que comunica la integración del C. Diputado Alejandro Carbajal González, como miembro suplente, del grupo parlamentario del PRD ante el Consejo de Europa; oficio por el que comunica la integración complementaria de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Dialogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas; oficio por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud, resuelto por el Senado el 8 de diciembre de 2011.





























- De la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de los CC. Senadores Aarón Irízar López, Alejandro Tello Cristerna, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Daniel Amador Gaxiola, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Alvarez García, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y de los estados de la república, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar las acciones y políticas públicas implementadas para proteger la integración, desarrollo, organización y sana convivencia de la familia en nuestra sociedad mexicana. Intervienen al respecto los CC. Senadores José María Martínez Martínez, Víctor Hermosillo y Celada y Aarón Irízar López. Se aprueba.










 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:53 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 68 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 12 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponde a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
SIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y un minutos del día jueves siete de marzo de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

El Presidente de la Mesa Directiva, a nombre del Senado de la República, emitió un mensaje y solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías.

 

Los Grupos Parlamentarios se refirieron a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.- Intervinieron las Senadoras: Martha Palafox Gutiérrez del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Martha Elena García Gómez del PAN; e Ivonne Álvarez García del PRI.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

(Comunicaciones)

Se recibió Iniciativa Ciudadana, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 constitucional y crea la Ley para Garantizar el Acceso Libre a Internet, Reglamentaria de dicho artículo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 7 y 8 de marzo de 2013, a efecto de asistir a la ceremonia oficial para Jefes de Estado y de Gobierno en ocasión de las exequias del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, la cual tendrá lugar el 8 de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de la Secretaría de Economía sobre las negociaciones comerciales en curso, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo de enero-diciembre de 2012.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente del proyecto de Decreto por el que se reformaban los artículos 3o., 4o., 7o. y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente del proyecto de Decreto por el que se adicionaba un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón, Luisa María Calderón Hinojosa, Marcela Guerra Castillo, Laura Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortíz Domínguez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arely Gómez González, Luz María Beristain Navarrete, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román y Martha Palafox Gutiérrez, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 y se adiciona un numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre propio y del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que establece el Concurso de Iniciativas para la Innovación del Sur-Sureste.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, remitió iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 133, 356, 359, 365, 365 Bis, 371 y 373 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan una fracción I Bis al artículo 389 y los artículos 389 bis y 389 bis 1 y dos últimos párrafos al artículo 392 a la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos a), b) y c) y se adiciona un inciso d) de la fracción II del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.- Intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Benjamín Robles Montoya del PRD; y Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI. Fue aprobado por 73 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se modifica la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Intervino la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI a favor. Fue aprobado por 75 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.- Fue aprobado por 75 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.- Intervino el Senador Zoé Robledo Aburto, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 71 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad.- Intervino el Senador Fernando Mayans Canabal, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 81 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen; María Elena Barrera Tapia del PVEM a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD a favor; Silvia Garza Galván del PAN a favor; y Cristina Díaz Salazar del PRI a favor. Fue aprobado por 76 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes dictámenes en sentido negativo:

 

1) De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto por el que se adicionaba un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

 

2) De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto por el que se reformaban y adicionaban diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

 

3) De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto por el que se adicionaba una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 

4) De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 21 y se adicionaba un tercer párrafo al artículo 22, ambos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos.

Los anteriores cuatro dictámenes fueron aprobados conjuntamente por 79 votos en pro. Los tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, se devolvieron a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. El dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar los estudios técnicos justificativos en los que se incorpore la delimitación correcta del polígono y con ello se dé inicio al procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública de los predios propiedad particular enclavados en el polígono protegido del Bosque “La Primavera”.

2) Que exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a emitir la declaratoria como área natural protegida municipal a la zona de los mezquites “La Pona”.

3) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal, a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a realizar un estudio exhaustivo que identifique las causas, niveles y grado de contaminación ambiental en la Laguna de Tuxpan, Guerrero.

4) Que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales información sobre las acciones y programas de política pública tendientes a lograr un desarrollo sostenible de las regiones montañosas, así como los beneficios a los pobladores de las mismas.

5) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar exhaustivamente la manifestación de impacto ambiental modalidad particular sector hidráulico del proyecto extracción y aprovechamiento de arena de los bancos localizados en la ensenada de Xpicob, en el estado de Campeche.

Los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Pesca, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a formular y proponer para su publicación al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el proyecto de Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir el Decreto por el que se integre la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca.

3) Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a fortalecer la actividad acuícola nacional para atender la demanda del mercado nacional.

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1) Relativo a diversas problemáticas en materia de VIH/SIDA.- Intervino la Senadora María Elena Barrera Tapia, por la comisión, para presentar el dictamen.

2) Relativo a la atención y prevención del cáncer de ovario.- Intervino la Senadora Martha Elena García Gómez, por la comisión, para presentar el dictamen.

3) Que exhorta al Gobierno Federal a considerar al Dihidrocloruro de Sapropterina como tratamiento para la Hiperfenilalaninemia y se considere la posibilidad de incluirlo en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos Interinstitucional.- Intervino la Senadora Cristina Díaz Salazar, por la comisión, para presentar el dictamen.

4) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a señalar de manera detallada, a partir de la prueba de tamiz neonatal, las enfermedades metabólicas que se tratan con intervención terapéutica e indicar cuáles aún no cuentan con dicho tratamiento y las acciones que se están implementando para prevenir este tipo de enfermedades.- Intervino la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por la comisión, para presentar el dictamen.

Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Proposición)

Los Grupos Parlamentarios, remitieron proposición con punto de Acuerdo por el que se condenan las agresiones contra todas aquellas personas dedicadas al ejercicio de la libertad de expresión e información, y se exige a las autoridades competentes que den plenas garantías para el ejercicio de esta profesión.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Rector del Pacto por México y a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión a que el turismo sea incorporado de manera estratégica al Pacto por México.- Intervinieron los Senadores: Félix González Canto, por la comisión, para presentar el dictamen; Armando Ríos Piter del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; Dolores Padierna Luna del PRD; Francisco Domínguez Servién del PAN; y Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. Fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

(Excitativa)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 16 de octubre de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo que solicita información sobre las concesionarias mineras en Oaxaca, particularmente del proyecto San José, situado en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo un informe detallado de sus funciones.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal a designar al Ramo 11, Anexo 17, en su apartado Escuelas Dignas, presupuesto para dotar a las escuelas públicas de bebederos con agua potable.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a esclarecer los casos que se encuentran impunes en contra de periodistas.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a rendir un informe detallado sobre el endeudamiento de los estados y municipios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a Nacional Financiera y a Financiera Rural a constituir una empresa pasteurizadora de sociedad cooperativa en Ciudad Altamirano.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De los Senadores René Juárez Cisneros y Armando Ríos Piter, proposición con punto de Acuerdo para que el gobierno del estado de Guerrero y el Instituto Politécnico Nacional evalúen las ventajas de instalar una ciudad del conocimiento y la cultura en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió pronunciamiento por el fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela: Hugo Rafael Chávez Frías.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, remitió pronunciamiento sobre el fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela: Hugo Rafael Chávez Frías.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y citó a la siguiente el martes doce de marzo a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 constitucionales, en materia de inmunidad de servidores públicos, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-2-474
EXP. NO. 6289

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Me permito devolver a ustedes para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 5 de marzo de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez

Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 61, 111, 112 Y 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INMUNIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 61; 111, primero, actuales quinto, que pasa a ser sexto; séptimo y octavo párrafos; 112, primer párrafo; 114, segundo párrafo; se adiciona el artículo 111, con un segundo, tercer y cuarto párrafos, recorriéndose el actual cuarto para ser quinto párrafo, y se derogan los actuales segundo, tercero y sexto párrafos del artículo 111, y el segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas.

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto de la inmunidad constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto parlamentario.

Artículo 111. Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo. Sin embargo, estos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

Cuando exista la comisión o probable participación en algún hecho que la ley señale como delito, por parte de alguno de los servidores públicos señalados en el párrafo anterior y una vez que se ejerza la acción penal por el titular del Ministerio Público correspondiente, el juez determinará si procede dictar el auto de vinculación a proceso penal. Tratándose de delitos del fuero común el servidor público podrá solicitar en cualquier momento a las autoridades federales, que se avoquen al conocimiento de la investigación o proceso correspondiente; debiendo éstas atraer de inmediato el asunto.

Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad.

Cuando se dicte sentencia condenatoria, el órgano jurisdiccional la notificará al ente público del cual forme parte el servidor público sentenciado, en un plazo de diez días a partir de que ésta cause ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. En caso de que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo en términos de la fracción III del artículo 38 de esta Constitución, se separará al sentenciado de sus funciones con sujeción a lo establecido en la legislación aplicable, quedando a disposición de la autoridad correspondiente. La separación del cargo tendrá efectos mientras se extingue la pena.

…..

Por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales de los mismos, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, magistrados electorales e integrantes de los órganos superiores de dirección de los organismos electorales de las entidades federativas, cuando alguno de ellos sea sometido a un proceso penal por la comisión de delitos federales, se procederá en los términos señalados en la presente disposición. Para los delitos del orden común, las Constituciones de las entidades federativas preverán lo conducente, en los mismos términos de la presente disposición.

Si la sentencia fuera condenatoria y si se tratara de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al sentenciado la gracia del indulto.

En todas las materias distintas a la penal, en que los servidores públicos previstos en este artículo sean parte, se seguirá el procedimiento establecido en la legislación aplicable.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 112. Cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 de esta Constitución sea sometido a proceso penal durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, y una vez dictado el auto de vinculación a proceso penal, no gozará del beneficio señalado en el mismo.

(Párrafo segundo. Se deroga)

Artículo 114. ...

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La referencia a auto de vinculación a proceso, se entenderá equivalente al auto de formal prisión o de sujeción a proceso, en los casos en los que aún no haya entrado en vigor el sistema procesal penal acusatorio previsto en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción Vil del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 5 de marzo de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados se recibieron los siguientes oficios:

Por el que se comunica la integración del Diputado Alejandro Carbajal González, como miembro suplente, del grupo parlamentario del PRD ante el Consejo de Europa.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1170

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la integración del Diputado Alejandro Carbajal González, como miembro suplente, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo de Europa.

México, D.F., a 7 de marzo de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

Y por el que comunica la integración complementaria de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1166

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la integración complementaria de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas. (COCOPA)

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Aprobado. Comuníquese”.

México, D.F., a 7 de marzo de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de esas comunicaciones a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Asimismo, de la Colegisladora se recibió un oficio por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud, resuelto por el Senado el 8 de diciembre de 2011.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-5-557
Exp. No. 6285-LXI

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Salud, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud, remitida el 1 de febrero de 2012, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 7 de marzo de 2013.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal

Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea se da por enterada de dicho asunto. Ya se había declarado concluido por el Senado.

Pasamos al siguiente asunto.





 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió una invitación del gobierno del Distrito Federal, para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:

● 75 Aniversario de la Expropiación Petrolera, a realizarse el lunes 18 de marzo del año en curso, en esta ciudad.

● 207 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, a realizarse el jueves 21 de marzo del año en curso, en esta ciudad.

“SECRETARIA DE CULTURA
COORDINACION DE PATRIMONIO
HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL

Ciudad de México, a 24 de enero de 2013

CPHAC/148/2013

Asunto: Oficio de invitación

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE
CAMARA DE SENADORES
LXIII LEGISLATURA
PRESENTE.

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas correspondientes al mes de marzo de las cuales anexo su descripción.

FECHA

HORA

CEREMONIA

LUGAR

Lunes 18

10:00 Horas

75 Aniversario de la Expropiación Petrolera

Cripta del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Monumento a la Revolución Mexicana

Jueves21

10:00Horas

207 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez

Hemiciclo a Juárez, ubicado en la Alameda Central

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores. Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dichos actos.

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus órdenes el teléfono 55 18 55 31 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área de Cívica.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Guadalupe Lozada León
Coordinadora”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Para asistir en representación del Senado, se designa al Senador Isidro Pedraza Chávez para la ceremonia del aniversario de la Expropiación Petrolera; y a la Senadora Dolores Padierna Luna para la ceremonia del aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, Benemérito de las Américas.

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, a nombre propio y de diversos Senadores, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por el C. Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, a nombre propio y de los CC. Senadores Miguel Angel Chico Herrera, Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Aarón Irízar López, Armando Neyra Chávez y Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre: Gracias, señor Presidente.

Los Senadores Miguel Angel Chico Herrera, Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Aarón Irízar López, Armando Neyra Chávez, Gerardo Sánchez García y el de la voz, Braulio Fernández Aguirre, presentamos ante esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tiene como finalidad garantizar el derecho de los trabajadores del campo a una vivienda digna.

Fue hasta 1972, cuando en respuesta a las demandas de la clase trabajadora mexicana, por la necesidad y urgencia que existía para dar vigencia al derecho de vivienda que establece la Carta Magna, se creó el INFONAVIT, como una herramienta útil para abatir el rezago de vivienda en nuestro país.

De conformidad con el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo: “Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquiera otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al INFONAVIT el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio”.

No obstante lo anterior, el INFONAVIT y las políticas públicas de vivienda en México se han orientado a la construcción y desarrollo de casas habitacionales en las ciudades, dejando a un lado a los trabajadores del campo que se emplean en empresas agrícolas.

A esto se suma otra problemática. El crecimiento que en los últimos años han tenido las ciudades, ha demandado mayor construcción de vivienda, lo cual ocasiona que se desarrollen centros habitacionales fuera de los centros de población y, por consecuencia, en predios prácticamente rurales, pero los beneficiarios de esta vivienda son los trabajadores de la ciudad, dejando fuera nuevamente al trabajador agrícola y generando además con ello, problemas en cuanto al abastecimiento de servicios públicos de carácter básico, o bien problemas de carácter jurídico ante las irregularidades de muchos terrenos.

Los que suscribimos la presente iniciativa conocemos los problemas que tienen los trabajadores del campo para acceder a una vivienda de interés social; en lo particular, como oriundo de una región agroindustrial como lo es La Laguna de Coahuila y Durango, conozco testimonios de esta problemática; patrones y trabajadores de este sector han luchado por años para elevar la calidad de vida de sus familias, sin poder acceder a ese derecho de vivienda digna, por la escasa o nula oferta que ofrece el INFONAVIT a este sector que incluso ha financiado con sus aportaciones a otros trabajadores.

Seguro estoy que muchos de ustedes, compañeras y compañeros Senadores, se encuentran preocupados al igual que nosotros de las necesidades y los problemas del campo y sus trabajadores. Tenemos una responsabilidad y compromiso con las personas dedicadas al trabajo de la tierra. No se puede postergar la búsqueda de vivienda digna para los trabajadores del campo, por criterios normativos y técnicos. El impulso al campo mexicano también pasa por el incentivo de generar pertenencia a través de una vivienda.

En recientes fechas, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó su estrategia en materia de Política Nacional de Vivienda. En este sentido, aunado a diversos lineamientos o puntos de acción, estableció el compromiso de impulsar una serie de acciones para la lotificación, construcción, ampliación y mejora de hogares, tanto en el campo como en la ciudad.

Las modificaciones e inclusiones que se proponen permitirán dar atención real a las necesidades de los trabajadores del sector primario en lo que a vivienda se refiere.

Para alcanzar los objetivos planteados en esta exposición, se somete a la consideración de esta Soberanía, la modificación de diversas fracciones a los artículos 42, 46 y 47, así como una adición al artículo 46 de la Ley del INFONAVIT, para que el Instituto considere la demanda y necesidad de los trabajadores del sector agrícola que residen en zonas rurales, como criterios para que la construcción de conjuntos habitacionales, para el otorgamiento de financiamiento para la vivienda sea considerada como parte de las reglas que rigen al otorgamiento de crédito a los trabajadores que sean titulares de depósitos construidos a su favor en el Instituto.

En esencia, estimamos compañeros legisladores, la presente iniciativa es para presentar un esfuerzo más por impulsar y materializar los derechos fundamentales de los trabajadores del campo, que con su trabajo contribuyen día a día al desarrollo de la economía local y nacional.

Por lo anterior, quienes suscribimos esto, estamos seguros de que contaremos con su apoyo para materializar uno de los objetivos más nobles de nuestra labor, contribuir al ejercicio real de los derechos fundamentales de la población menos favorecidos de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Señor Presidente, con la atenta súplica de que el texto íntegro de la iniciativa sea incluido en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

BRAULIO MANUEL FERNANDEZ AGUIRRE, MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, AARON IRIZAR LOPEZ, ARMANDO NEYRA CHAVEZ, GERARDO SANCHEZ GARCIA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 fracción I y 164, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La vivienda digna no solo es un concepto en nuestra Constitución Federal, es un derecho humano al que todos debemos tener acceso, así se establece en el artículo 11, párrafo I del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de la Organización de las Naciones Unidas, instrumento ratificado por México.

Este derecho a la vivienda que todos los mexicanos y específicamente los trabajadores tienen, fue consagrado por el Constituyente de 1917, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XII, apartado A, del artículo 123, como un logro de los postulados de la Revolución.

Sin embargo, no fue sino hasta 1972, cuando en respuesta a las demandas de la clase trabajadora mexicana, por la necesidad y urgencia que existía para dar vigencia al derecho de vivienda que establece la Carta Magna, se creó el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), como una herramienta útil para abatir el rezago de vivienda en nuestro país. En este sentido, se reconoce el avance que a lo largo de cuatro décadas ha tenido el Instituto, para dotar de casas-habitación a un gran número de familias mexicanas.

Conforme a las propias cifras del INFONAVIT publicadas en su página de internet, de 1972 a 2007, se habían otorgado 4’496,025 (CUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO) créditos. Esto es muy alentador, sin embargo, lo que es destacable mencionar es que casi la totalidad de estos créditos han sido destinados a la adquisición de vivienda en zonas urbanas, lo cual indica que son los trabajadores que radican en los centros de población urbana y sus familias, los beneficiarios de estos programas.

De conformidad con el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, “Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio”.

No obstante lo anterior, el INFONAVIT y las políticas públicas de vivienda en México se han orientado a la construcción y desarrollo de casa-habitación en las ciudades, dejando a un lado a los trabajadores del campo que se emplean en empresas agrícolas, cuyos patrones responsables de sus obligaciones, por años han aportado al fondo de vivienda, sin que se vea el beneficio real paraquienes habitan en el medio rural.

A esto se suma otra problemática. El crecimiento que en los últimos años han tenido los centros poblacionales, ha demandado mayor construcción de vivienda, lo cual ocasiona que se desarrollen centros habitacionales fuera de los centros de población y, por consecuencia, en predios prácticamente rurales, pero los beneficiaros de esta vivienda son los trabajadores de la ciudad, dejando fuera nuevamente al trabajador agrícola y generando además con ello, problemas en cuanto al abastecimiento de los servicios públicos de carácter básico, o bien problemas de carácter jurídico ante las irregularidades de muchos terrenos.

La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en diversas disposiciones establece la equidad y adecuada distribución de la vivienda en las distintas regiones y localidades del país, como criterio para la subasta de financiamientos y aplicación de recursos del INFONAVIT. Criterios que como hemos expuesto, han sido omitidos.

Los que suscribimos la presente iniciativa conocemos los problemas que tienen los trabajadores del campo para acceder a una vivienda de interés social; en lo particular, como oriundo de una región agroindustrial como lo es La Laguna de Coahuila y Durango, conozco testimonios de esta problemática; patrones y trabajadores de este sector han luchado por años por elevar la calidad de vida de sus familias, sin poder acceder a ese derecho de vivienda digna, por la escasa o nula oferta que ofrece el INFONAVIT a este sector que incluso ha financiado con sus aportaciones a otros trabajadores.

A lo largo y ancho del país, existe un importante número de empresas agrícolas cuyos patrones cotizan al Fondo de la Vivienda, con la esperanza de que sus trabajadores se vean beneficiados, sin embargo, dadas las políticas del INFONAVIT, no se ofrece una opción viable para que puedan estos trabajadores del campo y sus familias acceder a una casa-habitación cerca de su fuente de trabajo. Por ello, se requieren de alternativas eficaces e inmediatas que solucionen esta problemática. Esto merece una solución.

Seguro estoy que muchos de ustedes compañeras y compañeros Senadores, se encuentran preocupados al igual que nosotros de las necesidades y los problemas del campo y sus trabajadores. Tenemos una responsabilidad y compromiso con las personas dedicadas al trabajo de la tierra. No se puede postergar la búsqueda de vivienda digna para los trabajadores del campo, por criterios normativos y técnicos. El impulso al campo mexicano también pasa por el incentivo de generar pertenencia a través de una vivienda.

En recientes fechas, el Titular del Ejecutivo Federal, tuvo a bien presentar su estrategia en materia de Política Nacional de Vivienda. En ese sentido, aunado a diversos lineamientos o puntos de acción, estableció el compromiso de impulsar una serie de acciones para la lotificación, construcción, ampliación y mejora de hogares, tanto en el campo como en la ciudad.

Es imperativo que el INFONAVIT, establezca mecanismos y políticas públicas adecuadas e incluyentes, con la finalidad de que los trabajadores agrícolas tengan acceso a una casa-habitación. Las modificaciones e inclusiones que se proponen en esta iniciativa con proyecto de decreto, permitirán dar atención real a las necesidades de los trabajadores del sector primario enlo que a vivienda se refiere. Solo así podremos decir que los postulados consagrados en nuestra Constitución Política se están cumpliendo y estaremos en posibilidades de garantizar el derecho humano a la vivienda digna de nuestros trabajadores del campo y sobre todo, de sus familias.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas al inicio del presente escrito, sometemos al análisis, discusión, y en su caso, aprobación de esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LALEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

UNICO. Se modifican la fracción I del artículo 42, las fracciones III y IV del artículo 46 y el segundo párrafo del artículo 47, y se adiciona una fracción V al artículo 46 de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 42.-

I.- En línea uno al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el Instituto, considerando como criterio la demanda y necesidades de los trabajadores del sector agrícola y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción.

II.- a VI. …

Artículo 46.- En la aplicación de los recursos a que se refiere el artículo anterior se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias:

I.- y II. …

III.- El monto de las aportaciones al Fondo proveniente de las diversas regiones y localidades del país;

IV.- El número de trabajadores en las diferentes regiones o localidades del Territorio Nacional, y

V. La demanda de habitación y necesidades de vivienda de los trabajadores del sector agrícola que residen en zonas rurales.

Artículo 47.-

Las reglas antes citadas tomarán en cuenta entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, la demanda de habitación y necesidades de vivienda de los trabajadores del sector agrícola que residen en zonas rurales, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta de vivienda del trabajador de que se trate, y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 7 de marzo de 2013.

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. Armando Neyra Chávez.- Sen. Gerardo Sánchez García”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Fernández Aguirre. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Lozano.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, para preguntarle al Senador Fernández Aguirre si me permite adherirme a esta iniciativa que está presentando en cuanto a los créditos del INFONAVIT.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Fernández Aguirre, ¿acepta la solicitud del Senador Lozano Alarcón?

Gracias, Senador Fernández Aguirre.

Se concede el uso de la palabra al Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMALA FRACCION II DEL ARTICULO 27 Y EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 77 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar una iniciativa de Decreto que contiene una propuesta para reformar la fracción II del artículo 27 y el párrafo segundo del artículo 77 Bis I de la Ley General de Salud.

El 15 de mayo del año 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se reformó la Ley General de Salud y que dio como resultado la creación del Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular.

Esta reforma introdujo el concepto de protección social en materia de salud; lo cual, trae aparejado el reconocimiento del derecho a la salud para la población en general, también para aquellos mexicanos que no cuentan con la protección de una institución de salud pública.

Fue un gran logro, sin duda, que por primera vez se ponía a disposición de, prácticamente, toda la población los servicios de salud.

Un esfuerzo importantísimo del gobierno federal, donde mayormente este programa está financiado con recursos federales y que hoy en día vemos que el reclamo de muchos derechohabientes, de este sistema, de muchas familias es porque no hay la atención que se requiere, ni hay el medicamento, ni hay la posibilidad de atender todos los problemas de salud que tenga una familia, sobre todo las de más escasos recursos económicos. Y aquí yo haría un atento llamado a que se hagan las revisiones a los gobiernos estatales para ver en qué han utilizado, o si los han utilizado de manera correcta, los recursos que envía el gobierno federal a cada entidad federativa para atender el Seguro Popular. Porque tenemos sospechas de que en muchos casos por una mala administración de estos recursos no se les está dando a los derechohabientes el espacio, ni el trato ni la respuesta que ellos requieren.

Este logro, sin embargo, dejó fuera o requiere que el Programa Nacional de Salud contemple las consecuencias de las llamadas enfermedades transmisibles de mayor prevalencia.

Dentro del Programa Nacional de Salud 2007-2012, se identificaron tres tipos de enfermedades que concentran más del 33 por ciento de muertes en mujeres mexicanas y más del 26 por ciento en hombres, estas son: la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebro vasculares.

Las tres anteriores comparten los mismos factores de riesgo y un denominador común: son enfermedades que avanzan lentamente en el organismo de los pacientes y con el paso del tiempo y en la medida que invaden el sistema del enfermo, van disminuyendo sus capacidades somáticas, atrofiando gradualmente el organismo de quien sufre estos padecimientos.

El sobrepeso y la obesidad afecta, según el programa al que hace referencia, al 70 por ciento de la población mayor de 20 años; asimismo, el tabaquismo, el colesterol elevado y la hipertensión, son determinantes para que se desaten padecimientos isquémicos del corazón así como cerebro vasculares. La prevalencia de éstas en mexicanos adultos es superior al 20 por ciento en todos los casos.

La diabetes es el padecimiento de mayor prevalencia en nuestra población, es la primera causa de muerte y la de mayor demanda de atención de consulta externa; se encuentra entre las principales causas de hospitalización y la que requiere el mayor presupuesto de las instituciones de salud pública.

Los padecimientos relacionados con enfermedades del corazón también están considerados entre las principales causas de muerte de la población mexicana, de estas sobresale la cardiopatía isquémica ya que es la segunda causa de muerte en nuestro país.

Todas estas anteriores enfermedades que hemos señalado, con una alta prevalencia, afectan a la población, sobre todo, de más escasos recursos económicos por no tener la posibilidad de acceso a una prevención oportuna y poder atenderse de una mejor manera su salud.

Por eso, el Estado hoy tendrá que seguir haciendo los mayores esfuerzos para atender a la población, sobre todo, de menos recursos económicos para poder tener acceso a una mejor salud.

Los grupos de la población más vulnerables por sus condiciones económicas y de marginación, deben tener, también, acceso a los servicios de salud y que éstos sean de calidad. El Seguro Popular es una estrategia para atender a estos sectores. Indudablemente que este programa vino a cambiar la situación de la gran mayoría de las familias que se encuentran en una situación económica más vulnerable en este país. Pero, reitero, hoy necesitamos que estas enfermedades se atiendan, no sólo las causas originales de una enfermedad, sino las consecuencias que tiene cada una de ellas para que realmente la población tenga el acceso a la salud, tal y como lo establece nuestra Constitución.

Por lo anterior, es necesario que implementemos las estrategias de prevención, control y vigilancia de las enfermedades no transmisibles.

Por todo ello, someto a este Pleno la iniciativa a la que ya he hecho referencia, que básicamente busca atender los siguientes aspectos:

Primero.- Que se incluya de manera prioritaria todas las enfermedades no transmisibles y sus padecimientos en las políticas de prevención y control de enfermedades, y que las enfermedades no transmisibles y todos sus padecimientos sean atendidos por el Sistema de Protección Social en Salud y las necesidades que se generan a causa de padecer algunas de éstas y que sean atendidas de manera integral por el Estado mexicano.

Indudablemente que a partir de 2005 dimos un paso muy importante, pero hoy debemos de seguir avanzando no sólo donde garanticemos que se conserve este programa, sino que este programa pueda atender con mayor calidad, con mayor calidez a las familias de más escasos recursos de este país.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El Suscrito, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, Senador de la República, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; y, 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que contiene propuesta de reforman la fracción II del artículo 27 y el párrafo segundo del artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en la fracción XVI de su artículo 4o., la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general de la Nación.

En ese tenor, acudo a esta Soberanía con un tema por demás importante y trascendente para millones de mexicanos que padecen alguna de las llamadas enfermedades no trasmisibles o crónico-degenerativas y que no son derechohabientes de alguna de las instituciones de salud pública: que se incluya en la llamada Protección Social de Salud todos los padecimientos y necesidades relacionadas de estas enfermedades, que requieren los mexicanos que padecen alguna de éstas.

SEGUNDO.- El 15 de mayo de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se reformó la Ley General de Salud y que dio como resultado la creación del Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular.

Esta reforma introdujo el concepto de Protección Social en materia de salud; lo cual, trae aparejado el reconocimiento del derecho a la salud para la población en general, también para aquellos mexicanos que no cuentan con la protección de una institución de salud pública.

Fue un gran logro, sin duda, por primera vez se ponía a disposición de prácticamente toda la población, que así lo requiriera, servicios médicos de primer y segundo nivel; sin embargo, aún no se han atendido las necesidades más apremiantes que en materia de salud tenemos los mexicanos.

TERCERO.- Dentro del Programa Nacional de Salud 2007-2012, se identifican tres tipos de enfermedades que concentran más del 33% de muertes en mujeres mexicanas y más del 26%en hombres, éstas son: la Diabetes Mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebro vasculares.

Las tres anteriores comparten los mismos factores de riesgo y un denominador común: son enfermedades que avanzan lentamente en el organismo de los pacientes.

El sobrepeso y la obesidad afecta, según el Programa al que se hace referencia, al 70 % de la población mayor de 20 años; asimismo, el tabaquismo, el colesterol elevado y la hipertensión, son determinantes para que se desaten padecimientos isquémicos del corazón así como cerebro vasculares. La prevalencia de éstas en mexicanos adultos es superior al 20% en todos los casos.

CUARTO.- “la Diabetes es el padecimiento de mayor prevalencia entre nuestra población, es la primera causa de muerte y la de mayor demanda de atención de consulta externa, se encuentra entre las principales causas de hospitalización y la que requiere el mayor presupuesto de las instituciones públicas de salud.

Los riesgos de morir cuando se padece Diabetes son muchos y muy diversos: cardiopatías, padecimientos cerebro vasculares y problemas renales; es causa también de ceguera y de amputación de miembros y se presenta por igual en la población con niveles socioeconómicos altos o bajos.

QUINTO.- Las padecimientos relacionados con enfermedades del corazón también están consideradas entre las principales causas de muerte de la población mexicana, de éstas sobresale la cardiopatía isquémica ya que es la segunda causa de muerte en nuestro país.

Las principales causas de estos padecimientos son: el sedentarismo, la diabetes, el estrés, la hipertensión arterial y el sobre peso, entre otros. La prevalencia de esta enfermedad ha ido en aumento principalmente entre la población de escasos recursos y está ligada a los cambios de hábitos alimenticios; sin embargo, es necesario implementar una estrategia para reducir los principales factores de riesgo como el tabaquismo y el sedentarismo.

SEXTO.- Como las anteriores, podemos mencionar las causas e impacto que todas y cada una de las enfermedades no trasmisibles o crónico degenerativas tienen en el bienestar de los mexicanos; sin embargo, saber que todos conocemos a alguien que padece o padeció: obesidad; alguna enfermedad cardiovascular o cerebro vascular, hipertensión arterial, diabetes, cáncer pulmonar, cérvico uterino, de mama o próstata, úlcera, insuficiencia renal, várices, cirrosis hepática, trastornos oculares, problemas articulares, depresión, trastornos de personalidad, demencia.

Todos los anteriores están presentes entre los mexicanos, con una alta prevalencia, afectan tanto a ricos como a pobres; sin embargo, son estos últimos los que padecen la desatención del Estado para hacerle frente a sus necesidades de salud, sobre todo aquellos que no son derechohabientes de alguna de las instituciones del sistema de salubridad pública. Es a ellos a quienes urge atender, formarles criterios de prevención, en su caso diagnosticar y apoyar de manera decidida para que tengan acceso a los medicamentos que requieren para controlar sus padecimientos y para hacer más llevaderas sus vidas.

SEPTIMO.- El Estado tiene la obligación de implementar las acciones y mecanismos necesarios para que la población pueda mejorar sus condiciones de salud y, con ello, hacer efectivo el derecho reconocido en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

OCTAVO.- Los grupos de población más vulnerables por sus condiciones económicas y de marginación, deben tener, también acceso a los servicios de salud y que estos sean de calidad. El Seguro Popular es una estrategia para atender a estos sectores; sin embargo, aún falta mucho por hacer para que los padecimientos con más prevalencia entre estos grupos poblacionales sean prevenidos y controlados ya que actualmente los mexicanos más pobres no tienen acceso a servicios de salud de calidad.

NOVENO.- En estos momentos urge que los servicios de salud lleguen a toda la población en general, que el sistema de salubridad de nuestro país implemente estrategias de control de las enfermedades no trasmisibles y de los factores de riesgo que aumentan su prevalencia para prevenir los padecimientos vinculados a éstas.

Por lo tanto es necesario darle un giro a la implementación de las estrategias de prevención, control y vigilancia de las enfermedades no trasmisibles.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman la fracción II del artículo 27 y el párrafo 2° del artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud:

ARTICULO UNICO.- Se reforman la fracción II del artículo 27 y el párrafo segundo del artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 27.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I….

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de todas las no transmisibles y sus padecimientos y de los accidentes;

III. a la XI….

Artículo 77 bis 1.- Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, de manera especial las relacionadas con enfermedades no trasmisibles y sus padecimientos. Lo anterior, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

….

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan las disposiciones legales en lo que contravengan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. José Rosas Aispuro Torres”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Aispuro Torres. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, con aval del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI BIS DEL ARTICULO 7, XVIII BIS DEL ARTICULO 29, III BIS APARTADO A DEL ARTICULO 39 Y TITULO DECIMO TERCERO ARTICULOS 153 Y 154 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con aval de grupo)

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente, con el permiso de la Asamblea y de mi coordinador el licenciado Manuel Bartlett.

Acudo hoy a esta tribuna con el objeto de presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que modifica sustancialmente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esto con el objeto de que los medios de difusión, las instalaciones físicas de los periódicos, estaciones de radio y televisión sean protegidos en el marco de esta ley con inteligencia y, sobre todo, con arquitectura de defensa.

Estoy planteando adicionar la fracción XI bis al artículo 7, adicionar la fracción XVIII bis al artículo 29, III bis al Apartado A del artículo 39 y Título Décimo Tercero denominado “De las Instalaciones de los Medios Masivos de Comunicación en Situación de Riesgo”, que consta de dos artículos, el 153 y el 154.

Quisiera referir una experiencia que viví como reportero.

El 20 de septiembre de 1985, reportero del periódico “El Universal”, que era yo en ese tiempo, quedé atrapado en la zona de derrumbes del centro de la ciudad cuando se presentó aquél segundo terremoto del año que refiero. Testigos, pues tengo aquí a varios, está el Secretario de Gobernación de aquél gobierno del Presidente de la Madrid; para mí, un honroso patriota, que es mi coordinador el licenciado Bartlett, está también aquí el jefe de la oficina de Presidencia de aquél mandatario, el licenciado Gamboa Patrón; también está aquí Alejandro Encinas, quien para entonces era el suplente y después fue el titular de aquella Diputación tras la pérdida muy lamentable de Demetrio Vallejo.

Y recuerdo, en aquella ocasión, cuando quedamos atrapados en aquella zona de derrumbe, por protección instintiva llegamos hasta una bocacalle, los ciudadanos que nos encontrábamos ahí atrapados, en el centro de la bocacalle había una patrulla, infiero, una patrulla de la ciudad de México.

Nos tomamos de las manos todos los que estábamos en peligro de perder las vidas, sentíamos que el suelo nos tragaba, y recuerdo que cuando estábamos tomados de las manos, una anciana le preguntaba al policía: ¿qué podemos hacer, usted que sabe de seguridad, señor policía? Y aquél sabio oficial le contestó: no podemos hacer nada, señora, solamente podemos rezar.

Como no somos un Estado confesional, sino somos un Estado de instituciones, no podemos mandar a los periodistas y a los periódicos a que recen porque están activados todos los sistemas de seguridad.

La Secretaría de Gobernación tiene un organismo, un mecanismo dedicado; la Procuraduría General de la República tiene una fiscalía especializada, todas con presupuesto; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un visitador especializado; el Senado, recientemente, y se los agradezco, dio entrada a una comisión especial, que me honro en presidir y, sin embargo, los medios de difusión y los periodistas siguen siendo agraviados.

Rezar es lo que hasta este momento le dejamos a los compañeros de los medios, porque institucionalmente aunque estamos coordinando y aunque los mecanismos están funcionando, no estamos dando resultados.

Por ello es que propongo ante ustedes, con el aval del grupo del Partido del Trabajo, estas adiciones a la Ley de Seguridad Pública, y es la creación de este nuevo capítulo.

¿Cuál es el objeto?

Esta propuesta busca garantizar con base en la ley, que los medios de comunicación vean garantizada su seguridad integral con base en un análisis de riesgo, similar al que establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, incluye a personas, a seres humanos, no a instalaciones, por ello es que estoy proponiendo este propósito.

Esta protección va más allá de asignar una patrulla en la instalación, porque se ha dado el caso de que sí, una pronta respuesta de los gobiernos estatales o bien el gobierno federal, es instalar un par de patrullas con los respectivos agentes a las afueras de los periódicos o de los canales de televisión, y esto no hace más que, al parecer, representar un blanco para el crimen organizado, esto es como tentarlos, es como decirles, ven y dispara, porque aquí te estoy demostrando toda la incapacidad que tengo.

Asimismo, en esta propuesta está el análisis de riesgo propuesto y que permite identificar las medidas de seguridad integral idóneas para impedir ataques, tales como la labor de inteligencia, los puestos de revisión en las inmediaciones de los medios, sistemas de video, vigilancia, identificación del modus operandi, arquitectura defensiva en función del tipo y calibre de las armas comúnmente empleadas y la encriptación de comunicaciones del medio.

Esto es, no hay duda que en todos los niveles de gobierno estamos preocupados, no hay duda de que los gobernadores, el Presidente de la República, los Secretarios de Seguridad Pública están reaccionando de una manera pronta, pero nos preguntamos si lo hacen de manera inteligente.

Así que por ello me permito dar a conocer a ustedes cómo quedarían estas adiciones que estamos proponiendo.

Artículo 7, le vamos a añadir la fracción XI bis, que dice: “Participar en la protección de las instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo, según los estudios de evaluación correspondientes que se practiquen en los términos establecidos en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

El artículo 29, con la fracción añadida, la número XVIII bis, quedaría: “Proponer reglas para coadyuvar en la protección de las instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo, en los términos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

El artículo 39, se añade la fracción III bis, que dice: “Coordinar las acciones para la protección de las instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo y añadiríamos el Título Decimo Tercero a esta ley con dos artículos:

El artículo 153, que dice: “Para efectos de esta ley, se consideran instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes destinados al funcionamiento y operación de la actividad de los periodistas, definidos como tales en términos del artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Y el artículo 154, que dice: “Para que las instalaciones de los medios masivos de comunicación sean susceptibles de la protección de los cuerpos de seguridad pública, serán incorporados al mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, previsto en la ley correspondiente”.

Estos son los pormenores, ojalá que puedan analizar la propuesta y, si es el caso, aprobarla.

Esto lo hacemos para impedir que los compañeros que se dedican diariamente a la información a mantenernos al corriente de los hechos que se suscitan en el país, tengan que dejar de rezar y se sientan protegidos por un Estado fuerte.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI BIS DEL ARTICULO 7, XVIII BIS DEL ARTICULO 29, III BIS APARTADO A DEL ARTICULO 39, Y TITULO DECIMO TERCERO ARTICULOS 153 Y 154 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Libertad de Expresión: fin de la Seguridad Pública.

La importancia de la libertad de expresión para el Estado de Derecho y el avance en nuestra vida democrática es tal que el propio legislador la tuvo presente al regular la función de seguridad pública a cargo de la Federación, los Estados y el Distrito Federal y los Municipios. Dejando atrás el concepto de seguridad pública en referencia a la persona y bienes de los habitantes, se pasó a una dimensión social al ponderar los fines de la misma. La visión democrática de la seguridad dio lugar al siguiente precepto, en vigor en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, ante la oleada de violencia que azota al país, el contenido normativo de dicho ordenamiento rápidamente se quedó atrás, y sus preceptos devinieron insuficientes para alcanzar el objeto de la ley en materia de preservación de las libertades. Para dar eficacia al fin legal consistente en la salvaguarda de una de dichas libertades: la de expresión, se hace necesario establecer una preceptiva específica que otorgue a los medios de comunicación el derecho a solicitar protección integral a las instituciones de seguridad pública ante los constantes ataques que vienen sufriendo junto con los periodistas y defensores de derechos humanos. Es propósito de esta Iniciativa llenar esa laguna jurídica que se generó con el surgimiento de la escalada de violencia extrema en nuestro país.

De la reiteración de los ataques a los medios de comunicación.

Los ataques a medios decomunicación persisten en particular en las zonas donde desde finales del 2006 se han registrado actos de violencia extrema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos contabiliza 28 agresiones a edificios sede de estaciones de radio, periódicos o difusoras de televisión. Los ataques a los medios de comunicación se producen en un entorno de violencia extrema contra los periodistas y de daños a la libertad de expresión en el que se han registrado desde el 2005 los delitos siguientes: 82 homicidios y 18 desapariciones de periodistas. Del 1° de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2012, el Ombudsman nacional atendió 658 quejas de comunicadores por presuntas violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, la libertad, la legalidad, integridad y seguridad personal.

El 11 de julio del 2012 dos instalaciones del diario El Norte de Monterrey, Nuevo León fueron atacadas: una con una granada y otra con armas de fuego: un editor se salvó pues no se encontraba en su oficina cuando las ráfagas de fusil de asalto AK-47 entraron por su ventana. En dicha ocasión, la organización de periodistas Reporteros Sin Fronteras indicó:

“Nos encontramos muy preocupados por la seguridad de los periodistas y empleados de este medio de comunicación. Pedimos a las autoridades locales y federales su completa movilización para identificar a los responsables, y que se emprendan medidas concretas y urgentes para garantizar la protección de este diario.”(Véase La Jornada, 31 de julio de 2012)

Recientemente el diario El Siglo de Torreón sufrió nuevos ataques aunado a dos de que había sido objeto con anterioridad el más reciente en el 2011, además de que el 7 de Febrero de este año fueron privados de la libertad cinco de sus colaboradores que fueron liberados al día siguiente. Este último caso se caracterizó por haber sido víctimas también miembros del personal que no son periodistas: la violencia se expandió a colaboradores administrativos del medio. En dicha ocasión el suscrito, Presidente de la Comisión Especial para darSeguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, presentó una proposición con punto de acuerdo para que cobrara efectos lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 7° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se tomaran medidas adicionales a los esquemas acostumbrados para elevar el nivel de seguridad de los medios de comunicación en general y de El Siglo de Torreón en particular. Dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública. Los motivos de dicha proposición se encuentran vigentes y, en síntesis, son los siguientes:

“Ante tales acontecimientos, los medios de comunicación que celebraron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia alertaron sobre una escalada de agresiones contra los medios de comunicación y los periodistas. El Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia formuló la convocatoria siguiente:

“Hacemos un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para restituir las condiciones para el libre ejercicio de nuestra labor como una prioridad de su administración”.

‘Los medios de comunicación exigimos que el Congreso de la Unión cumpla con su obligación de reglamentar la reforma constitucional al artículo 73 que permite que la Federación conozca de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten el derecho a la información. El plazo marcado por la ley para esta tarea venció el pasado diciembre’

En México es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, pues así lo consagra el artículo 7° constitucional. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, de acuerdo al Artículo 1° de la propia Carta Magna.

De conformidad con el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno. El artículo 7, fracción XVI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia deberán coordinarse para realizar las acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública. Cabe mencionar que dichas acciones son adicionales a las contempladas en dicho ordenamiento. De ahí que al resultar insuficiente el esquema de coordinación adoptado hasta la fecha, resulta obligado implementar acciones específicas relacionadas de manera inmediata y directa con las agresiones a periodistas y medios de comunicación en general y al Siglo de Torreón en particular.”

En la madrugada del 6 de Marzo de este año fueron atacados con armas de fuego el Diario de Juárez y el Canal 44, ambos con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por fortuna no se registraron heridos pero los inmuebles presentaron cuantiosos daños materiales ya que recibieron más de una docena de impactos cada uno. En El Diario algunos proyectiles se alojaron en la recepción. Llama la atención que el primer ataque fue aproximadamente a la una de la mañana contra El Diario de Juárez y poco después de que acudió al lugar la policía municipal se perpetró otra agresión ahora en perjuicio del Canal 44. La dinámica anterior pone de manifiesto que es necesario pasar de un esquema reactivo a otro pro-activo, lo cual se puede lograr con base en un análisis de vulnerabilidad de los medios de comunicación que se encuentren en condición de riesgo.

La Protección Internacional de la Libertad de Expresión.

Uno de los fines de la seguridad pública es la preservación de las libertades pues así lo establece el Artículo 2° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los tratados internacionales tutelan con amplitud la libertad de expresión como se aprecia a continuación:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 29

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Artículo 20

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 13

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley previa y sean necesarias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación Racial

Artículo 4

Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo IV

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

Los instrumentos internacionales anteriores, por reconocer derechos humanos, han pasado a formar parte de nuestra Ley Fundamental en términos de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010. Dicha reforma establece nuevas obligaciones para todas las autoridades en materia de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Los deberes anteriores se traducen para el Congreso de la Unión en la adopción de medidas legislativas para dar eficacia a los derechos fundamentales y a las libertades. De ahí que la finalidad de esta Iniciativa radica precisamente en asegurar el derecho a la información y la libertad de expresión mediante el establecimiento del deber expreso de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno de proteger y vigilar a los medios de comunicación que de acuerdo a una valoración técnica se encuentren en riesgo o situación de vulnerabilidad frente a las agresiones de la delincuencia en especial en las zonas donde se padece de violencia extrema.

Del Impacto de las Agresiones sobre la Libertad de Expresión.

Con el propósito de proteger a sus reporteros de convertirse en blancos de la delincuencia muchos medios de comunicación principalmente de prensa se han visto forzados a dejar de cubrir el acontecer en torno al fenómeno delictivo o bien a restringir el contenido de la información a un mínimo: reproducir los boletines de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública cuidando sin hacer referencia a alguna organización o grupo criminal en particular. Esta amenaza a la libertad de expresión se agudiza en los medios de comunicación en las entidades federativas donde son más vulnerables pues no se encuentra vigente un mecanismo de protección destinado de manera inmediata y directa a los medios de comunicación.

El diario El Mañana que circula en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de sufrir sendos ataques en menos de dos meses en el 2012, uno de ellos con explosivos, en su comentario editorial dio a sus lectores la explicación siguiente:

"El Mañana es un instrumento para la libertad y la democracia, por tanto no está hecho para la mezquindad de ningún grupo de poder fáctico o delictivo que así lo pretenda.

Por ello, este periódico, apelando a la comprensión de la opinión pública se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufre nuestra ciudad y otras regiones del país.

El Consejo Editorial y de Administración de esta empresa ha llegado a esta lamentable decisión, obligado por las circunstancias que todos conocemos, y por la falta de condiciones para el libre ejercicio del periodismo.

Sólo se abordará el tema a través de la opinión profesional de los analistas que estudian el fenómeno y lo tratan de manera inteligente y responsable”.

Ricardo González, funcionario de seguridad y protección que trabaja para Artículo 19, una organización internacional dedicada a la libertad de prensa, consideró, según nota aparecida en el portal de defensa y seguridad denominado agorarevista.com, lo siguiente:

-“Hoy en día algunos periodistas se censuran a sí mismos o simplemente abandonan sus carreras”.

Recomendaciones Internacionales.

El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue visitó México por invitación del Gobierno en misión oficial conjunta con la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sra. Catalina Botero, del 9 al 24 de agosto de 2010. Se trata de la primera visita conjunta en misión oficial realizada por los dos Relatores. Dicha Misión a México rindió un Informe, el cual contiene entre sus conclusiones la siguiente:

“Sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población. La protección del derecho a la libertad de expresión debe formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana en México.”

De la necesidad de actualizar la Ley.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue recientemente promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, y ya en ella se establece la cooperación que debe prevalecer entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Por su parte, el artículo 7°, fracción XVI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia deberán coordinarse para realizar las acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública. Es claro que se requiere, de manera urgente, incrementar la seguridad de los medios de comunicación; de ahí que la finalidad de esta Iniciativa radica en construir una solución normativa a dicho problema.

La situación de vulnerabilidad de los medios de comunicación no cede por lo que se hace necesario dar expresión normativa en el ámbito de la libertad de expresión al supuesto contenido en la fracción XVI del Artículo 7° en cita. A mayor vulnerabilidad, mayor reconocimiento del derecho a la protección para los medios de comunicación en riesgo. La determinación de cuáles medios están en peligro y qué acciones es necesario llevar a cabo para mantener y elevar su nivel de seguridad, se logra por medio de la aplicación de un estudio de evaluación de riesgos, así como del estudio de evaluación de acción inmediata, ambos previstos en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para poder aplicar las medidas conducentes, ya sea preventivas, de prevención, de protección o urgentes de protección.

Dicha herramienta implica recabar toda la información disponible acerca del fenómeno delictivo en sus diversas modalidades en torno al medio de comunicación. Los datos van desde infracciones administrativas en sus alrededores hasta productos de inteligencia sobre la delincuencia. Las acciones son de índole de prevención situacional, social y de investigación para prevenir delitos; supuestos todos también contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de de Seguridad Pública. Las medidas de seguridad se conciben, planean e instrumentan en congruencia de las conclusiones que arroje el análisis de riesgo. Así el esquema de protección debe ser superior a la amenaza en cuanto a armamento, logística y comunicaciones, entre otros aspectos.

La base para proteger a los medios de comunicación en sus edificios y recintos radica precisamente en llevar a cabo en las zonas de mayor violencia un estudio sobre los factores que pueden dar lugar a una agresión. La Ley de la Policía Federal establece en su artículo 8, fracción III, inciso c) como su obligación salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos en todos aquellos lugares públicos, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal, conforme a lo establecido por las leyes respectivas. Es así que el artículo 4 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señala como obligatorias para las autoridades federales las resoluciones que emita la Junta de Gobierno para satisfacer Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección previstas en esta Ley.

Es sumamente importante destacar que, además del esquema de prevención situacional para los medios de comunicación (como medidas para evitar la aproximación de los grupos criminales a los inmuebles o para truncar la vía de fuga, reforzamiento de los ventanales a prueba de proyectiles, entre otras), la información con base en productos de inteligencia ocupa un lugar de primer orden para elevar el nivel de seguridad de las instalaciones de los medios de comunicación. En esta materia, la Policía Federal tiene deberes relacionados con la libertad de expresión, conforme a lo señalado en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de Mayo del 2010.

Artículo 11.- Corresponde a la División de Inteligencia:

XIII. Detectar los factores que incidan en las amenazas o en los riesgos que atenten contra la preservación de las libertades de la población, el orden y la paz públicos y proponer medidas para su prevención, disuasión, contención y desactivación;

XIV. Entregar al Secretario y al Comisionado General las agendas de riesgo que se deriven del análisis y valoración de la información;

En torno a la seguridad para establecimientos David Lee, experto en la prevención de delitos, manifiesta en su Manual de Seguridad –editado por ASIS International, el Instituto de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. y México Unido contra la Delincuencia, A.C.-, lo siguiente:

“Es preciso prevenirse material, estratégica y psicológicamente ante la posibilidad de un hecho delictivo que implica el riesgo de sufrir pérdidas humanas y materiales…

Es fundamental que busque información objetiva y fidedigna del índice de delincuencia y los patrones del crimen en los lugares de trabajo. Resulta importante conocer esta información, ya que una buena estrategia de seguridad personal y del negocio radica en analizar el entorno y de ahí planear, equiparse, capacitarse y actuar para evitar ser una víctima más de esa estadística.”

La construcción de la solución a este problema de peligrosidad se inscribe en el conjunto de deberes que las instituciones de seguridad pública adquirieron al expedirse la ley de la materia. La respuesta normativa a la problemática pasa por introducir a los medios de comunicación en el catálogo de las instalaciones que toca a las instituciones de seguridad proteger y vigilar. Resulta, pues, obligado un enunciado normativo adicional en la fracción XI del multicitado Artículo 7°, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 7. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I a X.

XVIII bis. Proponer reglas para coadyuvar en la protección de las instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo, en los términos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y

Esta adición inicial al artículo 7, implica diversos ajustes al resto de la Ley, tanto en el artículo 29, para considerarlo dentro de las funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; en el artículo 39, en que se especifica que es facultad federal el cuidado de estas instalaciones, por conducto de las autoridades competentes. Asimismo, se hace necesario adicionar un Título Décimo Tercero en el que se defina lo que se consideran instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo, y los medios para que sean consideradas como tales, en los términos de la Ley respectiva.

Es importante destacar que esta Iniciativa es acorde y armónica con los fines de la seguridad pública. En efecto, entre dichos fines destaca el preservar las libertades consagradas y reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales como hemos venido manifestando ocupa un lugar primigenio la libertad de expresión ya que posibilita, por su naturaleza, las demás libertades.

Asimismo, cabe mencionar que esta iniciativa se complementa con la anteriormente presentada por senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios el pasado 27 de noviembre de 2012, como proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal, que busca reglamentar las reformas, a la fracción XXI del artículo 73 Constitucional del pasado 25 de junio de 2012, en la que se señala que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. En vista de que esta última se refiere a una vez ya realizados los delitos contra los periodistas, la presente iniciativa busca la prevención de los ataques tanto en las personas como a las instalaciones y las medidas de seguridad y mecanismos que deberán observarse una vez determinado que se está en riesgo.

Sólo una sociedad informada, gracias en buena medida a la actividad de periodistas y medios de comunicación, puede manifestar sus ideas sobre bases sólidas, puede asociarse con fines autorizados por la ley, puede en suma ejercer sus derechos sociales, culturales y políticos.

En este orden de ideas, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de:

+

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI BIS DEL ARTICULO 7, XVIII BIS DEL ARTICULO 29, III BIS APARTADO A DEL ARTICULO 39, Y TITULO DECIMO TERCERO ARTICULOS 153 Y 154, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

ARTICULO PRIMERO. Se adicionan las fracciones XI bis del artículo 7; XVIII bis del artículo 29; III bis del apartado A del artículo 39; y Título Décimo Tercero, artículos 153 y 154 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 7. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I a XI…

XI bis. Participar en la protección de las instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo, según los estudios de evaluación correspondientes que se practiquen en los términos establecidos en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;

Artículo 29.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

I a XVIII…

XVIII bis. Proponer reglas para coadyuvar en la protección de las instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo, en los términos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y

Artículo 39.- La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades competentes:

I a III…

III bis. Coordinar las acciones para la protección de las instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo, y

TITULO DECIMO TERCERO
DE LAS INSTALACIONES DE LOS MEDIOS MASIVOS
DE COMUNICACION EN SITUACION DE RIESGO

Artículo 153.- Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento y operación de la actividadde los periodistas, definidos como tales en los términos del artículo 2º de la de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Artículo 154.- Para que las instalaciones de los medios masivos de comunicación sean susceptibles de la protección de los cuerpos de seguridad pública, serán incorporados almecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,previsto en la Ley correspondiente.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República, a 12 de marzo de 2013.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.- Sen. Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene la palabra la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Presentada por la C. Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM)

- La C. Senadora Ninfa Salinas Sada: Buenas tardes, con su venia señor Presidente.

La certeza jurídica es de vital importancia para cualquier intento de reinstalar al país en la senda del progreso y del crecimiento.

Los estados de derecho constitucionales además de perseguir la seguridad jurídica mediante normas formales, también deben elaborar un derecho. El derecho tributario en el estado de derecho no puede constituir un orden coactivo con un contenido cualquiera.

El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El ciudadano, así como la Administración Pública Federal, pueden iniciar un juicio cuando estimen que una resolución administrativa es contraria a la ley.

En el caso de la autoridad se trata del llamado juicio de lesividad, que tiene por objeto revocar o nulificar un acto administrativo que la propia autoridad emitió, pero de un análisis posterior, considera, se causa daño al fisco y además es ilegal.

La problemática que motiva esta iniciativa surge en la distinción de los plazos concedidos por la ley para interponer el juicio. El particular que acude ante el tribunal en comento, por considerar ilegal una resolución de la administración cuenta con 45 días para presentar su demanda, no así la autoridad que tiene hasta 1866 días para iniciar un juicio.

En efecto, cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, el plazo de interposición de la demanda es de 5 años.

Esta disparidad, representa una vulneración inminente a varios principios jurídicos.

Debe mencionarse que el juicio de lesividad tiene como finalidad inmediata revisar la legalidad de las resoluciones fiscales favorables a los particulares, pero esta finalidad está limitada por el bien jurídicamente tutelado; la seguridad jurídica de los particulares, que como principio constitucional, contenido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna está por encima de cualquier otra consideración.

No debemos perder de vista que los cinco años que nos ocupan, son el plazo con que cuentan las autoridades fiscales, únicamente para iniciar el juicio de lesividad, lo que significa que la definición de la situación jurídica del particular, necesariamente se alargará durante algunos años más, esto es, hasta que tal juicio haya concluido, sin considerar el tiempo que ya transcurrió antes de obtener la resolución que la autoridad impugna.

Imaginemos que el particular se ha sometido a un procedimiento administrativo del que obtuvo respuesta o resolución favorable de la administración, quedará en indefinición durante cinco años para tener certeza de que la respuesta a su favor quede firme, y si después de más de cuatro años de intranquilidad la autoridad detectara un error en que ella misma sometió y se le sometiera de nueva cuenta a un procedimiento administrativo, debemos considerar que un juicio de nulidad tarda entre dos o tres años, lo que representa que la situación jurídica del particular se estará definiendo en un plazo que en promedio será de 7 u 8 años, siendo evidente, en muchos casos, que estos plazos son incluso mucho mayores.

Esto se estima indebido, pues si bien es cierto que las resoluciones favorables a los particulares deben ser objeto de revisión por parte de los tribunales, también lo es que el plazo de más de cinco años en el que se determinan los derechos y obligaciones de los particulares resulta imprudente, excesivo y, por ende, contrario a la garantía de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 constitucional.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es uno de los instrumentos internacionales que se encuentra a la par de la Constitución, su artículo 8, párrafo 1, dispone:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable”.

Es por tanto que la autoridad tiene el deber de determinar los derechos y obligaciones del orden fiscal dentro de un plazo razonable por parte de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

El plazo excesivo con el que cuenta la autoridad para interponer el juicio de lesividad, quebranta el principio de seguridad y de certeza jurídica; durante el plazo mencionado de cinco años, el particular tendrá incertidumbre de que la propia administración cambie de criterio interpretativo o incluso aplique jurisprudencia que en el momento la decisión no existía, contraviniendo, adicionalmente, el principio constitucional de irretroactividad.

Los cinco años concedidos a la administración pública, no se pueden justificar en el cúmulo de trabajo bajo su responsabilidad, ni en afirmar que se pretende equiparar con el plazo de prescripción de las facultades fiscales, que también es de cinco años.

Invocar un exceso de trabajo no tiene mayor peso que el argumento de un estado constitucional de derecho, del que somos parte, donde particulares así como autoridades estamos sometidos a la ley, su Constitución y los principios que de ella deriven.

No se puede negar que existen casos que justifican demandar la ilegalidad de alguna resolución que siendo favorable a los intereses de un particular, causa lesión o perjuicio.

Esta iniciativa expone la necesidad de reducir los plazos para la autoridad en la interposición del juicio de lesividad.

No obstante, establecer un plazo de 45 días, igual que posee el particular, también atentaría contra la equidad de proceso, toda vez que es acertado considerar en su justa medida, el cúmulo de trabajo que tienen las autoridades, razón por la cual, 45 días no son suficientes para que la administración detecte error o ilegalidad en alguna resolución por ella misma emitida.

Por tanto, con el objeto de salvaguardar los principios de seguridad jurídica, certeza e igualdad, proponemos reducir a un año el plazo que tiene la administración pública para ejercer una acción legal que pretende revocar o nulificar un acto administrativo.

La ley no debe secundar situaciones arbitrarias, los estados de derecho deben caracterizarse por un derecho tributario justo, y menciono las palabras del filósofo y político griego Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, permitir plazos excesivos contribuiría a permitirlo.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, fracción I y 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción III, del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 1

El particular puede iniciar dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. 2

Por su parte, la Administración Pública Federal también puede iniciar un juicio cuando estime que una resolución administrativa favorable a un particular, es contraria a la ley. 3

En este último caso, se trata del llamado juicio de lesividad, procedimiento administrativo especial, iniciado por la Administración Pública para revocar o nulificar un acto administrativo dictado por la misma autoridad, por error o que perjudique al fisco.4 Es decir, este juicio tiene la particularidad de que es promovido por un sujeto jurídico administrativo que demanda se revoque un acto administrativo anterior, emitido por él mismo en su calidad de sujeto público.5

Su fundamento jurídico es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo segundo y el Código Fiscal de la Federación en su artículo 36.

Otorgar la acción o potestad legal, para iniciar un juicio a particulares así como a la propia Administración Pública, y cuyo efecto principal será la nulidad de una resolución o acto administrativo, implica que ambos sujetos (particular- Administración) se les considera en igualdad de condiciones procesales. Entre ellos existe igualdad jurídica ante la ley.

La problemática surge en la distinción de plazos concedidos por ley, para interponer el juicio. De conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el particular cuenta con 45 (cuarenta y cinco) días, no así la autoridad quien tiene hasta 1866 (mil ochocientos sesenta y seis) días para interponer la demanda.

En efecto, cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, el plazo de interposición de la demanda es de cinco años contados a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, e incluso, en los casos donde existan efectos de tracto sucesivo, se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto.

Esta disparidad, representa una vulneración inminente a varios principios jurídicos.

Debe mencionarse que el juicio de lesividad tiene como finalidad inmediatarevisar la legalidad de las resoluciones fiscales favorables a los particulares, pero esta finalidad está acotada por el bien jurídicamente tutelado por los artículos 36 del Código Fiscal de la Federación y 13, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: la seguridad jurídica de los particulares, que como principio constitucional, contenido en elartículo 16 de nuestra Carta Magna está por encima de cualquier otra consideración.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales están impedidas para revocar las resoluciones fiscales favorables a los particulares que hayan dictado.6 Esta disposición legal, evidentemente tutela la seguridad jurídica de los particulares, debido a que no serán las propias autoridades fiscales quienes podrán revocar las resoluciones que benefician a los particulares, sino que conforme el artículo 13, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tendrán que acudir al juicio de lesividad, para que sea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que revise la legalidad de la resolución correspondiente.

Debe hacerse hincapié en el hecho de que los 5 años que nos ocupan, son el plazo con que cuentan las autoridades fiscales para iniciar el juicio de lesividad, lo que significa que la definición de la situación jurídica del particular, necesariamente se alargará durante algunos años más, esto es, hasta que tal juicio haya concluido.

En este orden de ideas, si consideramos que un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tarda en promedio en concluir entre dos a tres años, incluyendo todas sus instancias (recurso de revisión para las autoridades o bien juicio de amparo para los particulares), ello representará que la situación jurídica del particular se estará definiendo en un plazo que en promedio será de siete a ocho años, siendo evidente que en muchos casos estos plazos de resolución son incluso, mucho mayores.

Esto se estima indebido, pues si bien es cierto que las resoluciones favorables a los particulares deben ser objeto de revisión por parte de los tribunales competentes, también lo es que el plazo real en el que se determinarán los derechos y obligaciones de los particulares resulta imprudente, excesivo y, por ende, contrario a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 Constitucional.

Desde las reformas al artículo primero constitucional, del año 2011, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados por México, constituyen ley superior. Se trata del bloque de constitucionalidad – convencionalidad, que las autoridades del Estado mexicano, en todos los órdenes jurídicos y con independencia de su jerarquía, estamos obligados a respetar.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es uno de estos instrumentos internacionales que se encuentran a la par de la Constitución. Esta Convención es fundamento de los razonamientos que hasta aquí se han presentado.El artículo 8, párrafo 1 de dicho ordenamiento internacional,a la letra dispone:

“8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

La anterior disposición, establece un derecho fundamental, debidamente reconocido por los artículos 1 y 133 Constitucionales, siendo ineludible la obligación por parte de nuestro país de determinar los derechos y obligaciones de orden fiscal dentro de un plazo razonable, por parte de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

No se estima razonable el plazo de 5 años contenido en el artículo 13, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues tan sólo implica la posibilidad de incoar el juicio de lesividad en contra de una resolución favorable al particular, siendo evidente que este juicio a su vez dilatará en promedio dos o tres años y aún más (considerando todas sus instancias), con lo cual, en el extremo, el contribuyente estará en la indefinición de sus derechos y obligaciones en materia fiscal, por plazos que pueden exceder ocho años, lo que dista de ser razonable.

Sobre este tema, resultan de especial importancia las palabras pronunciadas por el Profesor Klaus Tipke, Catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Colonia, Alemania, en el prólogo del libro intitulado “Capacidad Económica y Sistema Fiscal” del Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Compultense de Madrid, el Dr. Pedro Manuel Herrera Molina7, ellos han mencionado lo siguiente:

“No es suficiente que los estados de derecho persigan, mediante normas formales, la seguridad jurídica; también deben elaborar un derecho material justo. El Derecho Tributario de los Estado de Derecho no puede constituir un orden coactivo con un contenido cualquiera. Por el contrario, los Estados de Derecho deben caracterizarse por un Derecho tributario justo.”

Es así que la ley no debe secundar situaciones arbitrarias, los Estados de Derecho deben caracterizarse por un Derecho tributario justo, y coincidimos con el filósofo y político griego Séneca quien mencionó “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, permitir plazos excesivos contribuiría a permitirlo.

Igualdad procesal e igualdad jurídica

En segundo lugar, se estima que se atenta contra el principio de igualdad procesal - inserto en el principio de igualdad jurídica-, entre la Administración y el particular. Pese a que en criterios jurisprudenciales, anteriores al año 2011 (año de la reforma constitucional en materia de derechos humanos), se ha determinado que los particulares y las autoridades no son iguales, no podemos ignorar que el artículo 8 de la Convención Americana es superior a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.8

Seguridad - certeza jurídica e irretroactividad.

El plazo excesivo con el que cuenta la autoridad para interponer el juicio de lesividad, además de vulnerar el principio de igualdad jurídica, quebranta el principio de seguridad y certeza jurídica, toda vez que el particular que obteniendo una respuesta a su favor de la Administración Pública, se encontrará en incertidumbre de que en los siguientes cinco años, la propia Administración cambie de criterio interpretativo o incluso, aplique jurisprudencia que, en el momento de la decisión no existía, y así se contraviene adicionalmente, el principio constitucional de irretroactividad.

Más aún, se genera un estado de inseguridad jurídica en perjuicio del gobernando el hecho de que el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, no se señala las causas y efectos de una declaratoria de nulidad por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la resolución administrativa favorable impugnada.

Los cinco años concedidos a la Administración Pública, no puedenjustificarse en el cúmulo de trabajo bajo su responsabilidad ni se puede,9 afirmar que se pretende equiparar con el plazo de prescripción de las facultades fiscales, que también es de cinco años.10

Invocar un exceso de trabajo no tiene mayor peso que el argumento de un Estado constitucional de derecho, del que somos parte; donde particulares así como autoridades estamos sometidos a la ley, su Constitución, y los principios que de ella derivan.

Por otro lado, las facultades fiscales y la acción legal son figuras de naturaleza distinta. Debe tomarse en cuenta que en las primeras, la Administración Pública aún funge como autoridad, en tanto en la segunda, la Administración acude al Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa no en calidad de autoridad con imperium, sino más parecido a un particular que solicita acceso a la justicia. E incluso, opera en su contra el hecho de que la resolución controvertida, ella misma la emitió, en todo caso el error deriva de su actuar.

Adicionalmente, conviene recordar que en términos del artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente la actuación de los contribuyentes en todo caso, se presume de buena fe.

No se puede negar que existen casos que justifican demandar la ilegalidad de alguna resolución que siendo favorable a los intereses de un particular, causa una lesión o perjuicio al fisco.Sin embargo, tampoco debe ser un instrumento para que las autoridades fiscales puedan impugnar en cualquier tiempo, una resolución favorable a un particular, máxime que fue la propia autoridad quien la emitió.

Esta iniciativa expone la necesidad de reducir los plazos, para la autoridad en la interposición del juicio de lesividad.

No obstante, establecer un plazo de 45 días, igual al que posee el particular, también atentaría con la equidad procesal, toda vez que es acertado considerar en su justa medida, el cúmulo de trabajo que tienen las autoridades, razón por la cual, 45 días no son suficientes para que la Administración detecte error o ilegalidad en alguna resolución por ella emitida.

Por tanto, con el objetivo de salvaguardar los principios de seguridad jurídica, certeza jurídica, igualdad e irretroactividad en perjuicio del ciudadano, proponemos reducir el plazo que tiene la Administración Pública para ejercer acción legal que pretenda revocar o nulificar un acto administrativo, que considere causa perjuicio al fisco.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO: Se reforma la fracción III, del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para quedar como sigue:

Artículo 13.- …..

I a II………

III.De un año cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a un año anterior a la presentación de la demanda.

…..

TRANSITORIOS:

ARTICULO UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del H. Senado de la República, a 12 de marzo de 2013.

Sen. Ninfa Salinas Sada”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de Decreto por el que se rectifica la Estrategia Nacional de Energía.

1 Artículo 3, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

2 Artículo 3, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

3 Artículo 3, tercer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

4 Derecho Administrativo, Segundo Curso. Serra Rojas, Andrés. México, 2033. Ed. Porrúa. p. 831.

5 El Juicio de Lesividad y Otros Estudios. Esquivel Vázquez, Gustavo A. México, 2002. Ed. Porrúa. p.66.

6 El juicio de lesividad fue introducido a nuestra legislación con motivo de que las autoridades fiscales no están facultadas para revocar por iniciativa propia (“motu proprio”) sus actos o determinaciones frente a los ciudadanos.

7 “Herrera Medina, Pedro, “Capacidad Económica y Sistema Fiscal”, Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 1ª. edic., Madrid, 1998.

8 Consultar Tesis aislada P. XXXVII/2007, Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Seminario Judicial de la Federación, p. 23, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena época, de rubro y texto siguientes:

JUICIO DE LESIVIDAD. EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, PARA PROMOVERLO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. Ver nota siguiente.

9Tesis aislada P. XXXVII/2007, Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Seminario Judicial de la Federación, p. 23, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena época, de rubro y texto siguientes:

JUICIO DE LESIVIDAD. EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, PARA PROMOVERLO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. Cuando la autoridad hacendaria se percata de que una resolución fiscal dictada en favor de un contribuyente es, a su parecer, indebida y lesiva para el fisco, no puede revocarla válidamente por sí y ante sí, ni puede hacer gestión directa ante el particular para exigirle el reembolso que resulte, sino que para ello debe promover el juicio contencioso administrativo de anulación o de lesividad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, el hecho de que el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, otorgue a la autoridad fiscal el plazo de 5 años para promover el referido juicio y al particular sólo le conceda el de 45 días, no viola el principio de igualdad procesal. Ello es así, porque el mencionado principio se infringe si a una de las partes se le concede lo que se niega a la otra, por ejemplo, que al actor se le permitiera enjuiciar, probar o alegar y al demandado no, o viceversa; pero dicho principio no puede considerarse transgredido porque no se tenga el mismo plazo para ejercitar un derecho, pues no se pretende una igualdad numérica sino una razonable igualdad de posibilidades para el ejercicio de la acción y de la defensa; además, la circunstancia de que se otorgue a la autoridad un término más amplio para promover el juicio de nulidad contra una resolución favorable al particular, se justifica en atención al cúmulo de resoluciones que se emiten y al tiempo que tarda la autoridad en advertir la lesión al interés público, y porque aquélla defiende el patrimonio de la colectividad, que es indispensable para el sostenimiento de las instituciones y de los servicios públicos a que está obligado el Estado, mientras que el particular defiende un patrimonio propio que le sirve para fines personales. Debe agregarse que la igualdad procesal en el juicio contencioso administrativo se corrobora con el contenido de los artículos 212, 213, 214, 230 y 235 del Código citado, de los que se infiere la posibilidad que tiene el particular de conocer la demanda instaurada en su contra, las pruebas aportadas por la autoridad actora, así como la oportunidad de contestar la demanda e impugnar dichas pruebas. Finalmente, si se aceptara que las autoridades hacendarias sólo tuvieran 45 días para promover la demanda de nulidad, vencido este plazo la resolución quedaría firme por consentimiento tácito, con lo cual se volvería nugatorio el plazo prescriptorio de 5 años que tiene el fisco para exigir el crédito fiscal.

PLENO Contradicción de tesis 15/2006-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de marzo de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número XXXVII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.

10 Tesis aislada: I/1o/A/158/ A, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Seminario Judicial de la Federación p. 116, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, novena época, de rubro y texto siguiente: JUICIO DE LESIVIDAD. EL PLAZO DE CINCO AÑOS PARA PROMOVERLO, QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 207, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.

Como todo derecho fundamental, el acceso efectivo a la justicia que imparten los tribunales del Estado no es absoluto, por lo que su ejercicio debe someterse a cauces que al limitarlo justificadamente posibiliten su prestación adecuada con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas. Los presupuestos, requisitos o condiciones que el legislador prevé para lograr tales fines no pueden ser determinados arbitrariamente, sino que deben tener sustento en diversos principios y derechos consagrados o garantizados en la Constitución Federal, atendiendo, por ende, a la naturaleza de la relación jurídica de la que deriven las prerrogativas cuya tutela se solicita y al contexto constitucional en el que se actualicen. La justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece plazos generales, razonables y objetivos a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales. Atendiendo a los principios anteriores, es evidente que el plazo de cinco años que prevé el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, para que la autoridad promueva juicio contra las resoluciones favorables a los gobernados cuyos efectos sean inmediatos, encuentra sustento en principios garantizados en la Constitución Federal como son el bien común y la protección del patrimonio colectivo destinado a satisfacer necesidades públicas y, por ende, razonable y lógico por la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita en el proceso, esto es, la situación que guarda la autoridad fiscal ante el contribuyente que se vio beneficiado por un acto ilícito cuya modificación o anulación sólo puede obtenerse mediante la tramitación del juicio de lesividad, circunstancia que está vinculada con los plazos que le otorga la ley para determinar y hacer efectivos los créditos fiscales (caducidad y prescripción). Además, el plazo en cuestión es general, en la medida en que rige para todas aquellas autoridades que acudan al juicio de lesividad impugnando resoluciones de efectos instantáneos; es razonable, porque su prudencia deriva de la situación jurídica que se actualiza entre el contribuyente y la hacienda pública con motivo de adeudos de carácter fiscal; además, el plazo está expresamente previsto por la ley, de lo que deriva su objetividad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 70/2007. Ford Motor Company, S.A. de C.V. 8 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Rodrigo Mauricio Zerón de Quevedo.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RATIFICA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGIA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 fracción IV, último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción 8 del referido ordenamiento legal, el titular del Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, remitió para los fines procedentes a esta Honorable Cámara de Senadores la Estrategia Nacional de Energía.

Los integrantes de la Comisión de Energía que suscriben, con base en las facultades que les confieren los artículos 85, 86 y 90, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 190 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Senadores, se abocaron al análisis del asunto presentada por el Ejecutivo Federal, y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros, reunidos en pleno, presentan a esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

Con fecha 27 de Febrero de 2013, el titular del Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación remitió para los fines procedentes a esta Honorable Cámara de Senadores la Estrategia Nacional de Energía.

Con fecha 28 de Febrero de 2013, la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó el asunto de referencia a la Comisión de Energía, para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Estrategia Nacional de Energía, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGIA

La Estrategia Nacional de Energía remitida por el Ejecutivo Federal, propone atender la demanda creciente de energía de forma eficiente, segura y sustentable; busca propiciar el ahorro de energía, expandir los servicios energéticos hacia las poblaciones y regiones de menores recursos y disminuir al mínimo los impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente regional y global que pueden derivar de la producción y el consumo de la energía.

En la misma tesitura, busca apoyar el crecimiento y desarrollo económico del país y lograr que los beneficios de este crecimiento propicien la inclusión social de la población.

De igual manera, se señala que la Estrategia incluye lo referente al transporte, almacenamiento y distribución de energéticos; el fortalecimiento de la capacidad de transformación de fuentes primarias de energía en productos refinados, petroquímicos y electricidad; la producción de petróleo, y la transición energética hacia fuentes de energía más limpias.

Por otro lado, propone acciones tanto para disminuir la cantidad de energía requerida para incrementar el Producto Interno Bruto, como para encaminar la operación eficiente del sector, unificar y consolidar la infraestructura energética y mantener la integridad de las instalaciones del sector. Contempla la necesidad de seguir contando con las fuentes tradicionales de energía para el crecimiento económico.

La estrategia delinea las vías para avanzar en la transición hacia nuevas fuentes, sin perder la condición de exportador neto del país de energía.

Los argumentos que sustentan el proyecto son los siguientes:

Manifiesta que de 2000 a 2011, el consumo de energía en el país creció a un promedio anual de 2.08%, tasa superior a la que presentó el PIB, cuyo crecimiento anual fue de 1.82%. Por su parte, la producción de energía primaria disminuyó a una tasa anual de 0.3%. De continuar estas tendencias, tanto en consumo como en producción de energía, para el 2020 México se convertiría en un país estructuralmente deficitario en energía.

El consumo de electricidad muestra una tasa de crecimiento superior al consumo de energía y por tanto al PIB. En particular la generación de electricidad ha aumentado su dependencia en el gas natural.

Menciona que esta tendencia se debe, en parte, a la reducción en los precios del gas natural en los últimos años en Estados Unidos, y a la mayor eficiencia de estas plantas con respecto a las que emplean derivados del petróleo.

Es importante señalar que actualmente existe el mandato legal de generar el 35% de la electricidad a partir de energías no fósiles en 2024.

En lo que se refiere a la producción de petróleo, expone que entre 2000 y 2004, ésta se incrementó hasta llegar a su máximo nivel, y comenzó a declinar hasta 2.5 millones de barriles diarios (MBD) en 2012, pese a que la inversión en actividades para exploración y producción de hidrocarburos se incrementó más de 3 veces en los últimos doce años, pasando de 77,860 millones de pesos a 251,900 millones en el periodo 2000 a 2012.

Asimismo, que entre 2003 y 2012, a pesar de la mayor inversión en la historia, las reservas probadas de petróleo disminuyeron 31.2% pasando de 20,077 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) a 13,810 MMbpce, en tanto que en el mismo periodo las reservas probables disminuyeron 27%, pasando de 16,965 MMbpce a 12,353 MMbpce.

Por otro lado, expresa que en cuanto a productos finales, México se ha convertido en importador neto de gasolinas, diesel, turbosina, gas natural, gas licuado de petróleo (L.P.) y petroquímicos; además muchos de los sistemas de transportede energéticos presentan signos de obsolescencia, capacidad insuficiente, problemas de integridad física y, en general, se cuenta con pocas rutas de transporte por medio de ductos que provean vías alternas de abastecimiento o que puedan expandirse hacia áreas del territorio nacional que hoy no se encuentran atendidas.

Adicionalmente, señala que México enfrenta retos en materia ambiental, donde los costos en la salud y al medio ambiente derivados de la generación y del uso de la energía son significativos.

Asegura que la ENE tiene como misión encausar las fuerzas de la oferta y la demanda de energía de modo que se brinde viabilidad al crecimiento económico de México y se extienda el acceso a servicios energéticos de calidad a toda la población, a fin de que reciban los beneficios del consumo eficiente y responsable de la energía.

De acuerdo al documento en estudio los componentes que dan sustancia ala misión, son denominados “Objetivos Estratégicos”.

Asimismo, en el apartado “Medida de Política” se incorporan cuatro de ellas, que corresponden a las grandes tareas que deberán realizarse, tanto por el lado de la oferta, como de la demanda, para alcanzar los 2 objetivos estratégicos de la ENE mencionados en el párrafo anterior.

Adicionalmente se encuentran tres “Elementos de Integración”: el primero de ellos se refiere a la sustentabilidad del sector, el segundo a la eficiencia energética y ambiental; y el tercero a la seguridad energética.

Por otro lado, como parte fundamental de la metodología para cada uno de los elementos antes descritos se identifican las áreas críticas del sector, las cuales se denominan “temas estratégicos”.

Asimismo, el documento en estudio menciona que para dar seguimiento a la evolución de las líneas de acción se propone un conjunto de “indicadores de medición”, los cuales se basan en procedimientos comúnmente aceptados.

Objetivo estratégico 1

Crecimiento del PIB

Tema estratégico 1. Satisfacer el abastecimiento de energía conforme a las expectativas de crecimiento económico.

En este rubro, el documento en estudio expone que la energía es una condición necesaria para el crecimiento de la economía, indispensable en la elaboración y uso de casi todos los bienes y servicios del mundo moderno. Muestra de lo anterior es la importancia de los productos del sector energético para el desarrollo de centros de trabajo y su contribución, directa e indirecta, a la generación de empleo y crecimiento del PIB. Es importante señalar que en nuestro país, el sector energético representa casi el 8% del PIB.

Asimismo, señala que México ha mantenido tasas de crecimiento constantes en términos reales en los últimos años; no obstante, no se han logrado las metas esperadas para poder cubrir todas las necesidades que el país necesita. Por ello, si se busca que el PIB crezca a una tasa superior a la que actualmente lo hace, habrá que contar con un suministro de energía vasto, capaz de continuar satisfaciendo los requerimientos ya existentes, y suficiente para desarrollar nuevos mercados y generar polos de desarrollo, de manera que no se frene el crecimiento.

Tema estratégico 2. Promover el uso eficiente de la energía en todos los sectores.

Actualmente se emplea una gran cantidad de recursos económicos con el objetivo de encontrar fuentes primarias de energía, producirlas, transformarlas en energía secundaria y transmitirla a los usuarios finales, quien a su vez, realizan enormes gastos en instalaciones y equipos para obtener el beneficio de la energía en forma de fuerza automotriz, calor, iluminación, entre otros. Como resultado, la demanda de energía ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años.

En 2011, el consumo nacional de energía observó un aumento superior a la tasa promedio que se ha tenido en la última década. De continuar con este nivel de intensidad energética, la demanda total de energía podría aumentar más de un 50% respecto a lo observado en 2011. A su vez, el sector de transporte aumentaría su participación proporcional en tanto que los sectores industrial y residencial la verían disminuida.

Puntualiza que las acciones de eficiencia en el uso de energía, además de contribuir a la contención de los gases efecto invernadero, apoyan las metas de crecimiento y competitividad del país. Es decir, se trata de acciones que se traducen en beneficios directos para la sociedad.

En este contexto, es necesario incorporar elementos de eficiencia energética que permitan el crecimiento económico, disminuyan la pérdida de energía a lo largo de la cadena productiva, y permitan a los consumidores de energía optar por las alternativas de servicios energéticos con mayor eficiencia y menor impacto ambiental.

Asegura que de esta manera, las mejoras en eficiencia energética pueden reducir las necesidades de inversión en infraestructura, mitigar los riesgos asociados a la volatilidad de los precios de los combustibles, incrementar la competitividad de las industrias y disminuir la dependencia de combustibles fósiles, a la vez que brinda beneficios como la reducción de emisiones y contaminantes a la atmosfera.

Continúa diciendo que en nuestro país, existe un importante potencial de eficiencia que no ha sido aprovechado como consecuencia de la existencia de un conjunto de barreras técnicas y económicas. Por ello, es impostergable tomar medidas que, por una parte garanticen el abasto y acceso a la energía y, por otra, contribuyan a una mayor eficiencia que se refleje en los índices de intensidad energética.

Objetivo estratégico 2

Inclusión Social

En esta sección específica que el acceso a la energía es un medio indispensable para mejorar la calidad de vida de la población y brindar las condiciones necesarias para que cada individuo optimice su desempeño; al igual que la salud y la educación, el acceso a la energía es uno de los principales elementos democratizadores y juega un papel relevante en el desarrollo social y humano.

Tema estratégico 3. Adecuar el acceso a la energía de acuerdo con la nueva estructura poblacional.

Señala que es necesario adecuar los servicios energéticos al medio rural, homogeneizando los beneficios a los que se obtienen en los grandes centros urbanos; de esta manera, los habitantes de estas regiones tendrán la posibilidad de mejorar su calidad de vida e iniciar actividades económicas idóneas a su entorno.

Adicionalmente, la distribución y acceso a energéticos entre las distintas regiones del país se encuentran vinculados con su comportamiento económico, tamaño de población y crecimiento en la demanda de combustibles. Como resultado, existen hogares en México que no cuentan con los medios, tales como infraestructura de suministro, recursos económicos y equipos, para satisfacer sus necesidades energéticas básicas.

Manifiesta que el acceso de la población a gas natural se ha concentrado en las grandes ciudades del país; sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, su penetración ha sido limitada, lo cual se ha reflejado en el consumo de gas L.P. por otro lado, aun cuando se han tenido importantes avances en la electrificación de la población alcanzando una cobertura cercana al 98%, existen algunas localidades que se encuentran rezagadas en acceso a la electricidad, principalmente como consecuencia de su dispersión, y requieren de este servicio para mejorar su calidad de vida.

Tema estratégico 4. Ampliar el acceso de energía a las comunidades menos favorecidas.

En esta parte comenta el autor que el acceso de la población a servicios energéticos aporta grandes beneficios en términos de calidad de vida e inclusión social, y que pese a los beneficios en términos de desarrollo e inclusión social que brinda el acceso a la energía, las fuerzas del mercado, dentro de los límites de su entorno, no han sido suficientes para brindar un acceso universal.

Tema estratégico 5. Suministrar energéticos de calidad con base en la legalidad.

Continúa exponiendo el documento en estudio que uno de los mayores impactos en las finanzas de las empresas del sector se encuentra relacionado con las pérdidas no técnicas de energía y el mercado ilícito de combustibles. Las pérdidas no técnicas de electricidad se derivan principalmente de los usos ilícitos, particularmente, en la red de distribución de baja tensión. La eficiencia en la industria de de refinación se ve afectada por el mercado ilícito de combustibles.

Dicho lo anterior, menciona que los principales factores que agravan esta clase de pérdidas son la presencia de una creciente actividad de robo y evasión del pago de energía, la falta de planificación en la construcción de vivienda, así como asentamientos humanos irregulares, el crecimiento del sector comercial informal y la insuficiencia de recursos humanos y materiales dedicados a la persecución de actos ilícitos.

MEDIDAS DE POLITICA ENERGETICA

MEDIDA DE POLITICA 1

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

Hoy en día, asegura, existe una desigualdad regional en cuanto a la infraestructura y abastecimiento de los recursos energéticos con los que cuenta el país. Por una parte, la zona norte cuenta con desarrollo importante de infraestructura, tanto de procesamiento como de transporte de combustibles, el cual permite suministrar los energéticos que impulsan la actividad económica de los polos de desarrollo industrial, mientras que en el sur del país se cuenta con una importante cantidad de recursos energéticos; no obstante, su infraestructura de transporte para abastecer a las localidades es limitada o inexistente.

Tema estratégico 6. Fortalecer la operación y confiabilidad de la red de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural.

Refiere que, si bien a partir de las modificaciones al reglamento de gas natural, realizada en 1995, se permitió la participación privada en actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, la expansión del sistema nacional de gasoductos ha sido limitada, lo que resulta insuficiente para atender la tendencia creciente en los niveles de demanda nacional de este combustible, derivada de la transición de combustóleo hacia el gas natural que se ha presentado desde 1994 y en fechas recientes, los precios bajos observados en la región de América del Norte. En este sentido, el aumento en la demanda nacional y las restricciones físicas existentes en la capacidad de transporte, han provocado:

• Saturación de transporte en el Sistema Nacional de Gasoductos, cercanos a su límite de capacidad, es decir, con niveles de uso de 85% o mayores.

• Limitaciones en el transporte de gas natural, entre los puntos de oferta y los puntos de consumo, lo que hace inviable la importación de un mayor volumen de gas natural y en particular, el aumento en el suministro de la Zona Centro-Occidente.

Asimismo, que además de los proyectos de expansión de la red de gasoductos llevados a cabo por Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, se desarrollan proyectos para transportar gas natural por distintos medios (gas natural comprimido y licuado por medio de pipas) a ciudades medianas que se encuentran alejadas de la red de gasoductos. En esas ciudades se utilizan combustibles de mayor costo, que generan más emisiones contaminantes al ambiente.

Señala que es conveniente analizar las ventajas de complementar la infraestructura actual de transporte y suministro de gas natural, con capacidad de almacenamiento que permitan mantener el balance operativo del sistema, ya sea almacenando durante periodos de exceso en oferta, o extrayendo en situaciones de caída en la producción. Asimismo, argumenta que el uso adecuado de la capacidad de almacenamiento permite el mejor aprovechamiento de un sistema.

Tema estratégico 7. Abastecer la demanda nacional de petrolíferos de la manera más eficiente y aprovechando las oportunidades de mercado.

Comenta que actualmente PEMEX enfrenta restricciones de capacidad para transportar sus productos y atender de manera eficiente el mercado. Esto implica, entre otras situaciones, incurrir en mayores costos de logística y poner en riesgo la seguridad en el abasto.

Uno de los principales factores que impactan el costo de transporte es el uso creciente e intensivo de carrotanques y autotanques para satisfacer el crecimiento de la demanda y la baja expansión de la capacidad de otros medios de transporte. En ese sentido, en los últimos años, el transporte de petrolíferos por poliductos ha perdido presencia frente a otros medios de transporte más costosos como consecuencia de su saturación. Como resultado, el sistema de poliductos presenta múltiples cuellos de botella que limitan e incrementan el costo de operación.

Por lo anterior, asegura que es necesario implementar medidas que minimicen el costo de suministro considerando inversiones, costos de operación en transporte, así como la disponibilidad y precios de los productos petrolíferos, al tiempo que maximicen el valor de la producción, minimicen el costo de suministro de la demanda, encontrando un balance óptimo entre producción y comercio exterior.

Tema estratégico 8. Dotar de flexibilidad a las redes de transmisión y distribución

Expone que a pesar del crecimiento de la red de transmisión, existen situaciones operativas coyunturales que derivan en congestionamientos de la red troncal que impiden compartir plenamente los recursos de generación entre las diferentes regiones.

Puntualiza el Ejecutivo que, entre los retos más importantes para el sector eléctrico, se encuentra incrementar la eficiencia, disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, lo cual implica, entre otros, el despliegue de redes eléctricas inteligentes.

Señala el Ejecutivo Federal que existe la necesidad de ampliar la capacidad de transmisión para la interconexión al sistema eléctrico de las tecnologías limpias en la matriz energética del país. La capacidad de transmisión en la electricidad en las principales regiones eólicas del país no es suficiente para que el desarrollo eólico pueda progresar de forma significativa, por lo que es necesario construir nuevas líneas eléctricas de transmisión y subestaciones.

Sostiene que ampliar y desarrollar un mallado nacional de líneas de transmisión permitiría, por una parte, brindar rutas alternativas para poder llevar la electricidad de las zonas de generación a las de demanda, incrementado la seguridad del sistema, mientras que, por otra parte, permitiría el desarrollo de proyectos de generación con base en energías renovables. Esto traería como resultado una mayor unificación nacional para abastecer de electricidad en forma confiable a vastas regiones potencialmente productivas de México.

MEDIDA DE POLITICA 2

REFINACION, PROCESAMIENTO Y GENERACION

Bajo esta medida, expone que México ha experimentado una expansión de la capacidad de generación de electricidad, un mayor acceso a productos refinados y ha impulsado el desarrollo de nuevas energías renovables. No obstante, durante los últimos años, el costo de la energía ha aumentado como consecuencia del incremento en la demanda y de los costos de producción, logística y de transacción. La operación de los procesos de refinación y las limitaciones sobre la sustitución de capacidad antigua de generación por tecnologías nuevas y eficientes, incluyendo aquellas asociadas a las restricciones en el suministro de gas natural, son factores críticos en las condiciones de costo de los energéticos en México.

Tema estratégico 9. Contar con una oferta permanente, eficiente, oportuna, y a precios competitivos de petrolíferos de calidad a los consumidores finales

Argumenta que Pemex Refinación enfrenta áreas de oportunidad en la construcción de infraestructura. La capacidad de destilación primaria del Sistema Nacional de Refinación (SNR) se ha mantenido prácticamente constante las últimas tres décadas, lo que ha limitado su capacidad y flexibilidad operativa para responder a las necesidades de mercado de manera eficiente. Aun cuando Pemex emprendió un programa de reconfiguración de refinerías para incrementar la capacidad de procesamiento de crudos pesados y obtener mejores rendimientos de gasolina y diesel, únicamente tres de ellas cuentan con procesos de conversión profunda.

Por otro lado, señala que la demanda del mercado de petrolíferos del sector eléctrico e industrial ha disminuido como resultado de la contracción económica y del aumento de sus precios relativos respecto a combustibles sustitutos.

Por ello, con el fin de que la infraestructura pueda satisfacer la demanda nacional de combustibles, sostiene que es necesario implementar acciones para atender los requerimientos del mercado nacional en función de factores como la conformación del mercado interno de petrolíferos, el tipo de petróleo crudo disponible y la interrelación con el mercado internacional.

A la falta de capacidad de procesamiento, se añade que el SNR se ha visto afectado por paros no programados en plantas de proceso y por la puesta en marcha de un programa de mantenimiento. Por ello no obstante el crecimiento y adecuación de la capacidad, este debe ir acompañado de un incremento en la eficiencia.

Menciona que los problemas operativos del SNR no se acotan únicamente a la falta de recursos. En ese sentido se requiere una revisión profunda sobre la forma de operar en la industria: la manera de cómo está organizada; los procedimientos y la gestión operativa empleada; los sistemas de procura y selección de proveedores; el grado de cultura organizacional, capacitación y motivación de su personal, entre otros factores.

Tema estratégico 10. Diversificar y optimizar el parque de generación

Refiere que en la última década, el crecimiento del número de usuarios de electricidad ha rebasado al crecimiento poblacional. La mayor incorporación de usuarios y el mayor acceso al suministro de energía han significado un reto para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población con calidad, confiabilidad y estabilidad.

Para atender este reto, desde hace más de una década, la expansión del sector eléctrico, ha priorizado la construcción de plantas de ciclo combinado (CC) con base en gas natural, en sustitución de otras tecnologías como las termoeléctricas con base en combustóleo. Con ello, se busca aprovechar las mejores eficiencias presentes en este tipo de plantas, así como su menor impacto ambiental en comparación con otras tecnologías con base en otros combustibles fósiles.

Argumenta que si la pretensión es que la energía acompañe un crecimiento económico del país por arriba del histórico, será necesario aumentar la capacidad instalada del parque de generación para suministrar la energía asociada, tanto a un mayor consumo industrial, como al crecimiento poblacional. Para tal efecto, deben considerarse ciertos factores adicionales a la minimización de costos, con el objetivo de disminuir los riesgos de suministro, incorporar una metodología que reconozca los costos ambientales y sostener la seguridad energética.

Señala que debe considerarse como idea principal de la diversificación, la de alejarse de la dependencia de una sola fuente de suministro. De esta manera se pretende que el sistema se encuentre mejor preparado para responder a los cambios políticos y económicos externos, a los impactos derivados de un entorno energético inestable, a las modificaciones en las restricciones medioambientales, a la volatilidad en los precios de los combustibles, y al riesgo en el suministro o escases de los mismos.

Asimismo, señala que la planeación eléctrica que se realiza actualmente se basa principalmente en el criterio de mínimo costo, conforme a lo estipulado en el artículo 36 Bis de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Tomar en consideración únicamente este criterio, podría considerarse como una vía rápida para disminuir los costos operativos, pero en realidad implicaría un crecimiento de los ciclos combinados con base en gas natural en más del 100% con respecto a 2010, lo cual no contribuye a diversificar el sistema ni a mitigar los riesgos asociados a la dependencia hacia un solo combustible. Tal situación, de no ser respaldada por una producción propia superavitaria, además de un sistema de transporte y almacenamiento de gas natural confiable y seguro a largo plazo, impactaría en la seguridad energética del país. De no ser así, nuestro país se convertirá en un importador neto de gas natural, expuesto a que, en caso de que los precios de este combustible llegaran a aumentar, el costo de la generaciónse incrementaría afectando invariablemente las tarifas eléctricas.

Refiere que atendiendo únicamente al criterio de menor costo del escenario de planeación de CFE, no es posible que la expansión cumpla con lo establecido en otras disposiciones legales como la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), por lo que tendrá que promoverse la conformación de una cartera de proyectos suficiente y adecuada a partir de la incorporación de los costos ambientales y el costo que representan de las emisiones de carbono en función de la meta. De acuerdo con dicha Ley, el sector eléctrico deberá ahora concentrarse e incorporar energías no fósiles en su cartera de fuentes primarias de energía debiendo llegar a 35% de la generación con este tipo de fuentes para 2024, lo cual representa un reto significativo, y que para alcanzar la meta del 35% de energías no fósiles a ser incluidas en la matriz de generación eléctrica, es indispensable incrementar el parque nuclear en la matriz de generación al ser esta una alternativa viable y probada. La energía nuclear permitiría cumplir con los compromisos de reducción de emisiones.

Tema estratégico 11. Detonar la industria petroquímica nacional

Asegura que la segmentación de la cadena entre petroquímicos básicos y secundarios ha contribuido al deterioro de esta industria en el país. Actualmente, los primeros son elaborados exclusivamente por el Estado, mientras que para los segundos, la legislación contempla la posibilidad de que participen particulares. Al ser los petroquímicos básicos materia prima para la elaboración de los secundarios, se tiene una cadena productiva desintegrada. Lo anterior difiere de la experiencia internacional en la que regularmente se observa una integración vertical de estas actividades.Esta situación ha dificultado el poder garantizar el abastecimiento de materias primas a la petroquímica secundaria, lo que ha limitado su desarrollo y desincentivado la inversión en proyectos.

MEDIDA DE POLITICA 3

PRODUCCION DE PETROLEO

Señala que la abundancia del petróleo a finales de la década de los setentas, así como los bajos costos asociados a su extracción y producción, impulsaron un uso intensivo de este energético en el país, convirtiéndolo en el motor de muchas de las actividades de la sociedad mexicana, así como una parte fundamental de los ingresos públicos. Sin embargo, desde 2005, a pesar de la mayor inversión en la historia en actividades de exploración y producción, la producción de crudo en nuestro país ha disminuido, principalmente como consecuencia de la declinación natural de los campos maduros.

Como resultado, México ha perdido su posición dentro de los países con mayor producción de crudo, al pasar del sexto al noveno lugar de 2004 a 2012. De igual forma las exportaciones han disminuido en poco más de un tercio en la última década. Por ello, es necesario continuar destinando importantes inversiones para sostener la producción y seguir respaldando la energía que el país demanda, alcanzando la eficiencia en línea con las mejores prácticas internacionales.

Tema estratégico 12. La producción de petróleo crudo debe ir a la par del desarrollo nacional

Comenta que desde la década de los ochenta, las actividades petroleras han formado parte fundamental del desarrollo de nuestro país. Desde el punto de vista de la matriz energética nacional, el petróleo es la principal fuente de energía en México. Asimismo, los ingresos presupuestarios del sector público provenientes del petróleo representan más de una tercera parte de los ingresos totales.

A partir de la explotación de los yacimientos del Activo Cantarell, señala el documento en estudio, México despegó como productor y exportador de petróleo, lo que lo ubicó como uno de los países más relevantes en materia petrolera. En diciembre de 2003, dicho activo alcanzó su pico de producción, lo que contribuyó a que en el año siguiente se alcanzara el nivel máximo promedioanual de la producción nacional de crudo. A partir de ese momento, la producción nacional ha disminuido, debido a que Cantarell inició un proceso natural de declinación, a una tasa promedio cercana a 20%, misma que se logró disminuir a 1% en 2012, como resultado de una administración eficiente de la operación de pozos.

La mayor parte de los recursos por desarrollar en el país se encuentran en áreas de geología compleja o en áreas profundas, lo que requiere de nuevas tecnologías: para la adquisición y proceso de sísmica; para la perforación de pozos no convencionales (horizontales, multilaterales, de alcance extendido, para ambientes de alta presión-alta temperatura, entre otros); para explotar campos de aceite pesado y extra pesado y campos en aguas profundas, entre las más importantes.

Tema estratégico 13. Las reservas deben sustentar la producción en el mediano y largo plazo.

Para lograr la sostenibilidad de los recursos petroleros, asegura que uno de los elementos críticos en la definición del portfolio debe ser el potencial de los proyectos para incrementar la tasa de restitución de reservas. Esto permitirá la inclusión de proyectos estratégicos de exploración y producción que mantengan, e inclusive incrementen la producción de hidrocarburos en nuestro país, con los beneficios que esto traería consigo a la sociedad mexicana.

Sostiene que México tiene un gran potencial petrolero, hay indicaciones de la existencia de amplios recursos prospectivos y contingentes de hidrocarburos en el subsuelo mexicano, pero es importante incrementar los esfuerzos tendientes a encontrarlos o convertirlos en reservas. Además, en muchos casos, su explotación podría enfrentar dificultades técnicas y operativas para alcanzar los niveles de eficiencia y seguridad que hoy son el estándar en las empresas que más han avanzado en esta industria.

Ahora bien, señala que con el fin de desarrollar los recursos prospectivos en aguas profundas, a partir de 2008 se inició una estrategia que ha considerado actividades en los proyectos exploratorios Golfo de México Sur, Golfo de México B y Área Perdido. A la fecha, las actividades en aguas profundas se pueden resumir los 25 pozos terminados, con un éxito exploratorio de 56%, destacándose los descubrimientos de aceite ligero en el Área Perdido.

En lo que se refiere a los recursos prospectivos no convencionales, específicamente el caso de recursos de Shale; México cuenta con un volumen equivalente a los recursos convencionales. Este volumen ha sido estimado en 60.2 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de los cuales el 53% correspondería a aceite, en tanto que el restante 47% estaría dividido en porción de gas húmedo y otra de gas seco.

Asegura que el gas natural de lutitas podría ser una aportación significativa para cubrir las necesidades de México a largo plazo. Sin embargo, es importante dimensionar y evitar los impactos ambientales relacionados con la producción del gas no convencional, en particular en cuanto al uso y reciclaje de agua para la fracturación hidráulica, la correcta cimentación de los pozos y los efectos secundarios de los químicos empleados en el proceso.

Argumenta que es necesario continuar invirtiendo en los proyectos exploratorios, desarrollo tecnológico y definiciones regulatorias, a fin de que, por un lado, los proyectos de evaluación de potencial cuenten con suficiente información para que los recursos prospectivos puedan ser clasificados como reservas; y, por otro, que se dé viabilidad a la reclasificación de reservas.

Una manera de robustecer el volumen de reservas probadas es a través de la reclasificación de reservas ya existentes. La oportunidad estriba en definir nuevos y mejores esfuerzos, vía delimitación y actualización de las estrategias actuales de explotación. Es decir, iniciar un esfuerzo masivo en términos de recuperación secundaria y mejorada en campos maduros.

MEDIDA DE POLITICA 4

TRANSICION ENERGETICA

Señala que históricamente el consumo de energía primaria en el país ha crecido a mayores tasas que su producción. Frente a ello, la matriz energética de nuestro país se ha concentrado en un solo energético, el cual, muestra un desgaste natural en los últimos años; el petróleo. Esta tendencia no es sostenible en términos económicos, sociales ni ambientales; por lo que se hace patente la necesidad de concretar una transición energética óptima que garantice la sustentabilidad del sector en el largo plazo.

Sostiene que la transición energética en México deberá lograr el correcto balance entre mantener al país económicamente competitivo, tecnológicamente innovador y diversificado, con su contribución al mejoramiento permanente de la calidad ambiental local y el cumplimiento de los compromisos ambientales globales, presentes y futuros.

Tema estratégico 14. Aprovechar las oportunidades que brinda el gas natural

A lo largo de la historia, ha habido una evolución en cuanto a las fuentes primarias de energía. Dentro de esta evolución se observan fases de desarrollo, como lo es el intercambio de la biomasa tradicional por carbón, y posteriormente un cambio de dependencia hacia los hidrocarburos. En los últimos años, comienza a notarse una tendencia que favorece el consumo de gas natural.

Como resultado, el uso de este combustible traerá beneficios en la evolución de la matriz energética de nuestro país.

En consecuencia, el gas natural toma gran relevancia en el mediano plazo, dentro de la transición que México debe hacer hacia energías más limpias.

En el caso de México, la explotación de recursos no convencionales, incluyendo el gas de lutitas, deberá adaptarse a las condiciones legales y económicas que prevalecen en el país, por lo que su desarrollo pudiera ser lento a menos de que se adopten medidas especiales de promoción para su explotación.

En general, estos cambios de paradigmas han traído consigo modificaciones estructurales en el sector de exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro país. La mayor oferta de gas proveniente de fuentes no convencionales en estados Unidos, mantendrá una perspectiva de precio poco atractiva para continuar con la explotación de campos tradicionales en territorio nacional.

A partir de lo anterior, se hace necesario enfocar esfuerzos en el corto plazo para el desarrollo de este recurso, de manera que funja como el combustible de transición para diversificar la matriz energética, mientras se desarrollan otras tecnologías limpias con costos más competitivos.

Tema estratégico 15. Identificar y aprovechar el potencial de energías renovables en nuestro país.

México dispone de un potencial renovable indiscutible, con un amplio porfolio de recursos (eólico, solar, geotérmico, biomasa e hídrico). Derivado de lo anterior, deben ser impulsadas las diferentes tecnologías para su aprovechamiento, en sus diferentes etapas de desarrollo, de modo que estos recursos puedan ayudar en la diversificación de la matriz energética, la eficiencia del uso de recursos no renovables y la reducción de importaciones de energéticos.

Cabe señalar que en la actualidad ya existe en el país potencial renovable competitivo. México es por tanto una opción viable, rentable y atractiva para la industria renovable mundial, que mira cada vez con mayor interés a este país. En particular, se buscará potenciar las distintas ubicaciones con alto potencial eólico, el uso de energía solar, aprovechando las regiones con alta irradiación y en autoabastecimiento local, los yacimientos con potencia geotérmico de alta entalpía, el biogás de rellenos sanitarios, los residuos agrícolas y forestales como fuentes de biomasa, la hidráulica pequeña escala, así como la cogeneración eficiente en la industria.

Para la consecución de lo anterior es necesario llevar a cabo políticas públicas congruentes con la meta establecida en la Ley de participación de energías no fósiles así como la utilización de tecnología asociadas a la eficiencia energética, programas que detallen los mecanismos a través de los cuales dichas políticas se llevaran a cabo, así como fondos y presupuestos para la ejecución de las actividades marcadas en los programas, y que serán acorde con el impacto que el sector energético tiene en las emisiones de GEI.

Tema estratégico 16. Definir el alcance del programa nuclear si se opta por ampliar la capacidad nuclear en México.

Dentro de la diversificación del sector energético y considerando que la energía nuclear no produce gases de efecto invernadero, es necesario considerar la implementación de un programa nuclear. La experiencia de México en la operación de la Central Nucleoeléctrica (CN) Laguna Verde permitiría realizar exitosamente un programa nuclear que contemple la construcción de otras centrales nucleoeléctricas.

ELEMENTO DE INTEGRACION 1

SUSTENTABILIDAD DEL SECTOR

Capacidad del sistema para renovar sus recursos energéticos primarios, manteniendo los flujos de energía hacia los consumidores.

Tema estratégico 17. Desarrollar soluciones y productos para nuestros retos.

La cadena educación-ciencia-innovación, corresponde a un conjunto de actividades esenciales para construir una economía competitiva. El sector energético depende en gran medida de esta cadena para alcanzar sus metas productivas ya que representa una vía para el desarrollo de ventajas comparativas en el sector.

La ciencia y tecnología sobrepasan las fronteras del sector energético. Existe un potencial amplio que permite sentar las bases para que México, además de ser una potencia manufacturera, se convierta en una economía del conocimiento. El reto principal consiste en lograr un impulso y articulación a la ciencia, la tecnología y la innovación, tal como los fondos de tecnología asociados al Art. 254 de la Ley Federal de Derechos, que desarrollan capacidades tecnológicas en Pemex.

Tema estratégico 18. Contar con la capacidad para cubrir los costos, manteniendo capacidad de inversión

El sistema tarifario aplicable a los energéticos enfrenta un doble reto: dar las señales adecuadas para la toma de decisiones eficientes en la producción y consumo de los bienes y servicios del sector, y reconocer el impacto que tienen los precios de los energéticos en la canasta básica de la población.

Dicho lo anterior, se considera que es necesario que el sistema tarifario de las señales adecuadas respecto al costo real de los energéticos, lo que conllevará a un uso más eficiente de la energía. También es muy posible que los usuarios adquieran equipos y sistemas más energéticamente eficientes que lleven a que sus facturas energéticas no se eleven o inclusive disminuyan. Asimismo, de manera particular a la población menos favorecida, se compensará a través de subsidios focalizados o neutrales. Esto permitirá al sector alcanzar mayor viabilidad financiera así como promover el acceso universal de la energía de manera eficiente.

ELEMENTO DE INTEGRACION 2

EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL

Aplicación de las mejores prácticas disponibles en la producción y consumo de energía, minimizando el impacto al medio ambiente derivado de las actividades del sector.

Tema estratégico 19. Fortalecer la regulación, supervisión y normatividad de os organismos del sector.

Expone que en los últimos años se han realizado una serie de modificaciones al marco legal del sector energético, sin embargo, la normatividad vigente no ha sido aprovechada para beneficiar ampliamente el sector. La implementación de una política energética efectiva requerirá replantear el alcance y funciones de los organismos de regulación. Si bien es un avance contar con la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía,estas no han tenido la capacidad e anticipar y evitar situaciones de crisis o no tienen las facultades necesarias para actuar.

Tema estratégico 20. Procurar de manera continua la integridad industrial y ambiental.

Asegura que la operación eficiente, confiable y segura de la infraestructura energética es primordial para mantener los avances conseguidos en materia de seguridad operativa y continuar con la incorporación de mejores prácticas en esta materia. La seguridad con la que operan las instalaciones del sector energía debe cumplir con los más estrictos estándares internacionales, los cuales evolucionan de manera continua, conforme la industria aprende de los accidentes e incidentes que ocurren en México y alrededor del mundo.

ELEMENTO DE INTEGRACION 3.

SEGURIDAD ENERGETICA

Tema estratégico 21. Alcanzar la autosuficiencia del sector.

Señala que la satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población presente y futura, suficiente y confiable, es indispensable para el funcionamiento y desarrollo económico del país. En este sentido, se requiere garantizar la disponibilidad física y continua de los productos energéticos, de buena calidad y a un precio accesible para los consumidores.

La autosuficiencia no pretende maximizar la autonomía energética o minimizar la dependencia del exterior, sino abrir la posibilidad de dominar mejor el destino energético, promoviendo la realización de proyectos de conservación de energía en las industrias, creando fondos de inversión en infraestructura energética y/o áreas de investigación y asignando de manera clara las obligaciones, derechos y responsabilidades de cada uno de los participantes en el sector.

Tema Estratégico 22. Suficiencia en las competencias de cada eslabón del sector.

Concluye argumentando que el contenido nacional significa una nueva oportunidad de desarrollo del país y de inclusión de un mayor número de mexicanos en la especialización del sector, lo cual también mejorará los fundamentos de sustentabilidad. En este sentido habrá que revisar los modelos de cooperación entre las empresas energéticas y sus proveedores nacionales, a fin de aprovechar los beneficios que se obtienen al hacerlo uno mismo.

A pesar del rezago actual en cuanto al desarrollo de industrias nacionales que provean al sector de bienes y servicios, es importante que las fuerzas productivas del país cuenten con las condiciones para desarrollar sus capacidades y sus negocios a través de las oportunidades que brinda el sector energético.

El documento propone 26 indicadores de medición de la evolución de las medidas de política y de estructura de los subsectores que componen el sector energía. La medición se realizara de forma anual y permitirá detectar de manera oportuna las desviaciones del sistema energético nacional respecto a los objetivos y mejoras propuestos por la Estrategia Nacional de Energía. De la misma manera, a través de estas mediciones se podrá identificar la formación de cuellos de botella en el sistema energético y proponer oportunamente las medidas para resolverlo.

La Estrategia Nacional de Energía que se somete a consideración para su ratificación, cuenta con 26 indicadores que permiten dar seguimiento a los resultados de la implementación de sus acciones y corregir desviaciones. La utilidad de estos radica en que permiten observar el comportamiento del sector e identificar comportamientos no deseables. De igual manera facilitan la comprensión de la dinámica deseada y la interacción que tiene cada uno de los conceptos de la política energética nacional entre sí.

CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA.- La Comisión que dictamina considera en primer término, que la presentación de la Estrategia Nacional de Energía (ENE) ante el Congreso de la Unión, cumple el mandato legal estipulado en el artículo 33, fracción VI quinto párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra dice:

Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VI. …

El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de quince años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía;

Cabe destacar que tal y como lo señala el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, mismo que a la letra dice:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

A su vez el artículo 26 de dicho ordenamiento señala que:

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Dicho lo anterior, los miembros de esta Comisión Legislativa consideran importante señalar que la rectoría del Estado como parte fundamental de la planeación es el ejercicio de la actividad responsiva gubernamental en el ámbito económico, es decir, produce, induce, orienta la acción hacia los objetivos de desarrollo; la hace por instrumentos que por ley tiene facultad de ejercer.

En la misma tesitura, no es posible dejar el destino de la economía mexicana a la suerte de la oferta y la demanda, por lo que se considera importante que exista una intervención directa de entes externos, tales como la planeación y estrategias, que permitan al Estado cumplir con sus objetivos, se trata de propiciar una justicia social tendiente a lograr el bien común.

SEGUNDA.-La Comisión que dictamina estima prudente precisar que la Estrategia Nacional de Energía delinea el rumbo del sector energético mexicano con un horizonte de 15 años. Su visión está sustentada en un ejercicio integral de planeación que recaba información de cada una de las entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados que conforman el sector.

A partir de este enfoque interinstitucional e interdisciplinario, la ENE establece los lineamientos de política energética que son indispensables para materializar esta visión. A su vez, estos sirven para construir criterios detallados de política pública. Su fundamento se encuentra debidamente establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

En efecto, el 28 de noviembre de 2008 se publicó el decreto por el que se reformo y adicionó el artículo 33 de la LOAPF, entre otros aspectos, para fortalecer las funciones de la Secretaría de Energía (SENER) y así sentar mejores bases para la consecución de una política energética integral, dicho artículo 33 a la letra dice:

“El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de 15 años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía”.

Por otra parte, a fin de coadyuvar en esta tarea, la LOAPF prevé la participación de un Consejo Nacional de Energía (CNE) integrado, entre otros, por los titulares de los órganos administrativos desconcentrados y organismos descentralizados del sector energéticos y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con las adiciones al artículo 33 de la LOAPF, el Congreso de la Unión ordenó la creación de un Foro Consultivo para contribuir al desempeño de las tareas de planeación que competen al CNE y promover la participación ciudadana.

Por otra parte, el artículo 4º Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, dispone lo siguiente:

ARTICULO 4o. Bis.- Las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se orientarán de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energética del país, sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos, diversificación de mercados, incorporación del mayor valor agregado a sus productos, desarrollo de la planta productiva nacional y protección del medio ambiente. Esos criterios se incorporarán en la Estrategia Nacional de Energía.

Asimismo, es importante mencionar que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 36 Bis, también prevé la importancia de la planeación en el sector eléctrico y establece las condiciones para la expansión de su sistema, tomando en consideración la seguridad energética y la sustentabilidad de los energéticos en el largo plazo.

ARTICULO 36 BIS. Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse tanto en el corto como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo para la Comisión Federal de Electricidad, considerando para ello las externalidades ambientales para cada tecnología, y que ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio público …

En ese tenor, y en cumplimiento a los citados preceptos legales, con fecha 14 de febrero del presente año, se llevó a cabo el Foro Consultivo (órgano de consulta del Consejo Nacional de Energía) en el Museo Tecnológico de la CFE mismo que fue debidamente publicitado.

En dicho Foro participaron Legisladores de los diversos grupos parlamentarios, en donde intercambiaron sus ideas y propuestas con los especialistas invitados del sector.

Participaron como oradores:

El Presidente del Consejo de Administración de la Asociación Mexicana de Gas Natural, Luis Vásquez Senties;

El Presidente de la Asociación Mexicana para la Economía Energética, Luis Farías Martínez;

El Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Francisco Barnés de Castro;

El Director Ejecutivo del Centro Mario Molina, Juan Carlos Belausteguigoitia;

Los integrantes de las Comisiones de Energía de las Cámaras de Diputados y Senadores:

La senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ninfa Salinas Sada;

La diputada del PVEM, Laura Ximena Martel Cantú;

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Secretario de la Comisión de Energía, Rabindranath Salazar;

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle;

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Oscar Rosas González, y

El diputado del PRI, Javier Treviño.

En el evento estuvieron presentes integrantes del Poder Legislativo Federal, senadores y diputados, miembros de las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso, la representación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), académicos, representantes del sector empresarial y dirigentes sociales.

TERCERA.- Esta Comisión de Energía comparte el criterio establecido en la Estrategia Nacional de Energía, en virtud de que, por un lado, dicho documento contiene de manera clara y sucinta la problemática del sector energético de nuestro país, lo que a su vez permite realizar una debida planeación del sector con la finalidad de enfocar los esfuerzos a lo que se requiere para el crecimiento de la economía.

Dicho lo anterior, la que dictamina considera acertada la Estrategia en estudio, en virtud de que propicia, tal y como se observa en dicho documento, la inclusión social de la población a los beneficios que derivan del uso de la energía, la sustentabilidad a largo plazo del sector, y la mitigación de los impactos negativos que la producción y el consumo de energéticos puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero.

CUARTA.- La Comisión Dictaminadora considera oportuno señalar que la Estrategia en estudio es coherente con las recomendaciones hechas en la publicación de la OCDE, Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente, de Septiembre de 2012, al establecer una política energética que busque proveer energía a precios accesibles y que coincidan con el crecimiento económico y la sostenibilidad. A su vez, el documento en estudio pone en marcha políticas que impulsan el uso de energías renovables, así como la generación y el consumo eficiente de la energía, y busca aumentar la eficiencia energética en las empresas petrolera y eléctrica entre otras

En efecto, el documento de referencia señala que México para generar electricidad, utiliza principalmente gas, petróleo y carbón de producción nacional. La productividad decreciente del yacimiento más importante del petróleo de México (Cantarell) y el surgimiento de producción de gas no convencional en Estados Unidos constituyen factores de cambio en la mezcla de fuentes energéticas.

Dicho lo anterior, la que dictamina considera acertado implementar una política que identifique el asentamiento de la demanda para ubicar la infraestructura de producción de combustibles y generación de electricidad, así como de transporte y transmisión que amplíen la cobertura de la oferta, calibren lo precios y tarifas de menor costo, y que calculen los márgenes que permitan la inversión para lograr una expansión de los servicios.

QUINTA.- La Comisión que dictamina, considera adecuada la propuesta hecha en la Estrategia Nacional de Energía de promocionar la eficiencia energética, tanto en el consumo cono en los diversos procesos de producción de energía. Asimismo, coincide con el proponente en que para reducir el uso energético del país sin que tenga repercusiones en cuanto a su crecimiento, es necesaria la utilización de las mejores prácticas y tecnologías, lo que indudablemente traería como consecuencia un aumento en la productividad de la economía.

SEXTA.- La Comisión de Energía considera prudente que a través de la presente Estrategia Nacional de Energía, se delimiten Políticas Públicas que agilicen el funcionamiento sistémico del sector energético, por lo que coincidimos en que dichas Políticas Públicas, deben estar encaminadas a la adecuación de las regulaciones, inversiones, capacidades, conocimientos, tecnologías, y demás elementos que balanceen una mejor sincronización entre los requerimientos energéticos eficientes del país y el óptimo aprovechamiento de los recursos energéticos de los que se dispone.

SEPTIMA.- La que dictamina estima oportuno señalar que, en términos de las emisiones de CO2, la transición de petróleo a gas en la generación de energía eléctrica es en sí misma benéfica en términos del ahorro de emisiones. Sin embargo, la transición hacia un sector eléctrico más bajo en emisiones de carbono, requerirá un despliegue extensivo de tecnologías limpias, como se propone en el documento en estudio.

La Estrategia Nacional de Energía propuesta para su ratificación en 2012, destacó las energías eólica y nuclear como tecnologías idóneas para este fin. Por lo que toca a la energía eólica, en los últimos años ha habido un extraordinario crecimiento. Sin embargo, esta Comisión considera necesario fomentar la participación ciudadana en las decisiones relativas a la energía nuclear, y seguir promoviendo la cultura de la seguridad entre los operadores del sector.

Dicho lo anterior, la Comisión de Energía coincide con el proponente en el sentido de que debe ser un elemento central de la Estrategia, enfrentar los retos ambientales del uso y generación de la energía, lo anterior, tal y como lo señala el documento de referencia, no solo por la importancia de evitar y reducir los impactos y riesgos ambientales a la población y los ecosistemas, sino también para impulsar el crecimiento de la economía, mejorar el bienestar y la competitividad. Asimismo, esta Comisión coincide plenamente en la conveniencia de establecer medidas para acelerar la transición energética hacia fuentes no fósiles, particularmente renovables, lo que aumentaría la seguridad energética, y permitiría aprovechar otros recursos naturales abundantes en el país, de igual manera va prosperando el país ante un escenario de regulación climática internacional y contribuye a la generación de empleo.

OCTAVA.- Para México la energía abre dos vías de progreso: una de carácter social fundamentada en la premisa de que la energía es uno de los principales instrumentos para alcanzar un desarrollo económico incluyente, sustentable y con equidad; y otra de carácter económico, derivado de que cualquier actividad del PIB requiere energía para llevarse a cabo.

La Estrategia Nacional de Energía (ENE) reconoce que el sur del país, aun cuando posee una importante cantidad de recursos energéticos, su infraestructura de transporte para abastecer a las localidades es limitada y en ocasiones es inexistente. Esta región requiere de infraestructura energética para apoyar el crecimiento económico de los estados y promover el bienestar de la población. Por ello la Estrategia Nacional de Energía reconoce que, aun con los proyectos de infraestructura de transporte en desarrollo, existen oportunidades para llevar gas natural a aquellos estados del país que no cuentan con gasoductos o que tienen acceso limitado al gas natural.

Se requiere llevar el gas natural a los distintos polos del país de modo que sirva como detonante y continúe apoyando el crecimiento económico. Para ello es necesaria una mayor coordinación, de modo que se agilicen la ejecución de inversiones a fin de ampliar y fortalecer la capacidad de transporte por medio de gasoductos, anticipándose con esto a la expansión de la demanda en distintas partes del país. En particular se tiene que analizar la zona norte de Zacatecas, Durango, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lo anterior permitiría una mayor competitividad a nivel nacional y la posibilidad de generar nuevos polos industriales en zonas del país en incipiente estado de desarrollo.

La ENE, a través de sus líneas de acción establece que es necesario ampliar la red de gasoductos de transporte y distribución, así como la infraestructura de almacenamiento de gas natural considerando no solo las demandas actuales sino también aquellas que podrían detonar e impulsar el desarrollo en los estados que aún no cuentan con el suministro de gas.

Asimismo, la ENE contempla el desarrollo integral de fuentes de energía regionales, así como de los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles más allá del gas natural y de transmisión y distribución de electricidad, para, en el lapso contemplado, lograr que los estándares de esta región sean equiparables a las de otras en el país con mayor desarrollo industrial.

Una vez expuestos los considerandos que anteceden, la Comisión de Energía considera que la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 remitida por el Ejecutivo Federal es un instrumento eficiente de planeación del sector energético, por lo que es viable su ratificación.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía

Unico.- De conformidad con lo establecido en el artículo 33, fracción VI, último párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se ratifica la Estrategia Nacional de Energía.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de marzo de 2013.

COMISION DE ENERGIA”.



ste día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento. Queda de primera lectura.

Aprovecho para saludar a los alumnos de la licenciatura en derecho de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad de Zacatecas, invitados por el Senador Carlos Puente Salas, sean ustedes bienvenidos.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 389, 389 bis, 389 bis 1 y 392 a la Ley General de Salud.





 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCION I BIS AL ARTICULO 389 Y LOS ARTICULOS 389 BIS Y 389 BIS 1, Y DOS ULTIMOS PARRAFOS AL ARTICULO 392 A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de certificado de nacimiento.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenorde la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las comisiones unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de abril de 2007, el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, iniciativa que adiciona una fracción I Bis al artículo 389, los artículos 389 Bis y 389 Bis 1 a la Ley General de Salud.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 6 de noviembre del 2007, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen que comprende la iniciativa referida en el numeral que antecede, y fue remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos correspondientes.

3. Con fecha 8 de noviembre de 2007, en sesión plenaria del Senado de la República, se recibió minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia del certificado de nacimiento,

4. Con la misma fecha la mesa Directiva del Senado de la República turnó para su estudio y dictamen la Minuta de mérito a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta que motiva el presente dictamen propone que para fines de salud pública, se utilice el certificado de nacimiento, al igual que se utilizan los certificados de defunción y de muerte fetal, con el propósito de realizar un registro oportuno, veraz e íntegro de aquellos nacidos vivos que ocurren en el territorio nacional, a fin de contar con información estadística confiable y homogénea, que apoye la toma de decisiones en acciones de salud pública.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, deben hacer mención del derecho a la protección de la salud que tienen todos los mexicanos de acuerdo al párrafo tercero del numeral 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a dictar leyes sobre salubridad general de la República, por lo que el ámbito de competencia de esta dependencia se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Así mismo, estas dictaminadoras coinciden en enfatizar que el asunto materia de la minuta, como lo es que se expida un certificado de nacimiento a los nacidos vivos, tiene una gran relevancia social, porque se refiere a un tema con un impacto social extendido y trascendente con efectos a todos los plazos para la convivencia y evolución en México, incluyendo a un sector importante de la población el cual nace minuto a minuto en nuestro país.

C. Se tiene registrado en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que tan solo durante el año 2007, en México existieron 2 millones de nacimientos aproximadamente, de los cuales se estima que solo se registraron el 70 por ciento de nacimientos durante el primer año, y el otro 30 por ciento se registró de manera extemporánea.

D. Por su parte, durante el año 2010, se obtuvo un registro de 2, 643, 908 nacimientos, de los cuales 1, 643, 141 se dieron después de un año posterior al alumbramiento, y asombrosamente 150,857 se capturaron después de 8 o más años.

E. Aunado a lo anterior, estas comisiones que dictaminan deben hacer mención que la falta de conciencia de la población, es uno de los factores que originan el registro extemporáneo, por lo que la propuesta de la minuta se considera viable, dada la importancia de que los recién nacidos adquieran identidad jurídica, aunado a que la falta de un registro de nacimiento expone a la población infantil a diversos riesgos como el traslado ilícito y robo de infantes.

F. Por otra parte, se considera que la falta de información respecto del número de nacimientos, disminuye la confiabilidad en el cálculo de indicadores, y derivado de ello, se ven afectados los programas dirigidos a ese sector de la población, por lo cual la realización de un padrón serio, confiable y actualizado cobrará gran importancia para la realización de los mismos, con el único objetivo de favorecer a ese sector de la población que año con año aumenta paulatinamente.

G. En otro tenor, las comisiones que dictaminan deben hacer mención expresa que la emisión de un certificado de nacimiento por parte del médico tratante, no contraviene en ningún momento lo que dicta el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se menciona que las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entiende reservada a los Estados. Así, toda vez que ya se tiene contemplado que en cada entidad federativa se declare el nacimiento del recién nacido a través del acta de nacimiento, ya sea vivo o muerto, contando con un tiempo prudente para su certificación ante el registro civil donde le corresponda, es un hecho que la expedición de un certificado de nacimiento, y la uniformidad de un formato de registro, por parte de la Secretaría de Salud y las entidades federativas formará parte importante de la coordinación que debe existir para poder lograr el adecuado cumplimiento de la Minuta que se dictamina, acentuando los fines que se persiguen como el de establecer la obligación de las autoridades de salud, así como las civiles para que se promueva el uso del Certificado de Nacimiento con el objetivo de lograr un registro oportuno de todos los recién nacidos.

H. En este contexto, el Código Civil Federal establece los lineamientos que regulan las actas de nacimiento, en el Capítulo II del Título Cuarto, referente al Registro Civil y cuyo artículo 55 señala que tiene la obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de ellos, y a falta de ellos los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquel. Además los médicos cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto, tienen la obligación de dar aviso del nacimiento al Juez del Registro Civil, dentro de las 24 horas siguientes. Lo mismo pasa si sucediera en casa paterna, el que tiene que dar aviso sería el jefe de familia. Si sucediera en sanatorio particular o del Estado, el Director administrativo tendrá dicha obligación. Y una vez enterado el Juez del Registro Civil, deberá tomar las medidas necesarias para que se levante el acta de nacimiento conforme a las disposiciones relativas.

Derivado del párrafo que antecede resulta un hecho público y notorio que no siempre se cumple con dichas previsiones por lo que existen un enorme subregistro extemporáneo.

I. Por otra parte, es importante señalar que el Seguro Médico para una Nueva Generación ofrece cobertura médica a todos los niños nacidos en México a partir del 1° de diciembre de 2006, destinado a todos aquellos que no se encuentren adscritos a ningún esquema de seguridad social; por lo que la creación del Certificado de Nacimiento contribuirá a la cobertura, no solo de este seguro, sino de la atención a la salud de las poblaciones más marginadas.

J. Finalmente debemos dejar claro, que toda vez que se considera de suma importancia la reforma pretendida, estas Comisiones Dictaminadoras estiman aprobar la minuta en estudio en sus términos.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos que suscriben el presente Dictamen, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico.- Se adicionan una fracción I Bis al artículo 389 y los artículos 389 bis y 389 bis 1, y dos últimos párrafos al artículo 392 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 389.-Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:

I. Prenupciales;

I Bis. De nacimiento;

II. a V. ….

Artículo 389 bis. El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.

El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente.

Artículo 389 bis 1. El certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Artículo 392.- …

La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se expida para tal efecto, llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados a que se refiere este Título, incluyendo las relacionadas con la captura, generación e intercambio de la información relacionada con la expedición de dichos certificados y de acuerdo a lo dispuesto por el Título Sexto.

La distribución primaria de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal a que hace mención el artículo 389 de esta Ley estará a cargo de la Secretaría de Salud.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Salud expedirá el modelo de certificado de nacimiento, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para su conocimiento general y observancia en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Tercero. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las autoridades sanitarias y del Registro Civil de las entidades federativas, promoverá la utilización del certificado de nacimiento.

Artículo Cuarto. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 90 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, para establecer el reglamento correspondiente a la expedición de los certificados de nacimiento.

COMISION DE SALUD;

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte al Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

El dictamen que les vengo a presentar el día de hoy, se refiere al registro de un hecho vital, como lo es el nacimiento, con fines de salud pública, se trata de una propuesta que nació el 26 de abril de 2007 en la Cámara de Diputados donde fue aprobada en amplia mayoría el 6 de noviembre del 2007.

La reforma plantea establecer la expedición de certificados de nacimiento como parte de los certificados que para fines sanitarios contempla la Ley General de Salud. Los encargados de expedirlos serán tal como sucede hoy en día, los profesionales de la medicina o quienes sean autorizados por la autoridad sanitaria competente.

De esta manera el sector salud contará con un registro oportuno, veraz e íntegro de aquellos seres nacidos vivos dentro del territorio mexicano, para que, entre otros beneficios, los tomadores de decisión cuenten con información oportuna para las acciones de salud pública, particularmente ayudará a planear y operar con mayor eficacia la vacunación en los menores y, por ende, mayor protección contra las enfermedades y prevención de epidemias.

Asimismo, la expedición de los certificados de nacimiento implica, a nivel nacional, un gran impacto en materia de planeación no sólo en el sector salud sino global, a partir de ello se pueden generar estrategias benéficas para toda la población, por ejemplo en materia de educación, para poder brindar el servicio a todos los ciudadanos mexicanos a través de la preparación de maestros y construcción de escuelas; en materia de economía, para poder generar las fuentes de empleo suficientes para efectos de planeación de construcción de viviendas, entre otros aspectos que son muy importante para el desarrollo de nuestro país.

Hoy en día a pesar de que ha mejorado mucho y son cada vez más cercanas a la realidad las estimaciones de nacimientos que realiza; tanto CONAPO como el INEGI, así como los registros ante las autoridades civiles hay desfases importantes, por poner un ejemplo, durante el 2010 se obtuvo un registro de 2,643,908 nacimientos, de los cuales 1,643,141 se registraron después de un año ocurrido el nacimiento y asombrosamente 150,857 se realizaron después de 8 años o más de ocurrido el alumbramiento.

Con la obligación de generarle el certificado de nacimiento al alumbramiento, y comprobadas las señales de vida, el hecho es captado de manera inmediata, con lo que el recién nacido se incorpora a los planes de programas destinados a la protección de su salud, además se deja constancia de las condiciones sanitarias del recién nacido.

Políticas de esta naturaleza, reformas en este sentido nos ayudan como Senadores de la República a la creación y establecimiento de legislación adecuada a los objetivos que debe cumplir el Estado.

Es por ello que el día de hoy vengo a pedir su voto a favor con el principal objetivo de continuar aprobando reformas que generen políticas que resulten benéficas para la población mexicana y que tengan un impacto no solo en el sector salud, sino en todos los ámbitos que tengan como consecuencia el desarrollo para el país y, por ende, una mejor calidad de vida.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Con su permiso, señor Presidente. Y con un saludo para todos los compañeros y compañeras Senadoras:

Muy brevemente para pedirles el voto de este dictamen, ya que el certificado de nacimiento facilitará, que los padres y madres de familia lleven en forma oportuna y con un documento fehaciente a acudir al registro civil, precisamente a cumplir con este importante acto que tiene que ver con la constatación de este hecho vital para la niñez mexicana.

Les comentaba que hemos detectado un subregistro y un registro extemporáneo importante aquí en México, que aunque se ha abatido todavía anda por el orden de cerca del 7 por ciento anual de los recién nacidos, y que, por lo tanto, representa un rezago por el orden de los 160 mil niños que entran en subregistro y en registro extemporáneo, y que es necesario abatir, y a que con este certificado de nacimiento facilitará el registro de este importante hecho vital para la niñez mexicana.

Esto va en congruencia también con una iniciativa que presenté recientemente de modificación a la fracción VIII del artículo 4 constitucional, en materia de identidad para la niñez mexicana, con gratuidad en los primeros 12 meses de nacimiento del niño de este importante documento, que es el certificado de nacimiento ante las oficinas del Registro Civil.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador López Brito. ¿Algún otro orador? En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 101 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona una fracción I bis al artículo 389 y los artículos 389 bis y 389 bis 1, y dos últimos párrafos al artículo 392 a la Ley General de Salud. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IV AL ARTICULO 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de muestras médicas.

Una vez recibida por las comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las comisiones expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de marzo de 2009, el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, el Senador Ernesto Saro Boardman y demás legisladores que la suscriben, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de muestras médicas.

Con la misma fecha de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Salud la iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2. En fecha 14 de abril de 2009, el dictamen de la iniciativa en comento fue aprobado en lo general y en lo particular por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió la minuta de referencia al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

3. En fecha 15 de abril de 2009 la Mesa Directiva del Senado de la República recibió y turnó la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta pretende regular la producción y distribución de muestras médicas. Asimismo, establece una pena de 5 a 10 años de prisión y multa equivalente hasta por 50 mil días de salario mínimo general vigente, al que venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte, para fines comerciales las muestras médicas. Modifica la pena de 1 a 9 por la de 6 a 15 años de prisión al que adultere, falsifique fármacos, materias primas o aditivos para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones respectivas y de 1 a 5 años por la de 1 a 9 años de prisión al que falsifique el material para envase o empaque de medicamentos, sus leyendas, la información que contengan sus números o claves de identificación. Dicha minuta plasma las siguientes reformas.

Artículo Unico.- Se reforman las fracciones I, II y III del artículo 464 Ter, y se adicionan los artículos 225 Bis, 225 Ter y 464 Ter, con una fracción IV a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 225 Bis.- La producción y distribución de muestras médicas, podrá efectuarse con la finalidad de dar a conocer a los profesionales de la salud, medicamentos con registro sanitario clasificados dentro de la fracción IV del artículo 226 de esta Ley.

La autoridad sanitaria establecerá las cantidades máximas de producción de muestras médicas, como porcentaje respecto del total de la producción.

Artículo 225 Ter.- Las disposiciones reglamentarias y demás disposiciones de carácter general aplicables, deberán regular, cuando menos, los siguientes aspectos de las muestras médicas:

I.- Las características de la presentación;

II. - Los criterios que sirvan para determinar producción que se estimen adecuados;

III- Los controles a la distribución, que incluirá sistemas de rastreabilidad y la obligación de los laboratorios de llevar registros de profesionales de la salud a quienes se entreguen muestras médicas, y

IV.- Los procesos de farmacovigilancia.

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I.- A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta Ley, se le aplicará una pena de seis a quince años de prisión y multa equivalente de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, sus leyendas, la información que contengan o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

III- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contengan o números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

IV.- A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas le será impuesta una pena de cinco a diez años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría contará con el plazo de 360 días naturales para emitir las disposiciones administrativas necesarias para la aplicación de este Decreto.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de acuerdo con el numeral 4° de nuestra norma fundamental; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la Minuta, como lo es la producción y distribución de muestras médicas, es portadora de una gran relevancia, porque se refiere a un tema con un gran impacto social y trascendente para el desarrollo en México, haciendo hincapié en que el Estado debe velar por la seguridad y salud de los mexicanos.

B. En efecto, la muestra médica debe entenderse como la presentación reducida de un producto farmacéutico, refiriéndose ésta al número de dosis que contiene, con la finalidad de promocionarlo; así un representante médico la distribuye de manera gratuita a los profesionales de la salud facultados para prescribir medicamentos con el objetivo de fomentarles este hábito, recordándoles a la par una marca comercial en específico.

C. Generalmente, las muestras médicas llevan entre la décima y la cuarta parte de la presentación habitual del producto farmacéutico, por lo que necesitan ser utilizadas apropiadamente para lograr los objetivos mencionados1.

D. Por otra parte, la distribución de muestras médicas no está relacionada únicamente con la introducción al mercado de medicamentos “nuevos”, sino fundamentalmente con el primer contacto clínico-terapéutico que un médico tiene con el producto, es decir, permite al profesional de la salud conocer la presentación, tamaño de las dosis y las ventajas clínicas del producto en cuestión sobre otras alternativas terapéuticas.

E. Cabe mencionar que la industria farmacéutica establecida en México se rige bajo el “Convenio de Buenas Prácticas de Promoción”, y derivado de éste ha elaborado y suscrito un documento denominado “Compromiso por la Transparencia en la Relación entre los Médicos e Instituciones de Atención a la Salud y la Industria Farmacéutica”, el cual establece los parámetros de actuación y autocontrol, tanto para la promoción de medicamentos como para la interrelación con los profesionales de la salud,

No obstante, las comisiones dictaminadoras están conscientes de que esta práctica adoptada por la industria farmacéutica y los médicos genera actividades paralelas que atentan contra la salud de los mexicanos, es decir, la adquisición de muestras médicas por parte de personas carentes de ética, quienes a su vez las venden en el comercio informal obteniendo un lucro a costa de la salud de los consumidores, sin dejar de lado el grave problema de la automedicación que en muchos casos ocasiona la muerte por su ingesta sin indicación médica.

F. Como atinadamente señalan los legisladores proponentes, la comercialización ilegal de medicamentos es un problema que debe atenderse de manera prioritaria, y colmar estas lagunas jurídicas para combatir esta práctica que tanto dañan al país.

Derivado de lo anterior, las comisiones dictaminadoras estiman adecuada la tipificación del delito de venta o comercialización de muestras médicas, ya que se pone un freno a esta conducta que atenta contra el bien jurídico tutelado que es la salud de los mexicanos.

G. Atendiendo al principio de generalidad del ordenamiento sanitario en comento, en el mismo se establece lo que debe entenderse por un medicamento:

Artículo 221.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Medicamentos: Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.

Por otra parte, el artículo 226 de la Ley General de Salud establece que para su venta y suministro al público los medicamentos se clasifican de la siguiente manera:

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:

I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido por la Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V de este Título;

II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma.

III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto se lleven. Esta prescripción se deberá retener por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión; el médico tratante determinará, el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión.

Se podrá otorgar por prescripción médica, en casos excepcionales, autorización a los pacientes para adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes, cuando se requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir en las farmacias;

IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba;

V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, y

VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias.

No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

H. Ahora bien, la citada Ley General de Salud, en su capítulo de sanciones administrativas no contempla ningún supuesto específico para la contravención de estas disposiciones; sin embargo, su artículo 422 menciona que las infracciones no previstas en ese capítulo serán sancionadas con multa equivalente hasta por dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en el artículo 418 de dicho ordenamiento.

De igual forma, el Reglamento de Insumos para la Salud establece en su artículo 34 que “No podrán venderse al público los medicamentos presentados como muestra médica, original de obsequio y los destinados para uso exclusivo de las instituciones públicas de salud y de seguridad social”, infracción cuya sanción no está contemplada específicamente, pero sí contempla el castigo mediante una multa hasta por diez mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate (artículo 232).

I. Por otra parte, en el actual capítulo de delitos de la Ley General de Salud, no se contempla tipificada ninguna conducta relacionada con la venta y comercialización de muestras médicas.

Derivado de lo anterior, lo que pretende la minuta en comento es sancionar estas conductas, por lo que las comisiones dictaminadoras coinciden en la adición de la fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

J. En lo que toca a las reformas propuestas para las fracciones I, II, y III de este mismo artículo, las comisiones dictaminadoras las estiman innecesarias puesto que tanto las penas corporales y las pecuniarias sugeridas en el texto de la minuta, ya se encuentran en la Ley General de Salud vigente.

Es por lo anterior que, a efecto de cubrir el vacío legal respecto de estas conductas relacionadas con las muestras médicas, se sugiere que el artículo 464 Ter quede de la siguiente manera:

Ley General de Salud vigente

Proyecto de Dictamen

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I.- A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta Ley, se le aplicará una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Para los efectos del presente artículo, se entenderá por medicamento, fármaco, materia prima, aditivo y material, lo preceptuado en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 221 de esta Ley; y se entenderá por adulteración, contaminación, alteración y falsificación, lo previsto en los artículos 206, 207, 208 y 208 bis de esta Ley.

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I.- …

II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, sus leyendas, la información que contengan o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate,

III- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contengan o números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

IV.- A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de cinco a diez años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

K. Por lo que respecta a la adición de un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, las comisiones dictaminadoras, la consideran innecesaria, puesto que la regulación de actividades de producción y distribución de muestras médicas son materia de normatividad secundaria y no de la Ley General de Salud.

Como ya se mencionó, la principal finalidad de las muestras médicas es la promoción o publicitación de un medicamento nuevo, así, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad contempla, en su Título Quinto, Capítulo Primero, la publicidad de medicamentos, y precisamente en sus artículos 48 y 49 se establecen supuestos relacionados con las muestras médicas:

ARTICULO 48. Los artículos promocionales de los productos a que se refiere este Capítulo no estarán sujetos a autorización previa ni a la leyenda precautoria, cuando únicamente se incluya la denominación distintiva, la denominación genérica o la razón social.

ARTICULO 49. No requerirán autorización las muestras de obsequio, entendidas éstas como los ejemplares de los productos a que se refiere este Capítulo, que se utilizan con el propósito de darlos a conocer mediante su distribución gratuita, que cumplan con los requisitos y especificaciones para los originales de venta al público y sólo contengan un número menor de unidades.

Las muestras de obsequio de medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta médica, no podrán distribuirse al público en general. Tanto éstas como las de medicamentos de libre acceso, no podrán distribuirse a menores de edad.

Derivado de lo anterior, es que se estima que la propuesta en comento, no es materia de la Ley General de Salud, sino reglamentaria.

L. La misma suerte corre la propuesta de adición del artículo 225 Ter, ya que los aspectos a regularse de las muestras médicas tales como su presentación, los volúmenes de producción, controles de distribución, y fármaco-vigilancia, de incluirse en el ordenamiento general sanitario rompería con el principio de generalidad de éste, en virtud de ser materia de ordenamientos secundarios.

M. Finalmente, y acorde a las razones expuestas en las consideraciones que anteceden, se estima necesario la eliminación del artículo segundo transitorio.

N. Con base en lo anterior, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman adecuado aprobar la presente minuta con cambios; así, con las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Unico.- Se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I.- …

II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

IV.- A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

Gracias por el registro de nacimiento, duró cuatro año para tener esto, pero este tema es de muestras médicas. Los integrantes de la Comisión de Salud, preocupados por el adecuado uso y manejo de todos los medicamentos en cualquiera de sus presentaciones, aprobamos al seno de la misma una minuta que pretende regular la producción y distribución de muestras médicas; a partir de ello, se establece una pena de 5 a 10 años de prisión y una multa equivalente hasta por 50 mil días de salario mínimo general vigente, al que venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte para fines comerciales las muestras médicas.

Incrementa la pena de prisión al que adultere, falsifique fármacos, materias primas o aditivos para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones respectivas, además de incrementar la pena de prisión al que falsifique el material para envase o empaque de medicamentos, sus leyendas, la información que contengan sus números o claves de identificación.

La producción y distribución de muestras médicas es portadora de una gran relevancia, porque se refiere a un tema con un gran impacto social y trascendente para el desarrollo de México, haciendo hincapié en que el Estado debe velar por la seguridad y salud de los mexicanos.

Es importante señalar que las muestras médicas son la presentación reducida de un producto farmacéutico, refiriéndose ésta al número de dosis que contiene con la finalidad de promocionarlo; generalmente llevan entre la décima y la cuarta parte de la presentación habitual del producto farmacéutico.

En este sentido, la distribución de muestras médicas está relacionada con el primer contacto clínico-terapéutico que un médico tiene con el producto, ya que permite al profesional de la salud conocer la presentación, tamaño de las dosis y las ventajas clínicas del producto en cuestión sobre otras alternativas terapéuticas.

Por otra parte, el “Convenio de Buenas Prácticas de Promoción”, establece los parámetros de actuación y autocontrol, tanto para la promoción de medicamentos como para la interrelación con los profesionales de la salud.

No obstante, las comisiones dictaminadoras están conscientes de que esta práctica adoptada por la industria farmacéutica y los médicos genera actividades paralelas que atentan contra la salud de los mexicanos, es decir, la adquisición de muestras médicas por parte de personas carentes de ética, quienes a su vez las venden en el comercio informal obteniendo un lucro a costa de la salud de los consumidores, sin dejar de lado el grave problema de la automedicación que en muchos casos ocasiona la muerte por su ingesta sin indicación médica.

La comercialización ilegal de medicamentos es un problema que debe atenderse de manera prioritaria para poder combatirlo.

Es por ello, que estas comisiones dictaminadoras consideramos adecuada la tipificación del delito de venta o comercialización de muestras médicas, ya que se pone un freno a esta conducta que atenta contra el bien jurídico tutelado que es la salud de los mexicanos.

El objetivo principal de esta minuta es sancionar a quien venda, ofrezca en venta o comercie muestra médicas. En este sentido, también se consideró al seno de la Comisión innecesaria la adición de los artículos 225 Bis, 225 Ter y 464 Ter a la Ley General de Salud, toda vez que la regulación de actividades de producción y distribución de muestras médicas son materia de normatividad secundaria y no de la Ley General de Salud.

Es por todo lo anteriormente vertido que les solicito el voto a favor del dictamen con modificaciones a la minuta en comento.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario PRI, en pro.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente.

En materia de muestras médicas, la minuta pretende regular la producción y distribución de estas muestras. Asimismo, establece una pena de 5 a 10 años de prisión y multa equivalente hasta por 50 mil días de salario mínimo general vigente, al que venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte para fines comerciales las muestras médicas. Modifica la pena de 1 a 9 años por la de 6 a 15 años de prisión al que adultere, falsifique fármacos, materias primas o aditivos para uso o consumos humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones respectivas y de 1 a 5 años por la de 1 a 9 años de prisión al que falsifique el material para envase o empaque de medicamentos, sus leyendas, la información que contenga sus números o claves de identificación. Dicha minuta plasma las siguientes reformas.

La muestra médica debe entenderse como la presentación reducida de un producto farmacéutico, refiriéndose este al número de dosis que contiene, con la finalidad de promocionarlo; así un representante médico la distribuye de manera gratuita a los profesionales de la salud facultados para prescribir medicamentos con el objetivo de fomentarles este hábito, recordándoles a la par una marca comercial en específico.

Generalmente estas muestras llevan entre la décima y cuarta parte de la presentación habitual del producto farmacéutico, por lo que necesitan ser utilizadas apropiadamente para lograr los objetivos mencionados.

Por otra parte, la distribución de estas muestras médicas no está relacionada únicamente con la introducción al mercado de medicamentos nuevos, sino fundamentalmente con el primer contacto clínico-terapéutico que un médico tiene con el producto, es decir, permite al profesional de la salud conocer la presentación, tamaño de la dosis y las ventajas clínicas del producto en cuestión sobre otras alternativas terapéuticas.

Cabe mencionar que la industria farmacéutica establecida en México se rige bajo el Convenio de Buenas Prácticas de Promoción, y derivado de éste ha elaborado y suscrito un documento denominado “Compromiso por la Transparencia en la Relación entre los Médicos e Instituciones de Atención a la Salud y a la Industria Farmacéutica”, el cual establece los parámetros de actuación y autocontrol, tanto para la promoción de medicamentos, como para la interrelación con los profesionales de la salud.

Quiero, en lo personal, agradecer a la Presidenta de la Comisión del Salud y a la Mesa Directiva, por el respaldo a esta iniciativa de muestras médicas de su servidora.

Y agradecer también, y quiero dejarlo constatado en el Diario de los Debates, también al anterior dictamen sobre la materia del certificado de nacimiento.

Es cuanto, señor Presidente, y gracias a todos los Senadores.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

No habiendo ningún otro orador registrado, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Aprovechamos para saludar a los estudiantes de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el Senador Francisco Domínguez Servién.

Bienvenidos.

(Aplausos)



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 93 votos en pro, cero votos en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a destinar un área para ubicar los corrales del ganado que será inspeccionada por las autoridades estadounidenses, dentro de la aduana mexicana ubicada en el cruce fronterizo de Reynosa, Tamaulipas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

1Fuente: “Manual del Visitador Médico Para Mercados de alta Competencia”, de Salvador Thompson, versión electrónica en PDF y EXE.





 

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en pro.

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Subo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que presenta la Comisión de Agricultura y Ganadería, ya que con su aprobación contribuimos a que se tome en cuenta la problemática que enfrentan los productores y exportadores de ganado de Tamaulipas y de los estados vecinos del centro y sur del país, que utilicen el Puente Internacional de Reynosa-Pharr, para hacer la exportación de ganado en pie.

La importancia de este dictamen radica en que el volumen de exportación de ganado bovino de Reynosa, Tamaulipas, ha tenido un incremento expotencial de 2008 a la fecha, al pasar de casi 30 mil bovinos en 2008 a más de 83 mil en el 2012, lo que representa un crecimiento del orden de un 280 por ciento.

Sin embargo, el procedimiento para exportar el ganado es bastante tortuoso, ya que el gobierno de Estados Unidos prohibió a su Departamento de Agricultura que sus inspectores se trasladaran al territorio mexicano debido a la circunstancia de inseguridad que prevalece en el estado de Tamaulipas, lo que ha afectado directamente a los ganaderos, quienes ahora tienen que trasladar el ganado para el proceso de inspección hasta una ciudad vecina del lado estadounidense, me refiero al municipio de San Juan, Texas, que se ubica aproximadamente a 12 kilómetros del Puente Reynosa-Pharr, para posteriormente regresar hasta la báscula ubicada en el puente y poder finalmente ahí ser pesado y enviar la información al comprador para determinar su precio de venta, lo que ha ocasionado pérdidas por demás significativas, no solamente en el peso y condiciones del ganado, sino también el precio final de venta, en los gastos de traslado y, en consecuencia, en una caída de las inversiones y afectaciones a los ganaderos nacionales.

Ante esta problemática, existen varias opciones que pueden agilizar y hacer más eficiente el proceso, por el cual se solicita al Ejecutivo Federal, trasladar precisamente los corrales cuarentenarios al área del Puente Internacional Reynosa-Pharr y así poder agilizar, precisamente, la exportación de los mismos.

Les comento también que en la visita que tuvo el embajador de Estados Unidos, aquí en el Senado, con los Senadores fronterizos, se le expuso esta problemática y el embajador Anthony Wayne mostró no solamente disposición de apoyar sino respaldar las sesiones correspondientes.

De tal suerte que podremos resolver un problema de los ganaderos tamaulipecos.

No abundaré en los resolutivos del dictamen, ya que son de su conocimiento, pero antes de concluir, quiero agradecer a la Comisión de Agricultura y Ganadería por su aprobación, muy especialmente al Senador Manuel Cota, por el apoyo y respaldo que nos dio.

Y por lo cual, les solicito a todos y cada uno de ustedes su apoyo y su respaldo a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador García Cabeza de Vaca.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para hablar a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hablar en pro del dictamen, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Este es un tema, sin duda, muy importante, que es de llamar la atención en varios aspectos.

Primero. El argumento que está utilizando el gobierno norteamericano para impedirles a sus inspectores que se trasladen a territorio nacional para hacer las inspecciones con respecto al ganado en el estado de Tamaulipas, es un tema que tiene que ver con la inseguridad que prevalece en México.

Es decir, la inseguridad en el país está afectando áreas tan sensibles como ésta; está afectando a los ganaderos del país, está afectando a la planta productiva.

Y Estados Unidos, como podemos ver, no se anda con rodeos para proteger a sus inspectores. Es decir, ha puesto una alerta roja en este estado del país para impedir que sus inspectores corran algún riesgo.

Otro asunto que es importantísimo de rescatar aquí, es el tema de la sanidad animal. Cuando hemos planteado que el SENASICA se debe de poner en una situación dura para mpedir que las plagas o las enfermedades lleguen a México por las fronteras; éste es un ejemplo claro de que Estados Unidos previene, cuida hasta la exageración de que su territorio no sea afectado.

Por eso no sólo es el tema de que los ganaderos se ven afectados en la parte económica al tener que ingresar su ganado a territorio norteamericano, poco más de 10 kilómetros, y si no pasa la autorización, entonces hay que regresarlo, pero mientras ya pagaron un impuesto para ingresar a territorio norteamericano.

Mientras los animales ya se trasladaron, ya perdieron peso por deshidratación, y esto solamente repercute en los ganaderos, es decir, aparte de que los insumos para el ganado han subido de manera exorbitante, todavía hay que incorporarle este tipo de situaciones particulares.

Por eso seguiremos insistiendo en que el Senado de la República tiene que alzar la voz a todo lo que da, para que las autoridades del Poder Ejecutivo actúen a favor de la planta productiva, en este caso, ganadera de este país.

¿Un exhorto vale? Yo creo que sí. Queremos pedirle a nuestra Mesa Directiva que sea ágil, y que una vez que el Senado lo apruebe, si esa es la consideración del Pleno, con carácter de urgente, se le haga llegar a la Secretaría de Gobernación, para que la Secretaría de Gobernación, de manera inmediata, haga llegar el exhorto que ha aprobado el Senado de la República a la instancia correspondiente y se haga de manera ágil.

Mientras más se tarde el trámite, compañeros Senadores y compañeras Senadoras, seguimos generándole problema a quienes de buena fe siguen invirtiendo en este país.

Seguimos generándoles problemas a quienes con toda su emoción y su dedicación, incluso, generación tras generación, porque los ganaderos son gente de muchas generaciones, pues le siguen apostando a la ganadería, aunque a veces ya no le sea redituable.

Por eso estamos a favor del punto de Acuerdo, de que se instalen los corrales en la aduana nacional, y que con carácter de urgente el gobierno de México le solicite al gobierno norteamericano ese permiso, para que los inspectores vengan a territorio nacional, y además decirles que tienen garantizada su seguridad y su integridad física.

Por estas razones, estamos a favor del punto de Acuerdo.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Y decirle que si la Asamblea determina que se apruebe, de inmediato, como se hacen todos los trámites que corresponden a esta Mesa Directiva, se hace con la mayor agilidad posible y éste no será la excepción.

No habiendo más oradores en este tema, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este dictamen.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese el mismo.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo, con punto de Acuerdo en torno a los nombramientos de las vicepresidencias vacantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado. Comuníquese el mismo.

Pasamos ahora a la discusión de cinco dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)







 

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a otro dictamen.







 

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al tercero de los dictámenes.







 

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al cuarto dictámen.







 

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al quinto de los dictámenes.



- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos de los cuales se ha dado cuenta.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud sobre diabetes.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen tres proposiciones con punto de Acuerdo en materia de diabetes.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LOSPUNTOS DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de noviembre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar un registro nacional de pacientes diabéticos. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 15 de noviembre de 2012, la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar la atención del cien por ciento de las personas que padecen diabetes. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 15 de noviembre de 2012, el Senador David Monreal Avila, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a implementar programas para prevenir y detectar la diabetes tipo I en niños y jóvenes. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

De acuerdo con la proposición de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, la Diabetes es en México la primera causa de muerte, generada en su mayoría a partir de la obesidad que sufre la población, tanto infantil como adulta, es de gran importancia, las cifras que señala, a partir de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, que reportan víctimas de diabetes a 6.4 millones de adultos mayores de 20 años, de los cuales 1.8% tienen complicaciones como amputaciones, daños renales, problemas de la vista y del corazón.

En el mismo sentido, la proposición de la Senadora María Elena Barrera Tapia, señala la importancia de que el paciente cambie su estilo de vida, a partir de su diagnóstico, toda vez que ello le brindará mayor calidad de vida. Así mismo señala, que la Asociación Americana de Diabetes, y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, recomiendan en sus guías de práctica clínica, proveer un cuidado respetuoso y responsivo para las preferencias, necesidades y valores de cada paciente. La importancia de tomar en cuenta las decisiones del paciente para que se adhiera con mayor facilidad al tratamiento, su compromiso y con ello un mejor seguimiento y mejoramiento de su salud.

Por su parte el Senador David Monreal Avila, señaló, que la Federación Mexicana de la Diabetes, estima que entre 5 y 10 por ciento de los pacientes diagnosticados, padecen la Diabetes Mellitas Tipo 1, misma que se presenta mayormente en infantes y jóvenes. Así mismo menciona, que a pesar de ser un padecimiento crónico e incurable, con los avances en medicina, el paciente puede tener una vida normal, a partir del control estricto en diversos aspectos como la alimentación, actividad física y tratamiento médico.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es en este sentido, que se deben seguir promoviendo medidas no solo curativas, sino preventivas que vayan enfocadas a reducir los porcentajes de la diabetes en nuestro país.

B. De acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor del 8.2% de la población entre 20 y 69 años, padece diabetes, y cerca del 30% de los individuos afectados, desconoce que tiene dicho padecimiento. Es importante señalar que una importante proporción de personas, desarrolla dicho padecimiento antes de los 45 años de edad, situación preocupante para cualquier gobierno. En este sentido, es importante la creación de acciones preventivas que realizan los sectores público, social y privado, así como los procedimientos para su detección, diagnóstico, tratamiento y control.

C. Se define la diabetes, de acuerdo con la NOM-015-SSA2-1994, como la enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, y que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas.

En el mismo sentido, la diabetes es un padecimiento que se puede prevenir, o en su caso retardar su aparición, vinculado a dicha enfermedad, se debe advertir a la población acerca de los riesgos de la obesidad y el exceso de peso, mediante un plan de alimentación saludable y actividad física adecuada.

En torno a ello, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General De Enseñanza en Salud, debe establecer, programas de información a la población estudiantil sobre los factores de riesgo de enfermedades como la Diabetes. Señala además que el tratamiento de la diabetes tiene como objetivo, aliviar los síntomas, mantener el control metabólico, prevenir las complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad por esta enfermedad o por sus complicaciones.

D. Uno de los objetivos que planteaba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en materia de salud, era avanzar hacia la universalidad en el acceso a servicios de salud de calidad a través de una integración funcional y programática de las instituciones públicas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.

En ese mismo sentido, entre las estrategias enfocadas a reducir la aparición de la diabetes mellitus en México, están:

1. Crear mecanismos institucionales rectores del Sistema Nacional de Salud y otros sectores para abordar en conjunto los entornos y determinantes de la epidemia de la diabetes mellitus en la población mexicana.

2. Impulsar los planes estatales y municipales en apoyo a las acciones de prevención y control de dicho padecimiento.

3. Fortalecer la infraestructura para el manejo de la diabetes mellitus y otras enfermedades crónicas.

4. Fortalecer el componente educativo, alfabetización en diabetes, dirigido a la comunidad, las personas con diabetes mellitus, sus familias y la población en riesgo.

5. Innovar para la mejora continua en la prestación de servicios de salud y establecimiento de mecanismos para la detección y diagnóstico temprano de diabetes mellitus con estratificación de riesgo, incluidas las Caravanas de Salud.

Es por todo lo anteriormente señalado, que esta Comisión dictaminadora está de acuerdo en que se sigan impulsando las líneas de acción enfocadas a prevenir y retardar la aparición de la diabetes mellitus en la población mexicana.

H. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa, al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud se implemente un sistema de Registro Nacional de Pacientes Diabéticos.

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, y las instituciones de seguridad social, se implemente un programa nacional permanente, de detección, diagnóstico y manejo principalmente, de la Diabetes Mellitus Tipo 1, Tipo 2 y Gestacional, con la finalidad de disminuir las tasas de morbimortalidad, por dicho padecimiento, en nuestro país.

TERCERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud Federal y las instituciones de seguridad social, así como a las Secretarías de Salud de las diversas entidades federativas, para que se implementen acciones y programas específicos para prevenir la diabetes mellitus, desde la infancia de los mexicanos.

CUARTO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud y las instituciones de seguridad social, se implementen las medidas necesarias para garantizar el abasto oportuno de los medicamentos requeridos por los pacientes de cualquier tipo de Diabetes.

COMISION DE SALUD”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Para hablar a nombre de la comisión, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

En la actualidad, la diabetes en México es la primera causa de muerte, generada en la mayoría de los casos como consecuencia de la obesidad que sufre la población, tanto infantil como adulta.

Es por ello que, hoy por hoy, debemos no sólo de legislar para su atención y disminución, sino además brindar la información necesaria para que el paciente cambie su estilo de vida a partir de su diagnóstico.

Que en las instituciones se provea un cuidado respetuoso y responsivo para las preferencias, necesidades y valores de cada paciente, y con ello se facilite una adherencia y compromiso con el tratamiento, logrando un mejor seguimiento y mejoramiento de su salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor de 8.2 por ciento de la población entre 20 y 69 años padece diabetes, y cerca del 30 por ciento de los individuos afectados, desconoce que tiene dicho padecimiento. Aunado a ello, una importante proporción de personas desarrolla dicho padecimiento antes de los 45 años de edad, situación preocupante para cualquier gobierno. En este sentido, es importante la creación de acciones, sobre todo preventivas, que deben continuar realizando los sectores público, social y privado, así como los procedimientos para su detección, diagnóstico, tratamiento y control.

Se debe reforzar las advertencias a la población acerca de los riesgos de la obesidad y el exceso de peso, promoviendo un plan de alimentación saludable y actividad física adecuada.

Algunas de las estrategias enfocadas a reducir la aparición de la diabetes mellitus en México son:

- La creación de mecanismos institucionales rectores del Sistema Nacional de Salud y otros sectores para abordar en conjunto los entornos y determinantes de la epidemia de la diabetes mellitus en la población mexicana.

- Impulsar los planes estatales y municipales en apoyo a las acciones de prevención y control de dicho padecimiento.

- Fortalecimiento de la infraestructura para el manejo de la diabetes mellitus y otras enfermedades crónicas.

- Innovación para la mejora continua en la prestación de servicios de salud y establecimiento de mecanismos para la detección y diagnóstico temprano de diabetes mellitus con estratificación de riesgo, incluidas las caravanas de salud.

Esta comisión dictaminadora está de acuerdo en que se sigan impulsando las líneas de acción enfocadas a prevenir y retardar la aparición de la diabetes mellitus en la población mexicana.

Por ello, promueve a través de este dictamen que se implemente un sistema de Registro Nacional de Pacientes de Diabetes.

Que se implemente un programa nacional permanente de detección, diagnóstico y manejo, principalmente de la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y gestacional, con la finalidad de disminuir las tasas de morbilidad por dicho padecimiento en nuestro país.

Que se implementen acciones y programas específicos para prevenir la diabetes mellitus, desde la infancia de los mexicanos.

Que se implementen las medidas necesarias para garantizar el abasto oportuno de los medicamentos requeridos por los pacientes de cualquier tipo de diabetes.

Es por lo anteriormente señalado que pido a esta Honorable Asamblea su voto a favor del presente dictamen, con la finalidad de seguir construyendo un país con políticas adecuadas que beneficien la salud de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Quiero felicitar, primero, a la Comisión de Salud por poner atención a un tema tan sensible, pero que tiene toda la indiferencia tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales.

Este padecimiento de la insuficiencia renal es un asunto que está matando a miles de compatriotas en todo el país, y lo menos que puede hacer el Senado de la República, es exhortar al gobierno federal y a la Secretaría correspondiente a que asuma una posición clara, contundente frente a este problema.

Una persona común y corriente, un ciudadano que esté dentro de ese margen de los 57.7 millones de pobres que tiene este país y lo alcance este padecimiento, está condenado a la muerte, y está condenado a la muerte porque difícilmente alguien en este país que gana un poco más del salario mínimo puede pagarse lo del tratamiento de este padecimiento; un promedio de 1,200 pesos por cada acción para tratar este asunto, lo que le llaman a las diálisis; cada diálisis cuesta 1,200 pesos y normalmente son 4 o 5 a veces a la semana, y si hablamos de 1,200 por 4 a la semana, pues estamos hablando de un promedio de 5,000 pesos semanales, y si lo multiplicamos por 4 semanas, pues son 20,000 pesos. Díganme, ¿qué ciudadano o qué ciudadana cuenta con este recurso económico si está en esta franja de los pobres para atender este problema? La situación es que están condenados a la muerte.

Las hemodiálisis, cada hemodiálisis tiene un costo de entre 15,000 y 20,000 pesos. Díganme, compañeros Senadores y compañeras Senadoras, ¿qué mexicano, qué mexicana puede pagar este padecimiento?

Necesariamente tenemos que decirle al gobierno que atienda con carácter de urgente este padecimiento de la población, y que en los hospitales públicos no falten los elementos para atender este padecimiento.

Nos preocupan situaciones que se van conociendo en esta tarea de responsabilidades públicas que tenemos, como lo que acabo de conocer este fin de semana en Los Altos de Jalisco, en donde los lecheros de esa región del país, que es una de las regiones más importantes en producción de leche de México, se están quejando porque DICONSA no les paga el precio justo por la leche, y nos dicen: DICONSA nos exige que entreguemos leche de excelente calidad.

Pero, ¿qué hace DICONSA, ciudadano Senador?

Le quita toda la grasa y la vende como derivado de leche, y entonces le están vendiendo leche a la población con grasa vegetal, la grasa que no elimina de manera fácil el cuerpo y, entonces, están exponiendo a la población a que se den ese tipo de padecimientos.

Entonces, el Senado de la República no puede permanecer indiferente ante un problema tan grave de salud pública que está matando, reitero, a miles y miles de compatriotas.

Por eso el Senado de la República tiene que alzar la voz, y tiene que decirle al gobierno de Peña Nieto que si gobiernos anteriores se desatendieron del problema, este gobierno así como está sacando iniciativas como las que hemos visto en el Pacto por México, también es importante que saque una iniciativa en donde le garantice recursos económicos suficientes a la población para que un solo mexicano más no se muera de diabetes.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis. No habiendo quien haga uso de la palabra sobre este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

- La C. Secretaria Diaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese el mismo.

En el apartado de proposiciones, se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita destinar un espacio en el Senado de la República para colocar la siguiente leyenda: “Al Ejército Mexicano a Cien Años de Servicio a la Nación”.





 

PROPUESTAS

- El C. Senador Miguel Romo Medina: Gracias, señor Presidente; estimadas compañeras y compañeros Senadores:

El Ejército Mexicano nace como la institución encargada de respaldar los ideales de los hombres y las mujeres que durante la época de la Revolución Mexicana buscaron establecer las condiciones de paz y justicia necesarias para el surgimiento del México moderno. El 19 de febrero de 1913, mediante Decreto publicado por Venustiano Carranza, se promueve la generación de las fuerzas que permiten sostener el orden constitucional perdido en el golpe de estado de Victoriano Huerta contra el Presidente Francisco I. Madero.

Han pasado 100 años desde dicho acontecimiento y nuestro México ha transitado por un largo camino en el que la labor del Ejército Mexicano se ha transformado adaptándose a las necesidades de nuestra sociedad. Con honor y responsabilidad, el Ejército se ha mantenido al servicio de todos los mexicanos en apoyo de aquellos que los diversos espacios de la geografía nacional lo han requerido. Al día de hoy, y de acuerdo a lo establecido en el primer artículo de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, dicha institución permanece como la responsable de salvaguardar y defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; de garantizar la seguridad interior, de auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas; de realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en el caso de desastre, con una plenitud de entrega de todos sus integrantes; presta ayuda siempre, y lo hemos acreditado, al mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y sus bienes y a la reconstrucción de zonas afectadas.

Los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas Mexicanas cumplen día a día con la misión antes mencionada y lo hacen con valor y compromiso buscando proteger el bienestar y la integridad de millones de mexicanos. Como podemos observar en estudios como la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Práctica Ciudadanas, el Ejército Mexicano se ha mantenido como una de las instituciones más confiables de nuestro país y estamos seguros que seguirá siendo una organización digna de confianza y de respeto. Una prueba incomparable de su lealtad por México se muestra en el hecho de que es el único ejército en Latinoamérica que en más de tres cuartos de siglo no ha sido protagonista de un golpe de Estado.

La disciplina de sus miembros y el apoyo que otorgan a la gente en situaciones adversas, sin importar los riesgos que esto conlleva, son dignos de nuestro más profundo aprecio y reconocimiento. Incluso en catástrofes naturales fuera de nuestras fronteras, el Ejército Mexicano se ha hecho presente como en el apoyo ofrecido a los Estados Unidos durante la inundación en Nueva Orleáns, cuando las cocinas comunitarias del Ejército Mexicano viajaron por el área afectada para apoyar a varios miles de damnificados, siendo ésta la primera participación militar-humanitaria de México a los Estados Unidos.

Nuestro país vive momentos difíciles y las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen ante sí uno de los retos más importantes de su historia; habremos de observar y evaluar las alternativas de participación y transformación del Ejército Mexicano del día de hoy. Sin embargo, es pertinente reconocer la fortaleza, el trabajo, la dedicación, el honor y el valor de los hombres y mujeres que integran una institución que hoy cumple 100 años de servir lealmente a todos los mexicanos.

El Senado de la República, en el desempeño de sus facultades constitucionales, ha mantenido estrecho contacto y comunicación con el Ejército Mexicano al ser el responsable de la ratificación de sus jefes superiores, la autorización de sus acciones y la aprobación del marco jurídico en el que se desarrollan. Ha colaborado en las transformaciones experimentadas por nuestras Fuerzas Armadas a lo largo de los años, corroborando el valor y la calidad de quienes las integran con la finalidad de generar para nuestra sociedad condiciones requeridas de paz y seguridad.

Por todo lo anterior, lo expresado y lo que tenemos como ciudadanos, como representantes de nuestras entidades en el Pacto Federal, por el desempeño acreditado de manera histórica y actual del Ejército Mexicano, en la Celebración del Centenario de nuestro glorioso Ejército Mexicano, proponemos rendir tributo a todos y cada uno de los elementos que han arriesgado sus vidas y a los que continúan haciéndolo en nombre de nuestra gran Nación. Con la intención de realizar un sencillo pero necesario homenaje a todos ellos, acudo a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a esta Honorable Asamblea, para proponer el siguiente:

Punto de Acuerdo

UNICO. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política someta a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores que se destine, en donde se considere adecuado, un espacio en el Senado de la República para colocar una leyenda que a la letra diga: “Al Ejército Mexicano a Cien Años de Servicio a la Nación”.

Muchas gracias por su atención y por el apoyo que pudieran prestar a esta propuesta.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA SOMETA A LA CONSIDERACION DEL PLENO DE ESTA CAMARA DE SENADORES QUE SE DESTINE UN ESPACIO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA PARA COLOCAR UNA LEYENDA QUE A LA LETRA DIGA: “AL EJERCITO MEXICANO A CIEN AÑOS DE SERVICIO A LA NACION”.

“El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII Legislatura a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política someta a la Consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores que se destine un espacio en el Senado de la República para colocar una leyenda que a la letra diga: “Al Ejército Mexicano a Cien Años de Servicio a la Nación” , al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El Ejército Mexicano nace como la institución encargada de respaldar los ideales de los hombres y las mujeres que durante la época de la Revolución Mexicana buscaron establecer las condiciones de paz y justicia necesarias para el surgimiento del México moderno. El 19 de febrero de 1913, mediante decreto publicado por Venustiano Carranza se promueve la generación de fuerzas que permitan sostener el orden constitucional perdido ante el golpe de estado de Victoriano Huerta contra el Presidente Francisco I. Madero.

Han pasado cien años desde dicho acontecimiento y nuestro México ha transitado por un largo camino en el que la labor del Ejército Mexicano se ha transformado adaptándose a las necesidades de nuestra sociedad. Con honor y responsabilidad el Ejército se ha mantenido al servicio de todos los mexicanos en apoyo de aquellos que en los diversos espacios de la geografía nacional lo han requerido. Al día de hoy y de acuerdo a lo establecido en el primer artículo de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos dicha institución permanece como la responsable de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; de garantizar la seguridad interior, de auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas; de realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre, de prestar ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Mexicanas cumplen día a día con la misión antes mencionada y lo hacen con valor y compromiso buscando proteger el bienestar y la integridad de millones de mexicanos. Como podemos observar en estudios como la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas [1], el Ejército Mexicano se ha mantenido como una de las instituciones más confiables de nuestro país y estamos seguros de que seguirá siendo una organización digna de confianza y respeto. Una prueba incomparable de su lealtad por México se muestra en el hecho de que es el único ejército en Latinoamérica que en más de tres cuartos de siglo no ha sido protagonista de un golpe de estado.

La disciplina de sus miembros y el apoyo que otorgan a la gente en situaciones adversas sin importar los riesgos que esto conlleva son dignos de nuestro más profundo aprecio y reconocimiento. Incluso en catástrofes naturales fuera de nuestras fronteras, el Ejército Mexicano se ha hecho presente, como en el apoyo ofrecido a los Estados Unidos durante la inundación de Nueva Orleans, cuando las cocinas comunitarias del Ejército Mexicano viajaron por el área afectada para apoyar a varios miles de damnificados, siendo ésta la primera participación militar-humanitaria de México a Estados Unidos.

Nuestro país vive momentos difíciles y las fuerzas armadas mexicanas tienen ante sí uno de los retos más importantes de su historia; habremos de observar y evaluar las alternativas de participación y transformación del Ejército en el México de hoy. Sin embargo, es pertinente reconocer la fortaleza, el trabajo, la dedicación, el honor y el valor de los hombres y mujeres que integran una institución que hoy cumple 100 años de servir lealmente a todos los mexicanos.

El Senado de la República, en el desempeño de sus facultades constitucionales, ha mantenido estrecho contacto y comunicación con el Ejército al ser el responsable de la ratificación de sus jefes superiores, la autorización de diversas de sus acciones y la aprobación del marco jurídico en el que se desarrollan. Ha colaborado en las transformaciones experimentadas por nuestras fuerzas armadas a lo largo de los años, corroborando el valor y la calidad de quienes las integran con la finalidad de generar para nuestra sociedad las condiciones requeridas de paz y seguridad.

Por todo lo anterior, en la Celebración del Centenario de nuestro glorioso Ejército Mexicano, proponemos rendir tributo a todos y cada uno de los elementos que han arriesgado sus vidas y a los que continúan haciéndolo en nombre de nuestra gran Nación. Con la intención de realizar un sencillo pero necesario homenaje a todos ellos acudo a esta Honorable Asamblea para proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política someta a la Consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores que se destine un espacio en el Senado de la República para colocar una leyenda que a la letra diga: “Al Ejército Mexicano a Cien Años de Servicio a la Nación”

Dado en Senado de la República, 12 de marzo de 2013.

Sen. Miguel Romo Medina”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romo Medina.

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero Morales.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para solicitarle al Senador Romo Medina si nos permite, a todo el grupo parlamentario del Partido Verde, suscribir en sus términos el Acuerdo y, por supuesto, hay que hacer un reconocimiento al Ejército Mexicano.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Escudero Morales.

Sonido en el escaño del Senador Humberto Mayans Canabal.

- El C. Senador Humberto Mayans Canabal: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Romo Medina, si me autoriza sumarme a su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Miguel Romo, ¿acepta?

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Con mucho gusto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de los Senadores Aarón Irízar López, René Juárez Cisneros, Luis Armando Melgar Bravo, Raúl Aarón Pozos Lanz, Armando Neyra Chávez, Gerardo Sánchez García y Francisco Búrquez Valenzuela.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Palafox.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Para adherirme.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de la incorporación de ustedes a este proyecto.

Se turna, a la Junta de Coordinación de Política.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a informar qué acciones se están llevando a cabo para atender y pagar los daños que sufrieron las víctimas de secuestros vinculados con el caso Florence Cassez.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

El pasado 24 de enero, México entero se despertó con la noticia de la liberación de una ciudadana francesa acusada de participar con la delincuencia organizada y reconocida por sus víctimas como secuestradora.

Los argumentos jurídicos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ante la opinión pública expectante fue la violación al debido proceso. Es decir, su detención no siguió los protocolos establecidos en el marco normativo; entre ellos, no estar comunicada en tiempo y forma con su embajada.

A esta liberación le siguieron una serie de acontecimientos, en su mayoría ofensivos, para los mexicanos, su salida apresurada al país de origen y escoltada por las fuerzas de seguridad de nuestro país, su recepción con la alfombra roja en Francia, una serie de entrevistas con medios nacionales e internacionales que la presentaban como heroína, incluso publicaciones en México que hablaban de sus amores.

No nos extrañe que en los próximos meses se esté cocinando hasta alguna película de su vida.

Ante tal vorágine de información, poco se supo en ese mes, como poco se sabe ahora de quienes la identificaron plenamente como su celadora, de quienes sufrieron el terrible delito del secuestro, de quienes hoy no salen a la calle por los temores fundados y por las secuelas que este episodio les dejó.

Semanas antes, se anunció con bombo y platillo por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, la promulgación de la Ley de Víctimas que si bien fue aprobada por el consenso de todas las fuerzas políticas en la pasada legislatura, se reconocieron las deficiencias que este marco normativo presenta.

Basta recordar que diversos líderes sociales estuvieron en este Senado de la República para presentar un alto número de observaciones e incluso nuestros líderes parlamentarios firmaron una nueva iniciativa de reformas a la Ley de Víctimas.

En los primeros spots de la Presidencia de la República, se destaca como un gran logro de los primeros días de gobierno, la promulgación de la citada ley.

Hace dos días, en su discurso presidencial Enrique Peña Nieto al presentar sus avances en estos primeros 100 días de gobierno señaló textualmente.

“Como lo comprometí, el Ejecutivo Federal se desistió de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas y se publicó en el Diario Oficial de la Federación”, pues bien, ahora es tiempo de hacer realidad y cumplir ese compromiso con las víctimas de Florence Cassez y de la banda de “Los Zodiacos”. Ahora es tiempo de que se ejecuten las acciones para resarcir el daño a las verdaderas víctimas que no tuvieron el privilegio de tener acceso a ese aparato mediático que nos llena de palabras e imágenes pero que son insuficientes para quienes esperan la aplicación de la justicia.

Estas y otras consideraciones que marca la legislación respectiva, tiene que cumplirse; después de lo acontecido con Florence Cassez, la Ley General de Víctimas debe surtir efectos para reparar integralmente el daño entre las víctimas. Hay que restituir, rehabilitar, compensar, satisfacer y garantizar la no repetición del delito en sus dimensiones individual, colectiva, material y moral.

En este escandaloso caso de la justicia mexicana, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia han reconocido que nunca se sabrá si la secuestradora era o no culpable. Es más, la Ministra Olga Sánchez, enredada en sus dichos, es la primera en reconocer que todos nos quedaremos con la duda, ¿todos?, por supuesto que no, hay víctimas lastimadas por esa decisión política con tintes diplomáticos más que jurídicos. La intención era legitimar y quedará la de si el fin era cumplir con un compromiso con el gobierno galo o proteger a los ciudadanos mexicanos.

La justicia debe ser implacable ante el respeto del principio de presunción de inocencia, misma que no aplica porque fue reconocida por las víctimas, por favor, el tono de voz español afrancesado es difícil de olvidar y más por una víctima que fue humillada y lastimada.

Reitero, no es dato menor haber sido identificada por las víctimas, sino también por los participantes del delito, pocas dudas hay sobre su participación delictiva con los grupos de secuestradores, especialmente con la banda de Los Zodiacos.

En varios municipios del Estado de México y el Distrito Federal, encabezada por su pareja sentimental, Israel Vallarta, de hecho la señora Cassez fue sentenciada, por estos hechos, primero a noventa y luego a sesenta años de prisión.

Se aprobó una sentencia que libera una culpable, a pesar del testimonio de las víctimas que sufrieron el terror del secuestro, quienes merecen justicia y la garantía de que el Estado mexicano castigue a los criminales, no que el Estado responda a cuestiones diplomáticas. ¿Cómo explicarle a la víctima que la victimaria salió libre aun y cuando se comprobó y sancionó su participación?

El caso de la ciudadana francesa resaltó en el ámbito judicial, porque víctimas y cómplices reconocieron su participación a plenitud en hechos ilícitos, por eso es imperioso que el Senado de la República se pronuncie a favor de las víctimas y a su debido tratamiento y protección a través de los medios legales que existen, pero también para que las instituciones cumplan con su deber.

Por ello, me presento ante ustedes, compañeros Senadores y Senadoras, para presentar el siguiente punto de Acuerdo que solicito sea tratado de urgente resolución.

PRIMERO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en el marco de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Víctimas, se informe al Senado de la República qué acciones se están llevando a cabo para atender y pagar los daños que sufrieron las víctimas de secuestro vinculadas con el caso Florence Cassez.

Una vez que el Ejecutivo Federal nos dé esta información, entonces sí se puede acreditar logro con respecto a lo que ya señaló Enrique Peña Nieto como tal, pero hasta el momento sólo tenemos imágenes y palabras cosméticas que nada alimentan la esperanza de aquellos que fueron lastimados.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR AL SENADO DE LA REPUBLICA QUE ACCIONES SE ESTAN LLEVANDO A CABO PARA ATENDER Y PAGAR LOS DAÑOS QUE SUFRIERON LAS VICTIMAS DE SECUESTRO VINCULADOS CON EL CASO FLORENCE CASSEZ

“H. ASAMBLEA:

La suscrita, Senadora Adriana Dávila Fernández, integrante del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en el marco de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Víctimas se informe al Senado de la República qué acciones se están llevando a cabo para atender y pagar los daños que sufrieron las víctimas de secuestro vinculados con el caso Florence Cassez, con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran
la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra,
se puede y debe aventurar la vida.

Miguel de Cervantes “Don Quijote de la Mancha”
Escritor español

El ser humano nace libre. Esa libertad es sagrada y jamás debe ser menoscabada por la maldad de los que hoy se enriquecen gracias a delitos sanguinarios como el secuestro.

Hablar del secuestro, es hacer referencia a uno de los delitos que más ha lastimado a nuestro país en los últimos tiempos. Con el paso del tiempo, el secuestro no sólo se limitaba a la privación de la libertad y la exigencia de una elevada cantidad de dinero por el rescate.

En nuestros días, los secuestradores aplican a cabo tácticas sangrientas para presionar a los familiares del secuestrado a pagar el dinero exigido. Por ejemplo, les mutilan partes del cuerpo como dedos u orejas.

Así, no sólo se mantiene secuestrado a uno solo individuo, sino que por su brutalidad afecta a toda la sociedad mexicana, provocando daños profundos en el tejido social.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado se ha pronunciado con firmeza sobre los casos de secuestro. Por ello, en años recientes impulsamos la aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta legislación, es de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

El artículo 8 de la ley en cita establece que en todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos de secuestro, deberá contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa con los elementos que las partes le aporten o aquellos que considere procedentes a su juicio.

Sumado a lo anterior, el artículo 32 le otorga a las víctimas el derecho para requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, en la misma deberá sentenciar a la reparación del daño a favor de la víctima.

De la misma forma, el artículo 35 le impone al Ministerio Público de la Federación o de las entidades federativas la obligación de restituir a las víctimas de los secuestradores en el goce de sus derechos en cuanto sea posible y solicitará la reparación del daño.

Asimismo, el artículo 37 refiere que el Fondo de Apoyo para las Víctimas y Ofendidos tiene como objetivo dotar a las autoridades de recursos para apoyar a las víctimas y ofendidos por los delitos de secuestro. También se señala que dicho fondo se orientará, prioritariamente, a la atención médica y psicológica de las víctimas y protección a menores en desamparo.

Después de lo acontecido con Florance Cassez, ahora es el momento de que se cumpla con las víctimas de este caso. En ese contexto, la Ley General de Víctimas debe surtir efectos para reparar el daño que sufrieron las víctimas de este delito.

En ese sentido, la Ley General de Víctimas establece que la reparación integral del daño comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

Por ello, ante la liberación de Florence Cassez, el Ejecutivo Federal no debe perder de vista que existen seres humanos que sufrieron los efectos de este grave delito, bajo esa premisa debe ejecutar todas las acciones necesarias para reparar el daño sufrido por las víctimas involucradas en este caso.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, señala con firmeza que ningún sujeto al que se le compruebe su participación en un secuestro debe quedar en libertad, la justicia tiene que ser implacable con ellos, siempre ante el respeto del principio de presunción de inocencia.

La Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación debatió el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien había sido sentenciada a 60 años de prisión por la comisión del delito de secuestro.

Lo cierto es que se cometió un crimen, la banda de “Los Zodiacos” a la que supuestamente pertenecía Florence Cassez tenía presencia en varios municipios del Estado de México y el Distrito Federal así como varios secuestros en su historial.

No se debe perder de vista que existen víctimas que sufrieron el terror de un secuestro.

Sin duda, las víctimas, y todo el país, merecen que se imparta justicia, que se les pague daño sufrido y recibir atención médica psicológica.

Queremos que se cumplan los compromisos del “Pacto por México”, los cuales fueron suscritos en beneficio de una sociedad que no quiere más crímenes sin castigo.

El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez ha resaltado en el ámbito judicial, porque víctimas y cómplices han reconocido su participación a plenitud en hechos ilícitos.No es dato menor haber sido identificada por las víctimas, sino también por los participantes del delito.

Por eso, es imperioso que el Senado de la República se pronuncie a favor de las víctimas y su debido tratamiento y protección, a través de los medios legales que existen, pero también para que las instituciones cumplan con su deber.

Por ello, pedimos al Presidente de la República que continúe y refuerce las investigaciones que esclarezcan cada secuestro cometido para que la verdad emerja y se castigue a los culpables de estos delitos.

No se puede permitir que se repitan casos como este o el Paulette, o el de Kamel Nacif y miles más, en donde un delito queda sin esclarecer, sobreponiéndose la oscuridad en la actuación de las autoridades por intereses políticos o partidistas.

El Partido Acción Nacional, comprometido con México y con las víctimas del delito, siempre pugnará por su protección y por la eficaz impartición de justicia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en el marco de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Víctimas se informe al Senado de la República qué acciones se están llevando a cabo para atender y pagar los daños que sufrieron las víctimas de secuestro vinculados con el caso Florence Cassez.

Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Sen. Adriana Dávila Fernández”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dávila Fernández. Como lo ha solicitado la propia proponente y con base en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Dávila Fernández.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Para que se ponga en votación electrónica y se haga el recuento.

- El C. Presidente Aispuro Torres: A juicio de la Presidencia, es claro que no se da la votación necesaria, pero en atención a su petición, pido que se abra el sistema electrónico para que se lleve a cabo la votación.

Sonido en el escaño del Senador Romo Medina.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Creo que el sentido de la votación está muy claro, pero finalmente, reglamentariamente tendría que haber un pedimento más que el pedimento individual de la Senadora.

Muchas gracias.

- El C. Senador Fernando Herrera Avila: (Desde su escaño) Tendría que ser acompañado de cinco compañeros Senadores, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, efectivamente tendría que ser acompañado de cinco compañeros Senadores. Ya se pidió que se haga la apertura del mismo. Continúe con la votación.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, le informo que, conforme al artículo 108, no se reúnen las dos terceras partes de los Senadores.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se turna a la Comisión de Seguridad Pública.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita la constitución de una comisión especial para vigilar la transparencia y legalidad del procedimiento de autorización del proyecto denominado Dragon Mart Cancún.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias. Señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Presento ante esta Soberanía un punto de Acuerdo propuesto de urgente y obvia resolución, para que la Junta de Coordinación Política someta a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores la constitución de una comisión especial para vigilar la transparencia y legalidad del proyecto y del procedimiento denominado Dragon Mart Cancún.

El proyecto Dragon Mart Cancún ha generado un amplio debate y la oposición fundada de organismos empresariales, académicos, ambientalistas y de la sociedad civil ante la inminente amenaza de provocar severos daños ecológicos, sociales y económicos para el estado de Quintana Roo, pero también para toda nuestra nación.

En el mismo sentido, se realizó en este Senado de la República un foro, el pasado día 11 del mes de febrero, denominado “Foro Nacional: Efectos Ambientales y Económicos de la Instalación de Dragon Mart Cancún” en México.

Durante este foro tuvimos la oportunidad de conocer a fondo y a detalle ¿cuál es el proyecto y qué se pretende con él? Y escuchar la participación de diversos organismos e instituciones, entre ellos el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), estuvo también con nosotros la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y de la organización no gubernamental Movimiento Voces Unidas de Puerto Morelos, en Quintana Roo, y mediante serios estudios presentados recibimos información que nos arroja como resultado que Dragon Mart Cancún será el más grande proyecto económico chino de este país fuera de su nación.

Asimismo, los representantes de estos organismos empresariales, expusieron su preocupación por que a nivel mundial se ha denunciado que el gobierno chino fomenta la competencia desleal en el mercado, las prácticas denominadas dumping y obviamente la participación del gobierno en el subsidio a sus empresas cuando salen del país.

Por ello, económicamente la ejecución del Proyecto Dragon Mart podría ser una franca desventaja para los productores nacionales. Nuestro compromiso es de manera primordial con nuestro comercio nacional, por lo que necesitamos tener información precisa respecto a las condiciones que tendrán de competencia nuestros empresarios en este proyecto.

La demanda adicional de vivienda creará también problemas de falta de infraestructura, asentamientos irregulares, tráfico y contaminación por uso de combustibles fósiles para el municipio de Benito Juárez, según lo informó el propio presidente municipal en funciones y los legisladores del estado de Quintana Roo.

Cabe señalar que, además del impacto económico y social que tendría una colonia china en nuestro país, el impacto ambiental sería terrible, ya que sobre la Riviera Maya se pretende construir este gran complejo que instalaría el centro comercial más grande del país y uno de los más grandes de América Latina sobre una zona de humedales, sobre una zona de manglares que además está a menos de 3 mil kilómetros de un Area Natural Protegida.

Asimismo, mediante un minucioso estudio tanto técnico como jurídico del impacto ambiental del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, ha puesto en evidencia que ese proyecto de manera específica estaría afectando en forma actual, permanente y progresiva la flora y la fauna de esa región.

Senadoras y Senadores, en vista de estos hechos y de los resultados que ha arrojado el Foro Dragon Mart Cancún en este Senado de la República, y un segundo foro que realizamos allá en Cancún en coordinación con el ayuntamiento, con los legisladores locales, tomamos la decisión, como grupo parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, someter a este Pleno la posibilidad de crear una comisión especial.

Es un tema que no sólo atañe a un estado, sino que afecta tanto en lo económico, en lo social y en lo ambiental a nuestra nación.

El punto de Acuerdo que presentamos rezaría de la siguiente manera:

Primero.- La Junta de Coordinación Política somete a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores la constitución de una comisión especial para vigilar la transparencia y legalidad del procedimiento de autorización del proyecto denominado Dragon Mart Cancún.

Segundo.- El Senado de la República insta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, asuma competencia para determinar la viabilidad ambiental del proyecto denominado Dragon Mart en función de los impactos de la construcción, operación y cierre.

Tercero.- El Senado de la República requiere a la Secretaría de Economía realice los estudios que determinen cómo impactará en el comercio de los productos de las 14 secciones del Centro de Exhibición propuesto en el proyecto Dragon Mart Cancún a la producción de bienes relacionados de origen mexicano.

Cuarto.- El Senado de la República solicita a la Comisión Federal de Competencia y a la Secretaría de Economía que realicen los estudios técnicos que determinen si existe dumping o prácticas de colusión en la producción y comercio de productos de origen chino que pretenden expenderse en Dragon Mart Cancún.

Quinto.- El Senado de la República insta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo ordene se promueva el correspondiente juicio de lesividad para revertir las irregularidades de la autorización en materia de impacto ambiental, otorgada por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental local.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA LA CONSTITUCION DE UNA COMISION ESPECIAL PARA VIGILAR LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO DRAGON MART CANCUN

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 119, 120, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Proyecto Dragon Mart Cancún ha generado un amplio debate y la oposición fundada de organismos empresariales, académicos, ambientalistas y de la sociedad civil en generalante la inminente amenaza de provocar severos daños ecológicos, sociales y económicos no sólo para el estado de Quintana Roo, sino para el país entero. Sin embargo, la ejecución de la obra avanza ante la nula intervención de las instancias competentes del gobierno federal y el beneplácito del Ejecutivo local.

Desde un punto de vista estratégico, los impulsores de Dragon Mart Cancún pretenden convertir al complejo en la principal plataforma logística de China en América Latina y en el mayor proyecto comercial de la nación asiática fuera de su territorio. Un gigantesco centro de exhibición, distribución y de comercio de mercancías chinas, integrado por bodegas, restaurantes, oficinas, centros de negocio e incluso una colonia habitacional para albergar alrededor de cinco mil trabajadores originarios de la República de Popular de China que vivirán y trabajarán dentro del complejo.

En el marco del Segundo Foro Regional Sur-Sureste de CCE “Hacia una Nueva Región Económica”, celebrado en noviembre de 2012, los Presidentes de los Consejos Coordinadores Empresariales de Chiapas, Veracruz, Yucatán, Tabasco, sur de Veracruz, Ciudad del Carmen y Campeche se pronunciaron contra el proyecto comercial Dragon Mart en Cancún, denunciando que la entrada de 300 mil toneladas mensuales de productos chinos provocaría un daño inmediato a la industria nacional por competencia desleal e ilegal.

En el mismo sentido, durante el “Foro Efectos Ambientales y Económicos de la Instalación de Dragon Mart Cancún”, celebrado en las instalaciones de este Senado de la República, el pasado 11 de febrero, representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), de la Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación (CANACINTRA), del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y de la organización no gubernamental Movimiento Voces Unidas de Puerto Morelos, Quintana Roo, mediante estudios serios que presentaron ante los legisladores, revelaron que China es el país al que más demandas se han presentado ante la OMC por prácticas de comercio desleales, denominadas dumping.

Asimismo, los representantes de los organismos empresariales, expusieron su preocupación ya que a nivel mundial se ha denunciado reiteradamente que el gobierno chino fomenta exportaciones con subsidios; que sus políticas benefician a los productos chinos mediante prácticas de competencia desleal que reducen significativamente sus costos de producción. A saber,fuerte intervencionismo del Estado; tipo de cambio subvaluado, y prácticas desleales para capítulos del comercio de productos específicos.

Por ello, económicamente, la ejecución del proyecto Dragon Mart Cancún pondrá en franca desventaja a productores y comerciantes nacionales al introducir bajo condiciones comercialmente privilegiadas mercancía extranjera.

Lo que a su vez, incrementará el riesgo de prácticas desleales de comercio que atentan contra el comercio, servicios e industria nacional, desestabilizando las cadenas productivas y la estabilidad económica del país.

Dentro de estos efectos también deben ser contempladas, coinciden los organismos empresariales, las característicasy distribución de las mercancías una vez que lleguen a las demás zonas del país, que al no estar definidas en alcance y poder cambiar conforme a las circunstancias ameriten, representarán impactos económicos a diversos sectores nacionales, afectando empleos, inversiones ya realizadas y posible cierre de empresas.

Situación de competencia desleal que se agrava por los términos del convenio de colaboración para el otorgamiento de apoyo, estímulos e incentivos suscrito entre el entonces titular del Ejecutivo del estado Quintana Roo y el representante de Dragon Mart Cancún, que ofrece beneficios preferenciales que no se dan a empresas mexicanas y que claramente representan un subsidio al proyecto:100% en la causación del impuesto sobre la traslación de dominio; 100% en las contribuciones por el por el impuesto sobre nóminas por un tiempo de hasta 3 años a partir de 2013; 75% en el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, por concepto del predio; 50% de descuento en el pago de la licencia de construcción; exención en el pago de derechos ante el registro público de la propiedad; gestionar ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado un descuento de hasta 50% en los derechos de conexión a la red; gestión y trámite ante SEMARNAT para el cambio de uso de suelo en materia forestal.

Socialmente, Dragon Mart Cancún implantaría de manera forzada una cultura extranjera en un área donde las culturas indígenas locales se encuentran ya de por sí sensiblemente mermadas. Esto sería como firmar por decreto su extinción y con ello parte de nuestras fortalezas como país.

Incluso, algunos efectos considerados como “secundarios” podrían ser iguales o más graves que la construcción del complejo arquitectónico que ocuparía el Proyecto Dragon Mart Cancún. La demanda adicional de vivienda creará problemas de falta de infraestructura, asentamientos irregulares, tráfico y contaminación por uso de combustibles fósiles para el Municipio de Benito Juárez, según lo informó el Presidente Municipal en funciones ante legisladores durante el “Foro Efectos Ambientales y Económicos de la Instalación de Dragon Mart Cancún”.

Para la operación de las actividades mercantiles, se habla de la eventual construcción de un puerto de altura, cuya consecuencia sería el cambio de vocación turística de la zona a comercial y posiblemente industrial, amenazando la fuente de empleo de cientos de miles trabajadores mexicanos y el sustento de un vasto número de empresas mexicanas grandes, medianas y pequeñas que han generado toda una cadena productiva y comercial en torno a la industria turística de Cancún.

Por otra parte, mediante un minucioso estudio técnico-jurídico de impacto ambiental, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha puesto en evidencia que el Proyecto requerirá de manera inmediata y futura una cantidad considerable de recursos locales, alterando progresiva y permanentemente el conjunto de ecosistemas costeros y terrestres que rodean la zona, tales como el sistema arrecifal mesoamericano, el sistema de agua subterránea yla selva.

En un área de 193.95 hectáreas, más 6 mil toneladas de cemento comenzarán a verterse sobre lo que en otro tiempo fue un corredor biológico, un terreno de acahuales, selva baja y alta donde la fauna podría desplazarse libremente entre humedales.

Bastarán unos cuantos meses para cambiar la fisonomía al Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún y al pequeño pueblo de pescadores de Puerto Morelos que se convertirán de la noche a la mañana en desproporcionado centro de flujo y comercio de mercancías de origen chino.

La ejecución de Proyecto exigirá de una mano de obra de mil trabajadores que emplearían 4 mil metros cúbicos de concreto, 274 mil kilogramos de acero, 122 mil 600 metros cuadrados de estructuras metálicas, así como 2 mil toneladas de cal hidratada, 403 toneladas de “pega azulejo” y 15 mil metros cúbicos de escombro negro; materiales que, entre mezclas y demás procedimientos, forjarán la que será otra ciudad donde habitarán alrededor de 5 mil ciudadanos de origen chino y un área con 3 mil 40 locales para la comercialización de productos manufacturados en China y distribuidos desde Cancún para toda Latinoamérica.

El terreno del Tucán, donde Dragon Mart se pretende construir se encuentra a sobre el sistema de aguas subterráneas de la Península de Yucatán, a menos de 3 mil quinientos metros de distancia del mar y del Area Natural Protegida Arrecife de Puerto Morelos, que a su vez es humedal Ramsar de importancia internacional, y que además prevé una afluencia anual a su complejo del orden del millón de personas anuales.

En el arrecife coralino, en la laguna arrecifal y en el pastizal habitan miles de especies de plantas, peces e invertebrados, algunas de ellas consideradas como amenazadas o sujetas a protección especial; muchas otras especies utilizan el arrecife como zona de reproducción, alimentación o crianza. Además, el arrecife es la más importante fuente económica de la comunidad de Puerto Morelos, por la alimentación, la pesca comercial y el atractivo turístico, y actúa como una barrera física para las olas que se llegan a formar durante los huracanes, evitando la erosión de las playas, así como daños mayores a la comunidad humana.

Como consecuencia, la importancia de conservación del área no sólo radica en la preservación de su belleza escénica para disfrute de sus habitantes y el desarrollo del turismo, sino también en el valor de conservación que ésta posee a nivel biogeográfico.

No obstante, sin considerar estos factores de riesgo, vulnerando flagrantemente los principios constitucionales de legalidad, transparencia, publicidad y participación que debe cumplir toda resolución de autoridad, el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del estado de Quintana Roo (INIRA), mediante oficio INIRAQROO/DG/ DIA/156/2012, ha otorgado autorización en materia de impacto ambiental a favor del Proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”.

La autorización en materia de impacto ambiental emitido por el INIRA al proyecto denominado “Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras asociadas”, contraviene la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local para el Municipio de Benito Juárez (POEL), la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), así como diversos tratados internacionales signados por México, como la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”.

Incumpliendo con lo que ordena el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo, el INIRA no publicó el primer día hábil del mes, el ingreso de la manifestación de impacto ambiental del Proyecto “Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras asociadas”, suprimiendo de facto el derecho de participación y consulta pública para los habitantes del Municipio de Benito Juárez.

La autorización emitida por el INIRA del proyecto “Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras asociadas” incumple igualmente los criterios CG-03 y ME-31 de aplicación general y específica, respectivamente, del POEL, entre otras cuestiones, porque autoriza el desarrollo de 722 viviendas en la Unidad de Gestión Ambiental 26, pese a la prohibición expresa en sentido contario establecida en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

La Manifestación de Impacto Ambiental y su autorización condicionada, ilegalmente, omitió también evaluar los impactos por el manejo de lodos y descargas de plantas de tratamiento de aguas, por el vertido de sodio de la planta desaladora a cuerpos de agua y la construcción de vialidades.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) quienes pretendan llevar a cabo, entre otras, obras hidráulicas, instalación de plantas desaladoras, desarrollos costeros que afecten los ecosistemas costeros, requerirán previamente la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de impacto ambiental.

Es obvio por ello, que al tratarse de un mega proyecto comercial, turístico y costero que incluye la construcción de una desaladora y ubicarse sobre el sistema de aguas subterráneas de la Península de Yucatán a menos de 3 mil 500 metros de la costa y de un área natural protegida, para el establecimiento de Dragon Mart Cancún no basta con la autorización de impacto ambiental que le concedió indebidamente el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) del gobierno del estado de Quintana Roo.

Para su legal funcionamiento sería necesario que Dragon Mart Cancún solicitara y obtuviera previamente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una autorización en materia de impacto ambiental. Estando obligada esa dependencia federal a exigir que Dragon Mart Cancún se someta de inmediato a evaluación de impacto ambiental, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) que previene que “cuando la Secretaría tenga conocimiento de que pretende iniciarse una obra o actividad de competencia federal o de que, ya iniciada ésta, su desarrollo pueda causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables; daños a la salud pública ocasionados por problemas ambientales o daños a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, notificará inmediatamente al interesado su determinación para que someta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda o la parte de ella aún no realizada, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquél presente los informes, dictámenes y consideraciones que juzgue convenientes, en un plazo no mayor a diez días”.

La gravedad de la problemática ecológica, social y económica que generará la instalación de Dragon Mart Cancún exige de la intervención inmediata y acción concertada de los tres niveles de gobierno y de las Cámaras del Congreso de la Unión para determinar la legalidad y si conviene o no a nuestro país autorizar e instalar el proyecto:

• De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que con fundamento en el artículo 28, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, asuma competencia para determinar la viabilidad ambiental en función de los impactos de construcción, operación y cierre.

• De la Secretaría de Economía para que determine estudios técnicos cómo impacta el comercio de los productos de las 14 secciones del Centro de Exhibición propuesto a la producción de bienes relacionados de origen mexicano; asimismo, si es consistente con la Política Industrial de nuestro país para incrementar el contenido nacional de nuestras exportaciones.

• De la Comisión Federal de Competencia y de la misma Secretaría de Economía para que determinen si existe dumping o prácticas de colusión en la producción y comercio de productos de origen chino que pretenden expenderse.

• De las Cámaras del Congreso de la Unión para crear Comisiones Especiales que vigilen la transparencia y legalidad del procedimiento de autorización.

• Del Titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo para que ordene se promueva el correspondiente juicio de lesividad para revertir las irregularidades de la autorización en materia de impacto ambiental, otorgado por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), mediante oficio INIRAQROO/DG/ DIA/156/2012, al Proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas.

Estamos a favor de la inversión productiva. Empero, es importante que todos los agentes económicos y las instancias gubernamentales valoren en forma conjunta las virtudes y los inconvenientes de la estrategia de los complejos productivos entorno a los recursos naturales para decidir en consecuencia.

Es necesario desarrollar políticas públicas activas para fomentar el desarrollo productivo y un cambio estructural en nuestro país. Estas políticas deben tener un enfoque integral y el Estado tiene a su disposición una amplia gama de instrumentos, como el acceso a crédito, apoyo a la innovación, vinculación entre actores, que es necesario promover antes que nada para generar un verdadero incremento a la productividad y competitividad, disminución de costos de producción, aprovechamiento de oportunidades del comercio internacional, financiamiento, fomento a la pequeña y mediana empresa industrial y fortalecimiento del marco institucional y legal.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política somete a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores la Constitución de una Comisión Especial para vigilar la transparencia y legalidad del procedimiento de autorización del Proyecto denominado Dragon Mart Cancún.

La Comisión Especial se integrará por Senadoras y Senadores pertenecientes a todos los Grupos Parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del pleno y su conformación.

Para el cumplimiento de sus fines, serán asignados a la Comisión Especial los apoyos administrativos y materiales necesarios, de conformidad con las disponibilidades presupuestales.

SEGUNDO.- El Senado de la República insta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que con fundamento en el artículo 28, fracción XIII, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, asuma competencia para determinar la viabilidad ambiental del proyecto denominado Dragon Mart en función de los impactos de construcción, operación y cierre.

TERCERO.- El Senado de la República requiere a la Secretaría de Economía realice estudios técnicos que determinen cómo impactará el comercio de los productos de las 14 secciones del Centro de Exhibición propuesto en el proyecto Dragon Mart Cancún a la producción de bienes relacionados de origen mexicano; asimismo, si el Proyecto es consistente con la Política Industrial de nuestro país para incrementar el contenido nacional de nuestras exportaciones.

CUARTO.- El Senado de la República solicita a la Comisión Federal de Competencia y a la Secretaría de Economía realicen estudios técnicos que determinen si existen dumping o prácticas de colusión en la producción y comercio de productos de origen chino que pretenden expenderse en Dragon Mart Cancún.

QUINTO.- El Senado de la República insta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo ordene se promueva el correspondiente juicio de lesividad para revertir las irregularidades de la autorización en materia de impacto ambiental, otorgado por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), mediante oficio INIRAQROO/DG/ DIA/156/2012, al proyecto de construcción y operación del centro comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2013.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. Como lo ha solicitado la proponente y con base en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se considera este asunto de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaría. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que de manera conjunta con la Junta de Coordinación Política, puedan emitir un dictamen.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, quien presentará un punto de Acuerdo para incorporar como producto estratégico al café en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchas gracias, con su permiso, señor Presidente.

El café forma parte inseparable en nuestra historia cultural y económica. Al ser el producto más consumido del mundo, éste tiene un gran potencial como generador de riqueza y bienestar para la población.

El café genera más de 700 mil empleos directos e indirectos a nivel nacional. De esta economía subsisten 3 millones de personas en todo el país, el café ostenta el quinto lugar de producción nacional después del maíz, del frijol, del sorgo y del trigo.

Hoy, la producción de café en México se concentra en 5 estados principales: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero.

A pesar de la volatilidad, los altibajos y los puntos de inflexión de los ciclos económicos del café, el café en México ha venido siendo un producto que ha generado, a lo largo de los años, una enorme riqueza, así también como una enorme contención social.

México pasó de ejercer un liderazgo productivo, de manera lamentable, a estar hoy en el lugar número 38 entre los países exportadores de la Organización Internacional del Café, organización fundada desde 1958.

No ha sido cuantificada con certeza la cantidad de café verde que entra y sale de contrabando por la frontera sur, ni cuánto del café importado legalmente sea verde o industrializado, o se reexporte, pero la cantidad se estima en un millón de sacos anuales.

Sin embargo, de estos precios no se ha beneficiado la gran masa de los consumidores, quienes pagan un aproximado de 175 pesos por el kilo de tostado, y molido en grano en 375 pesos por el soluble.

En resumen, los ingresos de más 3 millones de mexicanos dependen del café en estas condiciones, en condiciones donde crece un mercado ilegal y disminuye el mercado productivo.

El café se ha convertido en un generador importante de divisas.

Hoy exportamos 500 millones de dólares, pero en el 2000 exportábamos 140 millones de dólares más. Ha habido una merma en la producción, ha habido una merma en la riqueza de este producto que tiene este impacto en nuestra economía y, sobre todo, en el ámbito social.

El artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Rural, sustenta y define al café como un producto básico y estratégico en el sistema agrícola nacional, por su innegable importancia para nuestra economía y para el bienestar de quienes participan en el campo mexicano.

Considerando la coyuntura positiva que representa el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, y de acuerdo con el artículo 26 constitucional y el 21 de la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la toma de posesión de nuestro Presidente de la República, es decir, a partir de este mayo.

Por ello, nuestra propuesta es exhortar al Poder Ejecutivo Federal para integrar en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que se presentará, que la caficultora se convierta con carácter estratégico dentro del Plan Nacional de Desarrollo a efecto de detonar su potencial bajo una visión institucional de largo plazo y que genere un marco adecuado de leyes, de programas, de presupuesto, pero sobre todo, restituirle a este producto el valor, la importancia que este tiene para nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que se integre al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la cafeticultura, como un producto estratégico para vertebrar el conjunto de normas, programas, recursos, esfuerzos institucionales y capacidades productivas que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, de ingresos y crecimiento sostenido en las regiones que más lo necesitan.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA INCORPORAR COMO PRODUCTO ESTRATEGICO AL CAFE EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA

El suscrito Senador, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, para incorporar como Producto Estratégico al Café en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El café forma parte inseparable de nuestra historia económica. Su potencial como generador de riqueza y el hecho de ser el producto más consumido del mundo, ha influenciado para que se le llame el “Oro negro” de nuestra época.

No obstante -salvo en contados periodos- la prosperidad del café no se ha reflejado para los pequeños productores y trabajadores del campo, sin contar con las fluctuaciones de precios y la concentración de su comercialización y venta a nivel internacional.

En el recorrido histórico del último medio siglo, en torno al desenvolvimiento de la actividad cafetalera, se revela la tendencia a un crecimiento sostenido, a pesar de las crisis recurrentes de bajos precios; a su vez el aprovechamiento de tiempos de auge en las cotizaciones, ha permitido sobrevivir en unos casos y emerger en otros a todos aquellos países con sólida institucionalidad, visión de largo plazo, cultura cafetícola y decisión política. Como ejemplo, se encuentran países como Brasil, Colombia, Kenya, Etiopía, Vietnam, etc.

En estas circunstancias, no obstante la volatilidad, altibajos y puntos de inflexión de los ciclos económicos del café, México llegó a producir 6 millones de sacos por año en los finales del siglo XX; la tendencia es inversa a partir de los primeros años de este siglo XXI habiendo caído la producción a 3.5 millones de sacos, de bajas calidades, hasta el grado de importar por la vía legal o acrecentarse el contrabando de granos inferiores de Guatemala y otros países.

Hoy día, la producción de café en el país se concentra en 12 estados, siendo los principales productores 5 de ellos: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero.

Del total del café producido en México, el 91.77% se obtiene por productores con predios menores de 5 hectáreas, que normalmente no cuentan con ningún apoyo económico ni técnico.1 El 97.38% de los productores mexicanos, reciben ingresos anuales equivalentes a un salario mínimo diario acumulado, en una economía minifundista y de auto consumo.

Como puede advertirse, nuestro desempeño, el cual fuera de liderazgo productivo, es ahora verdaderamente mediocre. Estamos entre los últimos lugares de los 38 países miembros exportadores de la Organización Internacional del Café (OIC) surgida del Pacto de México en 1958. En la última década exportamos en volumen un promedio de 2,800,000 sacos con un valor de 400 millones de dólares anuales.

No es posible cuantificar con certeza cuánto café verde entra y sale de contrabando por la frontera sur, ni cuánto del importado legalmente -sea verde o industrializado- se reexporta; pero la cantidad se estima en un millón de sacos anuales.

La mayor parte de la renta cafetalera en toda la cadena de valor se la lleva el oligopolio transnacional y su cauda de intermediarios. Este sector domina la industria, el consumo interior y la exportación.

Hasta aquí todo entraría dentro de la normalidad, si no fuera porque desde el año 2000 los campesinos se encuentran sufriendo las constantes bajas del mercado global. Quienes dependen de la venta del café para subsistir y la economía de los países productores, han perdido ya un 67 % de los ingresos que provienen de la exportación de este rico producto, cuyo precio de compra se mueve entre los 54.33 centavos de dólar y los 99.302. Esta circunstancia la aprovechan las grandes multinacionales para adquirir su materia prima.

Sin embargo, de estos precios, no se han beneficiado la gran masa de consumidores quienes pagan un aproximado de $175 pesos por el kg de tostado y molido en grano y/o $375 pesos por el soluble.

En resumen, más de 3 millones de mexicanos derivan su ingreso del café. La producción del café mexicano se ubica dentro del mercado mundial en el tipo llamado “otros suaves”, los cuales cubren alrededor del 25% de la demanda total, siendo nuestro país el quinto productor mundial de café.

El café se ha convertido en un generador importante de divisas para el país. Las exportaciones promedio anual superan los 500 millones de dólares y el 33.7% de las exportaciones totales de la agricultura. Su potencial para el desarrollo es de grandes proporciones, si el gobierno, el mercado, la sociedad y la ciencia, concertaran sus acciones de fomento y apoyo.

En ese sentido, enfatizo que estamos iniciando una nueva etapa de gobierno y que, de acuerdo con el artículo 26 constitucional, el Estado debe organizar un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.

Además, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, es decir, en mayo de este año.

Por otra parte, quiero referir que el artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable define al café como un producto básico y estratégico en el sistema agrícola nacional, por su innegable importancia para nuestra economía y para el bienestar de quienes participan en el campo mexicano.

Por ello, nuestra propuesta es exhortar al Poder Ejecutivo Federal, para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que se presentará en unos meses, se integre, con el carácter de producto estratégico al café, a efecto de que se le otorgue institucionalidad, visión de largo plazo y se genere un marco adecuado de leyes, programas, presupuestos y acciones que lo transformen en un mercado generador de más ingresos, empleos y desarrollo para el país.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía, con carácter de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que se integre al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 al café, como un producto estratégico, para vertebrar el conjunto de normas, programas, recursos, esfuerzos interinstitucionales y capacidades productivas, que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos y crecimiento, en las regiones que cuentan con el potencial para desarrollarlo.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil trece.

H. Senado de la República, a 12 de marzo de 2013.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Melgar Bravo.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Octavio Pedroza.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitarle, respetuosamente, pregunte al Senador Melgar Bravo, si nos permite suscribir con él esta tan importante proposición en virtud de que el estado de San Luis Potosí también es un productor muy importante de café.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto.

Pregunto al Senador Luis Armando Melgar, si acepta la incorporación.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: (Desde su escaño) Por supuesto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente tome nota de las Senadoras y Senadores que manifiestan el interés de incorporarse a este punto de Acuerdo.

Como ha sido solicitado y con base en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicha propuesta. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a efectuar las transferencias presupuestales que se requieran y proporcionar los fondos necesarios para que se haga obligatoria la provisión gratuita de agua potable en escuelas y espacios públicos.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La Organización Mundial de la Salud, las organizaciones de consumidores de este país, en conjunto con la unión de familias y consumidores, han manifestado en estudios de cómo la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, las Naciones Unidas han llamado a tomar medidas contra este problema de la obesidad y del exceso de bebidas azucaradas, y México no puede ser la excepción.

El doctor Angel Córdova Villalobos, Secretario de Salud, aseguró que el problema de la obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia renal, ahora en jóvenes de 19 años, ha rebasado la capacidad de respuesta de la Secretaría de Salud Pública, y que prevé que en 6 años se va a requerir de 14 mil millones de dólares, todo un presupuesto para combatir este grave problema.

De aplicar un impuesto especial a productos y servicios, del 20 por ciento a los refrescos, que proponen las organizaciones de consumidores, de la totalidad de este gravamen recaudado, tan solo un octavo sería suficiente para llevar agua potable purificada en las escuelas y también en espacios públicos, tanto de las comunidades más pobres, como de las urbanas.

Con este gravamen se combatiría el consumo excesivo de refresco.

La obesidad, que se ha convertido en un problema de salud pública generando cada día más diabéticos, una enfermedad crónico-degenerativa muy dolorosa y muy costosa.

También se gastan en medicinas 810 millones en nefropatía daños en el riñón, casi 600 millones en consultas y diagnósticos y cerca de 400 millones en hospitalización.

El rubro que destaca en los costos indirectos, es el destinado a discapacidad permanente, lo que equivale a 52 mil millones de pesos, un costo muy elevado para la población mexicana.

La Secretaría de Salud ha señalado que el alto consumo de energía a través de las bebidas, es una de las causas principales de epidemia, de sobrepeso y obesidad, además de una falta de cultura para consumir el agua.

La Secretaría de Salud debe regular las bebidas al interior de los planteles escolares; debe regular la publicidad, especialmente la dirigida a la infancia; los etiquetados de bebidas que permitan a los consumidores realizar elecciones más saludables y evitar las que pueden dañar la salud y convertir obligatorio el acceso gratuito de agua potable purificada, con bebederos públicos en escuelas, en los espacios de mucha concentración de niños y de personas; como centros comerciales y mercados.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución:

El contenido del texto ha sido publicado en la Gaceta, estos solamente son unos comentarios para solicitar a ustedes, que el Acuerdo de urgente resolución, exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que efectúe las transferencias presupuestales que se requieran, y proporcione los fondos necesarios para que a través de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento del

derecho que consagra el artículo 4o. constitucional, se haga obligatoria la provisión gratuita de agua potable purificada en escuelas y en espacios públicos, como una obligación irrenunciable del gobierno de la República.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox. Como lo ha solicitado la propia proponente y con base en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ivonne Alvarez García, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las entidades federativas y a sus municipios a implementar un programa de registro y otorgamiento de actas de nacimiento de manera gratuita.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Es un punto de Acuerdo que estamos presentando las legisladoras Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara y una servidora, todas del grupo parlamentario del PRI.

Y el punto de Acuerdo es el siguiente:

Un derecho fundamental y primordial de una persona es el reconocimiento a su identidad ya que es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, donde se le otorga un nombre, nacionalidad, todo lo anterior se hace por medio de la inscripción en el registro civil. Este derecho ha sido reconocido a través de instrumentos internacionales como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Convención de los Derechos de los Niños de la ONU, mismos documentos internacionales que México ha ratificado y que expresan claramente el otorgamiento a la identidad de las personas.

Por otra parte, México en su Código Civil Federal cuenta con un capítulo específico sobre el registro de los recién nacidos; así como el de las personas o autoridades que deberán constatar dicho nacimiento, a fin de registrar a los menores.

De igual forma, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene un capítulo donde garantiza el derecho a la identidad.

De lo anterior, es lamentable que en nuestro país, aún contando con legislaciones correspondientes en materia de registro e identidad, o que habiendo ratificado tratados o convenios internacionales, millones de niñas, niños y adolescentes, así como adultos y adultos mayores, carezcan de registro de nacimiento ante las autoridades, convirtiendo a estas personas en invisibles para el gobierno y teniendo como consecuencia el privarlos de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.

A nivel internacional existen más de 50 millones de menores de edad que no son registrados al momento de su nacimiento. Mientras que en América Latina y El Caribe, este fenómeno representa el 10% de los nacimientos, según las cifras de la UNICEF.

Datos recopilados por organizaciones dedicadas a la promoción y defensa del derecho a la identidad y registro universal de nacimientos en México, señala que más de 10 millones de mexicanos no cuentan con documentos que avalen su identidad, siendo Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Puebla e Hidalgo las entidades federativas con mayor rezago en el registro.

La falta de registro de personas se debe a problemas sociales, como es la pobreza, ya que muchas de las personas que no llevan a registrar a sus hijos, es porque no cuentan con los recursos económicos para hacerlo; la difusión por parte de las autoridades, ya que existen poblaciones lejanas a una oficina de registro civil, impidiendo el acceso a este derecho de registrar a las personas.

Los niños y niñas que carecen de certificado de nacimiento o de registro oficial, incluyendo a los refugiados y a los desplazados internos, corren claro peligro de no acceder a los derechos primordiales, como son la salud, la educación o muchos otros servicios básicos a que tienen derecho, o algo más grave, son objeto de la trata de personas.

Es preciso señalar que el gobierno del estado de Nuevo León con la finalidad de tener al 100 por ciento de la población registrada, de manera oficial, el gobernador del estado y el patronato del DIF, en el marco de la Cruzada Estatal por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, implementaron el Programa de Regularización de Documentos de Identidad, este programa busca apoyar a los padres de los menores que no cuentan con acta de nacimiento o tienen datos erróneos, para que se obtenga a través de unidades regionales de la Secretaría de Educación o de las Oficialías de Registro Civil y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, todo esto de manera gratuita.

Al igual, sabemos que muchos estados de nuestro país han realizado acciones para llevar a cabo campañas de registro extemporáneos, sin embargo, dichas medidas no han sido suficientes y el rezago sigue aumentando, por lo que es de suma importancia crear políticas para efecto de que los recién nacidos y, en general, todos los mexicanos cuenten con el registro de nacimiento.

Si como representantes del pueblo mexicano nos comprometemos a velar y garantizar un derecho fundamental para las personas que nacen en nuestro país, todos gozarían de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Es por ello que hoy nos pronunciamos en nombre de todas aquellas personas, niños, niñas, adultos y adultos mayores, que por diversas circunstancias no cuentan con el registro de nacimiento y que son personas invisibles para el Estado.

Para los Senadores del grupo parlamentario del PRI, el derecho a la identidad es un interés de Estado.

Nos pronunciamos a favor de todos los derechos humanos que contribuyan al desarrollo de la sociedad mexicana, a fin de proteger su identidad y su integridad.

Por lo anteriormente señalado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta a los titulares de las entidades federativas y a sus municipios, en su caso, con respeto absoluto a su autonomía, a fin de que impulsen programas permanentes de registro y otorgamiento de actas de nacimiento a los mexicanos recién nacidos y que estos sean de manera gratuita.

Segundo.- Se exhorta a los titulares de las entidades federativas y a sus municipios, en su caso, con respeto absoluto a su autonomía, a fin de que impulsen en el ámbito de su competencia en materia de registro civil, a que se implementen de manera urgente campañas de registro extemporáneo gratuito, para dar cobertura a todos aquellos mexicanos que no cuenten con registro de nacimiento y terminar con el rezago existente, siendo ésta una realidad que debe de abatirse.

Señor Presidente, yo le pediría si podemos poner este punto de Acuerdo de urgente resolución, debido a que hoy reconocemos este derecho primordial de nuestros recién nacidos y abatir el rezago que existe tan alto en nuestro país.

Si es tan amable.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A SUS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ORGANOS REGISTRALES, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REGISTRO Y OTORGAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO DE MANERA GRATUITA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Los que suscriben, Ivonne Liliana Alvarez García, Arturo Zamora Jiménez, Melly Romero Celis, Lizbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 8, numeral 1 fracción II, artículo 103 numeral 2, fracción 3 y artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. Pleno del Senado la presente proposición con punto de Acuerdo, en tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un derecho fundamental y primordial de un recién nacido es el reconocimiento de su identidad, ya que es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, por medio de la inscripción en el registro civil. Este derecho ha sido reconocido por diversos instrumentos internacionales como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que México ha ratificado.

En México la legislación Civil Federal cuenta con un capítulo específico que trata sobre el registro de los recién nacidos, así como el de las personas o autoridades que deberán constatar dicho nacimiento a fin de registrarlos; de igual forma la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene un capítulo donde garantiza el derecho a la identidad.

En 1992 se instituyó el Registro Nacional de Población (RENAPO), teniendo como objetivo registrar a cada una de las personas que nacen en territorio nacional, con datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad, de igual manera la propia Ley General de Población, establece el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores de Edad; así como a los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana.

Es lamentable que aun contando con las legislaciones correspondientes en materia de registro e identidad, o que habiendo ratificado tratados o convenios internacionales, millones de niños, niñas y adolescentes carezcan de registro ante las autoridades, convirtiéndolas así como personas “invisibles” para el gobierno, privándolas de sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.

A nivel internacional existen más de 50 millones de menores de edad que no son registrados al momento de su nacimiento, mientras que en América Latina y el Caribe, este fenómeno representa el 10% de los nacimientos, según cifras de la UNICEF.

Por otra parte, datos recopilados por Be Foundation, ONG dedicada a la promoción y defensa del Derecho a la Identidad y Registro Universal de Nacimientos en México, señala que más de 10 millones de mexicanos no cuentan con documentos que avalen su identidad, siendo: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Puebla e Hidalgo, las entidades federativas con mayor incidencia.

La falta del reconocimiento para un menor puede implicar que la persona no cuente con una constancia legal de suexistencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos, mismos que se tienen reconocidos desde 1989 en la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se especifica que el Estado está obligado a respetar el derecho del niño a la preservación de su identidad.

La Convención, en el artículo 7, señala que: “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

Ya que los niños y niñas que carecen de certificado de nacimiento o de registro oficial, incluyendo a los refugiados y a los desplazados internos, corren grave peligro de no acceder a derechos primordiales como son la salud, educación, o muchos otros servicios básicos a que tienen derecho, o algo más grave, son objeto de la trata de personas. Igualmente, se cuentan entre los más difíciles de rastrear por parte de las autoridades, por lo cual es casi imposible brindarles protección. En muchos países se han adoptado planes nacionales de acción para combatir la trata infantil, pero la falta de información estadística confiable sigue constituyendo un grave obstáculo.

Es por ello, que los Estados de la OEA, donde México es integrante, adoptaron en 2008, el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad; el programa tiene por objeto alentar a los Estados miembros a que continúen implementando medidas orientadas a asegurar el pleno reconocimiento del derecho a la identidad o de registro civil.

Una de las metas del Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad, es lograr el registro civil universal en el hemisferio para el año 2015, y de ser posible la gratuidad del registro del nacimiento, a través del cual se asegura el derecho a la identidad, con énfasis en las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Es preciso señalar que el gobierno del Estado de Nuevo León con la finalidad de tener el 100 por ciento de la población registrada de manera oficial, el Gobernador del Estado y el Patronato del DIF, en el marco de la Cruzada Estatal por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, implementaron el Programa de Regularización de Documentos de Identidad de los Alumnos, dicho programa busca apoyar a los padres de los menores que no cuentan con acta de nacimiento o tienen datos erróneos para que la obtengan a través de las unidades regionales de la Secretaría de Educación, o de las oficialías del Registro Civil y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León de manera gratuita.

Es de señalarse que diversos Estados de nuestro país han realizado acciones para llevar a cabo campañas de registros extemporáneos, sin embargo, dichas medidas no han sido suficientes y el rezago sigue aumentando, por lo que es de suma importancia crear políticas para efecto de que los recién nacidos y en general todos los mexicanos cuenten con el registro de nacimiento.

Es por ello, que hoy nos pronunciamos en nombre de todos aquellas personas, niños y niñas, adultos mayores, que por diversas circunstancias no cuentan con el registro de nacimiento, y que son personas invisibles para el Estado, quienes al no contar con el registro y acta correspondiente, son víctimas de diversas violaciones a las garantías fundamentales consagradas en nuestra constitución.

Para los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, el derecho a la identidad es un interés de Estado; nos pronunciamos a favor de todos los derechos humanos que contribuyan al desarrollo de la sociedad mexicana a fin de proteger su integridad y su identidad.

Por lo anteriormente señalado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta a los titulares de las Entidades Federativas y a sus Municipios, en su caso, con respeto absoluto a su autonomía, a fin de que impulsen programas permanentes de registro y otorgamiento de actas de nacimiento a los mexicanos recién nacidos de manera gratuita.

Segundo.- Se exhorta a los titulares de las Entidades Federativas y a sus Municipios, en su caso, con respeto absoluto a su autonomía, a fin de que impulsen en el ámbito de su competencia en materia de registro civil, y que se implementen de manera urgente campañas de registro extemporáneo gratuito, para dar cobertura a todos aquellos mexicanos que no cuenten con registro de nacimiento y terminar con el rezago existente, siendo ésta una realidad que debe abatirse.

México, D.F.; a 26 de Febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Arturo Zamora Jiménez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen.Mely Romero Celis.- Sen. Lizbeth Hernández Lecona.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alvarez García.

Sonido en el escaño de la Senadora Hilda Flores.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor Presidente. Pedirle a la Senadora Ivonne Alvarez si me permite suscribir también, junto con ella, este Acuerdo. Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hilda Flores, pido a la Secretaría que tome nota de las Senadoras y Senadores que deseen sumarse a este punto de Acuerdo.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la propuesta presentada por la Senadora Ivonne Alvarez García.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicha propuesta.

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Si me permite para pasar a participar en la discusión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿En qué sentido Senador López Brito?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) A favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: A favor de la propuesta, se le concede el uso de la palabra al Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Quiero participar en un sentido propositivo en esta propuesta de punto de Acuerdo, en congruencia con la iniciativa que presenté recientemente de modificación o adición al artículo 4o. constitucional en su fracción VIII, donde precisamente ponderamos la importancia que tiene el acta de nacimiento como un derecho de los niños y las niñas en dos sentidos: uno a la identidad y, desde luego, el otro como un documento que constata un hecho de vida que sirve para acciones muy importantes, no nada más desde el punto de vista de considerarlo ya como parte de la población mexicana, sino también para una serie de trámites de seguridad social y escolar.

Y ante el rezago que hemos detectado, que se vive en nuestra República en materia de niñas y niños que no cuentan con este importante documento, es que hicimos esta propuesta, y no dejarlo únicamente a la voluntad de los gobernadores, de los ejecutivos de las entidades federales, sino elevarlo a un rango constitucional. Y en esta propuesta que yo hacía y que espero en las comisiones respectivas sea analizado, valorado y sumado a esta importante propuesta que está haciendo nuestra compañera Senadora Ivonne Liliana Alvarez y, desde luego, otras compañeras Senadoras, se pudiera complementar y valorar la posibilidad, ésta, muy real y muy importante, de elevarlo a rango constitucional.

Y en esa propuesta de esta iniciativa, yo proponía que se diera por una sola ocasión y en forma gratuita este importante documento en los primeros 12 meses de vida de los nacidos.

Con esto resolveríamos una serie de factores que inciden en el hecho de los subregistros o registros extemporáneos de este tema, y que en forma ya muy precisa fueron aquí comentados con ustedes por la Senadora que me antecedió en la palabra y la proponente, como son: pobreza, como son situaciones de ubicación geográfica ante situaciones, por ejemplo, en los estados que mencionaban: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, entre otros, la distancia que hay entre los lugares de origen y las oficinas del registro civil y otros factores importantes culturales que con esto los solventaríamos.

De tal manera que ante el hecho real de que México es signatario de tratados internacionales a favor de los derechos de la niñez y que uno de estos compromisos es precisamente para un término ya muy breve que México tenga el 100 por ciento de esta cobertura en materia de niños registrados, es que nos sumamos a este punto de Acuerdo y desde luego ante las comisiones donde se llevó o se destinó mi iniciativa, valorar también incluso la posibilidad de elevarla a rango constitucional.

Mientras tanto, yo las felicito por su preocupación ante los rezagos que tenemos de casi un 7 por ciento de niñas y niños por año que se van juntando a este rezago de extemporalidad o falta de registro y que no deja de ser una situación problemática para ellos, para sus familias y para México.

Es cuanto, muchas gracias, la felicito y me sumo a esta propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Quiero felicitar a las compañeras Senadoras por esta proposición. Reconocer la sensibilidad frente a un problema que pareciera menor, este el de las actas de nacimiento gratuitas en el territorio nacional.

Y digo que pareciera menor porque hasta por este sólo hecho han dejado de ingresar a las escuelas, han dejado de recibir el programa de asistencia, han dejado de acreditar. Entonces, me parece que da origen, y coincido con quien me antecedió, da origen a que no solamente quede en una exhortativa a los ejecutivos estatales, sino que se pudiera trabajar para que fuera un tema obligatorio en el otorgamiento para el acta de nacimiento.

Creo que esto dará pauta a que en México no queden fuera y menos por un trámite como éste, ni de los programas sociales ni de la educación ni del servicio de salud.

Por eso nos sumamos con agrado y felicito a las Senadoras por la sensibilidad ante esta problemática y en esta realidad de país.

Felicidades.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Barroso Agramont.

- El C. Senador Ricardo Barroso Agramont: Con su permiso, señor Presidente.

La intención de tomar la palabra es para sumarnos de forma positiva a la propuesta que hiciera mi compañera Senadora Ivonne Alvarez y demás compañeras de la fracción parlamentaria del PRI, dado que consideramos de gran importancia este tema, ya que sabemos que todo niño nacido tiene derecho a un nombre, a un apellido, tiene derecho a existir.

Este ordenamiento o este exhorto que hacemos, corresponderá a responder a esa necesidad que tiene el Estado para tener un registro confiable y real que permita en su momento llevar y esparcir todos aquellos programas que beneficie al Estado, no solamente a la niñez, sino a las familias mexicanas; es por ello, que de manera personal me sumo positivamente a este punto de Acuerdo y lo votaremos de manera favorable al momento de someterlo a consideración del Pleno.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ricardo Barroso Agramont.

No habiendo quién más haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la presente propuesta.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo en relación con la Cruzada Contra el Hambre.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros:

Como todos saben, hace unas semanas el gobierno federal puso en marcha la Cruzada Contra el Hambre. Una estrategia que lejos de ser nacional, contempla en una primera etapa 400 de los casi 2,500 municipios que hay en nuestro país.

Como suele suceder en estos temas, algunas voces ya han externado su inconformidad respecto a la forma en la que se va a implementar esta estrategia. De hecho, diversos legisladores han manifestado que la elección de estos 400 municipios no obedeció a criterios objetivos, sino a criterios con un sesgo político electoral.

Pero hoy no vengo a proponer que en la lista se incluyan municipios con mayor nivel de pobreza o de rezago social.

Lo que hoy vengo a proponer es que exhortemos a las instituciones gubernamentales a que apoyen a los pequeños productores que habitan en municipio satélite, es decir, aquellos que colindan con las localidades que sí fueron incluidas en la Cruzada Contra el Hambre.

La idea es que dichos municipios sean los proveedores de por lo menos un 30 por ciento de los bienes que conforman la canasta básica para abatir la desnutrición.

Y de manera muy especial, propongo exhortar a las dependencias, entidades y organismos federales a que diseñen esquemas que permitan comercializar las frutas, verduras y granos que producen especialmente las mujeres solas, indígenas y en situación de violencia.

Son miles las mujeres que padecen hambre y que no viven en los municipios seleccionados por el gobierno federal; son miles las mujeres que se encuentran en abandono porque sus familiares, sus parejas o hasta sus hijos las abandonan para ir en busca de mejores oportunidades del otro lado de la frontera.

Esta situación ha provocado que la productividad en esas tierras se haya feminizado y que el desarrollo económico y social se haya estancado.

Pero también son esas mismas mujeres las que están listas para trabajar hombro con hombro con el gobierno federal a fin de aliviar el hambre que se padece en los municipios incluidos en la estrategia, pero también el hambre, que desgraciadamente ellas sufren en sus propias comunidades.

Son 609 los municipios que presentan un grado de alta o muy alta intensidad migratoria a Estados Unidos, y muchos de ellos no están en las prioridades del gobierno federal para erradicar el hambre.

Ahí tenemos los casos de Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Jalisco donde más de la mitad de sus municipios exhiben una alta intensidad migratoria, y en donde encontramos a muchas mujeres listas para trabajar y producir alimentos que están contemplados en la canasta básica de DICONSA y en el catálogo de productos del Programa de Abasto Rural.

Compañeras y compañeros legisladores:

El derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad no se satisface con la distribución y entrega de alimentos.

Este derecho también se protege y se garantiza cuando las personas tienen acceso a los medios para obtener una alimentación adecuada.

Eso es justamente lo que se promueve con este punto de Acuerdo.

Durante la campaña electoral, el Presidente ofreció apoyar a los pequeños productores y a la pequeña propiedad. Ahora es tiempo de que el gobierno muestre su voluntad política y ponga en marcha una política social incluyente que verdaderamente ayude a erradicar el hambre, y que no solo lo cambie de lugar cada año.

Lo importante no es ampliar la lista de municipios solicitando que otros se incorporen a la Cruzada Contra el Hambre; lo verdaderamente importante es que el gobierno se aleje de las medidas asistencialistas y ponga en marcha acciones que permitan resolver el problema de la pobreza desde la raíz.

Al anclar el potencial productivo de los municipios que quedaron fuera de la estrategia, no sólo multiplicaremos el impacto en los recursos públicos, también apoyaremos a las mujeres solas, indígenas o en situación de violencia que requieran de trabajo para subsistir, sólo así cosecharemos un futuro sin hambre para los mexicanos.

Ojalá pudiéramos contar con el apoyo de todos.

Muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Sonido en el escaño del Senador Carlos Mendoza Davis.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, solicitarle si pudiera preguntar a la Senadora si me permite sumarme a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Gabriela Cuevas, ¿acepta?

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Sí, con mucho gusto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto, y pido a la Secretaría que tome nota de las Senadoras y Senadores que tengan interés de sumarse a este punto de Acuerdo.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución la presente propuesta.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicha propuesta. Para hablar a favor del punto de Acuerdo, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente; con su venia, compañeras y compañeros Senadores:

Coincidimos plenamente con los planteamientos que ha hecho la Senadora Gabriela Cuevas en este asunto de la Cruzada Contra el Hambre.

Sí nos preocupa la forma en que se está abordando este tema, y nos preocupa, porque efectivamente el hambre y la pobreza en este país no se van a resolver con caridad. Es decir, si le damos una despensa a los que están en pobreza alimentaria en este país, no vamos a resolver el problema. Según las últimas cifras del CONEVAL, son 28 millones de mexicanas y mexicanos que están en la pobreza alimentaria, y el gobierno de la República está pensando atender a 7.2 millones de mexicanos en esta condición, es decir, toda la fuerza institucional de 19 Secretarías de Estado y toda la fuerza institucional aplicada a partir de 70 programas se están focalizando a 400 municipios del país, nos llama poderosamente la atención qué se va a hacer con los otros 20.8 millones de mexicanos y de mexicanas que están en esta condición de pobreza alimentaria, qué les plantea el gobierno de la República y qué alternativas puede ofrecerles el Senado; el Senado no tiene muchas opciones, o se suma a apoyar incondicionalmente esta estrategia del gobierno o plantea estrategias que realmente atiendan el problema del hambre en México.

No vamos a corregir el problema del hambre en este país, primero, si seguimos dependiendo de las importaciones de alimentos, eso lo único que logra es que pongamos en riesgo nuestra seguridad nacional, que pongamos en riesgo nuestra soberanía, pero no garantiza para nada que ataquemos de manera frontal el problema del hambre.

Yo me pregunto qué va a pasar si los países que nos venden alimentos tomaran la decisión de no hacerlo. Luego entonces, el problema lejos de solucionarse se complica.

Hemos insistido en medidas trascendentales para detonar la producción social del campo, es decir, que hagamos producir a los campesinos de México que tienen de una a cinco, a diez hectáreas y serían medidas trascendentales que pudiéramos incorporar al Plan Nacional de Desarrollo, situaciones como el hecho de eliminar las garantías líquidas en los créditos que le dan al campo, son obstáculos verdaderamente insalvables.

Garantías líquidas que van desde el 10 hasta el 30 por ciento, en su sano juicio, compañeros Senadores, yo quisiera que me dijeran qué productor pequeño puede ingresar a los créditos que otorga financiera rural y les pone estas condiciones, y luego intereses hasta del 16 por ciento, imposible que la Banca de Desarrollo esté planteando estas condiciones.

En el Plan Nacional de Desarrollo se tienen que incorporar situaciones también como el hecho de eliminar los intereses de estos créditos, si revisamos lo que está haciendo Brasil en este asunto o lo que está haciendo Chile, y que la ciudadana Rosario Robles los cita, el hambre será en Brasil, vamos a ver que el Presidente Lula allá sí tomó la decisión de eliminar las garantías líquidas y también tomó la decisión de que los campesinos no pagaran intereses y que empezaran a regresar el dinero que el Estado les presta una vez que sean autosuficientes.

Y nosotros como Senado de la República cerramos filas y planteamos situaciones como estas en el Plan Nacional de Desarrollo, créanme, compañeras, compañeros Senadores, que el hambre en México lograremos abatirla, porque serán millones los que produzcan y entonces sí este país va a tener garantizada su seguridad nacional y va a tener también garantizada su seguridad alimentaria y entonces no habrá mexicanos con hambre o los que existan se habrán reducido de manera importante como en el caso de este país que hemos citado.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

Yo sólo quería hacer énfasis en la propuesta por creativa, por constructiva, porque nos dice además cuánto han aprendido las organizaciones, especialmente de mujeres en estos años en los que el gobierno les ha permitido hacerse responsables, organizarse, presentar un proyecto, entregar cuentas y promover que muchas más otras mujeres en muchas más otras organizaciones puedan estar en el campo organizadas compartiendo responsabilidades, compartiendo riesgos y compartiendo logros.

Lo que propone este punto de Acuerdo es que no discutamos en dónde están o no los 400 municipios prioritarios.

En verdad que eso lo resolvió el Presupuesto de Egresos de la Federación cuando anota 1,090 municipios en zonas prioritarias y aprueban el Presupuesto de Egresos a dónde van esos recursos etiquetados para combatir la pobreza, si el gobierno federal ahora que llega decide que hay otros 400 a los que les da la prioridad plus, está bien.

Lo que creo es que este punto de Acuerdo propuesto por muchas mujeres, es decir, nosotras ya estamos listas, nosotras hemos recibido recursos, hemos aprendido a producir juntas, hemos aprendido a tener objetivos compartidos y hoy queremos sumarnos no para que nos den recursos, sino para que nos consideren como proveedoras.

Este es un aprendizaje social y muestra que además los programas contra la pobreza que se diseñaron escalonados están dando resultados.

La primera etapa era decirles, te doy un recurso, aprovéchalo, prodúcelo y tal vez el año que entra te doy otro recurso para que lo aproveches y produzcas.

La segunda etapa es que seas autosuficiente como organización, y esta es la propuesta; ya no necesito que me des la mano y que me lleves de la mano para que me digas en dónde producir, yo necesito que me mires como alguien productivo, como alguien autónomo que además se suma a las cadenas productivas, si vas a ir en un primer escalón con quien no tiene nada, mírame a mí que estoy cerca, que produzco, que también soy pobre, pero que soy capaz de producir alimentos para que tú los vayas a distribuir en los que van en la primera etapa.

De tal forma que me parece una muy propositiva, muy creativa propuesta y que además no destruye lo que se construyó en el pasado, sino que aprovecha la riqueza de los grupos de mujeres que presentaron proyectos, que entregaron cuentas, no es una organización anterior como lo era la CNC para quien se disputa un techo presupuestario, financiero cada año cuando se discute el Presupuesto de Egresos de la Federación, sino que fueron estos grupos de mujeres que fueron capaces de organizarse y de decir sí aprendí, sí corrí riesgos, sí estoy produciendo y ahora súmame a la cadena productiva.

Ojalá que en pocos años veamos que muchos más grupos están sumados a la cadena productiva y que la cadena productiva sea de su zona y que también sea de transformación y de comercialización.

Yo felicito a quién propuso esta propuesta, a que inicie esta propuesta de punto de Acuerdo y especialmente respaldará a muchos grupos de mujeres organizadas que han aprendido a trabajar en equipo y a sumar, sumar, no a hacer suma cero como a veces se trata de hacer.

Gracias, señor Presidente, es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

No habiendo más quien haga uso de la palabra sobre este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad el reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

El 20 de febrero regresó la atención pública del tema de las personas desaparecidas en nuestro país, y más recientemente cuando la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, dio a conocer un padrón de 20 mil personas desaparecidas, hizo ella el compromiso de asegurar una mejoría radical en las medidas para investigar exhaustivamente todas las denuncias de desaparición, incluyendo establecer una base de datos nacional que ayude a identificar y a localizar a las víctimas, todo ello no sólo sería loable sino indispensable y urgente para terminar con tanto dolor, con tanto ir y venir de sus familiares; con tanta indignación de no ver que la desaparición de una persona sin explicación alguna es un hecho gravísimo que debería de indignar a todo el Estado en su conjunto al unísono, y no es así, lamentablemente.

Parece que la gente se desaparece sin explicación y las autoridades se portan insensibles, indolentes y hay hechos también recientes. Se firmó un convenio de colaboración entre el Comité de la Cruz Roja Internacional y la Secretaría de Gobernación, el 21 de febrero, para la búsqueda de las personas desaparecidas; en muchos casos han sido los familiares los que han hecho una investigación por su cuenta, han hecho la búsqueda y varios tienen datos para dar con sus familiares o sus secuestradores y las autoridades se niegan a atenderlos.

Ejemplos hay de que se han encontrado a los victimarios, a los secuestradores, y por ser policías estatales o gente ligada a autoridades se les protege, se les solapa, se les amenaza a los familiares que de seguir en esa búsqueda ellos también serán desaparecidos.

Quisiera exponer uno de tantos casos y pedir a las autoridades a acelerar las investigaciones para encontrar el paradero de Héctor Rangel Ortiz, un joven de 28 años desaparecido en Monclova, Coahuila, el 10 de noviembre de 2009; este joven es de Querétaro, salió en un coche a hacer un cobro en Monclova, Coahuila, y desapareció en esa ciudad sin explicación.

Hemos leído declaraciones del Secretario de Gobernación, Osorio Chong, diciendo que van a trabajar mucho hacia el futuro para que esto no vuelva a suceder y que en actos subsiguientes, de existir, el Estado tendrá el deber de encontrar a las personas desaparecidas.

Amnistía Internacional ha desarrollado protocolos dando orientación de cómo deben de encontrarse a las personas, dice Amnistía Internacional, y se lo dijo el 18 de diciembre de 2012 en una carta a Enrique Peña Nieto, dándole algunas recomendaciones, como asegurar la participación de la sociedad civil, el Poder Judicial, las autoridades estatales y municipales, junto con la Alta Comisionada de la ONU para evaluar las acciones a realizar en cada caso.

Calendarizar las acciones, reconocer la legitimidad de las y los defensores de los derechos humanos e involucrarlos en los trabajos de búsqueda, proteger a estas defensoras y defensores de derechos humanos, realizar acciones eficaces y coordinadas entre los distintos niveles de gobierno y proteger también a migrantes, de posibles ataques de secuestros o de extorsión.

Es decir, todas estas propuestas podrían garantizar investigaciones exhaustivas, imparciales, de todos los casos donde los familiares han denunciado las desapariciones, que tengan acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño.

Que no se escatimen esfuerzos hasta encontrar a las personas desaparecidas, sin explicación alguna; crear mecanismos de búsqueda rápida y una investigación especializada y profesional.

El 6 de marzo de 2012 se aprobó por este Senado de la República la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y la remitió al Ejecutivo; el Ejecutivo la publicó el 17 de abril de 2012, ahí se establecen muchas cosas.

Diré las más importantes: El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desparecidas, tiene como propósito concentrar toda la información; organizar una base de datos electrónica de las personas para que se tenga a bien su filiación, su identificación, su domicilio y sus familiares, todo ello para apoyar la búsqueda, la localización o la ubicación de su familia o de su lugar de residencia.

En caso de que funcionarios encargados de investigar el paradero de personas extraviadas o desaparecidas no coadyuven con el registro o con la búsqueda, serán sancionados y se establece en esta ley.

La autoridad competente, previa autorización de sus familiares, puede requerir la colaboración de los medios de comunicación para su pronta localización; se puede pedir el apoyo de las empresas de telefonía móvil para difundir casos por mensajes de texto.

Las autoridades están obligadas a informar cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir a localizar a las personas y fortalecer o ampliar la información del registro nacional.

En los últimos años, en México se ha recrudecido el problema de personas desaparecidas. La ONU ha señalado que las desapariciones persisten debido a la impunidad, a la falta de veracidad y protocolos de investigación eficaces; también debido a la falta de protección a los familiares de las víctimas que andan buscando a su familia.

Debemos destacar que no todas las personas desaparecidas, la inmensa mayoría de ellas, no tienen nada que ver con el crimen organizado, sin embargo, muchos agentes del Ministerio Público criminalizan a las víctimas y presumen su implicación con grupos delictivos, sin ninguna evidencia para ello complicando aún más la investigación.

Es por ello que el Ejecutivo debe acelerar la presentación de una verdadera estrategia con todas las instituciones encargadas de este gravísimo problema de personas extraviadas o desaparecidas.

El plazo, por ejemplo, en el segundo transitorio de esta ley se estableció seis meses para publicar un reglamento; ese plazo venció el 27 de octubre de 2012, y ha habido tal negligencia, desinterés o insensibilidad que no tenemos ni siquiera el reglamento.

Por todo lo expuesto, solicito este punto de Acuerdo en dos partes:

Primero.- Que el Senado de la República exhorte respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad posible el reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Segundo.- Pedir al Secretario de Gobernación entregue un informe puntual y detallado sobre todas las acciones de política pública que están realizando a fin de encontrar a las personas extraviadas o desaparecidas, muy en particular del joven Héctor Rangel Ortiz, que aquí se encuentra su hermana, su papá y están desde hace tres años en la búsqueda, tres años de dolor, de sufrimiento que además su hermana, sobre todo, ha entregado a las autoridades pistas para encontrar a su hermano y no han ni siquiera visitado el caso.

Urjo a las autoridades a darle repuesta a esta familia.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE A LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Con fecha 24 junio de 2009, los Senadores Mario López Valdez, Adolfo Toledo Infanzón, Fernando Jorge Castro Trenti y Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Registro Nacional de Niños, Adolescentes y Adultos Desaparecidos.

2. Recibida la iniciativa en la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de su Mesa Directiva dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

3. El 29 de abril de 2011, en sesión plenaria la Cámara de Senadores aprobó el dictamen por 80 votos a favor 0 en contra y ninguna abstención, denominando el proyecto de Decreto Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, procediéndose a su envío a la Cámara de Diputados.

4. Con fecha 6 de septiembre de 2011, se turnó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el expediente que contiene la minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, misma que, a su vez, le fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para la elaboración del dictamen, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para emitir la opinión correspondiente.

5. El 9 de noviembre de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo con modificaciones, por 20 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención

6. El 23 de noviembre de 2011, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, ésta aprueba el dictamen correspondiente por una votación de 279 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por lo que se procedió a su devolución para los efectos del inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. El 29 de noviembre de 2011, se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto correspondiente, turnando la Mesa Directiva el expediente correspondiente a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera.

8. El 21 de febrero de 2012, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera, avalan el dictamen en el que se crea una base de datos para la búsqueda de individuos reportados como desaparecidos y dar seguimiento a casos denunciados.

9. En la sesión ordinaria del 6 de marzo de 2012, con 85 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y la remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación.

10. La Ley en materia de personas desaparecidas es publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2012.

I. PUNTOS CLAVE DEL DICTAMEN

• Toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una persona extraviada o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional.

• El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas extraviadas o desaparecidas; así como de aquellas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.

• La información contenida en el informe será pública a través de medios electrónicos e Internet.

• En el caso de funcionarios encargados de la investigación de denuncias de desaparición de personas o que tengan conocimiento de una persona extraviada, que no realicen la consulta correspondiente al Registro Nacional serán sancionados.

• El registro deberá incluir: nombre completo de la persona extraviada, desaparecida o encontrada, edad, domicilio, procedencia, señas particulares; fecha, hora y lugar en donde se le vio por última vez o fue localizado; fotografía reciente o descripción d tallada de sus rasgos físicos

• La autoridad competente, previa autorización de los denunciantes, podrá requerir la colaboración de los medios de comunicación para transmitir la descripción de la persona extraviada o desaparecida y, en caso de existir, la descripción de la o las personas a quienes se les atribuye la desaparición; de igual manera podrá solicitarse el apoyo de las empresas de telefonía móvil, para difundir casos a través de mensajes de texto.

• Las autoridades obligadas deberán informar cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir a ampliar la información del Registro Nacional, incluso de personas localizadas sin vida.

II. SITUACION ACTUAL DE MEXICO

La práctica de la desaparición de personas se ha recrudecido en México en los últimos años. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante los seis años de gobierno de Felipe Calderón, las desapariciones en México sumaron poco más de 24,000, cifra mayor en 17 veces a la de los desaparecidos políticos en nuestro país entre 1962 y 1987.1 Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló en marzo de 2012, que en México, las desapariciones persisten debido a la impunidad generalizada, la falta de veracidad y protocolos de investigaciones además de la falta de protección a familiares de víctimas.

De acuerdo con la base de datos de la organización civil, Propuesta Cívica, los reportes de personas desaparecidas durante el sexenio anterior casi se triplicaron, al registrar un incremento de poco más de 260% respecto al año anterior. Finalmente, una de las entidades con mayor número de desaparecidos es el Estado de México, ya que de acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado, de enero de 2010 a febrero de 2012, se reportaron en total 2,509 personas ausentes, de los cuales el 23% son mujeres menores de edad.

El 20 de febrero pasadoregresó a la atención pública el tema de los desaparecidos en nuestro país, debido a un encuentro entre la organización internacional Human RightsWatch (HRW) y el Secretario de Gobernación (SEGOB) Miguel Osorio Chong. En esta reunión, la subsecretaria de Derechos Humanos de la SEGOB, Lía Limón, anunciaba que daría a conocer un registro preliminar del padrón de personas desaparecidas en México, con nombre y apellido, que partiría de una base de 27 mil casos que dejó el gobierno de Felipe Calderón. Limón García explicó que se buscaría enriquecer la base de desaparecidos con información genética de los familiares y otra base de datos de cadáveres en los estados, a fin de hacer 'cruces' de información y construir protocolos de búsqueda2.

El anuncio hecho por Limón García parece corresponderse con el llamado que hiciera al Gobierno de México la Organización Internacional Amnistía Internacional, el 18 de diciembre pasado, en el sentido de “asegurar una mejoría radical en las medidas para investigar exhaustivamente todas las denuncias de desaparición, incluyendo establecer una base de datos nacional que ayude a identificar y localizar a las víctimas”3, lo que sería sin duda loable.

A partir de la reunión de HRW con SEGOB y desu carta abierta al Presidente Peña Nieto4, publicada el 11 de diciembre de 2012, se describe lo siguiente:

• Las desapariciones forzadas son delitos de carácter permanente

• La autoridad debe asegurar el envío inmediato de los detenidos al ministerio público5

• La autoridad debe desarrollar protocolos estándar para funcionarios judiciales y de seguridad pública, con el fin de investigar las desapariciones y comenzar la búsqueda de las personas desaparecidas desde el momento en que el caso se denuncia

• En tanto que los llamados levantamientos pueden ir seguidos de tortura o muerte, la autoridad debe asegurar que la inadmisibilidad de evidencias obtenidas mediante tortura -que continúa siendo vulnerada, a pesar de estar garantizada en el artículo 20 de la Constitución Política de México- se cumpla en la práctica

De la carta abierta de Amnistía Internacional(AI) al Presidente Peña Nieto del 18 de diciembre de 20126, se retoman las siguientes recomendaciones:

• Asegurar la participación de la sociedad civil, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Poder Judicial y los estados y municipios en la elaboración y evaluación de las acciones.

• Calendarizar las acciones que se quiere emprender.

• Expresar el apoyo a los defensores de los derechos humanos y reconocer la legitimidad de su trabajo.

• Invertir los recursos necesarios para la protección de estos defensores.

• Realizar acciones eficaces y coordinadas de los tres niveles de gobierno para proteger a los migrantes de toda suerte de ataques, incluidos los de secuestro. La legislación en materia migratoria y su reglamento debe de ser uno de los medios para brindar esa protección.

Cabe destacar que no todas las desapariciones están relacionadas con el crimen organizado, sin embargo muchos de los agentes de Ministerios Públicos intentan desacreditar a las víctimas, presumiendo su implicación con grupos delictivos sin ninguna evidencia.

Es debido al aumento de las desapariciones de personas en nuestro país, que los distintos órdenes de gobierno se han visto en la necesidad de tener un registro que abarque el territorio nacional, en donde se inscriban los datos de las personas extraviadas y desaparecidas. Por ello, el 17 de abril de 2012, entró en vigor la nueva Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, sin embargo el combate para disminuir el número de personas desaparecidas y para mejorar los procesos de búsqueda y localización de personas extraviadas, requiere de todos los instrumentos normativos necesarios que complementen los alcances de la Ley General. Es por ello que el Ejecutivo Federal debe cumplir en tiempo y forma, con la expedición del reglamento correspondiente a la Ley General, pues con ello se establecerán las responsabilidades de las instituciones encargadas en la solución de problemas de extravío y desaparición de personas.

Las desapariciones de ciudadanos rebasan cualquier acción emprendida por el gobierno, por lo que no basta con la promulgación de la Ley, sino que esta debe aplicarse en forma amplia, contundente y eficaz mediante la emisión del respectivo reglamento conforme al artículo segundo transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General, el cual establece que el Ejecutivo contará con seis meses a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para emitir su reglamento.

Al respecto, el decreto por el cual se aprueba la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de abril de 2012, por lo que la publicación el reglamento venció el 17 de octubre del año pasado. Más de tres meses han transcurrido desde la publicación del decreto y no se ha emitido reglamento alguno de la Ley, de no completarse el proceso México permanecerá en una situación de vulnerabilidad, como un Estado de impunidad.

Con lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a emitir a la brevedad el Reglamento correspondiente a la Ley Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a 5 de marzo de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna. Como lo ha solicitado la proponente y con base en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución la presente propuesta.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicha propuesta. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobase la propuesta.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a analizar y emitir un diagnóstico sobre las policías comunitarias en funcionamiento y las que están en proceso de formación.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente; compañeras y compañeros:

No cabe duda que en este Senado hay Senadores de tercera, de segunda, de primera y deprimentes, en esos me encuentro. No sé en qué artículo de la Constitución habla de fracciones parlamentarias, pero aquí se nos da la palabra cada vez que a no sé quién se le da la gana, solamente porque no tengo fracción.

Hace un mes presenté esta propuesta y me posponen, y me posponen, y la voy a comentar porque creo que no ha perdido vigencia, sino que ha tomado cauces muy delicados para la vida del país.

Los hechos recientes en Ayutla de los Libres, en Guerrero, creo que tiene lazos comunicantes con las policías comunitarias de Michoacán, de Veracruz, de Chiapas, del Estado de México, las 50 que surgieron en Coyuca de Benítez y las que se acumulen en esta semana.

El Senado de la República creo que tiene que bajarse de su nube de confort, si no es iniciativa preferente del Ejecutivo aquí estos temas no se discuten. Creo que hay que considerar que estas policías para algunos son ilegítimas y para algunos estados son legales.

Yo no estoy de acuerdo con la Senadora Laura Angélica, que dice que hay que disolverlas. En Guerrero hay una disposición local, la Ley 701 que les da sustento legal, pero no hay una normatividad de generar la observancia para el país y yo creo que este es un tema del Senado porque el Senado debe ser garante del Pacto Federal.

Y exhorto al Senado, a que a través de sus comisiones, yo vi una declaración del Presidente de la Comisión de Seguridad, pero no se ha hecho ninguna propuesta al respecto, y creo que hay la capacidad, aquí se tiene un cuerpo técnico, que analice, que se haga un diagnóstico, que se convoque a una consulta, a un foro nacional.

A mí me dio gusto que Mondragón no las niega, él incluso habló de que se diera esta consulta, y creo que tiene que hacerse para crear un marco jurídico que responda a esta nueva realidad, no para nulificar las iniciativas legítimas de los pueblos indígenas, sino para darles esencia, rumbo, certidumbre. Son manifestaciones de las comunidades, y todos estos comités de autodefensa de comunidades reclamando autonomía tienen que ser considerados.

Yo sé que este tema tiene más telas que una cebolla, y las policías comunitarias, unas surgieron como parte de los usos y costumbres de comunidades indígenas, como la CRAC en Guerrero, otras son resultado de un estado de descomposición incapaz de brindar seguridad a sus ciudadanos.

Otras han surgido para defender su tierra de los talamontes, como en Cherán, o bien como un dique para detener las ambiciones de transnacionales, y me consta. En Chipas, cómo eliminan, asesinan a los líderes indígenas que se han organizado para defender su petróleo, sus minas, su agua y hasta el aire de sus comunidades tienen que cuidarlo.

Es cierto que otras se han organizado para enfrentar a narcotraficantes, y que también hay narcotraficantes que ya las están organizando. No es difícil que manos perversas hagan aparecer grupos de militares, paramilitares y guardias blancas disfrazados de policías comunitarias.

De aquí hay sólo un paso para ver comunidades enfrentadas. Y cuidado porque los problemas entre hermanos indígenas se sellan con plomo.

Todo puede pasar en tierras donde hay riqueza natural, donde hay reservas de plata y de oro. Para disolverlas tendríamos que negar que hay una problemática social y de seguridad.

Estas manifestaciones son consecuencia de una desigualdad brutal, de una política económica equivocada, y no nos engañemos, lo que está detrás, en el fondo, es la pobreza, la miseria, la marginación, y sale Peña Nieto con su Cruzada Contra el Hambre. Por favor, esa cruzada se va a quedar en agua de borrajas.

Estos no son movimientos sociales golondrinos, no están de paso, son sólo la punta del iceberg de lo que subyace en el subsuelo de una realidad social que evidencia la degradación que el país está viviendo. No es disolviéndolas, y yo le pido a la compañera que reconsidere, no es desapareciéndolas, no es minimizándolas, no es satanizándolas, son avisos. Y si no tenemos un sentido elemental de previsión política, de capacidad de respuesta profunda y de largo alcance, estaríamos frente a una crisis política de pronósticos reservados grave.

Gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPUBLICA QUE A TRAVES DE SUS COMISIONES RESPONSABLES Y A SU CUERPO TECNICO ESPECIALIZADO A QUE ANALICEN Y SE EMITA UN DIAGNOSTICO SOBRE LAS POLICIAS COMUNITARIAS EN FUNCIONAMIENTO Y LAS QUE ESTÁN EN PROCESO DE FORMACION

“CONSIDERACIONES

La reforma al artículo 2° de la Constitución General, de agosto de 2001, establece que “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

La Constitución General, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

En el mismo sentido, la Organización Internacional del Trabajo, agencia de la Organización de las Naciones Unidas, emite el Convenio 169 en el que establece, los derechos indígenas, como obligatorios para los Estados Parte. México ratificó dicho Convenio en 1991.

Acorde a lo previsto por este ordenamiento internacional, el 08 de abril 2011 se publicó la Ley 701, denominada “Ley de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero”. En esta legislación se reconoce el espacio geográfico/territorial, donde se manifiesta la cultura de los pueblos, sobre los que ejercen autoridad y derechos.

Desde entonces las comunidades indígenas han ejercido ese derecho conforme a la ley, extendiendo esa jurisdicción hasta la constitución o mantenimiento de policías comunitarias, que abaten la delincuencia, erradican la impunidad y rehabilitan y reintegran socialmente a los transgresores, en el marco del respeto de los derechos humanos, garantías individuales y derechos de terceros.

Por otra parte, se han extendido o hecho concesiones mineras, o de recursos naturales, en diversos territorios donde las comunidades indígenas tienen la potestad y responsabilidad sobre el territorio. Y particularmente, en el Estado de Guerrero, se han otorgado cinco concesiones en la región de Ayutla de los Libres, mismas que se registran bajo los números título 226604, 226605, 238784, 240697, 240713, según consta en el Sistema Integral de Administración Minera (dependiente de la Secretaría de Economía). Las fechas de estas concesiones fueron entregadas el 02 de febrero de 2006 con vigencia y están vigentes hasta el 2056.

La Policía Comunitaria es legal, porque existe en esta jurisdicción desde hace diecisiete años y tiene un marco legal que la sustenta, pues ha venido desempeñando sin contratiempos ni cuestionamientos su labor de seguridad a la comunidad. En fechas recientes, aparece un grupo armado, impulsado por las autoridades, a fin de confrontar a la Policía Comunitaria y sus labores.

En los años recientes, se han dictado varias leyes en distintas entidades federativas, en las que se establecen las particularidades de la defensa territorial que tienen encomendadas las comunidades. Entre otros casos, podemos mencionar los ejemplos de San Luis Potosí (01 de mayo de 2008), Baja California (26 de mayo de 2007), Querétaro (27 de julio de 2007), Campeche (4 de julio de 2007), Jalisco (11 de abril de 2007).

También se han suscitado diversos conflictos entre las comunidades originarias y los concesionarios de recursos naturales. Es conocido en el sureste mexicano el problema entre los hoteleros y los pobladores que reclaman por la destrucción de manglares. El año pasado la Nación fue testigo de la resistencia del pueblo Huichol que estaba amenazado por las mineras comisionistas de las tierras donde están sus centros ceremoniales. Pero es también la historia de la defensa de los bosques en Cherán, Estado de Michoacán, o de la defensa contra los delincuentes en Las Choapas, Estado de Veracruz, o de los campesinos de Chihuahua que venían siendo despojados del agua a través de concesiones leoninas de pozos y de permisos de apertura de tierras eriales al cultivo.

Los gobiernos no pueden normas ni regular las actividades que realizan las policías comunitarias, ya que trastocarían su autonomía reconocida por el orden constitucional.

Escenarios y consecuencias

Entendemos que la aparición de las policías comunitarias en diversos puntos del territorio nacional, así como los intentos por detener su expansión y reproducción, son consecuencia de un escenario en el que el Estado no ha podido garantizar la seguridad, la paz, los derechos civiles y las condiciones mínimas de convivencia. Son también producto de la amenaza que la delincuencia representa para la ciudadanía. Y representan una respuesta ciudadana a la voracidad de caciques locales, de las trasnacionales que de manera ilegal, pero muchas veces en complicidad con diversas autoridades, consiguen la concesión para explotar bienes y recursos que nadie tiene derecho de concesionar sin la autorización expresa de las comunidades.

Constituye un peligro para la paz pública, como ya lo indican los hechos del día, que las autoridades estatales impulsen la creación de grupos paramilitares disfrazados de policías comunitarios. Constituye un atentado a la legislación internacional, nacional y estatal, que se pretenda legalizar a los grupos cuasi-paramilitares en detrimento de las policías comunitarias.

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Senado de la República que a través de sus comisiones responsables y a su cuerpo técnico especializado a que analicen y se emita un diagnóstico sobre las Policías Comunitarias en funcionamiento y las que están en proceso de formación.

Segundo. Se revise la necesidad de formular una ley reglamentaria del artículo 2 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ante la diversidad de criterios contenidos en diferentes legislaciones estatales.

Tercero. Se lleve a cabo una consulta pública con especialistas, académicos y representantes de las diferentes de comunidades indígenas con la finalidad de otorgar la máxima pluralidad al debate de dicho tema.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de marzo de 2013.

Atentamente”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Sansores San Román. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

Y nada más decirle a la Senadora Layda Sansores que esta Mesa Directiva le concede el uso de la palabra en igualdad de condiciones a todas y a todos los Senadores, lo que sucede es que en el caso de proposiciones se han venido acumulando un número tal que hoy teníamos más de 70 de ellas, y de acuerdo al Orden del Día esto es lo que va en la última parte. Entonces, nada más para informarle de eso.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Respetuosamente dice usted que se está respetando el Orden del Día. Eso no es cierto, desde hace rato debí de haber pasado. No, que porque lo tienen organizado por bloques, primero pasa uno del PRI, otro del PAN, otro del PRD, otro del PT y otro del PVEM, y luego vuelven a repetir no sé cuántas veces, y los que no tenemos fracción no sé cuándo pasamos.

Cuándo el Espíritu Santo los ilumina o, ¿quién decide para más o menos hacer un cálculo de cuántas veces puede uno tomar la palabra en este Senado cuando no tienes fracción parlamentaria? Sería bueno saberlo.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Hermosillo y Celada, nada más les informo que no está a discusión ningún asunto en este momento, ¿para qué asunto sería?

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Yo me adhiero a la Senadora.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tomo nota de ello con muchísimo gusto.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a contar con políticas públicas en los hospitales de los tres niveles en el país.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, señor Presidente.

Como es del conocimiento de esta Honorable Soberanía, he estado presentando una serie de iniciativas que van enfocadas, sobre todo, para actuar de manera preventiva a razón del número de casos que se están presentando de enfermedades de salud mental, enfocadas principalmente a niños y adolescentes.

Por supuesto que esta serie de afecciones tienen como origen principal todos los efectos que la violencia ha provocado en la salud mental de los niños, de las niñas y adolescentes. La violencia en la niñez tiene consecuencias devastadoras para la salud mental, por eso estamos convencidos que tenemos que actuar de manera conjunta para poder prevenir y dar una atención oportuna.

Muchas de nuestras niñas y de nuestros niños sufren diversas formas de violencia. Son expuestos de manera cotidiana a violencia física, a violencia sexual, a violencia psicológica, a violencia dentro de sus hogares.

La OMS calcula que alrededor de 55 mil niñas, niños y adolescentes murieron en todo el mundo como consecuencia también de homicidios. Se calcula que 150 millones de niñas y 73 millones de chicos menores de 18 años han experimentado también relaciones sexuales forzadas.

Según la OIT, 218 millones de niños trabajan y 126 millones de ellos realizan trabajos forzosos. Sólo el 2.4% de los niños a nivel mundial están protegidos jurídicamente contra el castigo físico. Por eso tendremos que actuar y tendremos que seguir legislando para que todo este tipo de actuaciones que se tienen en el mundo y que pareciera que por ser un problema mundial no le queremos dar una atención local, hoy requiere, por supuesto, la concertación de todos los niveles de gobierno para poder disminuir la brecha que existe entre lo que sabemos de la violencia en los niños y lo que debe de hacerse para mitigarla.

Como ya lo comentamos, la prevención adecuada y el tiempo en que la violencia contra la infancia permite entender una multitud de problemas que a largo plazo imponen, por supuesto, una desagregación social, pero sobre todo un problema en los niños y en los adolescentes que, por supuesto, va en avanzada y que si no actuamos hoy, se podrá presentar como un grave problema de salud pública para el año 2020.

Por eso, este fenómeno requiere cooperación, colaboración y tener muchos aliados. No tan solo actuar desde los niveles hospitalarios, sino también actuar desde los niveles locales, estatales y federales a nivel educativo, y poder sumar todos los esfuerzos para poder tratar, diagnosticar y, por supuesto, lo más importante, prevenir el daño en nuestras niñas, en nuestros niños y en nuestros adolescentes.

Por ello he sometido a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con los titulares de los servicios de salud de las entidades federativas, para que se cuenten con políticas públicas y programas que se desarrollen en las unidades prestadoras de servicio de los tres niveles de atención en nuestro país para prevenir y atender los trastornos mentales, principalmente en nuestros niños y en nuestros adolescentes.

Asimismo, también se exhorta a los congresos de las entidades federativas para que promuevan reformas a su legislación y que podamos actuar de manera conjunta, y se le puedan designar los recursos necesarios para ello.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD, EN COORDINACION CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE CUENTEN CON POLITICAS PUBLICAS EN LOS HOSPITALES DE LOS TRES NIVELES EN EL PAIS; ASIMISMO, SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE PROMUEVAN REFORMAS A LA LEGISLACION, AMBOS EN MATERIA DE SALUD MENTAL

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

La suscrita, Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD, EN COORDINACION CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE CUENTEN CON POLITICAS PUBLICAS EN LOS HOSPITALES DE LOS TRES NIVELES EN EL PAIS, ASIMISMO, SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE PROMUEVAN REFORMAS A LA LEGISLACION, AMBOS EN MATERIA DE SALUD MENTAL, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La salud mental ha estado oculta tras el estigma y discriminación durante largo tiempo. La magnitud, el sufrimiento y la carga en términos de discapacidad y costos para los individuos, las familias y las sociedades son abrumadores. En los últimos años, el mundo se ha tornado más consciente del potencial que existe para hacer los progresos necesarios en cuanto a esta problemática.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró a la salud mental como parte integral de la definición general de salud, donde fue definida como: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades”. Asimismo, define a la salud mental como “el estado de bienestar que permite a los individuos realizar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera, y hacer una contribución significativa a sus comunidades”1.

Por otra parte, el órgano informativo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, define a las “enfermedades mentales como desórdenes químicos en el cerebro, las cuales pueden afectar a personas de cualquier edad, raza, religión o situación económica”2. Es decir, la mayoría de los pacientes se ven afectados en: su actividad física, conducta, emociones, pensamiento, percepción, relaciones interpersonales, sexualidad, trabajo y ocio. Estos trastornos están producidos por una combinación poco conocida de determinantes biológicos, psicológicos y sociales. Por lo que la tarea de los gobiernos consiste en proporcionar servicios relacionados con la promoción del bienestar, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales.

Uno de los grandes problemas de los trastornos mentales es el costo social que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socio-económico y cultural. En términos epidemiológicos, la salud mental participa en la carga global de las enfermedades con alrededor de 12%, lo que afecta hasta el 28%3 de años vividos con discapacidad, y constituye una de tres principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años, lo queque trae como consecuencia el suicidio. Es decir, para un rendimiento óptimo del ser humano, se requiere de tanto la salud física como de la mental.

La evolución social de las últimas décadas ha ocasionado disfuncionalidad familiar, carencias afectivas, además de una proliferación de los estilos de vida nocivos y entornos insalubres. Esto ha generado mayores problemas de salud mental que aumentan por la pobreza y la exclusión social. Estos problemas, aunados al incremento del consumo de drogas y violencia, repercuten cada vez más en la esfera psicosocial. En este sentido, es la salud mental una de las demandas sociales más insatisfechas.

Los grandes hospitales psiquiátricos, deben ser el modelo a seguir para la atención de la salud mental en la población; sin embargo, éstos distan mucho de lograr ese objetivo, debido a que imposibilitan la integración de la salud mental como un componente importante en la atención de la salud en general. Más aún, en este marco de accesibilidad insuficiente a los servicios, se observan casos obvios de violación de los derechos humanos de las personas con trastorno mental. Se requiere ahora una gran voluntad política y un compromiso de todos los profesionales de la salud, para lograr un verdadero cambio que se encuentre acorde al prototipo ideal de la atención, continua y comunitaria dentro de la red de servicios de salud; de tal forma que promueva la reinserción social, de acuerdo con las necesidades de los pacientes y sus familiares.

La problemática de salud mental tiene que convertirse en un desafío imperioso para reflejar la traducción de los valores de equidad y de justicia social. Los sistemas de salud basados en la atención primaria son claves para articular esta respuesta con énfasis en el derecho a la salud y a los nuevos enfoques familiares y sociales.

Tomando como referencia el Informe de Evaluación del Sistema de Salud Mental en México publicado en el año 2011, con la colaboración de la Secretaría de Salud, así como de las Secretarías de Salud de los 31 estados y el Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Secretaría de Marina, publicado en el mismo año, se observan resultados importantes a considerar:

• La Secretaría de Salud de México elaboró el Programa de Acción Específico de Atención en Salud Mental 2007-2012 con el propósito de disminuir las brechas de atención, y combatir el estigma y la discriminación. También se buscaba cambiar el paradigma hacia la atención en salud mental comunitaria, e integrar la salud mental a la red de servicios de salud en general y actualizar la legislación en materia de salud mental, así como la protección de los derechos humanos de los pacientes y la protección social de los trastornos mentales prioritarios. Si bien es cierto que no existe una ley nacional específica para la salud mental, en la Ley General de Salud se incluye un capítulo dedicado a este rubro.

• Del total del presupuesto asignado a la salud, solamente el 2% es orientado a la salud mental; de este monto, se destina el 80%4 a la operación de los hospitales psiquiátricos. Dada estas condiciones, las acciones enfocadas al trabajo comunitario se ven reducidas y de muy bajo impacto.

• El eje de la atención a la salud mental es el tercer nivel5, ejemplo de ello es que existen 46 hospitales psiquiátricos frente a 8 establecimientos residenciales y 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales de un total de 641 hospitales generales el 3% en la República. Aunado a lo anterior, el acceso se ve limitado por barreras geográficas, ya que la mayoría de estos servicios se ubican en las grandes metrópolis o cercanas a ellas.

• Se cuenta con 544 establecimientos de salud mental ambulatorios que ofrecen atención a 310 usuarios por cada 100,000 habitantes, en contraste con los hospitales psiquiátricos que atienden a 47, la mayoría adultos. La población de niños y adolescentes atendidos es de 27% en unidades ambulatorias y 6% en hospitales psiquiátricos. Estas cifras son preocupantes, ya que la mitad de los trastornos mentales se presentan en las primeras décadas de la vida antes de los 21 años de edad (Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiatrita Medina-Mora 2005). Otros estudios reportan que el 24.7% de los adolescentes se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental. Los más frecuentes son problemas de aprendizaje, trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión, uso de sustancias e intentos de suicidio.

México es uno de los países que atiende el 50%6 de los pacientes en servicios hospitalarios especializados independientemente de la gravedad del trastorno, lo que aumenta los costos de tratamiento y amplía la brecha de atención.

Las últimas políticas y acciones mundiales en salud mental, plantean que la atención primaria debe ser el punto donde se articule la salud mental comunitaria. A México le falta mucho por hacer, ya que únicamente el 30% de los centros de atención primaria cuentan con protocolos de evaluación y tratamiento, y solo realizan una referencia al especialista al mes. Del mismo modo, sólo el 15% del personal recibe cursos de capacitación en temas de salud mental.

El número total de recursos humanos que trabajan en unidades de salud mental es de 10,000, y la tasa por cada 100,000 habitantes equivale a 1.6 psiquiatras, 1 medico, 3 enfermeras, 1 psicólogo, 0.5 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas y, 2 técnicos en salud. Los especialistas son insuficientes, mal distribuidos y la mayoría están en los hospitales psiquiátricos.

La Secretaría de Salud, en conjunto con las Secretarías de Salud de las entidades federativas, deberá preparar y fortalecer los programas integrales de salud mental en beneficio de la población.

En días pasados el Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional, hanpresentado varias iniciativas que buscan reformar la Ley General de Salud en beneficio de la población más vulnerable en cuanto a los trastornos mentales en los niños y los jóvenes, mismas que tienen como objetivo prevenir, diagnosticar y atender con especial énfasis a ese grupo de habitantes.

Por lo anterior, debemos tomar en consideración que todas las actividades encaminadas a la prevención, atención y tratamiento de la población en cuanto a la salud mental, brindará un futuro promisorio a los ciudadanos en el tratamiento de trastornos mentales.

En atención a lo anteriormente expuesto, la Senadora que suscribe pone a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, para que cuenten con políticas públicas en materia de salud mental en los hospitales de los tres niveles del país. Asimismo, fortalezcan los programas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno para dotar de los recursos suficientes para la prevención, detección, atención y tratamiento con el fin de prevenir, detectar, tratar y rehabilitar el problema de salud mental.

SEGUNDO.- Esta Soberanía exhorta a los Congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que promuevan reformas a la legislación respectiva en materia de salud mental.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 7 de marzo de 2013.

Sen. María Elena Barrera Tapia”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrera Tapia. Túrnese a la Comisión de Salud.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Carlos Alberto Puente Salas.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Para sumarme a la propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para sumarse a la propuesta?

Senadora Barrera Tapia, ¿acepta la incorporación a su propuesta?

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: (Desde su escaño) Con gusto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello; igualmente la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, la Senadora Maki Ortiz, la Senadora Ivonne Alvarez, la Senadora Lisbeth Hernández, la Senadora Rosa Adriana, el Senador Casillas Romero, con gusto.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a informar las acciones y políticas públicas implementadas para proteger la integración, desarrollo, organización y sana convivencia de la familia en nuestra sociedad.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

“El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres; donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica, ahí veo yo la importancia de la familia”. Gilbert Keinth, escritor británico.

Agradezco a mis compañeros Senadores la importancia que le dan a este tema de la inclusión y el fortalecimiento del valor de la familia:

Aarón Irízar, Alejandro Tello, Angélica Araujo, Claudia Pavlovich, Daniel Amador, Diva Gastélum, Hilda Flores, Ivonne Alvarez, Isaías González, Jesús Casillas, Juana Leticia Herrera, Lilia Guadalupe Merodio, Rocío Pineda, Manuel Humberto Corta, Margarita Flores, Mely Romero y Roberto Armando Albores, y asimismo agradezco la participación también del compañero Senador José María, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, porque el pasado 3 de marzo del año en curso, como desde el 2005, se celebra una importante fecha en nuestro país, que es el Día de la Familia Mexicana.

La familia es el ámbito primordial del desarrollo de cualquier ser humano y la base de su desempeño en la vida; es el eje central de nuestra sociedad y la estructura básica de nuestra nación, ya que provee la plataforma para el desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad personal de los esquemas de convivencia social más elementales y de la experiencia del amor que regirá el éxito de cada uno de sus miembros.

Compañeros legisladores:

Como es sabido por todos nosotros, la familia es el foco central de la sociedad, es la célula y el núcleo primordial para el desarrollo de un país, sin embargo, la misma no permanece ignorante a las profundas transformaciones y cambios de valores y normas que hemos permitido se estén dando en los últimos tiempos.

El objetivo del presente punto de Acuerdo es involucrar a todos los sectores público, privado y social para transmitir los valores representativos de la familia, involucrando al mayor número de sectores posibles: gobierno, escuelas, universidades, sindicatos, empresas, medios de comunicación, cámaras, organizaciones sociales y en general a todas las familias de nuestro país.

El fomentar el valor de la familia como núcleo de la sociedad y el mejor lugar para el desarrollo personal. Como núcleo de la sociedad, la familia es una institución irreemplazable para el fomento de los valores humanos esenciales, la prevención y la solución de los problemas sociales, el agente cultural para la transmisión de sus valores más representativos de generación en generación.

A lo largo de la historia de la humanidad, los matrimonios sólidos y las familias bien constituidas han sido la base del bienestar de la sociedad.

El ser humano, hoy como siempre, necesita de la familia para alimentarse y crecer en sus aspectos físico, intelectual, emocional, laboral, económico y moral.

La creciente complejidad de la vida actual que se encuentra afectada por la pobreza, las guerras, la migración, la desintegración y la violencia intrafamiliar, la escasez de trabajo, la violencia en el hogar, las adicciones, las drogas, la delincuencia, el alcoholismo, es demanda que la familia debe ser más atendida, más protegida, más apoyada y reconsiderada.

Una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura mexicana es precisamente el valor de la familia.

El desarrollo de México no se puede entender sin el papel central que ha jugado ésta como institución básica en la formación y realización de individuos.

El reto que ahora enfrenta la sociedad mexicana es el de brindar oportunidades, no sólo a los individuos, sino a la familia, impulsar un desarrollo integral, fomentar el valor de la familia y promover habilidades emocionales y de comunicación entre ella.

No es posible que hoy en día nuestros hijos quieran dedicarse a diferentes actividades que no sean correctas o ilícitas, o peor aún, aquellos que se dedican a ser sicarios o participar en grupos delictivos donde se obtiene dinero fácil, por la pérdida o ausencia de principios y valores en la familia, y sin ayuda y el apoyo del Estado, con disposiciones de ordenamientos que incidan en un futuro que pueda ser determinante para el progreso de una sociedad y de una familia, no podríamos hacerlo si no nos unimos en esfuerzos.

El tema medular es la protección de ella, y dicha circunstancia, a parte de las creencias y costumbres, encontramos su base en el artículo 4o. constitucional, aunado a lo anterior, diversos instrumentos internacionales hacen alusión a la prevalencia y protección de la familia, tales como:

La Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre muchos otros más.

Los que hoy somos actores políticos, en representación de nuestro estado y del país, estamos comprometidos a elaborar leyes, puntos de Acuerdo, foros, análisis, mesas de diálogo y conferencias, que a través de políticas públicas eficientes tengan aplicación eficaz y expedita en la sociedad en general, sin olvidar para qué debemos ser mejores y para qué impulsar a nuestros hijos, a los estudiantes y a toda la base social.

Para concluir, no pasemos por desapercibido que la crisis y las dificultades sociales, económicas y demográficas en las últimas décadas, han hecho redescubrir que la familia representa un valioso potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos del problema de la inseguridad, de las enfermedades, de la falta de vivienda y de muchas otras carencias más.

La familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social y económica.

La familia es, ante todo, la comunidad de amor y de solidaridad. Es por ello que se invita a todos los mexicanos para que demos un espacio de reflexión y de valoración de lo verdaderamente importante y trascendental, que es en una sociedad, el reflejo de una familia.

Aprendamos a ser buenos mexicanos. Hagamos que México, ese gran país que todos anhelamos, sea fortalecido por su núcleo más importante que es la familia.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a consideración de esta Asamblea:

Primero.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal y de los estados de la República, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia, informen a esta Soberanía las acciones y políticas públicas implementadas para proteger la integración, desarrollo, organización y sana convivencia de la familia en nuestra sociedad mexicana.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia legislen a favor de la protección y unificación de la familia a la sociedad mexicana.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para que en el ámbito de su competencia y facultades, fomenten mecanismos, programas, acciones y políticas públicas a favor de la familia, a fin de dar debido cumplimiento al espíritu del poder reformador de nuestra norma constitucional, en su artículo 4o., así como los diversos tratados internacionales de los que México es parte.

Compañeras Senadoras y Senadores, muchas gracias por su atención.

Y todo esto lo hacemos para fortalecer el vínculo de nuestras familias.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, ASI COMO AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR LAS ACCIONES Y POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS PARA PROTEGER LA INTEGRACION, DESARROLLO, ORGANIZACION Y SANA CONVIVENCIA DE LA FAMILIA EN NUESTRA SOCIEDAD MEXICANA

DE LAS SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL LISBETH HERNANDEZ LECONA, AARON IRIZAR LOPEZ, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, DANIEL AMADOR GAXIOLA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ISAIAS GONZALEZ CUEVAS, JESUS CASILLAS ROMERO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ, MARGARITA FLORES SANCHEZ, MELY ROMERO CELIS Y ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 8, FRACCION II, 76, FRACCION IX, 276 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, ME PERMITO PRESENTAR ANTE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE: EL SENADO DE LA REPUBLICA, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, ASI COMO AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORMEN A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES Y POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS PARA PROTEGER LA INTEGRACION, DESARROLLO, ORGANIZACION Y SANA CONVIVENCIA DE LA FAMILIA EN NUESTRA SOCIEDAD MEXICANA, EN BASE A LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

“El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina ni un comercio ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia.”

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico

Compañeros legisladores, como es sabido por todos nosotros, la familia es el foco central de la sociedad, es la célula y el núcleo básico para el desarrollo de un país. Sin embargo, la misma no permanece ignorante a las profundas transformaciones y cambios de valores y normas que hemos permitido, se estén dando en los últimos tiempos.

A lo largo de la historia de la humanidad, los matrimonios sólidos y las familias bien constituidas han sido la base del bienestar de la sociedad. El ser humano, hoy como siempre, necesita de la familia para alimentarse y crecer en sus aspectos físico, intelectual, emocional, laboral, económico y moral. La creciente complejidad de la vida actual, que se encuentra afectada por la pobreza, las guerras, las migraciones, la desintegración y la violencia intrafamiliar,la escasez de trabajo, la violencia en el hogar, la adicción a las drogas, la delincuencia, el alcoholismo, demanda que la familia sea más atendida, protegida, apoyada y reconsiderada.

Una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura mexicana es precisamente el valor de la familia. El desarrollo de México no se puede entender sin el papel central que ha jugado ésta como institución básica en la formación y realización de los individuos.

La centralidad de la familia en el proceso del desarrollo humano plantea la necesidad de impulsar acciones que ayuden a consolidar los procesos de formación y de realización que se verifican en su interior. Muchas familias requieren de apoyo especial para salir adelante y cumplir así su función de formación educativa, de formación en valores y de cuidado de la salud, entre otras. Las políticas de fortalecimiento familiar tendrán entonces un efecto múltiple positivo en cada uno de sus miembros, especialmente en los niños y niñas, así como en los jóvenes. La familiar es el sector poblacional que constituye el motor para el crecimiento y desarrollo económico y humano del país.

El reto que ahora enfrenta la sociedad mexicana es el de brindar oportunidades no sólo a los individuos, sino a la familia, impulsar un desarrollo integral, fomentar el valor de la familia y promover habilidades emocionales y de comunicación.

La familia será así beneficiaria y aliada para la prevención y la superación de la vulnerabilidad no sólo ante la pobreza, la inseguridad, la delincuencia organizada, el narcotráfico, entre otros, sino también ante la ruptura y las debilidades que enfrenta la sociedad mexicana.

No es posible que hoy en día nuestros hijos quieran dedicarse a actividades ilícitas como el ser sicarios o participar en grupos delictivos donde se obtiene dinero fácil y por la pérdida o ausencia de principios en la familia y sin la ayuda y el apoyo del Estado, con disposiciones y ordenamientos que inciden que en un futuro terminemos con la base de la sociedad como lo es la familia, en la decadencia o crecimiento de una sociedad y un país, todos somos participantes y en su momento seremos instados por nuestras conciencias o reconocidos por ella porque al fin y al cabo nuestro origen es la familia.

Es inentendible e ilógico que queramos lacerar la esencia de toda la sociedad, esto es la FAMILIA, si deseamos que la delincuencia disminuya, que la criminalidad descienda, que exista menos desintegración y violencia en la familia, debemos proteger y organizar a ese grupo imprescindible que todos conocemos y del cual todos formamos parte, recordemos amigos legisladores que quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen, el tratar de dividirla o bien, de cambiar su concepción natural será en perjuicio y decadencia de nuestro país, nosotros como Representantes Populares y Senadores de ésta Máxima Tribuna, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ella encontramos la obligación de cuidar y proteger la familia que tuvo en mente crear el espíritu del Poder Reformador de Nuestra Norma Suprema.

“La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia.”1

Benjamín Franklin (1706-1790)

JUSTIFICACION DEL PUNTO DE ACUERDO

El tema medular es la protección de la familia y dicha circunstancia a parte de las creencias y costumbres, encontramos su base en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a su letra establece:

ARTICULO 4O.- EL VARON Y LA MUJER SON IGUALES ANTE LA LEY. ESTA PROTEGERA LA ORGANIZACION Y EL DESARROLLO DE LA FAMILIA. (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1974)

En ese sentido, la familia es el seno espiritual donde se fomentan las creencias y las costumbres, por lo tanto; es claro que el tipo de familia que tuvo en mente el Poder Reformador de la Constitución es el formado por el hombre, la mujer y los hijos que lleguen a procrear.

La familia es un grupo donde tú eres protagonista.

El que es bueno en la familia es también un buen ciudadano

(Sófocles)

Señoras y Señores Senadores;la familia es el castillo del que partimos y nuestro último reducto, es y debe ser el sustento de proyección de toda una sociedad y de nuestro país, porque cuando se quiebra, caemos en la despersonalización más absoluta, en la pérdida de los valores y de nuestras buenas costumbres, y al aniquilar nuestros principios básicos es cuando se presentan eventos de incertidumbre y deshumanización, la sociedad es, verdaderamente, el conjunto de familias. La familia es una institución que anuncia una institución más vasta: el grupo social o nacional, todo redunda en un grupo y en un colectivo del que todo provenimos, debemos ante todo propiciar que esas raíces prevalezcan y ponderar por sobre todas las cosas la salud de todos y cada uno de los miembros de nuestras familias mexicanas, seguro que al hacerlo no sólo estaremos cumpliendo por obligación un mandato constitucional e internacional, sino llevaremos a cabo la conclusión y manifestación de nuestro ser, exteriorizándolo a través de nuestro trabajo que como Senadores de la República tenemos, creando leyes a favor de la familia, instando y colaborando con todos los órdenes de gobierno para implementar políticas públicas que fortalezcan y promuevan la naturaleza de la familia y su debida integración.

Aunado a lo anterior, diversos instrumentos internacionales hacen alusión a la prevalencia y protección de la familia, tales como:

• 1.- Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 16. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado;

• 2.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art. 10. 1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen que: Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.

• 3.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 23. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

• 4.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 18 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

• 5.- Convención sobre los Derechos del Niño. Preámbulo Considerando Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, Noviembre de 1989.

Indudablemente que debemos establecer herramientas que se cumplan a favor de la figura de la familia en nuestro país, por ejemplo, la educación familiar debe ser un aspecto básico en toda sociedad, la instrucción que se otorgue a los miembros de la misma será en pos de una mejor calidad de vida, es decir, no sólo se circunscribe al aspecto de cantidad o número de hijos que se tienen, sino más bien, a lo ineludible, esto es lo cualitativo. No olvidemos que, en la medida, atención y calidad de instrucción que se otorguen a los hijos, es la calidad y nivel de hijos y familias que han de tenerse en nuestra población y en nuestro país.

Concatenado a lo anterior, el construir una base sólida mediante la cultura de la educación familiar, debe ser un aspecto que emerja mediante políticas públicas prioritarias en los gobiernos, por supuesto que, México no debe ser la excepción.

Si bien, es cierto que las modalidades cambiantes del siglo XXI y las nuevas dinámicas que surgen día tras día tienden a globalizarse, la célula y el núcleo principal de la sociedad que es la familia, no sebe ser versátil, sí reconsiderarse en pro de mejorar su estructura y funcionamiento mediante instrumentos legislativos y herramientas de reciprocidad entre la familia y el gobierno, dado que, de ella depende el desenvolvimiento y desarrollo de un país. Recordemos que, a mayor educación e instrucción familiar en los aspectos volátiles de la nación, mayor eficiencia en la política, en la salud, en la economía, en el deporte, en los apartados que son vitales para la conversión de un país que reputado como de tercer mundo puede cambiar a un país de primer nivel, y eso será consecuencia de afrontar y enfrentar los nuevos retos y dinamismos de la familia, sin olvidar las semillas que puedan fructificar como lo principios y valores que sean el detonante y ejemplo en la ciudadanía.

Vinculado a lo narrado en líneas precedentes, es preciso colegir que, abdicando las omisiones y vicios en las formas de la educación que se hoy se tienen, es preciso subsanar y corregir, pero también fomentar las medidas preventivas y de acción que sean asequibles en nuestro país, no soslayando que, se trata de una actividad conjunta entre los entes públicos y privados, tendiendo como eje de dirección el bastión de nuestra sociedad, es a saber la familia.

Finalmente, los que somos actores políticos en representación de nuestro Estado y del país, estamos comprometidos a elaborar leyes, puntos de acuerdo, foros de análisis, mesas de diálogo y conferencias que a través de políticas públicas eficientes tengan aplicación eficaz y expedita en la sociedad en general, sin olvidar que: para ser mejores hijos o estudiantes, para obtener buen reconocimiento en la sociedad en la que vivimos, o bien, ser buenos trabajadores, profesionistas, ciudadanos mexicanos y en general ser los mejores en cualquier actividad que ejerzamos, es importantísimo educar con principios que sean el fundamento de la construcción de nuestros hijos, con valores que le den mantenimiento preventivo a las acciones de nuestra familia y con virtudes que incidan en el cumplimiento del objetivo perseguido.

Para concluir, quiero decirles que, la familia es una institución de interés social, en la medida en que a través de los hijos posibilita la existencia y socialización de nuevos ciudadanos. Ser padres es construir una vida nueva no sólo en el otro ser, sino también en la propia conciencia y en la propia dimensión de humanidad de la persona que ejerce la función de padres. La paternidad en su sentido general, es en definitiva, una experiencia que mejora y dignifica a los dos protagonistas del vínculo: al que forma y al que es formado.

En ese sentido, la familia tiene como misión (nueva función estratégica) proporcionar el marco adecuado en que tal proceso de humanización o socialización pueda desarrollarse. Es a esto a lo que se ha dado la gráfica denominación del “segundo nacimiento”. Vale la pena subrayar que en este punto la importancia: varón y mujer, ahora como padre y madre, no están llamados únicamente a proporcionar el material genético preciso para que nazcan los hijos, sino que en este periodo deben aportar lo que les es propio como varón y mujer para obtener un desarrollo armónico e integral de los hijos.

La política social familiar consiste en la promoción del bienestar familiar, desde esta perspectiva entendemos que el papel del Estado es fortalecer el rol de la familia en el cumplimiento de todas sus funciones.

Fortalecer la familia como ámbito de generación de valores, preservación de la identidad cultural y protección de derechos mediante acciones de prevención, asistencia, acompañamiento y promoción que permitan el desempeño de su función social.

No pasemos por desapercibidos que las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como la inseguridad, las enfermedades, la vivienda, las drogas o la marginalidad, la falta de valores y de principios. La familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, una comunidad de amor y de solidaridad.

Todos los pueblos hostiles a la familia han terminado, tarde o temprano, por un empobrecimiento del alma.2

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETO A CONSIDERACION DEL PLENO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNION, LA SIGUIENTE PROPOSICION CON:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: EL SENADO DE LA REPUBLICA, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA ALTITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, ASI COMO AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORMEN A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES Y POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS PARA PROTEGER LA INTEGRACION, DESARROLLO, ORGANIZACION Y SANA CONVIVENCIA DE LA FAMILIA EN NUESTRA SOCIEDAD MEXICANA.

SEGUNDO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA LEGISLEN A FAVOR DE LA PROTECCION Y UNIFICACION DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD MEXICANA.

TERCERO: EL SENADO DE LA REPUBLICA, EXHORTA A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA Y FACULTADES, FOMENTEN MECANISMOS, PROGRAMAS, ACCIONES Y POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DE LA FAMILIA A FIN DE DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO AL ESPIRITU DEL PODER REFORMADOR DE NUESTRA NORMA SUPREMA EN SU ARTICULO 4 CONSTITUCIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de marzo de 2013.

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Angelica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Isaías González Cuevas.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto?, Senador José María Martínez.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Antes de dar trámite a esta propuesta que se presenta en voz de la Senadora Hernández Lecona, pedirle tuviera a bien poner a consideración, que se le dé el trámite de urgente resolución a la propuesta que hoy se ha presentado.

Lo he consultado ya con la propia Senadora. Me parece de suma importancia y trascendencia que se esté ya trabajando en esta materia, en concreto, respecto de los puntos que se proponen.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Acepto la propuesta del Senador José María, en cuanto a poner a consideración de la Asamblea sea considerado como de urgente resolución.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sólo les pediría que hicieran por escrito la propuesta y que consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de tomarse en cuenta la propuesta, para que se le dé el seguimiento que señalan los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, para que se pueda considerar de urgente resolución.

Consulte a la Asamblea, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí es de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicha propuesta. Para hablar a favor de la misma, se le concede el uso de la palabra al Senador José María Martínez.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: Gracias, señor Presidente.

Respecto de la propuesta en cuestión, debo comentar, de manera muy breve, algunas cosas.

Hoy en día la familia, me parece, no está siendo debidamente atendida por el Estado, en razón de la falta de políticas públicas transversales que vayan en beneficio directo del fortalecimiento a la familia mexicana.

Muy por el contrario, se establecen políticas públicas que atentan contra la familia mexicana, tal es el caso de algunos estados, en particular el Distrito Federal, que ha dispuesto mecanismos jurídicos que no fortalecen a este núcleo básico de la sociedad mexicana, que debiéramos estar velando por el interés superior, no sólo de sus integrantes, sino también de su desarrollo pleno.

Este punto de Acuerdo que hoy encabeza la Senadora Lisbeth Hernández, me parece de suma trascendencia el que se le haya dado trámite de urgente resolución, en razón de esta urgencia que necesitamos los mexicanos.

Que se trabaje fundamentalmente para fortalecer a este núcleo de la sociedad. Que se trabaje para el fortalecimiento de la familia, para el desarrollo de sus integrantes, pero, sobre todo, para no permitir que se atente contra este concepto básico que tenemos los mexicanos de la familia.

Un núcleo central, que no tiene que ver, si es cierto, entre un hombre o mujer, pero que tiene que ver con una familia, de abuelo a nietos, sobrinos, tíos, sí a partir de matrimonio; pero también a partir de lo que hoy tenemos ya reconocido, incluso jurídicamente como madres solteras, como padres solteros; pero que no permitamos que vaya contra lo natural lo que hoy se pretende impulsar desde algunas entidades federativas.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador José María Martínez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Me gustó mucho el punto que puso la Senadora, porque cómo la familia ha pasado de moda, la familia nunca va a pasar de moda. El Estado nunca va poder suplantar a la familia.

Los primeros valores de nuestra vida los aprendemos en el hogar. Y después el Estado complementa, pero la parte principal es precisamente los valores familiares, es la piedra fundamental de la existencia de la humanidad.

La familia no nada más en nuestro país, sino en otros países está atacada. Hay países que en vez de crecer las familias, disminuyen. Ya no hay hijos en Europa, tienen un hijo, uno y medio en promedio, prefieren tener un perrito, que un hijo.

Y esos valores están muy tergiversados.

Nuestro país ojalá no llegue eso, por eso tenemos que enfatizar, es un exhorto nada más, después hay que ver la manera de que los valores familiares se restablezcan.

Es un péndulo de la humanidad, ahorita la familia no está, se puede decir en sus mejores condiciones; pero hay que hacer que vuelva, porque sin familias sanas, sin familias virtuosas, ningún país progresa.

Tarde o temprano alcanza esos países la frivolidad, la falta de valores y, sobre todo, hasta se pueden extinguir.

Por primera vez en 20 años, el Presidente Putin, de Rusia, dijo que en Rusia habían nacido más de los que se habían muerto.

En Europa, por ese paso van Italia, España. Países latinos como nosotros tienen un déficit de población, digamos, tienen un hijo, 1.5/1.7, peor que los países Escandinavos.

Aquí, a veces abusamos, hay muchas madres solteras, hay muy poca responsabilidad masculina, pero creo yo de que es un punto que el Senado debe cuidar.

Nuestras familias, para tener menos problemas en el futuro, más formación y menos problemas para el Estado, porque hijos bien formados le dan menos problemas al Estado. Y así pondríamos nosotros muchos recursos que se emplean en combate a la droga y todo eso, mandarlos precisamente a reforzar nuestra educación, a reforzar nuestra industria, en vez de estar gastando millones y millones de pesos en causas que en la mayoría son por el deterioro de la familia.

¡Enhorabuena!

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Víctor Hermosillo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Irízar López.

- El C. Senador Aarón Irízar López: Con su venia, señor Presidente.

Vengo a apoyar esta importantísima propuesta que presentó nuestra Senadora Lisbeth Hernández, que trata sobre el tema de la familia.

Y éste no es un tema menor. Aparentemente no tiene que ver con las telecomunicaciones, no tiene que ver con la economía; pero sí tiene que ver con lo más importante que puede tener una sociedad, que es tener una buena familia.

Y en México es importante reconocerlo, en los últimos 50 años hemos tenido un cambio no positivo en materia de la familia y en materia de los valores.

La globalización económica, los medios de comunicación, la inclusión de este México dinámico y este mundo dinámico de grandes cambios, hay que decir la verdad, afectó a la familia. Y la familia es el núcleo más importante de la sociedad para poder tener una estabilidad. Y en la pérdida de la calidad de la familia, los hijos en la familia están yéndose, en muchas ocasiones, por el camino equivocado.

Hoy los valores que le dan sana convivencia a una sociedad están trastocados.

El aprecio por la naturaleza, el aprecio por la legalidad, el aprecio por el trabajo digno, el aprecio por la patria, por la Bandera, se han distorsionado. Hoy los niños y los jóvenes ni siquiera se quitan la cachucha cuando pasan la Bandera, mucho menos que se sepan el Himno Nacional. La familia se ha ido desgastando.

Y creo que hoy, por esa erosión que tiene nuestra familia, México tiene más habitantes, pero tiene menos ciudadanos. Y un país tiene que hacer mejores ciudadanos a partir de tener buenas familias.

Por eso, yo creo que esta propuesta requiere el aprecio de los Senadores de la República para construir y reconsolidar la familia mexicana. Esa familia que vaya al resembraje de los valores fundamentales de una sociedad, como los que mencioné anteriormente.

Me sumo decididamente a esta importante propuesta que tiene que ver con lo mejor que tiene México, que es su gente y con lo mejor que tiene que cuidar México, que son sus familias.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Aarón Irízar López. No habiendo más quien haga uso de la palabra sobre este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta que hoy estamos discutiendo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar, a nombre propio y del Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a implementar medidas y acciones zoosanitarias para eliminar el actual brote epizoótico de influenza aviar, con la cepa viral H7N3, en granjas avícolas comerciales en el estado de Guanajuato.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Me presento ante esta Asamblea para tratar un tema de relevancia, de urgencia y que por esto también solicito que al pasar a las comisiones correspondientes se le dé un trato ágil. Incluso el día de hoy, quizá vaya a ser un tema a tratar ante la visita del Secretario de Agricultura, Enrique Martínez, y es precisamente el problema de la gripe aviar.

La gripe aviar en México la vemos focalizada, en estos momentos, de aparición escalonada, pero observando en estos días recientes un incremento en su nivel, un incremento en las áreas de influenza, con un fuerte impacto a nivel socioeconómico, evidenciándose además una creciente patogenicidad y mutación constante del virus que implica riesgos no únicamente a la sanidad animal, sino también a la salud pública, y es el motivo de nuestra preocupación.

Desde mediados del año pasado se detectó la cepa altamente patógena H7N3 de gripe aviar en granjas avícolas en el estado de Jalisco, que se propagó al estado de Aguascalientes, pero afortunadamente y gracias a una atinada atención pronta, urgente y eficiente, fue controlada.

Sin embargo, desde principios de febrero de este año, se presentó un rebrote en el estado de Guanajuato, a pesar de haberse implementado un cerco sanitario por las autoridades de la SAGARPA, SENASICA y el gobierno del estado de Guanajuato, habiéndose diseminado en estas últimas semanas a granjas avícolas en Jalisco.

La característica es que es la misma cepa hiperpatógena y las granjas han sido en estados colindantes.

El operativo de emergencia para el control y erradicación, así como la vigilancia zoosanitaria, requiere de medidas más enérgicas, porque la alerta sanitaria está escalando de nivel. Por ello requerimos de respuestas más objetivas, más rápidas y profesionales.

El porcentaje de aves sacrificadas no representa actualmente ni el punto 5 por ciento de la parvada de aves nacional para la producción de huevo y pollo. Sin embargo, hemos observado que el precio de estos productos está ya golpeando a la población, ya que los especuladores están haciendo su agosto. Y no se justifica esto por ningún motivo, puesto que las autoridades nos aseguran que no existe desabasto de huevo ni de pollo y que son inocuos para la salud humana.

Es necesario recordar que el virus de la influenza aviar es un virus ARN, ácido ribonucleico, es decir, que no requiere de entrar al núcleo de las células para engañarlas y autoreplicarse. De ahí su peligrosidad. Y se introduce la célula de las mismas causando la enfermedad.

Es importante conocer que este virus de la influenza aviar ya no es exclusivo de las aves, ha traspasado las barreras para infectar a mamíferos, incluido el ser humano en otro tipo de cepas, porque tiene alta capacidad para recombinar con genes de virus como el porcino o de trabajadores con influenza humana como sucedió en la cepa viral AH1N1.

Ya padecimos la pandemia con el virus AH1N1 en el año 2009, que se propagó rápidamente por todo el mundo. Esa fue la alerta 6 de la Organización de la Salud, por su rápida propagación. Aunque el porcentaje de la letalidad, es decir, muerte causada por la influenza AH1N1, fue de bajo porcentaje en relación al número de pacientes enfermos con ella.

Nuestras autoridades en sanidad animal nos repiten que esta cepa de influenza aviar H7N3 no se transmite a seres humanos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2004, alertaba la preocupación para prepararse para una nueva pandemia que vendría con el virus epizoótico, el cual finalmente llegó en el 2009. Por lo cual debemos de ponernos en alerta y aprender de experiencias pasadas.

La urgencia de resolución de este epizoótico cobra nuevos rumbos, porque la salud pública se puede encontrar en riesgo.

Por todo lo anterior, es que estamos proponiendo el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, así como al titular del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASICA, a implementar todas las medidas y acciones zoosanitarias necesarias, oportunas y contundentes a que hubiera lugar, para eliminar el actual brote epizoótico de influenza aviar, con la cepa viral H7N3, en granjas avícolas comerciales en los estados de Guanajuato y Jalisco.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los titulares de la Secretaría de Economía y de la SAGARPA a establecer los controles y acciones para evitar el incremento derivado de la especulación con los precios del huevo, pollo y derivados, además de ejecutar acciones para evitar el desabasto de los mismos y mantener la producción del sector en condiciones de competitividad.

Tercero.- Se solicita al titular del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASICA, para que informe a las comisiones respectivas de este Senado de la República las medidas a corto, mediano y largo plazo para erradicar esta virosis aviar, así como informe del riesgo de contagio y enfermedad para la población humana.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, ASI COMO AL TITULAR DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA A IMPLEMENTAR MEDIDAS Y ACCIONES ZOOSANITARIAS, NECESARIAS, OPORTUNAS Y CONTUNDENTES A QUE HUBIERA LUGAR, PARA ELIMINAR EL ACTUAL BROTE EPIZOOTICO DE INFLUENZA AVIAR, CON LA CEPA VIRAL H7 N3, EN GRANJAS AVICOLAS COMERCIALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Los suscritos, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO y FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276y 108 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter al Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La gripe aviar en México la vemos focalizada, de aparición escalonada y controlada,sin embargo, su impacto socioeconómico, la patogenicidad y riesgos que implica un virus en mutación constante y con patogenicidad cada vez más creciente, son preocupantes.

Los brotes epidémicos en animales como la influenza aviar en aves domesticadas comerciales y de traspatio, no es de aparición reciente, como pudiera pensarse en la opinión pública: Chiapas, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato, ciertamente son los recientes.

En enero de 2006 se detectó un brote de la cepa de gripe aviar H5 en las zonas rurales de Chiapas.

Desde mediados de 2012el Estado de Jalisco presento brotes en granjas avícolas y en aves de traspatio con la cepa viral H7N3. En México no se había registrado la presencia de este subtipo de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad.

Así mismo el 8 de enero de 2013 se notificó la presencia de la misma cepa viral hiperpatogenaen Aguascalientes y días después el 23 del mismo mes se confirmó brotes en dos granjas de Encarnación de Díaz, Jalisco.Todas ellas controladas.

Recientementeel 9 de febrero de 2013 se reportó en una decena de granjas avícolas del Estado de Guanajuato que estaban infectadas, posteriormente se confirmó la cepa viral H7 N3 altamente patógena para las aves domésticas.

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA),nos aseguran, como en los anteriores brotes, que la gripe de las aves en Guanajuato se encuentra bajo control. Que las aves enfermas fueron sacrificadas y las asintomáticas vacunadas. Quelas granjas avícolas se pusieronen cuarentena y elriesgo de propagación del virus se encuentra controlado.

Que se cuenta con vacunas para el Virus H7N3 y SENASICA ha entregado millones de dosis, para su aplicación preventiva en aves reproductoras y de postura comercial, en granjas circundantes y establecer así, una zona de amortiguamiento para mitigar el daño y aislar el foco de infección.

Se han cerrado las fronteras con los demás estados que colindan Guanajuato, para instalar puntos de verificación e inspección para evitar el traslado de aves vivas o sus productos infectados y evitar que salga el virus fuera del Estado de Guanajuato.

Ciertamente la cercanía de las entidades donde se han presentado los brotes de gripe aviar, desde 2012 a la fecha, y siendo el mismovirus de la Influenza A cepa H7N3 de alta patogenicidad, es muy diferente a la cepa H5 de Chiapas en 2006.

Por lo anterior, es necesario recordar que desde el 9 de Junio de 1994 en un programa de monitoreoserológico y virológico, delas diferentes zonas avícolas del país, se identificó elvirus de la influenza aviar AH5N2 de alta patogenicidad en Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Veracruz y el Distrito Federal.

Ello desemboco que el 3 agosto 1994 se publicara la Norma Oficial Mexicana, NOM, de Emergencia, Campaña Nacional Contrala Influenza Aviar y el 16 de agosto de 1996 se publica la NOM-044-ZOO-1995 y modificada el 30 de enero de 2006: Programa permanente vigilancia epidemiológica.

Esta cronología es para exponer que la Influenza Aviar, hace 17 años, 1994-1995, produjo estragos en granjas avícolas y que la vigilancia epidemiológica, las medidas correctivas y preventivas del Operativo de emergencia para el control de la Influenza Aviar dieron resultados para declarar temporalmente a México Libre de esta epizootia.

La cuestión es saber, a través de las autoridades competentes, si en esta ocasión 2012-2013, tras los brotes sucesivos y con una nueva cepa altamente patógena aviar en Estados Colindantes como Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato, se aplicaron o se están aplicando las medidas oportunas y adecuadas para su eliminación, control y estricta vigilancia epidemiológica. Y de ser el caso, las causas por las cuales la vigilancia epidemiológica, aparentemente ha sido deficiente, puesto que es la misma cepa del virus y las granjas se encuentranen entidades cercanas y colindantes.

Más inquietante es que para el día de ayer el perímetro de protección abarca, no solo Guanajuato, sino también parte de Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco. Entonces cabe preguntarnos si la Alerta Sanitaria esta escalando de nivel. Para ello requerimos de respuestas objetivas y profesionales.

Por otro lado, hay noticias de que los especuladores, con motivo de esta epizootia, están subiendo el precio del huevo y pollo en los establecimientos.

Ante ello y para protección de la economía familiar y su gasto, es necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) intensifique el monitoreo de precios en centrales de abasto y los principales sitios de distribución de pollo y huevo, a fin de evitar abusos en su comercialización.

Ninguna autoridad oficial ha declarado la existencia de desabasto de huevo o pollo.

Sin dejar pasar desapercibido que, en cada brote de Influenza de las aves domésticas, una y otra vez, las autoridades de sanidad animal nos han dicho que no representa riesgo de contagio y enfermedad para la población humana. Sin embargo, la primera asociación del virus H5N1 con enfermedades respiratorias humanas ocurrió en Hong Kong en 1997.

Por ello el Programa Mundial de la Gripe, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, desde 2005 nos recomienda medidas estratégicas con miras a la próxima pandemia de gripe aviar, con contagio inter-especie, de la cepa Viral Influenza AH5N1 hacia humanos.

Por todo lo anterior, con carácter de Urgente Resolución, someto a este H. Soberanía, la siguiente proposición de

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-Se exhorta, respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, así como, al titular del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASICA, a implementar medidas y acciones zoosanitarias, necesarias, oportunas y contundentes a que hubiera lugar, para eliminar el actual brote epizoótico de Influenza Aviar, con la cepa viral H7N3, en granjas avícolas comerciales en el estado de Guanajuato.

Segundo.- Se exhorta, respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los titulares de la Secretaría de Economía y de la SAGARPA, a establecer los controles y acciones para evitar el incremento derivado de la especulación en los precios del huevo, pollo y derivados, además de ejecutar acciones para evitar el desabasto de los mismos y mantener la producción del sector en condiciones de competitividad.

Tercero.- Se solicita al titular del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASICA, para que en informe al Senado de la República de las medidas a corto, mediano y largo plazo para erradicar esta virosis aviar, así como el riesgo de contagio y enfermedad para la población humana.

H. Cámara de Senadores, a 7 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Francisco Salvador López Brito”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco López Brito. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Solamente para solicitar amablemente turno para la Comisión de Desarrollo Rural, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, pido a la Secretaría Parlamentaria que tome nota de ello para que se turne a la Comisión de Desarrollo Rural que usted encabeza, con gusto.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta de reformas en materia de prohibición de venta de comida chatarra en centros escolares.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

En fecha 4 de noviembre de 2010, la LXI Legislatura del Senado de la República aprobó en sesión de Pleno el dictamen mediante el cual se reforman y adicionan las Leyes General de Salud, de Educación, para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Infraestructura Física Educativa, en materia educativa nutricional, derivado del proceso de análisis y discusión de 24 iniciativas, misma que se remitió vía minuta la Cámara Revisora.

Después del trámite de ley correspondiente, con fecha 9 de noviembre de 2010, en sesión de Pleno, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta que contiene el citado dictamen a la Comisión de Educación de la Colegisladora para su estudio y dictaminación.

Es el caso que a pesar de ser un tema de mayor importancia para los mexicanos y sus familias, a la fecha ha transcurrido un largo periodo sin que se hubiese emitido el dictamen correspondiente por parte de la comisión de la Cámara de Diputados, ni su aprobación por el Pleno en esa Cámara Revisora.

Considerando que el tema es de trascendencia para la sociedad en nuestro país, es urgente concluir su proceso legislativo para generar el andamiaje jurídico que permita fijar las bases legislativas y de políticas públicas para atender esa problemática, toda vez que el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria se consideran como desórdenes crónicos que se caracterizan por el incremento o pérdida gradual de peso corporal que colocan al individuo en riesgo de desarrollar y padecer diversas enfermedades graves a corto, mediano y largo plazos, las cuales han desencadenado en graves problemas de salud pública tanto en México como en el mundo.

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo; cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44 por ciento de la carga de diabetes; el 23 por ciento de la carga de cardiopatías isquémicas; y entre el 7 y el 41 por ciento de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad.

El incremento del sobrepeso y la obesidad por una parte encuentran su explicación en el mayor consumo de alimentos con un alto contenido calórico que en un lapso de años relativamente corto han mostrado un abaratamiento y accesibilidad en productos alimenticios.

Este problema se ha agudizado a partir del desarrollo de una cultura alimenticia de consumo de productos de bajo o nulo nivel valor nutricional que comienza en los hogares y que se ha extendido a los centros educativos, en donde de forma indiscriminada y sin ningún control legal se permite y fomenta su consumo a través de la promoción y comercialización de los mismos entre los educandos, principalmente en aquellos que cursan la educación básica y media superior.

Asimismo, las actividades físicas poco a poco han dejado de ser prioritarias o relevantes para muchas personas y familias, lo que ha contribuido a la proliferación de actividades sedentarias de esparcimiento, por las que optan miles de niños y jóvenes en nuestro país, y a la nula práctica del deporte.

Esta situación se reproduce en muchos centros urbanos e instituciones educativas y que se agrava aún más por la falta de espacios para la actividad física y la práctica del deporte.

Tanto el tiempo excesivo de actividades sedentarias como el poco tiempo dedicado a actividades físicas moderadas o vigorosas y el consumo cada vez mayor dentro y fuera de los centros escolares de alimento chatarra, sugieren ser, entre otras, las causas de la prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas observadas en México en los últimos años, especialmente entre la población infantil; los problemas de trastornos en la conducta alimenticia, del sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que tienen un impacto en nuestra sociedad, el cual al ser multifactorial exige una atención que incluye los aspectos clínicos, familiares, culturales, sociales y, especialmente, los educativos.

Considerando lo anterior, los legisladores de la LXI Legislatura conscientes de la influencia que tiene para la salud la ingesta desequilibrada de alimentos y bebidas sin una orientación adecuada, propusieron una reforma integral aprobando reformas a los diversos ordenamientos legales citados al inicio de esta intervención con la finalidad de generar una nueva cultura sobre la alimentación sana y nutritiva, por ello, en dichas reformas se estableció la prohibición para que en los centros escolares no se fomenten alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasas, sales, azúcares, solubles y harinas, así como para facultar a las Secretarías de Salud y de Educación a que emitan lineamientos para la comercialización y expendio de productos en los centros escolares.

Con la aprobación de las iniciativas señaladas, se pretende que se propicien adecuadas pautas de conducta alimentaria y que las mismas garanticen un combate eficiente al sobrepeso, la obesidad, la desnutrición y los trastornos de la conducta alimenticia.

De igual forma, la reciente reforma al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por esta Cámara de Senadores, con fecha 20 de diciembre de 2012, estableció en el Artículo Quinto Transitorio, fracción III, inciso c), del proyecto de Decreto correspondiente, que para el debido cumplimiento de las disposiciones de la reforma, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico para prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, razón que por sí mismo obliga a todos los integrantes de esta LXII Legislatura a concluir el proceso de elaboración de dictámenes y aprobación por el Pleno del paquete de reformas que en esa materia se encuentran pendientes de dictaminar, más aún ahora que se trata de un mandato constitucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- Se aprueba enviar exhorto a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para que se proceda a la brevedad a dictaminar la minuta de reformas a diversas disposiciones legales en materia de prohibición de venta de comida chatarra en centros escolares y la generación de políticas de salud para reducir la obesidad infantil remitida por esta Cámara de Senadores.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE EDUCACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DICTAMINAR LA MINUTA DE REFORMAS EN MATERIA DE PROHIBICION DE VENTA DE COMIDA CHATARRA EN CENTROS ESCOLARES Y LA GENERACION DE POLITICAS DE SALUD PARA REDUCIR LA OBESIDAD INFANTIL, REMITIDA POR LA CAMARA DE SENADORES

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA

RAUL MORON OROZCO, a nombre propio y con el Aval de las y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, de la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, Proposición con punto de Acuerdo, con carácter de urgente resolución, para exhortar respetuosamente a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para proceder a la brevedad posible a dictaminar la minuta de reformas a diversas disposiciones legales en materia de prohibición de venta de comida chatarra en centros escolares y la generación de políticas de salud para reducir la obesidad infantil remitida por esta Cámara de Senadores, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En fecha 4 de noviembre del 2010 la LXI Legislatura del Senado de la República aprobó en sesión de Pleno, el dictamen mediante el cual se reforma y adiciona: las Leyes General de Salud; General de Educación; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de educación nutricional, derivado del proceso de análisis y discusión de 24 iniciativas, mismo que se remitió vía minuta a la Cámara revisora.

Después del trámite de ley correspondiente, con fecha 9 de noviembre del 2010, en sesión de Pleno,la mesa directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados turnó la minuta que contiene el citado dictamen a la Comisión de Educación de la colegisladora para su estudio y dictaminación.

Es el caso que a pesar de ser un tema de la mayor importancia para los mexicanos y sus familias, a la fecha hatranscurrido un largo periodo sin que se hubiere emitido el dictamen correspondiente por parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ni su aprobación por el Pleno de esa Cámara revisora y considerando que el tema es detrascendencia para la sociedad de nuestro país, es urgente concluir su proceso legislativo para generar el andamiaje jurídico que permita fijar las bases legislativas y de políticas públicas para atender esta problemática, toda vez que el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria se consideran como desórdenes crónicos que se caracterizan por el incremento o pérdida gradual de peso corporal, que colocan al individuo en riesgo de desarrollar y padecer diversas enfermedades graves a corto, mediano y largo plazos, las cuales han desencadenado un grave problema de salud pública tanto en México como en el mundo.

El sobre peso yla obesidad, generan enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas con la hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, y los cánceres de mama, esófago, colon, endometrio y riñón, entre otras.

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

El incremento del sobrepeso y la obesidad, por una parte, encuentran su explicación en el mayor consumo de alimentos con un alto contenido calórico que, en un lapso de años relativamente corto, han mostrado un abaratamiento y accesibilidad en productos alimenticios.

Este problema se agudizado, sin embargo, a partir del desarrollo de una cultura alimenticia de consumo de productos de bajo o nulo valor nutricional que comienza en los hogares y que se ha extendido a los centros educativo, en donde de forma indiscriminada y sin ningún control legal, se permite y fomenta su consumo a través de la promoción y comercialización de la misma entre los educandos, principalmente en aquellos que cursan la educación básica y media superior.

Asimismo, las actividades físicas poco a poco han dejado de ser prioritarias o relevantes para muchas personas y familias, lo que ha contribuido a la proliferación de actividades sedentarias de esparcimiento por la que optan miles de niños y jóvenes en nuestro país, y a la nula práctica del deporte. Esta situación se reproduce en muchos centros urbanos y centros educativos, que se agrava aún más por la falta de espacios para la actividad física y la práctica del deporte.

Tanto el tiempo excesivo de actividades sedentarias, así como el poco tiempo dedicado a actividades físicas moderadas o vigorosas y el consumo cada vez mayor dentro y fuera de los centros escolares de alimentos “chatarra”, sugieren ser, entre otras, las causa de la prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas observado en México en los últimos años, especialmente entre la población infantil.

Los problemas de trastornos en la conducta alimenticia, del sobre peso y la obesidad son problemas de salud que tiene un impacto en nuestra sociedad, el cual al ser multifactorial exige una atención que incluya los aspectos clínicos, familiares, culturales, sociales y especialmente los educativos.

Considerando lo anterior, los legisladores, de la LXI legislatura, conscientes de la influencia que tiene para la salud la ingesta desequilibrada de alimentos y bebidas sin una orientación adecuada, propusieron una reforma integral aprobando reformas a las Leyes generales de Salud, de Educación, Instraestructura física educativa, así como a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de generar una nueva cultura sobre la alimentación sana y nutritiva,

por ello en dichas reformas se estableció la prohibiciónpara que en los centros escolares no se publiciten alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasas, sales, azúcares solubles y harinas, así como faculta a las secretarias de Salud y de Educación para que emitan lineamientos para la comercialización y expendio de productos en los centros escolares.

Con la aprobación de las iniciativas señaladas,se pretende que se propicien adecuadas pautas de conducta alimentaria y que las mismas garanticen un combate eficiente al sobrepeso, la obesidad, la desnutrición y los trastornos de la conducta alimenticia.

De igual forma, la reciente reforma al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por esta Cámara de Senadorescon fecha 20 de diciembre del año 2012, estableció en el artículo Quinto transitorio, fracción III, inciso c,) del proyecto de decreto correspondiente, que para el debido cumplimiento de las disposiciones de la reforma, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes, deberán realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico para “Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos”, razón que por sí misma obliga a todos los integrantes de esta LXII legislatura a concluir el proceso de elaboración del dictamen y aprobación por el Pleno del paquete de reformas que en esta materia se encuentran pendientes de dictaminar, más aún ahora, que se trata de un mandato constitucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se prueba enviar atento y respetuoso exhorto a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para que se proceda a la brevedada dictaminar la minuta de reformas a diversas disposiciones legales en materia de prohibición de venta de comida chatarra en centros escolares y la generación de políticas de salud para reducir la obesidad infantil, remitida por esta Cámara de Senadores

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 12 días de marzo de 2013”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Para consultarle al Senador Raúl Morón, si me permite sumarme a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Raúl Morón, ¿acepta usted la inclusión? Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que se turnarán a comisiones de manera directa.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Informo a la Asamblea los asuntos que se turnarán a comisiones.





 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de Distrito Federal a instruir a quien corresponda para que se lleven a cabo las acciones tendientes a prevenir la instalación de la delincuencia organizada y combatir el narcomenudeo en el Distrito Federal, que se turna a la Comisión del Distrito Federal.







 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una transferencia de recursos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de apoyar a los 50 consulados de México en Estados Unidos de América, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.







 

De los Senadores Mely Romero Celis, Gerardo Sánchez García y Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Financiera Rural a gestionar una prórroga a los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, a fin de pagar sus adeudos con dicha institución y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar recursos para continuar apoyando a los productores de arroz en México, que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE FINANCIERA RURAL A GESTIONAR UNA PRORROGA A LOS ARROCEROS DE CUAUHTEMOC, COLIMA, A FIN DE PAGAR SUS ADEUDOS CON DICHA INSTITUCION Y A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A DESTINAR RECURSOS PARA CONTINUAR APOYANDO A LOS PRODUCTORES DE ARROZ EN MEXICO

“La suscrita, Senadora, Mely Romero Celis, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos 22 años la producción de arroz en México ha sido una actividad que ha ido en declive, cada año alrededor de mil productores han preferido dejar esta actividad, de los cerca de 25 mil que había a principios de la década de los 90´s, actualmente sólo sobreviven 4 mil 650, tan sólo el año pasado 500 arroceros retiraron de esta actividad, y existe la probabilidad de que se siga reduciendo el número de agricultores.

Esta baja en el cultivo comenzó cuando se abrieron las puertas a las importaciones del arroz, al llegar a precios más bajos de otros países, afectó directamente las utilidades de los productores mexicanos, y de cubrir un 100 por ciento de la demanda nacional hace dos décadas actualmente se produce aproximadamente 25 por ciento.

Todavía en el año de 1990 nuestro país era autosuficiente, todo lo que se consumía en el país se producía aquí, el consumo era de aproximadamente 850 mil toneladas de arroz palay (con cáscara) las mismas que se producían internamente, el panorama actual es totalmente diferente y preocupante, porque de continuar así la tendencia podría desaparecer la producción nacional de arroz.

Actualmente nuestro país importa el 75% de la producción que consumimos, la mayoría proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica,lo que representa aproximadamente 750 mil toneladas anuales, sin duda alguna una cifra muy importante que de llevarse a cabo las políticas públicas necesarias se podría empezar a revertir. En el año 2012 se presentó una producción de arroz Palay de 260 mil 400 toneladas, 87 mil toneladas más que las cosechadas en el año anterior, pero 35 mil toneladas menos que las de 2007.

Por otra parte un caso particular que incrementa esta problemática es el que presentan los arroceros del Municipio de Cuauhtémoc, SPR de RL, la cual se funda en 1999 con 117 productoresde 5 municipios del estado de Colima. Los productores de esta organización se encuentran en un grave problema financiero derivado de la falta de pago de alrededor de 5 mil toneladas de arroz granza entregados a la empresa COVADONGA S.A. de C.V., quien por este concepto les adeuda 16.1 millones de pesos, 3.7 millones de pesos por la cosecha del 2009 y 12.4 millones de pesos por la cosecha del ciclo 2010.

Debido la falta de pago los productores de arroz del municipio de Cuauhtémoc, están a punto de ser embargados por la Financiera Rural, al no poder cubrir los pagos correspondientes a un crédito de avío por 9 millones de pesos cuyo vencimiento fue en febrero de 2011 y un crédito refaccionario por 10 millones de pesos cuyos 2 primeros vencimientos fueron en septiembre de 2011 y septiembre de 2012, en este momento ambos créditos ya están siendo requeridos por la vía juicio mercantil en su totalidad por incumplimiento de pagos.

Desafortunadamente la organización de los arroceros del Municipio de Cuauhtémoc, SPR de RL no se encuentra operando, por lo cual no está en condiciones para aceptar la negociación propuesta por Financiera Rural para reestructurar el pago de sus obligaciones financieras.

Una vía de solución para empezar a cubrir este adeudo en una primera etapa es el de lograr una ampliación en la fecha de pago por parte de la Financiera Rural y por otra parte poner en funcionamiento la planta de secado de arroz y los silos de la empresa, para lo cual es necesario una inversión de 2.5 millones de pesos para poner en función la planta y empezar a contar en un periodo de 3 meses con flujos de efectivo que coadyuven a proponer un planteamiento de pago a la Financiera Rural.

De no lograrse esta solución se pondría en grave riesgo a un importante número de familias y se dejarían en abandono más de mil hectáreas que ahora se están trabajando, además de incrementar el grado de dependencia alimentaria en arroz que nuestro país tiene con el extranjero.

Es por estas razones, que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al titular de la Financiera Rural a colaborar en la solución de la problemática que presenta la Organización de los Arroceros del Municipio de Cuauhtémoc, S.P.R. de R. L., otorgándole en primer lugar una ampliación para el pago del adeudo de dicha empresa.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la SAGARPA a continuar y redoblar esfuerzos en aras de incrementar la producción de arroz nacional en beneficio de los productores mexicanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis”.





 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario, del PRD, un punto de Acuerdo por el que se solicita a las autoridades del Estado de México a atender a las víctimas de violación y homicidio en el municipio de Chimalhuacán, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE MEXICO ATENDER A LAS VICTIMAS DE VIOLACION Y HOMICIDIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN

“LUIS SANCHEZ JIMENEZ Senador de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE MEXICO ATENDER A LAS VICTIMAS DE VIOLACION Y HOMICIDIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 22 de febrero, siendo aproximadamente las 2:15 horas, dos jóvenes, ella de 15 años y él de 16 se encontraban en una camioneta estacionada en un parque en Chimalhuacán, Estado de México, cuando elementos de la policía preventiva municipal, a bordo de la patrulla 554, los enfocaron con una linterna; les ordenaron descendieran del vehículo y subieran a la patrulla porque estaban cometiendo “faltas a la moral.”

Lo jóvenes detenidos -supuestamente para presentarlos ante la autoridad correspondiente- fueron conducidos por un camino desconocido, los separaron y uno de los policías llevó a la menor a otro lugar, donde abusó sexualmente de ella.

Posteriormente, la adolescente regresó a donde se encontraba su novio con los otros dos elementos y a ambos los dejaron en libertad.

Una vez que llegaron al domicilio de la menor en la colonia Tlaixco, ésta informólo sucedido a sus padres, quienes solicitaron el auxilio de la policía. El llamado fue atendido por la Unidad 554 de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Chimalhuacán, cuyos elementos estaban directamente involucrados en los hechos.

Entre los policías que llegaron, la menor reconoció a su agresor, su familia solicitó el apoyo de los vecinos para intentar detenerlos. El novio de la menor por su parte, intento bajar al policía Andrés Alan Hernández Gutiérrez, quien conducía la patrulla, el cual -según refiere la joven- disparó dos veces contra el joven, quien falleció en el lugar.

Los elementos municipales escaparon del lugar y calles más adelante abandonaron la patrulla.

El C. Cristóbal Hernández, Director General de Seguridad Pública en el Municipio, ha declarado a los medios que los presuntos responsables son: Pedro Luis Becerril Ríos, con 4 años de antigüedad en la corporación y quien es señalado por la joven como el responsable de la violación, Andrés Alan Hernández y Francisco Gutiérrez Aréchiga, elementos que tenían 48 horas de haber ingresado a la corporación.

La menor asegura que participaron 5 elementos en los hechos, en tanto que la autoridad municipal reconoce sólo a 3, por lo que estarían pendientes de identificar otros dos policías.

La víctima y los ofendidos han presentado denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por los delitos de homicidio, lesiones y violación.

A la fecha no han sido detenidos los policías presuntamente responsables.

El alcalde de Chimalhuacán ha manifestado que habrá apoyo moral, legal y económico para las familias agraviadas; que se siente impotente ante los hechos; actuará conforme a la ley e indemnizará a las víctimas.

Lo cual, no es suficiente, cualquier delito en contra de la libertad, la vida y la integridad de las personas es inadmisible, pero cuando éste es perpetrado por agentes del Estado, que tienen el deber de proteger y cuidar el bienestar de los menores, de crear condiciones para su desarrollo, de proteger que nadie ataque su buena imagen y de una vida sin violencia, conforme lo obliga la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra la Mujer Belém do Pará, tiene repercusiones mucho más graves, porque en el caso que nos ocupa, al ser atendido el llamado de auxilio por los mismos policías que los habían detenido ilegalmente y violado, se victimizó de nueva cuenta a la joven y su familia; se canceló el futuro al privar de la vida a un adolescente de 16 años y se convierte en un asunto de interés público, que todas las instancias de gobierno están obligadas a atender eficazmente.

El poder que la sociedad les otorgó a los policías, fue usado en contra de dos adolescentes, sus familias y la sociedad en su conjunto, porque la actuación delictiva de los uniformados, vulnera la confianza de la ciudadanía en la autoridad, en los responsables de brindarle seguridad pública en las calles y desalienta la activa participación social que requiere la prevención y denuncia de los delitos. Mata la Esperanza.

Estamos en deuda con las mujeres, con los y las jóvenes y la niñez de éste país. Algo no estamos haciendo debidamente, tanto las autoridades de los tres niveles, como los legisladores y la sociedad, para prevenir que en todo el país durante 2012, se hayan cometido 896 delitos violaciones, 126 delitos de estupro, y 986, otros delitos sexuales, de los cuales se denunciaron en el Estado de México: 157 violaciones, 6 delitos de estupro y 140 otros delitos sexuales, según datos del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Fallan los mecanismos de selección, formación, ingreso, evaluación para la permanencia en el servicio y control de la actuación policial cuando, tanto elementos recién graduados como policías con experiencia, cometen delitos tan atroces, no actúan con la debidahonestidad, no velan por la vida e integridad y el respeto a los derechos de las personas y no son eficaces en la función encomendada.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo:

1. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a que conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, realice una investigación exhaustiva de los hechos narrados en este acuerdo y ponga a disposición de las autoridades jurisdiccionales del Estado de México a los responsables de los delitos de homicidio, lesiones y violación en agravio de las víctimas que aquí se mencionan.

2. El Gobierno Municipal en Chimalhuacán Estado de México, está obligado a actuar con toda diligencia, a admitir la responsabilidad objetiva, reparar el daño y tomar las medidas para evitar que hechos como éstos se repitan.

3. La Procuraduría General del Estado de México deberá garantizar los Derechos de las víctimas, el Derecho de acceso a la justicia, los Derechos de respeto y protección por parte de la autoridad, en éste y en todos los delitos sexuales que sean denunciados ante la autoridad ministerial, mediante los mecanismos contenidos en el Protocolo de Investigación de los Delitos de Violencia Sexual Hacia las Mujeres, Desde la Perspectiva de Género.

4. Siendo corresponsable el Gobierno del Estado de México en materia de seguridad pública, deberá revisar conjuntamente con la autoridad municipal, el cumplimiento de los Lineamientos Para Verificar y Validar los Programas de Capacitación, Instrucción o Formación de Las Instituciones de Seguridad Pública, Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal.

Salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, a 28 de febrero de 2013.

Sen. Luis Sánchez Jiménez”.





 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar el Tercer Congreso Internacional la Experiencia Intelectual de las Mujeres en el Siglo XXI, que se turna a la Comisión de Cultura.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A REALIZAR EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL LA EXPERIENCIA INTELECTUAL DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XXI

“La suscrita, Senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante los últimos años el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través de una excelente y muy bien lograda iniciativa, llevó a cabo la realización de dos congresos inéditos en América Latina: Congreso Internacional La Experiencia Intelectual de las Mujeres en el Siglo XXI.

Ambos congresos, de entrada libre, realizados en el año 2011 y 2012, con motivo de la celebración del día internacional de la mujer, constituyó un amplio esfuerzo mediante el cual se busca una profunda reflexión que permita entender y situar mejor al papel de las mujeres en el mundo. Esta iniciativa mexicana pero con un claro carácter regional, propició un gran coloquio entre mujeres a distintos niveles de la sociedad, contribuyendo así con un mejor posicionamiento del rol femenino en la cultura mexicana.

Durante el primer congreso, realizado en el Palacio de Bellas Artes, se implementaron catorce mesas de trabajo en las cuales se discutieron diferentes temas relativos a la contribución de las mujeres a la filosofía, la historia, la investigación científica, la arquitectura, el cine, el periodismo, entre otras áreas.

El segundo congreso del 2012 y al cual asistió entre otras destacadas figuras, la escritora Isabel Allende, estuvo orientado a las aportes de mujeres destacadas en todos los ámbitos, con gran creatividad y líderes intelectuales y culturales.

En distintos niveles, México ha demostrado su capacidad de liderazgo y consenso en el plano internacional y en especial en América Latina. Los citados congresos creo son motivo de orgullo nacional y actividades como éstas deben ser promovidas, retomadas y sobretodo periódicas.

A la fecha, el tercer congreso, que normalmente se realizaba para conmemorar el día internacional de la mujer, no se realizó y lamentamos este tipo de iniciativas no sean continuadas, especialmente en un tema tan sensible y de tanta relevancia y en especial donde el país había logrado sentar precedente al realizar una actividad de tan alto nivel de contenido, abierta para todos los públicos y que seguramente muchos estábamos esperando.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) se realice el Tercer Congreso Internacional La Experiencia Intelectual de las Mujeres En El Siglo XXI y se dé continuidad anual a esta importante iniciativa.

Dado en el salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a 12 de marzo de 2013”.





 

Del Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se solicita información sobre el avance de los trabajos y sobre las medidas para disminuir los tiempos de traslado y de espera en las casetas del tramo México-Querétaro, de la Carretera Federal 57, que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL TITULAR DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ENVIAR UN INFORME SOBRE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS Y SOBRE LAS MEDIDAS PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE TRASLADO Y DE ESPERA EN LAS CASETAS DEL TRAMO MEXICO-QUERETARO DE LA CARRETERA FEDERAL 57

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El que suscribe, Francisco Domínguez Servién, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo de Urgente Resolución que en el que solicita al Titular de Caminos y Puentes Federales a que envíe un informe detallado sobre el avance de los trabajos y sobre las medidas para disminuir los tiempos de traslado y de espera en las casetas del tramo México-Querétaro de la Carretera Federal 57; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante la pasada administración, el sector carretero tuvo un importante impulso, siendo el periodo en el que se dio una inversión una inversión sin precedentes en infraestructura de transportes. En particular, en el 2012, último año de gobierno del C. Felipe Calderón Hinojosa, hubo importantes esfuerzos para lograr el mayor avance y culminación de proyectos estratégicos que se definieron desde el principio de la administración.

Sin embargo, en el inicio del actual gobierno existen algunos proyectos a los cuales no se les ha dado un debido seguimiento, lo que se traduce en retrasos en la terminación de las obras y afectaciones para los usuarios.

Un caso es el del tramo México-Querétaro de la Carretera Federal 57. El concesionario de esta autopista federal es BANOBRAS-FARAC, siendo el operador CAPUFE, y dispone de cuatro casetas de cobro con las siguientes tarifas:

• Para el tramo México-Tepeji, la caseta de Tepotzotlán tiene tarifas para automóviles de $70.00, para vehículos de carga de $75.00, y para autobuses y camiones de $150.00 a $450.00.

• Para el tramo Tepeji-Palmillas, la caseta de Palmillas tiene tarifas para automóviles de $70.00, para vehículos de carga de $70.00, y para autobuses y camiones de $140.00 a $390.00.

• Para el tramo Jorobas-Tepeji, la caseta de Jorobas tiene tarifas para automóviles de $45.00, para vehículos de carga de $40.00, y para autobuses y camiones de $80.00 a $220.00.

• Para el tramo Tepeji-Polotitlán, la caseta de Polotitlán tiene tarifas para automóviles y vehículos de carga de $60.00, y para autobuses y camiones de $115.00 a $320.00.

• Finalmente, para el tramo directo, las tarifas para automóviles es de $140.00 para vehículos de carga, de $145 para vehículos de carga, y de $290.00 a $ 795.00 para autobuses y camiones.

Debe notarse que para cada caseta hay tarifas para motocicletas y ejes excedentes, además de que para el tramo México-Tepeji hay tarifas especiales para autos y motos de residentes.

Esta carretera representa un eslabón estratégico muy importante para el flujo de bienes y personas entre el Valle de México, el Bajío y el norte del país. Tan solo en el tramo de la autopista federal Palmillas-Querétaro pasan 80 mil vehículos pesados cada día y transitan el 40% de las mercancías que van a Estados Unidos. Por ello, es considerado uno de los corredores más importantes a nivel nacional para el traslado de productos, tanto de origen como de destino, de las principales empresas que operan y hacen negocios en el país.

Por ello, dado su importancia estratégica, en marzo del año 2012 se inició la ampliación de carriles, además del reencarpetamiento o bacheo del kilómetro 120 hasta el kilómetro 207. Con esto, se esperaría que a la par del incremento del flujo de pasajeros y mercancías, el tiempo de traslado disminuya. Puesto que de manera indirecta el tiempo de traslado implica dinero, el beneficio del proyecto es que los costos para las personas y los empresarios disminuyan, aumentando la competitividad de la región y el país.

Sin embargo, a pesar de la importancia del plan y el flujo de usuarios, hay indicios de que las obras no se han hecho con la debida rapidez y condiciones de seguridad. En cuanto al tiempo de espera para el cruce de casetas, se han reportado esperas de hasta 60 o 90 minutos en horas pico, en las casetas de Tepotzotlán y Palmillas. Para las empresas, este mayor tiempo de traslado implica retrasos e incumplimientos que se traducen en pérdidas económicas. Para las personas implican retrasos en sus actividades y mayores riesgos por permanecer más tiempo en una carretera.

En cuanto a la seguridad, a pesar de que hay señalamientos y trafitambos, es común que algunos estén fuera de lugar o tirados en medio de la carretera, lo que genera que algún conductor cambie de carril intempestivamente. Además, si hay lluvia o neblina el escenario empeora. Esto ha provocado que la cifra de percances haya repuntado. Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río ha documentado el aumento de 70% en la cifra de accidentes en este tramo. Incluso, aseguran que en las últimas semanas ha ocurrido casi un accidente diario con pérdidas materiales y, en menor medida, de vidas humanas.

Es decir, los usuarios además de pagar directamente los costos monetarios derivados de las tarifas, están incurriendo en costos por un mayor tiempo de traslado y de accidentes o daños de sus vehículos derivados del mal servicio y estado inconveniente de la autopista. Ello ha dado lugar a una legítima preocupación por parte de la ciudadanía.

Por lo anterior, es necesario que esta representación cuente con datos oportunos sobre los trabajos que se están realizando en el tramo México-Querétaro de la Carretera Federal 57. En particular, se propone que el titular de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), envíe a la brevedad, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, un informe sobre el avance de los trabajos y sobre las medidas que se están tomando para disminuir los tiempos de traslado y de espera en las casetas para los usuarios del servicio.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales, para que envíe al Senado de la República, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, un informe detallado sobre el avance de los trabajos y sobre las medidas que se están tomando para disminuir los tiempos de traslado y de espera en las casetas del tramo México-Querétaro de la Carretera Federal 57.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Domínguez Servién”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias señora Secretaria, esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.




 

CITA

Agotados los asuntos en cartera, se cita a la siguiente sesión que tendrá lugar el próximo jueves 14 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:56 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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